https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/271/13592/DERECHO_Y_CIENCIAS_SOCIALES._1979._2a_Epoca._No._1._Marzo-Junio._0002016556.ocr.pdf 98013355111cdad2ad93aa7bdd534d70 PDF Text Text REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO y CIENCIAS SOCIALES DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNIVERSIDAD AUTONOMA Df NUEVO LEON SEGUNDA EDICION 1 ���,- ¡ . .. -, : .~!-.• .• : .-.\:_ J _ . _ ,JlW¡; 1 . • •• .. , • •. ..,,,,.,,.· ·/ 'TA!tr9 .... ' .--· . . • ... , . .: ... DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 8lf/il)O UHIVERSITAAIO 1 �UNIVERSIDAD AU FACULTAD DE DER:g~g~A DE NUEVO LEON CIENCIAS SOCIALES DIRECTOR: Lic. David Garv· . Castillo Gamboa. JEFE D an Ancira. SUBDIRECTOR: líe Ro . ~óc. S.ofago Goo,ále, E ESTUDIOS PRÓF E~~:;;.i; EDUCACION CONTINUA: Lic F . DIVISION DE INVESTIGACION 1.o,!,':~.'~!S~~N~ ~~~IASNIOO~ L?E ESTUDIOS SUPERl~~~;o LR_iverGa Bedoya. JEFE DE LA • DE ,c. l aspar Vazquez Aguilar. Lic. H be· te. Genar - o sa1·tnas Ouiroga. JEFE er rto. J. Nunez. A SECCION EDITORIAL: DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Revista Cuatrimestral de la Facultad de Derecho · y Ciencias Sociales Universidad Autónoma de Nuevo León. 2da. EPOCA MARZO - JUNIO 1979 NUM. 1 N D ICE LIC. DAVID GALVAN ANCIRA: Presentación CONSEJO EDITORIAL Lic. Genaro Salinas Ouir . . Castillo Lic Herber ~· Lic. David Galvan Ancira L. • llic. Alberto. García ~ó~~:ezli~sp~nosa,_ Dr. A_gustín Basav~ F~~~á~~:r:I ~rgllio ez Lozano. • • . ranc1sco Rivera Bedoya • L.ic. Sa nt1ago . a e, Gonzá•• .La. responsa b·1· l idad de los artículos . opiniones expresadas en la Revi"ta publíead_os es exclusiva de sus autores L ~::'!!":dS:.:~: ~;:••:: la f::'d~;:,:r:,.on,:I~ r:L.;.,.:; ~ :as aparece cuatrimestral mente iaNos sus expositores. Derecho Y Cie~cias ·s ,.•Publique. . o se devuelven originales aú n cuando ocia es no se Toda correspondencia debe d. . . Facultad de Dere . _1n91rse a. Revista Derech che~ Y Ciencias Sociales Ci d d U o Y ienc1as Sociales u a niversitaria San Nicolás de los Garza, N. L IMPRESO EN MEXICO PRJNTEO ANO MAOE IN MEXICO LIC. Y C.P. RICARDO GARCIA TREVIÑO: "Ley del impuesto sobre la renta, lnconstitucionalidad del regla· mento en matería de previsión social". 335 LIC. CESAR GARZA ANCIRA: la Huelga. 345 Problemática Toral de LIC. RAUL GALVAN FLORES: Foros Internacionales, Sistema Económico Latinoamericano. 357 LIC. MARCO ANTONIO LEIJA MORENO: Los Factores casuales de la delincuencia contemplados en la técnica preliberacional de reos. LIC. BENITO MORALES SALAZAR: 361 Los cheques certifi- cados y de caja. 366 Oepartamente do Imprenta Facultad de Derecho C. de la Universidad A tY_ Soclales 5 de Mayo 740 Ot u onoma de N. L e. Mo nterrey, N. L LIC. CARLOS FRANCISCO CISNEROS RAMOS: La suplencia de la deficiencia de la queja en el juicio del amparo. 385 �INTRODUCCION Capítulo primero: Juicio de amparo La suplencia de la queja deficiente en el 393 Capítulo segundo 1.- Breve reseña sobre la evolución de la corrección judicial de la demanda erronea, irregular u omisa. Capítulo tercero: 401 Corrección judicial de la demanda de amparo erronea, irregular u omisa en materia civil.- En asuntos penales.- En cuestiones laborales.- Materia agraria.- Cuando el acto_reclamado se apoya en una ley declarada inconstitucional por la suprema corte de justicia.vienen menores o incapacitados. Capítulo cuarto: Cuando inter423 El derecho social.- La interpretación cons- titucional.- La corrección de la demanda obscura, irregular u omisa en cuestiones atenientes al derecho social. 441 Notas biblrográficas. Bibliografía. 454 457 �PRESENTACION Recapitular, fijando nuevos y mejores horizontes es menester en toda actividad humana. La cultura, la enseñanza, la información y difusión de los conocimientos no escapa a este interés. Las viscicitudes propias de un cambio han permitido que hasta hoy, gracias a la amplia colaboración del Patronato Universitario, con nuevos bríos y en forma continua traigamos a ustedes esta aportación cultural que representa un esfuerzo de quienes tenemos obligación de hacerlo. El cambiante Derecho requiere de el ánimo superante de los estudiosos, de los investigadores; difundir esa aportación al campo Jurídico es importante para quién se preocupa por realizarlo y para quienes cumplimos con la tarea responsable de preparar mejores jurístas. Hoy entregamos a ustedes el esfuerzo de algunos estudiosos preocupados por la actualización del Derecho. Lic. David Galván Ancira Director �LIC. y e.e. RICARDO SARCIA TREVU'iO LEY DR IMPUESTO SOBRE LA RENTA .. INCONSTITUCIONALIDAD DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE PREYISION SOCIAL La importancia que reviste la previsión social dentro del concepto moderno de empresa, es conmitante al desarrollo económico de la misma dentro de lo social, motivo por el cual, de los programas de implantación de los planes de previsión social depende la forma en que la empresa desarrolle su verdadera importancia dentro de la comunidad de los trabajadores. El concepto de previsióri social, es un concepto abierto, que por su naturaleza no admite definición y el admitir reglamentación jurídica sobre el mismo, ésta debe basarse en las prácticas labor-"les, que son principio rector en las relaciones obrero-patronales. Lo citado con antelación, es pauta a seguir en las consecuen- �LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA cias que se desprenden de la vigencia del nuevo Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. La Ley del Impuesto sobre la Renta en su Artículo 26 fracción VII, reza: Las deducciones a que se refiere este capítulo deberán reunir los siguientes requisitos: .. . .... que cuando se trate de gast9s de previsión social, las prestaciones correspondientes se destinen a jubilaciones, fallecimientos, invalidez, servicios médicos y hospitalarios, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, fondos de ahorro, guarderías infantiles y actividades culturales y deportivas o a otras de naturaleza análoga. Dichas prestaciones deberán otorgarse en forma general en beneficio de los trabajadores de la empresa. En todos los casos deberán establecerse planes conforme a los plazos y requisitos que se fijen en disposiciones de carácter geheral, en las que quede determinado: sector aplicable, requisitos de elegibilidad, benef¡'ciarios y procedimientos para determinar el monto de las prestaciones". Del Artículo de referencia se desprende la siguiente interpretación: A) La previsión social, es un concepto variable, que la empresa acomoda a las necesidades del sector trabajo. B) El principio de generalidad gira alrededor del sector aplicable. Para el objeto de este estudio, mencionaremos en forma general, las características que en reladón a previsión social, guardan los Artículos 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El Artículo 59 del ordenamiento invocado nos señala los requi- 336 LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA sitos que debe!"! contener los gastos de previsión social. como son: A) deben constar por escrito, b) ser comunicados al personal dentro del primer mes en que se inicie cada plan, c) deben o~o~ga~~e en forma .general a los trabajadores, d) pueden hacerse la d1~tmc1on entre trabajadores, puede .hacerse la distinción entre trab~¡~dor~s sindicalizados y empleados de confianza y otorgarles benef1c1os diferentes sin que sean necesarios que sean equi:alen~e: en~re ~~los, e) da la opción al contribuyente, para q~e previa. s~l1c1tud 1ustif1cada del mismo, pueda solicitar a la autoridad administradora, que el plan se aplique a sectores de trabajadores sujetos a un misr:no grado de riesgo y por su parte, el Artículo 61 hace referencia a los sujetos beneficiarios de los planes de previsión social. El Artículo 60 se refiere a que los gastos de previsión social realizados en e·I extranjero para que puedan ser deducibles, se re quiere que el contribuyente previamente a su erogación haya solicitado autorización a la autoridad administradora. El Artículo 62 fija los requisitos para planes de pensiones Y jubilaciones, señalando la forma de ca!cular las rentas vitalicias y la forma de pago de las mismas, el Artículo 63 marca las reglas que deben de contener las aportaciones que hace la empresa al fondo de ahorro de los trabajadores. Dichas reglas son las siguientes: 1.-Que el monto de las aportaciones no exceda del 13% de los salarios de cada trabajador o empleado de confianza, considerando exclusivamente la parte que no exceda de I O veces el salario mínimo general o del campo, que rija en el establecimiento en que el trabajador o empleado de confianza preste sus servicios. 11.-Que el plan establezca que el trabajador o empleado de confianza pueda retirar las aportaciones de que se trata, únicamente al término de la relación de trabajo o una vez por año. 337 �LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 111.-Que el fondo se destine a otorgar préstamos a los trabajadores o empleados de confianza participantes y el remanente se invierta en valores aprobados por !a Comisión Naci<'nal de Valore~. .. , Ahor~ bien ¿cuál es la situación jurídica de los planes de prev1s1on social que fueron establecidos con anterioridad a la vigencia del nuevo reglamento y al Artfculo segundo transitorio del decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de! l~pu~sto sobre la Renta de fecha 2 de enero de 1978? En apariencia el problema está resuelto, ya que el Artículo segundo- transitorio del decreto mencionado, señala en su primer párrafo que los planes de previsión social que fueron constituidos con anterioridad a la fecha en que entre en vigor este decreto y que no se ajusten a los requisitos del reglamento relativos a la cuantificación, administración o distribución de los mismos, seguirán siendo deducibles para efecto del Impuesto al Ingreso Global de las Empresas. A pesar de lo anterior, en el segundo párrafo del precepto que se comenta, indica que si hay un incremento en la prestación que sean consecuencia de modificaciones a las bases de cuantificación y que éstas se establezcan con posterioridad al decreto del 2 del presente año, no será deducible en la porci6n en que dichas bases excedan los ~equisitos que señala el reglamento, esta disposición que por la misma naturaleza cambiante de la previsión social, hará que pronto se encuadre trabajadores y empresa dentro de sus limitantes. El presupuesto tributario conteni~o en el segundo párrafo del De_creto de 21 pasado, no resiste el análisis constitucional por lo siguiente. El concepto de previsión social que regula la Ley del Impuesto sobre la Renta a través del Artículo 26 fracción VII, es un concepto que está supeditado en forma indirecta a lo que las otras disposiciones legales regulen al respecto, como es en este caso, la Ley Federal del Trabajo. 338 LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA El fondo de ahorro y los demás planes de previsión social. constituyen un derecho que los trabajadores han adquirido de la ·empresa, con el transcurso del tiempo y cualquier modificación que éstos sufran, p~r consecuencia afecta los derechos adquiridos y los hechos realizados por los trabajadores que puedan tener como fuente la Ley o la costumbre, y es de explorado derecho, que múltiples prerrogativas de los trabajadores nace~ de la costumbre, que tiene su fundamento en materia laboral en el Artículo 17 de la Ley respectiva, que a la letra dice "A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta Ley o en sus Reglamentos, o en los tratados a que se refiere el Artículo 6 º ., se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, lós principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los princípios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan· del Artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad". Ahora bien, los Artículos 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta no puede regular situaciones creadas y hechos realizados con anterioridad a su vigencia porque es evidente que obraría retroactivamente en perjuicio de los trabajadores, violando así el Artículo 14 Constitucional, que en su parte relativa reza: A ninguna Ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Sin dejar de tomar en-cuenta lo anterior, consideramos que el problema que nos atañe, además de analizarlo desde el punto de vista de las leyes que en este caso son aplicables, hay que interpretarlo desde el ángulo que nos dan las d iversas ejecutorias que al respecto ha dictado la Suprema Corte de Justicia, como son las que a continuación se transcriben: "Retroactividad, Teorías sobre La.- Sobre la materia de irretroactividad existe diversidad de teorías, siendo las más fre- 339 �LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA cuentes, la de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho .. . El derecho adquirido es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o en provecho al patrimonio de una persona y el hecho afectado no puede efectuarse ni por voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; y la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación vigente en un momento dado. En el primer caso, se realiza el derecho Y entra el patrimonio y en el segundo, el derecho existe en potencia, sin realizar una situación jurídica concreta, no formando parte integrante del patrimonio; estos conceptos han sido acogidos por la Suprema Corte como puede verse en las páginas 226 y 227 del Apéndice A Torno I del Semanario Judicial de la Federación, al establecer: "Que para que una Ley sea- retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores y esta última circunstancia es esencial". "La Ley es retroactiva cuando vuelve el pasado para cambiar, modificar o suprimir derechos individuales adquiridos". Sem. Jud. de la Fed. Torno LXXI página 3496. "Retroactividad de la Ley. Cómo debe entenderse la garantía del Artículo 14 constitucional.- Al establecer el Artículo 14 constitucional como gai"antía del individuo, que a ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, no debe entenderse que la prohibición se refiere únicamente al legislador, por el acto de expedir la Ley, s:no que tamb:én comprende a la autoridad que hace aplicación de ella a un caso determinado, porque así permiten interpretarlo dos conceptos mismos de la disposición constitucional que se comenta, ya que al igual que la primera de esas autoridades puede imprimir retroactividad al ordenamiento mismo, haciendo que modifique o afecte derechos adquiridos con anterioridad, la segunda, al aplicarlo, hace que se produzca el efedó prohibido ... "Som. Jud. de la Fed. Tomo XC, página 2412. 340 "Retroactividad, Cobro de Impuestos.- . Los particulares no pueden adquirir derechos que estén en pugna con el interés público; de suerte que cuando una Ley lesiona un derecho de esa clase, no hay retroactividad, aun cuando la existencia del derecho sea anterior al de la Ley" . J urisprudencia. Sem. Jud. de la Fed., Torno XLIX, página 1714 y otros. "Retroactividad en Materia Administrativa y Fiscal.- Como propiamente en materia administrativa y fiscal no hay una doctrina especial sobre la materia de retroactividad, los conceptos y nociones de la doctrina en general deben traerse para el estudio de si existe o no retroactividad con motívo de actos o leyes que traten de esas propias materias: al respecto, ya la Suprema Corte ha establecido lo siguiente: "Si bien las leyes fiscales, por ser de interés público pueden hacerse retroactivas y es facultad del Estado cambiar las bases de la contribución, la justicia de tal retroactividad sólo puede entenderse en el sentido de que los contribuyentes no pueden alegar q ue han adquirido el derecho de pagar para siempre el mismo impuesto que afecta su patrimonio". "Las leyes fiscales no deben interpretarse en el sentido de que los causantes han de cubrir por el tiempo anterior a la nueva Ley, las diferencias que resulten entre el impuesto que han venido pagando y el que deban pagar en lo sucesivo, ni menos el recargo por la falta de pago de teles diferencias". Sem. Jud. de la Fed., Tomo LXXI, página 3496. De la lectura de las anteriores ejecutorias de la Corte se desprende lo siguiente: 1.-En materia tribútaria no puede hablarse de derechos adquiridos frente a la actividad impositiva del Estado. sólo puede hablarse de hechos realizados. 2.-Las modificar.iones que se introduzcan a los elementos esen- 341 �LEY ,DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ciales de un importe, cuota, base, deducci6n, etc., s61o son aplicables a los hechos generadores realizados con posterioridad a la reforma, pero no a los anteriores. 3.-Las leyes tributarias pueden gravar los efectos no producidos de un acto o contrato, aun- cuando éste se haya reali~ zado o celebrado antes de su expedici6n, si el hecho generador del crédito fiscal consiste en esos efectos. LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA mo es de notarse de la lectura del Artículo anterior, el mismo no se refiere directamente al supuesto en estudio·, más para el caso, lo que nos interesa, es que el reglamento al referirse a los planes de pensiones, jubilaciones y haberes de retiro, toma en consideración que sean hechos realizados o consumados que tienen efectos de tracto sucesivo, y que por lo mismo, al aplicarse las disposiciones del reglamento a los plartes. de previsión social ya establecidas, obrarí~ retroactivamente en perjuicio de los contribuyentes. CONCLUSIONES El reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a través de los Artículos 59, 60, 61 y 63 no pueden regular los hechos realizados con anterioridad a su vigencia, ya sea que éstos nazcan de la Ley o la costumbre, pues ambos conceptos, en materia laboral s9n fuentes de derecho. Aquí debemos de hacer una clara distinción entre derechos adquiridos y hechos realizados o consumados; derechos adquiridos son aquéllos que entran en nuestra esfera de patrimonio, y de antemano sabemos que tales derechos adquiridos pueden ser modificados, a partir de ki vigencia de una Ley, como así lo interpretan las diversas ejecutories de la Corte. "Hechos realizados o Consumados", son aquéllos que durante un tiempo fueron creados al amparo de una Ley y que no pueden ser modificados por la vigencia de una Ley· posterior, como consideramos, es el caso del Fondo de Ahorro y los demás planes de previsión social que no pueden ser regulados porque sus efectos no son de inmediato sino de tracto sucesivo {o sea que se suceden con el transcurso del tiempo). Un ejemplo manifiesto de lo anterior, lo refiere el. mismo reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su Artículo 5º. transitorio que a la letra dice "Los planes de pensiones, jubilaciones o haberes de retiro que hubieren sido autorizados por autoridad fiscal competente a título particular con anterioridad a la fecha en que entre en vigor este reglamento, continuarán vigentes, P"r lo que no -será necesa'f'io la renovación de la autorizaci6n". Co- 342 343 �Por el LIC. CESAR GARZA ANCIRA PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA 1.- Cuando los patrones de la empresa o establecimiento afectado durante el procedimiento de huelga no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 460 de la Ley Federal del Traba jo, no es posible jurídicamente estudiar el objeto de la huelga en el juicio de imputabilidad. Cabe decir que si la empresa o establecimiento durante el procedimiento de huelga no hicieron uso del derec~o que les confiere el artículo 460 de la Ley Federa l del Traba jo, porque no solicitaron oportunamente por escrito se declarara la inexistencia de la huelga, o adujeron causas distintas a las señaladas en el artículo 459 de la Ley invocada, les está vedado atacar el objeto de la huelga al contestar la demanda de imputabilidad porque ya no puede ser motivo de defensa o excepción. Al no haberse planteado la declaración de inexistencia e!> 345 �PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA inconcuso que la acción prevista en el numeral 460 del citado Cuerpo de Leyes se pierde. pues opera la figura de la preclusión, llamada también cosa juzgada. Los argumentos esgrimidos con antelación se apoyan en lo contemplado por los artículos 459, 460, 461 fracción I Y 470 de la Ley de la Materia. 2.- Las peticiones que no se hacen en el momento del emplazamiento a huelga, no pueden tomarse en cuenta en el juicio de imputabilidad. Es de explorado derecho en materia laboral que el sometimiento al arbitraje implica la finalidad de que la Junta estudie el fondo del conflicto y las causas y motivos del mismo, Y determine a quién es imputable el movimiento de huelga. En el juicio de imputabilidad de los motivos de 1~ huelga, se trata de calificar si los motivos ·de una huelga existente Y lícita son imputables o inimputables al patrón, sin que, e~ tal juicio puedan variarse ni ser distintas las causas que se senalaron en el proceso de existencia y licitud, pue_s e_n caso d~ q~e peticiones diversas a las consignadas en el. pliego petitorio, fueran procedentes, las mismas constituirían hechos nuevos Y diversos que servirían de base para un nuevo y distinto emplazamiento a huelga, sin repercusión de ninguna naturaleza en el conflicto ya planteado. Sobre el particular, Nicolás Pizarrc Suárez manifiesta en su obra "La Huelga en el Derecho Mexicano" que deben conocerse desde el principio los motivos concretos que impulsan a los traba¡adores a la huelga. Para establecer la imputabilidad de los motivos de la huelga, de acuerdo con su naturaleza jurídica, debe atenderse a los antecedentes que motivaron la suspensión de labores, valorando la conducta de la parte patronal al negarse a aceptar 346 PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA en su caso, las -demandas de los obreros huelguistas, así come, en todo caso, si, esas peticiones eran atendibles en justicia, pues al no hacerlo, obviamente que los motivos de la huelga deben .calificarse imputables al patrón. El criterio expuesto se fundamenta en una hermenéutica jurídica correcta de los artículos 440, 444, 446, 450, 452 fracción 1, 460 y 470 del Código Laboral. 3.- Un solo trabajador no está capacitado para solicitar la declaración de inexistencia de un movimiento de huelga. El artículo 460 de la Ley de la Materia, dispone que los trabajadores de la empresa o establecimiento afectado con la huelga, podrán solic1ar de la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la suspensión del trabajo, declare la inexistencia de la htielga, e interpretando est~ precepto a contrario se~su, d-e~e concluirse que un solo trabajador no está capaci-tado para solicitar la declaraciór de inexistencia de la huelga. Resulta claro lo anterior pues el legislador en su sistema legal en materia de huelgas emplea siempre en plural la palabra trabajadores, según se constata con lo establecido por los artículos 440, 452, 451 , 459 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. 4.- Es necesario reformar la fracción 11 del Artículo 461 de 1~ Ley Federal del Trabajo, con el fin de precisar la denominación de la audiencia que contempla de acuerdo con la estructura que reviste. En los artículos 460, 461 y 462 de la Ley Federal del Traba jo se consignan las normas a que debe sujetarse la tramitación del incidente de declaración de inexistencia de la huelga. 347 �PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA El precepto 460 del Cuerpo de Leyes citado, determina q ue los trabajadores y los patrones de la empresa o establecimiento afectado, o terceros interesados, podrán solicitar de la J unta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la suspensión del trabajo, declare la inexistencia de la huelga por las causas señaladas en el artículo anterior. El numeral 461 del propio Ordenamiento establece en su fracción 11. que: "La Junta correrá traslado de la solicitud y oirá a las partes en una audiencia, que será también de ofrecimiento y recepción de pruebas, que deberá celebrarse dentro de un término no mayor de cinco días". Se observa, que este último dispositivo legal señalado y esencialmente en la parte que se transcribe, consagra la garantía de audiencia a que alude el artículo 14 de la Constitución Federal. pues las partes y en su caso el tercero interesado tienen intervención en el procedimiento, se les oye, y se les da oportunidad de ofrecer y rendir pruebas. Constituye un instrumento sumamente útil para la comprensión del problema sujeto a investigación, conocer la Exposición de Motivos de la Iniciativa, conforme a su Capítulo XXXIX, correspondiente al Derecho de Huelga, que al respecto dice: "Se ha dicho ya que la huelga es un acto jurídico, que debe satisfacer determinados requisitos. Cuando fa ltan, la huelga debe ser declarada legalmente inexistente. Para que esta declaración se produzca es indispensable la promoción de un incidente, cuya tramitación está consignada en los artículos 459 y siguientes: en primer lugar, el artículo 459 señala limitativamente las causas que permiten declarar la inexistencia legal de la huelga: si la suspensión de labores no se efectúa por la mayoría de los traba jadores, si no se persigue alguno de los objetivos legales de huelga o si no cumplieron los trabajadores los requisitos del período comprendido entre la presentación del escrito de emplazamieñto y la suspensión de los trabajos. A fin de ratificar el sentido limitativo de la enumeració°n, en el párrafo final del artículo 459 se dice que no podrá declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las enumeradas.· En segundo lugar, el incidente sólo puede iniciarse a petición de los trabajadores, debiendo entenderse que se trata de los trabajadores no huelguisras, de los patrones o de terceros interesados; la solicitud deberá presentarse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la suspensión de las labores en la inteligencia de que si no hay solicitud, la huelga será considerada inexistente para todos los efectos legales; por otra parte, la solicitud debe indicar las causas que le sirvan de fundamento, sin que, posteriormente, puedan aducirse causas distintas de las contenidas en la solicitud. En tercer lugar, en los artículos 461 y 462 se consignan las normas a que debe sujetarse la tramitación del incidente. En cuarto lugar, el artfo;ulo 463 reproduce una disposición de la Ley vigente que determina los efectos que produce la declaración de inexistencia". A este respecto el Dictamen de la Cámara de Diputados, relativo a la formación de la Ley vigente contiene lo siguiente: "Consagrado por el constituyente de 1917, el Derecho de Huelga permanece intocable en la Iniciativa de nueva Ley Federal del Traba jo; los cambios que se introducen tienden solamente a precisar conceptos, resolver problemas que se han presentado y superar, en algunos casos, el procedimiento para declarar un movimiento de huelga. En lo general, la Iniciativa mejora y supera el derecho sustantivo y su ejercicio sobre esta importante materia, pero sin alterar el principio rector de dicha institución del derecho colectivo". Ahora bien, examinando concretamente la fracción II del artículo 461 en relación con los preceptos 17, 460 y en general con el sistema establecido por la Ley Federal del Trabajo, se concluye que la fracción II del numeral 461 no es suficiente- 349 348 �PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA mente clara y precisa ya que no dice cómo se oirá a las par- ' tE:s, se deduce que es mediante la expresión de argumentos aodcuados que controviertan las causas aducidas por quien plantea la solicitud para que se declare la inexistencia de la huelga, así como de ·las fracciones del artículo 459 en que se funda ésta. Cabe decir, que en la audiencia de mérito se reproduce la solicitud inicial y la parte demandada formula su contestación, refutando u oponiéndose a la pretensión. Esta tesis guarda concordancia con el significado a la palabra también que empl~a ei artículo que se comenta. El diccionario de la Academia de la Lengua Castellana, al adverbio también da los siguientes significados: "Igualmente, asimismo, además". Debe añadirse, que la audiencia cuestionada reviste su propia arquitectura y no puE'de equipararse en cuanto a su naturaleza y efectos a la de conciliación, demanda y excepciones que regulan los. artículos 752 y 753 del Código Labor3-I. De conformidad con la t€cnica procesa·! como en el procedimiento de declaración de inexistencia de la huelga se establecen determinadas formas procesa 1e:; no puede recurrirse a las disposiciones generales ni a las r0·:;los crd:narias del procedimiento. Las razones explicitadas precedentemente revelan que razones de carácter técnico-jurrdico determinan la necesidad urgente de que se precise la denominación específica· de la audiencia al margen de la cual estos comentarios se deslizan, aclarando por ende la estructura que reviste dada su composición simétrica, y se precise las consecuencias en que incurre la parte demandada si no formula contestación a la solicitud de declaración de inexistencia de la huelga. 5.- El período de prehuelga no puede estarse prorrogando en forma indefinida. Los países de legislación laboral más avanzada, que han 350 PROBLEMATICA 'fORAL DE LA HUELGA consagrado y respetado siempre el derecho de huelga, han dictado leyes que reglamentan el ejercicio del mismo, y establecen normas previsoras que regulan su de~laración y ·desenvcilvimiento. El derecho de huelga, señalan, no puede ·ser ejercido ilimitadamente sino que se encuentra sujeto a las mismas reglamentaciones del instituto. Cualquiera advierte que en México el legislador tuvo por socialmente útil no consagrar la perpetuidad de las acciones intentadas, ni de los términos respectivos. Tanto en la Exposición de ·Motivos que precede al Proyecto enviado a las Cámaras, como en los Dictámenes de las Comisiones y en las discusiones habidas en el seno del Congreso, y por el articulado de la Ley misma, se observa el propósito reflexivo de hacer de las controversias de trabajo procedimientos cortos y expeditivos, exentos de las formas y prácticas largas usuales en los juicios de otra índole. El imperativo categórico de que los procedimientos sean breves y ofrezcan garantías de seguridad y fijeza, es más apremiante dentro de las controversias de trabajo. La prohibición de embargar a que alude el artículo 453 de la Ley Laboral, no puede generar eternidad. El emplazamiento de huelga no debe constituir só!o una mampara de protección para intereses particulares deleznables. Una conquista tan imp_ortante como lo es el derecho de huelga, no debe folerarse que se utilice para evitar el ejercicio de los derechos de los particulares y que sea desnaturalizada. El efecto y la prohibición de embargar a que se refiere el artículo 453 de la Ley de la Materia, no puede generar eternidad, dado que ese concepto se contrapone al texto del artículo 17 Constitucional que claramente nos habla de cuestiones que tienen principio y fin. La Ley consigna que una vez notificado el emplazamiento 351 �PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA de huelga, no podrá ejecutarse sentencia alguna, ni practicar.se embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio, en contra de los bienes de la empresa o establecimiento ni del local en que los mismos se encuentren instalados. Es posible desde luego, que el privilegio anterior pretenda utilizarse en forma indebida, como medio de eludir el cumplimiento de obligaciones legítimas, desvirtuándose con ello, gravemente, los fines de beneficio colectivo que persigue la Ley; que, en realidad, el emplazamiento de huelga constituya sólo una mampara de protección para intereses particulares deleznables. La fijación de la fecha en que debe estallar el movimiento de huelga tiene un doble aspecto, pues por una parte, tiende a facilitar la labor de las Autoridades para procurar un avenimiento entre las partes, pero, por otra, sirve también para que el patrono tome las providencias que juzgue oportunas y se le causen los menores perjuicios posibles. De acuerdo con lo establecido por el artículo 453 de !a Ley Laboral, los bienes que forman la empresa o establecimiento quedan afectados al resultado final de la huelga, adquiriendo el patrón el carácter de depositario de dichos bienes, situación que, evidentemente, significa un perjuicio para las empresas o establecimientos, ya que sus relaciones industriales y comerciales, particularmente en lo que se refiere a transacciones y créditos, tienen que quedar seriamente afectados, con la circunstancia, también, de que esta situación no puede prolongarse indefinidamente, ni quedar al arbitrio de los trabajadores, los cuales, si tienen el derecho de ir a la huelga en los términos de la Constitución y de la Ley Federal del Traba jo, no están, sin embargo, autorizados para sostener in-definidamente , una situación de incertidumbre v secuestro de los bienes de la empresa o establecimiento. La estructura constitucional del Estado de Derecho está 352 PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA cimentada en el ordenamiento de justicia y en la oronta v expedita administración de ella. Por ello, d derecho ~s, más. que la fuerza, el reconocimiento, de la libertad en la exoresión objetiva en la_ Ley. · Cualquiera advierte que si el legislador tuvo oor socialmente útil no consagrar la perpetuidad de las <;1cci~nes iniciadas, tampoco pudo querer esa perpetuidad en el tiemoo para los términos. Esto es claro. · · De. aceptarse la tesis de que las huelgas se pueden prorrogar sistemáticamente, se caería en el des'p rooósito de marchar contra la estabilidad y fijeza que debe~ r~vestir los estadios procesales, los cuales así nunca tendrían consistencia ni seguridad. De tal manera que hay un imperativo categórico, una razón de interés público, social, una necesidad útil en que las cosas ocurran contra la tendencia y la actitud aue nues~ra crítica provoca. · · Es principio de hermenéutica jurídica que la interpretación de dos o más preceptos legales que cor~espondan al mismo sistema, se lleve al cabo de tal modo que formen un todo armónico, habida cuenta que la interpretación aislada e inconclusa de un solo numeral puede conducir a conclusiones di:tintas de aquellas que el leg:slador se propuso.. Sobre dicha base, es debido asentar que los artículo~ 452 y 453 de la Ley Federal del Traba jo, sólo pueden interpretarse en concordancia con los diversos 440, 444, 447, 450, 2o. y demas relativos de la propia legislación laboral. oorque conti~nen nexos afines que los vinculan entre sí. · · La huelga se estudia desde una óptica que incluye la perspectiva evolucionada de nuestro tiempo. Las fracciones XVII Y XVIII del artículo 123 Constitucionai determinan respectivamente que las leyes reconocerán como un derecho de los obre- 353 �PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA ros las huelgas, y que éstas serán lícitas cuando tengan oor objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factore~ de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. El artículo 440 de la Ley Federal del Trabaio establece que la huelga es la susoensión tem!)oral del trab~jo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. El numeral 452 señala los requisitos que deberá satisfacer el escrito de emplazamiento de huelqa: l. Se dirigirá al oatrón v en él se formularán las peticiones, se anunciar6 el pr;pósito de ir a la huelga si no son satisfechas y se exoresará concretamente el objeto de la misma; 111. El a~iso pa;a la suspensión de las labores deberá darse, por lo menos, con seis días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con diez cuando se trate de servicios públicos. El términ.o ~e contará desde el día y hora en que el ~atrón quede notificado. El precepto 453 dispone que la notificación producir4 el efecto de constituir al patrón, por todo el término del aviso, en depositario de la empresa o establecimiento afectado por la huelga, con las atribuciones y responsabilidad inherentes al cargo. No podrá ejecutarse, a partir de la notificación, sentencia alguna, ni practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio, en contra de los bienes de la empresa o establecimiento ni del local en que los mismos se enc~entren instalados. Aparte de los argumentos jurídicos que hemos enunciado ut supra, debe tenerse presente que la Sociedad v el Estado están directamente interesados en que se resuelva~ en el menor tiempo posible los conflictos de huelga que significan la existencia de una situación normal en las re!aci~nes ;brero patronales. Que la huelga produce la suspensión de las relaciones individuales de trabajo, y constituy~ el argumento final y el medio extremo de lucha y defensa que tienen los trabajadores para mañtener sus intereses y mejorar las condiciones e1e prestación de sus servicios. · 354 PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA Para dilucidar el busilis nos aporta el H. Tribunal Coleqiado del Cuarto Circuito sus interesantes luces, al sostener s0bre el particu 1ar la tesis de que "la Ley consiona que una vez notificado el emplazamiento de huelga , no oodrá ·eiecutarse sentencia alguna que afecte los bien9s de la empres~. Es posible, desde luego, que el privilegio anterior pretenda utilizarse en forma indebida, como medio de eludir el !cumplimiento de' obligaciones legítimas, desvirtuándose con ello, · gravemente, los fines de beneficio colectivo que persigue la Ley; que, en realidad, el emplazamiento de huelga constituye sólo una mampara de protección para intereses particuÍares deleznables (Amparo 259/74. José Coronado Carmona y Coags. 23 de agosto de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Reyes Galván. Informe 1974. Tribunal Co 1egiado del Cuarto Circuito. Pág. 237). Además, sustenta el criterio de que " ... el período de prehuelga no puede estarse prorrogando en forma indefinida contrariando el espíritu de la Ley Federal del Trabajo, cuyas normas por ser de naturaleza social deben interpretarse en beneficio de los trabajadores, tendientes no sólo a mejorar· sus condiciones económicas, sino también para suplir sus deficiencias o reivindicar sus derechos; oero sin atentar en contra de las garantías individua 1es ... " (Amoaro 69/72. Inmobiliaria El Mundo, S. A. Resuelto el 3 d~ noviembre de 1972. Ponente: Lic. Arturo Sánchez Fitta). Bajo ese perfil. la conducta colectiva' de prórrooa indefinida por su motivación y fines no corresoon.de arquetípicamente a la dinámica del ejercicio del derecho de hue 1ga. Hay que buscar siempre la armonía de la sociedad que se da como lo dijo el Benemérito, en el respeto del derecho aieno, nada más. En suma, si el derecho del trabajo responde a un ideal de justicia social. si las peticiones en la huelga 1ienen como exi- 355 �PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA gencia fundamental la de ser concretas y adualizantes v prepondera en el proceso de calificación el principio de b br~vedad procesal. y es evidente aue la filosofía jurídica, las reglas de interpretación, los argumentos de equiva 1encia y aún de mayoría de razón, vienen a ser aplicables a las normas procesales de mérito, debemos concluir que el período de prehuelca no puede estarse prorrogando en forma indefinida. Que ello no implica, limitar o restringir el derecho reglamentado sino adecuarlo a su verdadera naturaleza y alcances, constituyéndolo en un medio eficiente de desarrollo y progreso. Por el LIC. RAUL GALVAN FLORES FOROS INTERNACIONAL.ES SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO CONCLUSIONES PRIMERA.-Si los patrones de la empresa o establecimiento afectado durante el procedimiento de huelga no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 460 de la Ley Federal del Traba jo, no es posible jurídicamente estudiar el objeto de la huelga en el juicio de imputabilidad. SEGUNDA.-Las peticiones que no se hacen en el momento del emplazamiento a huelga, no pueden tomarse en cuenta en el juicio de imputabilidad. TERCERA.-Un solo trabajador no está capacitado para solicitar la declaración de inexistencia de un movimiento de huelga. CUARTA.-Se reforme y adicione la fracción 11 del artículo 461 de la Ley Federal del Traba jo, con el fin de que se precise la denominación de la audiencia que contempla de acuerdo con la estructura que reviste. QUINTA .-El período de pre huelga no puede estarse r · ·1ndo en forma indefinida. 356 La defensa de los recursos naturales ha sido desde tiempo inmemorial grave preocupación de los pueblos del mundo, particular~ente de aquel10s que por su idiosincrasia, sistemas políticos o sociales, precisan de ver con atingencia tales problemas. La preocupación constante por la preservación de los recursos no renovables ha obligado a los Gobiernos de los distintos países del orbe a crear políticas encauzada:; a tutelar tales bienes. México no ha permanecido al margen, ha contribuido en grado sumo a la realización de tales propósitos. La historia moderna es rica en casos en los que conflagraciones de índole internacional han sido provocadas por la disputa de tales recursos no renovables. Se han visto casos a sin fín en los aue algun~s Gobiernos pretextando diversas razones han provocad~ ingerencia en los asuntos internos de otros, cuando que en verdad la �intromisión en sí manifiesta ha sido encauzada única y exclusivamente a lograr la explotación irracional y despiadada de los recursos que le son propios, sin embargo, ahora los pueblos dueños de tales recursos han visto agotada su capacidad de resistencia y han marcado un alto en defensa de tales bienes. La grandeza económica de un Pueblo se finca en la explotación y buen uso de sus recursos naturales, siempre y cuando esta explotación sea realizada por nacionales del propio País que los posee. El Contiente Americano muestra al Mundo infinidad de recursos no renovables, los cuales resultan ser de naturaleza indispensable pare lograr una subsistencia decorosa y sostener las economías en que se nutren tales pueblos. De manera inveterada ha sido la explotación irracional de tales recursos, no fue sino hasta hace poco tiempo, en que los Países Latinoamericanos, han reflexionado y hecho a su vez estudios que se han traducido en ordenamientos legales que tienen como fin primordial la defensa de tales recursos. La unidad americana, como sueño que ha sido de tantos destacados pensadores Americanos, ha quedado plasmada en tal Organismo !nternacional. No son los Pueblos de América los que disgregados pretendan hacer valer sus derechos que les cor.r esponden sobre áreas del subsuelo, de hidrocarburos, materias !)rimas, etc., sino que gracias al esfuerzo conjunto de éstos, ahora cuentan con una Tribuna lnternacidnal en donde habrán de unificar criterios en bienestar de los mismos. México, consciente de la responsabilidad que le corresponde en el concierto de las Naciones, intervino decididamente en la creación de tal organismo hasta llegar a su culminación como lo es, el nacer a la luz pública como entidad con naturaleza propia. Tal organismo tiene su Sede en la hermana República de Venezuela , lugar en donde en estos días tiene verificativo el desarrollo de la Asamblea Ordinaria de los miembros que la integran. El mismo fue creado en el mes de Octubre de 1975 a instancias de los Gobiernos de México y Venezuela. Actualmente son 25 los Estados miembros que lo integran. Sin embargo, esta defensa realizada de manera individual no produjo nunca los frutos deseados, sino que fue necesario la agrupación de intereses para que encauzados en un instrumento legal tales principios tomaran cuerpo ante los Pueblos del Mundo. Los Pueblos de América conscientes de la defensa de sus recursos naturales, han compaginado esfuerzos y encauzado propósitos dando a la luz pública un Organismo de carácter Internacional que trate de ello, que se avoque a tales cuestiones, su nombre: Sistema Económica Latinoamericano (SELA). El sistema Económico Latinoamericano, es el producto de esfuerzos que los Gobiernos del área Latinoamericana realizan en ocasión de las presiones diversas a que han sido sometidos durante largo tiempo. 358 359 �P0r el LIC.i M.. ANTONIO LEIJA MORENO "LOS FACTORES CAUSALES DE LA DELINCUENCIA CONTEMPLADOS EN LA TECNICA PRELIBERACIONAL DE REOS" La formación histórica del Derecho Penal ha sido contemplada bajo una integración múltiple de conceptos que han sido est udiados como directrices que emergen de diversos factores formados en el crimen, en el sujeto delincuente y en la pena, tal es la condición que viene a integrar la presencia de la ciencia penal que analíticamente conceptúa esta condición. Las ideas sin embargo se han programado en una forma más definitiva tomando en consideración en mayor escala el contenido sobre la pena a imponer al sujeto, campo sobre el cual en definitiva es al que convergen todas las ideas exteriorizadas en torno al crimen y la condición que hace surgir la idea del Derecho Penal: así podemos encontrar diversidad de criterios pretendiendo enmarcar las ideas fundamentales para poder proceder criminalmente en contra 361 .- �del comisor de la conducta antijurídica que a nivel delictivo causa daño, por ende se ha presupuestado la necesidad de que la integración de una actividad social superada sea contemplada a través de los visillos de la ciencia penal. Con vista a ello atendemos a la ciencia penal como la ciencia que da uno de los mayores' ·aportes al devenir social histórico, la vigilancia a la conducta del hombre asociada, la problemática de entendimiento al sujeto delincuente que con su conducta transgrede los principios elementales de la condición social en que vive, y con ello la posibilidad de verificar la integración del sujeto a una conducta socialmente aceptable y además como persona que pueda desarrollarse en forma útil, deben ser los ideales que se persigan en la integración del conocimiento penal imperante en el mundo pero muy especialmente en nuestro país. La problemática de la solución al crimen y sus consecuencias ha sido contemplada en las innovaciones doctrinaria s del Derecho Penal en diferentes formas y cuyas trayectorias dieron lugar a la formación de hacer importantes directrices, la Escuela Clásica con Francisco Carrera a la cabeza y la Escuela Positiva a un centenar de años de su alumbramiento con el insisne Lombrow, pero nuestras princ-ipales directrices como en otras, surgidas co mo la c : cue 1a defensista y la escuela alemana reafirmada con Mezber llevan claramente punto básico, primeramente la idea de hacer que la prisión sea contemplada como factor que pueda realizar enmienda en el sujeto en la concepción ruda y torpe c'el sufrimiento en la expiación del recluso y luego la de determinar positivamente la absoluta e ingente necesidad de estudiar al sujeto responsable, de determinar su estado peligroso y de crear en ese estudio la necesidad de contemplar que la pena que se va a imponer al sujeto lleva enmarcada la obliaación de estudiar cómo en la condición .particular del :, delincuente se puede encontrar la temática propia de la condición que da al Estado material suficiente para protagonizar lo más eficaz de la consecuencia penal, hacer que el suieto torne a la sociedad en forma positiva ~orno element~ de utiiidad a ru desarrollo. 362 La problemática de la sanción traducida a un plano positivo requiere la conjunción de varios elomentos de los cuales se pueda obtener como resultados definitivos la idea de que, establecida positivamente ha ido tomando mayor incremento. hasta la é·poca actual y da lugar a la axioma de que subsiste la pena no como un fin sino como un medio, obtener la reintegración social del sujeto_ Empero esta idea no proclama sino ol acaecer de circunstancias múltiples que positivas o negutivas están integrando la prob~emática que da lugar al tema de las consecuencias negativas de la prisión. La sociedad en su seno comunmente repudia al expresidiario, este repudio comunmente hace que el expresidiario continúe su carrera criminal llevándolo a la actuaci6n negativa, lo que viene a dar lugar a que la agudización de las cuestiones analizadas se proliferen en perjuicio social. Las cárceles, se ha dicho comunmemte, son escuelas de la delincuencia, la prueba está que pensar que el sujeto por cumplir una prisión en reclusión da lugar a que se concluya el problema del crímen, resulta negativo, debemos acondicionar la idea de la prisión a la de establecer el adecuado tratamiento carcelario al sujeto para ver que en un momento determinado se contemple específicamente su problema, se tenga a la mano el dato necesario para acondicionar su conducta dentro del presidio a la idea de hacer que tenga que salir del reclusorio sin reportar el grado de peligrosidad que tuvo cuando ingresó. A través de esta situación tendremos necesariamente que establecer que al sujeto asisten infinidad de factores que paulatinamente lo han orillado a la con,ecución del crimen y que lógicamente deben s~r analizados para adecuarlos eficientemente a su conducta carcelaria previa a su libertad_ El factor causal criminógeno nos está indicando que el sujeto 363 �debe ser contemplado en un lugar que, para analizarlo tiene que rebasar los simples límites del Derecho Penal y acogerlo criminológicamente en torno al exhaustivo análisis de su conducta criminal, que nos lleva a conjeturar las ideas de por qué el sujeto ha delinquido, la respuesta a esta cuestión no puede hallarse sin que subsistan de por medio los estudios a la conducta del suieto que nos lleve a entender sus motivos y establecer cuál es el verdadero factor causal que lo hizo delinquir. Los factores causales del crimen se están integrando bajo diversidad de niveles, enseñando la criminolcgía cómo la concepción delictiva integra factores antropológicos, endocrinológicos, psicológicos y sociales, encontrando más que en los libros en la experiencia, que el factor causal de mayor incidencia en el marco del delito, lo es el que determina una conducta propiciada socialmente, ya que encontramos cómo el sujeto está predispuesto al delito merced al encuentro con un problema social para él insalvable sino es a través de la conducta violenta. Pero así también hay la posibilidad de la presencia deJactores causales diversos merced al encuentr0 del sujeto con ellos. La conducta que el sujeto delictivamente realiza en estas condiciones, se encuentra programada por esa motivación, así encon· tramos cómo el delincuente en delito patrimonial tiene una condición económica precaria que ha evolucionado hasta llevarlo al de· lito; el que pretenda dirimir su controversia violentamente para causar daños sangrientos, encuentra un eslabón que lo lleva al cri• men cuando existe el estado alcohólico en su persona, el delincuente sexual en su conducta degenerativa busca socialmente la motivación para encontrar el factor que lo está orillando hacia la consumación de sus ilícitos fines. El sujeto sometido a régimen carcelario como consecuencia de su conducta ilícita, programará su estancia en prisión, pero qué ga· rantía tiene la sociedad de que cuando abandone el reclusorio vuelva nuevamente a dar énfasis a su carrera delictiva, en esa virtud 364 debe pens~rse en forma definitiva y eficaz que si el sujeto tiene una motivación que lo ha orillado al crimen, esa motivación debe desaparecer cuando abandone el reclusorio, esa forma sólo tendrá eficacia si se adopta en el propio sujeto un método específicamente determinado en su person~ tendiente a hacer que subsista ese metamorfosis de cambio en cuanto a su personalidad decreciente en el plano social y creciente en el plano delictivo. Lo anterior hace presupuestar el criterio de que para establecer como eficaz la programación de un método· específico en el recluso para hacer desaparecer sus motivaciones delictivas, es menester estudiar en su persona ls,s factores causales de su conducta ilícita para poder encontrar que el régimen carcelario impuesto en él sea eficaz al tratar de obtener la desaparición de esos factores que enmarcados en la conducta del reo lo presentan en la soci3dad como un ser perjudicial. Comunmente se ha establecido que el sujeto debe salir de la prisión como elemento útil a la sociedad, pero esta concepción no es dable si no se tienen los elementos suficientes para que el Estado a través del adecuado régimen penitenciario, en una aplicación prelibera,ional del sujeto pueda hacer que su conducta se torne en ce-eficiente positivo al cumplirse con las principales fórmulas doctrinarias de las finalidades de la sanción, de donde se pueda como corolario establecer la base de este factor en la siguiente forma: Resulta necesario e inaplazable incluir en los métodos carcelarios preliberacionales, el estudio de la conducta del sujeto para que analizada que sea, se establezcan los factores causales que lo inclinaron hacia el delito, para que conociéndolos sirvan de base para adop~ar en el reo el régimen especial en su persona, tendiente a desaparecer ese factor originador del delito en mérit~ a que el sujeto pueda al obtener su libertad, entrar a la sociedad, habiendo desaparecid~ el grado de peligrosidad que ostentaba cuando cometió el delito, todo ello en servicio social. PONENCIA PRESENTADA AL SEXTO CONGRESO NACIONAL PENITENCIARIO 365 �El único responsable del pago de un cheque es el librador, a grado tal que el Banco librado debe pagarlo mientras haya fondos suficientes para ello, excepto cuando legalmente se le libere de ese deber. Aún en los casos de negativa injustificada del librado para pagar un cheque, su responsabilidad se da sólo frente al librador. No hay, por lo común, acción cambiaría o extracambiaria que el tenedor de un cheque pueda hacer valer en contra de la institución librada. Por el LIC. BENITO MORALES SALAZAR LOS CB_EQUES CERTIFIClDO_S Y DE ~CAJA Ello se deriva de los artículos 175, 176, 181 , 183, 184, 185, 186, 187, 191 y 193 de la invocada Ley, que no dejan lugar a dudas de que el cheque no constituye una concesión de crédito a corto, mediano o largo plazo, sino un medio de pago y de pago inmediato, según apunta el diverso numeral 178, pues el reenvío que el artículo 196 hace a las disposiciones atinentes a la letra de cambio, limita su aplicación a lo conducente, esto es sin permitir olvidar o ignorar las características y condiciones propias del cheque. Lo expuest,o significa que quien libra un cheque, en los términos apuntados, está ejercitando un derecho que le asiste hacia el Banco, bien por el depósito directo que ha realizado para consti~ tuir la provisión de fondos disponibles a ese efecto, ora por la apertura de crédito que el librado hace en fa vor del librador. El cheque, considerado como título de crédito acorde al concepto legal expresado en el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es un instrumento de pago. Nace a virtud del contrato celebrado entre una persona física o moral y una institución de crédito, quien autoriza a expedirlo a su cargo y contra los fondos disponibles que aquellos tengan en ésta. Es, por naturaleza ordinaria, una orden incondicional de pago dada por el librador a la institución de crédito, respecto a una suma de dinero determinada. Por tanto, el acto jurídico de autorización para expedir cheques, sólo obliga a la autorizante hacia el librador hasta el límite de las sumas provistas por éste; no existe, por ende y generalmente, vínculo o relación de obligatoriedad entre la institución de crédito y el beneficiario o tenedor de un cheque. En ambos casos la institución de crédito es depositaria de las correspondientes sumas de dinero y la orden de pago inserta en el cheque operar€! respecto a bienes que integran el patrimonio del librador. Esto explica la irresponsabilidad del librado frente al tenedor del cheque, porque aquél no compromete su patrimonio para satisfacer la suma incorporada en el documento, sino cumple por otro las órdenes de disponer de bienes de su propiedad, de los que el Banco sólo es mero depositario. De ahí que la provisión de fondos, por parte del librador, sea elemento consubstancial del cheque para mantener su calidad de instrumento de pago a la vista. Sin 367 �tal requisito el cheque se desvirtuaría y se convertiría en una forma de otorgar créditos, contrariándose así el espíritu legislativo sobre ese particular. Sin embargo, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vigente, en su sección correspondiente a las formas especiales del cheque, regula la certificación del mismo por el librado (Artículo 199 que señala: "Antes de la emisión del cheque, el librador puede exigir que el librado lo certifique, declarando que existen en su poder fondos bastantes para pagarlo. La certificacióil no· puede ser parcial ni extenderse en cheques al portador. El cheque certificado no es negociable. La certificación produce los mismos efectos que la aceptación de la letra de cambio. La inserción ert el cheque de las palabras "acepto", "visto", "bueno" u otras equivalentes suscritas por el librado, o de la simple firma de éste, equivalen a una certificación. El librador puede revocar' el cheque certificado, siempre que lo devuelva al librado para su cancelación"). Dejando a un lado las críticas que la doctrina ha elaborado en torno a la naturaleza y conveniencia del cheque certificado, no hay duda de que éste desborda los principios básicos que informan a la teoría del cheque, por cuanto que la modalidad de mérito apareja' el surgimiento de una obligación cambiaría del librado frente al tenedor, al prevenirse con toda claridad en el precepto invocado que "la certificación produce los mismos efectos que la aceptación de la letra de cambio". Pero en contra de lo que pudiera pensarse, la figura aludida no rompe la dualidad de librador y librado como entes diferenciados. Lo que acontece es que el primero, sin perder su carácter de proveedor de fondos, exige del segundo su declaración anticipada a la emisión del cheque y, por consecuencia, a su presentación (a través de las fórmulas expresas o tácitas que el mismo artículo apunta), de que hay fondos bastantes y seguros para pagarlo. Se obliga el librado, de ese modo, a sep~Har de inmediato el importe 368 respectivo; a cargarlo desde luego en la cuenta del librador; y a ponerlo en cuenta general de cheques certificados, según lo ordena el artículq 106 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, que previene: Cuando una institución certifique un cheque, cargará desde luego, el importe en la cuenta del librador y lo abonará en cuenta general de cheques certificados. En atención a todo ello el tenedor, al recibir el cheque, no sufre los riesgos de insuficiencia de fondos por otros giros del librador sobre su provisión general y regular, pue~ ya no teme que la suma constante en el título está a buen resgu'ardo exclusivamente para él. De ahí también la responsabilidad cambiaría del librado hacia el tenedor. Porque del patrimonio del girador se desplazó un fondo especial que ya entró a formar parte del patrimonio del librado, quien sólo está en espera de que el tenedor le solicite que cumpla con la aceptación de pagar, expresa o tácitamente dada. Joaquín Rodríguez y Rodríguez (DERECHO BANCARIO. Págs. 218, 221 y 223. Tercera Edición. Editorial Porrúa, S. A., México 1973), señala: " ... Primero:-Pago forzoso por el librado. El cheque certificado.-Concepto. El cheque certificado es aquel que ha sido firmado por el girado, que así queda obligado cambiaría y directamente a su pago. En virtud de la certificación, el librado viene a substituir al librador como principal obligado cambiario". "Efectos de la certificación. Certificado un cheque, el banco girado debe cargar inmediatamente su importe en la cuenta del girador y abonarlo en una cuenta especial de cheques Certificados. Así, lo dispone el artículo 106, L. lnst. Cr. Este precepto tiene la trascendencia de que, por su aplicación, el importe del cheque queda separado del patrimonio del girador y adscrito en el patrimonio del girado, a una cuenta con efectos y finalidades especiales". . .. "Puede argegarse 369 �también que el derecho de crédito por el importe del cheque certificado, ya no está en el patrimonio del girador, puesto que su importe se carga en cuenta, tan pronto como la certificación se hace, sino que pasó al patrimonio del girado, a través de su asiento en la cuenta de cheques certificados, según dispone el artículo 106, L. lnst. Cr." En tal orden de ideas, si el patrimonio comprometido es ya el del librado, no parece que el librador pueda revocar el cheque conforme al artículo 185 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a pesar de la última parte del artículo 199 comentada. Sólo para el librador la vida del cheque certificado está determinada por la prescripción fijada en el diverso numeral 207 que dispone: "Las acciones contra el librado que certifique un cheque, prescriben en seis meses, a partir de la fecha en que concluya el plazo de presentación. La prescripción, en este caso, sólo aprove• chará al librador. Las acciones contra el que expida o ponga en circulación los cheques de viajero prescriben en un año, a partir de la fecha en que los cheques son puestos en circulación". Pero por las razones ya expresadas (traslado de bienes del patrimonio del librador al patrimonio del librado), esa prescripción libera exclusivamente al librador en cuanto a la responsabilidad solidaria que se le impone en el artículo 154. La devolución del cheque al librado para su cancelación (se lee revocación en el artículo 199 infine), es el medio de extinguir la responsabilidad de éste. Porque el hacer tal. el librador desva· nece la obligación cambiaría del Banco obtenida con el fondo es· pecial que, antes de emitir el cheque, ingresó al patrimonio del librado. Entonces el librador sí tiene derecho a que se reintegre a su patrimonio el importe de aquel fondo particularmente creado, puesto que en esa forma el cheque (con la gama de derechos que incorpora) muere jurídicamente para el librado. Rafael de Pina Vara, al tratar este punto en su obra que en seguida citaremos, sostiene los puntos externados, aunque afirma que el librado se libere al transcurrir el perk 'o. de prescripción del mencionado artículo 207. No obstante el propio Autor cae en las consideraciones antes esbozadas al agregar que la Ley "debió decir ..." o que " ... nuestros mercantilistas consideran que la institución del cheque certificado debe corregirs~ ... " La utilización de esos eufemismos destacan en mayor grado dos hechos: En el estado actual de la Ley, no se libera al librado de la obligación cambiaria contraída ni por la prescripción a que alude el precepto señalado en el párrafo que antecede, pero tam• poco por la prescripción ordinaria de los cheques regulada por el artículo 192. Razonar diversamente sería ilógico si se observa que en este precepto se alude al mismo término y' computable de idéntica manera que en el 207. La liberación para el Banco librado se producirá, o bien con la anulación o cancelación del cheque que el mismo librado efectúa al devolvérselo el librador, o bien por la prescripción general de las acciones cambiarías e que se refiere el artículo 165 de la Ley General ds3 Títulos y Operaciones de Crédito, pues no debe olvidarse que al librado se le tiene como aceptante de una letra de cambio. Dice el citado Autor (TEORIA Y PRACTICA DEL CHEQUE, Págs. 291, 292 y 293. Segunda Edición, Editorial Porrúa, S. A., v México, 1974): "El cheque certificado, aún cuando la LTOC establezca lo contrario, es irrevocable. En efecto, en el artículo 199 se dispone que el librador puede revocar el cheque certificado, siempre que lo devuelva al librado pa• ra su cancelación. No es éste propiamente hablando un caso de revocación. "La revocación implica la orden de 370 371 ✓ �no pagar, dada al girado y la devolución del documento equivale no a la revocación, sino a la anulación del cheque". No obstante lo anterior, Rodríguez y Rodríguez, considera que de todos modos el cheque puede ser revocado, en la forma prescrita en el artículo 185 de la LTOC, mediante la contraorden dada por el librador al librado, que solamente producirá sus efectos a partir del transcurso del plazo de presentación. No estamos de acuerdo con esta opinión. "El cheque certificado podrá ser anulado o cancelado, mediante su devolución al librado; pero la simple revocación (contraorden) no libera ni puede liberar al librado de su obligación cambiaria directa y principal de pagar el cheque al tenedor mientras no transcurra el término de prescripción previsto por el artículo 207 de la LTOC. Tampoco implica pérdida de la acción directa contra el librado la circunstancia de que el cheque certificado no sea presentado oportunamente para su pago o no se levante el protesto {o no se realicen los actos que legalmente lo substituyen) en caso de falta de pago parcial o total". "Las acciones contra el librado, establece el artículo 207 de la LTOC, que certifique un cheque prescriben en seis meses, a partir de la fecha en que concluya el plazo d~ presentación. La prescripción, en este caso, sólo aprovechará al librador. Con la disposición absurda del referido art:culo 207 transcrito, el legislador oretende enmendar la iniusticia que implica el primer párrafo del mismo. En efecto, en caso de prescripción el librado que certificó (y que abonó en la cuenta general de cheques certificados) se enriquecería sin ca usa y por eso se añade qüe la pre:cripción solamente aprovechará al libradcr, es decir, como afirma Cervantes Ahumada, el legis!ador "es- 372 tableció una prescripción extintiva que no es prescripción, puesto _que no libera al obligado". "Lo que debió decir el legislador, en. realidad, es que una vez transcurrido el término de orescripcié n, el librador tiene el derecho de pedir al librado que le abone én su cuenta el importe del cheoue certificado , ·ue no fue cobrado. · "Nuestros mercantilistas (Cervantes Ahumada, Rodríguez Rodríguez, Tena), consideran que la institución del cheque certificado, debe corregirse, adoptándose la solución de la L. U. CH. Esto es, la certificación debe hacer responsable al librado frente al tenedor de que durante el plazo de presentación tendrá fondos suficientes para pagar el cheque, pero nunca deberá convertirlo en obligado cambiario directo y principal ante el propio tenedor, ya que ello va en contra de la esencia misma del cheque . 11 (El propio Autor, en referencia al párrafo antes transcrito, cita también lo siguiente: "El artículo 6 del anexo 11 de la Convención de Ginebra, establece: Cada una de las altas partes contratantes tiene la facult~d de admitir que el girado inscriba en el cheque una mención de certificación, confirmación, visto bueno u otra decláración equivalente, con tal que esta declaración no tenga el efecto de una aceptación, y de regular !os efectos de la misma ") . Por otra parte, el artículo 200 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dispone: S61o las instituciones de Crédito pueden expedir cheques de caja a cargo·de sus propias dependencias. Para su validez estos cheques deberán ser nominativos y no negocia bles. 373 �En éstos resulta nítida la confusión del librado y librador: ambos son uno mismo. La obligación cambiaría de pago de la institución de crédito hacia el beneficiario o tenedor es incuestionable y no requiere de otros elementos. El Banco gira en contra de sí y responde con su propio patrimonio. No uno constituido especialmente como en el caso del cheque certificado, sino con todo su patrimonio. puede no ser cuentahabiente) por lo cual se paga un precio que es la suma que se consigna en el giro. lpso facto, ese precio es propiedad del Banco y de ningún modo es concebible que tal suma la reciba como ·simple depósito de una provisión de fondos disponibles, cual si se tratara del acto de autorización · a que se contrae el segundo párrafo del artículo 175 indicado. Rodríguez y Rodríguez (Obra citada. Pág. 221) expone: Por contra, frente a este tipo de cheques, o sea los de caja, desaparece la idea de una relación de provisión de fondos. "Cheques que pueden ser certificados. Puesto que la certificación crea la obligación cambiaría y directa del librado para el pago del cheque, la certificación será improcedente en todos los casos en los que el girado ya está obligado cambiariamente al pago del cheque. Esto ocurre en los casos en que el girador es al mismo tiempo el girado del cheque, como sucede con los cheques de caja y con los cheques de viajero". El beneficiario o tenedor resulta tercero extraño a esa operación y el único vínculo que subsiste, ~ partir de tal momento, es el del Banco librador-librado con el beneficiario o tenedor, a quien no pueden depararle perjuicio los acuerdos posteriores entre Banco y ordenante o peticionario, como para pensar que se destruya el derecho cartular del que es titular el tenedor, en correlación a la obligación cambiaría que sólo el Banco ha prometido cumplir. Cierto es que los cheques de caja son también utilizados por los Bancos para efectuar remesas de fondos de una plaza a otra a petición de sus clientes (qiros). Mas no menos cierto es que hasta eri esos supuestos no varían las cosas, ante la ausencia de relación entre el beneficiario y quien pidió la remesa al librado. Aquí, este (iltimo sique siendo el único obligado cambiaría, directo e inmediato. La expedición del "giro", aunque sea a petición u orden de r 11 alauier oersona, no tiene la virtud de convertir a esta última en librrc-lo r del documento, aún en el caso de aue también sea cuentr"l~abiente del Banco. En realidad, tratándose de los cheques de caja, el Banco actúa prometiendo pagar, a la manera que lo hace el suscriptor de un pagaré. Esto es, en los eventos citados se celebra una compra-venta entre el librado y peticionario u ordenante del "giro" (que bien 374 Para una mayor inteligencia de lo apuntado, piénsese que los cheques de caja participan, a no dudarlo, de la naturaleza de los cheques de viajero, en cuanto que éstos igualmente son expedidos por el Banco a su propio cargo, a pesar de que la expedición sea por orden de cualquier persona. Esta tampoco se torna en librador, pues la exclusiva relación que se genera es de Banco librador-libra- . do a tomador o endosatario. Rafael de Pina Vara (obra citada, Págs. 293 a 295) escribe: "EL CHEQUE DE CAJA.-En principio, el cheque no puede ser emitido a cargo del mismo librador. En este supuesto no puede hablarse en realidad de una orden de p_a go dirigida al librado (contenido esencial del cheque) sino de · una simple promesa de pago del librador. Sin embargo, la ley permite que, excepcionalmente, puedan expedirse cheques a cargo del propio librador. 375 �"Gualtieri, cons.idera que en estos casos el cheque pierde su función económico-jurídica propia, para asumir la del pagaré, que contiene una promesa y no una orden de pago y prescinde, consecuentemente, de la relación de provisión. Verdaderamente, escribe Greco, una orden que sea tal en sentido jurídico, y no sólo en sentido moral, presupone esencialmente una relación entre dos sujetos cuando menos; esto es, entre ordenante y ordenado; de otra manera o no significaría nada, o significaría que el pretendido ordenante se obliga en realidad directamente, emitiendo substancialmente un pagaré y no un cheque, en el que +~"dría la calidad de obligado principal y no simplement(.! obligado de regreso ... Más aún, la forma del giro contra sí mismo, aparece en contraste con la naturaleza del cheque. Contrasta sobre todo con el requisito de la previsión, la cual no tiene sentido lógico y práctico si no es concebida como un crédito del ordenante contra un tercero; de otra manera se confundiría o más bien se desvanecería en el concepto de la propiedad patrimonial del ordenante; y la misma provisión no sería susceptible de ser individualizada o aislada en la inmediata esfera de dominio de este último, para algunos reflejos de orden jurídico, por ejemplo la obligación de proceder a su constitución y mantenerla íntegra. Contrasta también con la esencial función del cheque como simple medio de pago y no como instrumento de crédito. En efecto, cuando el deudor sea también deudor de la suma destinada al pago, pudiéndose este último efectuar directamente, no se comprende el por qué de la emisión del cheque. Para los efectos de la transferencia monetaria en este caso, el cheque serviría como una cualquier promesa de pagar un débito. Puede corresponder sin duda a otras funciones; pero se trata de funciones espúreas, que en el cheque la ley o prohibe de modo absoluto, o no quiere que sean cumplidas por el cheque, como la dilación <Je los pagos, o la atribulación al acreedor de un documento reconscitivo de un crédito líquido y exigible". "No obstante lo anterior, por razones y exigencias prácticas, el legislador ha admitido excepcionalm'ente la posibilidad de que el cheque, en determinados supuestos sea expedido a cargo del propio libra.dar. Estos cheques recibe~ en nuestro Derecho el nombre de cheques de ca• 11 Iª . En realidad, tratándose de los cheques de caja, e l Banco actúa prometiendo pagar, a la manera que lo hace el suscriptor de un pagaré. Esto es, en los eventos citados se celebra una compra-venta entre el librado y peticionario u ordenante del "giro" (que bien puede no ser cuentahabiente) por lo cual se paga un precio que es la suma que se consigi:ia en el giro. lpso facto, ese precio es propiedad del Banco y de ningún modo es concebible que tal suma la reciba como simple depósito de una provisión de fondos disponibles, cual si se tratara del acto de autorización a que se contrae el segundo párrafo del artículo 175 indicado. Por contra, frente a este tipo de cheques, o sea los.de ca ja, desaparece la idea de una relación de provisión de fondos. El beneficiario o tenedor resulta tercero extraño a esa operación y el único vínculo que subsiste, a partir de tal momento, es el del Banco librador-librado con e l beneficiario o tenedor, a quien no pueden depararle perjuicio los acuerdos posteriores entre Banco Y ordenante o peticionario, como para pensar que se destruya el derecho cartular del que es titular el tenedor, en correlación a la obligación cambiaria que sólo el Banco ha prometido cumplir. Para una mayor inteligencia de lo apuntado, piénsese que los 376 377 �cheques de caja participan, a no dudarlo, de la naturaleza de los cheques de viajero, en cutinto que éstos igualmente son expedidos por el Banco a su propio cargo, a pesar de que la expedición sea por orden de cualquier persona. Esta tampoco se torna en librador, pues la exclusiva relación que se genera es de Banco librador-librado a tomador o endosatario. Rafael de Pina Vara (obra citada, Págs. 293 a 295) escribe: "EL CHEQUE DE CAJA.-En principio, el cheque no puede ser emitido a cargo del mismo librador. En este supuesto no puede hablarse en realidad de una orden de pago dirigida.lal librado (contenido esencial_ del cheqw:3) sino de una si~ple promesa de pago del librador. Sin embargo, la ley permite que, excepcionalmente, puedan expedirse cheques a cargo del propio librador. "Gualtieri, considera que en estos casos el cheque pierde su función económico-jurídica propia, para asumir la del pagaré, que contiene una promesa y no una orden de pago y prescinde, consecuentemente, de la relación de provisión. Verdaderamente, escribe Greco, una orden que sea tal en sentido jurídico, y no sólo en sentido moral. presupone esencialmente una relación entre dos sujetos cuando menos; esto es, entre ordenante y ordenado; de otra manera o no significaría nada, o significaría que el pretendido ordenante se obliga en realidad directamente, emitiendo substancialmente un pagaré y no un cheque, en el que tendría la calidad de obligado principal y no simplemente obligado de regreso ... Más aún, la forma del giro contra sí mismo, aparece en contraste con la naturaleza del cheque. Contrasta sobre todo con el requisito de la previsión, la cual no tiene sentido lógico y práctico si no es concebida como un crédito del ordenante contra un tercero; de otra manera se confundiría o más bien se des- 378 vanecería en el concepto de la propiedad patrimonial del ordenante; y la misma provisión no sería susceptible de ser individualizada o aislada en la inmediata esfera de domi: nio de este último, para algunos reflejos de orden jurídico, por ejemplo la o_bligación de proceder a su constitución y mantenerla íntegra. Contrasta también con la esencial función del cheque como simple medio de pago y no como instrumento de crédito. En efec+o, cuando el deudor sea también deudor de la suma destinada al pago, pudiéndose este último efectuar directamente, no se comprende el por qué de la emisión del cheque. P.ara los efectos de la transferencia monetaria en este cas.o, el cheque serviría como una cualquier promesa de paga; un débito. Puede corresponder sin duda a otras funcion~s; pero se trata de funciones espúreas, que en el cheque la ley o prohibe de modo absoluto, o no quiere que sean cumplidas por el cheque, como la dilación de los pagos, o la atribulación al acreedor de un documento reconscitivo de un crédito líquido y exigible". "No obstante lo anterior, por razones y exigencias prácticas, el legislador ha admitido excepcionalmente la posibilidad de que el cheque, en determinados supuestos sea expedido a cargo del propio librador. Estos cheques reciben en nuestro Derecho el nombre de cheques de ca¡a . • 11 "En la práctica bancaria se utílizan cheques de caja para realizar transferencias de fondos entre las distintas sucursales o agencias de una institución de crédito, y también para efectuar remesas de fondos de una plaza a otra a petición de sus clientes (giros)". _Así las cosas, y con resguardo absoluto de las peculiares dife~enc,as apuntadas entre los cheques certificados y los de caja, es incuestionable que para los segundos valen los argumentos formu379 �lados precedentemente en lo que atañe a los cheques certificados, así como lo correspondiente de las opiniones doctrinales transcritas. De tal suerte que, sin violencia alguna, es dable asentar que a semejanza de los cheques certificados, la Ley no libera al Banco ni siquiera a virtud de la prescripción que se consagra para la extinción de las acciones derivadas de los cheques normales o comunes. Acá, como en los cheques certificados, la prescripción es la general de las acciones cambiarías (artículo 165). Creemos, con Rafael de Pina Vara, que el tenedor de un cheque certificado o de un cheque de caja no está forzosamente obligado a presentar el cheque, exigiendo su pago, dentro de los plazos a que se contrae el artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a fin de conservar sus acciones en contra del Banco obligado cambiariamente. Y si bien el diverso numeral 207, primer párrafo, indica desde cuándo corre la prescripción para los cheques certificados (conclusión del plazo de presentación), es de estimarse que ello se consagra exclusivamente como indicador de un punto de iniciación de cómputo para liberar por prescripción únicamente al librador (que en esos cheques sí es un ente distinto al librado) de su responsabilidad cambiaría solidaria a la que ya hicimos referencia. En consecuencia, no debiendo presentarse tales cheques (de caja o certificados) conforme al citado artículo 181, las acciones cambiarías derivadas de ellos no caducan frente al librador y librador-librado en los términos del invocado artículo 191, puesto que, según se asentó, hasta en los casos de cheques certificados el librador, conservándose como un ente diverso al Banco-librado, es el que se libera exclusivamente por la prescripción, después de transcurrido el plazo fijado en el mencionado precepto 207. Ya observamos una similitud esencial entre los cheques de caja y los cheques de viajero. A nadie se le ocurriría pensar (al legislador mucho menos; ~rtículo 207, segundo párrafo) que estos últimos deban ser presentados como lo ordena el artículo 181, so pena de 380 verse perdidas por caducidad las acciones cambiarías conforme al numeral 191. Además: si como antes se externó, el cheque certificado que implica siempre la diversidad de librador y librado, no es susceptible de revocarse de acuerdo al artículo 185, menos lo es el cheque de caja expedido por una institución de crédito a su propio cargo, en el cual se presenta más notoriamente la obligación cambiaría del Banco con el tenedor, sin intermediación alg~na. Pudiera objetarse que todo lo expuesto choca con la naturaleza jurídica propia del cheque y con el propósito del Legislador de evitar que el cheque sea sustituto~el b~~e moneda. Pero no se debe olvidar que se trata de "formas especiales del cheque"; que tanto los cheques certificados co~o los c~eques de caja, sí obligan cambiariamente al Banco, a la m,nera de una letra de cambio o de un pagaré, respectivamente; que la misma Ley exige que sean nominativos y no negociables, o sea carentes de la posibilidad de circular en todo caso (artículo · 201 )¡ que esto, incuestionablemente les da la calidad de un billete singular y personal para el tenedor, hasta su anulación -o cancelación o prescripción apuntada; que el Título correspondiente de la Ley comentada se integra con normas expresas y de excepción, referidas a los cheques multicitados; que es obvio que los cheques certificados y los cheques de caja constituyen una peculiarísima categoría dentro de la condición igualmente especial del cheque, en contraste directo con el concepto de títulos de crédito en general; y que si es unánime la consideración de que los cheques no deben , obligar cambiariamente a los Bancos, lo cierto es que la interpretación integral y conjugada de la regulació~ actual de la Ley, conduce a la conclusión de que los cheques certificados o de caja están adoptados como estructuras que extralimitan, hasta ahora, la concepción del cheque común como mero instrumento de pago y no de concesión de un crédito. 381 �"En la práctica bancaria se utilizan cheques de caja para realizar transferencias de fondos entre las distintas sucursales o agencias de una institución de crédito, y también para efectuar remesas de fondos de una plaza a otra a petición de sus clientes (giros)". Así las cosas, y con resguardo absoluto de las peculiares diferencias apuntadas entre los ~heques certificados y los de caja, es incuestionable que para los segundos valen los argumentos formu• lados precedentemente en lo que atañe a los cheques certificados, así como lo correspondiente de las opiniones doctrinales transcritas. De tal suerte que, sin violencia alguna, es dable asentar que a semejanza de los cheques certificados, la Ley no libera al Banco ni siquiera a virtud de la prescripción que se consagra para la extinción de las acciones derivadas de los cheques normales o comunes. Acá, como en los cheques certificados, la prescripción es la general de las acciones cambiarias (artículo 165). Creemos, con 'Rafael de Pina Vara, que el tenedor de un cheque certificado o de un cheque de caja no está forzosamente obligado a presentar el cheque, exigiendo su pago, dentro de los plazos a que se contrae el artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a fin de conservar sus acciones en contra del Banco obligado cambiariamerite. Y si bien el diverso numeral 207, primer párrafo, indica desde cuándo corre la prescripción para los cheques certificados (conclusión del plazo de presentación), es de estimarse que ello se consagra exclusivamente como indicador de un punto de iniciación de cómputo para liberar por prescripción únicamente al librador (que en esos d 1-eques sí es un ente distinto al librado) de su. responsabilidad cambiaría solidaria a la que ya hicimos referencia. En consecuencia, no debiendo presentarse tales cheques (de caja o certificados) conforme al citado artículo 181 , las acciones cambiarías derivadas de ellos no caducan frente al librador y libra· dor-librado en los términos del invocado artículo 191, puesto que, 382 según se asentó, hasta en los casos de cheques certificados el librador, conservándose como un ente diverso al Banco-librado, es el que se libera exclusivamente por la prescripción, después de transcurrido el plazo fijado en el menciona_d o precepto 207. Ya observamos una similitud esencial entre los cheques de caja y los cheques de viajero. A nadie se le ocurriría pensar (al legisla- dor mucho menos; artículo 207, segundo párrafo) que estos últimos deban ser presentados como lo ordena el artículo 181, so pena de verse perdidas por caducidad las acciones cambiarias conforme al numeral 191 . Además: si como antes se externó, el cheque certificado que implica siempre la diversidad de librador y librado, no es susceptible de revocarse de acuerdo al artículo 185, menos lo es el cheque de caja expedido por una institución de crédito a su propio cargo, en el cual se presenta más notoriamente la obligación cambiaría del Banco con el tenedor, sin intermediación alguna. Pudiera objetarse que todo lo expuesto choca con la naturaleza jurídica propia del cheque y con el propósito del Legislador de evitar que el cheque sea sustituto del billete moneda. Pero no se debe olvidar que se trata de "formas especiales del cheque"; que tanto los cheques certificados c-:,mo los cheques de caja, sí obligan cambiariamente al Banco, a la manera de una letra de cambio o de un pagaré, respectivamente; que la misma Ley exige que sean nominativos y no negociables, o sea carentes de la posibilidad de circular en todo caso (artículo 201 ); que esto, incuestionablemente les da la calidad de un billete singular y personal para el tenedor, hasta su anulación o cancelación o prescripción apuntada; que el Título correspondiente de la Ley comentada se integra con normas expresas y de excepción, referidas a los cheques multicitados; que es obvio que los cheques certificados y los cheques de caja constituyen una peculiarísima categoría dentro de la condición igualmente especial del cheque, en contraste directo con el 383 �concepto de títulos de crédito en general; y que si es unánime la consideración de que los cheques no deben obligar cambiariamente a los Bancos, lo cierto es que la interpretación integral y conjugada· de la regulación actual de la Ley, conduce a la conclusión de que los cheques certificados o de caja están adoptados como estructuras que extralimitan, hasta ahora, la concepción del cheque común como mero instrumento de pago y no de concesión Por el LIC. CARLOS FRANCISCO CISNEROS RAMOS de un crédito. "LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN ll JUICIO OR AMPARO" (Corrección Judicial de la Demanda de Amparo errónea, irregular u omisa). MONOGRAFIA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO CONVOCADO POR EL COLEGIO DE SECRETARIOS DE ESTUDIO Y CUENTA DE LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN LA NACION, A. C. INTRODUCCION La evolución constante del Derecho, ha introducido en la legislación positiva de nuestro país, normas integradoras de nuevos ordenamientos jurídicos regu_ladores de las diversas conductas y quehaceres de los hombres dentro de la comunidad mexicana. Al efecto se han venido ampliando los llamados "derechos sociales", consagrados, por primer~ vez, en el mundo, en una Cons- 384 �LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA titución, en la expedida por el Constituyente de Querétaro en 1917, al incorporar en ese texto político-social fundamental de nuestro País, los correspondientes a los trabajadores, ejidatarios, comuneros, núcleos de población, y, en general a quienes podrían exigir el derecho a la educación. Dentro de las múltiples enmiendas constitucionales se han incluido nuevos derechos sociales: la regulación de las relaciones entre los servidores públicos federales y los distintos órganos del Poder Público Federal, la seguridad social de los burócratas, hasta lo último relativo a la normación de los llamados asentamientos humanos. Todo ello representa el avance correspondiente dada la socialización del Derecho, atendiendo a la tendencia de otorgar tutela jurídica, protección a los marginados o económicamente débiles. Lo anterior, sin descartar, ni restringir los derechos individuales del hombre, quien se encuentra también protegido de todo acto arbitrario de la autoridad al concedérsele la oportunidad de recurrir al juicio de amparo a fin de lograr de la autoridad judicial , federal correspondiente, el amparo y protección de la justicia de la unión en contra de los actos reclamados de la autoridad demandada. Sin embargo, el juicio de amparo, está concebido desde el punto de vista de la ;protección de los derechos individuales. No hay un juicio de amparo para tutelar los derechos sociales. "Desde un punto de vista práctico -acota el Lic. Juventino Y. Castro-no técnico, el derecho existe como vivencia dinámica, en tanto exista una acción que permita reafirmarlo cuando se le desconozca o se le ataque", (Hacia el Amparo Evolucionado. Juventino V. Castro. Editorial Porrúa, S. A., 1964. Pág. 128). Luego, pudiera pensarse, el derecho social, no existe. Pero, de pensarse así, se dejaría de considerar el espíritu de los Constituyentes de brindar la protección debida a los grupos humanos económicamente débiles. 386 LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Veamos c6mo se preocupó el legislador originario de permitir el logro de esa tutela, cuan.do, en el ejerciéio de la acción constitucional, generadora del juicio de amparo, -et demandante, ~en materia penal fuere omiso en la narración de los hechos y conceiptos de violación, presentando' una demanda obsCJJra, irregular o deficiente, pero el juzgador encontrare una violación manifiesta de la ley, con la cual se dej6 en estado de indefensión al acusado, indiciado, procesado o sentenciado, o bien, éste fue juzgad~ por una ley inexactamente aplicada al caso. Desde luego, de acuerdo con la interpretación, se estableci6 la actividad jurisdiccional, por parte del juez del amparo, para corregir esa demanda errónea o irregular, considerando las condiciones o sit_uaciones del demandante derjuicio de amparo, en materia penal, o la ignorancia o torpeza del mismo o sus defensores. Con ese tenor se hicieron, posteriormente, las enmiendas constitucionales, siguiendo el procedimiento de reforma constitucional correspondiente, ante el denominado Congreso Constituyente Permanente, para permitir al Juez del amparo, realizar esa actividad jurisdiccional supletivo cuando la demanda se sustentaba en la aplicación, por parte de la autoridad demandada, de una ley declar~da anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia en negocios laborales; cuando se tratare de la parte obrera; en asuntos de ejidatarios, comuneros y núcleos de población y en el caso de los menores e incapacitados. Se ha pretendido tutelar a la parte débil de todo proceso. D~ esa manera se llega a la consumación de la acción para garantizar t~:recho Social, concediendo al juzgador la realización de esa a~erv,dad conforme a la cual, pretendemos se haga extensiva, se g_ue todas Y cada una de las copias necesarias de la demanda pr;c1sa las autoridades demandadas, así como los actos reclamado~ Y 0 ~ conceptos de violación expuesto, recabe oficiosamente las prue as, y, en general cotrija o enmiende la demanda formulada l'lrr6neamente o en forma irregular. :I 317 / �LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Claro, atendiendo a los principios constitucionales, la protección será únicamente para quien haya ocurrido demandando el amparo y protección de la justicia de la unión y no para todo el grupo humano al cual pertenezca el demandante. De esa suerte se logra la deseada ppridad procesal. La actividad jurisdiccional llevada al cabo' por el iuez del amparo, corrigiendo o enmendando la demanda errónea, obscura o irregula r, suple aquella carencia de conocimiento y recursos de ún·a_ d,e las par>-," tes en las contiendas ordinarias, en las cuales, otra dé- elt;s, · cuenta con medios económicos y adecuados, asesoramientos ~ropios o suficientes para llegar a la obtención de fallos favorables a sus intereses. - Nuestra tesis tiende a la ampliación de esa actividad jurisdiccional supletiva, cuando la demanda de amparo es formulada por uno de los sujetos tutelados por los derechos sociales, sin importar la falta de encuadramiento en los postulados constitucionales. Así, por ejemplo, cuando un consumidor sufra, en sus derechos, una lesión, por un acto de autoridad, arbitrario, ilegal, anticonstitucional o indebido y ocurra en demanda de amparo y ésta sea errónea, obscura o irregular, el juez del conocimiento debe actuar corrigiendo, enmendando o supliendo al demandante. Este, atendiendo por ejemplo, a lo dispuesto por la nueva Ley Federal de Protección al Consumidor, en cuanto otorga a éste verdaderos derechos sociales, cuya adecuada protección se logrará con la concesión de esa actividad jurisdiccional suplativa. Igualmente, se puede hacer, en materia de asentamientos humanos y así, con todas las materias de Derecho Soci~I. Esa actuación debe hacerse partiendo de la interpretación constitucional y en atención a los requerimientos de la época, pensando en la necesidad de dejar de hacer modificaciones a la Carta Magna Federal, pues tal proceder al decir del Lic. Arturo González Cosío, "había convertido a la Ley Fundamental en el pasado en un traje a la medida de ambiciones personales, y sujeto por ello a las már tornadizas mudas". (El Poder Público y la Jurisdicción en 388 LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Materia Administrativa en México. Editorial Porrúa, S. A., 1976. Pág. 34. Arturo González Cosío). Para llegar a la conclusión fundamental, id_ea central _de es:e trabajo, principiamos con la pretensión de precisar la term1~~log1a utilizada a pesar del uso tradicional de los conceptos de la suplencia de la queja deficiente _en_ el ju;cio d~ amparo",, fijándonos, primeramente, y siguiendo al ¡urist~ Do~ ~1ceto Alc_ala-Zamora Y Castillo, "en un deta]e a primera vista sin 1mportanc1a, pero en_ el que habrán de poner especial atención los reformadores de .ma~ana -bien sean tradicionalistas, ecléticos o innovadores-, si qui~ren llenar su cometido con el máximo acierto. Aludimos al descuido y ligereza con que (prescindiendo de la orientación) se redactan nuestras leyes, hasta el punto de que la mayoría de ~as dudas Y ~e las confusiones tienen su arranque, unas veces, en la 1nconsecuenc1a del legislador consigo mismo; otras, en el olvido en que deja :uanto ha dicho en un precepto legal, para afirma"' lo cont~ario en otro, si es que no se desdice dentro de un mismo texto; f 1~almente en el empleo indistinto de términos que tienen muy d,fer~nte significación, o a la inversa" (Estudios de Derecho Persona_!. N,1ceto Alcalá-Zamora y Castillo. Biblioteca de Derecho, Soc1olog1a Y Política. Vol. XIII. Primera Edición. Centro Editorial Góngora, Madrid 1934. Pág. 27). Así , descartamos el término "queja", "especie de cajón de sastre d~nde el legislador, con insistencia digna de mejor ca~sa, ha colocado un saldo de recursos de la más variada procedencia Y aun algunas figuras procesales que nada t_ienen qu_e_ ver con los recursos" (Pág. 33, Alcalá-Zamora. Op. Cit.), pre'.irie_nd~ ,el de manda y, en general. el nombre, de ~s~ llamada institu:'?n de_l 1~1cio de amparo, "suplencia de la que¡a , por el de act1v1dad ¡urisdiccional. del juez del amparo para corregir, enmendar o subsanar la demanda errónea, obscura, irregular u omisa. ?~- Es una actividad jurisdiccional, pues el juez de amparo, teniendo a la vista la demanda, la corrige, enmendando las imperfecciones, y, además, debe llevar al cabo un quehacer amplio, desde 389 �LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA la complementación de las copias necesarias de la demanda hasta la actuación oficiosa para allegarse los medios de convicción necesarios para el acreditamiento del interés i~rídico. del demandante y la existencia de los actos reclamados a las autoridades demandadas. Todo ello no significa necesariamente la ccncesión de la protección del amparo y protección de la justicia de la unión, pues ~e toda la actividad jurisdicciona! desplegada, al ccmprobarse la e~,:tencia de los actos reclamados, nuede concluirse negando lo sol1c1tado por E!I demandante, por e~contrar una actuación de la autoridad ajustada a la Constitución. "No se trata -asienta el Lic. Humberto Briseño Sierra- de que el juez demuestre como si fuere el abogado que patrocina a los quejosos, sino de que vaya a la fuente misma de los hechos controvertidos, para recoger los elementos de juicio, y oportun~mente valorarlos. No irá a crear o construir las pruebas, no examinará testigos, sino recogerá la documentación existente y ordenará las pericias que se requieran". "Que todo ello deje en situación desventajosa al tercero y a la responsable está fuera de toda duda, pero no debe perderse de vista que no se trata de un proceso, ni una crítica de un proceso anterior, sino de un control que ha llegado hasta sus últimas consecuencias, al permitir la total oficiosidad en el juez, con la sola pre-sencia de la queja (El Amparo Mexicano. Humberto Briseño Sierra. Cárdenas Editor y Distribuidor. Primera Edición. 1971. Pág. 724). . 11 • En esa pretensión de precisar la terminología jurídica de la mencionada actividad jurisdiccional correctiva o supletiva, dejamos, en intento una definición, como base o principio de arranque para la formulación de aquella definición en el cual ·e ncontramos la satis· facción por reunir los requisitos necesarios y exigencias mínimas del lenguaje jurídico -del Derecho de Ar,:¡paro. 390 LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Pasamos, después, a la reseña breve de la evolución, desde el punto de vista constitucional de esa actividad jurisdiccional para corregir la demanda err6nea, continuando con el capítulo relativo a la aplicación en cada una de las llamadas categorías en las· cuales, de acuerdo con la legislación positiva, se ha reconocido la misma, con el objeto de tener o formar la idea del espíritu envolvente a esa actividad. Decíamos. la intención, desde el legislador constituyente, continuada por el ordinario, ha sido la de brindar la debida protecció~ a los demandantes del juicio de amparo, pertenecientes a las clases económicamente débiles, para enmendar o corregir los errores propios de la ignorancia, torpeza o mala defensa por no encontrar asesores, dada la carencia de sus recursos. Así llegamos a la última parte en la cual desarrollamos los temas relativos al Derecho Social. como una rama o disciplina nueva, señalando de acuerdo con la doctrina, las materias componentes del mismo, a fin de llegar a la aplicación de nuestra tesis relativa al desarrollo, por parte del juez del amparo, de esa actividad jurisdiccional correctiva o sup!etiva, en todos aquellos casos en los cuales el demandante sea un sujeto protegido por derechos sociales, para obtener el debido equilibrio o paridad procesal. Esa actividad correctiva del juez del amoaro conlleva a la contemplación del amparo social, pues al través de ella6 se supera "la ficticia igualdad legal, formal, procesal". "El juicio de amparo ya no se limita a proteger a los particulares contra leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales, sino que su ámbito tutelar se ha extendido a ese otro gran sector de derechos públicos del gobernado consagrados por nuestra Carta de 1917, las llamada s garantías sociales" (Excélsior, Pág. 1O-A. 27 de febrero de 1976), de tal manera, consideramos, es al través de la actividad jurisdiccional supletiva o correctiva dP. 391 �LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA la demanda errónea, obscura, irregular u omisa, como el juez del amparo llega a la debida protección de esos derechos sociales. Sin necesidad de modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en todo lo referente a los derechos sociales, cuando el demandante del juicio de amparo, sea la parte débil, por interpretación, los jueces del amparo, deben proceder a la enmienda, corrección de la demanda errónea u omisa, para hacer efectivo el voto del jurista mexicano Don Felipe Tena Ramírez, "de que la más popular de instituciones jurídicas abra de par en par su puerta para las clases populares, que por ella entraría también la tranquilidad a la conciencia de los jueces federales" (Pág. 30. "E~ Amparo de Estricto Derecho: Orígenes, Expansión, Inconvenientes". Revista de la Facultad de Derecho de México. Torno IV. Enero-Marzo 1954. No. 13). Prefiérase, pues, la actividad jurisdiccion_al correctiva o supletiva en cuestiones de amparos sobre derechos sociales, pues el am· paro de estricto derecho es "un engaño para el litigante y un ludibrio para el juez". Monterrey, N. L., a 12 de Abril de 1976 LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO (Corrección Judicial de la Demanda de Amparo errónea, irregular u omisa) CAPITULO PRIMERO: PRECISIONES TERMINOLOGICAS. INTEN.TO DE DEFINICION 392 Recordando las maravillosas lecciones del maestro Niceto Alcalá Zamora y Castillo en sus "Cuestiones de Terminología Procesal", antes de entrar al estudio del tema objeto de este trabajo, consideramos pertine·nte hacer algunas reflexiones en torno al lenguaje ufilizado para denominar a esa actividad jurisdiccional, propia del Juicio de Amparo, al través de la cual se llega a subsanar la irregularidad u omi~ión de la demanda, cuando por el contenido eminentemente social, inmerso no solamente en los actos reclamados, sino en la actividad misma de las·autoridades responsables y de quienes acuden en demanda del Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, obligan al juzgador a realizar una investigación exhaustiva a fin de lograr la prevalencia del principio de la supremacía de la Constitución. �1-A SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE Ese término de "queja" debe dejarse de utilizar, buscando otro más apropiado y con un significado unívoco. Al efecto tendremos presente las "exigencias mínimas del lenguaje jurídico. Ante todo, la expresividad, con objeto de que se manifieste desde el primer momento la perfecta correspondencia entre·denominador y denominado. En segundo lugar, la accesibilidad del vocabulario: Las ideas más profundas pueden y deben exteriorizarse con absoluta diafinidad, y con mayor motivo en los dominios del derecho, en los que faltan, o en los que sólo funcionan con alcance especial y restringido, métodos de concretización conceptual que en otras ramas del deber son de empleo decisivo y constante. Ha de procurarse también, hasta donde sea posible, el empleo de palabras unívocas y no equívocas, así como habrá de evitarse con cuidado sumo el divorcio entre nombre y contenido, en la doble dirección de unidad del primero y diversidad del segundo, o viceversa".(1) Lo anterior, además, si tomamos en cuenta lo expuesto· por el Dr. Octavio A. Hernández en el sentido: "desde un punto de vista técnico, la denominación es incorrecta pues, en sentido propio, por quejoso" debe entenderse la persona que interpone el recurso de queja y no quien demanda el amparo".(2) Ciertamente el vocablo "queja" en la legislación mexicana, ha sido utilizado indistintamente como nombre de un recurso ya con facultad de expresar lo sentido en contra de funcionarios infractores, abusivos o arbitrarios o ya como demanda. Así, empezando por la ley de Amparo, tenemos el artículo 82, el cual dice: "En los juicios de amparo, no se admitirán más recursos que los de revisión, QUEJA y reclamación" con la regulación correspondiente en los diversos del 95 al 102 de ese ordenamiento legal. En la sección 11, Capítulo IV, Título Cuarto, artículos del 237 al 239 del Código Fiscal de la Federación se contiene la regulación, proceso y resolución de la queja como recurso dentro del procedimiento contencioso-administrativo federal. 394 LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE En cambio en la fracción VI del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, se faculta ·al Presidente "de la Suprema Corte de Justicia, a recibir quejas por faltas tanto contra el Pleno, Salas, Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Aquí por queja se entiende la expresión de un sentimiento por actos arbitrarios constitutivos de faltas leves o graves. Mientras en el artículo 107 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos M&xicanos y en el artículo 76 de la misma Ley de Amparo, el término "queja" se utiliza como sinónimo de demanda, pues al decir el maestro Don Ignacio Burgoa, "el concepto queja" que importa la materia sobre la que se ejerce la mencionada facultad -(la facultad de suplir la queja deficiente)-, equivale al de "demanda de amparo", de donde se colige obviamente que "suplir la deficiencia de la queja" entraña "suplir la deficiencia de la demanda de garantías" .13! Por otra parte el Lic. Armando Chávez Camacho, después de haber recurrido al diccionario para explicarse el significado de las palabras suplencia y deficiencia, aduce: "nos pareció innecesario buscar la definición de la palabra queja porque nos pareció obvio que el legislador la usa como sinónima de DEMANDA, y concretamente de demanda de amparo".14) Así fue entendida también por el Constituyente cuando el Diputado Macías refutaba a Jara y a Medina al decir: "El amparo se pedirá aquí, se remitirá directamente por correo el escrito, acompañándose una copia para que el juez vea cuál es la QUEJA y cuáles son los defectos que se atribuyen al acto reclamado" .(5) Ahora bien, en materia del juicio por demanda de Amparo, se entiende el documento escrito, o la comparecencia ante el Juez del Amparo, en el caso excepcional mencionado en la Ley, al través del cual se ejercita la acción constitucional, señalando a la autoridad o autoridades realizadoras de los actos de decisión o ejecución, considerados lesivos a los derechos fundamentales del hombre. 395 �LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE Es sabido, en general. se define como "todo escrito o co~parecencia que de principio y forma al juicio, y para que sea eficaz la acción que se ejercita, la demanda debe compren?,er todos_ los datos y alegaciones indispensables para la de~ostrac1on de la ¡usticia de las reclamaciones formuladas, a ser posible debe, condensar lo que, después del juicio, debe quedar comprendido en la sentencia" .16) Así por lo pronto diremos es a la demanda, con todos los requisitos ~xigidos por los artículos 116, 116 bis Y 16~ de_ 1~, Ley de Amparo, a la cual hace referencia el concepto ?e . ~ue¡a , con:~· nido en el artículo 107 fracción II de la Constituc1on en relac1on con el diverso 79 de la Ley de Amparo, en cuyo caso, no solamente debe enmendarse el error en la cita del precepto legal corresp~ndiente, sino, yendo más allá, corregir hechos y concep'.os de v•:i lación expuestas incorrectamente u omitidos por el acc,onante d juicio de Amparo. ... , pues Bien lo anterior en cuanto atañe a 1a pa lb a ra " que¡a 1 f~ente a los vocablos "suplencia" y "deficiencias", podreen o a I d I d f · ·, del mos decir, respecto el primero, de acuer o con a e m1c1on Diccionario, es: "Acción de suplir una persona a otra en un ca_r?º· · e t c. " , de donde nos lleva a la definición del verboI' trans1t1vo of .,c,o, · 1· 1 "sup1·Ir" , "cumplir O integrar lo que falta", "dar por exp 1c1to . f ., o" m· plícito" mientras "deficiencia" es "defecto o 1mper ecc,on , Y "deficiente", "falto o incompleto". Es decir, lo pretendido por el legislador constituyente y reglamentado por el legislador ordinario, fue lo relativo a aquella dem~~ da incompleta, no integrada debida y adecuadamente, por act1v1• dad jurisdiccional llevada al cabo por el juez del amparo, al momento de dictar sentencia, y observando de lo expuesto en los a~tos. la necesidad de completar o perfeccionar la demanda del agraviad~ en las materias señaladas en la Ley, explican al través de los cons~ derandos, los hechos y conceptos de violación, implícitamente esti· 396 mados en el documento al través del cual se invocó el juicio constitucional. expresando los datos necesarios, pero sin obligar a la concesión de la protección de la Justicia de la Unión, pués de desprenderse de los autos, a pesar de esa labor judicial, la constitucionalidad de los actos reclamados, procedería la negativa del amparo demandado. Hubimos de recurrir al diccionario para dar esta explicación, pues con el Lic. Armando Chávez Camacho, "los que carecemos de aquella formación clásica y humanista que es orgullo legítimo de quienes la poseen, y que les permite el lujo de discriminar sútilmente los más intrincados problemas de raíces, lexicología y semática, no. tenemos ,, otra posibilidad que la vulgarísima de recurrir al Diec1onar10 . . "Debidamente iluminado nuestro espíritu por la jurisprudencia, convicto y confesos de nuestra ignorancia lingüístici:l, fuimos a él". "Y encontramos que el verbo suplir significa: edicionar, completar, integrar lo que falta de una cosa, remediar la carencia de algo, dar explícito lo que sólo se contiene implícitamente. Y que puede manifestar, además, la substitución de otro". "El vocablo deficiencia, para hacer honor a su nombre, es deficiente en cuanto a sus significaciones. Quiere decir: defecto, imperfección, carencia, estado incompleto de una cosa o algo". (71 Bueno, y aun cuando, ya hemo'S adelantado nuestra idea al respecto fundamentalmente de esas ideas parten las diferentes definiciones o consideraciones en torno de la naturaleza de la llamada "suplencia de la deficiencia de la queja", encontrando, también, la multivocidad de este concepto, pues mientras unas dicen que es "una figura jurídica" (Chávez Camacno), otros expresan es "principio que rige a una categoría específica de sentencias de amparo", "excepción o estimación especial del principio de estricto derecho" (Lic. Alfonso Noriega); "institución procesal constitucional, de ca- 397 �LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE rácter proteccionista y antiformalista y aplicación discrecional" (Lic. Juventino V. Castro) ; "facultad de suplir la deficiencia de la q ueja" (Lic. Ignacio Burgoa y Lic. Octavio A. Hernández); "institución eminentemente proteccionista" (Lic. Héctor Fix Zamudio). tividad jurisdiccional, realizada por el juez del amparo, para corregir la demanda de amparo irregular u omisa, con fin de otorgar protección a los económicamente débiles, concediéndoles al través ~e la ~isma una igualdad y equilibrio procesales necesarios. Como se ve, en algunas de las deficiones se expresa la finalidad de ese actuar del juzgador para completar la demanda indebidamente planteada, pero no hay consenso en precisar su nat~raleza, permitiéndonos, desde luego, y repitiendo lo expuesto anteriormente, decir, se trata de una actividad jurisdiccional porque se desarrolla en el momento en el cual se va a decidir en un caso concreto y con efectos particulares la controversia formulada sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad de los actos reclamados a las autoridades demandadas, realizada por el juez del amparo (H. Suprema Corte de Justicia, Tribunales Colegiados y Jueces de Distrito), elemento diferenciador, desde el punto de vista formal para evitar confusiones derivadas de "la actividad jurisdiccional", la cual de acuerdo con el régimen de facultades expresas, puede ser desarrollada por cualesquiera de los órganos del Poder Público, llámese Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y de este último diversificándolo para no pensar pueda desenvolver esa actividad el órga_no de esa denominación del Poder Público de cada una de las entiqades Fe- De lo anterior debe desprenderse la necesidad de utilizar, para mejor comprensión de esa labor llevada al cabo por la autoridad judicial federal, en el momento de dictar la sentencia, los vocablos "corrección judicial de la demanda de amparo errónea, irregular u omisa" en lugar de aquéllos, suscitadores de confusiones, utilizados hasta la fecha: "suplencia de la queja deficiente en el juicio de Am- derativas. Al respecto el Lic. Eduardo Pallares, expresa: "el jurisconsulto Juventino V. Castro, es de opinión que también puede suplir la deficiencia de la queja el superior jerárquico de la autoridad responsable en los casos en que conoce del juicio de amparo, pero esta opinión por muy respetable que es, tiene en su contra la circunsta~cia de que el artículo 76 únicamente concede la facultad de suplir la deficiencia a los tribunales federales, y consistiendo la facultad en un poder excepcional. la norma que lo otorga debe interpretarse restrictivamente" .(8) Luego 9ebe quedar firme el elemento correspondiente a la ac• 398 paro " . Quedan las demás ideas en el intento de definir esa actividad jurisdiccional, · típicas del juicio de amparo, cuya tarea habremos de dejar a quienes más acuciosos en el estudio, lleguen al encuentro de los términos o v0:ablos jurídicos más apropiados para darle a conocer y evitar no sólo en legos, sino también en expertos, esas confusiones de las cuales hemos hablado. �CAPITULO SEGUNDO 1.-BREVE RESEI\IA SOBRE LA EVOLUCION DE LA CORRECCION JUDICIAL DE LA DEMANDA ERRONEA, IRREGULAR U OMISA Sin remontarnos a épocas anteriores al actual régimen constitucional, generado con motivo de la obra magna del Constituyente de Querétaro, podemos asentar el nacimiento de la llamada "suplencia de la deficiencia de la queja", en el texto del párrafo segundo de la fracci6n segunda del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando decía: "La Suprema Corte, no obsta.nte esta regla (haciendo referencia al contenido del párrafo primero de la fracci6n. 11), podrá suplir la deficiencia de la queja en un juicio penal. cuando encuentre que ha habido en contra del quejoso una violaci6n manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensa o que se Íe- ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso y que sólo por torpeza no se ha combatido debidamente la violación". El texto aprobado por los Constituyentes es exactamente igual a1 presentado por Don Venustiano Carranza en el Proyecto corres- 401 �pendiente y desafortunadamente de los debates no se desprende dato alguno tendiente a la comprensión clara de tal disposición, pues en virtud del voto particular de fecha 18 de enero de 1917 presentado por los señores Hilario Medina y Heriberto Jara, proponiendo la supresión de todas las fracciones del artíc~lo 107 _del Proyecto por considerar la nulificación de la administración de ¡usticia de los Estados, al establecerse la procedencia del juicio de amparo contra ~entencias definitivas dictadas en juicios civiles y penales, suscitándose un debate infructuoso, aprobándose el proyecto por 139 votos contra cuatro de los señores Hilario Medina, Heriberto Jara, Meza 'y Ramírez G. La realización, en forma potestativa, de la actividad jurisdiccional para corregir la demanda de amparo presentada en materia penal, llevaba implícito la substitución judicial, del quejoso, viendo la manera de llevar la protección a la parte débil del proceso penal o sea el acusado, quien tenía como contrario al Estado, al través del titular del órgano encargado de la persecución de los delitos; acusado quien en muchas de las veces quedaba en completo estado de indefensión en virtud de la ignorancia, indolencia o torpeza propia o de su defensor. Es decir, ya el legislador consideraba el aspecto social y la gran desproporción existente entre las partes: acusadora, por un lado, siempre un Abogado, quien para llegar a ocupar el puesto requería el cumplimiento de determinados requisitos y ·con facultades y tiempo para perfeccionar sus estudios; y por el otro, el acusado, por lo general de escasos· recursos' económicos, impreparado y socialmente marginado, quien al actuar por sí mismo no tenía la capacidad suficiente par~ elaborar una perfecta demanda de amparo o bien por defensores, particulares o de oficio carentes también de los elementos necesarios, salvo ·honrosas excepciones, para presentar una completa exposición de hechos, actos reclamados, conceptos de violación, autóridades responsables, derechos individuales violados y normas legales ordinarias indebidamente aplicadas y deiadas de aplicar. 402 Pensamos habrá de notarse cómo correspondía únicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el de subsanar los defectos de la demanda de amparo en materia penal y tan Alto Cuerpo Cotegiado Judicial, emitió fallos con profundo sentido humanista con afán de lograr la realización de la justicia, como la contenida en aquella Ejecutoria, cuya parte conducente expresa: "A este respecto, es oportnno dejar sentado que la facultad para suplir la deficiencia de la queja, no debe restringirse al solo caso en que la demanda de amparo es omisa o inc"ompleta, sino que, y con mayor razón, debe alcanzar toda circunstancia en que reclamándose violaciones cometidas durante la secuele, del procedimiento, no se hayan éstas a su vez reclamado oportunamente y protestado contra ellos por ne,garse su reparación, o que, cuando se hayan cometido en primera instancia, no se hayan alegado en la segunda, por vía de agravios, si la Suprema Corte advierte que ha habido, en contra del quejoso, una violación manifiesta de la ley, por ejemplo, y como en el caso, que lo ha dejado sin defensa. Esto se desprende de la redacción de los artículos 107 Constitucional fracción II y 93 de la Ley Reglamentaria, pues el párrafo de ambas leyes constitucional y reglamentaria que autoriza para suplir la deficiencia, contiene la frase: "no obstante esta regla" o sea, no obstante que se hubiere dejado de recl~mar oportunamente las violaciones al procedimiento, pues esa es la regla de que hablan los preceptos legales mencionados. Por otra parte, resulta también de la redacción de esos artículos, que el legislador quizo subsanar en general la torpeza en combatir debidamente la violación, y esa torpeza se inicia no reclamando oportunamente contra las violaciones cometidas a las leyes del procedimiento, expresándolas en su caso, como agravio, y se consuma o completa con una demanda deficiente.(9) Tesis como esas, llevaron a extender la llamada suplencia de la queja deficiente, al amparo indirecto en materia penal, así como también a los campos de los juicios de amparo interpuestos en contra de Leyes declaradas inconstitucionales y los inodados en asuntos laborales, llegándose a señalar en la parte considerativa de la lni- 403 �b d 1950 presentada por el Lic. ciativa de fecha 23 de Octu re_ e Ref~rma al artículo 107 de . 1 Al , V ldés como primera Migue . en:i~n P ª1,t· 'd los Estados Unidos Mexicanos, lo sigu1enla Consti+uc1on o ' ,ca e te: . r el alcance de esas nor" Hemos considerado pertinente amp '.ªr , 1 . tes normas (se refería a la "deficiencia de I~- que~~· ::;anro:sp:;:l~s direcmas con~titucionales, sól~ ~ueJ\:~~:~: de la queja cualquiera que tos") a fin de que se sup a a e do el acto reclamado se funde sea el amparo de que se trate, cuan . dencia de la en leyes declaradas incons~itucionales. por ;~~s~~~bunal declaró Suprema Corte. Ello es as1, porque s1. ya . or una mala ue una ley es inconstitucional, sería impropio que lp . d el Q ., d I d d afecte a agravia o técnica en la formulac,on e a eman a,d d . 1 º'n de la cumplimiento de una ley que ha s1·do expe i a con vio ac10 Consti+uc1on . ~f • •, lf . .da hast a a hora la deficiencia "Y en materia penal, restring1 1 . d' t de . h t d'do a os in 1rec os, la queja a los amparos d,r~ctos se ~ ex en 1' S Corte de ·, dose la ·1urisprudenc1a establecida por a uprema d I ncoa1en d f" • • mparos e J ticia y también podrá suplirse esa e ic1enc1a en a . . 1 t u:ba ·o. directos o indirectos, porque las normas consti+uc,ona es r 1"das en e I art'culo 123 son fundamentalmenteh tutelares de los I conten1 t' derechos de la clase trabaj~dora, Y esta clase mue as ;eces no_ esd: en pos,•b"l'd 11 a d de defenderse adecuadamente, por la ignorancia rigorismos técnicos.llOl 1 consideración del Poder ReforDe esa suerte se presenta a a d' t de reforma mador .de la Constitución, la Iniciativa, cor¡espon ,e;oey tercero de al artículo 107 Constitucional, cuydos parradocstsael;: de la siguiente ., II onía que asen re a la fracc1on ' se pr~p 1 'd f· . . de la que·¡a , cuando el acto "P d , suplirse a e ic1enc1a I manera: o rfa d I declaradas inconstitucionales por a reclamado se un e en eyes . . 11) Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.( "Podrá también suplirse la deficiencia de la queja en materia penal y del trabajo, cuando se encuentre que ha habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la Ley que lo ha dejado sin defensa, y en materia penal, además, cuando se le haya juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso". En la Cámara de Diputados fue altamente alabada la iniciativa en cuanto al contenido íntegro, dejando asentada la gran importancif'I del juicio de amparo para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los hombres y como medio de lograr la tranquilidad y armonía social, expresándose en cuanto a la suplencia de la queja deficiente: "Encuentran también aceptable, de conveniencia y equidad el precepto que da mayor amplitud para suplir la deficiencia de la queja constitucional tanto en amparo directo como en revisión", pero encontrando un requicio por el cual se podría escabullir la parte patronal en los conflictos laborales y pretendiera la aplicación de esa actividad jurisdiccional correctiva a los amparos por ella promovidos, con gran visión y alto sentido social, las Comisiones de la mencionada Cámara de Diputados, expusieron: "En la fracción II del artículo 107 párrafo final, las suscritas Comisiones proponen una redacción que se acomode más al propósito de la iniciativa. En efecto, en ella se quiere que pueda suplirse la deficiencia de la queja en amparos de trabajo, porque las normas contenidas en el artículo 123 son fundamentalmente tutelares de los derechos de la clase trabajadora, y éstas muchas veces, por ignorancia de rigorismos técnicos no está en posibilidad de defenderse adecuadamente. ES CONVENIENTE POR ELLO, QUE EL PRECEPTO ESTABLEZCA CON CLARIDAD LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN BENEFICIO DE LA PARTE TRABAJADORA, EVITANDO UNA INTERPRETACION QUE AUSPICIARA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DE LA PARTE PATRONAL, INTERPRETACION A LA QUE PRESTARIA EL PARRAFO COMO APARECE REDACTADO EN LA INICIATIVA".!111 Por su parte, en la Cámara de Senadores, las Comisiones Se- 405 �gunda de Justicia y Primera de Puntos Const!tucionales, elaboraron un Dictamen, dividiéndolo según el contenido de la propuesta de enmienda en los siguientes apartados: INAMOVILIDAD, REZAGO Y JUICIO DE AMPARO, exponiendo en este último "a nuestro juicio se da un paso de enorme trascendencia jurídica al ampliarse las facultades para suplir la deficiencia de la queja". 11 "En materia penal, y, tratándose de la parte obrera, en materia de trabajo el proyecto libera de la onerosa obligaci6n de ser expertos en los tecnicismos jurídicos a quienes, expuestos a perder la vida, la libertad o sus derechos patrimoniales por desconocimiento de los con frecuencia intrincados rigorismos de la técnica del derecho, no disponen de medios econ6micos para la satisfac• ci6n de sus más elementales necesidades y menos para obténer un eficiente asesoramiento profesional". "En ambos casos no es s61o un interés individual, sino también el interés gen~ral, el que está de por medio en el litigio; pues, aun cuando se sig~ discutiendo todavía si el Derecho del Traba jo forma otra parte del Derecho Público, ya está plenamente aceptado que ha salido de los cauces del Derecho Privado y que, por lo menos, constituye una rama intermedia, qu~se ha deno~inado Derec~o Social, en la que el interés particular y _el de la sociedad son coincidentes". "Es obvio, por ende, que, cuando a un reo se le ha juzgado por una ley que no es exacta;mente aplicable al caso o se ha cometido en su contra una violaci6n legal manifiesta que lo ha dejado sin defensa -situaciones previstas ya por el texto vigente, en cuanto a facultades de la Suprema Corte- pueda suplirse la deficiencia de la queja; cuando lo es también, que, cuando se ha dejado a un trabajador en estado de indefensión caso que no prevee el artículo ·107 en vigor, lo comprenda como análogo al anterior el 11 Proyecto en estudio • "En cuanto a los casos en que, por fundarse el acto reclamado 406 en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, también pueda suplirse la deficiencia de la queja, constituyen, a nuestrQ entender, un magnéfico paso de adelanto en el perfeccionamiento del juicio de amparo, ya que del desiderátum consiste en despojarlo de los tecnicismos para hacerlo fácilmente accesible para todo aquel, sin distinción alguna, que ve amenazada su vida, su integridad personal, sus libertades o derechos p<;:>r un acto de autoriclaa y plenamente eficaz para proteger al hombre frente a las extralimitaciones del Poder Público". "No sólo existe un vivo interés de carácter general en el debido acatamiento de la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte cuya violación va implícita en cualquier acto de autoridad fundado en una ley declarada inconstitucional con antelaci6n; no sólo están positivamente interesados la sociedad y el Estado en que las leyes que no se ajusten al espíritu o a los términos de nuestro Código fundamental dejen de aplicarse sino también se logrará por los medios propuestos en la iniciativa y a que veníamos aludiendo, :vi.tar. e! _espectáculo nada edificante en que la Suprema Corte, Pº" 1mpos1bil1dad legal de suplir deficiencias, se ve obligada a aceptar lo que antes había condenado, espectáculo que deja, muchas veces en el ánimo del no enterado de los rigorismos del tecnicismo jurídico, la sombra infamante de una sospecha, por no totalmente injustificada menos grave y sí más ofensiva, respecto del funcionamiento del más Alto Tribunal de la República que no tiene otra alternativa que la de ajustarse estrictamente a sus facultades constitucionales, y que ante la ignorancia, la negligencia o la torpeza del quejoso en un a~paro, se ve en la ineludible obligación legal de negar la protección de la Justicia Federal a quien notoriamente, ante la vista de la opinión pública que no distingue de sutilezas jurídicas, es víctima de un acto atentatorio, en cuanto se funda en una ley previamente declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia". "En este aspecto la iniciativa contribuirá a elevar el nivel_generosamente humano del amparo Y las supuestas funciones del Supremo Tribunal de la Nación".112) 407 �Después de observarse el procedimiento de reforma constitucional queda establecida la actividad jurisdiccional para enmendar, corregir, subsanar la demanda de amparo errónea, irregular, deficiente u omisa, tanto en el llamqdo juicio unistancial como en el blistancial, en materia penal. laboral, cuando el demandante fuere la parte obrera, y cuando se tratare de juicio de amparo en los cuales el acto reclamado versare sobre una ley declare inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Luego vino la enmienda constitucional para incluir la corrección de la demanda de amparo irregular, defectuosa, deficiente u omisa, en lo atinente a la materia agraria, pensándose en la adecuada protección del derecho social contemplado en favor de los eji• datarios comuneros, debidamente regulada en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el día 26 de Diciembre de 1959, se dio lectura de la iniciativa presidencial correspondiente y en la cual se decía: "La reforma agraria quedó consignada como auténtica conquista de la Revolución Mexicana en el artículo 27 Constitucional desde 1917, y fue hasta el año de 1934, como una justa protecci6n y defensa de los derechos de los campesinos cuando, por modifi• cación que en aquella fecha se introdujo a nuestra Carta Magna, se suprimió el derecho de promover juicios de amparo a los propietarios afectados, pero sin que se hubieran previsto entonces los numerosos casos en que los ejidatarios son desposeídos por diversos procedimientos, apoyados inclusive en decisiones de jueces del or• den común, a bien atacando sus derechos, total o parcialmente, por concesiones de inafectabilidad ganadera, invasión, tala de un monte ejidal, embargos emañádos, y hasta por resoluciones agrarias que ilegalmente niegan dotaciones o restituciones o resuelven la expropiación o permuta de terrenos ejidales". "Actualmente los ejidatarios, en numerosos casos, no se en· cuentran en posibilidad de utilizar el juicio de amparo en defensa 408 de sus legítimos derechos, y en las circunstancias en que recurren al juicio de garantías generalmente corren el riesgo de perderlo, quedando en peor condició111 "porque el sobreseimiento, la caducidad, la negación o la pérdida del amparo, consolidan y legalizan precisamente la situación irregular recurrida, ya que al no existir un régimen adecuadamente protector de la garantía social agraria viene a deformarse el régimen jurídico de la propiedad ejidal creado por la Revolución". "El Ejecutivo Federal considera indispensable, teniendo en cuenta los antecedentes históricos de la reforma agraria y en consonancia con el espíritu del artículo 27 constitucional, que el juicio de amparo sea un verdadero instrumento protector de la gaarnt~a social que éste consagra, y para ello se requiere distinguirlo del sistema tradicional del amparo de estricto derecho, concebido para la vida civil y mercantil en el que se debaten intereses particulares como ya lo hace nuestro Código Político en materia penal y por lo que respecta a la parte obrera en materia del trabajo, disponiendo que podrá suplirse la deficiencia de la queja". "El amparo agrario, sin embargo, debe entenderse para los casos en que los actos reclamados tengan o puedan tener como consecuencia privar total o parcialmente de sus tierras, bosques, pastos y aguas a los ejidos y núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal. Asimismo deben preverse que en el amparo agrario no operarán la caducidad -que tampoco procede en materia obrera- ni el desistimiento, ya que en este último caso es evidente de que si la consecuencia del acto reclamado es destruir el régimen jurídico creado por una resolución presidencial agraria, se trata de un interés público nacional que no puede quedar al arbitrio de la voluntad de un comisariado ejidal". "De adoptarse por el texto constitucional la adición que adelante se consigna, quedaría para la ley secundaria la estructuración, con rasgos y normas peculiares, del nuevo amparo agrario, previendo las reglas adecuadas sobre personalidad, términos, deficiencias de la demanda, pruebas y en general la sustanciación del 409 �juicio, con objeto de crear un procedimiento al alcance del campesino que constituye una eficaz defensa de la garantía_social agraria, y al efecto pueda establecerse, entre otras previsiones, que el juez de oficio y para mejor proveer, recabe pruebas, procedimiento que encuentra precedente en el Código Agrario tratándose de conflicto por lindero de terrenos comunales". nueva Iniciativa d~ adición al párrafo II del artículo 107 de la Constitución Política de los Etsados Unidos Mexicanos, expresando: "La familia es la célula más importante de una colectividad, ya que en ella, descansan los valores éticos fundamentales de un pueblo. Por ello, ef bienestar de éste, en especial el relativo a la prot_ección jurídica d~ los menores, por parte del Estado, es una de las tareas fundamentales, que por ser de interés social, el tjecutivo Federal lleva a cabo con firme decisión". "Y se proponía la siguiente adición al párrafo 11 del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Conscientes de que el desarroHo y progreso de México re"11.-En los juicios de amparo en que se reclamen actos que tengan quieren como premisa fundamental. el perfeccionamiento de nueso pu.edari tener como consecuencia privar de la propiedad o de la tro derecho, se han sometido a la consideración del H. Congreso pqsesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los de la Unión, varias iniciativas de la ley, de reformas o adiciones, ejrdos y a los núcleos de población que de hecho o por derecho las qvF¿ aprobadas han venido a complementar nuestros ordenaguarden un estado comunal, deberá suplirse la deficiencia de la mientos legales vigentes. Asimismo, de manera permanente, se fo. queja da .acuerdo con lo que dispone la ley reglamentaria y no menta y estimula cualquier manifestación que tenga el propósito procederán al desistimiento ni la caducidad de la instancia". de aportar experiencias y nuevas fórmulas a fin de ampliar la políEn la Cámara de Senadores el día cuatro de noviembre de mil tica en esta materia, como es el caso del Primer Congreso Nacionovecientos ·setenta, se dio cuenta del Dictamen rendido por las nal sobre el Régimen Jurídico del Menor, recientemente celebrado". "Los resultados obtenidos en dicho Congreso, son de la mayor Comisiones a las cuales se les turnó la iniciativa presidencial mencionada, recalcándose la necesidad de tutelar la garantía social trascendencia, toda vez que reflejan la inquietud y el firme anhelo agraria, introduciendo la suplencia de la queja defkiente porque de todos los sectores que en él participaron, por aportar experienes una realidad el hecho relativo a la frecuencia con la cual los cam- cias y soluciones en favor de los menores, cuya instrumentación jupesinos no pueden hacer una eficaz defensa de sus derechos e in- rídica adecuada, haga posible, la satisfacción de derechos mínimos, sistiéndose en la protección amplia de éstos, estableciéndose la necesarios para un desarrollo físico, moral y espiritual armonioso". improcedencia de la caducidad y aún del desistimiento, con la re• "Una de las recomendaciones aprobadas que, por su imporgulación de tales elementos en la Ley Reglamentaria. tancia jurídica y profundo contenido social y humano, el Ej_ecutivo En la Cámara de Diputados se emitió el Dictamer respectiv'o, a mi cargo recoge y somete a la consideración soberana del H. alabando la iniciativa presidencial, no suscitándose debate alguno, Constituyente Permanente, es la que consiste en adicionar la fracse aprobó en la sesión del día 22 de Noviembre de 1960 y conti- ción 11 del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados nuado el procedimiento. de reforma constitucional contando con el Unidos Mexicanos, para establecer la suplencia de la queja en asunvoto de la mayoría de las legislaturas de los Estados se aprobó esa tos de menores e incapaces". adición al texto fundamental jurídico-político del país. "La iniciativa que se somete a vuestra soberanía, de merecer Con f~cha 28 de noviembre de 1973 el Presidente de la Re- su aprobación, tenderá a lograr en favor de los menores e incapública sometió a la·consideración de la Cámara de Diputados una paces, la derrama de la totalidad de los beneficios inherentes a la 410 .411 �expresada institución procesal, invistiendo el Poder Judicial de la Federación, que conoce del amparo, además de la facultad de corrección del error en la cita del precepto o preceptos violados, la de intervenir de oficio en el análisis del amparo, haciendo valer los conceptos que a su juicio sean los que conduzcan al escl;recimiento de la verdad y, en su caso, al amparo y orotección de la justicia federal; de no ser así seguirían en estado de indefensión, por no ser quien los represente adecuadamente, o que, teniéndolo, la defensa sea en forma tal que los perjudique, por ineptitud o mala fe". "A estas propuestas seguirán otras, de igual o mayor trascendencia, originadas de los estudios llevados a cabo en el seno del Primer Congreso Nacional, sobre el Régimen Jurídico del Menor, que dentro de la nueva perspectiva del derecho social mexicano, propicien y fortalezcan una protección integral de niños y jóvenes". Así se propuso la siguiente adición a la fracción 11 del artículo 107 Constitucional ... "Podrá suplirse la deficiencia de la queja en los juicios de amparo contra actos que afecten los derechos de menores e incapacitados, de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución". De bastante interés son los Dictámenes de las Comisiones correspondientes tanto de la Cámara de Diputados, como de la Cámara de Senadores en relación a esta iniciativa presidencial, pues de los mismos se podrá desprender la proyección moderna del juicio de amparo al salirse del ámbito de la aplicación estricta de las normas constitucionales y legales para corregir o enmendar los errores e imperfecciones de la demanda de amparo promovida por los trabajadores, los campesinos, ejidatarios, comuneros o núcleos de población que de hecho o de derecho guardan estado comunal; por el acusado, procesado o sentenciado en materia penal; contra la anticonstitucionalidad de leyes y aquéllas presentadas pcr menores o incapacitados. 60, ~3, 65, 87,_ 88, 95 y demás relativos del Reglamen:to para el Gobierno Interior del Congreso, las suscritas Comisiones presentamos a Vuestra Soberanía el presente dictamen relacionado con 1 lni~i~tiva de adición al artículo 107, Fracción II de 1~ Constitució~ Pol1t1ca de los Estados Unidos Mexicanos, que remitió a esta Cámara el C. Presidente de la República. . A cof~ti_nuaci6n expresamos los. argumentos que a nuestro juicio son su 1c1entes para apoyar el dictamen en cuestión. PRIMERO:-Se impone como premisa inicial la consideración respecto a la teleología del Juicio de Amparo Mexicano que, ya no puede ser contempla~o, como lo fue en sus orígenes, como un proceso de carácter eminentemente individualista, protector de derechos públicos subjetivos, exclusivamente. El desarrollo del amparo desde fines del siglo pasado y, sobre todo, a partir de 1917 lo h~ transformado en un procedimiento de orden social. . El juicio de Amparo no se limita a proteger a lós particulares a~sladamente considerados contra leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales, sino que su ámbito tutelar se ha extendido otro gran sector de derechos públicos consignados, vez primera, en la Constitución de 1917 y que la doctrina, la 1ur1sprudencia y la estimación popular ha llamado Garantías Sociales. ~º: .ª Al efecto los dictámenes dicen: ... "Con fundamento en los artículos 71, Fracéi6n 111 y 72 Constitudonal, así como los diversos . En efecto, el Constituyente de 1916-1917 no se limitó a reproducir en la parte dogmática de la Carta de Querétaro las tradiciona~es "Garantías Individuales", sino que estableció en el capítulo pr,~ero _Y_ en otros preceptos los derechos sociales como principios 0 dispositivos que el Estado consagra para tutelar a diferentes grupos que conforman a la sociedad nacional y que por diversas razones se, encuentran en un pleno de desigualdad. De esta manera stulo derechos para los campesinos, para los trabajadores, para os ":en~res, pa~a la familia y, en general, para los grupos débiles, economicos, social y culturalmente hablando. 412 413 ¡º �En esas condiciones, el amparo mexicano, la verdadera garantía de los derechos públicos individuales y sociales, hubo de instrumentarse de tal manera que la escuela de su procedimiento se adecuara también a la diversidad material de los intereses que en un momento dado se vieren afectados por disposiciones de autoridad y acudieran en demanda de protección federal. Fue así como se establecieron improcedencias constitucionales para el ejercicio de la acción de amparo cuando su finalidad pudiera verse desvirtuada si se abusara deJ juicio constitucional de garantías. Igualmente se dictan normas adjetivas que hacen más accesibles el trámite de amparo en sus diversas instancias cuando los actos reclamados afecten intereses de individuos colocados en un nivel desproporciona! en relación con otras personas o grupos; la s~plencia de la deficiencia de la queja en materia penal y en materia laboral, en beneficio de la parte obrera, son ejemplo de esa socialización de nuestro proceso de garantías. Merecen especial atención las normas dictadas en 1962 y que diseñan un nuevo tipo de amparo, desprendido del administrativo de estricto derecho, cuando los actos reclamados conculquen los derechos individuales y colectivos de ejidatarios o comuneros, ejidos o núcleos de población. Por otro lado, en diversas disposiciones que los regímenes revolucionarios han incorporado a la legislación procesal constitucio• nal, para hacer expeditos los juicios de garantías; para establecer una competencia más diversificada por materia y por órgano~ Y para incrementar el número de tribunales ante los ~ue se ~enfilen cuestiones constitucionales, son también demostraciones evidentes de que nuestro juicio de amparo se desenvuelve para lograr una auténtica preservación del orden legal y constitucional. SEGUNDO:-EI derecho familiar ha sido objeto por parte de 414 los gobiernos de la República, al través de la actividad conjunta de los Poderes, de una nueva y especial regulación que lo coloca en el gran apartado del derecho social. Es así como se han promulgado leyes -que crean tribunales específicos dotados de competencia para conocer de todas las controversias en que subyace una relación de orden familiar; como se dictan disposiciones procedimentales para facilitar la representación de los menores o para facilitarles e: ejercicio de sus derechos individuales, sociales y políticos. En este contexto reformador de la legislación social familiar el Ejecutivo de la Unión ha remitido a la H. Cámara Colegisladora una iniciativa de la ley, que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores, incorporando en ese texto las más recientes experiencias y aportaciones tanto de nuestros órganos jurisdiccionales como de toda la teoría que sobre la materia han expuesto los especialistas mexicanos. Congruente con esa iniciativa de carácter orgánico y procesal. fundamentalmente, el Ejecutivo propone la creación, con el proyecto que hoy estudiamos, la figura de la "suplencia de la deficiencia de la queja cuando los actos de autoridad lesionen intereses de menores o incapaces". La reforma es pues congruente con los dos grandes principios que hemos analizado en estos primeros apartados. Por una parte confirma el Juicio de Amparo como un procedimiento tutelar, ne solamente de derechos públicos individuales, sino también de grupos o sociales; por otra parte, sistematiza disposiciones protectoras de grupos socialmente débiles, cómo lo son los menores y los incapaces y de esta manera convierte sus derechos, en garantías sociales. TERCERO:-Reconociendo que los menores y los incapaces como grupo social que reclama una legislación protectora en todos los órdenes, es incuestionable admitir que en el juicio de amparo, considerado como la instancia de más alto grado jurisdiccional y 415 �constitucional, también deben estar sujetos a una reglamentación que garantice la salvaguarda eficiente de sus intereses jurídicamente tutelados. La suplencia de la deficiencia de la queja que hoy dictamina• mos tiende a lograr una igualdad real entre los sujetos de la relación procesal-constitucional, sustituyendo el principio formal de la igualdad de las partes en el juicio. Originalmente el amparo civil que deviene en amparo casación, no tenía las características del amparo de estricto derecho cuya exc-:epción la constituye, precisamente el principio genér'.co d~ la suplencia de la queja. En 1897 se crea el amparo formalista, r1go• rista, técnicamente difícil, con la sana intención de limitar el número de amparos que ya agobiaba a nuestro Máximo Tribunal. Posteriormente el Código Federal de 1908, que llama por primera vez al amparo civil, "de estricto derecho" enfatiza el formalismo, tanto en la redacción de la demanda de amparo, como en el pronunciamiento de la sentencia respectiva. La Constitución de 1917 apunta la suplencia de la deficiencia en materia penal en los casos expresamente mencionados en la original fracción 11 del artículo 107. La Ley de 1919 reproduce los términos constitucionales y la de 1936 establece, ya como una excepción al principio de estricto derecho, el de la suplencia en materia penal. En 1950 se sistematizan los tres casos en que procede la suplencia y no es sino hasta l 96~, afortunadamente, cuando el legislador crea la amplísima suplencia imperativa en el amparo agrario, cuyas características instrumenta· les es deseable que se incorporen en las modificaciones que habrán de- hacerse a la legislación seciundaria. Merced a esta Institución Procesal, no se calificará la habilidad del quejoso o de su representante, sino la justicia que se debate en la controversia constitucional. 416 Si bien es cierto que el amparo de estricto derecho, históricamente tuvo una razón de ser, también lo es que en la actualidad es muy conveniente que se margine de él, el amparo de los menores e incapaces que por su condición de tales pueden no estar en posibilidad de conocer y en muchas ocasiones expensar, los servicios de un perito. en cuestiones de técnica procedimental. Con la facultad de suplir la demanda, los Tribunales de la Federación serán auténticos garantes de los derechos constitucionales y legales de los menores y de los incapaces, grupos 11umanos inermes y con mayores exigencias de seguridad jurídica que otros sectores del país. La retorma que se dictamine coincide, además, con la facultad de mejor proveer que se otorga al Consejero Instructor en el artículo 39 de la Iniciativa que crea los Consejos Tutelares. El proceso constitucional de amparo no debe sacrificar el derecho a la técnica forense y es preferible, a todas luces, que el juez coadyuve con el quejoso, cuando éste sea un menor o un incapaz, imparcial y discrecionalmente, a que se convierta en un árbitro de la habilidad del abogado. Probablemente existan voces que consideren esta reforma como la compuerta para que proliferen amparos civiles y administrativos, de estricto derecho, utilizando el pretexto de que se lesionen intereses de menores o incapaces a travé.s de actos de autoridad. Las comisiones dictaminadoras están conscientes de ello, pero también están convencidas de que es preferible un exceso de trabajo a un defecto en el reconocimiento de los derechos de menores e incapaces verdaderamente necesitados de protección y seguridad jurisdiccional; de que el Poder Judicial de la Federación, está inte~ra_do funcionarios conscientes de que su tarea es la de impartir 1ushc1a y que no traten de encontrar impedimentos para desvirtuar el efecto del juicio de amparo y de que el foro mexicano sabrá aquilatar la nueva institución, como ya lo han hecho en su verdade- ??r 417 �ro esp~ ritu proteccionista y no habrá de utilizarla como argucia dilatoria para entorpecer la acción de los tribunales. Precisamente por esas razones, las Comisiones estiman que la suplencia discrecional y no imperativa, como en el Amparo Agrario, permitirá que el juzgador pondere, en cada ocasión, la oportunidad o necesidad de su intervención para colmar las imperfecciones de una demanda de garantías en las que se reclamen afectaciones e intereses de menores e incapaces. Indudablemente que quien de buena fe considere que sus garantías le han sido violadas, ejercitará la acción correspondiente, a pesar de su ignorancia; también es cierto que el demandante de mala fe presentará su queja aun a riesgo de perder por inobservancia de las formas rituales. El discernimiento del juez habrá de encargarse de corregir y depurar la demanda auténtica de garantías o, en su caso, denegar el amparo y la protección federal, sin prestarse a la maniobra, cuando los actos reclamados no afecten verdaderamente las garantías de menores e incapaces. CUARTO:-Por tal motivo, las Comisiones Unidas estiman que la adición constitucional debe ser sancionada por el Constituyente Permanente y consideran que corresponde al legislador ordinario instrumentarla para hacerla operante, al efecto, los diputados que suscriben este Dictamen adelantan sus intereses porque las disposiciones que reglamentan esta Institución la amplíen, no solamente a los conceptos de violación, sino también a todos los actos violatorios y a las autoridades ordenadoras y ejecutoras que los produzcan, no obstante que no se hubieren expresado en el contexto de la demanda de amparo", según se lee en el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Sección Constitucional y de Amparo, de la Cámara de Diputados ... "A las suscritas Comisiones Unidas Primera de Puntos Constitucionales y Quinta Sección de Estudios Legislativos, fue turnado para su estudio y dictamen, por acuerdo de Vuestra Soberanía el expediente con minuta Proyecto de Decreto que fue enviada por la H. Colegisladora proponiendo la adición a la fracción 11 del artículo 107 418 Constitucional, con el objeto de que se suple la deficiencia de la queja en 1os juicios de amparo, contra actos que afecten ·derechos de menores e incapaces, de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de -los artículos 103 y 107 de esta Constitución. Motiva la Iniciativa del Presidente de la República el deseo de que nuestra institución de amparo derrame la totalidad de sus beneficios en favor de los menores y de los incapaces, invistiendo a los órganos de control -Jueces de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito y Suprema Corte- de la facultad de· corregir errores, omisiones o imperfecciones en la demanda de amparo y la de intervenir de oficio en su análisis para esclarecer lé\ verdad a fin de que los menores y los incapaces no queden en estado de indefección, bien sea porque no los representen adecuadamente o porque de tener representantes la defensa que se haga en el juicio de garantías sea deficiente. Como se hace valer, en el dictamen de la Honorable Cámar~ de Diputados, argumento que hacemos nuestro, durante los regímenes revolucionarios se han incorporado a la legislación procesal constitucional, diversos medios jurídicos para hacer más expedito el juicio de garantías, para establecer una competencia más diversificada por materia y por órgano y para incrementar el número de tribunales ante los que se ventilen los juicios de garantías. La presente Iniciativa tiende a fortalecer en su persona y en sus derec~os, a los menores de edad, y a los incapaces, ampliando en su con¡unto el derecho familiar que tanta atención ha recibido del presente gobierno. En efecto, el H. Congreso de la Unión se ha ocupado de Iniciativas relacionadas con la familia, entre las que se puede destacar la creación de tribunales específicos dotados de competencia para resolver las controversias de orden familiar y la que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores. Congruente con estos objetivos, el Ejecutivo de la Unión envió una nueva Iniciativa, de carácter orgánico procesal en la que, de aorobarse por vuestra soberanía, la suplencia en la deficiencia de 419 �1 . e hará por los Tribunales de la Federación cuando los act:s:¡~:lªa~toridad lesionen intereses de menores, res~ltan_do en eta forma la importancia que para nuestro sistema social tienen es os intereses jurídicamente tutelados. El t ,1culo 107 Constitucional, con esta nueva reforma proce. ar ' ero de sal amplía los beneficios del juicio de amparo a un gr~n num ·t d mexicanos, agregando a los menores de edad y a i_ncapac1 ~ os a los trabajadores, ejidatarios, comuneros y a 1u1c10~ r~la~o~ados con la materia penal, convirtiendo a los Tribunal~s ~ a I e;· ración en auténticos garantes de los derecho~ constituc1ona e~ e estos grupos de mexicanos con mayores necesidades de seguridad jurídica. !ºs I?~ . c·pio de estricto derecho que se a-plica en los juicios El prm 1 . d. t e constitucionales de garantías se define como e 1 impe im~n º. qu tienen los Jueces de Distrito, Tribunales Colegiado: de Circuito_ y Suprema Corte para suplir la deficiencia de la que1a. A e_ste principio, la propia Constitución Política y la ~ey Reglamentaria d~ los artículos 103 y 107 Constitucionales le sena la al?unas excepcione; que facultan a los órganos de control a perfeccionar y completa los agravios que el quejoso hace valer en contra de los actos de autoridad que son violatorios de las garantías individuales. En es+~ forma, la propia Constitución libera al órgano de control de su obligación de ceñirse a los conceptos de violación expresados en la demanda de garantías. Las excepciones al principio de estricto derecho _señalad~s en el artículo 107 Constitucional y en su Ley Reglamentaria se ref1~ren a la suplencia en la deficiencia de !a queja en amparos promovidos en materia administrativa cuando los actos reclamados se funden en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte. La misma excepción se Hac~ en amparos en ma· teria laboral cuando el quejoso sea el traba1ador; en amparos en materia penal y en aquellos juicios de garantías en los cuales los quejosos sean ejidatarios o comuneros. 420 Suplir la imperfección o deficiencia de la queja impone al juzgador la obligación de completar o perfeccionar la demanda de amparo a fin de no dejar a la habilidad, capacidad o pericia del abogado o representante del quejoso la salvaguarda de las garantías constitucionales. Por tales motivos, las Comisiones que suscriben proponen a vuestra Soberanía la aprobadón de la modificación de la fracción II del artículo 107 Constitucional. a fin de que pueda suplirse !a deficiencia de la queja en los juicios de amparo promovidos contra actos de autoridad que áfecten derechos y garantías de menores e incapaces", según se desprende del dictamen de las Comisiones Unidas Primera de Puntos Constitucionales y Quinta Sección de Estudios Legrslativos. De toda esta reseña sobre las enmiendas constitucionales podemos desprender el gran interés existente para lograr la protección de los grupos económicamente débiles, auxiliándoles al oerteccionar sus demandas de amparo a fin de evitar su indefensióh cuan do por ignorancia o mala fe de sus defensores no logran <tumplir formalmente con todos y ca.da uno de los requisitos exigidos en lo,s asuntos de naturaleza civil o mercantil, en los cuales entran en juego intereses meramente particulares, patrimoniales y egoístas. El Constituyente Reformador ha recogido los anhelos del pueblo pcJra obtener la protección de la justicia federal sobre t9dos y cada uno de los derechos sociales c.onquistados después del triunfo de la Revolución Mexicana. De esa evolución constitucional notamos la transformación del juicio de amparo de naturaleza originalmente individualista, o aquél con contenido y esencia notoriamente sociales y humanísticos, de suerte tal de convertir a los Tribunales de Amparo -Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados y Suprema Corte de Justicia- en Tribunales de los más humanos del mundo, como lo diría el Lic. Teófilo Olea y Leyva en aquella ponencia sobre: "Jurisprudencia Obligatoria y Suplencia de la Queja Deficiente en Materia Penal, Laboral, Administrativa y Civil". 421 �CAPITULO TERCERO CORRECCION JUDICIAL DE LA DEMANDA DE AMPARO ERRONEA, IRREGULAR U OMISA EN MATERIA CIVIL.- EN ASUNTOS PENALES.- EN CUESTIONES LABORALES.- MATERIA AGRARIA.- CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE APOyA EN UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.- CUANDO INTERVIENEN MENORES O INCAPACITADOS. Ya en el capítulo anterior hemos hecho el recorrido relativo a la evolución constitucional de esa actividad jurisdiccional al través de la cual el juez del amparo puede o debe corregir la demanda de amparo formulada erróneamente, en forma irregular u omisa en cuanto a la debida exposición de los derechos fundamentales vinculados y de los conceptos de violación atribuidos a las autoridades responsables, por lo tanto, ahora debemos incursionar sobre el ejercicio de tal atribución, en particular, en lo atinente a cada una de las esferas de acción o materias sobre las cuales el legislador ha permitido, al juzgador, substituirse, en la demanda, a quien ocurre solicitando el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión. Desde luego, debemos recalcar, el principio de estricto derecho regulador de la actuación iurisdiccional en materia de amoaro, 423 �conforme al cual el juzgador se encuentra impedido para realizar una labor de oficio tendiente a integrar la demanda planteada indebidamente. Al respecto el maestro Ignacio Burgoa, expresa en relación a ese principio de estricto derecho: "equivale a la imposibilidad de que el juzgador de amparo supla las deficiencias de la demanda · respectiva, colme las omisiones en que haya incurrido el quejoso en la parte impugnativa de los actos reclamados, o de que se sustituya a él en la estimación jurídica de dichos actos desde el punto de vista constitucional". <13> El párrafo primero del artículo 79 de la Ley de Amparo, dis")One: "La Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, en sus sentencias, PODRAN SUPLIR EL ERROR EN QUE HAYA INCURRIDO LA PARTE AGRAVIADA AL CITAR LA GARANTIA CUY A VIOLACION RECLAME, otorgando el amparo por la que realmente aparezca violada; pero sin cambiar los hechos o conceptos de violación expuestos en la demanda". Claramente se desprende de la transcripción anterior el otorgamiento de una facultad al juez del amparo para corregir el error en la cita del derecho fundamental conculcado. Ello representa la substitución del juzgador al demandante del amparo, solamente en lo referente a indicar con precisión el fundamento constitucional correspondiente al derecho estimado vio1ado por los actos reclamados a las autoridades responsables, pero ello no significa propiamente el ejercicio de esa actividad jurisdiccional para corregir la demanda, de manera oficiosa. Al efecto existe una tajante distinción entre la llamada suplen cia de la queja deficiente y suplencia del error. En este último caso solamente existe una equivocación en cuanto a la cita del numeral definidor d~ la hipótesis consagradora del derecho al gobernado, mientras, en el primer aspecto, se trata de permitir al juzgador la 424 realización de una actividad tendiente a corregir en el fondo mismo · ., a cuestion constitucional planteada en una forma irregular e , · El L" , rronea u omisa. 1c. Humberto Briseño Sierra, en forma categórica expone_: '_'Es cierto que la suplencia del error puede distinguirse de la s~~lenc1a de la deficiencia, desde que en la primera. hay equivocac1on y en la segunda ausencia". <14> 1 "Desde luego es necesario distinquir estas do.s instituciones esencialme~te distintas: --acota el Lic. Alfonso Noriega- la primera en cons,gn_arse en nuestra legislación reglamentaria del amparo co~~ lo ha dicho, es la que se ha designado con_el nombre de suP~:nc1a 9el error o más bien, corrección del error, que como tamb1en ha apuntado, aparece por primera vez en el artículo 42 de la Ley ~e- 1882, y se reitera en los códigos federales de procedimientos c'.v1les de 1897 y 1908, así como en las leyes posteriores a la vigencia de la Constitución de 1917, hasta encontrarlo en el artículo 79 de la Ley en vigor ... " "Asf pues, ta ley, y la jurisprudencia facultan a la Suprema Cor- +~, cdos Tribunafes Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito a suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada en su demanda inicial al citar la garantía que estime ha sido violada en su perjuicio y en consecuencia, los autoriza a conceder el amparo por violaci6n a la garantfa que aparezca realmente violado• pero con el di:tingo fundamental de que esa facultad de corregir el error, no autoriza a las autoridades de control a cambiar los hechos O conceptos de violación expuestos en la demanda. Por tanto, como dice el ~octor Burgoa, esta facultad "se traduce simplemente en una equ1v~cada citaci6n o invocación de la garantía individual que el agraviado ~onsidere contravenida, tanto en su denominaci6n, como en el precepto constitucional que la contenga". En esta situaci6n ~a suplencia del _error úni~amente significa que el juzgador de ampa~ 0 -Suprema Corte, Tribunales Colegiados y Jueces de Distrito-e~ la s~ntencia_ ,respectiva pueden corregir dicha equivocada citacion o mvocac1on de la garantía violada; pero sin cambiar los hechos o t:onc:eptos de violación expuestos en la demanda inicial" _!ls> 1 425 �, ·, de expresar en 1a demanda "los preceptos bl . Luego la o ,gac1on I ntías individuales que el • • 1 e contengan as gara . • constituc,ona es qu " , "los conceptos constituc10. • 1d s as, como quejoso estime v,o a ª · · · ' " - lada ' respectivamente, en . 1 ., reclame . ' sena na les cuya vio ac,on se .6. f . , VI de la Ley de Amparo, ·, y y 16 racc,on . f los artículos 1 16 racc,on d. ecto puede ser cumplida . d. ecto o amparo ,r ' según ese amparo m ,r , nea o hasta quizás omisa en d t de una manera erro ., d I d por el eman an e • t·t . 1 0 en la denominac,on e 1 . ocación del precepto cons , uc,ona . ~i~:o será corregido obligatoriamente por el ¡uzgador. decir ue está cumpliendo en mateEn este aspecto _pode~os q ·t curis" "el juez conoce 1 aforismo 1ura nov, ' ria de amparo, con e " lt , que la omisión en la invocaII d donde resu a, as,, • h d los erec os ' e b I actividad del juez, quien h O repercute so re a d Id ción e erec o n . d d echo reguladora de la re. e obligado a .aplicar nla >norma e er v,en lación controvertida • • · 6 11 • 11 d el rimer párrafo del artículo 79 Ahora bien, de acuer o con d pi A ro no deberá cambiar 1 • gador e mpa de la Ley de Amparo, e ¡uz . 1 • , expuestos en la demanda, •1 eptos de vio ac,on .. los hec hos, ni os conc t te citada la dispos1c16n t d encontrar corree amen d por lo tan o e no d I de echo fundamental conculca o, cons-titucional consagra_dora. :d. r ·t do inmerso en el precepto de acuerdo con el aforismod1ur1h ,co c11ª e_n,alamiento debido, corri1 deber e acer e s d t. comenta o, ,ene e . , d I omisión del demandante. giendo el error o substituyen ose en a . • 1a d or d e no •,mpedir la resoluc16n A , lo pretendido por el leg,s d bºSI, d d m aro resentada se logra en e 1 judicial sobre la deman ª e ª. P •, p I . gador "unidos el cono1• erle esa o 611gac1on e 1uz ' d 1 f da orma a impon d b d I • ez y el conocimiento 8 · · t del derecho como e er e ¡u ' c1m1en o ·b·l·d' 11 d del juez han de contribuir a que nunca, o hecho como pos, ª. h : t· . (Pág 11 "El Juez y el Dere1 1 · pida acer 1us 1c1a · raras veces, a ey ,m, d I L de Amparo, ante el error en cho") Por eso el articulo 79 e a ey . . otor ar • • , n del precepto constitucional, obliga al ¡uez a g 1a •mvocacro · 1d e 1 amparo pO r lo q ue realmente aparezca v,o a a. CORRECCION JUDICIAi. Df LA DEMANDA cho alrededor del cual gira la demanda de amparo en materia civil. se podría pensar en lo reducido de la actividad jurisdiccional para corregir o enmendar la petición del quejoso, al circunscribirlo únicamente a la corrección de la cita errónea del precepto constitucional consagrador del derecho del gobernado estimado violado por el acto reclamado a la autoridad mencionada como responsable. Pero no es tal la situación, pues dentro de esa. materia se encuentran problemas relacionados con menores o incapacitados, en cuyos casos las demandas de amparo deben ser corregidas, podemos decir, íntegramente por el juzgador del amparo, aun cuando, por tratarse de una enmienda constitucional reciente, se estudiará por separada, como asuntos diversos y considerada como otra de las categorías o aspectos en los cuales opera la excepción al principio de estricto derecho o el desempeño de la actividad jurisdiccional para corregir o enmendar la demanda planteada incorrectamente. A la mera cita equivocada del precepto relativo al derecho fundamental violado, pasaremos el comentario sobre la aplicación o desarrollo de esa actividad jurisdiccional correctiva o supletoria en el ámbito penal. Desde luego podemos decir cuán grande es el Derecho de Amparo en México cuando contiene disposiciones realmente protectoras para quienes careciendo de los medios o recursos necesarios, se encuentren imposibilitados para contar con el adecuado patrocinio de un profesional capacitado y otorgar el deber al juzgador para corregir el error y la omisión, aún en los conceptos de violación, cuando de la demanda de amparo y protección de la justicia de la unión, por parte de un indiciado, acusado, procesado o sentenciado, se desprenda la existencia de imperfecciones en el planteamiento de la cuestión reclamada, de la llamada autoridad responsable. · • · de estricto dereDado el rigorismo desprendid o d e1 prmc1p10 -i26 B legislador ha pretendido la supervivencia del principio de la 427 �CORRECCION JUDICIAL DE LA DEMANDA supremacía constitucional y el debido goce de los derechos fundamentales de los gobernados, principalmente los contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto al derecho de audiencia y el de legalidad, cuando en la fracción 11 del artículo 107 de la misma Carta Magna Federal y el 76 de la Ley de Amparo, aún cuando redactados de manera potestativa, obligan al juez del amparo a corregir la demanda, "cuando se encuentre que ha habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la Ley, que lo ha dejado sin defensa", "además, cuando se haya juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso". Este ospecto, como el atinente al derivado de la aplicación de las normas del llamado Der~cho Familiar, en un ramo particular, o de todo el Derecho Social, de manera genérica, sostendremos e1 ejercicio de la actividad jurisdiccional menciona.da para corregir la demanda imperfecta, como un correctivo a esa exigencia de estricto derecho que rodea a esa materia, pensando con el maestro Tena Ramírez que esos "ritos del amparo de estricto derecho entorpecen, esa tarea oscura y generosa del Juez de Amparo, que frente a una demanda deficiente en cuyo fondo advierte que existe la justicia al quejoso, se empeña en· buscar en alguna expresión, en alguna fase secundaria, la base bastante para otorgarle el amparo".<m De aquella clásica división, desde el punto de vista de la llamada suplencia de la queja, en cuatro categorías: amparos en materia penal, amparos en materia laboral, amparos en materia adminis.J.rativa y civil cuando no se trate de inexacta aplicación de la Ley, y amparos civil por inexacta aplicación de la Ley, de las cuales hablaba el maestro Tena Ramírez, añadida, cuando se trate de los actos reclamados fundados en leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia; en materia agraria y por último tratándose de menores e incapacitados, habiendo dejado esbozados los principios existentes en el campo civil al restringirse la corrección "La suplencia de la queja deficiente está inspirada en el p rinci- 428 CORRECCION JUDICIAL DE LA DEMANDA pio favor libertatis y es una potestad, pero también un deber de la Corte Suprema y los Tribu na les Colegiados".ns> La actividad jurisdiccional para corregir la demanda errónea u omisa, en materia penal. debe ser desarrollada tanto sea a~paro directo por la Suprema Corte de Justicia o Tribunales Coleg,a_do~, según sus respectivas competencias; como por l~s Jueces de _D_1~tr1to, en amparos Indirectos y los Tribunales Colegiados, en rev1s1on. Al efecto, se pueden considerar como causales de una violación manifiesta, generadora de la indefensión de un procesa~o o sentenciado las contenidas en las diversas fracciones del articulo 160 de la Ley de Amparo, el cual preceptúa: . . . En lo~ i~!cios del orden penal se consideran violadas las leyes del proced1r~11ento, de manera que su infracción afecte a las defensas del que¡oso: l.Cuando no se le haga saber el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y el nombre de su acusador particular si lo hubjere; 11.-Cuando no se le permita nombrar defensor, en la forma que determine la ley; cuando no se le facilite, en su caso, la lista de los defensores de oficio, o no se le haga saber el nombre del adscrito al juzgado o tribunal que conozca de la causa, si no tuviere qµién lo defienda; cuando no se le facilite la manera de hacer saber su nombramiento al defensor designado; cua ndo se le impida comunicarse con él o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o cuando, habiéndose negado a nombrar defensor sin manifestar expresamente que se defenderá por sí mismo, no se le nombre de oficio; 111.-Cuando no se le caree con los testigos que hayan depuesto en su contra, si rindieran su declaración en el mismo lugar del juicio, y estando también el quejoso en él; IV.-Cuando el juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o cuando se prac+i<dluen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley; V.-Cuando no se le cite para las diligencias que tenga derecho a presenciar o cuando sea citado en forma ilegal, siempre que por ello no comparezca; cuando no se le admita en el acto de la diligencia; o cuando se le coarten en ella los derechos que la ley le otorga; VI.-Cuando no se le reciban las pruebas que ofrezca legal- 429 �CORRECCION JUDICIAL Df LA DEMANDA mente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho; VII.-Cuando se le desechen los recursos que tuviere conforme a la ley res~ec_to de providencias que afecten partes substanciales del p~ ced1m1ento y produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones este mismo artículo; VIII.-Cuando no se le suministren los datos que necesite para su defensa; IX.-Cuando no se celebre la audiencia pública a que se refiere el artículo 20 fracción VI de la Cons~itución Federal, en que deba ser oído en defensa, pa;a que se le ¡uzgue; X.-Cuando se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia del A~~nt~ d~I Ministerio Público a quien corresponda formular la requ1s1toria; sin la del juez que deba fallar, o la del secretario o testigos de asistencia que deban autorizar el acto; XI.C~ando debiendo ser juzgado por un jurado, se le juzgue por otro Tribunal; XII.-Por no integrarse el jurado con el número de personas que determine la ley, o por negársela el ejercicio de los derechos que la misma le concede para la integración de aquél; XIII.Cuando se sometan a la decisión del jurado cuestiones de distinta índole de la que señala la ley; XIV.-Cuando la sentencia se funde en confesión del reo, si estuvo incomunicado antes de otorgarla o s1 se obtuvo su declaración por medio de amenazas o de cualquiera otra coacción; XV.-Cuando la sentencia se funde en algu• na diligencia cuya nulidad establezca la ley expresamente; XVI.Cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal prisión, el quejoso fuere sentenciado por diversos delitos NO se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación, ~iempre que, en este último caso, el Ministerio Público haya formulado conclusiones acusatorias cam· biando la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio propiamente tal; XVII.-En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores a juicio de la Suprema Corte de Justida o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda ..." !ª CORRECCION JUDICIAL DE LA DEMANDA Por otra parte, la otra hipótesis de la necesaria y debida realización de la actividad jurisdiccional, a cargo del juzgador de amparo, tendiente a la corrección de la demanda mal formulada, errónea, deficiente y aún omisa, en materia penal, obedece a la aplicación estricta del principio "nullum poena, nuilun crimen sina lega", coAcediéndose este ejercicio en función de la humanización de la impartición de la justicia en este campo del Derecho, pues "la exacta aplicación de la ley es "la garantía de todas las garantías" siguiendo el pensamiento de Joaquín Costa; exponía el Lic. Teófilo Olea y Leyva en su brillante monografía "Genealogía Jurídica de la Casación y el Amparo Mexicano en Materia Penal". <19> Se impone esa actuación oficiosa del juzgador de amparo en las hipótesis relativas a la violación manifiesta de la ley originadora de indefensión al agraviado y cuando se le haya juzgado por una ley inexactamente aplicable al caso, pues, es "precisamente donde más.se destaca con mayor entidad y jerarquía la defensa de los más altos valores humanos y eternos de la libertad y de los bienes de la vida, que es la esencia misma de nuestro juicio de amparo, que andando el tiempo, habría de lograr la unidad jurisdiccional de todo el derecho mexicano", como lo explicaba el ex-ministro de la Suprema Corte de Justicia, Lic. Olea y Leyva.<20 > El interés del legislador de brindar la debida protección fundamentalmente a quienes representan la parte débil de todo procedimiento quedó patentizado, en la facultad de con~eder al juez de amparo, la realización de una actividad jurisdiccional para corregir la demanda imperfecta promovida, en materia laboral. por la parte obrera, atendiendo también a los motivos derivados de la carencia de medios o recursos económicos necesarios para poder acudir a un profesionista especializado. De esa suerte se concede al juzgador una potestad, necesaria~ente conve.~ida y así debe estimarse, en obligación de actuar ofi. ciosamente cuando se encuentre que ha habido en contra del 431 �CORRECCION JUDICIAL DE LA DEMAND~ CORRECCION JUDICIAL DE LA DEMANDA agraviado, una violación manifiesta de la Ley que lo ha dejado sin defensa", como se desprende de los textos del párrafo tercero de la fracción II del artfculo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y párrafo tercero del artículo 76 de la Ley de Amparo. "c).-En esa virtud, si el trabajador al formular su demanda de amparo, omitió satisfacer determinados requisitos formales, esos deben ser suplidos, pues si el legislador dio facultad de suplir la deficiencia de la queja al estudiarse el fondo del asunto, por mayoría de razón debe suplirse la omisión de requisitos formales" .<21l La introducción de esa facultad de obrar, en forma oficiosa, en beneficio del trabajador, en materia de amparo, deviene de la naturaleza proteccionista de las normas de trabajo, principalmente por la consideración, no ya de un mero derecho individual, sino de verdaderas garantías sociales derivadas del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En fin el juez de amparo debe realizar una actividad oficiosa de examen íntegro de los elementos tanto de forma como de fondo de la demanda formulada por el trabajador, substituyéndose en el demandante y corrigiendo los errores en los cuales hubiere incurrido, no necesariamente para llegar al otorgamiento de la justicia de la Unión, sino para la correcta Vfsión del acto reclamado en toda su amplitud desde su génesis, desarrollo y conclusión, como en la satisfacción de formalidades, a fin de evitar actuaciones de autoridades laborales en perjuicio de la parte obrera, quien en todo momento debe gozar no solamente de los derechos fundamentales correspondientes.a todos los gobernados, sino de los especiales, de carácter social. derivados de su pertenencia al proletariado. Este sentido se debe tomar en cuenta para la debida consideración de nuestra tesis de fondo al proponer la procedencia de la actividad jurisdiccional correctiva de la demanda errónea u omisa en todas aquellas materias comprendidas dentro de la categoría de Derecho Social. Con gran claridad el Lic. Alfonso Noriega, habla de los distintos matices de interpretación de esa actividad jurisdiccional. al sostener: "a).-EI propósito -"claro y definitivo"- del le~islador al consignar la suplencia en materia laboral. es hacer efectivas las garantías individuales y sociales que establece la constitución en favor de los trabajadores, despojando de tecnicismos procesales al juicio de amparo que pudieran colocar al litigante menos preparado en situación de desventaja notoria frente a su contraparte". "b).-Suplir la deficiencia de la queja, presupone no tan sólo al estudiar las violaciones constitucionales, no señaladas por el quejoso en sus conceptos de violación, sino también analizar si e~isten otras infracciones a la Constitución, aún en el caso de ausencia total de los mencionados conceptos". 432 Uno de los más grandes avances tendientes a la protección de los agrupamientos sociales débiles, se encuentra en la actividad jurisdiccional confiada al juez de amparo, en todos aquellos asuntos, planteados en materia agraria, por núcleos ·de población, ejidatarios o comuneros, cuando en contra de ellos, ha habido "una violación manifiesta de sus derechos agrarios sobre tierras y aguas". Desde luego, notamos cómo desde la inclusión del cuarto párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dice: "En los Juicios de amparo en que se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo-que disponga la Ley Reglamentaria de los 433 �CORRECCION JUDICIAL DE LA DEMANDA artículos 103 y 107 de la Constitución, y no procederán, en ningún caso, la caducidad de la instancia ni el sobreseimiento por inactividad procesal. Tampoco será procedente el desistimiento cuando se afecten derechos de los ejidos o núcleos de población comunal" así como de la adición al artículo 76 de la Ley de Amparo, se trocó la potestad supletiva a obligación. De esa manera se contemplaba la necesidad de proteger el Derecho Social del o los hombres del campo, ya como individuos, ya en grupos como núcleos de población, como un paso al denominado "amparo social agrario que tiene una estructura y reglamentación propias, entre ellas la obligatoriedad de la suplencia de la queja deficiente''.<22> De esa obligad6n para el juez de amparo, en materia agraria, cuya actividad jurisdiccional va desde la corrección de la demanda, no sólo en su aspecto formal. pasan~o hasta la integración de las pruebas y el dictado de una resolución, considerando los actos reclamados no como se plantearon en la demanda, sino cómo se hayan probado, "aun cuando sean distintos de los invocados en la demanda", como se lee en la parte final del artículo 78 de la Ley de Amparo. Realmente del despliegue de la actividad jurisdiccional, en forma tan amplia, se logra la protección debida para los derechos sociales de los núcleos de población, ejidatarios y comuneros en cumplimiento de uno de los postulados de la Revolución Mexicana, aún cuando el maestro Ignacio Burgoa, impugna las modificaciones legales en cuanto a la realización de la actividad judsdiccional correctiva al momento de dictar tomando en cuenta actos reclamados "aun cuando sean distintos de los invocados en la demanda", al sostener: "Esa disposición nos parece aberrativa, pues auspicia situaciones verdaderamente anti-jurídicas que vuelven principios procesales fundamentales. En efecto, al ponderarse actos que no fueren im· pugnados en la demanda de amparo y en relación con los cuales 434 CORRECCION JUDICIAL DE LA DEMANDA obviamente la autoridad responsable no pudo rendir su informe justificado ni el tercero perjudicado preservar sus derechos, se coloca aestos sujetos en un estado de indefensión, alterándose además, la lrris en el juicio de garantías, ya que no sólo con dotes sibilinas ~odrían adivinar contra que actos, diversos de los reclamados, se pudiere conceder o negar la protección federal. La adición que comentamos, fruto de la ligereza o el atolondramiento de sus autores, hace surgir la absurda posibilidad de que los núcleos de población, los ejidos, los comuneros o los ejidatarios, combaten actos que, por esta circunstancia, no pueden ser materia de la controversia constitucional y en relación con los cuales tampoco pueda invocarse ninguna causa de improcedencia, por la sencilla razón de que permanecen ignorados durante toda ia secue1a procesa 1 .(23) 11 Esos temores del Lic. Burgoa deben disiparse considerando los principios propios de un procedimiento de naturaleza eminentemente social para lograr la debida protección de esos núcleos de población, ejidatarios y comuneros, debiéndose despojar de ritos procesales, formalidades estrictas, propias de un proceso eminentemente sustentado en postulados individualistas, para dar paso a la actividad jurisdiccional de oficio, investigadores, de la verdadera viola~ión constitucional, pruebas del acto reclamado y autoridades responsables, tomando en cuenta la no obligación de los componentes de esos grupos sociales de conocer las cualidades jurídicas, faculta des o atribuciones de los titulares de los órganos del Poder Público actuantes en perjuicio de derechos, estimados vulnerados, ·correspondientes a los quejosos en materia agraria. Al respecto seguimos el criterio del Lic. Humberto Briseño Sierra cuando expone: "Que todo ello deje en situación desventajosa al tercero y a la autoridad responsable está fuera de toda duda, PERO NO DEBE PERDERSE DE VISTA DE QUE NO SE TRATA DE UN PROCESO, NI DE UNA CRITICA DE UN PROCESO ANTERIOR, SINO DE UN CONTROL QUE HA LLEGADO HASTA 435 �CORRECCION .RJDICIAL DE LA DEMANDA SUS ULTIMAS CONSECUENCIAS, AL PERMITIR LA TOTAL OFICI OSIDAD EN EL JU EZ, CO N LA SOLA PRESENCIA DE LA QU EJA" .<24> apoyo en su actuación, en una ley declarada anticonstitucional por J urisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia, sea o no alegada por el quejoso. Mencionadas, pues es menester, además, extender ese radio de acción supletiva de la autoridad iudic:al de amparo, hasta para allegarse los medios de convicción necesarios para el debido acreditamiento de la existencia de los actos reclamados, así como los atinentes a la demostración del interés jurídico de los quejosos, para estar en posibilidad de resolver sobre la constitucionalidad o anticonstituc:onalidad de los actos reclamados, de las autoridades responsables. El Lic. Alfonso Norieg_a, sostiene: "¿La suplencia de la queja en materia de leyes inconstitucionales -por nuestra parte preferimos la denominación de le.yes anticonsfüucioné:' es comn contrarias a la Constitución, en diferencia a las inconstitucionales, las cuales no encuentra., apoyo en la Carta Magna- tiene una amplitud mayor, que en los casos relacionados con materia penal y materia laboral ... en la expoc;ición de motivos que el C. Presidente de la República f?rmuló para justificar la reforma legal que creó la suplencia en materia de ,eye.,, inconstitucionales, se dice expresamente que: " ... sería impropio por una mala técnica en la formulación de la demanda de amparo, afecte al agraviado el ump imiento de una Ley que ha sido expedida con violación a la Constitución. Así pues, la suplencia de la queja deficiente en esta materia, abarca los errores o defectos de técnica en que se pueda incurrir en la formulación de la demanda de amparo; o bien, o en otras palabras, el juzgador está autorizado, desde la reforma de 1951, para corregir, enmendador, suplir los defectos de técnica, en que pueda incurrir el quejoso, y, por tanto, considerar al estudiar la demanda y los autos respectivos, en el caso de que existan defectos o errores de téc nica, que éstos no existen, rectificándolos en consecuencia. Este criterio resulta evidente, se funda en una razón esencial: un error de técnica no puede justificar por ningún motivo, una violación flagrante de la Constitución de la super ley".<25> LEYES DECLARADAS ANTICONSTITUCIONALES Cuanto el acto reclamado se sustenta en una ley declarada anticons+:tucional por la Suprema Corte de Justicia en la Nación, es deber del Juez del Amparo, corregir las deficiencias u omisiones en las cuales hubiere incurrido el agraviado, por la imperiosa necesidad de observar la prevalen6a de las normas supremas sobre cualesquier otra ley ordinaria o acto de las autoridades constituidas. Para la aplicación o ejercicio de esta actividad jurisdiccional supletiva, debe tomarse en cuenta el elemento esencial relativo a la existencia de jurisprudencia declarando anticonstitucional a una ley, lo cual significa que no basta una Ejecutoria aislada para "bligar a la autoridad iud'cial federal a realizar la corrección de !a demanda obscura, irregular, deficiente u omisa, en esta materia. La otra razón de acoplar toda norma jurídica a los principios de la Constitución, como fundamento político-social para proceder a la realización de esa actividad correctiva, tiende al establecimiento de un deber judicial ejercitable en todo momento en el cu,,,1 las autoridades señaladas como responsables pretenden encontrar 436 Esa extensión de la actividad de enmendar la demanda de amparo, concedida a la autoridad judicial federal. cuané:lo el acto reclamado se sustenta en una ley anticonsflucional, aun cuando no se haga el señalamiento, como autoridad responsable del Congreso de la Unión o de los Congresos locales, en su caso, según sus respectivas areas de competencia legislativa, significa además la elevación 437 �CORRECCIONJUDICIAL DE LA DEMANDA , de la dignidad de los jueces de amparo, al través del reconocimiento de s.u labor, plasmada en la jurisprudencia, "implica -acota el Lic. Héctor Fix Zamudio--- una dignificación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que ahora resulta obligatoria par<' todo género de autoridades, inclusive administrativas, cuando declara la inconstitucionalidad de una ley" .<26> El interés social de contemplar sobre todas las cosas el contenido prístino de la constitución, permite, también hacer extensiva esa interpretación de establecer como obligación la actividad su. pletiva judicial, de la demanda obscura, irregular u omisa, cuando el acto reclamado se apoye en un Reglamento considerado violatorio de la Carta Magna Federal, por esas cinco ejecutorias, no interrumpidas por otra en contrario. CORRECCION JUDICIAL DE LA DEMANDA recho Social, int egrada por la rama correspondiente a los meno res e incapacitados. Las disposiciones legales ordinarias existent es al respecto habrán de recoger los resultados de esa labor interpreta·tiva de nuestros tribunales federales, en ejercicio de la act~vidad correctiva, de tal suerte de permitir la formación de un nuevo ordena miento jurídico propio de la época en la cual vivimos. La enmienda constitucional mencionada, para nuestro particular modo de ver, significa la manifestación del afán garantizador de derechos para los grupos económicamente débiles y desprotegidos'. como en todo caso, son los trabajadores, los comuneros, ejidatarios, campesinos, menores e incapacitados. MENORES E INCAPACITADOS. La actividad jurisdiccional para enmendar la demanda de amparo irregular, obscura, deficiente u omisa, se nutre con la nueva materia introducida con motivo de adición al artículo 107 Constitucional, al permitirla en aquellos casos de demandas formuladas a nombre de menores o incapacitados, agraviados por actos de autoridades. En la marcha hacia la debida integración social, buscando el mecanismo adecuado, consideramos de gran interés e importancia esa adición constitucional para _lograr el otorgamiento de la prot ·C· ción de la justicia federal a los menores o incapacitados, máxime cuando se otorgan amplias facultades a la autoridad judicial de amparo para desplegar una actividad jurisdiccional de gran magnitud para que de oficio se subsanen todos los defectos de la demanda planteada a esta materia. Seguramente, con la inclusión de esta nueva faceta de la actividad jurisdiccional supletiva, se lograrán interpretaciones juris :x u denciales de gran contenido para la formación de esa parte del De- 438 439 �CAPITULO CUARTO B. DERECHO SOCIAL.- LA INTEPRETACION CONSTITUCIO- NAL- LA CORRECCION DE LA DEMANDA OBSCURA, IRREGULAR U OMISA EN CUESTIONES ATINENTES AL DERECHO SOCIAL. Las condiciones cambiantes del Derecho, del cual se puede decir "que no es algo fijo e inalterable dentro del marco de la ley, en realidad se trata de algo vivo y, por ello, en mutación permanente"<m, nos lleva al campo del Derecho Social, considerado como disciplina autónoma e integradora de una más de las clasificaciones genjricas del Derecho, rompiendo el viejo molde de la división dict6mica del mismo. Esa constante transformación ha servido de base para la creación del nuevo campo de la ciencia jurídica al tomar en cuenta la realidad social existente, pues extrabasándose de los tradicionales irnbitos de acción de la norma, antaño sólo reguladora de cuestio- res relativas a la persona y su patrimonio, así como de las relaciones con el Estado, atendiendo a la concepción liberalista e indivi- 441 �dualista del Derecho, pasa a la formac~ónddelun nuelvo c~el~~goae: ~~ I glas al traves e as cua es s cual se comprend en as re · , • t d'bºles esta. , de los grupas humanos econom1camen e e , ' t · su subPro ecc1on . d f or el mínimo de garantías necesarias para . b_lec,en_ o a su atv . , dentro de la sociedad en la cual conviven. s1stenc1a y manu enc1on De esa suerte se contempla ya no solamente el hom_bret-indivi. d · quél pertenec1en e a un d ~no al hombre-colectivo, es ecir, a a .. . I uo, . o o clase social. a quien van d1ng1das as normas determinado grup d d. •, de actuar conforme a tuteladoras precisamente des e su con tc1on . intereses comunes. . , n a la cual llega ese Derecho Social, es a Por eso 1a prot eccio ·d las . t . ente a los persegu1 os en los intereses colecti:os,. c~n ;;.namdonde las normas se dictan en otras ramas de la c1enc1a ¡urt ,ca, . razón a los intereses privados o particulares existentes. Así, se tiene el Derecho Social, :1 :u~I es "el ~r~en de la s~~i~: d d en función de una integración dinam1ca, teolog1camente d1r ~ bienestar social de las personas y e daa a Ia obtención del mayor . . . . I" <2s> los pueblos mediante la ¡ustic1a socia . ta definición el Derecho Social tiende al esDe acuerd o con es d I hombres tablecimiento de normas para regular la conducta d e o~ d un bºdos conforme a su función social, forman o pa e. e ::~~:a~iento humano determinado con el fin de lograr el bien común. . ·, d a materia es cont Ahora b ien para la me¡or comprens1or e es ' · d G · ·t h I respec o, udrv1 cha t' orno V eniente tomar en consideración las ideas e S · 1 erec o au on cuando sostiene que el Derecho ocia ' es un bº f cada tota· de comunión, por el cual se integra de m~t'l~ra o ¡e ,va I Es~ lidad activa real que encarna un valor pos1t1vo extratempora 11 442 Derecho se desprende directamente del todo en cuestión para regular la vida interior independientemente del hecho de que ese todo esté organizado o desorganizado. El derecho de comunión hace participar al todo inmediatamente en la organización jurídica que de allí surge sin transformar ese todo en un sujeto distinto a sus miembros. El derecho de integración instituye un poder social que está esencialmente ligado a una coacción incondicionada y que puede, plenamente, realizarse, en la mayor parte de los casos, por una coacción relativa a la cual se puede substraer pero bajo ciertas condiciones ese poder social funciona algunas veces sin coacción. El Derecho Social precede, en su capa primaria, toda organización de grupo y no puede expresarse de una manera organizada sino cuando la organización está fundada sobre el derecho de la comunidad subyacente objetiva y del que está penetrada, es decir, cuando ella constituye una asociación igualitaria de colaboración y no una asociación jerárquica de dominación. fil Derecho Social se dirige, en su capa organizada, a sujetos jurídicos específicos -personas colectívas complejas-, tan diferentes de los sujetos individuales aislados como de las personas morales, unidades simples que absorben la multiplicidad de sus miembros en la voluntad única de la corporación o del establecimiento".<29> Así vemos al hombre en su plenitud social, tocando en suerte a nuestro País, ser el pionero en la regulación constitucional de las garantías sociales cuando el Constituyente d·e Querétaro plasmó en los artículos 3o., 27, 123 y 130, los derechos a la educación, a la tierra, al trabajo y la separación entre el Estado y la Iglesia, como principios primarios, originarios y fundamentales de la adecuada protección de los grupos humanos económicamente débiles, sobre los poderosos, pues otorga ef derecho a la educación a todos los componentes del pueblo mexicano, sin distinciones de ninguna naturaleza, además de que tutela las relaciones obrero-patronales, al establecer los derecbos mínimos de la parte desprotegida de ese 443 �vínculo surgido entre los factores de la producción; tutelando, además, a los campesinos, ejidatarios, comuneros y núcleos de población y garantiza la separación entre la Iglesia y el Estado. '' El nuevo Derecho Social no sólo se proyecta en el horizonte jurídico -acota el Lic. Alberto Trueba Urbina- sino figura relevantemente en estatutos fundamentales y orgánicos, que tutelan a las masas y específicamente a los hijos frente a los padres, a la mujer frente al marido, al campesino frente al latifundista, al obrero frente al empresario, al súbdito frente al Estado, etcétera. Tal es el paso más trascendental, con profundo sentido humano, del individualismo al socialismo". <30 > Además, nuestro texto político-social fundamental ha incorporado otras normas de absoluto interés comunitario como lo son las relativas a los derechos de los trabajadores al servicio de los órganos del Poder Público Federal, la regulación de los asentamientos humanos y otros, cuya existencia, mejoramiento y ampliación de titulares de los mismos, exigen la debida protección de los derechos sociales correspondientes. · Es decir, no bastan los procedimientos establecidos en las leyes reglamentarias de los preceptos constitucionales correspondien• tes, para aseverar que se encuentran debidamente garantizados los intereses de esas masas sociales, sino que es menester de que se les brinde, como en caso, de la parte obrera, los comuneros, ejidatarios y núcleos de población, menores e incapacitados, la adecuada protección constitucional, al través del juicio de amparo, fuera de todo rigorismo, formalismo o técnica jurídica, enmendado los errores o corrigiendo la demanda obscura, irregular u omisa de esos sujetos de Derecho Social, cuando recurren ante los tribunales judiciales federales reclamando actos arbitrarios, indebidos, ilegales e inconstitucionales de las autoridades correspondientes. Como la existencia de los derechos sociales para los econ6micamente débiles se desprende del contexto mismo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de la aplicación de los principios de una equidad y justicia social, estimamos que para evitar las múltiples enmiendas a la Carta Magna Federal, es menester llegar a la aplicación de las normas conducentes al través de la interpretación judicial. Para esto, hay que tener presente que en esta época se habla mucho de la necesidad de crear, precisamente para dar la protección constitucional a esos derechos sociales de los núcleos o grupos sociales, económicamente débiles, del ya llamado "amparo social", pues nuestra tesis versa en torno a esa figura, pero sin recurrir a reformas ni a la Constitución, ni a la Ley de Amparo. Estimamos, en lugar de reformas o enmiendas a las normas mencionadas, el juzgador debe impregnarse de las condiciones cambiantes y de los requerimientos de la época exigiendo la debida tutela y protección de esos agrupamientos humanos, conservando la estabilidad de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al respecto seguimos la idea de los señores Lics. Jorge Carpizo y Héctor Fix Zamudio, cuando expresan: "El sistema de reformas continuas debe considerarse como una transformación defectuosa de las disposiciones constitucionales, que atenta contra la jerarquía de dichas disposiciones y hace negatoria su relativa estabilidad, produciendo inclusive contradicciones en cuanto a los principios esenciales establecidos por el Constituyente o,riginario, llegándose a extremos en nuestro régimen jurídico, de expedir reformas constitucionales para modificar o suprimir determinadas interpretaciones, también constitucionaíes, de la Suprema C_o~e de Justicia, lo que constituye un índice del absoluto predominio de la reforma o modificación del texto fundamental en relación con su evolución interpretativa".U1> 445 �Luego, los postulados constitucionales de los cuales se desprenden los derechos sociales, en cuanto a su garantía, protecci6n o tutela, cuando se ejercita la acción generadora del Juicio de Amparo deben interpretarse de acuerdo con las condiciones sociales, económicas y políticas de la época. Por eso, si del desentrañamiento de esas condiciones se llega a la convicción de dar protección a los agrupamientos humanos económicamente débiles, el juzgador debe tomar en cuenta iguales principios reguladores ya existentes para proceder a la enmienda de una demanda de amparo defectuosa, para lograr una sentencia, en su caso, que pueda llamarse garantía de las garantías sociales, si estimamos el Juicio de Amparo, como un verdadero "juicio de garantías". Cierto, "el tema de la interpretaci6n judicial del Derecho es uno de los más controvertidos y asendereados, pero su actualidad es innegable, ya que otra vez en nuestros días se replantean los problemas que suscita esta cuesti6n, en relación al deber del juez de dar soluci6n justa a los conflictos jurídicos sometidos a su decisi6n, lo cual es perfectamente 16gico si se toma en cuenta la transforma• ci6n vertiginosa que se está operando en todas las estructuras de la sociedad"."2' El Juez, quien no toma en cuenta los fenómenos sociales y se atenga exclusivamente a la letra de la ley, no de,berá ostentar la toga del decidor del Derecho. Sus resoluciones deben estar impregnados de la evolución social y jurídica correspondiente, sin esperar a tener a la mano el texto de la Ley con la letra impresa de la cual desprendar la consideración respectiva, pues es una obligación el de seguir de cerca los pasos cambiantes del mundo de los acontecimientos, "tal y como aparecen en la vida real, huyendo de ficciones y posiciones inacvilistas".c33l 446 Por eso, si interpretando la norma constitucional en la cual se consagran los derechos sociales, se desprende el otorgamiento de una facultad para el Juez de Amparo para desplegar una actividad jurisdiccional tendiente a la corrección de una demanda errónea, irregular, obscura u omisa, en materia de amparo, debe tenerse en cuenta todo el contenido de esa disciplina Derecho Social para llegar a la conclusrón de que en todas las ramas de éste en las cuales actúe una autoridad, dictando actos que afecten la esfera de los sujetos comprendidos en las mismas y éstos acudan en demanda de amparo y protección de la justicia de la unión , se desenvuelva esa actividad jurisdiccional, desde la investigación y allegamiento de las pruebas necesarias para acreditar la existencia de los actos reclamados y el interés jurídico de los quejosos, hasta el momento de dictar sentencia en la cual habrá de corregir los errores, enmen. dar las imperfecciones y substituirse en la conducta del agraviado Cuando su demanda haya sido irregular, obscura u omisa. Para ello, debemos considerar la clasificación del Lic. Francisco González Díaz Lombardo, sobre el Derecho Social, del cual señalo, las siguientes ramas: !.-Derecho Social deÍ Trabajo y de la Previsión Social; 11.-Derecho Social Campesino; 111.-Derecho Social Burocrático; IV.-Derecho Social Militar; V.-Derecho Social Profesional; VI.-Derecho de la Seguridad y el Bienestar Social Integral; VII.-Derecho Social Cooperativo; VIII.-Derecho Social de las Mut ualidades; IX.-Derecho Social de la Prevención Social; X.-Dere~ho Social Corporativo; XI.-Derecho Social Familiar; XII.-Derecho Social de la Infancia; XIII.-Derecho Social .de la Juventud; XIV.-Derecho Social de la Mujer; XV.-Derecho Social de la Vejez (J ubilados y pensionados); XVI.-Derecho Social Económico; XVII.Derecho Social de la Salud Integral; XVIII.-Derecho Social de la Educación Integral y la Cultura; XIX.-Derecho Social de la Vivienda Integral; XXI.-Derecho Social del Deporte; XXII.-Derecho So- 447 �cial del Descanso y el Ocio Constitucional; XXIII.-_Derecho P~ocesal Social; XXIV.-Derecho Protector y de Asistencia a Extran1eros y de Mexicanos en el Exterior; XXV .-Derecho Social Internacional y XXVI.- Derecho Social Comparado. Con excepción del último, pero agregando los consecuentes Derechos Sociales que habrán de surgir con la regulación de los Asentamientos Humanos y las Empresas de Solidaridad Social. cuyas iniciativas de Leyes, se anuncian, enviará el Ejec~tivo Fe~eral al solicitar de la Comisión Permanente la convocatoria a Sesiones Extraordinarias del Congreso de la Unión, cuando los sujetos de los mismos se vean afectados por un acto de autoridad emanáda en aplicación de las normas conducentes, causado definitividad el mismo, y ocurriendo en demanda de amparo, en t~dos _esos ~asos deberá realizarse la actividad jurisdiccional suplet1va s1 consideramos el espíritu de las exposiciones de motiv~s de las ~nmiendas constitucionales al través de la cual se ha ampliado la misma Y de las cuales dimos cuenta en el capítulo segundo. Al través de este medio se llega a la respuesta a las preguntas: "¿De qué sirve un derecho social que no es acci?nable e~ ~ª- mi~ma forma?", "• En dónde está la novedad: en el simple en1u1c1am1enl . v c t ,, (34> to?", formuladas por el Lic. Juventmo . as ro . Los derechos del agrupado socialmente o de dos grupos so~i~les como tales, quedarán debidamente protegidos al tr~v~s del 1u 1cio de amparo con las condiciones, requisitos y proced1m1entos naturales, con las variantes propias relativas a la realización, por ~art~del juez, de una actividad supletiva al quejoso, en la form~. Y ter_m1· nos expuestos, atendiendo al derecho concedido a los epdatarios, comuneros y núcleos de población, en la Ley vigente. De esa manera estamos en contra de las constantes modificaciones a la· Constitución y a la Ley de Amparo, entre otras, máxime 448 cuando en lo atinente el juicio de amparo, podemos sostener, constituye una decisión fundemental del pueblo, con el otorgamiento de una obligación a los jueces federales de realizar una actividad jurisdiccional supletiva al quejoso, cuando es sujeto de derechos sociales y los actos reclamados emanen de autoridades en ejercicio y aplicación de tales derechos, para e~itar reformas improvisadas, muchas de las veces de carácter eminentemente político. Por eso pugnamos y proponemos que en todo lo referente a la aplicación de normas de Derecho Social, cuando un sujeto del mismo, ocurra en demanda de amparo, debe realizarse la actividad de corrección por parte del juez, a fin de que quede debidamente garantizado el goce de esos derechos. Actúese, pues, en concordancia con las palabras del Ex-Presidente de la H. Suprema Corte de Justicia, cuando decía: "Nuestra función es aplicar la ley y la Constitución, pero el aplicarlo. con un espíritu proteccionista como ocurre precisamente en estos fallos de la segunda sala, es tratar de ayudar al elemento más débil en la relación procesal, como es el ejidtario".<35l El Ex-Presidente de la Suprema Corte de Justicia en la Nación, hacía referencia a los fallos dictados en asuntos en materia agraria, donde los jueces de amparo realizan una actividad jurisdiccional acorde con las condiciones de los demandantes para brindar a todos los sujetos de esa rama del Derecho Social, la debida y adecuaprotección de sus derecho~, considerando su participación en la producción, así como la carencia de medios y recursos para, por sí solos, llegar al logro de la protección de la Justicia de la Unión. ~ª En la misma forma se actúe en lo atinente a las demandas de amparo promovidas por los trabajadores, pues los controladores de la constitucionalidad, en esos casos actúan de una manera tal de llegar a perfeccionar los defectos de las demandas obreras para la 449 �realización de los principios de justicia social, inmersos en ese Derecho del Trabaj,o, dictado esencialmente en búsqueda de la mayor protección de tales fuerzas productivas, pues "el fin substancial y primario del Derecho Laboral, bien sea contemplado desde el punto de vista individual o del colectivo, es siempre, en último término, la protección del hombre que trabaja".'361 Por eso todos esos prmc1p1os deben tomarse en cuenta por los juzgadores en materia de Amparo, en atención a los avances operados en la sociedad en el ámbito del Derecho, para recoger los anhelos de las clases desvalidas y marginadas, las cuales, en nuestro medio, integran la mayoría carente de todo y, por lo tanto, son merecedores de tener, cuando menos, la tutela de sus derechos cuando los mismos son conculcados por las autoridades, para desa-· rrollar esa actividad jurisdiccional supletiva a toda demanda de amparo en forma obscura, irregular ~ omisa. La actuación jurisdiccional, tratándose de sujetos protegidos por las normas del Derecho Social. se iniciaría desde el momento de la presentación de la demanda, evitando las prevenciones acostumbradas para completar el número de copias necesarias, pues de oficio, se ordenarían las requeridas y se mandaría correr el traslado de ley, y hacer el emplazamiento respectivo, señalando fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Al advertirse del planteamiento la omisión de autoridades, el juzgador las tendría como responsables, emplazándolas y citándolas en la audiencia. También el juez, en estos casos, llevaría al cabo su actividad recabando las pruebas necesarias para la justificación de los actos reclamados y corregiría todo error o defecto en la manifestación de los conceptos de violación expuestos por los demandantes. 450 . Debe quedar ~l~ro lo_ r~lativo a los comandantes para el despliegue. de esa act1v1dad 1ur1sdiccional.supletiva, pues los mismos, n~:esar,amente deben ser los sujetos a quienes pretendidamente se d,r,ge la protec~ión de la rama del Derecho Social correspondiente. Esto ~s, no se e1ercería esa actividad en cuanto, en materia obrera, por e1emplo el accionante fuere el patrón; ni en materia agraria, cuando lo fueren los propietarios o latifundistas; ni cuando ocurrieren en demanda de garantías, los proveedores, y, así, en la misma form~, ~n. todos Y. cada uno de los aspectos regulados por las normas ¡ur,d,cas de integración. . Por ello, todas las posturas tradicionales deben relegarse al olvido. para estar en aptitud de realizar esa actividad jurisdiccional pro~ia de nuestra época, cuando "las transformaciones rápidas y ra?1cales se extienden a todas las esferas de la vida social, dando origen a nuevos fenómenos"'371, como en el caso de la extens·, d la ., d d ion e . correcc,on e una emanda errónea, irregular u omisa, en materia d~ a~paro, cuando el demandante o ejercitante de la acci6n const,tuc,onal es la parte débil del proceso ordinario. , . [as disparidades o desigualdades derivadas de las normas jur,d,cas en v,~or, se trocarían en paridad O igualdad cuando el juez de am~~ro, impregnado de la evolución del Derecho, realice esa corree:'º"• no _sola_mente desde el punto de vista formal, rompiendo formulismo o r1gor1smos técnicos procesales, sino tomando en cuenta el ~~ndo de la cuestión planteada, suple la imperfección de la expres,~n del concepto de violación llegando al otorgamiento de la protección de la justicia federal. De ,e~a mane_ra los jueces de amparo harían realidad el sistema de~ocratico mexicano y la tendencia social del Derecho de nuestro pa,s, pues le estarían adaptando todas las normas ·, 'd. . e ·d d d .. uri 1cas, sin nees, a e mod1f1caciones a la Constitucio'n "a 1 .d e d , as neces, a des mergentes e la transformación de la sociedad".• A SI,, "Ia S0C19a . 451 �dad y el Estado se integran dialécticamente y tanto la administración como la justicia se oponen al servicio de la mayoría ... el Derecho del Nuevo Estado tiende a asegurar sistemáticamente el cumplimiento de los objetivos del Estado· democrático y social, la realización de sus contenidos concretos. El primado del Derecho en ei Estado democrático y social significa una sujeción imperativa, no al Derecho como idea abstracta, sino a un contenido concreto de éste, el cual tiende a cumplir con los fundamentos y deberes del Nuevo Estado, la plena dignidad del Hombre, y la libertad e igualdad sustanciales en el perfeccionamiento de su personalidad social. Por imperio del Derecho, el Estado realiza la democracia y forja una sociedad nueva; el Estado no paraliza sino que "motoriza" el cambio, planifica, distribuye, reorganiza la vida individual y social" ys> Esa actividad jurisdiccional supletiva de la demanda errónea u obscura, sería el camino pacífico hacia la abolición de todo sistema de explotación del hombre por el hombre, pues el sujeto de derecho social. al través de esa labor, encontraría satisfacción su ideal de lograr la obtención de la justicia. circundante, adquieren conciencia de su propio ser y resuelven los problemas que se les plantean" .<39 > Por eso, los tiempos actuales exigen una verdadera conciencia para realizar una actividad jurisdiccional correctiva de la demanda errónea, irregular u omisa, formulada por el hombre, concebido como el verdadero ser social, enmarcado dentro de los lineamientos del Derecho Sociál. Quedan aquí, pues, nuestras modestas ideas en torno a la "Suplencia de la Deficiencia de la Queja en el Juicio de Amparo", mas con la intención humilde de aportar un granito de arena en la construcción del edificio indestructible del ejercicio de una actividad jurisdiccional correctiva de errores e imperfecciones, dentro del maravilloso Juicio Protector de los derechos individuales y sociales de los hombres, cuando el mismo es planteado por una persona titular de la tutela del Derecho Social, en cualesquiera de ;us ramas. Cierto, para ello se requiere la creación de una verdadera conciencia social entre todos los juzgadores de amRaro -Jueces de Distrito, Magistrados de los Tribunales Colegiados y Ministros de la Suprema Corte de Justicia- de considerar el aspecto social del Derecho así como las condiciones de los sujetos tutelados por el mismo cuerpo normativo de interés colectivo o comunitario. Ya Y. Kelle y M. Kovalzon, sostienen: "sobre la base de la vida material de la sociedad, a partir de la diversidad de las relaciones sociales y de la actividad de los hombres, nace la conciencia social, o sean las distintas ideas, concepciones, teorías, representaciones, sentidos sociaJes, -etc., medi9 nte la cual el hombre, los grupos sociales y la sociedad entera as:milan espiritualmente el mundo 452 453 �NOTAS BIBLIOGRAFICAS 15.-"Lecciones de Amparo".- Lic. Alfonso Noriega.- Editorial Porrúa, S. A.- México.- 1975.- Pág. 703. ! . -"Cuestiones de Terminología Procesal".- Niceto Alcalá-Zamo- ra y Castillo.- Instituto de Investigaciones Jurídicas.- UNAM.1972.- Pág. 11. 16.-"EI Juez y el Derecho".- Santiago Santís Melendo.- Ediciones Jurídicas-Europa-América.- Buenos Aires.- 1957.- Pág. 73. 2.-"Curso de Amparo".- Dr. Octavio A. Hernández.- Ediciones Botas.- México.- 1966.- Pág. 104. 3.-" El Juicio de Amparo".- Ignacio Burgoa.- Editorial Porrúa, S. 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Armando Chávez Camacho.- Pág. 117. 10.-"Dérechos del Pueblo Mexicano".- Tomo VIII.- Pág. 75. 11.-"Derecho del Pueblo Mexicano".- Tomo VIII.- Pág. 86. 12.-"Derecho del Pueblo Mexicano".- Tomo VIII.- Pág. 103. 13.-"Op. Cit."-· Lic. Ignacio Burgoa.- Pág. 300. 14.-"EI Amparo Mexicano".- Lic. Humberto Briseño Sierra.- Cárdenas, Editor y Distribuidor.- 1a. Edición.- 1971.- Pág. 727. 18.-"Jurisprudencia Obligatoria y Suplencia de la Queja Deficiente en Materia Penal, Laboral. Administrativa y Civil".- Ponencia del C. Ministerio Teófilo Olea y Leyva.- Problemas Penales de México.- Colegio de Estudios Penales de México.- Editorial Jus.- 1952.- Pág. 89. 19.-"Genealogía Jurídica de la Casación y el Amparo Mexicano en Amparo Penal".- Problemas Jurídicos y Sociales de México.- Lic. Teófilo Olea y Leyva.- Anuario 1953.- Editorial Jus.México.- 1955.- Pág. 88. 20.-"Op. 21.-"Op. 22.-"Op. 23.-"Op. 24.-"Op. 25.-"Op. Cit."Cit."Cit."Cit."Cit."Cit."- Lic. Lic. Lic. Lic. Lic. Lic. Teófilo Olea y Leyva.- Pág. 88. Alfonso Noriega.- Pág. 713. Alfonso Noriega.- Pág. 722. Ignacio Burgoa.- Pág. 901. Humberto Briseño Sierra.- Pág. 724. Alfonso Noriega.- Pág. 720. I 26.-"EI Juicio de Amparo".- Héctor Fix Zamudio.- Editorial Porrúa, S. A.- 1a. Edición.- Edición.- 1964.- Pág. 298. 27.-"La Interpretación Judicial en las Orientaciones Contemporáneas".- Valentín Silva Melero.- Revista del Derecho Privado.Octubre de 1969.- Pág. 735. 455 �28.-"EI Derecho Social y la Seguridad Social Integral".- UNA~. Textos Universitarios.- Lic. Francisco González Díaz Lombardo.- Pág. 14. 39.-"Ensayo Sobre la Teoría Marxista de la Sociedad.- Traducción al Español V. Kelle y M. Kovalzon.- Editorial Progreso.- 1975.Pág. 34. 29.-"EI Derecho Social".- Lucio Mendieta y Núñez.- Editorial Porrúa.- Segurida Edición.- 1967 .- Pág. 19. BIBLIOGRAFIA 30.-"La Constitución Reformada".- Lic. 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Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Derecho Y Ciencias Sociales Año de publicación El año cuando se publico 1979 Época Época del la revista Segunda Número Número de la revista 1 Mes de publicación Mes cuando se publicó Marzo-Junio Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Cuatrimestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1784899&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales, 1979, Segunda Época, No 1, Marzo-Junio Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Longoria, Samuel, 1934-, Director Subject The topic of the resource Derecho Derechos civiles Publicaciones periódicas Leyes Jurisdisprudencia Filosofía del derecho Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Núñez Espinosa, Herberto J., Director Lozano González, Santiago, Secretario de Redacción Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/03/1979 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016556 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. San Nicolás de los Garza, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. 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