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REVISTA DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON
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�Hacia la construcción de una esfera civil de seguridad e idenƟdad pública
Hacia la construcción de una esfera civil
de seguridad e idenƟdad pública
Rebuilding a civilian security sphere
and public iden ty
Javier Carreón Guillén, Jorge Hernández Valdés,
María de Lourdes Morales Flores, Bertha Rivera Varela,
Gerardo Arturo Limón Domínguez, Cruz García Lirios
Resumen
L
a construcción de una esfera
civil de seguridad e iden dad pública supone el análisis
de las polí cas públicas, los espacios de debate, la opinión pública
y los medios de comunicación. En
tal sen do, el obje vo del presente trabajo fue delimitar la relación
conceptual —como empírica— de
seguridad, iden dad, inseguridad,
violencia y privacidad, así como su
comparación con los hallazgos reportados por el estado del arte. Tal
ejercicio permi ó establecer las vicisitudes, discrepancias, alcances y
limites de los modelos conceptuales y empíricos desde los cuales se
han explicado las relaciones entre
los hechos y dimensiones de seguridad e iden dad. En dicho panorama, las Tecnologías de Información
y Comunicación (TICs) resultaron
ser factores claves para la discusión
en torno al acceso de información,
privacidad y exclusión.
Palabras clave: seguridad, iden dad, violencia, privacidad y espacio.
Abstract
Rebuilding a civilian security sphere and public iden ty represents
the public policy analysis, discussion spaces, public opinion and the
media. In this regard, the objec ve
of this study was to delineate the
conceptual and empirical security,
iden ty, insecurity, violence and
privacy and a comparison with the
findings reported by the state of
the art. This exercise allowed us to
establish the vicissitudes, discrepancies, scope and limits of conceptual and empirical models from
which explained the rela onships
between facts and dimensions of
security and iden ty. In this scenario, Informa on and Communicaon Technologies proved to be key
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�Javier Carreón Guillén / Jorge Hernández Valdés / María de Lourdes Morales Flores /
Bertha Rivera Varela / Gerardo Arturo Limón Domínguez / Cruz García Lirios
factors for the discussion of access
to informa on, privacy and exclusion.
Recibido: 26 junio de 2013
Aceptado: 19 de diciembre 2013
Keywords, Security, Iden ty, Violence, Privacy and Space
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�Hacia la construcción de una esfera civil de seguridad e idenƟdad pública
Hacia la construcción de una esfera civil de seguridad
e idenƟdad pública
Rebuilding a civilian security sphereand public iden ty
Javier Carreón Guillén1, Jorge Hernández Valdés2,
María de Lourdes Morales Flores3, Bertha Rivera Varela4,
Gerardo Arturo Limón Domínguez5, Cruz García Lirios6
Introducción
L
a problemá ca de la seguridad ha sido planteada desde
ocho dimensiones: democrá ca (Chinchilla, L., 2002), privada (Arriagada, I., 2002), regional (Chinchilla, L., 2002), urbana
(Concha, A., 2002), nacional, social (Zaffaroni, R., 2011), pública
(Arriagada, 2002; Arteaga, N. y R.
Fuentes, 2009; Añez, M., R. Rujano
y J. Párraga, 2011; Salas, L., 2011;
Calderón, E., 2012; Ulloa, I., 2012;
Zúñiga, L., 2012) y ciudadana (Concha, A., 2002; Burgos, J. y P. Tudela,
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Doctor en Administración por la UNAM,
Facultad de Contaduría y Administración,
Profesor adscrito al Sistema Nacional de Inves gadores, nivel 1 y Profesor de la UNAM,
Escuela Nacional de Trabajo Social, javierg@
unam.mx 044 55 1377 6334
Doctorante en Ciencias Polí cas y Sociales
por la UNAM, Facultad de Ciencias Polí cas
y Sociales, Profesor UNAM, Escuela Nacional de Trabajo Social, jorheval@unam.mx
044 55 1304 0613
Doctorante en Educación por la Benemerita
Universidad Autónoma de Puebla, profesora UNAM, Escuela Nacional de Trabajo
2002; Oviedo, E., 2002; Arriagada,
I., 2002; Carrión, F., 2002; y Ferenc,
I., 2007).
Debido a su orden de relevancia
para los propósitos del presente
trabajo, se revisan en primera instancia los conceptos rela vos a la
seguridad privada, democrá ca,
regional, urbana, nacional y social. Posteriormente se revisan los
conceptos de seguridad pública y
ciudadana. Una vez establecidas similitudes y diferencias entre las categorías de seguridad, se demarcan
sus relaciones con otras categorías
psicosociales, como seguridad,
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Social y Coordinadora en UAEM, unidad
Huehuetoca malumoflo@uaemex.mx 044
55 2024 5647
Doctora en Geogra a por la UNAM, Facultad de Filoso a y Letras, Profesor UAEM,
Unidad Chimalhuacan y Huehuetoca, briveravarela@uaemex.mx
Doctor en Psicología por la UNAM, Facultad
de Psicología, Profesor UPN Unidad Chihuhua, galimonxm@upn.mx
Doctorante en Psicología Social y Ambiental
por la UNAM Facultad de Psicología, Profesor UAEM Unidad Huehuetoca, garcialirios@uaemex.mx
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iden dad, inseguridad, violencia y
privacidad. Por úl mo, se discuten
los alcances y limites de las categorías en referencia a los estudios
empíricos del estado del arte.
La revisión y discusión de las
categorías permi rá proponer modelos desde la elaboración de objevos, preguntas e hipótesis circunscritas a inves gaciones, empíricas,
transversales y correlacionales.
Relaciones conceptuales entre seguridad e idenƟdad
Los conceptos de seguridad e idendad son temas centrales en la
agenda global, regional, polí ca,
democrá ca, social, pública, urbana, ciudadana. Se trata de una pieza clave en el ajedrez de la geopolí ca y los tratados bilaterales de
corresponsabilidad; las estrategias
de beligerancia y los movimientos
de reivindicación; las polí cas territoriales y la apropiación del espacio; la con enda polí ca y la parcipación electoral; los programas
de combate a la delincuencia y la
acción colec va de grupos vulnerables. En este sen do, la relación
entre seguridad e iden dad es bidireccional, ya que la construcción
de una agenda en materia de seguridad implica el consenso de idendades, y la formación de una ciu-
dadanía requiere de programas de
seguridad que garan cen los derechos humanos. Por ello, la acción y
decisión gubernamental están ligadas con la par cipación social.
Sin embargo, el concepto de
seguridad es mul dimensional. En
principio, la seguridad democrá ca
parece ser una primera aproximación desde la cual el Estado reduce
sus acciones y decisiones para incen var la emergencia de la esfera civil en materia de polí cas de
seguridad pública (Chinchilla, L.,
2002). De allí que los programas de
asistencia pública para la superación de la pobreza también intensifiquen la organización ciudadana
en una esfera civil. Se trata de un
escenario en el que los desencuentros, conflictos y discrepancias entre autoridades públicas y sociedad
civil dirimen sus diferencias para
construir acuerdos favorables a la
reivindicación de grupos es gmazados, la paz pública y el tejido
social.
En el marco de los tratados internacionales, los Estados construyen acuerdos para eficientar la
corresponsabilidad en materia de
seguridad. Respecto al rubro de seguridad regional, esta es entendida
como un instrumento de cooperación técnica entre países que comparten un bloque económicoterritorial (Chinchilla, L., 2002). De este
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�Hacia la construcción de una esfera civil de seguridad e idenƟdad pública
modo, la seguridad democrá ca y
regional son instrumentos de poder que suponen el fortalecimiento de una esfera civil internacional
desde la cual se vigila la acción
gubernamental, se complementan
las decisiones públicas y se enriquecen los programa de atención
a víc mas. Es posible observar que
la emergencia de una esfera civil
internacional requiere del acuerdo
entre países, a la vez que supone
la expansión de principios rectores
de la ciudadanía frente a los fenómenos de inseguridad que atentan
contra la estabilidad y el equilibrio
de poder entre el Estado y los ciudadanos. Todo apunta pues hacia
una iden dad civil en la que se discuten los temas de la agenda pública, la seguridad nacional entre
ellos.
A pesar de que las fronteras
cada vez son más tenues entre las
naciones, los Estados, al mismo
empo que facilitan las libertades
ciudadanas que permiten manifestar sus ideas en otras la tudes,
incen van una iden dad nacional
a par r de polí cas consolidadas
en cuanto a limitación de inmigrantes, restricción de inversiones
en telecomunicaciones o selección
de prospectos laborales. Se trata
de un programa de construcción
o reconstrucción según la historia
de cada país de una iden dad na-
cional. Bajo este enfoque, la seguridad nacional alude a principios
vigía que orientan las decisiones
polí cas y encaminan las acciones
ciudadanas a la búsqueda de la
defensa de lo propio y la exacerbación de lo extraño ya no como un
riesgo, sino como un grupo de referencia para la compe vidad, el
crecimiento o el desarrollo. A pesar
de ello, los grupos radicales de la
sociedad, lejos de par cipar en la
construcción de una esfera civil, intensifican sus acciones de riesgo y
ponen en peligro la democracia, la
región o la nación misma. Por ello,
se propone la seguridad social en
la que su principal fundamento es
el pacto civil (Zaffaroni, R., 2011).
Las discrepancias entre los sectores sociales con respecto a las acciones gubernamentales denotan
conflictos de naturaleza ins n va
que solo pueden ser superados a
par r de un gran acuerdo en el que
todos los sectores estén representados, tengan voz y voto para dirimir sus diferencias. De este modo,
la seguridad social, más que un
instrumento de acuerdo, es una
apreciación emergente que devela
las vicisitudes de la diversidad humana, pero reconoce la posibilidad
de consenso si de garan zar la vida
misma se trata.
En el marco de las discrepancias
y los acuerdos, la seguridad urbana
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se presenta como una alterna va
para distribuir los espacios públicos en aras de la manifestación de
las ideas, el debate social y la inclusión de temas en la agenda pública
(Concha, A., 2002). Si se considera
que en las urbes han emergido, al
mismo instante que se han cul vado, los movimientos sociales de
más diversa índole, entonces es
menester plantear a la ciudad y
sobre todo a los espacios urbanos
como escenarios de con enda y
debate público local con alcances
globales. La apropiación simbólica
del espacio supone una iden dad
urbana desde la cual la ciudadanía
construye no solo una agenda que
discuta sus necesidades, sino también sus expecta vas.
Precisamente es en torno al
tema de las expecta vas que la
ciudadanía ene su mayor obstáculo, ya que lejos de construir una
esfera civil que la proteja de la inseguridad, delimita su espacio personal e interpersonal para asegurar
su bienestar y la de los grupos en
los que está inserta. Es así como la
seguridad privada explica el proceso mediante el cual la ciudadanía adquiere armas, se apropia de
espacios, lucha por el territorio y
delimita su área de influencia para
garan zar la defensa de sus bienes
(Arriagada, I., 2002).
En síntesis, la seguridad democrá ca, regional, nacional, social,
urbana y privada son elementos
que facilitan o inhiben la construcción de una esfera civil. De esta forma, los sistemas gubernamentales
y la acción ciudadana parecen incrementar sus ámbitos de conflicto, pero es en la seguridad pública
y la seguridad ciudadana donde se
dirimen las discrepancias.
El concepto de seguridad pública supone el establecimiento de la
paz pública a par r de la emergencia de la prevención del delito y la
administración puni va (Arriagada,
I., 2002). También denota un orden
social a par r de su restablecimiento por sistema zación de diagnóscos y procesos que reduzcan los
efectos del crimen organizado (Arteaga, N. y R. Fuentes, 2009). Alude
a un proceso quirúrgico en el que
la defensa del territorio se traduzca
en confianza hacia las autoridades
(Añez, M., R. Rujano y J. Párraga,
2011). En otro sen do espacial,
implica la creación de los escenarios que propicien asambleas comunitarias, así como el marco de
discusión y acción a seguir ante las
problemá cas que afectan la paz
pública (Salas, L., 2011). Todos los
enfoques —social, espacial y simbólico— apuntan a una situación
deseable o externa en referencia
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�Hacia la construcción de una esfera civil de seguridad e idenƟdad pública
a un proceso indeseable o interno
(Calderón, E., 2012). Por ello, el
concepto de seguridad pública está
anclado al pasado en referencia al
futuro. Se trata de percepciones
de aversión y propensión en clara
alusión a un antes y después de la
confianza o desconfianza por parte de la ciudadanía hacia el Estado
(Ulloa, I., 2012). En dicho proceso,
la ins tución pretoriana es protagonista, ya que la recuperación de
la confianza ciudadana o el descrédito hacia la misma está centrada
en las fuerzas del orden (Zúñiga, L.,
2012).
Si la seguridad pública es el
principal obstáculo para la construcción de una esfera civil protectora, la seguridad ciudadana es el
instrumento por excelencia para
facilitar la creación de ins tuciones
civiles que protejan a la ciudadanía
de la delincuencia y la negligencia
u opacidad del Estado.
La seguridad ciudadana ha sido
planteada como esfera civil protectora de la sociedad para con la omnipresencia del Estado o la acción
delic va. Sin embargo, también
supone la obtención de derechos
y libertades autoatribuibles que le
permiten a la ciudadanía desarrollar sistemas locales que las defiendan del accionar delic vo o gubernamental (Arriagada, I., 2002). En
este tenor, la ciudadanía está ar -
culada con normas jurídicas que le
garan zan la protección de su integridad psíquica, sica y patrimonial en detrimento del ajuste de la
agenda ciudadana a la agenda jurídica (Burgos, J. y P. Tudela, 2002).
Es decir, la ciudadanía puede construir una agenda lo suficientemente robusta que cubra sus necesidades y expecta vas en materia de
seguridad, pero la intervención de
las ins tuciones jurídicas y polí cas legisla vas determinan en úlma instancia los temas centrales
de la agenda pública. Por ello, uno
de sus obje vos centrales no es
la reducción de la inseguridad en
sí, sino la superación de barreras
ins tucionales (Carrión, F., 2002).
Una vez superados los obstáculos
gubernamentales, tendrá como
obje vo específico la construcción
de una confianza social indispensable para el acabado de la esfera
civil (Concha, A., 2002). No obstante que la esfera civil busca proteger
a la ciudadanía de la inseguridad
delic va y gubernamental, es en
esencia un monopolio de discusión, decisión y acción (Oviedo, E.,
2002). Si se toma en cuenta que el
Estado ha reducido su función hasta un punto tal que ya ni siquiera
garan za la seguridad, cualquiera
que esta sea, entonces la ciudadanía junto con las ins tuciones
deberán asumir compromisos más
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allá del simple orden civil y delinear
un sistema de colaboración que les
permita compe r con otros sistemas de seguridad. Un proceso así
supone una serie de controversias,
ya que la ciudadanía es diversa y
los sistemas enden a encasillarla.
Es preciso, entonces, explorar tal
diversidad ciudadana a par r de
sus iden dades.
En síntesis, la seguridad se ha
diversificado en razón de la heterogeneidad de la ciudadanía, la
inseguridad, las ins tuciones y los
sistemas que buscan resguardar la
integridad de las mismas. A medida que la seguridad se ha intensificado en sectores clave de la población, la emergencia de nuevas
problemá cas hace relevante a la
esfera civil. La construcción de una
iden dad colec va podría ser el
preámbulo de la restauración del
orden social y la paz pública administrados por la esfera civil.
Sin embargo, queda pendiente
el proceso rela vo a la construcción de la esfera civil sin menospreciar la superación de los obstáculos
que inhiben su creación. En torno
a la explicación de la estructura
social que permita incen var la
acción individual y orientarla a la
discusión de los temas de inseguridad, el termino iden dad cobra
mayor relevancia.
Definida como impera vo territorial, económico, polí co, social,
ins tucional y grupal, la iden dad
es un factor explica vo de las decisiones y acciones del individuo
que se involucra en los asuntos
públicos; discute los temas de la
agenda social; interpreta el marco
jurídico regulatorio; organiza manifestaciones colec vas o virtuales
(Gall, O., 2004; Zacarés, J., A. Iborra
y E. Serra, 2009; Gil, C., 2012; Borghello, C. y M. Temperi, 2012). La
iden dad explica, en parte, el proceso mediante el cual las personas
ajustan sus decisiones y acciones a
un sistema de seguridad, principalmente público y ciudadano.
Si cada una de las dimensiones
de la iden dad, según el estado del
arte, es relacionada con las dimensiones de la seguridad pública y
ciudadana, entonces tenemos una
matriz que va de la exploración de
ins tuciones al compromiso con
las mismas. En un extremo, la ciudadanía descon a de sí misma y
de las agencias gubernamentales;
en el otro, la confianza en las instuciones es el indicador de la discusión y acción social. En medio, el
uso de Tecnologías de Información
y Comunicación (TICs) permite el
debate virtual de la agenda ciudadana, pero la hace invisible, incluso la transmuta en roles volá les y
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�Hacia la construcción de una esfera civil de seguridad e idenƟdad pública
e meros. A medida que la exploración se intensifica, los roles se
diversifican y el compromiso social
se hace difuso. En este escenario,
la construcción de la esfera civil se
ha estancado, aunque se reac va
cuando la inseguridad es percibida como lejana o cercana (Salas,
L., 2011). En el primer caso, la ciudadanía transita de lo privado a lo
público, y en el segundo, materializa la información circundante en
acciones concretas de protección
civil. Tal proceso supone el encuadre de los medios de comunicación
(García, C., 2009, 2012; García, C.
et al., 2013a, 2013b). Es decir, la
información rela va a la seguridad
es seleccionada de acuerdo con el
perfil de las audiencias, y la intensificación de los mensajes, editoriales, notas, reportajes o columnas de la televisión, radio y prensa
influye en la opinión pública para
infiltrar temas en la agenda pública. El aba miento del encuadre periodís co solo sería posible con la
construcción de una opinión pública por parte de la esfera civil, pero
esta también es influida por los
comunicadores. En efecto, la construcción de una esfera civil protectora de la inseguridad y la negligencia u opacidad del Estado se gesta
desde los medios de comunicación.
Si se considera que la violencia
es generada desde los medios de
comunicación y que estos no fungen como tes gos de la violencia,
entonces estamos ante un planteamiento que alude al Estado y a la
ciudadanía como intermediarios
de la seguridad, más que generadores o beneficiarios. La seguridad parece estar dirigida desde la
mercadocracia más que desde las
ins tuciones o las inicia vas ciudadanas.
No obstante, un análisis minucioso del concepto violencia parece mostrar que esta no solo es un
indicador de inseguridad, sino también de iden dad. El concepto violencia atraviesa ambos términos,
ya que puede ser producto de la
ausencia de reconocimiento social
(Wieviorka, M., 2006), la omnipotencia del Estado (Ospina N. y G.
Jiménez, 2009), la exclusión social
(Villaplano, V., 2009) y las asimetrías entre la clase polí ca y demás
clases sociales (Acosta, J., 2010). Es
decir, la violencia refiere a entornos públicos y privados en los que
el conflicto es generado por ausencia de acuerdos, pero también por
valores inherentes a la naturaleza
humana. La cues ón aquí es fundamental: la seguridad y la iden dad son partes fundamentales de
la construcción de una esfera civil,
ya que la inseguridad y la violencia,
principales amenazas de su gestación, están presentes en las dimen-
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�Javier Carreón Guillén / Jorge Hernández Valdés / María de Lourdes Morales Flores /
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siones públicas y privadas, macro y
microsocial.
Solo resta analizar una consecuencia de la ausencia de esfera
civil: la privacidad. Establecida
como un conjunto de derechos y
obligaciones, la privacidad alude a
facultades (Hernández, R., 2008),
libertades (García, D., 2010), garan as (Ortúzar, G., 2010), singularidad (Cas llo, C., 2012), autonomía y capacidades (Terwagne,
C., 2012), frente a sistemas informa vos espías que atentan contra la invisibilidad voluntaria de un
usuario de TICs. La sofis cación
de disposi vos tecnológicos se ha
conver do en un tema central de
la agenda personal, ciudadana, polí ca y pública en referencia a los
sistemas de seguridad, así como
de iden dad y la construcción de
una esfera civil. La privacidad es un
tema esencial para explicar las barreras que impiden la construcción
de un escenario de manifestación,
discusión, consenso y acción local
desde la ciudadanía hasta la esfera de poder polí co. En este sen do, las TICs son materia de debate
puesto que la iden dad, en estos
escenarios, es sinónimo de exploración más que de compromiso.
Tal requerimiento es indispensable
para la reflexión pública en torno a
la inseguridad o la violencia.
En resumen, las sociedades, según el estado del arte conceptual,
parecen avanzar hacia escenarios
de información y comunicación
que trastocan su poder de elección y decisión en acciones exploratorias de espacios, inseguridad,
violencia o privacidad; pero en
tanto dependiente de los avances
y las innovaciones tecnológicas, la
ciudadanía trata de construir una
esfera civil que la pueda proteger
del crimen y la delincuencia. En un
panorama así, el Estado se asume
como un actor más en el ajedrez de
las inicia vas, vetos y leyes que regulan la incidencia del mismo en la
privacidad, aunque la moderación
de la iden dad está ajustada a la
percepción de inseguridad. Por ello
es menester revisar los hallazgos
rela vos a las relaciones empíricas
entre seguridad e iden dad.
Relaciones empíricas entre seguridad e idenƟdad
Entre los hechos de privacidad,
inseguridad, violencia y exclusión,
los medios de comunicación regulan la información rela va a la
seguridad y la iden dad hasta un
punto tal que hacen parecer como
prioritarios temas como migración,
escasez y desabasto de recursos en
diferentes escalas.
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�Hacia la construcción de una esfera civil de seguridad e idenƟdad pública
En un nivel organizacional, seguridad e iden dad son considerados instrumentos de relaciones
de poder entre empleados que se
distribuyen asimétricamente las
funciones para reducir los conflictos (Meliá, J., 1999). En el ámbito
educa vo, iden dad y seguridad
son factores de estabilidad y compromiso conforme la edad se incrementa (Zacarés, J., A. Iborra y
E. Serra, 2009). Principalmente el
género es factor determinante de
la percepción de inseguridad y el
ejercicio de la violencia (González,
J., A. Hernández y R. Garza, 2010).
Sin embargo, los medios de comunicación resultan ser interventores directos y colaterales de las
percepciones de inseguridad pública al momento de evaluar las estrategias gubernamentales y la acción
policiaca contra la delincuencia
(García, C., 2009, 2012; García, C.
et al., 2013).
Discusión
Los estudios rela vos a la relación
seguridadiden dad parecen mostrar que la construcción de una
esfera civil reductora de la inseguridad, violencia y exclusión, está
influida por los medios de comunicación. Incluso, la televisión y
la prensa se erigen como factores
intervinientes del proceso de seguridad ciudadana como privada en
referencia al sistema de seguridad
pública. A medida que la ciudadanía busca salvaguardar su integridad, bienes y espacios, los medios
de comunicación parecen acotar
sus temas de información, debate,
deliberación y acción. La iden dad
ciudadana parece estar influida por
mensajes en torno al impacto de
las estrategias gubernamentales y
sus recursos financieros, humanos
y tecnológicos sobre la prevención del delito, la captura de malhechores, la rapidez de los juicios
y la ejecución de penas a los delincuentes. En un escenario como
este, la polí ca de seguridad pública se intercepta con las inicia vas
ciudadanas y como resultado de
tal encuentro, la esfera civil es pospuesta hasta que alguna coyuntura
amerita su emergencia. En efecto,
mientras las polí cas de seguridad
se consolidan, las inicia vas ciudadanas parecen perder su historicidad temporal y espacial de las que
alguna vez subyacieron, y a cambio
son transmutadas ahora en spots,
mensajes, columnas, editoriales o
reportajes sobre la inseguridad.
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�Javier Carreón Guillén / Jorge Hernández Valdés / María de Lourdes Morales Flores /
Bertha Rivera Varela / Gerardo Arturo Limón Domínguez / Cruz García Lirios
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Año 4, Núm. 1, mayo, 2014 - octubre, 2014, ISSN: 2007-3100
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�La equidad e inequidad de género en la educación primaria.
estudio comparado entre escuelas públicas en Monterrey y Ciudad de Panamá
La equidad e inequidad de género en la
educación primaria.
estudio comparado entre escuelas públicas
en Monterrey y Ciudad de Panamá
Gender Equality and Inequality in Primary
Schools. A comparaƟve study between public
schools from Monterrey and Panamá city
José María Duarte Cruz
José Baltazar García-Horta
Resumen
E
sta invesƟgación explora las
relaciones de género presentes en algunas escuelas
primarias públicas del Área Metropolitana de Monterrey (AMM) y
en la Ciudad de Panamá. Se diseñó
para ello un protocolo cualitaƟvo
comparado que uƟlizó un modelo
múlƟple de estudios de casos para
la recolección de información. A
través de un proceso sistemáƟco
de triangulación, de comparación
constante y de apoyo en los postulados de la teoría fundamentada,
se entrelazaron las informaciones
recabadas a n de construir un
modelo teórico explicaƟvo de los
fenómenos estudiados que emergiera de las fuentes uƟlizadas en la
invesƟgación. Algunos resultados
indican que en las escuelas parƟ-
cipantes se desarrollan acƟvidades
que promueven tanto la equidad
como la inequidad de género; estas situaciones se presentan a través de la socialización que se da
en la dinámica escolar. Las inequidades de género se maniestan a
través del currículum oculto: en el
discurso, los/as docentes y direcƟvos sancionan el sexismo escolar
y maniestan lo negaƟvo y perjudicial que puede llegar a ser este
fenómeno, pero en la prácƟca no
se reejan acƟvidades coeducadoras. Esta situación se maniesta
no solo en las relaciones docenteestudiantes, sino que aparece de
manera implícita y explícita en los
textos escolares; en los materiales
y recursos didácƟcos uƟlizados; en
las expresiones del lenguaje oral,
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
31
�José María Duarte Cruz / José Baltazar García-Horta
escrito e iconográco; en las relaciones de poder entre estudiantes;
en las polí�cas internas y externas
de la administración escolar; en las
relaciones con los padres y madres
de familia y en el currículo formal.
Palabras clave: sexismo, discriminación, equidad de género, currículum oculto, coeducación.
Abstract:
This research explores gender rela�ons in some public primary
schools in Monterrey (AMM) and
Panama City. This study has a qualita�ve approach that used a mul�ple case studies model. Through
triangula�on, constant comparison
and using the principles of grounded theory, the informa�on gathered were intertwined to construct
an explanatory theore�cal model
that emerged from the data collected sources used in the research
are. Some results suggest that ac-
32
�vi�es from par�cipa�ng schools
promote both gender equali�es
and inequality; these situa�ons
are clear in the day to day prac�ce
within the school. Gender inequali�es are manifested through the
hidden curriculum: teachers and
heads of school do not approve
sexism and clearly express the nega�ve effects of this phenomenon,
but in prac�ce, it is nos reected in
school ac�vi�es. This effects is evident not only in the teaching-student rela�onships, but appears implicitly and explicitly in textbooks,
teaching materials and resources
used in scholls, in expressions of
oral, wri�en and iconographic language and in the power rela�ons
between students. It is also presente in the internal and external
policies of the school administra�on; in rela�onships to parents
and in the formal curriculum.
Keywords: sexism, discrimina�on,
gender equality, hidden curriculum, coeduca�on.
�La equidad e inequidad de género en la educación primaria.
estudio comparado entre escuelas públicas en Monterrey y Ciudad de Panamá
La equidad e inequidad de género en la
educación primaria.
estudio comparado entre escuelas públicas
en Monterrey y Ciudad de Panamá
Gender Equality and Inequality in Primary
Schools. A comparaƟve study between public
schools from Monterrey and Panamá city
José María Duarte Cruz3
José Baltazar García-Horta4
Introducción
L
a equidad de género es un
tema prioritario en las agendas de Estado y forma parte
esencial de las políƟcas públicas y
sociales; se basa en la plena parƟcipación de mujeres y hombres en la
promoción de sus derechos y responsabilidades. Es considerada por
organismos internacionales como
una clave para la buena gobernabilidad, pues mejora sensiblemente la eciencia y el impacto de los
proyectos de desarrollo; es además
un complemento importante de las
estrategias de empoderamiento y
3
4
un recurso que fomenta la igualdad
de oportunidades.
El derecho a recibir una educación primaria gratuita, sin que
importe el género, la procedencia
o las apƟtudes mentales y İsicas;
a desarrollar al máximo la personalidad, el talento y las apƟtudes;
a recibir una educación de calidad
en un ambiente seguro, saludable
y protector, incluso en situaciones
de emergencia; forman parte del
conjunto de derechos de niños y
niñas que son reconocidos e incorporados en diversas convenciones
internacionales y tratados regionales.
Doctor En losoİa con especialidad en trabajo social y políƟcas comparadas de bienestar social
Psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestría en Administración EducaƟva por la Universidad de Leeds, Inglaterra. Doctorado en Filosoİa en la especialidad en Educación
por la Universidad de Leeds, Inglaterra. Profesor invesƟgador de la Facultad de Trabajo Social y
Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
33
�José María Duarte Cruz / José Baltazar García-Horta
El sistema educaƟvo además de
transmiƟr, por medio del currículum ocial, las nociones culturales
relaƟvas al género aceptadas socialmente, también transere un
cúmulo de pautas de comportamiento no explícitas que inuyen
en la construcción de la idenƟdad
de niñas y niños en su conanza,
autovaloración, moƟvaciones, expectaƟvas de vida y sus roles.
La violencia de género conocida
como ‘sexismo’ es una forma de
discriminación que uƟliza al sexo
como criterio de atribución de capacidades, valoraciones y signicados creados en la vida social; se
gesta en varias esferas de la sociedad y ciertas insƟtuciones sociales
como las escuelas primarias son
decisivas en su promoción y/o erradicación.
El problema
Numerosos estudios sobre la desigualdad y estereoƟpos de género
en la educación han puesto de relieve sus disƟntas acepciones y la
inuencia que Ɵenen estos aspectos en la construcción social de las
idenƟdades y las relaciones de género en los individuos (Marchesi,
Á., 2000; Flores, R., 2005; Fleming,
I., 2007; Blanco, M., 2008; Lara, R.,
34
2010). El contexto escolar consƟtuye uno de los espacios que más
poderosamente inuye en la construcción de la idenƟdad personal
de hombres y mujeres (Flores, R.,
2005); de igual forma los prepara
para la vida producƟva, los provee de competencias para desenvolverse en la sociedad y además
debe buscar orientaciones para acceder a la democracia y evitar que
se reproduzcan las desigualdades
sociales (Lara, R., 2010).
El proceso de transmisión velada de las concepciones de género
en la escuela se denomina ‘currículum oculto’, o ‘pedagogía invisible
de género’ (Flores, R., 2005, Fleming, I., 2007). Este es un medio
muy poderoso para aprender normas, valores y relaciones sociales
que subyacen y se transmiten a
través de las ruƟnas diarias en las
escuelas (Devis, J., J, Fuentes y A.
Sparkes, 2005). Los estudiantes no
solo aprenden conductas y conocimientos ofrecidos formalmente,
sino todo un conjunto de acƟtudes
y prácƟcas sociales que les sirven
para la construcción de sus idenƟdades y que se transmiten de manera indirecta.
Las normas que suelen regir el
funcionamiento escolar, así como
las costumbres, la distribución espacial del aula y de los lugares de
�La equidad e inequidad de género en la educación primaria.
estudio comparado entre escuelas públicas en Monterrey y Ciudad de Panamá
recreo, los juegos, la forma de imparƟr educación İsica, los contenidos de los programas, el material
didácƟco, la organización administraƟva escolar, la acƟtud de los y
las docentes hacia sus estudiantes,
así como el modelo que representan las guras de autoridad dentro
de la escuela; consƟtuyen algunos
de los mecanismos para transmiƟr y reforzar los valores, normas y
concepciones acerca de cómo deben ser y actuar los hombres y las
mujeres (Gólcher, I., 2002; Fleming,
I., 2007).
La desigualdad que se percibe en algunos centros escolares
es acentuada en la diferenciación
que los docentes hacen dentro del
aula con sus alumnos/as (Lara, R.,
2010). En invesƟgaciones realizadas (Cortés, G., W. Che y M. Sosa,
2001; Blanco, M., 2008, Lara, R.,
2010) se han podido plasmar algunos ejemplos que ilustran creencias y estereoƟpos sexistas por
parte del personal docente, entre
ellos: “Los niños no lloran”, “Las
niñas no deben hablar así”, “Los
niños son más inteligentes y por
eso son más inquietos”, “Las niñas
Ɵenen mejor rendimiento porque
son más tranquilas”. Por lo demás,
muchos docentes indican que los/
as estudiantes deben adoptar comportamientos especícos y diferen-
ciados por el hecho de ser niños o
niñas.
Estos y otros estereoƟpos Ɵenen su origen en las relaciones de
género, es decir, en la forma que se
organiza la sociedad de acuerdo a
los sexos, asignando caracterísƟcas
y papeles diferentes a cada uno de
ellos; al mismo Ɵempo, ocurren implícita y explícitamente en muchos
sistemas escolares; además de ser
discriminatorios, traen consigo un
componente de violencia que se
denomina ‘violencia de género’
(Blanco, M., 2008). Este Ɵpo de violencia, conocida como ‘sexismo’, es
una forma de discriminación que
uƟliza al sexo como criterio de
atribución de capacidades, valoraciones y signicados creados en la
vida social; es decir, con base en
una construcción social y cultural,
la sociedad ordena la realidad en
dos categorías: lo femenino y lo
masculino. Al igual que otras formas de discriminación, este maniqueísmo Ɵende a inducir a las
personas en parámetros impuestos
(Araya, S., 2001).
El sexismo está directamente
vinculado con la desigual distribución del poder, así como con las
relaciones asimétricas que se establecen entre hombres y mujeres
en nuestras sociedades; muchas
veces estas relaciones perpetúan
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
35
�José María Duarte Cruz / José Baltazar García-Horta
la desvalorización de lo femenino
y subordinación a lo masculino.
Este Ɵpo de violencia siempre ha
estado presente en las sociedades
(Rico, N., 1996), pero la misma ha
sido ejercida en mayor medida hacia las mujeres. Si bien el sexismo
es considerado una violación a los
derechos humanos CEDAW, 1979),
una pandemia (Ávila, 2007) y un indicador de desarrollo de los países
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2007) que afecta tanto a los
hombres como las mujeres, el impacto, frecuencia e intensidad con
que ocurre varía de acuerdo con el
sexo de la vícƟma (Rico, N., 1996).
Hay numerosos factores socioculturales que dan origen a la violencia de género, entre ellos: relaciones jerárquicas entre los sexos;
socialización diferenciada de los
niños y las niñas; discriminación
políƟca, económica y legal; resolución violenta de los conictos interpersonales; desiguales simbolizaciones, así como valoraciones del
cuerpo y la sexualidad de hombres
y mujeres (Rico, N., 1996).
Sobre la invesƟgación
El objeƟvo de la invesƟgación fue
explorar las relaciones de género
en algunas escuelas públicas de
36
educación primaria del Área Metropolitana de Monterrey (AMM) y
en la Ciudad de Panamá. Para ello
inicialmente se realizó un recuento histórico sobre el desarrollo y
evolución del concepto de equidad
de género. Se revisaron además legislaciones y tratados nacionales,
internacionales y locales relacionados con la temáƟca. El acercamiento teórico estuvo centrado en
algunas teorías y perspecƟvas teóricas, entre ellas las del aprendizaje
social y la de sexo-género; algunas
perspecƟvas sociales que abordan el nuevo feminismo y la nueva masculinidad fueron revisadas;
de igual forma los planteamientos
teóricos que abordan la coeducación y, nalmente, los postulados
de la teoría de la jusƟcia social.
�La equidad e inequidad de género en la educación primaria.
estudio comparado entre escuelas públicas en Monterrey y Ciudad de Panamá
Cuadro 1. Resumen de las perspecƟvas teóricas revisadas en la
invesƟgación
PerspecƟvas
teóricas
Elementos importantes
Albert Bandura
Aprendizaje
Social
Observando a otros, los sujetos aprenden
conocimientos, reglas, habilidades, estrategias y, con base en ello, se comportan de
acuerdo a los pro y contra que puede traer
el comportarse de esa manera. No solo de
la experiencia directa aprenden los individuos, sino también de observar lo que les
ocurre a otros.
La disƟnción entre sexo y género permite
diferenciar los hechos biológicos de los sociales en la construcción de las idenƟdades
de género y en la posición social de hombres y mujeres, que se supone son comportamientos propios de cada uno.
Martha Lamas
Sexo – Género
JusƟcia social
Personajes
destacados
Julian RoƩer
Albert Ellis
Walter Mischel
Marcela Lagarde
Luis Bonino
Todos/as los seres humanos tenemos los John Rawls
mismos derechos, obligaciones y la igualdad de oportunidades Ɵene que ver con Amartya Sen
aceptar las diferencias que cada sexo Ɵene.
La jusƟcia es el arte de dar a cada uno lo
suyo o, bien, hacer a un individuo dar lo
suyo a otro; esto debe hacerse sin discriminar ni mostrar preferencia alguna por
nadie, toda vez que las personas deben
ser tratadas por igual para poder estar en
condiciones de aplicar la jusƟcia a plenitud.
La verdadera igualdad incluye el mismo
derecho de toda persona a vivir de forma
diferente.
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
37
�José María Duarte Cruz / José Baltazar García-Horta
El nuevo feminismo resalta lo propio de la
mujer y sus valores esencialmente femeninos y cómo ellos contribuyen a mejorar el
mundo familiar, profesional y social. Busca
realzar a las mujeres en su integridad, rescatando su feminidad y su rol de mujer,
Nuevo femimadre y trabajadora; además de buscar su
nismo y
complemento con el hombre. Las caractenueva masculi- rís�cas que se suele iden�car como masnidad
culinas no son innatas, sino consecuencia
de un proceso de socialización que supone
relaciones de dominación entre los sexos.
La condición masculina es por tanto un
producto social, un resultado que se puede
modicar.
Coeducación
Chris�na Hoff
Sommers
Pere Compte y
José Luis Oreiro
Pierre Bordieu
Las personas deben ser educadas por igual Marina Subirats
en un sistema de valores, comportamientos, normas y expecta�vas que no estén Amparo Tomé
jerarquizados por el género social. Al hacer
esto se desea eliminar el predominio de un
género sobre el otro.
A través de los postulados de cada
perspec�va teórica revisada, se
pudo hacer un marco referencial
que apoyó la inves�gación en aspectos como la elaboración de instrumentos de recolección de información, el análisis e interpretación
de los mismos y la propuesta de
una teoría emergente a par�r de
las informaciones recolectadas a
través de los estudios de casos.
38
Be�y Friedan
En cuanto a la metodología, se
diseñó un protocolo de inves�gación cualita�vo comparado (Taylor,
S. y R. Bogdan, 1996); para ello se
propuso la u�lización de un modelo múl�ple de estudios de casos
(Yin, R., 1994) que ayudara en la
recolección de información. Se u�lizaron diarios de campo, observaciones no par�cipa�vas, entrevistas semiestructuradas a múl�ples
�La equidad e inequidad de género en la educación primaria.
estudio comparado entre escuelas públicas en Monterrey y Ciudad de Panamá
unidades de análisis —estudiantes,
docentes y administraƟvos—; se
analizaron además libros de textos
escolares y material fotográco obtenido en el trabajo de campo. Se
construyeron dos instrumentos de
recolección de información: una
pauta de observación y una guía
de entrevistas semiestructuradas,
mismas que fueron probadas a través de una prueba piloto.
Para la selección de escuelas
se establecieron criterios como el
deseo de docentes y direcƟvos de
parƟcipar en la invesƟgación, que
fueran escuelas primarias completas, que tuvieran aproximadamente la misma canƟdad de estudiantes y docentes, entre otros.
Posteriormente se seleccionaron
cuatro escuelas primarias públicas, dos ubicadas en el AMM y dos
en la Ciudad de Panamá. Durante
cinco meses se recogieron las informaciones en las escuelas, que
se encontraban estratégicamente
cercanas y en turnos matuƟno y
vesperƟno.
El acercamiento al fenómeno
coƟdiano es una fuente potencial
de teorías (Yacuzy, E., 2006; CasƟllo,
M., 2005), las cuales pueden emerger del estudio de caso. Kathleen
M. Eisenhardt (1989) provee lineamientos para construir teorías a
parƟr de este método como herramienta de invesƟgación y examina
las ventajas y desventajas de esta
construcción. El modelo uƟlizado
en esta invesƟgación se basó en la
matriz propuesta por Robert K. Yin
(1994) sobre el Ɵpo de estudio de
casos.
Para la recolección de informaciones se elaboraron dos instrumentos: una Pauta de Observación y una Guía de Entrevista
Semiestructurada. Para la primera
se elaboraron unas preguntas que
guiaron la observación; con esto se
buscó prestar la atención a hechos,
personas, reglas, valores, moƟvaciones y realidades sociales presentes en el contexto escolar. Se
idenƟcaron cinco ejes principales:
las expresiones de lenguaje, la dinámica dentro del aula, el espacio
físico, los materiales concretos y
las acƟvidades fuera del aula. El registro de la información se realizó
de forma estructurada a través de
un diario de campo. En cuanto a la
guía de entrevistas se elaboraron
preguntas abiertas que cubrieran
aspectos como: la preferencia de
grupos, la organización del espacio
escolar, la disciplina, el liderazgo,
la asignación de roles, las diferencias y similitudes entre niñas y niños, los estereoƟpos de género, la
educación en igualdad, así como el
apoyo de padres y madres de familia.
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
39
�José María Duarte Cruz / José Baltazar García-Horta
Imagen 1. Tipo de caso y modelo de invesƟgación a desarrollar
E:]EJ
Escuela 1
Á. M. de Monterrey
Escuela 2
Á. M. de Mont,errey
E:]EJ
Escuela 3
C. de Panamá
Escuela 4
C. de Panamá
Fuente: Tipo básicos de diseño de estudios de casos. Cosmos CorporaƟon.
Para el análisis de las informaciones se uƟlizaron los supuestos de
la teoría fundamentada. A través
de un proceso sistemáƟco de triangulación, de comparación constante por medio de la elaboración de
unidades hermenéuƟcas uƟlizando
el programa Atlas.Ɵ, se seleccionaron códigos y categorías que se
entrelazaron con las informaciones
recabadas a través de las diversas
técnicas, a n de construir un modelo teórico explicaƟvo de los fenómenos estudiados que emergiera
40
de las propias fuentes uƟlizadas en
la invesƟgación.
Hallazgos importantes obtenidos
en la invesƟgación
La dinámica escolar, las prácƟcas
que pueden promover equidad e
inequidades de género en el aula,
las percepciones docentes sobre
la masculinidad y la feminidad, así
como sus ideas sobre la igualdad y
las diferencias entre niños y niñas,
�La equidad e inequidad de género en la educación primaria.
estudio comparado entre escuelas públicas en Monterrey y Ciudad de Panamá
fueron las categorías más representaƟvas y en las que se centró el
proceso de análisis.
Luego de analizar diversas fuentes de evidencia —observaciones,
entrevistas realizadas a docentes
y direcƟvos de las escuelas parƟcipantes, análisis de textos escolares
y de material fotográco—, podemos indicar que existen acƟtudes y
opiniones ambivalentes en cuanto
a las caracterísƟcas tradicionales y
convencionales de los roles masculinos y femeninos frente a concepciones igualitarias y equitaƟvas.
Muchos/as docentes asocian
las caracterísƟcas de delicadeza,
sumisión, belleza, tranquilidad, inteligencia, Ɵmidez, pasividad, entre otras, como comportamientos
esperados —y acaso deseados—
para las niñas; y por otro lado, caracterísƟcas como la agresividad,
intranquilidad, hiperacƟvidad, rudeza, rebeldía, informalidad, etcétera, como caracterísƟcas y comportamientos propios de los niños.
Tal disƟnción no hace más que
acrecentar diferencias inexistentes
y discriminatorias entre los sexos,
además de promover idenƟdades y
concepciones estereoƟpadas sobre
lo que es ser un hombre y una mujer.
El cuadro 2 revela algunos hallazgos generales obtenidos en la
invesƟgación. Por una parte se presentan algunas inequidades de género y, por otra, ciertas formas de
aplicación de la equidad de género
en el ámbito escolar. Nótese que
dichos hallazgos se presentan por
cada técnica uƟlizada en ambos
países.
Percepciones docentes sobre la
equidad e inequidad de género
Se pudo idenƟcar en las escuelas
parƟcipantes algunas ideas jas y
simplicadas sobre las caracterísƟcas de los niños y niñas, es decir,
cómo son ellos y ellas. Estas ideas
generalmente están basadas en roles e idenƟdades socialmente asignados sobre cómo son las mujeres
y los hombres. Algunas de estas
ideas o preconcepciones son asumidas como naturales y con base
en ellas se clasica a los niños y
niñas, sin tener en cuenta las realidades individuales de estos/as, ni
su formación familiar y modos de
pensar. En la mayoría de los casos,
estas ideas generan estructuras de
privilegio que impiden el disfrute
igualitario de sus derechos.
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
41
�José María Duarte Cruz / José Baltazar García-Horta
Cuadro 2. Hallazgos importantes que revelan sexismo y equidad
de género en las escuelas parƟcipantes en esta invesƟgación
Técnicas
Hallazgos importantes que revelan formas de
inequidad de género
Hallazgos importantes que revelan formas de equidad de género
•
Formas de disciplina autoritaria, discriminatoria y sexista, ejemplo: aislamiento,
niñas usadas como mecanismo de sanción, etcétera.
Asignación de acƟvidades diferenciadas
para cada sexo.
Relaciones de poder entre estudiantes.
Situaciones de violencia escolar (İsica,
verbal, de insinuación sexual, emocional,
de género).
Discriminaciones por el género y por las
capacidades de los/as estudiantes.
Uso de expresiones de lenguaje genéricas
en masculino.
Distribución inequitaƟva de roles.
PrácƟca de estereoƟpos de género.
Separación de estudiantes en el aula.
Trato diferenciado a estudiantes.
•
Percepciones diferenciadas sobre el éxito
escolar.
La tarea de apoyo escolar de los hijos/as
es delegada a las madres.
Preferencias en el trato que se ofrece a
niños y niñas.
EstereoƟpos de género en las expresiones
del lenguaje oral y en los ejemplos que
dan en clases.
Uso de expresiones de lenguaje oral no
inclusivas.
EstereoƟpos de género relacionados con
patrones culturales, roles sexuales, sobre
el comportamiento agresivo, formas de
masculinidad y feminidad, etcétera.
•
Observaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entrevistas
•
•
•
•
42
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Igual parƟcipación en acƟvidades escolares.
Trato igualitario en clases.
Distribución equitaƟva de roles y espacios dentro del aula.
Registros de asistencia ordenados alfabéƟcamente.
Formas de moƟvación igualitaria.
Asignaciones de trabajos en equipos
mixtos.
Formación de equipos mixtos en acƟvidades escolares.
Trato equitaƟvo de niños y niñas en el
aula.
Uso de expresiones de lenguaje inclusivo.
Igual parƟcipación en acƟvidades
académicas y culturales.
Aplicación de disciplina escolar de
forma equitaƟva.
Formas equitaƟvas para moƟvar a
los/as estudiantes.
�La equidad e inequidad de género en la educación primaria.
estudio comparado entre escuelas públicas en Monterrey y Ciudad de Panamá
Análisis de libros de textos escolares
Análisis de material fotográco
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
Discriminaciones en el aula (separación •
de estudiantes por sexo).
EstereoƟpos de género relacionados con
los roles sexuales, ejemplo: distribución •
inequitaƟva de roles al realizar el aseo
escolar.
Distribución inequitaƟva de espacios es- •
colares, sobre todo en juegos.
AcƟvidades académicas, culturales, de- •
porƟvas y arơsƟcas diferenciadas para
cada sexo.
Uso de expresiones de lenguaje no inclusivo en materiales y murales.
Iguales oportunidades de parƟcipación en acƟvidades académicas y extraescolares.
Formación de equipos y las mixtas
en acƟvidades académicas y recreaƟvas.
Uso de expresiones de lenguaje inclusivo.
Distribución equitaƟva de roles.
•
Imágenes y contenidos de distribución equitaƟva de roles.
Imágenes de grupos mixtos.
Uso inclusivo de lenguaje y expresiones que son neutras.
AcƟvidades diseñadas para reforzar
la equidad entre los géneros y favorecer las acƟtudes abiertas y tolerantes.
Uso del término “humanos” para referirse a un colecƟvo de personas.
Desarrollo de temáƟcas que favorecen la equidad, igualdad, respeto,
derechos humanos, etcétera.
Aparecen pocas imágenes mixtas.
Los contenidos son inconsistentes y a veces contradictorios y se uƟlizan expresiones que no son inclusivas.
Persisten las visiones estereoƟpadas de
los roles tradicionales que se señalan son
propios de hombres y mujeres.
El mundo público, cienơco, políƟco e histórico es dominado por hombres.
Aparecen más imágenes y nombres masculinos que femeninos.
Uso del término “hombre” para referirse
a personas.
Expresiones de lenguaje no inclusivas.
Muchas de las ideas y estereoƟpos sexistas que se reejan en las
escuelas primarias son comparƟdas y promovidas por los/as docentes, quienes Ɵenen en sus manos la
formación y educación de los niños
y niñas. Aunque a través de sus discursos estos estereoƟpos están disfrazados y no se presentan como
acciones intencionadas, se reejan
ideas estereoƟpadas sobre el género relacionadas con lo académico,
la feminidad y masculinidad y rela-
•
•
•
•
•
cionadas con el ser y el deber ser
de los niños y niñas.
Algunos estereoƟpos de género consisten en el establecimiento
de suposiciones equivocadas sobre
las diferencias İsicas y su relación
con el éxito y aprovechamiento escolar; sobre la supuesta superioridad de un sexo sobre el otro por la
adquisición del poder que la educación ofrece; por las sanciones sociales que Ɵenen niños o niñas por
realizar acƟvidades o acciones que
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
43
�José María Duarte Cruz / José Baltazar García-Horta
no son propias o esperadas culturalmente para uno u otro sexo; por
las diferencias en el trato que reciben niños y niñas, entre otras.
Se presentan además contradicciones, ideas tradicionalistas,
conservadoras, prejuicios y estereoƟpos al denir cómo son los
niños y las niñas; cómo deben ser,
qué conductas les agradan y no de
ellos y ellas. Por ejemplo: a la hora
de describir cómo son las niñas, se
les asocia con ser tranquilas, dóciles, manejables, delicadas, sumisas, Ɵernas, celosas, coquetas, inteligentes, alƟvas, serias, sociales,
ơmidas y envidiosas. Otras habilidades/comportamientos referidos
a las niñas están asociadas a acƟvidades escolares: ellas son dedicadas al estudio; aprenden más rápido que los niños; Ɵenden a seguir
más las indicaciones; son aplicadas; adquieren los conocimientos
de mejor forma; son esmeradas,
detallistas; les gusta parƟcipar;
son de pensamiento ágil; algunas
analizan y escuchan más; muchas
cuesƟonan el punto de vista del/
la docente; ofrecen aportes interesantes; se preocupan y estudian
más, por lo que ocupan los primeros puestos académicos.
Cuando se describe a los niños, se les asocia con ser intranquilos, groseros, muy acelerados,
impulsivo; ellos molestan, lasƟ44
man y ofenden a los demás; son
agresivos, Ɵenen conductas fuertes; dicen palabras feas, discuten
mucho; son abusivos, rudos; son
menos formales y más fuertes que
las niñas. Además son juguetones,
hiperacƟvos, rebeldes, reacios,
problemáƟcos y en algunos casos
bromistas. Académicamente, los
niños son ojos para trabajar; replican las indicaciones del/la docente; no respetan a las niñas; son
desordenados, poco líderes, plaƟcadores; buscan más los deportes;
se levantan mucho en clases; Ɵran
papeles en el suelo; son más liberales; les gusta el relajo y algunos
son irrespetuosos. Por otro lado,
hay niños buenos, voluntariosos,
abiertos, algunos se portan mejor
que las niñas, otros son inocentes,
más dóciles, cariñosos, enérgicos,
Ɵernos, amables, dan cariño y se
relacionan con los otros/as. En ocasiones la conducta de los niños es
mejor que la de las niñas, aunque
por lo general no es así, ya que se
han estado portando mejor y están
obteniendo mejores calicaciones
que ellas.
Los/as docentes y direcƟvos
entrevistados/as piensan que las
niñas deben ser femeninas, cariñosas, tranquilas, sumisas, introverƟdas, expresivas, sencillas,
tratables, honradas, humildes, recatadas, sinceras, inocentes, Ɵer-
�La equidad e inequidad de género en la educación primaria.
estudio comparado entre escuelas públicas en Monterrey y Ciudad de Panamá
nas, buenas, curiosas, aseadas,
ordenadas, respetuosas, discretas,
crecer con un alto grado de valor
en sí mismas y carecer de malicia.
En la escuela ellas deben ser bien
portadas, moderadas en su forma
de hablar y comportarse; usar un
lenguaje adecuado, ser elocuentes,
expresarse de manera formal; ser
abiertas, darse a entender, actuar
sin tabúes; deben sentarse bien y
guardar la compostura. También
deben tener valores, ayudar a los
niños, respetar y darse a respetar
como una dama, tener conanza;
deben ser interesadas en el estudio, gustar de la escuela; deben ser
dinámicas, aplicadas, esmeradas,
educadas, parƟcipaƟvas, cumplidas, reexivas, críƟcas, que cuesƟonen; deben estar conscientes de
que vienen a un plantel educaƟvo.
Por otro lado, los niños deben
ser respetuosos, responsables,
educados, abiertos, tolerantes;
deben tener valores, ser aseados,
colaboraƟvos, honrados y cooperadores. Ellos deben tener idenƟdad
como personas, ser varoniles, caballerosos; tener un comportamiento
lo más correcto posible; tener el
valor de quererse; ser capaces de
realizar cualquier acƟvidad; tener
el rol que ellos representan, parƟcipar y jamás decir “no puedo”. En
la escuela ellos deben ser lo más
quietos posibles, cumplir con sus
trabajos, traer su uniforme, comportarse de forma ordenada, saber
escuchar, deben ser disciplinados,
que se atrevan a opinar, apoyar a
los demás y respetar a las niñas.
Un aspecto importante fue la
preferencia que tenían docentes
y direcƟvos sobre el comportamiento de los/as estudiantes que
atendían en las aulas escolares. Algunos/as comentaron que a ellos/
as les agradan que las niñas sean
sinceras, ordenadas, cumplidas,
no menƟrosas, preocupadas por
su aseo personal, que vengan a la
escuela peinadas, aseadas, perfumadas, etcétera; además, que sean
tranquilas, sumisas y obedientes.
De igual forma les agrada que los
niños desarrollen acƟtudes hacia
los deportes, que sean dinámicos,
ordenados, responsables, parƟcipaƟvos, respetuosos, tolerantes,
que tengan conanza en sí mismos;
además que se porten bien, que
cumplan con las asignaciones y tareas escolares, que sepan escuchar
y sean disciplinados.
Otros/as docentes señalan que
las niñas no deben pelear porque
van a ser mal vistas; no deben ser
descarriadas, ni menƟrosas, intrigantes; tampoco deben tener
nada que ver con temas fuertes de
sexualidad; no deben pelear ni tener comportamientos agresivos de
forma pública; además, no deben
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
45
�José María Duarte Cruz / José Baltazar García-Horta
perder las tradiciones culturales de
su comunidad. Los niños no deben
ser irrespetuosos con las niñas, ni
ser problemáƟcos, ni golpeadores;
no deben decir palabras obscenas
y jamás debe decir “no puedo”.
En cuanto a las percepciones
sobre la igualdad, los/as docentes
y direcƟvos entrevistados señalaron que los niños y las niñas son
iguales en cuanto a capacidades,
oportunidades, intereses, obligaciones, responsabilidades y necesidades. Son iguales ya que son
compeƟƟvos; Ɵenen las mismas
capacidades —en cuanto a conocimiento, aprendizaje y rendimiento
académico son iguales, ya que todos son inteligentes—, hacen sus
trabajos iguales y Ɵenen iguales
formas de pensar. Tienen además
las mismas oportunidades ya que
reciben lo mismo del docente, ambos pueden parƟcipar en los honores, comedias y parƟcipar en todas
las acƟvidades que se desarrollen
en la escuela, ejemplo: ambos pueden hacer la limpieza en el aula. A
ambos les gusta la música, forman
grupos, les gusta tener amigos/as,
Ɵenen los mismos deseos, objeƟvos, ideales, aspiraciones. Ambos
son plaƟcadores y chismosos, son
muy unidos para todo —lo bueno
y lo malo—, se ayudan y comparten mucho. De igual forma, ambos
necesitan atención y apapachos, ya
46
que Ɵenen los mismos derechos de
recibir una buena palabra, un buen
aliento, una felicitación y en ocasiones se les puede dar abrazos.
En lo referente a las diferencias,
el colecƟvo docente entrevistado comenta que existen varias de
ellas: por un lado, están aquéllas
que Ɵenen que ver con lo İsico; en
cuanto al aprendizaje, también son
diferentes en la maduración, capacidades, gustos y en sus conductas.
Son diferentes en cuanto a la fuerza İsica, su anatomía, en cuanto al
sexo; además, son diferentes en su
rol sexual y social.
Los/as docentes señalan que
los niños son más fuertes, toscos,
agresivos; las niñas son más débiles, dóciles, tranquilas. Son diferentes en su forma de estudiar, en la
parƟcipación en clases; se presentan diferencias en la letra, ellas son
más aplicadas, responsables, más
ágiles para el doble senƟdo, más
aventadas; maduran más rápido,
son diferentes en sus procesos İsicos de maduración. Las niñas son
más percepƟvas, expresivas, ordenadas, sensibles, Ɵenen la capacidad de hacer varias cosas a la vez y
hacerlas bien; son más serias, tranquilas, plaƟcan más. Ellos son más
informales en los modales, Ɵenen
acƟtudes diferentes; en el carácter
son más rebeldes. Ellas son más
directas, Ɵenen la autoesƟma más
�La equidad e inequidad de género en la educación primaria.
estudio comparado entre escuelas públicas en Monterrey y Ciudad de Panamá
elevada: los niños aceptan lo dicho,
son juguetones, más intrépidos,
agresivos. A los niños y niñas les
gustan juegos diferentes, además,
Ɵenen formas de reunirse diferente.
Después de conocer algunas de
las percepciones del personal docente y direcƟvo entrevistado sobre las caracterísƟcas generales de
los niños y niñas, sus preferencias
y pensamientos sobre la igualdad y
las diferencias, queda en evidencia
que en las escuelas primarias donde se desarrolló la invesƟgación se
presentan en los discursos y prácƟcas algunos estereoƟpos e inequidades de género que pueden
inuir en la manera en que se perciben las caracterísƟcas, conductas y roles de niños y niñas. Aunque hay algunos/as docentes que
comparten ideas sobre la igualdad
que debe exisƟr entre niños y niñas, en ocasiones estos discursos
se ven ensombrecidos por ideas
tradicionales sobre las formas de
comportarse que deben tener sus
estudiantes por pertenecer a uno u
otro sexo y por sus preferencias de
trabajo con unos u otras.
Análisis comparaƟvo sobre el sexismo y la equidad en Monterrey
y Ciudad de Panamá
El resultado del proceso de comparación constante no concluye cuando emergen las categorías y subcategorías: ellas se convierten en el
insumo necesario para otro nivel
de análisis. Como la presente invesƟgación se realizó en dos ciudades, el siguiente paso fue la idenƟcación de similitudes y diferencias
acerca del sexismo y la equidad de
género en las escuelas primarias
donde se realizó el trabajo.
En el diseño metodológico de
este trabajo se planteó la realización de comparaciones entre ambas ciudades. La intención de hacer
esto consisƟó, en primer lugar, describir las situaciones que presentaban equidades e inequidades de
género en contextos escolares en
cada país, para luego contrastar las
informaciones obtenidas buscando
diferencias o similitudes.
Luego de revisar los mapas
conceptuales obtenidos en cada
una de las técnicas de recolección
de información y de categorizar
las informaciones recabadas en
cada país, se elaboró un cuadro
comparaƟvo sobre las principales
categorías de análisis obtenidas a
través del proceso de comparación
constante. El mismo fue el insumo
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
47
�José María Duarte Cruz / José Baltazar García-Horta
uƟlizado para extraer aquellos aspectos que se presentan en Monterrey y en Ciudad de Panamá y
que podrían estar promoviendo el
sexismo y la equidad de género en
el ámbito escolar. El resultado nal
se aprecia en la siguiente matriz
de resultados que presenta dichas
similitudes y diferencias encontradas en ambos contextos.
Detrás de las acciones y comportamientos en los que se maniestan las inequidades de género
en el ámbito escolar, se encuentran
a la par un conjunto de prácƟcas,
valores, formas de pensar y concebir las relaciones que se están erigiendo basadas en la equidad. La
educación juega un papel central
en la transmisión de estos valores y
prácƟcas. A través del aprendizaje
e interiorización de una cultura de
género, la jusƟcia, la solidaridad, la
tolerancia, la convivencia pacíca y
el respeto serán mecanismos cada
vez más viables para alcanzar la
equidad no solo en la escuela, sino
en la sociedad.
Los hallazgos presentados en
esta invesƟgación reejan una dualidad de acciones que interactúan
de forma coƟdiana en las aulas. Por
48
un lado se presentan inequidades
de género, pero, por el otro, aparecen situaciones que hacen entrever un ambiente más equitaƟvo en
las escuelas. Cada prácƟca inequitaƟva en el aula está causando un
daño que quizás pueda verse a corto plazo en las prácƟcas concretas
que se producen en las relaciones
de género; pero el daño potencial
a largo plazo puede estar sembrándose en la mente y experiencias de
cada niño, niña, docente, direcƟvo,
etcétera.
Propuesta teórica emergente
El resultado de todo el análisis de
informaciones realizado en este
trabajo de invesƟgación se presenta en un escrito que evidencia
la perspecƟva teórica que emerge,
ello a manera de proposición teórica coherente y conceptual-explicaƟva de la relación entre el fenómeno del sexismo y la equidad de
género en algunas escuelas primarias de Monterrey y Ciudad de Panamá. A conƟnuación se presentan
las proposiciones teóricas producto del análisis de esta invesƟgación:
�La equidad e inequidad de género en la educación primaria.
estudio comparado entre escuelas públicas en Monterrey y Ciudad de Panamá
Cuadro 3. Matriz de similitudes y diferencias sobre la equidad y la
inequidad de género en las escuelas donde se realizó la invesƟgación
en Monterrey y en Ciudad de Panamá
Sobre la inequidad
Categorías
generales
Similitudes
Diferencias
• Asisten mayoritariamente madres En las escuelas de Monterrey:
• Se presentan más situaciones de viode familia a las escuelas.
lencia de género, ejemplo: docentes
• Se uƟlizan expresiones de lenguaje
promueven más estereoƟpos de géneno inclusivas e incongruentes.
ro en sus estudiantes.
• Se presenta una distribución inequi• Se observan muchos niños y niñas retaƟva de roles y espacios.
produciendo estereoƟpos de género.
• Promoción de estereoƟpos sexistas.
• Separación de estudiantes por sexo. • Se intervienen en el aula menos ante
las situaciones de violencia: algunos
• Se presentan discriminaciones.
docentes no hacen nada cuando se
• Acontecen diariamente hechos de
suscitan estas situaciones.
violencia escolar.
• Se aprecian formas de disciplina au- • Se uƟlizan más los ejemplos de los libros de textos.
toritaria.
• Sobresalen imágenes y nombres • Se visualizaron más expresiones de
lenguaje no inclusivo en láminas, frimasculinos en ejemplos y materiales.
sos, anuncios, en clases.
• Se presentan textos con mensajes • Hay más diferencias en la entrega de
materiales educaƟvos, por ejemplo:
ocultos.
dibujos diferentes para niños y niñas.
• Hay docentes que usan listas separadas.
• Mayor promoción de roles tradicionales para cada sexo, ejemplo: el aseo
• Hay preferencias de docentes de traescolar.
bajar con niñas.
• Se trata a los/as estudiantes de ma- • Mayor separación de niños y niñas en
nera diferente.
juegos y acƟvidades.
• Se presentan discursos tradicionalis- • Madres asisten más a la escuela.
• No se ve el problema del sexismo
tas e inequitaƟvos.
como algo grave.
• Se plantean acƟvidades diferentes
para niños o niñas.
En las escuelas de Ciudad de Panamá:
• Los hechos de violencia verbal y emocional son mucho más evidentes,
ejemplo: mal trato a estudiantes con
Necesidades EducaƟvas Especiales
(NEE).
• Se presenciaron más situaciones de
violencia İsica y verbal de docentes a
estudiantes.
• Se separan más a los estudiantes dentro del aula.
• Se moƟva a los niños y niñas de forma
diferente.
• Hay docentes reacios a implementar
relaciones equitaƟvas.
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
49
�José María Duarte Cruz / José Baltazar García-Horta
•
•
•
•
•
Sobre la equidad
•
•
•
•
•
•
•
•
Se hacen trabajos con grupos mixtos.
Hay aulas que Ɵenen una distribución equitaƟva de espacios y roles.
Docentes uƟlizan registros ordenados alfabéƟcamente.
Se uƟlizan formas de moƟvación
igualitaria.
PrácƟca de ciertas expresiones inclusivas.
Hay buenas relaciones docentespadres y madres de familia.
Se ofrecen iguales oportunidades
de parƟcipación.
Los libros presentan imágenes de
grupos mixtos.
Se pracƟcan acƟvidades educaƟvas que reejan igualdad y diferencia.
Se establecen acuerdos de roles
comparƟdos.
Promoción de juegos mixtos.
Imágenes de equipos mixtos en
libros de trabajo.
Temas educaƟvos de formación
para resolver conictos pacícamente.
En las escuelas de Monterrey:
• Las escuelas promueven valores y
acƟtudes más tolerantes.
• Se empieza a uƟlizar expresiones de
lenguaje más inclusivas.
• DirecƟvos más preocupados por establecer mayor igualdad.
• Se observaron más maestros en grados inferiores.
• Niños y niñas corrigen a sus docentes cuando no son inclusivos.
En las escuelas de Ciudad de Panamá
• Existe más conciencia en el equipo
docente sobre la importancia del
uso de la perspecƟva de género.
• Se manƟenen mejores relaciones
con los padres y madres de familia.
• Se presenciaron más acƟvidades arơsƟcas, culturales y deporƟvas integradoras.
• Las sanciones propuestas van encaminadas a los reglamentos y estatutos.
• Se observaron docentes más dinámicos y más construcƟvistas.
Cuadro 3. Propuesta teórica emergente producto del análisis de informaciones en esta invesƟgación
La propuesta teórica emergente se propone como un escrito conciso, coherente, en forma de proposición, resultado del trabajo de comparación constante entre las informaciones recabadas. A conƟnuación se presenta este
acercamiento teórico que abona sustanciosamente a los estudios de género
en educación.
La escuela es un escenario de reproducción de relaciones sociales; en ella
se transmiten valores, modelos y pautas de comportamiento que pueden
estar basadas en la equidad de género o en inequidades. Estos hechos suelen
presentarse a través de diversas relaciones de género que acontecen entre
docentes-estudiantes, estudiantes-estudiantes, docentes-padres y madres
de familia; esto se da como producto de la socialización que se realiza a través de la dinámica escolar.
50
�La equidad e inequidad de género en la educación primaria.
estudio comparado entre escuelas públicas en Monterrey y Ciudad de Panamá
Las inequidades de género en la escuela se maniestan en muchas ocasiones
a través del currículum oculto. En el discurso, los/as docentes y direcƟvos
sancionan el sexismo escolar y maniestan lo negaƟvo y perjudicial que puede llegar a ser este fenómeno, pero en la prácƟca no se reejan del todo
acƟvidades coeducadoras encaminadas hacia la equidad de género.
Esta situación se maniesta no solo en las relaciones docente-estudiantes
que se suscitan en la dinámica escolar, sino que aparece de manera implícita y explícita en los textos escolares, en los materiales y recursos didácƟcos
uƟlizados, en las expresiones del lenguaje oral, escrito e iconográco, en las
relaciones de género, en las políƟcas internas y externas de la administración
escolar, en las relaciones con los padres y madres de familia y en el currículum formal.
Los Ɵpos de violencia, los estereoƟpos y las discriminaciones que se dan por
razón del sexo en niños y niñas de educación primaria son el resultado de
un sistema educaƟvo carente de una visión con perspecƟva de género; pero
esto no signica que estas prácƟcas puedan ser desaprendidas, modicadas
o eliminadas.
Conclusiones de la invesƟgación
Durante mucho Ɵempo el problema de la violencia escolar ha sido
intervenido de manera aislada. Se
han implementado grandes esfuerzos con pequeños resultados. Ha
llegado la hora de dejar de lado
el protagonismo y unir esfuerzos.
Es necesario el trabajo colaboraƟvo que involucre la parƟcipación
de las familias, de organizaciones
de la sociedad civil, del gobierno
y sus insƟtuciones, de los medios
de comunicación, de organismos
internacionales y de todos aquellos
actores sociales que inciden de una
u otra forma en la promoción de la
paz.
Mediante un trabajo compromeƟdo con la inclusión y la equidad, las escuelas deben seguir haciendo su tarea formaƟva cada vez
con mayor calidad y perƟnencia.
Corresponde al resto de los actores apoyar en esta tarea y combaƟr los efectos negaƟvos que trae la
violencia, fenómeno que día a día
limita el potencial de las presentes
y futuras generaciones.
En los úlƟmos años, México
y Panamá han asumido las recomendaciones internacionales para
prevenir, combaƟr y erradicar la
violencia de género; también han
adaptado las legislaciones y convenios para disponer de la normaƟvidad adecuada desƟnada a
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
51
�José María Duarte Cruz / José Baltazar García-Horta
enfrentar esta problemáƟca y sus
subsecuentes consecuencias. La
experiencia de muchos/as docentes, de autoridades educaƟvas y
grupos de invesƟgación demuestra que las acciones escolares inclusivas son fundamentales para
prevenir e intervenir la violencia
escolar. Sin embargo, enfrentar los
múlƟples desaİos que hoy confronta el sector educaƟvo requiere
un amplio compromiso de toda la
comunidad asociada a aquél. Se
requieren de estrategias múlƟples
de sensibilización, capacitación,
fomento y desarrollo de prácƟcas
que promuevan una educación
para la paz. El progreso hacia la
equidad en educación es una condición necesaria para alcanzar la
jusƟcia, reducir las desigualdades y
acortar la brecha entre los países.
A pesar de las transformaciones
y avances en materia de equidad
de género, todavía siguen exisƟendo estructuras que evidencian
tratos diferenciados para los niños
y las niñas. Algunas escuelas conƟnúan reproduciendo estereoƟpos
de género; sin embargo, empiezan
a ser evidentes nuevos valores y
modelos de comportamiento más
equitaƟvos y solidarios. La escuela,
como insƟtución privilegiada para
transmiƟr la cultura y las tradiciones, es fundamental en el proceso de socialización secundaria, y
52
como tal su contribución para empezar a erosionar la larga tradición
sexista puede ser invaluable. La visión masculina del mundo, los roles
sexuales tradicionalistas y estereoƟpados, la inequidad y la violencia
sexual son un serio lastre para el
avance social.
El personal docente y direcƟvo
de las escuelas parƟcipantes muestra ideas y percepciones sobre la
vigencia de roles y estereoƟpos
tradicionales, fuertemente ligados
al espacio público y privado. Se sigue pensando que el hombre es el
responsable de proveer el sustento
del hogar —él debe ser fuerte, hábil, responsable, agresivo— y que
las mujeres deben aprender a ayudar en casa —ella debe ser paciente, tranquila, cuidadosa, limpia, delicada, sumisa—. Los niños son más
señalados como los responsables
de los insultos, las humillaciones y
los problemas de conductas, reproduciendo el estereoƟpo de que los
hombres son fuertes o agresivos y
evidenciando la forma en que han
aprendido a relacionarse y a enfrentar los conictos.
Es central que el personal docente y direcƟvo analice cómo los
niños y las niñas requieren de ajustes y equilibrios para estar en igualdad de condiciones en los procesos
educaƟvos, así como reconocer
que ambos llegan a la escuela con
�La equidad e inequidad de género en la educación primaria.
estudio comparado entre escuelas públicas en Monterrey y Ciudad de Panamá
información y valoraciones provenientes de la sociedad y la familia
de lo que es un hombre y una mujer, lo que puede situarlos en desventaja frente al aprovechamiento
y desempeño escolares.
El personal docente y direcƟvo
Ɵene que tomar en cuenta que es
parte de una cultura y que es probable que —sin intención— transmita en las escuelas estereoƟpos
de género que ha incorporado en
sus vidas. Esta transmisión cultural suele hacerla la sociedad en su
conjunto, razón por la que es oportuno aplicar la perspecƟva de género para visualizar, analizar y desacƟvar estereoƟpos que pueden
perjudicar el desempeño escolar.
Promover la equidad de género y eliminar las discriminaciones
en la educación consƟtuyen hoy
por hoy grandes desaİos a alcanzar en las diversas organizaciones
sociales, locales e internacionales.
Aunque se han producido muchos
avances en las úlƟmas décadas,
todavía persisten marcadas diferenciaciones basadas en el género
y se siguen observando visiones
estereoƟpadas, acciones discriminatorias y excluyentes en la esfera
escolar, si bien se aprecia a la vez
ciertas prácƟcas que promueven la
igualdad.
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Recibido: 27 de octubre de 2014
Aceptado: 4 de noviembre de 2014
�Los elementos consƟtuƟvos del proceso social de producción de vivienda
en la prácƟca habitacional de escasos recursos en México
Los elementos consƟtuƟvos del proceso
social de producción de vivienda
en la prácƟca habitacional de escasos
recursos en México
The consƟtuƟve elements in the social process
of housing producƟon in low income housing
pracƟce in Mexico
José Ricardo González Alcalá
Resumen
E
n el presente arơculo se
hace una descripción de los
aspectos caracterísƟcos fundamentales de los disƟntos elementos —Ɵerra, casa habitación,
procesos construcƟvos y servicios
urbanos— del proceso social de
producción de vivienda en México, considerando que aquéllos se
presentan en contextos socioeconómicos diversos, pero poniendo
el énfasis en la vivienda de escasos
recursos. Asimismo presenta los
pormenores del libre mercado —
vivienda residencial— o mercados
restringidos —vivienda de interés
social y popular— como medios legíƟmos de ocupación de la Ɵerra; y
a las ocupaciones de hecho —obtención ilegal— como alternaƟvas
frecuentes de los estratos sociales
bajos. Visualiza la urbanización —
infraestructura de servicios y de
espacios exteriores inmediatos a la
vivienda— desde la perspecƟva del
Ɵempo: realización inmediata y anterior a la ocupación de la vivienda
—residencial y de interés social— o
posterior y de realización paulaƟna
—colonias populares—. Describe
los procesos de autoconstrucción
de la vivienda popular y la urbanización progresiva en el contexto
de escasos recursos, grupos organizados e intermediación de líderes para la obtención de servicios
y regularización de la tenencia de
la Ɵerra. Se concluye que estos
procesos contribuyen a un avance
cualitaƟvo para los grupos de escasos recursos generalmente insertos
en la economía informal que, como
residentes, ven mejorar sus condiciones habitacionales, en tanto que
la construcción masiva de vivienda
de interés social con urbanización
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
57
�José Ricardo González Alcalá
inmediata reduce las dimensiones
de los espacios de la vivienda y los
espacios públicos, perjudicando la
calidad de vida habitacional de sus
ocupantes, sujetos de crédito con
bajos ingresos.
Palabras clave: proceso de producción de vivienda, pobreza, producción social de vivienda, polí�ca habitacional.
Abstract
This paper describes the basic
features of the different elements
(ground, house, construc�on processes and urban services) of the
social process of housing produc�on is Living in Mexico, considering that these are developed on
different socio-economic contexts,
but with an emphasis on low-income housing. It presents: the details of the free market (residen�al
housing) or restricted markets (low
income housing) as a legi�mate
means of land occupa�on, and the
occupa�ons of fact (illegal) as frequent alterna�ves to poor people.
58
It views urbaniza�on (infrastructure services and housing immediate outdoor spaces) from the perspec�ve of �me: immediately and
prior to the occupa�on of the dwelling (residen�al and low income) or
later and gradual realiza�on (poor
neighborhoods). It describes the
processes of self-construc�on of
housing and the progressive development in the context of scarce
resources, organized groups and
leading brokerage for obtaining
services and ground tenure legaliza�on. It conclude that ground
tenure regulariza�on and progressive urbaniza�on contribute
to a qualita�ve advance to scarce
resources people; while massive
construc�on with immediate urbaniza�on reduces the dimensions
of the private and public spaces to
residents, generally, people of low
income;
Keywords: Produc�on process of
housing, Poverty, Social housing
produc�on, Housing policy.
�Los elementos consƟtuƟvos del proceso social de producción de vivienda
en la prácƟca habitacional de escasos recursos en México
Los elementos consƟtuƟvos del proceso
social de producción de vivienda
en la prácƟca habitacional de escasos
recursos en México
The consƟtuƟve elements in the social process
of housing producƟon in low income housing
pracƟce in Mexico
José Ricardo González Alcalá5
Introducción
E
l Directorio de la Real Academia de la Lengua Española (2014) dene ‘proceso’
como: “Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de
una operación arƟcial”. La misma
fuente dene ‘elemento’ como:
“En una estructura formada por
piezas, cada una de estas”. Con el
propósito de ordenar para su mejor comprensión las caracterísƟcas
del proceso social habitacional,
se asumen como elementos: la
Ɵerra, la casa habitación, los procesos construcƟvos y los servicios
urbanos. Un proceso social de producción de vivienda es, entonces,
aquel conjunto de fases sucesivas
dentro del cual los elementos men-
5
cionados son determinados por
los fenómenos y operaciones que
actúan como factores en la producción habitacional. Este arơculo
concentra su atención en la descripción de tales elementos, dejando para una contribución posterior
la descripción de los factores correspondientes. Cuando este proceso se “realiza bajo el control de
autoproductores y otros agentes
sociales sin nes de lucro” (OrƟz,
E., 2012: 73), es decir, para saƟsfacer necesidades habitacionales
de grupos de escasos recursos y/o
bajos ingresos, suele denominarse
“producción social de la vivienda y
el hábitat” (OrƟz, E., 2012: 73).
Un acercamiento metodológico-cualitaƟvo a la literatura relaƟva
al estudio del tema de la vivienda
Doctor en políƟcas comparadas de bienestar social. Profesor invesƟgador de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
59
�José Ricardo González Alcalá
—considerando trabajos que lo
abordan desde los aspectos urbano, económico, políƟco, social y
técnico, básicamente— muestra
al proceso social habitacional de
producción consƟtuido por un conjunto de elementos cuya presencia
asume modos de ser parƟculares
en el marco de cada uno de los
disƟntos grupos socioeconómicos.
Este trabajo se propone analizar
algunas de las caracterísƟcas más
visibles en la literatura respecto de
cada uno de los componentes habitacionales mencionados, aludiendo
a todas las formas de producción
—pública, privada mercanƟl, social
y mixta (Peña, E., 1986)— con énfasis en la prácƟca de los grupos sociales de bajos ingresos y/o escasos
recursos.
La Ɵerra, la casa habitación, los
procesos construcƟvos correspondientes y las condiciones de acceso a los servicios urbanos forman,
en conjunto, parte esencial del
hábitat humano en las ciudades.
Estos cuatro elementos se conguran, conjunta o separadamente,
por la acción de factores económicos, políƟcos y legales (Torres, J.,
2007; Casanueva, C. et al., 2000).
La existencia e interacción de tales elementos y factores permiten
que la vivienda esté en condiciones
de “proveer suciente protección,
higiene, privacidad y comodidad a
60
sus ocupantes. Debe estar adecuadamente localizada y encontrarse
en una situación de tenencia saneada” (Peña, E., 1986: 17).
Formas de obtención de la Ɵerra
La Ɵerra urbana, en tanto elemento consƟtuƟvo del saƟsfactor
vivienda, es clasicada por los invesƟgadores en razón de la forma
y medio como los pobladores acceden a ella. Cuando la ocupación de
la Ɵerra —sea que esta pertenezca
al Estado, a un ejido o a parƟculares— ocurre gracias a un acuerdo
de compraventa legalmente celebrado, estamos en presencia del
mercado como medio de acceso a
la Ɵerra. La Ɵerra dotada es aquella que corresponde a un núcleo
de población por virtud de una resolución presidencial de dotación,
de ampliación o de creación de un
nuevo centro de población, ejidal
o de reconocimiento y Ɵtulación
de bienes comunales (Neira, H.,
1990). Si la posesión de la Ɵerra es
consecuencia de iniciaƟvas individuales o colecƟvas de ocupación
realizadas al margen de la ley, estamos hablando propiamente de invasión (Pozas, M., 1990; Neira, H.,
1990; Viana, I., 2007). Finalmente,
cuando el acceso a la Ɵerra es producto de la celebración, conforme
�Los elementos consƟtuƟvos del proceso social de producción de vivienda
en la prácƟca habitacional de escasos recursos en México
a derecho, de contratos que solo
transeren el uso o el usufructo de
la misma, se trata de Ɵerra dada en
arrendamiento o comodato (Neira, H., 1990; Sociedad Hipotecaria
Federal, 2009; Lazcano, M., 2005;
Salazar, C., 2013).
La producción de vivienda para
el mercado está relacionada con el
nivel de formalidad que caracteriza
a aquél en los diferentes contextos
de nivel de ingreso de los miembros de las unidades domésƟcas
(Garza, G. y M. Schteingart, 1978;
Lazcano, M., 2005; Fundación Centro de InvesƟgación y Documentación de la Casa/Sociedad Hipotecaria Federal, 2012).
En cuanto a la obtención ilegal,
ésta parece ser la forma de acceso
más frecuente en el caso de la llamada ‘vivienda popular’ (Comisión
Económica para América LaƟna y el
Caribe/Centro de Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos,
1987: Duhau, E. y Á. Giglia, 2004).
En este extremo, la obtención de
la Ɵerra con propósitos urbanos ha
transitado por un camino sinuoso
y enfrentado obstáculos muchas
veces insuperables. La invasión, la
venta ilegal y el pago de “rentas” a
gestores han sido el único camino
viable para mucha gente en su coƟdiano afán por asentarse permanentemente en un terreno urbano,
siempre con la esperanza de lograr
la correspondiente regularización
(Viana, I., 2007). Cabe señalar que
en esta forma de obtención de la
Ɵerra ha jugado un papel preponderante el fenómeno de la migración campo-ciudad (Cortés, X.,
1985; Comisión Económica para
América LaƟna y el Caribe/Centro de Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos, 1987).
Tal migración impulsó el proceso
de urbanización en México, el cual
transformó, en unas cuantas décadas, “la estructura de una sociedad
rural en una predominantemente
urbana” (Moreno, A. y J. Gamboa,
1988: 140). La llegada de campesinos a las ciudades de México,
Guadalajara, Monterrey y Puebla,
principalmente, con la intención de
establecer en ellas sus residencias
en forma deniƟva “contribuyó de
manera signicaƟva —hasta casi en
un 50 por ciento— en el crecimiento demográco de estas metrópolis” durante los decenios de 1970 y
1980 (Graizbord, B., 1988: 244; en
el mismo senƟdo: Pozas, M., 1990;
Chant, S., 1992). La población sin
empleo abandonó sus lugares de
origen para buscar trabajo en otras
regiones del país (Fernández, M. y
A. González, 1989).
De esta manera, sin recursos,
sin empleo e impulsados por el insƟnto de sobrevivencia, los grupos
de inmigrantes se han enfrentado,
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
61
�José Ricardo González Alcalá
muchas veces como alternaƟva
única, ante la necesidad de impulsar un proceso de invasión. Las invasiones han sido denidas como
una forma de poblamiento caracterísƟco de las ciudades “de crecimiento rápido, en las que la estructura del desarrollo urbano no
ha permiƟdo dar respuesta, dentro
del marco legal, a las demandas de
la población de ingresos bajos en
materia de Ɵerra y vivienda” (Cortés, X., 1985: 30). Aunque en los
úlƟmos años el ujo de migración
campo-ciudad ha ido, en general,
perdiendo intensidad en América
LaƟna y el Caribe, en algunas regiones sigue siendo factor de crecimiento urbano (ONU-Habitat,
2012)
La localización de los terrenos
invadidos, así como sus caracterísƟcas siográcas y su situación
legal son, igualmente, ơpicas: zona
periférica de la ciudad —sin servicios y con diİcil acceso a la mancha
urbana—; terrenos en zonas protegidas; Ɵerra con poca apƟtud para
ser urbanizada o con vocación para
el culƟvo; terrenos de dudosa propiedad o de propiedad federal sin
aprovechamiento conƟnuo, o de
propiedad social —ejidal o comunal— (Cortés, X., 1985; Comisión
Económica para América LaƟna y el
Caribe/ Centro de Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos,
62
1987; Molla, M., 2006).
El mercado de Ɵerra de interés social, ocialmente consƟtuido ofrece a los grupos populares
de bajos ingresos una alternaƟva
para adquirir legalmente vivienda
o Ɵerra donde levantar aquélla. Los
estudios relaƟvos pasan revista a
diferentes mecanismos mediante
los cuales el Estado (Ruiz, J., 1994;
Fundación Centro de InvesƟgación
y Documentación de la Casa/Sociedad Hipotecaria Federal, 2012)
ofrece en venta lotes más o menos
urbanizados —o sin urbanizar— a
precios accesibles a la capacidad de
crédito de las familias con ingresos
mínimos o escasos recursos, o promueve la agrupación de solicitantes para la compra de extensiones
suscepƟbles de ser posteriormente
fraccionadas y urbanizadas (Pozas,
M., 1990; Viana, I., 2003; Torres, J.,
2007).
Todas las formas de obtención
de la Ɵerra por parte de grupos populares para uso habitacional —invasión-regularización y adquisición
en el “mercado”— implican alguna
forma de urbanización de los terrenos ocupados.
�Los elementos consƟtuƟvos del proceso social de producción de vivienda
en la prácƟca habitacional de escasos recursos en México
Implementación de la urbanización
La necesaria inserción de la vivienda en el contexto de la “producción
y administración de los bienes y
servicios urbanos” (Moreno, A. y J.
Gamboa, 1988: 140) da lugar a la
existencia de un elemento básico
consƟtuƟvo de la producción social de vivienda: la urbanización,
es decir, el conjunto de obras que
proveen relaciones operaƟvas con
la infraestructura de servicios (Barrera I. y B. Arellano, 2014): “(drenaje, agua, energía eléctrica, comunicaciones, vialidad, etc.)… [y]
…espacios exteriores inmediatos a
la vivienda de uso propio o preferente” (Peña, E., 1986: 21-22) para
acƟvidades recreaƟvas y de relación familia-comunidad.
La mayoría de los servicios de
la infraestructura urbana son bienes proporcionados por el sector
público a través de sus disƟntas dependencias centralizadas o paraestatales; bienes que se consideran
producidos por el agente público
para ser uƟlizados de la misma manera y calidad por toda la población, aun cuando se deba para ello
cubrir el pago de tarifas similares o
diferenciadas (Secchi, B., 1968: 23).
La invesƟgación sobre los procesos urbanos de América LaƟna
(Comisión Económica para América
LaƟna y el Caribe/Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos, 1987; Viana, I., 2003;
OrƟz, E., 2012) y, parƟcularmente,
los acaecidos en las áreas metropolitanas mexicanas (Céspedes, S. y E.
Moreno, 2009), ha dado cuenta de
las formas adoptadas por los pobladores y el Estado para implementar
la urbanización de los centros habitacionales (Catalán, R., 1993; Cruz,
M., 1993; Ruiz, J., 1994; BeƩaƟs, C.,
2009). Se conocen especícamente
dos maneras de llevar a cabo estas
acciones: ‘urbanización inmediata’
y ‘urbanización progresiva’.
La primera es aquella cuyas
obras de introducción de servicios se concluyen antes de que el
inmueble beneciado quede en
deniƟva a disposición del usuario, usufructuario o adquirente, y
se da principalmente en conjuntos
habitacionales de alta y media categorías, aunque también en fraccionamientos de interés social (Ziccardi, A., y A. Mier y Terán, 1985;
Fundación Centro de InvesƟgación
y Documentación de la Casa/Sociedad Hipotecaria Federal, 2012). En
estos casos, el adquirente obƟene,
a la vez, terreno y urbanización y,
en la gran mayoría de fraccionamientos, también la vivienda. En
general, la dotación de los servicios
básicos —agua, drenaje y energía
eléctrica— es completa.
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
63
�José Ricardo González Alcalá
La urbanización progresiva se
implementa en casi todas las colonias populares. Puede ser formal,
permiƟda legalmente, o informal
y espontánea. Esta úlƟma “a la larga es de mayor costo y, como se
la hace con materiales de baja calidad o de desecho, su vida úƟl es
más reducida” (Carrión, F., 2010),
Las personas de escasos recursos
invaden, adquieren u ocupan terrenos no aptos —la mayoría de las
veces— para la edicación de viviendas “con la expectaƟva de que
a la larga se proveerán los servicios
y les será otorgado el ơtulo de propiedad” (Currie, L., 1979: 107).
Casi al mismo Ɵempo que la comunidad de pobladores desarrolla
acƟvidades de disƟnta índole para
iniciar, mantener y, eventualmente, concluir su proceso de urbanización, se lleva a cabo otro proceso,
el más importante para las familias:
la construcción de la casa habitación.
Proceso de construcción de la casa
habitación
En general, la invesƟgación sobre
el tema muestra tres alternaƟvas:
producción de vivienda nueva para
el mercado; construcción conforme a las necesidades individuales
de las familias en condiciones de
64
suciencia económica y construcción conforme a las necesidades
familiares en condiciones de insuciencia económica; y autoconstrucción propiamente dicha (Secretaría
de Desarrollo Social, 2010). En adelante nos referiremos solo a esta
úlƟma.
La forma de producción de vivienda destaca cuando se trata de
familias de escasos recursos, las
cuales construyen conforme a sus
necesidades individuales en condiciones económicas insucientes.
La invesƟgación muestra aquí controversia y discusión. Algunos de
los estudios asumen que todas las
familias nucleares Ɵenen derecho
a la vivienda; el Estado, la iniciaƟva privada y el sector social deben,
entonces, propiciar el cumplimiento de tal objeƟvo (Garza, G. y M.
Schteingart, 1978: González, M.,
1986; Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, 2006). Para
ello, es necesario determinar el
décit con base en los enfoques
“clásicos”: estándares mínimos:
materiales permanentes; todos los
servicios; familias nucleares (PaqueƩe, C. y M. Yescas, 2009). La
construcción masiva de vivienda
forma, de este modo, es parte importante en los planes de reducción
del décit habitacional (Bazant, J.,
1985; Lara, G., 1989; PaqueƩe, C.
y M. Yescas, 2009). Por otra par-
�Los elementos consƟtuƟvos del proceso social de producción de vivienda
en la prácƟca habitacional de escasos recursos en México
te, se arma que dichos criterios
son tomados de países capitalistas
desarrollados, por lo que no necesariamente resultan convenientes
para el análisis del problema e instrumentación de soluciones en naciones que, como México, padecen
rezagos económicos y sociales, parƟcularmente en materia habitacional (Bazant, J., 1988; PaqueƩe, C. y
M. Yescas, 2009).
A pesar de sus esfuerzos por
alcanzar metas ambiciosas en la
construcción masiva de vivienda,
el Estado no ha podido reducir el
décit a niveles signicaƟvamente mínimos. Surge, entonces, la
necesidad de estudiar las formas
tradicionales de construcción de
vivienda pracƟcadas por la población de escasos recursos, e intervenir en ellas mediante programas
que esƟmulen y perfecciones su
realización, pudiéndose orientar
a este menester recursos hasta
ahora erogados en programas de
construcción altamente costosos
(Salazar-Cantú, J. et al., 2011). Desde esta perspecƟva, la forma de
construcción más apegada a la cultura tradicional en México, y otros
países en desarrollo, es la autoconstrucción (Bazant, J., 1988; Cortés, G., 1988; Villarreal, D., 1988;
Fundación Centro de InvesƟgación
y Documentación de la Casa/Sociedad Hipotecaria Federal, 2012;
Sánchez, J., 2012).
La autoconstrucción ha sido denida como un proceso de producción de vivienda donde se mezcla
la intervención de factores İsicos,
tecnológicos, familiares, sociales y
económicos que, en el marco de las
caracterísƟcas legales de la tenencia de la Ɵerra y la inación, se combinan de tal modo que permiten el
aprovechamiento del Ɵempo libre
y los recursos provenientes del escaso ahorro familiar para impulsar
procesos construcƟvos graduales
y acumulaƟvos (Bazant, J., 1985;
Comisión Económica para América
LaƟna y el Caribe/ Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos, 1987; Fundación Centro
de InvesƟgación y Documentación
de la Casa/Sociedad Hipotecaria
Federal, 2012; Sánchez, J., 2012).
Desde décadas atrás, en la mayoría de los países laƟnoamericanos el Estado ha parƟcipado de diferentes maneras en la creación de
fraccionamientos populares acompañando programas de vivienda
autoconstruida. En México, durante el periodo posrevolucionario “el
Estado asume un papel acƟvo en la
formación de colonias populares al
permiƟr el acceso a la Ɵerra para
autoconstruir viviendas” (Ziccardi, A. y A. Mier y Terán, 1985: 48).
En algunas metrópolis laƟnoamericanas, en los años ochenta, “las
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
65
�José Ricardo González Alcalá
viviendas construidas por el sector informal alcanzan al 60% de la
construcción urbana total de esas
ciudades” (Comisión Económica
para América LaƟna y el Caribe/
Centro de Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos, 1987:
24); en México, alrededor “del 70%
de la población urbana del país, en
esos años, se proveía a sí misma
de vivienda uƟlizando materiales y
procedimientos rudimentarios, sin
asistencia técnica ni apoyo nanciero” (Bazant, J., 1985: 11).
La autoconstrucción de vivienda por parte de pobladores de escasos recursos sigue, en la mayoría
de los casos, un proceso caracterísƟco (Bazant, J., 1985). En las zonas
de invasión la autoconstrucción
sigue patrones socioculturales especícos. Si está presente la posibilidad de intervenir la ocupación
por parte de las autoridades, la
construcción de las viviendas se
hace con materiales de desecho y
de fácil transportación. Cuando se
logra legalizar la tenencia, la parƟcipación del colono es más intensa
y la contratación de mano de obra
especializada es más facƟble (Cortés, X., 1985). Así,
las viviendas se construyen en
forma progresiva, con parƟcipación directa de los pobladores...
66
debe poder habitarse desde el
principio, por lo tanto en la primera etapa las viviendas son de
un solo cuarto, construidas en
forma precaria y de aspecto sumamente pobre... El proceso de
construcción avanza lentamente... La construcción del techo
de concreto marca un hito en la
edicación de la vivienda; su costo hace que muchas viviendas
tarden largos años antes de tener siquiera un cuarto con techo
de concreto... Después de tener
dos o tres cuartos construidos
con materiales permanentes, se
construye la cocina y, al nal, el
baño. Frecuentemente se construyen cuartos adicionales, ya
sea para acoger temporalmente
a otros familiares... La existencia
de un segundo piso o de acabados, rejas o adornos en la fachada, son indicios del n del proceso de consolidación de la vivienda
(Cortés, X., 1985: 36-37).
Al inicio del asentamiento, la estructura familiar predominante es
destacadamente nuclear, modicándose paulaƟnamente con el
Ɵempo hasta adoptar modelos de
familia extensa y compuesta, tan
comunes en asentamientos de personas de escasos recursos (Cortés,
X., 1985; Bazant, J., 1985).
�Los elementos consƟtuƟvos del proceso social de producción de vivienda
en la prácƟca habitacional de escasos recursos en México
Respaldo técnico
Para que las personas de escasos
recursos puedan efectuar los procesos de obtención de la Ɵerra,
de urbanización de la misma y de
construcción de su casa habitación,
deben contar con un cierto soporte técnico —por muy tradicional
y rudimentario que aquél sea—,
siempre en el marco de relaciones
comunitarias y en el contexto económico-políƟco concreto de que se
trate.
La asistencia técnica en materia
de vivienda se reere a los medios
de acceso que el constructor Ɵene
a su disposición para la obtención
y manejo del conjunto de conocimientos y condiciones necesarios
para llevar a cabo el proceso de
producción. En lo general, ella está
ínƟmamente relacionada con la
información especializada en materia de construcción, el contenido
de las correspondientes normas
reglamentarias concernientes a
permisos, licencias, avalúos y todo
Ɵpo de trámites que otorgan al
proceso de producción de vivienda viabilidad técnica, legal y, en su
caso, nanciera.
Lo anterior descansa básicamente en la denición del ‘mínimo
de vivienda’ relaƟvo a las funciones genéricas que debe cumplir
toda vivienda. Siempre convendrá
el uso eciente de los recursos y
la generación de soluciones variadas, así como estar actualizado en
conocimientos tecnológicos que
permitan “la racionalización y sistemaƟzación de proyectos de vivienda mediante la normalización,
la progresividad, la producción masiva y el empleo de la coordinación
modular” (Lara, G., 1989: 114).
Los modelos tecnológicos así
concebidos deben mantener las
condiciones reglamentarias de calidad y seguridad e incluir, en todo
caso, los elementos mínimos de
un proyecto ejecuƟvo de vivienda:
planos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones y detalles
construcƟvos; programa de obra;
cuanƟcación de obra —materiales, mano de obra y maquinaria—;
especicaciones para la adecuación bioclimáƟca del proyecto; e
instrucƟvo para construir la vivienda. Un proyecto ejecuƟvo de vivienda corresponde a la Ɵpología
de vivienda llamada ‘normalizada’.
El diseño de esta modalidad Ɵene
por objeto “atender a los diversos
grupos de ingreso y contar siempre
con un margen de crecimiento y
mejoramiento así como establecer
con precisión los saƟsfactores mínimos y máximos para la vivienda
de interés social” (Lara, G., 1989:
120).
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
67
�José Ricardo González Alcalá
Dada la complejidad que, en
general, caracteriza a la tecnología
de producción de vivienda, esta
requiere del concurso insusƟtuible
de expertos, tanto en las acƟvidades de realización directa como en
las de planeación y dirección de las
obras. El costo de esta intervención
resulta entonces de consideración,
de tal manera que los grupos sociales de escasos recursos no están en
condiciones de poder solventarlo.
De ello resulta que la mayoría de las
veces, no obstante la existencia de
programas estatales de apoyo, tales
grupos sociales, al proveerse de vivienda, lo hacen “uƟlizando materiales y procedimientos rudimentarios, sin asistencia técnica ni apoyo
nanciero” (Bazant, J., 1985: 11).
En México, en el pasado, algunos programas estatales promotores de la autoconstrucción establecían normas a n de cumplir con
los requerimientos técnicos (González, M. y R. Durán, 1992). El caso
del InsƟtuto para el Desarrollo de
la Comunidad y la Vivienda Popular
(Indeco):
En cada fraccionamiento popular deberán darse los servicios de
asesoría técnica que demanda la
comunidad para la realización de
viviendas en propiedad o en renta..., en los siguientes aspectos: organización de la comunidad, nanciamiento, proyectos, costo de las
68
diversas etapas de construcción,
supervisión de las obras, capacitación de operarios y facilidades en
los trámites para obtener licencias
y permisos de las autoridades para
la construcción de viviendas... (Comisión Liquidadora del InsƟtuto
Nacional para el Desarrollo de la
Comunidad y de la Vivienda Popular, 1982: 10).
Todo esto, sin embargo, en los
úlƟmos años se ha visto reducido
por el fuerte impulso que la construcción masiva de vivienda ha
recibido por parte del Estado y el
capital inmobiliario (González, R.,
2013; Ziccardi, A. y A. González,
2013).
Reexión nal
En los párrafos anteriores se ha hecho una descripción de los disƟntos
elementos del proceso social de
producción de vivienda en México
y de cómo éstos perlan, en parte,
el modo de ser de los procesos habitacionales vividos por los disƟntos grupos sociales, en parƟcular
los de escasos recursos. Tales elementos —Ɵerra, casa habitación,
procesos construcƟvos y servicios
urbanos—, en conjunto, aparecen
en contextos socioeconómicos diversos asumiendo caracterísƟcas
propias en cada uno de ellos.
�Los elementos consƟtuƟvos del proceso social de producción de vivienda
en la prácƟca habitacional de escasos recursos en México
Con relación a los aspectos críƟcos de las formas de obtención de
la Ɵerra, en México los planes nacionales de desarrollo, en especial
los úlƟmos cinco —que abarcan
26 años: 1989, 1995, 2001, 2007,
2013— han establecido previsiones importantes en materia de
regularización de la tenencia de la
Ɵerra y promoción de desarrollos
inmobiliarios de interés social. En
el primer aspecto, los programas
correspondientes, independientemente de que no han terminado
con el rezago, representan un avance cualitaƟvo importante, ya que la
legalización de la tenencia facilita,
en general, alternaƟvas nancieras
y de provisión de equipamiento y
servicios urbanos para el mejoramiento habitacional, todo lo cual,
empero, sigue resultando diİcil de
realizar en un contexto de escasos
recursos En el segundo punto, la
cobertura de mercado se ha expandido a expensas de la calidad,
ya que el abaratamiento del precio
de la vivienda se ha traducido en
espacios habitacionales y públicos
reducidos en sus dimensiones en
extremo y en un muy pobre equipamiento urbano.
Por lo que hace a la urbanización, la dinámica de los movimientos urbano-populares ha impuesto
sus reglas de manera natural, viéndose los gobiernos forzados a ad-
miƟr la urbanización progresiva en
las colonias populares, legalizando
ésta y permiƟendo así la valorización de la vivienda y del entorno
y la incorporación paulaƟna de
espacios, servicios y equipamiento urbanos. En el caso de fraccionamientos de interés social de
urbanización inmediata, las áreas
reservadas para espacios públicos,
desafortunadamente, no son siempre las adecuadas en dimensiones
y ubicación, teniendo los residentes que adaptarse a condiciones
poco favorables en cuanto a un
nivel aceptable de calidad de vida,
tanto familiar como vecinal.
Respecto a la casa habitación,
es claro que en el país existe una
amplia y larga experiencia en materia de producción social de vivienda, es decir, de vivienda de escasos recursos y/o bajos ingresos. Se
esperaría, entonces, que la misma
se hubiese consƟtuido ya como la
base de un sistema de producción
ágil y suciente para la saƟsfacción
de las necesidades habitacionales
de los grupos en pobreza. No obstante, la marginación urbana y de
vivienda sigue afectando a los estratos sociales bajos, sin que el Estado, sacando provecho de aquella
experiencia, emprenda proyectos
ambiciosos que promuevan las
“variantes autogesƟonarias [que]
incluyen desde la autoproducción
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
69
�José Ricardo González Alcalá
individual espontánea de vivienda
hasta la colecƟva que implica un
alto nivel organizaƟvo de las y los
parƟcipantes y, en muchos casos,
procesos complejos de producción
y gesƟón de otros componentes
del hábitat” (OrƟz, E., 2012: 73),
incluidas aquí las alternaƟvas técnicas apropiadas. Los planes de
desarrollo nacional, así como los
programas nacionales de desarrollo urbano, no dejan de lado el
tema; pero las líneas de acción y
las correspondientes estrategias
subordinan la políƟca urbana y de
vivienda —léase InsƟtuto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit), InsƟtuto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) y Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi)— a la políƟca de desarrollo económico. Como consecuencia
natural, esto ha redundado en la
construcción masiva de vivienda de
interés social por parte de la inversión inmobiliaria privada, dirigida
casi exclusivamente a personas o
grupos de medios y bajos ingresos,
sujetos de crédito incorporados a
la economía formal, dejando descubierta a la población de escasos
recursos o en pobreza cuyas acƟvidades eventuales para la subsistencia permanecen sustancialmente en la economía informal, lo cual
70
impide a esta población acceder a
los créditos inmobiliarios formales.
El análisis de los factores instrumentales preponderantes —económico, políƟco y legal— del
proceso social de producción de
vivienda, que se presentará en una
próxima contribución, permiƟrá
extraer conclusiones orientadas al
terreno de las propuestas.
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Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
Recibido: 15 de octubre de 2014
Aceptado: 3 de noviembre de 2014
73
�PolíƟcas públicas para la regularización de la tenencia de la Ɵerra en el Área Metropolitana de
Monterrey (AMM): dos estudios de caso en las colonias Burócratas de Guadalupe y Tierra y Libertad
PolíƟcas públicas para la regularización
de la tenencia de la Ɵerra en el Área
Metropolitana de Monterrey (AMM):
dos estudios de caso en las colonias
Burócratas de Guadalupe y Tierra y Libertad
Public policies for the legalizaƟon of land tenure
in the metropolitan area of Monterrey (AMM):
two case studies in the colonies Burócratas
de Guadalupe and Tierra y Libertad
Martha Alicia Cabrera Márquez
G. Gerardo Veloquio G.
Resumen
E
n las úlƟmas décadas, la
problemáƟca de los asentamientos irregulares en el
Área Metropolitana de Monterrey
(AMM) se ha incrementado, creciendo con ello el número de personas que habitan en zonas irregulares cuyas supercies aumentan
con relación a la mancha urbana.
El objeƟvo del presente estudio
es determinar la relación entre los
asentamientos irregulares y las acciones de gobierno para determinar su alcance, resultados y, al mismo Ɵempo, proponer una solución
eciente.
El trabajo está centrado en el
análisis de la situación actual que
los habitantes de las colonias Bu-
rócratas de Guadalupe y Tierra y
Libertad viven en relación con las
políƟcas que el gobierno induce a
través de sus insƟtuciones como la
Comisión para la Regularización de
la Tenencia de la Tierra (CORETT),
Hábitat y Fomento Metropolitano
de Monterrey (Fomerrey). El instrumento para la recolección de datos
surgió de la revisión de la literatura
de autores como Nora Clichevsky,
Jan Bazant, Alfonso Xavier Iracheta
Cenecorta, Roberto García Ortega
y otros que han incursionado en
el tema de los asentamientos irregulares. Una vez obtenida la base
de datos se someƟó a pruebas de
Chi-cuadrado a fin de observar las
correlaciones de variables a través
de sus indicadores para, nalmente, mostrar los resultados que la
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
75
�Martha Alicia Cabrera Márquez / G. Gerardo Veloquio G.
inves�gación arrojó y que puedan
ser incorporados en la revisión y
actualización de la Ley de Desarrollo Urbano, así como en el Plan Metropolitano de Monterrey.
Por úl�mo, se enfa�za el hecho
de que si bien es cierto que las ins�tuciones a�enden el problema
de los asentamientos irregulares,
también lo es que aquéllas no previenen los efectos nega�vos del
fenómeno de la irregularidad en la
metrópoli.
Quizá las ins�tuciones del futuro desarrollo urbano en la en�dad
deberán estar orientadas hacia la
prevención, más que a la burocra�zación de los expedientes, a través
de la administración de un fondo
de reserva de suelo que permita
planear un desarrollo urbano incluyente y sustentable.
76
Palabras clave: asentamientos irregulares, polí�ca pública, pobreza
urbana.
Abstract
In recent decades, the problem of
informal se�lements in the metropolitan area of Monterrey, has
increased, also increasing the number of people living in irregular
areas, increasing also the surfaces
of these in rela�on to the metropolitan urban area.
The target of this study is to determine the rela�onship between
se�lements and government ac�ons to determine its scope, results and at the same �me proposing an efficient solu�on.
Key Word: Irregular se�lement,
public urban policies.
�PolíƟcas públicas para la regularización de la tenencia de la Ɵerra en el Área Metropolitana de
Monterrey (AMM): dos estudios de caso en las colonias Burócratas de Guadalupe y Tierra y Libertad
PolíƟcas públicas para la regularización
de la tenencia de la Ɵerra en el Área
Metropolitana de Monterrey (AMM):
dos estudios de caso en las colonias
Burócratas de Guadalupe y Tierra y Libertad
Public policies for the legalizaƟon of land tenure
in the metropolitan area of Monterrey (AMM):
two case studies in the colonies Burócratas
de Guadalupe and Tierra y Libertad
Martha Alicia Cabrera Márquez6
G. Gerardo Veloquio G.7
Introducción
P
ese a tener una economía
posicionada entre las más
altas de México y América
LaƟna y ser considerada la tercera área más poblada del país, en
Monterrey y su área metropolitana
han aparecido desde hace décadas
asentamientos irregulares ubicados principalmente en la periferia.
Frente a la demanda de suelo urbano por parte de personas con bajos
ingresos y la falta de respuesta
eciente e integral por parte del
Estado, los habitantes de estos
6
7
asentamientos viven en condiciones precarias.
El fenómeno de “la informalidad surge a parƟr del funcionamiento de un mercado legal con
determinantes condiciones en la
oferta de suelo, precios y nanciamiento, lo que hace imposible su
acceso a una canƟdad importante de la población urbana, en un
contexto de pobreza y precariedad
laboral” (Lungo, 1989; Jaramillo,
1979; Clichevsky, N., 1975; citado
en Clichevsky, N., 2006: 7). Ante estas circunstancias, como lo arma
Alfonso Xavier Iracheta Cenecorta,
las familias de bajos recursos eco-
Lic. En Arquitectura. Postulante al grado de Maestría en Arquitectura y Asuntos Urbanos de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Doctor en Arquitectura y Asuntos Urbanos. Profesor invesƟgador de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
77
�Martha Alicia Cabrera Márquez / G. Gerardo Veloquio G.
nómicos no eligen vivir en los asentamientos irregulares como mejor
alternaƟva, sino que estos siƟos
presentan su única opción ante la
necesidad de una vivienda.
El objeƟvo de esta invesƟgación
es analizar las principales estrategias y acciones que el gobierno en
sus tres niveles realiza en los asentamientos irregulares.
Se analiza el desarrollo urbano
y equipamiento de dos colonias del
Área Metropolitana de Monterrey
(AMM) ubicadas en dos municipios
y con diferente anƟgüedad, buscando comparar los grados de intervención urbana y consolidación
mediante la aplicación de un instrumento, es decir, un cuesƟonario
para la recopilación de la información en los habitantes de estas colonias con miras a realizar un diagnósƟco del estado İsico en el que
se encuentran; a la par se realizan
entrevistas a informantes clave en
el tema de la tenencia insegura de
la Ɵerra.
Los programas, leyes e insƟtuciones encargadas del crecimiento
del desarrollo urbano no prevén
dotación de suelo urbano para las
personas de escasos recursos, lo
cual trae como consecuencia la
proliferación de asentamientos
irregulares ubicados generalmente
en lugares no aptos.
78
De igual manera, no existe ningún organismo para prevenirlos, pues más bien actúan
posteriormente.
Asentamientos irregulares, clasicación de la informalidad
Desde hace décadas, los asentamientos irregulares han sido un
tema persistente en el desarrollo
urbano. Se han considerado, como
señala John C. Turner (1968), agentes de cambio social por todos los
aspectos que implican y las soluciones que deben ser llevadas a cabo
para resolverlos, ya que ameritan
ser atendidos y resueltos de manera ecaz, congruente e integral
desde una visión económica, políƟca y social, según lo plantea José A.
Aldrete-Haas (1985), dentro de un
proceso en donde se vean envueltos los habitantes y el gobierno.
Con el objeƟvo de denir a los
asentamientos irregulares o tugurios en 2002, en las reuniones de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) se puntualizó una serie
de condiciones que caracterizan la
irregularidad:
—Tenencia insegura.
—Acceso inadecuado a agua segura (potable).
�PolíƟcas públicas para la regularización de la tenencia de la Ɵerra en el Área Metropolitana de
Monterrey (AMM): dos estudios de caso en las colonias Burócratas de Guadalupe y Tierra y Libertad
—Acceso inadecuado a saneamiento y alcantarillado.
—Mala calidad estructural (sin
edicación sólida).
—Hacinamiento (Jordán, R. y R.
Marơnez, 2009).
La clasicación de los asentamientos irregulares, dependiendo de su
origen,
en las ciudades/áreas metropolitanas, el hábitat ilegal/irregular/
informal, implica dos formas de
transgresiones: una con respecto
al aspecto dominación social y la
otra al proceso de urbanización. La
primera se basa en la falta de ơtulos de propiedad (o contratos de
alquiler); la segunda, en el incumplimiento de las normas de construcción de la ciudad (Clichevsky,
N., 2000).
Esta es una de las clasicaciones
de la informalidad que de manera
general las separa en dos grandes
grupos, aunque pueden presentarse los dos casos de tenencia insegura, siendo ilegales por el aspecto
dominal y por el proceso de urbanización.
Frente a este fenómeno, el mercado ilegal de suelo es responsable de la construcción de casi tres
cuartas partes de la vivienda popular, según Alfonso Xavier Iracheta
Cenecorta (2008), quien argumen-
ta también que el gobierno es el
responsable de los aspectos negaƟvos de este proceso al ser incapaz
de ofrecer suelo urbanizado para
los pobres, y al permiƟr que muchos propietarios y desarrolladores
realicen sus acƟvidades al margen
de lo establecido en los planes de
desarrollo urbano. Iracheta Cenecorta plantea también que tal
producción de vivienda contribuye
a que el crecimiento urbano se dé
y se realice aun en siƟos inadecuados, trayendo como consecuencia
una agudización en el desorden
metropolitano que rebasa los planes de desarrollo urbano.
Ello hace evidente que existe
una nula vinculación, como lo reere Roberto García Ortega (2001),
entre planeación y gesƟón urbana,
reejándose en la construcción de
dos ciudades paralelas: una apegada a la ley, guiada y dirigida según
lo esƟpulado en los planes de desarrollo urbano y en la normaƟva
correspondiente; y otra irregular,
fuera del margen de la normaƟva
como los asentamientos irregulares.
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
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�Martha Alicia Cabrera Márquez / G. Gerardo Veloquio G.
Organización social en los asentamientos irregulares como factor
clave en el proceso de consolidación y regularización de la tenencia de la Ɵerra
Para Alsayyad (1993), “los barrios
nacidos de manera no planicada
e ilegal, dentro de las ciudades del
Tercer Mundo, se convierten en comunidades bien consolidadas”. Debido a las condiciones de habitabilidad y precariedad, los habitantes
de los asentamientos comparten la
incerƟdumbre sobre la tenencia de
la Ɵerra en la que generalmente se
encuentran; la falta de servicios básicos e infraestructura y transporte
son los puntos básicos donde la
solidaridad, parƟcipación y apoyo
entre vecinos suele manifestarse.
De modo que se argumenta que
“la construcción del espacio y la
creación de redes sociales son casi
simultáneas. Desde el inicio, los residentes unidos impiden su expulsión, establecen lazos que hacen
menos diİciles los momentos de
penuria y que darán idenƟdad a la
colonia” (Aparicio, C., 2008: 253).
Lazos que les permiƟrán establecer una organización más fuerte y arraigada en donde elevar las
condiciones de vida mediante mejoras en las viviendas y en el medio
urbano son puntos en común entre
los vecinos.
80
Ante estas adversidades, los
asentamientos irregulares, como
resultado de la lucha de sus habitantes por una vivienda, son considerados vehículos de cambio
social, barrios en proceso de mejoramiento urbano.
Así, pues, “durante el proceso
de construcción espacial y de consolidación de grupos humanos,
se establecen lazos que permiten
crear una idenƟdad propia” (Aparicio, C., 2008: 243), y mediante la
unión y organización se Ɵenen más
oportunidades de éxito.
Existen incluso casos en que el
modo de organización en estos barrios o colonias es tal, que logran
establecer un sistema de reglas o
disposiciones para mantener el orden y la seguridad de los habitantes, como ha ocurrido en la colonia
Tierra y Libertad, en el municipio
de Monterrey, donde los vecinos
procuran mantener un ambiente
tranquilo en le medida de sus posibilidades.
Encontramos también que
los sistemas emergentes en los
procesos de construcción y desarrollo de las ciudades, en el reconocimiento explícito que hace de la
importancia de la dimensión social
sobre la dimensión espacial y İsica,
valoriza la preponderancia de la comunidad y el proceso subyace a su
�PolíƟcas públicas para la regularización de la tenencia de la Ɵerra en el Área Metropolitana de
Monterrey (AMM): dos estudios de caso en las colonias Burócratas de Guadalupe y Tierra y Libertad
consƟtución desde el actuar individual de cada sujeto, como ocurre
con la hormiga, una neurona y un
byte de información (Orellana, A.,
2008).
La organización entre los habitantes de los asentamientos irregulares es un factor determinante para
alcanzar la consolidación de la colonia, ello a n de gesƟonar ante
las autoridades correspondientes
la legalización de sus predios y,
posteriormente, la implementación de los servicios básicos e infraestructura. GesƟonar de manera individual para obtener algún
benecio no produce los mismos
resultados que la organización y
manifestación de toda la comunidad o colonia.
Un papel importante en la organización de los asentamientos
irregulares es el que realizan los
líderes o caciques, encargados de
movilizar a los habitantes, gesƟonar y, hasta cierto punto, ejercer
presión ante las autoridades para
ver cumplir sus solicitudes de vivienda y servicios.
Al respecto encontramos que
“las luchas por demandas urbanas
son signicaƟvas solo en la medida
en que permiten que la gente se
una, se organice y tome conciencia
políƟca, puesto que, según esos
líderes, esa fuerza políƟca es la úni-
ca garanơa real de un éxito regular
en las propias demandas” (Castells,
M., 1981: 113).
Por otro lado, los habitantes de
estos asentamientos son grupos
vulnerables que pueden converƟrse en parƟcipantes del clientelismo
políƟco, de acuerdo a los intereses
del parƟdo políƟco que se encuentre en el poder.
ParƟcipación de la mujer en los
asentamientos irregulares
“La parƟcipación acƟva de la mujer puede hacer la diferencia en el
grado de desarrollo alcanzado por
una comunidad bajo determinadas
circunstancias, aun cuando la aportación de recursos al proceso por
parte del hombre siga siendo preponderante” (González, J., 2003:
42).
En la mayoría de los casos, la
mujer pasa mayor Ɵempo en la
vivienda en comparación con los
hombres, lo cual permite que sean
ellas las que lleven a cabo la mayor
parte de las gesƟones necesarias
antes las autoridades correspondientes con la nalidad de obtener
un entorno con mayores oportunidades de desarrollo y, así, mejorar
las condiciones en las que habitan.
Otro dato importante es el hecho de que dentro de estos barrios
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
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�Martha Alicia Cabrera Márquez / G. Gerardo Veloquio G.
o colonias “las familias en las que la
mujer contribuye económicamente
y parƟcipa en la decisiones sobre la
distribución de los recursos, alcanzan mejores niveles de consolidación habitacional que las familias
donde son solo los varones la única o la más importante fuente de
decisiones e ingresos” (Chant, S.,
1994, citado en González, J., 2003:
43).
De esta manera se ven ampliadas las oportunidades de mejorar
su vivienda, lo que reduce el Ɵempo la construcción de la misma.
PolíƟcas públicas, legalización de
la informalidad
En 2010, según el Consejo Nacional de Evaluación de la PolíƟca de
Desarrollo Social (Coneval), casi la
mitad de la población en el país se
encontraba en condiciones de pobreza, sin ingresos sucientes para
adquirir los bienes y servicios que
se requieren para saƟsfacer sus
necesidades básicas, y sin acceso a
derechos sociales como educación,
servicios de salud y vivienda digna.
De modo tal que encontramos
las llamadas estrategias de sobrevivencia, las cuales se basan en
conocer “¿Cómo subsiste materialmente la población que no Ɵene un
ingreso suciente para saƟsfacer
82
sus necesidades básicas?” (Duque
y Pastrana, 1973, Torrado, 1980, citados en Arredondo, M. y J., González, 2013: 23).
Tales estrategias exaltan la importancia de una forma de organización especial, la cual se adapta
a las condiciones del entorno. Se
analizan entonces las diferentes
acƟvidades que los habitantes de
estos siƟos realizan, que van desde cualquier trabajo informal hasta
acƟvidades ilícitas.
Hablar de una políƟca de desarrollo urbano y habitacional que
logre la superación de la pobreza
y la precariedad urbana, como lo
plantean Ricardo Jordán y Rodrigo
Marơnez, deberá considerar ciertos principios orientadores como lo
ha venido planteando la Comisión
Económica para América LaƟna y
el Caribe (CEPAL). Convendría pues
que estas políƟcas considerasen:
—Estado promotor: que garanƟce
el funcionamiento eciente de los
mercados y organizaciones comunitarias, que lidere y oriente de
forma más integral y más ejecuƟva
el desarrollo urbano y habitacional
sostenible.
—Calidad de la oferta habitacional,
de infraestructura y de equipamiento: una oferta compeƟƟva y
diversicada de vivienda con equipamiento urbano para diferentes
�PolíƟcas públicas para la regularización de la tenencia de la Ɵerra en el Área Metropolitana de
Monterrey (AMM): dos estudios de caso en las colonias Burócratas de Guadalupe y Tierra y Libertad
segmentos sociales bajo una regulación adecuada.
—Integración social: promoción de
desarrollos inmobiliarios e inversión en infraestructura pública que
no profundicen la segregación o
fragmenten el aspecto social.
—Gobernanza urbana: mayor y
más eciente parƟcipación, equilibrio y cooperación entre los diferentes agentes urbanos y territoriales en el proceso de planeamiento
y desarrollo de megaproyectos urbanos.
—Oferta estratégica y sostenible
de factores: disponibilidad de Ɵerra y nanciamiento consistentes,
a mediano plazo, con el logro de
mayor coherencia y adecuación
entre los procesos de expansión urbana y dotación de mejores redes
de infraestructura y equipamiento
sostenibles.
—Coherencia estratégica y sostenible de políƟca: arƟculación entre la
producción de vivienda y dotación
de infraestructura y equipamiento
con los objeƟvos económicos, sociales y ambientales del desarrollo,
especialmente en las inversiones
en construcción, y mejoramiento
del hábitat para la superación de la
precariedad urbana como del acceso al crédito, la generación de empleo y mejoramiento de ingresos.
—Diferenciación regional/territorial: una políƟca que aƟenda y capitalice la diversidad de los disƟntos
territorios subnacionales a través
de una mayor descentralización
políƟca-administraƟva y la promo-
ción de instrumentos más exibles.
—Cooperación público-privada: el
liderazgo y orientación integral y
sostenible del desarrollo urbano
y habitacional que convendría impulse el Estado se enmarca dentro
de un clima y vinculación estratégica entre aquél y el sector privado
directa e indirectamente ligado a la
dinámica de este sector.
Al considerar los planteamientos
anteriores en políƟcas públicas y
estrategias gubernamentales, se
garanƟza abordar las problemáƟcas en el caso de los asentamientos irregulares de manera integral,
como lo reeren José A. AldreteHaas (1985) y Manuel Castells
(1981) al tomar en cuenta los aspectos social, económico y políƟco
para lograr una integración socioeconómica, y políƟca de la ciudad.
En el marco de un México incluyente encontramos que en el
Plan Nacional de Desarrollo (20132018) se plantea proveer un entorno adecuado para el desarrollo
integral de la población, dando impulso a soluciones de vivienda digna y un mejoramiento de espacios
públicos.
Las estrategias expuestas en los
planes de desarrollo, tanto federal,
como estatal y municipal, coinciden en la necesidad de diseñar una
adecuada planeación y regulación
del crecimiento urbano con un
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�Martha Alicia Cabrera Márquez / G. Gerardo Veloquio G.
amplio senƟdo humanista, a n de
evitar problemas de asentamientos
irregulares y a la vez ofrecer opciones de bienestar a la población en
condiciones de precariedad.
En datos plasmados en el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012
se muestra que en las ciudades,
cerca de 90 mil hogares se asientan cada año en lugares poco aptos
para ser habitados y bajo modalidades precarias; la urbanización en
estos siƟos cuesta al municipio de
dos a tres veces más, debido a que
los costos de edicación se elevan.
Entre los objeƟvos que sustentaba el plan se encontraba lograr
un patrón territorial nacional que
frenase la expansión desordenada
de las ciudades, que provea suelo
apto para el desarrollo urbano y
facilite de esta manera el acceso a
servicios y equipamiento necesarios.
De igual manera, en el Plan Estatal 2004-2009 de Nuevo León se
muestra, entre sus objeƟvos, lograr
impulsar una políƟca de regularización de la tenencia de la Ɵerra, la
ampliación de reservas territoriales y el aprovechamiento del suelo.
En el Plan Municipal de Monterrey
2009-2012 se encontraron objeƟvos más detallados que se planteaban brindar a la ciudadanía una
vida digna y más tranquila considerando una planeación inteligente,
84
con proyectos de sustentabilidad,
certeza jurídica en la tenencia de
la Ɵerra, en un entorno de respeto
ecológico, para alcanzar un desarrollo urbano ordenado, promoviendo el ordenamiento territorial
y la seguridad pública en zonas
vulnerables. En el Plan Municipal
de Monterrey 2012-2015 se establecen lineamientos similares para
seguir promoviendo el crecimiento
ordenado.
La administración federal anterior (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012) planteó también la
necesidad de poder garanƟzar el
acceso a los servicios básicos para
toda la población, implicando que
todos pueden contar con acceso
a agua, a una alimentación suciente, a salud, a educación, a una
vivienda digna y a todos aquellos
servicios que consƟtuyan el bienestar de las personas y de las comunidades.
En el Plan Nacional de Desarrollo actual, el ordenamiento sustentable del territorio se propone
consolidar una políƟca unicada
y congruente de ordenamiento
territorial, desarrollo urbano y vivienda bajo la coordinación de la
Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu). Tal
organismo Ɵene como propósito
fortalecer las instancias e instrumentos de coordinación y coope-
�PolíƟcas públicas para la regularización de la tenencia de la Ɵerra en el Área Metropolitana de
Monterrey (AMM): dos estudios de caso en las colonias Burócratas de Guadalupe y Tierra y Libertad
ración entre los tres órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad
con el n de enlazar esfuerzos en
materia de ordenamiento territorial y vivienda.
Programas gubernamentales facultados para la regularización de
la tenencia de la Ɵerra
Para solucionar y prevenir los
problemas del crecimiento de las
manchas urbanas, la Sedatu lleva a
cabo una serie de programas dirigidos a desarrollar mejores ciudades,
con un crecimiento ordenado y garanƟzando la certeza jurídica de la
tenencia de la Ɵerra.
Uno de ellos es el Programa de
Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial
para Regularizar Asentamientos
Humanos Irregulares (Pasprah),un
instrumento de apoyo desƟnado a
aquellos hogares que no han podido concluir los procesos de regularización que les permitan acceder a
la formalidad, a la seguridad jurídica de sus lotes y se encuentran en
situación de pobreza de acuerdo a
los lineamientos y criterios generales para la denición, idenƟcación
y medición de la pobreza.
El programa Pasprah “se consolida como una estrategia de políƟca pública de desarrollo urbano y
metropolitano que aporta elementos para que el desarrollo nacional
en la materia se oriente hacia una
planeación sustentable y de integración” (Programa de Apoyo a
los Avecinados en Condiciones de
Pobreza Patrimonial para Regularizar los Asentamientos Irregulares,
2013: 46). Asimismo, contribuye al
establecimiento de acciones coordinadas entre diversas instancias y
órdenes de gobierno, apoyando la
regularización de la tenencia de la
Ɵerra como estrategia que impulse
la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas
metropolitanas.
Otro programa es Hábitat, instrumentado desde 2003 por la
Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) con el propósito de arƟcular los objeƟvos de la políƟca
social con los de las políƟcas de
desarrollo territorial y urbano. Ello
con el interés de avanzar hacia la
superación de los rezagos y los profundos contrastes sociales en las
ciudades y zonas metropolitanas,
así como de contribuir a transformarlas en espacios seguros, ordenados y habitables.
El programa está dirigido a enfrentar los desaİos de la pobreza y
el desarrollo urbano con la instrumentación de un conjunto de acciones que combinan, entre otros
aspectos, el mejoramiento de la
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�Martha Alicia Cabrera Márquez / G. Gerardo Veloquio G.
infraestructura básica, el equipamiento de las zonas urbano-marginadas y la prevención de desastres
con la entrega de servicios sociales
y acciones de desarrollo comunitario en esos ámbitos. Mediante
este programa se busca asegurar
la concurrencia y la integralidad de
los esfuerzos dirigidos a apoyar a la
población urbana en situación de
pobreza patrimonial.
Para la regularización de los
asentamientos irregulares ubicados en terrenos ejidales, el organismo encargado es la Comisión para
la Regularización de la Tenencia de
la Tierra (CoreƩ), creado en 1973.
Dentro de sus facultades se encuentra regularizar la tenencia de
la Ɵerra en donde existan asentamientos humanos irregulares, ubicados en bienes ejidales o comunales; promover ante las autoridades
competentes la incorporación de
las áreas regularizadas al fondo
legal de las ciudades; y conceder,
cuando así proceda, las escrituras
públicas o ơtulos de propiedad con
los que se reconozca la propiedad
de los parƟculares una vez efectuada la regularización.
Para la regularización de la tenencia de la Ɵerra, la actual Ley de
Desarrollo Urbano del Estado de
Nuevo León establece en el arơculo
42 las siguientes consideraciones:
los predios deben estar ubicados
86
en áreas proyectadas dentro de los
planes o programas, haciendo énfasis en que no podrá regularizarse
los ubicados en zonas de riesgo o
preservación ecológica.
La fracción III señala que la regularización será promovida por el
Estado a través de sus organismos
competentes, los cuales estarán
sujetos a la ley. Dentro de estos organismos Nuevo León cuenta con
Fomerrey, consƟtuido el 30 de julio
de 1973 ante las presiones sociales
y los conictos ocasionados por las
frecuentes invasiones de predios
provocadas por el décit de vivienda y suelo urbano para las personas
de escasos recursos económicos.
Fomerrey es un deicomiso que
promueve, propicia e impulsa la integración del patrimonio de las familias de Nuevo León que no cuentan con recursos sucientes.
Dentro de sus funciones se encuentran instrumentar proyectos,
programas y acciones que faciliten
a las familias de escasos recursos
económicos, la seguridad de la tenencia de la Ɵerra por medio de
lotes equipados con los servicios
básicos, mediante proyectos de
ventas a plazo, promoviendo la autoconstrucción y el mejoramiento
de las viviendas.
Los municipios, en especial los
que conforman el AMM, trabajan
conjuntamente con Fomerrey en
�PolíƟcas públicas para la regularización de la tenencia de la Ɵerra en el Área Metropolitana de
Monterrey (AMM): dos estudios de caso en las colonias Burócratas de Guadalupe y Tierra y Libertad
la regularización de la tenencia de
la Ɵerra de la zona urbana, con el
propósito fundamental de otorgar
a los asentamientos irregulares
certeza jurídica y una mejor calidad
de vida.
Aplicación de métodos estadísƟcos y cualitaƟvos en asentamientos irregulares del AMM
Esta invesƟgación se está realizando mediante una metodología mixta. En un primer acercamiento con
Fomerrey se indagó sobre las colonias irregulares del AMM: se nos
informó que no se Ɵene el número
total de este Ɵpo de asentamientos
en la ciudad y por tanto se desconoce, en la mayoría de los casos, el
grado de desarrollo urbano con el
que cada uno cuenta. No obstante,
obtuvimos por municipio una lista
de colonias que de manera disƟnta
están o estuvieron en proceso de
regularización.
De dicha lista se extrajeron dos
casos de estudio ubicados dentro
del AMM, los cuales fueron elegidos de acuerdo al argumento de
Jan Bazant (2004) sobre Ɵempos de
intervención urbana. Bazant argumenta que ésta Ɵene tres Ɵempos:
la primera es llamada etapa inicial
de expansión, periodo en el que
el asentamiento solo cuenta con
electricidad y carece de los demás
servicios básicos, comprendiendo
un lapso de aproximadamente una
década; el siguiente Ɵempo es la
llamada etapa temprana de consolidación, cuando el asentamiento
Ɵene establecido más de una década y aún cuenta con suciente
terreno no habitado para realizar
modicaciones en el trazo real,
ayudando a estructurar el asentamiento como un conjunto urbano;
en la etapa avanzada de consolidación el territorio está completamente ocupado y habitado, por lo
que este Ɵpo de intervención urbana es el más costoso de los tres
debido a que se Ɵenen que afectar
viviendas ya habitadas.
Los casos de estudio son la colonia Tierra y Libertad, ubicada en
el municipio de Monterrey con más
de 40 años de su aparición, y Burócratas de Guadalupe, en el municipio de Guadalupe, la cual cuenta
con viviendas con poco menos de
quince años. Se descartó una tercera colonia que se encontrara en
la etapa inicial debido a que Burócratas de Guadalupe, si bien en
situación de colonia en etapa temprana de consolidación, cuenta con
la mayoría de las caracterísƟcas de
una colonia en etapa inicial de expansión en cuanto a la implementación de servicios e inserción en la
mancha urbana.
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
87
�Martha Alicia Cabrera Márquez / G. Gerardo Veloquio G.
Aunado al grado de desarrollo
urbano con el que cuentan estas
dos colonias, es relevante conocer el lugar de origen de los pobladores, su grado de escolaridad
y su ocupación, entre otros. Con
estos datos se busca establecer
los factores determinantes de los
asentamientos irregulares para,
posteriormente, visualizarlos o
considerarlos en lo que serían una
políƟca pública integral aplicada en
este Ɵpo de colonias.
Para el cálculo del tamaño de la
muestra se consideró el número de
viviendas por áreas geoestadísticas
básicas (AGEBs) denidas por el
InsƟtuto Nacional de EstadísƟca
y Geograİa (INEGI), arrojando un
total de 120 casos. De acuerdo a
la población que habita dichas colonias y considerando el Ɵempo de
aparición, se optó por aplicar 30
encuestas en Burócratas de Guadalupe y 90 en Tierra y Libertad,
ya que en esta úlƟma es mayor en
población y viviendas.
De la aplicación del instrumento
se analizaron algunas las variables
que se describen a conƟnuación
por medio del StaƟsƟcal Package
for Social Sciences (SPSS) v. 20.
Dentro de las preguntas que se
formularon se indagaba si los habitantes de estas colonias estaban
enterados de la existencia de las
insƟtuciones gubernamentales en88
cargadas de regulación de la tenencia de la Ɵerra.
Especícamente para el AMM,
la insƟtución encargada de otorgar
seguridad en la tenencia de la Ɵerra en asentamientos irregulares es
el Fomerrey; por tal moƟvo, se busca ver la relación que existe entre
las personas que aún no cuentan
con su ơtulo de propiedad como
las que ya lo obtuvieron por medio
de dicha insƟtución, contribuyendo a dar respuesta a la hipótesis de
que la existencia de insƟtuciones o
programas gubernamentales encargados de otorgar seguridad en
la tenencia de la Ɵerra no garanƟza la regularización de los asentamientos irregulares.
Para demostrar tal aserto, nos
apoyamos en la parte cuanƟtaƟva
en la prueba estadísƟca de Chicuadrado en su variante de independencia, parƟcularmente úƟl
para analizar datos de variables
cualitaƟvas nominales. Es uƟlizada
para analizar la frecuencia de dos
variables con categorías múlƟples
a n de determinar si las dos variables son independientes o no.
Fórmula:
• .
'
¡
v1 -e
r
z2 =¿¿-'- Y
- con
;. J j •l
e9
Donde: e,¡ = n,_ · n_¡ l n
.
(k-1)(r-1) grados de libertad.
�PolíƟcas públicas para la regularización de la tenencia de la Ɵerra en el Área Metropolitana de
Monterrey (AMM): dos estudios de caso en las colonias Burócratas de Guadalupe y Tierra y Libertad
Las hipótesis a comprobar:
H0: No hay relación entre variables.
H1: Sí hay relación entre variables.
Para su análisis se observa que si “P
value” es menor que 0.01, se puede concluir que hay relación entre
variables; y si es mayor a 0.01, que
no existe relación entre variables,
como lo observaremos más adelante.
de Guadalupe, 60 por ciento de la
población procede del AMM; 27
por ciento de San Luis Potosí; y el
13 por ciento restante de Durango,
Zacatecas y Veracruz, entre otros
(ver gura 2). Referente a esto, encontramos que
en Monterrey se ha explicado el fenómeno de la invasión de terrenos
principalmente por la necesidad
que Ɵenen las familias recién migrantes de tener un techo dónde
guarecerse. Sin embargo, en las
encuestas realizadas directamente
sobre el terreno, se observa que
40.6 por ciento de los colonos eran
originarios del área metropolitana de Monterrey, lo cual nos indica que el problema de la vivienda
afecta tanto a los naƟvos como a
los migrantes (Villareal, D., 1988:
57).
Resultados
Con frecuencia se creé que la mayoría de los habitantes de los asentamientos irregulares proviene de
otros estados, más que de Nuevo
León; sin embargo, dentro de los
datos que arrojó el instrumento se
observó que en el caso de la colonia Tierra y Libertad, 66 por ciento
de los pobladores es originario del
AMM o de municipios del mismo
estado; 17 por ciento proviene de
San Luis Potosí; y el tercer lugar
de procedencia es Zacatecas (gura 1). Para el caso de Burócratas
Con esto podemos deducir que
la falta el acceso de suelo urbano
afecta mayormente a los habitantes del propio estado de Nuevo
León, contrario a lo que generalmente se percibe respecto al origen de los habitantes de los asentamientos irregulares.
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
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�Martha Alicia Cabrera Márquez / G. Gerardo Veloquio G.
Figura 1. Lugar de procedencia: colonia Tierra y Libertad
Otro
Coahuila
4
7
San Luis Potosí
17
r~uevo León
66
Fuente: elaboración con base en datos de campo.
Figura 2. Lugar de procedencia: Burócratas de Guadalupe
VeracruzOlros
zacatecas
Durango 3
3
3
San tuis Potosi
27
Fuente: elaboración con base en datos de campo.
90
Muevo león
60
�PolíƟcas públicas para la regularización de la tenencia de la Ɵerra en el Área Metropolitana de
Monterrey (AMM): dos estudios de caso en las colonias Burócratas de Guadalupe y Tierra y Libertad
Dentro del análisis estadísƟco se
comenzó por obtener las frecuencias y se encontró que del total de
la población, 44 personas no cuentan con ơtulo de propiedad, lo que
equivale a 36.7 por ciento del total
de los encuestados; y 76 personas
sí cuentan con ơtulo de propiedad,
que corresponde a 63.3 por ciento
del total de los casos.
Se encontró también que 27
personas no Ɵenen conocimiento
de Fomerrey, lo que equivale a 22.5
por ciento del total de la muestra;
y 93 personas si conocen la insƟtución, lo que corresponde a 77.5 por
ciento del total de los casos.
Para conocer de una manera
más directa el comportamiento de
las variables ơtulo de propiedad y
la insƟtución Fomerrey se realizaron tablas de conƟngencia (tabla1),
donde se observa lo siguiente:
siete personas no Ɵenen ơtulo de
propiedad y desconocen de la existencia de Fomerrey, lo que equivale a 25.9 por ciento del total de
personas sin ơtulo de propiedad; y
20 personas que cuentan con el ơtulo de propiedad contestaron que
no están enterados de Fomerrey, lo
que equivale a 74.1 por ciento de
los encuestados que no están enterados de la existencia de Fomerrey.
Por otra parte, 39.8 por ciento
que representa a 37 personas no
Ɵene ơtulo de propiedad y dicho
porcentaje está enterado de la
existencia de Fomerrey; y 60.2 por
ciento del total de los encuestados
que admiƟó conocer Fomerrey y
cuenta con el ơtulo de propiedad,
como se observa en la tabla 1.
La mayoría de la población de
la muestra cuenta con ơtulo de
propiedad debido a que la colonia Tierra y Libertad Ɵene más de
40 años de haberse fundado y se
encuentra en una etapa avanzada
de consolidación, aunque existen
casos donde aún no se Ɵene título
de propiedad, representando una
minoría.
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
91
�Martha Alicia Cabrera Márquez / G. Gerardo Veloquio G.
Tabla 1. Tabla de conƟngencia título de propiedad y Fomerrey
NO
SÍ
Título de
propiedad
Fomerrey
NO
SÍ
Total
Recuento
Total
7
37
44
Frecuencia
esperada
Recuento
Frecuencia
esperada
Recuento
9.9
33.3
44.0
20
17.1
56
59.7
76
76.0
27
93
120
27.0
93.0
120.0
Frecuencia esperada
Fuente. Elaboración con base en datos de campo.
Tabla 2. Prueba de Chi-cuadrado ơtulo de propiedad y Fomerrey.
Valor
gl
Significancia asintóƟca (bilateral)
.188
Significancia exacta
(2-caras)
Significancia
exacta (1-cara)
1
Chi-cuadrado
1.731a
de Pearson
Corrección por
1.185
1
.276
conƟnuidad
Razón de vero1.799
1
.180
similitudes
Asociación lin.257
.138
eal por lineal
Número de
120
casos válidos
a. 0 casillas (0.0%) Ɵenen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia
mínima esperada es 283.91.
b. Calculado solo para la tabla 2x2.
Fuente: elaboración con base en datos de campo.
92
�PolíƟcas públicas para la regularización de la tenencia de la Ɵerra en el Área Metropolitana de
Monterrey (AMM): dos estudios de caso en las colonias Burócratas de Guadalupe y Tierra y Libertad
También se llevó a cabo la prueba
de Chi-cuadrado de independencia
para analizar la frecuencia entre las
variables ơtulo de propiedad y Fomerrey y así determinar si las dos
variables son independientes (tabla 2). Para esto se formularon las
siguientes hipótesis:
—Hipótesis nula (H0): las variables
ơtulo de propiedad y Fomerrey son
independientes.
—Hipótesis alternaƟva (H1): las variables ơtulo de propiedad y Fomerrey no son independientes, están
relacionadas.
En otra parte de la invesƟgación
se elaboraron entrevistas semiestructuradas a informantes clave,
los que desde diferentes ámbitos
conocen de cerca la problemáƟca
de los asentamientos irregulares,
obteniendo mediante el análisis
del discurso aportaciones que pueden contribuir a la estructuración
de una políƟca integral como lo
plantea la CEPAL y que aparece en
líneas anteriores.
Recomendaciones para aminorar los efectos negaƟvos de los
asentamientos irregulares, según
expertos en el tema:
Como el valor de la signicancia asintóƟca es mayor a 0.01, se
puede deducir que no existe una
relación estadísƟcamente signicaƟva entre la obtención del ơtulo
de propiedad y la insƟtución —Fomerrey— encargada de otorgar
seguridad en la tenencia de la Ɵerra para el caso de asentamientos
irregulares dentro del AMM, por
tanto se rechaza la hipótesis alternaƟva. Con esto podemos concluir
que la existencia de insƟtuciones
gubernamentales como Fomerrey
no garanƟza la regularización de
los asentamientos irregulares en el
AMM.
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
93
�Martha Alicia Cabrera Márquez / G. Gerardo Veloquio G.
Estructurar y mejorar la
economía del país.
Ámbito
económico
Con generación de empleos
dignos y bien remunerados.
Cubriendo en su totalidad el
rezago en vivienda.
Respuesta insƟtucional efecƟva.
Ámbito
político
Aplicación de políƟca regional con base.
Analizando las caracterísƟcas
especícas de cada lugar, de
cada ciudad: lo que puede ser
bueno para un estado puede no
funcionar en otro.
InsƟtuciones gubernamentales
encargadas de prevenir el
fenómeno de los asentamientos irregulares, contando con
reservas territoriales, ubicadas
dentro del área metropolitana,
desƟnadas a las personas de
escasos recursos económicos.
94
�PolíƟcas públicas para la regularización de la tenencia de la Ɵerra en el Área Metropolitana de
Monterrey (AMM): dos estudios de caso en las colonias Burócratas de Guadalupe y Tierra y Libertad
Estrategias y programas con
reglas de operación claras.
Establecer criterios de evaluación en los programas
ejecutados.
Erradicando de manera total
el clientelismo políƟco.
Ámbito
social
La regularización de la
tenencia de la Ɵerra, asegurando un patrimonio para
las futuras generaciones.
Reexiones nales“En América LaƟna la toma ilegal de terrenos es el
único medio de presión que permite a los pobres converƟrse en dueños de un pedazo de Ɵerra, ya que
el mercado inmobiliario les es inaccesible” (Alsayyad, 1993, citado en
Aparicio, C., 2008: 243). Mientras
no se establezcan medidas y acciones que resuelvan integralmente el
tema de los asentamientos irregulares, las invasiones y ocupaciones
de manera ilegal seguirán apareciendo en las ciudades.
Los habitantes de estos asentamientos buscan, en la medida de
sus posibilidades, adaptarse de la
mejor manera a las caracterísƟcas
del entorno. La convivencia, la solidaridad, la ayuda que se prestan
unos a otros establece lazos sociales fuertes, los cuales les permiten
organizarse para obtener mejores
condiciones en su entorno y elevar
su calidad de vida.
Dentro de la normaƟvidad, las
principales estrategias que se consideran para dirigir el rumbo del
país encontramos el combate al rezago en infraestructura social y de
servicios; atención a grupos vulnerables y en situación de riesgo; y
ampliar y garanƟzar los servicios de
salud con calidad. Sin embargo, es
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
95
�Martha Alicia Cabrera Márquez / G. Gerardo Veloquio G.
necesario tomar otro Ɵpo de medidas, ya que los asentamientos irregulares siguen proliferando en las
ciudades.
Desde la década de 1970, Fomerrey ha sido el encargado de
otorgar certeza jurídica a los habitantes de los asentamientos irregulares ubicados en el AMM. No obstante, dicho organismo gesƟona la
regularización de la tenencia de la
Ɵerra cuando el problema es un
hecho; Fomerrey no está facultado
para prevenir la toma de terrenos
de manera ilegal.
No existe una estrategia o políƟca pública encargada de proveer
suelo urbanizado a las personas de
escasos recursos económicos; por
tales moƟvos y como se expuso
con anterioridad, se ven obligados
a vivir en asentamientos irregulares.
La organización social es una
parte esencial del éxito para obtener la tenencia segura de la Ɵerra,
infraestructura urbana y mejores
servicios.
Lo que ha venido sucediendo
en la organización de la sociedad
es que gradualmente
la vivienda, equipamiento y el uso
de la Ɵerra, conducidos frecuentemente por militantes políƟcos
no parƟdarios, las asociaciones de
96
colonos y vecinos, autónomas con
relación al Estado, están en proceso de construir un movimiento
de masas, sentando las bases para
iniciaƟvas políƟcas más amplias
y apoyadas por una base popular
(Castells, M., 1981: 118).
Con esto, en suma, se garanƟza
consolidar una políƟca integral que
aƟenda las demandas de los grupos más vulnerables, diseñando
una estrategia basada en la parƟcipación y el diálogo de la ciudadanía
con la autoridad en la búsqueda de
soluciones adecuadas a las necesidades que afrontan.
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Recibido: 3 de octubre de 2014
Aceptado: 17 de octubre de 2014
�El espacio público y su fracaso como generador de calidad de vida urbana en los polígonos
de pobreza del Área Metropolitana de Monterrey (AMM)
El espacio público y su fracaso como
generador de calidad de vida urbana
en los polígonos de pobreza del Área
Metropolitana de Monterrey (AMM)
The public space and its failure as a source
of urban quality of life in poverty urban
polygons of Monterrey Metropolitan
Area (MMA)
Bernardo Ríos Mejía
Gabriel Díaz Montemayor
Resumen
E
l espacio público ha retomado, en los úlƟmos años, una
prominencia vital en el desarrollo de las ciudades alrededor del
mundo. La importancia de la calidad de vida en las urbes ha hecho
cambiar el paradigma morfológico
sobre la construcción y funcionamiento de las mismas. En América LaƟna, donde muchas ciudades
han crecido desordenadamente
debido a asentamientos irregulares
y falta de leyes que reglamenten la
dotación de espacio urbano, han
surgido propuestas para atacar estos problemas —en Medellín, Colombia, por ejemplo— por medio
de la implementación de programas que uƟlizan el espacio público
como catalizador para los progre-
sos sociales. Diversos han sido los
efectos de la aplicación de dichos
programas: la cohesión social,
apropiación vecinal de los espacios
públicos, baja de índices delicƟvos,
entre otros. El mejoramiento en la
infraestructura en general ha devenido un sostén urbano más sólido.
Por otro lado, el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) posee
gran décit de espacio público y
áreas verdes, aunado al deterioro
de los siƟos ya existentes; los polígonos de pobreza nos muestran
la situación más cruda de la urbe.
Se analiza, por ende, cuáles son las
condiciones del espacio público en
estas áreas y qué factores determinan su uso, así como su relación
con la calidad de vida urbana.
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
99
�Bernardo Ríos Mejía / Gabriel Díaz Montemayor
Palabras clave: espacios públicos,
parques, calidad de vida urbana,
polígono de pobreza.
Abstract
Public space has taken in recent
years, a vital importance in the
development of ci�es around the
world. Furthermore, the importance of quality of life in ci�es has
made morphological paradigm
change, not only on how ci�es are
build but how they func�on. In
La�n America, where many ci�es
have grown wildly due to se�lements and lack of law regula�on in
the provision of urban space; there have been proposals to address
these problems through the implementa�on of programs that use
public space as a catalyst for social
progress. Various have been the
effects of the implementa�on of
such programs, such as social cohesion, neighborhood appropria�on
of public spaces, low crime rates
among others. The improvement in
infrastructure in general has become a stronger urban support.
On the other hand, the AMM
has a large decit of public space and green areas, added to the
deteriora�on of exis�ng sites; poverty polygons show the starkest
situa�on of the city. Therefore we
100
analyze what are the condi�ons
of public space in these areas and
what factors determine their use,
plus their rela�on to the quality of
urban life.
Key words: Public spaces, parks,
quality of urban life, poverty polygon.
Deniciones
Según María de Lourdes García
Vázquez (2009), el espacio público corresponde al territorio de la
ciudad en el que cualquier persona �ene derecho a estar y circular
libremente, es decir, como un derecho. Estos espacios podrían clasicarse en dos �pos: los espacios
abiertos tales como plazas, calles,
parques, etcétera; y los cerrados,
como bibliotecas públicas, centros
comunitarios, entre otros. Autores
como Fernando Gaja García (2011)
lo denen en contraposición al espacio privado, donde el paso está
restringido por criterios de propiedad privada, reserva gubernamental u otros.
Jordi Borja (2000), teórico catalán, arma que dicho espacio no
debe ser concebido como el residuo entre lo construido y el espacio viario. En su opinión debe de
�El espacio público y su fracaso como generador de calidad de vida urbana en los polígonos
de pobreza del Área Metropolitana de Monterrey (AMM)
ser considerado un elemento ordenador del urbanismo, un espacio
de conƟnuidad y de alteridad, ordenador del barrio, arƟculador de
la ciudad y estructurador de la región urbana. Ahora bien, la función
del espacio público no se reduce
simplemente a ordenar la región
urbana, como lo mencionan Jordi
Borja (2000) y Olga Segovia (2005):
los espacios públicos denen la calidad de vida de una ciudad y por
ende de sus ciudadanos. Estudios
como los de Laura Berman (1997),
Charles A. Lewis (1996) y Frances E.
Kuo et al. (1998) han comprobado
que los habitantes de barrios que
poseen programas de áreas verdes
y espacios públicos aumentan sus
interacciones sociales, desarrollan
una idenƟdad y valores comparƟdos, estrechando lazos sociales en
comparación con el mismo Ɵpo de
vínculos que desarrollan ciudadanos alejados de áreas con esta Ɵpología.
En la actualidad, la gran mayoría
de los espacios públicos en nuestro
país se caracteriza por un estado
İsico precario y una ausencia de
usuarios, lo que ha devenido lugares que no resultan atracƟvos ni
seguros para la población. Este fenómeno ha originado, entre otras
cosas, una alta incidencia delicƟva
y violencia dentro de estas áreas
urbanas. Las pandillas o grupos
detractores del espacio público se
han apropiado de este territorio, y
los habitantes viven con la angusƟa permanente de converƟrse en
vícƟmas de los actos delicƟvos de
dichos grupos (Secretaría de Desarrollo Social, 2010). Jordi Borja
(2000) arma que en el imaginario
colecƟvo contemporáneo los espacios públicos se asocian con el conicto. Lo anterior incide indirectamente en la calidad de vida de los
ciudadanos.
Dilucidamos por ende el concepto de calidad de vida. Dicho
concepto puede remontarse a los
Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando
invesƟgadores como Angus Campbell (1981) y Glenda A. Meeberg
(1993) realizaban indagaciones sobre la percepción de las personas
acerca de una buena vida o si se
senơan nancieramente seguras.
Propiamente, el término calidad de
vida hace su aparición ya entrados
los años sesenta (Urzúa, A. y A. Caqueo-Urízar, 2012). Fue, de hecho,
hasta los años setenta que su uso se
generalizó, ello como reacción ante
criterios económicos cuanƟtaƟvos
que rigen los informes sociales,
de contabilidad social o estudios
de nivel de vida. Salvador Rueda
(2011) señala que la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) estableció en
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
101
�Bernardo Ríos Mejía / Gabriel Díaz Montemayor
1970 la necesidad de insisƟr que
la expansión económica no es una
nalidad en sí misma, sino un instrumento para incenƟvar mejores
condiciones de vida, por lo tanto
deben de enfaƟzarse sus aspectos de calidad. También Martha C.
Nussbaum y Amartya Sen (1996)
establecen que la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) arma que el Producto Interno Bruto (PIB) es una medida exigua del
bienestar de los ciudadanos, pues
la medición de aquélla no debe estar basada solamente en medidas
monetarias. En suma, las medidas
de bienestar deberían basarse en
diversos componentes que juntos
conformen el nivel de vida.
La calidad de vida es entonces
un concepto mulƟdimensional,
complejo y transversal, al cual conciernen rubros económicos, sociales, ambientales y İsico-espaciales,
tanto a nivel colecƟvo como individual (Cifuentes, M. et al., 2008).
Rosella Palomba (2002) aclara que
muchos autores aseveran que no
es posible hablar de calidad de vida
en general, sino de un dominio especíco de dicho concepto.
En el caso concreto de las metrópolis, los principales factores
que inciden negaƟvamente en la
calidad de vida urbana son los elevados Ɵempos de traslado, las con102
Ɵngencias ambientales, las condiciones de la vivienda precaria y la
falta de una oferta real de espacios
de uso común apropiados, donde
se efectúen acƟvidades de recreación que den uso y curso al Ɵempo
libre y permitan a las personas relacionarse con sus conciudadanos
(Bull, A., 2003).
Para efectos del presente arơculo, se dene ‘calidad de vida urbana’ como un concepto mulƟdimensional que concreciona calidad
de vida sobre el espacio urbano;
constructo social formado de tres
dimensiones: calidad ambiental,
bienestar e idenƟdad. El primer rubro incluye calidad y accesibilidad
de la vivienda y el vecindario, así
como calidad ambiental del aire,
limpieza y manejo de residuos. El
bienestar es la saƟsfacción de bienes y servicios básicos como empleo, educación, salud, vivienda,
transporte, dotación de espacios
públicos y de servicios. Finalmente,
la idenƟdad se dene como el grado de intervención y apropiación
de las personas sobre su medio.
�El espacio público y su fracaso como generador de calidad de vida urbana en los polígonos
de pobreza del Área Metropolitana de Monterrey (AMM)
El espacio público y su fracaso como
generador de calidad de vida urbana
en los polígonos de pobreza del Área
Metropolitana de Monterrey (AMM)
The public space and its failure as a source
of urban quality of life in poverty urban
polygons of Monterrey Metropolitan
Area (MMA)
Bernardo Ríos Mejía8
Gabriel Díaz Montemayor9
Introducción
L
a disparidad de condiciones
entre las áreas rurales y urbanas que dieron como resultado la movilización masiva de campesinos en búsqueda de empleos
y mejores servicios, así como el
crecimiento económico que experimentó México en el periodo del
“milagro mexicano”, generaron en
el país una gran migración que devino la urbanización del territorio
nacional en un periodo de poco
más de 40 años (Garza, G., 2002).
8
9
En 1950, menos de 43 por ciento
de la población habitaba en localidades urbanas, mientras que en
1990 la cifra era de 71 por ciento.
Actualmente, 80 por ciento de la
población habita en zonas urbanizadas, aunque dicho crecimiento
ha menguado en comparación con
el experimentado a mediados del
siglo XX (InsƟtuto Nacional de EstadísƟca y Geograİa, 2010).
Este rápido proceso de urbanización causó sin embargo una
densicación descontrolada y fragmentada de las ciudades (Ward,
Arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestría en Ciencias con Orientación en
Asuntos Urbanos por la UANL Especialidad en espacio público y su relación con la calidad de vida.
Arquitecto por la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Maestría en Arquitectura de Paisaje por la Universidad de Auburn, Alabama. Especialidad en bordes y periferias urbanas en ciudades fronterizas. Profesor Asistente de Arquitectura de Paisaje en
la Escuela de Arquitectura en la Universidad de Texas en AusƟn.
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
103
�Bernardo Ríos Mejía / Gabriel Díaz Montemayor
P., 1991) que vieron proliferar numerosos barrios populares y áreas
construidas bajo poca o nula regulación. Surgieron también barrios
periféricos que se extendieron sin
orden, creando áreas alejadas de
los servicios otorgados por el Estado y haciendo el abasto a los mismos más complicado para los organismos encargados (Secretaría de
Desarrollo Social, 2010); asimismo,
los núcleos periféricos quedaron
alejados de los centros de trabajo. A lo anterior cabe señalar que,
en México, 65 por ciento de las
viviendas del país pertenece a vivienda informal, es decir, desarrollos irregulares y autoproducción
de su hábitat. Y con los programas
de vivienda social existentes, construyendo mayoritariamente en
las periferias de las ciudades y sin
planeación (Sánchez, J., 2012), se
acentúa el problema de la dotación
de espacios públicos y acceso a
servicios como el transporte colecƟvo.
La carente planeación en la dotación de espacios públicos se ve
agravada debido a las condiciones
de los espacios ya existentes. Éstos
poseen grados signicaƟvos de
deterioro —graƟ en las paredes
y presencia de basura—, así como
signos de vandalismo. Lo anterior
se suma a la esƟgmaƟzación que
sufren por parte de la población, la
104
cual los calica como lugares peligrosos, ello de acuerdo a la Encuesta sobre calidad de vida, compeƟƟvidad y violencia social (ENCAVI)
y la Encuesta sobre percepción de
inseguridad, conducta de riesgo
y parƟcipación ciudadana (ENPICOR) (Secretaría de Desarrollo Social, 2010). En efecto, los espacios
públicos están posicionados en el
tercer lugar más inseguro dentro
del territorio urbano, según la opinión pública, con 42.7 por ciento,
después de la calle y el transporte
colecƟvo.
El espacio público ha dejado de
ser, hoy en día, un lugar de esparcimiento, recreación y convivencia, y
se ha converƟdo, por el contrario,
en el espacio donde se maniestan
los diversos conictos sociales (Segovia, O., 2005).
El deterioro de los espacios públicos reeja la falla de las redes
sociales y la pérdida de cohesión
social. Lo anterior, aunado a la pauperización de grandes sectores poblacionales, ha devenido la proliferación de inseguridad, delincuencia
y violencia urbana en general. Esta
percepción de inseguridad y abandono que las áreas públicas viven
actualmente son un proceso cíclico
y acumulaƟvo; si los espacios de
interacción social y los lugares en
donde la pertenencia colecƟva se
pierden, aumenta la inseguridad
�El espacio público y su fracaso como generador de calidad de vida urbana en los polígonos
de pobreza del Área Metropolitana de Monterrey (AMM)
(Cabrales, L., 2002: 42).
de área verde por habitante. Estándares internacionales señalan que
para contar con una ópƟma calidad
de vida en las ciudades, dichas cifras deben de ser de nueve metros
cuadrados por habitante como
mínimo, según lo establece la Organización Mundial de la Salud
(OMS); la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su parte
establecen casi el doble, 16 metros
cuadrados (Sierra, I. y J. RamírezSilva, 2010; Secretaría de Desarrollo Social, 2010). Autores como
Jordi Borja (2000) arman que la
existencia de zonas verdes y parques urbanos son factores de suma
importancia en la calidad de vida
de las ciudades, entendida esta
como una combinación de condiciones ambientales donde entran
la calidad del aire, agua, polución
audiƟva, vivienda, accesibilidad,
etcétera.
Espacio público y calidad de vida
urbana en el contexto del AMM
El AMM tuvo un crecimiento acelerado debido a la industrialización
establecida dentro del modelo de
susƟtución de importaciones. Entre los años 1950 y 1960, Monterrey casi duplicó su población al
crecer a una tasa de 6.7 por ciento
anual. Esta expansión, que conƟnuó hasta bien entrados los años
setenta, creció paralelamente al
desarrollo económico-demográco
de la urbe, acentuada por la creación de nuevos fraccionamientos
residenciales medios y bajos, así
como por la ocupación ilegal de
Ɵerras (Garza, G., 2008).
Estas condiciones de crecimiento acelerado y poca planeación urbana dieron como resultado una
morfología urbana fragmentada,
como lo menciona Peter Ward
(1991), así como una dotación insuciente de infraestructura urbana en espacios públicos y áreas
verdes.
Según el DiagnósƟco de rescate de
espacios públicos (Secretaria de
Desarrollo Social, 2010), el AMM
cuenta con 3.9 metros cuadrados
Espacio público y áreas verdes en
los polígonos de pobreza del AMM
En 2009 se publicó un estudio realizado por invesƟgadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL) para la Secretaría de Desarrollo Social, en el que 68 áreas
urbanas fueron denidas como
polígonos de pobreza dentro del
AMM. Se trata de espacios sociales
rezagados respecto al desarrollo
alcanzado por el resto de la me-
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�Bernardo Ríos Mejía / Gabriel Díaz Montemayor
trópoli donde están situados; de
zonas donde las políƟcas públicas
no han llegado o lo han hecho de
forma inadecuada. Estas áreas reejan en muchos aspectos su rezago, incluyendo áreas verdes y espacios públicos, como es el caso del
polígono del sector Independencia.
Este polígono no contaba con
espacios públicos ni áreas verdes
hasta la construcción del centro
comunitario “Bicentenario Independencia”; dicho sector contaba
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en ese año con una población de
116 mil 249 habitantes (Marơnez,
I., J., Treviño y M. Gómez, 2009). La
construcción del centro comunitario abrió oportunidades a la comunidad para asisƟr a talleres, clases
y acƟvidades diversas. Según el
diario El Horizonte (2013), los 200
talleres imparƟdos desde la inauguración del proyecto, en 2011,
han beneciado a más de 40 mil
ciudadanos.
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Fig. 1.0 Mapa del polígono de pobreza número 2. Elaboración propia con base en Google Earth
106
�El espacio público y su fracaso como generador de calidad de vida urbana en los polígonos
de pobreza del Área Metropolitana de Monterrey (AMM)
Otro estudio de áreas realizado sobre el polígono Edison muestra, de
acuerdo a las normas antes mencionadas y dictadas por la OMS,
que el área debería de contar con
192 mil metros cuadrados de espacios públicos y solo cuenta con 20
mil, es decir, hay un décit de 172
mil metros cuadrados (Tavares, A.,
2013).
En el estudio que realizamos en
el área del polígono número 2, se
constató que solo existen dos parques sirviendo a la zona, ubicados
en la periferia. Ambos cubren menos de 1.8 metros cuadrados de
área verde por habitante del polígono.
Lo anterior, de nuevo, comparado con la norma mínima de la
OMS de nueve metros cuadrados
de área verde por habitante. Además, según el urbanista Jan Gehl
(2009) un parque sirve a una po-
blación determinada de entre 400
y 500 metros a la redonda del espacio mismo, por ser las distancias
que la gente puede caminar fácilmente. Ello nos hace ver que existe
un área central en el polígono que
no está servida por ninguno de los
parques.
Factores de uso del espacio público en polígonos de pobreza
Aunado a la falta de espacios públicos y a la distribución fragmentada
de los mismos ya mencionada, existen otros factores que determinan
en gran medida el uso de dichos espacios. En las encuestas realizadas
dentro del polígono 2 se preguntó
si las áreas de los parques y sus alrededores eran consideradas seguras, a lo que una gran canƟdad de
personas contestó negaƟvamente.
■ Seguro
■ Segll.Ta
ln,,guro
lnsl!guro
■
Fig. 2.0 Parque Norte considerado un área
segura Elaboración propia
Na-s.ab~
Fig. 2.0 Parque Sur considerado un área segura
Elaboración propia.
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�Bernardo Ríos Mejía / Gabriel Díaz Montemayor
Lo anterior conrmó la aseveración del DiagnósƟco de rescate de
espacios público en el senƟdo de
que la esƟgmaƟzación de los parques como áreas peligrosas afecta
su uso, afectando a su vez el desarrollo de capital social en la comunidad. Olga Segovia (2005) arma
que el espacio público interesa
porque allí se maniesta la crisis de
la vida en la ciudad. Es donde convergen y se expresan acƟtudes y
contradicciones sociales, culturales
y políƟcas de una sociedad en una
época determinada.
Esta violencia que se expresa
directamente en el espacio público
de los polígonos de pobreza afecta la interacción y la uƟlización de
parques y plazas por parte de los
ciudadanos; lo anterior deviene
una pérdida de calidad del espacio
público. Olga Segovia (2005) arma
que la calidad de un espacio público se puede medir, principalmente,
por la intensidad y la variedad de
las relaciones sociales que el espacio facilita, por su capacidad de
mezclar diversos grupos y comportamientos y esƟmular la integración cultural.
Sería incorrecto armar que el
fracaso del espacio público como
generador de calidad de vida urbana sea atribuido a un factor en
especíco, pues la situación es claramente mulƟfactorial; es incluso
108
no imputable, en diversos casos,
al espacio público mismo. El contexto en el que se insertan estos
espacios es equiparablemente importante a los propios espacios.
Como podemos observar, los tres
principales problemas son la falta
de oferta, el deterioro de los siƟos
ya existentes, así como la violencia
y consecuente esƟgmaƟzación que
estas áreas presentan. Sin embargo, podemos hablar de fracaso ya
que los espacios existentes no presentan las condiciones necesarias
para su ópƟmo funcionamiento, lo
que por ende afecta la calidad de
vida urbana.
Conclusión
Planear el espacio viario como ordenador y soporte del desarrollo
de la región urbana es de vital importancia para poder seguir mejorando la calidad de vida urbana de
los ciudadanos. Hoy en día, el paradigma de ciudad está cambiando;
proyectos como los desarrollados
en las ciudades colombianas de
Medellín y Bogotá, y en la de CuriƟba, Brasil, nos muestran que en
estas ciudades con problemáƟcas
sociales, económicas y políƟcas similares, algo se está haciendo.
Los espacios públicos, aunque
no afectan directamente la calidad
�El espacio público y su fracaso como generador de calidad de vida urbana en los polígonos
de pobreza del Área Metropolitana de Monterrey (AMM)
de vida, afectan la construcción
teórica del concepto, y al ser este
de concepción mulƟdimensional,
afectan un rubro del mismo. Por
ello, si se quiere mejorar la calidad
de vida urbana, se deben de abordar diversas problemáƟcas urbanas, entre ellas la que nos incumbe.
El AMM, empero, sigue aplicando soluciones bajo un paradigma
de ciudad de la posguerra: pasos a
desnivel, desarrollos periféricos sin
planeación, ni dotación de espacio
público, ni áreas verdes, preponderancia del automóvil, rutas de
transporte inecientes. La legislación debería contener normas
y propuestas que benecien a los
ciudadanos y les proporcionen la
canƟdad de áreas recreaƟvas para
un desarrollo integral, así como
propuestas para resolver los problemas antes mencionados.
Los polígonos de pobreza, por
su parte, se presentan como zonas
de rezago que evidencian los errores comeƟdos por falta de planeación. Sin embargo, y al igual que el
urbanismo social aplicado en Medellín por el alcalde Sergio Fajardo
Valderrama y su equipo, son también áreas de oportunidad hacia
donde se deben de desƟnar recursos para que la ciudad crezca con
mayor equidad de desarrollo social
y económico. Las acciones tomadas por la municipalidad fueron,
en este caso, la construcción de
áreas verdes, parques, bibliotecas,
centros comunitarios, transporte
por medio de teleférico, ensanche
de banquetas, todo sobre zonas rezagadas parecidas a las delimitadas
dentro del estudio de polígonos de
pobreza.
La incidencia del espacio público no solo se limita a mejorar las
opciones recreaƟvas, sino que también inuye en la salud de las personas, en el aire debido a las áreas
verdes, así como en la mejora del
capital social de una comunidad.
Por ello es importante que el
espacio público y el desarrollo del
AMM sean resueltos a la par y sustenten una importancia similar en
las agendas. Tanto las legislaciones
gubernamentales como la sociedad civil deben de saber sus derechos y responsabilidades para algo
tan esencial que es inherente a la
ciudad misma. Como lo menciona
Henri Lefebvre (2009), al hablar de
ciudad se habla inminentemente
de plazas y calles, es decir, de espacio público.
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Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
Recibido: 3 de octubre de 2014
Aceptado: 18 de octubre de 2014
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�Religiosidad y violencia en la construcción social de la idenƟdad: el caso de la colonia
Independencia en Monterrey
Religiosidad y violencia en la construcción
social de la idenƟdad: el caso de la colonia
Independencia en Monterrey
Religiosity and violence in the social construcƟon
of idenƟty: the case of colonia Independencia in
Monterrey City
Alejandro García García
Resumen
E
ste trabajo combina una serie de informaciones obtenidas a través de grabaciones
de audio y video con personas mayores de edad, habitantes de los
barrios de la colonia más anƟgua
de Monterrey, la Independencia,
cuna del famoso barrio de San Luisito, y su posterior análisis e interpretación. Se trata de narraciones
que nos ayudan a atar los cabos
históricos de la zona y acercarnos a
la concepción que los propios habitantes Ɵenen de sus barrios, su colonia y de la ciudad donde habitan.
Palabras clave: barrio, violencia, religiosidad, espacio urbano.
neighborhoods of the most ancient colony of Monterrey: Colonia Independencia, home of the
famous neighborhood San Luisito.
The analysis and interpretaƟon of
this stories help relate events and
places of that historical area, and
dene the concepƟon of these residents about of their own neighborhoods and the city where they
live.
Keywords: Neighborhood, Violence, Religiosity, Urban space
Abstract
This study combines a set of informaƟon collected via audio and
video from some residents of the
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
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�Alejandro García García
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�Religiosidad y violencia en la construcción social de la idenƟdad: el caso de la colonia
Independencia en Monterrey
Religiosidad y violencia en la construcción
social de la idenƟdad: el caso de la colonia
Independencia en Monterrey
Religiosity and violence in the social construcƟon
of idenƟty: the case of colonia Independencia in
Monterrey City
Alejandro García García10
Introducción
Q
ueremos acercarnos a un
primer nivel de interpretación del papel que juegan la religiosidad y la violencia
en la construcción de idenƟdades
grupales generadas territorialmente en los barrios populares.
Nos interesa describir, con algunos
ejemplos, las formas en las que las
personas viven su realidad coƟdiana y los elementos reales e imaginarios asociados a la consƟtución
de su territorio, de su barrio, a lo
largo del Ɵempo. No hay que olvidar que, como dice Gilberto Jiménez (citado en Chihu, A., 2002): “la
idenƟdad implica la percepción de
ser idénƟco a sí mismo a través del
Ɵempo, del espacio y de la diversidad de situaciones, más que de
permanencia habría que hablar de
conƟnuidad en el cambio”.
Se ha hecho énfasis aquí en los
procesos relacionados con la producción de formas de idenƟdad
grupal a través del uso de las calles
y el fundamental papel del barrio
como escenario abierto a la aparente contradicción entre violencia
y prácƟca religiosa: “como un espacio de inscripción de la memoria
colecƟva, como soporte material
de la vida comunitaria y como referente simbólico de la idenƟdad
colecƟva” (Chihu A., 2002: 52).
Antecedentes
La Loma Larga se exƟende frente al centro de la ciudad, al lado
sur. Aquélla es dividida por un río
10 Doctor en Antropología. Profesor invesƟgador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Autónoma de Nuevo León
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
115
�Alejandro García García
de amplio cauce —no obstante
permanezca seco la mayor parte
del tiempo—, el Santa Catarina,
que separa literal y simbólicamente
los grupos sociales del Monterrey
actual, ubicando a los inmigrantes,
a los posesionarios o “paracaidistas” en esta loma aparentemente
inhóspita.
El foco de análisis de los procesos de construcción de idenƟdades
grupales está ligado a la relación
territorio-barrio, pues parƟmos del
hecho de que, como señala Aquiles
Chihu Amparán: “la idenƟdad de
los sujetos se consƟtuye en parte
por el arraigo a una localidad, a un
territorio donde coƟdianamente
se realizan prácƟcas y costumbres,
las cuales a su vez le adjudican a
ese lugar su parƟcular disƟnción”.
Aclara sin embargo que “dentro de
un mismo territorio İsico, pueden
construirse diferentes lugares, en
la medida en que en ellos los diversos actores realizan diferentes
prácƟcas estableciendo así diferentes Ɵpos de fronteras, y por lo mismo diferentes idenƟdades” (Chihu
A., 2002: 18-19). Y es precisamente
esta interacción en la diversidad la
que genera el choque entre formas
de vida originadas en disƟntas regiones del campo mexicano, entre versiones sobre lo permiƟdo y
lo prohibido, sobre lo público y lo
privado, que producen una tensión
116
entre tolerancia y agresión, en donde esta úlƟma termina por vencer.
La colonia Independencia es
un lugar poblado básicamente
por migrantes de los estados de
San Luis Potosí y Zacatecas, asentados desde nales del siglo XIX.
Curiosamente los pobladores de
la parte más baja de la loma y con
más Ɵempo en la ciudad, aunque
también emigrantes, rechazan a
las personas de la parte alta de la
loma, población otante donde el
consumo y venta de drogas es más
intenso y hay mayor peligro para
los considerados extraños.
Para los regiomontanos resulta
claro que cruzar hacia la colonia
Independencia es adentrarse en el
siƟo donde se combinan la violencia y la religiosidad, donde la vida
coƟdiana está compuesta de una
amplia permisividad alternada con
reacciones agresivas inusitadas y
extremas.
Violencia y religiosidad en el espacio urbano
El territorio es “un espacio de inscripción de la memoria colecƟva,
como soporte material de la vida
comunitaria y como referente simbólico de la idenƟdad colecƟva”
(Chihu A., 2002: 52). Los barrios de
la Independencia Ɵenen una voca-
�Religiosidad y violencia en la construcción social de la idenƟdad: el caso de la colonia
Independencia en Monterrey
ción ligada directa o indirectamente con la violencia y la religiosidad,
en una mezcla que intentaremos
describir y que parece reproducirse en otras ciudades de América
LaƟna.
La comprensión de las caracterísƟcas estéƟcas del espacio urbano de estos barrios, vinculadas con
las propuestas éƟcas de los grupos
sociales que habitan ese espacio,
es una vía fundamental de análisis
en el intento de comprender cuáles
son las caracterísƟcas deseables de
crecimiento urbano, y qué factores, por ejemplo, favorecen o desfavorecen la generación de delitos
callejeros.
Nuestra invesƟgación pretende
vincular el análisis de corte social
con la perspecƟva urbanísƟca, mediante la revisión de las tendencias
materiales en los ámbitos urbanos
donde se suscita la violencia con
la intención de idenƟcar si existe
algún patrón común en los siƟos
donde estos hechos se presentan.
La relevancia de este estudio
para la ciudad de Monterrey es
de gran magnitud puesto que su
crecimiento sigue, de manera descontrolada, generando ámbitos urbanos en lugares inhóspitos, poco
propicios para la edicación, generalmente obtenidos a parƟr de la
“ocupación” ilegal de los predios,
regularmente por grupos de inmi-
grantes apoyados por algún líder
políƟco del cual resultan ser una
“fuerza social” en épocas electorales. La violencia en estos y otros
siƟos es un fenómeno que deriva
en la nulicación de la libertad de
recorrer libremente la ciudad, que
manƟene a los sujetos “presos” de
sus ruƟnas, limitados y temerosos
de explorar calles y lugares de acá
o allá.
Aparentemente, a parƟr de
ellos los casos de violencia urbana
siguen en crecimiento, en grado de
peligrosidad, apareciendo como
uno de los fenómenos que deterioran el ambiente social y provocan reacciones autoritarias, en el
ámbito de una relación conicƟva
que va en escalada entre policías y
bandas.
Este es un esfuerzo por destacar la complejidad de las formas
de interacción de un grupo de personas idenƟcadas a parƟr de su
ubicación en un mismo entorno
territorial y ambiental; y es a través
de la comprensión de la conguración de los espacios urbanos de las
estrategias materiales usadas para
denir los diversos territorios y sus
personalidades en cada calle
—
únicos, aunque integrados al todo
del barrio, al contexto especíco
donde se crece, se descansa, se
ama, en una amalgama extrema—,
donde se unen y toleran diversos
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
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�Alejandro García García
paradigmas éƟcos. Desde nuestro
punto de vista, hay que tomar distancia y comprender qué signicado parƟcular Ɵenen estas piezas
en el rompecabezas de la vida en
la ciudad para apreciar, como consecuencia, la diversidad y peculiaridad de procesos de interacción,
así como de estrategias de sobrevivencia y tolerancia que se llevan a
cabo.
En cuanto a uno de los posibles
orígenes de la violencia en la colonia Independencia, el historiador
Daniel Sifuentes comenta de la
existencia, durante los años cuarenta del siglo XX, de varios rastros
en la colonia, lo que propiciaba que
muchos de los trabajadores salieran por las tardes del trabajo con
sus utensilios —cuchillos, navajas,
etcétera—; luego en las canƟnas o
fuera de ellas las peleas se presentaban muy frecuentemente, generalmente por problemas causados
por los juegos de cartas o dados.
Los conictos —que terminaban en
duelos “cuchillo en mano”— fueron forjando el ambiente social que
genera al personaje violento de los
años cincuenta y que se ha transformado a lo largo del Ɵempo para
ser sin embargo semejante, más
joven y actuando generalmente en
grupos o “bandas”.
Los barrios de “la Indepe” —
como la llaman sus habitantes y los
118
regiomontanos en general— son
de una composición heterogénea,
donde viejas y nuevas generaciones enfrentan —muchas de las
veces de manera violenta, como
se puede constatar— disƟntas versiones acerca de lo que debe ser su
ambiente social. Estos barrios conƟenen una idenƟdad convenida de
manera implícita entre sus habitantes, un senƟdo de territorialidad y
apego a un ambiente y a un grupo
de personas especícos, una tradición con un largo pasado en cada
esquina, en cada recoveco.
La música colombiana opera
como ambiente acúsƟco y mensaje
social que impregna a las zonas altas de la Loma Larga y a gran parte
de los jóvenes de los barrios de escasos recursos de la zona metropolitana de Monterrey. En cuanto a la
“personalidad” de sus barrios, hay
que decir que la colonia Independencia fue y es conocida aun por
su carácter bastante agresivo en la
mayoría de ellos; en el imaginario
social es considerada por los habitantes de la ciudad como un lugar
peligroso, especialmente por la noche.
La tolerancia Ɵene su contraparte directa en la violencia callejera, especialmente las peleas entre pandillas, entre vecinos o las
peleas intrafamiliares que “salen”
de la casa a la calle. Fácilmente se
�Religiosidad y violencia en la construcción social de la idenƟdad: el caso de la colonia
Independencia en Monterrey
pasa de un extremo al otro, no hay
grados, solo hay extremos: o una
cosa o la otra. Lo más asombroso
para la mayoría externa es aquí coƟdiano, donde hay una larga tradición “sangrienta” y donde, sin embargo, los niños crecen y, junto con
los jóvenes y los adultos, intentan
ser felices, a pesar de la discriminación social que los acosa y una
pobreza profunda que favorece las
posibilidades de optar por los negocios ilícitos. Esta discriminación
hacia el grupo territorialmente vinculado genera como respuesta una
solidaridad a toda costa entre ellos,
por encima de la moral, de la policía y de la sociedad entera.
Por lo que se observa, el uso
semiprivado de ciertos espacios de
la vía pública que se presenta en
varias calles de la colonia, y especialmente en los alrededores del
santuario y basílica de la Virgen
de Guadalupe, atrae normalmente
a persona de toda edad, ancianos
abandonados, niños de la calle,
vagabundos, dementes, etcétera,
que encuentran en los microambientes creados en las calles o los
lotes baldíos su espacio de vida.
Podríamos decir incluso que el
guadalupanismo es un movimiento religioso en donde el perdón se
exƟende hasta el delincuente, el
marginal, el abandonado, el vagabundo, la prosƟtuta, aceptando a
todos por igual.
El principal siƟo nodo, como diría Kevin Lynch, de la colonia Independencia está situado en el conjunto que integran, en una misma
plaza, al santuario y la basílica de la
Virgen de Guadalupe y que funciona a manera de foco de irradiación
religiosa que parte de ahí, primero,
hacia el sector de manzanas que
rodea de manera cercana los templos (Lynch, K., 1984: 89); luego a la
colonia y posteriormente a toda la
ciudad, e incluso a toda la región,
en los meses de esta de noviembre y diciembre. Gilberto Jiménez
señala que:
los santos patronos funcionan
como una especie de emblema por
referencia al cual se dene la delidad del grupo, se reconocen entre
sí los miembros de la comunidad y
se establecen las reglas de la hospitalidad y la exclusión. Se trata de un
modelo de autoidenƟcación que
puede relacionarse con el proceso
psicoanalíƟco de idenƟcación con
un padre común (citado en Chihu,
A., 2002: 55).
La pobreza ha forjado aquí interesantes estrategias de solidaridad
que se reejan en el uso de los espacios privados que son “cedidos”
al barrio. Por ejemplo doña Lupe,
ahora difunta, hizo primero un gran
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
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�Alejandro García García
altar dedicado a la Virgen de Guadalupe en un cuarto de su casa que
daba directamente a la calle, y con
el paso de los años se convirƟó en
velatorio gratuito para las familias
más pobres de la colonia: “ese pedacito, un cuarƟto, se le presta a la
gente para que velen a sus muertos
cuando no Ɵenen para más, ahí es
a donde llega el padre o las monjitas a rezar”, comenta una de las
vecinas.
Es innegable que las formas especícas de interacción personal
generadas por un mismo objeƟvo
religioso conguran en mucho los
iƟnerarios y los encuentros de un
sinİn de personas del barrio. Tanto
la ubicación de un templo en determinado siƟo, como la generación
“espontánea” de lugares sacros en
la colonia, representan una forma
de parƟcularizar a los barrios, de
inuir en las acƟvidades de sus habitantes y generar de esta manera
una idenƟdad grupal de corte territorial.
Si, como dice Gilberto Jiménez,
la idenƟdad es “el conjunto de repertorios interiorizados —representaciones, valores, símbolos—,
a través de los cuales los actores
sociales —individuales y colecƟvos— demarcan sus fronteras y se
disƟnguen de los demás actores
en una situación” (Chihu, A., 2002:
38-39), la violencia entre grupos
120
de jóvenes de diferentes barrios
parece insisƟr en este asunto de la
demarcación de los connes, una
disƟnción que parte de lo territorial y que indica mayor capacidad
de defensa de sus límites frente a
otros barrios o frente a la policía.
Es importante mencionar que la
forma misma de apropiación de la
Ɵerra en las partes altas de la loma
ha determinado aparentemente
un cierto rasgo básico de violencia,
pues los terrenos son “tomados”
y defendidos de esta forma contra
dueños legíƟmos o autoridades policiacas y judiciales municipales o
estatales. Hay entonces una caracterísƟca básica de origen en la personalidad de los “posesionarios”:
su capacidad de luchar de forma
directa, a través incluso de la agresión İsica, para defender su barrio,
su vivienda.
En cuanto a la relación de estas
manifestaciones de violencia con
el espacio urbano concreto en el
que se desarrollan, Daniel Sifuentes comenta en relación con la colonia: “un intento de explicación
de esta acƟtud hosƟl proviene de
lo abrupto del terreno y de la falta
de alumbrado público que durante
mucho Ɵempo padeció este lugar,
pues pasando la calle de Lago de
Pátzcuaro, la colonia se converơa
en una boca de lobo”:
�Religiosidad y violencia en la construcción social de la idenƟdad: el caso de la colonia
Independencia en Monterrey
Las autoridades estatales en un
intento de baƟr el índice de actos
fuera de la ley, apoyaron la creación de una Comandancia de Policía, pero lo hicieron destruyendo
un campo deporƟvo que ya tenía
algún Ɵempo funcionando con
buenos resultados. Los vecinos al
principio se opusieron, pero acabaron por aceptar la reubicación de la
cancha detrás de las instalaciones
de agua y drenaje, sobre Ɵerra pedregosa y con mucho declive, diİcil
para pracƟcar algún deporte (1994:
442).
Los espacios cambian de orientación a lo largo del día y parece
hasta ahora evidente que con la
llegada de la noche la presencia de
hechos violentos en las calles es
más frecuente. También existe una
dinámica disƟnta dependiendo del
día de la semana de que se trate,
si es día de pago, etcétera. Y nalmente existen épocas del año más
propicias para las dinámicas de
corte fesƟvo: navidad, año nuevo,
entre otras, que regularmente van
acompañadas de un alto consumo
de alcohol y de una permisividad
que se exƟende de la noche al día
sin interrupción.
La violencia permanente que se
vive en las calles, especialmente en
la zona más alta, parece generarse
como consecuencia de una apropiación de los espacios públicos
por grupos o pandillas de jóvenes
que parƟcipan en estas agrupaciones de carácter territorial, que viven totalmente fuera de los ámbitos de lo escolar o lo laboral y que
aƟenden a los problemas de sobrevivencia desde —por ejemplo— la
venta y consumo de drogas. Para
Daniel Sifuentes la falta de áreas
verdes en la colonia seguramente
inuye en los altos niveles de violencia que se presentan.
Una relación conveniente entre
lo público y lo privado parece verse
desequilibrada cuando los jóvenes
se asientan en cruceros o áreas de
paso común y se asume como privada o semiprivada una zona pública, estableciendo un control sobre
ese espacio como la expresión violenta de una organización que dene así una idenƟdad grupal. En diversos puntos las redes de contacto
social informal “parecen depender
de la existencia de espacios semipúblicos, si los espacios no existen
la red se disuelve” (Rapoport, A.,
1978: 25).
En 1994, el historiador César
Morado comentaba respecto a la
violencia callejera en la colonia objeto de estudio: “actualmente, el
punto de idenƟdad localizable es
el rechazo a la acción represiva de
los elementos policiacos, ellos son
el enemigo común para la mayoría
de los jóvenes que deambulan por
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
121
�Alejandro García García
las calles de la Indepe” (1994: 318).
Hay un cierto conocimiento
por parte de los vecinos acerca de
los horarios en que se puede pasar caminando sin problema y los
momentos en que el área de paso
está “tomada” por la pandilla local
o algún personaje o personajes conocidos por violentos. Es evidente
que “los fragmentos de territorio
son, de manera suƟl pero clara,
‘centros del mundo’ para los grupos sociales que los delimitan... El
territorio se transforma en un contexto muy rico en estructuras signicaƟvas. Una calle deviene algo
más que una calle” (OrƟz, V., 1990:
117). Hay que decir —en descargo
de los grupos de jóvenes— que la
agresión se genera a parƟr de la
lucha territorial de grupos con caracterísƟcas muy diferentes: entre
adultos jefes de familia y jóvenes
pandilleros, entre pandillas y policía, etcétera, ello independientemente de la violencia intrafamiliar,
muy frecuente también en el lugar.
La disƟnción de los barrios de
la colonia a parƟr de su carácter
aguerrido se cantaba en corridos
que destacaban la bravura del propio barrio, retando en sus letras a
los demás, ya desde principios del
siglo XX.
La violencia de las bandas o pandillas juveniles está generalmente “catalizada” por el consumo de
122
drogas, lo que convierte a estas en
más excesivas y automáƟcas o fáciles de conseguir. La gratuidad, la
desmesura, el aprovechamiento de
oportunidades donde hay mayor
ventaja, son formas de respuesta
social que repercuten directamente en el Ɵpo de vida de los otros habitantes y van deniendo la idenƟdad percibida en el exterior acerca
del barrio. En este senƟdo, habría
que señalar que hay personas que
de hecho niegan en su vida social
su residencia en la colonia.
Conclusión
Hay una combinación entre religiosidad y violencia urbana durante
décadas en la colonia Independencia que ha propiciado en estos
barrios, como diría Néstor García
Canclini, las “formas locales que
adopta la vida de una comunidad”
(Ainsa, F., 1996). Aunque pareciera que abordamos asuntos que no
Ɵenen relación entre sí, e incluso
que son opuestos, tenemos múlƟples ejemplos de sus formas de conexión: los jóvenes integrantes de
muchas pandillas rinden culto a la
Virgen de Guadalupe, imagen que
portan en sus largas camisas con
fondo negro y de vivos colores o se
le ve estampada en los murales y
graƟ de las bardas de sus barrios.
�Religiosidad y violencia en la construcción social de la idenƟdad: el caso de la colonia
Independencia en Monterrey
Hay casos en los que violencia
y religiosidad están directamente vinculadas, por ejemplo en la
veneración como santo de Jesús
Malverde, en Culiacán, Sinaloa, por
familias de narcotracantes y asesinos a sueldo; o la llamada Virgen
de los Sicarios, en Medellín, Colombia. Encontramos, en un nivel más
psicosocial, al uso de tatuajes con
imágenes religiosas como cristos
o vírgenes de Guadalupe en individuos altamente peligrosos como
asaltantes o asesinos a sueldo.
Hay que comentar que excepcionalmente se han presentado
cambios radicales en algunos de
los barrios de la colonia objeto de
estudio. Citemos de ejemplo el
generado por aquella creencia en
un Niño Dios que —según la dueña de la casa— lloraba sangre. Los
entrevistados comentan que en la
época del suceso se hacían colas
larguísimas de personas provenientes de toda la región que querían ver al Niño Dios. Este singular
hecho viene a transformar un barrio muy conicƟvo, generando un
freno simbólico a la agresividad
que antes reinaba: la religiosidad
se “apropió” y transformó el microambiente y las formas de interacción entre las personas. Poco a
poco cambió la sonomía del lugar;
ahora hay ahí, incluso, una pequeña capilla.
La acƟvidad religiosa, principalmente de grupos de mujeres
madres de familia, representa una
lucha indirecta para tratar de imponer otra lógica en el manejo del espacio urbano y las relaciones entre
las personas: una batalla silenciosa
contra la violencia dentro y fuera
de la casa. En ese mismo senƟdo,
la predicación de casa en casa por
parte de los TesƟgos de Jehová, los
nes de semana, ha sido también
muy importante en la transformación de las formas de interacción
entre la gente, dentro y fuera de
sus viviendas.
La interpretación de los escenarios descritos permite reconocer
nuevamente que las propuestas
urbanas no pueden proponerse
“desde arriba”, sino desprenderse
del análisis de las formas de interacción de los grupos sociales para
los cuales se está diseñando, pensar en cuáles son sus iƟnerarios,
sus formas de relación en las calles,
sus ritmos de acƟvidad especícos,
etcétera. Las propuestas urbanas,
en resumen, deben derivarse del
reconocimiento de estas formas de
organización grupal y sus efectos
sobre el uso del territorio.
La intención de este trabajo ha
sido poner de relieve las formas de
presencia de religiosidad y violencia en las calles como motores de la
reconstrucción permanente de la
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
123
�Alejandro García García
idenƟdad colecƟva de los barrios,
pensando en que el fenómeno se
está repiƟendo en muchas otras
ciudades de América LaƟna y que
los estudios urbanos no pueden
quedarse al margen de esta situación.
Parece indispensable reconocer
en Monterrey estos espacios urbanos cuya existencia se pretende
ignorar y que conforman el complejo tejido de la sociedad. Actualmente se habla en muchos foros
académicos y políƟcos acerca del
mulƟculturalismo y el respeto a las
diferencias, atendiendo a realidades internacionales aún difusas y
conservando, sin embargo, un alto
grado de miopía respecto a nuestras formas internas de diversidad
cultural.
Bibliograİa
Ainsa, Fernando, 1996, “Los desaİos de la posmodernidad y la globalización: ¿IdenƟdad
múlƟple o idenƟdad fragmentada?, Revista
Escritos, Revista del Centro de Ciencias del
Lenguaje, núms. 13-14, enero-diciembre,
Universidad Autónoma de Puebla.
Chihu Amparán, Aquiles, 2002, “Sociología de
la idenƟdad”, en Aquiles Chihu Amparán
(coord.), Sociología de la idenƟdad, México,
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa/Miguel Ángel Porrúa Editor.
Lynch, Kevin, 1984, La imagen de la ciudad, Barcelona, Gustavo Gili.
Morado, César, 1994, “San Luisito ... un barrio,
un puente, un mercado (1887-1992). Un
puente de idenƟdad”, en Historias de nuestros barrios, Gobierno del Estado de Nuevo
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OrƟz, Víctor Manuel, 1990, El barrio bravo de
Madrigal, El Colegio de Michoacán, Zamora,
Michoacán.
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forma urbana, Barcelona, Gustavo Gili.
Sifuentes, Daniel, 1994, “Crónica de la colonia
Independencia”, en Historias de nuestros
barrios, Gobierno del Estado de Nuevo
León.
Recibido: 14 de octubre de 2013
Aceptado: 28 de mayo de 2014
124
�HacƟvismo ante el establecimiento de la agenda
HacƟvismo ante el establecimiento
de la agenda
HacƟvism to the Establishment
of the Agenda
Cruz García Lirios
Javier Carreón Guillén
José Alfonso Aguilar Fuentes
Resumen
E
l establecimiento de una
agenda es un fenómeno sociopolíƟco que vincula al
Estado, medios de comunicación
y sociedad en un conglomerado
de tecnologías y temas que promueven o desesƟman la discusión pública y la deliberación de
propuestas como indicadores de
la parƟcipación civil, políƟcas públicas y derecho a la información.
En ese senƟdo, una agenda sociopolíƟca es el resultado de los encuentros y desencuentros entre
los actores y las redes de opinión
pública. El presente trabajo expone
los estudios más recientes sobre la
agenda sociopolíƟca y discute sus
implicaciones en las esferas civiles
a través de observatorios ciudadanos, redes de conocimiento y
grupos de discusión. Este ejercicio
permiƟrá discernir el impacto de la
difusión de información en la for-
mación de opinión pública y las decisiones de gobernanza con énfasis
en la ausencia del emprendedurismo informaƟvo, principal síntoma
de la democracia contemporánea.
Palabras clave: internet, agenda,
hacƟvismo, emprendimiento, virtud.
Abstract
The agenda seƫng is a sociopoliƟcal phenomenon that links the
state, media and society as a conglomeraƟon of technologies and
topics that promote or dismiss
public discussion and deliberaƟon
of proposals as indicators of civic
parƟcipaƟon, public policy and
law to informaƟon. In that sense, a socio-poliƟcal agenda is the
result of encounters and clashes
between the actors and public net-
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
127
�Cruz García Lirios / Javier Carreón Guillén / José Alfonso Aguilar Fuentes
works. This paper presents the latest research on the socio-poli�cal
agenda and the related effects on
civilian areas through observatories ci�zens, knowledge networks
and discussion groups. This exercise will discern the impact of the
dissemina�on of informa�on in the
forma�on of public opinion and go-
128
vernance decisions with an emphasis on entrepreneurship absence of
informa�on, the main symptom of
contemporary democracy.
Keywords: internet, calendar, hac�vismo, entrepreneurship, under.
�HacƟvismo ante el establecimiento de la agenda
HacƟvismo ante el establecimiento
de la agenda
HacƟvism to the Establishment
of the Agenda
Cruz García Lirios11
Javier Carreón Guillén12
José Alfonso Aguilar Fuentes13
Introducción
S
e enƟende por establecimiento de agenda aquel fenómeno en el que sociedad
y Estado se relacionan en función
de la opinión pública que se vierte en las redes sociales y los temas
que se difunden en los medios de
comunicación.
No obstante, en el caso de la
construcción de una agenda sociopolíƟca parƟcipan cuando menos
el Estado, los medios de comunicación, grupos disidentes y opinión
pública. Esto es así porque el establecimiento de temas sociopolíƟcos es el resultado de representa-
ciones sociales que antes fueron
creencias y percepciones, y que al
cabo de un periodo suciente se
convirƟeron en valores y normas
de grupo. Posteriormente, las representaciones sociales fueron
asumidas como disposiciones heredadas y adquiridas en la interacción con otros grupos y, nalmente,
la formación de acƟtudes relaƟvas
a los temas de discusión incidió en
decisiones y acciones acordes a las
libertades, oportunidades, capacidades y responsabilidades que el
contexto les permiƟó.
Sin embargo, el establecimiento
de la agenda no supone un proceso
lineal por el que necesariamente
11 Estudios de Doctorado en Psicología Social y Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Facultad de Psicología. Profesor de asignatura, Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM), Unidad Académica Profesional Huehuetoca. Correo electrónico: garcialirios@
yahoo.com
12 Doctor en Administración, UNAM. Profesor Ɵtular “C”, Escuela Nacional de Trabajo Social. Adscrito al Sistema Nacional de InvesƟgadores (SNI), nivel 1. Correo electrónico: javierg@unam.mx
13 Doctor en Ciencias de la Comunicación, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad
Xochimilco. Profesor de Ɵempo completo, UAEM, Unidad Académica Profesional Huehuetoca.
Correo electrónico: jaaguilarf@uaemex.mx
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
129
�Cruz García Lirios / Javier Carreón Guillén / José Alfonso Aguilar Fuentes
debe procesarse la información.
Más bien incluye dimensiones para
su análisis, las cuales serían:
—Crisis económicas, desaceleración y recesión de la producción y
el consumo, así como escasez de
recursos naturales y emergencia de
grupos delicƟvos.
—Regímenes de gobierno y formas
de Estado que determinarán las relaciones con adherentes, simpaƟzantes, disidentes u opositores.
—Ausencia o presencia de grupos y
parƟdos disidentes para la competencia por el poder políƟco.
—Ideología políƟca, parƟdista o
sectorial y su diseminación en los
foros de debate.
—Marco jurídico para la difusión
de información en los medios de
comunicación.
—Acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs),
principalmente de internet y sus
foros virtuales.
—Organización de las esferas civiles en observatorios ciudadanos y
grupos vulnerables, marginados o
excluidos de los medios de comunicación, tecnologías informaƟvas,
redes sociales o foros de discusión.
—Formación de opinión pública a
parƟr de los factores esgrimidos y
su inuencia en las decisiones gubernamentales a través de los medios y tecnologías.
—Síntesis de la opinión ciudadana
en símbolos y signicados ajus130
tados a las decisiones gubernamentales. Emisión de información
relaƟva a temas de la agenda ciudadana, mediáƟca, políƟca y nacional.
—Emergencia del espíritu emprendedor por parte de actores y redes
de sociales. O bien, permanencia
de la conformidad y la obediencia
que impide su susƟtución por la
innovación y propuestas alternas a
las políƟcas públicas.
Empero, una agenda que no produce individuos emprendedores
está condenada a ser susƟtuida
por otra, ya que la innovación es
fundamental para que el Estado se
relacione con la sociedad.
¿Qué factores inciden en la
formación de grupos disidentes al
establecimiento de la agenda?
Los estudios advierten que la
ausencia de disidentes supone un
sistema autoritario desde el que
los medios de comunicación son
controlados, y en tanto son uƟlizados como instrumentos de poder,
producen opinión pública ajustada
a las políƟcas públicas.
La relación entre sociedad y Estado, en un sistema políƟco autoritario, está limitada en su derecho
a la información, y la ausencia de
deliberación de los temas públicos
propicia la formación de una opinión pública limitada por los temas
de información como por sus lími-
�HacƟvismo ante el establecimiento de la agenda
tes en el acceso a críƟcas, debates,
estudios y reportajes sobre los hechos.
Es así como el argumento del
presente trabajo versa sobre la discusión de los estudios más recientes alusivos al establecimiento de
la agenda sociopolíƟca. Se plantea
que tales invesƟgaciones indican la
ausencia del espíritu emprendedor
como una consecuencia del establecimiento de la agenda en las
democracias contemporáneas. La
ausencia de este espíritu emprendedor devela un sistema autoritario en el que los medios de comunicación se alejan de la producción
de opinión ciudadana y más bien
están orientados por las decisiones
gubernamentales.
Este análisis permiƟrá esclarecer los sistemas políƟcos autoritarios que determinan las agendas
públicas a través de los medios de
comunicación y la ausencia de una
opinión pública críƟca y deliberaƟva.
Estado del conocimiento del establecimiento de la agenda sociopolíƟca
Los estudios relaƟvos al establecimiento de la agenda y el emprendimiento han demostrado relaciones
indirectas entre factores psicoso-
ciales (véase tabla 1 en el anexo).
El establecimiento de la agenda
es un fenómeno complejo ya que
no solo consiste en el sesgo de la
información que se deriva de los
hechos, sino además implica la invisibilización de los actores como
lo reere Edimer Leonardo Latorre
Iglesias (2011) en su invesƟgación
sobre las vícƟmas de la violencia y
los medios de comunicación que
informaron sobre esos acontecimientos. A medida que los sucesos
se intensicaban, la prensa, radio
y televisión reducían los acontecimientos a su mínima expresión,
soslayando la parƟcipación de la
comunidad, sus senƟmientos, usos
y costumbres en torno a rituales
que se derivaban del duelo colecƟvo y la amenaza a la paz pública.
En esencia, los medios de comunicación incidieron sobre la memoria
colecƟva de las generaciones posteriores a los actos de lesa humanidad contra su comunidad. La memoria comparƟda alcanzó un grado
de distorsión por parte de los medios que inuyó a las comunidades
aledañas hasta construir estereoƟpos de la comunidad en cuesƟón.
De este modo, las vícƟmas de la
inseguridad fueron esƟgmaƟzadas
como violentas ya no por el hecho
de que sus familiares fueron implicados con grupos delicƟvos, sino
porque a su alrededor se constru-
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
131
�Cruz García Lirios / Javier Carreón Guillén / José Alfonso Aguilar Fuentes
yeron mitos, leyendas y creencias
en torno a la inseguridad de sus residentes y de quienes los visitaran.
Por ello, la charla con las vícƟmas
fue en sí misma una intervención
para liberar los recuerdos, traumas
y tensiones que acompañaron a la
localidad en el duelo y sufrimiento
que implicaron los homicidios, secuestros, asesinatos y extorsiones
perpetrados por el crimen organizado. Por ello, la sensibilización de
la opinión pública fue la estrategia
a seguir para resarcir a los familiares de las vícƟmas la dignidad y
conanza perdidas, así como facilitar su reivindicación para con las
generaciones posteriores a los actos violentos. Ello supuso el restablecimiento de la legiƟmidad en las
autoridades locales en tanto que
ellas fueron señaladas como los
principales impulsores de la violencia e inseguridad.
Sin embargo, la intervención
implica el cuesƟonamiento a los
medios de comunicación como su
transformación en emisores de la
violencia ya que en los relatos, los
familiares de las vícƟmas señalaron
los reportajes y notas periodísƟcas
que atentaron contra su integridad
y dignidad. De este modo, la construcción de la paz pública también
supuso la reconstrucción de la memoria colecƟva con énfasis en los
actores de la tragedia que vivió la
132
localidad. Es decir, los temas de
violencia e inseguridad no solo fueron introducidos por los medios de
comunicación, sino además fueron afecƟvizados, provocando que
la ciudadanía procesara colateral
y periféricamente aquéllos de un
modo tal que no les permiƟó racionalizar los acontecimientos y más
bien generó emociones de desconanza hacia sus autoridades, vecinos e incluso familiares.
En el estudio de Cruz García
Lirios (2012), la disponibilidad de
agua en una localidad de la Ciudad
de México fue distorsionada por la
prensa local, nacional e internacional, alcanzando niveles de alarma
entre los residentes. La situación
de escasez por la que atraviesan
las urbes, aunada a las condiciones
geográcas y el contexto sociopolíƟco de la demarcación, contribuyeron a que se generara una agenda
hídrica pública. Ello determinó esƟlos de vida austeros que por generaciones fueron adoptados por las
comunidades de Iztapalapa.
Las cifras ociales mostraban
que la disponibilidad hídrica se
encontraba en una situación compromeƟda, pero contrastaba con la
información en torno a una crisis
humanitaria que algunos periódicos manejaron durante los periodos electorales de la localidad.
Ello fue posible gracias a que los
�HacƟvismo ante el establecimiento de la agenda
reportajes y columnas de opinión
mostraban situaciones de extrema
escasez, descontento social, movilización ciudadana, manifestaciones colecƟvas, míƟnes y protestas
de los residentes para con sus autoridades, así como el secuestro de
pipas y boicots a las instalaciones
hidráulicas. Las diferencias entre
los hechos y la información difundida en la prensa hicieron suponer que el establecimiento de la
agenda en materia de escasez de
agua se tornaría una difusión sobre el desabasto del recurso a las
comunidades. En efecto, pronto los
residentes pasaron de protestas
y manifestaciones verbales a confrontaciones con los cuerpos de
seguridad. La situación se exacerbó
luego de que las autoridades locales anunciaron el incremento a las
tarifas de los servicios públicos de
abastecimiento de agua. La ciudadanía, al tener presente el tema de
la escasez y el desabasto, radicalizó sus posturas y realizó una serie
de manifestaciones colecƟvas que
terminaron en la condonación del
pago de los servicios e incluso el
subsidio parcial y total en algunas
colonias.
En Iztapalapa se establecieron
como ejes de discusión la escasez,
desabasto, derecho y gratuidad
al servicio de agua potable, y las
políƟcas de tarifas incrementaron
su efecto hasta converƟrlo en un
conicto social que llevó a la desƟtución de funcionarios y al encarcelamiento de algunos usuarios. Es
decir, la agenda local fue trastocada por el poder de los medios de
comunicación hasta un punto tal
que transformó la opinión ciudadana en una desobediencia civil que
redujo los niveles de conanza a las
autoridades.
Ambos estudios, el relaƟvo a la
inseguridad percibida por la ciudadanía y el alusivo a la escasez
y desabasto del agua en residentes locales, hacen suponer que el
establecimiento de la agenda es
solo una fase intermedia —o una
especie de puente— entre la indefensión adquirida y la desobediencia civil organizada. Ello ocurre así
porque el establecimiento de una
agenda es un fenómeno no calculado por los medios de comunicación al momento de informar a la
ciudadanía, ya que podría devenir
pérdidas humanas por los conictos con la policía o el ejército.
Más aún, el advenimiento de
las redes sociales en internet ha
desplazado los mecanismos de
establecimiento de la agenda y lo
ha transformado en un fenómeno
propiciado por las élites discursivas.
El trabajo de Beatriz Cerviño
(2013) muestra que los temas dis-
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
133
�Cruz García Lirios / Javier Carreón Guillén / José Alfonso Aguilar Fuentes
cuƟdos en las redes sociales han
impactado el ejercicio profesional
de comunicadores, reporteros, columnistas y periodistas en general.
A medida que los debates se incrementan en los canales de charlas,
inciden en las temáƟcas que se
expondrán en revistas y diarios de
circulación nacional.
Al ser comentados por las redes
sociales, los eventos que ocurren a
nivel local llaman la atención de cadenas televisivas y prensa globales
al grado que se realizan reportajes
especiales sobre los acontecimientos y que, en el corto plazo, derivarán en una noƟcia de circulación
nacional. Se trata de un fenómeno
de inuencia social que antes de la
llegada de las redes sociales únicamente se expandía a través del
rumor o los liderazgos y ahora se
disemina por los canales de charlas
y redes de opinión en internet.
Hoy en día, la llamada pauta
periodísƟca ha dejado de corresponder a los hechos que en sí mismos eran sucientes para disuadir
o persuadir a las audiencias; sin
embargo, las redes sociales han cobrado una relevancia fundamental
en el establecimiento de la agenda
local y global.
La diferencia entre el contexto
de los años setenta del siglo pasado, cuando los teóricos del establecimiento de la agenda planteaban
134
que los medios de comunicación
denían la pauta ciudadana en
cuanto al debate de temas, ahora
parece inverƟrse, ya que son las redes sociales las que construyen la
agenda mediante el debate abierto
de temas relaƟvos a su coƟdianidad personal y el contexto social
en el que estas ocurren.
En efecto, el establecimiento
de la agenda se transformó de un
proceso unidireccional a otro bidireccional y se espera que avance
hacia dimensiones mulƟdireccionales desde las cuales sea posible
explicar quiénes inuyen, cómo, a
qué Ɵpo de actores en el proceso
sociopolíƟco de temas que son de
incumbencia social, pero con una
expectación individualizada que
puede ser observada en la opinión
que vierten los usuarios de las redes sociales. Incluso las manifestaciones en las redes sociales son de
diversa índole, pero en esencia se
trata de imágenes desde las que se
expresan emociones, senƟmientos
y afectos, más que razonamientos
sobre los temas que ahí se han establecido por ellos mismos.
En un contexto en el que los
usuarios Ɵenen acceso a información comparƟda en redes sociales
es posible esperar que inuyan en
la formación de periodistas y que
esta relación se prolongue en el
ejercicio profesional. La muestra
�HacƟvismo ante el establecimiento de la agenda
de cuatro periódicos europeos y su
correspondiente difusión de temas
está relacionada con citas de redes
sociales y datos que se desprenden
del impacto que Ɵenen TwiƩer y
Facebook no solo en la agenda personal, ni en la periodísƟca, sino en
la agenda local.
A pesar de que un alto porcentaje de los mensajes alcanza la categoría de opinión difusa, el impacto de las redes sociales es mayor
cuando alguna personalidad local,
nacional o global realiza un comentario y sus contactos difunden la
información entre sus demás seguidores. Es un fenómeno propio
de los Ɵempos digitales en los que
los hechos pierden relevancia en sí
mismos, pero cuyo interés se incrementa cuando algún usuario famoso describe su coƟdianidad.
No obstante, el efecto de la difusión de los medios de comunicación sobre la opinión pública sigue
vigente, ya que la televisión penetra en sus audiencias de un modo
excluyente que además de difundir
imágenes sesgadas de la realidad,
forma acƟtudes desfavorables hacia grupos vulnerables, marginados
o excluidos.
El estudio de María del Carmen
Albert Guardiola, Eva Espinar y María Isabel Hernández (2010) muestra cómo las cadenas televisivas de
circulación nacional, durante un
periodo de transmisión determinado, son proclives a establecer una
agenda pública con temas desfavorables a las comunidades migrantes. Se trata de noƟcias en las que
se construyen estereoƟpos relaƟvos a la delincuencia, narcotráco
y violencia generada por grupos
migrantes en detrimento de residentes locales.
Los noƟciarios de televisión se
aproximan a la segregación social
más que al mulƟculturalismo en
el que la paz pública, solidaridad y
tolerancia son los estandartes de la
inclusión social en naciones económicamente desarrolladas, pero socialmente excluyentes.
El modo en el que los medios
de comunicación encuadran los
acontecimientos relacionados con
secuestros, extorsiones, homicidios, robos o cualquier delito está
supeditado a frases y eƟquetas
que los periodistas uƟlizan en telediarios. De ese modo se observan
encabezados tales como “La maa
China” o “Juicio contra laƟnos”. Las
formas de difusión del delito generan sesgos perceptuales en las audiencias que los llevan a relacionar
cualquier acto de violencia con los
grupos raciales laƟnos, africanos o
chinos.
En las cadenas televisivas también se difunden mensajes suƟles
en los que fenómenos de pobreza,
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
135
�Cruz García Lirios / Javier Carreón Guillén / José Alfonso Aguilar Fuentes
discriminación, prosƟtución o narcotráco son relacionados con los
grupos migrantes e idenƟcados
con los barrios periféricos a las ciudades. Es decir, el establecimiento
de la agenda es un proceso intermedio que devela la hegemonía o
crisis de sectores sociales en referencia a la discusión pública de temas, además de ser una jusƟcación construida desde los medios
acerca de las diferencias económicas y sociales entre los grupos que
conforman el mosaico de una nación.
En tanto instrumento de segregación social, la televisión parece
oponerse al mulƟculturalismo, la
diversidad cultural, sus usos y costumbres independientes a las dinámicas económica, políƟca y social
que siguen los países receptores
de migrantes. En contraste, la difusión de noƟcias relaƟvas al delito con énfasis en la parƟcipación
o implicación de migrantes no solo
les niega el benecio de la duda:
son señalados directamente por
comunicadores como los responsables de las crisis económicas, inseguridad pública y pérdida de la paz
pública y el confort laboral.
En materia de empleo, la clase políƟca comparte la culpa con
los grupos migrantes, ya que los
medios de comunicación se han
encargado de atribuir la falta de
136
empleos a la impericia de las autoridades locales o federales, encontrando en los migrantes una causa
complementaria a la ingobernabilidad con respecto al desempleo.
Hallazgos similares fueron reportados por Rodrigo Fidel Rodríguez Borges (2010) en su estudio
sobre el establecimiento de la
agenda en la prensa a parƟr de la
construcción de discursos y estereoƟpos xenófobos hacia la regularización laboral y salarial de migrantes.
La relación entre clase políƟca
emisora de la iniciaƟva de regularización, los medios de comunicación impulsores de la xenofobia
contra grupos migrantes y la ciudadanía como opinión pública está
circunscrita a temas de suma importancia para la reacƟvación de la
economía a través de la regularización de mano de obra migrante.
En un contexto en el que la crisis
económica parece cobrar factura a
quienes no están dispuestos a laborar en condiciones deleznables,
los grupos migrantes han asumido
el compromiso de laborar aun en
aquellas condiciones que ponen
en riesgo su integridad o dignidad.
Ante el impulso que las inversiones
hoteleras suponen en la reacƟvación de la economía del turismo,
el gobierno local propuso una iniciaƟva para regularizar la situación
�HacƟvismo ante el establecimiento de la agenda
laboral de los trabajadores de la
construcción cuya mayoría son migrantes. Empero, la prensa local
aprovechó la coyuntura para manifestar su apoyo a grupos xenófobos
que atribuyen la crisis económica
a los empleos otorgados a migrantes.
La cúspide del sesgo de la prensa se registró en la difusión de una
manifestación local que los diarios
quisieron hacer pasar como una
de carácter nacional en contra de
la regularización laboral migrante. Los periódicos se manifestaron
abiertamente en contra de la iniciaƟva y difundieron la información
de una emergencia nacional ante la
llegada de los migrantes a las Islas
Canarias, España.
El diario más inuyente de la
localidad logró ubicar el tema de
la migración como un fenómeno
social de consecuencias desfavorables para los residentes. Ello causó
un efecto inmediato en las preferencias electorales de los comicios
que se avecinaban. La relación entre la prensa, autoridades y ciudadanía fue trastocada con el establecimiento de la migración como
un tema de importancia global que
afectó a una comunidad en cuanto
a su imagen turísƟca.
El fenómeno del establecimiento de la agenda develó las implicaciones que las situaciones econó-
micas y políƟcas pueden llegar a
tener sobre los temas de discusión
en la ciudadanía y su difusión en
medios de comunicación local; empero, el propósito de las autoridades locales en referencia a los planes de la prensa se contrarrestaron
de un modo tal que terminó afectando a la ciudadanía en cuanto a
la entrada de divisas en situaciones
de crisis económica, laboral y salarial.
Es así como el establecimiento
de la agenda no solo está circunscrito al efecto de los medios sobre
la opinión pública o la inuencia
de las redes sociales en la difusión mediáƟca: es ante todo un
indicador de las discrepancias entre los grupos sociales. La agenda
es un instrumento de la idenƟdad
cuando un grupo decide segregar
a otros en nombre del arraigo, tradición o costumbre como forma de
derecho a los recursos disponibles
en un espacio mulƟcultural.
El desarrollo de la ciencia y tecnología, desde el enfoque de la
idenƟdad en referencia al establecimiento de la agenda, obedece a
las diferencias entre los grupos con
miras a establecer temas de discusión, así como una brecha informaƟva entre quienes Ɵenen acceso a
los acontecimientos cienơcos y
tecnológicos y quienes no pueden
siquiera solventar el costo de un
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
137
�Cruz García Lirios / Javier Carreón Guillén / José Alfonso Aguilar Fuentes
disposiƟvo electrónico mediante el
cual recibir o difundir la información
más actualizada y especializada.
La invesƟgación de Ben S. Wasike (2013) es pionera en cuanto a
la brecha digital y sus consecuencias en el establecimiento de la
agenda pública. La hipótesis que
demostró versa sobre la inuencia
que los usuarios de TwiƩer Ɵenen
sobre los comunicadores de televisión. En su registro observacional
encontró un amplio margen de diferencia en términos porcentuales
del tema “ciencia y tecnología” en
los usuarios y comunicadores respecto a temas como la economía,
seguridad, deportes, sustentabilidad o entretenimiento. El encuadre de los comunicadores respecto
a la difusión de temas de orden
cienơco y tecnológico predominaba sobre los demás temas que a
las audiencias les llamaban la atención.
Incluso, los debates en TwiƩer
se extendieron a otros espacios
como los periódicos y los programas de televisión en los que fueron
citadas las frases que se construyeron en esta red. Se trata de una
modalidad de establecimiento de
la agenda que implica el intercambio de opiniones entre líderes y seguidores. En esta nueva forma de
construir la agenda pública, las tecnologías y disposiƟvos electrónicos
138
adquieren una mayor relevancia
social en la medida en que son
transmisores de información que
no Ɵene un correlato con hechos,
sino más bien son la expresión de
usuarios de internet.
Si ayer la agenda se establecía a
parƟr del impacto y la expectación
que los eventos provocaban en las
audiencias, hoy se establece por los
discursos, frases y sobre todo actores sociales que generan polémica
en cuanto a su postura disidente o
críƟca para con los temas que proliferan en las redes sociales.
A pesar de que los contenidos
no sean del todo asimilados, los temas parecen tener una mayor importancia porque permiten idenƟcar a un individuo en referencia
a un grupo; más que su grado de
conocimiento, su aliación a grupos sociales hace relevante la parƟcipación de los usuarios.
En cuanto a la ciencia y la tecnología como temas de discusión, es
importante señalar que las audiencias no serán especialistas, pero
introducen el tema en la agenda
mediáƟca para amplicarse a las
agendas civil, políƟca, económica y
pública.
Es el caso del estudio llevado a
cabo por Olusanmi Amujo, Olutayo Otubango y Beatrice Adeyinka
(2013), quienes demostraron el
efecto del establecimiento de la
�HacƟvismo ante el establecimiento de la agenda
agenda en las decisiones de inversión en comunidades que habían
sido promovidas en los medios de
comunicación.
A medida que la televisión emiơa reportajes sobre las localidades,
sus ventajas de inversión y estado
nanciero de las autoridades locales y las expectaƟvas respecto a la
compra o venta de productos y servicios se intensicaron. Ello supuso
un establecimiento de la agenda a
parƟr de información relacionada
con las posibilidades de negocios y
la apertura de las autoridades para
con el capital externo.
Por su parte, la ciudadanía e
inversionistas de casa apoyaron la
promoción de la localidad ya que
ello implicaba una mayor posibilidad de negocios, alianzas y estrategias de nanciamiento por parte
de sus autoridades locales y federales.
De este modo, el establecimiento de la agenda también conlleva
la posibilidad de medir el impacto
de la imagen local o regional en
la entrada de capital extranjero,
trasnacional o global en las organizaciones comunitarias o empresas
familiares. Es decir, la inclusión de
temas referentes a la inversión generó un clima de conanza y compromiso por parte de los actores
implicados.
Sin embargo, el establecimiento de agenda en materia de salud
parece inhibir los problemas de
salud pública en la percepción del
sector más vulnerable de la ciudadanía. En el trabajo desarrollado
por Raquel Carcelén, Pilar Esteban,
Loreto Peyró y CrisƟna Rodríguez
(2013) se encontró que los medios
de comunicación no solo habían
contribuido con una escasa difusión de las drogas y el narcotráco,
sino que además habían difundido
información para legiƟmar la liberación del consumo de mariguana
o cannabis. En su lugar, los medios
cuesƟonaron la legalidad del alcohol o el tabaco.
Al contrastar la agenda mediáƟca con la agenda cienơca, la diferencia fue signicaƟva ya que la
primera difundió temas relaƟvos al
uso y abuso de sustancias, mientras que la segunda solo se limitó
a exponer los inconvenientes del
consumo de estupefacientes en la
salud personal y colecƟva.
Mientras que en la primera se
formaron acƟtudes hacia la legalización de las drogas, en la segunda
se desprendieron acƟtudes hacia
el control de las drogas aun a pesar
de sus nes terapéuƟcos.
La relación entre acƟtudes,
opinión pública y establecimiento
de la agenda parece cobrar mayor
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139
�Cruz García Lirios / Javier Carreón Guillén / José Alfonso Aguilar Fuentes
senƟdo si se considera que las opiniones forman categorías basadas
en los temas que se difunden en
los medios de comunicación. En
ese senƟdo, el trabajo de Torbjön
von Krogh (2012) cobra especial
relevancia ya que plantea el análisis de los medios de comunicación
como un factor central en la relación entre sociedad y Estado.
Si existe una tensión entre gobernantes y ciudadanos, entonces
la formación de acƟtudes impactará la evaluación de las políƟcas
públicas vía la opinión ciudadana. La tensión sociopolíƟca entre
conservadurismo y liberalismo se
acrecienta a medida que el encuadre de los hechos relacionados con
ambas ideologías se prolonga en
los horarios de mayor expectación.
Incluso la conformación de redes
de gobierno fue inuida por los temas que se difundieron en la televisión, radio y prensa.
En efecto, el establecimiento
de la agenda contribuye a la conformación de redes ciudadanas
en referencia a las decisiones gubernamentales locales, indicando
además el grado de corresponsabilidad entre ciudadanía y autoridades respecto a temas económicos,
ambientales o de seguridad.
En cualquiera de los temas referidos, el establecimiento de la
agenda advierte la llegada de nue140
vas formas de gobierno y parƟcipación civil que en el marco de las
TICs resulta fundamental, pues son
estas las encargadas de acercar las
decisiones políƟcas a las acciones
colecƟvas.
La gobernanza de los recursos
va más allá de la inuencia de un
grupo o sector social en los medios o de aquél en las esferas civiles. La gobernanza es una agenda
sociopolíƟca en sí que inhibe la
emergencia de grupos ortodoxos o
radicales que atenten contra la paz
pública, el equilibrio ecológico o la
estabilidad económica.
Se trata de un sistema sociopolíƟco en el que la construcción de
una agenda pública es su principal
síntoma de gestación. Es decir, los
temas que se difunden en los medios de comunicación son el resultado de las representaciones sociales que están insertas en el núcleo
central de los grupos de discusión.
No solo esos temas están presentes y son debaƟdos: han sido ya incorporados a la memoria colecƟva.
El estudio de SebasƟán Sánchez
CasƟllo (2012) ilustra el proceso
de memoria colecƟva en torno a
temas de salud, pero con énfasis
en las representaciones locales. En
el caso de la prensa, la difusión de
noƟcias respecto a enfermedades
siguió un patrón de expectación
comparƟdo entre los lectores.
�HacƟvismo ante el establecimiento de la agenda
El hallazgo es de especial relevancia si se considera que la salud
así como el duelo son manifestaciones individuales en las urbes,
pero colecƟvas en las zonas aledañas. Esta diferencia entre el centro
y la periferia respecto a las representaciones sociales de un tema
abre la discusión sobre la relación
entre grupos colecƟvistas en comparación a grupos individualistas.
En otras palabras, el establecimiento de la agenda parte del hecho de
que existen grupos proclives a conservar los valores, usos y costumbres comparƟdos frente a grupos
que se aproximan a la liberalización
de las normas, la exibilidad de las
estructuras sociales y la emergencia de la diversidad sexual e idenƟdad de género.
Sara Luz Sánchez Chávez (2012)
encontró que las estructuras sociopolíƟcas son procesadas por los
niños de un modo en el que el pensamiento divergente indica un nivel de críƟca, inconformidad, indignación, desobediencia y disidencia
frente a las autoridades gobernantes. El énfasis puesto en el paternalismo como el problema central de
la relación entre sociedad y Estado
hace suponer que las representaciones sociales de la políƟca están
arraigadas en la cultura popular.
Más aún: el establecimiento de
la agenda no solo se gesta en gru-
pos mayoritarios, minorías o adultos: en esferas infanƟles encuentra
también un grado de resonancia.
Los temas centrales de las esferas
civiles se reproducen y socializan
en las esferas infanƟles. De ello se
deriva que el establecimiento de la
agenda es un fenómeno global e intergeneracional que impacta a todos los sectores en mayor o menor
medida, pero ninguno se muestra
inerte ante las decisiones políƟcas,
las acciones gubernamentales o las
políƟcas públicas que a través de
los servicios públicos obligan a la
ciudadanía a estar en contacto permanente con sus autoridades.
De este modo, temas como desconanza, corrupción, opacidad,
negligencia o nepoƟsmo están
presentes en les representaciones
sociales de los niños de primarias
que discuten sus implicaciones en
su vida coƟdiana, a la vez de asumir posturas divergentes que les
permiten construir propuestas de
comportamiento civil ante la ausencia de aƟngencia gubernamental.
Guillermo Orozco y Darwin
Franco (2012) llevaron a cabo un
estudio colateral al establecimiento de la agenda ya que se trataba
de la promoción de una insƟtución
de seguridad pública a través de
una serie televisiva que tuvo gran
acogida por las audiencias, pero
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
141
�Cruz García Lirios / Javier Carreón Guillén / José Alfonso Aguilar Fuentes
que fue sumamente cues�onada
por haber sido nanciada por el Estado.
Los efectos de la difusión de la
serie fueron directos e inmediatos: los receptores manifestaron su
apoyo a los contenidos de la serie
evidenciando con ello las representaciones sociales de la seguridad
pública que, al momento de ser
difundidas por los medios de comunicación, se transformaron en
percepciones de inseguridad.
La agenda pública y su proceso
de construcción implican la formación de percepciones que la ciudadanía maniesta como respuesta a
las decisiones de sus gobernantes;
empero, el establecimiento de la
agenda atraviesa contenidos televisivos que aceleran su recepción o,
bien, develan las representaciones
sociales en torno a la clase polí�ca
que la ciudadanía expresa luego de
que algún hecho amenaza su confort o calidad de vida.
En comunidades donde se prac�ca la democracia delibera�va, Erik
Nisbet, Elizabeth Stoycheff y Katy
Pearce (2012) encontraron que las
TICs facilitan el compromiso con la
gobernabilidad democrá�ca. A medida que la disponibilidad de internet se intensicaba, las demandas
ciudadanas de gobernabilidad democrá�ca aumentaban.
142
Los hallazgos suponen que existe una relación entre el establecimiento de temas alusivos a la demanda ciudadana de democracia y
la disponibilidad de internet como
escenario de demandas civiles ante
sus autoridades.
En el caso de los sistemas polí�cos en red, el uso de tecnologías no
solo es fundamental para la libertad de expresión, sino que juega
un papel importante en el establecimiento de temas que denirán,
por ejemplo, una con�enda polí�ca electoral. Es decir, los sistemas
de gobernanza potencian el uso de
tecnologías en los comicios, ya que
los candidatos construyen su imagen a par�r de la opinión pública
que se gesta en las redes sociales.
Por ello, el establecimiento de
una agenda en las redes sociales
subyace a las libertades del sistema de gobierno, pero es el �po
de tecnología en sí la que determina la producción de mensajes
que impactarán al electorado en la
con�enda y elecciones. Esto signica que algunas formas de Estado
y regímenes de gobierno son más
propensos a la par�cipación ciudadana a través de la formación de
opinión pública en las redes sociales.
Al parecer los sistemas democrá�cos, en referencia a los sis-
�HacƟvismo ante el establecimiento de la agenda
temas totalitarios o autoritarios,
facilitan la expresión pública y el
apoyo electoral debido a que las
tecnologías son el principal medio
de comunicación en sociedad y Estado. En aquellos sistemas políƟcos
donde los medios de comunicación
están bajo el yugo del régimen, la
conƟenda electoral, competencia
de parƟdos y propuestas ciudadanas independientes desaparecen. En contraste, en los sistemas
democráƟcos presidencialistas la
imagen del candidato resulta fundamental para decantar el poder a
la gura del ejecuƟvo.
Es así como en los sistemas democráƟcos parlamentarios la competencia electoral se inhibe dada
la relación entre el primer ministro
y la cámara de representantes. No
es el caso en los sistemas presidencialistas donde el poder de veto e
iniciaƟva son fundamentales para
construir una agenda políƟca en
relación con la agenda mediáƟca y
la agenda ciudadana.
Se trata de un sistema políƟco, el presidencialista, de carácter
consensual en el que las decisiones son asumidas por la gura del
ejecuƟvo, pero la construcción y el
debate de los temas se gesta en la
sociedad a través de los medios de
comunicación y las nuevas tecnologías de información.
Además, si agregamos que en el
sistema presidencialista el gobierno en red o gobernanza implica la
corresponsabilidad entre Estado
y ciudadanía, entonces tenemos
un régimen que busca el establecimiento de una agenda común
a todos los actores económicos,
políƟcos y sociales. En cambio, los
sistemas parlamentaristas se caracterizan por la censura del parƟdo hacia el primer ministro y con
ello inhiben la construcción de una
agenda políƟca regulada por el poder ejecuƟvo.
En ambos sistemas, parlamentario y presidencialista, los medios
de comunicación resultan fundamentales. En consecuencia, internet y sus redes sociales implican el
advenimiento de nuevos sistemas
políƟcos en los que la parƟcipación
discursiva más que deliberaƟva de
la ciudadanía será su principal área
de oportunidad.
En el futuro, los candidatos a
servidores públicos dirimirán sus
propuestas en foros especializados ya no en temas centrales de la
agenda pública, sino especializados
en imagen, comunicación, encuadre, expectación, audiencia, afecƟvidad y emoƟvidad circunscritos
a la persuasión del electorado; ya
no a su explicación del estado que
guarda la nación, sino a la disua-
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143
�Cruz García Lirios / Javier Carreón Guillén / José Alfonso Aguilar Fuentes
sión de la inseguridad, el desempleo o el cambio climá�co.
Si los regímenes polí�cos inciden en el establecimiento de la
agenda a través de la regulación o
desregulación de las tecnologías y
la par�cipación ciudadana, entonces debería haber diferencias signica�vas entre los géneros, generaciones, sectores, estratos o grupos
sociales.
El estudio de Yolanda Navarro,
José Antonio Climent y Julio Fernández (2012) conrmó la hipótesis de la edad en relación con los
personajes de cción televisivos. El
modelo de cción se relacionó con
los personajes de cción más en
adolescentes que en adultos.
Los es�los de ges�ón del conicto se relacionaron signica�vamente con la edad. Integración —F
= 8.96 p < 0.000—, evitación —F =
22.38 p < 0,000—, dominación —F
= 41.85 p < 0.000—, servilismo —F
= 5.25 p < 0.005— y compromiso
—F = 13.53 p < 0.000— tuvieron un
efecto diferenciado y signica�vo
sobre adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.
La prueba Sheffé conrmó que
los adolescentes se diferencian de
los adultos mayores en cuanto a
la integración, evitación, dominación y compromiso. Por su parte,
los jóvenes solo se diferencian de
los adultos mayores en cuanto a
144
integración, evitación y dominación. Mientras que los adultos solo
se diferencian de los adolescentes
respecto a evitación y dominación.
En cuanto a los géneros de cción se encontraron diferencias
respecto a evitación —F = 84.99 p
< 0.000— y dominación —F = 74.54
p < 0.000—. Es decir, se encontraron diferencias entre drama, comedia, teenage y policiaca respecto a
la evitación y la dominación.
De esa forma los es�los de conicto y los géneros de cción televisivos incidieron en la diferenciación de adultos mayores, adultos,
jóvenes y adolescentes. Al no haber diferencias signica�vas entre
los sexos, es posible an�cipar que
el establecimiento de una agenda
orientada a la cción de temas incidirá en las edades de las audiencias, siempre que los géneros y es�los de conicto sean difundidos
en los medios de comunicación.
¿Por qué la seguridad pública
se convierte en percepción
de inseguridad? Al parecer el
establecimiento de la agenda
impacta más en adolescentes que
en adultos mayores al momento
de difundir programas de ficción
televisiva. En este proceso, el
drama y la comedia son factores
de diferenciación en cuanto a
la evitación de conflictos o la
imposición de un criterio en su
�HacƟvismo ante el establecimiento de la agenda
resolución.
Los hallazgos corroboran el supuesto de la sociedad teledirigida y
la probabilidad de elaboración, los
cuales advierten que las imágenes
transmiƟdas en los medios de comunicación acƟvan procesos afecƟvos
y emoƟvos que inhiben el comportamiento deliberado, planicado y
sistemáƟco ante una situación.
Si la construcción de una agenda pública en el contexto actual se
basa en las TICs, entonces la diseminación de imágenes más que argumentos es la materia prima de la
democracia, gobernanza y demás
sistemas políƟcos.
Sin embargo, Yuping Mao, Magdalena Solina Richter, Katharina
Kovacs y Jean Chaw-Kant (2012)
proponen que la construcción de
la agenda pública, en materia de
sensibilización ciudadana ante la
pérdida de vivienda por el cambio
climáƟco, se gesta desde las esferas políƟcas más que desde los medios de comunicación o la opinión
ciudadana.
Un seguimiento a las declaraciones del primer ministro de Canadá
fue relacionado con la difusión de
los casos de residentes sin vivienda
en el estado de Alberta por medio
de los periódicos Calgary Herald y
Edmonton Journal. La tendencia de
las noƟcias sobre vivienda, ayuda
comunitaria, apoyo, perles, eco-
nomía, migración y salud se incrementó durante el úlƟmo periodo
del estudio en 10 años conƟnuos.
Inesperadamente, la prevalencia de noƟcias acerca de la situación de los sectores vulnerables,
marginados o excluidos de la vivienda y demás servicios públicos
se incrementó sustancialmente por
parte de ambos periódicos en vísperas de los comicios estatales.
Los temas colaterales a la falta de vivienda que permiƟeron
construir una agenda sociopolíƟca
demuestran que las audiencias, a
pesar del acceso a los medios de
comunicación y las TICs, están expuestas a los acuerdos entre la esfera políƟca y los empresarios de la
prensa.
En suma, la construcción de una
agenda pública se gesta en cualquier esfera, sea civil, mediáƟca o
políƟca, y eventualmente se potencia con los medios de comunicación o las TICs. Sin embargo, la revisión de las invesƟgaciones muestra
que las decisiones tomadas en la
esfera políƟca inciden sobre las
libertades, oportunidades, capacidades y responsabilidades de la
sociedad civil. El acceso a internet
y sus redes sociales transformaron
a la ciudadanía en opinión pública
especializada en la recepción de
imágenes y, por ende, en el procesamiento de emociones. Así, el es-
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
145
�Cruz García Lirios / Javier Carreón Guillén / José Alfonso Aguilar Fuentes
tablecimiento de la agenda indica
situaciones económicas, políƟcas,
ambientales y sociales.
A menudo las crisis económicas son reducidas a desaceleración
o recesión económica posterior
a las elecciones federales. En ese
senƟdo, la ingobernabilidad es el
resultado de las críƟcas de los medios de comunicación al régimen
por la estrategia de combate a la
delincuencia. En el plano de la percepción de inseguridad ciudadana,
inundaciones y sequías impactan la
calidad de vida y el bienestar de los
usuarios de servicios municipales,
pero la situación en la que viven los
sectores más vulnerables, marginados o excluidos es difundida por los
medios de comunicación o comentada en las redes sociales con la
nalidad de cuesƟonar al sistema
políƟco. El debate y las propuestas
que debieran surgir de los foros de
discusión no son el objeƟvo de las
comunidades cibernéƟcas o usuarios de la televisión, radio o prensa.
Así, el problema y objeto de
estudio ya no es el establecimiento de la agenda en sí, sino la dispersión de los actores mediáƟcos,
civiles y políƟcos frente a las problemáƟcas de seguridad, sustentabilidad o empleo.
HacƟvismo sociopolíƟco: emprendimiento acƟvista en las redes
digitales
146
El establecimiento de la agenda
sociopolíƟca que estriba en difundir temas sobre la legiƟmidad de
la vulnerabilidad, marginalidad y
exclusión de estratos sociales en
torno a las TICs y los medios de
comunicación tradicionales como
televisión, radio, prensa y cine,
tendría tres efectos en las esferas
civiles.
En primera instancia, los sectores excluidos de las TICs desarrollarían un proceso psicosocial
de indefensión colecƟva que se
maniesta en discursos alusivos
a percepciones de riesgo, inconmensurabilidad e impredecibilidad
del poder políƟco frente a su estatus migratorio, laboral, familiar o
personal. La indefensión colecƟva
sería resultado de una excesiva exposición a los medios de comunicación que difunden los casos de
corrupción entre gobernantes y
delincuentes, así como sus efectos
en la seguridad pública. La indefensión colecƟva alcanzaría su cúspide
en la percepción de inseguridad y
las acciones de riesgo y confrontación que la ciudadanía llevaría a
cabo ante la pérdida de su calidad
de vida (BauƟsta, M. et al., 2012).
En segunda instancia, las esferas ciudadanas desarrollarían, colateralmente a la indefensión, otro
proceso cogniƟvo llamado hipermetropía que consiste en percibir
�HacƟvismo ante el establecimiento de la agenda
como distantes e inexorables los
problemas de seguridad pública
que ocurren en otras localidades.
En contraste, los acontecimientos
cercanos serían percibidos como
externos o ajenos a los actores locales. La materialización de la percepción hipermetrópica estriba en
la evitación de contacto con grupos
vulnerables, marginados o excluidos, así como la atribución de los
problemas globales a los gobiernos
y la responsabilidad de los problemas locales a agentes económicos,
actores políƟcos o sujetos civiles
externos (Carreón, J. et al., 2013).
Por úlƟmo, en tercera instancia, un sector de la sociedad civil
anteriormente conocida como “el
círculo rojo” —por su grado de reexividad y críƟca a los medios de
comunicación— desarrollaría un
proceso emprendedor de la información. En virtud de que los grupos disidentes al establecimiento
de la agenda consideran que la seguridad pública ya no depende del
Estado y se gesta en los medios de
comunicación, internet se ha erigido como el escenario de conƟenda
en donde se dirimen las diferencias
entre los actores que reaccionan
al establecimiento de la agenda
sociopolíƟca. El emprendimiento
cibernéƟco se materializa en acciones de protesta colecƟva en la red
conocidas como ‘hacƟvismo’. Se
trata de un fenómeno que se gesta
a parƟr del anonimato y que supone oportunidades, capacidades y
responsabilidad tecnológicas que
solo un grupo selecto puede llevar
a cabo, reejándose en acciones
como bloqueos masivos y colecƟvos a páginas de gobiernos, robo o
distorsión de información gubernamental, exhibición de documentación que muestra fraudes o abuso
de poder, difusión de inconsistencias entre ingresos y esƟlos de vida
de políƟcos o, bien, propaganda
favorable a la movilización social y
acción colecƟva (Amujo, O., O. Otubango y B. Adeyinka, 2013).
Puestas así las cosas, el hacƟvismo sociopolíƟco es aquel que uƟliza las TICs y los disposiƟvos electrónicos para contrarrestar los efectos
de la propaganda materializada en
el establecimiento de temas que,
por su grado de incidencia en la
opinión ciudadana, son considerados “perversos”, ya que además de
polarizar a la sociedad, propician la
indefensión o la hipermetropía.
Sin embargo, el hacƟvismo sociopolíƟco presenta dos límites
derivados de su auto-organización
civil y el empleo de tecnologías
controladas por el Estado. En primer lugar, el hacƟvismo sociopolíƟco parte del supuesto según el cual
la ciudadanía, en su gran mayoría,
está desprovista de una conciencia
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�Cruz García Lirios / Javier Carreón Guillén / José Alfonso Aguilar Fuentes
o virtud cívica que le permita visualizarse como agente de cambio y no
como simples sujetos o actores. El
hacƟvismo sociopolíƟco plantea
que la virtud cívica materializada en
acciones que orienten el bienestar
colecƟvo sería el principio de toda
acción colecƟva o movilización social en la red; empero, esa virtud
cívica, al estar relacionada con una
reexividad y críƟca, da por sentado un alto grado de instrucción que
el grueso de la esfera civil no Ɵene.
Por consiguiente, como segundo
límite preponderante del hacƟvismo, los disposiƟvos electrónicos
son empleados solo para transferir y no para producir información
(Rodríguez-Giralt, I., 2011).
Es cierto que la virtud cívica
está relacionada con el emprendimiento social, la empaơa, benevolencia, conanza, compromiso, altruismo, cooperación, solidaridad,
saƟsfacción y felicidad, pero su materialización requiere de libertades
y oportunidades que den paso a la
formación de capacidades y no solo
virtudes cívicas relacionadas con la
responsabilidad (Tena, J., 2010).
El hacƟvismo supone habilidades y conocimientos no solo emprendedores, sino innovadores que
están más orientados a la intervención de las tecnologías ideológicas
del Estado más que a su reexividad y críƟca.
148
No obstante que el hacƟvismo
sociopolíƟco pretende contrarrestar los efectos del establecimiento
de la agenda, esta es resultado de
la difusión de los medios, la propaganda del Estado y las iniciaƟvas
civiles. En este tenor, el hacƟvismo
sociopolíƟco solo puede incenƟvar
aún más el sesgo de temas en los
medios y las tecnologías de información.
Discusión
En el caso de la seguridad pública
que, para nes del presente estudio, es representada socialmente
como percepciones de inseguridad, los hallazgos reportados en el
estado del conocimiento señalan
que el Estado antepone sus intereses económicos sobre la xenofobia
de grupos sociales que atribuyen
delitos a migrantes. La controversia
entre las autoridades locales y las
organizaciones xenofóbicas develó
la tendencia de la prensa respecto
a la legalización de migrantes a n
de que pudiesen laborar en proyectos de inversión extranjera. La
reacƟvación de la económica en un
contexto de crisis hace que el Estado, en lugar de inhibir la migración,
promueva su incorporación en los
empleos de mayor riesgo (BauƟsta,
M. et al., 2012).
�HacƟvismo ante el establecimiento de la agenda
Las políƟcas públicas, al ser
instrumentos del poder políƟco,
son difundidas por los canales de
comunicación para en un caso ser
cuesƟonadas y en otro ser aceptadas. Es decir, los temas de orden
económico parecen sobreponerse
a los intereses locales que, en lo
aƟnente a las comunidades académicas y estudianƟles, penetran su
esfera de representaciones de un
modo tal que el tema de la privaƟzación resulta más importante que
la seguridad o la conservación ambiental (Carreón, J. et al., 2013).
Precisamente, en el estudio relaƟvo al establecimiento de una
agenda hídrica, las autoridades implementaron tarifas y tandeos para
incenƟvar la parƟcipación políƟca
de los usuarios del servicio público.
Más allá de la situación de escasez
en algunas colonias, los residentes locales desarrollaron esƟlos de
vida frugales que complementaron
el tandeo e incluso el aumento de
las tarifas.
Respecto a la inserción de las
redes sociales virtuales y los foros
de discusión a través de internet,
los trabajos reportados en el estado del conocimiento resaltan el papel de las TICs en contraste con las
funciones de los medios de comunicación (Chihu, A., 2011a, 2011b).
Se trata de un proceso en el
que la formación de disposiciones
indica hábitos de consumo de información que son trasladados del
núcleo central de las representaciones sociales a la periferia discursiva de los grupos que promueven
los temas de discusión.
La conformación de espacios
discursivos implica que las representaciones sociales más arraigadas en torno a la clase políƟca se
han converƟdo en percepciones,
creencias y valores que permiten
la diseminación del conocimiento
en forma de imágenes más que de
argumentos.
En esta fase, la construcción de
una agenda se torna más complicada ya que las imágenes conllevan
afectos y emociones que pueden
hacer desisƟr a las audiencias de su
consumo de información o, bien,
radicalizar sus posturas y demandas de información.
Sin embargo, luego de que los
medios de comunicación y las TICs
se han encargado de diversicar
la información hasta un grado tal
que el lector de periódicos centra
su atención en las fotos; el consumidor de programas televisivos
enfoca su interés en personajes cƟcios; el radioescucha enfaƟza las
frases de comunicadores o el usuario de TwiƩer y Facebook comenta
los estados de ánimo de sus contactos; entonces el establecimiento de una agenda ha entrado en su
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
149
�Cruz García Lirios / Javier Carreón Guillén / José Alfonso Aguilar Fuentes
fase terminal.
La ausencia de discusión, así
como la emergencia de códigos
grupales disipó los temas de la
agenda y los transformó en materia inerte para su deliberación. Es la
etapa nal del establecimiento de
la agenda indicada por la ausencia
de análisis, críƟca y síntesis de la información.
No obstante, quedan pendientes algunos procesos que inciden
en la construcción de temas. Tal es
el caso de la idenƟdad, la inuencia
o la indefensión como efectos colaterales de la categorización de imágenes, palabras, frases y discursos
alrededor de temas establecidos.
La idenƟdad ha sido estudiada
como un fenómeno y proceso de
los grupos que comparten senƟdos de pertenencia, esƟlos de vida
y uso de recursos. La formación de
capitales simbólicos es afectada
por decisiones que privilegian a un
grupo respecto a otro. La deliberación de temas es determinada por
la elección de acciones que competen a un grupo. Incluso el uso de
disposiƟvos Ɵene como fundamento la pertenencia a un grupo.
En el caso de la inuencia social,
los grupos mayoritarios han sido el
blanco de persuasión de grupos
minoritarios. Las decisiones de la
mayoría también cobran relevancia
frente a los esƟlos de comporta150
mientos de las minorías. De hecho,
el establecimiento de una agenda
es un fenómeno de inuencia de
una minoría sobre la mayoría. Así
que el poder de las decisiones minoritarias atraviesa las estructuras
sociales, sus contornos informaƟvos y representaciones sociales.
Por úlƟmo, la indefensión es el
resultado principal de las situaciones críƟcas por las que los grupos
se someten. La desesperanza es un
producto del establecimiento de la
agenda para los grupos disidentes
o alternos a los temas que predominan en los medios de comunicación: a medida que la información
ocial se intensica, propicia senƟmientos de indefensión en aquellos grupos opositores al régimen.
En el futuro, el establecimiento
de una agenda versará ya no sobre
los temas, ni los actores o las tecnologías, sino más bien consisƟrá
en la relación de las imágenes y las
experiencias coƟdianas. A mayor
proximidad entre los símbolos y los
recuerdos, habrá mayor saƟsfacción personal y al mismo Ɵempo
desvinculación social, aunque tal
experiencia se viva a través de tecnologías comparƟdas.
La relación entre gobernantes
y usuarios se desarrollará desde
tecnologías capaces de procesar
iniciaƟvas y leyes en Ɵempo real
dadas las preferencias electorales
�HacƟvismo ante el establecimiento de la agenda
o de cualquier índole de los usuarios.
Los sistemas políƟcos serán
percibidos como corolarios de decisiones colecƟvas que se podrán
dirimir en cuesƟón de segundos
gracias a la conversión hologramáƟca del voto, manifestación, plebiscito o escruƟnio público.
Las reformas económicas, políƟcas, ambientales o sociales serán
establecidas como temas adyacentes al confort personal en menoscabo de la colecƟvidad, sobre todo
aquellos sectores vulnerables, marginados o excluidos de las redes informaƟvas.
En el futuro, las relaciones entre
élites habrán succionado a las mayorías y minorías. La gobernanza
de estas élites ya no requerirá del
establecimiento de una agenda, ni
de la construcción de temas colecƟvos, sino más bien dependerá del
abastecimiento energéƟco que las
tecnologías necesitarán para llevar
a cabo las decisiones tomadas desde el confort personal.
Conclusión
Una agenda es el resultado de la
relación entre Estado y ciudadanía
en un contexto en el que los medios de comunicación y las TICs
transforman la realidad en imágenes más que en argumentos.
La construcción de una agenda
supone la parƟcipación de actores
que se organizan en redes y uƟlizan
disposiƟvos tecnológicos para comentar, discuƟr, analizar, criƟcar y
proponer contenidos alternos a los
emiƟdos por grupos o elites en el
poder.
El establecimiento de la agenda
es el resultado nal de la proliferación de temas circundantes en la
opinión pública que previamente
fueron difundidos en los medios de
comunicación y comentados en las
TICs.
Una agenda sociopolíƟca es un
conglomerado de discursos, temas
y tecnologías encaminados a transformar la opinión pública en simpaƟzantes, adherentes, militantes
o disidentes políƟcos que ocupen
los espacios disponibles para manifestar su apoyo a un sistema políƟco, régimen de gobierno, forma de
Estado, clase políƟca, opción parƟdista o políƟca pública como la solución a problemáƟcas sociales que
a menudo requieren ser resueltas
por la distribución de los recursos
comunes.
La construcción de una agenda
sociopolíƟca implica un procesamiento de símbolos que parten de
una memoria colecƟva, transitan
Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
151
�Cruz García Lirios / Javier Carreón Guillén / José Alfonso Aguilar Fuentes
por representaciones sociales y ac�tudes hacia sistemas polí�cos y
campos de poder.
El establecimiento de la agenda sociopolí�ca da por sentado
la emergencia de actores que se
muestran como disidentes al régimen y cues�onan los temas
puestos a debate por los grupos
de poder. Sin embargo, este proceso llega a ser absoluto cuando
las crí�cas y manifestaciones de
inconformidad están ausentes. En
ese sen�do, las TICs, más que los
medios de comunicación, inhiben
la innovación y promueven la conformidad y la obediencia.
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Año 4, Núm. 2, noviembre, 2014 - abril, 2015, ISSN: 2007-3100
Recibido: 10 de abril de 2014
Aceptado: 20 de octubre de 2014
153
�ANEXO
Tabla 1. Estado del conocimiento en torno al establecimiento de la agenda sociopolítica y hactivismo sociopolítico
Año
2010
Autor
Hallazgos
Rodríguez En su estudio sobre el estaBorges
blecimiento de la agenda en la
prensa a parƟr de la construcción de discursos y estereoƟpos xenófobos hacia la regularización laboral y salarial de
migrantes.
2010
Guardiola, Muestra cómo las cadenas
Espinar y televisivas de circulación naHernández cional, durante un periodo
de transmisión determinado,
son proclives a establecer una
agenda pública con temas desfavorables a las comunidades
migrantes. Se trata de noƟcias en las que se construyen
estereoƟpos relaƟvos a la
delincuencia, narcotráco y
violencia generada por grupos
migrantes en detrimento de
residentes locales.
Chihu
La dene como un problema
social, a menudo conicƟvo,
que ha recibido cobertura
mediáƟca, sesgando la atención del público hacia determinados objetos o cuesƟones
de la escena políƟca y social
en los que el público conİa
y asigna importancia en función del grado de relevancia
mediáƟco.
2011
154
HacƟvismo
El hacƟvismo adverƟría
que la virtud cívica es contraria a la xenofobia y, por
consiguiente, ayudaría a
contrarrestar sus efectos
a parƟr del acceso a los
casos de discriminación y
la difusión de los derechos
de migrantes
El hacƟvismo ltraría información relaƟva a las
redes de corrupción, trata
de personas y explotación
laboral que privan en los
países emergentes como
causa de la migración, así
como la defensa de sus
derechos al arribar a las
economías desarrolladas.
El hacƟvismo promovería
la medición de audiencias
con respecto al grado de
expectación que suponen
los conictos sociales o
sectoriales
�2011
2011
2012
2012
Latorre
A medida que los sucesos
se intensicaban, la prensa,
radio y televisión no solo reducían los acontecimientos a
su mínima expresión, sino que
además soslayaban la parƟcipación de la comunidad, sus
senƟmientos, usos y costumbres en torno a rituales que se
derivaban del duelo colecƟvo
y la amenaza a la paz pública.
Mateu
y Demostraron, a través de un
Rodríguez análisis de contenido, las similitudes entre los contextos
nacionales y locales en torno
a la cobertura de un área protegida. Tales convergencias
acƟvaron intensidades y direcciones (priming) en la opinión
pública tanto nacional como
local.
García
La situación de escasez por la
que atraviesan las urbes, aunada a las condiciones geográcas y el contexto sociopolíƟco
de la demarcación, contribuyeron a que se generara una
agenda hídrica pública. Ello
determinó esƟlos de vida austeros que por generaciones
fueron adoptadas por las comunidades de Iztapalapa.
Krogh
La relación entre acƟtudes,
opinión pública y establecimiento de la agenda parece
cobrar mayor senƟdo si se
considera que las opiniones
forman categorías basadas en
los temas que se difunden en
los medios de comunicación.
El hacƟvismo promovería
estrategias de prevención
de desastres y protección
civil ante eventos de riesgo que por su grado de impacto no solo amenazan la
paz colecƟva, sino deterioran el tejido social
El hacƟvismo establecería
las diferencias entre los
ámbitos global y local para
resaltar la importancia de
la acción social y la movilización colecƟva a favor
de la conservación de los
recursos naturales.
El hacƟvismo contrastaría
la información que se gesta en los ámbitos urbano
y rural con la nalidad de
establecer redes de información y apoyo a sectores
excluidos, marginados o
vulnerables que llevan a
cabo esƟlos de vida frugales.
El hacƟvismo difundiría y establecería temas
que contrasten con la
agenda sociopolíƟca a
n de equilibrar la oferta
informaƟva y los sesgos
mediáƟcos.
155
�156
2012
Mao, Rich- Proponen que la constructer, Kovacs ción de la agenda pública,
y Chaw
en materia de sensibilización
ciudadana ante la pérdida de
vivienda por el cambio climá�co, se gesta desde las esferas
polí�cas más que desde los
medios de comunicación o la
opinión ciudadana.
2012
N a v a r r o , Conrmó la hipótesis de la
Climent y edad en relación con los perFernández sonajes de cción televisivos.
El modelo de cción se relacionó con los personajes de
cción más en adolescentes
que en adultos.
2012
N i s b e t , Encontraron que las TecStoycheff y nologías de Información y
Pearce
Comunicación (TICs) facilitan
el compromiso con la gobernabilidad democrá�ca. A
medida que la disponibilidad
de internet se intensicaba,
las demandas ciudadanas de
gobernabilidad democrá�ca
aumentaban.
El hac�vismo adver�ría
que los medios de comunicación no solo posicionan el tema de la vulnerabilidad residencial,
sino además promueven
la adquisición de bienes
raíces en zonas habitacionales desreguladas por
el Estado.
El hac�vismo sociopolí�co
señalaría que el establecimiento de una agenda
está fundamentado en
realidades simbólicas que,
de acuerdo con su grado
de signicación, emerge
como una realidad alterna
a la co�dianidad.
El hac�vismo bloquearía
las páginas gubernamentales que ocultan información y exhibiría los
detalles de las decisiones
polí�cas respecto a crisis
económicas.
�2012
Orozco
Franco
y Llevaron a cabo un estudio colateral al establecimiento de la
agenda ya que se trataba de la
promoción de una insƟtución
de seguridad pública a través
de una serie televisiva que
tuvo gran acogida por las audiencias, pero que fue sumamente cuesƟonada por haber
sido nanciada por el Estado.
2012
S á n c h e z Ilustra el proceso de memoChávez
ria colecƟva en torno a temas
relaƟvos a la salud, pero con
énfasis en las representaciones locales. En el caso de la
prensa, la difusión de noƟcias
respecto a enfermedades siguió un patrón de expectación
comparƟdo entre los lectores.
Encontró que las estructuras
sociopolíƟcas son procesadas
por los niños de un modo en
el que el pensamiento divergente indica un nivel de críƟca,
inconformidad, indignación,
desobediencia y disidencia
frente a las autoridades gobernantes. El énfasis puesto en
el paternalismo como el problema central de la relación
entre sociedad y Estado hace
suponer que las representaciones sociales de la políƟca
están arraigadas en la cultura
popular.
El hacƟvismo contrarrestaría el establecimiento
de una legiƟmidad en
torno a las insƟtuciones
de seguridad pública, evidenciado las consecuencias en la salud pública de
las políƟcas de combate a
la delincuencia, promoviendo los derechos de
las vícƟmas a una información expedita que garanƟce su integridad İsica
y emocional.
El hacƟvismo difundiría
información concerniente
a los desaciertos de las
políƟcas de salud a n de
propiciar un pensamiento
divergente que coadyuve a la promoción de
los derechos a la salud y
demás servicios de seguridad social.
157
�2013
A m u j o , Demostraron el efecto del esOtubanjo y tablecimiento de la agenda en
Adeyinka las decisiones de inversión en
comunidades que habían sido
promovidas en los medios de
comunicación.
2013
C a rc e l é n , Encontraron que los medios de
Esteba y comunicación no solo habían
Peyró
contribuido con una escasa
difusión de las drogas y el narcotráco, sino que además
habían difundido información
para legiƟmar la liberación del
consumo de mariguana o cannabis. En su lugar, los medios
cuesƟonaron la legalidad del
alcohol o el tabaco.
Cerviño
Muestra que los temas discuƟdos en las redes sociales han
impactado el ejercicio profesional de comunicadores,
reporteros, columnistas y periodistas en general. A medida
que los debates se incrementan en los canales de charlas,
inciden en las temáƟcas que
se expondrán en revistas y diarios de circulación nacional.
2013
158
El hacƟvismo exhibiría la
información concerniente
a los ingresos y egresos
de municipios en función
de su grado de inversión
a n de poder establecer
sistemas de observación
ciudadana y peritaje o auditoria que evalúen el desarrollo local.
El hacƟvismo establecería
los escenarios de debate y
consenso que permitan la
emergencia de esƟlos de
vida sin comprometer las
capacidades de generaciones futuras.
El hacƟvismo difundiría
los temas de debate cuya
tendencia permite establecer una agenda internauta y sus probables
efectos sobre la opinión
ciudadana.
�2013
Wasike
En su registro observacional
encontró un amplio margen de diferencia en términos porcentuales del tema
“ciencia y tecnología” en los
usuarios y comunicadores respecto a otros temas sobre
la economía, seguridad, deportes, sustentabilidad o entretenimiento. El encuadre de
los comunicadores respecto
a la difusión de temas de orden cienơco y tecnológico
predominaba sobre los demás
temas que a las audiencias les
llamaban la atención.
El hacƟvismo propondría la inclusión de temas
no cienơcos en agendas
cienơcas y tecnológicas,
así como la inclusión de los
hallazgos cienơcos y las
innovaciones tecnológicas
en la coƟdianidad de otras
esferas civiles.
Fuente: Elaboración propia.
159
�
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Realidades
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Realidades. Revista de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano es una publicación semestral que reúne las contribuciones académicas de cualquier interesado en dar a conocer su trabajo de investigación acerca de temas relacionados con el desarrollo social, desarrollo humano, familia, género, salud, educación, vivienda, comunidad, desarrollo urbano y rural, pobreza, bienestar social y, en general, tópicos de políticas sociales, programas y proyectos sociales, mediante artículos de investigación, ensayos, reseñas, informes, entre otros.
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Date of creation of the resource.
2011
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Realidades Revista de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano
Año de publicación
El año cuando se publico
2014-2015
Año
Año de la revista (Año 1, Año 2) No es es año de publicación.
4
Número
Número de la revista
2
Mes de publicación
Mes cuando se publicó
Noviembre-Abril
Día
Día del mes de la publicación
1
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La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual)
Semestral
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Realidades, 2014-2015, Año 4, No 2, Noviembre-Abril
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Ciencias sociales
Desarrollo humano
Familia
Violencia
Equidad
Salud
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Políticas Sociales Sectoriales. Es una publicación anual, editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. En esta publicación se presentan los trabajos presentados del coloquio que lleva su nombre, y que por su calidad son seleccionados, de acuerdo a los ejes estructurales en que se desarrolló: Familia y Género, Grupos Vulnerables, Educación, Salud, Pobreza y Desarrollo Social, Trabajo Social y Políticas Sociales, Vivienda y Desarrollo Urbano, Empleo y Crecimiento Económico. Este importante evento constituye un hito transcendental en la formación profesional y en el aporte al desarrollo social y bienestar de la población. Se felicita a los autores por su invaluable contribución.
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Título Uniforme
Políticas sociales sectoriales
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El año cuando se publico
2018-2019
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5
Número
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Agosto-Julio
Día
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1
Periodicidad
La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual)
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Salud
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Políticas Sociales Sectoriales. Es una publicación anual, editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. En esta publicación se presentan los trabajos presentados del coloquio que lleva su nombre, y que por su calidad son seleccionados, de acuerdo a los ejes estructurales en que se desarrolló: Familia y Género, Grupos Vulnerables, Educación, Salud, Pobreza y Desarrollo Social, Trabajo Social y Políticas Sociales, Vivienda y Desarrollo Urbano, Empleo y Crecimiento Económico. Este importante evento constituye un hito transcendental en la formación profesional y en el aporte al desarrollo social y bienestar de la población. Se felicita a los autores por su invaluable contribución.
Publisher
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Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Ávila Zárate, Lydia del Carmen, Editor Responsable
Mendoza Cárdenas, Héctor A., Co Editor
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
01/08/2018
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The nature or genre of the resource
Revista
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The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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2020853
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�REVISTA POLÍTICA, GLOBALIDAD Y CIUDADANÍA
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Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de
Nuevo León, Monterrey, México, pp. 1-137,
ISSN 2395-8448
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Asistentes Editoriales:
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�Presentación
La Universidad Autónoma de Nuevo León es una institución dedicada a la formación integral en los
campos de las ciencias, las humanidades y la tecnología, la investigación científica y la promoción del
desarrollo cultural e ideológico de la sociedad, formando líderes y dirigentes con responsabilidad ética,
compromiso histórico y con el propósito de fortalecer la identidad regional, nacional y latinoamericana. La
revista digital Política, Ciudadanía y Globalidad, revista científica de esta institución, se articula a todas
las instancias de este proyecto.
Política, Ciudadanía y Globalidad circula semestralmente en presentación electrónica, y en el sistema
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a una evaluación de árbitros, bajo la modalidad doble ciego, a fin de liderar un espacio de promoción del
desarrollo científico, el aprendizaje y el desarrollo desde la región Noreste de México.
Más en específico, es un instrumento para la socialización del conocimiento de las comunidades académicas que engloba la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Autónoma de
Nuevo León, y es un espacio para la reflexión y el debate crítico, propicio para la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional y social, en el entorno local, nacional e
internacional.
Política, Ciudadanía y Globalidad está dirigido a investigadores, estudiantes de educación superior,
funcionarios públicos, empresarios, gremios, y a toda la sociedad de conocimiento. A través de esta revista
científica, se divulga la producción intelectual y la investigación para el desarrollo de la ciencia política,
incluyendo todas las sub-áreas propias de la misma. El equipo de colaboradores está comprometido con el
fortalecimiento de los criterios de calidad científica, editorial, visibilidad e impacto en la comunidad científica, como respuesta a los nuevos lineamientos del Modelo Redalyc.
Presentation
Our university, Universidad Autónoma de Nuevo León is an institution dedicated to promote integral
education in the fields of science, humanities and technology, scientific research and it fosters cultural and
ideological development of society. This institution is in charge of forming responsible and ethical leaders
who must have historical commitment and who must have the purpose of strengthening the regional, national and Latin American identity. The digital magazine Política, Ciudadanía y Globalidad, a scientific
journal of this institution, links directly to all the instances of this project.
Política, Ciudadanía y Globalidad, has circulated each semester on its electronic version in Open Access system, since January 2015. It is trying to become a relevant medium in terms of publishing scientific
articles derived from research studies done, etiher in Spanish or English, by national and international authors who give in the rights for the editor to publish them. These articles go through an evaluation process,
Double Blind Review, before they are selected to be published in order to achieve the goal of promoting
scientific development and learning in Northeastern Mexico.
It is also a tool for the socialization of the academic communities of The School of Political Science and
International Relations of our institution. Likewise, it is a space for reflection and critical debate in order
to construct knowledge that will end up enriching academic, organizational and social development in
local, national and international contexts. Política, Ciudadanía y Globalidad is aimed towards researchers,
�students, public officials, businessmen, trade associations and the entire knowledge society. Intellectual
production and research done for politics development is disclosed in this scientific magazine. Contributor
crew is committed to the scientific, editorial, visibility and impact criteria enhancement, in response to the
new Redalyc Model guidelines.
�10
Tabla de Contenido
Editorial.......................................................................................................................................................11
Spectacular and systematic human rights abuse in Mexico P.................................................................17
Abuso espectacular y sistemático de derechos humanos en México
Tuur, Ghys, Universidad Autónoma de Nuevo León
The quadruple disappearance: Analytical proposal to reflect the social and media representation
of the victims of disappearance in Jalisco, Mexico..................................................................................25
La cuádruple desaparición: propuesta analítica para reflexionar la representación social y mediática de las
víctimas de desaparición en Jalisco, México
Darwin, Franco-Migues, Universidad de Guadalajara
Social Representations and Acknowledgement of Human Rights in the city of Monterrey, Mexico.......43
Representaciones sociales y reconocimiento de los derechos humanos en la ciudad de Monterrey, Mexico
Beatriz Elena, Inzunza-Aced, Universidad de Monterrey
Primer proceso de regulación de las casas hogar (Centros de Asistencia Social) en el Estado de Nuevo
León, México...............................................................................................................................................58
First regulation process of Residential Child Care (Social Assistance Centers) in the Estate of Nuevo León,
México
Leticia Ivonne, López-Villarreal, Universidad de Monterrey
Perspectiva de Género y Política Pública Deportiva: El Caso de la CONADE....................................75
Gender mainstreaming and sports public policy: The case of CONADE
Francisco Javier, Mendoza-Farias
Rocío Ivonne, Quintal-López
Leticia Janet, Paredes, Universidad Autónoma de Yucatan
Mediación policial como mecanismo alterno de resolución de conflictos comunitarios......................90
Police mediation as an alternative mechanism of solution in community conflicts
Lenin, Ramírez-Matus & Genaro, Hernández-Velazco, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
The Rhetoric Empire: Rise and Fall.......................................................................................................106
Said, Dahdah-Antar, Universidad cental de Venezuela
Politica Editorial.......................................................................................................................................124
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/11
�11
Editorial
Tuur,Ghys
Editor Invitado - Revista Política, Globalidad y Ciudadanía
https://orcid.org/0000-0003-4582-5578
How to reference the editorial:
Ghys, T. (2019). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 11-16. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.
mx/index.php/RPGyC/editor/submission/121
In his 1961 classic The Labyrinth of solitude, Octavio Paz offered his much discussed metaphor of
Mexican masks, referring to the gap in Mexican culture between formal expressions and actual intention
or content. This gap between formal agreement and practical rejection is abundantly clear in the field of
Human Rights.
Mexico is a founding signatory of the Universal Declaration of Human Rights (1948), and in contrast to
its Northern neighbor an early adopter of almost any other additional treaty thereafter. Importantly, it also
recognizing the corresponding institutions such as the Inter American Court of Human Rights. The mask
fits tightly. Yet the Human Rights record in the past decades, both visible in formal investigations as in the
everyday experience of its citizens, speaks of a different reality. Here we don’t just refer to the disappearances, lack of security, etc., but also about the frequent violations of rights related to work and the provision
of services like social insurance, education and healthcare. This in combination with the notorious impunity
and failure of the legal system to effectively address such rampant violations, makes the smiling mask look
all the more cynical.
Alternatively, we could also accept the challenge that Human Rights pose, and try to match pretention
with reality. Mexico does have a basic legal, educational, democratic, social, etc. infrastructure that, given
reforms, can serve to build an institutional landscape that supports Human Rights. At the moment of writing, a new progressive government shows revamped interest in social and economic rights, alongside the
more usual promises of more transparency, democracy and fighting corruption. If this can be achieved, and
if it will be done so with respect for civil rights, it could mark a point of hope rather than a tradeoff.
One precondition for any of this to happen, is an awareness of the human rights framework itself.
Starting with one’s own rights, but also those of others. Yet the violations of certain groups happen either
far outside of our view (in forests or prison sells), or are not understood as Human Rights violations (such
as obstacles to joining syndicates). By speaking to transnational migrants making the journey to the U.S.
through Mexico from Honduras, Guatemala and El Salvador, my team learned a lot about hidden horrors.
Murder and rape by criminal groups on trains, robbery and extortion at the hand of security forces in
the forests, destitution from drought and disease the Northern deserts. All indicate a systematic failure of
protecting, respecting and providing of rights like security, freedom of torture and health, amongst many
others. Yet we only knew because of the survivors.
The relative visibility and enforceability of the human rights of certain groups form the red thread that
connects the first four articles in this special issue of Política, Globalidad y Ciudadanía, which is focused on
Human Rights. Articles five, six and seven are part of the normal publication cycle of this journal, although
it is difficult to truly stray far from topics that are relevant to human rights, as the entries on gender and
policing demonstrate.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/11
�12
As far as the first part on Human Rights is concerned, the goal is to draw attention to the systemic, continuous and often less visible human rights issues of Mexico. The aim is to do this in two ways:
1.
2.
By presenting studies on systematic HR problems and the surrounding struggles, often involving
marginalized groups.
By reflecting on the recognition, visibility and handling of these human rights issues as human
rights issues.
Although to some extend present in all, the first will be mainly covered in the entries on disappearances
(2) and foster children (4), while the second question surfaces more prominently in the this text (1) and the
entry on the media representation of human rights (3) of this special issue.
We will engage in this endeavor with an interdisciplinary approach and assemble. Various authors have
identified the field of human rights as fertile grounds for interdisciplinary work (Freeman, 2002; De Feyter,
2008). A frequent starting point for the study of universal rights is the field of international law (and with
that, international relations), yet the focus of this issue is national and thus not primarily concerned with
the international aspect of HR. The analysis borrows much from a sociological approach, since the focus is
often on “the societal processes and relations that shape and define how human rights are generated, defined
and employed in specific social and political arenas” (Madsen, Verschraegen, 2013, p. 4). Besides law and
sociology, our interdisciplinary assemble of authors employs perspectives from communication sciences
and political science.
In what follows, I will briefly walk the reader through the index of this issue of Política, Globalidad y
Ciudadanía:
In the first article, Tuur Ghys offers a general introduction to the topic and logic of human rights that
will be useful in understanding the other entries in this journal. It also deepens the discussion of the central
topic of unequal attention and why certain groups struggle to construct their grievances as Human Rights
abuse. This article was written in English.
In the second article, Darwin Franco Migues makes a deep reflection on the problem of disappearances
in Mexico. Approaching the problem from a communication point of view, he explores how the disappeared
are often stigmatized and forgotten, as well as the resistance of their families to try to re-frame these human
rights abuses. The article was written in English.
In the third article, Beatriz Elena Inzunza Acedo presents an empirical study on the knowledge and social imaginaries about human rights. This study, focused on Monterrey, presents data on what people know
about HR, how they know it and what issues they imagine as human rights issues. This article was written
in English.
In the fourth article, Leticia Ivonne López Villarreal offers a case study of the interplay of public policies and private actors in organizing the protection human rights of foster care children in Nuevo León.
It shows that a complex web of multi-level processes and actors is required to give voice to the rights of a
particularly voiceless group. This article was written in Spanish.
The fifth article deals with public policy in the field of sports. Francisco Javier Mendoza-Farias, Rocío
Ivonne Quintal-López and Leticia Janet Paredes analyze the limited and slow process of implementing
gender equality and sensitivity in CONADE between 2012 and 2018. This article was written in Spanish.
In the sixth article, Lenin Ramírez Matus and Genaro Hernández Velazco make a case for improving
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police mediation in neighborhood conflicts. Reviewing literature, they conclude that local police need to
further develop their role and responsibility in pacifying community relations. This article was written in
Spanish.
In the final, seventh entry, Said Dahdah Antar takes a more historical approach to the topics usually
discussed within this journal. His article attempts to trace back the roots of rhetorical speech in political
communication and citizen participation back to the ancient Greece and the Roman empire. This article was
written in Spanish.
As the editor of this issue, I would first of all like to thank the authors, especially the group that had
the patience to stick with the human rights project until the end. Second, I want to thank any anonymous
students and student assistants for their contribution, as they often form a hidden part of the academic production process. Lastly, in the name of the authors I want to thank all interview or survey respondents for
their time and testimonies that gave empirical substance to our research. Enjoy the read.
REFERENCIAS
De Feyter, K. (2008). In Defence of a Multi-Disciplinary Approach to Rights. In: K., De Feyter, G. Pavlakos
(Eds). The Tension between Group Rights and Human Rights. Oxford: Hart Publishing.
Freeman, M. (2002). Human Rights: An Interdisciplinary Approach. Oxford: Polity Press.
Madsen, M.R. & Verschraegen, G. (Eds.). (2013). Making Human Rights Intelligible. Towards a Sociology
of Human Rights. Oxford/Portland: Hart Publishing.
Paz, O. (1961). The Labyrinth of Solitude. New York: Grove Press. United Nations (1948). Universal
Declaration of Human Rights. United Nations.
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Editorial
Tuur,Ghys
Co-editor Revista Política, Globalidad y Ciudadanía
https://orcid.org/0000-0003-4582-5578
Como referenciar esta editorial:
Ghys, T. (2019). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 11-13. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.
mx/index.php/RPGyC/editor/submission/121
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México, ISSN 2395-8448. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/11
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México, ISSN 2395-8448. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/11
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México, ISSN 2395-8448. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/11
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Spectacular and systematic human rights abuse in Mexico P
Abuso espectacular y sistemático de derechos humanos en México
Tuur, Ghys1
Universidad Autónoma de Nuevo León
DOI: http://dx.doi.org/10.29105/pgc5.9-7
https://orcid.org/0000-0003-4582-5578
ABSTRACT
This paper served as an introduction to the special issue of this journal on Human Rights. It starts with a general
introduction to the concept and logic of human rights, as well as a framework for understanding the different types
of law and international norms that are often referred to in discussions on Human Rights. The central part of the text
discussed systemic or structural human rights abuses, which were often less visible than ‘spectacular’ events. The article explored why certain rights (for example economic rights) are harder to politicize as explicit human rights issues,
giving consideration to both the institutional landscape, the social position of the affected social groups and the rights
themselves. It concluded by stressing the importance of framing all human rights abuse as human rights abuse, which
requires sustained research attention for systemic problems of vulnerable groups.
Keywords: Deservingness, human rights, international law, systemic abuse.
RESUMEN
Este artículo sirve como una introducción a la edición especial de esta revista en Derechos Humanos. Empieza con
una introducción general al concepto y lógica de los derechos humanos, así como también un marco referencial para
entender los diferentes tipos de leyes y normas internacionales a los que se refieren usualmente en Derechos Humanos.
La parte central del texto discute los abusos sistémicos y estructurales a los derechos humanos, los cuales son menos
visibles que los eventos “espectaculares”. El artículo continua explorando por qué ciertos derechos (por ejemplo los
económicos) son más difíciles de politizar como problemas explícitos de los derechos humanos, considerando tanto
el escenario institucional, la posición social de los grupos afectados, y los derechos como tal. Concluye enfatizando la
importancia del encuadre de todos los abusos de derechos humanos como abusos, lo cual requiere de atención por parte
de los investigadores para los problemas sistemáticos de los grupos vulnerables.
Palabras claves: Abuso sistemático, derechos humanos, ley internacional, mérito.
Cómo referenciar este artículo:
Ghys, T. (2019). Spectacular and systematic human rights abuse in Mexico. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía,
5(9), 17-24. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/114
Recibido: 29 de Junio 2018 - Aceptado: 27 de Julio 2018
1
*Doctor en Sociología por Universiteit Antwerpen, Profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Email: tuur.ghys@uanl.edu.mx.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 17-24. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/114
�Spectacular and systematic human rights abuse in Mexico
18
1.- INTRODUCTION
“The logic of human rights (…), is the logic of human society, one that is dialogic, democratic, equitable, and grounded in the
synergetic processes of everyday life” (Blau, Moncada, 2013, p. 179).
Mexico has seen a very broad palette of human rights violations in the last three decades. When one gazes over the list of rights
mentioned in the Universal Declaration of Human Right (United Nations, 1948), examples of each are readily available. Starting
with the violation of the right to self-determination and political participation with the rigged 1988 elections which introduced the
era of neoliberalism; to the endless (and during election times weekly) reports of voter suppression and coercion. From the many
murdered journalists to the routine censorship of local media. Neither should we forget structural shortcomings in access to education
on the countryside or the decades of insufficient pensions and other parts of the right to social security. In the field of security years
of reporting by Non-Govermental Organizations (NOG’s) like Amnesty International on torture cases could be noted, as well as the
abysmal conditions of Mexican prisons. Two topics that attracted moderate attention in the last years deserve special mentioning. First,
the nation’s notorious Internal Security Law of 2017; of which the American Commission on Human Rights expressed concerns for
allowing the military to increasingly invade public space and more easily break up protests. Second, the increasingly illuminated reality of massive human rights breaches (torture, rape, murder, discrimination, etc.) of Middle-American transnational migrants who try
to cross Mexico to the U.S.. Yet of all Human Rights [from here onwards also written as HR] scandals, the ‘Ayozinapa’ mass murder
of 2014 is by far the most politicized case in recent history. The disappearance and murder of 43 protesting students in the state of
Guerrero triggered large street protests in the capital, attracted international media attention and was subject of an investigation by the
Inter-American Commission on Human Rights.
However not all HR violations are created equally. For all the commotion it generated, the morbid spectacle of Ayozinapa drowns
in the sea of political violence and daily underreported systematic violations and disappearances. For example a strong candidate for
the most commonly breached universal human right is the daily violation of the right to just and favorable working conditions. Among
other problems, the International Labour Organization (2014) estimated that nearly 60% of Mexican workers have informal jobs,
with the minimum wage in the formal sector historically falling below the patrimonial poverty line (although the new government
announced improvements in the latter case). Existing rights including severance pay are rarily enjoyed, as most worked don’t reach the
requirements or are cheated out of them (Valencia, Foust, Tetreault, 2012, p. 35). Rarely were Mexican labor conditions constructed as
a human rights issue, even if the suffering (and probably avoidable death toll) of this and other structural causes of poverty far exceed
that of a single spectacular act of violence. This imbalance is institutional, because even if a case regarding labor conditions would
attract such media attention, it would not be received by the Inter American Court of Human Rights which only deals with civil and
political rights.
Observations like the previous one form the starting point of both this text and the special issue of this journal, which both will
take an interdisciplinary approach (Freeman, 2002; De Feyter, 2008). This introductionary text is theoretical of nature, based on both
the respective international laws and secondary literature on the history, philosophy and sociology of human rights. For various examples it will also draw on insights from our research on migration (Inzunza, Ghys, 2018) and poverty (Ghys, 2018). In what follows
we will first offer a general conceptual introduction to human rights for those unfamiliar with the topic. After this we continue the
theoretical reflection on why some rights and groups seem less deserving of attention and intervention than others.
2.- THEORICAL FRAMEWORK
A brief introduction to human rights
This brief overview of the field of human rights serves as orientation for readers new to the topic, as well as to bind together the
inevitable slight variations in views on this issue amongst the authors in this special journal issue. We will not attempt to be original;
the following borrows heavily from the influential conceptualization in Jack Donnelly’s standard work Universal Human Rights in
Theory and Practice (2013). We will first highlight some essential elements of the concept of human rights, and later discuss the relation between various human rights treaties.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 17-24. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/114
�Ghys, T.
19
First of all, Human Rights are the rights one has for being human, aimed at protecting human dignity. Human rights are individual
entitlements, not to be confused with the objects of those rights or the corresponding values (Donnelly, 2013). They refer to a legal
relationship, encoded in various human rights treaties that are part of what would be called public international law (Shaw, 2014), and
thus implying commitments from states. Human rights place right holder A in a special relationship to state B (either the one who’s
territory A is in or belongs to as a national). This commitment includes not only a duty to respect the right (for example not to censor),
but also to protect (for example from systematic insecurity risks) and fulfill (to provide access to education). Although technically this
responsibility belongs only to the state, there has been much debate in the last decades on expanding this to other powerful actors such
as multinationals (Ruggie, 2013). We will limit ourselves to an orthodox state centered interpretation, where humans rights are ideally
made enforceable under national law.
If human rights are the rights one has for being human, they would logically apply to all humans, which brings us to the topic of
the universally of HR: they apply to everyone and they apply to them equally. This universality (and this global applicability) has been
object of sustained debate since the signing of the original 1948 Universal Declaration. Besides the effective large overlapping legal
consensus on the HR treaties (despite the often cynical support, see Smith-Cannoy, 2012), other proposed grounds for HR include
human needs, natural law and religious reflections. One of the most appealing grounds for human rights is that they protect people
from two major threats to human dignity introduced by modernity: the capitalist market and the modern state (Donnelly, 2013). Giving
at least one of these institutional contexts is present in almost all nations, HR could be seen as a universal protection and promotion
of human dignity:
“Fundamental rights provided the conceptual and institutional tools to help protect individuals from the increasingly invasive
powers of state, market, etc., while at the same time guaranteeing the free and equal access to modern social institutions such as mass
education, public healthcare and labour markets, which provided them with the means - both material and symbolic - to construct their
life-projects” (Madse, Verschreagen, 2013, p. 7).
Although interesting, the debate on universality is of no direct concern to us given the national focus of this special journal issue.
Although its HR track record would not betray it, Mexico is one of the 48 founding signatories of the original Universal Declaration of
Human Rights. It was also an early signatory of the International Covenant on Civil and Political Rights (1966) and the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), and has ratified the American Declaration of the Rights and Duties of Man
(1948) also known as the Bogota declaration.
The last aspects of HR we will highlight in this introduction is their indivisibility and inalienability. Human rights are not a menu
of options, but are presented as one indivisible whole in the Universal Declaration of Human Rights (United Nations, 1948). However,
various actors (including governments) have tried to weaken this notion by giving preferential treatment to certain right, a topic we
will discuss further in the next section. The fact that HR are inalienable implies that one cannot stop having human rights because
one cannot stop being human (Donnelly, 2013). This does not mean that every human is in a position to enjoy them at any time (for
example children cannot vote). One can also still get trapped in certain zones of ‘exception’ where the enjoyment of certain rights is
temporarily suspended (compare Agamben, 2005). This includes situations such as being in prison or in situations of statelessness or
undocumented migration, as Hannah Arendt pointed out early (1951). However none of these situations imply that human rights can
be categorically earned or lost, they always remain with the individual. This matters highly, since HR violations are often targeted at
marginalized groups that are dehumanized by more powerful ones.
In terms of strictly legal entities, the field of HR encompasses various treaties and laws, which can cause confusion on which
rights are actual human rights. The surrounding legal regimes further encompass various institutions that promote, monitor, protect
and enforce them, which often offer their own formulations, interpretations and relating values. To structure the discussion, we will
present various types of HR-related law in an onion model with the Universal Declaration at the center, and with each additional layer
being further removed from the core concept of HR. Notice that this ordering is purely for didactic and conceptual purposes; it does
not imply any hierarchy in power or enforceability (often on the contrary).
At the core we have the original list of thirty articles in the Universal Declaration of Human Rights (United Nations, 1948), also
referred to as the UDHR. These form the normative core of the global human rights regime, and are what most people (both laymen
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and experts) refer to when generally talking about human rights. Since it is a declaration and not a treaty, it serves as a foundational
norm that in the international field has no legal power of and in itself (although some countries copied it into their constitution). The
most prominent treaties operationalizing these norms are the International Covenant on Civil and Political Rights (United Nations,
1966) with 171 signatories; and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (United Nations, 1966) with 166
signatories.
In a second tier we find various additional international rights declarations that follow the concept of Universal Human Rights
and share similar institutions (the U.N. treaty bodies). These include the right of woman; the rights of handicapped people, the rights
of the child, etc. Although these parallel treaties are sometimes referred to as human rights and enjoy as much (if not more, in case of
the rights of the child) universal support, they differ in a number of ways from the UDHR regime. First of all, they usually practically
apply to certain groups (woman, indigenous people) instead of the entire human race, offering additional protections. Second, they are
part of mostly younger legal regimes that don’t have the same history and (depending on the region and treaty) institutional support
and authority that the more known Universal Human Rights have. For example Mexico signed and ratified amongst others the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (United Nations, 1971); the Convention on Rights of the
Child (United Nations, 1989) and the Conventions on Rights of Persons with Disabilities (United Nations, 2006).
In a third type of rights that are sometimes brought into (Mexican) human rights discussions are constitutional rights. The Mexican constitution grants various rights to inhabitants that in concept, tone and authority are sometimes similar to Universal Human
Rights, but hold no relation to international law. In Mexico’s specific case this also includes certain additional rights to groups like
indigenous people.
Under the fourth layer of laws relevant to this debate we can group all kind of international ‘soft’ law. Here we refer to other
international treaties that do not generate binding obligations towards citizens or take the form of rights, but that can inform legal
judgement and implementation of human rights. These include important international texts such as for example the Paris Agreement
on climate change (U.N., 2015), the Global Compact for Migration (U.N., 2018) or interpretations of human rights by the relevant
treaty bodies, U.N. commissioners or organizations like the International Labour Organization. In the remainder of this text we will
limit ourselves to the first core layer when referring to Human Rights.
Some rights are more equal than others.
Our focus in this special issue is on systemic and enduring human rights violations and deprivations. In this context systemic
refers to these violations being part of the everyday functioning of society. This can either be because they are structurally (for example in the economic model) or legally locked into the operation of society, and/or because they are widely ignored. For example the
non-enjoyment of the right to social security and protection from destitution due to old age was structural in so far it followed from
the overhaul of legally guaranteed pensions in 1995 (OECD, 2016, pp. 42-44). Combined with the highly informal labor market, these
reforms left many elderly people structurally without any or sufficient pensions. Enduring violations are thus normalized as part of
everyday life, in contrast to ‘spectacular’ Human Rights violations such as active genocide or the imprisonment of an opposition leader
that refer to a specific (media) moment or case. Systemic HR problems such as the issue of disappearances can of course generate a
‘spectacular’ moment like in the Ayozinapa case where 43 students disappeared at once. However, as Darwin Franco indicates (see
elsewhere this issue), the wide media attention for this event did not necessarily illuminate or even benefit the handling of the wider
problem of disappearances. Another example of a systemic HR issue is the daily and deadly hazards (torture, murder, rape, disappearance, starvation, sickness, etc.) that transnational migrants are exposed to on their journey up North2. Although these sometimes
involve government forces and shortcomings of the duty to protect, one could argue that these issues (mostly caused by organized
crime) are not the intended consequence of a single governmental action. Yet they are systematic in the way they have been ignored for
2
The author was involved in a research projects that included 60 interviews with transnational migrants.
Although the research question centered around their sources of information and imaginaries of the journey and destination (and thus contained no direct questions on abuse).; our interviewers were flooded with horror stories of rampant
HR violations. Only recently has this topic attacked more mainstream attention.
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decades. Flagrant disregard for the plight of migrants became part of the long list of irregularities, impunities and institutional failure
that together formed the paradoxical normality of Mexican surrealism.
Yet some issues are able to attract more attention than others, and some (such as the right to fair pay) are barely conceived as
human rights issues (see the entry by Beatriz Inzunza elsewhere in this issue for more on imaginaries of human rights). In this it is
crucial to keep in mind that Mexico is not a ‘rogue’ country that doesn’t recognize or makes reservations on human rights, but instead
a founding signatory of human rights and overall loyal participant in additional international HR law3. The question thus becomes why
this society recognizes human rights and at the same time accepts certain systematic violations as everyday normality. The following is
not meant as an exhaustive analysis of why certain human right violations become normalized or generate no paths to justice. Instead,
we intend to draw a broad overview of possible perspectives that can help provide background to the further contents of this issue.
One set of reasons clusters around the particular group that is experiencing difficulties in enjoying their human rights. This might
have to do with the perceived deservingness of particular social groups. Besides power, individuals and groups also hold a certain status (or symbolic capital) within society, which among other things influences what societal rewards or punishments society is willing
to grant them. This shows clearly in for example the field of poverty reduction and social assistance (Gans, 1996), where audiences
and politicians often favor the ‘deserving’ poor (widdows, the physically impaired) over ‘undeserving’ poor such as the unemployed.
Various groups in society suffer from similar forms of ‘symbolic violence’ (Bourdieu, 1984): they are denied respect and recognition
from groups with higher prestige, which reinforces inequality. But we could apply this to Human Rights more generally, especially
when dealing with groups that break or broke certain societal norms. Research by Drolet, Hafer and Heuer (2016) indicates that “if the
target of Human Rights violation engaged in highly morally reprehensible behavior in the past (even behavior that is not directly related to the violation), people will perceive the target as deserving of extremely negative treatment” (p. 430). This is troubling for HR,
since these rights are supposed to be a safeguard exactly when one is not respected in society (Donnelly, 2013). One example would
be the seemingly generalized political and public disregard for the abyssal conditions of certain Mexican prisons; of which some are
so abandoned that they are left to self-governance of the prisoners. Prisoners are the ultimate ‘undeserving’ group, since even without
knowing them one can assume the crimes they committed to end up in prison violated explicit societal norms. Violations of their human rights are thus easily ignored and might even be approved by other social groups. From the perspective of policy makers, prison
reform might yield considerable societal and security benefits, but giving attention to the HR of prisoners is an unattractive political
position given they are seen as undeserving. Besides, In Mexico they don’t have the right to vote (Cantú, 2011)4.
The latter ties into the factor of the relative powerlessness of certain groups. Although their rights are preexisting and don’t need to
be conquered or earned, various groups in practice lack the power to enforce them. This can be because they lack other civil rights or
stand in an exceptional relation to the law, such as is the case with (undocumented) migrants or the aforementioned prisoners. Or because they lack the economic, social and/or political influence in Mexico (Ghys, 2018) or access to justice (lawyers, courts) to demand
the active respect of their labor rights. It is for example harder for poor farm workers to draw attention to evident violations of labor
rights, than for judges and other magistrates to attempt using HR to shield them from wage reforms. Additionally, if not automatically
provided, rights must be claimed via legal instruments and courts, which is simply an unlikely course of action for various vulnerable
groups (Madsen, Verschreagen, 2013). This not only assumes the availability and accessibility of adequate legal recourse, but also a
level of awareness and knowledge of one’s own rights and the will, time and resources to engage in legal processes. As with rights in
general, the poor tend to be least capable of enforcing them: “It is well known that most failures in assuring human rights are more or
less directly related to poverty” (Madsen, Verschreagen, 2013, p. 10). This also draws attention to the need of Human Rights education
3
To add a point of comparison: while Mexico early on signed and ratified additional conventions on the rights
of children, woman, and people with disabilities, the United States did not ratify any of the aforementioned.
4
Another example of a group lacking this right that is often constructed as undeserving is transnational migrants. While the problem itself has been largely ignored for decades, in the second half of 2018 transnational migrants
suddenly lost much of what remained of their ‘deservingness’ in the eye of large parts of the Mexican public. After a
brief wave of immigration and the reaction of U.S. president Trump, migrants fell victim to an intense stigmatizing
(social) media campaign. Working on this topic, I found myself surprised at the speed and effectiveness of assault on
deservingness, making drawing attention to the savage abuses this group experiences harder overnight.
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and making people familiar with their rights and the available channels of claiming them.
A last variant are groups whose rights (and sometimes bodies) are rendered invisible. Abuses that we do not know, such as that of
trans migrants in the woods or those tortured and illegally imprisoned, cannot attract attention. Darwin Franco’s contribution in this
issue details how for example many disappeared persons are rendered invisible in multiple ways, hiding the true extend of the problem. Complaints of abuse might also be silenced within the justice system itself, given Mexico’s notorious reputation for corruption
and impunity in both police forces as the court system. The underreporting of abuse in media, especially if it involves the silencing of
that same media (a HR abuse in itself), further ads to the problem.
Another cluster of reasons for variations in attention for HR issues are not connected to the victims but to the rights themselves.
Human Rights, like other institutions, are socially constructed: they are what we through social interaction make of them (Berger,
Luckmann, 1966). That means that regardless of their roots in any type of law, in practice our perception and valuation of them, as
well as the corresponding institutional resources largely determine how ‘real’ the role of a certain human right is in the lives of people.
The universality of human rights is sometimes challenged by not giving social, economic and cultural rights (work, social security, education, etc.) the same importance as civil and political rights (Blau, Moncada, 2013). As Donnelly (2003) explains, this partly
stems for cold war debates in which some mainly U.S. intellectuals adherred to a philosophical tradition that regarded civil and political rights (plus property) as the only ‘true’ rights. Without delving into this debate, we agree with Donnelly that there are no conclusive
arguments for this view, which is essentially a political one favoring a certain conservative ideological constellation. We hold that
the various human rights reinforce each other and dividing them often makes little sense in practical situations in which political and
socio-economic exploitation go hand-in-hand (Donnelly, 2013). The practical impact of violations of economic rights (for example
starvation or lack of healthcare) are certainly as tangible for people involved than violations of for example the right to protection
from torture. Even if we leave these ideological discussions behind, one must be aware that there are also practical discriminations
against social and economic rights relevant to our Mexican context. For example the Inter American Court of Human Rights which
has jurisprudence over Mexico only covers the American Convention of Human Rights, which only induces civil and political rights.
International NGO’s like Amnesty International and Human Rights Watch have historically focused much more on civil and political
rights. This makes attracting wider (international) attention to social and economic rights (which are amongst the most frequently
violated) harder, depoliticizing issues like exploitation and inequality.
Besides the geopolitical context, while various rights such as freedom of speech can be inconvenient to all sorts of governments,
the less politicized social and economic ones can also run counter to the interests of capital. Rights regarding social protection often
imply redistribution via taxation (Royce, 2015), and rights to fair working conditions and vacations can delay capital accumulation.
Regarding the latter, while the state is legally responsible for not offering the required protection/provision, worker right issues are
often experienced versus private companies who might violate national laws but are technically not bearers of HR obligations. This
can contribute to the overlooking of social and economic rights violations as real human rights issues. A similar situation can occer
when governments are disswayed from improving Human Rights conditions by other more powerful countries. For example Mexico
faced pressure from the United States over the last decades to disencourage and hinder the passage of Middle American migrants.
Lastly, certain rights might run counter to the survival of the political class as such (Donnelly, 2013). While this might be broadly
imaginable for any right given particular circumstances, for instance of government falling over its ability to reach consensus of an issue relating to family rights, some rights are more evident candidates. Freedom of press comes to mind in the Latin-American context,
as well as rights to legal recourse and protection from violence and torture. Although these issues might be more easily recognizable
as HR violation (see discussion above), governments might have very strong interests in depoliticizing them, for example by framing
disappearances as side effects of criminal lifestyles.
3.- CONCLUSIONS
This introduction was not intended to disclose original analysis or findings, but rather to guide the reader towards the Mexican
context, and to offer frames of understanding how the central problematic could play out in the remaining contributions. However, it
also draws attention to the need to keep framing human rights abuse as human rights abuse. While the same event, for example the
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denial of joining a trade union, can be viewed and politicized from many perspectives, the human rights approach deserves its own
space. It empowers victims and transforms them into right holders, firstly in a normative sense (knowing one is right), secondary in
a legal sense if appropriate resources are available. If these resources are not available, the first provides a ground to struggle for the
second. Yet HR also create arguments and legal obligations to provide, protect and respect in instances that could otherwise be framed
in terms of regrettable but anonymous inefficiency, crime or corruption. They point towards the needs for (and right to) continued
institutional improvement aimed at increasing the human dignity of all people.
This call extends to academic research itself, more precisely to keep directing attention to groups that are stigmatized, deemed
undeserving or dangerous, as well as those that are hard to study. Continuing the sociological angle, we must admit that practical considerations are part of research designs and the choice of topics, and certain potential research questions raise more practical barriers
than others. Besides cultural barriers, this could be as simple as being repulsed by reasons of plain physical location: ‘dangerous’
neighborhoods, remote countryside, traveling populations, etc. A second step is studying how these groups in their practical context
can use their human rights, or draw attention to their inability to do so, in achieving more dignified lives. As mentioned before, such
research lies as the crossroads of law, sociology, the field of social work, and the political and communication sciences.
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The quadruple disappearance: Analytical proposal to reflect the social and media representation of
the victims of disappearance in Jalisco, Mexico
La cuádruple desaparición: propuesta analítica para reflexionar la representación social y mediática de
las víctimas de desaparición en Jalisco, México
Darwin, Franco-Migues 1
Universidad de Guadalajara
DOI:http://dx.doi.org/10.29105/pgc5.9-6
https://orcid.org/0000-0003-2979-2956
ABSTRACT
This article is a documentary and contextual review of the disappearance of people in Jalisco, Mexico between
2006 and 2018. Disappearance is a crime against humanity, which has increased since the Mexican State declared war
against the organized crime in 2006. The inaction of the authorities facing this grievous crisis on human rights has forced the families of the disappeared to lead their search, in life and in death. Therefore, the objective of the text is a critical analysis the political and media discourse which has reduced the disappeared to just statistics, confining their media
and social representation to a figure where the criminalization of the victim has more importance than the demand of
justice for the amount of Human Rights that are being violated. This article found that a person in Mexico does not
disappear once, but four times: 1) physical, where their human right to freedom is denied; 2) juridical-administrative,
in which they’re reduced to an statistic, disregarding their right to equality and juridical security; 3) social-symbolic,
where they’re criminalized, and stigmatized taking away their right to presumption of innocence; and 4) media, in
which they’re victimized again, violating their right to dignity.
Palabras clave: Physical, Legal-Administrative, Media and Social-Symbolic Disappearance.
RESUMEN
El presente artículo es una revisión documental y contextual de la desaparición de personas en Jalisco, México
entre 2006 y 2018. La desaparición es un crimen de lesa humanidad, que ha aumentado desde que el Estado Mexicano
declaró la guerra contra el crimen organizado en 2006. La inacción de las autoridades ante esta grave crisis de derechos
humanos ha forzado a las familias de los desaparecidos a realizar su búsqueda, tanto en la vida como en la muerte.
Por tanto, el objetivo del texto se centra en el análisis crítico del discurso político y mediático que ha reducido a los
desaparecidos sólo a estadísticas, confinando su representación social y mediática a una figura donde la criminalización
de la víctima tiene más importancia que la exigencia de justicia alrededor de los derechos humanos que le han sido
violentados. En este sentido, el artículo encontró que una persona en México no desaparece una vez, sino cuatro: 1)
física, donde se niega su derecho humano a la libertad; 2) jurídico-administrativo, en el que se reduce a una estadística,
sin tener en cuenta su derecho a la igualdad y la seguridad jurídica; 3) social-simbólica, donde son criminalizados y
estigmatizados eliminando su derecho a la presunción de inocencia; y 4) mediática, en la cual son re-victimizado nuevamente, violando su derecho a la dignidad.
Key words: Desaparición Física, Jurídico-Administrativa, Mediática y Socia-Simbólica.
Cómo referenciar este artículo:
Franco-Migues, D. (2019). The quadruple disappearance: Analytical proposal to reflect the social and
media representation of the victims of disappearance in Jalisco, Mexico. Revista Políticas, Globalidad y
Ciudadanía, 5(9), 25-42. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/113
Recibido: 16 de Julio 2018 - Aceptado: 20 de Agosto 2018
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Doctor en Educación por Universidad de Guadalajara, Profesor de tiempo completo del Programa de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Email: darwinfranco@cencar.udg.mx
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 25-42. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/113
�The quadruple disappearance...
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1.- INTRODUCTION
“We must build a collective memory facing the disappearances, because if we don’t, the powerful
(The State) will come and tell us this didn’t happen… that it wasn’t true”.
Leticia Hidalgo, mother of Roy Rivera, forcedly disappeared
on January 11th, 2011, in San Nicolás de Los Garza, Nuevo León.
Even though they’re here, eternally present, not much is spoken about the disappeared in Mexico; because, for many –including the State- it is unimportant to know who were the 34 thousand 268 people that
are disappeared right now. All of them, women, men, adults, young people and children that one good day
had restricted their human right to freedom under the setting of a failed security strategy that started on
December 11th, 2006. On this day the former President of Mexico, Felipe Calderón, made a war declaration
against all the drug trafficking groups that operated on the country.
Under the setting of this war, the civil society has been the most vulnerable sector, such as the most
violated on matter of their human rights, because in Mexico, 226 thousand 024 people have been murdered
(SESNSP, 2018); 36 thousand 265 people have been disappeared (RNPED, 2018) and 310 thousand 527
more have been displaced from their territories because of the violence (CMDPDH, 2017)2.
However despite these alarming statistics, the Mexican State during two administrations, Felipe Calderón’s (2006-2012) and Enrique Peña Nieto’s (2012-2018), has systematically denied the existence of a
Human Rights crisis. It even has reiterated on several occasions before international organisms, like the Inter-American Court of Human Rights and the Office of the United Nations High Commissioner for Human
Rights (OHCHR), that a setting of rights exists in the country and guarantees the enjoyment and respect of
all Human Rights.
As counterpart, these same organizations have marked out that in Mexico, human rights violations are
being committed systematically; a similar conclusion was derived on the commission of crimes against
humanity, such as: murder, torture, forced disappearance, forced displacement, extrajudicial executions and
arbitrary detentions.
The 7th article from the Rome Statute of the International Criminal Court (subscribed by Mexico since
January, 2006), defines a crime against humanity as: “a generalized or systematic attack against a civil
population and with knowledge of said attack”. The same statute defines that this attack is “a conduct line
that implicates the multiple commission of acts (…) against a civil population, in accordance to a State’s or
organization’s politics to commit this attack” (CPI, 2002; p.3). Crimes against humanity can be perpetuated
by governmental forces, such as organized armed groups (Open Society Justice Initiative, 2006).
Some of the crimes against humanity that have been committed on Mexico according to the international
principles in terms of Human Rights, are: the disappearance of the 43 students of the Escuela Normal Rural
“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, which happened on September 26th, 2014 on Iguala, Guerrero; the
extrajudicial execution of 15 civilians in hands of the Mexican Army, which happened in Tlatlaya, Estado
de México, on June 30th, 2014; the “grave violations” suffered by 49 migrants found lifeless in Cadereyta,
Nuevo León, on May 2012; the disappearance, torture and homicides committed against 72 migrants in San
2
The number of victims of violence were accounted from January 1st, 2006 to April 30th, 2018. The current
federal government of Andrés Manuel López Obrador has recognized that the number of missing persons exceeds 40
thousand; However, official data on the number of missing persons has not been updated since April 2018.
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Fernando, Tamaulipas, between August 22nd and August 23rd, 2010. These are just some of the cases that
received more social and media attention on the past years. Let’s remember that crimes against humanity
are crimes that do not prescribe or can be attached to any kind of amnesty or legal immunity, in which not
it only is needed to judge and consign the material authors, but every single one who had participated in
the commission of the felony. Especially, the hierarchical superiors which, by action, omission, inaction or
collusion had a link with the facts.
To this adverse panorama we would have to add also that Mexico is one of the countries in the world in
which human rights defenders take mayor risks, because in the last 11 years, 106 activists and/or defenders
of human rights have been murdered (Red TDT, 2017). Regarding the broader freedom of expression and
press, 117 journalists have lost their life and 23 are disappeared right now (Article 19, 2018). Even though a
Law for the Protection of Human Rights Defenders and Journalists exists since June 2012, and a Protection
and Defense Mechanism that detaches from the same law, these crimes are not just unpunished but also the
majority of them are not linked to activism or journalistic exercise as one of the possible causes of death
or disappearance.
The last update from the National Human Rights Commission (CNDH), that retrieves the violations to
Human Rights in Mexico during 2017, registered an increase of 117 percent on recommendations by the
presumed violations to Human Rights on public instances like the Office of the General Prosecutor (PGR),
and the National Security Commission (CNS). This incidence propitiated the organism to announce 97
recommendations; in which five standed out by crimes against humanity and eight standed out for torture
acts committed by different areas of Public Security. The ombudsman, Luis Raúl González Pérez specified:
“Mexico hasn’t experienced a significant and objective act towards a higher respect on Human Rights,
it hasn’t either managed to strengthen our democratic environment of Rights neither has accomplished to
positively modify the environment which, when the sexennial (of Enrique Peña Nieto) started, millions
of Mexicans had already faced: insecurity and violence, impunity and corruption, inequality and poverty”
(CNDH, 2018; p. 11).
As a response, the President Peña Nieto answered that in spite of the criticism regarding the protection
of human rights his government is “moving forward on the right direction”.
The Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (Movement for our disappeared in Mexico) – a
collective that engages more than 30 collectives from relatives of disappeared people in the country- has
named Enrique Peña Nieto’s administration as: “The sexennial of disappearances”. In his rule not only the
43 normalistas of Ayotzinapa –icon of the disappearances inside and outside the country- disappeared, but
also 20 thousand 351 people disappeared, which corresponds to 60 percent of all the disappearances.
2.- THEORICAL FRAMEWORK
The theoretical support of this article rests on two concepts: necropolitics (Mbembe, 2011) and gore
capitalism (Valencia, 2016); the first concept refers to the use of social and political power to dictate how
some people can live and how some should die; the second concept it is an analysis tool that focus the economic, sociopolitical landscape, symbolic and cultural Mexican affected and rewritten by drug trafficking;
in both, the key is the understanding of violence as the main articulator of power and terror caused not only
to the violent bodies but also to all those that are conceived as possible goods to which they can be disappeared or for economic and territorial control purposes.
Through his dissertation he will realize that the disappearance of people in Mexico is based, in part, on
an economy of death that sees the disappeared, mainly young people, as a commodity that they can exchanRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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ge and reuse to achieve the objectives (economic and power) pursued by the various drug cartels in their
collusion with the Mexican State.
At the same time, a dissertation on the evolution of the concept is presented: disappeared, and on which
its current conceptual inability is needed to account for the characteristics that disappearances have in
Mexico today, which are not associated - as in the past- to the political-ideological positions of the disappeared, because now the center is not in the disappearance of the so-called enemy, but in the disappearance
of people who allow narcomaquinaria (Reguillo, 2011) to maintain and enhance the functioning of the
death economy that now prevails in Mexico.
This theoretical analysis focuses on the way in which the Cártel Jalisco Nueva Generación has been
carrying out the disappearance of people in Jalisco, a state where the main victims of this crime are young
people who are then employed for the sowing and production of drugs, the sicariate or the sex trade.
The wider context of disappearance and the disappeared
Disappearance is, in juridical terms, a crime that consists in “the arrest, detention, kidnapping or any
other way of deprivation of liberty”. In fact, the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance states that this crime can be the “work of State agents or people or groups of people that
act with the authorization, support or acquiescence of the State”. A disappearance is considered as existent
when it is given “the negative to recognize this deprivation of liberty or the hiding of the fate or whereabouts of the missing person, subtracting it to the protection of the law” (ONU, 1993; p.1)3.
Disappearance is therefore an offence that is not time-barred, as it not only involves the moment when
the person is disappeared but also includes all moments after the disappearance. The protection of the State,
in this sense, must go beyond the investigation of why the disappearance occurred and who is responsible,
since it must also include attention to all the grievances that the disappearance generates in the victim’s
family. They are disappeared and thus victim of a crime, not just someone that suffers a condition of absence or non-localization, as generally are pointed out in the Mexican State and their multiple government
organs. Thus, someone can be considered as missing when, product of a Human Rights violation, a person
or a group of them deliberately decide to deprive them from their liberty. In this context, disappearance
constitutes a crime that is not only permanent but also being prolonged day by day.
A huge part of this international juridical acknowledgment of disappearance and enforced disappearance we owe to the fights, complaints and organization of collectives of relatives from the detained-disappeared4 that denounced this crime systematically. This originated mainly under the frame of the military
3
The first international recognition on disappearances occurred on September 20th, 1978, when the United
Nations published the resolution 33/173; which insisted that all the member countries: “assign the necessary resources
to the search of missing people, in application to the law and respect of people’s Human Rights” (ONU, 1978; p.166).
Since this date, disappearance is known as an aggravating and flagrant violation to Human Rights. This was reassured
by the UN on 1992 when in the resolution 47/133 was written the Declaration on the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance, in which is established that disappearance can be considered as a crime against humanity. In
1992 the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance was made. Countries
like Mexico agreed to create “mechanisms for prevention of enforced disappearance and to fight against impunity in
which concerns the commission of this crime.”
4
Social category with which Argentina named all people who were deprived from their liberty by the military
dictatorship that this country lived between 1976 and 1983. The Argentinean State only recognizes the disappearance
of 13 thousand people; however, the Association of “Las Madres de Plaza de Mayo” precise that the disappeared in this
period were more than 30 thousand. See: http://www.madres.org
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dictatorships in Latin America in countries like Argentina, Brazil, Chile and Guatemala, just by mentioning
some of the cases that were taken to the Human Rights Commission of the UN.
Disappearance, as a crime, generates a series of obligations to the State in which the disappearance
happened and is still happening, since this is the responsible authority with the obligation of generating
politics and strategies to create and follow actions that propitiate: 1) strategies for the prevention of a crime
such as disappearance; 2) the research of the crime to find the location of the direct and indirect responsible;
3) the ruling of sentences to punish those who commit this crime; and most relevant, 4) the localization,
mainly while alive, of the disappeared person; if the localization wouldn’t be given this way, the State also
has the obligation to locate the body and/or the rests of the disappeared person to deliver them with dignity
to their relatives5.
This series of legal conceptualizations must be accompanied by socio-political and socio-historical dissertations that place disappearances and the disappeared in contextual frameworks that allow us to understand why people, especially young people, are disappearing in Mexico, and what their whereabouts could
be. Understanding the causes and motives for which people are disappearing would help to identify that
they (disappearances) constitute a crime against humanity that is constantly denied by the State. This not
only minimizes the existence of this crime but, at the same time, criminalizes the disappeared to make them
responsible for their own disappearance. This generates the construction of stigma around disappearances
that constantly violates the dignity and integrity of the disappeared, which undermines the possibility of
social cohesion around the victims of this crime.
This criminal connotation of current disappearances, imposed by the Mexican State, is different from
the somewhat generic definition of disappearances and disappearances in international human rights treaties and legislation, in which disappearance is thought of as part of the political-ideological actions developed by the victims. The name “detainee-disappeared” that appears in these treaties is not entirely tied to
this other type of disappearance, which is committed by both the State and drug traffickers, as happened in
Colombia and is currently manifested with force and terror in Mexico.
Thereon, Robledo (2016) thinks the disappearance and disappeared must not be detached from the
social life that contains them, because it is in this reference frame that the actions their family make daily
are attached. This process is expressed in their memory devices (Souza, 2018) and in the legal-political and
political-social struggle they are carrying out to ensure recognition of the existence of the crime, the innocence of their disappeared and the inability of the State to confront this humanitarian crisis.
Gabriel Gatti (2017), one of the main theorists of Latin American’s disappearances, created a conceptual
genealogy to establish what is meant by disappearance and what is meant when a person is named as missing or disappeared. In his social-historical revision of both terms, based on Mahlke (2017), he establishes
that the ideal type of disappeared does not only goes through a penal-juridical phase, but also by esthetic,
psyche-clinical, social-political and social-historical criteria; Sugerencia It will be included on the media
denomination.
The esthetic refers to universal representations that signifiy the disappearance, the disappeared and the
pain that both facts generate in their families. The images of mothers carrying the pictures of their loved
5
In Mexico these series of obligations are stipulated on the General Victim’s Law (GVL), and the General Law
on Forced Disappearance of Persons and disappearance committed by individuals. Both Legislations were the result of
the fight of victims of violence; the first case was leaded by the Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad; and the
second, by the Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México.
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missing ones on their chests is, perhaps, one of the most intense representations, as it is the search sheets
with the caption “missing” that are posted in public places or distributed massively on digital social media
(Franco, 2016).
The psyche-clinical refers to the psyche-social and psyche-emotional materialization, both propitiate
the unfinished mourning, the rupture of the biographic process and fragmentation of everyday life that
come after the disappearance. Here the focus is on the victims condition and the effects that: “persist on
the survivors and their social environment, inscribing the pain in a dispute and power relationships field in
which is possible to find forms of solidarity and practices of stigmatization and public rejection” (Robledo,
2017; p.21).
This process is intimately connected to the social-political space of articulation of the mobilization that
produces not only public acknowledgement of the absence, but also of the absence of access to justice.
Judith Butler (2016) has analyzed the distribution of the value of the loss or missing of lives in public spaces, whereof forms of social organization exist, where “the unsettling and democratizing character of the
mourn” helps to visualize the tragedy (p.45). On this matter, the thousands of public manifestations of the
families of the disappeared in Mexico constitute actions not just of public demand for justice but also of
memory. They give public visibility to the existence of these disappearances, but also to the social-historical
causes that provoked them. That is why the social-historical component is key to think about the causes
linked to the commission of this crime in the past (even though this is still being manifested on the present).
The majority of the disappearances that were generated in Mexico between the 60’s and the 80’s had political-ideological components; which means that the people were mainly disappeared by the Mexican State
because their political actions and thoughts constituted a risk to the political order. On the period known as
“La Guerra Sucia” (The Filthy War), that covered the decades of the sixties and seventies in Mexico, there
are 532 known cases of enforced disappearance (CNDH, 2001). From these, the authorities only confirmed
their own participation in the actions that violated Human Rights of 275 people who victims of detention
were, questioning and eventual enforced disappearance by elements of the Mexican State. Despite the official recognition, there does not exist any kind of sentence for these acts.
The current social-historical scenario that promotes the disappearance of 36 thousand 265 people in
Mexico has been the presence of organized crime. We can think about disappearances as a terror strategy,
but also consider the disappeared as victims of a violence that registers under the frame of a war against
organized crime.
The disappeared, at least in the current Mexico, are the result of the commodification of the body and
bodies. The utilitarian and expressive violences, as Reguillo (2011) states, combine all social and symbolic
life. This creates utilitarian logics where “they kill just for killing” or “disappear just for disappearing” as
long as the ends (mainly economic) allow it and justify it, because people are not seen as humans but as
mere merchandise products that can be disposable or reusable as long as it profits the criminal activity.
This is feasible because in Mexico the nexus that unites the State with narco and necropolitics lies in the
existence of a scenario of impunity where there is “a complex system of profit persecution that, however,
remains hidden, encrypted or hidden as a residual element in the message delivered through the thousands
and thousands of broken bodies that accumulate in the war on drugs” (Reguillo, 2011; p. 31).
Therefore, if we remove the disappearance and disappearance from the society that contains them, it
will be very difficult to understand why this crime is committed in total impunity and, above all, to whom
the disappeared are useful. If the existence of this crime is stripped of this contextual density, the humanitarian crisis that follows a disappearance will be missed, which, as Gatti (2017) maintains, is “a social
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catastrophe” because it implies the destabilization not only of the social structure and fabric but also of
human relations.
For now, these relationships are reconfigured through presence and absence, life and death, all through
narratives where the present cannot be completely mixed with the past because the disappeared is a person
“who is neither alive nor dead: he is disappeared”. This uncertainty generates unfinished grief in the victims
but, at the same time, promotes social actions that have as their objective the search for the disappeared and
the demand for justice.
For example, such as those actions taken by Mirna Nereyda Medina6, leader of the collective Las
Rastreadoras de El Fuerte, a collective of relatives from the disappeared on the north of Sinaloa that make
a search of ‘missing treasures’ twice a week. They name their disappeared “treasures” that the organized
crime has buried on the hidden pits, because they identify that each one of them are the most precious thing
a family has and, locating them, among all the barbarism, is similar to when someone finds a treasure under
earth. She says:
“Now my life is searching. We, Las Rastreadoras, don’t have a life anymore: this is our life. We
are not just a group, we are a family, and this family is missing a lot of treasures yet. I come to the
searches to find treasures; I do it like that every Wednesday and Sunday because this is my life. I
found Roberto, my son, but I’m still missing my partner’s treasures… My Roberto belongs to them
and all their treasures also belong to me, and until we find everyone I won’t stop looking. Searching
is now my life.7”
For instance, when we’re speaking about disappearances and positioning the disappeared, we can’t nor
musn’t obviate the context (esthetical, psico-clinical, social-political and social-historical) in which the
person disappeared. Because there is where the analytic key resides to understand this tragic fact not just
as a crime (which, is and will still be) or as a condition (the disappeared is and will keep being a violence
victim). It must also be seen a terrible expression of a social moment in which the power of the state and/
or the power of the narcomáquina establish exclusion criteria in which the necropolítica acts by making the
lives of some people more tortuous and vulnerable; propitiating terror schemes that, like in the Mexican
case, make the youths their main victims.
The quadruple disappearance
Earlier I specified that a victim of disappearance does not disappear one time, but four. The disappearances suffered by a victim of disappearance in Mexico are: physical, juridical-administrative, social-symbolic
and mediatic.
The first disappearance, the physical one, is not only the main but also the most painful disappearance.
In it the Human Right to freedom is disrupted by a criminal act that disappears a person with or without
specific determined purposes, although always linked to the narcopoder and the narcomáquina that overlay
6
Mirna Nereyda Medina is Roberto Corrales Medina’s mother, who disappeared on July 14th, 2014 on El
Fuerte, Sinaloa, when armed men took him from his business. Mirna Nereyda found her son Roberto three years after
his disappearance, on July 14th, 2017, on an area between the communities of Ocolome and Los Muros. She herself
digged out her treasure from a hidden pit (Franco, Souza and Guerrero, 2017); despite of accomplishing her promise to
find her son, Mirna is still leading the group Las Rastreadoras.
7
Personal conversation made on November 19th, 2017, under the frame of a field research where Las Rastreadoras located the bodies of nine people on the periphery of the city of Los Mochis, Sinaloa.
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any logic and security strategy of the State powers. This physical disappearance has left unfinished the life
plan of 36 thousand 265 people; 26,938 men and 9,327 women. Every effort from the State should go into
their search.
However, this does not happen because the disappeared in Mexico have to go through a strong bureaucratic system on the matter of justice procuration. Which leads to his second disappearance: the juridical-administrative. This disappearance occurs when the State seeks to minimize the impact of disappearances and their victims by decreasing crime statistics and reducing the number of disappeared persons to
statistics or judicial records.
In this second phase of the disappearance, the most relevant factor is not the actions of search and justice but the configuration of a legal framework that allows the political administration of the tragedy. In
Mexico, it is common practice for governments to hide their crime rates in order to generate a favorable
public image of both the ruling party and the politician in charge of either the country, state or municipality.
In some cases, the public or media relevance of a disappearance can break the bureaucratic inertia but
not the essence of its conception, because, when they give major priority to one case above others, the disappeared Human Rights are being violated regarding juridical equality and security. Since, in accordance
to the law and the international agreements on matter of Human Rights, discrimination on the research and
search of a victim of enforced disappearance must not exist.
The collectives of the disappeared’s relatives in Jalisco denounced that after the disappearance of the
43 normalistas of Ayotzinapa, the authorities did not attend their cases because “the priority was to find the
students”; after almost four years of their disappearance, the authorities have not found either the normalistas nor the thousand more disappeared they had to put on hold to be attended again by the authorities.
However, the juridical-administrative search of the disappeared in Mexico is being done at a desk;
which means, the disappeared are searched through a bureaucratic process that prioritizes the exchange of
collaboration applications rather than the search and field research. The only thing that happens is that many
juridical files are generated through the disappearance of a person. Mexico is full of sheets that do not help
at all the process of searching and justice:
“In more than two years, the research file of my son has more offices than reports of field research.
The Public Ministry brags that the file is getting fatter (thicker) but nothing there is focused on
finding Juan Carlos… there are times that my file doesn’t even moves forward because they are all
focused on the new cases… as if one disappeared was more important than others”.8
The last testimony corresponds to the reflection Adriana made, mother of Juan Carlos Zaragoza Gaona, 19 years old, who was disappeared outside his home by a group of armed men, on May 16th, 2015,
in Zapopan, Jalisco. She belongs to the collective Por Amor A Ellxs, which –since 2016- takes actions of
accompaniment and search of the disappeared in Jalisco. In several occasions, they have reported the juridical-administrative obstacles that exist on the search for their relatives. These include:
1.
8
The excessive rotation of Public Ministries and police researches on the disappeared people research area of the Jalisco’s Public Prosecutor’s Office, which forces their cases to start all over
again and again, since the new Prosecutor requires to read the file to know the case and, with this,
Personal conversation with the author, February 23rd, 2018.
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2.
3.
4.
start working on it.
Non access to the file. This blocks them of knowing if, indeed, the authority is searching for their
relative or has done forensic acts to find the offender of the disappearance. Since they cannot check
or have a copy of the file, it is impossible for them to contribute on the research that’s made for
finding their missing loved ones.
Unworthy treatment by the personnel that leads the research. On the majority of cases, families had
to suffer harassment and stalking of the authority that devoted the first hours of search on finding
the disappeared responsible for their own disappearance, such as possibly linking of the family in
the act.
Generalization on the official declarations and/or communications about the disappearances in
which, on a systematic manner, the disappeared is criminalized, linking them with the organized
crime or the commission of criminal activities. They empathize on these acts, for which no proof is
presented, as the main reason of the disappearance.
These two last points promote which has already been named as the social-symbolic disappearance.
This third disappearance is the one that breeds when the dominant social narrative to talk about disappearance and the disappeared is attached to stigmatization. This derivates in two processes: 1) The criminalization of the victim of disappearance by holding him or her responsible for his or her own disappearance;
and 2) The rupture of social bonds of the relatives of the missing ones with their primary and secondary
communities, since the stigma propitiates and generates the creation of borders, rejection and abandonment
of the families when they publicly confess they have a missing person.
Monica, also a member of Por Amor a Ellxs, is looking for her husband and son since September 19th,
2013, day in which both went missing in Guadalajara, Jalisco. She testifies that the stigmatization of the
disappearance weights on her shoulders and her daughter’s:
“I feel like stinky. We, families of the disappeared, are stinky, because in the moment you say you
have a missing relative people run away quickly, they abandon you because they think that if they’re
near you, the same is going to happen to them, or they leave because they think you supported the
wrong path your loved ones were taking… but the reality that not many people know is how painful
it is to be in this situation… we are death in life but they just see the stigma that the fucking authority
encourages when they mark that our disappeared were criminals or involved in drug trafficking” 9
Gloria Inéz Peláez (2007), under the frame of the violence generated by drug trafficking in Colombia,
states that the social stigma over the violence victims is something that is transferred directly to their families since these are “contaminated by the violent death of their relatives, their mourners carry the corresponding social healing, being segregated and feared by the contagion of their condition” (p. 92).
This “feeling stinky”, as Mónica narrates, is part of this social blindness that arises and is nourished not
only by the stigma but also by the self-affirmation of goodness and immunity that makes us believe that
this (disappearance) only happens to “people who are in bad steps”. This same blindness causes society
to imagine the disappeared as people with few studies who live on the outskirts of the city where extreme
poverty is driving them to join the narcos. Their disappearance as a result of this decision and, therefore,
they are largely to blame for what happened to them.
This social-symbolic disappearance, in consequence, generates inclusion and exclusion mechanisms
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Personal conversation sustained on October 20th, 2016.
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where some disappeared in comparison to others acquire more public, social and media relevance, since
these are “more alike us”. In consequence, there’s no doubt that these were good people, which leads us
many to share without hesitation their search sheets or convinces us to attend to public actions (marches,
concentrations, memory acts, etcetera) because there is not suspicion that they should have never disappeared and, therefore, is the State’s obligation to locate them alive.
The social stigma about disappearances and the disappeared generates the invisibility of thousands of
cases, which never reach public opinion because it is believed, as already stated, that the disappeared person is the main suspect and responsible for their disappearance. This stigma has a strong influence on the
family tracing process because many of these accusations are generated by the State itself, which, since the
complaint was filed, has raised suspicions about the victim and his or her relatives.
Often the journalistic and media field prioritizes the official discourses that place the disappeared as responsible for their disappearance. It is framed as a dispute between members of rival drug trafficking bands.
The media forms a fourth disappearance, involving the establishment of communicational and informational logics where the stigma is presented as a category that homogenizes and depersonalizes the disappeared
by giving them a “social identity” that does not match with their personal identity (as a victim). When the
stigma operates this way, as Goffman (2006) states: “we stop seeing the person whole and common and
reduce them to an infected and underestimated being” (p.12).
What do we imagine when we see the face of a missing person in communication media or in digital
social media? What do communication media tell us about the reasons why the disappeared, like their families, become enforced victims? How are media representation of victims constructed? How do groups
of relatives of the disappeared dispute these same representations when they fight for the restoration of the
dignity of their disappeared person?
A media representation can be understood as a synthetic cultural formation that looks for placing and
setting a type of particular meaning on a subject, fact or process that is named and/or visualized throughout
communication media. It is a media production that does not only make the social representations visible,
as “a conjunction of concepts, declarations and explanations created on everyday life and in the course of
inter-individual communications” (Moscovici, 1981; p. 180); but they add symbolic and discursive elements with which they look for disputing and/or imposing a sense or meaning regarding what is represented/produced.
In contrast with social representations, but not far away from them, the media representations use the
myths and belief systems of society to position determined meanings. In these, the reference and representation of matters are not the subjects nor the facts or processes themselves, but those proposed representations through which they are capable of modifying the symbolic forms (Thompson, 2006). Robledo (2015)
states that “the historical relationships act as the real support of the existence and endurance of the stigma,
which denies the biographies of the disappeared and frames them on a series of social marks and attributes
different from their existence” (p.100).
Therefore, the media disappearance that the missing people and their families in Mexico suffer is a
key element to understand the fights that the relatives of the disappeared collectives do to reverse the stigma
of the disappeared. There currently exists a “representation crisis” that surrounds the nowadays humanitarian crisis of disappearances in Mexico:
“Under the frame of a war against drugs, a great part of the fight of the disappeared relatives, since
the beginning of their presence in public territory on 2011, has consisted in the recovery of the
honour of their loved ones and the questioning on the discourses that declare victims as collateral
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damaged, as if they were participants or accomplices of the conflict. This fight is sustained in the
purpose of overcoming the representation crisis through which the subject has been deprived of
their identity to be consignee of general attributes that de-subjective them. In this process, a double
discourse of guilt and victimization is presented, in which the recognition of the disappeared is
compromised” (Robledo, 2015; p.101).
The effort of reconfiguring the governmental, social and media representation of their disappeared has
been a vital task for them, because of the presence of a “criminalizing stigma” over the disappearances and
the disappeared.
The fight against the double discourse that stigmatizes the disappeared and the ones who look for them
constitutes one of the main lessons the Mexico’s relatives of the disappeared collectives have given us.
All this effort should be recovered to generate actions that bring back the names, identity and life story to
the disappeared. Because of that, especially for communication scientists it is important that seriously ask
ourselves: 1) what type of media representation is generated by the media in Mexico around disappearance
and the disappeared?; 2) How are media representations of disappearances and the disappeared valued,
evaluated, approved or refuted by the families of these victims?; 3) What type of communicational inputs
do families and collectives of Mexico’s disappeared generate to dispute the production of sense around the
social stigma that comes from the governmental and media narratives?
One of the most powerful examples of these governmental narratives came when the government of
Enrique Peña Nieto built a “historical truth” about the disappearance of the 43 normalistas de Ayotzinapa.
For the Mexican government, the students were killed and cremated in the municipal dump of Cocula,
Guerrero. The Interdisciplinary Group of Independent Experts of the Inter-American Court of Human Rights, which investigated the disappearance at the request of the relatives, stated that there is no scientific
evidence to support this version. To date, the families of the 43 normalistas are demanding their search in
life, the State insists that they are dead.
This type of governmental narrative is repeated in many of the cases of disappearances in Mexico. Most
of the groups of relatives of the disappeared have sought to counteract these “historical truths” through
messages posted not only on their own websites but also on various digital social networks (Facebook,
Twitter, Instagram or YouTube). From these platforms they broadcast their own press releases, positions
and audiovisual productions (photographs, videos and live recordings) in order to account for themselves,
regardless of the media, their actions, searches and demands for justice.
Graphic 1. The Quadruple Disappearance
Source: Own elaboration.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 25-42. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/113
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This analytic model is a proposal to think about the phases of disappearance that a victim of this crime
has to live in Mexico. These are phases or processes that occur in an united way and that are always anchored to the vital space of life and fight that the families and/or the collectives undertake on the search of the
disappeared.
This involves four phases of analysis that start from the criminal act to give an account of the difficult
process that the families of the disappeared go through in order to demand that the authorities comply with
their obligation to search for and justice. Because of that, there’s an emphasis on the social-historical and
social-cultural processes that are circumscribed to the construction of the social and media representation
of the disappeared, since it is believed that in these phases of the disappearance of a person, stigmas are
articulated, which is a key in their social-symbolical disappearance and in their media invisibility.
The model proposes that by analysing these four different disappearances that a disappeared and their
family experience, we could account for the social and symbolic complexity surrounding the commission
of this felony. Each one of these disappearances do not just constitute a part of the catastrophe (Gatti, 2017),
but also a central element of mourning and social drama (Robledo, 2017) that implicates the disappearance
of a person.10
Being young and disappeared in Jalisco, Mexico
In Mexico, officially, the existence of 34 thousand 268 disappeared people is recognized; from these,
15 thousand 445 are young people; which means that 42 percent of all disappeared persons in the country
are around 14 to 29 years. From these disappeared youths, 10 thousand 104 are male and 5 thousand 341
female.
In Mexico, a whole generation born between 1990 and 2014 has turned into the main victims of disappearance; states as Tamaulipas (2,128 disappeared youths); Estado de México (1,763); Jalisco (1,403);
Sinaloa (1,324); Nuevo León (1,231); Puebla (1,069) and Chihuahua (993), bring together the 63 percent
of all youth’s disappearance.11
Why are young people disappearing in Mexico? The reasons why young people disappear in Mexico
depend on many different factors such as: 1) the zone where the disappearance happens; 2) the gender
and age of the disappeared, 3) the authorities that rule on that state or municipality, but above all; 4) the
organized criminal group that dominates the territory where a young man or woman was disappeared. This
not just because young people are linked to drug trafficking, but because the delinquencent activities of the
organized crime are the ones that generate and propitiate the disappearances, on the majority of cases, with
the involvement of the municipal, statewide, and federal authorities.Javier Salomón Aceves Gastélum (27
years old), Marco Francisco García Ávalos (20 years old) and Jesús Daniel Días García (20 years old), all
of them students of the Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) went missing on March 19th, 2018,
on Tonalá, Jalisco. Their disappearance generated a series of unprecedented protests in Jalisco, which fa-
10
Robledo (2017) also proposes an analytic model to study the disappearance social drama; based on Victor
Turner’s theoretical proposals, and pro four phases: 1) The breaking of the regular; 2) the crisis; 3) Action on relief, and
4) Reintegration, what is needed in them is to understand the social behaviour under the process of drama that a disappearance implicates. Our model is not focused on the social drama per se, but on the construction process of the social
and media representations of disappearance of the disappeared in each one of the four disappearances here proposed.
Both models, however, point to understand how a disappearance is anchored to the victim’s social lives modifying the
roots of their biography and their social bonds.
11
Jun 26st, 2018. Consult can be provided through internet on the website: https://rnped.segob.gob.mx/
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cilitated that the Civil Society baptized again the Glorieta de Los Niños Héroes12 (Roundabout of the Hero
Children) as the Glorieta de las y los Desaparecidos de Jalisco (Roundabout of Jalisco’s Disappeared). The
profile of a disappeared person in Mexico is a youth between 14 and 19 years, middle or lower class, which
regularly lives in the periphery of the urban zone.
The above is explained in an academic and journalistic research work that has been carried out during
six years of the disappearance of people in Jalisco13. This state has been under the domain and terror of the
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)14 since 2007. This criminal group - which emerged, grew and
consolidated in the midst of the “war on drugs” - has regional leaders who carry out not only the tasks of
territorial control but also those of drug production and trafficking, mainly methamphetamine. This control
includes the protection of the territory from rival groups such as relationships of collusion and corruption
that are established with statewide and municipal authorities, and the commission of felonies like extortion,
disappearance and homicide.
Throughout the 13 regions in which Jalisco is divided, the CJNG has managed to diversify its illicit
activities so much that the labor force required to operate is growing every day. In this sense, young people
are the main victims of disappearance because their labour force is employed by the cartel for forced labour
such as: 1) slavery and the sex trade; 2) the planting of marihuana and/or poppy; 3) the chemical production
of synthetic drugs; 4) drug decanting; 5) hit man labor (vigilant) inside and outside the domained territory;
and, 6) illegal extraction of minerals, iron mainly, to be traded on the black market by the chemical precursors that the Cartel uses on the elaboration of meth.
Many of the above functions implicate the dehumanization of the body and dissolution of human dignity as if the disappeared people were just disposable bodies under the frame of a “death economy” (Mbembe,
2011). This refers to an economy in which people: “are not conceived as irreplaceable, inimitable and indivisible beings, but are reduced to a group of production forces easily replaceable” (p. 15).
Below we present some stories15 that account and confirm the disappearance of youths in Jalisco for
work and enforced slavery under the frame of a death economy promoted by practices such as necropolítica
(necropolitics) and capitalismo gore (gore capitalism).
Juan, 19 years old, is original from the highland region of Jalisco. His everyday labors were divided
between the family business and his studies until the day he went missing, together with other youths, on
San Gabriel’s municipality. He remained a few more than three years in huge poppy crops that the CJNG
possesses on Jalisco’s highlands until the day that a distraction on his captors allowed him to escape. He
ran for three days; he was afraid of being discovered, because he knew that death waited for him; it also happened to other youths who fought for their freedom under those fields of enforced labor. Now their bodies
12
The “Niños Héroes” were a group of young soldiers who gave their lives after the invasion of the USA army
on Mexico, on September 13th, 1847. On the same roundabout, on 2013, the first protest of Jalisco’s relatives of the
disappeared happened.
13
Jalisco is one of the most important states on terms of culture and economy. It is also a drug trafficking nest
in Mexico, because here during the 80’s, one of the first drug Cartels arose (Cártel de Guadalajara). Until April 30th,
2018, it is the second state in Mexico with most disappearances: 5 728. In an update released in March 2018, the Jalisco
government accepted that there are 7117 missing persons in the state.
14
According to intelligence informs, the CJNG has presence on 22 of the 32 states of Mexico; it is also one of
the main meth distributors in Europe and Asia.
15
In these stories the name of the youths were changed because of confidentiality and security. These personal
interviews happened between 2015 and 2017, product of my journalistic-academic activity.
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are in the secret pits that once Juan had to dig in order to bury those who, like him, were disappeared just
to satisfy the production of the poppy for the criminal organization.
Another horror story was the one of Luis, 21 years old, who attended to a job appointment on Tala’s
municipality. The lack of opportunities and resources forced him to move to this municipality to obtain the
job, which would allow him to keep studying. Everything looked good, the job was attractive, and they had
granted it to him; the problem emerged when they told him before he returned home, they would take him
to meet “the security company” that had just hired him; he accepted and there was where he went missing.
These jobs as security guard happened to be the forefront of the enforced training fields that the CJNG
possesses on different spots in Jalisco; there, dozens of youths arrive to be trained on the use of weapons
and, with that, become the first impact line that the Cartel uses in combat against enemy groups or State
elements. The direct threat is: if they do not do as they’re told, their families will be murdered.
Luis knew he had given them all the information to locate his family when he introduced himself in the
“job interview”. He lived more than two years being a hit man under the orders of the criminal organization; like him, many other young people were enforced to kill and disappear. Their lives and bodies were
disposable to the cartel, as it conceives of these young people as:
“products of exchange that disturb and break the logics of the process of capital production, since they
subvert the terms of this when they take out of the game the merchandise production phase, changing it for
a merchandise literally incarnated on the body and human life, through predatory extreme violence techniques as kidnapping and murder by commission” (Valencia, 2016; p.25)
Luis’ story is inscribed in the logic of death that the philosopher Valencia (2016) has constructed to explain that today Mexico is subsumed in a process of narcoempoderamiento (trafficking empowerment) that
is configured through “dystopian actions and perverse self-affirmation achieved through violent practices”
(p. 31). The narco-poder (trafficking power) as one of the main expressions of a capitalismo gore where
“death has become the most profitable business” (p. 26).
Joaquín, 18 years old, reveals clearly this narcoempoderamiento, since he was a victim of the barbarism
that rules the logic of the narco-poder. He was not disappeared to force him to do any labor; he went missing
just to use his body as a message. Days after him and his partners, all workers of construction, went missing
on the colony of San Juan de Ocotán in Zapopan. Their tortured bodies were found lifeless, on November
24th, 2011, under the sculpture artwork “Los Arcos del Milenio” (The millennial arcs), located on Guadalajara city. Their disappearance and death were reduced to the medium that Los Zetas (rivaling group that
operates near the Mexican Gulf) used to send a message against the CJNG.
This “ghostly, untraceable and vague” violence that operates from what Reguillo (2011) has named
the narcomáquina (trafficking machine), is a device of violence that gambles to be the dissolution of the
humane through the constant exercise of fear and terror by organized crime. It is, disgracefully, one of the
constants that haunts youths more in Jalisco than as in the rest of the country. Juan, Luis and Joaquín are
victims of this narcomaquinaria (trafficking machinery) that makes hard to understand the real origin of this
violence, since it is not possible to execute the narco-poder, as Reguillo and Valencia stand, without a link
or collusion of institutional machinery.
Due the historic conditions, the narco-máquina blurrs almost always the difference between criminal
violence and political violence (Robledo, 2016). This narcomaquinaria and its necropolítica do not just define which bodies are disposable but also precise which could be reusable and under which conditions they
might be, whether they are the medium of a terror message or to form part of the people trading network
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that is operated by the diverse cartels in their territories.
Ana, 16 years old, disappeared because she was “very pretty”, that’s what her captors said to her. She
spent some months in security houses from the CJNG so she could be later transferred to diverse brothels that the same Cartel operates. Ana worked four years before she could pay her freedom. In Mexico, 8
thousand 798 women are disappeared; 5,034 (57 percent) are youths that, like Ana, could be one of the 21
thousand women that every year are victims of human trafficing (HIP, 2017).
The stories here described could continue because what happens in Jalisco, takes part of the modus
operandi of the majority criminal groups in Mexico. Besides, it is incorporated into the politics and transnational economic production and drug trafficking strategies, in which, as Valencia (2016) stands, states of
exception are generated, in which the capitalismo gore –b side of the neoliberal movement- uses violence
as the main power and terror.
This is why disappearance is not just a crime that is used as a terror strategy but also as a modern slavery
form where youths are the main victims, whether is for their labor strength or their moldable, useful and
reusable capacity on the infinity of crimes the drug trafficking cartels control inside and outside Mexico.
3.- METODOLOGY, SAMPLE PERIOD AND DATA USED
Design
This article was made through a documentary and contextual analysis of the political and media speeches that have been developed about the disappearances that have occurred in Mexico between 2006 and
2018, This involved the revision of journalistic notes in local newspapers16; the collection of testimonies
of relatives of missing persons and victims of disappearance who escaped from places where they were
deprived of their liberty; as well as government programs and actions that have been created to face the
commission of this crime.
Likewise, under a qualitative approach (Andara & Mertz, 2015), various testimonies were collected
to understand what implies a disappearance from the voice, thought and meaning of those who have been
victims of this crime.
For this, various theoretical perspectives were used that allowed, through contextual analysis, to outline
the predominant profile of the victims of disappearance in Mexico and, at the same time, offer a possible
answer as to why it is that the country disappears mainly young people and what they are used for.
Instruments
This article used several qualitative interviews that this author personally conducted with four young
people (Juan, Luis, Joaquín and Ana), who managed to survive a disappearance in Jalisco, as well as with
Mirna Nereyda Medina, leader of the Las Rastreadoras collective of El Fuerte; All these interviews conducted in person gave empirical material for the conformation of the theoretical-analytical bet called: The
fourfold disappearance of people in Mexico.
16
An analysis of the newspapers El Informador, El Occidental and NTR Guadalajara was carried out; the first
two from January 1, 2006 to December 31, 2018; as NTR from January 1, 2012 to December 31, 2018.
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Process
The analysis of political and media discourses on disappearances allowed us to establish a contextual
panorama (How many missing persons are there in Mexico and what are their characteristics?). But also
in analytical terms; that is, he delved into pointing out the social, political and economic causes that affect
the disappearance of young people in Mexico, which could focus more through the qualitative analysis that
was carried out of the testimonies of the victims of disappearance, specifically, of those who managed to
survive this crime.
In total, four young survivors of disappearance were interviewed and five relatives of disappeared persons articulated by the groups Por Amor A Ellxs and Las Rastreadoras de El Fuerte.
4.- CONCLUSIONES
This text tried to concretize an analytic framework in order to analyze disappearance and the disappeared through a social life that contains them and anchors them to a specific societal context. It is sustained
that in Mexico they disappear four times. In the societal context in which disappearances happen, they
should be framed as part of an aggravating humanitarian crisis propitiated by an institutional failure, where
neither human will nor politicizes exist to fix this problem that daily violates the Human Rights of the disappeared and their families.
The diverse manifestation of political and criminal violence that nowadays coexist in Mexico and is
being operated through the narcomáquina, make evident the necessity to build, transdisciplinarity, theoretical-analytic models that allow the comprehension of the terrible moment we’re living in. A moment that
must be analyzed not only through the narcoempoderamiento with which Sayak Valencia (2016) explains
the operation of the capitalismo gore, but also through the presence and civilian fight that generates actions
“against the machine” in the public space.
This, following the theoretical proposal of Reguillo (2011), allowed us to deploy a series of actions with
which we have accomplished “resistance, visibility, and subtraction of power from the narcomáquina”, but
also to the institutional machinery that systematically denies the crisis we endure. For this reason, we must
also report on the empowerment that the families of the disappeared have generated as a reaction, response
and counter-response to the violence of which they are victims. The path is long but the fight for the respect
of Human Rights of every disappeared (and victims of violence in general) deserve that our actions against
the machine, against the official and media narratives keep growing in form and sense. The aggravating
crisis of Human Rights in Mexico forces us to leave “fragility, intermittency and non-expression” to give
way to personal and collective actions capable of reversing the multiple forms of violence that constrain us,
even the possibility of living a full democracy (Bolaños, 2016).
Hence, one of the conclusions of this article is to propose the holistic analysis of disappearances in
Mexico through the theoretical-analytical proposal that we have termed here “the fourfold disappearance”,
which we consider could provide a reference framework closer to the terrible reality that, unfortunately, we
live in Mexico around the disappearance of people.
The challenge is thinking that the disappearances, like that, in plural, concern us because in them lies
a “I, missing” that is faced with two options: indolence or hope. The first one separates us from the disappeared and increases the stigma that exists among them, but the second hangs an humanitarian bridge
between both, which makes possible the understanding of Human Rights as a collective act and not just as
an individual act.
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¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos! (They took them alive! We want them alive!).
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Social Representations and Acknowledgement of Human Rights in the city of Monterrey, México
Representaciones sociales y reconocimiento de los derechos humanos en la ciudad de Monterrey, Mexico
Beatriz Elena, Inzunza-Acedo 1
Universidad de Monterrey
DOI:http://dx.doi.org/10.29105/pgc5.9-2
https://orcid.org/0000-0002-2168-9914
ABSTRACT
This article focuses on the social representations of Human Rights in Mexican news media, in the city of Monterrey,
Mexico. It analyses how Monterrey citizens learn about human rights, and what role could different sources play in
their construction of social representations. Furthermore, it researches the acknowledgement and knowledge of the subject by these citizens. The analysis is built on N239 surveys collected from Monterrey news readers, supplemented by
data from twenty-four participants in four focus groups. The conclusions confirm that news media is the main source of
information on Human Rights, but that there is a weak founded social representation regarding human rights. Attitudes
are often fatalistic, and participants have limited knowledge of how to act upon human rights.
Key words: Human Rights, Monterrey, news media, social representations.
RESUMEN
El artículo tuvo como objetivo indagar en las representaciones sociales sobre derechos humanos que hay en los
medios mexicanos, particularmente en los de la ciudad de Monterrey. Analiza cómo los ciudadanos regiomontanos
aprenden sobre los derechos humanos, así como qué papel juegan las diferentes fuentes de información en la construcción de sus representaciones sociales. Además, investiga el reconocimiento y conocimiento del tema que tienen dichos
individuos. El estudio recogió 239 encuestas de lectores de noticias en Monterrey, y posteriormente se llevaron a cabo
cuatro grupos de discusión con un total de 24 participantes. Las conclusiones confirman que los medios de comunicación son la principal fuente de información en materia de derechos humanos, pero los conocimientos son débiles.
Además, las actitudes respecto a ellas son fatalistas, y los participantes desconocen la aplicación de dichos derechos.
Palabras clave: Derechos humanos, Monterrey, Noticias, Representaciones sociales.
Cómo referenciar este artículo:
Inzunza-Aced, B. (2019). Social representations and acknoeledgement af human rights in the city of Monterrey,
Mexico. Revista Políticas, Globalidad y Ciudadanía, 5(9), 43-57. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/
index.php/RPGyC/article/view/110
Recibido: 03 de Agosto 2018 - Aceptado: 02 de Septiembre 2018
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Doctora en Estudios Humanísticos; Especialidad en Comunicación y Estudios Culturales por la Universidad
de Monterrey. Profesor de tiempo completo de la Universidad de Monterrey. Email: beatriz.inzunza@udem.edu.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 43-57. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/110
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1.- INTRODUTION
A simple online search of “human rights” and “Mexico” leads to an important amount of news articles,
reports and other texts that discuss a list of human rights violations in the country. The organization Human
Rights Watch, in its Annual Report of 2018 described a number of events in which Mexico failed to protect Human Rights: forced disappearances, extrajudicial executions, impunity and military abuse, tortures,
prison system, attacks to journalists and human rights advocates, women and children’s rights, children
migrants, sexual and gender identity, and people with disabilities (Human Rights Watch, 2018).
In December 10th, 2018, the Universal Declaration of Human Rights celebrated its 70th anniversary,
since it was approved in 1948. Mexico voted in favor of this document along with other 47 countries, which
means that, as a state, it would assume a commitment to look after the human rights of its citizens through
all its institutions. This protection is part of International Law, which forces states to assume the obligations
in order to respect, protect and promote human rights as well as intervene on its application. It is mandatory
for states to adopt the necessary positive means to allow basic human rights to happen (PUDH UNAM,
2017). Several articles from the Mexican Constitution are either inspired or directly related to the articles
of the Universal Declaration of Human Rights, meaning, Mexico as a State has looked after a legal way
to instate basic human rights. However, as mentioned before, the institutions haven’t been successful in
guaranteeing all these rights to its citizens.
Even when human rights violations are a recurrent topic of journalists, and the Commission of Human
Rights (both in state and national level) is a popular source of information for news, there seems to be a
poor culture and knowledge in this respect. Often enough, there are confusing terms and facts regarding
human rights, which lead to misinformation in the news’ audiences. This points to an early conclusion of
how Mexico has failed in promoting the education of human rights in its population.
Human Rights is not a topic considered as a priority to learn at school (in contrast to the Mexican Constitution Law, rights and obligations of citizens, amongst other). It seems that the most likely source to learn
about human rights, without specifically looking for them, is media, especially news. Based on this premise, this study aims to know what the main sources in the acknowledgement of human rights by Monterrey’s
citizens are, and what do they know and understand by them in their context. The hypothesis is that news
sources will be the most frequent and therefore most significant source of learning about human rights.
2.- LITERATURE REVIEW
The analysis human rights and public opinion has been explored from different disciplines, although rarely done with enough fieldwork to obtain representative results. Hertel, Scruggs & Heidkamp (2009) found
in their research that Americans support human rights abroad, but their interest is fueled by global humanitarian concerns and current events. In their surveys, they also found that their commitment to human rights
weakens when it comes to the investment of national resources or to take risks on behalf of human rights.
According to Anderson, Regan and Ostergard (2002), the models of political action assume that people
have information and act on it. By this reasoning, activists have been focusing an important amount of resources in making themselves visibles, especially through new technologies. “Today activists of all stripes
recognize the necessity of having a presence online”, especially to attract younger generations (McLagan,
2002).
The other function on media related to human rights is to act as surveillance of the State, since it is
through the exposure of abuses of public authority that the government is held to public scrutiny (Apodaca,
2007). In any way, whether it is to publicize a cause or to report State misconduct, this works as the distriRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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bution of Human Rights information to its audiences.
This matters since, as McCorquodale & Fairbrother (1999) state, “when people know about human rights and are aware about human rights abuses, they are more likely to seek to protect them… and exposure
can lead to changes in policy by the state concerned”. Therefore, the assumption would be that the more
educated audiences are on human rights, the more they will care for them.
When learning about human rights and culture of legality is left only to news, then it becomes relevant
to study the reception of this topic in news audiences. In order to delimit this reception study, we decided
to choose seven news portals that are popular enough to be able to find participants that follow their publications.
The analysis of this topic from a communication sciences perspective is remarkably unexplored, which
justifies the relevance of this study. Two theories seem basic to understand the construction of their social representations and their knowledge on human rights: Social Representations theory from Moscovici
(2001), and Mediations theory from Martín-Barbero (1987) and Orozco (1997). Moscovici defines social
representation as:
“a system of values, ideas and practices with a twofold function: first, to establish an order which will
enable individuals to orientate themselves in their material and social world and to master it; and secondly
to enable communication to take place among the members of a community by providing them with a code
for social exchange and a code for naming and classifying unambiguously the various aspects of their world
and their individuals and group history” (1976, p.xiii).
The reason why it is important to learn about individual’s social representations on human rights is
because it is a cognitive system that includes stereotypes, opinions, beliefs, values and norms that lead to
attitudes and behavior of people. Social representations work as guidelines for a community of people, since they become the collective consciousness on certain topics, allowing that community to act accordingly
in a way that becomes acceptable to all members (Araya, 2002).
It is important to reflect on the fact that knowledge is an important element of social representations.
Based on what people know, whether it is correct or incorrect, they will construct their attitudes and beliefs
around that topic. If Monterrey citizens have a low knowledge regarding human rights, then there is also a
possibility that the social representations constructed around them are based on intuition or weak foundations.
The question that follows would be: how Monterrey citizens learn about human rights, and what role
could different sources play in their construction of social representations. For that matter, we will revisit
Mediations theory which was originally proposed by Martín Barbero (1987). Both theories consider mass
media as a significant source of information in the formation of attitudes, beliefs and so on of individuals.
Orozco (1997) was the first to operationalize Martin Barbero’s Mediation theory into four categories:
individuals (which are subdivided into cognitive and structural), institutional (family, religion, state, media…), video-technology, and situational. This paper is focused in the individual (which will take into consideration their knowledge, comprehension, interpretation and attitudes on human rights) and institutional
(which will look at news portals or other media sources that participants consume with certain frequency).
The results of this project will sustain that knowledge of human rights is basic when it comes to the
defense and promotion of a society that has a healthy justice and social system. The more aware individuals
become of the universal human rights, the better they can become advocates in their societies and influence
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state power to keep their protection.
The following section will explain the methodology designed to obtain the participant’s knowledge,
attitudes and opinions regarding human rights.
3.- METODOLOGY
In order to study how Monterrey news followers understand human rights, we collected 239 surveys
with adult inhabitants of the city and organized four focus groups, who read at least one of the following
news portals: El Norte, Milenio, Animal Político, SDP Noticias, Excelsior, Aristegui Noticias, or La Jornada. This criterion was a filter question to select the participants of the survey. If the person didn’t read or
follow any of the news portals listed before, then the survey would not be responded by him or her.
The approach of this project was explorative, and did not intend to be representative of the population
analyzed. Due to the lack of information and studies done in this topic, it was rather necessary to do a
qualitative examination that responded to the question of how much do Monterrey’s adult news readers
perceive they know about human rights, and what role do they give to news in that knowledge. This was
done through mixed methods: survey and focus groups.
The population of Monterrey is considered to be ideologically right wing due to the industrial and company history behind it. It’s one of the three largest cities in Mexico, and the closest one to the border of US,
which is noticeable in its influence. Considering that the most important news portal due to its popularity
is El Norte, we can also deduce that the population has a tendency towards conservative politics. For the
purpose of diversification, we chose an ideological variety of news portals. A brief description of all the
news portals mentioned earlier:
El Norte. This is the local version in Monterrey that belongs to Grupo Reforma. It has the largest amount
of printing and is traditionally conservative and right wing (which represents the local culture).
Milenio. Slightly less conservative than El Norte, is the second most popular newspaper in Monterrey.
It belongs to a media conglomerate called Multimedios.
Animal Político. It is an independent news portal with no printed version. It is well known for their
research journalism focused on corruption scandals, and also for pointing out human rights violations.
SDP Noticias. It’s also only available in the digital version, although they barely have any information
of their editorial board and sources. It is particularly popular in social media thanks to their spectacularized
titles.
Excelsior. It is one of the most important national newspapers, and a news portal that has free access.
Ideologically, it can be considered to have a tendency to officialist.
Aristegui Noticias. It is a fully online news portal. Carmen Aristegui became popular through her radio
show, and after she investigated a corruption scandal of the First Lady and the President Enrique Peña Nieto, she got fired. She became an independent journalist who still keeps a significant number of followers,
and ideologically is well known as progressive.
La Jornada. This newspaper is known amongst the most left wing, since it usually covers stories regarding labor rights, corruption scandals, social inequality problems, etc. It has a national reach.
The survey was applied by a convenience sample, in different spots from the city as well as through
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snowball technique. The questionnaire was composed of 28 both open-ended and multiple options questions. It explored how much the respondent knew about human rights; what social groups they believe
deserves more attention by the human rights commission; what are the main needs in Mexico and for themselves; how do they interpret certain articles from the Universal Declaration of Human Rights; and what
news portals are they used to visit as well as which ones focus on the topic of human rights.
Regarding the profile of the participants, 68% were women, ages 17-75. The majority of the participants
were in their twenties. 54.4% had a university diploma or were currently university students2. 50.2% follow
news through their Twitter account, 70.3% through their Facebook account, 43.5% visit the news websites
by their own initiative, 21.3% buy printed newspapers, and 13.8% have an APP of a news portal to follow
news.
After an analysis through IBM SPSS Statistics, we designed a guide to explore deeper into certain questions with discussion groups. Each of the four discussion groups had six participants with a profile similar
to the survey respondents, which means that we had a total of 24 individuals for the qualitative stage of this
project. Afterwards, these focus groups were transcribed and later analyzed.
During the focus groups, we analyzed different categories in order to explore further the comprehension
that the participants had on human rights. The different categories were: learning sources of human rights,
reception of news on human rights, labor related human rights, interpretation of certain articles, and perception of human rights in Mexico.
The profile of the participants were adults ages 20-30. Half of them had a full-time job, and the other
half were university students. The purpose of these two profiles was mainly to compare the perceptions
on the category of labor human rights (human rights that would interest anyone who is employed, such as
social security, retirement, minimum standard of living, paid vacations...). For the rest of the categories, we
found no significant differences.
A special thanks is entitled to students of Theories and Research Methodologies group, of the program
for Communication and Information Sciences of Universidad de Monterrey. This specific generation took
the course in the months August-November 2017.
4.- RESULTS
The results section is divided in three parts: 1) Participants and news consumption, which offers a general description of the participants viewpoint on human rights and consumption of news, given that the main
filter was based on what news portals they visit more frequently; 2) Participants understanding of human
rights, which will point out the comprehension that they have on the topic, as well as what participants feel
most confused about; and 3) Participants and their perception of human rights in Mexico, because most
of the attitudes are based not on the need of human rights globally, but on the pursuit of them in Mexico.
2
The research team was composed of university students that were taking the course of Research Methodologies now of the fieldwork. It is important to point out that while we were looking for representation of all news
audiences, the sample by convenience most likely led them to acquaintances in their university communities, which is
a limitation worth mentioning in this article.
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Participants and News Consumption
The main criterion for choosing the participants was whether they followed news portals.
Graphic 1. Participant news consumption, in Frequency.
Source: Author.
The consumption is in line with the popularity of the local newspapers, meaning, the most printed papers are also the ones that are consumed the most by our participants. Their perception on who speaks the
most about human rights, however, changes from what they consume the most:
Graphic 2. News portals that cover the most about human rights, according to survey participants, in
Frequency.
Source: Author.
The majority of the participants identify Carmen Aristegui’s news portal as the most preoccupied with
the topic of human rights violations, which is in line with her reputation of pointing out the scandals related
to government and politics. It seems like the participants are not particularly interested in following news
that cover human rights stories, since they correctly pinpoint what news portals discuss it the most, however, they don’t actively follow or read these portals. The following graphic shows where participants learn
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about human rights from:
Graphic 3. How participants learn from human rights news, in Frequency.
Source: Author.
This shows a tendency on how participants do not have initiative to follow human rights news, since
most of them learn about the related stories through their social media. While most of what they read comes from the Facebook or Twitter account of news portals, this depends entirely on what appears on their
newsfeed since they don’t actively look into news websites or newspapers to learn more about it. This is
problematic when we consider the factor of social media algorithms, after all it is not guaranteed that even
when you follow certain news portals you see all posts from that page.
The focus groups were consistent with this result. While there were participants that remember learning
about them at school or at specialized courses, the majority hear and learn the most of human rights through
news (in all of their formats). Rarely they buy a newspaper or watch TV news, but they follow news portals
and therefore they read about them in their Facebook and Twitter accounts.
During the conversations in the qualitative sessions, they mostly indicated that they associate human
rights with bad news, considering they have never heard of a successful case globally. They believe that
while they are needed in different circumstances, the UN and the National Commissions of Human Rights
don’t seem to have much power other than writing recommendations to the government (Alejandro, session
3). All of the participants believe that in the Mexican case, the government doesn’t care about citizen’s
human rights.
In other regards, 33.9% of the participants (81 individuals) say they have read the full list of Human
Rights (from the Universal Declaration of Human Rights). This means that a third of the respondents would
have a minimum base of knowledge of what are the human rights in the first place.
When discussing what cases on human rights they remember the most, we asked separately for Mexico
and for the world. For Mexico, they mentioned the most popular crime news even when they mentioned
some that were not directly related to human rights. The most frequent responses were the Ayotzinapa
case (43 missing students in a rally), the murder of Mara Castilla (rape and murder by a Cabify driver),
earthquake corruption scandals (Oaxaca, Chiapas and Mexico City disaster and with corrupt construction
contracts), central American migrants (rape, murder, kidnapping, torture…), indigenous communities (discrimination and aggression), journalists (murder, kidnapping, threats), feminicides, and other gender crimes
(such as LGBTQ+ discrimination, controversy of same sex marriages).
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On global cases they mix sources from news and documentaries. They mentioned the shooting in Las
Vegas (October 1, 2017), Venezuela (with no further explanation), KKK in US, DACA retreat in US by
Trump, Black Lives Matter’s causes, shooting in club in Orlando (June 12, 2016), Catalonia’s rallies, Bangladesh’s factory collapse and labor conditions, War in Syria, countries where homosexuality is considered
illegal, women’s rights in different countries, and migrants in different regions (Africa, Asia, Latin America).
It is important to point out that both of these questions were open ended, therefore, participants would
mention whatever came to their minds in this regard. As it is evident in the cases, not all of them are human
rights violations (implying systematic failure of the state), but other types of crimes. This already suggests
that there is confusion on the topic amongst the respondents.
The multiple choice question we asked was: “Which are the most popular human rights mentioned in
the news?”, for which they chose Liberty of opinion and expression (Freq: 87), Right to life, liberty and
security (Freq: 46), and Right to education (Freq: 38). For the first, it is related to the insecurity that journalists face nowadays in Mexico, since it is one of the countries where this career is considered one of the
most unsafe. The second, consistent with the insecurity for journalists, is the violence wave in Mexico in
the context of drug war and corruption, for which impunity is clear and constantly pointed out in the news.
Regarding the right to education, it appears in news related to corruption scandals within the schools or the
syndicate of teachers. Less frequently, this is connected to violence in schools.
Participants and their understanding of Human Rights
We start with the question of responsibility. Given Human Rights are public international law, they are
primarily rules regarding the conduct of states, in this case the obligation of the state to protect, provide
and respect certain rights regarding human dignity. Our research indicates that there is confusion about
what institution or figure is responsible to guarantee the citizen’s human rights in Mexico, as we can see in
Graphic 4:
Graphic 4. Figure responsible to guarantee human rights.
Source: Author.
For this question, participants were able to choose as much responses as they wanted. In the most frequent replies, they marked UN and citizens as the ones who are the most responsible to guarantee human
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rights, and State comes only until the third option with 150 responses. Based on the discussions in focus
groups, we were able to understand that the majority didn’t precisely understand that the violations of human rights come from public authorities (or their failure to protect against them), confusing it with other
type of crimes.
We left an “other” as an open-end question and that’s when CNDH was mentioned five times. However,
during the focus groups, even the most knowledgeable participants didn’t know there was a State Commission of Human Rights (CEDH). When we asked where to file a complaint regarding human rights, nobody
knew that the commission was the place to go. They would mention other figures such as the police, the
army, or private lawyers. However, in most scenarios, they mentioned they wouldn’t dare to file a complaint
in Mexico out of fear. In this regard, they pointed out the government as the figure that most violates human
rights; in less frequency, they mentioned police and military, and one participant mentioned “the biggest
companies”.
Regarding what social groups deserve or need the most attention from human rights commission, participants could choose two options from the following (plus an open “other” who had almost no responses).
Graphic 5. Who needs the most attention from human rights?
Source: Author.
According to this graphic, migrants (Freq: 83), indigenous people (Freq: 64), minors (Freq: 58), women
and the poor (both freq: 54) are the most in need. In the open end responses some indicated that “everyone”
is in need, while one replied “colored people”. However, this differed from the discussions in the qualitative
sessions, since when we asked if the participants belonged to a group that had need for human rights, most
of them replied they didn’t. Meaning, they don’t consider themselves vulnerable in this matter (even when
there were women participants).
They actually pointed out that the need for human rights protection is strongly related to social class.
They mentioned how often they see that the poor are the social group that gets the most violated in their
rights, since they unjustly convict them, accuse them, fail to protect them and so on. They recognized this
doesn’t happen with upper classes, since even when they’re guilty of charges, they get an acceptable or
good treatment by law. The conclusion after this discussion was that corruption plays an important role in
how human rights are respected to each individual.
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In a specific section of the survey, we transcribed two articles: the 5th and the 16th. The exercise consisted in identifying their interpretation of these articles on a writing gap or misinformation due to the lack
of specification in the human right as it is in the Declaration.
Table 1. Article 5 interpretation. 37.2% abstained from responding this question.
Source: Author.
Many participants of the survey seemed confused about this article, since a significant amount decided
not to reply due to a lack of information. In any case, it seems like the majority believes that torture, cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment is not only about physical aggression, but also psychological. Article 16 is more related to gender rights for the LGBTQ+ community:
Table 2. Article 16 interpretation. No one abstained from responding the first question, 40.8% abstained from responding the second question
Source: Author.
Mexico, and specially cities like Monterrey, have a typically conservative society, and has been discussing throughout the last years the LGBTQ+ rights. While in the Constitution gay marriage is legal, States
are autonomous in deciding whether this is acceptable within the states or not, which is not the case for
Nuevo Leon that doesn’t allow gay marriage up to the moment when the survey was done (state where
Monterrey is located). The majority of the states do not marry gay couples at the moment.
Based on this response, the participants have already a very clear position regarding gay marriage, but
they don’t when it comes to adoption in homoparental families. In any case, the majority of the respondents
agree that the way this human right article is edited, leaves a space of interpretation to allow gay marriages
and adoption to be part of that right.
Considering how these three questions worked in the survey, we decided to include this exercise in the
focus groups with other articles. We first added article 3: “Everyone has the right to life, liberty and security
of the person”, and asked since what moment this right is applicable: conception, since the birth, or when
would they mark the starting point. Most of the participants were confused and looked like they didn’t have
a clear position. However, the majority considered that conception was the starting point, since they were
against abortion. Only three participants indicated that since birth, and one mentioned from four weeks
since conception. Based on this, the term “everyone” would include embryos and fetuses.
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Another article that was discussed was the 23rd: “(1) Everyone has the right to work, to free choice of
employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment. (2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work. (3) Everyone who works has
the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of
human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection. (4) Everyone has the
right to form and to join trade unions for the protection of his interests”. The question we asked was “How
does this right work with people with informal unemployment, such as domestic employees, construction
workers, outsourcing, etc.?”
In Mexico, 57.2% of the occupied population has an informal employment (Cruz, May 17, 2017).
This means that these employees do not get the mandatory benefits such as social security, savings funds,
retirement funds, paid vacations, etc. This became an uncomfortable question since the majority of the
participants admitted they have domestic employees without a contract. However, some believed that they
gave the legal benefits to their employees by feeding them or giving them a room in case they were “stay-in
maids”. Only one participant pointed out a State initiative to promote formal contracts for domestic employees. But no clear answer was given by anyone on how this human right applies in the Mexican scenario.
In general, we noticed a lack of comprehension of human rights. When we asked if they thought new
human rights should be included now in the declaration, they mostly indicated that probably there is no
need to add, but there is definitely a need to be clearer and more specific about the articles that already exist.
Participants and their perception of Human Rights in Mexico
90.8% believe that when a State doesn’t guarantee human rights to their population, an international
intervention should be done. It is interesting to see that 95.8% of the participants think that Mexico has a
problem in respect to the violations of human rights. Based on these responses, participants would agree
with an international intervention in Mexico.
This is coherent with what has been explained before since the majority of the participants, both in
surveys and discussion groups, have a deep mistrust in Mexican authorities. Based on an INE survey, only
little over 20% of the Mexican population trusts the police force in Mexico, less than 30% trusts the municipal or state government, and close to 35% trust the federal government (Hernández, 2014). We must keep
in mind this refers to the Peña Nieto era. This is consistent with the attitudes of the respondents.
The following tables had the objective to identify which human rights do the participants of the survey
believe are the most important for them, for Mexico and for the world. For this exercise, we shortened the
list and worked with the rights that appear in the following tables, with the purpose of using the most popular ones mentioned in the pilot survey we initially did. When it comes to what human rights they believe
are the most important for them, we asked them to choose three in order of importance:
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Table 3. Which human rights do participants find most important for themselves?
Source: Author.
Based on this table, we can see that there is a tendency to find importance in the right for education, right
for life, liberty and security, and the right to opinion and expression. While the right for education is not
a common topic in the news, articles 3 and 19 are frequent cases of violations of human rights in Mexico
that constantly are mentioned in the news. This can explain why participants find them the most urgent to
protect. If we compare this table with what they believe Mexico needs the most:
Table 4. Which human rights do participants find most important for Mexico?
Source: Author.
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When it comes to the needs of Mexico, the result changes to more basic types of services such as security, social security and education. While Mexico has institutions that look after free access to school,
health care and police force, constantly is seen in the news that there are corruption scandals in all public
secretaries and political figures which means there is a failed effort from the State in accomplishing this
human right. Therefore, it is not surprising to see that this is what most participants identify as urgent for
the majority of the population. And finally, on a global scale this is what they pointed out:
Table 5. Which human rights do participants find most important for the world.
Source: Author.
On a larger scale, education, life, liberty and security are repeated. This reflects the values of the participants since it is something that is consistent also in the individual level. In respect to life, liberty and
security, it is consistent as well with the human rights cases they remember since they are mostly related to
insecurity and violence. While none of the participants indicated that they ever needed to file a complaint
by being victims of a violation of human rights themselves, they still feel aware of the insecure context
around the world.
As mentioned before, most of the participants showed mistrust to the government and public authorities. However, they pointed out that insecurity was not an issue that only Mexico had, since they compared
organized crime in this country with terrorism in other regions like Europe. The most influential mediation
is easily identifiable as mass media, since all of the mentioned sources for these cases were social media,
news and documentaries.
Compared to what survey participants believed are the most popular human rights in the news, all three
come up as what they consider the most important ones for themselves, Mexico and the world. Adding
up to them, they also indicated Liberty of thought, conscious and religion and Right to social security. 31
participants believe that the Right to social security comes up often in news, and 27 believe that Liberty of
thought, conscious and religion is frequently in the agenda, which are lower figures than the other three.
When we asked out of this list which human rights participants believed were going to be included in
the agenda of the presidential candidates in 2018, there was barely any agreement, but the most mentioned
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�Social Representations and Acknowledgement...
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ones were Right to life, liberty and security; Right for education; and Right to get social security. Again,
all of them are within the human rights that are perceived to be the most popular within the news agenda.
5.- CONCLUSIONS
Three main conclusions can be drawn to understand the acknowledgement of human rights amongst
Monterrey citizens. The first one is regarding the misinformation and lack of interest in the topic of human
rights; secondly, identifying the role of news and other sources in their acknowledgement of human rights;
and third, the pessimistic attitude of the impunity and corruption in Mexico.
Unfortunately, as expected, there is a weak founded social representation regarding human rights. Most
of the participants in surveys and focus groups base their knowledge (and therefore their attitudes, interpretation, beliefs and so on) in information that arrives to them without them looking into it. Indeed, most
of what is seen in the news (which can be considered the main source of learning about human rights) is
pessimistic and even at some point fatalistic, which can explain their deep mistrust and negative viewpoint
on the topic. In this regard, there is a need to do some educational efforts in order for people to first know
their human rights, and second, how to act upon them.
Considering that mass media is probably the most important way to establish and strengthen social
representations (since it represents in a consolidated form all topics and standpoints of a society), then the
Commission of Human Rights should consider campaigns to both educate journalists and promote their role
in society. On the one hand, the role of journalists should be that of an expert in the topics they’re writing or
reporting about. If the journalist him/herself doesn’t know about human rights and their correct terms, then
most probably misinformation will be broadcasted. On the other, the Commission of Human Rights and the
State have as a clear responsibility the promotion of human rights. If they don’t do more efforts on getting
known by the population, they definitely have failed in one of their objectives.
Second, the hypothesis on news playing a significant role on people’s learning of human rights was
confirmed. While the news arrives to audiences through different platforms, the format is the same: people
read about human rights when it comes to news-reporting and cases of violations, typically unresolved.
This adds up a responsibility to journalists as explained in the first conclusion from the past paragraphs.
And third, the fatalistic viewpoint has probably created resistance from the part of the population on
wanting to learn more about it, since they all agreed that human rights news is always “bad news”. The
perception of the participants is that there is nothing they can do because violations are mostly done with
corruption, and as stated in the article, there is a clear mistrust in authorities. In a very comfortable position,
the majority of the participants expect an international-external institution to intervene Mexico in order
to resolve this problem of corruption and impunity. Another value that could be promoted by journalists
should be citizen empowerment. That way, by learning what can be done, what are the human rights, where
to report violations; there could be individuals that get interested in also contributing to the solution of
problems and the promoting of human rights.
In this matter, we could see how institutional mediations are the most influential in learning about human rights. However, due to lack of interest and/or understanding, it doesn’t transcend in a significant way
into individual’s attitudes, thoughts, emotions or general knowledge. Based on this, we can affirm that there
is a weak or practically nule social representation of human rights in general in Monterrey’s news readers.
In the meanwhile, learning about a population’s social representations on human rights can shed light on
how much culture is enabling the failure in the protection of human rights in a country like Mexico. Finding
out what sources are also contributing in the construction of these social representations, should inspire the
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�Inzunza-Acedo, B.
involved institutions and authorities to do a better job in communicating knowledge and a better attitude
towards human rights protection.
There is evidently need for more studies in this matter. Future research should focus in comparing individuals who are not active news readers with those who are, to see if there is an actual difference in their
fatalistic point of views; as well as more studies in different regions to find out if there is difference in their
understanding and knowledge of the topic.
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Primer proceso de regulación de las casas hogar (Centros de Asistencia Social) en el Estado de
Nuevo León, México
First regulation process of Residential Child Care (Social Assistance Centers) in the Estate of Nuevo
León, México
Leticia Ivonne, López-Villarreal1
Universidad de Monterrey
DOI: http://dx.doi.org/10.29105/pgc5.9-1
https://orcid.org/0000-0002-9834-7250
RESUMEN
El presente artículo es producto de una investigación cuyo objetivo consistió en generar una explicación teórica de
formas de organización en red que contribuya a la generación de políticas públicas y describir el modelo de protección
de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales que habitan en Centros de Asistencia Social (CAS) del 2006 al 2012. Estas organizaciones conocidas también como Casas Hogar. Se aplicó el método de Acción- Aprendizaje (Reginald Revans), con un enfoque cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico transversal, entrevistas y diario de campo. Tras la revisión documental y el trabajo de campo, se encontraron
tipologías emergentes de roles de organización dentro de una red de protección de derechos humanos de niños, niñas y
adolescentes sin cuidados parentales, y en paralelo se retrató el inventario de capacidades y relaciones generadas por los
actores involucrados en su construcción. Se concluye que las redes de relaciones cambian con el tiempo, aumentando
y disminuyendo su capital social (relacional), y el proceso de regulación de las Casas Hogar en Nuevo León, fue un
proceso institucional de aprendizaje y cambio, que pudiera ser útil para otras zonas geográficas, ahora que existe una
normativa para regular este tipo de instituciones, pero a nivel nacional, desde el 2015.
Palabras clave: Capital social, huérfano, infancia, innovación social, y política pública.
ABSTRACT
This article is the product of an investigation whose objective was to generate a theoretical explanation of forms of
network organization that contributes to the generation of public policies and describe the model of protection of human
right of children and adolescents without parental care living in Social Assistance Centers (CAS) from 2006 to 2012.
Also known as residential Child Care. The action-learning method (Reginal Revans) was applied with a qualitative
approach, non-experimental design, under a transversal documentary-bibliographic level, interviews and field diary.
After the documentary rewiw and the fieldwork, emerging typologies of organizational roles were found within a network for the protection of human rights of children without parental care, and in parallel the inventory of capacities and
relationships generated by the actors involved in its construction. It is concluded that the networks of relations change
over time, increasing and decreasing their social capital (relational), in the process of regulation of care homes in Nuevo
León, was an institutional process of learning and change, which could be useful for others geographical areas, now that
there is a regulation to regulate this type of institutions but at the national level, since 2015.
Keywords: Social capital, orphan, childhood, social innovation, and public policy
Cómo referenciar este artículo:
López-Villarreal, L. (2019). Primer Proceso de regulación de las casas hogar (Centro de asistencia social) en el
Estado de Nuevo León, México. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 5(9), 58-74. Recuperado de http://
revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/109
Recibido: 05 de Agosto 2018 - Aceptado: 19 de Septiembre 2018
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Doctora en Ciencias Sociales, Directora del Centro para la Solidaridad y la Filantropía, Universidad de Monterrey. Email; leticiaivonne.lopez@udem.edu.mx.
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�Primer proceso de regulación de las Casas Hogar ...
1.- INTRODUCCIÓN
Durante los últimos 20 años el capital social, la participación y la innovación social han tomado impulso
dentro de la gestión pública en las zonas urbanas. Han surgido modelos sociales basados en capital relacional. A medida que las capacidades individuales de las regiones se expanden e interconectan, se cree que las
instituciones en red podrían convertirse en un activo colectivo basado en el conocimiento para el desarrollo.
Se publica una nueva normativa de regulación a las Casas Hogar en Nuevo León durante el 2011, después
de un caso de trata denunciado públicamente durante el 2008 dentro de este tipo de organizaciones. Esta
nueva normativa provocó el surgimiento de una red para cumplir con los nuevos requisitos de operación,
necesarios para recibir licencia que permitiera a este tipo de organizaciones seguir atendiendo niños, niñas
y adolescentes en situación de abandono.
Claramente, en el surgimiento de una sociedad totalmente en red, una pregunta importante es ¿cómo
crear redes para fortalecer la sociedad civil y el gobierno?, para la protección de derechos humanos a nivel
regional. Responder a esta pregunta, llevaría a una estrategia para superar problemas como marginación,
exclusión y desigualdad social, ausencia de instituciones públicas y privadas para regenerar regiones empobrecidas y garantizar derechos humanos de la población. Por lo que este documento analiza como las
personas en las ciudades desarrollan nuevas formas de organización, participación y ciudadanía, siguiendo
nociones de sociedades basadas en el conocimiento generado de un proceso de aprendizaje.
El estudio tiene como objetivo analizar las prácticas y posibilidades de la red, para promover acciones,
y políticas públicas, que a su vez favorecería la protección de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, algunos huérfanos y abandonados en Centros de Asistencia Social (CAS),
que éste es el término que se empezó a utilizar para nombrar a las Casas Hogar, después de la publicación
de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional, en Diciembre del 2014.
En el artículo 4, en el apartado V se indica que este tipo de organización es un establecimiento, lugar o
espacio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones Se categorizarán las prácticas
socio-organizacionales: en un proceso de regulación a las Casas Hogar en Nuevo León (México), que inició
en el 2006 y que terminó en el 2012 con la entrega de licencias de operación por parte del gobierno estatal.
Se analizará desde una perspectiva sociológica como los miembros de una red crean conocimiento mediante procesos de aprendizaje que surgen de la experiencia de sus relaciones. Aprender, es una capacidad
institucional para afectar los procesos de participación ciudadana, la gobernanza y la gestión de la innovación social. Este documento presenta un estudio contextualizado de la colaboración en red entre la sociedad
civil y el gobierno en sus tres niveles. La investigación tiene una revisión de la literatura existente sobre la
transición entre el Estado de bienestar y el Estado relacional, que depende de las redes de colaboración para
realizar sus objetivos sociales.
Se vuelve significativo analizar el caso de Nuevo León por el hecho de ser éste el primer Estado de la
federación en proponer y publicar una ley para regular el funcionamiento de las Casas Hogar. También
porque creó una serie de áreas administrativas para regular y profesionalizar estas instituciones desde el
Gobierno Estatal. Estas iniciativas hacen de Nuevo León una zona territorial que se encuentra en proceso
de institucionalización de las Casas Hogar. De esta forma, este trabajo de investigación aspira a brindar
un nuevo lenguaje regional en materia de generación de políticas públicas para la protección a la infancia
institucionalizada en Nuevo León, donde las Casas Hogar, empezaron a tener un lugar importante en la
agenda pública.
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2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Capital social y redes en una sociedad relacional.
Una de las definiciones del Estado en términos de gestión pública ha sido el del Estado habilitador (Gilbert, 2002). Al teorizar un Estado relacional potencial, Gilbert (2005) enfatiza el enfoque a un Estado, cuya
función es proporcionar protección social a través de apoyo, generando así responsabilidades privadas.
Xunaxhi y Pineda (2017) indican:
La profesionalización se convierte en una herramienta fundamental de la nueva gestión pública para
trata de superar algunos de los problemas típicos de las administraciones tradicionales, tales como que, al
permanecer estas sin vigilancia, se vuelven corruptas e incompetentes, además que se desarrolla dentro de
ellas una burocracia más poderosa y prácticamente inamovible. (p.47).
Se vuelve un proceso significativo en procesos de protección de derechos humanos donde la eficiencia
de las acciones de supervisión debe cuidarse en lo administrativo, para cumplir los objetivos de regulación
planteados a instituciones que en este caso, atienden niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales y
se encuentran en situación de abandono en estas organizaciones privadas o públicas.
Por otro lado, el sociólogo británico Giddens (2007) prefiere un tipo diferente de Estado relacional, un
Estado garante que influye en los resultados de las acciones para favorecer el interés público, en lugar de un
Estado habilitador que emplea la inversión social tanto como sea posible para ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas. A diferencia de la aproximación de Gilbert (2005), Giddens (2007) propone un Estado
que busca empoderar a sus ciudadanos, además de proporcionar un marco de garantías (salarios mínimos,
por ejemplo). Donde las instituciones de servicio público deben ser tan receptivas a las necesidades de
aquellos que sirven como lo hacen la mayoría de las empresas privadas frente a sus clientes.
Etzioni (1998) y Giddens (1994, 1998), empezaron a incluir en las nociones emergentes de gestión
pública, el concepto icónico de la gobernanza. Kooiman (2003) define la gobernabilidad como la totalidad
de las interacciones públicas y privadas dedicadas a resolver problemas y crear redes sociales, oportunidades. Él lo llama gobernanza interactiva. Hay aspectos relevantes en esta perspectiva que se relaciona con
la definición de Estado relacional donde un Estado fuerte no se deriva de una constitución, es una cuestión
contextual (Pierre y Peters, 2000). Enfoques de gobernanza que serían relevantes para la noción del Estado
relacional, son aquellos que se analizan tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro de la
institución pública (Mendoza y Vernis, 2008). “Porque es necesario desarrollar la capacidad de pensar a
nivel de asociación, de red para fomentar la experimentación y la diversidad” (Mendoza y Vernis, 2008,
p.25).
Generación de conocimiento colectivo
Por otro lado, el término red designa una relación social entre los actores. Los actores en una red social
pueden ser personas, pero también colectivos en forma de grupos, instituciones, comunidades o incluso
sociedades (Seufert et al., 1999). Las redes son determinadas por su contenido (productos o servicios, información), forma (por ejemplo: duración y cercanía de la relación) e intensidad (por ejemplo: frecuencia
de comunicación). Se piensa que la forma y la intensidad de las relaciones de red, establecen la estructura
de la misma (Burt, 2000). Además, las relaciones entre los actores se basan en interrelaciones personal-organizacional o técnico-institucionales a largo plazo (Seufert et al., 1999).
Pero, ¿qué es el conocimiento? Hay una tradición que se remonta hasta Platón, conocida como la teoría
tripartita del conocimiento que la define como creencia verdadera justificada. La teoría dice: si crees en
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algo, con justificación, entonces sabes eso, de lo contrario, no lo sabes (desde http: //www.theoryofknowledge). Claramente cuanto más profundo sea nuestro aprender, lo más consciente, específico y articulado será
nuestro conocimiento de lo que no sé. En cierto modo, a nivel individual, tomamos conciencia de nuestra
ignorancia (Popper, 1963). Sin embargo, este trabajo se adhiere más a las definiciones de conocimiento
como un proceso de aprendizaje social, y, por lo tanto, una cosecha colectiva.
Esta conceptualización de los procesos de conocimiento como procesos sociales prevalece en la literatura moderna basada en el conocimiento y en el aprendizaje. Como Giddens (2007) y Berends (2003),
creen que la estructura es un recurso para la interacción en el sentido de que los individuos o actores no
construyen la realidad social desde cero, sino que se basan en elementos estructurales preexistentes en sus
acciones. Las reglas y recursos existentes hacen posible las acciones humanas, pero a su vez, la acción
humana está restringida por las estructuras existentes, que provoca esa estructura como habilitación y restricción (Berends et al., 2003; Timbrell et al., 2005).
Redes en relación
Las redes de conocimiento social también se definen por diferentes grados de transferencia de conocimiento y capacidades. Hansen (1999) descubrió que los vínculos débiles ayudan a una búsqueda de conocimiento útil, pero impiden la transferencia de conocimiento tácito, que requiere fuertes lazos entre las dos
partes para una transferencia efectiva (ver figura1). Capital social vinculante se refiere a los lazos intracomunitarios dentro de grupos relativamente homogéneos (familia y grupo étnico, entre otros), en el que los
miembros pueden depender en situaciones de necesidad. La unión del capital social ayuda a construir la
cohesión social y un sentido de objetivos compartidos. Unir el capital social se refiere a los lazos intercomunitarios entre individuos y grupos, que atraviesan divisiones sociales, como el origen étnico, el género
y el estatus socioeconómico. A pesar de que es poco probable que estos sean tan fuertes como los lazos
intracomunitarios, parece que se requiere una combinación de ambos para que los individuos trasciendan
sus comunidades (Gratnovetter, 1995).
Figura 1. Fuerza de la Red.
Fuente: Adaptación de Hansen (1989), en Augier y Vandelo (1999).
Taylor et al. (2004), indica que: “la vinculación del capital social o la integración, para algunos autores
se refiere a la naturaleza y extensión de los vínculos que conectan las esferas civil y política” (p.228). “Y
las relaciones entre individuos y grupos en vertical, es decir, relaciones jerárquicas o basadas en el poder” (Healy, 2002, p.79). “El concepto de la inclusión refleja una distribución relativamente horizontal de
las relaciones de poder que fomenta confianza mutua y normas de cooperación entre los ciudadanos y el
Estado” (Wallis y Killerby, 2004, p.250). Los lazos fuertes aparentemente permiten la interacción cara a
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cara entre las dos partes involucradas en la transferencia, y por lo tanto la riqueza de los medios utilizados
para el conocimiento y la transferencia es alta y es más adecuada para la transferencia de conocimiento
tácito (Augier y Vendelo, 1999). Por otro lado, autores como Mellucci (1999) agregan dimensiones como
solidaridad e interdependencia, cuando los actores de una red producen una acción colectiva porque son
capaces de definirse a sí mismos y su campo de acción (relaciones con otros, disponibilidad de recursos,
oportunidades, limitaciones).
Sin embargo, (Gratnovetter, 1973), indica que los lazos débiles, son altamente eficientes para compartir
conocimiento porque dan acceso a información novedosa mediante la conexión de grupos e individuos.
“Sorprendentemente, es probable que los lazos fuertes proporcionen redundante información, ya que a
menudo existen entre un pequeño grupo de actores conocimiento que ya saben, lo que los otros también
conocen” (Hansen, 1999, p.83). Por lo tanto, en términos de capital social relacional, se asocia una caracterización de redes por su vinculación de capital social y transferencia de conocimiento. En consecuencia, los
vínculos fuertes, es decir, las relaciones con personas más conocidas, pueden no proporcionar información
nueva e inesperada como los lazos débiles. Putnam (2000) también hizo hincapié en cómo la unión del capital social promueve unas intensas y estrechas redes interpersonales. En los conceptos de capital social, el
capital está conectado a las relaciones entre los miembros que participan activamente y que se conocen. Sin
embargo, el concepto de capital puente se refiere a los vínculos sociales entre personas que no se conocen
muy bien. Este tipo de capital puente se refiere a las relaciones entre aquellos miembros que son bastante
inactivos y participan dentro de la red en actividades solo de forma ocasional (García, 2006). En resumen,
nadie puede poseer capital social, solamente por sí mismo, ya que se encuentra en las relaciones entre las
personas. Para fines de este artículo, se ha adoptado la definición de capital social según Burt (1992), que
se refiere tanto a los contactos de recursos como a la estructura de contactos de una red. “Una persona que
participa en una determinada posición en una red social puede ser “un activo por derecho propio. Ese activo
es capital social” (Burt, 1992, p.12).
Redes de protección de derechos humanos para niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales en
Nuevo León.
La región fronteriza del Norte de México ha pasado de repente a ser un “modelo para economías en
desarrollo a un símbolo del caos de la guerra contra las drogas en México, absorbido en una espiral oscura
de asesinatos de pandillas, crímenes violentos y creciente anarquía” (Emmott, 2011). En ese contexto, la
ciudad de Monterrey en Nuevo León presenta una sólida vida y cultura industrial, en donde se establecieron
estándares empresariales de más de cien años de antigüedad. Tal cultura ha creado un corredor notorio de
capital social y oportunidades de colaboración dentro de México y sus vecinos de Texas (Pavlakovich-Kochi et al., 2004). De ahí, un valioso debate e investigación alrededor de la idea de que el capital social y la
creación de redes se pueden expresar y aprovechar en tales contextos.
De hecho, en el contexto de los Centros de Asistencia Social que atienden a niñas, niños y adolescentes
sin cuidados parentales, se generó un conjunto de procesos dinámicos que provocó la creación de una red
en Nuevo León. Como consecuencia de una sucesión de hechos en 2011. En este año, se publicó una ley a
nivel Estatal para regular a este tipo de instituciones y evitar violaciones de derechos humanos al interior
de las mismas, generando también legitimidad y confiabilidad para los benefactores. Por lo que la norma,
generó una serie de cambios en las interacciones y relaciones entre las Casas Hogar y el gobierno local,
lidereados por el Sistema de Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) del Estado de Nuevo León.
En este contexto de crisis, surgieron nuevos actores y las nuevas regulaciones marcaron el ritmo para el
desarrollo de capacidades dentro de las instituciones que buscaban la protección de los derechos de niñas,
niños y adolescentes en Nuevo León.
Por lo tanto, el presente trabajo de investigación emprende el análisis de las relaciones entre actores en
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el proceso de institucionalización de la infancia y adolescencia que vive en las Casas Hogar en Nuevo León
(México), y el tipo de agencia que retratan es de acuerdo a la perspectiva sociológica de Giddens (1990)
antes y después de que la norma del gobierno se hiciera pública. La investigación implicó la observación
del aprendizaje y los procesos de generación de redes entre los grupos de interés. Lo más importante, es que
también implicó una reflexión sobre la acción dentro del espacio observado, tanto con la supervisora de la
tesis doctoral asignada como en reuniones constantes con algunos de los actores que formaron parte de este
proceso durante siete años. Los actores que permanecieron durante este período son individuos que pasaron
por el proceso de institucionalización y regulación del 2006 al 2012, y que tenían funciones de acogimiento residencial, familiares de las niñas y niños y oficinas de gobierno. El núcleo de la investigación fue la
observación de sus relaciones y el cambio de las estructuras sociales para la protección de esta población
que se encuentra en instituciones sin cuidados parentales (niñas y niños separados de forma temporal o
permanente de su familia de origen).
Se realizó mi observación del aprendizaje institucional y de los procesos de generación de redes. Principalmente como participante observador de este proceso de interacción intenso y continuo entre las partes
interesadas. Durante siete años, tuve un papel en el proceso de institucionalización como actor, observador
participante, y analista, desde una perspectiva como investigadora. Me uní a algunas discusiones de grupos
pequeños, donde se estaba gestionando el conocimiento adquirido, por los cuestionamientos, planificación
de proyectos. Estas interacciones se convirtieron en aprendizaje significativo y al mismo tiempo contribuyó
tanto al análisis en términos de la investigación y también en términos de planificación a favor de las Casas
Hogar para el cumplimiento del nuevo marco legal.
En este contexto, tenía un rol privilegiado: era un actor activo, profundamente involucrado en el proceso. En esos términos, creo que me convertí en un agente (Giddens, 1990), definido de la siguiente manera:
•
•
•
Un agente es competente: el criterio fundamental de competencia es que un actor es capaz de explicar todas las actividades que realiza, si se le pregunta. Agentes de rutina y casi sin esfuerzo de tener
una comprensión teórica continua de los fundamentos de su actividad. Como parte de una organización de la sociedad civil (OSC), me uní a un comité del gobierno, para la toma de decisiones sobre
regulación y profesionalización de Casas Hogar, donde me preguntaban mi opinión en relación a
las acciones y las decisiones.
El agente es reflexivo: la reflexividad es la capacidad del agente para registrar sistemáticamente
aspectos sociales de los contextos en los que se mueve. Esta reflexividad es lo que posibilita las
prácticas sociales recursivas. Utilicé un diario de campo en todas las reuniones, entrevistas, eventos, trabajos en grupo, et. Grabé aspectos importantes en ese diario, que incluía diálogos de cada
encuentro, que luego analizaría desde una perspectiva sociológica para compartir con los actores
para alcanzar consenso y acuerdos. Esto a su vez, me llevó a construir una vista panorámica y a
integrar la visión de todos los involucrados en la realidad observada.
El agente es intencional: el agente responde a las razones y motivos de sus acciones, aunque muchas de estas motivaciones no son parte de sus discursos. Giddens distingue dos elementos (ambos
forman parte de un modelo): racionalización y motivación. La racionalización corresponde a lo teórico, y la motivación lo que le mueve a actuar, desde deseos que no son necesariamente conocidos
por el agente. Por ejemplo, crecí preocupada por los niños y niñas abandonados que viven en Casas
Hogar antes de que supiera mi historia familiar, en donde mis dos abuelos paterno y materno, fueron adoptados. Me involucré a medida que crecía la conciencia de la realidad vivida por este sector
vulnerable de nuestra sociedad. Estaba muy consciente (en medio de una escalada violenta en Monterrey) que habría consecuencias amargas en la sociedad si no se llegaba a una solución mediante
acciones concretas a favor de las Casas Hogar o Centros de Asistencia Social. Giddens (1990) cree
que la acción se considera intencional cuando el actor conozca que él tendrá cierto resultado y usará
ese conocimiento para lograr tal resultado. Además, la acción del agente tiene consecuencias no
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deseadas e implicaciones imprevistas que están más allá del alcance del agente, de ahí la intencionalidad. De hecho, Giddens (1990) define la intención como un acto del cual el autor es conocido,
o se cree que tiene una calidad y un resultado particular, y es quién cuenta con ese conocimiento
utilizado por el actor para lograr la calidad o el resultado implícito. Cuando empecé mi proceso de
investigación en el 2009, no imaginé que tendría esta experiencia en un momento histórico a nivel
nacional en temas de protección de derechos humanos de la infancia y adolescencia institucionalizada y los cambios estructurales que traería.
3.- MÉTODO
El enfoque investigativo de la presente investigación es cualitativo, de acuerdo con Hernández, Batista
y Fernández (2014) “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación
o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7)
Este documento se deriva de una investigación que duró cuatro años a nivel de doctorado que comenzó
con una pasión por la articulación de las interacciones sociales, un espíritu emprendedor y una aspiración
por la innovación social. Mucho antes de emprender la investigación doctoral fundé una organización no
gubernamental llamada Pequeños Gigantes Mexicanos con el objetivo de proteger los derechos humanos
de niñas, niños y adolescentes que habitan en Casas Hogar o Centros de Asistencia Social. A través de la
cual se tuvo un rol de mediación entre las Casas Hogar de Nuevo León y el gobierno, durante el proceso de
regulación que empezó en el 2011 a nivel local. Por lo tanto, estuve totalmente involucrada en el proceso
de regulación y profesionalización de este tipo de instituciones, además que como comenté anteriormente,
mis abuelos paterno y materno fueron adoptados. Sin embargo, no era consciente de todos los mecanismos
involucrados en un proceso de regulación institucional en una región geográfica concreta. Me di cuenta
durante el proceso de investigación, de las implicaciones e incluyendo mis prenociones basadas en mi
experiencia familiar.
Diseño
En términos de investigación, se adoptó un enfoque socio-constructivista, en el sentido de que consideré
uno por uno, todas las perspectivas de los actores involucrados para observar los procesos de institucionalización y regulación. Sin embargo, ya que la investigación analizó desde mi propia práctica y participación en el proceso, seleccioné el enfoque de Acción-Aprendizaje (Acción-Learning) acuñado por Revans
(1959), como la más adecuada herramienta para el tipo de investigación que estaba realizando. Esta metodología fue desarrollada por Revans en la década de 1940, Acción-Aprendizaje ofrece un método probado
para acelerar el aprendizaje, lo que permite a las personas manejar problemas complejos de manera más
efectiva. Se trata de trabajar en problemas reales, centrados en el aprendizaje y en la implementación de
soluciones. Es una forma de aprender haciendo. Así, seleccioné esta metodología para reflejar y analizar el
proceso observado, a través de mi rol dentro de Pequeños Gigantes Mexicanos, y permitirme rendir cuentas
y reflexionar sobre mi acción y articulación de algunos actores que han participado en el proceso de institucionalización realizado por el Estado de Nuevo León.
El Acción-Aprendizaje es un proceso dinámico, una forma de aprender de nuestras acciones y experiencias; en un espacio de tiempo determinado dedicado solamente a: cuestionar, reflexionar para después
planear cómo actuar de forma diferente en el futuro en base al aprendizaje significativo obtenido de la
actividad realizada (MacGill y Beaty, 2001) El grupo de reflexión no puede ser de más de 6 personas, en
mi caso la Dra. Blanca García, quién fue mi directora de tesis doctoral era parte de ese espacio de reflexión
grupal principal. Aunque tuve varios grupos de reflexión con los diferentes actores mencionados (Casas
Hogar, Gobierno Estatal, miembros de la Red de Apoyo a Casas Hogar) y que formaban parte del proceso
de institucionalización.
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Se consideraron en el estudio 16 Casas Hogar de 40 que se encontraban operando en Nuevo León hasta
diciembre del 2012. Se consideraron algunas criterios endógenos y exógenos de validez para la selección
de la muestra de las Casas Hogares, los cuales se dividieron en tres niveles A, B y C para tener instituciones
representativas de la población total; con la finalidad de aplicar las herramientas de investigación y elaborar
el perfil de los actores, así como la obtención de la información sobre las relaciones generadas durante el
proceso de institucionalización. Éstas fueron a quiénes se aplicó una entrevista a profundidad para conocer
su forma de operar, identificar la vida social al interior de estas e identificar las relaciones entre ellas y con
los otros actores que se consideraron integrar en el análisis: el gobierno que es el responsable de regularlas
y la Red de Apoyo a Casas Hogar que apoyaron con capital social al cumplimiento de la ley.
La unidad de análisis fueron las relaciones entre los actores del proceso de institucionalización de las
Casas Hogar, así como su agencia desde la perspectiva sociológica de autores como Giddens (1984) antes
y después de la norma gubernamental, se fue obteniendo en base al aprendizaje que se fue construyendo
en mis grupos de reflexión, elemento indispensable de la metodología mencionada. Dichos grupos contaban como miembros a mi directora de tesis y parte de los actores entrevistados: Gobierno, familiares de la
infancia institucionalizada, Casas Hogar y Comité de Gestoría y Redes de Apoyo a Casas Hogar. Porque
estos actores interactuaron conmigo no sólo una vez; sino muchas veces por 5 años y medio, a veces de
forma cotidiana, en donde mi rol como observador participante era de investigadora, gestora, articuladora,
y administradora; todo al mismo tiempo.
Esta visión propone que los individuos y la sociedad perciben como realidad lo que no es más que una
construcción, una creación de la interacción social entre esos individuos y los grupos. Y desde esta perspectiva, se le da mayor importancia a los significados, reflexiones, discursos y comprensión de los actores
en relación con el proceso social en la que se encuentran. Es por lo anterior que este método fue el más
adecuado para esta investigación.
Instrumentos
Siguiendo a Revans (1982), se coincide en que no existe aprendizaje sin acción y no existe acción sin
aprendizaje. Y en sociología, la entrevista cualitativa es una técnica importante para la generación de un
conocimiento sistemático sobre el mundo social. Por lo que los instrumentos que se seleccionaron para
obtener la información de esta investigación fueron:
a) Entrevistas
b) Documentación generada por los actores
c) Diario de campo generado de observación participante
d) Grupo de enfoque.
e) Notas del Grupo de Reflexión o “Set” de Aprendizaje Acción (Ejemplo.- Junta de Redes de Casas
Hogar de la Región Noreste en el 2011, Sesiones del Comité Interinstitucional para la regulación de las
Casas Hogar en Nuevo León).
La diferencia metodológica de la aplicación de los primeros dos instrumentos con lo que se realiza tradicionalmente, es que las entrevistas fueron aplicadas a las mismas personas por 5 y medio años, y parte de
la documentación empírica generada fue como resultado de la sistematización de las mismas; en donde yo
tomé parte en su construcción. El diario de campo si se realizó una sola vez. Se desarrolló con el mismo proceso etnográfico que se sigue en diferentes trabajos de campo para la obtención de la información empírica.
El trabajo de campo fue proporcionado por colegas de organizaciones de la sociedad civil con los que
ya había colaborado anteriormente y estaban profundamente involucrados con la realidad observada, enRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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trevistas semi-estructuradas. Las cuales produjeron narrativas reflexivas de los actores que aumentaron la
riqueza de lo aprendido en siete años. Se tuvieron dos líneas de reflexión durante el proceso metodológico:
1.
2.
Información generada por 16 Casas Hogar (de un total de 40 que estaban operando en Nuevo León
en diciembre del 2012). Permitió identificar la forma como funcionaban estas instituciones, su vida
social y conocer el tipo de relaciones que mantenían con el gobierno.
Información generada por algunas personas clave dentro del DIF Nuevo León que tenían un estado
de involucramiento del 2006 al 2012. Estos documentos se revisaron mediante el análisis del discurso, con el fin de detectar aún más el nivel e intensidad de las relaciones y construcción de la red.
Se privilegiaron los métodos cualitativos, debido a que éstos enfatizan el proceso. Por ejemplo, Tárres
(2001) menciona que los métodos cualitativos ponen énfasis en la visión de los actores y el análisis contextual en el que éstos se desarrollan, centrándose en el significado de las relaciones. Por lo que fueron los
cualitativos, los más adecuados para capturar esas relaciones y la subjetividad de los actores. Los métodos
cuantitativos no consideran los detalles, los cuales para este análisis son relevantes; porque permiten conocer las funciones de los actores mencionados en el problema de investigación. Son los métodos cualitativos
los que conceptualizan la realidad, que en este caso se requiere para que la información se convierta en un
análisis del proceso de institucionalización de las Casas Hogar de Nuevo León
Procedimiento
Esta metodología de Acción-Aprendizaje está basada en 3 elementos para el análisis de la información empírica obtenida del trabajo de campo:(1) Aprendizaje = (2) Administración del conocimiento + (3)
Cuestionamiento. Por lo que fue necesario un grupo de reflexión que tuviera la función del intercambio de
conocimiento, que se obtiene de la experiencia de la acción en un determinado contexto y tiempo. En este
espacio se realizaron los cuestionamientos para la administración del conocimiento generado a través del
intercambio de información. Al analizar esa información mediante el dialogo, puede convertirse en nuevo
conocimiento; y por lo tanto aprendizaje significativo que fue aportando los argumentos para cumplir con
los objetivos de investigación.
Así que la observación y la obtención de la información empírica se realizó y obtuvo de 4 tipos de actores en la sociedad: 1) gobierno; 2) familiares de la infancia institucionalizada; 3) Casas Hogar; 4) Comité
de Gestoría y Redes de Apoyo a Casas Hogar. Ahora bien, desde el paradigma socio-constructivista es la
comunidad receptora la que valida los resultados de investigación (Easterby-Smith, et. al., 2012) lo cual se
logró plenamente al entregarle a la comunidad un Manual Normativo para Casas Hogar (López, 2014) que
tendrá su aplicación piloto primero en Nuevo León y después en otros estados a nivel nacional.
A los cuatro tipos de actores o fuentes de información se les llamó en términos metodológicos sujetos
del conocimiento, porque cuando reflexionaban sobre el contexto que les rodeaba o establecían procesos
de dialogo en beneficio del modelo de protección a la infancia institucionalizada en el que participaban y
pertenecían, empezaban a construir conocimiento. De acuerdo al proceso metodológico de Acción-Aprendizaje propuesto por Revans (1998), el individuo que forma parte de su propia realidad y reflexiona sobre
ella comienza a transformar su conocimiento tácito en conocimiento explícito, y logra aprendizajes significativos y transformadores de dicha experiencia.
El análisis se realizó bajo la técnica cualitativa de análisis de contenido, debido a que considera el contexto de producción del discurso, y las características socio-lingüísticas del contexto y el mensaje. Además,
que permitió realizar indagaciones sobre los procesos de producción o recepción de los mensajes mediante
la construcción de categorías de análisis y árboles conceptuales que explican en el modelo de atención de la
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infancia institucionalizada en Nuevo León, que se expresa en los resultados de este documento.
Sin embargo, parte de la información observada y recopilada se filtró con algunas pre-nociones que no
logré hacer conscientes durante el trabajo de campo, y durante parte de la redacción del documento. Esto,
como efecto de haber estado altamente involucrada como un actor más dentro de la realidad observada,
especialmente al inicio de esta investigación y en parte del trabajo de campo.
La validez de los resultados se obtuvo a través de la triangulación de datos, debido a que como resultado
de la investigación se elaboró un Manual Normativo para las Casas Hogar, con la finalidad de apoyarlas en
el proceso de regulación que estaban experimentando en ese momento por parte del gobierno estatal. Para
fines metodológicos, estas tres fuentes de información fueron llamados sujetos de conocimiento, porque
cuando a estos actores se les pidió reflexionar sobre el contexto que los rodeaba o establecer procesos de
diálogo a favor del modelo de protección en el que participaban, usualmente eran capaces de construir nuevos conocimientos (conocimiento tácito en conocimiento explícito) (Nonaka, 1991).
4.- RESULTADOS
Sistema de redes emergentes y prácticas sociales a favor de la infancia institucionalizada.
En 2012, se estaban teniendo dificultades por parte de las Casas Hogar de Nuevo León para recibir
licencias de operación por parte del gobierno estatal, por la falta de cumplimiento de los requisitos que establecía la nueva ley publicada en el 2011, a nivel local. Los requisitos eran exigentes, por lo que se realizó
una extensión al cumplimiento del plazo por petición de las Casas Hogar, uno de los primeros pasos de
nueva acción colectiva. Por otra parte, el 80% de este tipo de instituciones corrían el riesgo de ser cerradas,
por la falta de cumplimiento, lo que produjo que se movilizaran por primera vez buscar asistencia y apoyo. Esto también creó un problema para el gobierno estatal, porque si las cerraban, tendrían que reubicar
a todos los niños y niñas, y no se tenían espacios para ello. Es decir, el gobierno no tenía la logística ni un
plan para abastecer las necesidades emergentes. Hasta ese momento las Casas Hogar no tenían una comunicación constante entre sí ni con el gobierno.
Por otro lado, el gobierno estatal, en un esfuerzo por prepararse para la aplicación de la Ley que regula
a las Instituciones de Guarda y Custodia del Estado de Nuevo León, publicada en el 2011, reestructuró su
personal en julio de ese mismo año, para dar seguimiento a la regulación. Pasando de 8 a 33 empleados, de
esta forma el DIF Nuevo León buscaba asegurar que prácticamente cada institución tuviera un delegado
que le apoyara al cumplimiento de los requisitos y avanzar en términos de cuidado de esta población. Por
su parte, las Casas Hogar comenzaron a interactuar entre sí, y a discutir sus prácticas para los retos del futuro, así como las nuevas relaciones que establecerían con el gobierno, con la finalidad de poder obtener la
licencia de operación y evitar ser cerradas. Algunas personas en estas instituciones expresaron desacuerdo,
tenían muchos puntos contra la ley. Esta movilización desencadenó la creación de redes y el establecimiento de relaciones nuevas entre las Casas Hogar. Como menciona Mellucci (1999), los actores producen
colectivamente acción porque son capaces de definirse a sí mismos y el campo de acción (relaciones con
otros, disponibilidad de recursos, oportunidades, restricciones). Esta categorización de los roles dentro de
la organización de una red podría ser útil cuando se analizan de la siguiente forma: 1) servicio de redes de
implementación, 2) redes de difusión de información, 3) redes de desarrollo de capacidades, 3) redes de
resolución de problemas. Todas estas redes estaban presentes y se consideraron para el proceso analizado
en Nuevo León, como se presentarán a continuación.
A medida que continuaba el trabajo de investigación de campo, se observó que los nuevos roles (y tipos)
de interacciones y socialización entre los diferentes agentes implicados en el funcionamiento de las Casas
Hogar. Antes del 5 de julio del 2011, algunas instituciones no tenían un consejo dentro de su estructura, el
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director era el abogado contador, por lo que debía realizar varias funciones al mismo tiempo. Desde el DIF
Nuevo León se les comenzó a asesorar y apoyar en la creación de la gobernanza para su consolidación. Este
tipo de acción desencadenó varios tipos de socialización, que se relacionan con las posturas de Gratnovetter
(1985), Melluci (1999) y AbouAssi (2013) como: disruptivo, articulador resiliente e interdependiente:
•
•
•
Agentes Protectores (interdependientes). - son los responsables de asegurar la protección de los
derechos de la infancia institucionalizada en Nuevo León. Garantizar que se realicen las acciones
necesarias para que sus derechos no sean violados y puedan ejercerlos libremente porque el contexto donde se encuentran internados tiene las condiciones para este fin. Siguen los lineamientos de la
Convención de los Derechos del Niño y las directrices que se han generado por parte de organismos
internacionales para su cumplimiento. Es de donde surgen las reformas y publicaciones de nuevos
marcos jurídicos que contribuyan a la protección de los derechos de la infancia en las Casas Hogar.
Agentes Reguladores (disruptivos).- tienen como principal función la supervisión del cumplimiento de la ley por parte de las Casas Hogar. Su responsabilidad es crear los mecanismos necesarios
para asesorar a estas instituciones, para que puedan realizar los cambios necesarios dentro de su
operación para cumplir con la normativa. Son los organismos que tienen la autoridad legal de regulación, supervisión, administración y sanción de las Casas Hogar en Nuevo León
Agentes Cuidadores (articuladores resilientes).- sus acciones están enfocadas a brindar apoyo a las
Casas Hogar con la finalidad de mejorar su operación y colaborar para que puedan cumplir con los
lineamientos establecidos en el marco jurídico vigente. Realizan donativos en especie, en efectivo,
crean proyectos y programas enfocados al desarrollo integral del menor, así como del personal que
trabaja dentro de estas instituciones. Parte de su responsabilidad es desarrollar y cuidar un plan de
vida para los menores, así como colaborar en su formación durante su estancia dentro de la Casa
Hogar.
A continuación, se presenta el modelo de protección de derechos de la infancia y adolescencia institucionalizada en Nuevo León que comenzó a operar a partir del 2012, y se estuvo estableciendo progresivamente
como un sistema. Con el tiempo se observó que cada agente cambiaba sus prácticas sociales, así como el
tipo de relaciones con autoridades gubernamentales, empresas, instituciones educativas, y organizaciones
de la sociedad civil. En el fondo, se tenía la visión de impregnar en el resto de los agentes del sistema para
proteger los derechos humanos de esta población en el Estado. Y es producto de las acciones colectivas de
los agentes que pertenecen al proceso de institucionalización de las Casas Hogar en Nuevo León. Es decir,
se analizan las acciones de sus agentes colectivos e individuales como un sistema.
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Figura 2.- Modelo de protección de derechos de la infancia y adolescencia institucionalizada en Nuevo
León, durante el 2012
Fuente: Elaboración propia.
5.- CONCLUSIONES
En los modelos de capital social se piensa que las prácticas sociales se construyen en hábitos que son
duraderos y transferibles en el tiempo (Bourdieu, 1990). Estas prácticas estuvieron presentes en las actividades diarias de las Casas Hogar desde su fundación y hasta el 2011; algunos con cambios graduales a lo
largo del tiempo pero que se relacionaban con la protección de los derechos humanos. La integración de la
acción a la estructura existente se realizó en dos niveles de acuerdo a la teoría de la estructuración, uno de
ellos es la integración social (micro), que se refiere a las prácticas de comunicación y a la acción individual
de cada actor. Antes de la publicación de la ley, los actores como personas con información privilegiada en
una Casa Hogar tenían prácticas recursivas (o categorías mentales) traducidas a acciones que fueron moldeadas por el espacio social donde estos actores han estado interactuando constantemente en la historia del
funcionamiento de estas instituciones en Nuevo León.
En los siguientes párrafos, algunas de las acciones individuales que se realizaron continuamente a lo largo del tiempo dentro de una institución de tutela y custodia se han categorizado y conceptualizado, partiendo del análisis de las relaciones de las organizaciones. Este trabajo ha considerado el comportamiento de
redes locales responsables de la protección de esta población a medida que fueron respondiendo a cambios
en la política pública. Elementos del comportamiento de la red y cambios de capital social (Mellucci, 1999;
Giddens, 2006) se mantienen constantes en este análisis. Por otra parte, una atención a múltiples tipos de
conexiones (contratos, referencias, intercambio de información, proyectos conjuntos, etc.) que mantienen
unidas a las redes de organizaciones, fueron la base del análisis.
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Con este proceso de institucionalización se iniciaron nuevas formas de socialización durante las interacciones entre los agentes colectivos e individuales, que se pueden observar en Figura 2: a) socialización
colaborativa.- es cuando sucede una interacción con reciprocidad entre los agentes, es decir, ambos van
modificando sus acciones por el intercambio de estímulos que se presentan en la relación. Los agentes
individuales van cambiando su forma de operación, creencias, forma de pensamiento, la forma misma de
relacionarse, lo cual impacta en la relación e interacción que tienen con otros actores. En este tipo de socialización es donde se generan los cambios en las prácticas sociales que se habían estado realizando a través
del tiempo; b) socialización legalista.-se expresa entre dos agentes, en donde uno de ellos tiene la autoridad
legal de regular y supervisar al otro durante la interacción. Esta autoridad legal es brindada por un marco
jurídico vigente, es una relación de regulación, imposición y por lo tanto sumisión de parte del otro agente;
c) socialización soporte.- se manifiesta en la interacción de dos agentes, cuando uno de ellos apoya mediante conocimiento, recurso humano, donativos en efectivo o especie, acompañamiento, asesoría, programas,
proyectos de apoyo al otro; como parte de sus objetivos de operación. Estas tres formas de interacción se
observan en la tipología identificada con agentes, como se presenta a continuación.
1.-Alto acceso a recursos y oportunidades/fuertes lazos: interdependientes o agentes protectores.
El alto acceso a los recursos muestra la capacidad de una organización para promover el primer elemento por excelencia en las redes: la solidaridad.
La solidaridad, se cree que deriva en un comportamiento interdependiente (Mellucci, 1999), que es la
capacidad de los actores para reconocerse ellos mismos y ser reconocidos como miembros del mismo sistema de relaciones sociales. En el análisis se observó que las 40 Casa Hogar que se localizaron por el DIF
Nuevo León, posteriormente fueron convocados para capacitación. En este contexto, los funcionarios de
gobierno fueron considerados como parte de una red informal, que, aunque tienen estatus y una racionalidad diferente, persiguen el mismo objetivo de protección a la infancia institucionalizada siendo aliados de
las propias instituciones en el proceso.
2.-Bajo acceso a recursos y oportunidades/fuertes lazos: disruptivos o agentes reguladores.
El bajo acceso a los recursos muestra la capacidad de una organización para promover y articular nuevas
relaciones. Por ejemplo, dado que uno de los requisitos del DIF era certificar sus planes de construcción de
instalaciones, alrededor de diez Casas Hogar se reunieron para buscar asesoría de un arquitecto, en un acto
de solidaridad sin precedentes. Descubrieron que, si solicitaban varias instituciones a una sola empresa de
arquitectos, producirían certificaciones a un costo más bajo. En efecto, estas 10 instituciones califican como
actores colectivos disruptivos que negociaron y renegociaron diferentes aspectos de su acción (Mellucci,
1999).
3.-Alto acceso a recursos y oportunidades/ vínculos débiles: resiliente o agentes cuidadores.
El alto acceso a los recursos muestra la capacidad de una organización para promover u fomentar procesos de aprendizaje. El aprendizaje anuncia tanto un proceso de cambio como de presencia de conflicto. En
nuestro análisis, todas las Casas Hogar emprendieron una renovación de sus acciones y un aprendizaje, que
en lo sucesivo regularía sus operaciones al interior. Sin embargo, algunas personas expresaron desacuerdo
con el gobierno y lo veían como adversario. Tales hallazgos, consolidan las tipologías de los agentes con la
naturaleza de sus relaciones, y confirman que los elementos relacionales dentro de las redes aumentan de
forma sustancial, por ejemplo, la asesoría legal, psicología, trabajadores sociales, son actores que ahora son
parte de la operación cotidiana de este tipo de organizaciones. De hecho, esta primera aproximación a los
hallazgos confirma la tipología de Mellucci (1999) del comportamiento del agente, que residen en la débil
vinculación del agente resiliente, seguidas de los agentes interdependientes o protectores.
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Este documento está relacionado con la operación de las Casas Hogar en Nuevo León, que estuvieron
pasando por un proceso institucional de aprendizaje y cambio, que pudiera ser últil para otras zonas geográficas, ahora que existe una normativa para regular este tipo de instituciones, pero a nivel nacional, desde el
2015. Una reconstrucción utilizando Aprendizaje-Acción como metodología y contextualización de estos
fenómenos que se observaron con fines de investigación, mientras que el cambio constante de actores y
agentes fue observado en el contexto de una sociedad con problemas sociales agudos que nos llama a todos
y todas a la acción. Este documento nos indica que las redes de relaciones cambian con el tiempo, aumentando y disminuyendo su capital social (relacional).
Regresando a nuestra pregunta de investigación inicial ¿cómo crear redes para fortalecer la sociedad
civil y el gobierno?, para la protección de derechos humanos a nivel regional. Estas redes están formadas
por vínculos débiles y fuertes basados en las relaciones existentes y como se construyen y desarrollan a lo
largo del tiempo a través de intercambio e interacciones. Comenzando como conexiones débiles, las relaciones se confirman y los lazos evolucionan, se fortalecen y maduran cuando las interacciones se hacen más
frecuentes, los intercambios se extienden más y la confianza se vuelve recíproca (Hansen, 1999 ; Augier y
Vandelo, 1999). Esto significa el tipo de vínculos (fuertes o débiles) que una entidad en la red podría cambiar con el tiempo, dependiendo del rol, la función y la acción que desempeña dentro de la red. La acción
colectiva resultante dentro de la red también puede cambiar.
Los hallazgos sobre tipologías emergentes de roles de organización dentro de una red, en paralelo con
modelos como los que propone Mellucci (1999), fue una herramienta útil para retratar el inventario de
capacidades y relaciones generadas por una red. Experimentando profundos cambios en su estructura y
desempeño. Cumpliendo así, con nuestro objetivo de investigación: analizar las prácticas y posibilidades
de la red, para promover acciones, y política pública, que a su vez favorecería la protección de derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, algunos huérfanos y abandonados en Centros de Asistencia Social (CAS). Se categorizaron las prácticas socio-organizacionales: en un proceso de
regulación a las Casas Hogar en Nuevo León (México), que inició en el 2006 y que terminó en el 2012 con
la entrega de licencias de operación por parte del gobierno estatal.
Claramente, el modelo era un caso específico en el sentido que explica el comportamiento organizacional bajo tensión, movimiento y cambio. De hecho, se está construyendo colectivamente una estructura
completamente nueva para cuidar y proteger a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales en
Nuevo León. Es una tarea que requiere un millón o más de redes.
Propongo algunas líneas de investigación que pueden contribuir a profundizar aún más en comprender
los procesos de institucionalización de las Casas Hogar y las relaciones entre los agentes públicos y privados que participan en ellos, en materia de protección a la infancia.
La primera línea de investigación propuesta es identificar las funciones que desempeñan los egresados
de Casas Hogar en la sociedad y analizar los efectos de la institucionalización en su edad adulta, al convertirse en un actor más de la estructura social.
La segunda propuesta de investigación es analizar a las familias de origen de los niños, niñas y adolescentes que habitan las Casas Hogar, e identificar las principales motivaciones que provocan que entreguen
de forma temporal o permanente a los menores a estas instituciones. Así como categorizarlas para comprender el tipo de familia que contribuye a la institucionalización de los menores.
La tercera línea de investigación podría estar relacionada con el capital social de las Casas Hogar que
les brindan apoyo económico y humano para su operación, como lo son los miembros del Consejo o Patronato, las empresas a través de su responsabilidad social, voluntarios, organizaciones de la sociedad civil,
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estudiantes de servicio social de diferentes instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil,
entre otros actores. La propuesta es analizar el capital social de este tipo de instituciones para comprender
su forma de organización e interacción con las Casas Hogar, así como identificar la racionalidad y motivación de su actuar.
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Perspectiva de Género y Política Pública Deportiva: El Caso de la CONADE
Gender mainstreaming and sports public policy: The case of CONADE
Francisco Javier, Mendoza-Farias1
Rocío Ivonne, Quintal-López2
Leticia Janet, Paredes3
Universidad Autónoma de Yucatan
DOI:http://dx.doi.org/10.29105/pgc5.9-3
RESUMEN
El presente artículo es una revisión sobre la incorporación de la perspectiva de género en la CONADE, cuyo objetivo consistió en identificar a través de entrevistas y análisis desde un enfoque cualitativo la situación de la incorporación
de la perspectiva de género en el ámbito de la política pública de deporte de alto rendimiento en México, entre el 2012
y el 2018. Así como la identificación de algunas brechas de género. El acercamiento fue desde el método de teoría
fundamentada donde los datos van construyendo la teoría. Se encontró que las mujeres han ido accediendo de manera
gradual a puestos de toma de decisiones pero aún hay un gran camino por recorrer, también se evidenció la falta de
políticas de conciliación de la vida laboral, familiar y social, así como las estrategias de atención ante casos de acoso y
hostigamiento. Se concluye que el avance en materia de perspectiva de género y deporte ha sido lento pues se observa
que algunas medidas se quedan en un punto de buenas acciones sin mayor trascendencia como la falta de capacitación
a deportistas sobre temas de acoso y hostigamiento.
Palabras clave: Brechas de género, deporte, igualdad de género, perspectiva de género, política pública.
ABSTRACT
This article is a revision about the incorporation of the gender mainstreaming in the CONADE, the objective was to
identify with interviews and an analysis from a qualitative perspective the situation of the incorporation of the gender
mainstreaming in the sports public policy of high performance between the 2012 and 2018, and also to identify some
gender gaps. The method was the grounded theory where the theory is created from the information. It was found that
women have been gradually accessing decision-making positions but there is still a long way to go, also the lack of
policies of conciliation of work, family and social life, as well as attention in cases of harassment. It is concluded that
progress in terms of gender perspective and sport has been slow since it is observed that some measures are still a sample of good actions without major importance as the lack of giving information to athletes about harassment.
Key words: Gender equality, gender gaps, gender mainstreaming, public policy, sport.
Cómo referenciar este artículo:
Mendoza-Farias, F. & Quintal-López, R. & Paredes, L. (2019). Perspectiva de Género y Política Pública Deportiva: El
Caso de la CONADE. Revista Políticas, Globalidad y Ciudadanía, 5(9), 75-89. Recuperado de http://revpoliticas.
uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/108
Recibido: 13 de Agosto 2018 - Aceptado: 24 de Septiembre 2018
1
Maestro en Psicología Aplicada en el Área del Deporte, Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales,
Correo: javier.mendoza.farias@gmail.com
2
Doctora en Ciencias Sociales con Especialidad en Estudios de Género, correo: rocio.lopez@correo.uady.mx
3
Doctora en Conocimiento y Cultura de América Latina, correo: guerrero@correo.uady.mx
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1.- INTRODUCCIÓN
El presente artículo muestra un primer acercamiento a la situación actual sobre la perspectiva de género
en México y de que manera se ha avanzado en su implementación desde la perspectiva de la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).
Desde esta postura, resulta importante señalar que la desigualdad de género es una realidad en el mundo
actual, esto se pone en evidencia con los índices de brechas de género establecidos por el Foro Económico
Mundial (2018), con base en ellos México ocupa el lugar 50 de los 149 países evaluados, donde la brecha se
ha reducido principalmente en las áreas educativa, salud y esperanza de vida, pero aún falta un largo camino
en rubros como participación, oportunidades económicas y empoderamiento político.
Una de las estrategias para reducir las brechas de género ha sido mediante la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. A fin de cumplir con los compromisos internacionales en materia
de igualdad de género, el gobierno mexicano planteó, por primera vez, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2012-2018 la perspectiva de género como una de sus estrategias para ser abordada de manera
transversal en toda la política pública federal; tratando de cumplir con ello las metas orientadas a lograr la
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Si es abordada de manera transversal la perspectiva de género en la Política pública, se deben valorar
las consecuencias que tendrán para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya
se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles de gobierno (Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas,1997 en Guerrero, Hurtado, Azua y Provoste, 2011).
En este trabajo se analiza de qué manera y en qué grado lo planteado, acerca de la transversalización de
la perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo se ha cumplido en material de política pública
deportiva en el contexto mexicano. Para ello, se analizan una serie de entrevistas realizadas a funcionarios
pertenecientes a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), que es el organismo encargado de supervisar todo lo referente a cultura física y deporte en el gobierno federal.
Como punto de partida se cuenta con datos que hablan de que el ámbito deportivo mexicano es un espacio en el que la desigualdad y discriminación por razones de género se han vuelto parte natural de este
escenario. Muestra de ello es la investigación realizada en México por Espinosa y Vargas (2005) donde
señalan que solo 2.8% de las federaciones deportivas contaban con área de atención a las mujeres y solo el
10.5% capacitaban a su personal en la perspectiva de género. Esta investigación también arrojó información
sobre las esferas en las que había más desigualdad en el entorno deportivo de la CONADE, estas eran la
certificación de entrenadores deportivos con la presencia de sólo un 21.5% de mujeres en comparación con
los hombres certificados, otro indicador de desigualdad es el número de directivos, desagregados por sexo,
del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte donde la presencia de la mujer es solo del 17.8%.
La exclusión, trato desigual y discriminación se ha venido perpetuando en el ámbito deportivo producto
de las normas culturales que favorecen y naturalizan la desigualdad en México, esto debe combatirse por
medio de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas deportivas, que debieran
estar orientadas a confrontar la visión dominante que ha prevalecido en la cultura, que marca diferencias
entre hombres y mujeres como algo natural, producidas y reproducidas desde los ámbitos educativo, familiar y cultural (zafra, 2005).
A lo largo de los años en el deporte se han aceptado las diferencias y desigualdades de género como
algo natural, lo que también daba validez para otro tipo de acontecimientos como la discriminación a nivel
social, político, económico, y jurídico para las mujeres, usando como argumento la diferencia biológica y
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física (Antúnez, 2000), se debe entender que la diferencia entre hombres y mujeres no debe ser sinónimo
de desigualdad social y de género.
Por este motivo a pesar de las intenciones de llegar a un momento de igualdad de oportunidades y derechos, existen dificultades para incorporar la perspectiva de género en el deporte, pues es en este ámbito que
se sostiene el patrón patriarcal del deporte. En ocasiones se han ofrecido los mismos servicios y actividades
para los hombres y las mujeres, la cuestión es que no toma en cuenta el hecho de que las mujeres tienen una
carga cultural que les impide o condiciona el acercarse a una actividad competitiva (Antunez, 2009), el entorno deportivo no debería ser un espacio sesgado por los factores socioculturales, políticos y estructurales
que benefician a los hombres.
A finales del año 2018 se nombró a Ana Guevara como la Directora de la CONADE, esto significa que
es la primera mujer en México en dirigir el máximo organismo deportivo en México y ayuda a visibilizar
la presencia de las mujeres en puestos de toma de decisiones en el deporte pero no
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
La perspectiva de género como punto de partida
La perspectiva de género contribuye a la elaboración de propuestas de equidad no sólo entre hombres y
mujeres, sino entre grupos sociales que se enfrentan a las desigualdades y discriminación. A su vez, también
permite la comprensión de los factores económicos, políticos y socioculturales que explican la percepción
sobre las desigualdades para acceder a recursos, y los efectos que genera en un grupo la repartición de tareas
por sexo o clase social (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2006).
Existen una serie de factores que condicionan o favorecen la promoción de políticas públicas con
perspectiva de género, entre ellos puede mencionarse en primer lugar la existencia de un contexto político
que facilite la comprensión y priorización del tema de género, en segundo lugar la asignación de presupuesto para los programas y proyectos orientados a combatir la desigualdad de género, la visibilización de
la desigualdad entre hombres y mujeres, supervisar que no se reproduzcan los estereotipos de género ni
en la vida pública, ni en la privada; así como la implementación de mecanismos institucionales (Red de
municipalidades Rurales de Perú, 2007).
¿Qué es la transversalización de la perspectiva de género?
De acuerdo con Inchaustegui y Ugalde (2006) el análisis de transversalización de la perspectiva de
género consta de tres dimensiones, la dimensión de la política, la dimensión de la estructura y la dimensión
del actor. La dimensión de la política se refiere a la manera como se incluye la perspectiva de género en la
política pública. La dimensión de la estructura aborda todo el conjunto de reglas escritas y no escritas en
el accionar de las instituciones que influyen en la organización y jerarquía de la misma. La dimensión del
actor o del agente de equidad aborda a la capacidad del organismo concerniente de impulsar la perspectiva
de género en las instituciones y el conjunto de actores encargados de impulsar la agenda de la equidad de
género. El fin último del proceso de perspectiva de género es lograr la institucionalización.
La transversalización de la perspectiva de género exige la reflexión sobre la construcción de las relaciones entre hombres y mujeres en distintas áreas de la vida como son la escuela, el trabajo y la familia
para lograr modificar los mecanismos de discriminación y modificar también la ideología (Secretaría de la
Mujer del Estado de Michoacán, 2009). Estas reflexiones se deben llevar a cabo también en el deporte, pues
existen una serie de creencias sobre las mujeres que merman su presencia en este ámbito.
¿Por qué son necesarias políticas públicas con perspectiva de género en el deporte?
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2014) identifica a las políticas públicas
como un medio para combatir las brechas de género y sostiene que estas deben estar orientadas hacia acciones especificas que reduzcan la desigualdad. De este mismo modo el Foro Económico Mundial (2018)
define las brechas de género como la desigualdad de acceso a las oportunidades entre hombres y mujeres,
sin importar la cantidad de recursos que existan. En este sentido, las políticas públicas son el mecanismo
para reducir estas brechas de género en el deporte.
El campo de la investigación de políticas públicas, género y deporte, se ha abordado desde distintas
vertientes, destacando algunas reflexiones como la de Domínguez (2011), quien sostiene que para reducir
las brechas de género que actualmente existen en el deporte se debe intervenir de manera directa y mediante políticas públicas en la educación física de los jóvenes, la práctica deportiva del ciudadano medio y
el deporte competitivo. Asimismo, agrega que se debe buscar premiar de igual manera la participación de
los hombres y las mujeres, así como dar la misma importancia en los medios de comunicación a los logros
femeninos como a los masculinos.
Un elemento a tomar en cuenta es que todavía existen una serie de factores que limitan la elaboración de
políticas públicas deportivas con perspectiva de género, entre los que se encuentran la falta de datos estadísticos, de investigación académica y de formación sobre temas de género en las organizaciones vinculadas
con el deporte. Sin subsanar estas faltas será complicado llegar a un enfoque que contemple diferencias y
similitudes por cuestiones de género y orientar los programas y proyectos de tal manera que se orienten a
la igualdad de género (Antúnez, 2009).
En cuanto a la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas deportivas en diferentes países, destaca Canadá como un referente en esta materia, como señala Saffai (2013) las políticas deportivas canadienses se han orientado a reducir las barreras de desigualdad de género mediante tres acciones
específicas: 1. Desarrollando estrategias colaborativas para incrementar la comprensión y participación en
el deporte para todos, 2. Participando con la asociación canadiense para el avance de las mujeres, el deporte
y la actividad física para desarrollar e implementar una estrategia para las mujeres y las niñas y 3. Emprendiendo una iniciativa para incrementar las oportunidades de las mujeres para fungir como entrenadoras y
líderes voluntarias, así como incrementar la participación de personas con diversidad funcional y minorías
visibles.
Para Lenskyj (2008, citado en Saffai, 2013) no basta con incrementar la participación de las mujeres
en actividades deportivas, esa acción por sí sola no va a brindarles oportunidades de liderazgo. Según esta
autora las instituciones deben adoptar políticas de acción afirmativa, para ir cerrando la brecha de la mayor
cantidad de hombres que ocupan puestos de dirección, administración y entrenamiento deportivo, sino se
impulsan estas acciones afirmativas se corre el riesgo de nunca cerrar dicha brecha de género.
CONADE: Un actor clave de la política pública deportiva en México
En el año de 1977 es creada la Subsecretaría de la juventud, la recreación y el deporte, ésta a su vez
es dependiente de la Secretaría de Educación Pública. En 1981 se creó la Subsecretaría del Deporte y el
Consejo Nacional del Deporte (funcionando como órgano para asesorar y consultar). En 1984 se avanza
de manera significativa pues se crea la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) y en 1986 la
Escuela de Capacitación Deportiva del Sector Obrero. De esta manera surge la necesidad de conformar una
estructura formal de carácter normativo y que fomente el deporte nacional, es entonces que se publica en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto de la creación de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE)
como un organismo desconcentrado de la SEP. Es en el 2003 cuando por medio de un decreto se crea la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (mantiene sus siglas CONADE) como un organismo público
descentralizado de la administración pública general (CONADE, 2013).
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La CONADE es la institución responsable de proponer, dirigir, ejecutar y evaluar la política nacional
de cultura física y deporte, así como de plantear lineamientos de competencia a los deportistas en justas
nacionales e internacionales tomando siempre en cuenta la normativa internacional.
La misión actual de la CONADE es la creación, desarrollo e implementación de políticas de Estado en
materia de ocio, cultura física y deporte para que puedan fortalecer el desarrollo integral de las personas
promoviendo la igualdad de oportunidades buscando que se logre la participación y excelencia en el deporte.
En este mismo sentido la visión de la CONADE es posicionar a México como un país con un alto nivel
de conocimiento sobre cultura física, recreación y deporte para fomentar hábitos saludables en los y las
mexicanas, fomentar el desarrollo social y humano, así como el desarrollo de deportistas de excelencia
internacional.
3.- MÉTODO
Diseño
La presente investigación es de tipo cualitativa, exploratoria e incorpora los referentes propios de la metodología feminista. Los estudios de género también se han llamado estudios feministas y tienen como ejes
centrales el incremento de las mujeres en espacios que antes eran dominados por hombres y los efectos que
han tenido la presencia o ausencia de las mujeres en distintas áreas. De acuerdo con lo anterior, debe contemplarse una epistemología feminista que sea capaz de criticar los marcos tradicionales de interpretación,
así como la influencia social, cultural y política a la hegemonía epistemológica en la ciencia (Blazquez,
2012).
En el proceso de investigación feminista también se contempla la deconstrucción como una manera
de identificar los sesgos sexistas y androcentristas que han tenido las diversas disciplinas pero que nunca
habían sido desarticulados para analizar los motivos que han llevado a la generación de un conocimiento
sesgado y discriminador (Bartra, 2012).
El análisis se realizó orientado desde la teoría fundamentada, pues este método sugiere que la teoría
surge a partir de los datos recogidos de manera sistemática y analizados con rigor. La premisa es que no se
inicia la investigación con una teoría preconcebida o si se tiene una teoría, el objetivo sería contrastarla y
ampliarla (Strauss y Corbin, 2012).
La investigación se llevó a cabo desde un diseño de estudio de caso. El objetivo fue identificar desde la
postura institucional cuál era el trabajo realizado en materia de perspectiva de género, conociendo el caso
especifico de la CONADE como encargada de incorporar la perspectiva de género en el deporte.
Participantes
En el estudio participaron 8 personas (7 mujeres y 1 hombre) que forman parte de la CONADE en
distintas áreas. En la tabla se muestra el seudónimo, área y cargo que ocupan de 7 participantes debido a
que una participante prefirió permanecer en el anonimato sin mencionar su cargo. Los participantes seleccionados son relevantes para la investigación debido a que forman parte del personal de la CONADE y
ofrecen una visión institucional sobre la perspectiva de género y las acciones llevadas a cabo. Para poder
participar en la investigación los criterios de inclusión eran tener mínimo trabajando seis meses dentro de
la institución.
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Tabla 1. Participantes en la Investigación
Fuente: Elaboración propia
Instrumentos
Para la investigación se diseñó y aplicó una entrevista semiestructurada que permite flexibilidad al momento de realizar la entrevista para abordar temas que vayan surgiendo pues al ser un tema poco estudiado,
fue relevante no dar por entendido nada e indagar. El guion de la entrevista constaba de 16 preguntas abiertas agrupadas en categorías de género y deporte, brechas de género en el deporte, avances y obstáculos de
la perspectiva de género en la institución y asimetría de poder en la institución. La entrevista se piloteo con
dos personas que trabajaban en instituciones deportivas a nivel estatal para identificar la claridad y confiabilidad de las preguntas, no se pudo replicar más por las características especificas de la población objetivo.
Procedimiento
La investigación se desarrolló en tres fases. Durante la primera se seleccionaron las técnicas de recolección de información, definiendo el uso de la entrevista semiestructurada. Se definieron los temas que
se abordarían y se identificaron los actores sociales relevantes para la investigación. En la segunda, se
contactó vía correo electrónico y llamada telefónica a personal de la CONADE, obteniendo respuesta en
un primer momento sólo de dos personas y mediante la técnica bola de nieve se pudieron conseguir seis
entrevistas más. Durante las entrevistas se gestionó la firma del consentimiento informado. Las entrevistas
se realizaron en instalaciones de la CONADE en la Ciudad de México. En la tercera fase se transcribieron
y codificaron las entrevistas, para elaborar las categorías de análisis.
4.- RESULTADO
Hallazgos: sobre la participación igualitaria en la CONADE
Al ser la CONADE, como se explicó antes, la institución encargada de llevar a cabo el proyecto deportivo del país, resultaba fundamental indagar qué tanto en ella se promueve y fomenta la participación
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igualitaria en términos de género, así como la percepción que se tiene de esto. Para tal fin, se les preguntó
a los/as entrevistados/as si desde su percepción se permitía la participación igualitaria, con base en sus respuestas, en este trabajo se retoman como indicadores de la presencia de brechas de género en la CONADE
los siguientes aspectos: a) acceso de mujeres a puestos de poder, b) ausencia de Políticas de conciliación
familiar-laboral, c) brecha salarial entre hombres y mujeres, d) presencia de acoso y hostigamiento. A continuación, se revisa cada uno de ellos.
a.
Acceso de mujeres a puestos de poder
El concepto de participación igualitaria abarca desde la posibilidad de aspirar a los mismos puestos
dentro de la institución, creación de políticas de igualdad y una negociación de los roles tradicionales, con
el objetivo de romper los estereotipos de género. Con base en los testimonios analizados se puede observar
una falta de consenso, pues la opinión es dividida. Están los que sostienen que hay igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y los que consideran que todavía hay brechas. En este sentido las participantes
expresan:
Si, bueno yo podría hablarte de mi área, estoy en el área médica y hay apertura
para que las mujeres podamos realizar nuestro trabajo, interactuar, dar puntos
de vista, realmente tenemos una participación muy activa en el equipo médico
(María, Coordinadora del área de psicología del deporte).
Depende los niveles ¿no? a veces en ciertos niveles hay más participación de
hombres y menos de mujer. A nivel general si está equitativo o podría hablarte de
un 40/60 (Ana, Subdirectora de centros deportivos escolares).
“es mínimo (el apoyo) en relación a los hombres y los hombres creo que entre
ellos mismos se dan más oportunidades que a las mujeres aunque los reglamentos
internacionales y las federaciones internacionales que son los rigen los deportes
pues son atípicos, o sea no dicen; esta convocatoria es para hombres o esta es
para mujeres, finalmente los que son apoyados normalmente pues son los varones
(Sandra, Departamento de alto rendimiento).
María identifica que se ha avanzado en el camino hacia la igualdad de género dentro del área en la que se
desempeña. En ello coincide Ana, quien menciona que se ha venido cerrando la brecha en algunos niveles
de la institución. La estimación que da Ana de un 40% de mujeres en comparación con un 60% de hombres
participando en puestos de toma de decisiones dentro de la CONADE; sin embargo, cuando se contrasta
la percepción de Ana y Sandra con la información recabada en esta misma investigación a través de otras
fuentes, como la que se brinda en la página oficial de la CONADE , las cifras son menos alentadores. En los
primeros puestos de toma de decisiones de siete personas, solo una es mujer y es en el área de comunicación
social. Esto es avalado por testimonios como los de Luisa y Rebeca:
No hay igualdad porque en los puestos directivos principalmente hay más hombres, , en los niveles medios como que ya se está incorporando más a la mujer
pero son niveles de subdirección y jefaturas…las mujeres como que están todavía
limitadas para llegar a esos puestos directivos del más alto nivel (Luisa, Jefa del
departamento de fomento a la excelencia deportiva).
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Una Directora general de CONADE nunca ha habido, a nivel subdirector solamente dos mujeres en todos estos años (Rebeca, Sub directora de atención a
centros deportivos).
La escasa presencia de mujeres en puestos del más alto nivel dentro de las Instituciones deportivas es
una tendencia no sólo en México, sino a nivel mundial. El Instituto Europeo de la Igualdad de Género
(2015) menciona que se ha ido incrementando la participación de las mujeres en el deporte en varias áreas,
pero aún sigue habiendo menor representación de la mujer en puestos de toma de decisiones a nivel mundial.
b.
Políticas de conciliación
La falta de adecuación de políticas de conciliación familiar-laboral de la institución se identifica como
un obstáculo para la participación igualitaria de hombres y mujeres en el ámbito deportivo, pues aún se
percibe la influencia de esto como elemento condicionante para aspirar a ocupar otro tipo de cargos o funciones:
Podría ser con el tema de cargo de tu hijo o de tu hija, si en determinado momento
no cuentas con quien te lo pueda cuidar y tienes un jefe como muy cuadrado se
torna un tanto más difícil esa situación y esa posición para una mujer que para un
hombre ¿no? y tal vez en determinado momento repercute en el movimiento de tu
cargo o demás por tal vez recurrir a estos permisos llámese enfermedades de los
hijos (Ana, Subdirectora de centros deportivos escolares)
Espinosa y Vargas (2005) encontraron que, en el ámbito deportivo mexicano, específicamente hablando
de federaciones deportivas el 54% no gozaba del permiso por maternidad, pues la mayoría eran contratadas por honorarios y no tenían acceso a esta prestación. El escenario es distinto en el caso de instituciones
estatales, pues el 96% cuenta con el permiso por maternidad y otorga entre 44 y 132 días. Por otro lado, un
obstáculo es el hecho de que solo el 20% de los organismos estatales contaba con permiso por paternidad
y el periodo era solo de uno a tres días. Esto tiene relación con el hecho de que algunas mujeres consideran
que, si quieren ascender o hacer una carrera en el entorno deportivo, deben sacrificar o posponer temas
como la maternidad o el tiempo familiar.
En este sentido se deben de plantear políticas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal que
contemple estructuras que permitan el cuidado de personas dependientes, así como una reorganización de
los tiempos y espacios de trabajo para facilitar la modificación de los roles tradicionales sobre el involucramiento con la familia, hogar y trabajo (Fundación mujeres, 2010), así se estarán brindando posibilidades
iguales a hombres y mujeres independientemente de la persona a cargo.
c.
Brecha salarial en el ámbito deportivo
Una de las principales brechas para trabajar desde la política pública es el caso de la brecha salarial. Las
brechas salariales son el reflejo de la discriminación y desigualdad que viven las mujeres en distintas áreas,
esto ha ido disminuyendo poco a poco pero aún se mantiene y esto supone un impedimento para la independencia económica de las mujeres (CEPAL, 2016). El hecho de realizar el mismo trabajo, pero recibir una
remuneración distinta solo por el hecho de ser mujer.
La Organización de las Naciones Unidas (2007) señala que a pesar de que se haya logrado el acceso de
las mujeres a los deportes, aún existe desigualdad en el acceso a ciertos recursos, así como en los premios
y salarios como deportistas entre hombres y mujeres.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 75-89. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/108
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El diario el Economista (2018) explica el motivo de los bajos salarios en el caso de México y la joven
Liga MX Femenil pues no se ha podido explotar el mercado, tiene una organización irregular comparada
con otras ligas femeniles y la brecha salarial existente en general en México. Se señala que el salario promedio es de es de 3, 643 pesos. De acuerdo al diario El Universal (2017) la futbolista mejor pagada gana
29,688 pesos al mes y la mayoría no supera los 6,000 pesos al mes, datos contrastantes con la liga varonil
donde el mejor pagado gana 6,494,355 pesos al mes.
Entre los avances que se han tenido, se destaca el hecho de tener salarios iguales para hombres y mujeres que ocupen el mismo puesto como lo mencionan a continuación:
Déjame te comento que en nuestro caso de deporte no es tan marcado ese asunto
porque en los temas de deporte lo principal es el resultado y entonces si tu tienes
una escuela que tiene un interés en que su selección estudiantil universitaria sea
un equipo fortalecido y que esté ganando, no importa si es una entrenadora o un
entrenador, lo que importa es que ganen (Alberto, Director ENED).
En cuanto al personal médico yo diría no hay brecha salarial, creo que tampoco
por género, hay brecha salarial por otras cuestiones, por ejemplo, si un médico
gana mucho más que un psicólogo en este caso, pero también es cuestión ya como
de carreras específicas (María, Coordinadora del área de psicología del deporte).
Pues no hay brecha porque el sueldo es estándar en cada puesto y las becas que
dan en lo que es el área de alto rendimiento no importa si eres hombre o mujer
(Rebeca, Subdirectora de atención a centros deportivos).
De acuerdo con la información brindada dentro de la CONADE y las dependencias públicas no existiría
la brecha salarial debido a que se rigen por tabuladores, aplica igual para deportistas, entrenadores y entrenadoras; este escenario cambia si pasamos del deporte amateur al deporte profesional pues se ha privilegiado el deporte masculino por encima del deporte femenino en cuanto tiempo en televisión y patrocinios, y
así lo expresa Mariana:
Todavía nos falta camino por recorrer. Un caso muy concreto es esta liga profesional de fútbol soccer que lazó el año pasado en su primera temporada la Federación Mexicana de Fútbol Asociación y si es marcadísimo, muy marcado, todavía
bueno si a nivel internacional pues digo bueno que va a pasar entre nosotros pero
creo que es algo que tenemos que seguir trabajando y allegándonos de pues de
otros ámbitos, incorporar o desde luego involucrar al 100% al sector privado, al
sector empresarial porque por la vía de las exenciones fiscales y esto pues ellos
podrían muy bien sumar o aportar pero si hay, si hay desde luego una disparidad
(Mariana, jefa de departamento).
En este sentido, se reconoce que en el tabulador de la CONADE no existe una brecha salarial, en cuanto
a becas o remuneración económica por el mismo trabajo, pero sí se identifica la brecha salarial en lo que es
el deporte profesional. A pesar de ser atletas de alto rendimiento, los y las deportistas que reciben beca y patrocinios pueden catalogarse como amateurs, pues no tienen la posibilidad de vivir de la práctica deportiva,
por eso hacen la mención de la liga de fútbol femenil donde la diferencia salarial entre hombres y mujeres
es evidente a pesar de que las dos se definen como ligas profesionales y donde la justificación para mantener
esta brecha es el hecho de ver el fútbol como un negocio y al no tener tantos seguidores la liga femenil, las
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condiciones de ésta no pueden mejorar.
d.
Presencia de hostigamiento y Acoso: Situación en la CONADE
Las entrevistas dieron como resultado el hecho de que sí se han presentado casos de acoso y hostigamiento, pero que existen áreas encargadas específicamente para abordar estos casos que se presenten en
los trabajadores y en los deportistas. No es un tema que pase desapercibido, sino que se ve resuelto por un
comité de ética si se presenta algún caso:
Aquí en la CONADE está muy regulado, constantemente llegan correos y notificaciones e información del área jurídica que está encargada del acoso y el hostigamiento y que si hubiera una situación puede determinarlo (María, Coordinadora
del área de psicología del deporte).
Sí, si hay, si existe eso en la Institución desde nivel deportistas hasta nivel este
ya como trabajador y si existen instancias que llevan a cabo el estudio de esa
acción y que es lo que se va a hacer (Rebeca, Subdirectora de atención a centros
deportivos).
Por otro lado, en la ENED se han presentado casos pero que son resueltos dentro de la misma institución:
Si hemos tenido casos de acoso y hostigamiento donde de alguna forma le hemos
dado atención a través de nuestro comité académico, a través de nuestra área de
recursos humanos y yo te puedo decir que por lo menos desde el tiempo que tu
servidor es director de la ENED no hemos tenido un caso donde el alumno e
inclusive el profesor haya tenido que realizar la denuncia correspondiente en el
ministerio público (Alberto, Director ENED)
El acoso y el hostigamiento sexual se ha normalizado en muchas áreas, de acuerdo con la información
brindada se demuestra que se está trabajando con directivos y personal de la CONADE por medio de correos informativos que les llegan, debe explorarse si este tipo de campañas también se realiza con los y
las deportistas pues no se menciona en ningún momento la sensibilización de las y los deportistas en estos
temas. Si bien dentro de la institución está regulado y se brinda constante información, no obstante, de
acuerdo con Emakunde (2015) son las deportistas las personas que son más susceptibles a sufrir acoso y
hostigamiento sexual por encima de las entrenadoras, directivas y árbitras.
La CONADE (2016) realizó un pronunciamiento de cero tolerancia contra el acoso y hostigamiento
sexual donde de manera explicita señala que no se tolerarán comportamientos como:
•
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•
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•
Señales sexualmente sugerentes.
Contacto físico sugestivo o de manera sexual.
Hacer regalos, dar preferencias indebidas o manifestar de manera abierta el interés sexual por una
persona.
Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas o intimidatorias con el objetivo de que se someta a
sus deseos o intereses sexuales.
Espiar a una persona mientras ésta se cambia de ropa o se encuentra en el sanitario.
Condicionar la obtención de algo a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual.
Obligar a realizar actividades que no competen a sus labores en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual.
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•
•
•
Condicionar la prestación de un trámite o servicio a cambio de que el solicitante acceda a sostener
conductas sexuales de cualquier naturaleza.
Expresar comentarios o burlas con connotación sexual.
Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas de carácter sexual.
Preguntar a una persona sobre fantasías o preferencias sexuales o sobre su vida sexual.
Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación mensajes, fotos o ilustraciones con imágenes o estructuras de carácter sexual, no deseadas ni solicitadas por la persona receptora.
Difundir rumores o cualquier información sobre la vida sexual de una persona.
Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual.
Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas.
El pronunciamiento muestra una preocupación y posicionamiento de la CONADE ante este fenómeno,
el siguiente paso sería indagar sobre la incidencia de esto en la institución, deportistas, entrenadores/as y
árbitros/as.
e.
El proceso de incorporación de perspectiva de género en la CONADE
Como se ha mencionado antes, el PND 2012-2018 de México incluye como uno de sus ejes transversales la perspectiva de género, lo que significa que la CONADE tendría que haber trabajado bajo estos
lineamientos.
Como parte de la investigación se revisó si los funcionarios de esta institución conocían conceptos como
perspectiva de género, incorporación de la perspectiva de género, transversalización de la perspectiva de
género e institucionalización de la perspectiva de género. A continuación, se analizan sus respuestas.
Sobre la perspectiva de género comentaron:
La perspectiva de género son todas esas visiones de manera transversal y transdisciplinar que permiten precisamente que podamos convivir en el mismo sentido
bajo las mismas mediciones, sobre todo de justicia a los hombres y las mujeres
(Alberto, Director ENED).
Perspectiva de género es que nos vean, hablando de la mujer, que nos vean como
alguien, como personas capaces, que nos tomen en cuenta, que a nivel de en el
trabajo nos, que no somos nada más el sexo femenino, o sea que no somos nada
más mujeres, que tenemos muchas cosas que nos amparan y no nada más por el
hecho de ser por el sexo mujer, ya nos cataloguen y nos clasifiquen como ineptas
y eso sino que vean a nuestro alrededor todo lo que somos capaces, no, entonces
eso pues se está metiendo, se está tratando de que se haga aquí en la CONADE
(Luisa, Jefa del departamento de fomento a la excelencia deportiva).
En este caso lo expresado por Alberto y Luisa destaca el buscar condiciones de igualdad para hombres
y mujeres. Luisa señala un elemento importante que es visibilizar y romper con estereotipos negativos que
condicionen la participación de éstas solo por el hecho de ser mujeres. Veléz (2012) menciona que se debe
visibilizar el hecho de que no se parte en condiciones de igualdad debido a la cultura y factores sociales,
sumándole a esto en ocasiones una doble jornada (laboral y familiar) pocas veces compartida.
En cuanto al tema de incorporación de perspectiva de género las participantes lo entienden como:
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En este caso en distintas instituciones sin importar que sean públicas o privadas
lo que se busca es que se puedan realizar propuestas para que dentro de estas
políticas en áreas públicas y privadas tengamos una mejor visión transversal y
transdisciplinar de inclusión hacia las mujeres, hacia éstas áreas en los programas
públicos y privados sin importar que si sean unos u otros de mayor importancia,
sino que todos podamos ser considerados de la misma forma….es introducir esta
visión a toda la gente que ya está participando en un entorno social para que podamos entender estos términos y como poder vincularlos (Alberto, Director ENED).
El testimonio de Alberto señala la importancia de la incorporación en cuanto a la inclusión de las mujeres en la esfera pública, buscando capacitar a las personas que están en los puestos de toma de decisiones
y elaboración de proyectos, la transversalización de la perspectiva de género busca en este sentido romper
con toda la visión sexista y machista que existe en el deporte y romper el modelo hegemónico con el que
se ha trabajado normalmente.
Sobre la definición de transversalización de perspectiva de género las participantes mencionaron:
Se refiere a que las conexiones o las ligas que se hacen en diferentes ámbitos
deben de confluir, deben de coincidir para permitir que a la hora de que se hace
una vinculación, estos caminen o sea esto es la transversalidad, que todo mundo
tiene una manera de como poder aportar, de cómo enriquecer esta dinámica pero
donde se haga la participación de manera integral para que todo mundo aporte o
sume para este esfuerzo y se logren los resultados esperados (Mariana, Jefa de
departamento).
Una participante menciona que conoce los dos conceptos y los integra para dar su definición:
En mi caso de un punto separado como la transversalidad, como la perspectiva
de género ¿por qué? porque a veces nosotros hacemos acciones transversales a lo
propio del programa ¿no? sin embargo pues siempre va esta inclusión, esta equidad de género, esta perspectiva y se hace de manera pues ya por sí sola, siendo
participativos en torno a hacerlo de manera equitativa tanto para hombres como
mujeres (Ana, Subdirectora de centros deportivos escolares).
En este sentido lo expresado por Mariana demuestra conocimiento conceptual sobre la transversalización de la perspectiva de género y cumple con el objetivo del PND 2012-2018 de conocer como se debería incluir un eje transversal, en este mismo sentido, Ana no conoce el concepto, pero tiene claro cuales
tendrían que ser las actividades a realizar por parte de la CONADE como el tomar en cuenta de manera
equitativa a hombres y mujeres.
En cuanto a la definición de institucionalización y último punto del proceso las participantes señalan:
Eso de institucionalización es ya cuando queda establecido, queda establecido de
que así ya va a ser el trato a las mujeres, así va a ser el trato a los hombres y todo
va a ser igual pero ya es una, algo ya establecido, ya no hay de que, si quieres
lo haces, si no quieres no lo haces (Luisa, Jefa del departamento de fomento a la
excelencia deportiva)
La institucionalización implica que determinado aspecto en este caso de perspectiva de género no sea una opción que para que una persona o un grupo de personas
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de manera intencional o voluntaria, ingresen esta perspectiva de género en su
institución pública o privada, la institucionalización implica que sea una conducta
prácticamente a través de distintos procesos tanto normativos a través de leyes,
lineamientos, reglamentos sea un aspecto a través de una política pública, si, sobre
todo pública o gubernamental tenga que ser incluido este aspecto de perspectiva
de género en las distintas instituciones no importa si sean públicas o privadas
(Alberto, Director ENED).
Estos resultados demuestran un dominio conceptual de los términos sobre el proceso de perspectiva de
género y significa el cumplimiento en cierta medida de los compromisos adquiridos en el PND 2012-2018,
la institucionalización debe ser el fin último de este proceso pues eso significa que la perspectiva de género
se encuentra arraigada en la institución.
En este sentido, de acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que existe en
México, el 23 de abril de 2018 se reformulan dos artículos y se agregó un lineamiento a cada uno para promover la igualdad en el deporte. Estos son el artículo 9 que agrega el lineamiento V para “proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y
hombres, en los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida social, deportiva, cultural y civil.”
y el artículo 17 que adiciona el lineamiento XIII para “fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes disciplinas deportivas, así como en la vida deportiva.”
5.- CONCLUSIONES
Existen una serie de barreras para identificar los avances o retos de la política pública con perspectiva
de género en el deporte, uno de los obstáculos es la falta de datos recientes, la última investigación abordando temas de género y deporte por parte de la CONADE e INMUJERES es un trabajo del 2005 y a partir
de la información recabada, se observa que se ha avanzado de manera general en cuanto a la perspectiva
de género; sobre los temas de participación igualitaria se pretende cerrar esta brecha con la reforma de la
ley de igualdad para mujeres y hombres, esto sugiere el establecimiento de cuotas de género dentro de la
CONADE.
Otro de los avances que se han tenido es la capacitación sobre temas de género, en los informes del
Comité de ética y de prevención de conflictos de interés se han realizado capacitaciones en materia de
derechos humanos, prevención de la discriminación e igualdad de género, esto significa un avance dentro
del proceso de perspectiva de género pues se sensibiliza y capacita al personal de la CONADE y supone un
parteaguas dentro del proceso de inserción de estos temas dentro de la cultura institucional.
En cuanto al acoso y el hostigamiento se encuentra que la CONADE hizo un pronunciamiento en contra
del acoso y hostigamiento sexual en el deporte, así como que el Comité de ética y de prevención de conflictos de interés ha difundido el protocolo para la prevención, atención y sanción del Hostigamiento y Acoso
sexual mediante correo electrónico a los servidores públicos, a pesar de esto no se encuentran datos sobre
la incidencia del acoso y hostigamiento sexual, quizá por la normalización o invisibilización del tema. Un
elemento a destacar es el hecho de los protocolos que se tienen para los casos y que se ha informado a los
trabajadores y las trabajadoras sobre esto y como actuar, pero a los y las deportistas no se les ha informado
en este sentido. El acoso y el hostigamiento genera malestar en demasía a la victima, es por esto que se
debería de elaborar un protocolo especifico para el contexto deportivo, además se debe capacitar a los y las
deportistas en esta materia para ayudar a identificar este tipo de comportamientos y conocer la manera de
proceder si se llega a presentar alguna de estas situaciones en el contexto deportivo, el socializar la información y protocolos (no específicos) responde a un primer nivel de atención pero no se debe quedar ahí, se
debe proceder capacitar y sensibilizar a deportistas y entrenadores.
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Sobre la brecha salarial se pone en evidencia que no se presenta esta brecha dentro de la institución al
estar regulado mediante un tabulador; en este mismo sentido, la percepción sobre esta brecha es distinta
cuando se aborda el plano de entrenadores y entrenadoras por el enfoque predominante en la búsqueda
de resultados pues la elección es independiente de que la persona que entrene a ese deporte sea hombre o
mujer, aunque esta brecha si existe en otras esferas del deporte como lo es el deporte profesional, si bien
la CONADE es un referente en lo que concierne al deporte en México, la implementación de acciones
afirmativas que favorezcan la presencia de mujeres como entrenadoras, como parte de un equipo técnico,
dirigentes para que se normalice su presencia y dentro del deporte profesional mexicano.
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Mediación policial como mecanismo alterno de resolución de conflictos comunitarios
Police mediation as an alternative mechanism of solution in community conflicts
Lenin, Ramírez-Matus 1
Genaro, Hernández-Velazco2
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
DOI:http://dx.doi.org/10.29105/pgc5.9-5
RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica, cuyo objetivo consistió en explicar la importancia que
tiene la mediación policial como mecanismo de resolución en conflictos comunitarios. Se aplicó el método de análisis,
con un enfoque cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico transversal. Tras la revisión
documental se encontró que; los conflictos que se presentan en los barrios son inherentes en el proceso de convivencia
e interacción entre los distintos individuos que los integran, de manera que, se hace necesario emplear herramientas
alternativas que auxilien en la transformación del conflicto, como es el caso de la mediación policial, esto debido a que
los agentes encargados de la seguridad se encuentran de forma constante en contacto con los ciudadanos, además, son
los guardianes responsables de preservar la paz y el orden público. Se concluye que la mediación policial es el método
más efectivo para resolver los conflictos que se suscitan en los barrios, también, aunque no se encuentra desarrollado
este mecanismo completamente en México, se han impulsado herramientas similares como la policía de proximidad en
el Estado de Nuevo León, que ayudan a facilitar el acercamiento entre los ciudadanos y los cuerpos policiales.
Palabras clave: Conflicto, fuerza pública, mediación policial, policía, Seguridad Pública.
ABSTRACT
This article is the product of a literature review, whose objective was to explain the importance of police mediation
as a mechanism for resolution in community conflicts. The method of analysis was applied, with a qualitative approach,
non-experimental design, under a transversal documentary-bibliographic level. After the documentary review it was
found that; the conflicts that occur in the neighborhoods are inherent in the process of coexistence and interaction between the different individuals that integrate them, so that it is necessary to use alternative tools that help in the transformation of the conflict, as is the case of mediation police, this because the security officers are constantly in contact with
citizens, in addition, they are the guardians responsible for preserving peace and public order. It is concluded that police
mediation is the most effective method to resolve conflicts that arise in neighborhoods, also, although this mechanism
is not fully developed in Mexico, similar tools have been promoted such as the proximity police in the State of Nuevo
León, which help facilitate the rapprochement between citizens and police forces.
Key words: Conflict, public force, police mediation, police, public safety
Cómo referenciar este artículo:
Ramírez-Matus, L. & Hernández-Velazco, G. (2019). Mediación policial como mecanismo alterno de solución
en conflictos comunitarios. Revista Políticas, Globalidad y Ciudadanía, 5(9), 90-105. Recuperado de http://
revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/112
Recibido: 29 de Agosto 2018 - Aceptado: 02 de Octubre 2018
1
Maestrante en métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos por la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco. Email; leninmatus@hotmail.com
2
Maestrante en métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos por la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco. Emai: genarohv@hotmail.com
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 90-105. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/112
�Mediación policial como mecanismo alterno...
1.- INTRODUCCIÓN
A lo largo de los años, el uso de la fuerza pública ha sido la herramienta que los cuerpos policiales utilizan comúnmente para detener a los autores de los conflictos comunitarios, así como, a los agentes delictivos
que se encargan de cometer delitos dentro de las comunidades, de manera, que la policía como responsable
de la paz y seguridad ciudadana se encuentra legitimado para usar la fuerza pública cuando sea necesario.
No obstante, Antón (2008) señala que resulta fácil entender el modo en que actúan los policías, su actitud,
además, de las diferentes intervenciones que se le presentan, no obstante, está de acuerdo que estos sujetos,
adopten una serie de medidas preventivas que irán en armonía con la gravedad que tenga el hecho o circunstancia que motiva la intervención.
En ese sentido, ¿cuál será el mecanismo alterno a la fuera pública que servirá como medida preventiva
de los conflictos comunitarios? La mediación policial surge como la herramienta o el medio de prevención
que ayuda a reducir los conflictos que se presentan en los barrios o comunidades, así, esta técnica es el método alterno en donde un tercero neutral, llamado policía facilitador, construye el puente de comunicación
entre dos o más partes que originaron en el conflicto comunitario.
La mediación policial como herramienta, ayuda a que las tasas de incidencia delictiva dentro las comunidades disminuyan, además, auxilia a que los integrantes de las comunidades se integren con los cuerpos
policiales en la resolución de leves conflictos comunitarios, como el descuido de animales domésticos
que causan molestias a los vecinos, invasión de espacios entre los mismos, pandillerismo, entre otros. No
obstante, los policías tienen que considerar que no todos los conflictos entran dentro del catálogo de controversias que son susceptibles de resolver por mediación, dado que, dependiendo de la gravedad del hecho y
la peligrosidad del delincuente, se calificará la procedencia de resolución del conflicto.
En esa tesitura, el desarrollo de la presente temática ayudará a que los encargados de la seguridad ciudadana consideren dejar del lado el uso de la fuerza a menos que sea estrictamente necesario, y empezar con
la aplicación de la mediación policial, este como un nuevo mecanismo alterno de solución de controversias,
además, facilitará a que tanto ciudadanos como policías construyan la confianza que tanto se necesita dentro
de las comunidades o barrios.
En ese tenor, los mecanismos alternos de solución derivados del derecho humano de acceso a la justicia
ofrecen un abanico de posibilidades para aquellas personas que se encuentran en constante convivencia con
los demás, resuelvan sus conflictos. En esa tesitura, los policías son los servidores públicos del estado que
se encuentran mayormente en contacto con los habitantes de una comunidad, además, de ser aquellos que
presencian las controversias originadas por disturbios dentro de la colectividad.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
El conflicto comunitario y la Policía
Como primer punto, dentro en la historia de las sociedades siempre se ha encontrado presente el conflicto, así, desde las revoluciones, las guerras, hasta las manifestaciones pacíficas, el conflicto siempre se
ha sido el origen de estos movimientos, en razón de los intereses que los grupos sociales, como los partidos
políticos, los países, los grupos guerrilleros, los poderes de la unión -ya sea de un sistema republicano o
monárquico –intentan hacer valer de frente a quien atenta contra las mismas. En ese sentido, Galtung (como
se citó en Concha, 2009), menciona:
Partimos con la constatación de que los conflictos aparecen como una constante en la historia de la
humanidad. Son, como afirmará este autor, inherentes a todos los sistemas vivos en cuanto portadores de
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objetivos. En algunas etapas de la historia fueron como la force motrice que contribuyeron a generar verdaderos cambios en provecho del hombre, pero en otras, trascendiéndose a sí mismos y convirtiéndose en
violencia (metaconflicto) condujeron hacia la deshumanización absoluta (Concha, 2009, p.61).
De lo anterior se colige, que el conflicto ha estado presente en los movimientos de las sociedades, así los
grandes líderes sociales o los jefes revolucionarios, son ejemplos de grandiosos impulsores en los cambios
económicos, políticos y sociales de un estado o país, que derivados de un conflicto, hicieron posible la consolidación de sus posiciones. En ese orden de ideas, si las sociedades en su conjunto lucharon por defender
ideales, o bien por proteger sus intereses o necesidades, con mayor razón, en los grupos más pequeños, o en
territorios menores también se encuentra el enfrentamiento entre personas.
Sin embargo, el conflicto dentro de la doctrina especializada ha sido definido de diversas formas, entre
las cuales destaca la de Thomas (1992) quien define el conflicto como: “el proceso que comienza cuando
una parte recibe que la otra afecta negativamente, o está próxima a afectar negativamente a algo que le
concierne” (p.653).
Asimismo, entre otras definiciones, se encuentra la de Evert Van de Vliert (1998) quien señala: “se dice
que dos individuos, un individuo, y un grupo o dos grupos de personas están en conflicto en tanto que al
menos unas de las partes, siente que está siendo obstruido o irritado por la otra” (p.351).
En efecto, como mencionan los autores citados, la controversia no solo se origina en pequeños grupos,
de modo que, puede producirse en asociaciones más extensas a causa de los intereses que cada uno de ellos
pretende posicionar frente a otros. Por ende, es común que los intereses de las comunidades o estén siendo
obstruidos, o bien, la parte contraria este provocando de cierta forma a la persona con la cual tiene la controversia que como consecuencia es probable que la disputa termine en agresiones físicas o resolviéndose
en los tribunales del estado.
Sin embargo, cuando hablamos de comunidades, surge la pregunta de que es una comunidad, la cual
autores como Robert Morrison Mclver (1940) señala que “es un círculo de personas que viven juntas, que
permanecen juntas, que tienen como objetivos no un interés particular sino un conjunto de intereses, que
abarquen la totalidad de sus vidas”.
Incluso, el concepto de comunidad tiene elementos que lo caracterizan como una asociación, entre las
cuales se encuentran el territorio, la población, el gobierno que los rige y también, las leyes que se encargan
de regular las actividades que a diario llevan a cabo. Por tal razón, los habitantes de las colectividades, al
estar unidos por estos factores, tienden a convivir ó entablar cualquier tipo de relaciones, por lo que es
probable que, en un momento dado, presenten conflictos que pueden repercutir en la paz y el orden público
de las comunidades.
Por otro lado, en la historia de México, los conflictos comunitarios siempre han estado presente, ya que
a partir de las culturas antiguas estos se originaban por diferentes motivos y, además, existían funcionarios
que se encargaban de solucionar las controversias, de modo que, en la antigua sociedad azteca, los jefes de
familia eran los encargados de resolver las disputas comunitarias que surgían entre las familias consanguíneas. Sin embargo, en la actualidad este tipo de controversias se reflejan principalmente en las comunidades
indígenas, por razones de invasión o apropiación de bienes naturales, o bien, por conflictos de territorio.
De igual forma, en las 32 entidades federativas en la República Mexicana, las colonias presentan conflictos comunitarios, estos a diferentes causas como el descuido en los desechos de residuos, la falta en el
cuidado de animales domésticos, la contaminación por ruido, la invasión de espacios entre vecinos, entre
otros, son algunos ejemplos de cómo se crean las controversias dentro de pequeñas comunidades o barrios.
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Dichas razones, hacen que los individuos lleguen ante las autoridades jurisdiccionales que se encargan
de resolver sus disputas, y de ahí que el juez -en la modalidad de ganar-perder- solucione las diferencias
de los inquilinos, vecinos, o bien, cualquier parte que conviva con los demás en las comunidades. Como
consecuencia, de la decisión que tome el a quo en la sentencia, otorgará la razón a aquella persona que se
apegue a lo que dicta el marco legal que regule a la comunidad.
No obstante, aparecen los mecanismos alternos de solución de controversias, los cuales tienen su sustento en el artículo 17 constitucional, donde la conciliación, la mediación y el arbitraje surgen como las herramientas alternativas que se encargan de resolver los conflictos entre los integrantes de las comunidades.
Así, dentro de la doctrina especializada, estos mecanismos han sido concebidos como un derecho humano
derivado del acceso a la justicia que le pertenece a todo individuo.
En ese tenor, cuando hablamos de mediación, se encuentra un tercero denominado mediador, quien es
un profesional dedicado a facilitar la comunicación entre las partes que tengan la divergencia de intereses,
y, además, ayuda a que propongan soluciones y alternativas a sus disputas.
En ese sentido, dentro de algunos estados de la República mexicana, se encuentran profesionales certificados que se encargan de llevar a cabo la mediación comunitaria en centros especializados, sin embargo, en
la doctrina especializada y en algunos estados de la república se ha estudiado y puesto en práctica otro tipo
de mediación, la cual se encuentra adherida a la de tipo comunitario, misma que se conoce como mediación
policial, así, Gallardo y Cobler (2012) señalan:
Cuando hablamos de Mediación Policial, es decir, de la Policía Mediadora, hablamos de que el Policía
tiene un rol de prevención de sostenimiento y de respuesta efectiva frente a los actos contra la vida comunitaria civilizada; de hecho es la Policía más cercana a los ciudadanos que ha asumido, de hecho y de derecho,
un rol central en todos los problemas inherentes a la seguridad, organizándose respecto a nuevos parámetros
de presencia física, relaciones con los ciudadanos, mediación y resolución de conflictos. (p.66).
En efecto, los cuerpos policiales son aquellos que se encuentran más en contacto con la ciudadanía en
los barrios o colonias, incluso, están más cercanos a los conflictos que se suscitan en la vida diaria de los
ciudadanos. No obstante, para abundar más de lo que se trata la mediación policial, es necesario, analizar
el marco constitucional y convencional de la seguridad pública, así como lo que ha mencionado el máximo
tribunal de nuestro país respecto a la seguridad y la mediación policial.
Marco constitucional y Convencional del sistema de seguridad pública.
De entrada, González (2002) señala que, en la evolución de las comunidades primitivas, se crean normas con el objetivo de defender sus intereses, mismas que tienen como finalidad delegar la función de
defensa en los individuos que sean más capacitados para tales objetivos. Así, el mencionado autor señala
que estos hombres son los encargados de usar la fuerza como herramienta necesaria para mantener el orden
público, además, son aquellos veladores del bienestar colectivo, investidos con la autoridad necesaria para
garantizar las disposiciones y los intereses de la comunidad a través de la fuerza.
En esa tesitura, en el estado mexicano, se encuentran hombres encargados de mantener el orden y la
seguridad de los ciudadanos, de modo que se encuentran distribuidos a lo largo del territorio mexicano
cumpliendo funciones de defensa en interés de la comunidad. Por lo tanto, los cuerpos policiales a los que
se hace referencia tienen facultades de utilizar el auxilio de la fuerza pública en los casos necesarios, todo
esto de conformidad lo que disponen los derechos humanos establecidos en la constitución, y además conforme a la proporcionalidad que amerite.
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De igual manera, las facultades además del auxilio de la fuerza pública, se encuentran establecidas
dentro de la normatividad especializada en seguridad, la cual, es el eje normativo que guía la actuación de
los policías. Asimismo, todo parte de lo que dispone el texto constitucional, hasta las legislaciones que la
federación, las entidades federativas y los municipios disponen respecto a la seguridad pública.
En el mismo sentido, las disposiciones constitucionales que rigen la actuación de los hombres encargados de la seguridad pública son los artículos 16 párrafos primero y segundo, 21 párrafos noveno y décimo,
así como el artículo 90 de la Constitución. En el primer precepto constitucional mencionado, se establece
uno de los derechos fundamentales en derecho procesal más conocido como el derecho a la debida fundamentación y motivación de las ordenes de las autoridades, así el policía como autoridad administrativa,
debe justificar sus actos o motivos de molestia hacia el ciudadano, de modo que, cuando este funcionario
elabora sus informes policiales homologados, debe motivar sus argumentos en base a la norma que lo faculte para llevar a cabo tal actuación. De igual manera, en los actos de vigilancia que a diario llevan cabo
los cuerpos policiales, se pueden presentar ocasiones en los cuales los ciudadanos infrinjan disposiciones
de orden público, lo que conlleva a que se originen infracciones administrativas o bien, arresto hasta por 36
horas, de ahí que estos servidores de la vigilancia tengan los conocimientos legales necesarios para poder
justificar los actos que puedan ejecutar en un momento dado.
Por lo tanto, el derecho a la seguridad pública se encuentra en lo que dispone el artículo 21 constitucional:
Artículo 21. (…)
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los
Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad
con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas,
en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
De tal manera, este precepto constitucional es la base de los actos que llevan a cabo todos los agentes
de la seguridad a nivel nacional, ya que se establece la organización de los tres órdenes de gobierno para
garantizar la seguridad de los ciudadanos, así como velar por la paz social y el orden público, sin embargo, este precepto fue reformado el 17 de junio de 2016, donde se modificó el párrafo noveno mencionado
anteriormente. Por un lado, el máximo tribunal de este país ya había mencionado en la controversia constitucional 132/2006 que la federación, en ese entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), los estados
y los municipios, deben coordinarse para establecer el sistema de seguridad nacional bajo la legislación
de la materia q ue expida el Congreso de la Unión en seguridad pública, ya que esta debe ser una materia
concurrente en la coordinación.
En ese sentido, como Sepúlveda (2013) señala, se tiene que considerar el tipo de facultades que otorga
el artículo 21 constitucional, las cuales tienden a hacerse concurrentes en situaciones de trascendencia que
conduzcan a las autoridades de los tres niveles de gobierno a unirse para combatir los delitos. Por ende, en
situaciones como la delincuencia organizada o violaciones graves de derechos humanos, se necesita de la
actuación de todos los municipios, la policía federal y estatal para velar por la seguridad ciudadana.
No obstante, no se debe dejar pasar el comentario, a la nueva reforma del párrafo décimo que se refiere
a la Guardia Nacional, mismo que fue modificado en el presente año. Así, en el artículo 21 constitucional,
quedo establecida la Guardia Nacional como una institución policial de la federación con carácter civil, la
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cual se encuentra adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, empero, no se debe
dejar de lado que aquí también, es posible impulsar la mediación policial para los nuevos miembros de la
Guardia, de modo que, esta también sea una herramienta que les sirva para asegurar la seguridad de los
ciudadanos.
Seguidamente, otro precepto constitucional sumamente importante, es el artículo 115 fracción III inciso
h además de la fracción VII:
Artículo 115. (…)
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a)-f)
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal
y tránsito; e
(….)
VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos
casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. El Ejecutivo Federal
tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente;
En ese sentido, como Ramírez (2016) señala el precepto constitucional refrenda la competencia original
del municipio con el objetivo de realizar las funciones de seguridad pública dentro del ámbito territorial que
le corresponde, dado que este cuerpo policial estará al mando del presidente municipal de conformidad con
las leyes de ese municipio, como ejemplo se encuentra el bando de policía y gobierno que regula en parte
las actuaciones de estos elementos de seguridad pública.
Por lo tanto, el municipio es la forma de organización política más cercana a la ciudadanía, debido a que
dentro del ámbito territorial que le corresponde lleva a cabo diversas funciones que le sirven a los habitantes
en sus actividades cotidianas, en razón de que no solo la seguridad pública es parte de los servicios que esta
organización municipal les brinda, de modo que, los permisos de comercio, las licencias para construcción
de alguna obra en particular, o bien otro tipo de diligencias, son algunos ejemplos de servicios básicos que
ayudan a las actividades cotidianas de la comunidad, de ahí, que las autoridades municipales están más en
contacto con los integrantes de aquella, tal como Martínez (2002) refiere “la primera comunidad a su vez,
que resulta de muchas familias y cuyo fin es servir a la satisfacción de las necesidades que no son meramente las de cada día, es el municipio” (p.626).
En ese sentido, las necesidades de cada habitante se ven satisfechas cuando el presidente municipal o los
órganos adscritos a los ayuntamientos brindan los servicios a cada ciudadano que desea dedicarse a la actividad que desee, de ahí que la seguridad pública, sea una de las necesidades más importantes de la comunidad. Así, este razonamiento lo ha refrendado el máximo tribunal de este país, quien argumento que el estado
mexicano por medio de sus tres niveles de gobierno, y todas aquellas autoridades directa o indirectamente
que tengan relación con las atribuciones de seguridad, deben trabajar de manera conjunta para cumplir los
objetivos que son la libertad, la paz y el orden público, los cuales son las condiciones imprescindibles para
que se gocen de las demás garantías que la constitución le brinda al ciudadano.
Por otro lado, al estar consignada la seguridad pública dentro del catálogo de derechos humanos en el
texto constitucional, es lógico que, dentro de los tratados internacionales más importantes ratificados por el
estado mexicano, se establezca tal derecho, por lo tanto, dentro de la normatividad internacional, se encuentra la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual establece de manera indirecta el derecho a la
seguridad pública. De igual manera, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional
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de Derechos Civiles y Políticos prevén el derecho a la seguridad y la libertad de la persona.
En ese orden de ideas, dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos se encuentra plasmado el derecho a la seguridad pública dentro de los artículos 4 y 5 del tratado aludido, así como el artículo 7
de la Convención. Por lo tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado la obligación
del estado para brindar la seguridad de todos los ciudadanos, así en el caso Cantoral Benavides vs Perú se
menciona lo siguiente:
Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona
detenida constituye un atentado a la dignidad humana [...] en violación del artículo 5 de la Convención
Americana. Las necesidades de la investigación y las dificultades innegables del combate al terrorismo no
deben acarrear restricciones a la protección de la integridad física de la persona.
Por ende, la seguridad pública, de conformidad con el razonamiento del tribunal internacional se refiere
a que cuando se emplee el auxilio de la fuerza pública en todo momento debe haber un respeto a la integridad humana. De ahí que la seguridad sea una garantía que proteja el libre ejercicio de todos los derechos
de los ciudadanos tal como lo señala Jiménez (2011): “La seguridad está asociada al libre ejercicio de los
derechos y libertades individuales y también, al orden público, a la paz social, a la tranquilidad, al bienestar
y, como se suele decir ahora, a la calidad de vida” (p.278).
A pesar de que los cuerpos policiales deben utilizar el uso de fuerza para garantizar la seguridad, (el uso
de la fuerza esta justificada cuando exista una agresión inminente, real, actual) existen otras formas ara que
sea garantizada a los ciudadanos, de ahí que, los mecanismos alternos de solución de controversias sean otra
alternativa de transformación del conflicto que los cuerpos policiales enfrentan día a día.
No obstante, ¿Qué se ha mencionado dentro de la interpretación constitucional sobre la mediación policial? la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de Inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas 27/2016 y 28/2016, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la legislatura del Estado de
México, y la Comisión estatal de Derechos Humanos del Estado de México, impugnaron diversos preceptos
de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, en ese sentido, dentro de las demandas de acciones de inconstitucionalidad, el punto que interesa al presente trabajo, es el argumento que
elaboró la CNDH en su demanda, el cual consistió como “Violación al principio constitucional de última
razón en el empleo del uso de la fuerza” De tal manera, el Ombudsman mencionó que las primeras opciones
antes del empleo del uso de la fuerza deben ser los medios no violentos y a partir de ahí si estos resultan
ineficaces, entonces se procede al empleo del uso de la fuerza y el uso de armas de fuego.
En efecto, mediante estos razonamientos el máximo tribunal del Estado Mexicano, en sus considerados
determinó el auxilio del uso de la fuerza como la última ratio:
Dado que se trata del terreno de aplicación de fuerza, para que una intervención pueda ser válidamente
considerada como necesaria, debe estar precedida por acciones o medidas pacíficas que hayan resultado
inexitosas, inútiles y/o ineficaces para el logro de los fines. La fuerza es necesaria, se insiste, cuando ya las
alternativas que la excluyen no dieron resultados.
En pocas palabras, la necesidad de una acción de fuerza deviene de un agotamiento previo de otras
alternativas; está en función de los fines que con la misma se persigue y de las respuestas que el agente
-o la corporación- deba ir dando a los estímulos externos que reciba, y ya que no es criterio autónomo, la
necesidad del uso de la fuerza está, a su vez, acotada y regida por los demás principios ya mencionados. (el
subrayado es del autor)
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En ese sentido, por primera vez, dentro de la acción de inconstitucionalidad donde se promovió contra
la Ley que Regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México publicada en el periódico oficial del
Estado de México el 18 de Marzo de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo mención de los
mecanismos de solución de controversias, de entre las cuales, se encuentra la mediación policial, que como
se analizará un poco más adelante, es el medio efectivo no violento mediante el cual un tercero neutral, que
en este caso es el policía, se encarga de transformar el conflicto entre las partes.
Por ende, en el desarrollo de esta herramienta, el tercero neutral debe considerar que en el momento
de resolver, el auxilio de la fuerza pública y el uso de armas de fuego son las ultimas alternativas que debe
utilizar para resolver un conflicto, esto como se refleja comúnmente en la realidad, suele suceder cuando
las personas responden con violencia hacia los servidores de la vigilancia del estado o municipio, o bien los
delitos que estén cometiendo sean de alto impacto.
En ese tenor, Cobler (2014) señala que los policías comúnmente han sido preparados para repeler respuestas agresivas, por lo tanto, se hace necesario también una buena formación en la resolución de problemas ó mediación para que adquieran las habilidades y capacidades necesarias con el objetivo de que
obtengan los métodos y bases que partan de la mediación policial y aprovechen el enorme potencial de esta
herramienta. En ese sentido, Cobler señala:
Metafóricamente sería como llevar el cinturón junto a la porra y la emisora, las técnicas de mediación
policial para utilizarla en los momentos en los que sea útil, ofreciendo un valor añadido al servicio, mejorando la imagen de la policía una imagen innovadora, de una policía moderna adaptada a los tiempos que
corren y próxima y cercana a los ciudadanos a los que sirve (Cobler, 2014, p.129).
Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es mostrar un nuevo tipo de mediación que recoge el espíritu por el que fue creado el cuerpo policial, así, este tipo de herramienta servirá a las nuevas generaciones
de las academias policiales, quienes tendrán a la mano las técnicas necesarias con las cuales puedan brindar
un mejor servicio a la ciudadanía. No obstante, como se vio el máximo tribunal de nuestro país, así como
el marco constitucional e internacional estipulan el derecho a la seguridad pública de toda persona, y a la
vez este se encuentra en conexión con el derecho a los mecanismos de solución de controversias que juntos,
juegan un papel sumamente importante en la protección de los demás derechos humanos de los ciudadanos.
La mediación policial
En primer lugar, como señala Petit (2018), la sociedad siempre ha procurado proteger a sus integrantes,
por lo que ha delegado esa responsabilidad a las personas más aptas para esa labor, de modo que, fueron
servidores responsables de proteger a la comunidad en una primera etapa, y se les facultó para usar la fuerza
como el medio que preserva el orden.
Estos sujetos, son los policías, que como señala Gonzalo (2018), el término policía, despliega comúnmente dos significados, donde en primera son órganos creados para garantizar el orden público y en segunda, son los miembros que la integran. En ese sentido, la raíz etimológica del término tiene su origen
en el griego que se denomina Politeia y del latín que se conoce como politia los cuales, se encuentran en
conexión con la administración gubernativa o gobierno de la ciudad. Por ende, tal como lo señala Gonzalo
(2018): “Se refiere a la organización y reglamentación interna de un Estado, cumpliéndose las leyes u ordenanzas establecidas para guardar orden y seguridad pública.” (p,59).
En ese tenor, los policías nacen como los nuevos sujetos encargados de defender la seguridad de los
ciudadanos, y de igual manera, la paz y el orden público. No obstante, Ugarte (2003) menciona que, en los
diversos sistemas de seguridad pública, existen distintos tipos de modelos policiales, de los cuales destacan
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dos, que son el europeo continental que lleva por nombre Policía de Estado¸ y el modelo anglosajón, o
conocido como policía de Comunidad.
Por consiguiente, como señala el autor mencionado, la policía de Estado es un sistema policial que se
constituye desde el poder hacia el pueblo, de arriba hacia abajo, el cual tuvo su nacimiento en el poder real
de la Francia absolutista, pero permaneció y se perfeccionó tras la revolución francesa. De igual manera, se
ubica el policía comunitario, el cual tuvo su origen en Inglaterra, y se formó por ciudadanos comunes que
se encontraban revestidos de facultades policiales por parte del Estado.
En ese orden de ideas, cuando se menciona a los policías comunitarios, son los que comúnmente se
encuentran de cerca a la ciudadanía, debido a que están más apegados a los conflictos comunitarios que se
originan día a día entre los habitantes de un barrio o comunidad. Así, los responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos deben considerar que existen métodos más efectivos que las agresiones para poder
transformar el conflicto, y de ahí que la mediación policial sea la herramienta más positiva para resolverlos.
Sin embargo, el autor que consideró este mecanismo alterno como un medio positivo para resolver los
conflictos en la comunidad, es el profesor Herman Goldstein, quien ha dedicado estudios en relación con
los conflictos que se resuelven a través de los agentes, y, asimismo, considera al policía como el actor capaz
de resolver problemas.
En ese sentido, los autores Berlanga y Mogro (2012) definen a la mediación policial:
La Mediación Policial es la forma en que las personas pueden resolver sus conflictos, por medio del
diálogo y con ayuda de un Policía Mediador, que deberá ser imparcial, en donde cada una de las partes en
conflicto tienen la oportunidad de exponer el problema, y colaborar voluntariamente con el fin de lograr un
acuerdo que pueda satisfacer a ambas partes, reparando el daño causado y solucionando el problema. Por
Mediación Policial entendemos la participación de una tercera parte neutral (en nuestro caso por policías
locales mediadores) que ayuda a las personas insertas en un conflicto a llegar a un acuerdo consensuado
(p.738).
Por ende, como Redorta (2004) señala: “La mediación policial se ha de diferenciar de los procesos
habituales de mediación, y su inclusión viene ligada estrechamente en el ámbito de la policía comunitaria”
(p.35). En la misma línea, Garfella (2016), define a la mediación policial como una técnica que usan los
agentes de la seguridad pública para ayudar a resolver a las personas a través del diálogo y de una manera
rápida, los conflictos que surgen en la vida diaria, con el objetivo de que estos no terminen en procesos judiciales. Así, Garfella (2016) considera que, este tipo de mecanismo encuadra dentro del tipo de mediación
comunitaria, donde se promueve la participación de los ciudadanos, debido a que estos se reapropian de las
controversias, sin necesidad de someterlos ante las autoridades del estado, contando con el auxilio de un
policía mediador neutral, imparcial, y objetivo.
En efecto, esta herramienta a la que aluden los autores citados, resuelve los conflictos comunitarios de
una forma más rápida y sencilla a través de la policía, que aunque investida de las facultades para hacer
uso de la fuerza pública, tiene la oportunidad de demostrar ante los ciudadanos, el verdadero objetivo por
el cual fueron creados los cuerpos policiales Por lo tanto, el acercamiento a los ciudadanos ayudará a que
los habitantes recuperen la confianza de estos, además, los ciudadanos auxilien en la resolución de otros
conflictos que se presentan dentro las comunidades que habitan. Así, tal como Cabello (2015) menciona:
La implementación de este nuevo modelo de justicia, es una vía de intervención social que fortalece los
lazos entre la comunidad y el gobierno, el capital social que se crea ayuda a solucionar de manera pacífica
y prevenir el surgimiento de delitos muchas veces considerados como “no importantes” por los agentes
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del orden, el sentimiento de inseguridad que es percibido por las comunidades también es reducido con la
instauración de este tipo de intervenciones, debido a que se incrementa la colaboración y el sentido de la
responsabilidad de la comunidad, convirtiéndose de igual manera en estrategias de inclusión social (p.23).
Por lo tanto, al llevar a cabo la implementación de estas herramientas y capacitaciones a los cuerpos
policiales del estado, se logrará el objetivo de reducir los conflictos comunitarios que se presentan en los
barrios, asimismo, se conseguirá que las tasas de delitos disminuyan con el uso de esta herramienta. El uso
de la mediación hace que el policía sienta empatía con la situación de los ciudadanos, además, previene que
los conflictos acrecienten y evita que los mismos habitantes de la comunidad cometan delitos a raíz de las
disputas que entre ellos se crea.
Sin embargo, cuando se lleva a cabo la mediación policial, se debe tomar en consideración los límites
que existen para aplicación de esta en la resolución de conflictos comunitarios, así, Redorta (2004) ha mencionado que son dos los acotamientos que se deben considerar en la aplicación de la mediación policial,
los cuales son la distancia social y el grado de exigencia de la ley. En ese tenor, el autor de referencia ha
elaborado una tabla, correlacionando la distancia social (grado de intimidad) con el nivel de exigencia de
la ley, la cual sería la siguiente:
Cuadro 1. Margen de Intervención con mediación policial
Fuente: Redorta Josep, (2004).
La tabla que elabora Redorta hace referencia al grado de relación que tienen las personas que conviven
dentro de una comunidad y el impacto de las obligaciones legales que tienen sus conflictos comunitarios,
por ende, de una forma más detallada en relación a la distancia social y el grado de exigencia de la ley, lo
ha precisado Black (1980) en la siguiente lista, donde hace mención del tipo de grado de convivencia que
tienen cada uno de los habitantes en una comunidad y el nivel del efecto legal, dado que estos son las bases
para que la mediación policial se pueda desarrollar:
1.
2.
3.
4.
Mediation of conflicts between cohabitanting persons or individuals with kinshipties, usually called
domestics (low social distance, high legal obligations.)
Mediation of conflicts between landlords and tenants, but now of a different character tan in the past
(moderate social distance, moderate legal obligations)
Mediation of conflicts between acquaintances, including residential neighbors, (low social distance, moderate legal obligations).
Mediation of conflicts between neighborhood residents and locations (comercial or residential)
deemed to be atractive nuisances, such as crackhouses and shooting galleries; tippling houses and
bars; porn shops, saunas, heatl spas, and massage-parlorprostitutionfronts; fraternity houses; and so
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5.
forth (high social distance, low legal obligation)
Mediation between guardians/owners and regulating bodies such as bars and liquor commisions,
subsidized housing sites, and their fundingsources (high social distance, high legal obligation).
En ese sentido, se puede mencionar que dependiendo de las circunstancias en las que se presente el
conflicto comunitario, el policía mediador evaluará el grado de legalidad que tiene el conflicto comunitario,
así como la relación de convivencia que se presenta entre las partes para poder someterlo a una mediación,
por consiguiente, puede intervenir y emplear las técnicas de mediación necesarias con las cuales obtendrá
resultados positivos acorde a como haya desarrollado la mediación, o bien, en su caso lo puede remitir a un
centro especializado en resolver conflictos comunitarios. Sin embargo, debe considerarse que en algunos
casos el agente encargado de la seguridad no puede emplear la mediación, dado la trascendencia del mismo
y los graves daños que pueden repercutir en la parte afectada o bien en un momento dado, en la comunidad
en la cual se susciten los hechos.
Asimismo, los casos que se presentan y que pueden ser resueltos a través de la mediación policial son
los siguientes: a) problemas de convivencia vecinales; b) molestias por ruidos (vecinos, bares, zonas de
ocio) c) olores desperfectos y molestias en la comunidad; d) molestias por animales o mascotas; e) problemas de salubridad e higiene; problemas por el uso de espacios públicos (parques, calles); e) problemas de
relación entre familiares (padres e hijos, entre hermanos, etc.); f) conflictos en la puerta de la escuela, g)
conflictos entre jóvenes y adolescentes h) bullying, sexting (Cobler, 2014, p. 139). Comúnmente, este tipo
de conflictos origina una molestia en las personas lo que conlleva a agresiones físicas o emocionales entre
las mismas, consecuentemente, terminan resolviendo sus controversias ante la autoridad.
Por otro lado, se encuentran los recursos y habilidades que debe de tener un policía mediador, los cuales Elena Cobler se ha encargado de detallar minuciosamente. En primer lugar, Gallardo y Cobler (2012)
refieren a que este protector de la seguridad debe de tener los siguientes recursos: a) acompañar en el viaje;
b) ayudar a las personas participantes a identificar y compartir los temas sobre los que van a hablar; c) promover una comunicación efectiva para facilitar un mutuo entendimiento; d) ayudar a establecer el respeto
mutuo y la comunicación abierta, evitandolas coacciones y las descalificaciones; e) auxiliar en los tipos de
soluciones posibles , f) Ayudar en la negociación y en la construcción de un acuerdo viable y aceptable para
las personas participantes.
Además, la autora señala que otros de los recursos que necesita el policía mediador son especializarse en las técnicas de mediación; asimismo, debe establecer las reglas que hacen posible el desarrollo del
mecanismo; así como justificar su asistencia, es decir, hacer que las partes entienda la razón de porque su
intervención como mediador les cuesta menos para poder resolver sus conflictos ante un tribunal.
En ese sentido, los recursos a los que hace alusión la autora son la parte más importante en la formación
de un policía que desconoce de las técnicas de mediación, debido a que al conocer los distintos modos de
resolver los conflictos que se presentan la comunidad, se hará innecesario el auxilio de la fuerza y salvaguardará de un modo más efectivo la paz y la seguridad pública.
Por otra parte, Cobler (2014) ha mencionado que el perfil del mediador policial se debe basar en una
persona asertiva, debe saber escuchar a las personas, tiene que saber hablar, saber elogiar lo bien hecho, así
como debe saber aceptar sus errores y disculparse, saber en qué momento decir no, el conocimiento para
presentar una queja y como recibirla, y una de las partes más importantes es saber negociar y ponerse de
acuerdo con quien no lo estaba, también, debe saber expresar los sentimientos, conocer cómo se enfrenta
el miedo al ridículo o al fracaso, tener la capacidad de observar, la disposición para aprender, el sentido
común, debe ejercitar el pensamiento crítico, debe suprimir la ira y por último, tiene que ser una persona
tolerante.
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El objetivo de la mediación policial es formar nuevos profesionales en la seguridad pública, por lo que,
conociendo las herramientas necesarias, lograrán que los habitantes de una comunidad convivan mejor, así
los tres niveles de gobierno deben preparar sus integrantes para que dejen a un lado las formas de contestar
agresivamente a los conflictos y construyan un panorama diferente en la forma de solucionarlos.
La mediación policial en México
Por último, se deben hacer breves comentarios en relación al impulso de la mediación policial en México, así como los mecanismos que se han construido en los estados de la República, los cuales estén
avanzando en algún proceso de mediación, o bien, como se encuentra la normatividad local dentro de los
estados que regulan dicha figura.
En ese sentido, derivado de algunas solicitudes de acceso a la información, la mediación en México aún
no se encuentra completamente desarrollada o impulsada por los gobiernos actualmente, debido a que así
lo han manifestado en las respuestas a las solicitudes que se han hecho a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia, a algunos estados como Baja California , Campeche , Ciudad de México, Guanajuato ,
Michoacán , Nayarit , Oaxaca Sonora , Sinaloa , Quintaba Roo , San Luis Potosí , Tamaulipas , Yucatán ,
Zacatecas .
En cambio, estados como Baja California Sur, a pesar de que no contemplan el mecanismo alterno en
la Ley del Sistema Estatal de Seguridad pública del Estado de Baja California Sur, así como en el Reglamento de Servicio de Carrera Policial, han impulsado la mediación policial durante el periodo de 2016 con
el acuerdo del programa rector de profesionalización en la Academia Estatal de Seguridad Pública, donde
se impartió un taller presencial con la finalidad de dar a conocer las habilidades que un policía mediador
debe tener para el control de emociones, toma de decisiones, y la intervención en el manejo de conflictos.
No obstante, es importante resaltar un modelo de mediación policial que se está llevando a cabo en el
municipio de Escobedo del Estado de Nuevo León, el cual se denomina Proxpol (Policía de proximidad).
En ese sentido, González, Pérez, Salgado y Caballero (2017) mencionan que este mecanismo es un paso
más en el concepto de policía de barrio que tiene como finalidad la construcción de un método de trabajo
basado en el acercamiento entre la policía local y ciudadana, de igual manera mejora la eficacia y la eficiencia de la policía en el ámbito de la convivencia ciudadana.
Este mecanismo fue impulsado por la administración de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad
Municipal de Mariano Escobedo (Nuevo León), el cual puso en marcha el modelo de policía de proximidad, misma experiencia que fue extraída de la policía local de Castellón de la Plana, España, la cual tiene
la certificación de la Universidad Jaume I de España y el Instituto Estatal de Seguridad de Nuevo León.
En ese sentido, González (2017) menciona que los objetivos del modelo denominado proxpol, son los
siguientes: a) Focalizar la vigilancia en un área reducida (establecida de acuerdo a los criterios de cada
sector proxpol; b) Mantener contacto directo con la comunidad y considerar sus percepciones relativas
al entorno de seguridad c) Impulsar acciones preventivas en coordinación con la comunidad; d) Realizar
diagnósticos de los espacios de asignación; e) Entrenamiento en la resolución de conflictos comunitarios;
f) privilegiar la prevención.
De igual forma, este modelo policial, se basa fundamentalmente en una metodología que se guía mediante los siguientes ejes: a) Conocimiento empírico del territorio y entorno; b) Generación de una batería
de indicadores que permitan medir la evolución; c) formación específica a “agentes de barrio”; y d) Fomento de la transversalidad en el trabajo policial.
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Seguidamente, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, se llevaron a cabo las políticas
Públicas de “policía de proximidad” las cuales tienen un acercamiento a la comunidad como un modelo basado en la prevención de la violencia y la delincuencia, donde se puede notar que en el Boletín No. 117/16,
se informó en llevar a cabo una estrategia de seguridad donde participaron la Subsecretaría de Prevención
y Participación Ciudadana, la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal y por el INEGI, la Directora General de Coordinación Intersecretarial de esta dependencia, para realizar las labores necesarias y
poner en práctica la proximidad entre la policía y las comunidades.
Finalmente, en el estado de México, la ley de seguridad regula la mediación policial en sus artículos 190
al 198 donde se puede notar como se les concede a los municipios la facultad de llevar a cabo el desarrollo
de esta herramienta en sus respectivos territorios.
Sin embargo, estas políticas públicas que se han manejado en diferentes estados de la república sirven
de guías para los demás estados pongan en marcha la función de la proximidad policial con los ciudadanos,
y unas de ellas son los mecanismos de solución de controversias.
3.- MÉTODO
La presente investigación presenta un enfoque cualitativo, dado que busca encontrar nuevos datos que
ayuden a interpretar el fenómeno de la mediación policial que la literatura científica se ha encargado de estudiar, así en una investigación cualitativa Sampieri ( ) menciona que el enfoque se basa en una recolección
de datos ni estandarizados predeterminadamente.
Asimismo, se puede hablar de un diseño de investigación no experimental, porque se revisó la literatura
que trata sobre la mediación policial, y de ahí se interpretaron el conocimiento que la doctrina se ha encargado de estudiar en relación con la mediación policial.
Por otro lado, se hizo un estudio de forma exploratoria, debido a que se revisó una temática que no ha
tenido un análisis profundo sobre la mediación policial, de manera que, se llevó a cabo la búsqueda de documentos, bibliografía, y revistas especializadas que tratarán del tema en comento.
De igual forma, se lleva a cabo una revisión documental exploratoria donde se trate el tema de la policía
de proximidad en el Estado de Nuevo León, donde se vea como se estructura, y de donde se origina este
mecanismo alterno de solución de conflictos en seguridad pública.
Instrumentos
Se llevo a cabo el estudio con la revisión de bibliografía respecto a la mediación policial, y además
se analizaron artículos de revistas especializadas que abarcarán el tema relacionado, con estas bases, se
interpretaron cada uno de los argumentos que se exponían en estos documentos, así como se construyeron
nuevos razonamientos, que ayudarán a comprender como se desenvuelve este procedimiento dentro de la
práctica.
De igual manera, se llevó a cabo la revisión bibliográfica donde se haya analizado la policía de proximidad en el Estado de Nuevo León, su estructura y origen
Procedimiento
El presente se desarrolló a partir de la búsqueda de material académico que tratara sobre los temas de
mediación policial y policía de proximidad, así se analizaron argumentos que reforzarán los conceptos
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esenciales de la investigación, también se utilizó una tabla que demostrará los limites donde la policía pueda llevar a cabo la resolución de conflictos comunitarios.
Seguidamente, se elaboró solicitudes de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, para comprender de qué manera la mediación policial se ha llevado a cabo dentro de los
Estados de la República, de ahí que se analicen cada uno de los modelos de capacitación policial que se han
implementado en México.
Por último, se llevó a cabo la interpretación de todos los resultados y se construyeron argumentos de
conformidad con lo que se investigó en la Bibliografía.
4.- CONCLUSIONES
La mediación policial hoy en día empieza un nuevo camino en la resolución de conflictos en la comunidad, dado que estos hombres encargado de la seguridad pública, son los servidores del estado que están
más en contacto con la ciudadanía e interactúan con ellos en los problemas que suscitan entre las diferentes
partes.
Los problemas dentro de la comunidad pueden variar, así como el grado de obligación legal y la distancia social, por ende, el policía en el momento de llevar a cabo el análisis de la situación debe valorar que tan
grave es en el conflicto, y si existe la posibilidad de resolverlo por los mecanismos alternos de solución de
controversias. No obstante, observado los límites que se mencionaron en el presente trabajo.
Los cuerpos policiales como responsables de la seguridad del estado deben garantizar el derecho humano a la seguridad pública de los ciudadanos, sin embargo, ya existen otras alternativas que el policía debe
considerar para solucionar los conflictos que se presentan en la comunidad, y con la mediación, se garantiza
la estabilidad social y el derecho a la paz ó el orden público, que son los elementos necesarios para la convivencia dentro de la colectividad.
En ese sentido, si hay un orden público, como consecuencia, los habitantes de una comunidad empezaran a convivir de manera pacífica con sus semejantes y además se establecerá la confianza con los cuerpos
policiales que día a día llevan a cabo la vigilancia dentro de los barrios.
Por otro lado, la preparación del mediador policial tiene que ir encaminada en tener una vocación de
servicio con los ciudadanos, tiene que estar entrenado para activar la escucha activa, ser empático, saber
tomar decisiones en el momento correcto, sin embargo, no debe olvidar los principios que dirigen el proceso de mediación los cuales son la voluntariedad, la imparcialidad, la honestidad, entre otros, que son los
elementos básicos para el desarrollo de estas herramientas.
Por ende, este modelo alternativo de justicia ofrece un panorama diferente que ayudará a que los cuerpos de seguridad sean eficientes en el momento de resolver conflictos comunitarios, así para que esto suceda, se necesita de la colaboración de los ciudadanos, de la difusión a través de los medios de comunicación
que es lo que se pretende hacer con la mediación policial, así como la capacitación de los policías en las
academias policiales, también, la impartición de talleres a los policías en los tres órdenes de gobierno para
que aprendan como ser mediadores cuando se presenta un conflicto latente o bien ya materializado.
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las instancias de gobierno deben coordinar esfuerzos para la consecución del fin común de combate a
la delincuencia, bajo una ley general expedida por el congreso de la unión.
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El império retórico: Auge y Caída
The Rhetoric Empire: Rise and Fall
Said, Dahdah-Antar 1
Universidad cental de Venezuela
DOI:http://dx.doi.org/10.29105/pgc5.9-4
https://orcid.org/0000-0001-7433-305X
RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica cuyo objetivo consistió en mostrar evidencia de los
fundamentos clásicos de la comunicación política. Se aplicó el método de análisis, con un enfoque cualitativo, diseño
no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico transversal. Tras la revisión documental se encontró que el debate sobre la retórica, en la antigüedad, constituía la esencia misma de la participación de los ciudadanos en los asuntos
de la comunidad. Si bien ha sido vista usualmente con descrédito, la retórica fue objeto de importantes reflexiones en la
Grecia y Roma clásicas. Se concluye que el arte de persuadir públicos mediante el uso de la palabra ha logrado construir
una maquinaria conceptual, cuyos aportes serán descritos en este análisis. La distinción que con frecuencia se hace en
política entre las palabras y los hechos, entre el “no veas lo que dice el presidente, sino lo que éste hace”, se cuestiona
en la perspectiva retórica: el decir es también una manera de hacer.
Palabras clave: Ciudadanía, comunicación política, discurso político, persuasión, retórica
ABSTRACT
This article is the product of a bibliographic review whose objective is to show evidence of the classical foundations of political communication. The method of analysis was applied, with a qualitative approach, non-experimental
design, under a transversal documentary-bibliographic level. After the documentary review it was found that the debate
on rhetoric, in ancient times, constituted the very essence of citizen participation in community affairs. Although it has
usually been seen with description, the rhetoric was the subject of important reflections in classical Greece and Rome.
It is concluded that the art of persuading audiences through the use of the word has managed to build a conceptual
machinery, whose contributions will be necessary in this analysis. The distinction that is often made in politics between
words and deeds, between “do not see what the president says, but what he does this”, is questioned in the rhetorical
perspective: saying is also a way of doing.
Key words: Human Rights, Monterrey, news media, social representations.
Cómo referenciar este artículo:
Dahdah-Antar, S. (2019). El império retórico: Auge y Caida. Revista Políticas, Globalidad y Ciudadanía, 5(9), 106123. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/111
Recibido: 30 de Agosto 2018 - Aceptado: 07 de Octubre 2018
1
Máster de Escritura para la Televisión, Cine y Narrativas Transmedias, Universidad Autónoma de Barcelona.
Profesor e Investigador del Instituto de Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela. sda07@hotmail.com
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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�El Imperio Retórico: Auge y Caída
1.- INTRODUCCIÓN
La comunicación política es una disciplina científica en proceso permanente de construcción y reelaboración. Mauro Wolf, en su Investigación de la Comunicación de Masas, define su objeto de estudio como
proteiforme. Las investigaciones en este ámbito muestran una multiplicidad de problemas, ensayos de
solución y procedimientos de análisis, gracias a los cuales “ha resultado un conjunto de métodos, enfoques
y puntos de vista tan heterogéneo y disforme” (Wolf, 1996, p.11). Los orígenes de la disciplina se hallan en
la Antigüedad clásica: sus fundamentos aparecen en la Grecia del siglo V a.C., a propósito de la cuestión
de la retórica; y en la Roma imperial, donde se establecieron sus principios gracias a la controversia sobre
la oratoria.
El presente artículo propone un recorrido por el debate de la retórica en la Antigüedad clásica. Se expondrán las principales tesis y corrientes que configuran su marco conceptual. En la Grecia del siglo V a.C.,
se abordarán los exponentes de las dos corrientes de pensamiento predominantes: la sofística de Gorgias,
Protágoras, Pródico y los Eristas; y la filosofía de Platón y Aristóteles. En la República romana, nos enfocaremos exclusivamente en la figura del político y orador Marco Tulio Cicerón, con una obra y reflexión
prolífica sobre la materia.
El problema básico consiste en reconstruir los mecanismos clásicos de persuasión política, entendiendo
que la elaboración de discursos, y por ende la capacidad de articular diálogo efectivo, opera como alternativa a la búsqueda de soluciones de fuerza o de imposición de valores comunes; así como incrementa las
posibilidades de integración social2. El objetivo principal gira en torno a describir los esquemas básicos del
discurso político, con la finalidad de exponer la pertinencia de rescatar dichas nociones para el análisis contemporáneo de la comunicación política en democracia. Para ello identificaremos los conceptos decisivos
en cada planteamiento, la fundamentación teórico práctica de los mismos, y de ser posible su recreación
histórico conceptual. Ahora bien, el desprestigio tradicional de la cuestión retórica, y de la palabra política
en general, así como la casi nula preservación de los textos antiguos sobre la sofística, gravitan como limitaciones principales de esta revisión bibliográfica.
Que la retórica y la oratoria sean términos diferentes, además de haber sido empleadas en épocas distintas, en poco modifica el sentido de principal de la materia discutida: la persuasión política y las formas
idóneas para su consecución. Ferrater Mora entiende a la persuasión, básicamente, en términos de los
esfuerzos que se hacen para convencer al oyente o interlocutor a aceptar aquello que se le propone o se le
dice (1965, p.408). La retórica y la oratoria se encuentran relacionadas con la elocuencia: con esos estilos o
caminos apropiados en ciertas ocasiones para afectar las opiniones, los valores y las creencias de un público
particular. Retórica y oratoria son en este artículo manifestaciones del mismo fenómeno.
Bice Mortara Garavelli, en su Manual de Retórica, afirma que la retórica guarda dos sentidos y una
diversidad de juicios. La retórica se entiende como práctica y técnicas comunicativas. Un modo de expresión o un quehacer comunicativo, en resumen. La retórica se refiere también a una disciplina, la ciencia del
discurso; un conjunto articulado de doctrinas o reglas que describen su correcto funcionamiento. “Retórica,
pues, quiere decir práctica y teoría: elocuencia y sistema de normas que han de respetarse para ser ‘elocuentes’ y que son objeto de estudio sistemático” (1991, p.9).
2
Véanse los trabajos de Julieta Flores, Sergio Torres y Roberto Silva, y de Pedro Rivera-Hernández y Felipe
Marañon-Lazcano, ambos publicados por la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, titulados “Problemas de Comunicación que afectan la adaptación de personas indígenas que emigran a Nuevo León” y “La comunicación política
como un influenciador en asuntos de Derechos Humanos. Caso de Estudio: San Salvador Atenco”, respectivamente.
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El marco de comprensión de la retórica ha sido ampliado por Roland Barthes en su obra Investigaciones
Retóricas (1974). Este autor considera que el ámbito retórico se constituye por seis prácticas: la retórica
como técnica, enseñanza, actividad científica, práctica moral, práctica social, y práctica lúdica. La comunicación política es vista también como un hacer o un quehacer político. La distinción usual entre palabras
y hechos, entre el “no mires lo que dice el presidente, sino lo que éste hace”, comienza a ser cuestionada.
Las palabras, o el discurso político, son acciones o actuaciones que pueden generar efectos, aunque en
dimensiones de la realidad distintas a la física, como la psíquica o psicológica. El decir es también una
manera de hacer.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
La retórica en la Grecia clásica.
El contexto histórico.
La reflexión sobre la persuasión política surgió por primera vez, y con fuerza, en el mundo helénico
del siglo V a.C. La controversia sobre el arte de construir discursos persuasivos se presentó, en parte, por
la necesidad de precisar los límites entre dos escuelas: la sofística y la filosofía. La disputa en relación con
la retórica representó un esfuerzo por esclarecer el sentido de la filosofía, su objeto de atención y su metodología. La confusión entre ambas esferas representó uno de los problemas intelectuales más importantes
de la época.
El debate acerca de la retórica debe ser situado en su contexto histórico: una crisis profunda de la aristocracia griega, no sólo en cuanto a forma política, sino especialmente como cultura. En esta época surge
un cuestionamiento intenso de los valores tradicionales, principalmente hacia la areté. Werner Jaeger, en su
Paideia, sostiene que la areté expresa el más alto ideal de la educación y se define, de cierta manera, como
una virtud humana que sólo encuentra perfección en almas selectas. Según Jaeger, sólo unos distinguidos
mortales podían alcanzar una posición dominante en el orden social, aquellos que mediante sus aptitudes
físicas habían obtenido la victoria en el combate. La areté era, pues, una virtud propia de los guerreros
(Jaeger, 1957).
La crisis de la aristocracia se asocia con el acceso del demos a la política en la Grecia clásica. La areté
no es descartada en el lapso democrático. Ésta experimenta variaciones que conducen a “la superación de
todos los privilegios de la antigua educación para la cual la areté sólo era accesible a los que poseían sangre
divina” (Jaeger, 1957, p.264). Dicha crisis cultural se enfoca en la negación de la estirpe para optar a una
educación y a la conducción de la polis. La nueva noción de virtud sustituye la norma sanguínea por una
fundada en la razón. Jaeger comenta que: “sólo parecía haber un camino para llegar a la consecuencia de
este fin el acceso a la areté: la formación consciente del espíritu en cuya fuerza ilimitada se hallaban
inclinados a creer los nuevos tiempos” (Jaeger, 1957, p. 264).
La retórica tiene una clara dimensión política. El término alude al rétor, no al que enseña la retórica, sino
al rector de la polis. La retórica es la materia de la actividad del político, del ciudadano libre que asume el
rectorado de la comunidad política, aquél que maneja los asuntos de todos. Como afirma Jaeger: “La edad
clásica denomina al político puramente retórico, orador. La palabra no tenía el sentido puramente formal
que obtuvo más tarde, sino que abrazaba el contenido mismo. Se comprende, sin más, que el único contenido de los discursos fuera el estado y sus negocios” (1957, p.267).
La democracia ateniense.
La retórica hace vida en forma de gobierno donde la palabra ocupa un sitio privilegiado. Los modelos
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aristocrático y oligárquico no solicitan su uso intensivo; las decisiones son tomadas por unos cuantos: los
distinguidos por la nobleza de sangre, o por las riquezas poseídas. David Held (2001) afirma que el valor de
la igualdad destaca en la democracia ateniense: el derecho y la obligación que tienen todos los miembros
de participar en las decisiones comunes. Dicha participación se concreta en asamblea, y consiste en la posibilidad de ser escuchado, y de acceder a un cargo público. La democracia clásica consiste en el gobierno
del pueblo: una forma política de autogobierno que coloca a la ciudadanía como autoridad suprema de la
polis (Held, 2001).
Este gobierno de «la multitud» o de «la igualdad numérica, sobre la noción del reparto equitativo de
la práctica de gobierno, tiene como requisito a la palabra política . Al depender la toma de decisiones de
muchos, el despliegue de la democracia exige la formación de una opinión común acerca del camino más
adecuado a seguir. La formación de la opinión ciudadana se subordina a una discusión, en asamblea, sobre
los asuntos de interés para la polis. La toma de decisiones se sostiene en: “(…) la disertación libre y sin
limitaciones, garantizada por la isegoría, el derecho de todos por igual a hablar en la asamblea soberana.
Las decisiones y las leyes descansaban, así se creía, en la convicción la fuerza del mejor argumento” (Held,
2001, p.32, 33).
La palabra es igual de importante por los conflictos que aparecen en esos procesos de formación de opinión ciudadana. Las posibilidades de obtener una decisión como resultado de la homonoia, por unanimidad,
eran muy bajas, incluso en una comunidad pequeña como la polis ateniense, debido a las complejidades
de los procesos de toma de decisiones y a sus alcances. La valoración de la palabra, por consiguiente, sólo
puede concretarse en un contexto donde existen amplias diferencias de opinión en relación con el rumbo
que han de seguir los asuntos públicos.
El arte del buen hablar para persuadir se fortalece ante la necesidad de convencer a quienes disienten
de la posición defendida, ya que éstos son iguales en términos de poder -político, económico y militar. El
valor del discurso político se aprecia en contextos caracterizados por la presencia de facciones en amplia
oposición y con un poder simétrico que neutraliza el empleo de la violencia en la resolución de conflictos.
En suma, el desarrollo antiguo de la retórica parece haber sido estimulado por la presencia de situaciones donde se desplegaron rivalidades políticas con fuerzas casi equitativas. El diálogo representa una manera de canalizar o abordar el conflicto político, con el propósito de obtener un resultado que no implique
la destrucción de las partes en disputa. La guerra sería, en este enfoque, ausencia de diálogo y por ende de
retórica.
Una prueba de lo señalado está en los orígenes de la retórica. Roland Barthes (1974, p.80) afirma que
la retórica como metalenguaje nació hacia el año 485 a.C., cuando dos tiranos sicialianos, Gelón y Hierón,
tomaron un conjunto de decisiones cuyas consecuencias inmediatas fueron la deportación y el traslado de la
población, así como expropiaciones para ser concedidas a mercenarios que luego repoblasen Siracusa. Una
vez derrocada la tiranía por el pueblo de Siracusa, se iniciaron una enorme cantidad de reclamos judiciales,
que tenían el propósito de restablecer la situación previa en materia de propiedad de la tierra. Los procesos
judiciales, según Barthes, movilizaron grandes jurados populares. El arte arte de persuadir mediante el buen
hablar se nutre de ambientes de conflictos.
Los sofistas: la práctica retórica en búsqueda del éxito político.
Aproximarse a los sofistas no es tarea fácil. La dificultad radica en la pérdida de sus textos principales.
A excepción de los discursos “Elogio de Helena” y “Defensa de Palamedes”, ambos textos de Gorgias, la
discusión sobre el pensamiento sofístico se produce mediante las citas y los comentarios de Platón, Aristóteles, Sexto Empírico, Planudes y Proclo. Además, los sofistas y su ideal de educación fueron los coproRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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tagonistas de la disputa entre la retórica como el reino de lo verosímil y de la opinión (doxa), y la filosofía
como espacio de lo verdadero y del conocimiento (episteme). La filosofía venció en esta controversia, por
ello la imagen que quedó de la sofística fue muy negativa. José Solana Dueso (1997) resalta que esta actitud
de repudio se inició en el círculo socrático: Platón y Jenofonte.
La evaluación apropiada de esta escuela enfrenta los obstáculos propios de la distorsión con que nos
llega este marco de interpretación. La dificultad principal que se ha mantenido en el tiempo es aquella:
“(…) creencia de que Platón y Aristóteles dieron con la interpretación de las doctrinas sofísticas y que, por
tanto, su crítica fue definitiva” (Solana Dueso, 1997, p.94). Por otra parte, a sofística no fue una escuela homogénea, con una propuesta de saber único o con un conocimiento coherente; sino que albergaba diversas
corrientes de pensamiento que, incluso, llegaban a oponerse entre sí. Para Jaeger (1957, p.274), el factor
de unión, entre la pluralidad y divergencia de contenidos y procedimientos entre los sofistas, consiste en la
estimación común a percibirse como maestros de la virtud política, individuos provistos del conocimiento
necesario para formar a las almas humanas con miras a la participación en los asuntos de la polis.
La sofística redefine la noción tradicional de areté, al elevar el saber a la categoría de criterio que estructura la formación de los ciudadanos en la polis. Los sofistas renuncian a la tradición basada en la sangre
como factor determinante de la excelencia humana. La educación era artífice de un segundo nacimiento
para el hombre: el parto social. Según Jaeger, los sofistas: “son los creadores de la conciencia cultural en
que el espíritu griego alcanzó su telos y la íntima seguridad de su propia forma y orientación (…) tomaron
conciencia y se la dieron a su pueblo de que la educación humana era la gran tarea histórica que les había
sido asignada (1957, p.278)”.
Los sofistas inauguran el período de la formación humana consciente, donde la retórica tiene un rol determinante. Con ello modifican el eje del pensamiento filosófico, al abandonar la problemática de la physis
y enfocar por primera vez la reflexión en el hombre. Éste nace como objeto o centro de las indagaciones del
mismo hombre, dedicándose a la reflexión de la polis, las relaciones sociales, así como del lenguaje político
y sus prácticas. Para Ferrater Mora, los sofistas “descubren realidades que sin la crisis hubieran permanecido ocultas. Lo que encuentra el hombre ante sí es tanto el universo como la realidad humana, pero una
realidad inestable y por ello problemática” (1965, p.702).
Visto que la nueva areté se basa en el saber, y dado que ese saber será enseñado por los maestros del conocimiento, se hace inevitable el estudio de la comunicación. Los sofistas “convirtieron el saber en oficio y,
por tanto, debían exigir una compensación para vivir y poder difundirlo” (Reale y Antiseri, 1995, p.75-77).
Los sofistas hacen de la retórica una práctica social solo accesible a quien pudiera pagarla; se orientaba a
la satisfacción de la necesidad que tenían los ciudadanos: persuadir con éxito a los conciudadanos y obtener con ello resultados favorables en los debates asamblearios (Barthes, 1974: 9-10). Jaeger lo afirma con
precisión al indicar que:
… los sofistas se dirigían ante todo a una selección y a ella sola. A ellos iban los que querían formarse
para la política y convertirse en un día en directores del estado. Semejantes hombres … no debían limitarse
a cumplir las leyes, sino a crear leyes del estado, y para ello era indispensable, además de la experiencia
que se adquiere con la práctica política, una intelección universal sobre la esencia de las cosas humanas.
Verdad es que las cualidades capitales de un hombre de estado no pueden ser adquiridas … pero las dotes
para pronunciar discursos convincentes y oportunos pueden ser desarrolladas … mediante la cual puede
orientar y constreñir suavemente las asambleas. (1957, p.267)
Protágoras.
Los aportes de Protágoras al arte de la persuasión se comprenden al situarnos en el núcleo de su pensamiento. Protágoras asume una posición relativista frente al problema de la verdad: se considera imposible
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hallar un criterio absoluto que permita discernir entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, lo justo
y lo injusto. En la mirada de Protágoras, “nadie estaría estaría en falsedad, sino todos estarían en la verdad
[en su verdad]” (Reale y Antiseri, 1995, p.78). Dicho relativismo se resume en su más célebre máxima: el
homo mensuras, “el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en aquello que son, y de las que
no son en aquello que no son” (Reale y Antiseri, 1995, p.78).
La verdad sólo se encuentra en la norma del juicio de cada hombre, en lo que estime como la medida de
los hechos y experiencias. La realidad sería una convención tanto en su confección como en su aplicación.
El hombre se convierte en árbitro de todos los hechos, la verdad y su realidad es un producto de la voluntad
humana. “si es cierto que debe reposar en el objeto, no lo es menos que la “norma”, “criterio” o “medida”
de la verdad solo puede serlo el sujeto, es decir, es el único que puede decidir si hay o no correspondencia”
(Solana Dueso, 1997, p.99).
El relativismo protagórico conduce a la noción del conflicto como elemento propio de la vida en toda
comunidad. Si la verdad depende de las apreciaciones de cada sujeto, son altas las posibilidades de que
aparezcan múltiples opiniones divergentes. Ante la ausencia de la palabra política, la comunidad se encaminaría a un estado de fragmentación, a su inestabilidad permanente o incluso a su disolución, por la amenaza
constante de acudir a la violencia como forma de resolver las “naturales” diferencias de apreciación de los
asuntos públicos y, en definitiva, de criterios para establecer lo verdadero.
La retórica quedaría definida como el arte del buen hablar, no para sostener la verdad, sino para mostrar la razón más convincente (Mortara Garavelli, 1991, p.18). En la sofística de Protágoras, si no hay una
verdad, y ésta es múltiple y diversa, resulta necesario que en cada argumento se identifiquen por lo menos
dos tesis opuestas. El principal recurso del sofista son las antilogías, una técnica de argumentación que se
condensa en la afirmación: “acerca de cada cosa hay dos razonamientos que se contraponen entre sí, es
posible decir y contradecir, esto es, se pueden aducir razones que se anulan” (Reale y Antiseri, 1995, p.78).
Si a cada ser se le puede afirmar y negar una cualidad, dado que tal atribución depende del criterio de cada
hombre, la fortaleza o debilidad de un argumento no reside sólo en su contenido, sino también en el lenguaje y en los modos empleados para su expresión convincente.
Así nace también la noción retórica que en toda controversia el argumento débil puede llegar a ser
el argumento fuerte y viceversa. Ambas técnicas fueron probadas por Gorgias en su discurso “Elogios a
Helena”. Arquetipo de belleza en la mitología griega, Helena fue censurada por la opinión común en la
Grecia clásica, ya que su rapto por París, que desencadenó la guerra de Troya, no era considerado como
tal, sino que se asumía la complicidad de Helena. Gorgias toma dicha figura mitológica para desarrollar
un argumento en su defensa, proponiéndose fortalecer la posición más débil ante la opinión común. La defensa de Helena se ejecuta con la anulación o suspensión de la responsabilidad que se le adjudicaba sobre
los hechos, introduciendo tesis que señalaban la presencia de poderes frente a los cuales ninguna voluntad
humana podría resistir.
Protágoras propuso además la premisa retórica de lo oportuno para cada caso. Este axioma, junto con
la antología como técnica de la argumentación, constituye una herramienta retórica rudimentaria, luego
desarrollada por Aristóteles. “Protágoras da una aplicación formal (...) de lo que es oportuno en un discurso:
pueden ser oportunas, según los casos, la concisión o la abundancia. Y una misma materia puede constituir
el objeto de un discurso amplísimo o de uno conciso” (Mortara Garavelli, 1991, p.20). Lo oportuno no se
refiere a la posición que se asumirá en el debate, como enseña la antilogía, sino al tamaño conveniente del
discurso. Por lo demás, la extensión de los discursos es un elemento que aparece de forma recurrente en
todo el debate clásico de la retórica.
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Gorgias.
Gorgias de Leontini es considerado como el padre de la retórica. Su nombre sirve de título al principal
diálogo platónico en torno al arte de persuadir mediante el buen uso de la palabra. Su planteamiento llega
hasta nuestros días por la conservación de los fragmentos de sus discursos: Elogio a Helena y Defensa de
Palamedes. La retórica adquiere una alta significación, en parte por su renuncia a cualquier aspiración en la
capacidad de los seres humanos para comprender la realidad circundante. Alejado de una postura dogmática, dado que la esencia de las cosas es inaprehensible, se concluye que lo único existente es la palabra. Para
Gorgias el ser y la verdad solo pueden ser lenguaje dotado de sentido.
El lenguaje se constituye en una realidad independiente. El discurso, como poderoso soberano, nace
como objeto de estudio. Para Barthes, la palabra alcanza con Gorgias un dominio tal que se puede hablar
de un imperio del lenguaje: un territorio con existencia autónoma, regido por reglas y en donde conviven
las figuras. Con la retórica de Gorgias: “nuestra sociedad ha reconocido el lenguaje, su soberanía (...) [La
retórica es] una ideología de la forma, como si (...) existiera para cada sociedad una identidad taxonómica,
una socio-lógica, en cuyo nombre es posible definir otra historia, otra sociedad” (Barthes, 1974, p.11-12).
La comunicación nace así como ámbito discernible del conocimiento humano, en cuanto área de reflexión
que tiene al lenguaje como objeto de estudio.
En esta retórica subyace una orientación nihilista. Según Sexto Empírico (Barrio Gutiérrez, 1984), la
conclusión escéptica del sofista siciliano se refleja en las tres tesis siguientes. Primero, nada existe: las cosas
no encierran una sustancia necesaria, la palabra no contiene indispensablemente una realidad verdadera. Si
algo existiera, sería incognoscible: las capacidades humanas son limitadas y los instrumentos dispuestos
por el hombre son inadecuados para conocer. Y si algo existiera y fuese cognoscible, sería incomunicable.
La separación entre el ser de las cosas y el lenguaje se fundamenta en esta última premisa. El lenguaje se
presenta como una realidad con una “naturaleza” sin una relación inevitable con la esencia de la realidad.
La problemática del ser y el decir consiste en que:
Si no existe verdad absoluta y todo es falso, la palabra adquiere una autonomía propia, casi carente de
límites, porque no está sometida a los vínculos del ser. Dada su independencia onto-veritativa, es o puede
convertirse en algo dispuesto a todo. Y es aquí donde descubre en lo teórico aquel aspecto de la palabra
por el cual ésta, prescindiendo de toda verdad, puede hacerse portadora de toda persuasión, de creencia y
sugestión. La retórica es exactamente aquel arte que aprovecha hasta el fondo este aspecto de la palabra y
que puede definirse como el arte de persuadir. (Reale y Antiseri, 1995, p.80).
Gorgias descubre que la realidad y el lenguaje no siguen necesariamente la misma dirección. La realidad de la palabra permite construir ficciones. El discurso se convierte en el dominio de la ilusión, la república de las promesas. La separación entre pensamiento y palabra ocurre por las limitaciones del lenguaje
para transmitir los estados conscientes del comunicante; y por las dificultades del discurso para producir
idénticos estados en el comunicado. La existencia de una pluralidad de emisores, con pensamientos y experiencias diversas, incluso únicas, contribuye a convertir el lenguaje en un hecho equívoco. Esta conciencia
de la imperfección del lenguaje conduce a realizar esfuerzos constantes por mejorarlo: siendo la expresión
la única forma de establecer relaciones sociales, su desarrollo constituye el único camino para construir una
polis (Barrio Gutiérrez, 1984).
El tránsito de una época nihilista a una etapa retórica, en Gorgias, se explica como sigue: la única realidad posible, aunque imperfecta, es la palabra. Por ello la apariencia, el modo de decir las cosas, adquiere
significación. El buen hablar no es afirmar lo verdadero, sino emplear las formas más convincentes del
discurso. Lo importante para la persuasión son las formas que asume el significante, ya que se renuncia a
buscar lo inexistente: el significado de los objetos.
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�El Imperio Retórico: Auge y Caída
El avance retórico adquiere un componente estilístico. Ésta vendría a ser una estética de la palabra
orientada a la persuasión del oyente. La segunda contribución de Gorgias a la retórica es, por tanto, el
desarrollo de una clasificación de las figuras del lenguaje. La apóstasis, por ejemplo, consiste en separar
unos de otros los pensamientos para formar con ellos proposiciones aisladas y singulares. La prósbole es un
ataque, una agresión o impulso violento, y como figura retórica permite iniciar inmediata y bruscamente los
pensamientos. La metáfora y la alegoría representan, en cambio, traslados del sentido recto de las voces a
otro figurado, en virtud de una comparación tácita. Mientras que la epanalepsis, entre otras figuras, consiste
en la repetición de una palabra. Reale y Antiseri expresan esta vertiente estilista de la retórica de un modo
conciso:
Gorgias fue el primer filósofo que trató de teorizar lo que hoy denominaríamos vertiente estética de la
palabra y la esencia de la poesía (padecimiento del alma por efecto de las palabras,muy padecimiento que
le es propio). El arte, pues, al igual que la retórica, consiste en provocar sentimientos, pero a diferencia de
aquella, no se propone intereses prácticos, sino un engaño poético en cuanto tal (estética no patética), y
dicho engaño, naturalmente, es una pura ficción poética. (1995, p.80)
La psicagogía surge con Gorgias por el énfasis en el estilo. Esta sofística no se preocupa tanto por el
intelecto para persuadir, sino por el manejo de las pasiones a través de las prácticas estilísticas, como intento
de movilización de las emociones, de manera de impulsar la opinión del oyente a favor o en contra de los
asuntos que se discutían en los órganos de poder establecidos en la polis. La retórica vendría a ser la virtud
del bien hablar, de construir discursos que convenzan a otros a inclinarse favorablemente hacia lo que se
encuentran renuentes (Platón, 1964).
Bice Mortara Garavelli expresa sobre la psicagogía que ella: “no pretendía convencer de que un argumento válido era verosímil (eikos) mediante una demostración técnicamente impecable, sino mediante la
atracción que la palabra, sabiamente manipulada, podía ejercer sobre los espectadores. El efecto que pretendía alcanzar era la reacción emotiva, no la adhesión racional” (1991, p.18-19). Y el mismo autor termina
afirmando también que, en el discurso Elogio de Elena, Gorgias estima que la psicagogía: “actúa a través
del engaño; de la ilusión o fascinación poética que el logos (la palabra, el discurso) es capaz de provocar:
«acercándose a la opinión del alma, su poder encantatorio la fascina, la persuade, la seduce, y la modifica
con una ilusión mágica»” (1991, p.21). En el debate clásico, se constituyen las dos rutas a seguir para la
persuasión política: la racional con la argumentación lógica (las antilogías), y la pasional con la afectación
de las emociones humanas (psicagogía).
Pródico y los Eristas.
Pródico y los Eristas representan corrientes sofísticas que ofrecieron elementos clave para la construcción de discursos persuasivos en la antigüedad clásica. En Pródico destaca especialmente la invención de la
sinonimia, la técnica “que proponía distinguir entre los diversos sinónimos y en la exacta determinación de
los matices que entraña el significado de cada una” (Reale y Antiseri, 1995, p.81). Los Eristas, en cambio,
introducen el empleo de formas destructivas de argumentación. El objetivo se centra en identificar las debilidades en el razonamiento de los oponentes, para conducirlos después a posiciones contradictorias que les
coloquen en situaciones de apremio. Hay quienes consideran que este combate lingüístico, conocido con el
término de disputa, representa una clase de diálectica, metodología desarrollada por Platón. En este sentido,
Mortara Garavelli afirma que “la Erística, considerada como un artificio dialéctico estéril, pero como una
invitación al esclarecimiento del lenguaje, ha servido históricamente, en las disputas científicas (…) para
poner en evidencia los puntos oscuros y confusos” (1991, p.20).
Los Eristas, finalmente, son los artífices del sofisma. Según Ferrater Mora, el sofisma consiste en un
argumento falaz que plantea defender lo falso mediante la confusión del contrario. El sofisma es un discurso
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que golpea la estructura mental de los oyentes. El absurdo que encierra los sofismas es capaz de desestabilizar hasta dejar aturdidos a los oponentes. Un ejemplo de sofisma es aquel que niega el antecedente de
un condicional: “Si Ivan es ruso, entonces Ivan es inteligente. Ivan no es ruso. Ivan no es inteligente”, o
aquel que afirma el consecuente de un condicional “Si Ivan es ruso, entonces Ivan es inteligente. Ivan es
inteligente. Ivan es ruso” (Ferrater Mora, 1965, p.701).
Los filósofos: la retórica como reino de lo verosímil.
Platón: la moralidad en la retórica.
La importancia de Platón en la retórica clásica no se aprecia tanto en los aportes técnicos al arte de
la persuasión política. Jaeger sostiene que este filósofo, en su diálogo Fedro, define el discurso como un
cuerpo vivo, el cual se compone de varias partes: unos pies (la introducción), un tronco y sus extremidades
(el cuerpo o desarrollo) y una cabeza (la síntesis o conclusión). Platón aporta la noción de un esquema orgánico del discurso: su confección exige que el retórico garantice una relación adecuada o armoniosa entre
las partes de ese cuerpo; las formas del discurso deben mantenerse en unas proporciones ajustadas (Jaeger,
1957, p.995-996).
La significación retórica de Platón se ubica más en las posibilidades de trazar las fronteras de los discursos persuasivos. Platón construye una evaluación moral del arte del buen hablar. En su diálogo Gorgias, repudia la práctica retórica pues la percibe como perjudicial para la formación humana; si bien en su diálogo
Fedro, esta actitud ya no es de amplio rechazo y comienza a asumir una postura próxima a una aceptación
condicionada de la retórica. A juicio de Jaeger, en la Carta Séptima, Platón expone “la problemática que
supone siempre la plasmación del pensamiento por medio de la palabra escrita (…) para formular la paradójica declaración de que ni él mismo ha encontrado posible exponer su teoría, razón por la cual no existe una
filosofía platónica escrita” (1957, p.997). En correspondencia con este giro en la valoración de la retórica,
se encuentran los esfuerzos que Platón por exponer sus ideas con metáforas: la alegoría de la caverna para
exponer su pensamiento fundamental; o la metáfora del cocinero y del médico para describir la retórica
misma; también las metáforas del tejedor, del pastor, del patrón de navío y del grande y robusto animal (con
la que se refería a la masa del pueblo), para referirse a lo político. Platón fue en este sentido un retórico.
En Platón, la labor de la filosofía y del filósofo, a diferencia de la retórica, consiste en conocer la naturaleza de la justicia, la bondad y la belleza. Dicha postura filosófica se ha conocido como idealismo: el conocimiento no se busca en la realidad sensible, se halla supeditada a la indagación de las ideas de las cosas.
Esta postura se acercaría hacia un abstraccionismo, una desvinculación del filósofo con la realidad inmediata, como condición para capturar la esencia de la realidad. Una vez que se hace con ese conocimiento
ideal, el filósofo retorna a la realidad empírica para cotejar la realidad de la idea con la realidad empírica y
determinar cuánto se aproxima la primera con respecto a la segunda.
En esta perspectiva, el filósofo también debía practicar la enseñanza para que los hombres aprendiesen
a vivir conforme a la verdad de las ideas. El filósofo persigue dos propósitos: investigar la realidad de las
ideas, pretendiendo el conocimiento verdadero; trascender lo aparente y las opiniones, y adentrarse en la
esencia del mundo. Por otro lado, el filósofo es un educador y su actividad consiste en enseñar la verdad y
transformar la vida de los hombres. Así como ocurre con la sofística, se comienzan a establecer las fronteras
entre la filosofía y la educación.
Al contrario de Protágoras y Gorgias, quienes asumen una postura relativista y escéptica, respectivamente, Platón era un convencido en la posibilidad de conocer la verdad. Se entiende así su cuestionamiento
a la retórica, pues la considera como una herramienta que no se preocupa por comprender lo verdadero. Al
permanecer en el nivel de las apariencias o lo superficial, la retórica no era un poder, tal y como presumían
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los sofistas. Para Platón, al abandonar la búsqueda de lo esencial, la retórica era incapaz de procurarle un
bien a quien le poseía.
La retórica tampoco fue estimada como un arte para Platón, entendiendo por arte “todo conjunto de
reglas idóneas para dirigir una actividad cualquiera” (Abbagnano, 1993, p.100). El arte de una actividad
requiere necesariamente la exposición de las razones que permitan encontrar el objetivo buscado. Los sofistas no daban con las causas o los fundamentos de cada uno de sus aportaciones al manejo persuasivo del
discurso, según Platón. La retórica no era más que una actividad rutinaria, una adquisición experimental de
producir placer en el oyente (ensayo y error). La filosofía platónica y su método, la dialéctica, no pretenden
abarcar lo que parece ser bueno, sino la bondad, no se aborda lo tangencial, como son las formas y razonamientos verosímiles.
La aspiración es a profundizar en la comprensión cabal de la sustancia de las cosas, aunque ésta no se
acomode a los gustos. En la visión platónica, la retórica se ocupa de procurar lo placentero sin detenerse en
los perjuicios que podrían obtenerse de ello; la clave persuasiva parece encontrarse en el deleite de las audiencias. El principal elemento de controversia entre la filosofía y la sofística queda expuesto: la distinción
entre la verdad como esencia de las cosas, y la verosimilitud como apariencia de las cosas, la distinción
entre entre episteme y doxa.
La percepción de platónica sobre la utilidad de la retórica se modifica en el tiempo. Tal cambio no implica una aceptación irrestricta. Así es como Platón desarrolla su tesis moral de la existencia de dos retóricas,
la buena y la mala. La persuasión positiva es la que asume en sus contenidos la verdad de las cosas, al no
haber mayor poder de convicción que la verdad misma. Dicha postura se proyectará en la antigüedad clásica y en el medioevo: para ser retórico es necesario contar con una cultura basada estrictamente en el saber
filosófico. La retórica recta procura lo mejor en términos filosóficos. La persuasión negativa es adulación,
sólo complace lo apetecido, el discurso se ajusta al público y sus inclinaciones. La retórica perjudicial está
vinculada a lo placentero o, en palabras de Claude Bremond, al hedonismo: la generación de una sensación
de goce (Bremond, 1974).
Aristóteles: el artificio de la retórica.
La propuesta retórica de Aristóteles surge en medio del debate entre la sofística y el platonismo. En
concordancia con su ética de la acción, que postula la necesidad de conocer las finalidades de las cosas y
los medios para lograr tales propósitos, Aristóteles problematiza la producción de la persuasión política e
indaga en los caminos a seguir para convencer a los oyentes. La sofística se cuestiona porque sus propuestas
no ofrecen reglas claras basadas en razones.
La retórica se eleva a la calidad de arte, renunciando a continuar la discusión sobre los aspectos positivos o perniciosos de sus usos. Según Jaeger, la antigüedad clásica consideraba al arte como una práctica
sujeta a un conjunto de reglas generales. La producción artística no se condiciona al arbitrio o capricho del
artista, tampoco a la experiencia de los ensayos y errores, sino a unas normas idóneas (1957, p.514-515). En
su obra Retórica, Aristóteles le define como la capacidad de considerar, en cada caso, las reglas necesarias
para persuadir. La técnica persuasiva divide la argumentación en tres elementos: el que habla, sobre lo que
se habla, y el que escucha (emisor, mensaje, receptor). Las reglas idóneas para persuadir a los oyentes se sitúan en el ámbito del mensaje, pues consisten en el empleo de la figura lógica conocida como el entimema.
Según Aristóteles, la argumentación retórica es un razonamiento a medias, debido a que se fundamenta
en una lógica entimemática. Él entimema es un silogismo incompleto, que constituye por tres premisas:
una proposición mayor, una proposición menor y la conclusión. El persuasor político encuentra con ello un
camino para introducir una idea en la mente del público. Al suprimir una de las premisas del silogismo, la
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operación de concluir con la argumentación queda en manos de la audiencia.
Barthes profundiza en el entimema en cuanto a forma del razonamiento retórico y, por tanto, como el
principal modo de razonar en política. La supresión de uno de los componentes del silogismo se efectúa
por varias razones. La premisa de partida es que no se puede negar la ignorancia del oyente. El público es
incapaz de seguir razonamientos complejos, y durante mucho tiempo. Considerando que estimular la vanidad del oyente es una forma acertada de convencer, el persuasor explota la ignorancia de la audiencia, haciéndole creer que alcanzó una conclusión valiosa gracias a su esfuerzo y talento (Barthes, 1974, p.49-54).
El entimema permite que sea el oyente quien disfrute completando una estructura formal de pensamiento.
La creencia es otro elemento del entimema que se considera como aporte aristotélico a la retórica. Según
Barthes, el filósofo concibe el entimema como razonamiento silogístico; en vez de estimarlo solo como
eliminación de una premisa, la entiende en términos de premisas o conclusiones contenidas por creencias.
La materia de la argumentación retórica es el sentido común, aquello estimado por el oyente como creíble:
lo que aparece como verdadero, sin serlo necesariamente. La retórica no pretende obtener y enseñar la verdad, entendida como realidad cierta, sustancia o esencia necesaria de las cosas (Abbagnano, 1993; Ferrater
Mora, 1965). La persuasión se refiere de manera exclusiva a las realidades aparentes, a las ilusiones en
torno a las cosas, a lo que se cree que es. El discurso político puede entenderse como un tratado acerca de
lo probable. Según Barthes, la materia del mensaje retórico es lo que la audiencia tiene como real, aunque
lo real no exista. Las premisas aristotélicas de la argumentación asumen un carácter verosímil. La verosimilitud es aquello que parece verdadero, sin pretender serlo (1974, p.17-18).
El discurso retórico recrea situaciones creíbles por el público, aunque los acontecimientos no hayan sucedido de esa manera. En Aristóteles, la regla del silogismo es precedida por otra norma, aquél aviso según
el cual es preferible un verosímil imposible que un posible verosímil: “más vale contar lo que el público
cree posible, incluso si es posible científicamente, que contar lo que es posible realmente, si este posible
es rechazado por la censura colectiva de la opinión corriente” (1974, p.17-18). La retórica se esfuerza en
adaptarse al nivel del público, con mensajes dotados de sentido común, razonamientos cortos y de sencilla
conclusión. El discurso se elabora siguiendo un saber compartido por un grupo social, es decir, se sostiene
en los estereotipos.
El arte de confeccionar discursos consiste en aplicar, según el caso, las reglas descritas. La primera
clasificación de la retórica se elabora a partir de tal estimación. Al ser el oyente la finalidad que persigue
todo empeño persuasivo: la retórica dirige toda su actividad, y su producción queda condicionada por las
exigencias del público. Las audiencias son de dos tipos: un espectador que juzga la habilidad desplegada
por el retórico; o un árbitro que evalúa lo ya ocurrido o aquello que va a acontecer. El primer caso se refiere
a la retórica demostrativa. Los discursos de este tipo se producen con temas que halagan o critican la ejecución de una actividad. La retórica demostrativa se enfoca en el presente, el ahora, y evalúa la belleza o
fealdad de una ejecución, su rendimiento. Ante este modelo, los oyentes se expresan aplaudiendo o pitando.
El segundo caso es el género persuasivo de tipo forense o judicial. Este discurso retórico se elabora a
partir de los juicios sobre lo ya acontecido. La retórica forense se remite al pasado, considera las acciones
según su justicia y su confección muestra dos rutas: la condena o la absolución. De último permanece el
discurso deliberativo, que condiciona la retórica a la evaluación del futuro. Este discurso busca persuadir
en relación con lo provechoso o lo perjudicial de las decisiones. La retórica deliberativa suele oscilar entre
esparcir esperanzas en la audiencia o infundirles temor.
Dicha clasificación del oyente revela que el juicio es la naturaleza fundamental de las audiencias; y
los públicos evalúan la realidad de manera absoluta. Este concepto de la persuasión permite estructurar
la política alrededor de dos núcleos: la acción y el discurso. Toda expresión política buscaría disponer los
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juicios de la audiencia a favor o en contra de una acción. El público es un árbitro de todo cuanto acontece
en la ciudad política. La acción política puede examinarse con criterios estéticos, prácticos o morales y sus
juicios llegan a ser categóricos. El persuasor vendría a ser un sujeto que acude ante el juicio del público
para afianzar o modificar su posición.
La antigua Roma (siglo I a.C.).
Antecedentes históricos.
En la Roma clásica se concreta otro avance retórico en la forma de la oratoria. Su desarrollo se produce
durante la crisis y caída de la República; en un contexto de cambio y transformaciones desde una forma de
gobierno aristocrática, cuya expresión máxima era el Senado, hacia un gobierno donde las decisiones sobre
los asuntos públicos estarían concentrados en un principado. Es en esta etapa clásica cuando se aprecian
intensas luchas políticas, que emplean constantemente la violencia en cualquiera de sus modalidades, y
que cristalizan finalmente en aquella guerra civil donde Julio César y sus partidarios se enfrentan contra
Pompeyo y sus seguidores aristócratas.
La figura del político Marco Tulio Cicerón destaca en la formación o consolidación de tales conflictos.
Cicerón despliega una parte importante de su actividad política en el Senado, donde ejecuta una labor
oratoria reconocida para la época y la posteridad. Cicerón concebía a la oratoria como una herramienta indispensable para asegurarse alguna influencia en el Senado y en el pueblo romano. Tal era la trascendencia
de la oratoria, que Cicerón sitúa al orador en su ideal republicano. El orador sería una figura dedicada a la
dirección de los asuntos públicos, que cuenta principalmente, en su accionar político, con la fuerza persuasiva de la palabra para resolver los conflictos (Grimal, 1986).
El ideal del orador se oponía a la figura ya existente del emperador, magistrado que se apoyaba en el
uso de la fuerza como recurso de gobierno: “La autoridad soberana era lo que se llamaba el poder militar
(imperium). Gracias a ella el funcionario que la ejercía poseía el más amplio derecho de mandar y ordenar
o de prohibir e impedir; dirigía los asuntos de la comunidad (res publica), especialmente en lo que a la
justicia y el ejército se refiere” (Bloch, 1942, p.33). Los esfuerzos dedicados por Cicerón a la reflexión de
la oratoria son de gran valor, y quedando expuestos en escritos como los Dialogos del Orador, El Orador y
la Retórica a Herennio.
Cicerón: la retórica como expresión operática.
Cicerón representa el momento culminante en la estimación de la oratoria como acción política. El
ciudadano romano no oponía el discurso a la práctica política: le consideraba una expresión de la última.
Tal manera de apreciar a la retórica parece haber sido inaugurada con Catón. Pierre Grimal sostiene que
en la evolución del debate sobre la elocuencia, cuya finalidad es en definitiva la voluntad de actuar, Catón:
“aparece como precursor. Es uno de los primeros -tal vez el primero- que quiso que sus discursos fuesen publicados, más que por la vanidad de autor, sin duda con el propósito de prolongar su acción” (1986, p.187).
La visión ciceroniana de la retórica es ante todo política. Sus aportes al arte de la persuasión son difíciles
clasificar en la tipología de Roland Barthes. Cicerón no es, ni parece pretender ser un técnico, un educador y
mucho menos un científico de la retórica. Su preocupación no se inclina a la búsqueda del lucro, ni defender
o subvertir una moralidad. Su labor consiste en una práctica que sitúa a la retórica al servicio del gobierno,
así como a las expresiones culturales. La retórica es un instrumento político y su empleo ha puesto en evidencia los efectos deseables que puede producir en el ambiente político.
Los aportes de Cicerón al arte de la persuasión son las del hombre político, el individuo que reflexiona
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sobre una herramienta no por su valor intrínseco, sino para perfeccionar su uso, con miras a conseguir el
éxito político. Pierre Grimal afirma que Cicerón no aprecia la cultura como destino cierto del hombre romano, tampoco el abandono por completo de cualquier cultivo humanista, sino: “el que se afana por ser,
ante el pueblo y en el Senado, un «buen consejero»; por consiguiente, el que es capaz de descubrir o al
menos reconocer la verdad acerca de cada problema” (1986, p.188-189). La conexión de la reflexión a la
acción política, claro está, no está exenta de los intereses que se defienden, sino que surge en el auge de los
conflictos.
La retórica es en esencia expresión para Cicerón. Ésta es vista como una herramienta al servicio de la
fiel manifestación de los pensamientos y afectos. La expresión retórica debe ir más allá de la argumentación; o la disposición de las partes del discurso; y el empleo de las figuras elocuentes. A su entender, el
orador también ha de observar la pronunciación. El discurso adquiere con ello movimiento, perdiendo la
estática del lenguaje escrito. La pronunciación representa la acción del discurso; es el ritmo que busca y
entabla una especie de danza entre el orador y el oyente, y en el cual el primero le conduce hacia donde
su voluntad indique; también es el tono que le imprime suavidad, agudeza o fuerza al discurso. El orador
perfecto es aquél que expresa los afectos con su acción y que conmueve las pasiones de los oyentes.
En sus Diálogos del Orador, Cicerón (1946) señala que la pronunciación exige la manipulación del semblante. El orador tiene en su rostro a la mejor forma expresiva, en especial sus ojos, ellos reflejan muy bien
las variaciones de las emociones. Los ojos serían el espejo del alma. La pronunciación exige también del
gesto, con ella declara la totalidad de una idea. En este repertorio resalta luego el sonido. Para ello conviene
que el orador eduque su voz con esmero, siempre atento a la dicción y a la adecuada respiración. En escena
entra, finalmente, el cuerpo humano apreciado en su totalidad. El buen orador asume una postura erguida,
fuerte y varonil; cual si se tratase de un director de orquesta, sigue el ritmo de las palabras pronunciadas con
sus manos. El orador, con su pie, debe golpear el piso con fuerza, al inicio o al final de su acción discursiva.
Cicerón sostiene la necesidad de que el orador mantenga sus brazos alzados, listos para lanzar el rayo de
la elocuencia.
La voz exige un tratamiento más extenso, al ser uno de los fundamentos de la pronuntiatio. En El Orador, Cicerón (1967) clasifica las formas retóricas según el estilo de voz, a saber: el majestuoso o grave, el
sencillo o agudo, y el intermedio o templado. Cada una de las categorías son definidas según las escalas en
la modulación de los sonidos; siendo amplificador el primero, simplificador el segundo y el último representa una escala de tipo intermedio. La escala más baja le corresponde al estilo sencillo, propio de quien
enseña, el que intenta desarrollar una argumentación. El estilo sencillo es una imitación del uso ordinario
de la lengua. Por su forma llana y modesta, el orador se aleja de lo llamativo. La sobriedad impera en este
discurso.
El segundo estilo es el grandilocuente, propio de quien pretende vencer a los contrarios, por la vehemencia o contundencia en el hablar. La oratoria majestuosa es la dicción inflamada, la modulación de la voz que
se dirige a encender las emociones. Esta oratoria es la que gobierna los ánimos. Ésta tiene la capacidad de
implantar o arrancar una opinión, el éxito político sólo puede obtenerse con esta acción discursiva. El estilo
moderado, en cambio, es un punto medio entre las anteriores, propio de quien busca agradar al oyente. Se
deleita con una conversación amena, alejada de los excesos propios de la sobriedad o el hablar suntuoso. La
voz no abandona el ritmo y la tonalidad; el ritmo introduce una sucesión de voces y pausas que le adhiere
al discurso un movimiento necesario para atraer y mantener la atención de la audiencia.
El buen orador sabe cuándo emplear cada uno de los estilos. El sentido de la oportunidad es fundamental. Cicerón sostiene la necesidad de aprender a reconocer la ocasión aplicar cada acción discursiva. Dicho
aspecto es tratado como lo decoroso, es decir, tomar en cuenta al oyente: condición, jerarquía, autoridad,
edad, además del lugar y el tiempo de ejecución. Lo decoroso sería lo apropiado conforme al oyente y las
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circunstancias. Las audiencias no pueden ser tratados con el mismo discurso, tanto en palabras como en
tonalidades. La retórica consiste en acomodar, en cada caso, los argumentos, las pruebas, las figuras, la
disposición y la pronunciación.
El requisito de calibrar el momento se relaciona con la clase de asunto a tratar y los riesgos propios
de los estilos de oratoria. El estilo sencillo sirve para tratar temas corrientes; bajo en ritmos, conduce a la
monotonía y al aburrimiento. Este discurso se aplica en la enseñanza: permite alcanzar un estado de ánimo sosegado, favorable para el aprendizaje. La oratoria moderada se emplea en asuntos de trascendencia
media, por lo que se procura generar agrado: podría agotar al oyente, con su inclinación a complacer los
diversos gustos. El estilo majestuoso se usa en las grandes ocasiones, al arrancar sonoros aplausos. La grandilocuencia conlleva un mayor riesgo. El orador puede aparecer como un insensato o con poca cordura, por
las muestras de desequilibrio que exige su desempeño, aventurándose así al desprecio del público.
Barthes califica a la oratoria como teatralidad; quizá sea más adecuado catalogarla como expresión
operática. El orador aparece como un actor, dispuesto a variar las tonalidades de su discurso, según lo exija
el decoro de cada situación. No es un actor común, sino uno que está convencido plenamente en lo que
dice; éste cree profundamente en el papel que interpreta. En los Diálogos del Orador, Cicerón afirma que
el oyente no puede sentir dolor, odio, envidia, temor y tampoco puede mover al llanto o misericordia, si
tales afectos no se encuentran inscritos en el orador. Conmover a una audiencia requiere una perturbación
idéntica en el ánimo del orador.
3.- MÉTODO
Diseño
El presente artículo consiste en una revisión de la literatura sobre la retórica antigua. La revisión ha
sido selectiva, enfocándonos en autores que se han constituido en referencia sobre la materia, en la Grecia
y la Roma antiguas. El estudio presenta, por consiguiente, un diseño exploratorio, no experimental, y de
naturaleza cualitativo.
Instrumentos
La investigación aplica un nivel de análisis documental-biliográfico de tipo transversal; se apoya en lecturas contemporáneas de textos clásicos, indagando básicamente en torno a fuentes primarias. El análisis de
la retórica antigua, como categoría del discurso político, requiere acudir a las fuentes directas por su mismo
carácter controversial. Es importante precisar que, en relación con la escuela sofística, origen del debate
retórico antiguo, casi no se disponen de documentos o bibliografía de sus autores fundamentales.
Procedimiento
El procedimiento aplicado consistió en la revisión exhaustiva de la bibliografía sobre la temática de la
retórica, la persuasión y la propaganda políticas, visto que el discurso en democracia consiste en una apelación permanente por votar en favor de una candidatura. Es fundamental resaltar la consulta de especialistas
de la comunicación política, con una reconocida trayectoria y visión clave en el área, y con cuyos concursos
se facilitó la elaboración de un mapa temático exhaustivo. La recuperación de la literatura no representó
dificultad alguna, mientras que el proceso de revisión y extracción cuidadosa de la información fluyó en
torno a la elaboración de fichas bibliográficas contentivas de ideas y notas de trabajo.
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4.- CONCLUSIONES
El descrédito de la retórica sólo se descarta en la década de los cincuenta del siglo XX. La aparición del
Traité de l’argumentation, de Chaim Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca; así como los aportes del Grupo de
Lieja (Dubois, Edeline, Klikenberg, Minguet, Pire y Trinon), le otorgan una estabilidad científica e institucional. Los estudios neorretóricos se caracterizan por una separación entre la teoría de la argumentación y
la teoría de las figuras; y también por una diferenciación entre la retórica de la ficción literaria y la retórica
de lo cotidiano.
Los estudios modernos de retórica se enfocan, como nuevo paradigma, en descubrir y explicar las reglas
del juego comunicativo, en lugar de formular los preceptos necesarios para la confección conveniente de
los discursos. Una explicación a este revolución en el análisis de los discursos, y del político en particular,
obedece a las posibilidades técnicas que ofrece la misma modernidad. La reflexión clásica difícilmente
podía asumir una aproximación descriptiva y explicativa del fenómeno discursivo, dadas las casi insalvables dificultades de conservar físicamente un discurso. Los estudios modernos de retórica se alejan del
tratamiento especulativo de los discursos, puesto que en la actualidad se cuentan con los instrumentos para
la grabación y reproducción material de los mismos.
Las contribuciones de la retórica antigua a la disciplina de la comunicación política son de distinta
índole. En primer lugar, el discurso político nace como objeto de análisis. Con los sofistas aparece la problemática fundamental de todo lenguaje: la brecha entre el discurso y la realidad. Esta escuela antigua se
enfoca tanto en identificar las dificultades del acto humano de comunicar, como en ampliar las posibilidades
expresivas del lenguaje. Por otro lado, el artefacto retórico, o la máquina, en palabras de Roland Barthes,
como productos de una cultura y civilización, queda constituido, a saber: la inventio, la elocutio, la dispositio, la pronuntiatio y la memoria.
Las dos primeras piezas, el razonamiento y la cualidad emocional de los discursos políticos, son elementos esenciales en el desarrollo de la comunicación política y los mensajes electorales, en tanto vías
acertadas para operar como mecanismos persuasivos. La dispositio y la memoria, poco valoradas en su
potencialidad comunicativa, fueron ejes de la propaganda hitleriana. En este esquema totalitario, el primer
elemento fue definido como la orquestación, y consistía en la organización de los mensajes y su difusión. La
segunda pieza se planteó en términos de la repetición incensante del mensaje, hasta adherirse en las mentes
y los corazones de los receptores.
El desarrollo de ambas estructuras retóricas, una argumentativa y lógico-racional, y otra emotiva o
pasional y de naturaleza psicológica, se verifica en Aristóteles, considerado por ello como precursor de
nuestra cultura de masas. Los esfuerzos por construir mensajes políticos ajustados a las formas de pensar
y sentir del público, precepto fundamental del marketing político (political consulting), son próximos en
la época clásica y en la modernidad; si bien en nuestra sociedad contemporánea predomina la noción de
una democracia de masas. De allí el desarrollo de técnicas de medición de opinión pública, cuantitativas
y cualitativas, como las encuestas, los talleres focales y el análisis etnográfico, principalmente. Asimismo,
en la reflexión clásica se identifican las principales áreas que configuran los estudios de comunicación política: un emisor, un receptor, un canal o medio de transmisión (pronuntiatio) y un mensaje, tanto en lo que
concierne a sus contenidos (inventio), como a sus continentes (elocutio).
La retórica ha sido recuperada para la comprensión de los procesos electorales. En su Political Campaign Communication, Judith Trent y Robert Friedenberg definen las elecciones como eventos donde se
producen distintos intercambios retóricos o funciones comunicativas. Las campañas electorales son descritas como actos retóricos, pues reflejan contextos sociopolíticos que despliegan estrategias de persuasión.
El mensaje retórico es el mismo: “Voten por mi candidatura”. Para Trent y Friedenberg, en los distintos
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momentos de las campañas electorales se ejecutan dos clases de intercambios retóricos: una instrumental
o pragmática, que realiza contribuciones específicas y tangibles en la decisión del elector; y una retórica
simbólica o de consumación, que pretende satisfacer expectativas y requerimientos de naturaleza ritual.
Ambas dimensiones se resumen en el mitin electoral (political convention), tanto en su esfuerzo persuasivo, como en su carácter de fiesta electoral. La utilidad comunicativa de ambos tipos retóricos se centran
en activar o reforzar a los partidarios con argumentos que les permitan identificar y superar los desafíos
de la campaña electoral (pragmática); y en despertar o consolidar los vínculos que les cohesionan como
miembros de una comunidad política (ritual). Es importante señalar que Angel Alvarez, en su trabajo ¿Para
qué sirve la publicidad electoral?, propone una metodología de análisis de contenido de los anuncios electorales, con base en la clasificación aristotélica de los oyentes. El planteamiento central consiste en clasificar
los discursos políticos, según si es el mensaje se inclina a premiar o castigar el pasado; esperanzar o atemorizar el futuro; y aclamar o pitar la realización presente. La aplicación de este esquema de análisis sería un
objetivo en futuros trabajos de investigación empírica.
En la Era Digital, la retórica se constituye en una variable a ser estimada en el desarrollo de la comunicación estratégica. La capacidad de las organizaciones para articular discursos que conecten con públicos
globales, que demandan información a diario y al instante, con coberturas permanentes de eventos y proyectos, representa una dimensión fundamental en la construcción de imagen corporativa. Como indican Daniel Barredo y Daniel de la Garza (2016), en su Comunicación Estratégica. Metodología y Resultados de un
Análisis de Imagen Corporativa, la comunicación organizacional contemporánea enfatiza la necesidad de
potenciar el uso de las redes sociales. En tal sentido, sería valioso indagar la estructura discursiva presente
en las comunicaciones de la Era de la Posverdad política, como las fakes news o bulos informativos, y sus
efectos en los consumidores; o la confección de mensajes electorales, con una combinación de ataques y
escándalos, a través de plataformas digitales 2.0 como Twitter, la cual sólo ofrece 280 caracteres de espacio.
Asimismo, en esta Era de la Información y la Posverdad, la dispositio y la memoria han adquirido una
significación tan relevante, que quizá se han convertido en el mensaje mismo. El desarrollo de la inteligencia artificial (AI), y la aparición de los bots y los trolls, permite inundar las redes sociales con mensajes
repetitivos, simulando una interactividad generadora de espirales de opinión que pueden ser determinantes
en ambientes electorales con resultados estrechos.
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México, ISSN 2395-8448. pp 106-123. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/111
�El Imperio Retórico: Auge y Caída
Mortara Garavelli, B. (1991). Manual de Retórica. Madrid, España: Cátedra.
Perelman, CH., Olbrechts-Tyteca, L. (1989). Tratado de la Argumentación. Madrid, España: Gredos.
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México, ISSN 2395-8448. pp 106-123. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/111
123
�124
Politica Editorial
Misión.
•
Somos una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a través de la reflexión y el
debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la construcción de conocimiento que
redunde en el desarrollo académico, organizacional en el entorno local, nacional e internacional.
Visión.
•
Ser para el 2024 una revista de referencia para el mundo académico por su periodicidad, calidad científica, citación en bases de datos de impacto, aceptada en bases bibliográficas con comité
científico de selección (BBCS).
Objeto y alcance de la revista.
•
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía es una revista científica de Ciencias Sociales, Políticas
y Relaciones Internacionales que impulsa el intercambio, la difusión y la transferencia del conocimiento en el campo, con énfasis en el área de Política; para ello, toma como referente la realidad
política de América Latina y el mundo. Se fundamenta en la calidad de la producción científica, con
base en la sistematicidad y el rigor, utiliza en su proceso de revisión por pares la metodología doble
ciego (Double Blind Review), publica artículos originales resultados de proyectos de investigación
y revisiones bibliográficas bajo los lineamientos de las normas de publicaciones de la American
Psychological Association (APA) sexta edición.
•
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía acoge las buenas prácticas del Comité de Ética en Publicación (COPE, por sus siglas en inglés Committe on Publication Ethics), se edita semestralmente
enero-junio, julio-diciembre y circula desde el año 20015, bajo el patrocinio de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, en formato electrónico en Open Access. Divulga sus trabajos en los
idiomas español e inglés y está dirigida a la comunidad científica en Política; en especial, a investigadores y docentes que se ocupen del campo de la ciencia política y las relaciones internacionales.
Líneas Temáticas.
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Cuerpos Académicos
Administración Pública
Comercio y Negocios Internacionales
Comunicación Política
Estudios Regionales Internacionales
Gestión y Política Educativa
Gestión Energética y sustentabilidad
Gobernanza Universitaria
Participación Ciudadana y DDHH
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Subáreas Scopus
Ciencias Políticas
Ciencias Políticas y RI
Sociología y Ciencias Políticas
Proceso de gestión editorial. Postulación y recepción del artículo: Esta etapa inicia con el envío del
artículo por parte del autor a través de la plataforma del OJS (Open Journal Sistems). El autor debe
enviar el artículo en formato Word, junto con su hoja de vida. Una vez el artículo es postulado, se
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hace de forma automática la recepción del artículo y el acuse de recibido.
•
Revisión Editorial previa: Los editores en un periodo máximo de 72 horas a partir de la recepción
evaluarán los artículos postulados y determinarán si estos se encuentran dentro del alcance de la
revista. En esta fase se hace una revisión de la calidad editorial y la contribución al conocimiento
del artículo postulado. Se revisa su estructura (forma y contenido), verificando que se cumpla con la
norma de publicación de la American Psychological Association (APA). Si el artículo postulado no
cumple con los criterios editoriales establecidos se le notificará al autor la decisión editorial, si por
el contrario el articulo supera la etapa de revisión previa pasa inmediatamente a revisión por pares.
•
Revisión por Pares: Esta evaluación se realiza bajo la modalidad del método doble ciego, es decir,
el artículo será enviado en completo anonimato. En esta etapa se designan dos revisores expertos
en la temática, para que, con base en las políticas editoriales, y teniendo en cuenta un formato de
evaluación analicen el articulo asignado. Los revisores tendrán un periodo de tiempo de quince
(15) días para realizar su respectiva revisión. Una vez los evaluadores emiten su concepto se le
comunica al autor principal. Si el articulo no fue aceptado por los pares se le comunica de manera
sutil al autor principal. Si el artículo fue aceptado con algunas sugerencias, se le envía al autor la
evaluación anónima para que realice los respectivos ajustes.
•
Revisión Editorial (después de pares): El editor verificará detalladamente que los autores hayan
realizado las correcciones sugeridas por los pares.
•
Revisión de estilo: Una vez el editor haya verificado que las correcciones se han realizado, se procederá a enviar a corrección de estilo. En esta etapa, el corrector se encargará aspectos de redacción
y estilo del texto.
•
Traducción: Después de la corrección de estilo, el artículo se envía a un experto en segundo idioma
para que haga la respectiva traducción del resumen y las palabras clave.
•
Diagramación (Edición): Esta etapa busca garantizar la apariencia estética del artículo adecuando
los espacios, la tipografía y los colores.
•
Revisión final del editor: El editor otorga la aprobación definitiva.
•
Publicación: Los artículos se encuentran en la etapa final del proceso, listos para ser publicados.
•
Tipo de artículos aceptados. Los autores pueden postular a Revista Política, Globalidad y Ciudadanía tres tipos de artículos: Originales resultados de proyectos de investigación científica y
tecnológica, revisiones bibliográficas y reseñas.
•
Artículos de investigación científica y tecnológica: Documentos que presentan de manera, detallada, los resultados originales de proyectos de investigación terminada. La estructura contiene título,
resumen, abstract, introducción, método, resultados, discusión, conclusiones y referencias. Debe
presentar 30 referencias, preferiblemente, citando a otros artículos de revistas científicas, los cuales
deben estar citados al interior del documento. Un artículo científico es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación.
•
Artículos de Revisión: Documentos resultantes de una investigación donde se analizan, sistematizan e integran los hallazgos de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza
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por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
•
Reseñas: Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema particular.
Funciones del Comité Editorial y Científico.
•
Para su operación, la revista cuenta con un comité editorial y un comité científico conformado por
investigadores nacionales e internacionales. El papel de estos comités es trazar la política y la estrategia de la revista con el fin de lograr un posicionamiento significativo en la comunidad científica
de las Ciencias Políticas y velar por la calidad de los trabajos en ella publicados.
Comité Editorial.
•
Es el órgano compuesto por docente-investigadores reconocidos en el área de ciencias políticas y
relaciones internacionales, con afiliación institucional en México y amplia trayectoria investigativa.
Su función en primera instancia consiste en asesorar al editor-jefe y coeditor en la gestión editorial
de la revista, además de evaluar el desempeño de ésta y formular recomendaciones para mejorarla.
Sus funciones están enfocadas a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Diseñar la política editorial en conjunto con el editor-jefe
Velar por el cumplimiento de todos los procesos editoriales para garantizar el rigor y el valor
científico de los artículos publicados
Asesorar en la planificación estratégica de la revista
Apoyar en la asignación de árbitros
Verificar y aprobar los números publicados en las ediciones de la revista
Aprobar las líneas temáticas
Realizar convocatorias para la postulación de artículos
Promocionar la revista en eventos, conferencias y espacios de difusión
Proponer temáticas de números especiales
Sugerir bases de datos para la indexación de la revista.
Comité Científico.
•
Es el cuerpo de investigadores reconocidos en el campo de las ciencias políticas y relaciones internacionales, con afiliación institucional extranjera que tiene la función de garantizar la credibilidad de la revista. Además, es el encargado de evaluar permanentemente la calidad científica del
contenido publicado y asesorar al comité editorial en cuanto a la actualización de los lineamientos
y políticas editoriales con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de las publicaciones. Son
funciones de este comité:
•
•
•
Participar junto con el comité editorial en la formulación de la política editorial
Asesorar al comité editorial en el establecimiento de los criterios de calidad
Invitar a miembros reconocidos de instituciones internacionales a que publiquen sus artículos en
la revista
Promocionar la revista en eventos, conferencias y espacios de difusión.
•
Política de acceso abierto
•
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía proporciona acceso abierto inmediato a su contenido,
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sobre el principio de que la investigación libremente disponible para el público apoya un mayor
intercambio global de conocimientos. La revista está autorizada en el marco de la Licencia Creative
Commons Atribución-No Comercial-Sin Derivadas 4.0 – México, que permite a terceros descargar
las obras y compartirlas con otros, siempre que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente. Se deja en claro, que los autores no
asumen ningún costo por el proceso editorial de sus artículos ni su publicación. Todos los costos
editoriales son asumidos por la Universidad Autónoma de Nuevo León como institución editora.
Copyright.
•
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•
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•
El copyright de Revista Política, Globalidad y Ciudadanía pertenece a la Coordinación de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
Para la reproducción del material publicado en esta revista se deberá solicitar autorización a la Coordinación de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Dirección: Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales, Praga y Trieste s/n Col. Residencial Las Torres, Monterrey, Nuevo León, México.
C.P. 64930. http://www.facpoliticas.uanl.mx/
E-mail: revista.politicas@uanl.mx; revistapoliticas.uanl@gmail.com; publica.policas@uanl.mx
Una vez aceptado un artículo para su publicación, el autor (es) traspasa los derechos de copyright a
la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía.
Frecuencia de publicación.
•
La Revista Política, Globalidad y Ciudadanía publica de manera semestral, de enero a junio y de
julio a diciembre.
Declaración de conflictos de interés
•
Los autores no evidenciaran conflictos producto de relación con cualquier tipo de institución o asociación comercial o de otra índole, en relación con lo divulgado en el artículo. Es decir, dar conceptos negativos o juzgar de manera muy positiva lo publicado por intereses personales, competencias
académicas, pasión intelectual.
•
Los autores que postulen artículos de investigación, artículos de revisión, y reseñas a la Revista
Política, Globalidad y Ciudadanía, deben garantizar que sus procedimientos y metodologías se
ajustan a los códigos éticos de publicación cuya garantía constará por escrito en el formato aceptación o compromiso de cesión de derechos patrimoniales de autor y declaración de conflictos de
intereses, el cual se solicitará conjuntamente con el envío del artículo para su revisión preliminar,
haciendo plenamente responsable al o los autores de prácticas poco éticas, discriminatorias, ofensivas, agresivas, etcétera; en las que hayan podido incurrir dentro de la investigación de donde deriva
el artículo.
•
Del mismo modo el autor está obligado a informar los conflictos de interés que pueda tener su trabajo en caso de que los tenga. La persona que haga el envío del manuscrito para publicación será
identificada como el garante del trabajo en su totalidad y con él se establecerán las comunicaciones
relacionadas con el proceso de edición.
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Normas de ética en investigación.
•
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía acoge las buenas prácticas del Comité de ética en Publicación (COPE, por sus siglas en inglés, Committe on Publication Ethics), el cual se encarga de la
ética y moral de las publicaciones científicas. La revista toma como referente las normas internacionales para editores y autores y las incorpora dentro de su proceso de gestión editorial estableciendo
una guía ética para el editor, los autores y los revisores.
Equipo editorial.
•
•
El equipo editorial debe realizar sus funciones editoriales basadas en las buenas prácticas de edición
científica fomentando la transparencia, la originalidad, la integridad y la calidad de todas las publicaciones.
Debe adoptar medidas para la detección de plagio, auto plagio, fraude por falsificación o manipulación de datos, publicación redundante o duplicada.
Editor
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•
El editor es el responsable de todo lo publicado en la revista, debe basar sus decisiones en la validez
del trabajo y en la importancia que tenga para los lectores; por lo tanto, se hace libre de expresar
de forma crítica pero responsable y respetuosa sus impresiones derivadas de la revisión de los
artículos.
Las decisiones de aceptar o rechazar un artículo para publicación deben ser objetivas y basarse
únicamente en la importancia, originalidad y claridad del objeto de estudio.
Debe sostener una comunicación cordial y respetuosa con los miembros del equipo editorial, comités científicos y editorial, autores y revisores.
Debe fomentar un comportamiento responsable y disuadir de las malas prácticas editoriales.
Debe actuar como garante de la confidencialidad de la información contenida en los manuscritos
recibidos y en los comentarios de evaluación.
Debe proporcionar información actualizada sobre los criterios de autoría siguiendo las normas
éticas internacionales en publicación.
Debe tomar medidas correctivas en caso de plagio u otra mala conducta.
Debe informar a los autores si el artículo será admitido a proceso de evaluación por pares.
Podrá retirar artículos publicados en caso de una mala práctica comprobada.
Autores
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Los autores deben tener un compromiso con el desarrollo ético y responsable de sus investigaciones.
Sus trabajos de investigaciones deben ser producción propia, inédita y original. No deben tener
plagio ni auto plagio.
Deben proporcionar de forma correcta sus datos personales
Los artículos deben ser coherentes con el contenido del trabajo, es decir, el problema de investigación identificado debe corresponder con los objetivos del artículo, la metodología, los resultados
y las conclusiones.
Deberán enviar de forma transparente y original toda la documentación requerida por el equipo
editorial
Deben proporcionar el uso de permisos si se utilizó recursos de otros autores (imágenes, etc.).
Deben confirmar que la propuesta del manuscrito no ha sido enviada a otra revista.
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•
Se comprometen a declarar cualquier posible conflicto de interés.
Revisores
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•
•
Los revisores deben adoptar una posición integral al momento de evaluar los artículos, la revisión
debe ser objetiva en relación con el contenido del trabajo.
Las decisiones de los revisores deben estar fundamentadas en el rigor y la calidad científica.
Sus comentarios deben estar argumentados mostrando siempre respeto por el trabajo del autor.
Deberán informar al editor en caso de detectar similitud entre el trabajo que revisa y alguna obra
publicada, o si tiene conocimiento de una obra similar en proceso de revisión.
Los revisores no tendrán acceso a los datos de los autores del artículo que evalúan y tampoco podrán exigir información acerca de ellos.
Deberán enviar las evaluaciones en el tiempo estipulado por la revista.
Privacidad y Confidencialidad.
•
•
•
•
La identificación de información de organizaciones y empresas no deberá ser publicada en el artículo sin previo consentimiento de manera escrita para la publicación.
El editor no expondrá la información de los artículos, el estatus de revisión por árbitros y la aceptación o negación de la publicación.
Los árbitros deberán respetar los derechos de propiedad privada de los autores, por ende, no podrán
en ningún caso discutir su trabajo de manera pública o apropiarse de las ideas de los autores. Prohibiéndose compartir información con otro árbitro.
La evaluación del árbitro permanecerá en anónimo y no deberán ser expuestos en forma pública sin
permiso del autor y el editor.
Política Anti-Plagio.
•
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía se rige por la normativa de la Organización mundial de
propiedad intelectual, la cual rige para México a través de la Ley Federal del Derecho de Autor. Por
esta razón todos los artículos presentados a la revista serán sometidos a verificación con software
anti-plagio.
Política de preservación de archivos digitales.
•
La Revista Política, Globalidad y Ciudadanía utiliza para la conservación de sus archivos digitales
el sistema LOCKSS para crear una herramienta de archivo distribuido entre bibliotecas colaboradoras, a las que permite crear archivos permanentes de la revista con fines de conservación y
restauración.
Publicación duplicada.
•
•
La publicación del artículo que coincide en su contenido y estructura con otro trabajo previamente
publicado en medio magnético o en papel, sin otorgarle crédito a la fuente inicial, constituye una
violación ética de las normas de publicación de la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía. Bajo
las siguientes situaciones:
Reproducción completa de un artículo previamente publicado, unión de dos artículos o más para
producir otro artículo, utilización de la muestra de un artículo original reportando diferentes resultados, adición de nuevos datos a un artículo preliminar, utilización de parte de las muestras de un
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estudio con los mismos resultados y muestras y resultados diferentes del artículo original.
Solicitud de aclaración.
•
•
Si un autor considera que se ha tomado una decisión inapropiada sobre su publicación, entonces
puede solicitar una aclaración mediante una comunicación formal enviada al Editor a través de
correo electrónico revista.politicas@uanl.mx.
Dependiendo de la complejidad de la situación, esta podrá ser resuelta directamente por el Editor en
su defecto el Comité Editorial quienes analizaran la situación planteada a fin de dar una respuesta
oportuna.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Campus Mederos Ave. Praga y Trieste s/n Col. Residencial Las Torres, C.P. 64930. Monterrey, México. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía
Tel: (52)- 8183294000
Monterrey - México
Contactos:
revista.politicas@uanl.mx
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Publishing Policy
Mission.
We are a quality scientific journal which seeks the socialization of knowledge of the Political Science and
International Relations academic community through reflection and critical debate of its published articles,
contributing to the construction of knowledge that will help the academic and organizational development,
locally, nationally and internationally.
Vision.
To be, by 2024, a reference journal for the academic world due to its periodicity, scientific quality, reference
in impact databases, accepted in bibliographic bases with a scientific selection committee (BBCS).
Object and Scope of the Journal.
•
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía is a scientific journal on Political Science and International Relations (Social Sciences) that promotes the exchange, dissemination and transfer of
knowledge in the field, with emphasis on the area of Politics; for this purpose, it is based on the
political reality of Latin America and the rest of world. It relies on the quality of scientific production considering systematics and rigor; it uses the Double Blind Review methodology in its peer
review process; it publishes original articles, results of research projects and literature reviews
under the guidelines of the publishing standards of the American Psychological Association (APA),
sixth edition.
•
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía welcomes the good practices of the Committee on Publication Ethics; it is edited semi-annually, January-June and July-December, and it is distributed
since 2015 under the support of the Universidad Autonoma de Nuevo León , in electronic format in
Open Access. It spreads its work in Spanish and English and it is addressed to the scientific community in Politics, mainly to researchers and teachers who deal with the field of Political Science
and international Relations.
Líneas Temáticas.
Cuerpos Académicos
• Public administration
• International Trade and Business
• Political Communication
• International Regional Studies
• Educational Management and Politics
• Energy Management and Sustainability
• University Governance
• Citizen Participation and Human Rights
Subáreas Scopus
• Political Science
• Political Science and International
Relations
• Sociology and Political Science
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México, ISSN 2395-8448. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/11
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Editorial Management Process.
•
Application and Reception of an Article: This stage begins with the submission of the article by the
author through the Open Journal Systems (OJS) platform. The author must send the article in Word
format, along with his curriculum vitae. Once the article is applied, the reception of the article and
the acknowledgment of receipt are automatically made.
•
Prior Editorial Review: Editors will evaluate the applied articles and determine if they are within
the scope of the journal in a maximum of 72 hours from receipt. In this phase, a review of the
editorial quality and the contribution to the knowledge of the applied article is made. Its structure
(form and content) is reviewed, verifying that the publishing standard of the American Psychological Association (APA) is complied with. If the applied article does not comply with the established
editorial criteria, the author will be notified of the editorial decision; if, on the contrary, the article
exceeds the prior review stage, it is immediately reviewed by peers.
•
Peer Review: This evaluation is done under the modality of double-blind method, that is, the article
will be sent in complete anonymity. In this stage, two reviewers’ experts in the subject, based on
the editorial policies, and taking into account an evaluation format, analyze the assigned article.
The reviewers will have a period of fifteen (15) days to carry out their corresponding review. Once
the evaluators issue their concept, the main author is informed. If the article is not accepted by the
peers, the main author is communicated subtly. If the article is accepted with some suggestions, the
anonymous evaluation is sent to the author to make the corresponding adjustments.
•
Editorial Review (after pairs): The editor will verify thoroughly that the authors have made the
corrections suggested by the peer.
•
Style Review: Once the editor has verified that the corrections have been made, the article will be
sent to style correction. In this stage, the proofreader will be responsible for checking aspects of
writing composition and text style.
•
Translation: After the style correction, the article is sent to an expert in the second language in order
to translate the abstract and the keywords.
•
Layout (Edition): This stage seeks to guarantee the aesthetic appearance of the article adapting
spaces, typography and colors.
•
Final Editor Review: The publisher grants final approval.
•
Publication: The articles are in the final stage of the process and they are ready to be published.
Type of Accepted Articles.
The authors can apply three types of articles to Revista Política, Globalidad y Ciudadanía: Original
containing results of scientific and technological research projects, literature reviews and reviews.
•
Scientific and Technological Research Articles: Documents that include thorough original results of
completed research projects. The structure contains title, summary, abstract, introduction, method,
results, discussion, conclusions and references. It must submit 30 references preferably quoting
other articles from scientific journals, which must be mentioned within the document. A scientific
article is a written and published report that describes original research results.
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México, ISSN 2395-8448. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/11
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•
Review Articles: Resulting documents from research that analyze, systematize and integrate the
findings of published or unpublished research on a field in science and technology in order to
justify for progress and developmental trends. It features a careful literature review of at least 50
references.
•
Reviews: Resulting document from the critical review of literature on a particular topic.
Fnctions of the Publishing and Scientific Committee.
•
For its operation, the journal has a publishing committee and a scientific one made up of national
and international researchers. The role of these committees is to draw the policy and strategy of the
journal in order to achieve a significant position in the scientific community of Political Science and
to ensure the quality of the work it publishes.
Publishing Committee.
•
It is the body made up of renowned teachers-researchers in the area of Political Science and International Relations, with institutional affiliation in Mexico and extensive research experience. Its
function in the first instance consists of advising the editor-in-chief and co-editor in the editorial
management of the journal, as well as evaluating its performance and formulating recommendations to improve it. Its functions are focused on:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Suggesting databases for indexing the journal
Designing the editorial policy working with the editor-in-chief
Ensuring compliance with all editorial processes to guarantee the scientific rigor and
value of published articles
Advising on the strategic planning of the journal
Supporting the allocation of arbitrators
Verifying and approving the issues published in the editions of the journal
Approving the main topics
Making calls for the submission of articles
Promoting the journal in events, conferences and diffusion spaces
Proposing topics for special issues
Suggesting databases for indexing the journal.
Scientific Committee.
•
It is the group of renowned researchers in the field of Political Science and International Relations
, with foreign institutional affiliation that has the function of guaranteeing the credibility of the
journal. In addition, it is in charge of permanently evaluating the scientific quality of the published
content and advising the editorial committee regarding the updating of guidelines and editorial
policies in order to contribute to the continuous improvement of publications. The functions of this
committee are:
•
•
To participate along with the publishing committee in the formulation of editorial policy,
To advise the editorial committee in the establishment of quality criteria,
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•
•
To invite renowned members of international institutions to publish their articles in the
journal, and
To promote journal in events, conferences and dissemination spaces.
Open Access Policy.
•
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía provides immediate open access to its content, on the
principle that research freely available supports a greater global exchange of knowledge. The journal is authorized under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives 4.0 Mexico License, which allows third parties to download the works and share them with others,
provided their authorship is acknowledged, but they cannot be changed, nor can they be used commercially. It is clear that authors do not assume any cost for the editorial process of their articles or
their publication. All editorial costs are assumed by the Universidad Autonoma de Nuevo Leon as
a publishing institution.
Copyright.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía copyright belongs to the Research Coordination of the
School of Political Science and International Relations of the Universidad Autonoma de Nuevo
Leon.
For reproduction of the material published in this journal, authorization must be requested to the
Research Coordination of the School of Political Science and International Relations of the Universidad Autonoma de Nuevo Leon.
Address: Universidad Autonoma de Nuevo Leon, School of Political Science and International Relations, Praga & Trieste, Col. Residencial las Torres, Monterrey, Nuevo León, Mexico. CP 64930.
http://www.facpoliticas.uanl.mx/.
E-mail: revista.politicas@uanl.mx; revistapoliticas.uanl@gmail.com; publica.policas@uanl.mx
Once an article has been accepted for publication, the author (s) transfers the copyright to Revista
Política, Globalidad y Ciudadanía.
Frequency of Publication
•
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía is published semi-annually, January to June and July to
December.
Declaration of Conflict of Interest
•
The authors will not evidence conflicts arising from any type of commercial or other institutional
association, in relation to what it is disclosed in the article. That is, giving negative concepts or
judging in a very positive way what it is published due to personal interests, academic competences, or intellectual passion.
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that may have incurred within the research from which the article derives.
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In the same way, the author is obliged to report any conflict of interest that his work may have,
if this is the case. The person who sends the manuscript for publication will be identified as the
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Research Ethics Standards:
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Revista Política, Globalidad y Ciudadanía welcomes the good practices of the Committee on Publication Ethics (COPE), which is responsible for the ethics and moral of scientific publications. The
journal considers the international standards for editors and authors as reference and it incorporates
them into its editorial management process, establishing an ethical guide for the editor, the authors
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Publishing Team
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Editor
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The editor is fully responsible for what it is published in the journal; he/she should base his/her
decisions on the validity of the work and the importance it has for readers; therefore, he/she is free
to express his/her opinions, derived from the review of the articles, critically but responsibly and
respectfully.
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Authors
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Their research work must be produced by themselves, unpublished and original. They should not
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must correspond to the objectives, the methodology, the results and the conclusions of the article.
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team
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objective considering the content of the work.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Política, Globalidad y Ciudadanía
Description
An account of the resource
Política, globalidad y ciudadanía, es una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional en el entorno local, nacional e internacional. Inicia en el 2015 y es publicada semestralmente y se mantiene activa.
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Título Uniforme
Política, globalidad y ciudadanía
Año de publicación
El año cuando se publico
2019
Año
Año de la revista (Año 1, Año 2) No es es año de publicación.
5
Número
Número de la revista
9
Mes de publicación
Mes cuando se publicó
Enero-Junio
Día
Día del mes de la publicación
1
Periodicidad
La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual)
Semestral
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Política, globalidad y ciudadanía, 2019, Año 5, No 9, Enero-Junio
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tamez Garza, Gerardo, Director
Subject
The topic of the resource
Ciencias sociales
Ciencias políticas
Relaciones internacionales
Sociología
Humanidaddes
Sustentabilidad
Description
An account of the resource
Política, globalidad y ciudadanía, es una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional en el entorno local, nacional e internacional. Inicia en el 2015 y es publicada semestralmente y se mantiene activa.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Garza Montemayor, Daniel, de la, Editor Responsable
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
01/01/2019
Type
The nature or genre of the resource
Revista
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
text/pdf
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
2020222
Source
A related resource from which the described resource is derived
Fondo Universitario
Language
A language of the resource
Mul
Relation
A related resource
https://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Monterrey, N.L., México
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Universidad Autónoma de Nuevo León
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