https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/271/13594/DERECHO_Y_CIENCIAS_SOCIALES._1980._2a_Epoca._No._3._Enero-Abril._0002016557.ocr.pdf 6f6ec18cbfd350e5cdcf33dd72b74305 PDF Text Text REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SEGUNDA EPOCA 3 ��C a:dl~ f. ~~ --:i<.4 . Bib.li..llllCt~ r~~'i,t~1-t(<1~,.,_ :s 3 �DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 3 �UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FACU LTAO DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DIRECTOR: Lic. David Galván Ancira. SUBDIRECTOR: Lic. Roberto Sergio Castillo Gamboa. JEFE DE LA DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES: Lic. Santiago González lozano. JEFE DE LA DIVISION DE INVESTIGACION V EDUCACION CONTINUA: Lic. Francisco Rivera Bedoya. JEFE DE LA DIVISION DE ESTUDIOS SUPERIORES: Lic. Helio E. Ayala Villarreal DECANO: Lic. Genaro Salinas Ouiroga. DIRECTORIO DE LA REVISTA DIRECTOR: Dr. Fernando Vázquez Alanís. SE&_BETARIO Lic. Santiago González Lozano. oe REDACCION : CONSEJO EDITOR IAL Lic. Ge naro Salinas Ouiroga, Lic. David Galván Ancira, Lic. Roberto Sergio Cast illo , Dr. Fernando Vázq uez Alanís, Lic. Herberto Nuñez Esp inosa, Dr. Agustín Basave Fe rnández de l Valle, Lic. A lberto García Gómez, Lic. Francisco Rivera Bedoya, Lic. S antiago González Lozano. La responsabilidad de los artículos publicados es exclusiva de sus autores. Las o piniones expresadas en la Revista son estrictamente personales y no asume responsabilidad por ella la revista, la Facultad de Di:recho de la U.A.N.L. o las instituciones a que estén asociados sus expositores. Derecho y Ciencias Sociales aparece bimestralmente. No se devuelven originales aún cuando no se publique. Toda correspondencia debe dirigirse a: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Revista Derecho y Ciencias Sociales Ciudad Universitaria S an Nicolás de los Garza, N. L. IMPRESO EN MEXICO PRINTEO ANO MADE I N MEXICO Departamento de I mprenta F acultad de Derecho y C. Soci ales de la Universidad Autónoma de N. L. Cd. Universitaria San N icolas de los Garza, N. L. �DERECHO ., 1k" ,. _,7. . . ....:__ ..... . ., Ar ·' : I ·~ ! • '\! I; / j c-.,;F,~ ! . · , i__, . _:/". .i: /1 . :.1. . .. '•• ~sra~~~::~l~.~~•~?CJAL• y Ciencias Sociales F0NDo UNIV~I ARIO Universidad Autónoma de Nuevo León. . 2da. EPOCA ~· ENERO-ABRIL 1980 NUM.3 SUMARIO LIC. DAVID GALV AN ANCIRA: Presentación. 9 LIC. HELIO E. AYALA VILLARREAL: Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León (1) 11 LIC. ARMANDO GARCIA GAMEZ: Adiciones y Reformas de la Ley de Amparo. 15 LIC. CESAR GARZA ANCIRA: La Huelga, Reformas de 1980. 24 LIC. NICOLAS MARTINEZ CERDA: El Juez García Romero. 39 LIC. JORGE MONTEMAYOR SALAZAR: La Triplicidad de Funciones del Poder Estatal . 45 LIC. RAUL RANGEL FRIAS: La Soberanía Constitucional. 63 LIC. FERNANDO V.A2QUEZ ALANIS: El Régimen Federal y la Centralización del Poder Político en México. 83 �PRESENTACION: , SECCION "CONGRESO S LIC. ARTURO AYALA RODRIGUEZ: El Hijo Inocente no 97 debe sufrir la Pena del Delito de su Padre. LIC. RAUL VILLARREAL DE LA GARZA: Reformas al Régimen de Administración de Justicia. 103 SECCION DE CRIMIN OLOGIA LIC. MARCO ANTONIO LEIJA MORENO: " Qué es la Criminología". 115 Entre los objetivos de nuestra Facultad figuran: Formar profesionales en Derecho y Ciencias Sociales, promover la inve5tigación jurídica y social y difundir la cultura de nuestras disciplinas a la comunidad; los que tienen un alcance definitivo para el avance de la sociedad y por ende la responsabilidad en cumplirlos es invariable y creciente. Para enseñar mejor el Derecho es preciso: Reflexionar sobre lo ya escrito y estudiado, replantearse situaciones pasadas y enfrentarlas al momento presente, especular sobre las espectativas futuras; en fin es labor profunda de ubicación y síntesis, de integración y creatividad y sobre todo de un espíritu dispuesto al cambio. Sin reflexión carecemos de profundidad, nos hundimos en lo frío de la descripción; la ausencia de análisis impide toda pr0posición o sugerencia y los acontecimientos se aceptan sin réphca. con este propósito esperamos que nuestra Revista sea de 4tilidad para maestros y estudiantes, nos eleve en lo académico y nos coloque en la ruta hacia una superación permanente. Hemos designado como nuevo director de esta Revista al Dr. Fernando Vázquez Alanís destacado egresado y maestro de esta Facultad. En este número abordamos la dinámica actualidad jurídica, incluyendo aportaciones sobre las Reformas a la Ley de Amparo ;i la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Rendimos en estas páginas homenaje a la personalidad del ju- 9 �rista y político neolones Raúl Rangel Frias, publicando una de sus brillantes conferencias sobre la Soberanía Constitucional. En el renglón de Investigación Jurídica presentamos dos importantes trabajos en el área de Derecho Público.- La tripluridad de Funciones del Poder Estatal y otro sobre el Régimen Federal y la Consentración del Poder Político en México. A partir de este número iniciamos dos nuevas secciones, una denominada "Congresos" que incluye trabajos de destacados juristas neoloneses a Congresos Nacionales e Internacionales y otra tutela " Criminología " que pretende dar impulso a esta Ciencia Jurídica que se estudia en nuestra Facultad como carrera profesional. Lic. David Galván Ancira Director HELIO E. AYALA VILLARREAL REFORMAS A LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (1) La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León en su corta existencia ha sufrido 3 reformas; la primera publicada el 25 de Diciembre de 1978, la segunda el 28 de Septiembre de 1979 y la tercera el 31 de Diciembre de 1979. El primer Decreto de reformas a la Ley se motivó por la fuerza que necesitaba dársele a la dependencia administrativa encargada de vigilar a nivel administrativo los centros de trabajo y las relaciones de los factores de la producción: capital y trabajo elevándola al rango de Secretaría la que era Dirección al Servicio de los Trabajadores y Productividad, y que dependía de la Secretaría General de Gobierno ' también pasa a formar parte de la Comisión de Administración Pública esta Secretaría, así mismo se suprimió como atribución de esta Secretaría, la organización y vigilancia administrativa de la Congregación de Colombia, pasando ésta a depender del Municipio de Anáhuac. LIC. HELIO E. AVALA VILLARREAL ( 1944) Egresado ~e la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de La Universidad Autónoma de Nuevo Leon, ( 1961-1966), Estudios de Post-Grado de Administración Pública en la Universidad de Gorge Washington, D . C ., ( 1973-1974), Maestría en Administración Pública del Desarrollo Urbano en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, ( 1978-1979). Maestro de la Facultad de Derecho de la U . A. N. L ., Derecho Romano, (1968-1971), Teoría Gene,al del Estado, ( 1969-1971 ), Introducción al Derecho, ( 1976) , Derecho Constitucional (1976_), M~_estro ~e la Facultad de Comercio en: Derecho Fiscal, ( 1969), Teoria del Derech~ Y Leg1slac1on civil, (1979), Instituciones del Derecho, ( 1979), Coordinador de la Maest · ~e A~ministración Pública de la Facultad de Comercio y Administración, (1979), Jefe d~:: Div,s,on de Estudios Superiores de 1~ Facultad de Der!'cho y Ciencias Sociales, ¡ 1 9 7 91, irector de la Unidad de Reforma A.dmin,strat,va, Gobierno del Estado, (l979). 10 11 �En el segundo grupo de reformas las principales modificaciones a la Ley fueron: en el sistema previsto en el Artículo 4o., para el nombramiento de funcionarios y empleados, se concentró la facultad de expedirlos en el Oficial Mayor por acuerdo del Ejecutivo, suprimiendo esta facultad reservada anteriormente a los titulares de las Secretarías que eran asistidos por la Oficialía Mayor y con la opinión de la Secretaría. Ejecutiva de la Comisión de Administración Pública. En las atribuciones de la Secretaría General se reforman los inicios respectivos, la palabra "Protección" por la de "Seguridad", como garantía que se le debe de dar a los habitantes de Nuevo León. Asimismo a esta dependencia se le da el apoyo de dos Subsecretarías Generales. La Secretaría de Servicios Sociales y Culturales es modificada en su nombre convirtiéndose en la Secretaría de Educación y Cultura y restando a su competencia lo relativo a deportes, salud y asistern,ia. El artículo 140. que contemplaba las atribuciones de la Secretaría de Fomento Económico y Obras se ve reformado totalmente para enumerar la competencia de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Planificación. Se adi~iona un Artículo 140. Bis A, relativo a la Secretaría de Obras Públicas lJ Proyectos estando a cargo de esta Secretaría todo lo relacionado con la construcción de obras públicas del Estado y se agrega también el 140. Bis B, en donde se define la compet~ncia de la Secretaría de Fomento Económico. Estas tres Secretarías se formaron por la distribución de las atribuciones que en materia de fomento, obras y planificación tenía la Secretaría de Fomento Económico y Obras. En el Artículo 150. relativo a la Oficialía Mayor la atribución de estadística y procesamiento de datos se trasladó a la nueva Secretaría de Fomento Económico y se otorgan atribuciones para la creación-de la Unidad de Reforma Administrativa, con amplias facultádes ~¡ ~ Ja materia, que sustituye a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 'de Ad~nistración Pública. Se definen en la Ley; materia y competencia de las siguientes direcciones: Fomento Agropecuario, anteriormente las atribuciones de este órgano administrativo era competencia de la Secretaría ce Fomento Económico y Obras, y dependía dr i:ísta; Servicios Coordinados de Salud Pública que se encontraba b, -' la dependencia de la Secretaría de Servicios Sociales y Culturales; Dirección de Deportes y Recreación Popular cuyas atribuciones correspondían a la Secretaría de Servicios Sociales y Culturales; y Bosques y Parques Estales de nueva creación. Todos los titulares de las dependencias administrativas nombradas en el Artículo 210. integran la Comisión de Administración Pública del Estado y dependen directamente del Gober nador del Estado. Otra reforma importante contenida en este Decreto fue que designaron al Comité Promotor del Desarrollo Socio-Económico del Estado de Nuevo León (COPRODE), como el organismo responsa ble de la coordinación con las dependencias federales. El tercer grupo de reformas fueron; lo. las atribuciones que para la dirección de la Imprenta de Gobierno y para organizar y vigilar el desempeño de las funciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio que se daban a la Oficialía Mayor pasaron a. la Secretaría General; segundo se crea la Direcció'n Jurí dica Consultiva que anteriormente dependía del Procurador General de Justicia, como un apoyo directo al Ejecutivo y el titular de la misma pas::. a formar parte de la Comisión de Administración Pública. Lo anterior es una descripción general de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado que nos situa en la nueva disposición de la misma ; explicar las causas de cada una de estas, será materia de comentario de los siguientes artículos_ ~én 12 B'BL!Ó~GA CFNTRAL 13 �ARMANDO GARCIA GAMEZ ADICIONES Y REFORMAS A LA LEY DE AMPARO El siete de enero del año actual ( 1980} se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las adiciones y reformas a la Ley de Amparo, que revisten interés general en virtud de la práctica constar:ite y ascendente del Juicio de Amparo por parte de los abogados postulantes, quienes encuentran en el proceso constitucional de garantías o de soberanía, el más preciado instrumento para la salvaguarda de los derechos subjetivos públicos que la Constitución Política del País consagra en favor de los gobernados. Las enmiendas a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales se enfocan a veinte artículos, que en seguida se citan: So., fracc. IV. 29 fracc. II, 56, 81, 84 fracc. I, 88, 90, 102, 106, 131, 136, 187, 188, 193, 195 y 195 Bis. también los artículos 179, 181, 182 y 184 fracc. l. El artículo So. fracción IV, se refiere a que: " El Ministerio Público Federal intervendrá cuando el caso afecte a su juicio el interés público y en los demás casos podrá hacerlo para la pronta y expedita administración de justicia. En los asuntos en 'que intervenga podrá interponer los recursos legales. El artículo 29 Fracc. II, ordena, que al Procurador General de la República y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a los Tribunales Colegiados, se les notificará por medio de oficio el primer auto recaído en los expedientes respectivos. El artí~ulo 56 concede derecho a las partes en el juicio de amparo, para acudir al Presidente de la Suprema Corte de Justicia o ante el Presidente del Tribunal Colegiado exhibiendo copia certificada de la demanda de amparo, para que resuelva la incompetencia de un Juez de Distrito respecto de un amparo cuyo conocimiento corresponda a un Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia. El artículo 81 decreta una multa de mil a diez mil pesos, LIC. ARMANDO GARCIA GAMEZ.Maestro de Amparo de la U.A.N. L ..• Miembro del Instituto Mexicano del Amparo. 15 �que podrá imponerse al quejoso, a su representante o a ambos o al abogado, cuando se dicte sobreseimiento o se niegue el amparo por haberse interpuesto la demanda sin motivo. El artículo 84 se refiere a la competencia de la Suprema Corte de Justicia para conocer del Recurso de Revisión, estableciéndose en el inciso a): Concierne a la Suprema Corte de Justicia conocer del recurso cuando se impugne una ley por estimarla inconstitucional o cuando se combata una ley emanada del Congreso de la Unión, vigente en todo país o en el Distrito Federal, correspondiente el conocimiento al Pleno de la Suprema Corte. Establecida jurisprudencia, las revisiones pasarán por turno al conocimiento de las Salas, que observarán la jurisprudencia. En caso de abandonar la Jurisprudencia por razones graves, las Salas las darán a conocer al Pleno de la Corte, para que resuelva el caso. Cuando se impugne una ley de los Estados, conocerán del recurso las Salas de la Suprema Co.rte, según el turno que lleva la Presidencia. Emitida una tesis, se hará del conocimiento de las demás Salas las cuales en caso de sustentar criterio diverso, lo harán del conoc~ie~to del Pleno de la Corte, para que resuelva lo conducente sin afectar situaciones jurídicas concretas derivadas de sentencias ~ronunciadas con anterioridad. En el inciso e) determina: Cuando la autoridad responsable en amparo administrativo, sea Federal si se trata de asuntos cuya cuantía excede de un millón de pesos o de' aquelllos que revistan importancia trascendente para el interés nacional, a juicio de la Suprema Corte, cualquiera que sea su cuantía. El artículo 88 se adiciona en sentido de que: En el caso en que el Juez d~ Distrito haya declarado ejecutoriada la sentencia por falta del aviso a que se refiere el párrafo tercero, se desechará el recurso de revisión. El artículo 90 se reforma como sigue: Admitida la revisión por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de las Salas y hecha la notificación al Ministerio Público, se observará lo dispuesto por los artículos 182, 183 y del 185 al 191. Admitida la revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito Y notificadó el Ministerio Público, el propio Tribunal resolverá lo procedente dentro del término de quince días. El artículo 102 expresa: Cuando la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Colegiado de Circuito desechen en su caso el recurso de queja por notoriamente im16 procedente o lo declararen infundado por haberse interpuesto sin motivo, impondrán siempre al recurrente o su apoderado o a su abogado o a ambos, una multa de mil a diez mil pesos, salvo que el amparo se promueva contra los actos citados en el artículo 17. El artículo 106 menciona lo siguiente: El quejoso podrá solicitar que se dé por cumplida la ejecutoria mediante el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido. El Juez de Distrito oyendo en vía incidental a las partes, resolverá lo conducente y si procede la forma y cuantía de la restitución, señalando un plazo final para el acatamiento de la ejecutoria. El artículo 131 se adiciona en el sentido de que: No son aplicables al incidente de suspensión las disposiciones relativas a la misión de pruebas en la audiencia constitucional; no podrá exigirse al quejoso la proposición de la prueba testimonial en el caso en que proceda su recepción.- El artículo 136 se reforma en el sentido siguiente: Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas o por la Policía Judicial, responsable de algún delito, la suspensión se concederá si procediere, sin perjuicio de que se haga la consignación que corresponda. Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable si no se le concediere el amparo. Si la orden de aprehensión se refiere a delitos sancionados con pena cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión, la suspensión sólo producirá el efecto de qué el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar que este señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para los efectos de la continuación del procedimiento penal. El Juez dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso, para evitar que se sustraiga a la acción de la Justicia y en todo caso deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 20 fracción I de la Constitución. Las partes podrán objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo. En los casos previstos en el artículo 204, se considerará hecho superveniente la demostración de la falsedad del informe previo y el Juez podrá modificar o revocar la interlocutoria en que hubiese concedido o negado la suspensión. En estos casos deberá dar vista al Ministerio Público Federal. 17 �Conviene en este punto expresar nuestro comentario de las enmiendas y adiciones a los preceptos de la Ley de Amparo antes ci tados, es de verse que se refieren hacia las notificaciones que deben hacerse al Procurador General de la R~pública y a los Agentes del Ministerio Público Federal adscritos a los Tribunales Colegiados del Circuito del primer auto dictado por dichos Tribunales en los juicios de amparo directo, interviniendo el Ministerio Público Federal cuando el caso afecte a su juicio, el interés público. Se han elevado las multas para los quejosos y sus abogados en una tasa de mil a diez mil pesos, quedando propiamente al criterio subjetivo del Juez de Distrito, del Tribunal Colegiado o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ausencia de motivo en la demanda de amparo, sin que puedan contarse con bases razonables o lógicas o supuestos normativos idóneos en que apoyar al criterio del juzgador. La oscuridad del precepto puede ocasionar sanciones injustas. Tratándose del amparo contra leyes, se concede a la Suprema Corte de Justicia de la Nacion el conocimiento del recurso de revisión en lo tocante a Leyes Federales, conociendo el Pleno y en lo referente a Leyes Estatales la revisión debe ser resuelta por las Salas de la Suprema Corte. En amparo administrativo, se establece la cuantía de un millón de pesos o la importancia o trascendencia para el interés nacional, respecto del recurso de revisión que debe conocer la Suprema Corte de Justicia. También se estatuye una multa de mil a diez mil pesos para los quejosos, representantes y abogados tratándose de quejas desechadas por improcedencia notoria o que se declaren infundadas, habiéndose interpuesto sin motivo. En este particular se reitera que será una apreciación unilateral por parte del Tribunal Federal de revisión, el que se utilice para la imposición de la multa y su cuantía. La más trascendente de las reformas, en nuestro concepto es la que se contrae a los artículos 131 y 136 de la Ley de Amparo, porque esas normas contemplan la suspensión del acto reclamado y la segu!!da de ellas, opera respecto de la suspensión en materia pen~l: El texto anterior del artículo J36 de la Ley de Amparo establecía: Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a dispo18 sición de la Autoridad que deba juzgarlo cuando el auto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste en los casos de detención por orden de autoridades administrativas, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento y para los efectos que expresa el párrafo anterior. En los casos de detención por mandamiento de autoridades judiciales del orden penal, o de auto de prisión preventiva el quejoso podrá ser puesto en libertad bajo causión conforme a las leyes federales o locales aplicables al caso. Ahora bien, el principio que rige la procedencia de la suspensión cuando en amparo se reclaman actos de autoridades administrativas o no judiciales, que afecten la libertad personal del agraviado, consiste en que es obligatorio para el Juez de Distrito otorgar dicha medida, en forma provisional, conforme al párrafo final del artículo 130 Y párrafo segundo del artilculo 136 de la Ley de Amparo. Si la privación de la libertad no ha sido ejecutada, debe suspenderse para el efecto de que no se detenga al agraviado, sin perjuicio de que se le consigne judicialmente por el delito que se le atribuya. El Juez de Distrito debe decretar las medidas de aseguramiento que considere adecuadas, tendiente a evitar que el quejoso se sustraiga a la acción de las autoridades responsables. Si la detención se hubiese realizado, el Juez de Distrito puede poner al quejos~ en libertad provisional, decretando las medidas de aseguramiento convenientes para que el agraviado no se sustraiga a la acción de la Justicia. La concesión de la suspensión provisional o de la definitiva contra los efectos de una orden de aprehensión o de un auto de formal prisión respecto de la libertad personal del quejoso, en el caso de que no haya sido detenido, ha provocado múltiples comentarios muchas veces desfavorables para lo~ Jueces de Distrito que otorga~ el beneficio suspensional, llegándose a considerar que ello implica un obstáculo para la administración de justicia, que coloca a los delincuentes en una aparente situación de impunidad. Por ende, debe analizarse jurídicamente tal cuestión. En primer lugar la suspensión c_~ntra una orden judicial de aprehensión o un auto de formal pris10n, debe concederse siempre a petición del quejoso. En segundo 19 �lugar, deben aplicarse las disposiciones contenidas en los artículos 124, 130 136 y 138 de la Ley de Amparo cuya interpretación jurídica conduce a la conclusión irrebatible de que el Juez de Distrito tiene facultades y prudente arbitrio para conceder o negar la suspensión provisional del acto reclamado, decretando las medidas que -éstime convenientes para el aseguramiento del quejoso a fin de que éste no se sustraiga a la acción de las autoridades responsables si no se le concede la suspensión definitiva, siendo dichas medidas, la garantía pecuniaria, la comparescencia periódica ante el Juez del Amparo o ante las autoridades responsables, el arraigo, la vigilancia policíaca e inclusive reclusión en el sitio que determine el Juez Federal. Para conceder o negar la suspensión definitiva contra los efectos o consecuencias de una orden judicial de aprehensión o de un acto de formal pi::isión en lo tocante a la libertad personal del agravio que no ha sido privado de ella el Juez de Distrito debe determinar, si en el caso concreto, no se perjudica el interés de la sociedad, ni se vulneran nor mas de orden público, pues tales supuestos contemplan la suspensión. Conforme a la doctrina sustentada por el Dr. Ignacio Burgoa y que estimamos acertada, el artículo 136 de la Ley de Amparo, no establece disposiciones sobre la procedencia de la suspensión definitiva, pero ni siquiera de la suspensión_provisional, sino que estatuye reglas respecto a la eficacia, o alcance de los diversos casos que dicho precepto contempla y que se refiere a las afectaciones de la libertad personal por actos futuros inminentes o pasados, provenientes de autorid~des judiciales o administrativas y aludiendo a la orden judicial de aprehensión o al auto de formal prisión reclamados en amparo, el otorgamiento o negativa de la suspensión definitiva en lo que atañe a la libertad personal del quejoso se norma por el artículo 124 de la Ley de Amparo, precepto que es aplicable en todos los casos en que se trata de la suspensión a petición de parte. La Tesis Jurisprudencia! Número 661 del Apéndice al Tomo én 98, reiterada en la Compila9ión de 1965 bajo el número 181 y el Apéndice 1975, bajo la Tesis 185, sostiene la idea de que; por modo absoluto la suspensión 9ontra cualquier acto que afecte o restrinja la libertad personal debe concederse independientemente de la naturale20 za del delito que se atribuya al quejoso y de la gravedad de la pena correspondiente, si bien dicha jurisprudencia se apoya en una interpretación errónea del artículo 136 de la Ley de Amparo, que, repite, contiene reglas de eficacia o extensión de la medida suspensional perro de ninguna manera las normas de procedencia de la medida, las cuales establecen propiamente en los artículos 124 y 130 de la Ley de Amparo. Resulta-pertinente anotar que en noviembre de 1955, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitió una circular, mediante la cual altera o varía la Jurisprudencia que el propio Alto Tribunal había sustentado en relación con la procedencia y alcance de la suspensión en los juicios de amparo en que se reclaman actos que afectan la libertad personal del agraviado; y mediante la citada circular, que se formuló como un estudio aclaratorio o de orientación para los. Jueces de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, se mantiene el criterio de que la suspensión es improcedente contra actos que afectan o restrinjan la libertad, cuando el delito que se atribuya al agraviado se sancione con una penalidad media aritmética mayor de cinco años de prisión, contradiciendo así la finalidad de las medidas de aseguramiento que el Juez de Distrito puede decretar conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo y aún contrsU"iando las normas expresas que sobre la suspensión se consignan en los artículos 122, 124 y 130 de la Ley de Amparo, quyo texto es claro e imperativo, El Maestro Burgoa en su obra el Juicio de Amparo destaca que la procedencia de la suspensión se estatuye en los artículos 130 (suspensión provisional) y 124 (suspensión definitiva) de la Ley de Amparo. Que los Jueces de Distrito pueden conceder o negar la suspensión provisional contra los efectos y consecuencias de una orden judicial de aprehensión o auto de formal prisión en lo que atañe a la libertad personal del quejoso conforme a las reglas establecidas en los preceptos antes citados. Que el acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de Noviembre de 1955 es contrario a la Constitución General de la República y a la Ley de Amparo. Por consiguiente, al introducir el legislador federal en la en21 �mienda de 1980 al artículo 136 de la Ley de Amparo el criterio que se contiene en la referida Circular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, restringiendo la suspensión del acto reclamado en los amparos en ques se reclaman órdenes privativas de la libertad, sin verificar las necesarias reformas o adiciones a los artículos 124 y 130 de la Ley de Amparo, la mencionada enmienda deviene antitética de las normas de procedencia de la suspensión del acto reclamado que se establecen en la Ley de Amparo, mutilando las facultades legales de los Jueces de Distrito para conceder el beneficio suspensional contra órdenes de aprehensión o derivadas de una formal prisión, mediante las medidas de aseguramiento convenientes en el caso, máxime que la reforma resulta confusa, cuando alude a que en los casos de aprehensiones por delitos sancionados con pena cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar que éste señale, lo que puede interpretarse en sentido de que el Juez Federal debe conceder la suspensión mediante reclusión domiciliaria del agravido. Creemos que resulta necesario qué los Colegios de Abogados, y el Instituto Mexicano del Amparo realicen un detenido y sabio estudio de las cuestiones relacionadas con el nuevo artículo 136 de la Ley de Amparo, a fin de que sea certeramente reformado, ante la antinomia de dicho precepto con los artículos 124, 130 y 138 de la Ley de Amparo. Sin incurrir en hipérbole, pensamos que la reforma al artículo 136 de la Ley de Amparo, constituye sin quererlo una cárcel ominosa para el amparo indirecto en materia penal, lo cual contradice el espíritu mismo de la institución, esencialmente concebida como un sistema protector de la libertad. Conviene enfatizar que somos herederos en Nuevo León de un rico patrimonio de ideas liberales que nos han legado los próceres juristas de las generaciones precedentes a las nuestras. Por ello los abogados de Nuevo León ligados a nuestro pasado histórico, a las preocupaciones del presente y tramitando ahora el futuro, de las nuevas generaciones, con fé inquebrantable en la ~qsticia y decidido esfuerzo, debemos continuar luchando simpre por la libertad dentro del Derecho. 22 �CESAR GARZA ANCIRA LA HUELGA- REFORMAS DE 1980 Es indudable que en la tarea singular de impulsar el progreso dentro "de la Ley, respetando la libertad, afirmando el derecho social y realizando la justicia, ocupan un lugar relevante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. El derecho de huelga es una de las más grandes conquistas de los trabajadores en su lucha permanente por las reivindicaciones sociales y por el mejoramiento de clase. INTRODUCCION En todo estado de derecho, una de las tareas de más elevada jerarquía de la Administración Pública consiste en procurar la actualización -de las normas jurídicas para atender los requerimientos sociales propios de cada momento histórico. La legislación del trabajo no puede ser un derecho estático, sino, al contrario, para llenar su función tiene que ser un derecho dinarmco cuyo objetivo podría sintetizarse en la frase de André Malraux: "justicia social en la libertad". La Exposición de Motivos de la Iniciativa destaca: " El derecho es la norma de convivencia por excelencia. Las normas que rigen el proceso para alcanzar la justicia deben obligar a la eficiencia. No basta con la posible aplicación de una norma, también es menester que ello se haga con justicia; y es necesario que se norme con apego al derecho, con rectitud y que se haga con oportunidad, porque la misma experiencia histórica ha demostrado que la justicia que se retarda es justicia que se deniega.. La paz social a cuyo mantenimiento pueden contribuir las reformas y adiciones propuestas a la Ley Federal del Trabajo, es un presupuesto necesario para que el desarrollo del país alcance su plena realización". En estas páginas sólo ofreceremos un enfoque de síntesis de las reformas procesales relativas al procedimiento de huelga. 24 Se ha verificado una completa reestructuración del Derecho Procesal del Trabajo, como parte de la Reforma Administrativa que se encuentra en curso. Advertimos, que por razones de técnica jurídica se reubicaron varios artículos que regulan el procedimiento de huelga y que actualmente se encuentran incluidos en la parte substantiva de la Ley. Se dan nuevas normas relacionadas con el ejercicio del derecho de huelga, evitando el trámite de emplazamientos cuando ya existe un contrato colectivo de trabajo depositado anteriormente y aplicable a la empresa; así como prórrogas excesivas. Se incluyen reformas y adiciones muy relevantes en esta materia que recogen la experiencia de los Tribunales de trabajo y de los sectores directamente interesados. El procedimiento de huelga en términos generales es similar al que se sigue ahora. La experiencia ha comprobado que las normas vigentes son adecuadas para reglamentar los preceptos constitucioLIC. CESAR GARZA ANCIRA.Académico de Número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo. Académico de Número de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del T,·abajo. Miembro de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo. Catedrático de la Maestría de Derecho del Trabajo en la Universidad Regiomontana. Catedrático de los Cursos de Pre-especialización de Derecho Social en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 25 �cionales. Sin embargo, como hemos mencionado con antelación se modifican algunos textos. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO DE HUELGA. La huelga es un procedimiento que permite a los trabajadores obtener la solución de un conflicto colectivo de trabajo, lo que quiere decir que no es, en sí misma, el conflicto, sino su manifestación externa y un procedimiento para buscar su solució'1; de ahí la necesidad de que los trabajadores huelguistas planteen el conflicto al patrón; indicándole sus peticiones. El escrito de emplazamiento de huelga· es el documento que contiene el planteamiento del conflicto y el anuncio de que si no se da satisfacción a las peticiones, se suspenderán los trabajos. En el texto del artículo 920 se precisa que el procedimiento de huelga se inicia mediante la presentación del pliego de peticiones. Conciliación y Arbitraje o las Autoridades mencionadas en la fracción II del artículo 920, bajo su más estricta responsabilidad harán llegar al patrón la copia del escrito de emplazamiento dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de su recibo. Esta ampliación del término de veinticuatro a cuarenta y 09ho horas no significa un retroceso, por el contrario denota una aceptación a la realidad que lleva el propósito de ver que la Ley se cumplimente en forma exacta. Las reglas de derecho no están recluidas en los Códigos como en una vitrina; están operando en la vida de los hombres donde para conocerlos no basta conocer la fórmula ni aprender la historia; hay que verlos .operar , es decir , ver como se comportan los hombres respecto a esa regla, no sólo aquellos a quienes toca mandar sino también a quienes corresponde obedecer. El objeto de la ampliación obedece incuestionablemente al incremento de los conflictos de huelga y al estudio que tiene que hacer el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje y los trámites pertinentes al tenor del numeJi:Í 923, y en su caso, desechar el escrito de emplazamiento de huelga que encuentre adecuación en alguna de las hipótesis previstas por el juzgador. REQUISITOS DE FORMA. INTERVENCIQN PERSONAL DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA. El artículo 920 que establece los requisitos de forma dispone que deberá sefialarse el día y la hora en que se suspenderán las labores, o el término de pre-huelga. La fracción II del citado precepto determina que la autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente ( cuando la empresa o establecimiento estén ubicados en lugar distinto al en que resida la Junta), dentro de las veinticuatro horas siguientes, a· la Junta de Conciliación y Arbitraje; y avisará telegráfica o telefónicamente al Presidente de la Junta. El precepto 921 dispone que el Presidente de la Junta de 26 El artículo 923 faculta al Presidente de la Junta de Conciliación Y Arbitraje a no darle trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando éste sea presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo, o el administrador del contrato ley. Sobre el particular, considero muy acertado el que la Ley reconozca expresamente un efecto importante a la titularidad de los contratos colectivos, fortaleciendo así a las organizaciones sindicales; Y evitando al mismo tiempo planteamientos de huelga que no corresponden al verdadero interés de lus trabajadores cuyo centro de labores va a suspender actividades. 27 �Se autoriza también en el citado dispositivo 923 al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje para desechar el escrito de emplazamiento de huelga cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. Cabe apuntar al respecto lo relevante que resulta detentar el contrato colectivo de trabajo, además de que como afortunadamente lo contempló el legislador en la hipótesis la vía elegida por el promovente no es la adecuada. El no detentar el pacto colectivo, impide a la organización emplazante realizar la huelga, ya que cuando más, tiene acción para pedir la titularidad y administración del citado contrato, reclamación que debe tramitarse en la forma debida, sin constituir alguno de los motivos consignados en el artículo 450 de la Ley Laboral. Pues no es el procedimiento de huelga el medio idóneo para obtener del patrono el reconocimiento de la personalidad del sindicato emplazantl!, sino el procedimiento especial que establece la Ley (Arts. 892 a 899) en el que demuestre tener la mayoría de los trabajadores y en el que se oiga y se venza al sindicato que en el momento detente el pacto colectivo. Si se le diera trámite la dectaración de existencia implicaría la nulidad del contrato colectivo y, como consecuencia, la desposesión deí derecho adquirido por las partes contratantes, sin ser oídas, ni vencidas en juicio. Siendo pertinente añadir que el punto relativo a cuál de los smdicatos en pugna sea el que tenga derecho a administrar el contrato existente o celebrar otro, no toca decidirlo al patrón. En resumen, el artícuÍo 9::3 recoge las experiencias de los tribunales en la materia, y resuelve un problema que había recibido soluciones contradictorias, pues mientras que el H. Tribunal Col~ do del Tercer Circuito sostie~e: Huelgas. Presidentes de Juntas. Deben dar trámite a los pliegos de peticiones y emplazamientos.- "De aceptarse que el Presidente de una Junta tiene facultades para negarse a dar trámite a un pliego de peticiones y a un emplazamiento de huelga, es tanto como facultar a éste para declarar previamente la inexis• 28 tencia o ilicitud del movimiento, cosa que es inadmisible". (Tribunal Colegiado del Tercer Circuito. Amparo en revisión 114/72. Sindicato de Empleados y Agentes de Ventas de Inds. ubicadas en el Edo. de Jal. y éoags. 8 de mayo de 1972.- Unanimidad de votos.-Ponente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Tribunales Colegiados Séptima Epoca, Volumen 41, Sexta Parte, Pág. 55). En cambio, el H. Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito ha resuelto en diversas ejecutorias: "No puede aceptarse que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sean meros amanueces, obligados a poner en práctica las facultades que la Ley establece; por el solo hecho de que se presente escrito sobre emplazamiento de huelga. Como al admitir y darle curso a un emplazamiento de huelga se determina la existencia de providencias y circunstancias excepcionalmente importantes, la Junta antes de admitir y darle curso al ·escrito de emplazamiento de huelga, debe examinar si -están satisfechas las exigencias fundamentales que la Ley previene, entre ellas, examinar si los emplazantes tienen la calidad, la legitimación que la Ley requiere para el ejercicio del derecho de huelga, toda vez que la personalidad de los actos jurídicos es un presupuesto elemental de procedibilidad y cuando éste falta, es evidentemente notoria la improcedencia de cualquier acción que se pretenda ejercitar, debiendo en este caso el órgano jurisdiccional, rechazarla de plano; sostener lo contrario, sería tanto como derrumbar lé1$ bases que sostienen el equilibrio entre el capital y el trabajo" ( Tribunales Colegiados. Séptima Epoca. Volumen 23. Sexta Parte, Pág. 27). CASOS DE EXCEPCION' El artículo 924 correlativo del actual 453, introduce una importante reforma en el sistema en práctica, que justifica el firme propósito de evitar que una institución jurídica al servicio de la justicia social, se desvirtúe con fecuencia. El espíritu protector de los derechos de los trabajadores, que se encuentra en el origen de este artículo se ha conservado plenamente. El precepto 924 establece los casos de excepción en que pue29 �de ejecutarse una sentencia, practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio en contra de la empresa o establecimiento, o secuestrar bienes del local en que se encuentren instalados, no obstante haberse verificado la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, cuando antes de estallar la huelga se trate de: I. Asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemnizaciones salarios pensiones y demás prestaciones devengadas, hasta por el'imprte d~ dos años de salarios del trabajador. II. Créditos derivados de la falta de pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 111. Asegurar el cobro de las aportaciones_que el patró~ tiene obligación de efectuar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores; y IV. Los demás créditos fiscales. . En todos estos casos, es evidente que se trata de proteger un interés de muy alta jerarquía desde el punto de vista social, ya que es posible que el privilegio contemplado de que a partir de la notifi~~ ción del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga no podra ejecutarse sentencia alguna, etc., pretenda utilizarse en forma indebida como medio de eludir el cumplimiento de obligaciones legítimas, de~irtuándose con ello, gravemente los fines de beneficio colectivo que persigue la Ley; y que en realidad el emplazamiento de huelga constituya sólo una mampara o escudo de protección para intereses particulares deleznables. Advirtiéndose, que en el último párrafo de este precepto que utilizando las palabras del eminente Jurista Francesco Carnelutti: "Hay ·que mirar, remirar y volver a mirar", se precisa que en todo caso las actuaciones relativas a los casos de excepción señalados, se practicarán sin afectar el procedimiento de huelga. UNA SOLA PRORROGA. Se estipula en el artículo 926 que la prórroga de la huelga debe necesariamente ser solicitada por los trabajadores para que la Junta la conceda, y sólo se admite por una vez. El precepto de mérito 30 evita prórrogas excesivas en el procedimiento que acarrean perjuicios para ambos factores de la producción. En la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (marzo-junio 1979, Núm. 1) sustentamos la tesis de que el período de prehuelga no podía estarse prorrogando en forma indefinida, esgrimiendo como argumentos "Que el efecto y la prohibición de embargar a que se refiere el actual 453 de la Ley de la Materia, no puede generar eternidad, dado que ese concepto se contrapone al texto del artículo 17 Constitucional que claramente nos habla de cuestiones que tienen principio y fin. Que si el legislador tuvo por socialmente útil no caonsgrar la perpetuidad de las acciones iniciadas, tampoco pudo querer esa perpetuidad en el tiempo para los términos. De aceptarse la tesis de que las huelgas se pueden prorrogar sistemáticamente, se caería en el despropósito de marchar contra la estabilidad y fijeza que deben revestir los estadios procesales, los cuales así nunca tendrían consistencia ni seguridad. De tal manera que hay un imperativo categórico, una razón de intéres público, social, una necesidad útil en que las oosas ocurran contra la tendencia y la actitud que nuestra crítica provoca. Bajo ese perfil, la conducta colectiva de prórroga indefinid~ por ru motivación y fines no corresponde arquetípicarrrente a Ia dinámica del ejercicio del derecho de huelga. Hay que buscar la armonía de la sociedad que se da como lo dijo el Benemérito, en el respeto _del derecho ajeno, nada más". Reafirmamos nuestra tesitura en diferentes Foros Académicos señalando: "Que si el derecho del trabajo responde a un ideal de justicia social, si las peticiones en la huelga tienen como exigencia fundamentl la de ser concretas, actualizantes y prepondera en el proceso de calificación el principio de brevedad procesal, y es evidente que la filosofía jurídica, las reglas de interpretación, los argumentos de equivalencia y aún de mayoría de razón vienen a ser aplicables a las normas procesales de mérito, debemos concluir que el período de prehuelga no puede estarse prorrogando en forma indefinida. Que ello no implica, limitar o restringir el derecho reglamentado sino adecuarlo a su verdadera naturaleza y alcances, constituyéndolo en un 31 ��RECUENTO UNICOS CON DERECHO A VOTO. to de huelga mediante el laudo respectivo en cuanto al fondo de la rnisma, para que cese la paralización procesal de los conflictos de naturaleza económica y la de las solicitudes que se presenten. 'El artículo 931 fracción II determina que los únicos que tendrán derecho a votar en la prueba del recuento son los trabajadores de la empresa que concurran al mismo. Ya la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria dictada en el Amparo directo 669/1972 había establecido: "De acuerdo con el artículo 462 frac' ción IV, de la Ley Laboral, en el recuento de los trabajadores únicamente se tomará en consideración el voto de los que hayan concurrido al mismo, no así el de los que faltaron, quienes deberán sujeterse al resultado de aquél". (Amparo directo 669/1972. Sindicato Nacional de la Industria del Acero, Hierro, Manufacturas Metálicas, Metales y Similares de la República Mexicana. Mayo 10 de 1972. 5 votos. Ponente: Mtro. Euquerio Guerrero López. 4a. Sala Séptima Epoca, Volumen 41, Quinta Parte, Pág. 35 ). GUARDIAS PERMANENTES Como en el procedimiento de huelga todos los días y horas serán hábiles, la Junta tendrá guardias permanentes para tal efecto (Art. 928 frac . III ). EXCUSAS. Como los miembros de la Junta no son denunciables en los términos del artículo 710 de la Ley Laboral, ni se admiten más incidentes que el de falta de personalidad, debe entenderse que no cabe que se excusen de los conflictos de huelga, aunque se encuentren comprendidos en alguno o algunos de los ~upuestos a que se refiere el artículo 707 de la propia Ley invocada ( Art. 928 frac. IV ). RESOLUCIONES DE INCOMPETENCIA. En las resoluciones de incompetencia se hará saber a las par~es que ·1as actuaciones conservarán su válidez, pero el término para la suspensión de las labores, correrá a partir de la fecha en que la Junta designada competente notifique al patrón haber recibido el expediente (Art. 928 frac. V ) . NOTIFICACION A LOS TRABAJADORES DE LA RESOLUCION DE INEXISTENCIA Cuando la Junta declara la inexistencia del estado legal de huelga, fijará a los trabajadores un término de veinticuatro horas para que regresen a su trabajo, que deberá notificarles por conducto de la representación sindical {Art. 932 frac. II ). HUELGA, CONTINUACION DE LABORES Y DESPIDO DURANTE EL ESTADO DE. CARGA DE LA PRUEBA. \ Si la empresa se paraliza desde cierta fecha en virtud de un movimiento de huelga, ello implica que se suspénden las relaciones de trabajo, atento lo establecido por el artículo 447 de la Ley Federal del Trabajo. Así, si un trabajador afirma que continuó prestando sus servicios a la negociación después de que estalló la huelga y que en el lapso de huelga fue despedido, a él corresponde demostrar tales afirmaciones, que presuponen un estado de excepción a la situación que es consecuencia obligada al estado de huelga, y si no logra tal demostración, debe absolverse a la empresa. TESIS IMPORTANTES SUSTENTADAS POR LA SALA LABORAL, DURANTE EL AÑO DE 1979. Huelga inexistente, regreso de los trabajadores a las labores en caso de. Carga de la prueba. El artículo 463 ( 932) de la Ley Labo- 34 35 �ral establece: "Si la Junta declara la inexistencia legal del estado de huelga: I. Fijará a los trabajadores un término de veinticuatro horas, para que regresen al trabajo". Lo anterior significa que la disposición de la ley impone a los trabajadores la obligación de presentarse al centro de trabajo y si este hecho es negado por la contraparte, corresponde a los trabajadores demostrar su comparecencia al lugar de sus labores dentro del término que señala el artículo en cita, si fue fijado en la resolución de la Junta que declaró la inexistencia de la huelga y fue notificada oportunamente a las partes. patrón. . (Amparo directo 974/73. Transportes Urbanos Círculo Rojo. S. A.-4 de septiembre de 1979. Unanimidad de 5 votos. Ponente: Mtro. Santiago Rodríguez Roldán. H. Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). (Amparo directo 6031/78. Benigno Rincón Mora y otros. 16 de abril de 1979. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Alfonso López Aparicio. Secretario: Carlos Villascán Roldán ). Huelga, resoluciones durante el procedimiento de. "Como las resoluciones tomadas por una Junta durante el procedimiento de huelga, son completamente ajenas al juicio laboral que se plantea con motivo del sometimiento que los trabajadores hacen ante la misma para que decida el conflicto que la motivó; resulta que sólo se puede impugnar en Amparo Directo el laudo de la Junta en que arbitra sobre el conflicto laboral que le fue sometido a su conocimiento y decisión". (Amparo directo 3835/78. Artes Litográficas, S. A. 10 de septiembre de 1979. 5 votos. Ponente: Juan Moisés Calleja García. Secretario: Silvia Pichardo. Precedente: Amparo directo 3122/79. Hotel del Monte. 5 de septiembre de 1979. Ponente: Alfonso López Aparicio. Secretario: Carlos Villascán Roldán). PAGO DE SALARIO CAIDOS. Por disposición del artículo 937 de la Ley Federal del Trabajo, la huelga termina con el laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y consecuentemente la reanudación material de las labores enla empresa, acontecimiento de- realización impredecible, no deber ser tomada en cuenta para la condena a los salarios, pues es posible que las labores permanezcan interrumpidas por causas no imputables al 36 37 �NICOLAS MARTINEZ CERDA EL JUE4 GARCIA ROMERO El nombramiento de Magistrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de don Luis García Romero, "replantea el tema del hombre ante la justicia que imparte". El ideal completo, para realizar una pronta y regia administración de justicia, es el de tener buenos jueces y buenas leyes. Dino Grandi en relación al proyecto del Código Procesal Civil italiano acota: "La reforma de las Leyes es ante todo una reforma de hombres". El ilustre español don Luis Jiménez de Asúa, solía decir que él prefería un juez a lo magnaud, que el ininmejorable proyecto del código penal de Ferri, y yo pienso que ante una disyuntiva y parodiando al maestro español, yo prefiero un juez honorable, sabio viril e insobornable como lo ha sido don Luis García Romero, que el más moderno proyecto de Código Penal, en el que se consagre las orientaciones filosóficas y jurídicas de la dogmática penal, si ese ordenamiento es aplicado, por quienes han llegado a las altas jerarquías jurisdiccionales por el favor político, vislumbrando su pavorosa orfandad jurídica, "y se r~ordean en las altas jerarquías como si la justicia no sirviese para defender la Constitución sino la hacienda y la conciencia de los políticos; pero hoy nadie se acuerda de ellos, sino es para conmiserar sus mezquinidades. "Que la historia os perdone como yo os perdono", decía implacable el emperador. He detestado el elogio aéreo, el ditirambo al igual que el Sr. Lic. García Romero, pero con providad intelectual he sabido manifestar mi profundo reconocimiento, a quien por su saber, y por su Lic. Nicolás Martinez Cerda.- Agente del Ministerio Público Federal. 39 �brillante actuación nos merece el respeto y la admiración, y el juez García Romero desde el sitial que ha ocupado durante muchos afios en el Poder Judicial Federal y en charlas, ha dejado muestra desusaber y de su ingenio poco común que se esparce y fascina a quienes convivimos con él, y sus sentencias de amparo, son defensa a las Garantías Individuales por medio del Juicio de Amparo, y al igual que los grandes Jueces de Distrito de ayer ha protegido, a base de golpes de cinsel nuestra Constitución. Cronos otorga ya dilatadamente el cargo de Magistrado de Circuito al Sr. Lic. don Luis García Romero, no obstante haber dedicado con pasión su vida a ia Justicia de la Unión, llevando con alta dignidad la toga del juzgador federal, en él no hay flaquezas, no hay halagos, no hay servilismo, y ante la palabra insinuante del político es admirable su austeridad, porque es un hombre de formación, un hombre que asume posiciones en base a ideales; y ante al autoritarismo y ante la influencia, sus sentencias son claras y terminantes. Lejana pero meritoriamente le es concedida por el Pleno de la Suprema Corte la Magistratura, en su largo peregrinar pasa por la Secretaría y Juez de Primera Instancia, Ministerio Público Federal y Juez de Distrito. Como profesionista, nutre su vida estudiantil en la Universidad de Morelia, ahí se forja en las disciplinas jurídicas y aprende la noción de la dogmática del Derecho, posteriormente en la UNAM, estudia filosofía y ahí conoce a Eduardo García Maynes. En la · Universidad de su Estado que es Michoacán, en el área de las humanidades toca el mérito de presentar al gran escritor don Alfonso Reyes, y la presentación no es casual, pues ya Goethe había subrayado que sobre los grandes hombres solamente deberían hablar los que fueran tan grandes como ellos. En el Poder Judicial Federal se sostiene con su pernsamiento audazmente avanzado, apreciando los hechos, valorando las pruebas con señera lógica-jurídica, pues el juic;:io silogístico del positivista don Porfirio Parra encuentra eco en don Luis García Romero. En una época en que hay ausencia de valores universales, de valores nacionales, en una época en que Ministros del Supremo Co40 legio ya consagrados, fallan y salen de la Corte para militar y enrolarse en los artificios del juego de la política; en tiempos en que dolorosame_n te esa crisis como avalancha desumanizadora invade la universidad, convirtiéndolas en burla de la cultura, en una época en que "ni hay exégesis, ni hay ·escuela científica sino farsantería", la figura mode~tísima y al mismo tiempo hierática, de don Luis García Romero, se convierte para la vida tribunalicia y para el foro nacional, en vivo ejemplo, ahí está el testimonio de reconocimiento del maestro Ignacio Burgoa, porque el juez ascendió en base al mérito con solidez moral y cultural, y aunque sus fallos en ocasiones los calificaran de injustos o se inconformaran con ellos, nadie le reprochará su convicción, como Ministerip Público Federal adscrito al Juzgado Segundo de Distrito del que fuera su titular el Sr. Lic. Luis García Romero, le impugné en ocasiones sus fallos, había disentimientos de ideas , de concepciones, y entre ambos se comprendía que las funciones son unas Y que la amistad es un valor de mayor jerarquía, pero jamás hice juicio crítico de su convicción plasmada en su acto jurisdiccional; porque lo conocía de tiempo y porque sabía que ha representado la dignidad de la Toga; su dilatado ejemplo en la Judicatura es opuesto al de los "Jueces obsecuentes con sus pasiones y con el ejecutivo o postulantes sin consciencia o políticos. Don Luis García Romero ha sido Juez y lo que es f undamental, ha sabido serlo, con sentido del deber aplica al emblema lógico la grandez del espíritu, que humaniza la pena impuesta en su sentencia, sin tjue ello implica una trasmutación al ámbito legislativo, En~ carrera judicial, consciente de que la dignidad humana vive, si los encargados de hacer justicia cumplen con su deber, más de una vez, tiene problemas con sus superiores, y en cierta época con el Presidente de la Corte, hay constancia de ello en los informes del alto colegio, y se sostiene en el imperativo de lealtad de su conciencia y en la in terpretación justa de la Ley de Amparo, conviviendo la suspensión provisional como una medida cautelar, para dar en el caso de los Vallejistas, vivencia jurídica social a la ética y a la justicia, interpretando la Ley sin llegar a convertirse en su creador, Aquí defiende Garante e imperturbable la independencia del Poder Judicial, Una corte sumisa es una dependencia del ejecutivo "que conspira contr~ la Cons41 �titución y crea una justicia circunstancial modesta y oportunista. José Angel Ceniceros afirma: "En determinadas épocas, cuando hay corrupción de la Administración de Justicia como reflejo de una corrupción mayor en otros sectores de la vida pública, una adecuada interpretación de la Ley, parece ocupar un lugar secundario ante el hecho de la conculcación de la Ley misma, de la violación de los preceptos que ella contiene, no por error de interpretación, ni por conflictos del juez con el hombre, sino por venalidad, por ceder al soborno o a la influencia del que tiene el poder". (Ley e Interpretación). No tarde pero si lejano se le ha nombrado Magistrado a don Luis García Romero, y como conocedor de la filosofía, del Derecho y de la dialéctica desempeñará su cargo con el argumento convincente, con la réplica pronta y justa y si es necesario también hiriente porque de su bagaje cultural brota la palabra fácil y ática, y hablará' con su verdad subjetiva y apasionada. Don Luis García R~mero no discursea, "ni hace reverencias, como que sabe de la alta dignidad del encargo, y aunque no alardea de ello, conoce de sus méritos intelectuales y morales. No es un menesteroso a quien se le dispense inopinado favor, ni llega de la política a aprender Derecho", ni ha salido del sector obrera, ni ha sido general para llegar a ocupar el alta sitial de la magistratura, él ha sido un perceverante catedrático, fue funcionario judicial de provincia y como Juez de Distrito sus sentencias son monumentos de equilibrio, sobriedad y de sabiduría, "a las cuales se dirigían afanosos los estudiantes en busca de la prísti: na verdad, los togados en persecución de una idea que les confirmase su criterio o fuese tan convincente que les hiciese desistir su propósito". Tiene artículos académicos de revista, pero falta por publicar las diversas monografías que tiene en preparación, y porque no decirlo que serán el puente para llegar al Tratado. El maestro J. Ramón Palacios en torno a la inamovilidad nos dice que esta institución exige de los mejores jueces "no olvidemos que en LOS ESTUDIOS, el isigne Carnelutti acotaba que si es desgracia un mal postulante, encarna un perjuicio de poca entidad compa42 rado con el de un mal juez, porque mientras aquél puede ser eliminado del patrocinio, el juez seguirá en todos los negocios siendo juez . .. Rabasa. el gran constitucionalista mexicano, al comentar la designación de Marshall como Ministro de la Corte Norteamericana, expresa: "El Presidente Adams, al nombrarlo, sabía que designaba a un hombre de grandes cualidades; pero no creyó,seguramente, que aquél era el acto más trascendental de su gobierno para el porvenir de la Nación". En nuestro país continúa diciendo el ilustre maestro Palaciospodríamos parafrasear, pidiendo a nuestros Presidentes, que al designar a cada Ministro, crean fundada e indudablemente sin que el tiempo los desmienta, que están haciendo honor a un jurista de los mismos anhelos y saber de Vallarta, que marcará indelebles los rumbos luminosos de la libertad y el imperio de la Constitución para honra de·la Nación... Que cada Magistrado se sienta el Vallarta en ciernes ( se refiere a los Magistrados de los Estados recordando a León Guzmán) , que defienda con énfasis, valentía, honestidad y sapiencia, la justicia de sus sentencias y el decoro de la Magistratura. Si el funcionario no siente palpitar en el fondo de su alma sana, perenne pasión por la búsqueda del Derecho y la impartición de la justicia, aún a costa de una vida mediocre, relegada, que sólo compensará el recuerdo de las pósteros cuando se haya ido para siempre; ése, el que es ajeno a la noble frucción que agita el alma del estudioso cuando encuentra, o creá el menos, hallar la verdad; ése, el que no puede con vocación in declinable renunciar a los vanos homenajes, a los honores inmerecidos, a las promesas innobles, a los silencios cómplices, y emitir su voto desafiando al poderoso, ése, el que no trepida con la inmensa tarea de la justicia; que no mancille con su aceptación un cargo que no le corresponde y que arroje, como Neso, una Toga que no le pertenece. Símbolo de la Magistratura, la Toga mancha si se lleva estampado el compromiso o no es la justa recompensa al mérito; ¡nunca 43 �hace digno al indigno! Salud amigo, maestro y Juez García Romero, "que alcanzasteis lo que d~be poseer el juzgador; estar más allá de todo temor Y de toda esperanza". JORGE MONTEMAYOR SALAZAR LA TRIPLICIDAD DE FUNCIONES DEL PODER ESTATAL Sumario: 1.-Las funciones del poder. 2.-Funciones formales y materiales. 3.- La funciC:,n legislativa. 4.-Consideraciones sobre la función ejecutiva.. 5.-La función jurisdiccional. l. Las Funciones del Poder Funciones del Poder son ejercicios de expresión potestativa que el Estado lleva a cabo en cumplimiento de su tarea. Para la exteriorización de esas manifestaciones, la potestad pública se vale de medios orgánicos específicamente constituidos. Sus atributos y competencias están precisados expresamente en la ley. Las funciones del poder, al surgir por medio de diversos órganos, evitan que su ejercicio pueda concentrarse en perjuicio de la integridad política y social del pueblo. Aunque un solo órgano podría ser el encargado de la expresión potestativa, esto no es conveniente en vista de que todo concentramiento de poder inclina hacia el despotismo y la arbitrariedad. El uso del poder estaría supeditado más a la voluntad de un hombre que a los imperativos de una ley justa y estable. LIC. JORGE MONTEMAYOR SALAZAR Catedrático de Teoría Gral. del Estado Y Derecho Constitucional de la Fac. de Derecho y Ciencias Sociales de la U. A. N. L. 44 45 �Son tres las funciones del poder: La legislativa, la gubernativo-administrativa y la judicial. Por medio de estas tres funciones, el poder del Estado se transmite y obra en el pueblo. Todo acto de poder se identifica con esta clasificación tripartita de funciones. El funcionamiento de la legislación asegura al ciudadano la presencia de leyes generales y obligatorias que norman y encauzan los comportamientos sociales. Un poder ejecutivo que promueva Y proyecte la tarea de administración y gobierno, permite una mayor confianza en el diario convivir del hombre en sociedad política. Los problemas del hombre con el hombre o de éste con el Estado, no deben de perturbar la paz pública; es por ello necesario depositar en una función judicial el atributo de juzgar y sentenciar. Cada función, con su respectivo campo de competencias, participa del poder contenido en el Estado. No se trata, como se ve, de que cada "función" sea un "poder" distinto e independiente. El poder es indivisible en su naturaleza; por tanto es imposible pensar en la existencia de diversos poderes en la actividad autoritaria del Estado. 2. FUNCIONES FORMALES Y MATERIALES En su ejercicio, las funciones del poder tienen dos aspectos, el uno formal, el otro material. En virtud del primero las funciones son calificadas de acuerdo no a ·su naturaleza, sino en atención al órgano que las realiza. El segundo aspecto-sentido material- se toma en cuenta analizando el contendio mistno de la acción potestativa expresada. Las manifestaciones del poder, reunen en su objetividad los aspectos material y formal. Existen algunos casos en donde el sentido formal y material no concuerdan en el ejercicio de una función determinada. Cuando, por ejemplo, el ejecutivo desarrolla, en cumplimiento de la ley, una función que por su contenido material es tipicamente judicial, se dice: "Es un acto formalmente ejecutivo, materialmente judicial". Este caso no sólo se_ presenta en la tarea ejec1:1tiva. Las tres funciones del poder, en cumplimiento del _o.rden jurídico, pueden desarrol4tr en algunos casos, funciones que materialmente no concuerden con su aspecto formal. Ello, sin embargo, no perturba el sentido y marcha del poder. El aspecto formal se funda en su dispositivo legal. Está surgido de la realidad preceptiva 46 del derecho. Se apega a lo que las n_ormas señalan. Brota de las disposiciones jurídicas que otrogan al órgano de poder su competencia o atribución. El aspecto material es juicio, consideración o estudio de contenidos concretos. Estas situaciones que se observan en el ejercicio del poder, no representan, en ningún momento, intromisión de las funciones entre sí. Se trata de experesiones de autoridad fundadas en facultades jurídicas que la ley concede a los órganos potestativos del Estado. Presentes las condiciones que la ley señala para que el órgano intervenga, éste estará en aptitud legal de hacerlo. La expresión de las -funciones descansa, fundamental y esencialmente, en el respeto y obediencia de la ley. 3. LA FUNCION LEGISLATIVA La vida del Estado, en donde los sucesos políticos y sociales se originan continua e intermitentemente, requiere de un conjunto de normas legales -justas y apropiadas- que encaucen eficazmente su existencia y trayectoria. El orden de las leyes es necesario, pues estando establecidas, los miembros de la comunidad conocen expresamente sus derechos y obligaciones. La legalidad se constituye en principio directriz de la expresión político-social. Todo acto, sea del Estado o del particular, debe de apegarse a los lineamientos preceptivos del derecho. La norma jurídica, como regla de conducta y observancia obligatoria, nunca ha sido ajena a ninguna forma de organización política. El Estado, como principal gestor del bien público, debe de enmarcar su acción y la de los ciudadanos en un cuadro de firme legalidad. Los principios de la ley llevan ese propósito y emergen de la misma sociedad política que los desea e instaura. De aquí que los contenidos de las normas -sean permisivas, impertivas, sancionadoras o prohibitivas- deban de estar apegadas a la realidad social de donde afloran. La ley, en cuanto protectora del orden y la seguridad socio-política, no debe hacer concesiones en menoscabo de su tarea. Su función es específica. Si la norma jurídica aparece ante nosotros con visos de especial Y trascendente importancia, es necesario que el encargo de la función legislativa se deposita en un cuerpo colegiado llamado con47 �greso, el cual suele estar formado por dos partes denominadas cámaras. Cada una de ellas posee un ámbito propio de competencias. En algunos asuntos pueden conocer indistintamente cualquiera de las dos. En otros, es necesario que resuelvan conjuntamente. En un sistema parlamentario: cámara alta y cámara baja. Las representaciones legislativas son puestos de elección popular. Los miembros de cada una de las cámaras son elegidos por el pueblo, para que ejerzan su cargo durante el tiempo que señala la ley. Las sesiones que realiza el congreso pueden ser: ordinarias y extraordinarias. Los dos períodos de sesiones son indicados por la ley. Los períodos ordinarios están prefijados concretamente en la norma legal. Los períodos ordinarios están prefijados concretamente en la norma legal. Los períodos extraordinarios existen condicionados a la presencia de ciertas circunstancias que la misma ley señala. En estas reuniones las cámaras conocen -entre otros asuntos- de los proyectos de ley que les han sido presentados. Relizadc el estudio y discusión de los mismos, el órgano legislador puede reformarlos, aprobarlos o recharzarlos: El jefe del ejecutivo y los legisladores suelen tener la facultad de proponer proyectos de Ley. Iniciación, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación e iniciación de la vigencia son pasos sucesivos que se presentan en la cración de la norma. Constituyen el proceso elaborativo de la ley. Las funciones ejecutiva y legislativa intervienen en el desarrollo de este procese. La iniciación se presenta cuando las autoridades competentes proponen al Congreso un proyecto de ley para su estudio y resolución. Las cámaras que reciben el proyecto deliberan y discuten sobre si es de aprobarse o no. Aceptado el proyecto de ley, se configura el tercer aspecto del proceso legislativo: la aprobación. Esta aprobación por parte de las cámaras, debe de ser sancionada por el ejecutivo. Aprobada y sancionada, la ley se promulga y se da a conocer a todos aquellos que deban acatarla. La publicación de la norma es requisito indispensable para que la misma pueda ser conocida por ·todos los ciudadanos. Al expedirse la ley se indica, en su texto, la fecha en que habrá de empezar a surtir sus efectos. Ese momento marca la iniciación de su vigencia. 48 Realizado totalmente el ciclo .formativo de la ley, ésta surge con ciertos rasgos o características que le proporcionan su auténtico sentido. Esas características son las siguientes: La generalidad , la abstracción, la impersonalidad y la permanencia. Toda ley carente de estas notas distintivas, debe ser negada como tal. Los medios de impugnación establecidos para esos casos nos confirman lo anterior. ~ ley es general, pues se aplica a todos aquellos que se encuentren en las condiciones previstas por la misma. Es abstracta e impersonal porque su existencia se perfila a orientar, ordenar y encauzar acontecimientos naturales o humanos de interés para el derecho y no a imponerse indebidamente a alguien en particular. Los efectos de las disposiciones legales se producen al realizarse sus supuestos normativos. La norma g~neral -por otra parte- no se agota o .termina en su ejerc1c10, es permanente. A diferencia de esto último, la ley privativa se extingue con su ilegal aplicación. Este tipo de leyes, al tiempo que socavan la seguridad política y jurídica del gobernado, desvirtúan la esencia misma de la ley. Arremeter y atentar contra la libertad, la seguridad, la igualdad jurídica, no es tarea que competa a la norma de derecho. El principio de legalidad encuentra un fuerte apoyo en la justicia y generalidad de la ley. Los sistemas para originar las leyes pueden diferir en uno o en varios de sus aspettos. Esto no obsta para que la función legislativa lleve a cabo su misión. La norma plasma las condiciones bajo las cuales la persona habrá de adquirir y ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones. Lo jurídico circunscribe- asimismo- la acción potestativa del Estado en el ámbito del derecho. Se dan en esta forma situaciones jurídicas precisas de consecuencias altamente provechosas para todo el conglomerado. Los vaivenes e inquietudes sociales originados en la ausencia de un derecho escrito, ceden al paso de un orden legal, firme y cierto. Las relaciones entre los particulares se normatizan y estructuran por medio de un derecho privado. El funcionamiento de la actividad del Estado y sus vinculaciones con los ciudadanos se formulan en un derecho público. "Ligada a un ordenamiento preciso, la acción de lá autoridad, ora en materia civil, ora en materia pública, se salva de los escollos de la incertidumbre, la incoherencia y la arbitrariedad partidarista. Todos los que, con cualquier 49 �calidad, están constreñidos al deber de la obediencia, súbditos o funcionarios, saben cómo deben conducirse. Por su parte, los gobernantes están dispensados de improvisar cada vez las soluciones necesarias. El método y la continuidad rigen el gobierno del Estado; la seguridad 11 y la confianza reinan entre los administrados • 1 lan de las nuevas realidades que laten en el pueblo. La ley, como obra humana, no puede prever todos los casos futuros, ni tampoco los cóntinuos cambios que se presentan en el panorama estatal. Es por ello necesario que el legislador esté siempre atento al desenvolvimiento colectivo. Los aspectos material y formal de la ley se hacen presentes en su configuración. En la normatividad legal se conjugan esencialmente y se nos ofrecen en la realidad preceptiva del derecho. No es posible, jurídicamente, pensar el uno sin el otro. La ley, en su contenido, deberá estar orientada al logro de los objetivos axiológico-jurídicos. El carácter formal de los preceptos del derecho emergerá del proceso de crea~ón jurídica que realiza el órgano de poder competente para ello. El precepto jurídico ideal es aquel en donde a lo formalmente válido se vincula un contenido intrínsecamente valioso. Adoptar un criterio formalista y fijar la atención en un formulismo independiente o ajeno a los contenidos normados, es una actitud errónea y peligrosa. Las disposiciones más descabelladas e injustas serían leyes con sólo haber cubierto las etapas gestativas de la norma. Ignorándose el contenido de las normas, éstas pierden en su proyección y trascendencia. Las prescripciones generales que la ley señala deben ser medios apropiados al mejoramiento y desarrollo social. Es por ello necesario que sus contenidos sean cotrelativos a tales fines. El insigne jurista español Francisco Suárez, al hablarnos de la ley nos dice que es: "Un precepto común, justo y estable, suficientemente promulgados". En esta breve definición se encuentran puntualizados -clara y objetivamente- los aspectos material y formal de la normatividad jurídica. 4. CONSIDERACIONES SOBRE LA FUNCION EJECUTIVA La acción y ejercicio de la función legislativa es siempre constante. Lo es porque las realidades políticas y sociales que normatiza son variables y fluyentes. El desarrollo social en todos los aspectos, provoca el surgimiento de nuevas y diversas situaciones comunitarias que el Estado debe de normar a fin de fortalecer el bien y la seguridad general. Las leyes del pasado, óptimas y eficaces en su tiempo, dejan de serlo cuando sus contenidos normativos se desvincu1 DABIN. JEAN, Doctrina General del Estado, Ed. Jus, México, 1955, P. 247. 50 Es común oír llamar función ejecutiva a aquella expresión potestativa que se realiza a través del órgano ejecutivo. No obstante, el término suscita diversas controversias. Se dice que esta función es mal llamada ejecutiva, debido a que la misma no sólo se concreta a ejecutar sino que tiene su propia facultad de iniciativa. Algunos la consideran como una función administrativa. tomando en cuenta la labor que desarrolla en la previsión y resolución de las necesidades sociales. Otros piensan que se trata de una función gubernativa debido a la amplitud de su tarea. Como se ve, existen los más variados criterios para calificar la mencionada función. Es tan general el horizonte y tan particular la terminología, que incluso se han hecho uniones o combinaciones, tales como: función político-administrativa-; función gubernativo-administrativa. Nosotros preferimos esta última consi' derando lo siguiente: A) Función ejecutiva. Designación imprecisa y confusa.-B) Función administrativa. Aunque en cierta forma administrar es gobernar, el calificativo sólo refiere un aspecto parcial y secundario.-C) Función gubernativa. Mención que denota al máximo la manifestación suprema del imperium estatal.- D) Función gubernativo-administrativa. La unión de conceptos - gobernación y administración- en vocablo compuesto, permite objetivar el significado propio de la función en forma precisa y fiel. Siendo tan distintos los argumentos y tan variadas las conclusiones que se pueden obtener, trataremos de precisar un sentido veraz de la función gubernativo-administrativa. El sentido y concepto de esta función ha sido esbozado y tratado por diversas teorías. Las definiciones sobre la misma son por tanto múltiples y diferentes. Las Teorías más nombradas son las siguientes: 51 �, la. Teoría de los fines. De acuerdo con esta concepción, las funciones del Estado se distinguen tomando en cuenta los fines que persigue la acción estatal. Así, la función legislativa crea ~l ~erec~o y la función judicial lo ampara. La función ejecutiva o adm1rustrativa resguarda los intereses del Estado. M. Hauriou, define -desde _u~ punto de vista finalista- la función administrativa com~:. "L~ ac~v1dad del Estado en cuanto se emplea en crear y hacer vivrr la institución del Estad~ ". 2 Otro de los exponentes de esta teoría, Arthur, expresa: "Administrar consiste en proveer por actos inme~~tos ~ i~cesantes a la organización y el funcionamiento de los servicios pubhcos". 3 Las definiciones expuestas no aciertan a precisar el sentido de la función administrativa. Se confunde el carácter de las funciones., Es oportuno indicar la diferencia que existe entre las funciones del Estado y las funciones del poder. Las primeras nos muestran los atributos del Estado orientados a la realización de los fines políticosociales: La paz, la seguridad, el bien público. Las segundas son actividades propias y determinadas que los órganos del Estado expresan en cumplimiento de su potestad. 2a. Teoría de la actitud especial del Estado en la función administrativa. El teórico alemán Paul Laband es su principal defensor. Según esta doctrina "La acción del Estado" se halla contenida en la expresión y ejercicio de la administración pública. La legislación Y la jurisdicción representan la voluntad y el pensamiento del Estado respectivamente. El Estado administra "En cuanto que aparece actuando". 4 El tratadista alemán nos dice: "Un Estado que se contentara con hacer leyes y dictar sentencias se dislocaría bien pronto; es que no puede cumplir la misión que le está impuesta por su fin, sino por acciones, de la misma manera que el individuo no realiza solamente la misión de su vida propia por su voluntad y su pensamiento, sino que también por su actividad. Es preciso que las leyes sean aplicadas; que las sentencias sean ejecutadas. Así, se opone a la legislación y a la justicia, la ejecución; a la voluntad y al peru;amiento del Estado, la 2 Ci tado por R . CAR RE D E M A LBERG, Teo ría general d e l Esta-:lo, Ed . F o ndo . d e Cu ltura actividad del propio Estado". 5 Consideramos que ninguna forma de organización estatal -por más rudimentaria que sea- es concebible s4i, que proyecte y ejercite las típicas funciones del poder. Las funciones potestativas del Estado no se cierran en sí mismas: todo lo contrario, en íntima· y estrecha colaboración participan en la consecuencia de su significativo fin. La situación que plantea Laband nos conduce a formular las siguientes preguntas: ¿ Puede haber ejecución sin legislación y justicia ? ¿ Acaso la actividad o acción no presupone pensamiento y voluntad? Si la administración es acción y la legislación juicio ábstracto ¿ cómo se puede explicar la interrogante anterior? 3a. Teoría que ve en la administración una función de ejecución de las leyes.- Esta tendencia de ver en la administración una función de ejecución legal, se reviste también de una idea finalista. Berthélemy nos dice que la administración es la actividad que desarrolla el poder ejecutivo para ejecutar la ley. Gabino Fraga, jurista mexicano, comentado esta teoría en su obra Derecho Administrativo se pregunta ¿ qué debe de entenderse por ejecución de la ley? Para responder a esta pregunta analiza dos posibles criterios de apreciación: lo. Se hablará de ejecución de la ley cuando la actividad que despliega está autorizada por una disposición legal. Se puntualiza el apego de la acción al derecho. 2o. La ejecución se formulará en las tareas de la administración para dar efectividad a las normas legislativas. Analizando el primer criterio, es de deducirse su imposibilidad para originar un auténtico sentido de la administración. Establece una igualdad finalista entre las diversas funciones. Si todas_se hallan autorizadas por las normas del derecho, tendrán que ser absolutamente ejecutivas - según este criterio doctrinal-, lo cual no es posible, dado el carácter específico de cada una de las funciones del poder estatal. Otro de los aspectos enjuiciables es el de confundir la autorización con la ejecución misma. No debe entenderse por Económi ca, México, 1948, p . 428. 5 3 Ibídem . Citado Por FRAGA, GABINO, D erecho A d ministrativ o , Ed . Porrúa, M éxi'<o, 1960, t. 1, c. v, N o . 45. 4 Ibídem. 52 53 �ejecutar la ley, usar de una autorización que ésta concede. Si así se hiciere se tendría que afirmar que los particulares también ejecutan la ley cuando celebran un contrato determinado. Considerando el segundo criterio, el maestro mexicano concluye que muchos actos que no se concretan meramente a ejecutar la ley, quedarían fuera de la función administrativa. Tomando en cuenta los resultados que se obtienen de esta teoría -o muy amplios o muy estrechos-, Gabino Fraga, considera que la misma no es de utilidad para dar un concepto acertado del ejercicio administrativo. 6 6 Por su endeble y errónea fundamentación, esta teoría es hoy rechazada universalmente. La administración no se puede concretar a la sola ejecución de la ley. Muchas de las acciones que desarrolla en su manifestación no concuerdan con tal sentido. Pensar al modo de Berthélemy es suponer -falsamente- que las leyes poseen especial y precisa contextura para prever sobre acontecimientos futuros e inciertos. La vida multifacética del Estado nos muestra diariamente la diversidad de nuevos hechos sociales que sin estar normados por las leyes, deben de ser regulados o vigilados por parte de la autoridad. El ejercidio de la función administrativa se hace presente en todas aquellas situaciones imprevisibles en donde el interés o la seguridad pública están en riesgo o juego. . 4a. Teoría de Duguit. Según León Duguit el acto subjetivo y el acto condición forman el contenido de la función administrativa. El acto-regla emana de la legislación. Por razón del efecto que producen los actos jurídicos pueden clasificarse en: Actos reglas, actos subjetivos y actos condición. En virtud de los primeros se crea, modifica o extingue una situación jurídica general. El acto subjetivo crea, modifica o extingue una situación jurídica individual. El tercer acto condiciona la aplicación de una situación jurídica general a un caso particular. Nos dice pues el jurista francés que la expresión ad- ministrativa se efectúa por medio de actos subjetivos y actos condición. Como se ve, el maestro de Burdeos aprecia el funcionamiento administrativo desde un punto de vista plenamente jurídico. Reconoce, sin embargo, la influencia e importancia de los actos materiales que la administración lleva al cabo. 5a. Teoría que distingue entre las funciones formales y las funciones materiales. De acuerdo con un criterio formal, la función se determina observando el órgano legalmente competente que la produce. La función material se deduce del fondo mismo de la acción ejercitada. Con el fin de captar el sentido intrínseco de la función administrativa, un grupo de juristas ha analizado los principios y fundamentos de la misma y expresado luego sus juicios personales al respecto. Tratando de mostrar las diversas apreciaciones que sobre el tema se han hecho, anotarnos algunas de las planteadas. G. Meyer, nos dice que la administración comprende todas las decisiones que regulan un asunto particular o un caso individual. Seligmann, declar'l que se hace imposible la delimitación entre la legislación y la adm:nistración, si se aparta uno de la idea de que la ley estatuye a título general y el acto administrativo a título particular. Esmein, define el acto administrativo como un "acto particular". Duguit, afirma que "El acto administra.tivo es siempre un acto individual y concreto". Jéze, sostiene que el acto administrativo tiene por carácter distintivo "referirse a un caso particular". La administración, para León Duguit, es una función que crea "situaciones jurídicas especificas". La ley representa un derecho objetivo: norma general y abstracta. La administración apegada y de conformidad con la ley, expresará su tarea competencia!. El acto administrativo es necesariamente una decisión particular y concreta. 7 Algunos autores -Paul Laband, George Jellinek, Maurice 7 6FRAGA, GABINO, Derecho Administrativo, Ed. Porrúa, México, 1960, t . 1, c, VI, No. 43. 54 CAR RE DE MALBERG, R . Teoría general del Estado, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1948, pp. 433, 434. 55 �Hauriou- creen que el acto legislativo y el acto administrativo, pueden tener indistintamente un alcance general e individual, pero que no tienen la misma materia. Para ellos "El conjunto de prescripciones que fijan los derechos y las obligaciones de los individuos forman el orden jurídico y legal del Estado. Toda decisión tomada dentro de los límites de este orden jurídico y legal del Estado. Toda decisión tomada dentro de los límites de este orden jurídico es una manifestación de la actividad administrativa del Estado".ª Los contenidos de la acción administrativa, sean de carácter general o particular, se harán presentes dentro de un régimen jurídico existente. Estos autores ven en la administración un medio para cumplimentar las leyes. Observan también el apego que profesa a las mismas. Destacan y reconocen el poder amplísimo que tiene para tratar y resolver -dentro de la ley y en su ámbito de competencias- los asuntos de más urgencia y necesidad en el Estado. George Jellinek, en su obra Teoría general del Estado, nos dice: "Dentro del círculo de actividad administrativa cuyo contenido está determinado por la ley, existe un elemento de actividad libre junto a la actividad jurídicamente reglada. Las acciones , en el primer caso , no tienen otra norma que el deber que corresponde a los órganos del Estado, pero no puede ser constreñida por ninguna clase de principios jurídicos especiales. La administración jamás es mera ejecución· o aplicación mecánica de reglas generales a casos particulares, precisamente porque no es exclusivamente actividad autoritaria, sino que lleva en sí actividad social. La administración posee, por tanto, un campo de libre iniciativa, que puede ser limitado por reglas jurídicas, pero cuyo contenido no es determinable por esas reglas. La administración, en sentido material, contiene ... dos elementos: el de gobierno y el de ejecución. Aquél contiene la iniciativa y reglamentación; éste la aplicación de lo ordenado" .9 La teoría que distingue las funciones en su materia y en su forma se inicia en Alemania, transmitiéndose inmediatamente a todos lo& Estados. El amplio concepto que en el caso concreto de la admi8 9 1bid, p. 435. JELLINEK, GEORGE, Teoría general tal, S. A ., México, 1958, pp. 503-504. del Estado, Compailia nistración establece, revela su propiedad y certeza. Con suma claridad analiza los más diversos aspectos del ejercicio administrativo. por sus méritos es hoy la teoría más reconocida y aceptada. Una vez descritas las principales teorías que sobre la función administrativa se han expuesto, es necesario adoptar una posición respecto a su naturaleza y precisar sus principales aspectos y características. El panorama que nos muestran las diversas concepciones puede parecernos desarmonizado. Sin embargo, no impide que nuestra atención fije, en forma concreta y fiel, los puntos más sobresalientes y aceptables de las mismas. Puede decirse, por tanto, de la función gubernativo-administrativa lo siguiente: lo. Se expresa por medio del órgano ejecutivo. Su tarea es "Obrar doquiera que la necesidad de intervención se manifieste; proveer, prever, preparar: en lo ordinario y en lo extraordinario, en el interior y en el exterior, todos los días sin discontinuidad". 10 2o. La actividad de la función gubernativo-administrativa está subordinada al orden preceptivo del derecho . Comúnmente, en su expresión, produce efectos legales de creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas particulares. 3o. Su tarea puede ser considerada desde los puntos de vista formal y material. El primero nos remite a la competencia legal del órgano de poder. 4o. La actividad de la función gubernativo-administrativa comprende tanto la ejecución de leyes, como la expresión de la más amplia facultad para reglamentar y organizar su servicio. En el campo del ejercicio administrativo es posible detectar dos tipos de actos: el meramente material y el estrictamente jurídico. Editorial Continen- 10 OABIN , JEAN, op. cit. p, 245. 57 56 �5. LA FUNCION JURISDICCIONAL La vida diaria de la comunidad se orienta en sus más diversas expresiones por un orden jurídico legalmente establecido. El respeto al mismo propicia la paz y tranquilidad del todo social. Cuando la seguridad y el orden de la comunidad es perturbado gravemente o se está ante la posibilidad de que lo sea, el Estado debe de intervenir a fin de proteger el bienestar colectivo. La existencia y fomento de un adecuado y dinámico régimen de justicia es tarea fundamental en la constante acción del Estado. El derecho norma la convivencia humana. La ley establece preceptos generales frente a los cuales estamos comprometidos. Hacemos mención de esto tomando en cuenta el carácter tutelar que la función jurisdiccional tiene para con el derecho. El Estado, por medio de la función jurisdiccional, se avoca al conocimiento y resolución de todos aquellos casos en donde el derecho ha sido ofendido o está en vías de serlo. Interviene también para esclarecer situaciones dudosas de derecho o para declarar condiciones de obligatoriedad. Un requisito indispensable debe ser cubierto para que el órgano judicial pueda conocer e intervenir en asuntos de su competencia: debe solicitarse·-por parte de interesado- expresamente su ejercicio. La promoción de parte es condición previa a la actuación judicial. Este derecho que se tiene de poner en movimiento la maquinaria judicial es llamado: Derecho de acción. Por medio de él,· el accionante ejercita la facultad de pedir a los órganos jurisdiccionales la aplicación de las normas jurídicas al caso concreto, con el propósito de decidir y resolver sobre el hecho y derecho cuestionados. "El derecho de acción es -según Rocco- un derecho subjetivo público, del individuo para con el Estado, que tiene como contenido substancial el interés abstracto a la intervención del Estado para la eliminación de los obstáculos, que la incertidumbre o la inobservancia, de la norma aplicable en el caso concreto, puede oponer a la realización de los intereses protegidos. Objeto de este derecho es la prestación, por parte del Estado, de su actividad jurisdiccional para 'la realización forzosa de los intereses de tutela cierta ". 11 Siendo la función jurisdiccional la encargada de juzgar y decidir en derecho, la autodefensa o venganza privada al mismo tiempo que prohibida se hace innecesaria. fundamental y La actividad jurisdiccional se manifiesta esencialmente a través de un proceso normado por la ley. Se asegura, jurídicamente, el conocimiento que debe tener el juzgador sobre los hechos o actos cuestionados. Se protege, así mismo, la igualdad que ante la ley tienen las partes para comparecer en juicio y hacer defensa de sus pretenciónes. El juez tomando en consideración los elementos de convicción surgidos durante el proceso, dictará su resolución final. La sentencia judicial se confirma como verdad legal al no impugnársele en el término que la ley establezca o al no existir medio para ello. La sentencia es el acto característico de la función jurisdiccional. El proceso sirve de medio a la consecución de aquélla. La sentencia y sus efectos crean una situación jurídica determinada. "El Estado, por medio de las funciones legislativa y administrativa, crea situaciones jurídicas que deben, dentro de la normalidad de la vida social, ser voluntariamente respetadas. Cuando ese respeto voluntario no existe, cuando esas situaciones o los actos que las engendran son motivo de duda, de controversia o de violación, el Estado debe de intervenir para evitar que los particulares lleguen a imponer por la fuerza su derecho, a hacerse justicia por su propia mano". 12 En estricto apego a la ley, la función jurisdiccional desarrolla su ejercicio a fin de conservar el orden del derecho. Como se ve, la presencia de la función jurisdiccional es imprescindible en la vida del Estado. El desarrollo social sólo puede propiciarse en un ambiente de confianza, paz y seguridad. La función jurisdiccional de la potestad estatal constituye de manera significativa a ello. 11 12 58 DE PINA, RA FAEL Y CASTILLO LARRAÑAGA , JOSE , Der echo P1ocesal Civtl, fcl. Porrúa, México, 1958, P. 1 3 2. FRAGA, GABINO, op. c it., PP. 49-50. 59 �La misión de juzgar es reconocida como una de las tres funciones por las que el Estado expresa su poder. No obstante, algunos tratadistas del Estado han discutido sobre ella en sentido muy singular. El profesor belga Jean Dabín en la parte especial de su obra: "Doctrine Générale de l'Etat. Eléments de Philosophie Politique". ( C. l. Secc. II, No. 158 ) expone tres planteamientos en donde los autores: Maurice Hauriou, R. Carré de Malberg y Eismen, discurren sobre la función jurisdiccional en forma equívoca y poco feliz. las funciones manifestativas del poder. La misma, no puede ser desconocida como tal. Sus motivos de existencia y sus fines de ejercicio, están identificados con el propósito esencial de todo Estado: El funcionamiento adecuado y cabal de una responsable administración de justicia. Maurice Hauriou, le niega el carácter de función política tan solo porque se circunscribe al campo de lo contencioso. Ignorando que zanjar conflictos, por medio del proceso, es también función necesaria a_la realización de los fines políticos. R, Carré de Malberg, manifiesta que la función jurisdiccional no constituye, en el Estado, una función distinta. Su principal argumento: La solución de los conflictos no es monopolio de los jueces. Señala que existen algunas otras autoridades que se encargan de decidir sobre cuestiones de derecho Y, en consecuencia, de desempeñar un papel jurisdiccional. Malberg, confunde las funciones con los órganos. Las funciones en su aspecto formal y material pueden no coincidir sin que por ello dejen de ser expresadas por los órganos de poder competentEtS legalmente para hacerlo. Eismen, por último, pretende reducir la función jurisdiccional a una supuesta función ejecutiva, de la que aquélla fuera una rama. El juzgador obra en ejecución de lo que la ley señala. Eismen, incurre en el engaño de no apreciar el proceso como medio y la sentencia como resultado. La labor del juez durante el juicio y al dictar sentencia, no es tan sólo la de aplicar fríamente las disposiciones de la ley. Toma en consideración todos y cada uno de los aspectos presentados durante el proceso para conformar su criterio decisional. Ni el proceso es un incidente de ejecución, ni el juez un mero ejecutor de la ley. Juzgar es cosa distinta que aplicar la ley. La función jurisdiccional está plenamente caracterizada. Es por ello impugnable todo intento de someterla o incorporarla a otra de 60 61 �RAUL RANGEL FRIAS "LA SOBERA.NIA CONSTITUCIONAL" * El inesperado honor que me concede la presencia de todos los que aquí me hacen compañía, me obliga a que dedique estas brevísimas palabras de preámbulo para dar las gracias al Sr. Director de la Facultad de Derecho, a los señores Profesores que se han dignado asistir, a los compañeros estudiantes y a los amigos todos. Nunca menos que ahora puedo ofrecerles el contenido de estudios que pudieran contribuir a iluminar tesis académicas o hacer avanzar capítulos de la ciencia del derecho constitucional, mucho menos en un momento en que por constancia propia he podido darme cuenta que ·está presente en la ciudad de Monterrey un distinguido maestro, un singular jurista de gran talento y capacidad como es el Lic. Tena Ramírez. Sea todo ello menos que excusa, un modo de presentar con las menores pretensiones estas reflexiones que voy a hacer, derivadas de mi ocupación durante toda la vida a la cosa púbJica. Desde mi época de estudiante de esta Universidad y la de México, como posteriormente, el hilo conductor de todo lo que he podido realizar está transido de un significado público. Y nada más natural que dentro de ese significado de ocupación pública a que he sido lle- Incluida en este número en homenaje al LX 111 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 y reconocimiento de esta revista a la personaltdad acadétnica del Maesuo Raú l Rangel Frias. • Versión taqu igráfica de la Conferencia p ronunciada en el Auditorio de la Facultad de Derecho y C iencias sociales de la U. N. L .• el día 2 1 de fcb1e10 de 1967. 63 �vado -unas veces de profesor o de consejero universitario o bien de funcionario público- haya tenido una re,lación intek.ctua1 y otra de experiencia con los factores históricos, políticos y económicos que fraguan esta compleja sociedad mexicana a la cual pertenecemos. I No creo que toda la sabiduría esté ni remotamente contenida en los libros. Soy además un entusiasta de las contribuciones que afloran de los niveles inferiores hasta las más elevadas cumbres de la vida económica y social, para la integración de una personalidad mexicana que cada día se apunta más segura en el horizonte del tiempo; y es por ello que sin la pretensión académica de quien domina una ciencia como es la jurídica y particularmente el campo del Derecho Constitucional, puedo justificar mi presentación en este anfiteatro como la aportación de un hombre que ha tenido una experiencia pública, que puede por lo tanto, independiente de lo que contengan los libros. los tratados y las historias, ofrecer un aporte a esa dilucidación que se va haciendo de los grandes y de los pequeños temas mexicanos. La soberanía constitucional, que hoy nos parece un tema de puro carácter académico, fue un pendón de contienda y una bandera en el camino a través del cual se ha ido efectuando la organización del Estado mexicano. Bajo el nombre técnico y conceptual de soberanía se oculta una intensa corriente de entusiasmo de fervores y de inquietudes, que producen la Independencia mexicana y posteriormente la Reforma e incluso la Revolución · de 1910. Esa idea casi geométrica de la Soberanía tiene un contenido palpitante de interés histórico y de verdad política; y no sólo es el patriotismo exclusivo de los juristas, al estilo de un purista como Duguit u otro como Kelsen. Podría incluso desaparecer bajo fórmulas substitutivas de mayor rigor y de mejor eficacia en la organización del cuerpo constitucional. Pero los conceptos y las palabras del hombre están teñidas de su emoción; y la emoción está teñida de su combate, a veces de su victoria como en otras de sus derrotas. La Soberanía como tema expreso de reflexión jurídica nace en una época de grandes conflictos europeos. Afloran las fuerzas que van a transformar la sociedad medieval o post-medieval en la sociedad industrial que posteriormente se finca en Inglaterra y toma su mayor desarroJlo en este siglo. Pero antes de que se realicen materialmente los postulados de la ciencia y de la técnica contemporánea, el hombre parece prepararse y se ensaya filosófica y politicamente a despejar el camino para que puedan avanzar los descubrimientos hacia su culminación efectiva. En esa época de grandes transformaciones, se parte en pedazos el edificio conceptual jurídico que había dejado la Edad Media como legado a la Europa Occidental. El Imperio es un esquema de organización jurídica, que tomado del viejo Derecho Romano permite a las naciones incipientes de aquel vasto territorio dar una especie de forma o comunidad internacional a los diversos tipos de conflictos y de choques que entre ellos se suscitan. Lo mismo pasa a la Iglesia, que a su vez se apoya en igual estructura; ha devenido a través de mil años en nuevo complejo de relaciones sociales, políticas y culturales que van a llenar las nacionalida.des. Al forjarse la personalidad francesa, la nacionalidad inglesa y restantes, está abriéndose paso una revolución espiritual que todavía, incluso, no termina en nuestros días. Se ampara bajo el lema de libre examen religioso servirá posteriormente para apoyar las pretensiones a la limitación del poder despótico y autocrático de los gobiernos de Inglaterra y de Francia. Esgrimen los juristas el concepto de soberanía como una tesis de réplica y no simplemente de pura invención académica, para hacer frente a una serie de problemas concretos e históricos, particularmente la organización del Estado nacional francés, del Estado nacional español y del Es- 64 65 �tado nacional inglés. Las tres grande~ corrientes de la soberanía podemos encontrarlas representadas en cada uno de esos Imperios, que se van creando por la desmembración de la comunidad medieval europea. En el Imperio español, en el naciente Imperio inglés y en el Reino de Francia -que va a tener realmente su cumplimento y esplendor en las monarquías de los Luises-, la soberanía se produce como un instrumento de combate para liberar las nacionalidades, para organizar interiormente el gobierno y para afirmar en otros casos los derechos del individuo. De manera que este aparejo puramente académico de tesis jurídica, trae consigo y arrastra el c.) ntenido de toda una serie de problemas políticos, históricos, sociales y económicos. Seria imposible que yo entrase en el análisis detallado de cada una de estas corrientes. Quiero de una manera general y sintética, más bien tomando un rumbo filosófico, hacer una caracterización de cada una de ellas. Primero un pequeño preámbulo. En el fondo ¿ qué quiere decir esto de soberanía? Es cierto que parece una palabra inventada por Bodino para responder a la necesidad de la Monarquía francesa de hacer frente a las exigencias del Papado o del Imperio; y una palabra que toma aliento y cobra vida y pasión en la lucha de las sectas religiosas por afirmar su libertad y su fe personal. Pero si el vocablo es en cierta manera novedoso, no lo es en el fondo la idea misma que bu.lle detrás. La idea de soberanía pretende responder a un problema que retomará más adelante aquel hombre atormentado y genial que fue Juan J acobo Rousseau. Es el problema de por qué unos hombres mandan y otros obedecen. En realidad, ningún hombre, dirá más adelante el ilustre ginebrino, puede estar sometido a la obediencia de otro hombre a menos que lo haya consentido. Entonces ¿por qué y cómo es que existe un gobierno que tiene la facultad prccisarr.ente de mar.dar? Por último, ¿cómo es que exista un 66 gobierno con una facultad de mandar soberanamente sobre todos sin limitación? La cuestión de fondo filosófica está penetrada del sentido y la- justificación del derecho mismo. ¿El derecho es simplemente fuerza, arbitrio y una imposición del más fuerte; o existe en toda regla de derecho una validez que supera la imposición de las circunstancias que hacen a uno más fuerte y al otro más débil y que obligan a obedecer a uno y al otro a imponerse? ¿ Cuál es ese secreto por el cual el hombre permite ser mandado y otros hombres tienen facultades para ejercer ese mando? La discusión así planteada, lo recuerdan mejor que yo, procede de los más remotos tiempos de la especulación filosófica griega. Ya los sofistas afirman que el derecho no es sino una convención, un pacto o un arreglo que han hecho algunos hombres para dominar a otros que les están sometidos y que son más débiles. Mientras que lafilosofía clásica de Platón y Aristóteles clama que el derecho es una expresión de la razón natural y de la humana que establece medidas uniformes y reglas de equidad y de justicia. La discusión no termina porque el nivel a que está planteada hace que cualquiera de las _dos tesis pueda representar por un momento determinado el todo de una; o bien en otros, la restante. En realidad, la respuesta te1úa que ser dada más que en los textos de Filosofía, en la organización misma y las constituciones de los pueblos de aquella época. Y la constitución de los puebios de aquella época, con la existencia de la esclavitud y la precaria condición de las relaciones económicas, hace j!- po~ible que no apareciese totalmente más verdadera la tesis de los sofistas que la de los filósofos platónicos. El problema no es al fin de cuentas de tma esencia impenetrable sino cuestión del programa que trate de llevarrn a cabo. En su primer atisbo la filosofía griega ·lo contempla más bien hacia el pasado en el origen del Derecho. 67 �· Cómo fue ,;nosible que unos hombres qué vivian libres ¿ ºd en la naturaleza fueran y acabaran quedando someb os y esclavizados dentro de las reglas de un derecho generalmente despótico y tiránico? La respuesta, más que en las tesis de la filosofía, iba a ser encontrada en los propios textos de la historia vivida de los pueblos. Pero había de tardar todavia mucho tiempo. Mientras, se elabora la idea de que la función de gobernar procede fundamentalmente de una convención o de un arreglo que han hecho los hombres entre sí para escoger al más sabio o al más fuerte: al individuo que deba en nombre de todos imponer el orden y establecer las reglas de la concordia y dirimir los conflictos humanos. La tesis de Cicerón sobre el derecho es anticipo de las teorías que dominan posteriormente la Edad Media y que van a configurar una particular corriente que ha-' ce que la soberanía, o sea, el poder de mandar, derive, en un caso, de una institución original que los pueblos hicieron eligiendo un soberano; en otros, de esa misma elección que hizo el pueblo creando un grupo de representantes suyos para dictar las reglas de gobierno. La Edad Media, conforme a su espíritu religioso y metafísico, organiza esta idea sobre el supuesto de q~e la naturaleza y todas las criaturas que en la misma existen proceden de un Autor. Y ese Autor las ha creado conforme a un orden. El orden de la sociedad, que es a la vez inherente a la naturaleza, tiene su sanción final en el orden divino. La Edad Media crea de ese modo una solución al conflicto planteado entre los sofistas y los filósofos clásicos, con la noción de un derecho, que_ en una parte es resultado de la ev~lución natural de los pueblos, por la otra, tiene su fuente en el Autor Supremo de la ~aturaleza. Hace una combinación en donde se mantienen en equilibrio ambas proposiciones. 68 Pero antes de la Edad Media hay ya una experiencia de cesarismo. El cesarismo procede del antiguo tribuno del pueblo convertido en Príncipe. Y el Príncipe es César. Príncipe o César tienen ahora todas las facultades que antes le estaban concedidas al pueblo y la principal de dictar las leyes. De esa manera se configura la idea del soberano como un hombre que dicta las leyes y las impone, bien que se diga que es a nombre del pueblo. La Edad Media reúne ambas características y consigna que el orden social es un orden de acuerdo con la Creación; y por lo tanto, penetrado de trascendencia divina; Pero como el pueblo en sí mismo no puede por su debilidad y por sus deficiencias personales gobernarse, tiene que nombrar una persona que realice todas estas funciones. Entonces esa persona es el soberano o sea el rey. La soberanía de los reyes de la Edad Media, de los barones o de los señores feudales procede de un pacto, que se supone dado entre el pueblo y el señor, por virtud del cual el pueblo deposita en el señor las facultades que de origen le pertenecen al propio pueblo, per.o que el señor por su mayor conocimiento, iluminación y capacidad va a ejercer en su nombre. En la realidad el soberano, que era un hombre, acabó por ser menos que un servidor de la sociedad, del pueblo o de la nación correspondiente, un tiránico gobernante que llevó al extremo su capacidad de poder. Y en un momento dado ese tirano o esa autoridad de carácter despótico chocó con los intereses que hemos reseñado de índole nacional, económica o religiosá. Entonces brotó la noción de la soberanía, de nuevo, para reclamar una facultad que nunca debió ni ·pudo ser depositada o arrebatada al conjunto de la sociedad misma, pues 69 �le era inherente y no delegada en ninguna forma a un soberano en particular. Tal soberano que representa una composición o arreglo de condiciones en las cuales los hombres que forman el Estado, se han desposeído de su libertad y de sm pertenencias por haberlas puesto todas en manos de un particular, es el señor ungido de Dios. De ahí el famoso prín~ipiod el derecho divino de los reyes. No es porque en efecto se supusiera que Dios en particular hubiera escogido a una persona para gobernar Francia, en lugar de haber escogido a otra que podía haber sido mejor. Se trata simplemente que se había constituído la tradición de una especie de mayorazgo sobre los bienes, territorio, los derechos y las vidas de los franceses. Y ello era sancionado en la persona escogida por el pueblo y la autoridad del Creador de la naturaleza. Sin embargo, aunque la tesis no fuera en sí misma fundamentación de la tiranía o del abuso del poder, en la práctica se convirtió en tál; y de ahí derivó la necesidad de volver a rescatarla en nueva etapa a la cual me referí al principio: de transformaciones de la vida de los pueblos europeos. Un jurista norteamericano dice: la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica sustituyó el Rey por un Documento escrito. En realidad, una de las soluciones que va a tener el concepto de Soberanía es despojarla de la · pertenencia a un jefe o rey en particular y pasarla a una asamblea o establecerla en una Constitución. El mejor tipo de derecho organizado en torno a la persona del Jefe del Estado con sanción divina y humana, es probablemente el de la Monarquía española de los tiempos clásicos del Imperio español de Felipe II. Los tratadistas del derecho natural de la escuela española, que tiene11 una calidad ilustre y han contribuído en gran parte . a la formación del concepto de soberanía, no pretenden 70 de ninguna manera fundar el derecho despótico del Rey a gobernar, sino muy por el contrario consideran la soberanía del ReY. un depósito transitorio que la Nación ha hecho en sus manos y del que darán cuenta en los términos de un mandato o de una encomienda. Pero la teoría iba por un lado y la práctica en sentido de fincar un poder sin limitaciones, un poder excesivo en manos de una persona con descuido de los intereses de los súbditos. La Monarquia absoluta de Felipe II no es del tipo de cacique lugareño o caudillo improvisado en una guerra, es una Monarquía metafísica y religiosa. El Rey es un funcionario y todos hasta el último de los miembros de aquella comunidad tienen una misión que cumplir, confonne a un Código que a la vez resulta ser producto de la vida de los hombres y dictado de la Divinidad. En otras partes se desarrollan diversas corrientes de la soberania. Consideran el poder y la justificación, que reside en la formulación del derecho y la ejecución a casos particulares de este mismo derecho, condicionado a que sean los mismos hombres que lo han creado los que mantengan una verdadera tutela y vigilancia permanentes. De ahí en largas procesiones históricas, se va a originar la tesis de la soberanía del tipo inglés, que reposa en un Parlamento. Y del carácter mismo del pueblo francés y de su propensión a las fórmulas intelectuales va a surgir el otro tipo de soberanía, que es también tipo de corriente constitucionalista que se configura en torno a un catálogo de los derechos del hombre, una estructura de división de poderes y de organización de conceptos perfectamente daros o arquitectura perfecta. El Padre Mier que fue un hombre muy agudo y gracioso para sus observaciones, dice en uno de sus discursos que de la caracteríl?tica del pueblo francés que tiene un gran genio para lo cómico se organizó la Conslitución como u;-ia comedia con escenas bien distribuídas. Lo cierto es que, 71 �en efecto, la organización francesa de la Constitución se aparta de la forma inglesa donde no existe un documento escrito o firma ~ompletamente codificada, sino por precedentes y consecuentes disposiciones básicas; y se aparta de la Constitución española que estableció una especie de teocracia medieval con fórmulas de participación colegiada a través de las corporaciones, los ayuntamientos y las cortes. Y así, en panorámica superficial debemos señalar que de esos tres movimientos: el de tipo español, el francés y el inglés nace nuestro propio documento constitucional. Se ha dicho, lo que es razonable, que nuestra Constitución, sobre todo la Constitución del año de 1824, fue una reproducción de la Constitución Federal norteamericana. Está comprobado que en efecto se hacían traducciones de la Constitución Federal norteamericana en Puebla -una de ellas, se dice, de muy mala calidad- que circulaban entre los constituyentes. Se dice también y parece cierto, que cuando Esteban Austin estuvo aquí en Monterrey, con aquella recomendación que traía del Padre Mier para Ramos Arizpe, le entregó también una Constitución norteamericana; y que todas estas inspiraciones dieron por resultado que en la primera Constitución, ya verdadera o formal de México independiente, se copiara la Constitución norteamericana. / Sin embargo los tratadistas modernos no se han conformado con apreciación tan genérica aunque verdadera; y han puesto de manifiesto que la Constitución de 1824 participa también de la experiencia de los constituyentes que habían acudido a las Cortes de Cádiz; y de la propia Constitución de Cádiz que se había restablecido en el año de 1820. Pero además de la experiencia de la Constitución española, tiene también la Constitución de 1824 la influencia predominante del movimiento político del pensamiento francés, particularmente de Juan Jacobo Rousseau. 72 Haciendo una d¡gresión quiero decir en este momento que el tema del Artículo 39 que se ocupa de la Soberania de la Nación, idéntico en la Constitución del 17 como en la del 57, ya no suscita controversias y esto ocurre hasta nuestros dias. Pero las controversias que se suscitaron para llegar a tal "status" fueron las más intensas y apasionantes, las más lúcidas en la época de la constitución misma de México; en el momento de la Independencia; y particularmente en la Constitución de 1824. Polémica en la que es figura muy importante el Padre Mier. Se ha dicho del Padre Mier que era un centralista; cosa que está por comprobarse y más bien rectificarse, porque en realidad la tesis del Padre Mier se aleja del centralismo tal como nosotros podremos verlo posteriormente realizado en la época de la dictadura de Santa Anna. Retrospectivamente se acusó al Padre Mier de un centralismo del cual no había siquiera una posibilidad de realización todavía. Por el contrario, el Padre Mier que reclama la cabeza del Emperador Iturbide pide que no se otorgue la soberanía a los Estados de la Nación; pero no piensa precisamente en un tipo de gobierno centralista, como luego fue implantado, sino probablemente en un gobierno más próximo al que tenemos hoy y que la realidad impuso. El federalismo del Padre Mier está más cerca de nuestro gobierno de hoy que de las afirmaciones o postulados teóricos del federalismo que se consignó en la Carta de 1824. La verdad es que en el Congreso de 1824 las provincias, como se les decía entonces siguiendo !a terminología española, estaban en plena sublevación. Y no era raro que Guadalajara proclamase un plan don<le se decreta una República Libre y Soberana de Jalisco; ni lo eran los intentos de separación de México que se efeei.uaban en Texas; ni era tampoco remota la posibilidad que todavía suosistió hasta la época de Vidaurri, de la constitución de um República de la Sier ra Madre; ni estaba alejada aquel13. otra ten- 73 �tativa de separar Oaxaca o Yucatán. De manera que el Congreso Constituyente de 1824 se encontró ante una verdadera sublevación de las provincias. Por lo que también tendríamos que rectificar aquella opinión, tan generalizada, que dice que nuestro federalismo fue una copia insensata de la Constitución norteamericana porque nosotros estábamos unidos y el federalismo nos desunió. Lo cierto es que tanto Tamaulipas, como Nuevo León y Coahuila, en Jalisco, en Zacatecas o en Yucatán, una vez desaparecidas las autoridades virreinales, hubo una profunda aspiración a crear gobiernos locales con cierta órbita de independencia propia. De manera que al concederles el Régimen federal la soberanía, aunque entraña una especie de contradicción teórica, se ejecuta un proyecto político indispensable para las circunstancias que estaba viviendo el país. No soy ajeno y al contrario precisamente consciente de ello, que no fue por razones teóricas de esta índole que se separó Texas de México. Pero es indudable que la tesis del federalismo era no solamente de Texas, sino la de muchos otros Estados de la República de aquel tiempo. Cuando el Padre Mier hace su famoso discurso profético y anuncia que el caos, la confusión, el desorden y toda clase de males van a caer sobre la República a consecuencia de que se les otorgue soberanía a los Estados, tiene tanta razón él como sus contrarios. Porque lo cierto es que de una y otra forma los Estados manifestaban una positiva disgregación del centro de la Nación y trataban de obtener un gobierno que estuviera al alcance de los propios recursos, capacidades, costumbres, necesidades y exigencias propias de cada localidad. Habrá que pensar en la dificultad enorme de gobernar: un territorio como aquél; en la necesidad de poderes locales para garantizar en todo momento la impartición de 74 justicia; y el establecimiento de reglas de tráfico tanto mercantiles como humanas. Todo ello atenta la referencia a una Capital lejana con comunicaciones remotas; y considerar las peculiaridades que durante la época colonial había ido desenvolviendo cada localidad, explica por qué -tendían precisamente a la separación. Dicho la anterior, por cuanto a la cosa federal, volvamos ahora al tema de la soberanía en ese Congreso. Ahí se discutió de nuevo la idea de Rousseau y se puso de manifiesto la contradictoria tesis mexicana. La soberanía siendo esencial y originalmente del pueblo no puede ser representada; y en consecuencia toda representación es en cierta manera una contradicción con el principio. Tam~ién se puso de manifiesto que distribuir la soberanía entre los Estados era otra paradoja, porque si existe una soberanía compartida no es soberanía. Y de todas maneras, en uno y en otro caso, se impuso una regla práctica de solución del conflicto estableciendo, a pesar de todo, que la soberanía sería efectiva a través de un gobierno de representantes y que la soberanía sería distribuida entre los Estados de la Federación. De otra manera estos &lados de la Federación hubieran levantado la misma bandera de los colonos de Texas por su independencia de la República Mexicana. De la tesis de soberania" de aquel tiempo, hemos heredado el artículo 39 y otros artículos complementarios del 39 que establecen las reformas a la Constitución; la inviolabilidad de ésta; y la sujeción de todo el orden jurídico; el orden judicial e incluso la resolución de las controversias y el examen de las leyes, al principio de la supremacía de la Constitución. Esto que en principio no tiene objeción alguna, encuentra toc!avia algunas de carficter acadérnico para concil;ar Estados Libres y Sob2r,rnos en su 75 �régimen interior, junto con una que reside esencial y originalmente en el pueblo (la Soberanía Nacional) y que no es la de los Estados. Aquí se nota la doble corriente que se imprimió al movimiento inicial del Congreso constituyente entre una tesis de Confederación de Estados, como fue la origtnal norteamericana, y la que finalmente se impuso de la Federación real o unión de los Estados. Y no solamente unión de Estados, sino el concepto más avanzado de pueblo soberano, realmente único e indivisible, en sus diversas expresiones a través de cualquiera de sus poderes, de todos ellos y en la distribución de Estados y Gobierno Federal. Pero la cuestión al principio tenía que resultar muy paradójica, porque la soberanía seguía consistiendo en una especie de sustancia que abarca el todo de la Nación y que no se explica parciahnente repartida en entidades locales. La soberanía, de prima fórmula, no podia ser ni delegada ni compartida. Afortunadamente se impuso la necesidad política sobre la pura fórmula jurídica constitucional. Algún autor ha dicho, por eso, que a la Constitución le ocurre en su comportamiento lo que a ciertas personas, particularmente algunas bellas damas cuyas inconsecuencias en los principios son las que las hacen más agradables. A este respecto podemos decir que gracias a ese sentido de conciliación de lo práctico con el orden de los principios fue posible establecer un equilibrio entre la razón histórica, la razón jurídica y la metafísica. Y desde el 57 a nuestros días no ha vuelto a hablarse de soberanía. Se da por una conquista hecha y en efecto lo fué, lo mismo que la idea de Federación. No voy a pormenorizar técnicamente todos los aspectos de la soberanía, ni mucho menos de la Federación. Sin embargo, quiero hacer notar que en algunos casos, 76 más el hombre de acción histórica que el de pensamiento, tropieza en este país con esa contradicción de ideas postuladas en nuestros grandes Códigos, una realidad que se esc~bulle y que representa una contradicción o una verdadera paradoja con los principios constitucionales. Una de ellos puede ser este de la soberanía de los Estados. Indudablemente, en principio, esta idea de la soberanía de los Estados no es correcta. La jurisprudencia norteamericana habla simplemente de una cuasi-soberanía de los Estados. Menos aquello que se ha pretendido elevar a soberanía, que es el Municipio libre. Tampoco el Municipio tiene soberanía. La Soberanía perfecta radica, finalmente, no en el Poder federal, o Gobierno federal, sino en el pacto que establece el Poder federal y los Estados mismos. De manera que la Soberanía que para nosotros ahora es la soberanía constitucional, no es ni siquiera la de un Parlamento, la soberanía de un Rey, ni la de una fórmula cualquiera de carácter dogmático. La Soberanía es un conjunto de decisiones históricas fundamentales tomadas sobre los aspectos esenciales de la organización del pueblo de México, de la Nación mexicana. La soberanía tras de estos giros que ha venido sufriendo en el transcurso del tiempo, ha alcanzado una etapa donde, precisamente, ya no se le discute, porque subsiste en el fundamento mismo de la organización juridica. Es como cuando nos ocurre no tener conciencia de la existencia de la atmósfera por la transparencia que le es inherente. Así ocurre con la noción de la soberanía. Se ha trasladado, de una fase en otra, hasta constituirse realmente en la soberanía que es simple y sencillamente el Estado de Derecho y la supremacía de la Constitución. Pero todo esto ha tenido ::¡ue ser verificado con una serie de luchas históricas. Todos recordarán conmigo rápidamente, que a medida 77 �que tornaba el grupo liberal al gobierno del país se hablaba de la soberanía del pueblo y cuando se restituia el partido conservador se hablaba de la soberanía de la Nación. Era el conflicto entre la tesis española y criolla y la tesis propia de una nacionalidad incipiente, como la mexicana, que avanzaba hacia su Constitución propia. La tesis de la soberanía de la Nación que fue alegada por el Ayuntamiento de la Ciudad de México y luego reproducida por los otros Códigos fundamentales, no contiene el principio de que la soberania dimana del pueblo. Puede ser simplemente la Nación Soberana de las Cortes de Cádiz, en que la Soberanía está representada por los cuerpos de tradición y estamentos sociales -la nobleza, el clero, la milicia- que ejercen las corporaciones y ayuntamientos. La tesis revolucionaria de Rousseau pone en movimiento la idea de desamortizar al hombre, que eso es a lo que conduce. Igual que se desamortizó la propiedad en México. O sea a desvincular al hombre de sus estamentos y darle una aptitud de ciudadano libre y universal. Tesis que la Revolución Francesa aportó fundamentalmente a la Constitución del México independiente; y fue la representativa que quedó fija en la Constitución del 57. Tras de esta fórmula tan apresurada de evocar episodios históricos inmensos y de tener que pasar por alto otros menores, quedan en pie algunas cuestiones interesantes. ¿Hasta qué punto son soberanos los Estados de la Federación? No me refiero, como tal vez algunos con malicia piensan, en cosas de carácter económico o político. Me refiero básica y juridicamente a la soberanía considerada constitucionalmente. Este problema me lo suscita la misma pregunta que se hizo el magistrado singular y amigo Lic. Palacios Vargas. ¿Hasta qué punto es compatible la existencia de ciudadanías locales de los Estados con la ciudadanía única y general que tiene todo mexicano?. 78 Si nos atuviésemos a la fórmula original de los Estados Libres y Soberanos, parecería natural que existiera una ciudadanía de cada uno de ellos, porque en esa forma se acentúá que la confederación y la coalición de Estados han hecho la Constitución. Pero si se trata de que el pueblo mismo es el que indistintamente de ser nuevoleonés, coahuilen~ o de Tamaulipas, ha hceho su Constitución; y esta Constitución válida no puede ser contrariada por las Constituciones locales, ni medida por la existencia de una ciudadanía de carácter estatal; más aún, que ha querido llevarse al extremo de una ciudadanía municipal. Esto, a mi parecer, carece de verdadera justificación y reclama una elaboración más técnica de los preceptos relativos. Yo no pongo en tela de juicio, ni me parece dis· cutible el derecho de los Estados de la Federación teridientes a señalar entre los requisitos para ser electo a determinadas funciones populares, las residencias o las cindades en tal o cual punto. Pero lo que me parece llevar al extremo y violentar los argumentos, es darle a todo ese conjunto de meros derechos presupuestales del ejercicio electoral, el carácter de una verdadera y autén-: tica ciudadanía. ve- En este pais no tenemos más ciudadania que la de mexicanos. Todos los demás son simple y sencillamente requisitos presupuestales del ejercicio electoral, con mayores o con menores exigencias, pero que no pueden de ninguna manera ser considerados o catalogados como tales ciudadanías. Incluso, en algunos casos, se debe sostener la tesis de que estas Constituciones de Estado están violando la Constitución General de la República en dicho particular, imponiendo requisitos que la Constitución General de la República contradice. · El caso que menciono es uno de tantos a que puede conducir la tesis de la soberanía de los Estados. La clave para decidir el punto es si se concede que haya una soberanía del Estado, probablemente se tendrá qué 79 �conceder una ciudadama estatal; pero si como, a mi parecer, no existe, deberían suprimirse los requisitos que para ser ciudadanos núevoleoneses se necesitan. De no hacerlo resulta que en este país tenemos dos ciudadanías, y conceder esta especie de franqueable barrera, nos haría recurrir a pasaporte para dirigirnos a Coahuila o a Tamaulipas, porque necesitaríamos la autorización del Estado respectivo. Por último, ligado a este problema de la soberanía y de la ciudadanía, pareja que debe considerarse íntimamente relacionada, quiero recordar un caso célebre que ocurrió y tiene que ver con este problema de la soberanía de los Estados. Cuando el Gobernador Santiago Vidaurri decretó la anexión de Coahuila y Nuevo León los fundió en un solo Estado. Al parecer la tesis del gobernador de Nuevo León era correcta, porque conforme al plan revolucionario en que se movia, estaba facultado al jefe de la revolución, como fuera luego el jefe de la revolución constitucionalista, para dictar todas las disposiciones necesarias a poner en estado de defensa a las p0blaciones y establecer la forma de gobierno. Además, con bastante eficacia. Don Santiago Vidaurri se movió hasta obtener actas de adhesión de los pueblos de Coahuila. Sín que esto haya sido visto de una manera clara, ahora podemos entender con toda claridad -además de las razones públicas o de las sinrazones políticas que adujo- de la validez de un argumento contrario a su tesis ningún Estado y ningunos pueblos en particular fueran los de Coahuila y Nuevo León aunque se pusieran totalmente de acuerdo, pueden variar los términos de la Constitución General de la República. Ello implica la supremacía de la Com;titución y la soberanía real en ella depositada que no está a merced de grupos o poblaciones. Sería tanto como, merced a cualquier arreglo, fuera pacífico o violento, justificar y autorizar que un Estado pida su separación de la República reasumiendo su so- 80 ~ a , así se decía antiguamente, y en uso de la roisma toma!U! el camino de inr.ornoran;;p :\ nn oaís extranjero. Este ejemplo 10 pongo por sólo recordar el caracter }X)lítico de la soberanía y la instrumentación en que vino a parar ·a través de una serie de luchas y procesos históric95 que hoy nos son casi desaper,cibidos, porque quedaron íncorporados al caudal mismo de nuestras instituciones. La polémica sobre la materia que más nos puede interesar es aquella en que participa el Padre Mier y pronuncia su famoso discurso profético. La verdad es que no era nada profético lo que anunciaba el Padre Mier, porque en realidad ya estaba ocurriendo todo lo que prometía. Fue simple y sencillamente un discurso político para poner de manífiesto los problemas que afectaban a nuestra vida económica y social. Pero los hombres de la Constitución del 24 eran hombres forjados en las Universidades y en las Facultades de Derecho de la Epoca Colonial y estaban muy lejos de convivir experiencias más concretas de carácter económico y social, como las que vinieron posteriormente para sobreponerse a las concepciones jurídicas e ír estableciendo preceptos que realmente resolvieran problemas de constitución de un país independiente. El discurso profético del· Padre Mier es bueno que dice: "yo no le temo a los tiranos, pero tan tirano puede ser un hombre como un pueblo y no voy a dar razón a los violentos aunque estos tengan a su favor la fuerza del número. La verdad va de acuerdo con la libertad sin faltar la independencia, pero la independencic sih la libertad no nos sirve para nada". En estos términos concluyo para recordar a _mis amigos juristas como lo hago a mí mismo todos los días, que si bien es alta y elevada la misión del jurisconsulto en el 81 �FERNANDO VAZQUEZ ALANIS ejercicio de su profesión, es importante la atención al complejo de problemas que sólo pueden tener su explicación en la corriente histórica del pueblo mismo. Un jurista insigne pudo declarar un almodrote la Constitución del 17; y en efecto si se le examina desde el punto de vista del clasicismo, tal vez resulte un contrasentido esa reunión de garantías individuales y sociales. Pero el tipo de Constitución que realmente reclama el tiempo, es la obra misma de la experiencia jurídica y no sólo la confección afortunada de una inteligencia preclara. La Constitución del 17 tiene valor no tanto por ser un texto inventado o formulado de manera académica, sino porque es el resumen de una serie de luchas y experiencias; y deja abierto además el camino a nuevas luchas y nuevas experiencias para forjar una verdadera soberanía, que no existe en el pasado: en ese remoto paraíso donde los hombres recibieron las tablas de la ley; o en la inspiración para nombrar o elegir un Rey o un Monarca; y tampoco existe en una sociedad natural donde todos están contra todos y tienen que elevar a ser supremo un Leviatán feroz y despótico; ni en las puras luces de la razón como quiere el pensamiento y el geni9 de Francia. La verdadera meta está en la esperanza de seguir en. común perfeccionando por dentro y fuera la comunidad humana fundamental en un ideal de igualdad, de libertad y de justicia. Thto, finalmente, vale la lucha por la _so- EL REGIMEN FEDERAL Y LA CENTRALIZACION DEL PODER POLITICO EN MEXICO INTRODUCCION: Las características que presenta las Leyes de un pueblo son producto de épocas; circunstancias y de un proyecto histórico que va surgiendo a través· del tiempo, lo que hace que en muchas ocasiones presente modalidades muy particulares. De tiempo atrás se han venido estudiando esas peculiaridades que existen en cualquier sistema jurídico no escapando por lógica el nuestro. México también escribió sus Leyes en una forma muy especial obedeciendo ciertas circunstancias y momentos de su historia que al verlos hoy al paso de las décadas encontramos vicios, anormalidades diferencias que se han cubierto con un cúmulo de costumbres, hábitos e instituciones muy propias que muchas veces perjudican el desarrollo de las instituciones, es muy importante analizar ese tipo de fenómenos para comprender mejor la realidad. beranía. DR. FERNANDO VAZOUEZ ALANIS ( 1953 ). Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de ta Universidad autónom d Nuevo_ León en 1975, realizó estudios de Post-Grado en Derecho Público en el lnstitu/ 0 1 ternac,onal de Administración PúbliCII de París, Francia en 1977 obtuvo el d O d D n_ to r en Ad mm1strac1on · · .. p ublica · • gra e en la Facultad de Derecho, Econom,· a y c ·1enc1as · s octales · oc 1 • . ,; de ~ a Un'."er~1dad de ~ar,~ 11 el _22 de Mayo de 1979, actualmente es Catedrático de Derecho C~nst_1tuc1on_al C1enc1a Polltica y Administración Pública, en la Facultad de Derecho Y C,e~c,as Soc,~les V en la Facultad .de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Auton~ma de Nuevo Leon, Coordinador General de seminarios colectivos de esta Facultad y Director de esta revista. 82 83 �PROBLEMA: México adaptó de acuerdo a la Constitución de 1824, el Régimen Federal, lo que exigió la creación de una estructura de gobierno de acuerdo a ese espíritu, aunque todas las Constituciones hayan repetido esa estructura hasta nuestros días, las instituciones han evolucionado en otro sentido. Para comprender en su integridad el problema de la desadaptación de un Régimen Federal a la realidad que funciona completamente en forma distinta es necesario estudiarlo a la luz de varias ciencias. México tiene un Régimen Federal que estudiaremos aquí a la luz del Derecho Constitucional, pero al mismo tiempo cuenta con una enorme Centralización del Poder Político que no respeta las reglas del Régimen Federal este segundo fenómeno lo completaremos a la luz de la Ciencia Política. PLAN: Dividiremos nuestra exposición en tres partes: tralización que se vivió a todo lo largo de la edad media fué sobre puesta a las estructuras existentes ya en el país a la llegada de los españ9les. Sobre una estructura centralizada de una Tribu dominante recayó la centralización del reyno español que rigió al gobierno de Nueva España durante más de tres siglos. Puede afinarse que la centralización entendida por los españoles era el reflejo de la actitud asumida por la Real Casa de Austria que a su vez dominaba al pueblo español siendo éste último una pequeña parte de un gran imperio exageradamente centralizado aunque las leyes dictadas por España para sus colonias no fueron virtualmente cumplidas, la organización política administrativa de Nueva España se inspira en un modelo centralizado absoluto cuyo titular éra el Rey de España. La centralización que ordenó España a sus colonias aumentó aún más en el año de 1705 a la caida del Rey Felipe IV, fecha de llegada a España de los Reyes de la Casa de Borbón de Francia los que basaban sus gobiernos en el absolutismo es decir la centralización total, ésta situación que influyó en México al aumentar el control que exigió a España de sus pueblos conquistados. Análisis del Federalismo Méxicano su historia y su realidad la Concentración del poder político en México, ( origen y situación actual)- Y una tercera parte sobre la necesidad de apoyo al Régimen Federal a través de la Desconcentración y Descentralización política y administrativa. Esta atmósfera de centralización creciente tuvo mucho que ver en el temperamento del pueblo mexicano generalmente sumiso y obediente, dispuesto a rendir sin réplica algunas órdenes superiores. PRIMERA PARTE: La Constitución de Cadiz de 1812 representa la introducción de sistemas de representación regional como son las diputaciones provinciales, las que son un primer ensayo de gobierno autónomo base histórica del Régimen Federal en México. a).- ANALISIS HISTORICO DEL REGIMEN FEDERAL: Los pueblos indígenas. al igual que la mayoría de las civilizaciones antiguas fundaron su organización política y social en lacentralización, la que se caracterizaba por la concentración del poder no 1 sólo político y económico sino también religioso. Esta misma een84 Al final de la guerra de independencia de 1821 resultaba lógica la ruptura del régimen centralizador español y el nacimiento de 85 �un nuevo Estado de estructura contraria al conquistador desplazado. La Constitución del 4 de Octubre de 1824 postula un Régimen Federal apoya una tradición de gobiernos regionales iniciada en 1812; la que se desarrolló al grado que ciertas provincias amenazaron con separarse del nuevo país si no se establecía un Régimen Federal. Tales situaciones meramente circunstanciales engendradas al final de una guerra concluyeron con el establecimiento del Régimen Federal que sigue vigente en nuestras Leyes. derecho internacional y representa la soberanía popular. Es una persona de Derecho Público interno con un orden jurídico parcial con atribuciones legales. ESTADOS FEDERADOS: Entidades autónomas con una Constitución es un orden jurídico parcial. La constitución federal debe establecer el caracter de autonomía de los Estados: y un sistema de participación de los Estados en la formación de la voluntad Federal. b).-ANALISIS DOCTRINAL DEL REGIMEN FEDERAL En México todos estos elementos existen en la Constitución. Conforme a la Doctrina.-El Régimen Federal está constituido por un solo Estado Soberano integrado por una variedad de Estados, su poder nace de la unidad estadística de sus Estados miembros, el Estado Federal dona así a los Estados Miembros su carácter de Estados autónomos. Schmitt dice que la autonomía de los Estados federados consiste en un poder limitado individual en una coexistencia d~ Estados que se rigen por un pacto común. El Estado Federal y los Estados Federados no pueden suprimirse el uno al otro, ni subordinarse, los poderes Federales representan la perpetuación existencial y el equilibrio entre la Federación y los Estados Federados. De estas definiciones advertimos los siguientes elementos del Federalismo: UNA CONSTITUCION FEDERAL: - Orden Jurídico Supremo que determina una orgar11;Zación y una serie de derechos y obligaciones de la Federación y de los Estados Federados. El Artículo 40 establece: Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental; se cumple el principio de la existencia de un Pacto Federal. Por su parte el Artículo 41 dice : - El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal, se observa la supremacía del Pacto Federal. Además el Artículo 115 establece; Los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano; representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y -de su organización política y administrativa el Municipio Libre, puede observarse aquí como la Constitución Federal establece la organización interna de los Estados miembros. UNA FEDERACION: Orden jurídico total que es sujeto de 86 87 �Artículo 124: Que la competencia que no se dá a la Federación es atribuida a los Estados Federados. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados. Por último nos dice el Art11culo 135:- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Así los dos elementos de la doctrina del Régimen Federal estan incluidos en el texto constitucional. A).- Autonomía de los Estados. B).- Participación de los Estados en la Formación de la voluntad Federal. Ejecutivo. El Maestro Jorge Carpiso nos dice:- Que en México al haber contiÍluado la práctica de antiguas tradiciones de un gobierno centralizado con un enorme concentración de poder a causa de la falta de representación popular y de un auténtico parlamentarismo, el poder real se encuentra en manos del Presidente de la República.- Los poderes Legislativo y Judicial cumplen solamente la función de legislar y juzgar obedeciendo enteramente al poder Ejecutivo.El análisis de la figura del Presidente de la República en México es obligado para cuestionar la eficacia del Federalismo el que se logra a través de un estudio de la estructura del poder a la luz de la ciencia Política el que incluye estos aspectos: El Des-equilibrio en los tres poderes por el predominio total del Ejecutivo. Y la existencia de un partido político ultra dominante (PRI) ganador de las elecciones en los últimos 50 años para cargos del Gobernador. Sin embargo estos dos elemeptos no se dán en la práctica por la enorme concentración de poder político que existe en México. SEGUNDA PAR'T'l<'· LA CONCENTRACION DEL PODER POLITICO EN MEXICO:- El poder político está centralizado cuando la autoridad que dirige una nación monopoliza todas las funciones de orden público en todas las materias y en todos los aspectos en el poder de mando y decisión por consecuencia una sola autoridad gobierna los hombres y administra las cosas. Morice Douverger sefiala: El poder Ejecutivo es- el centro real del poder en los Estados modernos el poder Legislativo posee un roll de control de limitación y de freno. El poder Judicial cumple solamente una función judicial pero sigue en todo las directivas del 88 El estudio de la concentración del poder Político en México también exige el análisis de la figura del Presidenete de la República tanto en la forma en que ejerce sus atribuciones como Jefe de Estado de Gobierno y de la Administración Pública, así como su influencia en el funcionamiento de las diferentes Instituciones del sistema político mexicano.- La Constitución de 1917 continua la tradición de formalizar nuestra estructura política atendiendo a la teoría clásica de la división de poderes que como en el caso de Federalismo se aleja marcadamente en la práctica de su correcto ejercicio. El desequilibrio de fuerzas entre los tres poderes de debe al predominio casi absoluto del poder Ejecutivo, esto paéde explicarse por múltiples razones entre ellas sobresalen además de las ya citadas 89 �la estructura política ejercida a través del tiempo.- El Centralismo colonial fué substituido por un centralismo obligado en un País en nacimiento que necesitaba considerarse políticamente como Nación independiente; los esfuerzos por obtener una estabilidad política definitiva se frustraron con la Constitución Centralista de 1836 y la dictadura de ANTONIO LOPEZ DE SANTANA que se prolongó hasta 1857. · A mediados del siglo XIX, México no pudo abandonar su estructura política centralizada a pesar del triunfo de la Revolución de Ayutla, primero por los constantes ataques del Partido Conservador y después por la invasión francesa; aún después de la restauración de la República el 15 de Julio de 1867 la juventud de un País en constante lucha política y Administrativa. La Dictadura de Porfirio Díaz de 1876 a 1910 aumentó al grado máximo la centralización política.- La Revolución de 1910 al instaurar un nuevo orden social con la Constitución del 5 de Febrero de 1917 necesitó integrar una estructura de poder real centralizado en.sus primeros años de vigencia para terminar con las revueltas internas en contra de los Jefes Militares en pro de una estabilidad general. Este proceso de centralización del poder político se formaliza con la creación del Partido Nacíonal Revolucionario hoy Partido Revolucionario Institucional el 4 de Marzo de 1929 surgiendo así un sistema político de partido dominante donde el Titular del poder político sería electo por un partido mayoritario el que para ejercer y conservar el poder pondna en marcha lineamientos de centralización política y administrativa con el propósito de lograr la cohesión de los grupos sociales principales que SQportan a ese partido. A 50 años de la creación del Partido Nacional Revolucionario nuestro sistema político se rige sobre las mismas reglas de Consentración del poder político es el titular del poder Ejecutivo quién representa al partido dominante que no ha perdido en ese lapso de tiempo una sola elección ni de Presidente de la República ni de Gobernadores de los Estados. 90 Esta concedntración de poder político favorece enormemente el órgano denominado Federación o sea a los poderes de la unión que se encuentran concentrados en la Ciudad de México a la cabeza de una estructura estrictamente centralizada. La federación por razones de estabilidad política y económica ha hecho crecer su competencia en detrimento de las entidades federativas estableciendo sobre ellas una serie de controles de carácter político y económico que ejerce directamente el Presidente de la República. En lo político los Estados se encuentran subordinados a la Federación por una serie de recursos y hábitos ya muy arraigados en el sistema. La nominación de Gobernadores popularmente electos recibe la influencia determinante del partido mayoritario y del Presidente de la República.- Además existe una serie de recursos por los que la Federación se impone a los Estados siendo el más popular de ellos II La declaración de desaparición de poderes" facultad exclusiva del Senado órgano también influenciado por el Titular del poder Ejecutivo. En lo económico el predominio del poder Ejecutivo es muy considerable tanto que los Estados para su simple subsistencia requieren del apoyo financiero de la Federación la que tiene facultades enormes de tributación sobrepasando la esfera de competencia de los mismos Estados. El artículo 73 Fracción VII permite al fisco federal establecer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de la Federación superando así los ámbitos de competencia fiscal de los Estados, estando sujetos éstos últimos a las participaciones federales y subsidios que le otorgue la Federación. Estos controles lesionan la esencia misma del régimen federal puesto que la doctrina exige que en este tipo de régimen la Federación Y los Estados miembros no pueden suprimirse el uno al otro ' ni subordinarse, los poderes Federales representan la perpetuación 91 ��SECCION " CONGRESOS " . �ARTURO AYALA RODRIGUEZ EL HIJO INOCENTE NO DEBE SUFRIR LA PENA DEL DELITO DE SU PADRK PONENCIA FORMULADA PARA SER PRESENTADA AL SEPTIMO CONGRESO NACIONAL DE TRIBUNALES DE JUSTICIA, CON SEDE EN OAXACA, POR LA DELEGACION NUEVO LEON, INTEGRADA POR EL C. MAGISTRADO LIC. ARTURO AYALA RODRIGUEZ. Que la acción de reproche del estado que se ejercita en contra de un posible delincuente no trascienda a seres inocentes que,gestados ya en el seno materno aún no ha nacido cuando la madre ha cometido ARTURO AY ALA RODRIGUEZ (1923). Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 1949, en el año de 1950 es designado Agente del Ministerio Público adscrito. en 1955 Agente del Ministerio Público Investigador en 1968 fué nombrado Sub-Procurador General de Justicia y en el año de 1969 Procurador General de Justicia en el Estado de Nuevo León, actualmente es magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. 97 �I un ilícito que merezca ser sancionado por la Ley Penal. En todos nuestros Códigos Penales de México se trata de que las penas impuestas a los delincuentes no trascienda a terceros. Sin embargo, no obstante que todos los códigos reconocen el derecho que tiene la criatura antes de nacer y la obligación que se tiene de respetar su vida, nos proponemos que se respete también su libertad y el derecho de nacer en un lugar digno y no en un reclusorio. Como es imposible que la madre encinta pase al Penal y su hijo a otro lugar, me refiero a su hijo no nato, no quedará pues, más recurso legislar para los efectos que la mujer no sea internada en un centro reclusorio cuando se encuentre embarazada y esperar que hayan pasado un mínimo que podrían ser 120 días después del nacimiento para gue la sanción se haga efectiva. Implantar una fórmula adecuada que proteja y cuide a los hijos antes de su nacimiento para lograr un razonamiento prudente con el noble fin que no trascienda a seres inocentes que gestados ya en el seno materno, aún no ha nacido cuando la madre ha cometido un delito que merezca ser sancionado por la· Ley Penal. La acción del Estado en contra de la mujer que en estado de gravidez cometa un delito, se respete su libertad, para evitar el riesgo de su detención pueda, afectar a un tercero que en éste caso es el hijo que no ha nacido, estimando pertinente en aras de una justicia humanitaria haga real el concepto de la equidad, especialmente eliminar la circunstancia infamante de nacer en una prisión con un intento muy justo y muy humano de evitar uno de los casos en que la justicia desgraciadamente GENERA INJUSTICIA. Las modificaciones que podrán hacerse al Código de Procedimientos Penales, que se proponen, tienen como base que no es justo hacer víctima inocente al hijo que va a nacer, de madre que ha tenido conducta antisocial y por ende debe ser privada de su libertad y al encontrarse embarazada ocurre el parto cuando está sufriendo el cautiverio, produciendo en el futuro una inestabilidad a su personalidad, al saberse siempre haber nacido en un reclusorio. Para establecer el tratamiento de las mujeres que perpetrando delitos, encontrándose en estado de embarazo, deberá modificarse y adicio98 narse disposiciones del Código de Procedimientos Penales, particularmente en los artículos que consignan la obligación del Ministerio Público de proceder a la detención de los responsables de un delito, y en dichos preceptos deberá incluirse como excepción el caso de la mujer embarazada. Ahora bien, tal excepción deberá satisfacer requisitos para poder declar~ su operancia y el principal será la declaratoria por parte de un médico legista ginecólogo, del grado de embarazo que presente la mujer sujeta a ésta investigación, desde luego cuando el embarazo no sea notorio, para éste deberá adicionarse los artícul':)S referentes del Código de Procedimientos Penales, estableciéndose la obligación del Ministerio Público de someter a dicho examen a la mujer embarazada. Hay que observar que la situación de la mujer en estado de embarazo ejecut~ra de un hecho delictuoso, deberá satisfacer los siguientes requisitos para poder acogerse al beneficio incluido en las reformas que se proponen. UNICO:- Si el delito atribuído tiene señalado una sanción cuyo término medio aritmético no excede de cinco años de prisión, no se proceda a su detención; si excede de dicho término, se tomarán las medidas pertinentes a fin de que la inculpada pase a un centro de salud con la debida custodia que determinen los jueces ó el Ministerio Público en su caso; Relacionada la conducta antisocial del sujeto con sus factores causales, se ha investigado y llegado a establecer, que una problemática efectiva la constituye el análisis psicológico de la conducta de! sujeto que en muchos casos determina que la decisión delictiva es producto de determinados complejos que han enquistado en forma latente en el subconsciente y que pueden ser la causa de su conducta antisocial. Esos factores se originan en el hombre desde su infancia, desde su formación fetal y se conjugan con las condiciones realizadas por sus padres. Una de ellas lo constituye lo relacionado con su nacimiento. Cuando este no se establece en forma positiva, se presenta en la conducta del sujeto una condición negativa, por lo que es absolutamente indispensable el estudio de éstas circunstancias, para poder evitar que las deformaciones sociales prosperen en sujetos hasta conducirlos a una conducta dañosa. Factor fundamental es constitutivo a no dudarlo, el de sujeto cuyo nacimiento se ha realizado por la madre cuando ésta se encuente recluida en prisión. Cir99 �cunstancia que opera con un déficit en la formación y desarrollo del hombre en su niñez, pubertad, su juventud y posteriormente en su vida adulta. Otro factor definitivamente importante es el relacionado con la mujer cuya realización máxima es la de llegar al excelso grado de la maternidad, condición humana a la que la mujer en todos su órdenes aspira y al llegar a la dignificación de ser madre, debe enorgullecerse de su actitud frente a la vida, habida cuenta de que es la única que posee la supremacía no lograda en otros medios de engendrar un ser humano. Debe ser preocupación del Estado dignificar a grado excelso la actividad de la maternidad para que se constituya efectivamente en un episodio social de gran dignidad. Lo anterior viene a conjetu_rar la condición existente que se debe conjurar los esfuerzos oficiales y particulares para encontrar la realización de la maternidad, no esté embestida de condiciones negativas que puedan causar graves perjui-. cios al hombre en su niñez que posteriormente repercuten en su vida adulta a través de la materialización de actos negativos, por lo que; Considerando lo anterior dentro del área penal, se subraye como factor indispensable las reformas a las legislaciones penales a efecto de preveer que no se realice el nacimiento de un nuevo ser cuando la madre, como resultado del infortunio, se vea envuelta en un procedimiento penal y sometida a proceso, sin que lo anterior merme la posibilidad de que en justicia se pueda proceder en su contra ante la existencia de su responsabilidad, pero sin que de por medio subsista ~ condición de hacer víctima inocente al ser que lleva en sus entrañas. En consecuencia y atento a·las consideraciones expuestas, se propone adicionarse al Código de Procedimientos Penales del Estado una disposición que establezca en síntesis lo siguiente: "Cuando una mujer encinta incurra en la comisión de un delito, no sea detenida y se proceda al arresto domiciliario y en caso de que el término medio aritmético del delito que se le -imputa, pasará de cinco años, el Juez de la causa tomando en cuenta el grado de avance en el estado de gravidez y con la opinión de un médico ginecólogo que podrá designar la encausada o el juzgado, decretará que la reclusión se verifique 100 en un centro de Salud, por lo menos del séptimo mes de embarazo hasta el alumbramiento y luego de ocurrir el nacimiento, por el tiempo estrictamente necesario para que el menor pueda ser atendido por tercéras personas, según las particulares situaciones que ocurran en cada caso, las cuales serán determinadas mediante dictamen médico que se obtenga al respecto". La anterior disposición tiene por finalidad que los hijos nazcan fuera del recinto reclusorio y que se les permita desarrollar su vida fuera de la prisión en cuanto puedan ser atendidas sus necesidades por terceras personas, como que bien pueden ser los. familiares de la madre o en un centro de asistencia infantil. Lo anterior ya se contempla en el anteproyecto del nuevo Código de Procedimientos Penales a propuesta del C. Gobernador éonstitucional del Estado de Nuevo León, Don Alfonso Martínez Domínguez, en su afán de que el Estado cuente con una legislación penal más humanitaria. Esta, señores Magistrados, es mi ponencia, la que someto a su muy atenta consideración. Gracias. DICTAMEN DEL CONGRESO Que se adicionen los Códigos de Procedimientos Penales de los Estados con una disposición al siguiente tenor: " Cuando una mujer encinta incurra en la comisión de un delito, no sea detenida y se proceda al arresto domiciliario y en caso de que el término medio aritmético del delito que se le imputa, parsara de cinco años, el juez de la causa tomando en cuenta el grado de avance en el estado de gravidez y con la opinión de un médico ginecólogo que podrá designar la encausada o el juzgado, decretará que la reclusión se verifique en un Centro de Salud, por lo menos del séptimo mes de embarazo hasta el alumbramiento y luego de ocurrir el nacimiento por el tiempo estrictamente necesario para que el menor pueda se; atendido por terceras personas, según las particulares situaciones que ocurran en cada caso, las cuales serán determinadas mediante dictamen médico que se obtenga al respecto". 101 �RAUL VILLARREAL DE LA GARZA REFORMAS Al RE GIMEN DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA PONENCIA AL SEPTIMO CONGRESO NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS, DE LA DELEGACION DE NUEVO LEON QUE INTEGRAN LOS SEÑORES LICENCIADOS BENITO MORALES SALAZAR, PRESIDENTE; Y ARTURO AYALA RODRIGUEZ Y RAUL VILLARREAL DE LA GARZA, MAGISTRADOS DE LA SEGUNDA Y SEXTA SALA RESPECTIVAMENTE. RAUL VILLARREAL DE LA GARZA ( 1935 ). Egresado de la Facultad de Derecho v Ciencias Sociales de la Universidad de Nuevo León en 1956, trabaja en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León desde 1952, como Escribiente del Juzgado Cuarto Menor ...etrado, Escribiente del Juzgado Primero de Letras del Ramo Penal, Escribiente del Juzgado Primero de Letras del Ramo Civil, Escribiente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado en 1954, Secretario de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado en 1956, Secretario General del Tribunal Pleno., Primer Secretarlo de Sala del Tribunal Superior de Justicia, Juez Segundo Interino de Letras del Ramo Civil en 1972, Juez Primero de Letras del Ramo Civil en 1972, Juez Ouinto de Letras del Ramo Penal en 1974, Magistrado de la Ouinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en 1977, actualmente Magistrado de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León. 103 �Una Ley Orgánica de la Justicia flexible, que otorgue atribuciones que solo se lograrían con la participación del Organo Legislativo parte de la base de que en la actualidad, ya la tradicional división de poderes no tiene el aspecto rígido que inicialmente la norma constitucional le dió, pues el principio en que se sustenta la actividad del Estado manifestada en cualquiera de sus formas, busca su coordinación para satisfacer las necesidades, que el orden jurídico le tiene encomendados. Para ello, como se inclinan actualmente los Tratadistas del Derecho Constitucional, del Administrativo y del Procesal, no puede hablarse ya de la existencia de la separación absoluta de poderes, pues las funciones que cada uno realiza se interfieren y formalmente . el resultado de una, corresponde al contenido de otro. El sistema jurisdiccional deviene de la norma constitucional, porque indudablemente es una manifestación de la soberanía que exclusivamente corresponde al Estado, y la vinculación de un particular a la actividad judicial, es decir el cambio de su condición a titular de un Organo Jurisdiccional, se logra mediante el agotamiento de requisitos previstos por la Ley para integrar esa relación jurídica e incorporar a una persona desigiaadá al Estado, para convertirla en Titular del Organo Jurisdiccional, lo que trajo como consecuencia lógica y tan necesaria en nuestro sistema, la implantación de la inamovilidad y la carrera judicial que ha sido tratada en otras Asambleas de Congreso que proceden a éste, para permitir con resultados muy positivos una efectiva labor del funcionario judicial que corresponde a la majestad y señorío de que está investido el Poder Judicial; titulares que si no han logrado estudios especializados, si al menos desempeñaron actividades en puestos inmediatos inferiores, que les permitan una formación intelectual distinta, a la del Abogado postulante, para hacer posible una dedicación absoluta al desempeño de su tarea, sin que ésto signifique una plataforma de despegue hacia otras actividades que después de agotadas, permitan el funcionario reincorporarse. 104 La norrnatividad constitucional y orgánica contempla la actividad jurisdiccional en forma abstracta y genérica, en cuanto a ser órgano y función, y pretende una exigencia del derecho que es un apotegma y consiste en la realización del orden justo, de lo que se coligen dos caracteres esenciales de la función judicial como producto de un órgano del estado, su integridad y su independencia. La integridad de la función jurisdiccional implica que el Estado representante de la sociedad, instituya en un solo órgano la tarea de realizar el derecho, pues no siendo así, surgirían limitaciones a la confianza de los particulares quienes tienen el inalienable derecho a la justicia conocido tan sencillamente "como el dar a cada quien lo que es suyo"; priJ'lcipio de integracfon, que no pugn~ con ~l ~e la u_~dad del poder y el de colaboración de funciones, m desvrrtua el n(Jldo· sistema de la división de poderes entendido por Montesquieu, como no hace destacar una sobre la otra, propiciando su hegemonía, pues esto puede representar el poder de una sola mano. 1 La independencia, atributo esencial de la jurisdicción se considera como una necesidad de orden práctico por ser el único medio por el cual un particular puede sustraerse a la arbitrariedad, Y con él la norma de derecho queda plenamente garantizada por la actividad de un Juez investido de señorío como cualidad de justiciazgo, pues no debemos desatender que el Estado como detentador del poder tiende al abuso, por lo que surge la función jurisdiccional como intermediaria entre sus disposiciones, y su ejecución y cumplimiento, y es conocido de toda esta asamblea corno la actividad judicial ha sido salvaguardia de la Legislación asentando en la sentencia, una justicia llana que no requiere de atributos para dignificarla. Al Estado entonces, le corresponde garantizar la independencia de la actividad jurisdiccional no como privilegio para Jueces o Tribunales como factor predominante, sino una independencia de todos respecto a la norma jurídica sobre la base constitucional, por ser un resultado del carácter propio del Estado que confiere a un órgano profesional y fundamentalmente jurídico, la misión de salvaguardar el derecho y la justicia, sirviéndole. 105 �Un órgano jurisdiccional integrado con formas adecuadas para la impartición de la justicia, e independiente respecto de todos frente a la norma dehlerecho, requiere de un titular imparcial que proyecte la majestad de la judicatura a todos sus ámbitos sociales, y solo puede serlo quien se interese en hacer justicia como contenido de su propia voluntad de dar a cada uno lo suyo, el que se desatiende de su propia subjetividad respecto del conflicto y de influencias externas por hechos o de personas; que se encamine no a la inteligencia, sino a la voluntad limpia y libre de hacer justicia como eslabón de libertad, de fortaleza y valor, todo lo cual aunado a 1 conocimiento y conciencia de lo que se hace. El hecho y norma tradicional de la separación de funciones, no es a la luz de una moderna disciplina jurídica, tajante y rígida que impida interferencias entre ellas, sino que, por el contrario se presenta como una necesidad para una buena administración de la actividad del Estado un principio regulador de colaboración entre ellas manifestándose como temperamentos, y para ello el Derecho Administrativo viene dando paso a nuevas fórmulas, surgiendo con gran interés e importancia, la administración de justicia. El derecho a la justicia, se contempla por nuestra Constitución, destacando el Artículo 17 que garantiza la seguridad de que cada quien sea resarcido en sus derechos por los tribunales judiciales que ejercerán la facultad de ·decir el derecho en forma rápida y gratuita, y ésto se garantiza en cuanto se imponen características trascendentales que exige el órgano jurisdiccional en cuanto a su integración e independencia, como son la designación, estabilidad y el grado de responsabilidad de sus funcionarios, propiciando que el derecho a la justicia como resolutor de conflictos jurídicos entre particulares o irente al Estado, aliente su confianza en el derecho y su aplicación por hombres investidos de cualidades que hagan eficaz las garantías judiciales, con instrumentos tales como la autonomía, dignidad y eficacia de los Tribunales. troversias, sino que debe comprender el uso de medios materiales, y así trataremos algunos aspectos relativos a los órganos jurisdiccionales, a título de "Administración de Justicia", la que distin91.1iremos de ótras ramas, por su objeto, sus órganos y sus característleas, al advertir que sirve para selección y formación de personal, ejecución de penas, proveé edificios, y participa de un sistema policial judicial, .ie lo que se ha hablado ampliamente en otros congresos. Distinguiendo la administración de justicia de otras ramas, tiene la peculiaridad de su objeto y la limitación de sus facultades discrecionales por su potestad limitada a uira función que tiene que ser por esencia independiente y al servicio de la Ley, y además de que carece de uniformidad pues sus dependencias son múltiples como dispersas tales como juzgados, alcaldías judiciales, salas de tribunal, Presidencia, el Pleno, los órganos auxiliares como las dependencias policíacas preventivas y de investigacion, y los centros penitenciarios; y a nivel federal el gran avance logrado con el Instituto de Capacitación Judicial recién instalado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo predominantemente la administración de justicia colaboradora de la función jurisdiccional, en cuanto suministra los medios necesarios para que se cumpla en los términos previstos por el Artículo 17 del Pacto Federal y su correlativo número 16 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León. 1.- La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León de 30 de Diciembre de 1978 establece que la facultad de aplicar la Ley en asuntos del orden civil, familiar y penal se ejercen por el Tribunal Superior de Justicia, los Juzgados de lo Civil, de lo Familiar, de lo Penal, de Jurisdicción Mixta y los Alcaldes Judiciales, y el Estado se divide en 9 Distritos Judiciales comprendidos por los Municipios que integran cada uno, y si en un Distrito haya dos o más juzgados estarán numerados progresivamente. Hasta ahí algunos aspectos contenidos en la Ley Orgánica vigente. Administrar justicia es, de esa manera, no solo dirimir conConforme al funcionamiento de los Juzgados de Primera 106 107 �Instancia en materia civil hasta el año de 1974 y por lo que respecta al Primer Distrito conformado por 16 Municipios incluyendo la Ciudad de Monterrey, y en atención a la facultad establecida por el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Nuevo León que permitía en su Artículo 101 ya reformado que los litigantes libremente, cuando en el lugar donde se ha de seguir un juicio hubiere varios jueces conocería del negocio el que eligiera el actor, llegaron a promoverse demandas en una cantidad superior a 13,500, conociendo solamente uno de los 5 juzgados existentes la cantidad de 5,132 demandas, mientras que otro de los juzgados radicó para su tramitación solamente 1,515 lo que produjo hasta esas fechas, en que ya el Estado sentía la influencia de una creciente demográfica exhorbitante y de la concentración humana por factores externos como la migración, un desequilibrio en la administración de justicia, a virtud que se restaba al Juez su capacidad diligente para prestar la atención, el cuidado y el conocimiento necesario para el trámite de cada negocio y su consiguiente resolución, todo lo cual iba en detrimento de una justicia limpia y de ser expedita en los términos previstos por nuestros mandatos constitucionales. Lo anterior trajo como consecuencia la implantación, por reformas a la Ley Orgánica mediante el Decreto Número 101 publicado en el Periódico Oficial del Estado el día lo. de Febrero de 1975, de la Oficialía de Partes como una dependencia que buscara consolidar al órgano jurisdiccional para su mejor organización y funcionamiento, y adecuar una proporcional distribución de los negocios a los requerimientos de justicia y evitar cargas excesivas en un solo juzgado haciéndola equitativa y por lo tanto equilibrada obteniendo resultados altamente positivos revelados por el Conse~o General del Foro de Abogados, quienes sintieron una mayor efectividad en la atención de sus negocios, y, según lo revelan la" estadísticas del año de 1976 en que se implantó su funcionamiento, se recibieron un total de 14,121 negocios, distribuídos en forma proporcional de 2,825 a cada juzgado lográndose con ello evitar cargas excesivas y det~rioro en la impartición de_la justicia por razones humanas, de capacidad Y de tiempo disponibles de cada titular, y que cumplieran más eficientemente con su función. 108 Posteridrmente, aprovechando las experiencias obtenidas en el Distrito Federal y en el Estado de Veracruz en materia de justicia familiar, se propuso por el Organo Jurisdiccional que el Ejecutivo acogió con saludable intención, reformas a: ,ey Orgánica del Poder Judicial y al Código de Procedimientos Civiles para crear los Juzgados de lo Familiar ante la motivación de ser la familia el soporte de la sociedad, y de que sus relaciones son consecuencia de la conducta ·humana que encuadran en el derecho de familia, en formas subjetivas, de las que surgen relaciones jurídicas como el matrimonio, el parentezco, la adopción, y la herencia como forma tradicional para trasmitir el patrimonio de toda persona; y la necesidad de una regulación procesal relativa a tales relaciones adicionándose el Código de Procedimientos Civiles, reformas que encuadraron dentro de los requerimientos previstos por el Artículo 17 Consitucional referido con anterioridad, modificándose la Ley creando tres Juzgados de lo Familiar, así como la adición al Código de Procedimientos Civiles para su regulación procesal, iniciando su funcionamiento el día lo. de Diciembre de 1977, y sus resultados también deben ser considerados en forma muy elocuente respecto (fe la tramitación de negocios surgidos por conflictos del orden familiar, obteniendo con su creación y a virtud del incremento demográfico, como consecuencia un mayor número de demandas desde el año de 1976 en que ya la Oficialía de Partes cumplía su cometido y que distribuyo 14,121 negocios en 5 Juzgados, incrementándose esa suma hasta de 17,263 en el año de 1979 en que fueron distribuídos 12,828 en 4 Juzgados de lo Patrimonial en forma proporcional de 2,700 a cada uno; y los negocios del orden familiar que ascendieron a 4,435 se aplicaron equitativamente entre los 3 juzgados de esa especialización en un número de 1,478 aproximadamente, permitiéndome establecer ante el señorío de esta Asamblea de Congresistas que la eficacia de la Oficialía de Partes para la distribución equitativa y proporcional de las demandas ha propiciado un clima de tranquilidad, de confianza y de esperanza de que la justicia se imparta en forma más expedita, a diferencia de como b fué anteriormente, y que el Juzgador está en posibilidad de otorgar aparte de su imparcialidad, una mayor efectividad de su capacidad, de su compresión mediante el conocimiento de las relaciones interpersonales de las partes del litigio, alejándose de aspectos subjetivos 109 �propiciados por hechos o personas que no logran un destino interesado de sus demandas, para emitir un justo fallo que permite mantener el orden y la seguridad en el interés de cada quien. 1.- Las experiencias obtenidas en materia civil hicieron que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León las trasladasen a la justicia criminal en donde para el año de 1978 existiendo cinco Juzgados en el Primer Distrito Judicial Ya virtud de fórmulas administrativas deficientes e inadecuadas se radicaran 2 467 negocios conociendo uno de ellos un número superior a ' 525 y' en cambio otros manejaron cifras estadísticas inferiores a los 400, y con la implantación de la Oficialía de Partes creada en la Nueva Ley Orgánica que funciona a partir del mes de Abril de 1979 Y .con la creación de 2 juzgados más para dar un número total de 7 en materia penal, conocieron de 2,307 negocios que fueron distribuidos proporcionalmente en un número inferior a los 300 a cada juzgado, estableciéndose con ello una forma de organización que permitirá a la administración de justicia, cumplir con su más al to cometido, de dar a cada quien lo que le corresponde. 1.- A partir de 1975 en que se hizo necesaria la creación de la Oficialía de Partes en materia civil, de nuevos juzgados en dicho orden y su especialización en Juzgados de lo Familiar, y posteriormente en 1978 en la última Ley Orgánica del Poder Judicial que creó nuevos juzgados de lo Penal y la Oficialía de Partes en esta !l}ateria, se propiciaron reformas continuas a dicha norma de organización, lo que permitió meditar y reflexionar con serenidad respecto a la conveniencia de conceder atribuciones al Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado para crear nuevos Juzgados, cuando las necesidades sociales lo requieran, cancelando la necesidad de reformas continuas e innecesarias, así como la de cambiar el lugar de residencia de la Cabecera del Distrito cuando ya se considerase inoperante a virtud de fenómenos demográficos y de concentración de gentes en lugares apartados a la Cabecera pero dentro de su jurisdicción, que dan origen a nuevas necesidades como el transporte y alojamiento por el desplazamiento de quienes requieren soluciones a sus problemas justiciables que se traducen en serios tras110 tornos que finalmente corresponde al Estado resolver, atribuciones que se ejercitarán la primera conforme al presupuesto de Egresos ele! Estado, y la segunda a petición del Ejecutivo vigorizandose la organización jurisdiccional y fortaleciendo la independencia del organo jurisdiccional frente a los demás, sin que implique interferencia de sus atribuciones, pues la práctica nos demuestra constantemente que a virtud de las nec sidades por satisfacer en el ambi to de organizJcion 7 de la jurisdicción,· es necesario recurrir al proceclimiento legislat1vo, que en algunas ocasiones resulta tardío e implica un seno obstaculo para una eficiente administración de justicia y al contemplarse actu,~l mente en la Ley Orgánica de la Justicia en Nuevo León un concepto flexible que permite alcanzar en su régimen interior las metas noiJlc~. dignas y majestuosas que implican decir el Derecho, se I obustece la unidad del poder, el concepto de la soberania y el de colaboracion de funciones. Me permito concluir con lo siguiente: 1.- II.- III.- Que los Organos Jurisdiccionales de cada Estado pugnen por la implantación de Oficialías de Partes en materia Civil, uC' IJ Familiar y Penal, para que la distribución de demandas, don de haya más de dos Juzgados, sea proporcional para: 1.- Evitar cargas excesivas en detrimento de la admt· nistración de justicia por razones de naturale2;, humana, de capacidad, tiempo y atención dispo nible para cada caso por el Juez, y: 2.- Evitar el destino interesado de demandas qué o;iranticen plenamente la imparcialidad del juzgador. Que el Organo Legislativo mediante leyes orgánicas establezca como atribuciones del Pleno de los Tribunales Superiores de Justicia, la facultad de crear nuevos juzgados, cuando la~ necesidades sociales lo requieran, sin necesidad de reformas continuas e innecesarias, sujetándola únicamente a las posibilidades del erario público. De establecer atribuciones del Pleno facultándolo pan, variar la cabecera cie un distrito judicial, cuando por necesioádes derivadas del crecimiento demográfico y concentracion 11 1 �humana en lugares apartados a la cabecera, pero dentro de su jurisdicción, para que la justicia se imparta sin detrimento de los recursos de cada persona. Señores Congresistas: El señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Licenciado Don Agustín Tellez Cruces, al asumir la Presidencia de nuestro Máximo Organo Judicial, el día 3 de Enero de 1977 dijo: "Hacer justicia es darle dignidad al ser humano; es darle vida a la Ley; es crear seguridad pública; es hacer posible la convivencia humana" Y, en esta ocasión en nombre de los Poderes del Estado de . Nuevo León, y particularmente del Judicial que integramos, decimos a Ustedes, que esas son nuestras aspiraciones, que se han obtenido logros pero no son los suficientes, que se trabaja con dedicación y \os mayores esfuerzos, y deseamos que los trabajos en este Congreso nos ofrezcan nuevas formas y mejores condiciones para que la administración de justicia sea limpia, pura y eficiente y que los individuos reafirmen su fé de mexicanos, en su justicia como igualdad, como verdad, como armonía, pues un pueblo que no cree en ella, es un pueblo sin sentimientos. DICTAMEN DEL CONGRESO a).· "Que el órgano legislativo mediante leyes orgánicas establezca como atribuciones del Pleno de los Tribunales Superiores de Justicia la facultad de crear nuevos Juzgados, cuanúo 1as necesidades sociales lo requieran, sin necesidad de reformas continuas e innecesarias, su1etándola únicamente a las posibilidades del erario público". b).· "De establecer· atribuciones del Pleno facultándolo para variar la cabecera de un Distrito! Judicial, cuando por necesidades derivadas del crecimiento demográfico y concentración humana en lugares apartados a la cabecera, pero dentro de su jurisdicción, para que la justicia se imparta sin detrimento de los recursos de cada persona". 112 SECCION OE CRIMINOLOGIA �MARCO ANTONIO LEIJA "QUE ES LA CRIMINOLOGIA" Desde que la sociedad existe há sido grave el problema relacionado con la conducta de los hombres que cause daños consecuentemente el problema se ahonda el tratar de analizar como esa actividad del hombre que cause daños a sus semejantes puede tener una eficaz solución, esa circunstancia data en la historia desde los tiempos más remotos; pero cuando el Estado se organiza empiezan a programarse actividades tendientes a tratar de dar eficaz solución al grave problema de la delincuencia. Las experiencias que en muchas ocasiones han sido prolongadas y acrecentadas con los datos estadísticos, nos reflejan cómo el avance social determina el avance delictivo, el sujeto delincuente siempre realiza actividades delictivas que en cada ocasión tienen un daño mayor, o bien consecuencias mayores o bien actividades que dada la forma de realizarse puedan resultar actividades no contempladas delictivamente por la planeación que el su- LIC. MARCO ANTONIO LEIJA MORENO Magistrado de la 4a. Sala del T dbunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Coordinador de la Academia de Derecho Penal y de la de Derecho y Ciencias Sociales de la U. A. N. L. 115 Carrera de Crtminología de la Facul•ad �jeto de a su delito, en esa virtud tratando de establecer un eficaz remedio surgen en el Derecho Penal nuevas corrientes doctrinarias, que fundamentan circunstancias que pueden ir desde la forma de contemplar la gran can tidad de actividades delictivas, hasta la forma de establecer como tratar al sujeto que ha cometido un acto criminal Y que por ende representa !)ara la sociedad un peligro latente, vistas estas circunstancias surge en la parte final del siglo pasado en la humanidad ciertas corrientes que fundamentan lo que ahora conocemos como escuela positiva, hace más de 100 años precisamente en 1876 César Lombroso da luz a su nueva obra de antropología criminal, que fundamenta las ideas de contemplar a1 sujeto delincuente y establecer en él principalmente el punto clave de estudio al grave problema de la delincuencia, esta situación del estudio al sujeto que ahora se presenta como un problema inaplazable en su solución, determinó en · la creación de la obra lombrociana las ideas que dieron cause a las nuevas corrientes doctrinarias que fundamentan las ciencias penales, y con ello surge una actividad científica que viene a dar causa a ·la existencia de la disciplina sobre las escuelas criminológicas. Encontramos como ver si el sujeto que cometió un delito, es responsable de él y si por ende debe imponérsele una pena, y si es solución que incumbe estudiar y solucionar al Derecho Penal. 1 Pero programar las ideas establecidas por César Beccaria de que es preferible prevenir que reprimir, y fundamentar las corrientes doctrinaric'> positivistas de que la pena a imponer al sujeto, no es una meta sino es un medio de que se puede valer para lograr que el agente del delito, salga de la prisión sin volver a delinquir, que se precisa estudiar cuáles son los factores causales del crimen, para tener a la mano el material eficaz a determinar la prevención y la eficaz rehabilitación del sujeto en unas auténticas medidas de apl;~ación de penas, esto pues, logicamente está escapando a los fundamentales linderos del Derecho Penal y han dado lugar a que nazca la llamada por el Maestro Carrancá la nueva ciencia, la ciencia de ayer, la Criminología. La condición criminológica fundamenta principalicimamente las ideas en torno al sujeto delincuente, los puntos claves que en torno a él se establecen y al determinado así hace que surjan nuevas disciplinas, unas consideradas como ciencias penales y otras consideradas como 116 ciencias penales y otras consideradas como ciencias auxiliares en la actividad del Juez, así contemplando estas circunstancias, encontramos la investigación criminológica sobre los fa,:tores causales de la delincuencia, establecida como punto clave en la investigación de estos temas. Al estudiar la Criminología, las posibilidades del estdfo de este problema tan arraigado como complejo, hacen surgir corrientes que determinana el estudio necesario del sujeto delincuente, así encontramos la antropología criminal que hace'surgir corrientes que indican como la investigación de estos factores, paulatinamente se ha ido delimitando sobre circunstancias que ocasionan gravez problemas sociales y que se originan por motivaciones de diversa índole. La sociología criminal nos determina como lo hizo Ferri tiempo atrás, que el hombre es un ser producto social que delinque merced a que la sociedad en un momento determinado. ha mezclado su gran cantidad de condiciones existentes en su seno y ha orillado al sujeto a delinquir, por ende no en vano muy comunmente se dice repitiendo la frase de ·Jiménez de Azúa, la sociedad tiene los criminales que se merece, el problema social es demasiado complejo la sociedad orilla al sujeto a delinquir, después lo repudia si delinque y luego lo orilla a la reincidencia. Este tema social dada su C0mplejidad resulta el de más arraigo en el concepto criminal, pero merced a ello también encontramos otras corrientes distintas que dan lugar a nuevas disciplinas. La Psicología criminal nos determina el factor psicologico originados del crimen, el sujeto que tiene una motivac1h1 de cualquier índole, generalmente en su interior sufre ciertas a1teraciones que a manera de condición pasajera lo hace llegar a delinqulf, el sujeto está predispuesto al delito, nos dice Von List que incluso el m.-i<: santo puede delinquir, aunque siempre hay una barrera como es la conciencia del hombre honrado, pero cuando el hombre esta ante el problema de su predisposición al delito encuentra psicologicarri~nte una puerta que le facilita el crimen, ya la psicología criminal nos ;:le. terminará esa multiplicidad de facetas interiores en el sujeto produ.:::11 7 �to de su conducción en la vida social relacionada con el crimen. También encontramos en la circunstancia relacionada con el crimen el nacimiento de la endocrinología criminal, las glándulas de secreción interna del organismo humano determinan un funcionamiento que pueda llegar a ser anormal, dadas condiciones de atrofiamiento de las glándulas o circunstancias que pueden arrojar condicciones similares y que determinan que merced a ello el sujeto puede tener alteraciones que lo conduzcan a la postre a una actividad dañosa considerada como. delito, Estos aspectos están determinando como la concepción delictiva puede ser de diversa índole, tanto social como psicologica, con ello criminologicamente merece ser estudiada determinantemente, para poder establecer cual es el factor causal de . la delincuencia y con ello tener a la mano las ideas necesarias, para poder establecer lo que nosotros comprendemos como el material indispensable poder hacer un eficaz tratamiento al sujeto delincuente, una eficaz actividad Estatal para lograr el fundamento específico de la sansión y que viene a ser éste la conocida pena de fin, aplicación de la misma para lograr la rehabilitación del sujeto, puntos fundamentales a estudiar en el concepto específico de la moderna criminología. Precisa también establecer que subsiste como tema importante a considerar la idea relacionada con no solo las ciencias penales sino las ciencias auxiliares, claro que son auxiliares del Juez Penal, sa_b ido es que la trayectoria en las corrientes doctrinarias dan cause al . moderno concepto del Juez Penal, pues nos dicen como realmente el problema clave en relación con el delito está en la persona del Juez; el Juez Penal representa la investidura necesaria para poder conocer las concepciones relativas al sujeto delincuente I en este concepto encontramos cómo la sociedad se está dependiendo fundamentalmente del Juez Penal, de él depende si un sujeto es o no responsable del delito y que es la sanción que debe cumplir. De ésto encontramos que la consecuencia necesaria de toda la trayectoria positivista del Derecho Penal, se integra en la persona del Juez, sin embargo veamos la condición del Juez: Primeramente 118 encontramos a la persona del Juez como un ser tan humano como el propio sujeto a quien está juzgando, el Juez en estas condiciones como tal, es una persona que está expuesta a tener fallas, sabido es el silogismo de que todo hombre es falible, siendo el Juez un hombre, el Juez también puede ser falible; sin embargo esa condición del Juez de ser humano es una condición altamente positiva, la sentencia del Juez debe tener un tinte humano, de nada serviría encontrar al Juez comb a una persona que mecanicamente imponga una pena, pues ent'mces encontraríamos facilmente al Juez substituido por una máquina corpputadora en donde por un lado se le pusiera un proceso y por otro lado saliera la sentencia, pero no es así, el Juez debe ser humano y su fallo debe serlo también, debe estar impregnado de condiciones de carácter humano, se necesita que así sea, por esb el Juez es eficaz en su función, la condición del Juez a la par con su actividad es delicada, no solo tiene que derimir la controversia suscitada en el proceso, tendrá que establecer si las alegaciones de la defensa son ciertas , si la confesión del acusado es verosímil y que diremos del dicho de los testigos, todo ello lo pudiéramos concebir como una problemática mancomunada que a final de cuentas, se presenta ante el Juez como un gran dilema a dirimir. Pero el Juez para poder resolver más eficazmente sus problemas tiene su cultura, sus conocimientos y sus técnicas, la criminología nos enseña el nacimiento de técnicas modernas que auxilian al Juez, la criminalística, la policía científica, la medicina legal, la estadística, no revelan sino datos que al final son los que fundamentan la tesis del Juez para poder establecer W1a sentencia eficazmente válida la criminalística determina los factores de investigación en el crimen: cuando se persigue la verdad nos da puntos claves sobre sus conocimientos, condición que auxilia eficazmente al Juez, porque está determinando la verdad lograda mediante técnicas eficientes, y que diríamos de la estadística criminal, el casillero de delincuentes, la formación de antecedentes y de condiciones eficaces que lo llevan al crimen, que diríamos de la medicina forense que está determinando los puntos necesarios de investigación, para poder establecer si hay crimen Y quien lo cometió, la policía científica determina los avances técnicos relacionados con la investigación del crimen, no es suficien119 �te una confesión del acusado para hacerlo responsable del crimen, cualquiera podrá decir que cometió el crimen, pero necesitamos-que científicamente se fundamente con datos de convicción para estabelcer si el sujeto es el criminal, esta condición parte de la investigación llevada adelante por la técnica científica policíaca, de otro modo la situación sería ineficaz. El estudio de la criminología en los términos que se han establecido, da lugar a que se fundamenten multiplicidad de conceptos que, aglutinados en las corrientes doctrinarias merecedoras a estos estudios, obligan necesariamente a que traspasando los linderos del Derecho Penal tengamos un encuentro con los conceptos criminológicos, e investiguemos concienzudamente todos los conceptos relacio. nados con el crimen, que parten desde la investigación policíaca, a la sazón de la comisión criminal, hasta la actividad del Juez y luego la concepción sobre los sistemas penitenciarios, para poder establecer la eficacia de la pena, el conjunto pormenorizado los vamos a encontrar como el fundamento eficaz de la moderna criminología, solo estudiando estos conceptos y relacionándolos, podemos determinar una 'eficaz aplicación en torno al grave problema del delito que tanto ayer como hoy, es problema que se presenta en la sociedad, y su solución debe ser el punto de partida para dar lugar a que los conceptos analizados nos sirvan y nos den causa a que los grandes problemas del crimen dejen de subsistir. 120 Se t etm inó d e im primir en San Nicolás de los Garza N de la Facultad d e D erecho Y C. S . • . L., en el Departamento Editoria l el día 1 5 d e Ma yo de 198 0 . E ;enedc,as_. oc,ales d e la Universidad Autónoma de Nu evo León . s a ,c 10n const a de 1,0 00 ejemplares �DISEI\IO GRAFICO ENRIQUE LUPERCIO PINTOR 01.SUJANTE REGIOMONTANO MAESTRO DE ARTES PLASTICAS EN LA U . A . N. L. GRABADO EN PUNTA SECA �� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Derecho Y Ciencias Sociales Año de publicación El año cuando se publico 1980 Época Época del la revista Segunda Número Número de la revista 3 Mes de publicación Mes cuando se publicó Enero-Abril Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Bimestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1784899&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales, 1980, Segunda Época, No 3, Enero-Abril Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Longoria, Samuel, 1934-, Director Subject The topic of the resource Derecho Derechos civiles Publicaciones periódicas Leyes Jurisdisprudencia Filosofía del derecho Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Vásquez Alanís, Fernando, Director Lozano González, Santiago, Secretario de Redacción Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/01/1980 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016557 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. San Nicolás de los Garza, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. 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