https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/271/13593/DERECHO_Y_CIENCIAS_SOCIALES._1979._2a_Epoca._No._2._Jul-Oct._0002016555.ocr.pdf d77b243b96b2d8eea8eeb57ba3c01637 PDF Text Text LA FACULTAD y CIENCIAS SOCIALES __;--~~ BE ���DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 2 �UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DIRECTOR: Lic. David Galván Ancira. SUBDIRECTOR: Lic. Roberto Sergio Castillo Gamboa. JEFE DE LA DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES: Lic. Santiago González Lozano. JEFE DE LA DIVISION DE INVESTIGACION Y EDUCACION CONTINUA: Lic. Francisco Rivera Bedoya. JEFE DE LA DIVISION DE EST_UDIOS SUPERIORES: Lic. Gaspar Vazquez Aguilar. D_ECANO: Lic. Genaro Salinas Ouiroga. JEFE DE LA SECCION EDITORIAL: Lic. Herberto. J. Nuftez. DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Revista Cuatrimestral de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Autónoma de Nuevo León. DIRECTORIO DE LA REVISTA DIRECTOR: Lic. Herberto. J. Nuñez. Espinosa. SECRETARIO DE REDACCION: Lic. Santiago Gonzá!ez Lozano. SECRETARIO DE CIRCULACION: Bibl. Manuel Uribe M. 2da. EPOCA JUL-OCT 1979 NUM.2 CONSEJO EDITORIAL Lic. Genaro Salinas Ouiroga, Lic. David Galvan Ancira, Lic. Roberto Sergio Castillo, Lic. Herberto Nuñez Espinosa, Dr. Agustín Basave Fernández del Valle, Lic. Alberto García Gómez, Lic. Francisco Rivera Bedoya, Lic. Santiago González Lozano. La responsabilidad de los artículos publicados es exclusiva de sus autores. Las opiniones expresadas en la Revista son estrictamente personales y no asume responsabilidad por ella la revista, la Facultad de Derecho de la U.AN. L o las instituciones a que estén asociados sus expositores. Derecho y Ciencias Sociales aparece cuatrimestralmente. No se devuelven originales aún cuando no se publique. 1 N DICE LIC. MAURO CRUZ GARZA: "Justicia Familiar en Nuevo León" LIC. MARIO CANTU LEAL: "Administración de Justicia" LIC. MARCO ANTONIO LEIJA MORENO: "La Problemática del Juez Penal en México" Toda correspondencia debe dirigirse a: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Revista Derecho y Ciencias Sociales Ciudad Universitaria San Nicolás de los Garza, N. L IMPRESO EN MEXICO PRINTED ANO MADE IN MEXICO Oepartamente de l mprenta Facultad de Derecho y C. Sociales de la Universidad Autónoma de N . L 5 de Mayo 740 Ote. Monterrey, N. L 7 18 LIC. ALBERTO GARCIA GOMEZ: "El Problema de los Trabajadores Mexicanos Indocumentados. 23 LIC. CLICERIO HERNANDEZ ESCALANTE: "La Vocación del Abogado. LIC. CESAR GARZA ANCI RA: "El Recuento" 35 38 LIC. GENARO SALINAS QUIROGA: La Vida Humana y el Derecho" 47 �PLATICA SUSTENTADA POR EL LICENCIADO MAURO CRUZ GARZA, EN EL SALON DE ACTOS DE LA FACULTAO DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON EL DIA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOSSETENTA Y NUEVE. JUSTICIA FAMILIAR EN NUEVO LEON La necesidad de proteger a la familia como Instituc1ón Social básica, ha generado el que se adopten medidas tendientes a ello. Al Estado compete la obligación legal de proteger la organización y estabilidad de la familia, porque en ella se sustenta; así, con satisfacción se advierte que se han reformado Leyes Constitucionales ( Art. 4o. "Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada respecto del nacimiento y planeación de sus hijos"), y se han creado Tribunales especiales en algunos Estados, para conocer de las controversiasdel orden familiar. En la exposición de motivos de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se consigna que la creación de los Juzgados de lo familiar obedece a contemplar con criterio profundamente humano los asuntos de la familia, en donde los intereses económicos devienen de importancia secundaria, pues la familia es el núcleo fundamental en el cual se sustentan las Instituciones Sociales. En Nuevo León, por Decretos Números 62 y 63 de la Legislatura Estatal de Agosto de 1977 se crearon los Juzgados de lo familiar en el Primer Distrito Judicial y se adicionó el Código Procesal Civil, con el Libro 5o., denominado "De los Asuntos del Orden Familiar". El artículo 32 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado, establece que los Jueces de lo familiar, conocerán: 1.- De los negocios de Jurisdicción Voluntaria.- 11.- De los juicios contenciosos relativos al matrimonio, a la ilicitud o nulidad del matrimonio, al divorcio, incluyendo los que se refieren al régim n de bienes en el matrimonio, de los que tengan por objeto modificaciones o 1ectíficaciones de las actas del Estado Civil, de los divorcios por Mutuo Consentimiento, de los que afecten al parentesco, a los alimentos, a la paternidad y a la filiación legítima, natural o adoptiva, de los que tengan por objeto cuestiones derivadas de la patria potestad, estado de interdicción y tutela y de las cuestiones de ausencias y presunción de muerte; de los que se refieren a cualquier cuestión re0 �lacionada con el patrimonio de la familia, su constitución, disminución, extinción, o afectación E!n cualquier forma: 111.- De los juicios Sucesorios.- IV.-. De los asuntos judiciales concernientes a otras acciones relativas al estado civil, a la capacidad de las personas y a las derivadas del parentesco.- V.- De las diligencias de consignación en todo lo relativo al derecho familiar.- VI.- De las diligencias de los exhortos, suplicatorias, requisitorias y despachos relacionados con el derecho familiar.- VI 1.·Delas cuestiones relativas a los asuntos que afectan a los menores e incapacitados en sus derechos de persona, así como en general, de todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial.- VIII.- Delas diligencias que les encomiende el Tribunal Superior de Justicia y de las demás funciones a que los obliguen las Leyes Federales y del Estado. Igualmente les. corresponde llevar los registros en que constan los discernimientos de los cargos de tutor Y curador, cuyos registros estarán a disposición de los consejos locales. de tutela. ( Artículos del 927 al 934 ) , estas solicitudes se tramitarán en forma incidental; la adopción (artículos del 935 al 938); la autorización judicial que soliciten los emancipados o habilitados de edad para enajenar o gravar bienes raíces ó paracomparecer en juicio, tramitándose en forma incidental; el permiso que para · contratar con su marido o para obligarse solidariamente o ser su fiadora, solicite la mujer.casada; así como la calificación de la excusa de la patria potestad en los casos a que se refiere el artículo 448 del Código Civil; estos dos casos tambien deberán tramitarse incidentalmente (Art. 950); por último, se tramitará en•jurisdicción voluntaria, el depósito que solicite la menor de edad que pretenda contraer matrimonio y que necesite ocurrir ante el Presidente Municipal para que supla el consentimiento de sus padres o ascendientes. La fracción del indicado Artículo 32, determina que los jueces de lofamiliar conocerán de los negocios de jurisdicción voluntaria relacionados conel D-:>recho Familiar; éstos, los que expresamente se encuentran regulados en tal jurisdicción, lo constituyen: El nombramiento de tutores y curadores y discernimiento de sus cargos (Artículos del 914 al 926), estableciendo la tramitación incidental para la declaratoria de incapacidad por causa de demencia; la enajenación de bienes de menores o incapacitados y transacción acerca de sus derechos Sobre lo anterior, es oportuno señalar que algunas controversias del orden familiar tales como la oposición del marido a que la mujer trabaje ( Art. · 171); la liberación de la mujer casada de la obligación de vivir al lado de su marido cuando éste traslade su domicilio al extranjero o cuando se establezca en un lugar insalubre o indecoroso ( Artículo 163); y los casos previstos en los artículos 380, 405 Fracción 11, 424 y otros más del Código Civil vigente en el Estado, atinentes al Derecho de Familia, y en las que el Juez tiene que resolver una oposición o controversias de intereses, no está previsto en nuestra legislación en que vía o forma jurisdiccional han de resolverse; no se trata de cuestiones que puedan . resolverse en jurisdicción voluntaria, pues en esta vía solo se sancionarán por el órgano jurisdiccional, los asuntos en que no esté promovida cuestión alguna, tampoco sería recomendable constreñir a los interesados a que se sujeten a lo dispuesto en el Artículo 638 del Código Procesal Cwil que previene que las controversias que no tuvieren señalada una tramitación especial en el Código, se ventilen en juicio ordinario, porque los términos que se establecen en el Código para dicho juicio, son largos y las controversias familiares requieren de pronta solución; entonces, resulta recomendable que se adicione el Código Procesal Civil, creándose un artículo más que lo sería el número 956, en el título único del Libro Quinto, que se refiere a los asuntos del orden familiar, a fin de que se establezca que las cuestiones referidas y las demás similares, se ventilen en la formaprevista para los incidentes, puesto que es indispensable que exista un período probatorio, que aunque breve, permita a quienes ocurren con una controversia ante el Juez, demostrar mediante los elementos de prueba idónea sus pretensiones y para que el órgano judicial esté en. aptitud de resolver en justicia la controversia; pudiendo para tal efecto el Juez, decretar de oficio la recepción de · r,n.ieoas que considere pertinentes, tales como dictámenes periciales de médicos, de trabajadores sociales y además, establecerse los recursos legales idóneos para resguardo de los intereses de los contendientes.- Considero que con ello, se complementaría la instrumentación legal, para que todas las controversias del orden 2 3 El Decreto número 63 de la Legislatura Local del año de 1977, que adicionó con un libro al Código Procesal Civil del Estado, el de los asuntos de Orden Familiar, está compuesto de cuatro artículos, los números 952,953,954 Y 955, que textualmente disponen: Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella la base de la integración de la sociedad. Los Jueces de lo Familiar conocerán con los procedimientos.reglas Y términos de este Código de Procedimientos Civiles, de los asuntos de su competencia previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.· En los asuntos de su competencia, los jueces de lo Familiar siempre podrán exhortar a los interesados a la conciliación y a resolver sus diforencias mediante convenio. En los negocios de que conozcan los jueces de lo familiar, será avtativo para las. partes acudir asesoradas.- El asesoramiento deberá recaer siempre en Licenciados en Derecho con cédula profesional.- En caso de que una de las partes se encuentre asesorada Y la otra nó, se solicitarán de inmediato los servicios de un defensor de oficio, el que deberá acudir, desde luego, a enterarse del asunto disfrutando para ello de un término que no podrá exceder de tres días en cuyo, caso se prorrogará el término que se hubiese concedido para el ejercicio de algún derecho. �familiar, tengan un procedimiento adecuado. Por cuanto a las disposiciones que forman el Libro Quinto del Código Procesal Civil del Estado, denominado "De los Asuntos del Orden Familiar", (Artículos del 952 al 955), debe destacarse que tres notas fundamentales de extraordinaria relevancia contienen, que a la fecha han permitido a los Jueces de lo Familiar resolver los conflictos en forma más justa y expedita. En efecto, considera en primer término a los problemas inherentes a la familia, de orden público; segundo: concede a los jueces la atribución de conciliar a los contendientes y exhortarlos a resolver sus controversias mediante convenio; por último, se establece que el asesoramiento para los contendientes sea prestado por Licenciados en Derecho. Sobre el concepto de orden público, Eduardo Pallares en su Diccionario de Derecho Procesal Civil (pág. 553) lo define como "La actuación individual y social del orden jurídico establecido en una sociedad. Si se respeta dicho orden, si tanto las autoridades como los particulares lo acatan debidamente, entonces se produce el orden público, que en definitiva consiste en no violar las leyes de derecho público". Hugo Alsina, citado por Pallares, lo define como el conjunto de normas en que reposa el bienestar común y ante el cual ceden los derechos de los particulares". Guillermo Cabanellas, en su obra Diccionario de Derecho Usual Tomo 11 (1953), nos dice ,,que por orden público se entiende el conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe transigencia ni tolerancia por afectos a los principios fundamentales de una sociedad o a las garantías precisas de su existencia". Capitant, citado por Guillermo Cabanellas lo caracteriza como "el conjunto de normas e instituciones cuyo objeto consiste en mantener en un país el buen funcionamiento de los servicios públicos, la seguridad y la moralidad de las relaciones entre los particulares; y de los cuales no pueden apartarse éstos, enprincipio, en sus convenciones". Nuestra Suprema Corte de Justicia entiende el orden público "Como elconJunto de princÍfÑ()s con arreglo a los cuales se organizan las instituciones sociales básicas". En ese orden de ideas, los Jueces de lo familiar deben ser celosos en el sentido de que los derechos y obligaciones relativos a la familia, deben cumplirse y ejercitarse en la justa medida establecida en la Ley. 4 La segunda nota importante del Decreto Número 63, estableQé la atribución a los jueces de lo familiar de ser conciliadores de las controversias que a su colllideración se ponen, exhortando a las partes a que las resuelvan mediante ronvenio. Esta función es de gran utilidad a los jueces para expeditar la importante labor de administrar justicia, cumpliéndose así como el mandato del artículo 17 Constitucionai', pues gran cantidad de negocios han concluído mediante convenio al ser invitados por el Juez a que resuelvan sus controversias ajustándose estri:tamente a lo que la Ley determina y ésto, además de implicar un beneficio a los que contienden, también se traduce en un beneficio para la comunidad, puesto que la actividad de los juzgados se desahoga de mejor forma cualitativa Y cuantitativamente. Por cuanto al requisito de que los asesores jurídicos que intervengan en asuntos de orden familiar sean Licenciados en Derecho, debe considerarse acertada puesto que significa una garantía de que los problemas familiares sean contemplados por profesionales, lo cual evita que problemas de tan delicada índole sean manejados por personas desconocedoras del Derecho, lo que se traduce en muchas ocasiones en engaños, en retardo en los procesos y en algunos casos en resoluciones adversas derivadas de deficiencias en los asesoramientos. El requisito de cuenta, no solo es importante por las razones antes expuestas sino que constituye en amplio sentido, un factor que permite combatir una práctica viciosa o perjudicial para la buena marcha de la función judicial: Me refiero específicamente a lo que la voz popular denomina "El Coyotaje". Así es, quienes hacen de esa actividad su modus vivendi, poco 0 nada les interesa la significación moral del asunto que tienen en sus manos; actúan sin escrúpulos, sin conciencia de que al hacerlo como forma de obtener únicamente su ganancia personal, producen un daño irreversible a las personas que han depositado toda su confianza en los mismos, y lo que es más grave, a personas que enese momento ni siquiera pueden tener noción de tales consecuencias, como serían los menores de edad involucrados en el asunto; es decir, "el coyote" se desenvuelve con absoluta carencia de ética y por hacerlo generalmente de manera subrepticia ante las autoridades judiciales, puede incluso en las más de las ocasiones burlar el juicio de responsabilidad. La intervención obligada de Abogados asesores, seguramente a corto plazo, detendrá ese mal social. Para concluir, Jóvenes estudiantes de nuestra facultd, quiero recordar las palabras de Gómez de la Serna cuando se refiere a los Abogados y dice: "la in- 5 �tervención de los letrados produce la ventaja de igualar, en gran parte, la condición de los litigantes; de nivelar al pobre con el rico, al ignorante con el sabio, al tímido con el osado; al pequeño con el grande, al desvalido con el poderoso, ilustra la conciencia del Juez y aumenta las prendas de acierto para la justicia de los fallos; dá a las discusiones un carácter desapasionado, grave y científico, que en. vano podría esperarse en el acaloramiento y en el odio encarnizado que domina, a veces a los contendientes; circunscribe la cuestión a sus límites justos, a los que la ley señala, y no deja perder en la multitud de divagaciones a que los interesados, imperitos en la jurisprudencia, la sumirían; es por último, el apoyo, la espe. ranza, y el consuelo de los que se ven en la necesidad de hacer valer sus derechos en los Tribunales". Monterrey, N. L., a 21 de Septiembre de 1979 LIC. MAURO CRUZ GARZA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Se nos ha invitado a escribir algunas reflexiones sobre el apasionante tema de administración de justicia y como siempre nos ha inquietado la elevación o superación en el aspecto cultural e intelectual en todos los ámbitos, por ello nos atrevemos a confesar que hemos entregado la mayor parte de nuestra existencia a dos actividades, administrar justicia e impartir cátedra en las aulas universitarias de la Facultad de Derecho de nuestro Estado de Nuevo León. Bajo las anteriores aclaraciones, aprovechando el primer aspecto, de administrar justicia, es profundo el tema, para poderlo dominar en toda su amplitud y por ello nos concretaremos a tratar de explicar lo que diariamente vivimos y respiramos, es decir, una relación humana en que en nuestras manos se permite el manejo de valores muy delicados como son la vida humana, sus derechos y obligaciones, valores humanos que nosotros llamamos inmanentes, distinguiéndose de otros de todo tipo económicos, poi íticos. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su parte relativa establece: LOS TRIBUNALES ESTARAN EXPEDITOS PARA ADMINISTRAR JUSTICIA EN LOS PLAZOS YTERMINOS QUE FIJE LA LEY; por otra parte, el artículo 96 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, estatuye substancialmente, que la justicia se administrará en nom- ;. bre de la Ley y del Estado. Establecidas las bases constitucionales sobre lo que nosotros entendemos corno un servicio, debemos concatenar el artículo So. del pacto Federal, quepermite a los ciudadanos ejercer el derecho de petición y obliga a los funcionarios y empleados públicos respetar escrupulosamente ese ejercicio, con la obligación de resolver con toda oportunidad la petición relativa. Por razón de nuestros deberes como miembros del Poder Judicial, nos ha · tocado la fortuna de asistir a diversos congresos Nacionales de Funcionarios Judi• cialPs y pensamos que de ellos recibimos enseñanzas, porque no solamente secomenta en éstos, el tema central de impartir justicia, sino que se vive en un ambiente de renovación, o lo que se puede denominar la búsqueda y superación de los sistemas normativos y porque no reconocer que ello nos ha motivado para• 6 7 �que también facultados por la Constitución, creemos haber cumplido con un deber, formulando proyectos de reformas y adiciones a la Ley Fundamental de nuestro Estado, Códigos y Leyes secundarias, tan es así que logramos la instalación en Nuevo León de los modernos Juzgados de lo Familiar, que ocupan el segundo lugar en la República en cuanto a su funcionamiento, tramitándose durante el año de 1978 aproximadamente 5,000 expedientes en los tres Juzgados Familiares en la Ciudad de Monterrey y su área metropolitana con cerca de dos millones de habitantes. Como una innovación en lo inherente a la Justicia social, se puede destacar que por primera ocasión en nuestro Estado de Nuevo León, intervinieron defensores de oficio en favor de las clases necesitadas lográndose con esta obra la plena y absoluta protección y salvaguarda de la familia, célula básica sobre laque descansa la estructura de nuestro Estado, al permitir mediante las reformas legales, darle un trato especial y humano a las cuestiones de la familia. También se reestructuraron los Tribunales de Nuevo León, con nuevas Dependencias Judiciales, con la idea y el propósito siempre de elevar y dignificar lo que llamamos administrar justicia, al servicio del pueblo. Lo anterior nos recuerda que en la redacción de la Constitución Norteamericana, dos tercios de los constituyentes fueron Abogados, 10 de los cuales habían sido Jueces en los Estados de la Unión Americana. Esa preparación y experiencia en cuestiones legales era esencial, si el documento que ellos redactaron había de resultar una carta práctica de gobierno, más bién que un mero producto de especulación académica. Voltaire, en una frase famosa, pidió la total destrucción de todo el derecho existente: "lDESEAIS BUENAS LEYES? iOUEMAD LAS VUESTRAS Y HACED OTRAS NUEVAS!". Hombres que habían ejercido su profesión y lo comprendieran mejor. Por su propia formación sabían que la ley era la razón codificada por la experiencia. El intento de escribir la ley fundamental de un pueblo sobre una fábula rasa puede resultar favorable en el mito griego. En lo real, el legislador constitucional afortunado debe trabajar sobre un molde básico político e histórico. · LA t:XPERIENCIA DEBE SER NUESTRA UNICA GUIA AFIRMO UNO DE LOS FUNDADORES". "LA RAZON PUEDE EXTRAVIARNOS". Comentábamos lo que nos ha inquietado como un tema tradicional de la Justicia, hemos aprendido de los propios Sabios Milenarios (Aristóteles) "Que la justicia es la base de la sociedad". "Sin la justicia g_eneral n~ ~~den du~ar ~~­ cho los reinos" ven su secuencia las leyes de las Partidas dec1an. Que la 1ust1c1a es una de la~ cosas porque mejor o más enderezadamente se mantiene al mundo; y que es como fuente donde manan todos los derechos". "Justicia es raigada virtud que dura siempre en las voluntades de los hombres justos y da y comparte a cada uno su derecho y a su vez establece los tres siguientes mandamientos: 1o.- Que el hombre viva honestamente; 2o.• Oue no haga mal ni daño a otro; y 3o.- Que dé su derecho a cada uno". La justicia considerada como el poder de hacer que se ejecute lo que es justo, era representada entre los antiguos bajo la figura de una matrona con ojos vi• vos y penetrantes, para manifestar que los Jueces deben examinar con toda exactitud los negocios que se les someten, antes de pronunciar su sentencia; hoy se la representa con una venda en los ojos, una balanza en una mano Y una espada en la otra, para denotar que obra sin distingos de personas, que examina Y pesa elderecho de las partes, y que tiene la fuerza para llevar a efecto sus decisiones Y hacer reinar el orden. Entre los anhelos de nuestro pueblo destacan el derecho de vivir y convivir en un ambiente de justicia y libertad, dentro de los marcos constitucionales, encontraposición a algunos sistemas sociales en que se carece de esos derechos; ésto nos obliga a mejorar y superar las instituciones y sistemas jurídicos de nuestro · medio. Insignes pensadores han sostenido" QUE SER JUSTO Y HACER JUSTICCIA ES EL ANHELO MAS CARO DE UN PUEBLO FRENTE A SI MISMO", Y por ello en su realización no debe haber obstáculos ni limitaciones "LA JUSTICIA ES EL ALMA Y LA CARA DE UN GOBIERNO". Esto nos recuerda al repasar el diario de Debates del Constituyente de 1917, que el Diputado Machorro Narvaez señalaba "que -en la conciencia de los pueblos acaso el Poder Judicial fuera el de mayor arraigo, porque su función representa el más elevado sentido; de la conciencia, la razón Y la justicia, en el Gobierno de un País, recordaba, entre los diversos poderes, le corresponde al Poder Judicial como calidad inherente, exigirse a sí mismo EL MAS PROFUNDO PRESTIGIO MORAL. Si un Gobierno desea para sí y para sus leyes todo el respeto y que la socie- 8 9 �dad observe y cumpla sus disposiciones, es necesario ofrecerle una administración de justicia más sólida, más fuerte, más honesta. Por otra parte, el Diputado Gral. Don Francisco J. Múgica, en el mismoCongreso de Ouerétaro, con acres críticas al triste fenómeno del DESVIO A LA CORRUPCION finalizaba a su vez afirmando "es deber del Abogado de enaltecer el nombre de la justicia y de cuidar el estricto cumplimiento de la Ley", sólo así, al pedir justicia quien ocurra en su demanda, puede encontrar en ella una verdadera garantía. Por ello afirmamos que en nuestra modesta experiencia, estamos conscientes que administrar justicia, es un acto de responsabilidad compartida y no basta la presencia de una codificación perfecta ó elevados y nobles principios; t~mpoco es suficiente el basamento de la autonomía del Poder Judicial que como decisión política fundamental aparece plenamente recconocida en la Carta Magna. Es necesario elaborar programas, reestructurar algunos aspectos legales, aprovechar adecuadamente los recursos humanos y materiales de que disponemos y hacerlos vigentes. DESIGNACION DE LOS JUECES La designación de los Jueces constituye uno de los problemas más delicados Y difíciles del derecho constitucional. Cuando se trata del nombramiento de quienes han de ejercer las funciones legislativa y ejecutiva del gobierno constitu• cional, no existe mayor dificultad, toda vez que el principio democrático exigeinexorablemente la elección directa o indirecta del pueblo. Pero cuando ha de proveerse la designación de los ciudadanos que hayan de administrar justicia, Y sobre todo cuando declaran la inconstitucionalidad el problema es cornplejísimo, ya que precisamente la elección popular no apar;ce como el sistema más indicado para la selección de buenos Jueces, por ello el elemento humano es factor determinante para el desempeño de la función judicial V nunca podrá ser substituido por instrumentos mecánicos por muy avanzadosque se encuentren tecnológicamente. Ser al mismo tiempo Juez y hombre constituye un dilema dramático; como decía finamente el canciller D'Aguesseau, lo prodigioso del Juez es "QUE LO PUEDE TODO PARA LA JUSTICIA Y NO PUEDE NADA PARA SI MISMO". Consideramos oportuno recordar el soberbio discurso del P. Benito Feijóo uno de los grandes clásicos de nuestra lengua, por desgracia olvidado-sobre la Balanza de Astrea, o Recta Administración de Justicia,--que forma parte de su obra "Teatro Crítico Universal". Es la carta de "un togado anciano a un hijo suyo recién elevado a la toga", y los consejos que encierra, aún cuando escritos en el siglo XVII, tienen plena validez hoy, signo de que el hombre ha cambiado poco. 1.- El que duda, tiene la ciencia suficiente o la salud necesaria para cargar con tan grave peso (el de la toga); el que no siente en sí un corazón robusto, insensible a las promesas o amenazas de los poderosos; el que se ve muy enamorado de la hermosura del oro; el que se conoce muy sensible a los ruegos de amigos o parientes, no puede entrar con buena conciencia en la Magistratura. 2.- Por todas partes debe tener bien fortalecida el alma el que se viste la t!)9a, porque en distintas ocurrencias no hay pasión que no sea enemiga de la justicia y los pretendientes examinan solícitos por donde flaquea la muralla, aúnlos efectos lícitos la hacen guerra muchas veces. 3.- Ojalá nuestros tribunales estuvieran tan sordos a las recomendaciones • como inviolables a los sobornos i. Por esta parte está muy defectuoso su crédito en la voz popuiar. Cuando dictes el fallo ten presente los libros de Jurisprudencia y no las cartas de favor. Habla claro y desengaña a todos; pon en su conocimiento que la sentencia depende de las leyes y no de súplicas ni amistades particulares. 4.- Repasa las sentencias leídas, hombre que aspiras a la toga, y piensa si estás calificado para vestirla. Harás un mal a la sociedad, si falto de ciencia, ambición de dinero, flojo para el trabajo o débil ante las recomendaciones, aceptas el cargo de Juez. Bien afirmaba COUTURE que el problema del Juez consiste en elegir unhombre a quien ha de asignarse la misión casi divina de juzgar a sus semejantes, sin poder abdicar de sus pasiones, de sus dolores y de sus impulsos de hombre. Verdaderamente resulta notable la forma en que en Inglaterra se ha resuelto el difícil problema de administrar justicia, de acuerdo con un sistema que no tiene semejanza ni parangón en los demás países del mundo. "En todas partes del mundo-dice COUTURE- la judicatura es una alternativa de la juventud; en Inglaterra es un privilegio que da la vida. 10 11 �Para nosotros, ser o no ser Juez, es cosa que se halla en la vocación de la juventud y en las posibilidades de hacer su propio destino; en Inglaterra ser Juez es solamente la conjunción de un cúmulo de circunstancias que están más allá de los propósitos y de las aspiraciones individuales. Esta :;olución es una de lascosas realmente prodigiosas que se explican sólamente en Inglaterra y que no han podido jamás implantarse fuera de ella. para ser Juez La solución inglesa se resuelve en tres puntos esenciales: 1).- Los jueces no se eligen entre los principiantes sino entre los Abogados que han triunfado en el ejercicio de su profesión; 2).- No existe en Inglaterra una carrera judicial; 3).- Los Jueces ingleses perciben las remuneraciones más altas en el mundo. En su desígnación se halla excluída toda consideración de orden político o en general ajena a la competencia del candidato, y que constituye una especie de coronación de una vida triunfal, que depara uno de los más altos honores que pueden conceder el País, y en muchos casos un título nobiliario inherente a la propia función. Sin duda que estos avances en los aspectos materiales o económicos se reflejan en una garantía, para todos aquellos funcionarios que laboran en die~_poder se vean más respaldados económicamente y actúen con mayor tranquili- Una vez nombrado, el Juez nada tiene que aspirar: su designación no es un punto de partida sino de llegada. "EL JUEZ SIN ANSIAS PERSONALES SOLO ES SERVIDOR DE LA JUSTICIA; PARA EL NO HAY CAUSAS GRAN° DES NI PEQUEf:JAS. TRASCENDENTES O INTRASENDENTES. BRILLANTES Y OBSCURAS, PORQUE EN TODAS ELLAS ES LA JUSTICIA MISMA LA QUE SE ENCUENTRA EN JUEGO. " O Magistrado, ser Profesor de la Universidad con 5 años de expe- riencia. En México el presupuesto federal de egresos para el Poder Judicial Federal en lo que respecta al presente año alcanza la suma de$ 780,000.00 Y en Nuevo León la sum·a de$ 43,000.00 millones de pesos. dad y absoluta independencia. Para que en México se contemple una buena administración de justicia se necesita la formación de buenos Jueces; pues antes que leyes hubo Jueces Y por tanto, antes que leyes sabias se necesitan Jueces probos Y capaces. De ahí, que resulta indispensable cubrir los puestos de funcionarios judiciales con los Juristas más aptos, laboriosos y honorables, que elaboren no los fallos más brillantes que sirven para lucir, su erudición cierta o ficticia, SINO LOS FALLOS JUSTOS Y SABIOS, A LA VEZ QUE HUMANOS, que deciden acertadamente los problemas que se les encomienden, dando a cada quien lo que mere- ce. F " EL JUEZ QUE MIRA SUS ASUNTOS COMO VERDADEROS CASOS DE JUSTICIA, SABE BIEN, COMO SE DECIA EN LA DELlCIOSA PARABOLA DE UN LIBRO RECIENTE,"QUE LA INJUSTICIA ES UN VENENO QUEMATA AUNQUE SE SUMINISTRE EN DOSIS HOMEOPATICAS". Además, los Jueces Ingleses son pagados con los fondos consolidados del parlamento, sin intervención directa del Gobierno, a fín de asegurarles la másabsoluta independencia; y sus remuneraciones son verdaderamente sin par en el mundo. Antes de la guerra mundial última, el Lord Canciller tenía una remuneración de 10,000 libras anuales; el Master of the Rolls 6,000 libras; un Juez de Primera Instancia 5,000 libras; en Estados Unidos, un Juez de Distrito, gana$45,000. Collares al año, el Presidente de la Suprema Corte$ 65,000_ Collares anuales. En la República Federal Alemana, la Constitución exige como requisito- 12 O R O Un factor determinante que colabore con la justicia lo es, sin duda, un foro integrado en su mayoría por personas dignas y brillantes. En efecto en el derecho español, ser Abogado constituía un título nobiliario; se ponderaba la abogacía como la más noble y honrosa entre las profesiones, porque quien la ejerce es un colaborador de la justicia que procura Y exige porque la ley se aplique exactamente en los casos que se le encomiendan, bien como consejero, ya como mandatario, o también como defensor de las causas penales, pues de él depende la tranquilidad y el bienestar de los desheredados, de las viudas, de los huérfanos y de los injustamente perseguidos. Se consideró siempre al Abogado como al hombre recto Y culto, que, conocedor del Derecho, cuida que se aplique correctamente por los Tribunales, en bien de todos aquellos necesitados de la Justicia; era símbolo de honradez, de sinceridad y DESINTERES, ésta última como la virtud más cara del profesionista. 13 �INAMOVILIDAD El principio de la división de los poderes gubernativos requiere la independencia entre éstos, sobre la base de su coordinación, equilibrio y control recíproco. Apenas uno de los órganos estatales cae en subordinación O dependencia deotro, el sistema falla por su mismo eje, desapareciendo la esencialísima y característica función de fiscalización que incumbe a cada uno de ellos con respecto a los otros. Basta con limitar el campo de acción de los tribunales, diferenciando pulcramente lo general y lo particular; la ley que les está sustraída, y la interpretación que les está encomendada; la norma y el caso. La sumisión del Juez a la ley es también su garantía: " El Ma~istrado depende de un texto objetivo, •Y es independiente de la voluntad subjetiva de los hombres que gobiernan". M_ás si esa independencia es indispensable para todos los poderes, con mayor ~az~n lo es para el Poder Judicial, que es el más débil de los tres, y que por cons1gu1ente se encuentra expuesto en mayor medid_a a las presiones e influencias de los poderes poi íticos. Bien se ha dicho que "CUANTO MAS RESGUARDADOS ESTEN LOS ORGANOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL DE LAS INFLUENCIAS EXTRAÑAS DE LOS OTROS PODERES, MAS PERFECTO SERA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRATICAS". Al decir de Tena Ramírez, el Poder Judicial no está investido de poder de mando a diferencia del legislativo y ejecutivo solo se equilibra a aquellos a través del maravilloso .instrumento denominado Juicio de Amparo Mexicano• c. ReJon, ., M. Otero, Ignacio Vallarta y Emilio Rabasa. Idéntico principio al de la Constitución de los Estados Unidos, sostiene la Ley Suprema de México, a partir de Avila Camacho en 1944 en su artículo 96, al establecer que los Ministros de la Corte Suprema serán inamovibles. Como dato relevante nos permitimos recordar que la primera sentencia de ampa_ro ~ue se pronunció en México fué el 13 de Agosto de 1849 por el c. Juez de D1str~~o en San Luis Potosí señor Licenciado Pedro Zámano, el amparo se_ pronuncio en contra de una orden de destierro que expidió el señor Gobernador de aquel Estado en contra de Don Manuel Verástegui. Por otra parte, Sánchez Viamonte, enseña "toda administración de Justicia, Po~ la ~aturaleza d~ sus funciones tratándose de un poder jurídico, acotamos, neces1t~ ind~pendenc1a en todos sentidos, y muy especialmente con relación al poder eJecut1vo." :s Por ello necesario la independencia de la magistratura, "la cual ha._ demantenerse aleJada de la política, en el doble sentido de ser inmune a la influenciad: ésta". En la estricta aplicación del derecho está el resorte de esa independencia. No es necesario para ello considerar que el juez sea meramente la boca_ que pronuncia la letra de la Ley, según la frase del Baro'n de Mont esqu1eu, · por. que ~~~1car :I derecho no es función automática encomendada a un organismo de prec_1~1on, s_1~0 trabajo delicado e interpretación que requiere una compleja formac1on espiritual y una inteligencia y un tacto no comunes. 14 El artículo 97 de ta Constitución Política de Nuevo León prescribe que los Magistrados son inamovibles. SÓio pueden ser juzgados y removidos en la forma establecida por ia Constitución por causas graves. Señalaba COUTURE que las garantías de la jurisdicción son, substancialmente: la independencia, la autoridad y la responsabilidad; considerando que ellas constituyen un celoso engranaje. "Defienden sucesivamente a los Jueces de la demagogia y de los clamores populares, de la soberbia de los gobernantes; del asedio y de la acechanza económica; de los ataques de la prensa y de la pasión de los litigantes. En un delicadísimo juego de fuerzas, la independencia asegura la justicia; la autoridad refrenda la independencia; y la responsabilidad contiene dentro de sus límites propios, a la independencia y a la autoridad. Pero para llegar hasta estas garantías, se requieren otras garantías previas, garantías de fines. Es menester, previamente instituir un sistema de garantías de medios, que r.ci.,tituyen por decirlo así, conductos de acceso hasta aquéllas, y sin las cuales Prácticamente la independencia, la autoridad y la responsabilidad pueden quedar frustradas". Estas garantías son la permanencia en el cargo, la intocabilidad del sueldo y las incompatibilidades. 15 �Dice Alcalá y Zamora que la inamovilidad Judicial se consagró en Aragón en 1,442 o sea tres siglos antes que en Inglaterra. Hoy se puede afirmar que no es propiamente una garantía para el Juez, sino para los litigantes, pues a éstos interesa que el que haya de juzgarlo, tenga la fuerza suficiente para resistir a las solicitaciones y amenazas de quienes po. drían poner en peligro su estabilidad. Como habíamos afirmado al principio de este trnbajo el artículo So. del Pacto Federal establece la garantía de libertad de acción o sea la obligación que tienen los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa limitándose este ejercicio sblo a los ciudadanos de la República. Que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la Autoridad aquien se haya dirigido con la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Como se vé, se trata del ejercicio de la libertad de acción de los in• dividuos no frente a los particulares, sino en relación con los funcionarios y empleados públicos y esa conducta no consiste en "NO HACER" en presencia del ejercicio de esa· libertad, sino precisamente con la obligación de "HACER". Para el Maestro Ignacio Burgoa el derecho de petición es una consecuencia del régimen de legalidad. Nos recuerda la venganza privada que en tiempos remotos se utilizaba por los individuos para oponerse a la violación de sus derechos, o para resarcirse de los daños que en su concepto injustamente se les había causado, y examina el citado autor, cómo se transformaron los hábitos a este respecto hasta llegar al actual Estado de Derecho, mediante el cual sólo la autoridad puede intervenir en la solución de los conflictos entre los miembros de la sociedad, imponiendo así un orden jurídico imparcial. Ello no qµiere decir que forzosamente toda petición deba proveerse de acuerdo con las pretensiones del solicitante, sino que la H. Suprema Corte de Justicia es la que define cómo debe actuarse; PETICION, DERECHO DE.· Las garantías del artículo 80. Constitucional, tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido. ma excediera de ese tiempo. Por lo que hace a la materia civil los Códigos Procesales establecen los plazos en que deban pronunciarse las resoluciones judiciales. Esto nos recuerda que el Maestro Don José López Portillo, en su libro Génesis y Teoría General del Estado al referirse a la función judicial, explica que está considerada como más antigua que la función legislativa y aún más vieja que el derecho, como norma especializada y expresamente sostiene: ES LA FACULTAD DECISORIA DEL JUEZ, UNA FUNCION FUNDAMENTAL. BASICA E INEXCUSABLE DE TODA VIDA SOCIAL. HAY OCASIONES EN QUE RESULTA PREFERIBLE FALLAR UNA CONTROVERSIA, AUN INJUSTAMENTE, A NO FALLAR DE NINGUN MODO. Por ende, sabemos QUE LA FORMA MAS GRANDE DE INJUSTICIA, ES LA JUSTICIA RETARDADA POR LENTITUD EN SU APLICACION OPOR NO ESTAR A LA MANO DE QUIENES LA NECESITAN. NO ES JUSTO UN ORDEN JURIDICO, SI NO DA LA DEBIDA PROTECCION A LOSDESPROTEGIDOS, NO ES JUSTO UN PROCEDIMIENTO.SI TRATA IGUAL A LOS DESIGUALES. Para finalizar nuestros pensamientos, queremos traer a comentario lo siguiente: EL DERECHO ES EL GRAN PROPOSITO Y SUSTENTO DE LAS INSTITUCIONES Y DEL PROGRESO GENERAL DEL PAIS. EN LA ESENCIA DE ESTA DISCIPLINA, ESTA EL SECRETO DE LAS SOCIEDADESCONTEMPORANEAS QUE QUIEREN Y PUEDEN VIVIR EN LA LIBERTAD Y PROPONERSE LA JUSTICIA <;:OMO APOYO DE LA DIGNIDAD HUMAMA". LIC. MARIO CANTU LEAL Por cuanto a la connotación BREVE TERMINO la propia Constitución Federal en lo que hace a garantías de seguridad jurídica en su artículo 20 fracción VIII, en materia penal, señala los plazos perentorios en que los Jueces deben pronunciar sus senteí'!cias, ésto es: antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y antes de un año si la pena máxi16 17 .... •'!""11 •0"T'"f"'-• �Ponencia formulada para ser presentada al SEXTO CONGRESO NACIONAL DE TRIBUNALES DE JUSTICIA social. "Una especie de solidaridad uniforme de la sociedad en su rechazo y persecución al crimen, fundamento la tradicional y salvadora reacción que hace que el hombre escoja en definitiva los senderos de la paz. Sea el Juez Penal el enlace para que los propósitos positivos anhelados se cristalicen en beneficio común". M. A. Leija, "LA PROBLEMATICA DEL JUEZ PENAL EN MEXICO". El devenir histórico del hombre nos enseña que en relación con las innumerables vicisitudes con que en diferentes ocasiones se han presentado en el desarrollo social, el que ha constituido factor básico de desarrollo lo es sin duda alguna el que se refiere a la postura que adopta el individuo frente a la presencia del crimen; lo que incuestionablemente ha venido ocupando la atención especial del ser en todas las esferas en donde evoluciona; empero este problema ha pretendido darse eficaz solución con la aparición histórica del Estado, en donde viene asurgir una persona que tiene facultad para poder determinar cuándo el hombre se ha conducido en forma antisocial, y qué es lo que debe hacerse con él, esta persona con la potestad suficiente para decidir la suerte de quien ha contravenido las normas de culturas que el Estado vigila a través del Derecho, lo es el Juez. En las susodichas situaciones, la persona del Juez ha estado investida de condiciones que en muchas ocasiones se han mutado en problemas, pues no setransforma en nada sencillo tener que decidir lo que debe hacerse con el sujeto delincuente, sea que se actúe judicialmente amparado en la ley, o bien que se determinen las actividades múltiples a que el Juez diariamente se somete para llevar adelante eficientemente su labor. Lo anterior da idea de que la presencia del Juez Penal en la sociedad, es constitutiva de factores múltiples que convergen como una especie de uniforme criterio a imponer, ir tras los horizontes que se contemplan a través del Derecho Penal como lo son el de la paz y tranquilidad 18 Con motivo de ello, subsisten problemas variados y complejos que como es consecuencia lógica han nacido, a través de la gran cantidad de circunstancias que diariamente acaecen en la actividad judicial, por ello es la condición de vigilar, como se ha hecho en muchas ocasiones, que la conducta del Juez sea contemplada en un plano de elevación cada día mayor, esto da como resultado el pensar que es totalmente justificada la preocupación constante del Estado y de la sociedad, de poder agenciarse la presencia de buenos jueces; sin embargo, la experiencia nos indica que la problemática del Juez Penal en el seno social, surge al tratar de establecer lo que debe hacerse para poder ir al encuentro de juzgadores de lo criminal con aptitudes y cualidades bastantes para perseguir esos ya mencionados postulados de paz y tranquilidad social; al tratar de conjuntar todas esas aptitudes y cualidades en una persona, sería establecer una ardua labor que nos conllevaría a un doble conocimiento de esta temática, como lo es lo que se refiere a la localización de algunos requisitos en primer término, y segundo, a determinar cómo lograr que esas condiciones puedan solucionarse a través de determinados sistemas que puedan adoptarse. Es preocupación constante de los Tribunales de Justicia en México, y ~e ha estado consciente sobre este problema, y ha menester determinar cómo debemos ir al encuentro de personas aptas con las cualidades mencionadas que puedan desempeñar eficientemente la labor de administrar justicia, y no puede olvidarse también, que debe como una justificación a la actividad tribunalicia citada, agenciarse personas en quienes, dadas las condiciones positivas existentes, se les dé la potestad de la Judicatura. 11 La actividad de dar a cada quien lo suyo en el plano penal, permite establecer que quien se encargue de ministrar justicia, debe tener un concepto de ella en forma tan determinante, que guarde siempre un lugar equidistante sobre el caso que se ha de juzgar, y nos lleva a rememorar sobre los consejos que daba el Caballero de la Triste Figura a Sancho Panza, cuando éste estaba próximo a tomar la gubernatura de la lnsula, algunos de ellos dicen: "" Si doblaras la vara de la justicia, que no sea por el peso de la dádiva, sino del de la misericordia""; otro es el siguiente: " " No hagas pasión tuya en la causa ajena" ". Debemos estar conscientes de que quien eficientemente pueda realizar las actividades de justicia efiClJZ, se presentará ante infinidad de problemas, pero su Presencia de hombre justo, equilibrado y humano, hará que juzgar a un semejan- 19 �te signifique una labor eficiente, que en el plano social se dignifique; ya lo dice Stammler, en su Pensamiento Socio-jurídico del Juez, al explicar: "Si hay alguna profesión que pueda servir de modelo a toda la sociedad en este sentido, es precisamente la profesión de Juez". La personalidad del Juez Penal trae aparejadas concepciones sobre una condición distinta a la de cualquier Juez, fácilmente analizadas si pensamos que de él depende la libertad de una persona y consecuentemente su actividaef debería estar investida del famoso arbitrio judicial de Beccaria, no conjugado sino exactamente en la condición del Juez Penal. En México al Juez Penal se le ha llamado Juez de Derecho, su actuar regulado constitucionalmente, lo restringe a la ley, pero ¿ En cuántas ocasiones a un Juez se ha presentado un caso en donde la justicia y el Derecho pugnen?; es por ello que no podemos declarar suficiente a quien como Jurista sea elevado a la potestad de Juez Penal por decirse que es conocedor de la Ley; por qué no decir que también la ley pueda indebidamente aplicarse porque intereses económicos se mueven de por medio; sabida que es la gran cantidad de actividades negativas en el mundo judicial, pero no es suficiente señalarlas, debe verse cé1mo se pueden resolver las condiciones negativas imperantes. Transcribo una frase de un Maestro Penalista sobre lo anterior: ""Verdadera lacra para el País constituyen los jueces del fuero común, a estos cargos estatales de retribución exigua arriban, salvo honrosas excepciones, letrados impreparados y torpes, cuya pésima condición profesional les impide postular con éxito, ayunos de conocimientos jurídicos, pero débiles y serviles a la voz de basta . dos intereses económicos y políticos, privan inmisericordes a las personas que llegan a caer bajo su férula, de propiedades, posesiones o derecho, mediante fallos aberrantes e injustos, estos malos jueces con su actuar censurable e inmoral constituyen a no dúdarlo, un grave problema nacional" "(A. G. G.). lo anteri~; hace razonar sobre la idea de que un Juez, que se pueda apreciar con condiciones suficientes para el desarrollo de su potestad, debe guardar tres caractéristicas fundamentales a saber: HONESTIDAD, CAPACIDAD y BUEN TRATO. La honestidad ha sido contemplada cuando se trata de hablar de ella, de inumerables. conceptos, desafortunadamente la mayoría de ellos coinciden en que solo existe honestidad de orden económico cuando en realidad ésto es parte de la misma, para poder evaluarse económica y moralmente, no es suficiente que el Juez se aleje de la corrupción rechazando dádivas o bien absteniéndose de so"dtarlas merced a su actuación, sino ha menester de la presencia de una condición equilibrada, para conocer de un caso sin que por un negativo criterio de falta de equidad, se desvíe la línea de lo justo y io equitativo, por ende no es suficiente sobre la abstención de la corrupción material, sino también de la corrup- 20 ción moral para que la idea de la justicia que nos ha enseñado justiniano sea eficiente. La imagen sobre la capacidad específicamente resulta compleja, porque no puede hablarse de que subsiste la capacidad de juzgar con la obtención de un título profesional, al que desafortunadamente se constriñen las leyes orgánicas de los poderes judiciales de las Entidades Federativas, sino que la capacidad debe requerir no solo el haber cursado la carrera de Derecho, sino también tener verdaderos conocimientos de juzgador, adquiridos en estudios especializados sobre el sujeto criminoso, saber qué hacer cuando se presente ante el Juez un intrincado caso a resolver, por ende no es suficiente conocer la Ley escrita, sino el Derecho, y que se requiere bajo dos aspectos elementales, el estudio y la experiencia, compaginados con los conocimientos de post grado que se adquieren, ya nos lo dice Dn. Luis Jiménez de Azúa, y luego Dn. Raúl Carrancá nos lo repite: "El Juez Penal del futuro, más que conocedor del Derecho deberá ser conocedor de los hombres"; debemos conceptuar que el Juez debe saber cómo reacciona el sujeto delincuente ante su presencia, saber cómo reacciona ante la presencia de la pena y en fín, cómo reacciona ante la presencia de la justicia, y determinar con ello si esa reacción puede ser positiva o negativa, todo ello debe surgir de la capacidad. En lo relativo al buen trato del Juez, debe ser otro de los atributos elementales de su ejercicio, se consideraría negativa la presencia de un Juez docto en el Derecho y en el conocimiento de los hombres e investido su espíritu de honestidad, si se conduciría despóticamente ante las personas que a él acudan implorando justicia; algunos datos estadísticos nos revelan que en nuestro México el factor económico es casual de la delincuencia, algunos poetas han dicho que las cárceles fueron hechas para los hombres pobres y las mujeres feas; gran parte de la idiosincracia del mexicano se finca en que la pobreza da humildad, por ello se acude ante el Juez en forma temerosa, si resultara que el juzgador se portare en forma tiránica, irreflexible o arbitraria, se caería en el despotismo; la trayectoria positivista sobre el Juez, integra a quien debe estar ávido de conocer la problemática presentada a través del delito, del sujeto y demás personas que intervienen en el proceso, lo que no puede llevarse adelante si no se compagina con las ideas sobre el buen trato, que deben ser factor principal aparejado a las ya analizadas para conjeturar cómo debe ser la persona del Juez Penal. 111 Ahora bien, dijimos en párrafos_ atrás, que no es suficiente señalar la 21 BlBUOlEOA COO"~ �EL PROBLEMA DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS INDOCUMENTADOS. Problemática si ésta no se apareja con actividades sobre la solución a la incógnita existente, por ende, señalar el meollo de la misma, sólo determina parte de la visión hacia la existencia o inexistencia de ésta, acaece un punto eficazmente importante, la solución a esta problemática. El primer punto fundamental lo constituye el solucionar estos conceptos, partiendo de la base de que sólo es dable acatarlos con la finalidad legal que subsiste sobre la nominación de personas elevadas al rango de Juez. Esta condición parte elementalmente de dos cuerpos de leyes, la Constitución Política de los Estados Y las Leyes Orgánicas de los Poderes Judiciales de la República. Tradicionalmente se han contemplado a través de la historia de nuestra patria, al tomarse en cuenta comúnmente factores materialmente basados en algunas circunstancias de orden material menor, pues en la actualidad se compagina lo anterior como requisitos para poder ser Juez, el tener título de Licenciado en Derecho, determinando cantidad de tiempo de ejercicio profesional, que puede ser de tres a cinéo años, así como poseer buena fama, pero la preocupación por la capacitación del Juez en una especialización sobre su función, prácticamente sólo ha quedado en eso, en una preocupación, por lo que debe propugnarse para su solución, para hacer que el Juez sea un perito en conocimiento del hombre, docto en Antropología Criminal, conocedor de la Sociología y de las Ciencias Penales así . como del trato que deba dar a quienes ante él acudan a pedir justicia, se e:te~io~iza la idea de que se proponga a las Facultades de Derecho de la República, que incluyan en sus planes de estudios, cursillos de post grado para quienes tengan como propósito profesional, ejercer la Judicatura en el campo penal. Como consecuencia de lo anterior, deberá también proponerse a las Entidades de la República, reformas a las Leyes Orgánicas correspondientes, para que se exija como requisito al Juez, aprobación de esos cursillos de post grado aparejado también con las pruebas fundamentales de los puntos básicos que se han cuestionado en esta Ponencia, a saber: HONESTIDAD CAPACIDAD y BUEN TRATO.' 1 Monterrey, N. L., Julio 23 de 1979 LIC. MARCO ANTONIO LEIJA MORENO. LIC. ALBERTO GARCIA GOMEZ. En los últimos tiempos se ha venido notando que el problema de los trabajadores mexicanos indocumentados se ha agudizado, especialmente en los Estados Unidos, en donde ciertas medidas se tomaron-como la erección de la llamada "Cortina de la Tortilla"-. para el efecto de contener la corriente inmigratoria de "braceros", como así se les ha designado. En cuestión de términos, estos varían, ya que en los Estados Unidos se les llama "extranjeros ilegales" y en México simplemente "braceros". Sobre este último punto, un escritor norteamericano, Walter Fogel (1), ha dicho: "Usaré el término de "extranjeros ilegales" preferentemente al de "trabajadores indocumentados". Este último es intencionalmente menos despectivoque el anterior, y como es usado por algunos escritores, implica que la frontera de los Estados Unidos y México es simplemente un artificio, establecida másbien ahora en la historia del área. El término anterior, no obstante, conduce más exactamente al hecho de que tales extranjeros están violando las leyes de inmigración de los Estados Unidos". (1) Prof. Walter Fogel. lnstitute of Industrial Relations. lllegal Alíen Workers in the Unites States. Reprint No. 272. Unlversity of California. 90024. Pag. 252. 22 23 �Abundando en la cuestión de términos, por ejemplo, en Europa, no se habla de "bracer0s", sino de "trabajadores invitados" y es conocida la calificación de Max Frisch: "Solicitamos trabajadores, pero llegaron seres humanos". Bella expresión que ciertamente no tiene la dureza ni lo despectivo de las anteriormente citadas, sin dejar de mencionar lo de "espaldas mojadas" acá y "wetbacks" ~1- otro lado, o simplemente "mojados", como genéricamente se les designa tamb1en a los trabajadores que se han visto en la necesidad de buscar en otras tierras que no son las propias, el sustento tanto para ellos como para sus familias. Estimamos que el problema de los trabajadores mexicanos indocumentados visto a simple vista y ero ocasiones, con carga emocional, pudiera llevar a. conclusiones erróneas, ya que considerándolo reflexivamente, es un problema de hondas raíces Y profundamente humano, que comprende diversas áreas que van desde la geografía hasta la historia, desde la sociología hasta la economía para ingresar en el campo jurídico, esto en el derecho Internacional. ' Desde lo geográfico, en cuanto la ubicación de nuestro país, caracterizado ~e.largas luchas intestinas, dividido y con grandes masas de población, como la md1~na , que ciertamente quedaron marginadas y diezmadas con el paso de los tiempos, como así lo muestra nuestra historia, la historia de México; frente a un país que, gracias al esfuerzo de sus hijos, habría de convertirse en el más pode~oso de la tierra. Este, tan marcado contraste, no deja de influir a tra~és del t1e~po en todos los órdenes, al producirse un encu_entro de cultura y orígenes diferentes. Tales contrastes se acentúan en áreas como en la económica muy fuertemente, para no mencionar sino las más importantes que coinciden en el problema del cual nos ocupamos. Su captación total presenta varios inconvenientes, entre otros, la carencia de d~t~rmina~as fuentes de información, ya sean históricas, estadísticas O diplomat1cas. Ciertamente un estudio completo de este interesante tema creemos ~odrá realizarse en el futuro. Por ahora, resulta provechoso iniciar al menos, un mtent~ que, sumado a los realizados y los que se verifiquen, irá preparando un material que resultará sumamente útil, ya que puede facilitar soluciones factibles para llegar a un justo arreglo. Una de la_s más importantes interrogaciones sobre el tema es, por ejemplo, el conocer el numero de trabajadores mexicanos, ya sean documentados O indoru:nentados que_ está~, ya radicados en los Estados Unidos. En cálculos quecarecen de conf1rmac1on estadística, se estima que son millones ¿ cuántos millones? ' 24 En el estudio del autor ya mencionado (2), se corrobora la ausencia de precisión o de datos fidedignos, al decir que "cálculos del número de ilegales en los Estados Unidos existen, pero no hay evidencia que pueda apoyar su realismo, así como algún apoyo en su contra. Más aún, la en cierta improvisada forma en lacual los cálculos numéricos de los ilegales han sido desarrollados y usados por los oficiales del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, con el propósito de levantar el interés público, ha causado el que algunas personas rechacen la afirmación de que existe un serio problema. En 1972, el entonces Comisionado del Servicio de Inmigración y Naturalización, dijo a un subcomité de la Cámara de Representantes que para esa época había aproximadamente un millón de extranjeros ilegales en los Estados Unidos. Esta suposición probablemente erró al considerar lo bajo del número. Esto fue ciertamente irreconciliable con la declaración hecha en 1974 por su sucesor (Leonard F. Chapman), de que el verdadero número fue "sobre el orden de cinco, seis o siete millones". En 1975, una firma consultora empleada por el Servicio de Inmigración y Naturalización, usó sofisticadas hipótesis estadísticas junto con algunas "conjeturas informadas", para llegar a·una estimación de 8,200,000 de extranjeros ilegales en los Estados Unidos, de los cuales, 5,200,000 eran de origen mexicano. Mi propio punto de vista -agrega el autor-, es de que esas figuras numéricas, las cuales están siendo ahora empleadas en las publicaciones de prensa de la oficina mencionada, se equivocaron en lo referente a un número tan elevado. Es difícil creer que haya casi tantos mexicanos ilegales en los Estados Unidos, como hay residentes legales de origen mexicano (6,700,000 corno así es calculado por la Oficina del Censo en 1975, incluyendo tanto a los nativos como a los nacidos en el exterior). También resulta difícil creer que aproximadamente el 40 o/o de todos lo varones con edades de 15 a 44 años que vivían en México en 1970, hubiesen emigrado a los Estados Unidos para 1975, otra implicación del cálculo que el SIN por ahora está usando. La mayor fuente de error en los cálculos del SIN acerca de los ilegales en los Estados Unidos, proviene de la omisión de tomar en cuenta la emigración de ilegales que retorna a México: una gran porción de entrantes mexicanos regresan a su país dentro de los seis meses de la ·techa de su ingreso. Un estudioso de cuestiones fronterizas, cree que solamente cerca de 1,000 de los mexicanos que :ngresan cada año, se establecen permanentemente en los Estados Unidos. Ciertamente, esto es cuando mucho, una substancial desestimación, pero ilustra so- 25 �bre el existente amplio grado de desacuerdos que hay sobre el número de ilegales. Si me viera forzado a calcular, diría que hay entre tres a seis millones de extranjeros legales en los Estados Unidos, con dos a cuatro millones en el mercado laboral. Estos números, sin embargo tienen una endeble base empírica: las estadísticas de aprehensiones, y no hay una forma real para calcular la población total de ilegales del número de quienes son capturados. · En lo que respecta a las estadísticas mexicanas sobre el número de trabajadores documentados o no, que han marchado a los Estados Unidos, por desgracia, no tenemos a mano la información requerida, con la salvedad de algunos interesantes estudios llevados a cabo por El Colegio de México, basados en documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Archivo General de la Nación Y en Informes proporcionados por la Secretaría mencionada al Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, Alberto J. Pani (marzo 23 de 1918) (3). Los documentos en cuestión comprenden: "Condiciones de los Trabajadores Mexicanos en Estados Unidos de América, 1918-1923. En la serie de los mismos -señalados por la Doctora de Velasco en su estudio; se analiza un lapso tempor.al que va de los años 1918 a 1923, tomando en cuenta "que abarcan un período significativo e importante para poder comprender los lineamientos generales, base para una conceptualización general del movimiento migratorio que ha seguido la población mexicana a los Estados Unidos. Son documentos que se refieren a un período que coincide (más o menos) con el ciclo económico que se manifiesta como una constante de la emigración mexicana a los E. U. A. En períodos de escasez de fuerza de trabajo, o en épocas de bonanza económicas, por diversas formas se presiona para facilitar ta entrada de inmigrantes hasta el punto de llegar a firmar convenios bilaterales. Es en esos períodos cuando se afloja la vigilancia y la r~presión a la ilegalidad del inmigrante. En cambio, en cuanto la economía se retrae (y por la Ley del capitalismo, parece que estas crisis son periódicas), se incrementa la vigilancia y se cumple con las leyes hasta sus últimas consecuencias, propiciando el ambiente hostil necesario para que los emigrantes regresen a su patria "voluntariamente" (4). (3) Dra. Mercedes Carreras de Velasco. Nuevos documentos sobre la Inmigración de Mexicanos a los Estados Unidos de América. 1918-1923. Centro de Estudios Sociológicos. (4) El Colegio de México. Pág. lbid. Pág. 3. 4. 26 SINOPSIS DEL PROBLEMA DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS INDOCUMENTADOS. Opinamos que una sinopsis del problema de los trabajadores mexicanos indocumentados, nos permitiría -tomando en cuenta la complejidad que encierra, debido a la diversidad de antecedentes, circunstancias Y factores que entran en su composición- tener una visión de conjunto y llegar así a la raíz misma del problema en cuestión o, por lo menos, a los más importantes aspectos del mismo. PRIMERO.- SOCIOLOGIA DE LA EMIGRACION, la que comprende: a) Historia, la que se subdivide en cuatro períodos: Precolonial, Colonial México Independiente y la Revolución Mexicana. b) Evolución Sociológica del Mexicano, la que versará sobre el aborigen; el mestizo; el criollo y, finalmente, la que merece un estudio especial: La Nacionalidad Mexicana. c) La emigración como hecho sociológico. Estudiará las causas e inicios. Sus características y condiciones de vida. SEGUNDO.- LA POLITICA Y LA LEGISLACION MEXICANA AGRARIA Y LABORAL DE LA REVOLUCION. Este apartado comprende: a) Nacional, subdividido en: la legislación Laboral Mexicana; la personalidad jurídica del trabajador. La Ley de Reforma Agraria. Situación jurídica del campesino. Perspectiva sociojurídica del campesino en México. b) La política exterior de México acerca de sus trabajadores agrícoias en los Estados Unidos. Legislación. TERCERO.- LA EMIGRACION LABORAL MEXICANA Y LA ECONOMIA. En este apartado se analizarán: a) Las causas económicas del desplazamiento. la situación,.y variantes económicas a partir de la Revolución Mexicana de 1910 Y, c) Todo lo relacionado con la Economía y la emigración, así como, d) La enunciación de una nueva orientación política, tanto económica como social, acerca del problema. CUARTO.- LA EMIGRACION LABORAL ANTE EL DERECHO INTERNACIONAL. a) Los extranjeros ante el derecho Internacional. Antecedentes. b) Tratados Internacionales sobre los trabajadores en general. c) Los "trabajadores invitados" en Aleman¡a y en Francia. La necesidad económica y la · 27 �marginalidad social. d) Estudio comparativo del status legal de los extranjeros en México y en los Estado Unidos. e) Los tratados bilaterales entre México y los Estados Unidos relativos a los trabajadores agrícolas. Los braceros. f) Intervención de fa Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los consulados y de fas oficinas de nueva creación para fa protección de los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos. g) Situación juídica de los trabajadores mexicanos indocumentados en los Estados Unidos Y, h) La política de los Derechos Humanos y los trabajadores agrícolas mexicanos indocumentados. De la sipnosis que antecede es posible concluir que fas raíces del problema rlp nuestros trabajadores agrícolas emigrantes se encuentran fundamentafme11te en el agro, sin desconocer los factores secundarios que han venido agravando fa situación. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA AGRARIO EN MEXICO. Hace tiempo, un dibujante tuvo fa poca feliz ocurrencia de trazar la imagen de un campesino mexicano, sentado y en posición adormecida; las rodillas servían de apoyo a su cabeza, con un sombrero que encubría totalmente su rostro Y su cuerpo estaba envuelto en una cobija. Por extensión, se pretendió así plasmar fa figura del mexicano: indolente, perezoso y ajeno a fa vida. ¿Cuáles fa realidad? El dibujante, sin saberlo, hab{a trazado fa imagen no muy verdadera del mexicano; sólo que ignoraba fas causas, fas verdaderas causas de su postración. Cuando se ha tenido fa oportunidad de visitar, con fines de estudio, fas diversas zonas en donde se encuentran los grupos indígenas, tales como Michoacán, Oaxaca, Chiapas, el Estado de México, Chihuahua, etc., es posible ahondar con la ayuda de la historia y comprender que a un ser humano a quien, por medio de fa violencia o del engaño, o de ambos a fa vez, se fe arrebata su idioma, su religión, su propiedad y su ruftura, por muy primitiva que pudiera parece, -todas las culturas han tenido un principio- y si aún más, pierde su libertad y es sometido primeramente, también con violencia, al desempeño de fas más rudas y agotadoras faenas, en una organización social diferente que se inicia en fa Encomienda, para desenvolverse posteriormente en una en la que es marginado a un .,stracismo humillante, pese a la buena intención de fas Leyes de Indias y de varones de fa tafia de Las Casas, empieza uno a entender fa raíz del gran problema. Al lograr México su independencia, debido al proceso natural del cambio Y a los graves problemas que habría de enfrentarse en este período de su historia, 28 no podía ni comprender, ni atender menos, el problema de los indíge~as, los que, por lógica, económicamente desprovistos y espiritualmente huerf~nos, sirvieron para luchar y morir en los campos de batalla de aquellas luchas internas que abarcan grandes períodos borrascosos. La Revolución Mexicana encara valientemente el problema agrario, pero el problema agrario era también fundamentalmente el problema indígena. Los · campesinos son innegablemente de extracción indígena. Infortunadamente, se ignora fa estadística trágica que puediera expresar el número de víctimas indi~enas que se extinguieron en la oscura batalla de su desesperanza y angustia. Interesante resulta conocer la opinión que emitiera respecto al problema· agrario en México, en esta etapa revolucionaria, la Comisión Nacional Agrari~(5), creada por Decreto de 6 de enero de 1915, expedido en Veracruz por el Primer Jefe del Ejército Constitucionafista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación. Al hablar oe la Ley Agraria, dice: "En materia de legislación sobre la propiedad, el derecho mexicano tiene un carácter completamente peculiar. Precisamente fa ignorancia de la forma especial que afecta esa legislación, ha sido la causa de tos continuos errores que se han estado cometiendo en materia de legislación sobre las tierras. El Ayuntamiento de México, en su representación a Carlos 111, en 1771, le decía entre otras muchas cosas: "tienen estas (Las Indias), leyes peculiares para su g;bierno, ordenanzas, autos acordados, cédulas reales, estilos particulares de los tribunales, y en una palabra, un derecho entero, que necesita un estudio de. por vida, y no fo ha tenido el europeo, porque en su patria le sería del todo infructuoso este trabajo. Viene a gobernar unos pueblos que no conoce, a manejar unos derechos que no ha estudiado, a imponerse en unas costumbres que no ha sabido a tratar con unas gentes que nunca ha visto; y para el acierto, suele venir cercado de familia igualmente inexperta: viene lleno de máximas de la Europa inadaptables en estas partes. . . Sin embargo, el recién venido trata de plantear sus ideas, de establecer sus máximas, y mientras que en elfo se pierde miserablemente el tiempo, hasta que le hacen abrir los ojos los desengañados..." Es indispensable, antes de tratar con mediano acierto una cuestión tan deli- (5) La Cuestión de la Tierra. 1915-1917. Vol. IV. Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas. México, 1962. Pág. 219. 29 �cada, tener en cuenta algunos antecedentes históricos y legislativos, sobre las leyes de tierras del derecho mexicano. Desgraciadamente el menosprecio con que se han mirado las leyes antiguas, bajo la influencia de los estudios de la legislación moderna, ha sido la causa de muchas equivocaciones. Unos cuantos escritores se han ocupado de estudiar las disposiciones del derecho colonial, figurando en ellos el Lic. Don Wistano Luis Orozco, de quien hay que tomar a manos llenas en materia de legislación de tierras. untes que el peón no entiende ni procura entender. El Propietario, Y sobre 1· todo, el administrador de la hacienda, son todavía los déspotas senores ~ue, atigo en mano, pueden permitirse toda clase de infamias contra los operarios, sus hijas y sus mujeres. El mismo secular sistema de robarse mutuamente esclavos Y señores hace que nuestra agricultura sea de las más atrasadas del mundo Y que los gra:ámenes hipotecarios pesen de un modo terrible sobre casi todas las fincas rústicas del país". Los escritores mexicanos, en lo general, no se han ocupado del estudio de las cuestiones territoriales en México, sino desde el punto de vista del derecho clásico y tradicional de los pueblos del occidente de Europa, cuando de buscar algunos precedentes legislativos en otras naciones, deberían haber estudiado las concesiones otorgadas por los reyes de Inglaterra a sus súbditos, como la de Maryland a Lord Baltimore, en 1632, o la de Penssylvannia a Guillermo Penn y a sus sucesores. Ciertamente los esfuerzos que a través del tiempo se han venido realizando hasta nuestros días, no han producido los efectos deseados: todavía existe el problema agrario que, sin duda alguna, es el principal factor, entre otros, que ha determinado el éxodo forzado de nuestros hombres del campo hacia el país del norte en busca de mejores horizontes en lo económico. ap En esas condiciones se fijaron los principios de que, al contrario de lo que disponían las leyes ordinarias, el Estado adquiere por la ocupación de un particular todo el territorio ocupado, reservándose todo derecho que no hubiere concedido sobre el propio territorio. Por su parte, el tratadista Mendieta y Núñez (6), nos habla de "la situación de las clases rurales de la República, en los primeros diez años de este siglq, era la que en las siguientes palabras describe el Licenciado Orozco: "En ninguna parte como en las grandes posesiones territoriales se conservan las ominosas tradiciones de la abyecta servidumbre de abajo y la insolente tiranía de arriba. El peón de las haciendas es todavía hoy el continuador predestinado de la esclavitud del indio; es todavía algo como una pobre bestia de carga, destituida de toda ilusión y de toda esperanza. El hijo recibe en edad temprana las cadenas que llevó su padre, para legarlas a su vez a sus hijos. Las tiendas de raya son aún, como en la época colonial, agencias permantentes de robo y factorías de esclavos. Allí se compra la libertad del trabajador con sal, jabón y mantas inservibles, que se le cargan a precios fabulosos. El pobre operario no ve casi nunca en su mano una moneda de plata. La tienda de raya paga siempre los salarios en despreciables mercancías; y los cuatro pesos y ración, salario mensual de los trabajadores, se convierten en una serie de (6) Dr. Lucio Mendie t a Y Nu ñez. pág. 162. El Problema agrario de Méx ico. 30 Ed i torial Porrúa 31 �Lógicamente, un estudio de esta naturaleza tomaría un espacio del cual no disponemos; pero baste al menos, que estos apuntamientos se sumen al acer- Naturalmente, hay problemas que México tiene con respecto a los, E~tados Unidos y Otros que los Estados Unidos tienen con respecto a Mex1co. vo que se ha venido formando para lograr un conocimiento más preciso que pueda contribuir a la solución del problema, acervo que se está integrando con diversas aportaciones sumamente interesantes y valiosas. Tal es el caso en las declaraciones del Presidente José López Portillo a la ¡arensa con motivo del desayuno de Año Nuevo en la residencia de los Pinos y en relación con el problema de los trabajadores indocumentados, el reportero, Carlos René Delgado Ballesteros, del Canal 11 de Televisión, de la ciudad de México, formuló la siguiente pregunta: "Señor Presidente, Usted recordará que a principios de 1977, se estableció un mecanismo de consulta bilateral entre México y los Estados Unidos. Posteriormente, sin embargo, y unilateralmente, un millón de braceros mexicanos fueron deportados a través de lo que fue llamada la "Cortina de Tortilla", y un cierto número de medidas unilaterales fueron tomadas. l Debemos considerar que el mecanismo de consulta bilateral fue violado, que esto ha trascendido o ha llegado a ser obsoleto y qae debe establecerse otro mecanismo? "En otro aspecto, Usted ha señalado que México deberá negociar los problemas bilaterales entre México y los Estados Unidos en un tocio o paquete. Buscar soluciones Y dar el peso específico a cada uno de ellos dentro de un contexto racional, es lo que recomendamos. ¿Cuál es nuestra alternativa? ¿Separarlos? ¿ Negociar con ellos separadamente? Suponer que exportamos trabajo arbitrariamente sería absurdo .. Lo hace· · ,Debemos mos así debido a que no tenemos suficientes empleos en Mex1co. . roblema en sus raíce<:? Eso es lo razonable, ya se trate de cons1de1 atacar e P , · d I ble rarlo como un paquete O d e un análisis global. lDebera ser asocia o e pro . ma a las relaciones de comercio? Esto es lógico. Si tenemos algo que vende~ a los Estados Unidos, si somos capaces de exportar productos en lugar de traba10, hagamos el esfuerzo necesario para hacerlo así. Creo que un análisis total nos ayudará a ser racionales y nos dará fortaleobs-. za en nuestra negoc1ac10 n . Dividir la situación en sus partes componentes ,. • el ana·1·1s1s · raciona · ¡. Esto no significa que un peso espec1f1camente d1-, tacultza ferente pueda ser dado a cada uno de los puntos, pero que a cada uno debera dársele su importancia relativa dentro del contexto. un número infinito de otros problemas, todos ellos a la misma escala, tendremos No veo en ello algún problema complejo. Considero que la suposición es un ejeercicio intelectual ocioso. Es lógico analizar los problemas en un todo, estudiando todas sus influencias recíprocas. Cada cosa es parte de ~tra ~osa. Nuestras soluciones han sido defectuosas precisamente porque han s1d~, vistas separadamente una de la otra. Si separamos el problema de la poblacton del problema de comercio, estamos tomando un punto de vista equivocado de las nuestras espaldas a la pared. cosas. Hay, sin embargo, dudas acerca de este tipo de negociación, porque se ha dicho en estudios relacionados con asuntos internacionales, que si ponemos el problema de los braceros, el excedente de utilidad de las exportaciones del petróleo y Tomando en cuenta que el problema de los brace- ros es grave y punzante, al tratar sobre esto México podría perder ventaja en sus negociaciones respecto del petróleo. l Cuál es su opinión?" El Presidente López Portillo contestó: "Creo que los sistemas de relaciones internacionales deben adaptarse día por día, de acuerdo a las características Es lo que decía hace un momento; si hay una estructura de producción que absorba e! trabajo mexicano y se cierra, la presión demográfica aumenta como lógico resultado, tal como va. Creo que lo único razonable es ver la totalidad de los procesos y actuar de acuerdo, no separándolos " (7). introducidas por las partes comprometidas. Establecimos varias comisiones con la administración Carter, precisamente para analizar nuestros problemas como un todo, no separadamente o por secciones, y no he sentido que esto sea un problema. ::::1 hecho de que analizaremos todos ellos en un todo -y esto es lo que un Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Doctor · Jorge Castañeda (8). afirmó: " que el asunto de los indocu~~ntados en los Estado• 'Jnidos, es un problema de México en cuanto a la soluc,on a largo plazo Y la última y más importante sería que México esté en situación de ofrecer empleo a paquete es- significa que podríamos otorgar a cada uno de ellos el peso específico y la prioridad que merecen y así buscar una solución apropiada. 32 (7) . 16 Published by the Dirección de Información Y Rel aPag. Mexico and its Oíl. · , . MEXICO e iones Públicas de la Presidencia de la Republtca. · (8) Excélsior 2 de Juni o de 1979, México, D. F • 33 �la población desempleada, a efecto de que no tenga que ir a buscar trabajo fuera de nuestro país. LA VOCACION DEL ABOGADO Aceptó que cada país es soberano en la aplicación de sus leyes migratorias y que en el caso de las leyes de la Unión Americana es algo a lo que nosotros no nos podemos oponer. En el caso de los indocumentados que aspiran a conseguir trabajo en el vecino país, México no puede, ni constitucional, ni política , ni jurídica, ni moralmente aceptar tomar medidas restrictivas, represivas para impedir el movimiento de los mexicanos dentro y fuera de su territorio, o de entrar o salir de mexicanos a territorio norteamericano. En torno al problema de los indocumentados en los Estados Unidos, dijo que si aceptamos que muchos de ellos cruzan la frontera o tratan de establecerse allá para buscar un trabajo, nosotros estimamos que aún cuando su condición migratoria no sea regular, aún cuando hayan penetrado sin los permisos correspondientes de las autoridades americanas, esta carencia o esta falla en su situación migratoria no es razón suficiente para que no se cumpla con ciertos derechos básicos que tiene cualquier persona. Estos derechos son, apuntó: 1.- Que no sean extorsionados; que no sean sometidos a vejaciones, que no sean perseguidos y sobre todo que no haya discriminación racial en su trato. Esto es de mayor importancia para México. 2.- Pensamos que a pesar de la irregularidad de su situación migratoria, ellos tienen perfecto derecho a que se cumplan ciertos derechos que se pudieran haber derivado de una relación de trabajo. Si los contrata un patrón, aún cuando haya sido en contra de las leyes americanas o de las prácticas o de lo que ustedes quieran, y trabajan, tienen derecho a percibir una remuneración por su trabajo, independientemente de que su situación sea irregular. Esto, afirmó el Canciller Castañeda, será lo que México exija en las conversaciones. "Esta es nuestra posición". Por el Lic. Clicerio Hernández Escalante Miembro activo y fundador del Colegio de Abogados de nuevo León. El hombre es un entis, ente social por excelencia que aspira a realizar los más dignos valores, que desde tiempos primitivos, ha venido realizan~o el quehacer constante de investigación sobre la naturaleza y la cultura: la primera, para entenderla mejor y dominarla al conocer sus secretos; la segunda; producto ~e su voluntad espontánea para protegerse, creando además, la vida social. La Soc'.edad misma, es un super-organismo, producto de su artificialidad y conveniencia. El hombre ya poseedor de la iluminación cultural, ha creado en la sociedad y como he~os sociales O fenómenos colectivos: el arte, la religión: el le~guaje y el derecho. Todas son manifestaciones que sólo se justifica su ~x1sten~1_a e~ la vida social O colectiva; en lo individual, no existe lo jurídico, ni lo ant1-¡un: dico; lo justo, ni lo injusto, es decir, el derecho no existe en lo individual, ni como fenómeno colectivo, ni como ciencia particular. El Derecho como ciencia particular, garantiza la convivencia humana, la armonía y el entendimiento pacífico entre los individuos y entre las _naciones, iendc factor preponderante para elevar el nivel cultural, logrando el bienestar Y la paz internacional. 34 35 �Si el Derecho tiene la importancia que antes hemos puntualizado es indiscutible que la profesión de Abogado o Licenciado en Derecho y Cienc;as Sociales, desempeña una función importantísima en la vida social, en la vida de los. pueblos, en la vida nacional e internacional, en sus aspectos económicos social jurídico Y eminentemente cultural; y en consecuencia, la sociedad h~mana: mientras exista, no podrá prescindir ni por un momento, de los servicios O función de este tipo de profesional. ¿ Oué cualidad, aptitud o requisitos debe ostentar fundamentalmente el profesional Abogado ... ? LA VOCACION. , Todas las profesiones requieren una gran dosis de esta manifestación espiritual, que en el trabajador manual se transforma en habilidades admirables· en el pintor en sus bellos estéticos cuadros, combinación magnífica de matices•· en el músico las notas agradables al oído, impregnadas de inspiraciól), y en el p~ta los sonetos Y prosas rimadas, que el pueblo siente, admira y aplaude. La vocación existe en el individuo cuando al realizar una tarea un . queha~r, c~'.'1º dijera José Ortega y Gasset, experimenta el más profundo •placer en su eJecucron. La actividad más incómoda, más terrible en la vida, es la que se desarrolla con desagrado o sufrimiento, es decir, sin ninguna dosis de vocación. Para -~legir libr: y conscientemente una profesión, es necesario saber lo que esa profesron entrana y lo que ella exige para su eficaz y correcto servicio. El primer paso es la prueba intelectual, la que determinará si existe habili~ad para ejercer la profesión; en segundo lugar, a la destreza debe unirse la nece- En las palabras preliminares de su libro OSSORIO expone: "He cumplido 25 años de ejercer la abogacía, llego a las budas de plata joven aún, y tengo por mi oficio, nó la mi~ma afición que me animó al comenzar, sino una vocación multiplicada y depurada, un entusiasmo ardiente, una fe invulnerable". El ab9gado o técnico del Derecho, de acuerdo con su función vocacional, desarrolla su ejercicio o profesión, fundamentalmente, en cir,co aspectos: como abogado postulante, abogado funcionario, abogado maestro o catedrático en la enseñanza técnica y universitaria, abogado jurista o de consulta, investigador de la Ciencia del Derecho y abogado consultor; público o privado. Por razones de orden práctico, de eficiencia, sentido de responsabilidad y división del trabajo, aun cuando el profesional sea apto y de capacidad integral para las cinco funciones, es recomendable por razones y principios de la Pedagogía Superior, dedicarse a una de las funciones indicadas, de acuerdo con su vocación, a fin de dar un rendimiento superior, eficaz y de mayor utilidad a la sociedad, que, como dijimos al principio, es a la que le interesa que el Derecho, tanto como manifestación colectiva, como disciplina científica, sea cada vez, sin lugar a dudas, sin titubeos y diferencias, el mejor medio para realizar la justicia, que como dijera Platón: "Es más bella que una salida o puesta del sol" La función del abogado, en su concepto de la más alta cultura, se conjuga en la oración que los abogados Erizzo ofrendan a su padre cuando dicen: "Nos llevaste contigo a la tarea, haciéndonos vivir junto a ti tus luchas; amar aquélla nuestra fatiga, ésta nuestra profesión y amarla porque es inmensamente bella y profundamente humana: la más humana y la más bella". LIC. CU CERIO HERNANOEZ ESCALANTE. ~•dad ab~luta _de _cualidades morales y de tipo sentimental y volitivo, que . u~po~dran la frdehdad a la vocación, autenticidad a la vida, generando la conc,enc,a profesional y el amor a la profesión. ~I procesalista Enrique Amaya dijo: "Quien se asoma a la vida, con ansias de honzo~tes ~n sus hechos Y forjador impulso en el espíritu, antes de entrar a su campo iluminado por tantos reflejos, matices y efectos, debe aprender a mirar, de~e el alba,_para no enceguecerse. Si desde esa suave penumbra distingue su camino Y lo elige sin vacilaciones, es seguro que alcanzará la eminencia donde resplan~e~ el ideal, Ese camino es LA VOCACION, cualidad innata, floración de sentrmrentos solidarios que se congregan en inquebrantables propósitos". 36 37 �LIC. CESAR GARZA ANCIRA ACADEMICO DE NUMERO DE LA H. ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL. EL RECUENTO ACADEMICO DE NUMERO DE LA H. ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. MIEMBRO DE NUMERO DE LA H. ASOCIACION IBEROAMERICANA DE DERECHO DEL TRABAJO. CATEDRATICO EN LOS CURSOS DE PREESPECIALIZACION DE DERECHO SOCIAL DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. 38 39 �INTRODUCCION La prueba específica y de fisonomía La prueba de recuento es fundamental para que la Junta se encuentre en posibilidad de resolver los conflictos de huelga. La suspensión de las labores debe efectuarse por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. Sobre este particular, conviene precisar que es posible que una huelga abarque a toda una empresa o a uno de sus establecimientos y que serán los trabajadore~ los que decidan si realizan la huelga en el establecimiento o en la empresa. Para determinar la mayoría de trabajadores, el artículo 462 del Código Laboral establece las normas siguientes: no serán tomados en consideración los trabajadores de confianza, ni los que hubiesen ingresado al trabajo con posterioridad a la fecha de presentación del escrito de emplazamiento de huelga, pero sí serán considerados los que hubiesen sido despedidos del trabajo con posterioridad a la fecha de presentación del mencionado escrito. Por último, se dispone que únicamente se tomarán en consideración los votos de los trabajadores que concurran al recuento. especial que se utiliza con más frecuencia en el proceso de calificación de la huelga, es la denominada recuento de trabajadores. La convicción, vivamente profesada por quien aquí escribe, de una configuración adecuada de la problemática de los conflictos colectivos de trabajo, en la dinámica de las relaciones laborales, lo ha impulsado a estudiar el tema de esta probanza fundamental. La huelga es la facultad legal de suspender las labores en una empresa o en uno o varios de sus establecimientos, pero este derecho únicamente corresponde a las mayorías, en razón, esencialmente, de los principios democráticos. Por mayoría de_trabajadores debe entenderse la mitad más uno de los trabajadores de la empresa o establecimiento en que hayan de suspenderse las labores, sin distinguir entre trabajadores sindicados y trabajadores libres. Para que la Junta pueda decir el derecho en cada caso que se le presente, necesita conocer tanto el texto como el espíritu de la norma en que va a fundar sus resoluciones, lo que implica la labor de desentrañar el sentido de la misma. El recuento debe efectuarse de conformidad con las reglas que señala el artículo 462 de la Ley Federal del Trabajo. Es bien sabido en Derecho, que las disposiciones especiales, como casos de excepción, son derogatorias de las reglas generales que contradicen. En seguida, estudiaremos algunos de los casos más interesantes que se presentan dentro de la temática siempre apasionante de la huelga, en torno a la prueba idónea del recuento: 1.- Es de explorado derecho en materia laboral que la voluntad de los partic•ll.,, es 110 puede contrariar disposiciones de orden público, como Jo son aquellas que regulan la prueba del recuento, de tal manera que el argumento consistente en decir que porque ambas partes manifestaron su conformidad por interrumpir la diligencia respectiva, queda decidida esa situación, carece de validez jurídica, dado que la autoridad laboral debe resolver con base en la ley y no en la manifes- 40 41 �nes deberán sujetarse al resultado de aquél. tación expresa o implícita de las partes. 4.- El recuento no puede promoverse en ningún caso como cuestión previa _ P~r consiguiente, en este mismo orden de ideas, es inconcuso que las manifestaciones que hagan las partes en el sentido "de que se suspenda el desah de la etapa de objeciones en la diligencia de recuento que se está efectuand ogo r· d.1 o, Y se i¡e a Y hora para que se reanuden en la Junta Especial del conocimiento" resulta a todas luces ineficaz e inoperante, ya que el artículo que reglamenta el'. recuento (artículo 462) dispone en su fracción V: "Las ob¡·eciones a los t ra ba¡a· d _ores que concurran al recuento, deberán hacerse en el acto mismo de la diligencia, en cuyo caso la Junta citará a una audiencia de ofrecimiento y rendi·c· · d p b ,, 10n e _r~e as ; Y e1 numeral 785 de la propia Ley de la Materia contempla en su fracc,on . 111 ·· "S'1 se ofrece el recuento de los trabajadores, se observarán las disposiciones ~ontenidas en el artículo 462". Además, es criterio doctrinal imperante el ya senalado de que las reglas de procedimiento no pueden ser modificadas O alteradas por las partes ni aún de mutuo acuerdo, y que ellas deben hacer valer sus derechos en el momento procesal oportuno. 2.- Las objeciones que se tengan en el recuento, deben hacerse en el momento procesal oportuno , 0 sea, a1 practicarse • la probanza de referencia dado que la_ p~eba del recuento tiene como fin dar oportunidad a las partes hacer las ob¡ec,ones como crean convenientes. d: No es obstáculo para llegar a dicha conclusión, la circunstancia de que las ~artes hayan acordado reservarse sus derechos para hacer las objeciones poste• normen~:• toda vez que siendo de orden público la disposición contemplada en la. fracc1on ~ ~el precepto 462 de la Ley invocada, su cumplimiento no queda su¡eto al arbitrio de las partes, sino que éstas se obligan a ob 1 f" servar a conducta i¡ada por la norma de donde resulta que aunque sea cierto que las partes. llegaron a ~se acuerdo y posteriormente se ofrecen pruebas, la Junta no contraviene garant1as al abstenerse de analizar dichas pruebas. 3.- Constituye un elemento básico el estar presente fiísicamente al realizars~ el recuento de los trabajadores de la empresa o establecimiento afect d v_1rtud ~e que el mismo es un recuento de personas y no de votos que dem:e:;r:~ s1m~at1a. Al e~ac~arse esta diligencia los propios trabajadores deben manifestar d e viva voz su cnteno. a la suspensión de los trabajos. El Código Laboral de 1931 no autorizaba el recuento de los trabajadoresantes de la suspensión de labores. El artículo 264 establecía la necesidad de la mayoría para suspender las labores, pero no admitía el recuento previo; Y el artículo 269 disponía que si la huelga no era declarada por la mayoría, debía calificarse inexistente, lo que viene a confirmar que el recuento debía de efectuarse después de la suspensión de labores. El artículo 451 fracción 11 de la Ley Laboral expresa que entre los requisitos para suspender los trabajos, se encuentra aquel consistente en que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa; pero esta propia fracción prohibe que se haga el recuento para conocer si la determinación para suspender los trabajos lo efectúan la mayoría, como cuestión previa, ya que el recuento de los trabajadores SÓlamente es factible jurídicamente cuando se pronueva la inexistencia de la huelga y deberá pedirse dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión del trabajo tal y corno lo establece el artículo 460 de la Ley Federal del Trabajo, debiendo efectuarse el recuento de conformidad ·con las reglas que .señala el artículo 462 del propio Ordenamiento. 5.- La facultad de la Junta para designar el lugar en que deba efectuarse el recuento no está limitada con relación a los centros de trabajo de la empresa, sino que si ordena que el recuento se practique por ejemplo en el Parque Deportivo de la propia empresa, por considerar que en tal local se facilita la diligenc.ia, da cumplimiento estricto a lo mandado en el multicitado artículo 462 de la Ley Federal del Trabajo al señalar el lugar, el día y la hora en que deba efectuarse el recuento. 6.- La diligencia de recuento puede practicarse en dos o más actos, porque con ello no se coloca a los contendientes en estado de indefensión, si estuvieron representados en la práctica de la diligencia, cuanto porque lo que influye en el sentido de la calificación, obviamente, es el resultado del recuento, pero en modo alguno el que se haya practicado en dos o más actos. De conformidad con el artículo 462, fracción IV, del Ordenamiento citado, e~ e: recuento de los trabajadores únicamente se tomará en consideración el voto e os que hayan concurrido al mismo, no así el de los que faltaron, quie- 7.- Los actuarios y los secretarios de las Juntas son los funcionarios a quienes la Ley y la doctrina encargan la práctica de las diligencias que no pueden realizar las Juntas, sea tratándose de diligencias de recuento de trabajadores, notificación, etc., y el artículo 640 del Código Laboral expresa que son faltas de 42 43 �los actuarios (fracción 111). no practicar oportunamente las diligencias y el artículo 641 de la misma Ley, en su fracción IX precisa que son faltas especiales de los secretarios no levantar las actas de las diligencias en que intervengan; y si en el acuerdo de la Junta, se autoriza al secretario de la misma y a cierto número de actuarios para practicar la diligencia de recuento, tal facultad está contenida en los preceptos anteriormente citados. De los artículos 645, fracciones 111 y IV, y 712 de la Ley Federal del Trabajo, resulta que el actuario es el funcionario de la Junta al que pueden encomendársele ciertas diligencias, y debe estimarse que las mismas son aquellas que no pueden llevar a cabo los demás funcionarios a que se refiere la Ley, por impedírselos la naturaleza misma de ellas, como en el caso de recuento de trabajadores, prueba que se encuentra regulada por el artículo 462 de la Ley Laboral. Si de conformidad con este precepto se señala lugar, día y hora en que debe efectuarse el recuento y el lugar propuesto para el desahogo de dicha prueba resulta ser otro diverso al del lugar de la Junta, debe entenderse que dicha autoridad al comisionar al actuario para que practique la diligencia respectiva no hace otra cosa sino proveer para la realización de la prueba, mediante la obtención de datos para la misma; por tanto, el hecho de que el actuario levante la diligencia y que ésta se desahogue en local diverso al de la Junta, no constituyen violaciones al procedimiento. Dicho criterio ha sido sustentado por la H. Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ejecutorias, entre las cuales pueden citarse las emitidas en los juicios de amparo números 2107/1972 (sindicato de Trabajadores de Sanitarios Procesa y Coags.- Noviembre 29 de 1972.5 votos. Ponente: Mtro. Manuel Yáñez Ruiz. 4a. Sala Séptima Epoca, Volumen 60, Quinta Parte, Págs. 35 y 54) y 4489/1972 (Sindicato de Trabajadores de Camiones de la Línea Constituyentes.Puerto Aéreo-Indios Verdes, Servicio de Primera.- Enero 5 de 1973.- 5 votos. Ponente: Mtra. Ma. Cristina Salmorán de Tamayo. 4a. Sala Séptima Epoca, Volumen 49, Ouiflta Parte, Pág. 51 ). La disposición contenida en el artículo 765 de la Ley Federal del Trabajo, se ha considerado aplicable a la celebración de las audiencias dentro de un juicio reclamatorio de trabajo, pues es indudable que, dada la mutiplicidad de negocios de que debe conocer cada Junta Especial de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, más bien resultaría perjudicial que benéfico, que para cada diligencia quehubiera que efectuarse fuera del recinto del Tribunal, tuviesen que trasladarse al lugar correspondiente de la diligencia todos los miembros de la Junta, determinando con ello retraso en las tramitaciones, en perjuicio de los intereses de las partes en conflicto, y sobre todo, de los trabajadores; además es evidente que el desahogo material de una prueba no puede determinar por sí sola et sentido de la resolución que en el conflicto dicte la Junta, puesto que tal resolución amerita la apreciación integral de las pruebas rendidas por las partes, incluy~ndo, n~: sariamente, el de aquellas que hayan tenido que desahogarse por medio de algu comisionado. 8.- La fe pública que tienen los Notarios no es eficaz par~ demostrar lo que está fuera de sus funciones, ni menos para invadir las que estan reservadas a la Junta, como evidentemente ocurre con la práctica del rec~e~to, dado que es~a diligencia debe efectuarla el Tribunal del trabajo, por cons1gu1ente la consta~c1a que expiden los Notarios al respecto carece de valor probatorio. Dicha_ tesis la ha sostenido nuestro más alto Tribunal en los juicios de amparo numeros5597/1961 (Guillermo Gómez Arzapalo. Septiembre 3 de 1962.- 5 votos. Ponente: Mtro. Alberto Jiménez Castro. Séptima Epoca, Volumen 58, Tercera Parte, P,ag. 59 , 5648/1973 (Pablo Lemble Dal Soto.- Abril 4 de E 1974.-v5 1votos. Ponente: Mtro. Salvador Mondragón Guerra. 4a. Sala, Séptima , poca, o ume~ 64 Quinta Parte, Pág. 13) y 5913/1974 (Jesús Sánchez Garc1a y otros.- Abril 10 ' de 1975.- Unanimidad de 4 votos.• p onent e.· Mt ro . Jorge Saracho Alvarez. 4a. Sala, Séptima Epoca, Volumen 72, Quinta Parte, Pág. 27). El recuento hecho por una autoridad distinta de las Juntas de Conciliación y Arbitraje no afecta los derechos de los trabajadores, ni los incapacita para pedir que se repita por la Junta que conozca del conflicto. 9.- El artículo 462 de la Ley de la Materia, contempla el p~'.nci~io_ t~ral r~lativo a que no debe de tomarse en cuenta el cambio de situac1~n ¡und1ca reinante entre las partes en el momento de la presentación del escrito de emplazamiento de huelga. Es jurisprudencia ya sentada que tcxla labor que tienda al cambio de la situación jurídica reinante entre las partes al formularse las peticiones, no debe tomarse en consideración para calificar la huelga. Es evidente que se haría nugatorio el derecho de huelga si el patrón estuviera en condiciones de cambiar la situación jurídica reinante en el momento de la presentación del escrito de emplazamiento de huelga. Por lo expuesto, formulo las siguientes CON C L U S I O N ES: PRIMERA.- Las normas que regulan el recuento al igual que las demás reglas de procedimiento, no pueden ser modificadas o alteradas por las partes ni 44 45 �aún de mutuo acuerdo. LA VIDA HUMANA Y EL DERECHO SEGUNDA.- Las objeciones que se tengan en el recuento deben hacerse en el momento procesal oportuno. TERCERA.-La diligencia de recuento es de personas Y no de votos de simpatía. CUARTA.- Está prohibida la práctica del recuento antes de la suspen .. de las labores. s,on QUINTA.- La facultad de la Junta para designar el lugar en que deba celebrarse el recuento no está limitada con relación a los centros de trabaJ·o de 1 empresa. a SEXTA.- La diligencia de recuento puede practicarse en dos o más actos. SE~IMA.- los actuarios y los secretarios de las Juntas son los funcionas a quienes la ley de la Materia encarga la práctica de las diligencias de recuento. río Lic. Genaro Salinas Quiroga La norma jurídica debe satisfacer las necesidades y aspiraciones de los hombres; no debe sujetarse servilmente a la fuerza de los hechos, pero tampoco debe distanciarse de la realidad. El Derecho es antes que todo, escuela de progreso y orientación, sobre todo, en el orden moral. Por eso podemos afirmar que el científico del derecho o sea el jurista, debe tener dos cualidades difíciles de llenar: alas y plomo, alas, para separarse un poco de las necesidades inmediatas y concretas del hombre, y plomo, porque debe llevar inscrito o grabado el sello de sus requerimientos imprescindibles. . . º?TAVA.- Está fuera de las funciones de los Notarios Públicos desah d1hgenc1as de recuento. ogar El Abogado -es el intermediario entre la vida y el Derecho. Escucha, en sa~rada confidencia, la narración de su cliente, sobre los hechos que le preocupan y que constituyen su angustia. Los analiza a la luz de la norma jurídica y da solución al problema proporcionando el consejo adecuado. Por eso, el secreto profesional es inviolable y sólo debe ser revelado por el profesionista a las autorida- NOVEN~:- La situación jurídica reinante entre las partes en el momento de la presentac,on del escrito de emplazamiento de huelga no d e be ser cambiada. . des, al ser legalmente requerido para ello. El Derecho, como la medicina moderna, es en su mayor parte preventivo; da orientaciones y expone criterios en materia de negocios, de cuestiones de familia, prevención de conflictos futuros, de organización de empresas, de manejo legal de una industria, comercio o establecimiento. Pero otras veces hay necesidad de plantear el asunto ante los tribunales, debiendo estudiar serenamente el abogado las mayores posibilidades de éxito y de encontrarlas, formular correctamente su demanda y demás promociones necesarias hasta obtener sentencia ejecutoria favorable a su patrocinado. !:s el Abogado postulante el primer Juez en toda controversia y si no está convencido de la moralidad y legalidad del asunto que se le propone, debe decirlo con franqueza a su cliente, y desechar-el negocio. Ningún abogado es tan pobre para admitir una causa injusta, cuya pérdida le causará desprestigio, aún cuando gane dinero, ni tan rico para no admitir un juic;o en que moral y legal46 47 �mente tiene la razón quien acude a su despacho. El Abogado es el técnico del Derecho, pero esa técnica implica responsa. bilidad, porque debe estar al servicio absoluto de la moralidad y de los valores superiores que rigen la conducta humana y la convivencia social. Si le es posible solucionar conciliatoriamente el problema que planteará en la demanda, debe hacerlo, para ahorrar a los Tribunales un tiempo precioso que se empleará en otros juicios. Cuando el abogado ponga en movimiento la maquinaria administrativo-judicial del Estado, que sea para plantear una causa justa, con un alto sentido moral y no para efectuar maniobras tortuosas con la norma jurídica, o para interponer un sinnúmero de reansos, de excepciones dilatorias o de argucias legales, para detener la acción de la justicia. necesita de la familia, ésta del municipio o provincia, ésta de la nación Y ésta última de la humanidad y todos, absolutamente todos, de la norma jurídica que · consagre sus derechos y obligaciones. Ser social y ser moral en el fondo es lo mismo, El hombre es más grande cuando más se entrega o sacrjfica a la comunidad. Sócrates, Cristo, Buda, Confucio y San Francisco de Asís, representan ansias colectivas y universales no sólo de sus respectivas comunidades, sino del mundo entero; simbolizan formas mejores de vida por las que lucharon. Los modos sociales de vida, entre los que se encuentra el Derecho, son conductas comunales, genéricas, anónimas, de los miembros de un grupo o sociedad. El griego identificaba la Patria con las nonnas legales. Cuando a Sócratesel insigne maestro de la juventud ateniense--sus amigos le sugieren la fuga al constarles lo injusto de su cautiverio y de su próxima muerte, al ser víctima más que de las leyes, del odió y rencor de los hombres, se niega terminantemente a ello, aduciendo que había luchado en los combates por las leyes de Atenas y no era él quien ahora iba a violarlas porque se aplicaban en su contra. El Abogado, aún propugnando por la reforma de la legislación, debe amar en conjunto las instituciones jurídicas de su país y luchar por su cumplimiento, sin perjuicio de poner su esfuerzo para que sean mejoradas. El Derecho se ha hecho para una vida mejor. Es una creación humana que debe llevar latente, imbibita, el propósito de progreso de la comunidad. Decir• Derecho, es decir, sociedad. Ubi societas, ibi jus. Vivimos en un siglo en que los derechos individuales han sido afectados • por los colectivos. El comerciante ya no puede vender libremente los artículos de primera necesidad al precio que lo desee, sino al que le fije el Gobierno. La distinción entre Derecho Público y Privado es más bién histórica, didac• tica. que real y positiva en nuestro tiempo. El ámbito de acción del Estado se· acrecienta cada día. Lo que se ha perdido en libertad individual se ha ganado en• seguridad social. El ser humano para su pleno desenvolvimiento físico, intelectual y moral 49 ���� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Derecho Y Ciencias Sociales Año de publicación El año cuando se publico 1979 Época Época del la revista Segunda Número Número de la revista 2 Mes de publicación Mes cuando se publicó Julio-Octubre Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Cuatrimestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1784899&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales, 1979, Segunda Época, No 2, Julio-Octubre Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Longoria, Samuel, 1934-, Director Subject The topic of the resource Derecho Derechos civiles Publicaciones periódicas Leyes Jurisdisprudencia Filosofía del derecho Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Núñez Espinosa, Herberto J., Director Lozano González, Santiago, Secretario de Redacción Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/07/1979 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016555 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. San Nicolás de los Garza, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. 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