https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/271/13603/DERECHO_Y_CIENCIAS_SOCIALES._1989._3a_Epoca._No._1._Ene-Abr._0002016569.ocr.pdf 2c9b156361193515fd18afc210414014 PDF Text Text ¡¿~ de ki 'leutdtad de Z)euda , ~ Soeial&-U.A.1t~ �.,, -'t ;;.-. # ,. ,,4_ " - ' .... J _j, �1<~ de ta'?~ de Z ) ~ ~ ~ Sodalu-Ur/,1t,L �UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON Rector: Ing. Gregorio Farías Longoria ISSN en trámite. 340 H K 300 364 Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Junio de 1973. Monterrey, Nuevo León, México. Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Derecho Y Ciencias Sociales. v. cuatrimestral. En Marzo de 1979 inicia la 2a. época Y concluye en Noviembre de 1988 (no. 12). Hasta Abril de 1980 se publicó con el título Derecho y Ciencias Sociales. FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Y COLEGIO DE CRIMINOLOGIA DIRECTOR: .. .. ... . .. . .. . ............... . . . ...... .. .. . ... Lic. Catarino García Herrera. SUB-DIRECTOR ACADEMICO: . .. .. .. ..... ... ......... Profr. y Lic. Emesto T. Araiza Rivera. COLEGlO DE CRIMINOWGIA : . . ................ . . . ... .. ..... Lic. José Luis Gálvez Pérez. DECANO : .. . ... .. . ..... . . ...... .... . ..... ... .... ... .. .. . .. Lic. Genaro Salinas Quiroga REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DIRECTOR : .. ....... ... .. . ...... .. ...... . ... . .. .... Lic. J. Mauro Villarreal de la Fuente. SECRETAR.JO DE REDACCION: .. . , . .. . .. . ... ... ...... Profr. y Lic. Ernesto T. AraizaRivera. COORDINADORA DE SERVICIOS EDITORIALES: . ... . . . .... . .. Lic. Nora Leticia Alanís Díaz. DISTRmUCION Y CANJE :. ........................ Bibl. Ma. Mercedes Rodríguez de Oviedo. ASESOR ARTISTICO : ...... . . .. ...... ... ... .. . ... .. . .......... Heriberto Gómez Pitalúa. 1. DERECHO-MEXICO. 2. CRIMINOLOGIA MEXICO. 3. CIENCIAS SOCIALES - MEXICO CONSEJO EDITORIAL Lic. Catarino García Herrera, lic. Marco Antonio Leija Moreno, Lic. Ismael Rodríguez Campos, Dr. Walter Frisch Philipp, Lic. David Becerra Vaca, Lic. Fernando Flores García, Ing. Juan Antonio Benavides. Dr. Abelardo A. Leal Díaz, Lic. Héctor F. González Salina,, Lic. Ma. Lourdes Tamez Pérez, CANJE: La responsabilidad de los artículos publicados es exclusiva de sus autores. Las opiniones expresadas son estrictamente personales, y no asumen responsabilidad por ellas la Revista, la Facultad de Derecho de la UANL o las instituciones a que están asociados sus expositores. Solicitamos canje. Nous demandons Pexchange. Pede se permuta. We request exchange. La REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES aparece cuatrimestralmente. No se devuelven originales aun cuando no se publiquen. Toda correspondencia debe dirigirse a: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Revista Derecho y Ciencias Sociales Ciudad Universitaria San Nicolás de los Garza, N. L. 0 Tercera época. Enero-Abril 1989 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Nuevo León. Sucursal de Correos "F", Apdo. Postal No. 31 Cd. Universitaria San Nicolas de los Garza, N. L ., MEXICO. IMPRESO EN MEXICO. PRINTED AND MADE IN MEXICO. Departamento Editorial. FJ)YCS. UANL. IMPRESO EN MEXICO PRINTED AND MADE IN MEXICO Departamento Editorial Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León Cd. Universitaria San Nicolás de los Garza, N. L. �UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 3a.EPOCA ENERO -ABRIL 1989 NUMEROl SUMARIO Página UC. CATARINO GARCIA HERRERA: Editorial EL PROCESO CIVIL EN NUEVO LEON.- Lic. Catarino García Herrera 11 LA BIBLIOTECA JURIDICA "DR. ABELARDO A. LEAL'' Su Trascendencia Pedagógico - Didáctica en el Entorno Jurídico.Profr. y Lic. Ernesto T. Araiza Rivera 21 ALGUNOS INDICIOS SOBRE LA CREACION DEL SECTOR INFORMAL EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1980 - 1983 Lic. Jesús Ramones Saldaña 27 LOS RECURSOS ELECTORALES COMO MEDIOS DIRECTOS DE DEFENSA Lic. Enrique Bamey Olvera 37 FUNDAMENTO Y ESENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL Profr. Dr. Jur. Dr. Phil. Agustín Basave Fernández del Valle 45 EXPWRACION DE UN MODELO DE ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS REGIMENES DE EXPLOTACION PETROLERA. ALGUNAS APROXIMACIONES METODOLOGICAS. Lic. Rodolfo Garza Ga,za 53 PROCEDIMIENTO DE HUELGA. EL ARTICUJ,O 923 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ES DE APLICACION RESTRICTIVA. Lic. César Ga,za Ancira 61 EL ALCOHOLISMO EN LA VICTIMA COMO FACTOR CAUSAL DE LA DELINCUENCIA. SUS REPERCUSIONES EN EL CAMPO JURIDICO. Lic. Marco Antonio Leija Moreno 67 APUCACIONES FORENSES DE LA FOTOGRAFIA INFRARROJA Y ULTRA VIOLETA. lng. Juan Antonio Benavides Flores 73 �EDITORIAL REFORMAS AL ENJUICIAMIENTO MERCANTIL Abog. Carlos Francisco Cisneros Ramos 83 LA COLEGIACION OBLIGATORIA Lic. José Fuentes García 95 RESEÑ'AS BIBUOGRAFICAS. ADQUISICIONES RECIENTES DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA U.A.NL. ACTUALIZACION LEGISLATIVA 103 107 Aparece hoy en su nueva presentación la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Colegio de Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, significando el inicio de la tercera época de esta publicación y evidentemente una etapa nueva para la institución ya casi bicentenaria. El propósito no es que la transformación sea meramente formal, sino que se proyecte a la esencia, al fondo, no sólo de este medio de comunicación académ4;:a, sino a la médula de los fines y objetivos de la propia escuela como prolongación de la misma universidad, custodia genuina de los valores culturales y espirituales del ser humano. ¿ Qué somos como institución en el contexto universitario y social ?, ¿estamos convencidos de lo que enseñamos?, ¿estamos cumpliendo con los objetivos específicos de la enseñanza jurídica?, ¿qué valores morales inculcamos a los jóvenes que aspiran a ser abogados o criminólogos?. Estas interrogantes deben sacudir fuertemente nuestra conciencia y han de motivamos a retomar el adecuado rumbo de la enseñanza del Derecho. Recordemos que no es tan sólo el tecnicismo jurídico lo que hará de los futuros abogados y criminólogos, auténticos defensores de la justicia; su formación integral como personas que obren con base en principios universales Y trascendentales, y que mediante el dominio de la técnica, ejerzan su vida profesional por encima del interés mezquino propio, constituye la mejor garantía de paz, justicia y orden social. El esfuerzo en esta tarea debe ser co- mún: maestro y alumno en ese indisoluble binomio enseñar-aprender; la abulia, el desinterés, la apatía son los enemigos a vencer. El reto es trabajar sin denuedo, pero ¡ya! Urge reformar el obsoleto plan de estudios vigente y actualizar los programas particulares de cada disciplina. Es momento de participar en la construcción del pensamiento jurídico del año dos mü y en quienes inexorablemente recaerán los destinos de la patria mexicana. Que quede clara nuestra intención, que no es otra, sino la de convocar a maestros, estudiantes y a toda la comunidad de leyes a tomar conciencia sobre el imperativo de hacer bien lo que nos corresponde hacer. Combatamos la mediocridad y nosotros docentes, luchemos contra el espíritu meramente mercantilista que parece prevalecer en este tiempo en los estudios jurídicos y penetremos en los campos científicos, de una sana y perenne ñlosofía y extractemos de ella aquellos sólidos principios trascendentales para que nos siroan de norma y pauta en todos nuestros actos personales y sociales. El hombre es el único ser cuya conducta debe ser guiada por principios, pues de lo contrario se.rebajaría al nivel de los animales. "El hombre debe vivir como piensa o terminar por pensar como vivir". San Agustín. El horizonte que se vislumbra en esta nueva etapa es promisorio. ¡Adelante! LIC. CATARINO GARCIA HERRERA DIR.ECTOR �LIC. CATARINO GARCIA HERRERA Profr. de Derecho Procesal y Teoría General del Proceso de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. EL PROCESO CIVIL EN NUEVO LEON CAPITULO I EVOLUCION DEL PROCESO CIVIL EN NUEVO LEON Dispuesto el órgano creador de la Ley, enseguida dio vida también a los otros dos poderes con los que compartiría el ejercicio de la función pública, a nivel local. Así el 5 de 'agosto del mismo afio, se designó como Gobernador provisional de esta tierra al Ciudadano José Antonio Rodríguez. l.- Antecedentes previos. Consumada la independencia de México de la Corona.Española e instaurado el régimen constitucional por efectos del sistema federal adoptado se procedió a la organización, mediante sus propias leyes, de los Estados que integrarían la Federación Mexicana. Las noveles entidades federativas adquirirán la condición de libres e independientes paro su régimen interior; y el ejercicio del poder se dividiría en tres poderes: El Legislativo, creador de la Ley; el Ejecuti~ vo que cumpliría y ejecutaría la nonna y, el Judicial intérprete y destinatario de la aplicación de la nonna. El 11 de diciembre siguiente se crea el Supremo Tribunal de Justicia, formándose también un juzgado de primera instancia en cada uno de los cinco partidos en que estaba dividido geográficamente el territorio del Estado. La primero Constitución Política quedó sancionada el 5 de marzo de 1825. El Congreso Co'nstituyente cerró sus funciones el 29 de mayo del mismo año, abriendo la puerta a la primero legislatura Constituyente; que asumiría la responsabilidad de la Función Legislativa. ¡ La Antigua provincia de Oriente había expirado ! En obediencia a lo mandado por el Congreso General y en acatamiento a la Ley para establecer las Legislaturas Constituyentes, fechada el 4 de febrero de 1824 se procedió a la elección e instalación del primer Congreso Constituyentes de Nuevo León, el que inició sus trabajos el primero de Agosto de 1824 y su misión principal lo constituía el estudio de la Constitución política paro el Estado; sin embargo, expidió también decretos de carácter urgente paro la Organización Administrativa. La vida Institucional Judicial del Estado después de la Independencia, tiene en esos antecedentes sus primeros orígenes y su -nacimiento gestado bajo el amparo del Nuevo Orden Jurídico Nacional, sin embargo, la administración de 11 �septiembre de 1871 haciendo ver la importancia vital de la formación de los Códigos Civiles y Criminal y. otras leyes. Posteriormente, se aprobó por el Congreso la Publicación del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales con algunas modificaciones. Justicia en su aplicación concreta quedó todavía sujeta a las antiguas leye-s Españolas. Incipientes manifestaciones de independencia jurídica en materia Procesal Civil afloran en las siguientes disposiciones Legislativas: Acta de fecha 23 de febrero de 1831, en la que se aprueban los procedimientos para los juicios verbales; Acta de fecha 18 de marzo de 1831, en la que se establece que para quitar un solar al poseedor que lo tiene, es menester que sea oído y vencido en juicio según las leyes; Decreto número 150 de fecha 20 de abril de 1852 en que se reglamenta la manera de conducir-los juicios civiles. He aquí los primeros antecedentes del proceso civil del Nuevo León después de la independencia. El 26 de diciembre de 1876 el Gobernador Genaro García integró una comisión para estudiar los Códigos que habl'an sido aprobados para el Distrito y Territorios de la Baja California y determinar si podían ser aplicables o no en el Estado. La comisión quedó integrada por los señores Licenciado Canuto Gareía como Presidente, como Secretario el Licenciado Emeterio de la Garza y como asociados los señores Licenciados Ramón Treviño e Isidro F(ores. (16) El tiempo transcurre inexorablemente; el poder judicial desde el siglo pasado ha venido recogiendo las inquietudes y necesidades de justicia del Pueblo; su actuación la recoge la historia, Juez implacable. El seno del Supremo Tribunal de Justicia ha recibido a preclaros hombres de Nuevo León: Don Alejandro de Treviño y Gutiérrez, 'fundador de la primera Cátedra de Derecho en el Estado; Licenciado y General Lázaro Garza Ayala, Dr. José Eleuterio González, son sólo unos cuantos los preclaros hombres que han dado lustre y prestigio al nombre de Nuevo León y que han estado al servicio de la Justicia. Es hasta el año de 1878 siendo Gobernador de Nuevo León, el señor Genaro Ga"rza García, cuando se publica el Decreto número 73 expedido por la Décima Novena Legislatura Constitucional, que contiene el primer Código de Procedimientos Civiles, el cual inició su vigencia el 15 de diciembre de 1878. Al observar el contenido del flamante Código apreciamos que se trata indudablemente de una copia del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Terrjtories Federales de fecha 9 de diciembre de 1871 inspirado en la Ley de Enjuiciamiento Española de 1855. Este aspecto nos vincula al anteceden• te común histórico dé la Legislación Procesal Mexicana, que lo es el derecho español a su vez, también influido por el Derecho Romano. 2.- Código de Procedimientos Civiles de 1878. Como consecuencia de la Legislación Procesal promulgada en el Distrito Federal, se advierte ya la necesidad en el Estado también de elaborar nuevas leyes procesales, acordes con las necesidades y cultura local. Esta inquietud tiene su manifestación oficial en el informe que rinde al Congreso del Estado el Gobernador Constitucional General Gerónimo Treviño en el mes de Volviendo al Código de Procedimientos Civiles de 1871, declarado vigente en el Estado de Nuevo León, advertimos que se trata de un ordenamiento dividido en 20 títulos, sub-divididos en capítulos pero sin una estructura metodo• lógica que técnicamente se advertía en las posteriores Legislaciones. Destaca el contenido volu· 12 minoso de los preceptos que lo informan que le da un matiz propiamente casuístico. Con acentuado carácter doctrinal, define las instituciones y particulariza los elementos de cada una de las acciones reglamentadas y es repetitivo como se aprecia al reglamentar los actos judiciales en algunos de los juicios que regula; en el tratamiento que se le da a los recuT"SOs, etc. De su contenido llama también la atención el procedimiento destinado a la habitación para litigar por causa de pobreza, el de la conciliación, tanto en los actos prejudiciales como en el Juicio Ordinario. Instituía los juicios verbales tanto ante los Alcaldes Judiciales como los Jueces de primera instancia, que se substanciaban groso modo en la forma siguiente; planteada la demanda y practicado el emplazamiento, independientemente de que pudieran concurrir los interesados sin necesidad de citatorio, se comparecía ante el Tribunal e·n el que levantaba un acta en la que se hacía constar la demanda propuesta, las excepciones alegadas, la reconvención si la hubiere. Si era necesaria prueba se concedía un término que no excediera de 20 días. Los testigos podían ser hasta 1O por cada parte sobre cada punto; se concedían 10 días a cada litigante y se exponían verbalmente los alegatos para pronunciarse la sentencia dentro de los 8 días siguientes. El aludido ordenamiento también establecía el juicio arbitral y los procedimientos en rebeldía. La Tercería era considerada como Incidente. En materia de recursos se podrían hacer valer la apelación, la denegada apelación, la súplica, la denegada súplica y el recurso de casación. quedaban comprendidos los alimentos provisionales, la declaración de estado, la de emancipación, el depósito de personas, la habilitación para comparecer en juicio entre otras. El juicio sobre arrendamiento se ventilaba en la vía sumaria. Este Código de Procedimientos Civiles rigió hasta el año de 1891 en que el Gobernador del Estado General Bernardo Reyes promulgó el segundo Ordenamiento Procesal Civil de Nuevo León. 3.- Código de Procedimientos Civiles de 1892. Este segundo Ordenamiento Procesal que en Materia Civil estuvo vigente en el Estado, 'fue publicado en el año de 1892 al ser aprobado por el Congreso Local, siendo Gobernador Constitucional el General Bernardo Reyes cuya personalidad Política trascendió a toda la República. De la lectura del Código claramente se aprecia la influencia que ejereió sobre él, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 1884. Sólo pequeñas variantes de fondo se advierten: Se suprime el juicio verbal; se permite en materia de confesión judicial rendir pruebas en contrario frente a la confesión fleta. En los recursos se amplió la admisión de la aclaración tanto a las sentencias definitivas como a las interlocutorias; se modificó la substanciación de los recursos de súplica, apelación y denegada apelación. En materia de Juicio Interdictal se suprimió la facultad del Juez pa~ desechar de plano la demanda. Se eliminó la posibilidad de com- En materia de Jurisdicción voluntaria 13 �prometerse en árbitros la responsabilidad criminal y en materia de Jurisdicción Voluntaria se suprimió el trámite de las informaciones para obtener dispensa de Ley. En el trámite sucesorio se exigió la debida exactitud de los títulos que amparaban las propiedades que se transmitirían a los herederos y legatarios, para efectos del Registro Público. El capítulo N, título II, del libro Segundo de éste ordenamiento procesal de 1909, fue reformado al expedirse en el año de 1919 la llamada Ley de Interdictos. Se otorga a éstos calidad de juicios sumarísimos. Además quedaron comprendidos en este rubro la suspensión de ejecución de obra nueva y el de adquirir la posesión hereditaria. En cuanto a la forma, se define la estructura metodológica del Ordenamiento, que habría de prevalecer hasta nuestros tiempos. 4.- Código de Procedimientos Civiles de 1909. El Trigésimo Cuarto Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, mediante decreto número 58, publicado también por el General Bernardo Reyes como Gobernador Constitucional, aprobó el tercero de los Códigos de Procedimientos Civiles que ha reglamentado el proceso, después de la independencia. 5.- Código de Procedimientos Civiles de plazamiento y se establece un nuevo sistema de notificación personal para casos específicos y otro referente al consentimiento tácito de las notificaciones defectuosas. negocios concernientes al estado civil de las personas, al derecho de percibir alimentos y aquellos en que debía de ser oído el Ministerio Público. Se eliminan los llamados términos prorrogables, supsistiendo los improrrogables. 6.- Código de Procedimientos Civiles de Como aspecto importante, destaca la reglamentación del procedimiento llamado ''Providencia Previa de Lanzamiento", que substituía al procedimiento de desocupación. Esta nueva medida, posteriormente, fue declarada anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se incorporó la suspensión de obra nueva, también como acto prejudicial. El siguiente Código de Procedimientos Civiles fue promulgado durante el Gobierno del señor Licenciado Pablo Quiroga, en el año de 1935. Más de cuatro décadas duraría la vigencia de esta legislación. 1926. En el área de pruebas se suprime la "FaEl Gobernador constitucional del Estado Gerónimo Siller dispuso la publicación del decreto número 1O expedido por la Cuadragésima Legislatura, que daba luz al siguiente ordenamiento procesal civil, con vigencia a partir del día primero de Abril de 1926. Los puntos de diferencia en relación a la legislación que se derogó, se encaminaron hacia las notificaciones, recursos, procedimientos de jurisdicción voluntaria y juicio sucesorio. Como novedades que presenta este Código destaca la supresión de las disposiciones relativas a la clasificación de las acciones y a las definiciones que de ellas contenían los anteriores textos procesales. En cuanto a las notificaciones se pretendió eliminar formalidades que se estimaron innecesarias y se estableció que la notificación de las resoluciones judiciales sólo se entenderían consentidas cuando notificada la parte expresamente manifestara su conformidad. en el capítulo de formalidadesjudiciales se menciona a los actuarios, a cuya personalidad aludiremos posteriormente y en quienes recae la responsabilidad de practicar las diligencias que dispone el Juez f'µera del local del Juzgado. En materia de recursos se fijaron los casos de improcedencia del recurso de casación. Se reglamentó la protocolización de documentos extranjeros. En las resoluciones judiciales se suprime la media firma. El procedimiento de apeo y deslinde fue trasladado al apartado de jurisdicción voluntaria. En el área de notificaciones se disponen nuevas reglas para la primera notificación o em· ma Pública" y la publicación de probanzas. En un sólo capítulo se resumen los documentos públicos y los privados. Cambia notablemente la reglamentación de los recursos, derogándose el de súplica, de denegada súplica y el de casación. Según la exposición de motivos de este nuevo texto jurídico: "no fue posible inspirarlo en la Ley Procesal del Distrito y Territorios Federales. Específicamente se ha encontrado que no reúne las condiciones de simplicidad y de accesibilidad que debe contener toda ley. .... Se ha procurado seguir con los lineamientos trazados por el actual Código de Procedimientos del Estado, sólo se ha hecho lo posible por purgarlo de sus deficiencias. En cuanto a sus objetivos, se enfocaron hacia el establecimiento de procedimientos breves, acortándose los términos, sancionado severamente a las Autoridades Judiciales que retardaren la resolución de los negocios. Paro evitar incidentes de nulidad ·se limitaron los casos de notificación personal. Los incidentes sufren modificaciones al Privarse de tal carácter a la tercería, otorgándose/e por su tramitación un procedimiento específico. Quedan eliminados los juicios extraordinarios, el juicio de desocupación, el hipotecario Y las disposiciones especiales para la calificación de impedimentos para el matrimonio. Se suprimen los recursos en materia de competencia. Los interdictos se reestructuron en un solo capítulo. La recusación sin causa queda eliminada. Aparece por primera vez en Nuevo León el procedimiento de Divorcio Voluntario. Por último, se reglamenta un procedimiento llamado "Convencional,, que podía substanciarse a elección de las partes a excepción de Finalmente, se instituye la llamada Justi15 14 1935. �dinámica para satisfacer su misión reguladora de la conducta y factor de equilibrio social. cia de Paz con procedimientos libres de toda formalidad. En otro orden de ideas es oportuno señalar que Niceto Alcalá Zamora al hacer un estudio comparativo de la Legislación Procesal de los Estados, ubica paro estudio a estos Ordenamientos en familias.· Afirma que se pueden inferir seis familias puros o definidas y tres que denomina mestizas. Es responsabilidad del poder público mantener el orden jurídico actualizado a las necesidades del momento. El actual Código de Procedimientos Civiles en un período de vigencia de 14 años, dista ya de ser la norma instrumental idónea paro obtener justicia. Las fracturas manifiestas de su estructura, se proyectan ya en manifestaciones de inquietud social. El Código de Procedimientos de Nuevo León de 1935 es ubicado por el eminente tratadista en la familia de los Códigos mestizos al considerarlo resultado de una combinación de los Códigos Distritales de 1884 y 1932. Ciertamente, de la lectura comparativa de ambos ordenamientos, se puede corroborar la similitud de la reglamentación. En este apartado después de descn"bir el sentido de las reformas y el contenido orgánico del texto procesal que en estos momentos regula el proceso en nuestra comunidad, c!omentaremos la reglamentación de algunas de las instituciones, señalando en su caso los obstáculos que a nuestro juicio, impiden la plena realización de la norma. 7.- Código de Procedimientos Civiles de 1973, actualmente en vigor. En la exposición de motivos, se corrobora la exigencia de actualizar el ordenamiento jurídico a las circunstancias imperantes Se razona: "La dinámica que imponen las necesidades y progresos de la sociedad hacen obligatoria la intervención de los ciudadanos en la actualización de las normas. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León data del año de 1935, y aún que ha sido motivo de algunas reformas esporádicas que, además- permanecen dispersas en distintos decretos, no superan las deficiencias de la legislación de referencia, lo que motivó la necesidad de hacer un estu· dio que permita actualizar, al menos, aquellos capítulos o disposiciones en que notoriamente se transgrede la Constitución Política de los Es'ta· dos Unidos Mexicanos o sea está en situaciones del todo anacrónicas". Si nunca el derecho, como lo expusimos en líneas anteriores, puede reflejar la exac'ta realidad, tal afirmación se presenta más clara a la altura en que nos encontramos al estudiar este tema. Las sucesivas reformas de que ha sido objeto la legislación de Nuevo León en materia civil, que como se ha visto no han sido pocas, no dan la pauta de lo que efectivamente en los hechos ha ocurrido. Los efectos reales de cada una de las transformaciones del orden jurídico distan siempre de lo postulado por éste; aún hoy, parecen existir serias dificultades paro sostener con certeza cual es la plena realidad. El acontecer diario, proyecta indefectiblemente los incontenibles cambios sociales. El derecho necesariamente es envuelto en la misma La anterior legislación con una vigencia de 44 años, debía de ser actualizada. Esta era la finalidad mediata de las reformas; pero, un objetivo final y fundamental quedó expresamente consignado en el documento que contiene la exposición de motivos: . . . . . "UNA EFICAZ Y EXPEDITA ADMINISTRACION DE JUSTICIA•~(22) Los puntos básicos sobre los cuales recayeran las reformas, son los siguientes: a) Se preve el trámite incidental para resolver los casos de levantamiento del embargo derivado de la providencia precautoria de embargo. b) Se suprime la Providencia Previa de Lanzamiento, por su abierta y declarada inconstitucionalidad. En su lugar se reglamenta el juicio sumario. c) El juicio Arbitral se elimina ante su inaplicabilidad y ser contrario al artículo 13 Constitucional. d) El trámite para Alimentos Provisionales, se substituye por el procedimiento sumario. e) Se reacomodan disposiciones relativas al Juicio Ejecutivo. f) En materia sucesoria se estructuró el procedimiento hereditario administrativo, introducido en la legislación desde el año de 1965, por decreto número 36 de fecha 26 de junio del citado año. El Código de Procedimientos en el Periódico Oficial de fecha 3 de febrero de 1973 e 16 17 inició su vigencia a los 15 días de su publicación, según lo dispuso el artículo primero transitorio del decreto respectivo. 957 artículos contiene este ordenamiento; un título especial dedicado a la justicia de paz y 3 transitorios. Metodológicamente está estructurado en cuatro libros, subdivididos en títulos y capítulos. Antes del libro primero, en un título preliminar reglamenta a las acciones y excepciones. El libro primero está dedicado a las disposiciones comunes a la jurisdicci6n contenciosa, a la voluntaria y a la mixta. El título primero comprende reglas generales y en seis capítulos trata: de la personalidad de los litigantts, de las actuaciones judiciales, de las resoluciones judiciales, de los términos judiciales, notificaciones y costas. El título segundo regula en tres capítulos a las competencias estableciendo reglas generales, así como la forma de substanciarse y decidirse. El título tercero, integrado por seis capítulos preve lo relativo a los impedimentos y excusas, recusación,negocios en que no tiene lugar la recusación, tiempo en que debe proponerse la recusación, de los efectos de la recusaci6n y la substanciación y decisión de la recusacÜJn. En el título cuarto del mismo libro primero, se regulan en cinco capítulos los actos prejudiciales: medios preparatorios de juicio; separación provisional de los· cónyuges, preliminares de consignación, providencias precautorias y suspensión de obra nueva. En el título quinto se establecen en once capítulos las normas relativas a la prueba, su clasificación y eficacia, incluyendo a las tachas de ley. El título sexto se refiere a los alegatos. El séptimo a las disposiciones generales sobre las sentencias y a la sentencia ejecutoriada. En el título octavo se regula el sistema de recursos, reconociendo con tal carácter a la aclara- �ción,revocación, apelación y denegada apelación. El Título noveno comprende la ejecución de las sentencias, tanto las dictadas por el Tribunal y Jueces del Estado, como las dictadas por los Tribunales de los Estados y del extranjero. El título décimo, preve las normas referentes al secuestro judicial y los remates. Los incidentes y la acumulación de autos son tratados en el título undécimo. En el duodécimo se reglamenta el procedimiento de tercería y por último, en el duodécimo tercero al divorcio por mutuo consentimiento. voluntaria. competencia. En el libro quinto, por exigencia de l nece_sidades imperantes, se reglamentó manera especial, la tramitación de los asunto del orden familiar. El sistema de notificaciones ha sido también objeto de modificaciones al sub-dividirse la llamada área metropolitana, en cuatro distritos judiciales lo que anteriormente se comprendía en el primero. Se instituye en este mismo apartado, el Boletín Judicial, que extingue la antigua lista de acuerdos. En el lapso comprendido desde la iniciación de vigencia hasta este momento e( Código de Procedimientos Civiles del Estado ha sido objeto de innumerables reformas. En el capítulo de Jurisdicción Voluntaria se establecen requisitos menos 'flexibles para la procedencia de la adopción. Se reglamenta el "Procedimiento Sucesorio Especial", cuya característica es la simplificación de trámites. Por último, en el año de 1977, se incluye el capítulo dedicado a las cuestiones del orden familiar, adicionándose posteriormente al concederse facultades a la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia para conocer de la modificación y rectificación de actas del estado civil. Destacan entre ellas las relativas a las Diligencias para mejor proveer (artículos 49 y 50 ); a la supresión del llamado depósito de personas, el cual fue sustituído por la "separación provisional~', a los de la competencia. El libro segundo es dedicado a la Jurisdicción contenciosa. Se subdivide en tres títulos El primero contiene las reglas generales para todos los juicios. El segundo en siete capítulos dispone las reglas para la tramitación de las diversas formas de juicio, reconociéndose como tales: el ordinario, el ejecutivo, interdicto, sumario de alimentos y de desahucio y juicio de menor cuantía. En el caso de divorcio voluntario, la sentencia se condiciona a que los derechos de los hijos menores e incapacitados queden garantizados tanto en el orden económico como en su salud física y mental, facultándose a la autoridad judicial para que decrete las medidas necesarias para el bienestar de los menores. El libro tercero está d~dicado a la jurisdicción mixta y en ella se reglamentan el procedimiento concursal y el sucesorio en sus dos modalidades sucesorio o intestado. Se incluyó el llamado procedimiento sucesorio especial, la transmisión hereditaria del patrimonio famüiar y la tramitación por Notarios. Se fijan las reglas para los testamentos en sus diversas clases. En el procedimiento interdictal se inclu• ye la regla de que los menores de siete años siem· siempre permanecerán al lado de la madre con la salvedad de que ésta realice actos inmorales que tiendan a la corrupción de aquellos, o cuando tenga el hábito de embriaguez o el uso indebido de drogas enervantes. Para concluir, el Código que comentamos, en su libro cuarto, se refiere a la jurisdicción voluntaria, en la que quedan comprendidos: el nombramiento de tutores y curadores y discernimiento de sus cargos, enajenación de bienes de menores o incapacitados y transacción acerca de sus derechos, la adopción, informaciones ad-perpetuam, apeo y deslinde y disposiciones relativas a otros actos de jurisdicción En materia de alimentos se establece la presunción de necesitarlos, en favor de la actora. Igualmente se faculta al Juez para fijar pruden· temente una pensión alimenticia provisional en el auto admisorio de la demanda. El juicio de menor cuantía también fue reformado, en cuanto a las reglas de su objeto y 18 19 �Lic. Ernesto T. Araiza Rivera Profesor Titular de Teoría del Derecho y Filosofía Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U. A. N. L. LA BIBLIOTECA JURIDICA "DR. ABELARDO A. LEAL" SU TRASCENDENCIA PEDAGOGICO-DIDACTICA EN EL ENTORNO JURIDICO. Cuando en el mes de diciembre de 1982 recibimos la encomienda vor parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U. A. N. L., de asistir a la inauguración formal de la Biblioteca Jurídica que había de llevar el nombre del distinguido Doctor Honoris Causa en Derecho, Sr. Abelardo A. Leal Leal, fallecido en el transcurso de ese año, a poco más de cuatro meses atrás, hubimos de considerar que la misión asignada consistente en realizar un esbozo siquiera, de la estructuración bibliográfica de la colección, integrada con devoción filial y profesión de fe por el Doctor, superaba nuestras fuerzas y ponía a prueba nuestra capacidad interpretativa, supuesto que estábamos frente a 65 años continuos de un trabajo intelectural de recopilación acuciosa, auto-didactismo sorprendente y sentimiento sublime, en aras de hacer realidad las bellas palabras de Goethe acerca de la felicidad y la libertad humanas, a través de las sabias enseñanzas del Derecho. Porque la biblioteca en sí, no sólo se integra de obras jurídicas, el maestro con esa nítida cosmovisión de los problemas, caminó largo trecho por los senderos de las ciencias afines y, por supuesto, teniendo a la vista el faro luminoso de la filosofía. Apoyamos nuestro aserto en estos preciosos pensamientos que rubricaría la filosofía por excelencia: "Qué feliz sería la humanidad, si en lugar de leyes de derechos, sólo tuviéramos un código de deberes, en que se impusiera la ecuanimidad". "Si cada uno obráramos de veras bien, saldría sobrando el derecho". En esta tesitura, convertido en discípulo de la vida, a través de sus apremios y vicisitudes, con paciencia admirable escudriñó por todos los ámbitos de la cultura, lo cual explica la serie de obras, de lo más variado, con que la biblioteca -fuese engrosando. En estas condiciones pretender formular un repaso, aunque sea somero, de los caracteres generales del acervo bibliográfico jurídico.,,.donado generosamente por voluntad expresa del Dr. Abe/ardo A. Leal Leal, es tarea que excede a nuestras limitaciones; no obstante, nuestro intento a tal respecto, lo avala el hecho de pretender convertirlo en el auxiliar más eficaz en el cumplimiento de las labores docentes que la profesión de la cátedra nos exige. Recordamos así, aquella nuestra primera incursión: Los atisbos iniciales nos permitieron contemplar, de modo placentero, el dilatado panorama del derecho, en lo que la disciplina contiene de humanismo, de vivencias que hablan de annonía y sosiego, de continuidad en lo social y en lo político y la aspiración máxima, que se identifica con la conducta valorativa de los hom- bres. 21 �Por principio, los 12,581 volúmenes que, en forma aproximada lo integran, se clasifican en obras de derecho propiamente, en número de 9,066 libros; el resto, 3,515 unidades corresponde a revistas, publicaciones, tratados, enciclopedias y textos conexos con el derecho. A lo anterior, añadamos que el índice de obras consiste en 560 fojas; el índice de títulos, en 11 O fojas y el correspondiente a autores es de 44 hojas, para comprender la magnitud de la preparación cultural y humana del Dr. Leal. de Hacienda y Crédito Público", Revista de Derecho Privado del año de 1913 al de 1974· ' Boletín del Instituto de Derecho Comparado, desde su fundación (1940), algunas de las más relevantes. Al parejo de estas obras, que bien pudiésemos denominar dosis mínima de jurisprudencia, se ubican las auxiliares en el ámbito de las ciencias sociales, tales entre otras; estudios diversos, folletos y boletines de economía, sociología,. política, historia universal y de México-, psicología y antropología, con sus correspondientes au~ores; algunos de ellos que llegan a nuestros oídos y a nuestra vista por primera vez, valga la expresión empiriológica; en tal virtud, hallamos en el itinerario onomástico a los Recaséns Siches, los Max Weber, los Tarde, los Caso, los Vera Estaño/, los Freud, los Esquive/ Obregón, los Ponce, los Bonaventura, los Vasconcelos, y continúa la lista de escritores consagrados que se antoja interminable. ''Los libros jurídicos son las poderosas armas del derecho y la justicia, donde se protegen todos los intereses de la sociedad", reza un apunte del Dr. Leal, en algunas páginas de las muchas que escribió; esto implica el matiz didáctico y pedagógico por cuanto a la recolección de obras de derecho que el maestro llevó a cabo. Cabe hacer notar que en el apartado de publicaciones jurídicas periódicas, destaca la colección del Semanario Judicial de la Federación, conservada al día hasta el año de 1981. Ni tan siquiera la Facultad nuestra, la posee en forma tan completa. Pero donde el espíritu se recrea de modo evidente es en el trazo bibliográfico de lo jurídico, realizado por el Dr. Abelardo A. Leal con auténtica devoción de maestro por vocación y caballero andante del derecho. Asímismo, los Anales de Jurisprudencia, se hallan coleccionados desde abril de 1922 hasta el año de 1981. Humanista a carta cabal y un paladín re• conocido de los valores que entraña el derecho, no se le escapó que nuestra disciplina hunde sus raíces en el saber de saberes, es decir, el derecho sólo se explica, en función de su proyección filosófica. Por lo que todo este mundo "cósico jurídico", es susceptible de estimativa trascen· dente, de rigurosas valoraciones; de ali í qub. el comportamiento jurídico para que racionalmen· te conduzca al hombre a sus últimos destinos, requiere de la visualización y realización,< de objetivos considerados dignos de estima por su propia naturaleza. Y para ilustración de estudiosos y fanáticos honrados del derecho desfilan en profusión la "Revista de Derecho Procesal", Revista de Derecho Penal': "Foro de México", "Criminalia" de abril de 1923 al año de 1973, 50 años de enseñanza criminológica; "La Justicia", revista especializada originada en México; revista fiscal y financiera editada por el Tribunal Fiscal de la Federación; Revista Mexicana del Trabajo; "Boletín de Investigación Fiscal, de la Secretaría 22 bliográfica numerosas obras alrededor del derecho constitucional, procesal, agrario, internacional, administrativo, fiscal y algunos ensayos de derecho municipal. Esto explica la colección de numerosos volúmenes cuyo contenido expone y consagra lo más -florido, representativo y enjundioso del pensamiento filosófico, nombres ilustres que han cimentado la ciencia del derecho, a través de sus fecundas meditaciones se encuentran aquí en armoniosa amalgama onomástica: Giorgio del Vecchio, Jacques Maritain, Recasens Siches, Manuel García Morente, Emmanuel Kant, Jorge Federico Hegel, Stem, Guillermo Dilthey, Jaime Balmes, Carlos Cossio, Rafael Rojina Villegas, Eduardo García M~ynez, Juan Manuel Terán, Luis Legaz Lacambra, Augusto Comte, Battaglia, Gustavo Radbruch, Renato Descartes, Rafael Preciado Hernández, Rodolfo Ihering, Vicente Solario, Aristóteles, Platón, Martín Heidegger, Baruch Spinoza, Sócrates, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Juan Jacobo Rousseau, Tomás Moro . . . . . Todos ellos, admirablemente situados en su tiempo, y en el instante histórico en que su pensamiento surgió y se difundió universalmente. En el apartado correspondiente al derecho figuran como es de suponer, textos y obras de jurisconsultos notables cuyo peTl$0miento ha dejado huella profunda en esta rama de la jurisprudencia; allí res!lenalJ _l~_voces de Planiol, Rippert, Josserand, Bonnecase, Baudry-Lancantinerie, Henri Mazeaud y Jean Mazeaud (cuya obra comprende 16 tomos) genuinos jurisperitos de la escuela francesa; Jorge Peirano Facio, de la escuela uruguaya; José O. Machado, autor del Código Civil Argentino, comentado con amplitud; Alberto G. Spota, doctrinario argentino, autor de un tratado de Derecho Civil en 7 tomos; Henoch D. Aguiar, Jurista Brasileño;,José Castán Tobeñas, Puig Peña y Valencia Zea de la escuela de juristas españolfs; Vicente Polacco de la corriente · jurídica italiana; y los juristas nuestros, excelentes civilistas con el fallecido Maestro Dr. Rafael Rojina Villegas, a la cabeza, Manuel Borja Soriano, Eduardo Pallares, Demetrio Sodi, etc. La mayor parte del acervo está destinado al cultivo e investigación de la ciencia del derecho y, de modo preferente, a la rama específica de lo civil. En materia procesal, el acervo jurídico consigna obras de suyo clásicas como las del jurista italiano Francesco Camelutti, de Hugo Alsina, los renombrados maestros Hugo y Alfredo Rocco, de Vicente y Caravantes, hasta contemporáneos como el Dr. Humberto Briseñq Sierra del Foro Mexicano, al igual que de los Maestros de Pina y Larrañaga. Una mirada de conjunto nos ha permitido valorar en un porcentaje mayoritariQ el volumen bibliográfico relacionado con los aspectos clásicos, de la inhesión del derecho civil; esto quiere decir que abundan los estudios sobre derecho de las personas, familiar, de los bienes y derechos reales, las sucesiones y las obligaciones y contratos. En derecho mercantil contiene obras de corte clásico jurídico, con base en el derecho español, una de las "fuentes del derecho mexicano desde el plano de la historia. No obstante, la bibliografía es variada y escogida, allí se encuentran las obras de los juristas españoles Echa- Le preceden en importancia las obras cuyo contenido hállase referido a la materia penal, y de modo lateral ·a la criminología; en se• guida tratados y opúsculos versando sobre derecho. mercantil, y luego a manera de cascada bi- 23 �varri, (escrita en 22 tomos) y Garrigues; la de los juristas italianos Bolafflo-Rocco y Vivante; y los nuestros -entre otros muchos,- Luis Muñoz, Joaquín Rodríguez y Rodríguez, Mantilla Molína y Cervantes Ahumada. A su vez el Derecho Penal, que mereció la pr~~~fación inquisitiva y sistematizadora del Dr. Leal, ocupa el segundo lugar en volumen, presumiblemente. jóvenes, esencial y primordialmente. Lo dijimos, entonces, lo repetimos aho,; ra: Las posibilidades metodológicas q14e ofrece la biblioteca jl4rídica son infinitas, en Cl4anto que facilita el estudio del derecho, en un aspecto sumamente complicado su aprendizaje. El acervo jurídico en ella contenido y debidamente clasificado, siguiendo la idea personal de su al4tor, proporciona de modo concreto a la Facl4ltad de Derecho y Ciencias Sociales, la seguridad de contar, de manera inopinada, con el auxi1iar que ha buscado con todo afán, para dar cima y remate a serias y sesudas modificaciones, a su plan de estudios, el cual reclama actualización constante. En esta disciplina, al igual que en la de orden Civil se localizan obras estimadas también como clásicas, y a cuyo influjo .formativo e informativo, no debe ser ajeno todo aquél que aspire al estudio omnicomprensivo de las conductas ilícitas penales. Para fortuna de los estudiosos de la ciencia Penal, el acervo contiene la producción literaria debida al pensamiento de escritores, cuya sola mención es garantía de sapiencia y cognoscencia jurídicas: Ricardo C. Núñez ( 5 tomos) Francesco Garrara, (10 tomos); Eusebio Gómez; Maggiore; Quintano Ripolles; Fontan-Balestra (7 tomos); Jiménez Huerta; Beccaria; Raúl Ca"ancá y Tr14jillo; Francisco González de la Vega; y ml4chos más, de origen latinoamericano y español. Conscientes, como estamos, de que el derecho como enseñanza vigente debe descansar en una práctica forense que retome al conocimiento y sabiduría que encierran los libros de los maestros consagrados, y de que la experiencia sola no basta para hacer "buenos y eficientes abogados", hemos creído que el proceso enseñanza aprendizaje, sólo es factible hasta sus últimas consecuencias mediante la recurrencia reiterada, oportuna y permanente, a las fuentes por excelencia de tales disciplinas científicas, y esa fuente se ubica, sencillamente, en los libros, los buenos libros. Cuando un año más tarde se agregaron al acervo los valiosos códigos comentados y anotados, que en forma por demás acertada, el Lic. Abe/ardo A. Leal Díaz, vástago del ilustre desaparecido, denominó " las armas de mi padre", el ángulo pedagógico-didáctico, las vivencias educativas del derecho insertas en la entraña espiritual y magisterial de Don A be lardo se hicierQn patentes, confirmando de tal suerte, su dualidad hl4manística y profesional, teniendo como destinatarios de tales enseñanzas a los Un dato singular a modo de carácter peculiar del acervo coleccionado, es el que acusa una tendencia a armonizar las corrientes jurídicas desde el punto de vista regional, es decir, que en igualdad de proporciones, hállanse obras de derecho hispano-americano, europeo y, por supuesto, nacional hasta donde el espíritu docente del doctor pudo colmar su generosa inclinación. Y justamente, de acuerdo con los postu· 24 lados de la doctn·na pedagógica y didáctica de todos los tiempos, la biblioteca jurídica "Dr. Abe/ardo A. Leal", se ha identificado con los objetivos de nuestra máxima casa de estudios, en cuanto a la capacitación de los docentes e investigadores, alrededor del fenómeno jurídico y social, como teoría y praxis. ven en necesarias rectificaciones en tomo al estudio de las asignaturas básicas integradoras del contexto de derecho general; el análisis de los principios fundamentales del derecho, y una visión praxológica de los problemas teórico-practicos que se derivan de la aplicación del derecho objetivo.( lo que hace evidente que enmedio de estas lucubraciones se agigante el papel educacional de la biblioteca. A manera de preámbulo, y en consonancia al intento metodológico-bibliográfico expuesto, debemos dejar sentado que la biblioteca jurídica "Dr. Abelardo A. Leal", cumple no sólo un ordenamiento de estricta pedagogía, intramuros de la Universidad: sino que ha trasvasado toda limitación aun desde que se hallaba instalada escrupulosamente, en el sagrado recinto hogareño del Dr. Abe/ardo. La pretensión mínima, luego, es afianzar la teoría y vigorizar la práctica; semejante propósito nos conlleva a la revisión de los principios metodológicos substanciales, y salta a la vista la recurrencia los auxiliares que están más a la mano; conferencias, simposios, círculos de estudio, pero es indiscutible que el elemento más efectivo, por esencia es, y será la biblioteca: más aún, si esta es de índole especializada. En vida de su ameritado fundador la biblioteca que lleva su nombre, sirvió a innumerables generaciones de postulantes de derecho, y aún más, a funcionarios de la magistratura suprema. Ahora, cuando este valiosísimo instrumento de trabajo docente llega a las manos de muchos maestros de derecho, los desvelos investigadores y la intuición educacional de su admirado fundador están cristalizando en plenitud. Una fuente de información de esta naturaleza -es por encima de cualquier otra consideración pedagógica, de valor incalculable, para cumplir fines reformadores y de genuina remodelaeducacional, en lo metodológico. Si lo anterior es de la incumbencia del derecho en general, cabe afirmarlo también de la serie de especialidades, así como en el desarrollo de los cursos de pre-especialización, maestrías y grados superiores de nuestra facultad. Por otra parte, es evidente que la enseñanza del derecho, viene siendo objeto de transformaciones sensibles, modificaciones que no solamente abarcan contenidos substanciales, en cuanto a planeación y programación, sino que de modo singular contemplan la necesidad imperiosa de reformar el método de enseñanza , las vías conductuales del aprendizaje, rumbos y orientaciones de pedagogía superior con el propósito de conformar al abogado que exigen las circunstancias presentes y del porvenir. Bastaría este solo pensamiento amparado por la pedagogía universal para destacar la importancia que ante la comunidad universitaria, identificada en la Facultad, reviste la creación y funcionamiento de la Biblioteca Jurídica "Dr. A be/ardo A. Leal". Estimamos, pues, que los objetivos pedagógicos propuestos a nivel de nuestra Facultad, se han visto doblemente satisfechos por cuanto Ensayos y disposiciones; planeaciones y programaciones ideadas y propuestas, se resuel- 25 �biblioteca ! " Mil gracias, Dios mío, por tu infinita bondad•• a la calidad de obras y autores que vienen a reforzar la palabra diaria, y permanente del maestro en el aula. Creemos que el gran vacío metodológico que había venido padeciendo la Facultad de Derecho, paulatinamente, se ha ido extinguiendo. Si alguna duda tuviéramos sobre el poder formativo, no sólo informativo de una biblioteca, oigamos la voz del Dr. Leal, acerca de "Mi Biblioteca". EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1980 - 1983 *Renovamos a la vera de estos luminosos pensa;. mientos en esta hora solemne nuestros votos de reconocimiento, al bienhechor insigne de la Universidad. En lo particular, la Facultad de Derecho sigue constituyéndose en deudora permanente de gratitud hacia la persona del maestro; parafraseamos a Santos Chocano, rindiendo culto a la memoria del recio Varón, en estos términos: " Mi querida biblioteca, ¿ por qué no obstante mi estigma, me has ayudado con tanto amor y desinterés?, ¿ por qué me has amparado con tu .. .. prestigio ~ " ¿ Por quién doblan, y se quejan y suplican las " Que yo te formé, que crecimos juntos, eso es muy relativo, lo cierto es que tú me formaste a mí, y que yo todo, te lo debo a tí ". campanas del Derecho, ? Por un hombre que tenía tres estrellas en el alma: el trabajo, la energía y el ensueño". y ese hombre en vida, se llamó Abelardo A. LeaL ¡ Mil gracias por tu siempre prudente dirección y buen consejo. ALGUNOS INDICIOS SOBRE LA CREACION DEL SECTOR INFORMAL Yo te bendigo, mi querida Por: Lic. Jesús Ramones Saldaña En los medios de comunicación se han presentado análisis de los resultados de la ocupación en México para los primeros años de la presente década en donde se advierte la elevada proporción que alcanza el empleo en el sector informal. 1/ Se trata de un númeroso grupo.de personas que realizan actividades de servicios o comerciales por cuenta propia, en pequeños establecimientos que no emplean personal asalariado. El dato del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señala que el sector informal representa el 40 o/o de la fuerza laboral dedicada a estas actividades en 1985. 2/ De acuerdo con lo publicado, se podría afirmar que se está haciendo referencia a la extención del subempleo y/o la creación de actividades informales, empleos que en las ·encuestas de ocupación a nivel nacional no se presenta con exactitud, el número total de éstos para el país y las principales áreas metropolitanas. Dada la carencia de información para medir la proliferación del sector informal, no se puede hablar con precisión de cifras y nümeros para el caso de Monterrey; sin embargo, hay algunos rastros de la ubicación de la mano de obra informal, en los datos de ocupación especf(ica y en los niveles de ingresos. En el Area Metropolitana de Monterrey las tasas sobre el desempleo pueden ser mayores a las registradas por la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). De hecho el desempleo, medido como una fracción de la fuerza de trabajo: puede mantenerse estacionario, si los nuevos demandantes de trabajo, se colocan en posiciones de baja remuneración, donde ganan menos que lo que deberían ganar. En suma, ~ede estar sucediendo, que la subocupación esti aumentando y produciendo una especie de "colchón" para la desocupación. 3/ 1/ Para tratar de probar la formación del sector informal, en este artículo se plantea la hipótesis de que el movimiento de personal hacia el sector terciario, es el resultado de los cambios en la actividad industrial local. La suposición es que la mano de obra desempleada por la crisis en el sector industrial regiomontano (cesantes) al no e~ontrar acomodo en el mercado de trabajo formal, se ven precisados a desarrollar actividades en el comercio por cuenta propia o en los servicios personales. Para demostrar lo anterior se acudió a la información del índice de producción industrial que elabora el Centro de Investigaciones Económicas para el período de 1980-84. Cabe señalar que este indicador no muestra las políticas en materia de tecnología que afectan las relaciones de trabajo y capital de acuerdo a los cambios relativos de estos factores. En otras palabras, es La rez6n de le palabra " Informal" se debe a que la relacl6n de trabajo no as formal, como lo serla el vínculo entra obrero y IU patr6n, en donde ambos estén sujetos a dara• dios v obllgaclonas. 26 2/ Datos elaborados por al Centro da Estudios Econ6m leos del s.ctor Privado el 30 da diciembre da 1986. 3/ Cabrera, Juan. " El desempleo aquf al doble qua en México" "El Nona, Seccl6n: Economía y F inanzas", 14 da Julio da 1984. Monterrey, N. L ., México. 27 �difícil saber si las industrias consideradas en el índice de producción efectúan cambios en la tecnolokía que afecten o beneficien al persono/ ocupado. Pero si podemos suponer que el crecimiento o el desplome de la industria local modifican el personal ocupado por la relación directa entre la industria y el empleo. presentan las tasas de desocupación para el mismo período de 1980 a 1984 se advierte que a excepción de 1981 en que la tasa anual de "desempleó abierto" fue de 4.2 °10, en las siguientes, las tasas se dispararon hasta alcanzar la cifra más alta en 1983 con 1O. 7 lo. Según las mismas cifras de la SPP, el porcentaje de desocupación en estas fechas eran las más altas desde 1973 en que se empezaron a registrar las tasas de desempleo en forma trimestral. ° En general, los índices de producción industrial (promedio anual) de 1980 a 1984, presentan una tendencia descendente en los volúmenes producidos, al advertirse una declinación importante a partir de 1982 y que se c~nserva en el año siguiente, para recuperarse en 1984. Sin embargo, los volúmenes de este último año fueron inferiores a 1980 (véasé Cuadro 1). De acuerdo con lo anterior, se manifiesta una relación estrecha-entre producción industrial y desempleo, en donde al bajar el índice de producción industrial aumenta el desempleo. Como se sabe, el empleo en Monterrey depende en gran parte de la actividad industrial, al ocupar el 35 olo de la población económicamente activa. Generalmente un ascenso en la producción va acompañado de mayores empleos y una reducción de la capacidad prod1.lctiva provoca que el desempleo suba. 51 En 1981, el sector industrial de Monterrey mostró un ligero avance de 1.3 °10 que era inferior a los resultados de un año anterior. Se estima que en este año se frenó el crecimiento como consecuencia de la baja en las inversiones, al estancamiento del mercado doméstico y los altos costos de financiamiento. 41 En función del comportamiento manifestado por el sector industrial en el período considerado, no puede decirse que las micro-empresas en el comercio y en los servicios crecieron bajo la "sombra" de las nuevas empresas industriales o la expansión de la industria existente, porque se trata de un período de crisis y de bajos niveles de inversión. Las condiciones se agravaron en 1982 cuando el índice general de la producción industria1 descendió en 2.2 ºlo. En esta ocasión se señaló que las devaluaciones, las altas tasas de interés, la falta de divisas y otros problemas llevaron ·al índice a niveles de producción muy ba- jos. 5/ Ahora bien, si vemos el Cuadro 2 donde se En un estudio del marcado laboral da los egresados da la UANL...... se encontró qua la tasa da ocupación en 1981 fue el ·75 º / o respecto ~I total . . . .Para 1982, el nivel da empleo disminuyó ya qua sólo estaban trabajando el 67.9 º / o . . . . el ello de 1983 en qua la situación económl· ca siguió empeorando . . . . sólo estaban trabajando el 57.3 ºlo ; as decir, la tasa de desocupación de los egresados al titularse ara de 4 3 ° / o". A la pregunta de lCu61 era la razón por lo que no lo hacían? en 1981 " POrque no encuentran trabajo en u'n 5 ° / o da los casos, m lentras qua en 1983 fue el 32 ° 10 de los egresados entrevistados (Dirección de Planeaclón Universitaria, UANL, Boletín, ello VII, No. 70, abril de 1984). AamonM Saldalla, JesC.s. " flasu ltados de la actividad económica para Monterrey en 1981". Boletín Bimestral, CIE, UANL, NC.m. 116, Vol. XX. Para los siguientes allos, loa ne.maros 123, 129 y 133. En el primer trimestre de 1984 le Industria da Mon~rrey logró recuperarse y el empleo creció en 12 mil personM, da las cuales mb da 4 mll se ubicaron en la Industria manufacturera, de acuerdo a la Información da CAINTAA (El Nor· te, 14 de Julio de 1984). Como resultado de la inercia de 1982, la producción industrial en Monterrey se mantuvo a niveles bajos el año siguiente. El índice am,jó un descenso de 8.9 ºlo, y los volúmenes de producción se alejan de los registrados en 1980. Por otro lado, el alto costo de los capitales (maquinaria y equipo), las altas tasas de interés y la débil demanda interna son factores que dificultan la recuperación de la inversión y el impulso a la tecnología como para sustituir la mano de obra. El desempleo que se generó en el área (cesantes) se atribuye según los informes de la Cámaro de la Industria de Transformación (CAINTRA), a la baja en la capacidad productiva, afirmándose que el empleo sigue la tendencia de la producción. 6/ De igual modo, los que "1Juscan empleo por primera vez" no ingresan por la caída de las inversiones en estos años. Al desocupar el personal, los primeros trabajadores que salen son aquellos que tienen un menor nivel educativo y fácilmente pueden ser reemplazados en el futuro, contra otro tipo de empleos muy especializados y que le ha costado a la empresa su preparación. Como el desempleo viene a constituirse en un lujo que los trabajadores no pueden darse, ya que es necesario de una forma u otra allegarse un medio que le permita subsistir, la pregunta es ¿Hacia dónde se movió la población· desocupada? ¿Qué actividades desa"ollan? ¿Permanecen como cesantes? Dado que no existe una seguro de desempleo en el país, era de esperarse que se desplazarán los trabajadores a los servicios (doméstico, jardineros, meseros, etc.) y a la venta callejera. Esto ocurre básicamente con los trabajadores de bajo nivel educativo. Así pues, un indicio del desplazamiento de la población, es la modificación en la estructura de la ocupación por sector de actividad económica. La participación de la Población 6/ 4/ 28 En 1982 con las davalueclonas y las crisis se afirma qua perdieron el em pleo alrededo r de 40 mil personas en al Area Metropo lltana de Monterrey ( El Nort•. 14 de Junio de 1983. Económicamente Activa (PEA) de 1975 a 1980 son muy semejantes en casi todas sus ramas. Sin embargo, a partir de 1980 se advierten alteraciones en la industria de transformación, donde se aprecia una baja sustancial en su contribución de 34.8 ºlo en el tercer trimestre de 1980 a 27.9 O/o en julio de 1983, mientras que el sector "servicios" sube su participación de 25.50/o en 1980-fil a 31.3 O/o en julio de 1983. 7/ El que crezca el sector terciario no tiene nada de espectacular, el problema se presenta cuando aquí trabajan un grupo de personas que se clasifican como "sector informal". En el grupo de "servicios" hay diferentes tipos, pero la mayor parte de los hombres y mujeres encuestados se dedican a los servicios personales y "otros servicios" (meseros, cocineros, lava-coches, voceadores, etc.). De igual modo: en 1980m no se registra personal "insuficientemente especificado", mientras que en julio de 1983 la participación porcentual fue de 3.8. 8/ Este grupo también cae dentro de los informales ya que una persona al no encontrar empleo en el mercado formal de trabajo, se dedicará a cualquier tipo de actividad siempre y cuando le reporte algún ingreso. Otra manera de probar la hipótesis acerca de las personas que quedan cesantes o no encuentran trabajo y se ven precisados comúnmente a desa"ollar actividades en el "comercio por cuenta propia" o en los "servicios personales", es acudir a los datos de la "ocupación específica que permiten precisar la labor que realizan personas en el lugar de trabajo. La información que se empleó son las encuestas de "Ocupación y Salarios en Monterrey Metropolitano" del Centro de Investigaciones Económicas, UANL y la 7/ El porcentaje de uso de la capacidad Instalada en la industria local se m antuvo e n un 6 4 O/o en 1983 (El Porvenir, 19 de Ju lio d e 1984). 8/ 29 C IE, F acultad de Economla, UANL. Ocupación y Salariot 1975- 1980. SIios Martines, Manuel y Edgar L6paz Garza. Sindicatos, Salarios, Poder y Bienestar, CIE, Fac. de Economía, UANL, 1983, P. 10. lbid . �"Información sobre Ocupación" del INEGI, de laSPP. taxistas, cuida-coches, etc. 9/ El bajo nivel educativo de los "servicios personales" (8.5 ºlo son analfabetas en 1980-11 y 8.3 en 1983), los niveles de ingresos reducidos (4,738 en 1980-II, inferior al salario mínimo) y el alto número de mujeres en los servicios (27.4 O/o en 1980-II y 22. 70/o en 1983-II) son indicadores que sirven de apoyo para suponer que integran parte del sector informal. 10/ En el Cuadro 3 y 4 se presenta la estructura de la ocupación espec ffica para 1980-II y 1983-II. En dichos cuadros se aprecian variaciones de importancia; en primer lugar, se advierte un aumento en la participación de profesionales y técnicos al pasar de 1 O. 6 O/o en 1980 a 12. 7 O/o en 1983. Este cambio en la contribución relativa es importante porque advierte una entrada de personal con niveles de educación más alta (mínimo 9 a 11 años); además, es una señal de los cambios en los sectores productivos que demanda personal más especializado o capac.itado. En cuanto a la línea de "comerciante, vendedores y similares" también se observan cambios en la participación relativa, así tenemos que en 1980-II representaban el 12.8 O/o, ~ vándose a 15.0 O/o en 1983-II. El grupo de "operarios y artesanos en la industria" manifiesta un descenso en su participación relativa, ya que representaba el 32.6 ºlo en 1980 y declinó a 30. 7 lo. Cabe aclarar que la clasiñcación de la ocupación específica del CIE difiere un poco de la SPP al incluir éste en la información sobre la ocupación los "servicios diversos". De no influir el grupo servicios en el total de ocupados, se podría suponer un movimiento de los operarios de la industria· hacia otras ocupaciones. Esto como resultado de la crisis en la actividad industrial local a partir de 1981. Con la información disponible es diñcil saber si se trata de personal ocupado en la venta al mayoreo o al menudeo. Sin embargo, hay manera de orientarse a través de los datos de la situación ocupacional en el grupo de "trabajadores por cuenta propia" y "trabajadores de algún negocio sin remuneración" que en este período varió de 17.4 O/o (1980-II) a 20.3 O/o (1983-11). Dentro del grupo de comerciantes se ha podido verificar en las encuestas del CIE, que la mayor proporción de las personas ocupadas se concentran en "trabajos por cuenta propia". ° En el renglón de "otros trabajadores y servicios" y "conductor de vehículo", la participación relativa sufre una ligera modificación de 1980 a 1983. En el trabajo de "Ocupación y Salarios en el Area Metropolitana de Monterrey, 1980", los dos grupos representaban el 21.6 O/o y tres años más tarde, el 20.6 O/o (Información sobre Ocupación). Debido a que los resultados de la encuesta no desagrega los servicios personales con la situación ocupacional, no es posible determinar si son dependientes e independientes; sin embargo, las ocupaciones que desempeñan estas personas son más susceptibles de realizar• se por cuenta propia, al incluir en estos grupos las siguientes tareas: jardineros, lava-coches, Lo anterior no es extraño, ya que dadas las características de estos trabajadores podemos suponer que se trata de pequeños negocios de tipo familiar, con un grado 'poco avanzadó de organización y capitalización. 9/ En 1980-11 la proporcl6n de " traba)adores par cuen11 propia y " traba)edores sin remuneracl6n" era el 17.4 de 11 El nivel da sueldos (6,500 pesos) era el m6s bajo en 11 claslflcacl6n de la sltuacl6n ocupacional. En 1983-11 lot dos grupos rapresanteban el 20.3 °10 de le poblecl6'1 econ6micemente activa. Otro indicio de la formación del sector informál en Monterrey es el porcentaje fuerte de mujeres en el grupo de "comerciantes, vendedores y similares" (18.8 °/o en 1980-II y 18.6 O/o en 1983-11). Es muy común que frente a la cesantía del marido o la reducción del ingreso del jefe de famüia, las mujeres suelen ser las que promue• ven el comercio en pequeño, a éste se le ha llamado ''vendedores marginales" o subempleados. 30 También se aprecian salarios bajos en los "comerciantes y similares" que representan a los comerciantes en pequeña escala, los vendedores ambulantes, los puestos semi-fijos y los estucheros. Esta clase de trabajadores ocupan el tercer lugar en la escala de salarios más bajos. El promedio mensual en 1980-II era de 8,371 pesos, con una marcada diferencia por sexo, al.registrar los varones 10,748 pesos y la mujer, 3,932. Tal parece que las mujeres empleadas en estos establecimientos, no se les paga el mínimo. En 1983-fil, los salarios de estos grupos mejoraron su posición en la escala de salarios. 15/ En estudios sobre el mercado laboral de la mujer se ha mostrado la labor específica que desarrollan en el comercio " . . . la mayoría de los casos son trabajos que se efectúan en el hogar como: uenta de refrescos, tacos, pasteles, cuadernos escolares, loncherías, elotes, paletas, etc. Otro buen número de las ocupadas en el comercio al menudeo consiste en la venta de cosméticos, detergentes, joyas, productos químicos, prend(JS de vestir, artículos de vestir, artículos para la cocina, etc. Generalmente, todas estas actiuidades se desarrollan en "horas libres" una uez concluida la jornada en el hogar. 11/ La reducción en la capacidad prodyctiva de la industria local y sus efectos en el empleo, la ampliación del sector terciario, los niveles de ingresos bajos para el sector comercio y servicios y el número de trabajadores por cuenta propia son algunos indicios que reflejan la presencia del personal en el sector informal. La reducción o ampliación de este grupo en el futuro dependerá del comportamiento de la economía local y nacional. Conforme a los salarios del grupo de "otros trabajadores y servicios" y "comerciantes y similares", se infiere una ubicación del personal que efectúa trabajos de tipo informal. 12/ Así tenemos que en 1980-III la ocupación específica con más bajos ingresos era el primero ("otros trabajadores' y servicios") que registró un promedio mensual de 4,332 pesos, casi equivalente al salario mínimo de ese año {150 pesos al día). En este grupo se localizan personas con baja instrucción escolar (primaria incompleta) que se emplean en ocupaciones diversas como: estibadores., cargadores, pintores, meseros, cocineros, etc. el promedio de ingresos de la mujer (3,216 pesos) en esa fecha era menor al mínimo, la razón se atribuye a que gran parte de las mujeres se concentran en los servicios domésticos. 13/ tres El desarrollo de las actividades informales, la incorporación de otros miembros de la familia (esposa e hijos) al mercado laboral, la reducción de la derr.anda, la venta en pequeños establecimie,itos (pulgas), el trabajo enjomadas parciales (menos de ocho horas) son los medios a través de los cuales los "cesarites" por la crisis y los que no encuentran empleo formal, no corren el riesgo de verse cercados por el hombre y convertir la crisis en un estallido social. 11/ 14/ Op. Cit. 15/ Este fen6meno puede deberse a una variación muettral, porque en el primer caso le encuesta a nlval nacional es un n6mero baJo de observaciones y en 1983 le muestra fue e nlvel del Area Matropolltana con un n6mero m6s alto de encuestados. 12/ 131 10/ Ocupación y Salarlos en el Atea Metropolitana de Monterrey, 1980, CIE, Fac. de Economía, UANL. 1981 e Información sol>te Ocupación, INEGI, de le SPP, Julio de 1981.· años más tarde (1983-fil), el nivel de ingresos promedio de "otros trabajadores y servicios" se mantiene en la escala inferior (7,525 pesos) y se aleja aún más del salario mínimo (12,450 pesos al mes). 14/ Ramones Salda/la, Jesús. " La partlclpacl6n de le muJer en la fuerza de trabeJo active". Boletín Bimestral, CI E, Fac. de Economía, UANL, Núm. 99, Junio de 1979. El Ingreso puede ser considerado como un criterio ed• cuado lsln deJar de reconocer como une eproxlmacl6n) pera la categorlzacl6n de las actividades Informales. Op, Cit., p . 70. 31 �CUADRO 1 INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL PARA MONTERREY METROPOUTANO, 1980-1984 (Promed io Trimestral) Año I Marzo II Junio CUADRO 2 TASA DE DESOCUPACION ABIERTA III Septiembre IV Diciembre Promedio Anual 482.9 471.9 1980 451.0 478.1 475.5 1981 470.8 487.3 479.9 473.7 477.9 1982 497.0 499.9 455.2 417.1 467.3 1983 416.1 445.8 437.9 419.1 429.7 1984 444.8 482.0 467.8 468.0 465.7 FUENTE: Centro de Investigaciones Económicas, UANL. AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1980-1984 TRIM E S T R E Año Anual I II III IV 1980 6. 0 5.8 6.3 3.4 5.4 1981 4.5 4.8 4.2 3.4 4.2 1982 4.3 4.7 6.2 4.5 7.9 1983 9.0 10.2 12 . 5 10.5 10 . 7 1984 8.3 7.0 8.5 6.2 7.5 FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto. _ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Encuesta Continua sobte Ocupac~ón, julio de 1984. México, D. F. 32 33 �~. CUADRO 3 ESTRUCTURA DE LA OCUPACION ESPECIFICA EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1980. 9 1 Hombres OCUPACION ESPECIFICA : 1 O/o 8 Mujeres o 1/ ºlo Total ºlo 30,000 6.89 14,200 9.25 44,200 7.51 8,400 1.93 10,000 6.51 18,400 3.13 Gerentes, administradores y financieros 28,400 6.53 5,300 3.42 33,700 5.72 Oficinistas y trabajadores de oficina 50,500 11,61 33,100 21.58 83,600 14.21 Vendedores y comerciantes 46,300 10.64 28,900 18.84 75,200 12.78 5,300 1.21 - 5,300 0.89 33,100 5.63 Profesionales y afines Técnicos y afines t I Agricultores, avicultores y ganaderos Trabajadores en el transporte Operarios y artesanos en la industria Otros trabajadores y servicios 33,100 7.62 - 176,700 40.63 15,300 9.93 192,000 32.62 52,100 11.97 42,100 27.40 94,000 16.00 1 l - No especificado T O 0.97 4,200 Sin dato T A 435,000 L 4,700 3.08 100.001 153,600 1100.00 8,900 1 588,600 1.52 100.00 FUENTE: 1/ Secretaría de Programación y Presupuesto. Dirección General de Estadística. Encuesta Continua de Mano de Obra. Datos para el Segundo Trimestre de 1980. CUADRO 4 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION OCUPADA, POR OCUPACION ESPECIFICA Y SEXO Area Metropolitana de Monte"ey (Abril-junio, 1983) OCUPACION PRINCIPAL: TOTAL HOMBRES MUJERES 12. 7 10.1 18.9 4.3 5.7 1.2 Personal administrativo 15,3 10.5 26.3 Comerciantes, vendedores y similares 15.0 13.5 186 Trabajadores en servicios personales y conductores de vehículos. 20.6 19.7 22.7 1.4 1.8 0.3 30.7 38.7 12.0 Profesionales y técnicos Funcionarios superiores y personal directivo, público y privado. ~ ~ Trabajadores en labores agropecuarias. Trabajadores en la industria extractiva, de transformación, construcción y y servicios diversos. No especificado FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto. Instituto Nacional de 1Estadística, Geografía e Informática. Información sobre Ocupación, julio de 1984, México, D. F. : �LOS RECURSOS ELECTORALES COMO MEDIOS DIRECTOS DE DEFENSA Lic. Enrique Bamey Olvera. Prot'r. Titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Toda impugnación, seú recurso o nulidad, en materia electoral tiP':.e por objeto el control de la legalidad del rroceso electoral, ya que esto resulta necesario men ..,¡ala reforma política y para dar mayor legitirr. utad al proceso electoral, pues como finalidad del <• - • cho electoral se ha propuesto el asegurar la •~presentación de los electores en la Constitución a los órganos de Gobierno, y garantizar que los eieg .Js se desempeñen en el cargo conforme a la volu · -.,l de los ciudadanos. ridades electorales, condicionándose adecuadamente la forma eficaz y democrática de tal objeto, por lo que se toma saludable en aras de la democracia la tendencia a perfeccionar el derecho electoral en el apartado específico que se refiere a los recursos y nulidades. 0 Siendo que el derecho Electoral tiene la necesidad de una adecuada regulación jurídica por tratarse de una disciplina con autonomía científica, en la actualidad se impone la desunión del Derecho Electoral desprendiéndolo en todos los aspectos del Derecho Constitucional y Administrativo, en consecuencia también es necesario la codificación y perfeccionamiento de lo contencioso electoral, por lo que haremos un breve análisis de la naturaleza jurídica de las instituciones procesales electorales de impugnación, y terminaremos dando nuestra opinión para algunas adiciones a la Ley Electoral del Estado de Nuevo León por lo que se refiere al capítulo de los recursos y de la nulidad. En principio, el contenido del derecho electoral ha sido tradicionalmente de carácter electivo, pues durante la época que corresponde a la democracia representativa, recoge solamente las reglas concernientes al régimen de elección de los gobernantes, por lo que era una necesidad impostergable el contenido dentro de nuestro sistema político, de una normación que instrumentara la manera de oponerse por parte de los electores a las resoluciones que emiten las auto- EL DERECHO A LA LEGALIDAD Tiene, como punto de partida nuestra disciplina, la natural inquietud del hombre de participar en los asuntos políticos de su comunidad, asímismo el hombre al participar en el campo de la política se organiza técnica y prácticamente a través de mecanismos institucionales que tiene la pretención de asegurar, en primer lugar su participación y en segundo término establecer las bases que permitan al mismo pueblo autogobernarse bajo el marco de la democracia como régimen político, por lo que en consecuencia debe establecerse la normación congruente con el sentido de la legalidad, es decir, el derecho a la legalidad que debe ser observada, tanto por los organismos políticos, así como por las autoridades y ciudadanos electorales, para que exista una verdadera disciplina electoral durante el proceso que se lleva a cabo en la lucha por el poder, por lo que el mismo sistema jurídico debe instrumentar los medios para hacer más efectivos los derechos de los participantes en la contienda electoral, en consecuencia, y merced a las consideraciones anteriores, los actos de órganos competentes en materia electoral se deben verificar 37 �de acuerdo con las formalidades legales, por los motivos que fija la ley, con el contenido que ésta señala, y per-siguiendo el fin que la misma in- dique, es decir, apegados al derecho a la legatr dad. ción tercera, se le surte competencia al Tribunal soluciones de la Comisión Estatal Electoral, así como respecto de los recursos de queja. Electoral del Estado respecto de los recursos de apelación que se interponen en contra de las re- LOS RECURSOS ELECTORALES COMO MEDIOS DIRECTOS DE DEFENSA. Los diver-sos derechos y prerrogativas del elector necesitan protegerse en forma de dar a su titular los medios legales para obtener la reparación debida en caso de violación, es decir, para lograr el retiro o la anulación del acto lesivo, esta apreciación de los derechos y prerrogativas del ciudadano nos coloca en la ruta que necesitamos transitar para comprender la importancia de los mecanismos de defensa de los valores mencionados y que forman parte del derecho electoral. Para conseguir ese propósito existe en nuestra Ley Electoral del Estado de Nuevo León un apartado específico al efecto, pues ésta en su Tercera Parte, Título Primero, instituye y organiza al Tribunal Electoral del Estado, y además establece los recursos para el control de legalidad del proceso electoral, esos medios directos que la Ley establece para la protección de los derechos de los ciudadanos se pueden clasificar, según las autoridades que deben intervenir, en recursos o nulidades.- Es nuestro propósito hacer un breve examen de todos estos medios directos de protección, para lo cual será necesario analizar el recurso electoral de que dispone el ciudadano afectado en cada una de sus formas; por lo que podemos establecer como elementos característicos del recurso electoral los siguientes: cual debe interponerse el recurso. 4.- Los requisitos de forma que deben incluirse en el escrito de interposición del recurso. 5.- La fijación de un procedimiento para la tramitación del recurso, la especificación de pruebas, valorización de las mismas. 6.- La obligación de la autoridad revisora de dictar nueva resolución en cuanto al fondo. La interposición del recurso, con todos los requisitos y formalidades que la Ley Electoral establece, condiciona el nacimiento de la competencia de la autoridad que conforme a la Ley ha de conocer el propio recurso. Esa autoridad que puede ser la misma que dictó el auto, verbigracia, el artículo 197 de la Ley Electoral vigente en el Estado en su fracción primera, establece que son competentes para resolver el recurso de revocación interpuestos en contra de sus propios actos: la Comisión Estatal Electoral y las Comisiones Municipales Electorales, la jerár· quica superior, por ejemplo, la fracción segunda del artículo en comento cuando establece la competencia en su fracción segunda a la Comí• sión Estatal Electoral respecto de los recursos de revisión interpuesto contra los actos de las Comisiones Municipales Electorales, o un órgano especial distinto de las dos autoridades anteriores, Tribunal Electoral, tiene las facultades que la Ley le otorga, facultades que pueden ser bien las de decretar simplemente la anulación del acto impugnado o además de reconocer el derecho del recurrente sujetando al examen de los agravios aludidos, las de examinar no solamente la legalidad sino también la oportunidad del acto impugnado, esto se puede contemplar en la frac· 1.- La existencia de una resolución proveniente de la autoridad electoral que afecte un derecho o un interés legítimo del ciudadano recurrente. 2.- La fijación en la Ley de las autoridades electorales ante quienes debe presentarse el recurso. 3.- La fijación de un plazo o término del 38 39 �LAS RESOLUCIONES Y SUS EFECTOS A toda resolución le precede un efecto jurídico, y en materia electoral no es la excepción a los recursos de revocación, las revisiones deberán ser resueltas, según sea el caso, por la Comisión Estatal Electoral o las Comisiones Municipales Electorales dentro de los cinco días siguientes a su presentación, en la inteligencia de que estos recursos se interponen dentro de las cuarenta y ocho horas a contar al día siguiente en que se hubiera notificado la resolución recurrida, si dentro del término esta no resuelve se entenderá dictada en sentido negativo, esto puede considerarse, es decir la omisión en dictar resolución, como una resolución en contrario que de ser procedente algún otro recurso deja al recurrente en aptitud de promover ante diversa autoridad lo que en derecho proceda, las conclusiones tratándose del Tribunal tendrá los siguientes efectos: conformar, modificar o revocar el acto impugnado; ordenar al centro Estatal del Cómputo Electoral no expedir las constancias de mayoría y ordenar a las Comisiones Municipales Electorales no expedir la constancia de mayoría, cuando en las elecciones se hayan dado los supuestos que fundamenten la nulidad; las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado sólo podrá ser modificado en el Congreso del Estado, en contra de ella no procede el Juicio de Amparo. la autoridad electoral y al darle satisfacción a su interés particular, indirectamente beneficia y satisface el interés general que a última instancia es el que se ve beneficiado. La Ley establece como recursos en materia electoral el recurso de revocación, revisión, apelación y el de la queja, mismos que reúnen las características y elementos a que hemos hecho alusión. Ahora bien, cabe agregar que el recurso de revocación y el de revisión son meras reconsideraciones que de sus actos efectúan las autoridades electorales como lo son la Comisión Estatal Electoral o la Comisión Municipal El<'"'toral para deshacer sus errores si los hubiere, el recurrente reclama aduciendo en verdad los fundamentos legales pertinentes, la autoridad resuelve el fondo de la reclamación y resuelve según derecho, más lo proveído por ella es resultado inmediato de una mera labor de revisión en que ha faltado la controversia ordenada y profunda del Juicio. No así sucede tratándose de el recurso de apelación o el de la queja, los cuales se dan vista del negocio a una autoridad diversa a aquella que emitió el acto reclamado, es decir, se le dá competencia al Tribunal Electoral del Estado y el proceso en todas sus etapas guarda gran similitud con el procedimiento judicial, no obstante lo anterior, debemos entender que la actuación de dicho Tribunal constituye materialmente un acto jurisdiccional no obstante provenir de un órgano autónomo específico al efecto, de carácter administrativo y dotado de plena autonomía. Los efectos de las resoluciones son variados, pues n~ en unos casos sino en su mayoría el interés tutelado es general y la conformación, modificación, revocación y la habilitación para Promover algún otro recurso procedente, ponen al rPcurrente en una situación que le permite con ~a participación modificar la decisiÓJt de 41 �DE LA NULIDAD CONCLUSIONES La declaración de la nulidad es una facultad que la Constitución Política del Estado de Nuevo León le otorga al Congreso Estatal, previa resolución del recurso de Queja por el Tribunal Electoral del Estado, le dá legitimación para interponer dicha nulidad la Ley Electoral a los Parti<Jos Políticos, a los candidatos a la elección que hubieren agotado previamente el recurso de Queja ante el Tribunal Electoral del Estado, en dicho procedimiento se anulan las votaciones de una casilla, así como toda una elección de un Municipio o Distrito Electoral según sea el caso. mediado error grave o dolo manifiesto en la computación de votos que modifique sustancialmente el resultado de la elección cuando sin causa justificada, el paquete electoral sea entregado a las Comisiones Municipales Electorales fuera de los plazos señalados por esta Ley; cuando el número de votantes no inscrito en la lista y autorizados para votar en los términos del artícu; lo 144 exceda el diez porciento de los electores con derecho a voto en la casilla; Una elección será declarada nula cuando los motivos de nulidad mencionados con antelación se declaren existentes en un veinte porciento de las elecciones electorales de .m Municipio o Distrito Electoral según sea el caso y sean determinantes en el resultado de la elección; cuando exista violencia generalizada en el municipio o Distrito Electoral, cuando hayan cometido uiolaciónes sustanciales en la jornada de la elección; cuando en un veinte porciento de las secciones electorales de un Municipio o Distrito Electoral se: a).- Hubiere impedido el acceso a las casillas de los representantes de los Partidos Políticos, de los candidatos o si hubieren expulsado de la casilla sin causa justificada; b.- NO se hubieren instalado las casillas y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida. La nulidad debe interponerse dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a la resolución de la queja y el efecto será confirmar o modificar lo decidido por el Tribunal Electoral y decretar si procede o no la nulidad de una elección, asimismo tendrá por efecto además descontar la votación anulada de la votación total quedando la votación válida siempre y cuando no se trate de la anulación total de la elección, dicha declaración tiene el carácter de definitiva e inatacable. Son causales de la nulidad; cuando la casilla sin causa justificada se instale en lugar distinto al señalado o en condiciones diferentes a las establecidas en la Ley; cuando se ejerza violencia física o haya mediado cohecho, soborno o presión sobre funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores y se afecte con tal acción la libertad, secreto del voto y los resultados de la votación de la casilla; cuando haya El moderno Derecho Electoral va más allá del simple contenido electivo que se refiere a la representación y es adminiculado e integrado y cumplimentado con un contenido mayor de participación y control, esto último a efecto de que el pueblo supervise a través del ejercicio de los distintos medios, el desarrollo del Proceso Electoral bajo el marco de la democracia y el apego a la legalidad, dando esto un desfogue a las pasiones de los grupos políticos contendientes que luchan por el poder, mediante el ejercicio de los recursos que en materia electoral la Ley vigente establece, más tratándose de que el Derecho Electoral debe dar respuesta a los reclamos de participación política de los grupos que se ocupan del quehacer político, se hace necesario que se integren a dicho quehacer dirigentes, maestros universitarios, partidos, asociaciones políticas, a efecto de que mediante propuestas, trabajos, investigaciones jurídicas busquen la fórmula que mejor se adecúe a efecto de dirimir las controversias; que los partidos y asociaciones políticas auxiliadas por Instituciones Universitarias realicen seminarios a fin de preparar a los participantes de la jornada electoral y éste tenga u,r desarrollo fluído y acertado, evitándose así la promoción de recursos improcedentes e innecesarios y los que se promuevan se realicen bajo una técnica Jurídica procesal, eficiente y concreta, que se realicen propuestas para admitir diversas pruebas a las que se refiere el artículo 194, fracción segunda y se integre una regularización para la valorización de las mismas en materia electoral, que los partidos se obliguen a tener dentro de su staff Abogados o litigantes que conzcan de lo contencioso electoral, desde luego que tal cosa se irá logrando con el tiempo en la medida que se vayan formando los especialistas en Derecho Electoral que el país está demandando, en las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas, previas reformas a sus programas es estudio para introducir esta disciplina ha adquirido ya autonomía científica al desmembrarse de otras ramas del derecho. Las disposiciones que la Ley actualmente tiene en tratándose de lo contencioso electoral son deficientes y es necesario establecer una adecuada técnica procesal electoral, acorde con la demás normación política que está más perfeccionada. Cuando el candidato que haya tenido mayoría de votos en la elección respectiva no reúne los requisitos de elegibilidad contenidos en la Constitución Política del Estado y en la Ll:J Electoral Estatal. 42 43 �FUNDAMENTO Y ESENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL Profr. Dr. Jur. Dr. Phil. Agustín Basave Fernández del Valle. Rector Emérito de la Universidad Regiomontana y Profesor Emérito de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al ingresar formalmente a la Academia Mexicana de Derecho Internacional, tras el discurso de recepción -noble, generoso, estim ulante- del Dr. Antonio Francoz Rigalt, recibo un alto honor, acepto un grave compromiso. y expreso una profunda gratitud. Nuestra Academia Mexicana de Derecho Internacional ha querido honrarme tal como vengo: un libro de Filosofía del Derecho Internacional, una experiencia como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México -breve experiencia de un año- y una larga trayectoria de Cónsul Honorario de Portugal en Monterrey. Acaso mi entusiasmo por la iusfilosofía y politosofía de la sociedad mundial encuentre su cabal cauce en una docta corporación de iusinternacionalistas. Tal vez esté aún, en el cenit de mi vida intelectual, más pleno de proyectos que de realizaciones. Recib~ la A cademia Mexicana de Derecho Internacional, el testimonio de mi encendida gratitud y de mi más alta estimación intelectual. Porque siempre he estado en éxodo hacia lo absoluto, no me exalto por los triunfos ni me deprimo p or los fracasos. Pienso en aquellas aleccionadoras palabras de Quevedo: "Vuelve los ojos, si piensas que eres algo, a lo que eras antes de nacer, y hallarás que no eras, que es la última miseria". Existo, porque procedo de la Suprema Realidad Irrespectiva. Sin esa Suprema Realidad I"espectiva, nada soy. En Ella, y sólo en Ella, p uedo encontrar plenitud y descanso, Ubertas y júbilo en un evento compartido y con 45 destinación final en esa Suprema alegría que relativiza todo. Aunque no creo posible, en el ámbito de la filosofía, un filosofar absolutamente neutro, desligado de mi personalidad y de mi ambiente sociocultural regiomontano, mexicano, hispanoamericano, occidental, ha sido esencial preocupación en mi proceder filosófico partir a la búsqueda de la totalidad sin supuestos previo-s. He procurado renunciar a apoyarme en cualquier cosa anterior a la filosofía que he hecho. Mis obras -egregias o modestas- han sido forjadas desde mi propio filosofar en diálogo abierto, a la intemperie, aspirando a pensar el todo, la totalidad de cuanto hay, en la medida en que esto es posible y a los niveles que los distintos objetos lo permitan. No me interesa que la verdad filosófica no sea cada uno de los capítulos, en su existencia aparte, que hay en el Derecho Internacional; sino el sentido de la totalidad de cuanto hay en ese ámbito del Derecho; de lo que representa y vale en la red universal de interdependencias. No se trata de un "super-ciencia" ni de una especulación abstracta sobre los resultados de la ciencia del Derecho Internacional. Mi tarea ha consistido simplemente en colocar el saber del Derecho Internacional y sus resultados en el lugar que les corresponde dentro de la totalidad de cuanto hay en el ámbito finito; trato de situarme ante el Derecho Internacional desde una perspectiva de universalidad. Renuncio a apoyarme en algo anterior o previo a la Filosofía del Dere- �cho Internacional misma, que voy a hacer. Siento el compromiso de no ~artir de verdades s~puestas. Busco la esencia, el fundamento Y el fin del Derecho Internacional. En esta tarea_no -~e querido reducirme a una simple sistematizacwn coordinadora de los resultados Y saberes del Derecho Internacional. ¿De dónde proviene el Derecho Internacional? ¿Cuál es su más íntima contextura? ·Cuál es su sentido esencial? ¿Qué lugar ocupa ~entro de la totalidad de cuanto hay . "h~benque hay cia"- dentro del ámbito finito ? ¿Por , . 2 Derecho Internacional? ¿Lo habra siempre . ¿Cuál es el fin último de esta disciplina jurídica? No deseamos confinamos en una zo~a-de tem~ . t rmedi·os secundarios. El conocimiento teome , . f' rico sobre las cuestiones últimas que _la Fi1oso_za del Derecho Internacional proporciona es_ imrescindible para la autorrealización esencial Y P ºd l , plena del hombre. No se trata de _u~a i eo og~a onstrucción teórico-pragmatica que afircomO C d ". ma coactivamente un modo de ver las con ~cwnes político-sociales de la sociedad mund,a~, Y que pretende justificar la existencia Y la accwn del grupo que la sostiene. No vamos a. crear, desde unos intereses, lo verdadero y funcional o lo falso y disfuncional de la comunidad interna. nal• Desde una posición libre de toda• ,volun~, ClO tad interesada, debemos ejercer una funci?n cr~tica de las ideologías en torno a la convivencia internacional, exigiendo clarividencia, buscan~o el deber ser antes de la imposición de la praxis. Nuestro ser-deficitario nos convierte en P1:°!ecto abierto al entorno y obligado a una actwu:lad de ser-todos-juntos-en-el-mundo portándonos en vilo Y aprendiendo. La Filosofía del Derecho Internacional no es, pues, un lujo, ni una fa~tasía ni una curiosidad. Es un menester de ubicación Y de autoposesión de la comunidad internacional, en conocimiento sistemático -entrelazados teóricos con ideas precisas- Y en perspectiva de trascendentalidad. He iniciado un~ reflexión filosófica sobre el Derecho Internacional -abierta, no concluida- que sólo cesará cuando cese la reflexión sin adjetivos. Existe una sociedad i¡iternacional. El hecho es evidente; está ahí, frente a nosotros. ~ero si existe una sociedad internacional es precis~ que haya un Derecho que la norme. La humanidad aunque dividida en naciones conserva alguna ºdad específica cuasi-política Y moral, como un l • La. . lúcidamente apuntó Francisco Suárez. Justicia Y el amor -Los dos principios sobre los que descansa la convivencia- se extienden a todos los hombres y a todos los Estados. Porqu~ no se trata de comunidades aisladas Y au~osu~cient~, es menester ayuda mutua, comum~acion, ~,e~ internacional. Algún Derecho tendra que ex~stir para dirigir y ordenar rectamente la comunidad internacional. Cuando el reconocim_ie~to de personalidades internacionales es substituido .por , las ideas de dominación mundial o de absorcion p~ lítica o económica, se está dificultan1o cuando no imposibilitado la integración de un Derecho positivo de la comunidad i~ternacion_al. Los propósitos imperialistas son incompatibles c~n la armonía requerida por el Derecho Internac~ nos na.l La visión de un Derecho ínter-estatal . resulta hoy estrecha porque hay entidades -c_on mayor o menor poder de actuación extenorque entran en relaciones entre sí~ ~on l~ comunidad internacional. Ninguna actividad mte~ cional de cualquier sujeto de derecho qu~ fuera de la normatividad del Derecho Internac,~ nal. Comunidad de Estado Y comunidades de organismos internacionales -Organización de los Estados Americanos, Comisión Europea del .Danubio LigaArabe, 0.T.A.N., G.A.T., O.P.E.P: Compañfos Colonizadoras, "Commonwealth británica, etc.- no pueden escapar a la normoción (por imperfecta que sea) del Derecho lnter· nacional. Por distinto que parezca, el Derech? Internacional es Derecho, Y como Derecho pOSltivo está inserto en los supremos princip~~ de ese conjunto de normas intrínsecamente valrdal. cognoscibles por la razón del hombre Y congruentes con su naturaleza, que declaran, regulan Y limitan la libre actividad humana en cuanto es 46 necesario para la consecusión armónica de los fines individuales y colectivos. Porque si olvidamos el Derecho Natural, la comunidad internacional no merecería el calificativo de jurídica. El pretendido Derecho sólo formalmente jurídico es mera cáscara normativa sin contenido de justicia. Y la justicia es el principio constitutivo y la condición "sine qua non" del Derecho. El iusinternacionalista no es un servidor ciego de los designios imperiales de los Estados. Aplicar la idea de justicia a las circunstancias internacionales, objetivar la justicia internacional es tarea y título de nobleza del Derecho Internacional. El fundamento moral de obedecer al precepto de Derecho Internacional resulta insoslayable si queremos continuar viviendo y actuando humanamente. La revigorización moderna del Derecho Natural -no hablo de renacimiento porque nunca ha muerto- abre perspectivas inusitadas al Derecho Internacional. Sin ese Derecho no habría fundamento ni afán de perfección para interpretar, construir y sistematizar el ordenamiento jurídico internacional de manera integral y coherente. Mi interés primordial no es hacer una filosofía de una institución jurídica en particular -del ius cogens, por ejemplo_, en el cual Maresca advertía un reflejo del ius naturalis-, sino del Derecho Internacional globalmente considerado. Por interesante que resulte "el mínimo esquema jurídico que la comunidad internacional considera indispensable para su existencia en un momento determinado" (Antonio de Luna), ese esquema mínimo no agota, ni nadie lo ha pretendido, el rico e integral ámbito del Derecho Internacional, que ahora se extiende hasta el Derecho Espacial Cósmico. Ir a lo último y más radical del Derecho Internacional es emprender la tarea de forjar una Filosofía del Derecho Internacional entendida como un conocimiento científico, por las Primeras causas ~ últimos principios- de la necesaria proporción en las relaciones esenciales a la convivencia en la sociedad mundial, mediante la previa atribución de lo que corresponde 47 a hombres, Estados y organizmos internacionales les. Para asegurar su efectividad, este orden debe en principio, estar provisto de jurisdicción obligatoria y de sanciones. La validez universal del orden internacional no puede provenir de la incierta e inestable voluntad de los Estados. En el quicio del Derecho Internacional nos topamos con el Derecho Natural, . Los tratados no constituyen al Derecho Internacional, sino que lo suponen. La suprema iurisdictio descansa en la comunidad internacional. Aunque es preciso reconocer que el Derecho Internacional positivo -nacido dentro del Ambito del Congreso de Viena tras el desmoronamiento del despótico imperio napoleónico- se halla aún en fase de desarrollo, la validez intrínseca de esta disciplina jurídica no depende de reconocimientos y sanciones. Todo derecho objetivo es Derecho Natural o es Derecho positivo, "tertium non datur". Cuando el Derecho Natural se traduce en fórmulas legales positivas dotadas de sanción se refrenda y se confirma extrínsecamente el Derecho Natural preexistente, pero no se crea un nuevo Derecho, una mixtura de Derecho Natural y de Derecho positivo. El Derecho positivo de Estado a Estado o de potestad a potestad se denomina Derecho Internacional Público. El Derecho Natural interestatal que engloba a todos los Estados y a la Comunidad Internacional constituye, a nuestro juicio, el Derecho de Gentes. Derecho Natural entre gentes o Estados como tales que no excluye a ninguno. Sólo una sociedad universal puede constituirse en rectora ética del género humano. La fuerza obligatoria de todo el Derecho Internacional no se apoya en la nonna "Pacta sunt servanda", sino en el hombre socialmente considerado, dotado de razón y de axiotropismo, con vocación para la socio-síntesis pacífica y amorosa y no para el caos. Es lo que llamo la dimensión jurídica-ecuménica del hombre. Desde esta dimensión el Derecho Internacional es un auténtico Derecho y no un simple sistema de promesas entre Estados iguales y coordinados. �El fundamento del Derecho Natural Internacional (Derecho de gentes) y del Derecho Internacional positivo radica en esa dimensión jurídicoecuménica del hombre que le lleva a desarrollar, en lo comunitario y universal, su estado de proyecto social ecuménico del ser-todos-juntos-enel-mundo. Hay una forma de vivir social-poder hacer y poder exigir- que cristaliza en un conjunto de normas jurídicas -ptD1to de vista sobre la justicia internacional- que regula una recíproca correlación de licitudes y obligaciones entre los Estados y entre los Estados y la comunidad internacional. La soberanía impersonal del Derecho sería mero capricho o fantaseo sin el fun. damento real de un poder hacer y un poder exigir intencionalmente referidos a la justicia y radicados en un ser axiotrópico que es un programa existencial valioso, un proyecto de poder y deber, una libertad justamente delimitada por las otras libertades. Si el iusintemacionalista no sabe leer en la óntica integral del hombre, no va a ver el Derecho, sino su sombra en la norma "pacta sunt servanda" y en la letra de los tratados, costumbres, sentencias y jurisprudencia de los tribunales. delidad a lo pactado y el respeto a los leg tienen su origen en la convicción de que somos ciudadanos de la tierra, con igualdad esencial y con imperativos de justicia en la convivencia. El Derecho Internacional tiene su raíz, apoyo o fundamento en la dimensión jurídico-ecuménica del hombre. El modelo de los Estados soberanos, independientes los unos de los otros, con gobiernos que interactúan sirviéndose de sus diplomáticos, ha periclitado en gran medida. Este modelo -"the billiard-ball model"- ignora las necesidades y los intereses de individuos y grupos que conducen sus propias transacciones. La "interdependencia, el incremento de las unidades económicas, las ideologías transnacionales de los partidos políticos no entran en el viejo modelo de las relaciones de gobierno a gobierno. Tampoco la industria tecnológica y las empresas transnacionales. ¿ Y qué decir de los valores -independencia, libertad de expresión, participación en la toma de decisiones- que sustentan los pueblos independientemente de sus _gobiernos? Los valores -no hay que olvidarlo- influencian la sociedad mundial y las poi íticas estatales en gran medida. Si las cosas marchan bien, en el próximo futuro, debiéramos enfilar el rumbo hacia una nueva poi ítica del amor en la sociedad mundial. Y acaso alguna vez otras generaciones hablen de un Derecho y de una Política del amor en el espacio cósmico. La justicia no puede, sin el amor, edificar un orden internacional vigente y estable. Leyes, tratados y acuerdos no alcanzan a erradicar todos los males. Ni pueden preveerlo todo, ni la coacción es siempre posible, proporcionada, suficiente u oportuna. Son ingenuos los juristas que piensan concretar el orden internacional en una disciplina inspirada exclusivamente en normas jurídicas. Por algo los romanos -que sabían de Derecho- nos enseñaron la insuficiencia de la justicia en aquel inolvidable aforismo: "Summum ius summa iniuria... Sobre la justicia de la ley está la justicia del amor. El ordo amoris no deroga pero si supera el ordo iustitiae. La regla de oro en la convivencia internacional la formularíamos nosotros en estos términos : que cada Estado y organismo transnacional trate a los otros Estados o entidades transnacionales como quiere que le traten. Los principios de fi- y problemas primordiales: A) Iusfilosofía y Politosofía del Dere- B) C) D) E) F) G) H) I) J) K) L) M) N) 0) P) Q) R) La intuición de la dimensión jurídico-ecu• ménica del hombre, como fundamento radical del Derecho Internacional, ha de ser desplegada en un esquema concorde con la experiencia humana y la razón, accesos metodológicos posibles del ser humano a la esencia última de la verdad. Una "Filosofía del Derecho Internacional -Iusfilosofía y Politosofía de la Sociedad Mundial-" se inicia con las indispensables precisiones conceptuales sobre la Filosofía y el Derecho In· temacional, y aborda, después, los temas Y 48 S) T) U) V) W) X) Para estar a la altura de la dignidad humana, la "Declaración Universal de los Derechos del Hombre" (1948) de la O.N.U. reconoce y protege la libertad de todos los hombres, como seres moralmente independientes y autorresponsables. La raíz de los derechos humanos radica en la libertad moral con fundamentos ónticos y está más allá de la decisión de las autoridades. Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales son congénitos, universales, absolutos (toda persona y toda autoridad debe respetarlos), necesarios (en sentido ontológico porque se derivan de la propia naturaleza humana), inalienables, inviolables e imprescriptibles. No obstante, los derechos humanos no pueden ni deben menoscabar los legítimos intereses de la sociedad. Tampoco se debe, en nombre de la colectividad, atentar contra las prerrogativas de la persona. Y por supuesto, no sólo los individuos tienen derechos, también se habla del derecho de cada pueblo a que se respete su persohalidad, su independencia, su existencia dentro de un nivel de vida adecuado y su cultura. La "Declaración Universal de los Derechos del Hombre" que la O.N. U. ha publicado el 1 O de diciembre de 1948, en París, es un conjunto de normas naturales en cuanto expresan jurídicamente lo que el hombre debe ser según su estructura de espíritu encamado que se afana por llegar a su plenitud subsistencia/. Norma natural que expresa jurídicamente el proyecto ontológico de la persona en sociedad. La positivización no implica desnaturalización. Esa "Declaración Universal de los Derechos del Hombre" requiere ser complementada con una Declaración de los Deberes y Responsabilidades del hombre para con la familia, el Estado y la comunidad internacional. Los derechos humanos no agotan el bien común. Dentro de una Sociedad del humanismo plenario habría que sustituir la política del poder por la política de la cultura. Aspirar a una "política sin enemigo" suena a utopía, cuando detrás de este propósito no hay una base de "charitas" en el sentido profundo y noble que derrama su etimología. Cuando se dialoga, fraternalmente, cho Internacional. Esencia y ubicación del Derecho Internacional dentro del sistema jurídico. Grandeza y miseria del Derecho Internacional. Derecho Natural, Derecho de Gentes y Derecho Internacional. Fuentes y Técnica del Derecho Internacional. Estructura, sentido y fundamento de la norma "Pacta sunt servanda". Estructura y funciones de la comunidad internasional. Teoría de la Comunidad interestatal. Estructura y función de los tratados internacionales. ¿Estado mundial o sociedad interestatal? "Ordo iustitiae" y "Ordo amoris" en las relaciones internacionales. Filosofía de la guerra y de la paz. Ontica y ética de la paz. Interacciones sociales y marco unificador de la comunidad internacional. Estructura, misión y límite de la organización de las Naciones Unidas. Hacia un nuevo orden económico internacional. Libertad y jurisdicción sobre el mar. Estructura, función y fines de la diplomacia. Significación y sentido del asilo diplomático. Significación y sentido de la institución consular. Politología de la Sociedad Mundial. Politosofía de las relaciones interestatales. Hacia una filosofía del Derecho Internacional cósmico. Fundamentos filosóficos de los Derechos Humanos. 49 �bajo la gran sombra de la verdad, la oposición se convierte en camaradería. Sólo aquel progreso de las ciencias naturales que crezca en proporción con las fuerzas morales de los hombres de la sociedad mundial, será un verdadero progreso. El futuro está en nuestras manos y la historia es obra de libertad. Hasta donde nuestros conocimientos alcanzan, mi libro publicado en 1985 por la Universidad Nacional Autónoma de México, es la primera obra que aparece en América sobre Filosofía del Derecho Internacional. Abundan manuales, tratados y monografías sobre Derecho Internacional; pero carecíamos, hasta ahora, de una Filosofía del Derecho Internacional a la altura de nuestro tiempo. A esa tarea he dedicado algunos años de meditación y en ella he puesto muchas de mis mejores esperanzas. Con todo lo que pueda tener de perfectible -ninguna obra humana es perfecta- esta obra es pionera en su género. No se trata, tan sólo, de una alta especulación teorética -hasta donde me fue posible elaborarla- que proyecta sus luces sobre la doctrina del Derecho Internacional; sino de un estudio -metódico, abierto- que puede contribuir en alguna manera -así lo espero- a la edificación del hombre y de la sociedad mundial. En este discurso académico de ingreso he querido limitarme a presentar el fundamento filosófico y la esencia del Derecho Internacional. Quisiera que la llama de mi experiencia filosófica -investigación, cátedra, servicio consular, diplomacia- despertara otra llama. Acaso la -flama de la verdad que he querido alentar -"Alere Flamman Veritatis"- sea recogida, acrecentada y perpetuada por quienes quieran iluminar y construir una mejor socio-síntesis universal, pacífica, digna, justa, amistosa y fraterna. ser que no ha de ser siempre es muy paupérrimo ser. En la Universidad, en los congresos, en los coloquios internacionales, en las conferencias y cursos encuentro ocasión, coyuntura favorable para buscar se_ntido, unidad y armonía, paro sentirme vivir en las cosas, para saberme hombre, para seguir en busca de sabiduría. Empiezo siempre por sentirme contradicción viva. Me inquieto ante mi propia existencia Y, algunas veces, inquieto a los demás. Pero termino por aceptarme como soy y por aceptar las cosas como son aunque con indeclinable voluntad de perfección. Algo podemos, aunque no lo podamos todo. Pero en lo que somos y podemos veo la raíz del Otro. del Señor nuestro y ·de las cosas y con esta confianza brota la confianza en nosotros, pero no de nosotros. Mi padre quiso educarme para la victoria y no para la derrota. Me enseñó a no agriarme la vida, a trabajar y a trabajarme, a amar la, soledad, para que no resulte odiosa la compañía. De él aprendí que la virtud es fuerza y que es preciso saber señorear nuestros impulsos y encauzar nuestras energías hacia el bien. Lo primero, antes de emprender mi camino en la vida, fue sentirme llamado a algo y sacrificarle todo lo demás. Mi padre y mis maestros: José Vasconcelos, Juan Zaragüeta, Xabier Zubiri, Miguel Federico Sciacca, Fritz J. Von Rintelen, José María Castiella Mayz, Wenceslao González de Oliveros, Alfonso García Valdecasas y tantos otros, despertaron esa vocación y me incitaron a mantenerme constantemente fiel a mi destino. No quiero hablar de vocación de triunfo, sino de vocación de fidelidad a una misión. Agradezco aquí y ahora, públicamente, a todos los que me han dado la mano -los que viven y los que ya han muerto-, a todos los que me han ayudado a ser y a hacerme. De ellos he aprendido que la fuerza es la sinceridad consigo y con los demás, que la ocupación es autoconstruirse y mantenerse digno. Lo digo sencillamente: no le doy mucha importancia a mis obras, pero tampoco se la quito. No he hechos más, porque no he sabido o no he podido. En todo caso no presento y ofrezco mis libros como ningún valor, porque sería injuriar a los demás. Lo que nada u.ale, no resulta digno de presentarse ni de ofrecerse. Para el autor, su obra ha de ser creatura amada, por lo mismo que es entrañablemente suya. Negarle amor ante los otros, por finita, es deficiencia de carácter o sobra de orgullo. Rechazar esta ceremonia solemne de recepción sería condenar el propio trabajo. Aceptarla sin reconocer mis deudas -Dios, padres, maestros, amigos- sería· deshonesto. Y pienso que en este noble, generoso, estimulante ágape, vale más un poco de sinceridad que una imponente montaña de hipocresía. Pueden ustedes estar seguros que su compañía, su afecto Y acaso su admiración me producen una satisfacción íntima, legítima, sin caer en embriaguez ni en delirio de grandeza.· ¿Acaso no soy homo, humus, nada prehistórica? Pronto nos separaremos para ir a nuestras respectivas casas y para seguir con nuestros respectivos quehaceres. Pero me quedaré con ustedes en mí. Buscaré alcanzar altura elevándome sobre su altura de amistad. Me prometo y les prometo no dejarme desviar por las lisonjas ni por la aversión ajenas. Seguiré mi propio camino. A tendiendo a la rectitud de los pensares y sentires propios. He par- Fue mi madre la que me habló de Dios, por primera vez. Fue ella quien me enseñó a rezar. Fue ella la que con mayor ahínco, perseverancia y amor me señaló las verdades eternas que conciernen a la salvación eterna. En ella advertí lo que significa ab-negarse, lo que es vivir para los seres queridos y para los prójimos en amor de Dios. Ojalá que mi obra haya contribuido, en alguna manera, al respeto y a la comprensión, a la armonía en la gran tarea humana de perfeccionamos juntos. Porque si no hemos de alcanzar la Vida, nuestro vivir carece de sentido. Porque 50 51 tido de lo poco que soy para alcanzar lo otro paso a paso, caminando sobre imperfecciones pero decidido a recoger algo de lo verdadero, de lo bello y de lo bueno que pasa a la vera y advierto en el hondón de mi alma. En medio de la penumbra he creído en el resplandor de la luz. Detrás del sufrimiento, del esfuerzo y del sacrificio viene galopando la aurora. Un hervor de reverencias y de amores debe impulsar el vuelo generoso. ¡ Fuera con las minúsculas ligaduras que restan posibilidad a la obra, velocidad a la carrera y belleza al sacrificio ! Hay que batir alas sobre la desventura de las pequeñeces. No ir adelante es volver atrás. Caminaremos -cosa en verdad difícil calculando la situación y conservando el rumbo. Allí en el hondón del alma está la enjundia de lo que somos y de lo que anhelamos ser. Lo demás: estruendo que se produce, vértigo de la vida, ¡no vale la pena! Importa, eso sí, acometer el riesgo de cada día con un temblor de impulso seguro y de certidumbre vocacional, en espera de que la f/eéha -hoy caminando callada y misteriosamente- dé algún día en el blanco. Hasta entonces, y para entonces, aquí seguiremos, día a día, viviendo la vida como milicia ¡ MILITIA CHRISTI ! Milicia de cristianos, de hombres comprometidos. Firmes, pero abiertos siempre a los suaves imperativos de la amistad y del diálogo, para saber ser hombre entre los hombres. He aquí lo que teníamos que decir. El resto es silencio preñado de gratitud y promesa. �EXPLORACION DE UN MODELO DE ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS REGIMENES DE EXPLOTACION PETROLERA. ALGUNAS APROXIMACIONES METODOLOGICAS Rodolfo Garza Garza. Becario por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Derecho, en la Universidad de París I (Panteón Sorbona). INTRODUCCION que se abordarán los problemas "sociales" derivados de la producción, transformación y distribución del petróleo: por ellos entendemos las consideraciones jurídicas, administrativas y políticas que envuelven a las mencionadas operaciones. En consecuencia, rto obstante que es imposible negar la influencia de lo económico a lo largo de las operaciones petroleras y de las decisiones que el desarrollo de tales operaciones implica, dejaremos de lado en la medida de lo posible las consideraciones meramente económicas. Asismismo, todos los aspectos físicos y químicos ligados al problema escapan a nuestro trabajo, en todo caso son tratados largamente por especialistas en foros distintos al presente. Este trabajo se inscribe dentro de un más amplio estudio cuyo objetivo es la obtención de un doctorado en derecho en la Universidad de París I (Panteón-Sorbona). La investigación doctoral que el autor desarrolla actualmente se titula "La explotación petrolera en México. El marco jurídico, las políticas y la estructura de la industria"* El presente artículo pretende, como se indica en el título del mismo, construir un modelo de estudio comparativo que permita, por una parte, obtener un acercamiento al conocimiento del régimen mexicano de explotación petrolera y, por la otra, que dicho conocimiento sea susceptible de ser opuesto comparativamente a otros regímenes de explotación; de esta manera nos encontraremos en posibilidad de definir las diferencias y las semejanzas existentes entre unos y otros regímenes y de sistematizar, al fin, su estudio. No es inúltil aclarar La preocupación de un tal intento de construcción metodológica se desprende del hecho innegable de que no existen, hasta la fecha, estudios comparativos en la materia que tengan la característica de "globalización ", es decir, que tomen en cuenta todas las variables posibles que se presentan. Los análisis que encontramos publicados abundantemente se refieren a aspectos bien definidos y limitados Hace algunos años fue concertado un acuerdo de cooperación científica entre la Universidad de Nuevo León y la Universidad de París l. Dicho acuerdo interuniversitario prevé el intercambio de estudiantes mexicanos y franceses para e l desarrollo de actividades de investiga ción. Por parte de la UANL, la Facultad de Derecho y del problema, que si bien incrementan notablemente el contenido de nuestra área de estudio, la fragmentan o "atomizan" indiscriminadamente. Ciencias Sociales enviaría a ta ciudad de París, Francia, un grupo de estudiantes egresados de esa facultad a fin de que efectuasen estudios en el área de Derecho de la Energía. 53 �de los problemas jurídicos, sociales, políticos económicos derivados de la producción de energía primaria, de su transformación o co versión industrial y de su distribución y comercialización, hemos podido observar que ex· una tendencia generalizada a abordar diclu;i problemas de una manera unidisciplinaria e, inclusive, de una manera extraordinariamenté fragmentada. Así, la mayor parte de las inoe,. tigaciones y estudios que han sido desarrollados en materia de energían están constitu ídos por artículos y monografías que "atomizan" nuestro objeto de estudio. Es justo decir que autores tales que Jean-Pierre Angelier, Henri Madelin y Oystein Noreng, por citar algunos, han ensayado el análisis de un régimen en particular metiendo en evidencia la interacción de dichas variables, pero creemos que lo han hecho ya sea de una manera parcial -puesto que sus estudios se referían a determinado aspecto en particular- o en ausencia de una adecuada sistematización de todas las mencionadas variables. Consideramos pues importante efectuar en la medida de lo posible un mayor acercamiento a la problemática general de los regímenes petroleros, puesto que ello nos dará pzé a una comprensión más completa de los fenómenos particulares que se presentan en la materia, permitiéndonos en última instancia prohmdizar en ellos adecuadamente. Para tratar de contrarrestar los efectos indeseables de una "especialización al infini. to"1, indeseables al menos dentro del marco de la implementación de estudios de posgrado que se proyecta para la Facultad de Derecho de la UANL, y para intentar circunscribir dentro de un cuerpo comprensivo el estudio de los distintos aspectos de lo que nosotros consideramos que constituye un mismo problema, nos propusimos la construcción de un modelo metodológico idóneo. Dicho modelo pretende ofrecer la posibilidad de extender el análisis de los distintos regímenes petroleros a través de la multiplicación de las variables que interactúan y de los parámetros de observación del problema. Este "abordaje" no niega, como se verá más tarde, la posibilidad de efectuar estudios parciales, puntuales y concretos, que corresponderán en todo caso a preocupaciones científicas de una mayor profundización. Conocer el todo es indispensable para analizar la parte. Los anterior circunscribe el presente trabajo dentro de una perspectiva práctica: considerando que las autoridades tanto de La Facultad de Derecho como de la UANL, p,:etenden implementar dentro de sus programas de estudios diversos tipos de estudios de posgrado en materia de Derecho de la Energía, es necesario iniciar los trabajos que permitirán encaminar dicho proyecto de la manera más idónea; así, la adecuación de los planes de estudio deberá hacerse de manera pronta, proponiendo una metodología más acorde a nuestra experiencia universitaria. Un estudio global y comparativo de los regímenes de explotación petrolera se impone como una necesidad para llevar a bien el proyecto académico de nuestra Facultad. de principios, puesto que de ellas depende el de- La tipología de los sistemas de propiedad san-ollo ulterior del modelo: 1) Las sol~ consi- del subsuelo que fue propuesta desde 1951 por el maestro Jean Devaux-Charbonnel constituye una excelente categorización de /os regímenes jurídicos de explotación. Sin embargo, esta aproximación no nos permite distinguir las múltiples diferencias específicas que pueden existir entre los regímenes de cada una de las categorías por él propuestas. En efecto, las diferencias aparecerán según el país considerado sea productor-exportador o consumidor-importador de substancias energéticas, lo que determinará la formulación de una elección política dirigida a resolver las problemáticas energéticas particulares de ese país. Las diferencias crecerán en la medida de que la mencionada elección política implique la definición del aparato administrativo necesario para la obtención de un cierto grado de acceso a los hidrocarburos indispensables al desarrollo económico del propio país, ya sea que el estado concernido establezca un aparato productivo, o que simplemente estructure un útil de control de las operaciones productivas. Es innegable que el contenido del régimen de explotación como ha sido definido, es casi totalmente de naturaleza jurídica, es decir que las condiciones de operación se desprenden de los instrumentos jurídicos promulgados por el Estado bajo la forma de reglamentos, de leyes o de nonnas constitucionales; en este caso, las condiciones de operación tienen un carácter obligatorio y son expresadas en términos de obligaciones, de derechos y/o de permisos. deraciones de orden jurídico no son suficientes para las necesidades de profundización en lo que concierne al examen del régimen -o de los regímenes• de explotación del subsuelo en materia de hidrocarburos, y 2) La liga existente entre el régimen jurídico de explotación petrolera y la estructura operacional de la industria petrolera, está constituída por la (s) política (s) energética (s) estatal (es). Dichas hipótesis son de naturale- za general y exploratoria, en virtud de que tienen por objeto familiarizamos con el fenómeno de estudio y porque su desmostración tendrá por consecuencia la construcción de una teoría2. 1.- Primero hipótesis de base. Por régimen de explotación petrolera entendemos el marco dentro del cual son establecidas las condiciones de realización de las actividades de exploración, desarrollo y explotación propiamente dicha de las substancias conocidas bajo la denominación genérica de hidrocarburos, sean éstos de naturaleza líquida o gaseosa. En este orden de ideas, el reg,men de explotación constituye el margen de intervención del Estado a todo lo largo de las operaciones mencionadas. Entendemos por intervención del Estado, como veremos más tarde, el acto o conjunto de actos que un Estado emprende a fin de actuar mediata o inmediatamente Para abordar el problema hemos elabortt- en tales operaciones, ya sea simplemente reglado dos hipótesis de base que tienen un carácter mentándolas y controlándolas, ya sea particiPando activamente en su desarrollo. EXPOSICION DEL PROBLEMA E HIPOTESIS DE TRABAJO La especialidad es saber cada vez más y más acerca di cada vez menos y menos, hasta el punto de llegar • saber todo de nada, Indicaba Castro Viejo. De la lectura de los distintos auivres que se preocupan o se han preocupado por el estudio Sin embargo, una parte del régimen puede encontrar su origen en la edición de compromisos entre el Estado y las partes interesadas, 3 3 Ver Ario Garza Mercado, Manual de Técnicas de Investigación para Estudiantes de Ciencias Sociales, 3a. &d., El Colegio de México. 1981, pp. 10 y 34 a 40. 54 55 Los e)emplos los podemos encontrar tanto en la historia de lo que se ha dado en llamar la "cuestión petrolera mexicana", con el establecimiento durante el gobierno obregonista de un "modus vivendi"' con las compal\ fas petroleras internacionales, como de manera -- �generalmente bajo la forma de acuerdos presidenciales o ministeriales, caso en el que las condiciones de operación serán expresadas en términos de permisos de carácter particular. Más aún, si la intervención del Estado se extiende a la realización por cuenta propia -a través de sociedades de estado- de las actividades de exploración, desarrollo y/o explotación a que nos hemos referido, estas últimas adquirirán parcial o totalmente un carácter público, y su desarrollo pasará a formar parte del régimen, siendo las condiciones específicas de operación expresadas en términos administrativos bajo la forma de manuales de operación, directrices y reglamentos in ternos. 2.- Segunda hipótesis de base Si bien las políticas energéticas no pueden ser consideradas generalmente como parte del régimen, son elaboradas por el Estado a fin de responder a las realidades y a las necesidades energéticas del momento. Para ser eficaces deben tener cuenta de las características especiales y particulares del "sistema energía"; a saber, las necesidades energéticas del país, la producción doméstica de las substancias que pueden satisfacer dichas necesidades y el coeficiente de dependencia energética exterior con respecto a los coeficientes de producción residual susceptibles de ser exportados dentro de cada subsistema (petróleo, carbón, energía eléctrica). Las políticas determinarán, entonces, la (o las) dirección(es) que la industria debe tomar para subvenir a las necesidades colectivas de energía. En fin, las políticas obtienen una impor- tancia estratégica cuando sus componentes ponden a intereses "superiores" del Estado. Desde este punto de vista, las directrices políticas formuladas en materia de energía, mis que formar parte del régimen de explotación; informan su contenido y conforman las oper,., ciones de la industria a la satisfacción primordi,I de las necesidades públicas. Un modelo para armar. El análisis del contenido de las hipótesis de base nos muestra que el modelo metodoló;. co que proponemos presenta la característica di la interdisciplinaridad. En efecto, para el de» rrollo ulterior del modelo, ya sea para su aplictción a un caso concreto o para ensayar un estudio comparativo parcial o total, debereTr(OS hactt uso de los métodos y las técnicas propios a 11 ciencia del derecho, a la ciencia política 'Y rA estudio de la administración general y de la administración pública. 1.- El régimen de explotación petrolera Si intentamos, pues, desarrollar nuestrl hipótesis de base, encontraremos que dentro dtl régimen de explotación, definido como quedó. podemos distinguir el régimen jurídico lato sen, su y el contenido extrajurídico o "administ,t, tivo " del régimen. a) Régimen jurídico lato sensu consecuencia, éste puede ser dividido a su vez en régimen de propiedad del subsuelo y régimen jurídico de explotación strictu sensu. b) El contenido "administrativo" del régimen. Arriba hemos afirmado que el régimen de explotación constituye el margen de intervención del Estado a todo lo largo de la cadena de explotación. Esta intervención puede ser mediata o inmediata. Es mediata cuando se limita a la promulgación de normas de conducta y al ejercicio de las facultades estatales de regulación y control y a la aplicación de la soberanía fiscal. Es inmediata cuando el estado se propone en nombre propio efectuar operaciones industriales por intermedio de una o de varias compañías nationales. En ambos casos, el Estado necesita implantar estructuras adecuadas al desarrollo de sus actividades, sean éstas de control o de producción de bienes o servicios. De ahí que mencionemos la existencia del contenido "administrativo" del régimen. El estudio del régimen de propiedad del S1Jbsuelo permite identificar a los sujetos facultados a ejercitar lo que conocemos bajo el nombre genérico de "derecho de minas", es decir, la facultad de explorar la existencia en e! subsuelo de substancias energéticas y, en su caso, la facultad de explotarlas. A este efecto, el maestro Devaux-Charbonnel elaboró una categorización de los distintos sistemas de propiedad del suelo inferior: el derecho de accesión, el derecho regaliano, el derecho domanial o de dominio eminente, el sistema general d€ res nullius. 4 La determinación del "derecho de minas" podremos encontrarla integrada ya sea a los textos constitucionales, ya al derecho minero general, bien -cuando existe- al derecho petrolero en particular. De cada sistema de propiedad del subsuelo se desprenden los elementos substanciales del régimen strictu sensu. La intervención inmediata del estado puede ser imperfecta, de manera que pueda ser teóricamente considerada como una extemión de las facultades de control: es el caso de las compañías conocidas en el jerga petrolera como "conchas vacías" -del francés "coquilles vides"-, es decir aquéllas compañías de estado cuyo objeto es el de obtener ciertas participaciones sobre el desarrollo de las actividades extractivas y comerciales, pero sin participar efectivamente en las operaciones. De esta suerte, nosotros proponemos distinguir, por facilidades de lenguaje y de sistematización, entre intervención inmediata directa e intervención inmediata indirecta. La intervención inmediata directa corresponderá, pues, a la intervención que el Estado hace en las operaciones petroleras, mediante la actuación de una o varias compañías de estado y de una forma exclusiva o monopólica. La interviene, median- El régimen jurídico de explotación $trictu sensu constituye el conjunto de normas jurídicas que se encuentran diseminadas en leyes y reglamentos y que reglamentan y controlan el ejercicio de las actividades que forman parte de la cadena de explotación (es decir, de las actividades exploratorias, de las de desarrollo y de las extractivas, conocidas también como actividades u operaciones "down-streams''), así como los derechos y obligaciones que dicho ejercicio implica en la persona titular del "derecho de Por él entenderemos el conjunto de i, minas". normas jurídicas promulgadas por el Estado pa1t la determinación de los sujetos propietarios las substancias que se encuentran en el subsuelo. Jean Devaux-Charbonnel. Droit Minier des Hidrocarburos. Príncipes et applications, Ed. Technip, Paris, 1987, así como para el ejercicio de las actividades~ p. 18 y siguientes. exploración, desarrollo y explotación de die substancias dentro del territorio nacional. El más reciente con los acuerdos que fueron pasados entre Jorge Dlaz Serrano y el sindicato petrolero para la adscripción de contratos de obra sin previa licitación. Asimismo, en el extranjero encontramos un sinnúmero de ejemplos, notablemente el otorgamiento de las primeras concesiones en los países del Golfo Pérsico. 56 57 �d• te una o varias companias nacionales, en la realización de operaciones petroleras, pero de una manera no exclusiva: así ésta última puede ser subdividida a su vez en perfecta (con la existencia de sociedades nacionales concurrencia/es, es decir, que coexisten y compiten comercialmente con sociedades privadas) e imperfecta (para el caso de las "coquilles vides'J dirigidas dependen ya sea de una actitud de ciplina administrativa, bien de una actitud psicológica derivada de la percepción que dichos sujetos experimentan y que las hacen aparecer como "buenas , justas o idóneas". En este sentido, podremos hablar de la existencia de una cierta legitimación de las política, energéticas y petroleras. Siendo establecido el campo de trabajo de esta manera, el estudio particular del contenido administrativo del régimen deberá tener cuenta de la estructura administrativa tradicional de la industria petrolera internacional, de conceptos tales como transnacionalismo y multinacionalismo, de la naturaleza de las corporaciones derivadas de contratos de joint-venture, de la existencia de compañías de estado concurrenciales y monopólicas y, en fin, de las relaciones jurídico admin'istrativas que se desprenden del sistema, a saber, las relaciones de regulación y control. Naturalmente, podrán integrarse variables de naturaleza política, tales como el peso específico de los sindicatos de dichas empresas, por dar un ejemplo. La segunda consecuencia se deduce de la primera. Las políticas formuladas en materia de energía pueden, por una parte, conformar las operaciones de la industria a la satisfacción p,i. mordial de los requerimientos públicos relatioos mediando su legitimación y, por otro lado, pueden informar el contenido del régimen de explotación por medio de su transformación en normas de conducta de naturaleza jurídica. No debemos perder de vista, por supuesto, que el término de ''política" es equívoco. Nuatro idioma arroja dos definiciones ligadas a la misma denominación: "Una general, que expresa lo relativo a la organización y gobierno de la comunidad; y una restringida, que se emplea específicamente para designar las medidas Y acciones gubernamentales en una área determinada". 5 Es esta segunda connotación la que siroe de base a nuestro modelo. 2.- Las políticas públicas en materia de petróleo. En lo que respecta al estudio de las políticas petroleras, las consecuencias que podemos deprender de nuestra hipótes'is de base son las siguientes. Primero, ni las políticas energéticas en general ni las políticas petroleras en particular forman parte del régimen de explotación. No obstante que las políticas energéticas constituyen uno de los productos del ejercicio del poder público, no tienen sino un simple carácter programático y planificador y carecen de fuerza obligatoria fuera de los límites del aparato estatal. Su respeto o su cumplimiento por parte de los sujetos privados a los cuales son De tal forma, el análisis propuesto deberí desarrollarse en los términos y dentro de los lí· mites del estudio de las políticas públicas. 1 estudio permitirá realizar una aproximación "estática" del fenómeno, frente a las posibles consecuencias teóricas que pueden desprende,. 5 58 Mentor TiJerina Martínez, "LA POLITICA DE IJ FUNCION PUBLICA EN MEXICO. Un intento di sistematización", en Revista de Teoría y Praxis Adfflln istrativa, vol. 1, No. 1, Instituto de Administraciolll Pública de Nuevo León, Monterrey, enero-marzo di 1987, p , 24. de un análisis "dinámico" del mismo. En consecuencia, se propone el análisis de los elementos constitutivos de la política petrolera dentro del marco de las políticas energéticas y de las políticas públicas generales. Se analizarán, asimismo, los instrumentos de aplicación de dichas políticas, tales como los mecanismos de precios y la estructura administrativa del útil operativo. Deberá también realizarse una aproximación que tenga en consideración la perspectiva del aprovisionamiento, de tal manera que podamos descomponer los elementos de una política de país consumidor-importador frente a los elementos de una política de país productor-exportador. Proponemos igualmente lo que llamamos análisis "horizontal" de la política petrolera, que responde a una perspectiva territorial por oposición a la perspectiva del aprovisionamiento, y que nos permitirá obtener las expresiones y las repercusiones de las políticas petroleras tanto dentro del territorio nacional como al exterior de éste (''políticas intra-muros" y ''políticas extra-muros"). Por supuesto, al hablar de política petrolera dentro del marco de nuestro estudio, nos referimos a la política de exploración, de desarrollo y de explotación de pozos. tratar nuestro objeto de estudio de una manera más extensa. No se pretende, no obstante, la realización de una obra de carácter enciclopédico; por el contrario, consideramos que es posible abordar de una manera general, pero suscinta el régimen petrolero. Insistimos en la importancia del conocimiento del todo, así sea general, para poder en seguida ensayar el conocimiento de las especificidades de las partes. Nuestra proposición constituye, pues, la base para una agregación de los diferentes trabajos que han sido elaborados por notalbes especialistas, teniendo en cuenta q~e cada uno de los apartados se ve influenciado por los otros, puesto que los aspectos jurídicos, administrativos y políticos que intervienen, se yuxtaponen los unos con los otros, se traslapan. Es así que nuestro modelo también puede ser desarmado. Cada una de las tres partes propuestas (régimen jurídico de explotación, intervención estatal y política petrolera), contiene elementos de análisis originales. De tal suerte, dichos "submodelos" podrán ser a su vez alimentados con nuevas variables para profundizar en la obtención de los resultados. • A manera de conclusión. Un modelo para desarmar. Para poder visualizar más claramente las categorías propuestas en el presente trabajo, intentaremos en seguida presentarlas de una manera gráfica: Efectivamente, la intención .de construir un modelo metodológico como el presente tiene como objetivo la obtención de un instrumento de análisis f?UÍS amplio, teniendo como desembocadura necesaria la implementación de un Programa de estu.dios de posgrado dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UANL. Sin embargo, fuera de las aplicaciones Prácticas futuras que puedan extraerse de esta tentativa, creemos que el modelo, aún si se le considera imperfecto, ofrece la posibilidad de régimen del subsuelo 59 derecho de accesión derecho regaliano derecho dominial sistema de res nullius �Regulación y control de operaciones de particulares Código minero Régimen jurídico estricto Regulación del monopolio estatal Leyes petroleras ;nte,vendón med;at~ intervención del Estado intervención inmediata J directa indirecta 1 perfecta imperfecta perspectiva aprovisionamiento exportadores importadores Perspectiva Territorial lntra-muros extra-muros Políticas Petroleras De conformidad el modelo, tendremos que la interacción de las variables nos ofrecerá mayores oportunidades de distinción entre el régimen de un país con respecto a los regímenes de otros. Así podríamos, a priori, definir el régimen mexicano de explotación petrolera como un régimen de derecho domanial de intervención estatal inmediata directa, frente al régimen francés de derecho domanial, pero de intervención estatal inmediata indirecta perfecta. Las políticas petroleras mexicanas operan en función de las carácterísticas del régimen, y tomando en cuenta aspectos tales como el enorme coeficiente de producción petrolera residual susceptible de ser exportada por Pemex y la problemática específica de crecimiento y de tratamiento de la deuda que vive el país, en otros. cíficos del problema. Después del conocimiento general del todo desde una perspectiva está~ como la propuesta, los estudios y las aproximaciones dinámicas6 de los mencionados aspectos enriquecen naturalmente el objeto de nuestro estudio. Por último, señalaremos que el presente trabajo no pretende servir de receta. Somos conscientes de que pudiesen existir inconsistencias; posiblemente pueda considerarse que el modelo no está terminado, es decir, que pueden existir variables que nos hayan escapado; en suma, es un intento, una tentativa, en vistas de abordar nuestro análisis, y no el análisis mismo. Esperamos que, al menos, este trabajo coopere a la sensibilización de los estudiante, que actualmente siguen sus cursos en !as aulas de la Facultad de Derecho, a fin de que se impongan de algunas de las diferentes áreas de estudio que serán, seguramente, implementadas por la Dirección de Estudios Superiores de esa institución en una fecha próxima. 6 No negamos las bondades de modelos metodológicos que han sido antes propuestos por distintos estudiosos para los aspectos espe- Véase por ejemplo la interesante propuesta que se encuentra en Isidro Morales, Cecilia Escalante Y Rosío Vargas, La formación de la política petrolera en MéxicO 1970-1986, El Código de México, Serie La industril Petrolera mexicana, el Estado y el si ndicato petrolerO. 1975-1985, México, 1988, 277p. En esta investitl' ción se desarrolla un análisis de lo que los autortl 11 llaman el escenario y los actores que intervienen en formación de la polítlca petrolera, en el que se dl$UCIII los aspectos coyunturales de le formación de la p01íti· ca petrolera mexicana. 60 LIC. CESAR GARZA ANCIRA Profesor Titular de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Profesor de la Maestría de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Profesor de la Maestría de Derecho del Trabajo en la Universidad Regiomontana; Profesor de los cursos de Pre-Especialización de Derecho Social en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Académico de Nómero de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social; A cadémico de Número de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo; Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social y Miembro del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. PROCEDIMIENTO DE HUELGA. EL ARTICULO 923 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ES DE APLICACION RESTRICTIVA. El precepto 923 que se analiza asienta: "No se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos del artículo 920 o sea presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo, o el administrador del contrato-ley, o cuando se pretenda· exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. El Presidente de la Junta, antes de iniciar el trámite de cualquier emplazamiento a huelga, deberá cerciorarse de lo anterior, ordenar la certificación correspondiente y notificarle por escrito la resolución al promovente ". Por su parte, el relacionado numeral 920 de la propia Ley Federal del Trabajo textualmente consigna: "El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del Pliego de peticiones, que deberá reunir los requisitos siguientes: L Se dirigirá por escrito al patrón Y en él se formularán las peticiones, anunciarán el propósito de ir a la huelga si no son satisfechas, expresarán concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y hora en que se susPfflderán las labores, o el término de pre-huelga; II. Se presentará por duplicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si la empresa o establecimiento están ubicados en lugar distinto al en que resida la Junta, el escrito podrá presentarse a la autoridad del trabajo más próxima o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. La autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a la Junta de Conciliación y Arbitraje; y avisará telegráfica o telefónicamente al Presidente de la Junta. m. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse, por lo menos, con seis días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con diez días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta Ley. El término se contará a partir del día y hora en que el patrón quede notificado "'. No puede aceptarse que una Junta de Conciliación y Arbitraje, sea mero amanuence, obligada a poner en práctica las facultades que la Ley establece, por el solo hecho de que se presente escrito sobre emplazamiento de huelga. 61 �den la confusión si se diera entrada a todas las se advierte que en este Decreto, una de las cones, cuando el escrito de emplazamiento de hue~ soücitudes de emplazamiento a huelga que en un quistas sociales más importantes de la clase traga sea presentado por un sindicato que no sea el momento pudieran presentarse, dado el sistema bajadora, permanece intocado y que las dispotitular del contrato colectivo de trabajo o el adde popularidad sindical establecido en nuestro siciones, de tipo procedimental, contenidas en ministrador del contrato-ley, o cuando se pretenpaís, a sabiendas de que la causal invocada no este Capítulo, tienen por objeto hacer más adeda exigir la firma de un contrato colectivo, no podría cumplirse precisamente por existir ya firobstante existir ya uno depositado en la Junta cuado su ejercicio e impedir que se le utilice mado un contrato colectivo de trabajo en la emde Conciliación y Arbitraje competente; ya que para propósitos distintos a los que la Constitupresa correspondiente, pues de admitirse esas soen estos casos no se trata de incumplimiento de ción y la Ley en vigor tutelan. Es de destacarse licitudes nunca podría existir la seguridad legal el propósito del artículo 923 de corregir ciertas los requisitos que señala el artículo 920, sino de en las relaciones obrero-patronales, que son de improcedencia del escrito de emplazamiento. Al prácticas nocivas al interés del centro de trabajo. orden público, de la misma manera que las disrespecto el segundo supuesto se basa en el prinCon el mismo espíritu y para evitar que el deposiciones del artículo 123 Constitucional. mandante pudiera quedar indefenso, la Comisión cipio de que para ejercitar acciones colectivas, establece que es obligación del Presidente de la como son las inherentes al emplazamiento de La iniciativa en su artículo 923 decía: Junta notificar por escrito al interesado la causa huelga que atañen al contrato colectivo o al con"No se dará trámite al escrito de emplazamiento trato-ley, es condición indispensable ser el sind~ que funda la negativa de trámite al escrito de de huelga cuando éste no sea formulado conforcato titular del contrato colectivo o el adminisemplazamiento. Asimismo, se suprime la salveme a los requisitos del artículo 920 o sea presentrador del contrato-ley, porque eso es lo que dad prevista en el mismo ya que no puede llegar tado por un sindicato que no sea el titular del otorga legitimación para ejercitar el derecho de a presentarse". Por su parte, el Dictamen del contrato colectivo de trabajo, o administrador huelga; ya que de otro modo carecería de eficaH. Senado de la República expresa: "En el ardel contrato-ley, o cuando se pretenda exigir la cia y seguridad jurídica la titularidad o la admitículo 923 se dispone que no se dará trámite al firma de un contrato colectivo, no obstante exisnistración respectiva, si se permitiera que cual~ escrito de emplazamiento de huelga cuando éstir ya uno depositado en la Junta de Conciliaquiera otras agrupaciones suplantaran a tales sinte no sea formulado conforme a los requisitos ción Y Arbitraje competente, salvo que se trate que se señalan o cuando sea presentado por un dicatos. En cuanto al tercer supuesto, debe estide una que tenga por objeto el señalado por la marse que existe una vía expresa para obtener la sindicato que no ostente la titularidad del confracción VI del artículo 450. El Presidente de la firma del contrato colectivo mediante la demantrato colectivo de trabajo o la administración del Junta, antes de iniciar el trámite de cualquier da de cambio de titularida<! en un procedimiento contrato-ley. Tampoco se le dará trámite cuanemplazamiento de huelga, deberá cerciorarse especial, por lo que si existe esa vía legal lo que do se pretenda exigir la firma de un contrato code lo anterior". lectivo, no obstante existir ya uno depositado en procede es utilizarla y en ello está la garantía constitucional, resultando ilógico y antijurídico la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. La Exposición de Motivos de la Iniciativa utilizar el procedimiento extraordinario de hue~ Circunstancias éstas que representan una garanga que no es el procedente. Además, según crite- asienta: "El Artículo 923 determina que no se tía para el logro del adecuado equilibrio entre dará trámite al escrito de emplazamiento de rio del Lic. Arturo Ruíz de Chávez, la Ley Fedelos factores de la producción. Se garantiza el huelga, cuando éste sea presentado por un sindiral del Trabajo establece en su artículo 387 la derecho de los sindicatos, al disponer en el Capítulo relativo de la huelga, la preponderancia del obligación del patrón que emplee trabajadores cato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo. De este modo se reconoce expresatitular del contrato colectivo o del sindicato admiembros de un sindicato de celebrar con éste, mente en la ley un efecto importante a la titulaministrador del contrato-ley, frente a un emplacuando lo solicite, contrato colectivo de trabajo, ridad de los contratos colectivos fortaleciendo zamiento, que debe declararse improcedente, y si ya tiene celebrado dicho contrato debe con, ' as, a las organizaciones sindicales; simultáneasiderarse que el patrón ha dado cumplimiento cuando exista un contrato colectivo celebrado a esa obligación y por tanto, está imposibilitado mente se evitan planteamientos de huelga que no con antelación. Lo ar.terior incrementará la jurídicamente para celebrar un nuevo contrato correspondan al verdadero interés de los trabaarmonía ); el equilibrio entre los factores de la j4:'1_0res cuyo centro de labores va a suspender accolectivo con un sindicato distinto" ( Ley Fede· producción que constituyen los objetos primorral del Trabajo. Comentarios y Jurisprudencia. tividades". El Dictamen de la Comisión de Tradiales del derecho del trabQjo, tutelar de los bajo Y Previsión Social de la H. Cámara de Ditrabajadores ". México, Editorial Esfinge, S. A. Pág. 500). PUtados al respecto consigna: "Revisado el CapíEs inconcuso que se propiciaría el desor· tulo XX que trata de procedimiento de huelga, El artículo 923 no es, en ningún caso, Como al admitir y darle curso a un emplazamiento de huelga se determina la existencia de providencias y circunstancias excepcionalmente importantes, la Junta, antes de admitir y darle curso al escrito de emplazamiento de huelga, debe examinar si están satisfechas las exigencias fundamentales que la ley previene, entre ellas examinar si los emplazantes tienen la calidad, la legitimación que la ley requiere para el ejercicio del derecho de huelga. Los preceptos de un ordenamiento legal deben interpretarse en el sentido de que no se contradigan; y para lograrlo, a fin de establecer su verdadero sentido y alcance, deben ser interpretados en relación con los demás de la misma ley, armónicamente. .. Eminentes juristas consideran que son tres los casos en que no se debe dar trámite al escrito de emplazamiento de huelga: 1) Cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos que se consignan en el artículo 920. 2) Cuando sean presentados por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo, o el administrador del contrato-ley; 3) Cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo de trabajo, no obstante existir ya uno depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. Exponen que para determinar cuándo se está en alguno de los tres casos indicados con antelación, la Junta debe actuar de conformidad con lo dispuesto por la parte final del propio artículo 923, en concomitancia con el numeral 928 de la propia Ley de la Materia. Dice Juan B. Climent Beltrán que "en cuanto al primer supuesto implica que el Presidente de la Junta deberá cerciorarse de que se han cumplido los requisitos que condicionan el trámite del emplazamiento, a fin de que, en su caso, la Junta resuelva la procedencia o improcedencia del trámite, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de huelga y evitar un trámite inoperante que conduciría a una declaración de inexistencia. La situación es distinta en las otras hipótesis previstas en el artículo 923, esto 62 63 �de evitar daños irreparables a las fuentes áe trabajo, perjudicando con ello a los propios trabajadores por luchas políticas intersindicales de detentaciones de contratos colectivos o contratos-ley, a través del procedimiento de huelga. Lo correcto es que esos conflictos se tramiten por medio del procedimiento ordinario de la ley, para no causar perjuicios irreparables a los trabajadores y a sus fuentes de trabajo". Por su parte, el Lic. Enrique Alvarez del Castillo expresa: "La huelga en los términos constitucionales es un derecho libre de los trabajadores, protegido por el Estado y fuera de todo pretendido o supuesto arbitraje obligatorio. El legislador ordinario, no puede, a título de reglamentar, alterar el sentido del texto constitucional. Las reformas a la Ley del Trabajo afirman la esencia de la huelga mexicana por el solo hecho de respetarla en la rev~ sión legislativa de frente a un ambiente que grupos interesados imaginaron propicio pare, limitarla. Las reformas propusieron sencillamente por razones técnicas una división formal del derecho sustantivo de huelga y el procedimiento para hacerla valer. No cabe discutir juridicismos: el hecho real es que tal división respeta y confirma el ejercicio libre de la huelga; sólo pretende fortalecer y perfeccionar algunos requisitos del procedimiento para hacerla valer, requisitos administrativos de orden público y de trámite para fundar debidamente en derecho la protección de la huelga por parte del Estado. una forma de desechar la pretensión, sino la vía para hacer más op.e,:ante y eficaz el derecho de huelga. Ha abierto las posibilidades jurídicas para propiciar el cabal ejercicio de este derecho, pues huelgas que podían haberse perdido, se han encausado legalmente por aplicación de este artículo. En una de las conclusiones de la Memoria de la V Reunión Nacional de Juntas de Conciliación y Arbitraje, editada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se expresa: " Que las reformas procesales en materia de huelga tienden a garantizar en forma más efectiva este derecho de los trabajadores, procurando que se cubran los requisitos formales para su ejercicio a fin de evitar que se incurra en un trámite inoperante que conduciría probablemente a una declaración de inexistencia con los consiguientes perjuicios para los trabajadores. Los nuevos preceptos no adicionan o imponen nuevos requisitos para el trámite del procedimiento de huelga; tan es así que el artículo 452 de la ~y de 1970, se ve reproducido en el 920 correspondiente a las reformas". Es evidente que en el estudio del pliego de peticiones debe considerarse también, y principalmente, los presupuestos del mismo, los cuales deben ser satisfechos, so pena de que su ejercicio se considere ineficaz. La legitimación procesal debe estudiarse previamente porque condiciona el ejercicio de la acción colectiva. Debe distinguirse entre la legitimación en la causa y la legitimación procesal, pues mientras la primera es una condición para obtener sentencia favorable, la segunda es un presupuesto procesal cuyo previo examen se impone obligatoriamente al juzgador, en virtud de que se traduce prácticamente en la titularidad y en la facultad de hacerla valer en juicio. Importantes resultan dos de las nuevas medidas adoptadas. La salvaguarda de los derechos colectivos y de los sindicales en particular exige la protección efectiva de la titularidad y de la administración de los contratos colectivos por parte de los sindicatos que las ostentan frente a derechos pretendidos de otros sindicatos que deben hacer valer ante las Juntas de Conciliación Y Arbitraje en un procedimiento sumario establecido por la ley y no mediante el ejercicio de la huelga. Para eliminar confusiones y posibles vicios, las reformas obligan a las Juntas a no dar trámite a tales emplazamientos a huelga si ante El Dr. Alberto Trueba Urbina en sus comentarios a la Ley Federal del Trabajo, Reforma Procesal de 1980, manifiesta: "El espíritu del artículo 923 de la Ley Federal del Trabajo es el ellas se encuentran depositados contratos colectivos pertenecientes a otros sindicatos. Es una medida de seguridad y de orden para todos en la empresa" (Revista Mexicana del Trabajo; Tomo U. Julio-Septiembre 1980, 8a. Epoca, p. 38). Resulta claro y preciso que no se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando sea presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo, o el administrador del contrato-ley, o cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. En efecto, como ha quedado debidamente explorado el artículo 923 de la Ley de la Materia autoriza a la autoridad laboral para desechar el escrito de emplazamiento de huelga cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. Advirtiéndose, lo relevante que resulta detentar el pacto colectivo de trabajo, además de que como atingentemente lo contempló el legislador en la hipótesis la vía elegida por el emplazante no es la adecuada. El no detentar el pacto colecrivo. impide a la organización emplazante realizar la huelga, ya que cuando más, tiene acción para pedir la titularidad y administración del citado contrato ' reclamación que debe tramitarse en la forma debida, sin constituir alguno de los motivos consignados en el artículo 450 de la Ley Laboral. Pues no es el procedimiento de huelga el medio idóneo para obtener del patrono el reconocimiento de la personalidad del sindicato emplazante, sino el procedimiento especial que establece la Ley de la Materia (artículos 892 al 899) en el que demuestre tener la mayoría de los trabajadores y en el que se oiga y se venza al sindicato que en el momento detente el pacto colectivo. Si se le diera trámite la declaración de existencia implicaría la nulidad del contrato colectivo, y como consecuencia, la desposesión del 64 65 derecho adquirido por las partes contratantes, sin ser oídas, ni vencidas en juicio. Siendo pertinente asentar que el punto relativo a cuál de los sindicatos en pugna sea el que tenga derecho a administrar el contrato existente o celebrar otro, no toca decidirlo al patrón. Sin embargo, es necesario dilucidar el siguiente busilis, ¿ debemos considerar comprendidas en el espíritu del artículo 923 las cuestiones de formalidad que en seguida se plantean ?: 1) Cuando las peticiones formuladas son deficientes y vagas, y no reúnan las condiciones que la técnica jurídica procesal moderna señala al efecto, es decir, no satisfacen las exigencias básicas o fundamentales que la Ley previene. Dice Nicolás Pizarro Suárez que cuando la petición que puede dar lugar a la huelga se refiere por ejemplo al cumplimiento del contrato colectivo ' los trabajadores deben plantear los casos concretos de violación, exigencia lógica y racional, ya que deben conocerse desde el principio los motivos concretos que impulsan a los trabajadores a la huelga ( La Huelga en el Derecho Mexicano, pág. 134 ).· En ese orden de ideas, las peticiones que no sean concretas y claras, que constituyen solamente referencias generalizadas, no cubren el requisito indispensable de viabilidad, y esa incuria o indolencia procesal acarrea el rechace automático del conflicto. Cabe apuntar, bajo dicha óptica, que respecto de la huelga solidaria, el pliego debe señalar, también concreta y claramente, cuál es la huelga por simpatía que se apoya. El artículo 450 fracción VI del Código Laboral limita las huelgas solidarias a apoyar otra que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores, es evidente que aquí la Ley se refiere a una huelga legalmente existente, dado que en el caso de una huelga inexistente no podrá declararse otra huelga que la apoye solidariamente. 2) Cuando existe un vicio del emplazamiento y no se acata el lapso mínimo que contempla la fracción m del artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que el plazo previo que debe concederse al �patrón antes de declarar la huelga no puede ser inferior a seis días, en general, y a diez en los casos de servicios públicos. bajo, evitando plenamente de huelga que no correspondan al verdadero interés de los trabajadores cuyo centro de labores va a suspender actividades, siendo por lo tanto su espíritu el que las luchas intersindicales de detentaciones de contratos colectivos o contratos-ley se tramiten en la vía idónea de procedimiento especial, y no en el inadecuado de huelga; otorgando, consecuentemente, protección efectiva a la titularidad y administración de los contratos colectivos por parte de los sindicatos que los ostentan y facu~ tando al Tribunal del Trabajo, para que examine de oficio si existe legitimación para ejercitar el derecho de huelga; tiene por objeto liberarse de lo inútil, ocioso y necio, sancionando la incuria o indolencia procesal con el rechace oficioso del conflicto. Resulta obvio que toda clase de p~ cedimiento debe liberarse de lo inútil, porque sólo complica y dilata la actividad que se desarrolla en el mismo. Ahora bien, es de explorado derecho en materia jurídica que las normas que imponen sanciones son de aplicación restrictiva, ya que no pueden imponerse sanciones por causas no expresamente previstas en la Ley, estando en tal virtud prohibida la analogía. Una de las principales reglas de interpretación consiste en fijar el contenido de los preceptos legales procurando su coexistencia y su aplicación coordinados. El principio de armonía que una Ley debe presentar entre el todo y sus partes, permite considerar inadmisible las contradicciones entre sus diversos artículos. En efecto, es principio de hermenéutica jurídica que la interpretación de dos o más preceptos legales que correspondan al mismo sistema, se lleve al cabo de tal modo que formen un todo armónico, habida cuenta que la interpretación aislada e inconclusa de un solo numeral puede conducir a conclusiones distintas de aquellas que el legislador se propuso. Sobre dicha base, es debido asentar que el artículo· 923 de la Ley Federal del Trabajo, sólo puede interpretarse en concordancia con los diversos 440, 451 fracción m, 459 fracción m, 920, 928, 929 y 930 de la propia legislación laboral, porque además de referirse a la misma institución, contienen nexos afines que los vinculan entre sí. Sobre el particular, pienso que una hermenéutica jurídica correcta del artículo 923 de la Ley Federal del Trabajo, lleva a concluir que el citado numeral debe ser aplicado restrictirmmente por el hecho de ser limitativo o enumerativo, por consiguiente no debe ser interpretado en forma extensiva. Las excepciones a reglas generales son de interpretación restrictiva, es decir, que no deben extenderse a otros casos por anal~ gía o mayoría de razón. CONCLUSIONES: El artículo 923 del Código Laboral recoge las experiencias de los Tribunales en la materia, siendo su propósito corregir ciertas prácticas nocivas a los trabajadores y a sus fuentes de tra- UNICA:- Que se fije como criterio de interpretación que el artículo 923 de la Ley Federal del Trabajo es de aplicación restrictiva. 66 EL ALCOHOLISMO EN LA VICTIMA COMO FACTOR CAUSAL DE LA DELINCUENCIA, SUS REPERCUCIONES EN EL CAMPO JURIDICO. Ponencia que presenta el Licenciado Marco Antonio Leija Moreno al Tercer Congreso Nacional de Criminología a Celebrarse en San Luis Potosí, S. L. P., el mes de febrero de 1989. INTRODUCCION Con motivo de la organización del Tercer Congreso Nacional de Criminología, cuya actividad se han echado a cuestas tanto la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como la Sociedad Mexicana de Criminología, y tomando en consideración que la temática planteada tiene como punto de partida el estudio de la victimología con toda la problemática que p'"esenta, se ha pensado en el desarrollo del pre,;ente trabajo. El problema del estudio de la victima en el delito resulta un estudio muy importante, el que asociado a la consideración de que por mucho tiempo se ha quedado fuera de una auténtica consideración, resulta factor indispensable para que humana y razonablemente se pueda pensar en el estudio de todas las circunstancias que puedan dar lugar a una mejor solución al problema del crimen. de la víctima propiciadora de la conducta criminal, con una actitud que establece un enlace causal hacia la consecución del crimen, por lo que se ha visto el serio problema de que existiendo una co-culpabilidad subsiste ausencia de consideracióri hacia·el sujeto activo, de quien su conducta se unió a la de la víctima para lograr cqusalmente el resultado criminal. Consideramos de estricta justicia tratar de dar solución a la consideración en tomo al acusado que, si bien no merece que se le aprecie con ausencia de responsabilidad, si que la misma en alguna condición se vea disminuida. En atención a lo anterior consideramos necesario el estudio, con la brevedad y limitaciones del presente trabajo, para tratar de enfocar las bases del problema. CAP. J. EL PROBLEMA SOCIAL DEL ALCOHOLISMO. Se ha considerado el problema del paciente del delito partiendo generalmente de las bases de que debe en un momento determinado protegérsele de la conducta criminal que el sujeto activo realiza en su contra, tal proteccón tiene como Primordial finalidad la de no olvidarse de lo que en su favor se pueda hacer. El desarrollo histórico social en que la humanidad se ha envuelto, ha determinado infinidad de factores sobre los cuales subsisten conductas humanas que ha ocasionado graves problemas. Empero acaece una circunstancia que consideramos de igual o mayor importancia y es la El hombre en su estancia en la sociedad ha llevado adelante serias conductas con serios pro- 67 �blemas, por circunstancias que traen resultados muy negativos, generados preponderantemente porque subsisten afecciones hacia actividades que van en menoscabo de su persona, de su familia y de la sociedad. el interés social o familiar a los hechos antisocitt les. En efecto, el problema del bebedor alcohólico se degenera a grado tal de que en un ,no. mento determinado el sujeto trastorna su modo habitual de vida, a grado tal de que todo lo sacrifica en aras de su hábito alcohólico; esto trae consigo el grave problema de que su conducción en la vida la lleva con problemas tan serios que incluso llega a causar daños a sus semejantes. Por circunstancias verdaderamente indecifrables, el hombre se ha propiciado entre otras cosas, substancias vegetales que lo alteran mentalmente y lo hacen que se produzca con una personalidad discordante con serios desajustes intelectivos de personalidad. La tribu de los sumerios que habitó el Asia Meridional 5000 años A. C., ya se daba según algunos códices, a la tarea de mezclar líquidos obtenidos de vegetales para ingerirlos y con ello trastornarse. Las condiciones que el hombre común respeta y en cierta medida no las realiza por evitar daños a la sociedad, cuando se encuentra bajo los efectos de substancias alcohólicas, lo que considera dificil se le facilita y esto es propiciador en forma desagradable de la conducta criminal, considerándose desde luego que, lejos de que en el plano del derecho se considera al ¡ujeto con un actuar en estado de inconsciencia, se establece que el sujeto sólo se trastorna mentalmente, pero no pierde la conciencia por inhibición de sus actos volutivos, los cuales desde luego rememora fielmente. En nuestro territorio nacional en la época precortesiana, nuestros aborígenes hacian lo propio con vegetales que les propiciaban serios trastornos. Tales circunstancias se han ido acrecentando en forma bastante alarmante hasta la época actual, hasta representar un serio problema social que conlleva a verdaderos desórdenes en perjuicio de nuestros semejantes. Uno de esos problemas serios, es el que hace generar la conducta criminal de causa alcohólica, por lo que resulta indispensable estudiar criminológicamente todos los factores que inciden en el crimen y poder con ello hacer algo en beneficio de la humanidad. Sin embargo, el sujeto cuando su estado alcohólico cesa y su personalidad vuelve en causas legales y adquiere una actividad concordante, no logra explicarse el porqué de su proceder negativo, lo que viene a determinar cómo la influencia del alcoholismo viene a tener resultados en el mundo del crimen. Se han estudiado los aspee tos de la influencia alcohólica, Edmundo Mezger en su criminología, establece las tres influencias que el alcohólico adquiere: 1) la influencia inmediata, que es índice de un problema de orden patológico con el encuentro de un sujeto con un organismo que posee intolerancia alcohólica, y que con substancia menor se le produce alteración; 2) influencia medida, acaece con el sujeto que pue· de ingerir grandes dosis de alcohol sin que mentalmente se altere, y hace un hábito de la bebida CAP. II. EL ALCOHOLISMO Y SU INFLUENCIA EN LA CONDUCTA CRIMINAL. La condición del factor alcohólico en el sentido de que propicia graves problemas de personalidad, viene a ser un cuestionamiento importante a estudiar, más aún cuando se determina que la desfiguración del sujeto alcohólico en su vida ordinaria, lo afecta a grado tal de que lo conduce a la etapa negativa, cuando antepone 68 ikohólica hasta que en algunos casos llega a sacñficar todo para conseguir el líquido que necesita, y 3) la influencia biológica, en donde se detennina que las alteraciones del espíritu en el bebedqr contumaz llega un momento a dejar graves problemas a sus hijos, que tienen la posibilidad de llegar al mundo con serias deficiencias físicas o mentales. Cualquiera que sea la influencia alcoholica que se desarrolla debe tenerse presente que todas tienen la posibilidad de influenciar al sujeto en la conducta criminal; si el bebedor por efecto de ello cae en marasmo y la bebida le produce somnolencia, puede existir la conducta criminal omisiva con resultados negativos; si por el contrario el bebedor se transforma violentamente, su conducta puede propiciar delitos de acción y ser un sujeto a quien la sociedad reprueba y el Estado le reprocha su conducta. Las consideraciones anteriores nos llevan a un resultado eficaz, el alcoholismo no solo tiene influencia en la vida social en general sino particularmente tiene influencia en la vida crimina~ por lo que debe considerarse tal circunstancia en relación con la personalidad. del sujeto bebedor. puesto que en muchas ocasiones el problema alcohólico inside en estos problemas de concepción psicopatológica. El hábito al alcoholismo, el uso constante o habitual así como el uso e~porádico, constituyen una fuente de graves problemas sociales, según lo hemos determinado en nuestro libro de Criminología, se puede incluir un 50 ºlo en general de delincuentes que en el momento de delinquir se encuentran intoxicados por el alcohol. En nuestras diversas clases sociales, subsisten épocas en que se consume inmoderadamente bebida alcohólica y hasta se abusa de ella, agrado tal de que ocasiona un sinnúmero de problemas de orden social, de los cuales recogemos el relacionado en forma directa con la conducta criminal, pues el bebedor influenciado alcoholicamente, trastorna su personalidad y lo hace ser persona con índices múltiples de peligrosidad. En el Estado de Nuevo León, se anotan como delitos de alto porcentaje de influencia alcohólica, los de lesiones y homicidio, durante 1987 el 8.3 l o de cada 1O delitos de homicidio, fueron ejecutados bajo la modalidad de riña, estableciéndose que 9 de cada 1O sujetos acusados de homicidio en riña, consumaron el delito encontrándose bajo los efectos de la bebida alcohólica. ° Una condición importante se constituye considerando que la influencia del alcohol en el bebedor va de acuerdo con dos importantes factores que deben ser debidamente considera, dos a saber: a) la capacidad del sujeto con las consecuencias que al respecto pueden establecerse, Y b) las condiciones de preparación que contenga la bebida alcohólica. De los conceptos anteriores se puede eficazmente concluí, que el alcoholismo tiene una influencia importante en el desenvolvimiento social, pero aun más, esa influencia llega a ser considerada dentro de los ámbitos de la conducta criminal, por lo que el problema alcohólico constituye un serio problema en la criminalidad y como consecuencia en el desarrollo social. En relación con la capacidad del bebedor, re echa mano de la condición orgánica del sujeto Por virtud de lo cual, lo puede alterar, hasta llega, a presentar un cuadro serio de alteración PBicológica, como consecuencia la intoxicación que se presenta; en relación con los grados de akóhol tal aspecto también es preocupante, CAP. III. 69 EL ALCOHOLISMO DE LA VICTIMA EN RELACION CON EL CRIMEN. �Si bien se ha desarrollado la idea del problema alcohólico que en el desenvolvimiento social se ha desarrollado, se ha analizado frecuentemente por los especialistas de esta materia, por los criminólogos y los interesados en su investigación, la conducta criminal de origen alcohólico en el sujeto activo contraventor de la ley penal y por el que representa su estancia como un riesgo social. homicida, llegando a considerar la posibilidad de la existencia de la ca-culpabilidad, pero que jurídicamente incide el juicio de reproche en la conducta del ejecutor del daño. Bajo estos conceptos vamos a determinar el grado de importancia del estudio de la conducta de la víctima para considerar su actuación en el crimen, que lo pueda llevar en unión al proceder del activo al delito. No se niega la necesidad incesante de estudiar la conducta criminal del sujeto activo causa/mente influenciada por el alcohol, pero se aprecia la desatención que en muchas esferas se ha tenido con el problema criminal del paciente del delito, que ha sido muchas veces un problema marginado a las actividades de su estudio, su atención y su prevención. Uno de estos factores importantes se constituye por el grave problema del alcoholismo en la víctima que con los mismos efectos de trastorno de personalidad del activo, se propicia en la víctima. Un dato importante en la estadística criminal del Estado de Nuevo León, ocurre en los delitos de homicidio en riña, en donde 6.5 de cada 10 delitos acentúan que la víctima, pro'vocado o provocador en la contienda, se encontraba bajo los efectos de la bebida alcohólz'ca, pues en consecuencia es importante, vuelve a repetise, el estudio de la conducta del paciente del delito. La victimología constituye una disciplina con orientaciones básicas al estudio del sujeto pasivo del delito en todos los renglones posibles de la apreciación de su conducta, por lo que no podemos decir que la conducta de la víctima pueda escapar al estudio del crimen concebido en una verdadera condición alcohólica. Una situación a atender es la que guarda una concepción jurídica en el sentido de que en los delitos de homicidio y lesiones subsiste atenuación cuando se realizan bajo la modalidad de la riña, al decir del tratadista Francisco González de la Vega, los rijosos se ponen en el mismo plano de ilicitud, a lo que agregamos que llevan la misma posibilidad de ganar o perder en el pleito. En efecto, lejos de poder desatendemos del problema, debe tenerse conciencia del grave problema que ocasiona la conducta de la víctirr.a causa/mente unida a la del sujeto activo, y cuyo resultado unido sea la consumación criminal. En efecto, el análisis de la conducta del sujeto activo para llegar al resultado criminal resulta insuficiente si no se conexiona con la conducta del paciente del delito entre ambos protagonizan la conducta criminal, de donde se puede obtener el resultado negativo de la misma; baste recordar la problemática de los delitos de sangre cometidos en riña, en donde el concepto jurídico determina la presencia de un provocado y de un provocador, como también la de un herido y la de un heridor, como la de un occiso y un Dos sujetos se introducen a un centro de vicio como amigos, con el propósito de ingerir bebida alcohólica, cuando ya se encuentran alcoholizados, comunmente por motivos fútiles llegan causas de discrepancia en su proceder, las que quiere dirimir violentamente y así se llega a la conducta criminal. Siendo que los sujetos activo y pasivo se colocan en planos ilícitos, creemos que el problema del alcoholismo como factor causal de la 70 delincuencia no debe ser únicamente estudiado en el activo, sino también y muy detenidamente en el problema del sujeto pasivo, el que muchas veces llega a revelar en la víctima másprobl . ._, . ema de pe/1grosiuad que en el mismo acusado. Consideramos bajo los conceptos anteriores que ~l alcoholismo es un problema que debe se~ c~nsiderado para el estudio de la concepción cnm_1~al, en donde la unión de procedencia alcoholzca ha logrado la consumación criminal la con<!ucta d~ _la víctima se encuentra bajo influencia alcoholzca y protagoniza consuma . , . . l ~M~ mzna en unión al proceder del activo. CAP. IV EL PROBLEMA DE LA REPARACION DEL DARO. Según quedó establecido, la unión de voluntades de consecuencia alcohólica, propicia la conducta criminal, de donde desprendemos el ~upue~to de que en la consumación del delito mterv~enen factores emanados tanto del sujeto actwo como del sujeto pasivo. Estos factores están causa/mente unidos a efecto de que la presencia de uno con la de otro para lograr ingresar al campo del crimen. si la conducta de la víctima como consecuencia'des estado alcohólico no se produciera, no podí: hablarse de la existencia del delito, por lo que se concluye en este factor con la idea de que existe ~. ~olocación de ambas figuras en un plano de il1e1tud similar. x. En ~l sistema jurídico que impera en Méico, . subszste un importante presupuesto que c~nstztuye a no dudar el índice generador de como en los casos como los que se plantean se t~ma en cuenta el quehacer del pasivo Y del actwo para hacer las consideraciones eficaces· as1' en tr t' d ' • · n ª .an ose de los delitos de homic·id·10 y ¡es,oes existe el presupuesto legal de tomar en cuenta condºrezones · atenuadoras de la incriminación, 71 que tienen resultado efectivo una baJa . en ., como . la sanc1on a imponer al indiciado. . Ahora bien, tal situación hace generar la idea d~ que la conducta negativa de la victima del delito, propicia que el sistema jurídico mexicano atenue la sanción de privación de libertad legalmente presupuestada, lo anterior con vista a que da<J_a ~ue resulta ilícita también la conducta ~e la v~~t1ma, el justiciable debe tener una cons1deraczon de esta naturaleza para que se aprecie en su persona un grado de peli'""s:"ad •, 6' v '"' menor, y una actuac1on judicial en consecuencia. Empero la situación que se aprecia en las leyes mexicanas, solo se refiere a lo relacionado con la_ privación de la libertad, considerando que ha caido •..; . · dentro de una de las m od111cac1ones atenuadoras de la incriminación, pero al parecer . se ha olvidado de lo que puede cuestionarse en lo qu~-se refiere a la sanción pecuniaria <le la reparaczon del daño. Se~~ se ap:ecia en las legislaciones pen~ le~ de Mexzco, estan orientadas en cuanto al renglon mencionado a que la reparación del d ued . . ano P a const~tuzrse como una indemnización a pagar_ a la victima o a su familia, igualmente se aprec1~ que la citada indemnización sea del daño matenal y moral; por otra parte la orientación g~?eral_para la fijación del monto de esta sanczon p~cuniaria, lo es la capacidad económica del obligado así como las pruebas que tiendan no solo ~ demostrar el derecho del que reclama el pago smo también el monto del mismo. Es de apreciarse que ha existido un olvido en cuanto a factores diversos de los ya mencionados, p"':sto que no existe orientación al res~ecto, sm embargo debe considerarse si la negativa conducta de la víctima le sirve al juzgador para atenuar la pena privativa de libertad l 'gica jurídica se puede entender que el Ju:/:;e e~har mano de la conducta propiciada por la víctima para poder proceder a modificar atenuado- �contener según la proporción específica de cada caso, el imperativo de que el Juez para fijar el monto de la reparación de daño, no solo tome en cuenta la capacidad económica del obligado y leyes y pruebas para la fijación del monto, sino también el proceder de la víctima; en las mismas consideraciones se puede establecer que dada la conducta del paciente del delito en los crímenes en donde por la conducta del paciente, sufre la sanción una atenuación para el acusado, subsiste un porcentaje fijo de la disminución al problema del monto de la reparación del daño, todo ello en méritos a una mejor aplicación de la justicia. ramente el monto de la reparación del daño en los casos en que el proceder del paciente del delito haya dado causa a la conducta criminal del sujeto. La proporcionalidad de la sanción la encontraremos en el pago de la reparación del daño, si en méritos de justicia se aprecia que es más equitativo considerar que la víctima debe tener una consecuencia de su proceder cuando menos en lo que se refiere al renglón de la acción reparadora como resultado de su negativo proceder que ayudó al crimen; al efecto los códigos deben APLICACIONES FORENSES DE LA FOTOGRAFIA INFRARROJA Y ULTRA VIOLETA Por: Ing. Juan Antonio Benavides Flores Desde los trabajos desarrollados por JAMES C. MAXWELL ( 1831 - 1879) y HELR~~H HERTZ ( 1857 - 1894) en el campo d~ la f1s1ca durante el Siglo XIX se acepta mundialmente _en_ las Ciencias Opticas que el rango de las radzacrones electromagnéticas de onda se extiende desde las ondas cortas de los Rayos Gama Y Rayos X a las extremadamente largas como son las bandas de radio. El espectro visible es incluido en este rango y contiene radia- ciones desde 400 a 700 nanómetros* de longi tud de onda (ver Figura 1). Existen radiaciones utilizadas en fotografía normal ya sea en color 0 blanco Y negro utilizando luz blanca, luz incandescente (foco) o luz de flash electrónico sin embargo existe el rango de las radiaciones i~frarrojas Y ultravioletas que se extienden desde 700 nm. a 1,200 nm. Y de 10 nm. a 400 nm. respectivamente. CONCLUSIONES SEXTA: La víctima en estado alcohólico es propiciadora de la conducta criminal del sujeto, por lo que existe una co-culpabilidad. PRIMERA: El uso de substancias alcohólicas existe en la sociedad desde epocas remotas. SEGUNDA: El hombre con su proceder alcohólico ha influenciado en forma predominante el desarrollo social en demérito de supersona, de sus semejantes y del mundo en que vive. SEPTIMA: El proceder negativo de la víctima hace que la pena privativa de libertad del sujeto sea atenuada, en esa condición debe prevalecer la condena por la reparación del daño. TERCERA: Por la influencia alcohólica el hombre llega a transformar su personalidad y a conducirse negativamente ante sus semejantes. OCTAVA: Debe modificarse atenuadoramente la condena de reparación de daño cuando la víctima ha propiciado la conducta criminal CUARTA: La conducta negativa del hombre por causa alcohólica lo orienta a la consumación del crimen, haciendo crecer su grado de peligrosidad. NOVENA: La disminución a la condena a la reparación -de daño es operante trátese de que haya una baja proporcional del monto en cuanto a la actuación del pasivo o un señalamiento fijo disminuido. QUINTA: El problema del alcoholismo inf1uye no solo en el sujeto activo sino también en la víctima que se encuentra en estado alcohólico. JAMES C. MAXWELL HELRICH HERTZ Unidad de longitud de onda, un nanómetro (nm) es igual a 1 x 10-9 mt. 72 73 �través de las partículas de luz llamadas fotones, estas radiaciones pueden absorber, reflejar o difundir la luz dependiendo del tipo de material receptor, los electrones de los átomos del material pueden asumir un nivel mayor de energía; este cambio de nivel es transitorio, no obstante cuando los electrones régresen a su nivel origi. nal, la energía absorbida es manifestada en forma de luz, la frecuencia de esta secundaria emisión puede ser diferente de la frecuencia de excitación pudiendo ser a una frecuencia más baja, es decir en una longitud de onda mayor; los royos ultravioletas e infrarrojos tienen esta particularidad de excitar ciertos materiales y químicos de tal fonna que se emita luz en fonna fluorescente o reflejarlos a otra longitud de onda solamente visibles en fotografía mediante filtros especiales. FIG. 1 FIG. 2 FIG.3 APUCACIONES EN TINTAS Y DOCUMENTOS ALTERADOS Emisiones de infrarrojas y ultravioletas no pueden ser apreciadas por la vista humana por lo que se define ordinariamente con el término de invisibles a las integradas en el espectro normal de colores de la luz violeta, azul, rojo naranja, amarillo, emulsiones fotográficas no obstante son inherentemente sensitivas a la luz ultravioleta e infrarroja pero se requieren filtros de vidrio y gelatina plástica que absorban la luz natural y que pennitan registrar la fluorescencia y refracción de ultravioleta e infrarrojo, a ésto se le ha definido en el campo de la fotografía como fotografía ultravioleta e infrarrojo, la cual tiene una importante aplicación dentro de las ciencias forenses en la detección de semen, sangre, narcóticos, residuos de metal y pólvora, fondos de contraste en huellas latentes y especialmente en el análisis de tintas y pigmentación en documentos alterados o dudosos. La aplicación de una fuente emisora de luz infrarroja o ultravioleta a una tinta de bolígrafo o fuente, producirán ondas que invisibles al ojo humano pueden ser registradas mediante filtros que son colocados en el lente de la cámara y que están diseñados especialmente para permitir el acceso de las ondas de IR y UV y ser retenida su transmisión y fluorescencia en el negativo; esta teoría aceptada por especialistas en Criminalística tiene una importante actuación en Documentoscopía ya que cada tipo de tinta refleja diferente tonalidad aun en líneas de productos del mismo fabricante en diferentes lotes de manufacturas, los resultados para tal efecto pueden ser apreciados en las siguientes fotop fías tomadas como ejemplo con luz nonnal Y con filtros especiales. Obsérvese en la Figura No. 2 cuatro rayas numeradas y que aparentemente a luz normal provienen de un mismo origen de tinta. Las Figuras subsecuentes 3 y 4 manifiestan diferentes LA TEORIA CIENTIFICA Radiaciones del espectro de luz visible interactúan con los materiales que bombardean a FIG.4 FIG.5 ! nalidades al ser sometidas a una fuente de luz 0 c~mentos; la primera representa una opción simple Y económica lo que consiste en una caja de manufactura casera diseñada por JAMES MAC DONALD (ver Fig. 6A) de la compañía EASTMAN KODAK Y que la describe en la publicación del folleto USOS DE FOTOGRAFIAS EN_ LA PRESERVACION DE EVIDENCIAS 4 edz~ada po~ la misma empresa; la segunda alternativa consiste en un microscopio de emisión de mf;a_rroja Y ser captadas mediante un filtro fotof¡~co K_ODAK WRATTEN No. 87, apréciese la tima Fzgura (5) que a luz ultravioleta presenta una fluorescencia al ser colocados filtros KODAK WRATTEN No. 2A y 18A. Existen dos sistemas de instrumentación Paro la aplicación de fotografía UV e IR en do- 74 75 �onda infrarroja en el espectro de 650 nm. a 1,200 nm. desarrollado por RESEARCH DEVICES 6 división de American Optical Corporation (ver Figura 6B) el cual trabaja bajo tres aplfcaciones en la detección de documentos alterados. a. fluminación reflejada infrarroja. b. fluminación transmitida infrarroja. c. Fluorescencia infrarroja. fluminación reflejada se define como la reflexión que producen las tintas ante la emisión de onda de IR. fluminación transmitida se aplica generalmente cuando existen borrones o alteraciones al papel del documento y pueden ser obseroadas cuando a simple vista no presenta la irregulariddad. cios que la investigación forense en DOCUMENTOSCOPIA ayudan al perito a desempeñar un verdadero papel científico y no una simple opi- nión subjetiva que más que ayudar desorienta al que tiene la obligación de solucionar un problema legal tanto civil como laboral O penal. Fluorescencia infrarroja tiene una aplicación en materiales que tienen la propiedad de que al recibir una radiación infrarroja retransmiten en una onda diferente y visible en muchos casos, que nos ayudan a diferenciar los tipos de tinta estampados en los documentos en cuestióTL POlt ~ S ; DE 19,Jl~ FIG. 68 FIG. 6A Público y Judiciales en aquellos casos donde la simple observación y fotografía normal no responden como veracidad al leal saber y entender del perito; técnicas en la identificación de agregados mecanográficos o manuales, borrones de dígitos o literales, sobreposición de tintas Y colores y en algunos casos criterios aproximados en la edad de tinta son entre otros los serví· La Dirección de Servicios Periciales del estado de Nuevo León a partir de 1988 ha venido desarrollando en una etapa experimental la investigación de tintas y documentos alterados mediante la CAJA MAC DONALD de EASTMAN KODAK (ver Figuras 7, 8 y 9) los resultados han sido satisfactorios pues se ha intervenido en el auxilio de autoridades del Ministerio 76 LUZ INFIIAllftO.IA FIG. 9 77 :::- �ción la aplicación del microscc,pio y fotcgrafía infrarroja con las técnicas señaladas en los anteriores párrafos. (Ver Fig. JO) LA INVESTIGACION EN RESIDUOS DE POLVORA E IMPRESION DE METALES La tecnología de la fotografía UV e IR En la Figura 1O puede apreciarse la deteción de residuos de pólvora no visible en la fotografía normal de la izquierda. no es exclusiva para la aplicación solamer.te en doéumentos, existen otros métodos que ai,xilian al investigador en la detección de residuos de manchas de pólvora en heridas producidas por arma de fuego, al respecto MICHAEL A. HORVA TH 7 de los laboratorios de American Optical nos señala las técnicas existentes para determinar la distancia y magnitud en un disparo denominadas prueba WALKER y una segunda THERMOFAX desarrolladaporJ. S. LEVICON. 1º En los trabajos expuestos por la Asociación Internacional de Identificación con sede en el estado de California en su Seminario Anual de Educación en Julio de 1988 se presentaron casos reales donde la aplicación de la fotografía ultravioleta fue una valiosa herramienta de investigación como lo señalaron en el caso de dos adolescentes del estado de Oregon que fueron encon- Al respecto HORVATH señala que la posteriormente. ( Ver Figura 11). OTRAS APLICACIONES Como puede apreciarse la fotografía ultravioleta de fluorescencia puede detectar rastros de metal en contacto con la piel humana que sirven de un fuerte apoyo técnico en la corroboración de las declaraciones de sospechosos que utilicen armas metálicas blancas o de fuego durante el desarrollo de un ilícito. FIG. 11 FIG. 10 tradas violadas y asesinadas en una área rural, Y al aplicar la fotogra fía UV para detectar la fiu<r rescencia del semen se encontró una impresión de una hebilla de tipo vaquero en la parte baja del abdomen de una de las victimas, la fotogra· fía ret•eló la existencia de una estrella en su diseño que condujo a la captura del delincuente prueba de Walker es destructiva y que tiene el inconveniente de utilizar soluciones CANCEROGENAS, 7 por lo que respecta a la segunda, conti,:iúa señalando el autor la prueba THERMOFAX es imprecisa y muy limitada en su reproducción, finalmente HORVATH señala como una opción no destructiva y de fácil reproduc- FIG.12 78 79 . ?tros métodos de aplicación de los rayos mfrarro1os lo señala R. DA VID WILKINSON11 del Buró de Identificación de Policía del Estado de Delaware en USA quien utilizando polvos fluorescentes logró obtener mejores muestras de huellas dactilares latentes mediante fotografía UV e IR. ( Fig. 12) �REFERENCIAS 1. CROWN D. A. BRUNELLE 8. R. l. ANO CANTU A. A. J. FORENSIC SCI. 2. VOL. 21 No. 4 1976 FORENSIC IDENTIFICATION VOL EASTMAN KODAK COMPt\NY APPLIED INFRARED PHOTOGRAPHY KODAK PUBLICATION INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR IDENTIFICATION JOURNAL OF M-28 9. 1981 39 KRISHNAN No. 2 MARCH/APRIL 1989 S. S. AN INTRODUCTION TO MODERN CRIMINAL INVESTIGATION 3. EASTMAN KODAK COMPANY CHARLES C. TOMAS, SPRINGFIELD ILL 1978 ULTRAVIOLET & FLUORESCENCE PHOTOGRAPHY FIG. 13 KODAD PUBLICATION M-27 10. LEVICON 1972 J. S. A RAPID INEXPENSIVE METHOD OF OBTAINING INFRARED IMAGES 4. EASTMAN KODAK COMPANY JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES VOL. 23 No. 3 1978 USING PHOTOGRAPHY TO PRESERVE EVIDENCE KODAK PUBLICATION Dentro del campo de la identificación judicial odontólogos forenses han podido realizar la descripción de mordeduras que no son visibles al ojo humano determinando la posición de las piezas en su arco dental y que sirvan de prueba de juicio ante la detección de sospechosos en delitos que usualmente involucran perversiones sexuales, como lo muestra la figura 13. positivos de mordeduras seis meses después de haberse imprimido en piel. 8 M-2 1976 11. WILKINSON R. DAVID THE USE OF INFRARED MICROSCOPY IN 5. EL UNIVERSO DE LA CIENCIA DETECTING LATENT FINGERPRINTS. VISION LUZ Y COLOR EDITORIAL SAYROLS, S. A. DE c. V. La fotograña UV e IR han probado ser un valioso aliado para el investigador forense al producir imágenes fotográficas que de otro modo serían invisibles al ojo humano, su aplicación es altamente importante en casos de abusos a menores por la detección de heridas infringidas, en constatar las declaraciones de una violación, en la alteración de tintas y documentos, en la detección de residuos de pólvora y metales; por lo que su gama de aplicaciones es y será siempre un so· porte válido en la investigación técnica y cientÍ· fica dentro de la administración de justicia de cualquier policía, ministerio público o juzgado. Este principio se basa en el hecho de que durante la exposición de UV e IR, cantidades pequeñas de estos royos penetran en la epidermis de la piel y son absorbidos o reflejados por los químicos, los cuales se forman como parte del proceso de cicatrización; WEST, FRAIR y SEAL odontólogos forenses de la Universidad de Southem Mississippi han tenido resultados 80 INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR 1986 IDENTIFICATION 64th ANNUAL EDUCATIONAL CONFERENCE PHOENIX, ARIZONA 1979 6. FOCHT MARLIN W. INFRARED MICROSCOPY FOR EXAMINATION OF INKS ANO DOCUMENTS. RESEARCH DEVICES INC. J. 1977 HORVATH MICHAEL A. INTERPRETATION OF GUNSHOT RISIDUE PATTERNS USING INFRARED MICROSCOPY TECHNICAL BULLETIN No. 8 RESEARCH DEVICES INC. 1980 81 �"POR MUY VIEJO QUE SEA UN EDIFICIO, SIEMPRE DE SU DERRIBO SE OBTIENEN MATERIALES APROVECHABLES PARA CONSTRUCCIONES FUTURAS" Dr. Niceto Alcalá Zamora C. REFORMAS AL ENJUICIAMIENTO MERCANTIL Por: Abog. Carlos Feo. Cisneros Ramos No quisiera iniciar esta exposzczon, sin antes, con la modestia de mi verbo, rendir el más sincero tributo de admiración y reconocimiento a quien, hace ya más de tres décadas, impartiendo la materia de Derecho Internacional Público, primero, nos hizo sentir la influencia de todo un verdadero Maestro; y, después, brindó la solidez de una amistad, día a día más estrecha, al través del estudio constante y permanente de una u otra de las materias, según la naturaleza de uno y otro de los casos planteados. Nos felicitamos de poder tener la dicha de compartir con él y de él conocimientos y esfuerzos. Es el promotor para la constitución de la Academia Neolonesa de Derecho Mercan'til, con la principal finalidad de incitar a sus componentes al estudio y análisis tanto de las doctrinas como de las normas de la ya muy amplia concepción jurídica de los actos, operaciones, tociedades mercantiles y de todas y cada una de las disciplinas formadas ante el dinamismo, desa"ollo y evolución del Derecho, pues conforme pasa el tiempo hemos podido comprender como "este tiempo se caracteriza por el pasaje de una época individualista a una época social" individualista, donde la figura del comerciante quedaba representada en "un tipo de individuo que vive libre de vínculos sociales, guiado en sus actos solamente por el egoismo y frío cálculo por el afán de ganancia y la especulación: "los negocios no tienen alma" ,. (2), se pasa a ' al hombre una nueva concepción para observar concreto, socializado. Ello quiere decir, también, en esta materia es posible notar la transformación de las actitudes y mentalidades por la comprensión de que: "De un Estado de Derecho Liberal Burgués, se ha pasado paulatinamente y gradualmente a un Estado Social de Derecho,, (3), cuando de los principios de justicia conmutativa hemos llegado a la aplicación de los principios de justicia destributiva, en muchos aspectos del ancho campo del proceso. De quien hemos aprendido mucho: Sus enseñanzas como Maestro; su responsabilidad como titular de la Dirección Jurídica de uno de los grandes grupos empresariales de nuestra Ciudad; su probidad, como servidor público al conducir con habilidad y decencia un apartado de la preparación,. vigilancia y desa"o/lo de las elecciones; su solidaridad, de ser capaz de expresarse con plenitud y realizarse con autenticidad, como amigo; repito, el reconocimiento, admiración y el aplauso unánime de todos Ustedes para el señor Licenciado JESUS FLORES TREVIÑO. (1). Y, cómo no en la materia sustantiva, de aquella adjetiva en la cual nos co"esponde participar esta tarde, fundamentalmente de caracter 83 �1.- ASPECTOS CONSTITUCIONALES RESPECTO AL PROCESO JURISDICCIONAL MERCANTIL. Empezaremos por mencionar algunos aspectos constitucionales de la reforma al Código de Comercio, en lo correspondiente al enjuiciamiento mercantil, para advertir, desde luego, que dicho cuerpo normativo de normas sustantivas y adjetivas, en materia de comercio, fue expedido por el entonces Presidente General Porfirio Díaz en uso de las facultades extraordinarias concedidas por el congreso, en los términos de lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución de la suspensión de las garantías individuales y el otorgamiento de facultades extraordinarias en el Decreto de 4 de junio de 1887, otorgadas por el Congreso de la Unión al Presidente de la República, no era con el Código de Comercio ni en su aspecto substancial ni en el procesal como se pudiera hacer frente al peligro público o a la situación de urgencia presentada en aquella época. 1857. Menos quedaban justificadas las facultades para legislar en materia procesal mercantil. No podía el entonces Congreso de la Unión, deleggar facultades de las cuales caree ía, pues en la Constitución de 1857 no se le daba atribución alguna para expedir leyes relativas al enjuiciamiento mercantil. Ahora bien, como en el caso de supensión de las llamadas garantías individuales, es menester otorgar al Presidente facultades extraordinarias para legislar y poder hacer frente al estado de emergencia presentado, debemos tener presente la opinión de doctrinarios, de aquella época, como Don Eduardo Ruiz, cuando en el libro: "Curso de Derecho Constitucional y Administrativo" escrito en 1888, hacía referencia a esas facultades, de acuerdo con la Constitución, escribiendo "muy prudentes y precavidos deben andar los Diputados y Senadores en ejercicio de ésta, que es una de las más importantes de sus atribuciones, pues que, ni por ser demasiado celosos de las garantías individuales deben exponer a la Nación a un peligro inminente, ni por robustecer el principio de autoridad han de olvidar las consideraciones que se deben a los derechos del hombre. Tres autorizaciones de un carácter más grave pueden concederse al Ejecutivo: La de legislar en los ramos de la administración pública que se relacionen con el peligro público, la de celebrar tratados que pongan fin a la guerra, y la de declarar en estado de sitio a las Entidades Federativas, que tienen el dérecho de ejercer la soberanía en lo que ve a su régimen interior" (4). Conviene traer a colación ésto en un foro académico para que otros, con mayores luces, investiguen esa serie de leyes, expedidas, como el Código de Comercio, por el Presidente, de acuerdo, supuestamente, a lo previsto por la Constitución de 1857; o como la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; el Código Penal para el Distrito Federal, expedidos, ya durante la vida de la Constitución de 1917, también, por el Presidente, en uso de sus facultades extraordinarias, Y cuyas normas son actualmente vigentes; para mencionar la arbitrariedad de la legislación diariamente utilizada, aplicada e interpretada por Abogados, Jueces, Magistrados y Ministros y quizá para hacer comprender a Diputados y Senadores el adecuado ejercicio de su función y puedan algún día imitar a aquéllos, quienes como com· ponentes de un Congreso ''Poseído de un espíritu de constitucionalismo práctico se atrevió a declarar que la ley de estado de sitio es comple· tamente anticonstitucional" (5), como nos lo en· señara, al través de su obra escrita, el Maestro de la entonces llamada Escuela Especial de Jurispru- Cualesquiera hubiesen sido las causales de :dencia, Don Isidro Montiel Y Duarte. Ese calificativo de anticonstitucional se lo atribuímos al Código de Comercio, del cual se han extraído, leyes, por razón de la materia, de una varia y dive-rsa especialidad, como lo son: Ley de Sociedades Mercantiles, Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley Monetaria, Ley Sobre Contratos de Seguro, Ley de Navegación y Contrato Marítimo, Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público, Ley de Sociedades de Inve-rsión; las antes llamadas: Ley de Instituciones de Crédito y Organizacio_nes Auxiliares, con las correspondientes: Ley del Servicio Público de Banca y Crédito y Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, actuales; de suerte tal de hacer del Código de Comercio "un esqueleto del que penden sólo unos girones, pues le han arrancado las materias más importantes" (Mantilla Molina) y se le ha calificado como "Código de Comercio muerto" (Rodríguez y Rodríguez) {6); y, en la regulación de éstas, en algunas de las leyes de la especialidad respectiva existen normas que no se ajllstan en la realidad, cuando tenemos, por ejemplo una Ley de Sociedades Mercantiles regulando sociedades de nombre colectivo, comandita simple, comandita por acciones; y han aparecido otras de novedosa factura como las Sociedades Nacionales de Crédito; o, la contemplación de títulos y contraios obsoletos cuando por la "emisión de millones y por miles de millones, la metáfora de la incorporación del derecho al título, que exige la posesión de éste para ejercer el Derecho, cae de la base", al realizarse la operación respectiva con una simple anotación en una cuenta bancaria, "cosa -escribía don Joaqín Garrigues - que permite transmitir el derecho simplemente con anotaciones en la contabilidad del banco depositario"; o bien, "la incorporación del título a una banda magnética y por ordenadores de compensación. Los valores se han transformado así en valores sin título", como lo dijera el insigne mercantilista. 85 84 Ahora bien el Decreto de fecha de publicación del 4 de Enero del año en curso, con vigencia al día siguiente ( 5 de Enero de 1989) fue expedido por el Congreso de la Unión. Quede la mención del llamado principio de autoridad formal de la ley, desprendido del inciso f) del artículo 72 de la Constitución actualmente en vigor del cual desprendemos: "En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su elaboración". Repetimos, el Código de Comercio fue elaborado en uso de facultades extraordinarias por el entonces Presidente de la República. La enmienda en comento es llevada al cabo por el Congreso de la Unión en uso de facultades ordinarias, empero examinando el contenido de la fracción X del artículo 73 de la Constitución de 1917, en la redacción de su texto vigente, encontramos: El Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en materia procesal mercantil. Luego, como estamos en un régimen de estado de derecho, en el cual "rige como elemento inseparable de su esencia y naturaleza el principio de la legalidad in genere, el cual implica que el Estado, a través de sus distintas autoridades, sólo debe realizar lo que el orden jurídico general le permite o faculta que haga, sin que ningún funcionario público o miembro de cualquier organismo autoritario le sea dable ejecutar algún acto cuya comisión no le esté expresamente otorgada por la Ley, la que, además, debe regular el ejercicio de la facultad concedida" (7), es incuestionable de que: no contando el Congreso de la Unión con la facultad explícita para expedir Leyes Procesales Mercantiles, es incuestionable que la reforma en comento adolece del vicio de inconstitucionalidad. Ya procesalistas en el país, en foros académicos, congresos y demás han pugnado por la reabsorción del proceso mercantil en el civil, para evitar aquella contemplación de normas sin sujetarse a la Constitución y además por ello sería acabar con "los inconveniente de la dispersión y de artificiales y contraproducentes auto- �Desde luego las reformas al proceso jurisdiccional mercantil, en cuanto a la "vacatio legis ", no se compadecen con el espacio de tiempo existente entre su publicación y la entrada en vigor de su original y ya casi centenario Código de Comercio, el cual fue dado el 15 de Septiembre de 1889, publicado los días del 7 al 13 de octubre de ese año y con vigencia a partir del lo. de Enero de 1890. matizaciones en materia jurídica" (8). Ya de por si el vicio señalado es suficiente para ocasionarnos inquietud, la cual se agrava cuando publicado el Decreto de reformas en el Diario Oficial de la Federación del 4 de enero del presente año, de acuerdo con lo previsto por el artículo Primero Transitorio, con vigencia a partir del día siguiente -5 de enero de 1989--, sin otorgar el espacio, de la llamada vocatio legis, para dar oportunidad al debido conocimiento y aplicación y sin compadecerse de la esencia de la jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido: " . . .para que una Ley sea obligatoria debe ser debidamente publicada, sin que baste su inserción en el "Diario Oficial", sino que es indispensable que se llenen los demás elementos que son necesarios para que pueda existir la presunción legal de que dicha Ley ha llegado a conocimiento de todos, o sea aquellos elementos que hacen posible este conocimiento, como son EL TRANSCURSO DEL TIEMPO NECESARIO para que el texto legal pueda llegar donde debe regir, con la oportunidad indispensable para que materialménte pueda ser conocido; pues exigir lo contrario sería obrar contra la naturaleza humana" (9). Dado el Transitorio del Decreto enmendador del Código de Comercio para fijar la vigencia al día siguiente, hizo que el distinguido jurista guanajuatense José Carlos Guerra Aguilera, bajo el título de "De una "broma" legislativa tran&cendente ", airadamente, escribiera: "La vocatio legis" es decir el tiempo del conocimiento de la Ley, así considerado, se traduce en una "broma", que es pesadilla: a).- ¿Cómo conocer las leyes así publicitadas? b).- ¿Quién las conoce?; c).- ¿Qué riesgos tienen los Abogados que aleguen artículos derogados?; ¿Podrán los Jueces "enderezar", "reponer", "componer" o "anular", en todo caso actuaciones debidas a su conducta ignorante". ( 1O). ll.- CONTENIDO DEL DECRETO PUBLICADO EL 4 DE ENERO DE l 989 EN EL DIARIO OFJCIAL DE LA FEDERACION. Teniendo a la vista el Diario Oficial de la Federación del 4 de Enero de 1989, encontramos publicadas reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, con un Transitorio señalando su vigencia hasta el primero de abril del año en curso; reformas al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en cuyo único artículo Transitorio determina, igualmente, como iniciación de la vigencia el lo. de abril de 1989; reformas al Código Penal para el Distrito Federal de aplicación federal en todo el país, también con un Transitorio único precisando la iniciación de la vigencia el primero de febrero del año en curso y las reformas a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, también con vigencia a partir del primero del presente mes y año. El Decreto, en sí, contiene tres artículos principales: el primero reforma a los artículos 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1061 Fracción III, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 107.7, 1078, 1093, 1094, Fracción II, 1118, 1126, 1142, 1201, 1206, 1248, 1249, 1267, 1268, 1296, 1340, 1378, 1379, 1380, 1396, 1399, 1401, 1404.- Total cuarenta artículos. En el segundo se adicionan treinta artículos: 1097-bis, 1347-A, 1394 segundo párrafo, y Título Cuarto del Libro Quinto "Procedimiento Arbitral", artículos del 1415 al 1437 y en el tercero sederogan siete artículos, a saber: 1079 Fracción III; la denominación del Capítulo VI del Título Primero del Libro Quinto; la Fracción III del 1094 · 1247; 1250; Fracción V del 1295; Capítul; XXVI del Título Primero del Libro Quinto, artículos 1344 y 1345; con cuatro artículos Transitorios, para disponer, en el primero, la entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; el segundo, para ordenar la sujeción a las nuevas normas aún de los procedimientos que se encuentran en trámite; el tercero alude a la aplicación de la cláusula de sumisión expresa, contenida en convenios celebrados con anterioridad al Decreto y el cuarto, por el cual se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en las nuevas normas. De la exposición de motivos de la iniciativa, destacamos las finalidades de actualizar co"egir, dar celeridad y aumentar las sancione; pecuniarias. En cuanto a lo referente a la actualización, se persigue regular como juicios mercantiles, únicamente al Ordinario y al Ejecutivo; señalar que todos los juicios mercantiles son escritos; las horas hábiles de las siete a las diecinueve horas; substituye las multas de diez a veinte pesos por las equivalentes a diez veces· el salario mínimo; elimina la referencia a los Estrados·, substituye la norma relativa a la recusación de los Magistrados del Tribunal de Casación; elimina referencia a territorios; actualiza expectativas de vida en México al elevar a setenta años la edad de las personas a quienes se les puede to~ar la declaración en su domicilio; la apelación solo procedente en juicios cuyo importe exceda de 182 veces el salario mínimo y en los exhortos internacionales se recogen normas derivadas de convenios y tratados internacionales. cedimiento y de declararse acarrean la nulidad de las actuaciones del Juez incompetente; la recusación no suspende el procedimiento y declara la nulidad de lo actuado de resultar fundada la causal de recusación; simplifica requisitos de legalización de documentos provenientes del extranjero, ajustándose a convenciones internacionales. En cuanto a las normas de corrección precisa que los autos no salen del local del Tribunal· suprime términos improrrogables; el pacto prórroga de jurisdicción no es válido si implica denegación al acceso a la justicia; evitan nulidad Y responsabilidad del Juez por pruebas recibidas fuera del término probatorio; señala valor probatorio a documentos privados cuando sean reconocidos por el autor; regulación del juicio ordinario mercantil, eliminando distintos plazos para oponer excepciones dilatorias y perentorias; amplía plazo para contestar y elimina suspensión del procedimiento con motivo de una cuestión de incompetencia; en el ejecutivo mercantil se amplía a cinco días el plazo para contestar y se precisan las excepciones procedentes cuando el referido juicio tenga como base títulos de crédito. d; En cuanto a multas señala diez veces el salario mínimo al Secretario que no dé cuenta del escrito dentro de veinticuatro horas e igual multa a notificador que no realice la notificación dentro del plazo señalado. Igualmente señala el importe de cien veces el salario mínimo a quienes promuevan incompetencia sin razón y con propósito de alargar o entorpecer el juicio. De especial mención son las reglas para regular el procedimiento convencional ante Tribunales Y el destino del título Cuarto al llamado procedimiento arbitral. En lo referente a la celeridad o agilidad aluden a la tramitación de exhortos entregándolos a los interesados; suprime legalización de firmas en los exhortos de una Entidad a otra· elimina el acuse de rebeldía, continuando el p;oced"1 . m1ento por el simple transcurso del plazo; las cuestiones de competencia no suspenden el pro- Hay mención expresa a: La convención sobre el reconocimiento de las sentencias arbitrales ex tranjeras, adoptada en Nueva York ' 86 87 �Estados Unidos de Norteamérica, el 1O de Junio de 1958 y publicada en el Diario Oficial de la Federación de 22 de Junio de 1971; la Convención Interamericana Sobre la Recepción de Pruebas en el Extranjero, adoptada en Panamá el 30 de Enero de 1975 y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 2 de Mayo de 1978; y la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional, adoptada el 21 de Junio de 1985. fil.. ficación se hará publicando la determinación respectiva por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado o del Distrito Federal en que EL COMERCIANTE DEBA SER DEMANDADO". Esta disposición estaba acorde con lo previsto por el artículo 1050 tal y como aparecía anteriormente. Hoy, también, el particular, no comerciante, puede llegar a tener, en un juicio mercantil, el carácter de demandado y cuando de él se ignore el domicüio nada se dice cómo deba ser notificado. COMENTARJOS A LAS REFORMAS. Con éste y con la modificación a la fracción m del artículo 1061 del Código de Comercio en cuanto ahora se exige que al primer escrito se acompañe: "una copia de papel común del escrito y de los documentos", sin señaldr cuando excedan de determinado número, surge la pregunta sobre la posibilidad de aplicar supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal o el de cada uno de los Estados, según el lugar de ubicación del Juzgado ante el cual se presente la demanda. Hoy la regla de la supletoriedad se desprende del artículo 1054 del Código de Comercio, el cual dice: "En caso de no existir compromiso arbitral ni convenio de las partes sobre el procedimiento ante Tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicará la Ley de Procedimientos local respectiva". Por lo pronto cuando de la relación substancial, en la cual una de las partes tenga la calidad de comerciante, y de tal relación surja un conflicto de intereses, sin tener en cuenta quién sea el actor o el demandado, el proceso jurisdiccional deberá sujetarse a las disposiciones del Código de Comercio. Esta norma ya ha provocado comentarios en tomo a la constitucionalidad y, desde luego, por nuestra parte nos remitimos a lo expuesto con anterioridad en el sentido de que el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en materia procesal mercantil. Lo anterior, independientemente de que por tal disposición, llegando a ser parte demandada se someta a un particular, sin la calidad de comerciante si bien no a la jurisdicción mercantil, por no existir Tribunales especializados de esa denominación, a las reglas de un juicio mercantil, con opción de ser planteado ante un Juzgado de Distrito, un Juzgado de Primera Instancia de lo Civil o Mixto, según el lugar en el cual se promueva. El legislador no tomó en cuenta lo expues· to en la doctrina sobre la anarquía legislativa derivada de esa supletoriedad y se desentendió, por completo de la aplicación supletoria de los Códigos de Procedimientos Civiles Locales. No atendieron aquello de que cuando surgió el Código de Comercio en 1889 para entrar en vigor en 1890, por no existir Código Federal de Procedimientos Civiles, quedó establecida la supletorie- No hubo cuidado en la reforma, pues en este aspecto el legislador, por ejemplo, se desentendió del contenido del artículo 1070 del Código de Comercio, cuya redacción es la misma y en ella se lee: "Cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera noti- 88 dad del procedimiento local. El legislador de 1942, cuando expidió la Ley de Quiebras Y S: _ ., d D us p_ension e 4agos en el artículo Sexto Transiton~ expuso: "Las referencias de esta Ley al Código de Procedimientos Civiles, se entienden hec~as respecto del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Y Territorios Federales. E t .d sa sup1etone ad es excepcional y sólo se refiere a los preceptos expresamente reglamentados por esta Ley. También es temporal entre tanto no se promulgue el Código de Procedimientos Mercantiles". Esa Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos_ ~ntró en vigor a los tres meses de su publicacion en el Diario Oficial de la Federación la que se hizo el 20 de Abril de 1943. Casi 11:gamos a los 46 años de vigencia de esa legislación concursal Y fecha es todavía de la aplicación temporal del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y de la no expedición del anunciado Código de Procedimientos Mercantiles. El señor Licenciado Jorge António Cepeda en una ponencia presentada en el VII Congreso M~icano de Derecho Procesal, celebrado en est~-Ciudad en 1976, decía: " .. . nuestra legislacion procesal mercantil, que arranca de la disposición contenida en la Fracción X del artículo 73 de la C~nstitución, se contiene en el Código d~ ~omercio, pero de igual manera, en los 32 Códigos de Procedimientos Civiles de las Entidades Federativas, en virtud de la supletoriedad que est~blece el artículo 1051 del Codigo de Comercio. Este fenómeno, singular y desconcertante produce en los estudiosos del Derecho e~ los Abogados postulantes y en los Funciona: nos j~diciales las más variadas reacciones. Ad~~as de la anarquía evidente que puede ser calificada a priori, han de surgir dudas sobre la constitucionalidad de la norma del artícul 1051 del Código de Comercio en cuanto establece la supletoriedad ya indicada, así como interrogantes sobre la procedencia teórica y práctica 89 de la separación que de una manera artificial se ha establecido entre lo civil y lo mercantil, lo que conduce al señalamiento de los inconvenientes ., de este régimen Y a la proposición de laum·fi·cacion legislativa " (11 ). Todo lo anterior tiende a complicarse en el supue~to de que los comerciantes, o éstos en sus relaciones con los particulares, lleguen a celebr~r pactos para someterse al llamado procedimiento convencional a seguir ante los Tribunales. Lo~ Jueces, habrán de aplicar el Código de Com~rcio, la Ley Mercantil de la materia correspondiente, Código de Procedimientos Civiles y 1~. normas procedimentales adoptadas por los htigantes. Los Legisladores Federales actuales no se preocuparon, tan siquiera, por realizar una encuesta Y llegar a la convicción de lo inoperante que resulta el llamado procedimiento convencional y de nueva cuenta se desentendieron de lo exp~es_to en doctrina, pues al referirse a tal procedimzento se ha escrito: "El legislador lo instauró como "preferente a todos"; pero, por fortuna, en la práctica se ha convertido en letra muerta, ya que de haberse generalizado habría producido el caos en los Juzgados Y ~ locura en los Funcionarios judiciales, que en vez de ate~e~se a un solo Código Procesal (el oficial de la JU~icción respectiva federal o local), habría~ tenido que guiarse o extraviarse, por una sene de enjuiciamientos distintos (en principio tantos como parejas de litigantes hubiesen teni~ d~ ~a malhadada ocurrencia de pactar su procedimiento conforme a las bases del 1052, que tanto margen deja a la iniciativa o a la fantasía de las partes o de sus abogados). El juicio conve~ci~nal responde a una absurda concepción pnvat,sta del proceso, superada por completo cuando tan extraño procedimiento surge en México ... "(12). El legislador pretende actualizar la norma como lo expresa en la exposición de motivos ' �empero deja disposiciones tal y como aparecían antes de la reforma, por lo cual la pretensión aludida se diluye. Baste citar la supresión del concepto "estrados", al cual hacía referencia dentro del capítulo de notificaciones el artículo 1069, pero que, sin embargo, se conserva en el artículo 1342 en lo atinente a la substanciación y decisión del recurso de apelación y cuyo contenido de una y otra manera, cuando, por una de las partes, se solicita "el informe en estrados" ha producido malestar en el Magistrado, habiendo llegado el caso de solicitar al peticionante se desista de tal solicitud por otra en la cual se diga: "previa la certificación de la Secretaría díctese la sentencia co"espondiente ", por no querer levantar el acta de la audiencia respectiva tal cual debe entenderse la expresión "informe por estrados". - Muy importante es la reforma referente a la supresión de los términos, en su calificación de pro"ogables e impro"ogables. Hoy, atendiendo al principio de orden consecutivo, una vez transcurrido el plazo concedido y no ejercitado el derecho procesal, operará la preclusión, debiendo tener por perdido el derecho procesal co"espondiente por el solo transcurso del tiempo, sin necesidad de acusar rebeldía. Junto a ello es de destacarse el aumento de tres a cinco días para oponerse a la ejecución en los juicios ejecutivos mercantiles y el señalamiento en cuanto que éstos tengan como base de la acción un título de crédito de que sólo son procedentes las excepciones señaladas en el artículo 8 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; y el aumento de los cinco días previstos anteriormente a nueve días para contestar y oponer excepciones en el Juicio Ordinario mercantil. dentes en general ) - en evidente contradicción al contenido de la exposición de motivos y al principio recogido y plasmado en el Código de Comercio en el sentido de oponer, independientemente de la naturaleza: Perentoria o dilatoria, en forma simultánea todas las excepciones que se tuvieren •-(ver artículo 1379) -, olvidándose, el legislador, que: "Ninguna institución de Derecho procesal daña más al proceso que los incidentes. El Profesor Santiago Sentís Melendo, tiene dicho respecto de sus efectos dañinos lo siguiente: "la palabra incidente es la más terrible, no del Derecho procesal, sino del procedimiento" ya que los considera como "un mal que daña no sólo al desarrollo de los litigios sino a la administración de justicia" (13). Es conveniente destacar el título com?spondiente al procedimiento arbitral, distinguiéndolo del diverso procedimiento convencional seguido ante Tribunales. Las disposiciones oontenidas a este último en el Código de Comercio se consideraban como las reguladoras del arbitraje, juntamente con las disposiciones contenidas en los diversos Códigos de Procedimientos Civiles Estaduales con exclusión de el de Nuevo León, de donde quedó suprimido; el de Guanajuato y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Algunas relaciones comerciales quedan vinculadas al arbitraje y así se señalan la Ley Sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (30 de Diciembre de 1972); la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera (9 áe marzo de 1973); Ley Federal de Protección al Consumidor (22 de Diciembre de 1975); Ley de Instituciones de Seguros; Ley Federal de Derechos de Autor; la Ley en materia de la Industria Azucarera; la Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria, en cuyas disposi• ciones se contemplan normas Relativas ya al ar· bitraje, ya a la amigable composición, expresan· do el Dr. Humberto Briseño Sie"a que, además deben mencionarse "los esfuerzos hechos por la Ba"a Mexicana-Colegio de Abogados y la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de Méxi• co, quienes crearon la sección mexicana de la Aún cuando ya no exige la interposición previa y por separado de las excepciones dilatorias, se conserva lo correspondiente al trámite y substanciación de los Incidentes en la inteligencia de que si son de los que pongan obstáculo al curso de la demanda, se substanciarán en la misma pieza de autos, quedando entre tanto suspenso aquél -(ver artículo 1097 en tratándose de cuestiones de competencia y 1350 de los Inci- 90 Ciac --Comisión Interamericana de A rbl•traje . . Comerci~l --, y propiciaron el surgimiento de la Acad~mw de Arbitraje Comercial Internacional (adaci), que desde mil novecientos setenta Y t h .d . res a vem o. impulsando el empleo de la elausu ' Ia . compromiso_na y la remisión al arbitraje privado d~ los conflictos mercantiles internos y transnacwnales ". (14). · En ~uanto al arbitraje particular no se descarta la idea de que hubo momentos en los cuales argumentos tachándolos de . se .expusieron . anticonst~tucwnales puesto que sólo los Tribunales estan expeditos para administrar justicia .Y· que ¡ ello sería crear una especie de fu ero espec~a ' pero a pesar de ello "nunca han sido obstaculo para el reconocimiento de los laudos tanto. la doc trina como la Suprema Corte se han Y ~ef~rüfº a su ejecución a cargo de la autoridad judicial" (15). 1h~ra quedan debidamente regulados los pro~edimientos arbitrales, recogiéndose normas denvadas de convenios y tratados internacionales celebrados por el Presidente de la-Repúbl. co b ., ica ~ apro acion del Senado en los Términos del ar~,c~/~ 133 Constitucional para establecer los cprmcipws. relativos a la cláusula arbitraI y al ompromiso, señalando las partes la exte . , d ¡ b• . , nsion e ar, itraje plazos y recursos, aun la renuncia al rec~rs~ de ap~lación quedando previsto que el arbitraje podra ser nacional o internacional y que d" •a falta de acuerdo entre las partes el proce1m1ento a seguir será de acuerdo con el Código de ?º~ercio, o, en su defecto al Código de Proced1m1entos . Civiles de la Entidad ,,~ederat·wa donde se realice el arbitraje. Queda precisada l ~ . m d t . ., a ,or a e ermmac,on del arbitraje, designación de terceros en discordia, aplicar reglas de Derech 0 o d_e _equi"dad' como , pueden ser recusados los arb,tnos y el señalamiento del c1uez r que puede conocer de los recursos así como la d. . ., d . isposicwn e que la ':jecución en el país de laudos arbitrales. extranjeros se regirán por las normas de1pro, . pio• Codigc• • de Comercio, Códi~c· de rroce n... d.,. '?>. mzentos Cwlles · e· . Y el Código Federal de proced.l· mientos wiles. . . Para terminar repetimos la anticonstituczonalulad del proceso jurisdiccional mercantil regula~o en el Código de Comercio, "en virtud de la interpretación dada al artículo 73 Fracción X de la Constitución de 1917 aunque resulte ~arto d~doso que bajo la escueta mención de comerci · dudablenente se refiere al , . o ", que m trafico Y·¡ no,, al proceso, se cobijen los ...JUICIOS .. t mercar. l es a menos de subvert."• como se ha hecho, los . términos para que el ad·i~e t·wo, o sea ¡ o acceso_no, preva/esca sobre el sustantivo sea lo pn~cipa/" (16), sin que ello quiera d;ci que se dejen de aprovechar algunos dis·POSl·t.lVOS pues retomando la idea del e•r.i 'ar ~ , • 1-· b' a,e en cuanto al aprovechamiento del viejo edificio y "si de la estructura de la Ley vigente poco partido se puede sacar, po;que ni adrede cabe acumular mayor desorden, _sz, en cambio son utilizables muchos de su~ ~rticulos, una vez distribuidos con acierto y unificada o depurada su terminología" (17). (Conferencia _pro~unciaéa en la Facultad de Der~cro Y Ciencias Sociales de la Universidad Autonoma de Nuevo León). 91 �CITAS BIBLIOGRAFICAS Epígrafe: "Ensayos de Derecho Procesal". - Niceto Alcalá Zamora Castillo.- Edición de la Revista de Jurisprudencia Argentina, S. A., pág. 109. 1 ) . - ''El hombre en el Derecho" . - Gustav Radbruch. - Ediciones Depalma . - Buenos Aires, pág. 46. .... .. 2) . - "Introducción a la Filosofía" . - Gustav Radbruch . - Fondo de Cultura Económica . Breviarios . - Pág. 158 . 3) . - "La Filosofía del Juicio de Amparo". - Sebastián Estrella Méndez . - Editorial Porrúa , S. A. Pág. XVI 4) . - "Curso de Derecho Constitucional y Administrativo" . Lic. Eduardo Ruiz . - Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento. -México 1988, pág. 281. 5) . - ''Estudio de Garantías Individuales" . - Isidro Montiel y Duarte . - Imprenta del Gobierno en Palacio . - 1873. - Pág. 579. 6) . - "Derecho Procesal Mercantil" . - Jesús Zamora-Pierce. - Cárdenas Editor y Distribuidor. Pág. XXI. 7) . - "La Legislación de Emergencia y el Juicio de Amparo " . - Lic. Ignacio Burgoa . - Editorial Hispano-Mexicana. - 1945. Pág. 15. 8) . - "Derecho Procesal Mexicano" . - Niceto Alcalá Zamora y Castillo . - Editorial Porrúa, S. A. , Pág. 90. 9). - "Revista del Tribunal Fiscal de la Federación" . - 1949.- Págs. 231 - 232. 1O) . - "El Nacional" . - 7 de Enero de 1989 . - Ce/aya, Guanajuato. 11). - "El Juicio Ordinario Mercantil" . - En Memoria del VII Congreso Mexicano de Derecho Procesal . - Revista Procesal . - Instituto Mexicano de Derecho Procesal. - Año 6. Numeras del 1 al 6. - México 1977. - Cárdenas Editor.y Distribuidor. 12) . - "Exámen del Enjuiciamiento Mercantil Mexicano y Conveniencia de su Reabsorción por el Civil" . - Derecho Procesal Méxicano. - Alcalá Zamora y Castillo Niceto. - Editorial Porrúa, A. , pág. 127 . s. 93 �13) .. - "El Proceso Civil Panameño,, . - Juan Materno Vázquez Pág. 17. "LA COLEGIACION OBLIGATORIA " . Y Leg,s . lacwn. •, • Humberto Briseño Sierra. - Limusa . 14.). - "El Arbitraje Comercial" . • Doctrina Texto de la Conferencia dictada por el Lic. José Fuentes García, en el Auditorio "Lic. Víctor L. Treviño" de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U. A. N. L. Universidad Iberoamericana . - Departamento de Derecho, pág. 23. 15 ) . _ Op. Cit. Humberto Briseño Sierra, pág. 23. 16). - Nota No. 6 de "'En Tomo l A l ., de Sentencias Interlocutorias en el Enjuiciamiento ª ª pe acwn ,, . l l' z Castillo "Der,echo Procesal Mexicano . - Niceto A ca a amora Y . . ,,. Mercanti·¡ Mexicano Editorial Porrúa, S. A., pág. 70. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA • • ·1 Cubano ", en "Ensayos de .Derecho Civi . 17). - "Orientaciones para una Reforma del Enjuiciamiento Procesal". - Niceto Alcalá Zamora y Castillo. - Edición de la Revista de Jur,sprudencia Argentina, s. A . • Buenos Aires. - Pág. 109. - ¿ Conviene reservar el ejercicio de _la abogacía a cierta categoría de personas ? -¿ A qué reglamentación deben someterse esas personas? -¿ La afiliación a los colegios profesionales de abogados debe ser obligatoria como prerequisito para el ejercicio de la profesión? En verdad, en el estado actual de las cosas no puede oponerse un sistema de abogacía libre frente a un sistema de abogacía reglamentado, ya que en realidad, no existen dos sistemas opuestos, con caracteres definidos, sino se pasa insensiblemente de los regímenes de mayor libertad a los regímenes de reglamentación o fiscalización más acentuada. REGIMEN DE ABSOLUTA LIBERTAD: REGIMEN DE ABOGACIA REGLAMENTADO. - La práctica ante los tribunales cuando las partes desean ser asistidas es monopolio exclusivo de los abogados. - Ello se compadece si se tiene en cuenta que el Estado invierte crecidas sumas para preparar a personas técnicas en la enseñanza del Derecho. - El Estado sanciona la usurpación de profesiones y fija requisitos técnicos y administrativos para abogar. REGIMEN SOBRE LA BASE DE LA COLEGIACION PROFESIONAL - Entronizado por la Revolución Francesa, pronto Napoleón se vió obligado a volver a establecer la Orden de Abogados. - Colegios Profesionales "creados" o "autorizados" por la ley con facultades de "selección" y "regimen disciplinario riguroso". - No obstante quienes todavía traen a cuenta este sistema, aducen el principio de la libertad de defensa. La Ley no puede imponer a los particulares la obligación de asistirse con técnicos ante los tribunales. FRANCIA. - Reclutamiento: La Orden de Abogados se recluta por si misma: "es dueña de su registro ". - Actualmente, dada la complejidad alean- 94 zada por el Derecho sólo los expertos están en aptitud de realizar una defensa efectiva. 95 �La facultad no confiere sino diploma de Licenciado en Derecho. El nuevo frofesional presenta solicitud a l~ . Orden de Abogados con el fin de ser admztido: Garantiza la libertad de los abogados _ frente al poder público _ frente a sus clientes. REGIMEN DE AFILIACION OBLIGATORIA. ¿Es o no constitucional? Aptitud y moral son Pre-requisitos de admisión. El poder de policía es inalineable, es decir no puede ser enajenado por el Estado a individuos_o asociaciones. Siempre pertenece al Estado y constituye una potestad jurídica inherente a su soberanía. El poder de policía tiene en si una extraordinaria plasticidad. ARTICULO 5o. Libertad de trabajo El primer año tiene que ser asistido para poder litigar. Los dos años subsecuentes, goza de derechos más O menos semejantes a los de /os otros abogados. Al final, un informante juzga su comportamiento y si es satisfactorio se le otorga registro definitivo. ARTICULO 9o. Libertad de Asociación. Derecho fundamental del hombre, resultado de su naturaleza gregaria. Cada hombre integra un número infinito de asociaciones políticas, económicas, profesionales, religiosas, culturales, deportivas, gremiales etc. . • , El derecho del individuo a unirse con otros individuos en forma voluntaria Y durable para la realización de un fin común. Corolario de la libertad de asociación es el derecho de no asociación coactiva. ART[CULO 20.- De la Declaración Universal .de los Derechos del Hombre "toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica: nadie Po· Si el pedido de inscripción o de registro fuese desechado. el candidato perjudicado puede interponer apelación ante la Corte. Por el contrario las resoluciones admisorias del "Consejo de la Orden" son irrecurribles. -\ D:\IJNTSTRACION. "Atonier "o Presidente. " Consejo de la Orden". Asamblea. Electos mediante sufragio universal de foros. drá ser obligado a pertenecer a una asocia• ción". Las asociaciones profesionales de abogados obligatorias son para salvaguardar S':'5 intereses y los de los habitantes del Pais. Lo que el artículo 9o. prohibe es "Coartar el derecho de asociarse" Empero por claridad podría propo~e~ una enmienda constitucional en los termznos siguientes, corresponde al Estado autorizar los organismos profesionales corporativos y económicos en los que se requiera afiliación obligatoria para salvaguardar los altos intereses del Estado Y la sociedad. REGIMEN DISCIPLINARIO. Va desde la simple advertencia hasta la suspensión de derechos. INCONVENIENTES Contrario a la libertad Casta cerrada Contra réplica con el contralor de la Corte de garantiza la libertad. VENTAJAS Otro problema lo representa el PODER DE POLICIA. Moraliza la Profesión. 96 Permítaseme concluir y al concluir deseo hacerlo, formulando algunas reflexiones sobre lo que para nosotros representa el ejercicio de nuestra profesión de abogados. Cuenta la leyenda que un abogado viejo, con todo el peso de los años sobre sus espaldas, no podía dar crédito a sus ojos, cuando en su largo peregrinar por la tierra, descubrió el nombre de una tienda: "La Tienda de la Justicia". Así que ahí venden la justicia pensó para sus adentros. La correctísima dependiente le interrogó sobre la clase de justicia que deseaba adquirir: Una justicia parcial a medias o una justicia íntegra, completa. Respondió el anciano que, por supuesto, deseaba adquirir la justicia plena. No quería fraudes ni apologías ni racionalización. Lo que deseaba era una justicia clara y absoluta. Salió de la tienda entristecido el anciano. Había pensado que podría adquirir la justicia plena a bajo precio. Pese a sus años, aún no estaba listo para ser portador de la plena justicia, todavía necesitaba engañarse un poco con racionalizaciones y formalismos. Y es que en verdad hacen falta oportunidades como ésta para limpiar de polvo la balanza de la justicia, para colocar en sus platillos rostros auténticós y no máscaras cómodas; nuestro coraje y no nuestro conformismo escuálido; lo específico de nuestra vocación y no el puro oportunismo; y el servicio eficaz y no el pordiosero de privilegios; la verdad verdadera y no la mentira falaz. Hagamos examen de conciencia y preguntémonos si a veces nuestros conocimie,ntos, los que nos han sido dados o los que hemos obtenido, robustecidos o desmedrados, no han sido herramientas de verdugo para subir al patíbulo al inocente o instrumento de espoleación para destruir al pobre o al débil. Hagamos examen de conciencia y preguntémonos si a veces en nuestras manos la dignidad de la justicia no se habrá visto degradada a la calidad ínfima de la meretriz. ¿Qué somos: juristas o codigueros?, ¿que hemos elegido al ejercer nuestro ministerio: la justicia o la injusticia?, ¿que inspira nuestra conducta: la misericordia o el rigor?. La dependiente le condujo a otra seccjón del establecimiento en la que se vendía la justicia plena. Pensemos, porque pensar es ejercicio humano,_ pero pensemos con autenticidad, sin cálculo, miedo o ambición. El vendedor que trabajaba en aquella sección le miró comprensivamente y le señaló la etiqueta en la que figuraba el precio: "El precio es muy elevado", le dijo, ¿Cual es? le preguntó el anciano, decidido a adquirir la justicia plena a cualquier precio. "Si usted se la lleva" dijo el dependiente, "el precio consiste en no tener ya descanso durante el resto de su vida". Hagamos que la verdad prevalezca en nuest:-o juicio, que la fidelidad sea norma de conducta de nuestra persona, y que prive la transparencia en nuestro ser y en nuestra manera de ser. 97 �impiden la visión ajena, son incapaces de vivir y no dejan vivir. No olvidemos, aunque mil y mil veces nos sintamos tentados a ello, de los que nada tienen. No ceguemos nuestros ojos a la contemplación Ji In injusticia, ni nos encerremos en torres de marfil que nos conviertan en topos, diestros solo para ver en la obscuridad de la avariacia y la sórdida ambición. Yo creo firmemente en las enseñanzas que todos los días recibimos de la naturaleza que nos rodea, porque sus lecciones son claras y no ameritan profundas reflexiones. Por eso creo en la magistral enseñanza del árbol y la paja. No nos apartemos de los débiles, porque ellos al final serán los poderosos. No nos alejemos de aquellos a quienes nadie escucha, porque ellos, al final, serán quienes podrán hablar. No concertemos alianza con los soberbios, porque de allí habrá de nacer nuestra bajeza y nuestra ruindad. El árbol está plantado. Hunde sus raíces en la tierra. Se diría que ha hechos alianza con la tierra de la que recibe alimento y consistencia. Siempre estará en su sitio y sale sobrando la pregunta: ¿por qué está allí?. Está y basta. En el estar tiene la razón de su existencia. No hagamos del derecho una ganzúa para abrir la caja donde están los caudales del deshonor que la polilla consume y el orin carcome. Hagamos del derecho el más noble ejercicio, la actividad más pura, la tarea más redentora. Ciertamente no está libre del viento, que • lo azota con furia por todas partes. Pero el árbol "está en pie". Quizá sacudido violentamente, maltratado, mutilado, con alguna rama rota. Pero "está en pie" Aspiremos a la justicia, a esa justicia que pone hombres por encima de leyes y .que piense que la única justificación para violarlas, es la suprema justificación de la misericordia. verdadera interioridad. Sin profundidad, Sin autenticidad. A expensas del viento. venga de fuera, un árbol bueno, llenQ de vitalidad, produce frutos. Esta es su recompensa. Gente sin ideas propias, sin convicciones meditadas y vividas, sin iniciativas personales. Incapaz de comprometerse, refractario a arriesgarse. Inconstante. Fácilmente arrastrado por entusiasmos y aterrado ante una dificultad mínima. Siempre ocupado en rumiar su propia insatisfaccion. Seamos como los árboles de raíz profunda. Entreguemos a la comunidad, el renuevo de nuestro fruto maduro. Dejemos que la paja estéril se la lleve el viento. Equipado para todas las cobardías. Preparado para adoptar todos los conformismos, incluso el conformismo del anticonformismo, está sobre todo condenado a la esterilidad; ·como la paja. ". . . Si avanzo en la justicia, seguídme, si retrocedo, empujádme, Si la traiciono matádme , ' Si muero por ella, vengádme. . . " La paja no tiene necesidad de ser castigada. Lleva en sí el propio castigo. Precisamente la maldición de ser sólo paja. Pero el premio del árbol no es algo que le La paja no está plantada. Está simplemente sobre la tierra. La tierra es sólo su pista de lanzamiento. Se diría que está ali í para estar en otro sitio. Siempre a disposición del viento que se divierte en remolinar/a. Tan pronto aquí como allí. Según los caprichos del viento. Respetuosos de la ley pronunciémonos contra el puro legalismo, que es el conocimiento de todas las leyes, menos la suprema ley del amor. Un hombre puede ser árbol de raíz profunda, cuando tiene una vocación sentida, cuando es fiel a su palabra y se puede contar con él. Al legalista le importa la fachada, no el interior, carga el asento sobre lo que se hace y no sobre lo que se es. La norma se le convierte en un absoluto: su aplicación rigurosa traduce lo justo y la cantidad aparece como símbolo de generosidad. Esta clase de hombres son capaces de resistir durante mucho tiempo, a pesar de los vientos huracanados que llegan puntuales para probarlos. Pero el hombre puede ser también paja. Nos encontramos de pronto con él. No sabemos de dónde viene, ni cómo. Ni siquiera el sabe porqué. El legalismo, es el fruto monstruoso dado a lúz por la estrechez del espíritu. Los que están tocados de esta enfermedad se hacen pequeños, encogidos, achicados. No saben respirar profundo y ni siquiera dejan respirar a los demás, no saben ver con perspectiva e incluso perturban o Ligero, superficial, voluble, incierto. Sin 98 En este magnífico día, en el que iniciamos nuestras jornadas, ofrezcamos a la comunidad entera la renovación de nuestros votos;· Con los pies en la tierra que nos nutre y con la frente al sol que nos ilumina, hagamos norma de nuestra conducta el verso del poeta anónimo que recitaba: 99 �RESEÑAS . BIBLIOGRAFICAS �ARELLANO GARCIA, Carlos, Práctica forense del juicio de amparo. I por Carlos Arel/ano García. - 4a. ed. México: Porrúa, 1988. Obra de gran interés en el ejercicio de la abogacía ; constituye un útil instrumento de simplificación y una pauta orientadora para el trámite del Juicio de Garantías. BAENA, Guillermina. Tesis en 30 días : lineamientos prácticos y científicos. / por Guillermina Baena y Sergio Montero. - 2a. ed. - México : Editores mexicanos unidos, 1988, el 986. GARCIA HERRERA, Catarino. El orden constitucional y la legislación procesal civil de Nuevo León. / por Catarino Garcí~ Herrera. - Monterrey, N. L. : UANL, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1987. Un importante trabajo de investigación que presenta propuestas para reformas al Código de procedimientos Civiles para el Edo. de N. L. basadas en los principios constitucionales que operan en el proceso civil. Obtuvo el primer lugar en el concurso "Dr. Abe/ardo A. Le.al" convocada por la F. D. C. S., en el año de 1987. MALPICA DE LA MADRID, Luis.' ¿Qué es el Gatt? / por Luis Malpica de Lamadrid. -4a. ed. corregida y aumentada. México : Grija/bo, 1986. Basados en una experiencia de 25 años en dirección de tesis y docencia en la investigación, los autores proponen el procedimiento y la orientación necesaria para la correcta elaboración de una tesis en un tiempo mínimo y con rigor científico. La obra en cuestión (una de las más importantes sobre el tema) presenta la estructura ft.mdamental del GA TT y las negociaciones que nuestro país ha celebrado al respecto, así como la inclusión de los documentos que contienen los acuerdos más importantes relacionados con el Gatt. DI FILIPPO, María Isabel. Tiempo compartido: un condominio especial. / por María Isabel Di Filippo. - Buenos Aires : Abeledo Perrot, 1987. La autora incluye en esta obra consideraciones prácticas, doctrinarias y de legislación en Argentina respecto a esta figura que ha aparecido en el Derecho Civil tanto en América como en Europa, aportando al final de su análisis una propuesta para determinar el concepto del "tiempo compartido ". (Estas obras se encuentran en la Biblioteca "Lic. José Juan Vallejo " de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León). 103 �"ACTUALIZACION LEGISLATIVA" �ADMINISTRACION DE JUSTICIA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.- Acuerdo por el que se establece el Sistema Integrado de Control. Diario Oficial 1989/04/06. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.- Acuerdo por el que se dispone que los ministros supernumerarios constituirán la Sala Auxiliar y se determina la competencia de ésta. D. O. 1989/02/02. ADMINISTRATIVA (Publicaciones en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Nuevo León). ción. DECRETO de Fomento a la Constitu(Decreto No. 40) P. O. 1988/12/30. DECRETO de Fomento al Empleo. (Decreto No. 39) P. O. 88/12/30. LEY de Egresos del Estado de Nuevo León para el año de 1989. (Decreto No. 37) P. O. 88/12/30. Se ABROGA la Ley que crea la Junta Local de Caminos del Estado, P. O. 37/09/11 (Artículo 2 Transitorio). Se CREA el Organismo Público Descentralizado denominado "SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON". (Decreto No. 45). P. O. 89/01/30. Se CREA La Comisión Estatal para la Celebración del centenario de Alfonso Reyes. (Acuerdo). P. O. 89/02/24. V del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, competencia que por este acto se transfiere al Organo que por esta Ley se crea. (Art. 3 transitorio). 89/01/30. (Publicaciones en el Diario Oficial de la Federación). INSTITUTO del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.- Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. D. O. 1989/ 02/16. PRESIDENCIA de la República.- Acuerdo por el que se crea la Secretaría Ejecutiva del Consejo Consultivo de Ciencias, como unidad de asesoría y apoyo técnico del Ejecutivo' Federal. D. O. 1989/01/24. SECRETARIA de Agricultura y Recursos Hidráulicos.- Decreto por el que se crea la Comisión Nacional del Agua como Organo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. D. O. 1989 /01/16. SECRETARIA de Agricultura y Recursos Hidráulicos.- Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. D. O. 1989/04/10. SECRETARIA de Comercio y Fomento Industrial.- Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industria. D. O. 1989/03/16. SECRETARIA de Educación Pública.Decreto por el que se reforman los art[culos 1 o., 3o., 60., 7o., fracción IV y 80, del Decreto por el que se crea el organismo público deseen- Se DEROGA lo dispuesto en la fracción 107 �tralizado denominado Instituto Mexicano de Cinematografía. D. O. 1989/02/13. 03/03. SECRETARIA de Pesca.- Reglamento Interior de la Secretaría de Pesca. D. O. 1989/ 02/14. SECRETARIA de Educación Pública.Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública. D. O. 1989/03/17. SECRETARIA de Programación y Presupuesto Acuerdo por el que en el ám~it~ del Sistema Nacional de Planeación Democratica, la Secretaría de Programación Y Presupuesto, ~~r condueto de su Titular, promoverá la Instalacion , . del Consejo Nacional de Concertación Econom1ca con la representación que corresponda a los sectores social Y privado. D. O. 1989/01/31. SECRETARIA de Energía, Minas e Industrias Paraestatal.- Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. D. O. 1989/03/09. SECRETARIA de Gobernación.- Indice Anual del Diario Oficial de la Federación 1988. D. O. 1989/03/28. SECRETARIA de Programación y Presupuesto Reglamento Interior de la Secretaría de Programación y Presupuesto. D. O. 1989/01/24. SECRETARIA DE Gobernación.- Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. D. O. 1989/02/13. SECRETARIA de Relaciones Exteriores. -Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. D. O. 1989/01/26. SECRETARIA de Hacienda y Crédito núPu'bl.ICO. - Acuerdo por el que se señala el • • I mero, nombre, sede y circunscripción temtona, de las unidades administrativas de la Secreta~1a de Hacienda Y Crédito Público que se mencionan. D. O. 1989/02/09. SECRETARIA de Salud.- Bases de coordinación que celebran la Secretaría de Salu~ Y_ la Procuraduría General de Justicia/ del D,stnto Federal. D. O. 1989/ 03/23. SECRETARIA de Hacienda y Crédito Público. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. D. O. 1989/01/ 17. SECRETARIA de Turismo. Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. D. O. 1989/02/ 15. SECRETARIA de la Contraloría General de la Federación.- Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría general de la Federación. D. O. 1989/01/16. COMERCIO SECRETARIA de Comercio y Fomento Industrial.- Decreto por el que se reforma Y ~iciona la Ley Federal de Protección al Consumidor. D. O. 1989/01/04. SECRETARIA de la Reforma Agraria.Reglamento Interior de la Secretaría de la Reform~ Agraria. D. O. 1989/04/07. COMUNICACIONES SECRETARIA de Marina.- Reglamento Interior de la Secretaría de Marina. D. O. 1989/ SECRETARIA de Comunicaciones Y 108 Transportes. - Decreto de reformas al reglamento a los párrafos segundo y tercero del Artículo 11 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. D.O. 1989/ 03/17. SECRETARIA de Comunicaciones y Transportes.- Decreto por el que se crea el órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes denominado PUERTOS MEXICANOS. D. O. 1989/03/28. SECRETARIA de Comunicaciones y Transportes. - Programa de trabajo para 1989 del Sector Comunicaciones y Transportes. D. O. 1989/01/23. CONVENIO del Ejecutivo del Estado de Nuevo León y los Ayuntamientos del Area Metropolitana de Monterrey que crea el Consejo Metropolitano de Colaboración Municipal. P. O. 1989/02/17. SECRETARIA de Comercio y Fomento Industrial.- Decreto por el que se reforma. la Tarifa del Impuesto General de Importación. D.O. 1989/03/09. SECRETARIA de Comercio y Fomento Industrial.- Decreto por el que se reforma la Tarifa del Impuesto General de Importación. D. O. 1989/01/ 11. DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL DEPARTAMENTO del Distrito Federal.Acuerdo por el que se crea el Sistema de Defensoría de Oficio en el Distrito Federal. D O. 1989/04/ 06. PROCURADURIA General de Justicia del D. F.- Acuerdo del C. Procurador de Justicia del Distrito Federal, por el que. se dan instrucciones a los servidores públicos que se señalan, con objeto de proteger inmediatamente que sea necesario a los menores o incapacitados que se encuentren relacionados en averiguaciones previas y se les origine una situación de conflicto; daño o peligro. D. O. 1989/04/26. PROCURADURIA General de Justicia del D. F.- Acuerdo del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se establecen los casos de procedencia de dispensa de autopsia. D. O. 1989/ 04/ 21. PROCURADURIA General de Justicia del D. F.- Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. D. O. 1989/ 01/ 12. SECRETARIA de Hacienda y Crédito Público. Acuerdo que reforma y adiciona la autorización general otorgada a las Sociedades Nacionales de Crédito para recaudar impuestos federales. D. O. 1989/03/14. SECRETARIA de Hacienda y Crédito Público. Anexo número 5 al convenio de colaboración -administrativa en materia fiscal federal que celebran el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nuevo León. D. O. 1989/ 02/1O. SECRETARIA de Hacienda y Crédito Público. Oficio por el que se indica el régimen fiscal aplicable en materia del Impuesto al Valor Agregado la importación de Bienes Tangibles. D. O. 1989/02/20. a SECRETARIA de Hacienda y Crédito Público. Primera resolución que reforma y adiciona a la que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal para el año de 1989. D. O. 1989/04/03. SECRETARIA de Hacienda, y Crédito Público. Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas. D.O. 1989/03/30. FISCAL 109 �SECRETARIA de Relaciones Exteriores. - Decreto por el que se aprueba el Tratado de Asistencia Regional para Emergencias Alimentarias TAREA, adoptado en Caracas, Venezuela el 8 de Abril de 1988. D. O. 1989/01/27. SECRETARIA de Hacienda y Crédito Público. Resolución que establece Reglas Generales y otras disposiciones de carácter fiscal y sus anexos del 3 al 10, para el año de 1989. D. O. 1989/02/28. SECRETARIA de Relaciones Exteriores. - Decreto por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Belice, firmado en la Ciudad de México, D. F. el 29 de Agosto de 1988. D. O. 1989/01/27. INTERNACIONAL SECRETARIA de Relaciones Exteriores. Decreto de Promulgación de Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos Protocolo de Cartagena de Indias, adoptado en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el día 5 de Diciembre de 1985. D. O. 1989/04/06. SECRETARIA de Relaciones Exteriores. - Fe de erratas al Decreto de la Convención sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial, publicado el 30 de Noviembre de 1988. D. O. 1989/01/26. SECRETARIA de Relaciones Exteriores. Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América que modifica y prorroga el Convenio sobre Transportes Aéreos. D. O. 1989/01/27. MERCANTIL ció~ IV, de los aranceles aplicables a las remuneraciones. que . deben cobrar las Casas de Bolsa por l os serozczos que prestan. D. o. 23 de Feb 1989. rero, PENAL SALUD SECRETARIA de Gobernación.- Decreto P_º: el que se ~eforma Y adiciona diversas disposzczones del Codigo Federal de Procedimientos Penales. D. O. 3 de Enero' 1989. SECRETARIA de Gobernación.- Decreto por el que se reforma, adiciona Y deroga dive~s disposiciones del Código de Procedimzentos Penales para el Distrito Federal D O 3 de Enero, 1989. · · · SECRETARIA de Gobernación.- Decreto por el que se reforma y adiciona diversas dis- SECRETARIA de Hacienda y Crédito Público.- Acuerdo por el que se reforman y e.dicionan las reglas básicas para la operación de las arrendadoras financieras concesionadas, publicadas el 16 de enero de 1984. D. O. 26 de Enero de 1989. SECRETARIA de Relaciones Exteriores. - Decreto por el que se aprueba el Acuerdo que establece el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre países en desarrollo, SGPC, adoptado en Be/grado, Yugoslavia, el 13 de Abril de 1988. D. O. 1989/01/27. SECRETARIA de Hacienda y Crédito Público.- Decreto por el que se reforma al que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. D. O. 4 de Enero, 1989. SECRETARIA de Relaciones Exteriores. - Decreto por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre Servicios Aéreos, firmado en la Ciudad de México, D. F. el 18 de Noviembre de 1988. D. O. 1989/01/27. SECRETARIA de Comercio y Fomento Industrial.- Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio. D. O. 4 de Enero, 1989. SECRETARIA de Relaciones Exteriores. - Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea, suscrito en Seúl, Corea, el 21 de Julio de 1988.D.O. 1989/01/27. SECRETARIA de Hacienda y Crédito Público.- Circular que aprueba adecuar la frac- 110 posiciones del Código Penal para el Distrito Federa~ e~ materia de -fuero común, Y para toda la Republzca en materia de -fuero federal. D. O. 3 de Enero, 1989. 111 Instituto Mexicano del Seguro Social.Decreto por el que se reforma Y adiciona la L~y del Seguro Social. D. O. 4 de enero, 1989. Mzscelanea Documental Número 1/1989. SEGURIDAD NACIONAL Sría. de Gobernación.- Decreto por el que se reforma Y adiciona diversas disposiciones ~e la Ley Federal de Armas de Fuego Y Exploszvos. D. O. 3 de Febrero, 1989. ' �terminó de Imprimir en San Nlcolés de los Garu, N. L en el Departamento Editorial de la Facultad de Derecho y Ciencias Soclales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el d(a 5 de At:,rll de 1990.- Esta edición consta de 500 ejemplares. Se ��� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Derecho Y Ciencias Sociales Año de publicación El año cuando se publico 1989 Época Época del la revista Tercera Número Número de la revista 1 Mes de publicación Mes cuando se publicó Enero-Abril Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Cuatrimestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1784899&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales, 1989, Tercera Época, No 1, Enero-Abril Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Longoria, Samuel, 1934-, Director Subject The topic of the resource Derecho Derechos civiles Publicaciones periódicas Leyes Jurisdisprudencia Filosofía del derecho Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Villarreal de la Fuente, Mauro, Director Araiza Rivera, Humberto T., Secretario de Redacción Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/01/1989 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016569 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. San Nicolás de los Garza, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. 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