https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/271/13609/DERECHO_Y_CIENCIAS_SOCIALES._1993._4a_Epoca._No._2-3._May-Dic._0002016574.ocr.pdf c98f8304077d6915d9120982e755d585 PDF Text Text ��FotlDO UNIVatslTlil.10 / 2-3 / 1993 1993 �fQflDO UNIVWITNU() , U.A.N.L. / 2 - 3 Cuarta época Vol. I Mayo - Dic. / 1993 Monterrey, N.L., México 1993 �Revista tetramestral de la Facultad de Derecho y Cien~ias Sociales y Colegio de Criminología; Universidad Autónoma de Nuevo León. CUARTA EPOCA r VOL I NUMS. 2 Y 3 MAYO · DICIEMBRE 1993 Directorio de la Universidad: Rector: Dr. Manuel Silos Martínez / Secretario General: Dr. Reyes S. Tamez Guerra / Secretario Académico: Dr. Ramón G. Guajardo Quiroga. Directorio de la Facultad: Director: Lic. Mauro Cruz Garza / Subdirector Académico: Lic. Germán Cisneros Parías / Subdirector Administrativo: Lic. Roberto Garza Alanís / Decano: Lic. Leopoldo Peña Garza. Jefe de la División de Estudios de Postgrado: Dr. Héctor G. Zertuche García. Coordinadores de Maestrías: T Fiscal: Lic. Luciano G. Galindo Ruiz / Laboral: Lic. Héctor S. Maldonado Pérez Mercantil: Lic. Bertín Zavala Carranza / Penal: Lic. Marco Antonio Leija Moreno / Derecho Público: Dr. Héctor Alejandro González. Colegio de Criminología: Coordinador: Lic. José Luis Gálvez. Directorio de la Revista: Director: Dr. Valdemar Martínez Garza / Coordinador Editorial: Lic. Samuel Flores Lon9oria / Secretario de Circulación: Lic. Rolando Carrillo Lechero / Jefe de Redaccion: Lic. Ricardo Cantú Aguillén . / Corrector de Originales: Profr. Francisco Velázquez Gutiérrez. r Consejo Editorial: Lic. Mauro Cruz Garza, Dr. Valdemar Martínez Garza, Lic. Benito Morales Salazar, Lic. Luis Granados Ballesteros, Lic. Marco Antonio Leija Moreno, Dr. Héctor G. Zertuche Garóa, Lic. Jesús Ramones Saldaña, Lic. Samuel Flores Longoria, Lic. Antonio Estrada Villarreal, Lic. Héctor S. Maldonado Pérez, Lic. Arturo Salinas Salinas, Dr. Horado Lozano 1ijerina, Dr. Sergio T. Martínez Arrieta, Dr. Sergio Elías Gutiérrez Salazar, Dr. José Korzeniak, Lic. José A. Villarreal Villarreal. �Indice K H 340 300 364 Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; mayo diciembre de 1993. Monterrey, Nuevo León, México. Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. v. tetramestral. l. DERECHO - MEXICO. 2. CRIMINOLOGIA - MEXICO. 3. CIENCIAS SOCIALES - MEXICO. CANJE: Solicitamos canje. Nous demandons l'exchange. Pede se permuta. We request exchange. Mauro Cruz Garza.- Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Valdemar Martínez Garza.- Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V O SECCION DOCTRINAL Ma. de Jesús Aguirre Maldonado.- El abuso sexual. ........... . .. . 1 Agustín Basave Femández del Valle.- Fundamentos filosóficos de los derechos humanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Hemando Devis Echandía.- El nuevo código procesal civil de Tamaulipas ..... ................ . .......................... . 79 Genaro_ pavid. ~óngora Pimentel.- Algunas consideraciones sobre la suspenszon de oficzo. . . . . . . . . . . . . . . ............................ . 141 Valdemar Martínez Garza.- Análisis del artículo 159, fracción I1, de la ley de amparo ............. . .................... . ........... . 171 Quijano, Casares, Borja y Reséndez.- Unificación jurídica de América Latina..... ...................... . .......................... . Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Nuevo León. Sucursal de correos "F", Apdo. postal No. 31. Cd. Universitaria. San Nicolás de los Garza, N.L., México. IMPRF.SO EN MEXICO PRINTED IN MEXICO. Departamento editorial. La edición estuvo a cargo del programa de manuales de apoyo a la docencia. 199 O SECCION JURISPRUDENCIA Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuit<~.- Instituciones de crédito, ley de; Interés legal en materia mercantil ............................................... . 219 Arturo Díaz Bravo.- Discrepancias al interés legal mercantil del 6% anual .. . . .............................................. . 223 Reservados todos los derechos. Héctor G. Zertuche García.- Comentarios en tonto al interés legal mercantil del 6% anual. .... . ....... . .......................... . 229 Cuarta época, números 2 y 3; mayo -agosto 1993; y septiembre - diciembre 1993. Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Interpretación del artículo 19 de la Ley de Amparo, en materia de representación del Presidente de la República. Amparo en revisión: 8/89 Excel-Lens, S.A . ............... . 235 La responsabilidad de los artículos publicados es exclusiva de sus autores. Las opiniones expresadas son estrictamente personales y no asumen responsabilidad por ellas la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.A.N.L., o las instituciones a las que estén asociados sus expositores. Salva~?,r Rocha Díaz.-. Voto particular que emite en relación al amparo en reviszon 8/89, promovido por Excel-Lens, S.A. .................. . . . 247 Valdemar Martínez Garza.- Representación del Presidente de la República en el juicio de amparo. . ............................... . 277 O NUESTRO ACONTECER - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 © 1993 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, U.A.N.L. ISSN ú~;S8-3658 �Lic. Mauro Cruz Garza PRESENTACION: Úl justicia y el derecho sostienen el trono de Dios ... Salmo: 89:14 Tengo el agrado de depositar en sus manos los números dos y tres de nuestro órgano de difusión Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. • Reanudada recientemente su publicación a partir de la cuarta época, hemos realizado algunos cambios a dicha revista con la finalidad, no sólo de informar del ser y quehacer de nuestra institución, sino fundamentalmente la de difundir los valores jurídicos a través de los trabajos de investigación que realizan nuestros maestros y otros distinguidos juristas. Destaca en primer lugar, la selección que de los trabajos a publicarse ha realizado el director de la revista, Dr. Valdemar Martínez Garza, quien con la mira de acrecentar el nivel académico de nuestra publicación, ha recomendado para el contenido de estos números una serie de trabajos de investigación del más alto nivel. mayo / diciembre de 1993 �11 Presentación En efecto, los trabajos de investigación contenidos en esta edición, por orden alfabético, son los siguientes: El abuso sexual, de la Lic. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado. Fundamentos filosóficos de los derechos humanos, del Dr. Agustín Basave Fernández del Valle. Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas, del Dr. Hernando Devis Echandía. Algunas consideraciones sobre la suspensión de oficio, del Magistrado Genaro David Góngora Pimentel. Análisis del artículo 159, fracción II, de la Ley de Amparo, del Dr. Valdemar Martínez Garza. Unificación jurídica de América Latina, de Carmen Quijano Decanini, Antonio Casares Carrillo, Rodrigo Borja Torres y Pedro Reséndez Bocanegra. Por otra parte, se contienen dos fallos judiciales que constituyen: uno, un interesante precedente relacionado con el interés legal mercantil del 6% anual, y que seguramente motivará diversidad de reflexiones y opiniones sobre el particular por los estudiosos del derecho; la presentación está a cargo del Dr. Héctor G. Zertuche García, como una breve introducción a dicho precedente y a los comentarios que el Lic. Arturo Díaz Bravo le escribiera al Magistrado Genaro David Góngora Pimentel, respecto al mismo. Y el otro, está referido a la sentencia del Amparo en revisión 8/89, Excel Lens, S. A., dictada por nuestro más alto tribunal, el día 8 de junio de 1989, haciendo un análisis de la tesis el Dr. Valdemar Martínez Garza, sobre la representación del Presidente de la República en los juicios de amparo, y como introducción al voto particular que sobre éste hiciera, el Lic. Salvador Rocha Díaz. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Lic. Mauro Cruz Garza III Por último hemos incluido una sección nueva dentro de nuestra tradicional revista: Nuestro acontecer, en la cual detallamos las actividades académicas, conferencias y seminarios que hemos tenido en lo que va del presente año; destacando que muchas de dichas conferencias las hemos llevado a cabo en las aulas donde nuestros alumnos tienen su clase diaria, en vez de las tradicionales conferencias en los auditorios de la facultad. Estas actividades han tenido gran aceptación entre el alumnado de nuestra escuela, porque se han dado cuenta que destacados juristas, tanto de nuestra institución como de fuera de ella, generosamente se han constituido en el corazón mismo del proceso enseñanza-aprendizaje: el aula universitaria, para que con la perspectiva de la inmediatez reciban actualizados los conocimientos de las diversas disciplinas. Estamos por iniciar un nuevo año, el cual esperamos les sea fructífero. Con el mismo, llegará el 170 aniversario de haberse dictado la primera cátedra de derecho en Nuevo León, y con ello dado nacimiento a la primera carrera profesional en la entidad. Tal acontecimiento deberá ser dignamente celebrado por nosotros los abogados, pues se marcó la pauta también del nacimiento de nuestra centenaria escuela de derecho. Lic. Mauro Cruz Garza Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, U.A.N.L. mayo / diciembre de 1993 �Dr. Valdemar Martínez Garza V EDITORIAL La Revista de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.A.N.L., que tan honrosamente me toca ahora dirigir, inició la cuarta época con la publicación del primer número correspondiente al tetramestre enero-abril de 1993. Consciente de la gran responsabilidad que implica ser el director de una revista jurídica, agradezco al director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Lic. Mauro Cruz Garza, la confianza que ha depositado en mí para esta tarea en la que él tiene un gran interés. La divulgación escrita del conocimiento jurídico a través de artículos monográficos, es de suma importancia, pues refleja las opiniones de sus autores, con la frescura y oportunidad con que las emitieron, mismas que en muchas de las ocasiones no verían la luz pública, si no fuera precisamente por este medio tan dinámico como lo es la revista. No es una tarea fácil la que ahora emprendemos, pero en la medida de nuestras posibilidades, trataremos de lograr fundamentalmente la publicación de artículos jurídicos de gran calidad, y para ello hemos conformado un consejo edi- mayo I diciembre de 1993 �VI Editorial torial multidisciplinario que se encargará de la selección de los trabajos a publicar. Además, procuraremos continuidad en la calidad de los artículos y periodicidad en la publicación de nuestra revista, y sobre todo, la oportunidad de la edición, ya que será responsabilidad de todo el equipo, el que la revista inicie su distribución dentro del mes siguiente al tetramestre que contiene, pues con ello aseguraremos el permanente interés de sus colaboradores y lectores. Esperamos contar con la participación de los profesores de licenciatura y postgrado de nuestra facultad, de miembros de los poderes judicial federal y estatal, de destacados miembros del foro local, así como de profesores de otras universidades y de prestigiados tratadistas nacionales e internacionales. El propósito de esta nueva época en nuestra revista, es lograr su transformación formal y esencial, para ajustarla a los lineamientos que en este género de publicaciones, aconsejan la experiencia de las universidades e institutos de investigación jurídica. Así, se buscará proyectar una nueva imagen de este medio de comunicación, que además, tendrá circulación nacional e internacional, pues se hará llegar a las escuelas y facultades de derecho en el país, y desde luego, a los lugares de origen en el caso de los colaboradores internacionales. Con ello se establecerá entre nuestra facultad y los recipiendarios de la revista, un lazo común por la preocu- Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Dr. Valdemar Martínez Garza VII pación de los temas jurídicos de interés, y hará nacer una nueva relación que se fortalecerá a través del constante flujo de información derivada del intercambio de sus publicaciones y revistas, así como de invitaciones a seminarios, conferencias, cursos de actualización, etc. Además de la tradicional sección doctrinaria de la revista con las opiniones de prestigiados juristas sobre temas monográficos específicos, se incorporan a estos números de la cuarta época dos secciones: una que hemos denominado Nuestro acontecer, que contendrá las actividades académicas más relevantes de la facultad de derecho; y la sección de Jurisprudencia, que incluirá algunos precedentes tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como de los Tribunales Colegiados de Circuito, y desde luego, los valiosos comentarios a esas decisiones judiciales, que serán presentados por distintas personalidades del medio jurídico. Esperamos, en nombre de todos ios que de alguna manera participamos en la elaboración de esta revista, que les sea de gran interés, y desde luego, estamos abiertos a recibir sus comentarios, críticas y opiniones, en el afán de la superación de este medio de expresión. Dr. Valdemar Martínez Garza Director de la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.A.N.L. mayo I diciembre de 1993 �Lic. Ma. de Jesús Agui"e Maldonado 1 EL ABUSO SEXUAL LIC. MA. DE JESUS AGUIRRE MALDONADO* l. OBJETIVO Mostrar a través de esta investigación, una amplia visión sobre un grave problema: el abuso sexual. Al obtener una mayor información del tema, se propicia a la reflexión y toma de conciencia, además de cuestionar la culpabilidad tanto del agresor como de la víctima, ya que es todo un ambiente psicológico y social el que se mueve o altera frente a un suceso de este tipo. Es necesario mostrar la importancia de tomar partido en el problema y tomar una actitud seria, que pueda dar como resultado nuevas alternativas de solución y apoyo, o bien un proyecto de prevención dirigido a toda la sociedad en general, desde la familia, escuelas y autoridades que * Trabajo premiado con el 3er. lugar dentro del concurso de investigación jurídica Dr. Abelardo A. Leal Leal, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, U.A.N.L., celebrado en julio de 1992. mayo I diciembre de 1993 �El abuso sexual Lic. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado corresponda tomar decisiones ante tan desagradables delitos sexuales. el riesgo de que de no ser tratados por especialistas, pueden quedar bajo una situación traumática. 2 II. INTRODUCCION El tema que abordaremos, es dentro de nuestra legislación penal, de los más severamente sancionados: el de los delitos sexuales. Un problema crítico de nuestro tiempo, en el que no sólo las mujeres somos posibles víctimas de una agresión sexual, sino también los hombres. Nos referimos a las personas en general de cualquier edad y condición social. Al introducimos al tema nos referimos a sus antecedentes históricos en una forma breve, además de esbdiar ~n forma separada cada uno de los delitos contemplados en nuestro código penal para el estado de Nuevo León, como los son: los atentados al pudor, el estupro y la violación, desde su concepto, elementos y el bien jurídico que tutelan. Además haremos un estudio comparativo con el código penal federal en lo que se refiere a los delitos sexuales contemplados en ambos códigos, así como las penas impuestas a los infractores. Lo reprochable de estas conductas antijurídicas, es el acto de imponerle a una persona la relación sexual sin su consentimiento o bien con engaños. Es necesario agregar que en muchas ocasiones este delito se lleva a cabo en perjuicio de menores de edad, dejando en su memoria la huella imborrable de tan tristes acontecimientos, corriendo Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 3 En esta investigación, además de ocuparnos del estudio de los delitos sexuales, contemplaremos las causas que los generaron, el tratamiento que se debe dar a la víctima y al agresor, daremos a conocer mediante una encuesta realizada, el sentir de la sociedad, así como la opinión de profesionistas inmersos en el tema que nos ocupa. Para la comprobación de las hipótesis planteadas, es importante obtener la mayor información de lugares que nos pueden arrojar datos actualizados, como lo son las agencias del ministerio público especializadas en delitos sexuales y el centro de readaptación social en el estado de Nuevo León. Al finalízar esta investigación, daremos nuestras modestas conclusiones, esperando haber cumplido en alguna proporción con el planteamiento del mismo. Sobre la gravedad del problema que representan los abusos sexuales, causando gran repugnancia en la sociedad y de manera directa a la víctima, es de lo que nos ocuparemos enseguida. III. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 1. Planteamiento del problema Se encuentra adecuada a nuestras necesidades la legislación penal del estado, en relación a los delitos sexuales. mayo I diciembre de 1993 �4 El abuso sexual 2. Hipótesis a) Por el alto índice de delitos sexuales, fueron creadas las agencias del ministerio público, especiales para estos casos; b) En la mayoría de los casos, el agresor sexual y la víctima tienen un lazo, ya sea de parentesco o amistad; c) En el verano hay mayor índice de violaciones; d) Si las penas se adecuaran a los delitos sexuales, bajaría el índice de agresiones; e) A mayor información y orientación sobre el abuso sexual, menor sería el riesgo. 3. Variables Lic. Ma. de fesús Aguirre Maldonado 5 g) Cómo podemos prevenir los abusos sexuales; h) Trabajo de campo: encuesta social y entrevistas. 5. Técnicas de Investigación Para la realización de este trabajo, nos auxiliaremos de las siguientes técnicas: a) Los cuestionarios; b) La encuesta social; c) Las entrevistas. IV. ANTECEDENTES HISTORICOS a) La gran demanda de delitos sexuales y la necesidad de agencias especializadas que cuenten con personal multidisciplinario para su atención; b) La influencia del clima en el índice de violación; c) El control que se ejerce en la víctima y el empleo de la violencia moral; d) La individualización de la pena; e) La necesidad de una educación sexual adecuada. Al iniciar toda investigación debemos revisar sus antecedentes históricos, para poder lograr una mejor comprensión del mismo. 4. Marco teórico-conceptual Para llegar a la comprobación de las hipótesis planteadas debemos investigar a fondo el problema que nos ocupa. a) Los antecedentes históricos; b) El concepto de abuso sexual; c) La clasificación de los delitos sexuales; d) Causas generadoras del abuso sexual; e) El tratamiento de la víctima; f) Estudio comparativo entre el código penal del estado y el código penal federal; Al transportarnos al derecho romano nos damos cuenta que estaban considerados como delitos la violación, el rapto, el incesto, el adulterio, el estupro, el lenocinio y la pederastia. El delito de violación y el rapto violento eran considerados como delitos de coacción merecedores de pena extrema por el ultraje que representaban contra la libertad individual; el rapto voluntario, el adulterio de la mujer casada y el estupro se entendían como ofensas al pudor de la mujer, valorados como verdaderos robos contra el jefe de familia; el incesto, además de las ideas religiosas condenadoras de su práctica, era sancionable Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Para una mejor comprensión del tema que hemos planteado, es necesario hacer una breve reseña de sus orígenes. mayo I diciembre de 1993 �El abuso sexual Lic. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado como delito violador de los impedimentos matrimoniales, y la pederastia se reprimía de manera análoga al robo de hombres. Cabe mencionar, que en la época prehispánica, época de los aztecas y de los mayas, estaban considerados los delitos de adulterio, incesto, violación, estupro, y las penas eran de lo más crueles e inhumanas; por citar un ejemplo, en el delito de adulterio la pena era la lapidación o quebrantamiento de la cabeza entre dos lozas; en Ichcatlán a la mujer acusada se le descuartizaba y se dividían los pedazos entre los testigos. Estas culturas tenían penas muy severas y la pena de muerte era aplicada en diferentes formas: incineración, decapitación, descuartizamiento y machucamiento de la cabeza. Las penas eran aplicadas con una crueldad excesiva. De esta manera trataban de intimidar al individuo y lo obligaban desde su infancia a mantener una conducta decorosa. 6 A los delitos sexuales se les ha denominado de distintas formas, pero en lo que han estado de acuerdo en distintos países, es en que éstos afectan la honestidad sexual. González de la Vega los menciona de la siguiente manera: El código francés los denomina "atentados contra las costumbres"; el italiano, "delitos contra la moral pública y las buenas costumbres"; el alemán, "crímenes y delitos contra la moralidad"; el belga, "contra el orden de las familias y la moralidad pública"; algunos códigos norteamericanos, como los de Nueva York y California, hablan de delitos contra "la decencia y la moral pública"; el código de Perú "delitos contra las buenas costumbres"; el de Venezuela y el uruguayo "contra las buenas costumbres y el orden familiar"; el español, "delitos contra la honestidad". 1 El código penal mexicano de 1929, les llamó "delitos contra la libertad sexual", y se contemplaban, el delito de atentados al pudor, estupro, violación, rapto e incesto. En el código de 1931, se les denominó "delitos sexuales" y se encontraban, atentados al pudor, estupro, violación, rapto, incesto y adulterio, observando que en éste se incluye el adulterio. 1 Francisco González de la Vega. Derecho penal mexicano. Ed. Porrúa, México, 1980, 307 p. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 7 En el código penal federal vigente, bajo el título "delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual", encontramos los siguientes: hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, violación, incesto y adulterio. En el código penal para el estado de Nuevo León, bajo el título de "delitos sexuales", se encuentran, atentados al pudor, estupro y violación. V. ABUSO SEXUAL. CONCEPTO. La temática que hemos venido contemplando, debe ser analizada, después de conocer brevemente algunos antecedentes históricos, estableceremos algunos conceptos . que sirvan de apoyo, antes de estudiar cada uno de los delitos sexuales de nuestra legislación penal. mayo I diciembre de 1993 �8 El abuso sexual Para poder denominar con propiedad como sexual a un delito, se requiere que en el mismo se reúnan dos condiciones o criterios regulares: a) Que la acción típica del delito, realizada positivamente por el delincuente en el cuerpo del ofendido o que a éste se le hace ejecutar, sea directa e inmediatamente de naturaleza sexual; y b) Que los bienes jurídicos dañados o afectados por esa acción sean relativos a la vida sexual del ofendido. 2 Entendemos por abuso sexual, a la acción típica de un delito ejecutada físicamente en una persona sin distinción de edad, sexo y condición social. La acción típica debe ser de naturaleza sexual y la conducta del delincuente se debe manifestar en actividades, como tocamientos libidinosos, caricias malintencionadas, ayuntamiento sexual normal o anormal, produciendo en la víctima un daño o peligro a los intereses que se tutelan, su libertad y seguridad sexual. Queda bien establecido, que abuso sexual es el apro,·echamiento sexual de una persona, poniendo en peligro su libertad sexual o su seguridad sexual. VI. CLASIDCACION DE LOS DEUTOS SEXUALES 1. Atentados al pudor Nos referimos al primer delito sexual contemplado en el código penal vigente en el estado de Nuevo León, en el 2 Francisco González de la Vega. Derecho penal mexicano. Ed. Porrúa, México, 1980, 306 p. Revista de la Facultad de De, ·lw y Ciencias Sociales Lic. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado 9 artículo 259 que a la letra dice: "Comete el delito de atentados al pudor, el que sin consentimiento de una persona púber o impúber, o con el consentimiento de esta última, ejecuta en ella, o en una persona que por cualquier causa no pudiera resistir un acto erótico sexual, sin el propósito directo de llegar a la cópula". En este tipo de delito son los tocamientos libidinosos, y se pueden ejecutar en cualquier persona sin distinción de edad, o sexo, siempre y cuandq no exista el consentimiento del pasivo, pero nos señala el mismo artículo, que cuando la persona fuera impúber o bien se encuentre en ciertas circunstancias en que le es imposible su consentimiento o que al darlo no sabe de la trascendencia de sus actos, se estaría cometiendo el mismo ilícito. Es lógico, pensar que . cuando un niño de escasa edad, da su consentimiento para que se le acaricie, lo hace sin pensar en la malicia del sujeto activo, sobre todo si el agresor es un miembro de la familia o un conocido. Asimismo, las personas que se encuentran afectadas de sus facultades mentales. ¿Cómo se maneja en nuestro código el pudor? pudor viene siendo, la honestidad, recato, castidad". 3 "El Otro aspecto importante en este delito es la última parte, cuando nos señala, sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula. ¿Cómo a medir los propósitos del agresor? 3 Ramón García Pelayo. Pequeño Larousse. Ecl. Larousse, México, 1974, 729 p. mayo I diciembre de 1993 �El abuso sexufll Lic. Ma. de Tesús Agui"e Maldonado Los atentados al pudor es un intento de violación, que por alguna circunstancia el sujeto activo no llega a la consumación, pero existe la intimidación y la satisfacción de una pasión sexual. Del anterior concepto sacaremos los elementos que integran el delito de estupro: l. Acción de cópula; 2. Con mujer casta y honesta; 3. Que la mujer sea mayor de trece años y menor de dieciocho; y 4. Que se obtenga su consentimiento por medio de la seducción o el engaño. 10 El sujeto activo del delito puede ser cualquier persona, ya sea hombre o mujer; asimismo, el sujeto pasivo puede ser tanto hombre como mujer, ya que se trata de un acto erótico sexual, sin existir el ayuntamiento. Después de haber analizado el concepto de atentados al pudor, señalaremos sus elementos: l. Ejecución en la víctima de un acto erótico-sexual distinto al ayuntamiento; 2. Ausencia de propósito directo e inmediato de llegar a la cópula; y 3. Que dicho acto se efectúe: a) sin el consentimiento de la persona púber; o b) con o sin el consentimiento de persona impúber. Entendemos por cópula, la introducción del órgano masculino en el cuerpo de la mujer. El verbo copular, del latín copulare, en su carácter · reflexivo, indica unirse o conjuntarse carnalmente, pudiéndose notar que esta conjunción erótica no implica limitaciones en cuanto a la vía en que se realice o al modo como se opere. 4 En este tipo de delito, entendemos que es necesario para su consumación, la introducción del elemento masculino en la vagina, que es el elemento femenino. El bien jurídico tutelado en este delito es la libertad sexual de la víctima cuando es púber, y la seguridad sexual cuando es impúber. Como consecuencia de la cópula, en el estupro puede apreciarse, el examen reciente, la desfloración cuando se trate de una doncella, pero no es indispensable esta integridad anatómica para la consumación del delito, puesto que puede haber estupro en una viuda, siempre y cuando se reúnan los cuatro elementos señalados. 5 2. Estru.pro Se refiere al estupro, el artículo 262 del código penal vigente en el estado: "Comete el delito de estupro, el que tenga cópula con mujer casta y honesta, mayor de trece años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de seducción o engaño". Re'l'ista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 11 4 Francisco González de la Vega. Derecho penal mexicano. Ecl. Porrúa, México, 1980, 383 p. 5 Salvador Martínez Murillo. Medicina legal. Ed. librería de medicina, México, 1981, 268 p. • mayo / diciembre de 1993 �12 El abuso sexual Lic. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado En el .segundo de los elementos, mencionamos la castidad y honestidad del pasivo, al mencionar la palabra castidad inmediatamente la relacionamos con sinónimo de pureza en la mujer, refiriéndonos a su virginidad, por diferentes circunstancias deja de ser casta. dar su consentimiento, y es muy sencillo obtener su con.sentimiento por medio del engaño, aunque podríamos pensar que en la actualidad las mujercitas de esta edad son sorprendentemente precoces, pero no han alcanzado la madurez necesaria que requiere un noviazgo previo al matrimonio. Puede existir castidad y no virginidad, o bien lo contrario: cuando el desgarramiento del himen se ha producido por un accidente o por una violación, o por una intervención quirúrgica necesaria, etc., o bien tratándose de mujer casada cuyo acceso carnal marital sea conforme a las prácticas naturales. Puede existir virginidad y no castidad en las prostitutas que pueden estar dotadas por naturaleza de "himen complaciente". En la mujer soltera o viuda la castidad existe cuando hay abstinencia de acceso carnal con varón o de prácticas erótico-sexuales con varón o con mujer. 6 El último de los elementos, la obtención del con.sentimiento por medio de la seducción o el engaño. La seducción y el engaño, medios operatorios puestos en obra por el activo para lograr el fraude amatorio en que consiste el estupro, integran el dolo específico de obtención de la cópula fraudulentamente, pues el estupro es a los delitos sexuales lo que el fraude a los delitos contra la propiedad. Una cierta seducción y hasta un cierto engaño son connaturales al normal diálogo amatorio; pero el dolo específico en su empleo, requerido para que exista la culpabilidad del agente, se caracteriza por la intención ulterior del mismo -lograr la cópula-, para lo cual la seducción y el engaño constitutivos del estupro ofrecen características apropiadas: reiteración, adecuación a la resistencia que encuentren en el pasivo y a la personalidad propia de éste así como a las circunstancias y situaciones del caso, graduación oportuna, etc.; y todo ello instado por el avieso propósito que se persigue. El empleo adecuado de esos medios operatorios como causa eficiente logra la obtención del consentimiento del pasivo como efecto necesario. Por virtud de este nexo causal el consentimiento está viciado de nulidad. 7 La honestidad es la actitud decorosa y correcta de una persona, en este caso el precepto es de carácter sexual y consi'>te en el recato y pudor, decencia, moderación de la persona en acciones y palabras, la buena reputación de la mujer por su correcta conducta erótica. La mujer debe ser mayor de trece años y menor de dieciocho, en lo que se refiere a este elemento, observamos, que nuestra legislación trata de proteger a las menores de edad, y no sólo esto, sino que tutela la seguridad de las posibles víctimas menores de los trece años, y es porque una mujer menor de esta edad no tiene posibilidad real de 6 Raúl Carrancá y Trujillo, Raúl Carrancá y Rivas. Código penal anotado. Ed. Porrúa, México, 1990, 640 p. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 13 7 Raúl Carrancá y Trujillo, Raúl Carrancá y Rivas. Código penal anotado. Ed. Porrúa, México, 1990, 642 p. mayo I diciembre de 1993 �Lic. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado El abuso sexual 14 El sujeto activo del delito es el hombre, y el sujeto pasivo la mujer, como única posible víctima de este delito, ya que no puede existir la promesa de matrimonio entre dos hombres. 3. Violación El delito de violación merece un estudio especial, por considerarlo el más grave dentro de los delitos sexuales. Se encuentra establecido dentro del código penal en vigor, en el artículo 265: "Comete el delito de violación, el que por medio de violencia física o moral tiene cópula con una persona, sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo". Cuando el consentimiento carnal sobre una persona renuente y se logra por el uso de la violencia verdadera o presunta, surge el delito más grave de violencia carnal que absorbe cualquier otro en razón de la doctrina de la prevalecencia. 8 Además de la ofensa erótica que representa, sus medios violentos de comisión implican intensos peligros o daños a la paz, la seguridad, la tranquilidad psíquica, la libertad personal, la integridad corporal o la vida de los pacientes. 9 Es importante señalar la nueva figura que aparece en nuestro código penal y que a nuestro parecer es un delito equiparable a la violación, el artículo 268 señala: "Se sancionará con la pena impuesta para el caso de delito de violación, a la persona que por algún medio mecánico artificial o de cualquier otra naturaleza, penetre en el órgano sexual o rectal de la víctima, o le imponga una relación oral libidinosa"; teniendo en cuenta, en el caso de menores, las penalidades que se refiere el artículo 266 (el cual veremos más adelante). En el código penal anterior no estaba contemplada esta circunstancia importantísima, existen personas que se satisfacen al utilizar instrumentos para dañar a otra persona y no les importa hacer cualquier cosa con tal de saciar sus bajos impulsos eróticos, y en ocasiones llegan incluso a la muerte para eliminar a la víctima de estos actos de crueldad y salvajismo. Los psicólogos, en la actualidad, admiten que existen cuatro tipos de violaciones: 11 a) Aquellos en los cuales la violación se efectúa, como medio simbólico de herir o de buscar desquite en contra de una mujer, con la que tuvo desventuras; b) Como método de demostrarse a sí su propia virilidad o de autoevaluarse cuando se sabe que no se vale nada; c) En los casos que se presenta la oportunidad y procurar darse una autosatisfacción o gratificación sexual, en amargados o gente de escaso valor moral; Según cita de Celestino Porte Petit: considera a la violación, "como el acceso carnal logrado contra la voluntad de la víctima". 10 Mariano Jiménez Huerta. Derecho penal mexicano. Ed. Porrúa, México, 1982, 250 p. 9 Francisco González de la Vega. Derecho penal mexicano. Ed. Porrúa, México, 1980, 380 p. 1° Celestino Porte Petit. Ensayo dogmático sobre el delito de violación. Ed. Porrúa, México, 1985, 12 p. 8 Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 15 Foro de consulta popular sobre delitos sexuales. Ed. talleres gráficos de la cámara de diputados, México, febrero de 1989, 299 p. 11 mayo I diciemure de 1993 �El abuso sexual 16 d) La violación que efectúan los individuos sádicos, por el solo placer de causar dolor, como medio de obtener satisfacción sexual; desde luego este último tipo es el más peligroso, pues muchas veces prefiere la lesión y la herida, al hecho mismo del coito. En el delito de violación el bien jurídico que se protege concierne a la libertad sexual, contra la que, el yacimiento impuesto por medio de la violación sea física o moral, constituye el máximo ultraje, toda vez que el violador realiza la conducta criminal utilizando la fuerza material para someter a su víctima, anulando así la resistencia, o bien por el empleo de amagos o amenazas de un mal grave, logrando con ello la intimidación del sujeto pasivo, quien para evitar otros daños sufre en su cuerpo un acto sexual que realmente no ha querido, ofendiéndose así el derecho personal a la libre determinación sexual. Lic. Ma. de /esús Aguirre Maldonado b) Que esa cópula se efectúe en persona de cualquier sexo; c) Empleo de violencia física o moral. Algunos autores consideran que sólo existen dos elementos de esta figura delictiva, tal es el caso de Mariano Jiménez Huerta, quien señala como elementos: "a) La cópula; y b) La violencia física o moral o la edad menor de doce años del sujeto pasivo u otras causas que impiden a éste producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o resistir". 13 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto: Las constitutivas de este delito son: el ayuntamiento; que éste se verifique por medio de la violencia física o moral y que el agente pasivo no preste su voluntad; las señales de violencia que presente dicho agente pasivo, si no se comprueba que fueron el resultado de actos para vencer su falta de voluntad, no pueden ser elemento para considerar que existe el delito. 14 El bien jurídico tutelado en el delito de violación, es el derecho que al ser humano corresponde de copular con la persona que libremente su voluntad elija y de abstenerse de hacerlo con quien no fuere de su gusto o agrado. 12 Los elementos constitutivos del delito de violación se desprenden de la definición que hace nuestro código penal: a) Una acción de cópula normal o anormal; 17 Estudiaremos en forma separada los elementos que constituyen el delito de violación: PRIMER ELEMENTO. Entendemos por cópula la relación sexual, el contacto físico del miembro viril en una 13 Mariano Jiménez Huerta. Derecho penal mexicano. Ed. Porrúa, México, 1982, 251 p. 12 Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Mariano Jiménez Huerta. Derecho penal mexicano. Ed. Porrúa, México, 1982, 252 p. 14 Celestino Porte Petit. Ensayo dogmático sobre el delito de violación. Ed. Porrúa, México, 1985, 13 p. mayo I diciembre de 1993 �18 El abuso sexual Lic. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado cavidad vaginal, que es el vaso idóneo para practicarla. Pero al referimos a la cópula anormal, se refieren a la relación anal o bucal. SEGUNDO ELEMENTO. Que la cópula se efectúe en persona de cualquier sexo, tratándose de violación, el sujeto pasivo puede ser cualquier persona sin distinción de sexo, edad, situación social y económica. Salvador Martínez Murillo establece: Son posibles víctimas de la violación todos los seres humanos: varones y mujeres; vírgenes o no; en edad infantil, juvenil o adulta; ligados o no por el matdmonio; de vida sexual honesta o impúdica. 16 Cópula es específico, coito es genérico, puesto que puede efectuarse fuera de la condición normal, así puede haber coito anal, coito perineal, coito bucal. 15 En el ayuntamiento sexual, no es necesario el derrame seminal o eyaculación para que exista cópula. Es importante señalar que cuando la violación recae en una mujer púber, y en el acto tiene una perfección fisiológica, dando origen a su preñez, la víctima en este caso, está en todo el derecho de poder determinar si el producto de la violación nace o lo aborta, en este caso se encuentra amparada, citaremos el artículo 331 del código punitivo en vigor, en su segundo párrafo dice: "No se aplicará sanción en el aborto cuando el producto sea a consecuencia de una violación". Queda entonces la víctima en libertad de elegir, ya que su proceder estaría justificada, por tratarse de un acto violento sufrido en su cuerpo. Podríamos señalar tres tipos de cópula: la cópula de hombre a mujer por vía normal; la cópula de hombre a mujer por vía contra natural (anal y oral); y la cópula de hombre a hombre. 15 Salvador Martínez Murillo. Medicina legal. Ed. librería de medicina, México, 1981, 268 p. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 19 El hombre como sujeto pasivo de la violación. Como ya se había señalado anteriormente, existe la cópula anormal de hombre a hombre, aunque podemos pensar que cuando el pasivo se resiste,. es muy difícil poder lograr la cópula cuando éste tiene la misma condición física. El abuso sexual al menor constituye consecuencias muy serias, ya que es sumamente difícil que un infante se ajuste a las necesidades de un adulto; nos damos cuenta de muchos casos de violación a los menores. Por lo regular las personas que abusan sexualmente de éste, son con mayor frecuencia miembros de la familia, amigos y vecinos. Basta la autoridad y el poder de persuadir que un adulto tiene sobre el niño para que se establezca el contacto sexual. Un niño que ha sido abusado sexualmente distorsiona su visión del mundo y sus capacidades afectivas. La mayoría de las violaciones se ejecutan en mujeres, la mujer siempre considerada como el sexo débil, y también 16 Foro de consulta popular sobre delitos sexuales. Ed. talleres gráficos de la cámara de diputados. México, febrero de 1989, 384 p. mayo I diciembre de 1993 �20 El abuso sexual Lic. Ma. de fesús Aguirre Maldonado como símbolo sexual, ha sido ultrajada y objeto de satisfacción por parte de depravados sexuales. El cónyuge tiene, de acuerdo al matrimonio, derecho a la cópula normal exenta de circunstancias que la maticen de ilicitud. Por tanto, al realizarla, ejercita un derecho. Ahora bien, al efectuarse dicha cópula por medio de la violencia física o moral, está ejercitando ilegalmente su derecho; en consecuencia, no lo puede amparar una causa de licitud, habida cuenta que para que el ejercicio origine el aspecto negativo de la antijuridicidad, debe ser un ejercicio legítimo. Por otra parte, no obstante que se realice la cópula violentamente, no existe el delito de violación, ya que el sujeto tiene derecho a la cópula aún cuando 16 ha ejercitado indebidamente, originándose o debiéndose originar en todo caso un diverso ilícito penal; no produciéndose el delito de violación. 18 Existe la violación en mujeres de conducta sexual deshonesta, tal es el caso de las prostitutas, que no por el hecho de llevar una vida impúdica, deben tolerar que se ejecuten en ellas actos libidinosas o de crueldad que no haya aceptado, pues no por su falta de honestidad, no tienen derecho a elegir con quien realizar sus actos sexuales, no olvidemos que sigue siendo un ser humano capaz de sentir. La prostitución de una mujer no lleva consigo la renuncia de sus derechos personales, hasta el punto de no poder ejercer libremente su voluntad aceptando o rechazando las proposiciones que se le hagan. 17 Francisco González de la Vega establece: Reconocida la licitud de la cópula matrimonial y aceptando el derecho legal a su realización, puede pensarse que el marido que por la fuerza impone su cumplimiento a la esposa renuente no comete el delito de violación por ausencia de antijuridicidad de su conducta y porque le asiste el excluyente de responsabilidad de obrar en el ejercicio de un derecho reconocido por la ley, agrega además, si se aceptara la supuesta juridicidad de la cópula material impuesta por la fuerza, al menos tendría que reconocerse que la justificación no podría cubrir los casos que se forzarse a la esposa a ayuntamientos ilícitos, contrarios a los fines del matrimonio o en sí mismos delictuosos, tales como: el forzamiento contra el orden natural (ilícito por contrario Violación en el matrimonio: un terna bastante importante de señalar. Es necesario señalar primeramente el derecho de los esposos de tener una relación sexual activa con su pareja. Pero esta relación en el matrimonio nunca se debe manchar de matices de abuso y crueldad en la relación sexual, la relación de una pareja, cuando todo se hace de mutuo acuerdo llega a ser de gran bienestar para ambos y para la familia en general. Analicemos lo que opinan algunos autores respecto a la violación entre cónyuges. Celestino Porte Petit señala: 17 Francisco González de la Vega, Derecho penal mexicano. Ed. Porrúa, México, 1980, 389 p. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 21 18 Celestino Porte Petit. Ensayo dogmático sobre el delito de violación. Ed. Porrúa, México, 1985, 56 p. mayo I diciembre de 1993 �22 Lic. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado El abuso sexual al objeto del matrimonio y a las buenas costumbres), o cuando el marido violentador esté enfermo de males venéreos o de dolencias serias en período infectante (por el peligro de contagio que sería constitutivo de delito). 19 Es cierto que los cónyuges tienen derecho a una relación sexual activa, pero recordemos brevemente el artículo 17 constitucional, que establece: "Ninguna persona. podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.... " ¿Qué pasa cuando dentro del matrimonio se viola este principio, cuando la cópula se realiza contra natura o en forma por demás libidinosa, sin tener el consentimiento por parte de la esposa?, o bien, en ocasiones cuando la mujer está indispuesta por una circunstancia especial (menstruación, embarazo o reciente parto) hay quienes no respetan estas circunstancias, durante las cuales no puede haber una relación sexual satisfactoria para ambos cónyuges, y si a esto le agregamos, cuando el esposo llega a su hogar en estado de embriaguez y obliga a su cónyuge a sostener una relación en contra de su voluntad. .. En los casos antes descritos, ¿será posible que no exista violación?. Para mí sí la hay. Es tiempo que la mujer deje de ser tratada como un objeto, los derechos de la mujer han venido evolucionando y día a día se le reconoce su capacidad intelectual y profesional. La mujer en el hogar debe ser tratada con respeto, no como un ser inferior incapaz de sentir y de opinar. 19 Francisco Gonz.ález de la Vega. Derecho penal mexicano. Ed. Porrúa, México, 1980, 400 y 401 pp. Revista de la Facultad de Derecho y Ciendas Sodales 23 Sujeto activo, en el delito de violación. Siempre se ha dicho que el hombre, es el único posible sujeto activo; es el poseedor del miembro viril indispensable para la cópula. Sebastián Soler manifiesta: "claro está que la mujer puede cometer actos impúdicos corno sujeto activo, pero esos actos o serán ultrajes al pudor, o serán corrupción, o no serán nada." Es necesario que recordemos el artículo 268 del rnulticitado código penal, d,;mde se establecen sanciones para las personas que introduzcan en el órgano sexual o rectal de la víctima un instrumento, o le imponga una relación oral libidinosa; de este artículo podemos derivar, que en el delito de violación sí es posible que el sujeto activó sea tanto un hombre como una mujer, ya que no es necesario la existencia de la cópula para la existencia de un delito equiparado a la violación, la mujer también puede hacer uso de estos instrumentos para dañar sexualmente a una persona, sobre todo si esta persona es más débil que ella y ejerce un control sobre la víctima. VII. ESTUDIO COMPARATIVO DEL CODIGO PENAL DE NUEVO LEON CON EL CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL El estudio comparativo que se hace es referente a los delitos sexuales, en cuanto al título y clasificación que se hace en cada código, así como las penas que se establecen y las modalidades. mayo I diciembre de 1993 �25 El abuso sexual Lic. Ma. de !esús Aguirre Maldonado El código penal federal, los titula delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, y los clasifica: hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, violación, incesto, y adulterio. A diferencia del código penal de Nuevo León, que los denomina bajo el título de delitos sexuales: atentados al pudor, estupro y violación. Enseguida al referimos al código penal del Distrito Federal, lo haremos con sus iniciales "C.P.D.F." y al código penal de Nuevo León "C.P.N.L.". dado que esta figura representa el asedio de que muchas mujeres son objeto dentro y fuera de sus lugares de trabajo y aún en su propio domicilio, por personas sin escrúpulos. Aunque en muchas ocasiones no denuncian los hechos o bien por quedarse sin trabajo o bien por no verse envueltas en un escándalo. 24 C.P.D.F. Art. 259 bis. Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta días de multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilice los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo. Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño. Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de la parte ofendida. C.P.N.L. En este código no esta contemplada la figura de hostigamiento sexual. NOTA: El acoso sexual es una novedad dentro de la legislación penal. Creo que la pena pecuniaria de cuarenta días de multa no es ia apropiada, debería de aumentarse, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales En el segundo párrafo se manifiesta de la punibilidad sólo en caso de que se le cause perjuicio o daño, creo que por el hecho de sentirse hostigada sexualmente se les produce un problema psicológico, es como estar acorraladas. C.P.D.F. Art. 260. Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual o la obligue a ejecutarlo, se le impondrá pena de tres meses a dos años de prisión. Si se hiciere uso de la violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentarán hasta en una mitad. Art. 261. Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual en una persona menor de doce años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho que por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de seis meses a tres años de prisión, o tratamiento en libertad o semilibertad por el mismo tiempo. Si se hiciere uso de la violencia física o moral, la pena será de dos a siete años de prisión. C.P.N.L. Art. 259. Comete el delito de atentados al pudor, el que sin consentimiento de una persona, púber o impúber, mayo I diciembre de 1993 �26 Lic. Ma. de Tesús Aguirre Maldonado El abuso sexual o con consentimiento de esta última, ejecute en ella, o en una persona que por cualquier causa no pudiere resistir un acto erótico sexual, sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula. Art. 260. Al responsable de este delito se le impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de una a diez cuotas. Si el delito se ejecutare con violencia física o moral, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de seis a quince cuotas. Para los efectos de la violencia moral a que se refiere el párrafo anterior, y sin constituir una limitación, siempre se entenderá que existe aquélla cuando el responsable tenga las condiciones que previene el artículo 269. Art. 261. El delito de atentado al pudor sólo se castigará cuando se haya consumado. NOTA: En ambos códigos se maneja el delito, pero con distinta denominación en el C.P.D.F. se llama abuso sexual y en C.P.N.L. es atentados al pudor. En los dos se establecen disposiciones especiales para las personas impúberes y para los incapacitados. El C.P.D.F. maneja la edad de menor de doce años para que no tenga validez su consentimiento, y el C.P.N.L. lo deja más abierto, a si la persona es impúber. En ambos se maneja que no debe haber el propósito de llegar a la cópula (como lo van a distinguir), pero en estos códigos se marcan diferencias en cuanto a la pena del sujeto. En el C.P. D.F. pena de tres meses a dos años de prisión, si es con violencia seis meses a tres años de prisión o tratamiento de libertad o semilibertad, si se hace uso de la fuerza física o moral, de dos a siete años de prisión. En el C.P.N.L. de uno a cinco años de prisión y multa de una a diez cuotas, si se utiliza Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 27 violencia física o moral de dos a seis años de prisión y multa de seis a quince cuotas. Si el responsable tiene parentesco consanguíneo, por afinidad ~ civil c~~, la víctima la pena se aumenta de dos a cuatro anos de pns10n, o si el agresor ejerce autoridad sobre el ofendido el aumento será de uno a tres años. C.P.D.F. Art. 262. Al que tenga cópula con persona mayor de doce años y menor de dieciocho, obtenido su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión. C.P.N.L. Art. 262. Comete el delito de estupro, el que tenga cópula con mujer casta y honesta, may.or de trece años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de la seducción o engaño. C.P.D.F. Art. 263. En el caso del artículo anterior no se procederá contra el sujeto activo, sino por queja del ofendido o de sus representantes. C.P.N.L. Art. 263.- Al responsable del delito de estupro se le aplicará prisión de uno a cinco años, y multa de seis a quince cuotas. Art.264.- No se procederá contra el responsable del delito de estupro, sino por queja de la mujer ofendida o de sus padres; o a falta de éstos de sus legítimos representantes. Cuando el acusado contraiga matrimonio con la ofendida, cesará toda acción para perseguirlo. mayo I diciembre de 1993 �28 El abuso sexual NOTA: En referencia al estupro se establece en ambos códigos como elementos indispensables la cópula, en el C.P.D.F. con mujer de doce y menor de dieciocho años; en el C.P.N.L. la edad de la víctima será mayor de trece y menor de dieciocho. En cuanto al consentimiento deberá ser logrado mediante el engaño en uno y en otro la seducción y el engaño. La pena establece en el primero de tres meses a cuatro años de prisión y en el segundo prisión de cinco años y multa de seis a quince cuotas, existe diferencia de penas. En los dos códigos es a instancia de parte ofendida. C.P.D.F. Art. 265. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a catorce años. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal y oral, independientemente de su sexo. Se sancionará con prisión de tres a ocho años, al que introduzca por vía vaginal y anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. C.P.N.L. Art. 265. Comete el delito de violación, el que por medio de la violencia física o moral tiene cópula con una persona, sin la voluntad de ésta sea cual fuere su sexo. C.P.D.F. Art. 266. Se equipara a la violación y se sancionará con la misma pena: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Lic. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado 29 1.- Al que sin violencia realice cópula con persona menor de doce años de edaq; y 11.- Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo. Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentarán en una mitad. Art. 266 bis. Las penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando: 1.- El delito fuere cometido por un ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro o amasio de la madre del ofendido en contra del hijastro. Además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela, en los casos en que la ejerciere sobre la víctima; 11.- ... III.- El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo público o ejerza su profesión, utilizando los medios o circunstancias que ellos le proporcionen. Además de la pena de prisión el condenado será destituido del cargo o empleo suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión; y IV.- El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en el depositada. C.P.N.L. Art. 266. La sanción de la violación será de cinco a doce años de prisión si la persona ofendida pasare de trece años; si fuere menor de trece años y mayor de once, la pena será seis a quince años de prisión; y si fuere menor de once años de edad la pena será de diez a mayo I diciembre de 1993 �30 Lic. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado El abuso sexual veintidós años de prisión. Si la violación se comete en perjuicio de mujer virgen y honesta, la pena de prisión se aumentará hasta cinco años más. La tentativa de violación propia, y figuras equiparadas en grado de tentativa, se sancionarán con una pena de ·dos a ocho años seis meses de prisión. NOTA: El delito de violación, de los más repudiados por la sociedad. En el C.P.D.F. no especifica en los artículos del delito que se trata. En el C.P.N.L. al iniciar el artículo especifica del delito que se está tipificado. En el concepto que da de la violación el C.P.N.L. se presume que al mencionar por medio de la violencia física o moral existe ausencia de voluntad de la víctima. El C.P.D.F. especifica qué se va a entender por cópula, ambos códigos señalan como violación equiparable la introducción de objetos a la víctima por vía vaginal, anal, pero únicamente el C.P.N.L. establece la imposición de la relación oral libidinosa, las penas varían en el C.P.D.F., van de ocho a catorce años de prisión, pero si la víctima es menor de doce años de edad o tiene una incapacidad se le aumenta hasta una mitad a la mínima a la máxima. En el C. P. N.L. la pena es muy variable, se aplica según la edad de la víctima como ya se estableció en el artículo 266 y es hasta veintidós años de prisión y se aumenta si la persona es virgen y honesta hasta cinco años más. En ambos códigos existe el equiparable a la violación, cuando la víctima es en uno, menor de doce años, en el otro menor de trece años o bien sobre una persona incapacitada y han dado su consentimiento. Cabe agregar que en C.P.D.F. la pena en la introducción de objetos es de tres a Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 31 ocho años de prisión, en cambio en el C.P.N.L. se sanciona con la misma pena que la violación, y en este caso si el responsable tiene parentesco o algún lazo de amistad, trabajo, etc. con la víctima se aumenta de dos a cuatro años de prisión; lo raro es que esta disposición no aparezca para el artículo 266. Se aumenta la pena si la violación es cometida por dos o más personas. C.P.D.F. Arts. 267,268,269,270,271 (derogados). Eran referentes al rapto. C.P.N.L. Art. 267.- Se equipara a la violación y se castigará como tal, la cópula con persona menor de trece años de edad, o con persona aunque sea mayor de edad que se halle sin sentido, que no tenga expedito el uso de la razón, o que por cualquier causa no pudiere resistir la conducta delictuosa, como en el caso de retraso mental o psicosis. Art. 268.- Se sancionará con la pena impuesta para el caso de delito de violación a la persona que por algún medio mecánico, artificial o de cualquier otra naturaleza, penetre en el órgano sexual o rectal de la víctima, o le imponga una relación oral libidinosa; teniendo en cuenta, en el caso de menores las penalidades a que se refiere el artículo 266. Art. 269. - A las sanciones señaladas en la segunda parte del artículo 260 y en los artículos 263 y 268, se aumentará de dos a cuatro años de prisión, cuando el responsable tenga parentesco consanguíneo, por afinidad o civil con la persona ofendida, o la cópula sea contra el mayo I diciembre de 1993 �Lic. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado El abuso sexual 32 orden natural. El aumento será de uno a tres años de prisión cuando el agente ejerciere autoridad sobre la persona ofendida o fuere su tutor o maestro, o cometiere el delito al ejercer su cargo de empleado o funcionario público, médico, cirujano, dentista, o ministro de algún culto. Art. 270.- Los responsables de que se trata en la parte final del artículo anterior, quedarán inhabilitados para ser tutores, y podrá el juez suspenderlos desde uno hasta cuatro años en el ejercicio de su profesión u oficio. Además el empleado o funcionario público será destituido de su cargo. Art. 271.- Si la violación se comete con intervención directa e inmediata de dos o más personas, a la persona que corresponda se aumentará de seis meses a ocho años de prisión. 33 Se aplicará esta misma sanción en caso de incesto entre hermanos. Art. 273.- Se aplicará prisión de dos años y privación de derechos civiles hasta por seis años, a los culpables de adulterio cometido en el domicilio conyugal o con escándalo. Art. 274.- No se podrá proceder contra los adúlteros sino a petición del cónyuge ofendido; pero cuando éste formule su querella contra uno solo de los culpables se procederá contra los dos y los que aparezcan como codelincuentes. Esto se entiende en el caso de que los dos adúlteros vivan, estén presentes y se hallen sujetos a la acción de la justicia del país; pero cuando no sea así, se proceder.á contra el responsable que se encuentre en estas condiciones. Art. 275.- Sólo se castiga el adulterio consumado. Se entiende por intervención directa o inmediata, actos de violencia o ayuntamiento sexual. C.P.N.L. El delito de rapto no está dentro de los delitos sexuales, aparece en el código en el título de delitos contra la libertad. (Art. 359). En el título de delitos contra la familia aparece el delito de incesto (Art. 277 C.P.N.L.). C.P.D.F. Art. 272.- Se impondrá la pena de uno a seis años de prisión a los ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus descendientes. La pena aplicable a éstas últimas será de seis meses a tres años de prisión. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Art. 276.- Cuando el ofendido perdone a su cónyuge, cesará todo procedimiento sino se ha dictado sentencia, y si ésta se ha dictado, no producirá efecto alguno. Esta disposición favorecerá a todos los responsables. C.P.N.L. En el C.P.N.L. esta figura de adulterio desaparece como delito en 1981 después de 47 años de vigencia. Deja de existir el adulterio por el escaso número de procesos ya que sólo se habían dado dos o tres procesos durante su vigencia. Las sanciones que se señalaban eran leves se tipificaba igual que en el C.P.D.F. cuando el adulterio se realizaba con escándalo o en el domicilio conyugal. mayo I diciembre de 1993 �34 El abuso sexual El adulterio se mantiene como causal de divorcio en el código civil del estado, pero ya no se tipifica como delito, esto se hizo para evitar graves daños a la familia y especialmente a los hijos. VIll. CAUSASGENERADORASDELABUSOSEXUAL En este apartado, trataremos de estudiar las causas que pueden intervenir para que se produzca un abuso sexual: l. Influencia del medio ambiente; 2. Influencia de los medios de comunicación; y 3. El factor psicológico. Nos referimos de cada una por separado, al mencionar estas tres causas, no tratamos de decir que sean las únicas, pero creemos que son las más comunes. 1. Influencia del Medio Ambiente Dentro de la influencia del medio ambiente, nos vamos a referir a la promiscuidad, la familia como el ente primordial de la sociedad, es en ella, donde nace la promiscuidad, el habitar padres e hijos, hermanas y hermanos, en la misma habitación, cuando no existe la privacidad que requiere el matrimonio para su satisfacción sexual, tan normal en toda pareja bien avenida, pero si no se tiene un lugar privado y se hace en la misma habitación donde duermen padres e hijos, se va creando un ambiente propicio, donde se despierta el apetito sexual prematuro de los hijos, o donde los padres depravados se dan cuenta de que sus hijas se han convertido en unas jovencitas y empiezan a tener fantasías, desde ese momento se inicia un Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Lic. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado 35 acoso sexual por parte del padre hacia sus hijos, donde el deseo aumenta y se hace incontrolable, hasta el grado de atacar a sus hijas sexualmente. Aquí no hablamos de incesto, hablamos de violación, del tipo de violación que más nos repudia. En ocasiones también sucede entre jóvenes y niñas frente a sus parientes cercanos, como son los hermanos, tíos, padrastros, otros allegados como padrinos, amigos de la casa, ya que se aprovechan de su relación de proximidad y autoridad sobre la víctima para controlarla utilizando la intimidación, así como la amenaza. Otro factor importante es la pornografía, en los últimos años la pornografía ha evolucionado notablemente, las personas que comercian con esto, tienen ganancias millonarias; pero lo que nos interesa estudiar son los efectos que la pornografía produce en las personas. Al hablar de pornografía nos referimos a las desviaciones sexuales, que se hacen a través de revistas, periódicos, cine, televisión, video-cassettes, mediante la explotación a nivel masivo, tienden a excitar el apetito sexual del individuo. Los consumidores de la pornografía se pueden ver a todos los niveles socio-económicos, pero los más comunes, la mayor demanda está en los de la clase baja, de escasa cultura, los cuales son presa fácil de las bajas pasiones, se crean a su alrededor fantasías eróticas, perdiendo su sensibilidad afectiva. Investigadores del FBI argumentan que muchas revistas pornográficas y pseudopoliciales son en realidad manuales de violación, asesinato y guías para muerte auto-erótica. mayo / diciembre de 1993 �36 El abuso sexual Se han registrado varios casos caratulados como suicidios, que en realidad fueron accidentes ocurridos a las víctimas, mientras se masturban con una soga alrededor del cuello, con una revista pornográfica en la mano, intentando experimentar el orgasmo-asfixia descrito en la revista, que se convierte de esta manera en un arma peligrosa en manos de adolescentes, particularmente vulnerables a esa edad. Continuando con su informe, lo? investigadores del FBI realizaron un estudio sobre treinta y seis asesinos sexuales, revelando que veintinueve de ellos eran atraídos por la pornografía y la incorporaban en sus actividades sexuales, que incluían la violación y el posterior asesinato. Varios de ellos acechaban a sus víctimas y las fotografiaban pegando luego sus rostros en revistas pornográficas, para alimentar sus fantasías por anticipado. 20 Lo anterior nos demuestra lo grave que puede ser la proliferación de la pornografía en Nuevo León, debemos tomar partido del problema que esto representa, y tratar de mantener la comunicación constante con nuestros hijos, estar enterados de lo que leen y de lo que ven, y en caso de que se les sorprenda consumiendo pornografía, no reprimirlos, sino explicarles el problema que esto puede ocasionarles, mantenerlos informados por nosotros, no que se enteren por terceras personas que puedan disfrazar los conceptos de la sexualidad humana. ° Foro de consulta popular sobre delitos sexuales. Ed. talleres gráficos de la cámara de diputados. México, febrero de 1989. 203 p. 2 Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Lic. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado 37 Queremos aclarar que sólo nos estamos ocupando de estudiar brevemente cada uno de estos aspectos que influyen sobremanera en el medio ambiente propicio para un delito sexual. El alcohol y las drogas, otro factor importante dentro del medio ambiente, no queremos decir que toda aquella persona que consume alcohol o drogas vaya a ser un agresor sexual, pero lo que sí es cierto, es que tanto el alcohol como las drogas (algunas) desinhiben a las personas, lo que no están dispuestos a llevar a cabo cuando están sin la influencia de estos factores, lo hacen cuando sí lo están, ya que el alcohol y las drogas dan valor a la persona para llevar a cabo una conducta delictuosa. Si a todo lo anterior le aunamos la ropa de la víctima, el andar vestida en forma demasiado provocativa, despierta su apetito sexual, no queremos decir que vamos en contra de la moda, al contrario una mujer bien vestida, con vestidos cortos (no tan cortos) se ve femenina, cuando sabe llevar con recato estas prendas, pero si es una jovencita con falditas demasiado cortas y es un tanto provocativa en sus movimientos y en su proceder, se convierte en presa fácil de un sujeto ansioso de satisfacer su instinto sexual. Se ha demostrado en algunos estudios, que el factor climatológico es muy importante para el desarrollo de los delitos sexuales, en años anteriores se ha visto que en temporada de calor se cometen más delitos sexuales, que en otras épocas del año, sobre todo en los meses de mayo, junio y julio, según información de la policía judicial del estado y de la Procuraduría General de Justicia. mayo I diciembre de 1993 �38 El abuso sexual 2. Influencia de los medios de comunicación Es necesario señalar la gran importancia que tienen los medios de comunicación en el tema que nos ocupa. La forma como el ser humano se comunica obedece a ciertas normas de comportamiento que están determinadas cultural y socialmente, en el que participan: la familia, la escuela, la religión y los medios de comunicación masiva. Hablamos de cine, ya es común ver en la cartelera de los cines de la localidad una serie de películas pornográficas que son del agrado de un sector del público, pero sería bueno asomarnos a otro tipo de películas, que no son pornográficas, pero que también muestran ·escenas de violencia y sexo, y si a ésto le sumamos el auge de las videocaseteras, donde cómodamente en su casa se puede disfrutar de una película; pero, qué pasa cuando nos damos cuenta que en muchos lugares se rentan películas pornográficas a cualquier persona que lo solicita, nos hemos puesto a pensar, qué pasa con la mente de estos sujetos que no están preparados mentalmente para ver este tipo de proyección, ocurre como consecuencia las desviaciones sexuales, donde se incita a la persona al deseo sexual, distorsionando el concepto que se tiene de una relación sexual. De esta manera el individuo empieza a sentir ansiedad al penetrar las imágenes eróticas, perdiendo la sensibilidad y quedando materia dispuesta para delinquir, al no tener con quien llevar a la práctica todas las imágenes grabadas en su mente, despertando de esta manera su agresividad. Al asomarnos a los periódicos locales nos percatamos sobre todo en los vespertinos, que la mujer es usada como Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Lic. Ma. de fesús Aguirre Maldonado 39 un objeto sexual y aparece en plana completa y a todo color, el propósito de éste debe ser incitar a los caballeros a comprar este tipo de periódicos amarillistas, que lo único que quieren es comerciar. Asimismo es importante comentar el caso de las revistas pornográficas, que se venden en gran número y que muchas de ellas tratan el tema de la violación, se pueden citar algunas de éstas que son vendidas al público semanalmente como lo son: la revista semanal, el libro d.e amor, denuncia, inocente o culpable, seductoras y seducidos, sensual, la colorada, delito, entre otras, estas revistas tratan la violación en sus diferentes manifestaciones, en algunas de ellas sólo violan a mujeres jóvenes, en otras los violadores pertenecen a la clase baja de la sociedad, en otras se afirma que las mujeres provocan su violación y que desea ser violada gozando el acto sexual. Todas estas revistas utilizan imágenes y textos simples y morbosos, los cuerpos femeninos por lo regular se muestran desnudos o con escasa ropa, las escenas que se muestran son tendenciosas y siempre se toma al cuerpo femenino como el objeto central. Es importante señalar que estas revistas que se venden en los puestos de periódicos y que el pretexto es divertir a los lectores, pero en realidad exacerban el morbo, deberían este tipo de revistas informar y sensibilizar a la población sobre el grave problema de la violación y no pretender cuantiosas ganancias a costa de la seguridad e integridad de las mujeres. Con lo anterior no queremos generalizar, ni menospreciar los buenos reportajes de muchos periódicos y revistas que merecen nuestro reconocimiento, muchos de mayo I diciembre de 1993 �40 Lic. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado El abuso sexual ellos se han encargado de hacer pública la crueldad excesiva con que son cometidos los delitos sexuales, sobre todo · cuando se trata del delito de violación y este va acompañado por la muerte de la víctima, asimismo han seguido de cerca algunos procesos y se publican las penas que se les impusieron a los agresores. Creo que esto en parte es bueno para que la comunidad se dé cuenta de las penas que el Estado impone a los agresores sexuales. Al hablar de los medios de comunicación, no podemos dejar a un lado, uno de los medios de comunicación más importantes, nos referimos a la televisión. En esta época, es difícil que en un hogar no exista un aparato televisivo, en muchas ocasiones podemos disfrutar de un buen programa, pero también hemos visto en otros, en donde la violencia y el sexo es el trama principal, al reunir estos dos elementos "violencia y sexo", se pueden crear en una parte del público, deseos incontrolables, que en un momento pueden ser vertidos en actos delictivos. Existen también, buenos programas informativos y de opinión, muy valiosos que nos muestran desde diferentes aspectos las consecuencias que produce un delito sexual. Por citar algunos de ellos, "mujer, casos de la vida real", "la telaraña", "usted qué opina", se deben de trasmitir en horarios donde la familia se encuentre reunida, no olvidemos que la base de todo es la familia y que mediante una buena educación sexual podemos mejorar la vida de los hijos. 41 quien la consume en forma habitual, un mecanismo de desequilibrio psicológico y emocional que puede traducirse en daños a la libertad o seguridad sexual de terceros. 21 No se trata de asumir una actitud moralista, pero es necesario alertar a la comunidad para extremar precauciones y poder evitar de alguna manera actos que nos encaminen a ser víctimas de un abuso sexual. 3. El factor psicológico Uno de los factores más importantes dentro de los delitos sexuales, lo constituye el estado psicológico en que se encuentra el individuo al cometer el ilícito. Mucho se ha dicho de que los verdaderos violadores son psicópatas que incluso llegan al crimen como tentativa de eliminar al testigo. Hemos visto violaciones realmente aterradoras, donde el agresor es una persona que no tiene calificativo, un depravado sexual, que se satisface sexualmente causándole un gran daño a la víctima, no es tan solo la realización de la cópula, su conducta va más allá del salvajismo, al dejar en el cuerpo y rostro de la víctima su desenfrenada crueldad, estas conductas sólo se pueden concebir en la mente enferma de un sujeto. Los agresores son personas emocionalmente inestables, carentes de afectos. Hilda Marchiori, señala: La pornografía en cine, prensa, radio, televisión, video-cassetes, literaria o impresa, sutil, abiertamente obscena o mezclada, de alto costo o barata, despierta en Retrista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 21 Foro de consulta popular sobre delitos sexuales. Ed. talleres gráficos de la cámara de diputados. México, febrero de 1989, 211 p. mayo I diciembre de 1993 �Lic. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado 43 El abuso sexual 42 Las modalidades de la conducta de violación varían mucho, según el agresor y las circunstancias. A veces se trata de la violación llamada clásica: conducta primitivamente agresiva. Existen violaciones particularmente sádicas. En estos casos el estudio de la conducta revela que la satisfacción ha sido producida por la experiencia de la agresión violenta y sádica sobre el cuerpo de la víctima que por la significación genital de la conducta, algunos individuos se complacen sin llegar a la violación en herir a la mujer, golpearla o matarla. Sigue diciendo: El homicidio es a veces expresión de una sexualidad anómala, ya que sólo a través de él consiguen el orgasmo alguno individuos. Hay que distinguir este homicidio del perpetrado dmante la violación, y que está dirigido a vencer la resistencia de la víctima o impedir que llame la 22 atención (casos de homicidio de niños). El maestro Marco Antonio Leija Moreno destaca: El movimiento corporal del sujeto es resultado de su condición psicológica y por ende encontramos un equilibrio normal entre la actuación material y la actuación psíquica del hombre, sin embargo, cuando este equilibrio se trastoca entonces determinamos la conducta del sujeto, con cierto índice de peligrosidad que puede aumentar o disminuir en relación directa con la problemática encontrada en esa anormalidad psicológica la mayor o menor condición anormal presupuesta mayor o menor peligrosidad en el sujeto al originar el crimen. 23 IX. TRATAMIENTO DE LA VICTIMA Al referirnos a la víctima del delito de violación, hablamos de todas las personas en general, como posibles sujetos pasivos del delito. Para iniciar un tratamiento a una víctima del delito de violación es importante referirnos a los problemas que afronta una persona ante estas circunstancias. Es realmente preocupante ver como la sociedad que la rodea le da la espalda, y no contenta con esto, la agrede, la insultan, la tratan como basura, como algo que ya no vale. Es posible que la comunidad crea que una persona violada se haya procurado tal situación. Antes de iniciar una búsqueda a ese tratamiento es necesario hacer un paréntesis y ponernos a reflexionar por un momento y preguntarnos: ¿quién soy para juzgar a una persona 9ue ha sido violada?, ¿qué estoy haciendo para poder evitar que esto me pueda ocurrir?. Creo que una persona víctima del más cruel de los delitos necesita del apoyo moral de todas las personas que la rodean, empezando por sus familiares, parientes y amigos, en fin por toda la sociedad en general. Las personas que rodean a la víctima deben ayudar dando su apoyo, no olvidemos que todos estamos inmersos en el problema. 23 22 Hilda Marchiori. Psicología criminal. Ed. Porrúa, México, 1985, Marco Antonio Leija Moreno. Elementos de criminología. Ed. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, U.A.N.L., San Nicolás de los Garza, N.L., 1985, 131 p. 42y43pp. mayo I diciembre de 1993 Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales �44 El abuso sexual Lic. Ma. de Tesús Aguirre Maldonado Actualmente existe en el Distrito Federal un centro de apoyo a personas violadas, realmente no tengo conocimiento de cómo estén funcionando, pero me imagino que deben tener personal especializado para poder tratar al ofendido, ya que desde el momento mismo en que una persona denuncia un hecho de violación, debe ser tratada en una forma especial y cuidar de no herir sus sentimientos. Las víctimas del delito de violación son personas con reacciones agresivas, con desconfianza en el mundo y en particular a los hombres, con pánico, vergüenza, culpa, rabia y finalmente con dificultades en torno a su vida sexual. En San Pedro Garza García, Nuevo León, existe un centro de atención psicológica para víctimas del delito de violación, quienes prestan sus servicios en forma gratuita y tienen como funciones: asistencia a la víctima, a) Psicológica, psicoterapia breve de emergencia; b) Legal, asesoramiento en caso de que la víctima lo desee; c) Atención médica, chequeo y tranquilizantes sólo cuando la víctima lo autorice, y en caso de requerir atención ginecológica se canaliza a la Cruz Roja para su examen, además de estas funciones, trabajan a nivel prevención, a través de la difusión por medio de folletos, prensa, radio y televisión, explicando a las personas qué hacer y a dónde acudir en el caso de sufrir un ataque sexual. También, si se requiere, se le da atención psicológica a los familiares de la víctima. Cabe agregar, que no sólo se atiende a las víctimas de una violación, sino también a las víctimas de cualquier delito sexual. Los violadores por lo regular ejercen un dominio, poder y control sobre la víctima. Los porcentajes de las 45 víctimas recibidas en este centro y su relación con el agresor son como sigue: delito cometido por un mie~bro de su familia 85%, por conocidos el 8% y por desconoodos el 7%. De los casos atendidos, las víctimas no tienen una relación sexual satisfactoria después del ataque sexual. Creo que deberían las autoridades crear más centros de apoyo para víctimas de.delitos sexuales y d~rle más apoyo al que ya existe. Los derechos humanos siempre se han preocupado de la atención que recibe el delincuente desde el momento en que es aprehendido, que tenga un buen trato y comida, y la víctima, qué pasa con las atenciones que debe recibir una víctima. Las nuevas agencias del ministerio público especializadas para delitos sexuales de las cuales nos referimos en forma posterior, creo que ha sido una buena medida por parte del Estado, sólo debemos ver cómo están funcionando, para saber si la víctima recibe un trato adecuado. Sabemos que en el Distrito Federal han tenido gran aceptación las agencias del ministerio público especiales para los delitos sexuales, también sabemos que éstas cuentan con personal multidisciplinario, especialistas, que para ocupar el cargo han pasado por una serie de pruebas psicológicas y de sensibilización, el personal está compuesto por una agente del ministerio público, trabajadora social, psicóloga, médica, secretarias y oficiales. Este personal da una atención esmerada a la víctima, desde el momento en que acude a denunciar los hechos, misma que es recibida por una trabajadora social, la víctima deberá en todo momento de estar acompañada en las diligencias que se practiquen, ya sea por la misma trabajadora social o bien por una psicóloga. Neuman establece: Revista de.la Facultad de Derecho y Ciendas Sodales mayo I diciembre de 1993 �El abuso sexual 46 Se sabe que muchos delitos de ' violación, estupro, incesto, abuso deshonesto, constituyen buena parte de la cifra negra de la criminalidad. Es difícil que una mujer haga una denuncia de su violación, hecho que queda sellado en el seno de su hogar o de sus amistades. 24 En la época actual, la mujer o la víctima de un delito sexual no debe callar, no debe de abstenerse de denunciar los hechos ilícitos a los que fue sometida, la víctima de un delito sexual no está sola, existen personas que pueden ayudarla a superar el grave daño que le han causado. CREACION DE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBUCO PARA LA ATENCION DE LOS DELITOS SEXUALES Lic. Ma. de Tesús Aguirre Maldonado 47 equipo de trabajo multidisciplinario._ Es muy ac~rt~do que se reúnan personas con un alto ruvel humarutano; que sepan cómo tratar a la víctima de una violación, p~r citar un ejemplo. Además, que este personal sea seleccionado del personal con que ya cuenta la Procurad~ía ?ener~l de Justicia en el estado, personal con expenenaa, existen módulos de orientación social, con personal altamente calificado, psicólogas y trabajadoras sociales, que trabajan con la comunidad a nivel preventivo, entre otras de sus actividades. Creo que sería una buena opción para que las agencias del ministerio público contaran con personal que sabe trabajar en este tipo de problemas que tanto nos preocupa. X. Creo que la creaaon de las agencias del ministerio público especiales para la atención de delitos sexuales, han sido un buen inicio por parte de las autoridades estatales. En el mes de noviembre del año próximo pasado (1991) se pusieron en funcionamiento dos agencias del ministerio público para los delitos sexuales, el personal que las integran son un agente del ministerio público, secretaria y escribientes. Dentro de la entrevista que se le hizo al Lic. Marco Antonio Leija Moreno, nos dijo que próximamente se integrarían a estas agencias personal femenino, está contemplado: una psicóloga, una trabajadora social, una criminóloga y una doctora, para poder contar con un 24 Elías Neuman. Victimología. Ed. Cárdenas editor y distribuidor. México, 1989, 175 p. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales En lo que va del año las agencias del mini~terio púb~co, han atendido aproximadamente 300 denunaas de delitos sexuales. XI. ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL En apartados anteriores quedó establecido el concepto, elementos y el bien jurídico que se tutela en cada uno de los delitos sexuales. Se han estudiado todos y cada uno de los aspectos citados en el índice adoptado para esta in~:stigaciónI sólo nos falta analizar las formas de prevenaon• que podríamos utilizar para poder contrarrestar las acaones ilícitas que provocan un abuso sexual. Es determinante que la prevención debe de iniciarse desde la familia, con una buena educación sexual, dejarnos de tabúes, y enfrentar la realidad, hablar con nuestros hijos mayo / diciembre de 1993 �48 El abuso sexual desde pequeños y enseñarles a distinguir entre lo que es malo y lo que es bueno, que puedan distinguir entre el amor y el morbo, los padres deben tener una constante comunicación con sus hijos para que estos tengan la confianza de comunicarse con sus padres. Se debe además contar con una buena educación sexual en los centros educativos con programas bien estructurados según la edad de los educados, se puede iniciar desde preescolar, además se debe de contar con pláticas para padres, para que éstos sepan a su vez como abordar temas de sexualidad con sus hijos, y si a todo esto le agregamos la ayuda que nos pueden proporcionar los medios de comunicación, dando a conocer a través de ellos las sanciones a que son merecedores los delincuentes sexuales, además publicar buenos reportajes sobre el abuso sexual y programas de interés para toda la familia. Un problema importante que ya señalé dentro de las causas que provocan los abusos sexuales, es la promiscuidad, el mal ambiente de cohabitar una misma habitación todos los miembros de la familia y si en esta familia se encuentran mezclados padrastros, medios hermanos, etc. se crea el ambiente propicio para que surja un delito sexual. Dentro de la propuesta que hago sobre la prevención del abuso sexual, está la de dar pláticas a la población en general a través de un diálogo sencillo y láminas que ilustren las causas y consecuencias de un abuso sexual. A continuación observaremos un programa que hemos elaborado para una mejor apreciación de mi propuesta. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Lic. Ma. de Tesús Aguirre Maldonado 49 PROGRAMA DE PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL Se debe de dar a conocer primeramente las clases de delitos sexuales que contempla nuestro código penal, así como las penas impuestas para cada delito. Considero que no es necesario mencionarlos en este apartado, ya que fueron mencionados con anterioridad. Después de hacer referencia a cada uno de los delitos se debe de dar a conocer lo siguiente: ¿QUIEN PUEDE SER EL AGRESOR SEXUAL? * Conocido. * Desconocido. * Miembro de la familia. ¿ DONDE PUEDE SUCEDER? * En el hogar. * En la calle. * En el transporte público. * En su vehículo. ¿QUEHACER CUANDO OCURRE UN ABUSO SEXUAL? * No tocar cualquier evidencia útil, sus ropas, cabello, objetos que haya tocado el agresor, etc. * Buscar ayuda de un familiar * Presentar su denuncia en las agencias del ministerio público especiales (darles a conocer en dónde se encuentran localizadas), o el lugar más cercano, ya sea la poliáa judicial, o cualquier otra agencia del ministerio público. * Buscar atención psicológica. CAUSAS QUE PROVOCAN EL ABUSO SEXUAL. mayo I diciembre de 1993 �El abuso sexual Lic. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado Trae como antecedente haber sido violado y por eso son más fuertes los sentimientos de poder, dominio y control. EN EL HOGAR * Mantenga cerradas las puertas y ventanas. * Instale cerrojos. * Ilumine el exterior. * No abra la puerta, si no está segura de quién llama. * Si se encuentra sola, simule la presencia de otra. * No proporcione información telefónica a ningún desconocido. 50 * VIOLADOR. * ALCOHOL Y DROGAS. Son factores importantes pero no determinantes ya que pueden sólo desinhibir la conducta para desencadenar las emociones que traen antes. * La promiscuidad. * Las enfermedades mentales. CONSECUENCIAS DE UN ABUSO SEXUAL. FISICAS * Lesiones. * Descuido personal. * Embarazo. * Enfermedades veneras. PSICOI OGICAS * Conducta agresiva. * Sumisión. * Suicidio. * Drogadicción. * Alcoholismo. * Prostitución. * Homosexualismo. * Bajo rendimiento escolar. * Problemas en las relaciones heterosexuales. * Abandono del hogar. * Culpa. * Miedo, temor, coraje. MEDIDAS PREVENTIVAS. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 51 EN LACALLE * No transite por sitios obscuros y solitarios. * Evite los lugares donde pueda ocultarse alguien. * Camine en sentido opuesto a la circulación. EN EL TRANSPORTE PUBLICO * Procure quedar cerca de la puerta salida. * Evite dormirse. * Nunca pida, ni acepte aventones. * En taxi, pídale al chofer que la espere hasta que entre a su casa. EN SU VEHICULO: * Ponga los seguros. * Maneje con ventanillas cerradas. * Nunca dé aventones * Revise su automóvil antes de abordarlo. * No deje su coche en lugares obscuros. INDICADORES DE ABUSO SEXUAL EN NIÑOS * Conducta sexual impropia. * Sumisión. * Retraimiento. mayo I diciembre de 1993 �52 El abuso sexual * Culpa. * * * * * Bajas calificaciones. Deserción. Mala conducta. Migrañas. Insomnio. * Enuresis. * Falta de apetito. * Fobias. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS NIÑOS Los genitales únicamente se muestran durante el aseo personal. Se van a mostrar únicamente a la madre. MEDIDAS PREVENTIVAS CON SUS HIJOS * Platique con ellos (aconséjelos). * No los deje solos en los baños públicos. * No permita que duerman fuera de casa. ENSEÑE A SUS HIJOS A PROTEGERSE Al encontrar una atmósfera positiva en su hogar, el niño ~e s~~tirá menos atraído a los extraños y podrá detectar mtuitivamente cuando un extraño manifieste motivos cuestionables, o que contrastan con los de sus padres. Los padres podrán indicarles precauciones elementales: l.- Manten siempre cerrada con llave y seguro la puerta de casa cuando estés solo. 2. - No abras la puerta si llama un extraño. 3.- Cuando atiendes el teléfono y te preguntan por tu papá o mamá, diles que no pueden atender el teléfono Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Lic. Ma. de Jesús Agui"e Maldonado 53 en el momento, pero nunca les digas que estás solo o sola en casa. 4.- Cuando vas por la calle y alguien te ofrece un regalo o quiere llevarte en su carro, no lo aceptes. Dile "NO, GRACIAS" y corre hacia tu casa o la de tus amigos o vecinos. 5.- Cuando alguien sea joven o adulto, y trata de tocar alguna parte de tu cuerpo de un modo en que te haga sentir incómodo o inéómoda aléjate cuanto antes de esa persona, aunque sea algún conocido de tu familia o incluso un pariente. 6.- Si alguien te invita a que entres a un lugar solitario u obscuro, no aceptes. Aléjate de él o ella enseguida. 7.- Siempre cuéntales a tus padres, maestro o maestra, a un policía o a un adulto de confianza según donde estés, lo que te pasa. CONCLUSIONES PRIMERA. Nos damos cuenta, estudiando la historia, de las penas que se imponían a los delincuentes sexuales eran de lo más severas. Las cárceles eran tan solo antesalas de la ejecución de la pena. SEGUNDA. El abuso sexual es la acc10n típica de naturaleza sexual, manifestada por el delincuente en actividades de tocamientos libidinosos, caricias malintencionadas, ayuntamiento normal o anormal, que producen en la víctima un daño a su libertad y seguridad sexual. mayo I diciembre de 1993 �54 El abuso sexual TERCERA. La clasificación.que de los delitos sexuales, hace nuestro código penal, es: atentados al pudor, entendemos, los actos eróticos sexuales (tocamientos) ejecutados en una persona, sin el propósito de llegar a la cópula. El estupro, es cuando se obtiene el consentimiento para la cóp_ula de una menor de diesiocho y mayor de trece años, utilizando la seducción o el engaño, esto es muy común entre parejas jóvenes. Creo que debe quitarse el elemento de castidad ~or las vari~d~s !ormas de interpretarlo, por lo gene~a~ castidad es smorumo de virginidad, y debe s:1bs1s~r el de honestidad, que realmente es importante. La v10lacron, un tema que de por sí solo merece una inves~gación aparte, por ser el acto que más nos repugna a la so~1~dad en gene-ral. La imposición de la violencia, ya sea fí~1ca o moral para obtener la cópula, la furia y brutalidad con que se da este delito y a la que es sometida la víctima para saciar sus bajas pasiones y su instinto sexual. CUARTA. El sujeto activo en atentados al pudor, puede ser _tanto _un ~o~b~:' como una mujer, asimismo el sujeto pa~1vo, sm .,di~tinc10n de edad. En el estupro el sujeto ~c~vo es urucamente el hombre y el sujeto pasivo urucamente la mujer. En la violación, el sujeto activo es el hombre, pero también la mujer puede tener participación en algunos casos, como por ejemplo en la modalidad de intr?ducción de objetos por vía vaginal o anal. El sujeto pasivo pu~~~ ser cualquier persona, de cualquier sexo, edad, condioon social. etc. QUINTA. El abuso sexual a los menores constituye nuestra gran preocupación. El aumento de casos de violación en infantes es alarmante, debemos tomar Revista de la Facultad de Derecho y Ciendas Sodales Líe. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado 55 conciencia sobre la necesidad de informar y orientar a los niños sobre las precauciones que se deben de tomar. Además propongo que las penas en el delito de violación sean aumentadas y difundidas a través de los medios de comunicación, sobre todo a la violación de infantes, ya que resulta grave pensar en el maltrato físico y mental al que es sometido, porque es imposible que un niño se ajuste a las necesidades de un adulto. SEXTA. Se debe analizar la violación entre cónyuges, el maltrato que sufre la esposa · al sometimiento de los caprichos del marido, que por el solo hecho de sentirse con derechos, mismos que nacen del matrimonio, tratan de ejercerlos a su antojo. La mujer debe ser respetada, debe recibir un buen trato, ya no debe de considerársele el sexo débil, la mujer día a día se supera. SEPTIMA. El breve análisis que se hizo de los códigos penales del Distrito Federal y de Nuevo León, nos damos cuenta que varían las penas de un estado a otro y aunque en el nuestro son un poco más severas, creo que no son suficientes, se deben de aumentar cuando menos una mitad más. OCTAVA. Las causas más comunes generadoras del abuso sexual son: la influencia del medio ambiente, la promiscuidad como una de las más importantes, el alcohol, las drogas, la pornografía, la moda, el clima; la influencia de los medios de comunicación, cine, periódicos, revistas, televisión; el factor psicológico, es importante conocer el estado psicológico del agresor en el momento de cometer el ilícito, y después, ésto va a servirle al juez para detectar el estado de peligrosidad del delincuente. mayo I didembre de 1993 �56 El abuso sexual NOVENA. ¿Cómo podemos prevenir el abuso sexual?, la forma más fácil es dar a nuestros hijos una educación sexual desde pequeños y que esta sea reforzada en la escuela, además, transmitiendo mensajes de prevención a través de los medios de comunicación masiva, evitando la promiscuidad, entre otras. DECIMA. De las entrevistas realizadas, nos dejan una valiosa información, sobre lo que se está haciendo por parte de las autoridades al crear dos agencias del ministerio público para la atención de los delitos sexuales, las cuales deberán de tener en un futuro próximo, personal multidisciplinario para la adecuada atención a las víctimas que acudan en busca de apoyo. Se deben de crear nuevos centros de apoyo para las víctimas de violación, y darle más publicidad al que ya existe en San Pedro Garza García, Nuevo León, para que la víctima se sienta con la confianza de denunciar los hechos, ya que las cifras que hemos dado son tan solo de los casos que se denuncian, pero no sabemos cuantos delitos sexuales son callados por las víctimas, haciéndoles aun más grave el estado psicológico en que se encuentran al no recibir la atención adecuada. También cabe agregar la invaluable información que se me proporcionó del centro de rehabilitación del estado, nos dimos cuenta de la población de internos por delitos sexuales que se encuentran en ese reclusorio. 57 Lic. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado BIBLIOGRAFIA 1. CARRANCA y Trujillo, Raúl; Carrancá y Rivas, Raúl. Código penal anotado. - 15a. Ed. - Edit. Porrua: México, 1990. 2. JIMENEZ Huerta, Marian. Derecho penal mexicano. - 4a. Ed. - Edit. Porrúa: México, 1982. 3. GONZALEZ de la Vega, Francisco. Derecho penal mexicano. 16a. Ed. - Edit. Porrúa: México, 1980. 4. LEIJA Moreno, Marco Antonio. Elementos de criminología. - 3a. Ed. - Edit. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, U.A.N.L. : San Nicolás de los Garza, N. L., 1985. 5. MARGilORI, Hilda. Psicología criminal. -5a. Ed. - Edit. Porrúa: México, 1985. 6. MARTINEZ Murillo, Salvador. Medicina legal. - 20a. Ed. - Edit. librería de medicina: México, 1981. 7. NEUMAN, Elías. Victimología, el rol de la víctima en los delitos convencionales y no convencionales. - la. Ed. Cárdenas editor y distribuidor: México, 1989. Edit. 8. PORTE Petit, Celestino. Ensayo dogmático sobre el delito de Violación. - 4a. Ed. - Edit. Porrúa: México, 1985. 9. FORO DE CONSULTA POPULAR SOBRE DELITOS SEXUALES. _ Edición e impresión de los talleres gráficos de la cámara de diputados: México, 1989. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales mayo I diciembre de 1993 �58 Dr. Agustín Basave Femández del Valle El abuso sexual 59 10. COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Diagnóstico de las prisiones en México. - Edit. amanuense México, 1991. ' 11. Exposición de motivos y código penaJ para el estado de Nuevo León. Imprenta del gobierno del estado de Nuevo León: Monterrey, N. L., 1981. FUNDAMENTOS FILOSOFICOS DELOS DERECHOS HUMANOS 12. Nuevos códigos penal y de procedimientos penales del estado libre y soberano de Nuevo León - Edit. Cajica: Puebla, 1990. 13. Código penal para el Distrito Federal. México, 1991. DR. AGUSTIN BASAVE FERNANDEZ DEL VALLE* 48a. Ed. -Edit. Porrúa. · SUMARIO: 1.- Fundamentos filosóficos de los derechos humanos. 2.- Raíz de los derechos humanos. 3.- Clasificación de los derechos humanos. 4.- Los derechos humanos en la historia. 5.- La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del derecho natural. 1.- FUNDAMENTOS FILOSOFICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS Con las cosas no se convive: las cosas simplemente se tienen. Ese estar "con" otro signitica, a la vez, que el otro está conmigo. Y no hay otra manera de estar en la vida si no es "con" los demás. Lo cual equivale a decir que éste estar con los prójimos es un modo originario de la existencia. No hay personas que preexistan a la sociedad, y • Prof. Dr. Jur. Dr. Phil. profesor emérito de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Miembro del comité de derechos humanos del estado de Nuevo León. Revista de la Facultad de Derec/10 y Ciencias Sociales mayo I diciembre de 1993 �60 Fundamentos filosóficos de los derechos del hombre Dr. Agustín Basa-oe Femández del Valle por tanto, no hay nunca un momento de asociación en vista de un fin. cada persona humana. Los derechos de la persona han constituido siempre uno de los focos principales de la lucha por el derecho. Si el derecho es orden social, el hombre y sus bienes se encuentran en el centro del derecho. Para estar a la altura de la dignidad humana, el derecho reconoce y protege la libertad de los hombres, como seres moralmente independientes y autoresponsables. Esta esfera de libertad moral con fundamentos ónticos, no está sometida a la decisión de las autoridades ni puede convertirse en mero instrumento al servicio de los fines del Estado, de la raza o de la clase· social. Trátase de un bien supremo que la justicia jurídica salvaguarda. Porque todo derecho está al servicio de la moralidad, asegurando su libre desarrollo y estableciendo un mínimum ético. El respeto a la dignidad humana se exige a todos los hombres y a la comunidad misma, estado o nación. Una cosa es que el individuo quiera sacrificarse voluntariamente en aras de la comunidad, y otra cosa muy diferente es que la comunidad pretenda imponer ese sacrificio. Para hacer una ontología de la sociedad hay que partir del hombre real concreto, con esa peculiar dimensión de ser referido a otros hombres. Antes de cualquier otra concreta apetencia, el hombre se halla destinado, desde las mayores profundidades de su ser, a vivir socialmente. Y es que la persona es un ser-en-sí-mismo abierto. Autorrealiza su devenir dinámico en una progresiva sustantividad. Todo hombre es un ser relativo que trasciende el orden de una mutua necesidad. La comunicación humana es reciprocidad intencional. La coexistencia de los hombres se ordena a la realización de una unión con el ser fundamental y fundamentante. El "SER-TODOS-JUNTOS-EN-EL-MUNDO" es un dato primario de la intersubjetividad. Sólo soy yo auténtico cuando descubro al otro como tú. Y al descubrir al tú descubro el nosotros. Este nosotros intersubjetivo, suprareal, supra-concreto y trascendental. Unicamente dentro de esta orientación existencial puede aparecer el fenómeno social como objeto científico. El amor acentúa, subraya la singularidad del otro. Aquí reside la fuerza animadora de las actividades humanas, el intercambio de donaciones personales, la corporalidad como diálogo. 11.- LA RAIZ DE LOS DERECHOS HUMANOS La justicia que impone el respeto al otro que nos exhorta a dar a cada uno lo suyo, descansa en el valor propio de Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 61 Los derechos del hombre, basados en la exigencia moral de respetar la dignidad humana, parten del hecho ontológico de la autodeterminación del ser humano. Por eso son los hombres capaces de derecho, capaces de obrar y jurídicamente responsables. Para cumplir sus finalidades específicas, el hombre tiene que conservar, desarrollar y perfeccionar su ser. Esta necesidad ontológica de plenitud funda el carácter inalienable e imprescriptible de los derechos fundamentales de la persona humana. El hombre es, esencialmente, un espíritu encarnado, inteligente, independiente y libre, que actúa en el mundo como una totalidad clusa en sí misma, pero mayo I diciembre de 1993 �62 Fundamentos filosóficos de los derechos del hombre abierta a la comunicación con los prójimos. En el plano existencial, el hombre es la originaria y trascendental posiblidad de la búsqueda de la salvación. Su libertad y comut:úcabilidad, dentro de sus dimensiones espaciotemporales, se proyectan hacia la plenitud subsistencia!. En el ser pluridimensional del hombre cabe distinguir el aspecto material -corpóreo y viviente- el aspecto personal espiritual, -cultural e histórico-, y el aspecto religioso -ente deiforme, porque proviene de Dios, y teotrópico, porque va hacia Dios-. Del hecho material de ser un organismo viviente se derivan las facultades fundamentales del derecho a la vida, a la integridad física, a usar y disponer de los bienes materiales para la subsistencia, derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, derecho a la propiedad y derecho al trabajo. El aspecto espiritual, cultural e histórico de la persona es base de sustentación del derecho a profesar libremente creencias religiosas, a buscar la verdad, a expresar y difundir el pensamiento, a educar a los hijos, a tener seguridad jurídica y a participar en la vida pública. Del aspecto religioso se deriva el derecho de ir hacia Dios y de no entregar el alma -aunque se pueda entregar la vida en momentos de peligro para la comunidad- al Estado, a la clase social o a la raza. Las_ sociedades políticas pueden pedir a los ciudadanos el sacrificio de la vida -cuando así lo requiera la patria-, pero jamás pueden pedir el sacrificio del alma. 111.- CLASIFICACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Aunque existen numerosas clasificaciones de los derechos humanos, nosotros preferimos la clasificación que atiende a la diversa naturaleza de su objeto: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Dr. Agustín Basave Fernández del Valle 63 1) Derechos civiles (o individuales propiamente tales); derecho a la vida; a la libertad física y a sus garantías procesales; a las libertades religiosas, de educación, de expresión y de reunión; a la igualdad; a la propiedad; a la inviolabilidad del domicilio, etcétera. 2) Derechos políticos o cívicos: derecho a la nacionalidad; derecho a participar en la vida cívica del país, etcétera; .✓ 3) Derechos económicos: derecho a una ~emunera~on equitativa y satisfactoria; derecho a un ruvel de vida adecuado, etcétera; 4) Derechos sociales: derecho al trabajo y a su libre elección, derecho a la seguridad social; derecho a la protección de la maternidad y de la infancia, etcétera; 5) Derechos culturales: derecho a particip~r en 1~ vida cultural de la comunidad; derecho a la educaoón, etcetera. Todos estos derechos son congénitos, universales, absolutos (toda persona y toda auto_ridad debe re~petarlos), necesarios (en sentido ontológico, porque se derivan de la propia naturaleza humana), inalienables, inviolables e imprescriptibles. No obstante, los d~~echo~ humanos no pueden ni deben menoscabar los legitimos intereses de la sociedad. Ninguno de los derechos del hombre puede ejercerse para transgredir los márgenes impu~stos por la ética, por los derechos de los demás y por las exigencias del bien público temporal. No se puede atentar, en nombre de la colectividad, contra las prerrogativas de la persona. Pero tampoco es admisible que una desmedida exaltación del individuo llegue a menoscabar los intereses del. bien común. No sólo los individuos tienen derecho; también se habla del derecho de cada pueblo a que se respete su mayo J diciembre de 1993 �64 Fundamentos filosóficos Dr. Agustín Basave Fernández del Valle 65 de los derechos del hombre personalidad, su independencia y su cultura. También los Estados tienen derecho a existir dentro de un nivel de vida adecuado. Al lado de los derechos individuales de estilo tradicional, tenemos hoy en día los derechos sociales exigibles a la comunidad, para que las personas gocen de los beneficios de la educación, de la cultura y del bienestar socioeconómico mínimo. Sólo que mientras los derechos indivi-duales son susceptibles de protección jurisdiccional, los derechos sociales carecen de este tipo de protección. IV.- LOS DERECHOS HUMANOS EN LA IDSTORIA Cabe afirmar que existe un lento pero seguro progreso _de los derechos fundamentales del hombre en la historia. Junto con el desarrollo de la cultura se da una progresiva toma de conciencia de la propia dignidad humana. Antiguamente no existían formulaciones teóricas de los derechos humanos ni normas legales que los protegiesen. Desde la barbarie primitiva hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), se ha recorrido un difícil e inmenso camino. Alú quedan los grandes hitos en la historia de los derechos humanos: los fueros españoles, en la Carta Magna Leonesa (1188), la Carta Magna Inglesa (1215), la Declaración de Derechos de Virginia y el Acta de la Independencia de los Estados Unidos (1776), la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), de la Revolución Francesa, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes Esenciales del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Revista de la Facultad d~ Derecho y Ciencias Sociales creación en Europa occidental de un sistema jurídico de protección internacional de los derechos humanos (convención europea, 1950). Hasta aquí una impresionante lista de formulaciones doctrinarias. Cabe preguntarse si el respeto efectivo de la dignidad humana, más allá de las palabras y de las declaraciones, se realiza en cada nación. Los informes de las diversas comisiones de juristas nos expresan que en muchas regiones del planeta media una buena distancia entre los textos legales y la realidad. Por eso se ha podido hablar de una geografía de la libertad. Es preciso difundir los grandes valores espirituales y morales en todas las regiones del mundo. Pero se requiere, asimismo, una lucha denodada por el progreso social, económico y tecnológico de las regiones subdesarrolladas. Si los enormes gastos de la carrera armamentista se destinaran, aunque sea en pequeña parte, a favorecer el ingreso nacional de los países subdesarrollados, se contribuiría a la abolición o disminución de la infravida. La palabra progreso, del latín progessio, -onis, significa etimológicamente, hacia adelante, acción de avanzar o de proseguir una cosa-. Pero en un sentido filosófico, el progreso sólo se realiza cuando se cumplen valores, cuando se mejoran condiciones de vida. No todo cambio es progreso. Puede haber cambios que sean verdaderos retrocesos. No queremos el cambio de estructuras por el cambio mismo, sino por el progreso en la realización de los grandes valores humanos: la verdad, el bien, la belleza, la justicia y, sobre todo, el amor. La persona misma, en su exigencia de realización integral, es la causa de los cambios sociales. Hay una potencialidad real del hombre, en su aspecto de justicia que se actualiza en comportamiento. Esa mayo I diciembre de 1993 �Fundamentos filosóficos de los derechos del hombre Dr. Agustín Basave Fernández del Valle potencialidad es previamente conceptualizada en normas que se estiman valiosas. La justicia es fuerza motora y la injusticia por -exceso, por defecto, por perversión y por demérito-, es frustración humana. dones de este triple plano se verifican de acuerdo con la conciencia iusnaturalista del hombre y los cambios de la realidad social. 66 Los derechos humanos conocidos clásicamente como derechos naturales, son derechos de la persona. El individuo inteligente y libre, abierto y religado a la trascendencia, coexistiendo y conviviendo con otros hombres, en un mundo en el que ejerce su señorío sobre cosas y animales, es la realidad jurídica primaria. La persona humana se desarrolla en circunstancias históricosociales. La dignidad es consustancial a la persona humana. De este dato radical y primariamente suyo emerge el trato digno y libre que se da a todo hombre, por el hecho de serlo. No importa que existan desigualdades entre los hombres, de acuerdo con su vida moral. Por indigno que sea un hombre desde el punto de vista moral, no deja de ser persona para el derecho, con pareja dignidad jurídica a cualquier otro hombre. La justicia se aplica a medir relaciones interhumanas en su dimensión genérica e impersonal. La vida afectiva, amorosa, moral y religiosa no es parte de la forma de la vida social que es el derecho. En esta esfera no caben mandatos ni prohibiciones legales. El derecho de libertad llega a las manifestaciones exteriorizadas en la vida personal que dispone de cuantos medios culturales y materiales sean necesarios para su cabal realización Los derechos humanos se configuran en el plano de la libertad espiritual exteriorizada, de la participación política y de la seguridad social. Las concreciones y especifica- Reoista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 67 En torno de la fundamentación filosófica de los derechos del hombre caben dos posiciones opuestas: la de quienes aceptan el derecho natural y las de quienes la rechazan. Para los primeros, el hombre, en razón de las exigencias de su esencia, posee ciertos derechos fundamentales e inalienables anteriores (por su naturaleza) y superiores a la sociedad, y por ella misma nace y se desarrolla la vida social, con cuantos deberes y derechos implica. Para los segundos, el hombre, en razón del desarrollo histórico de la sociedad, se ve revestido de derechos de continuo variables y sometidos al flujo del devenir y que son el resultado de la sociedad misma, a medida que progresa al compás del movimiento de la historia. 1 LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y EL DERECHO NATURAL V.- La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que las Naciones Unidas aprobaron el 10 de diciembre de 1948, en París, es un conjunto de normas naturales en cuanto expresan jurídicamente lo que el hombre debe ser según su estructura de espíritu encarnado que se afana por 1 Maritain Jacques. Introducción, los derechos del hombre. Estudios y comentarios en torno a la nueva declaración universal. México, fondo de cultura económica, 1949, p. 19. mayo I diciembre de 1993 �69 Fundamentos filosóficos de los derechos del hombre Dr. Agustín Basave Fernández del Valk llegar a su plenitud subsistencia!. Dicho de manera más breve: la nueva Declaración Universal de los Derechos del Hombre - y otras similares que le hayan precedido -, es norma natural que expresa jurídicamente el proyecto ontológico de la persona en sociedad. Los fines debidos son propios de la naturaleza del proyecto metafísico que es el hombre. reciben. La esencia sigue siendo común a todos los hombres· el modo existencial de ser humano y de vivir como hu~ano cambia en situaciones y en circunstancias. El desarrollo integral de la persona humana es un principio primario del valor justicia. _La ~?ndicionalid~~ ~stórica de este principio, su fenomeruzao~n en la pos1~~1dad de las declaraciones de derechos explica la mutabilidad de las mismas. Lo que importa subrayar es que los derechos humanos que emergen ..del proyecto ontológico de ser hombre, se afirman como principios deontológicos. 68 La declaración de los derechos no crea esos derechos· simplemente los reconoce y los positiviza. La positiviza-' ción no implica desnaturalización. La fuente de origen no es la voluntad caprichosa o arbitraria del estado, sino la justicia intrínseca de la norma natural. No se trata de un acto gracioso de otorgamiento estatal, sino de una traducción normativa que está situada en un entorno mundano e histórico. Las declaraciones históricas de los derechos del hombre manifiestan la posiblidad y la permeabilidad que el derecho positivo tiene respecto al conjunto de normas cognoscibles por la sola razón natural del hombre y congruentes con su cabal naturaleza individual y social, que regulan y limitan la libre actividad de los particulares para la consecución armónica de los fines individuales y colectivos. La validez del criterio deontológico no depende de las declaraciones y de los sentimientos de justicia. La justicia exige adjudicar a la persona un status personal que se_ traduce en un derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, de la prohibición de la esclavitud, del uso de la libertad sin interferencias arbitrarias del estado, de una igualdad razonable en las oportunidades _Y en el trato ... Es intrínsecamente injusto que en cualqwer Estado haya hombres que no sean tratados como personas cabales. Habría que tener presente, por supuesto, que los derechos tienen sus correlativos deberes. Quiero recordar unas palabras de Mahatma Gandhi: _Las normas in~nsecamente válidas y justas, supremas y evidentes, se aplican a hombres ubiaados en situaciones peculiares y en circunstancias históricas. La estructura permanente ·del hombre abarca al ser humano del siglo X1J o del siglo XX, de la Atenas de Platón o del México de nuestros días. Pero el modo existencial del ser hombre y las formas sociales de la época son diversas. No es el derecho natural el que varía, sino las circunstancias históricas que lo Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales De mi ignorante pero sabia madre aprendí que los derechos que pueden merecerse y conservarse proceden del deber bien cumplido. De tal modo que sólo somos acreedores del derecho a la vida cuando cumplimos el deber de ciudadanos del mundo. Con esta declaración fundamental, quizás sea fácil definir los deberes del hombre y de la mujer y relacionar todos los derechos con mayo I diciemlm de 1993 �70 Fundamentos filosóficos de los derechos del hombre algún deber correspondiente que ha de cumplir~ primero. Todo otro derecho sólo será una usurpación por la que no merecerá la pena luchar. 2 Aunque las nobles palabras de Gandhi no pueden caer en el vacío, habría que retocarlas diciendo que se es acreedor del derecho a la vida antes de cumplir el deber de ciudadanos del mundo, porque el individuo posee ciertos derechos que son atributos inseparables de la persona humana, y que deben ser respetados sin distinción de nacionalidad y de comportamiento político. El hombre, desde su primera hora, es una esperanza de ser más. Todo ser humano en cuanto es, tiende a ser en plenitud. El derecho a la vida y el derecho a tender a la plenitud es anterior y superior a cualquier ley positiva. Tenemos el derecho a mantener y desarrollar nuestra existencia y a respetar el derecho a la vida de los demás. Recibimos la vida para realizar una misión personal, incanjeable, intransferible. El perfeccionamiento singular de cada persona está ligado al perfeccionamiento del género humano. Los derechos del hombre, como derechos subjetivos públicos, guarecen la posiblidad del perfeccionamiento singular y social. Los derechos humanos están al servicio del hombre, de ese hombre que ve en el otro hombre un alterego que merece su respeto y suscita su amor. Resguardar los derechos de la persona humana con garantías individuales idóneas, en este status víatoris, 2 Mahatma Gandhl. Carta al director de la UNESCO, los derechos del hombre. Estudios y comentarios en torno a la nueva declaración universal. México, fondo de cultura económica, 1949, p. 23. Dr. Agustín Basave Fernández del Valle 71 camino hacia nuestro status comprehensoris, es un singular privilegio del orden jurídico. La Asamblea General de las Naciones Unidas co1:5~deró necesario proteger los derechos humanos con un re~en d e derecho. Sólo así se evita que el hombre b r se , sienta tr compelido a ejercer el extremo recurso de la re e io~ c~n a la tiranía y la opresión. Trátase de sal_va~ardar la digrudad intrínseca y los derechos iguales e inalienables co~ todos los miembros de la estirpe humana, con miras a la libertad, a la justicia y a la paz en el mundo. Siempre que se ?~sconocen o menosprecian los derechos humano~, s~ originan actos de barbarie que ultrajan la conciencia de la humanidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 constituye una reafirmación de la fe en los derechos fundamentales del hombre, en su esencial di~nidad y en valor de la persona humana. Los estados miembros -Mexico entre ellos-, se comprometieron~ asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales de los seres humanos. :1 La Declaración Universal de los Derechos del Hombre proclama: la igualdad esencial en dignidad y derechos y la libertad y el comportamiento fraternal de to~o~ los idiom~, homb res, sin distinción alguna de raza, color,, sexo, d 1 Es uru li . 'n opinión política o de cualquier otra in o e. re gio , , h h ara reo-ir en versal esta declaración porque est_a ec. a p . . o- . , países independientes o en territon?s _bªJ?, admmistraci?n fiduciaria O sujetos a cualquier otra lirrutaoon de soberarur Específicamente se consagra jurídicamente el derecho a a Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales mayo ¡ diciembre de 1993 �Dr. Agustín Basave Femández del Valle 72 73 Fundamentos filos#icos de los derechoulel hombre vida, ~ la libertad .Y a la seguridad de la persona, .se proscnben la esclavitud y la servidumbre bajo todas sus ~ormas, las torturas, las penas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. En todas partes, cualquier otra persona humana tiene derecho al reconocimiento a su pers~nalidad jurídica, a la igualdad ante la ley, al recurso efectivo ante los tribunales competentes que lo amparen contra actos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. La Declaración Unive~sal de los Derechos del Hombre prolu'be las detenaones y los destierros arbitrarios, reconoce el derecho de audiencia, el derecho de presunción de la inocencia mientras no se pruebe la culpabilidad, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, la protección de la honra ~ la reputación. No sólo se estatuye el derecho a circular libremente y elegir residencia en el territorio de un Estado, . smo que se da cabida al derecho de asilo en caso de persecución, en cualquier país. No se confunde el derecho de asilo con la protección a delincuentes del orden común. J?erec~o a una nacionalidad y a cambiar de naaonahdad; derecho a casarse y fundar una familia sin restricción por motivos de raza, nacionalidad o religión; ~erecho a la propie?-ad individual y colectiva; derecho a la libertad ?e pensanue1:to, conciencia y religión, incluyendo el cambio de creenoas y la libre manifestación de las mismas en público y en privado y derecho a la libertad de exp~e~ión~ de reunión, de asociación pacífica, de partiapac1ón en el gobierno del respectivo país, de acceso a las funciones públicas. Hay una clara orientación democrática en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre cuando se habla de que la voluntad del pueblo -expresada mediante elecciones auténticas- es la base de autoridad del poder público. No se olvida la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del derecho a la seguridad social, del derecho al trabajo, a la remuneración equitativa, a la sindicalización y al descanso. Toda persona tiene derecho a la educación, al pleno desarrollo de la personalidad humana. Los padres -y no el Estado - tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, proteger los intereses morales y materiales en materia de producciones científicas, literarias o artísticas, establecer un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esa declaración se hagan plenamente efectivos son derechos de toda persona y son obligaciones de todo Estado miembro que haya suscrito ese documento en las Naciones Unidas. No se olvida la carta de los derechos humanos, de los deberes que toda persona tiene respecto a la comunidad, de las limitaciones establecidas para asegurar los derechos y libertades de los demás, las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad regida por principios democráticos. El último artículo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre afirma que al Estado no le corresponde derecho alguno para suprimir los derechos y libertades proclamados en la propia declaración del día 10 de diciembre de 1948. Acaso no resulte hiperbólico afirmar que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre constituye el más generoso documento con que cuenta la mayo I Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales diciembre de 1993 �74 Fundamentos filosóficos de los derechos del hombre Dr. Agustín Basave Fernández del Valle humaniaad después del sermón de la montaña. Aunque la Carta d1:: Derechos y Deberes Económicos de los Estados presenta, también, una altísima dignidad y un noble propósito, su plena inteligibilidad y su apoyo o raíz está inmerso en esa humarúsima y muy necesaria declaración universal de los derechos del hombre. Sólo la deshumanización organizada políticamente puede no suscribir este bien fundado y noble documento susceptible, como todo lo humano, de perfección. justificaciones racionales diversas sobre la formulación de la lista de derechos acordada. Seguramente los propios iusnaturalistas que ocurrieron a formular ese catálogo .de derechos humanos aceptarían que la ley natural eXIge completarse de acuerdo con las varias y . cam~i~tes circunstancias. Nadie puede dudar de las dispos1oones contingentes de la ley humana, del . len!o y trabajoso desarrollo de la conciencia de las obligaoones y de los derechos en los diversos grupos humanos. Puede haber oscurecimientos en esa cencienci.a, podrán enriquecerse y precisarse los derechos, pero algo sólido, inexorable, constante, permanece en el curso de la historia. Algo que responde a una exigencia absoluta de . la ley natural. Cualquier política que violase cualqwer derecho de cualquier hombre aparecerá como responsable. Es muy difícil elaborar una exhaustiva declaración de los derechos del hombre que no sufra adiciones y retoques en el tiempo. Aunque existe una estructura permanente del hombre y unas constantes históricas, existe también una conciencia moral y una civilización epocal. Los treinta artículos que configuran la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, han alcanzado, no obstante, una enorme resonancia en la conciencia de los pueblos. hombres de diversas latitudes que se congregaron para realizar conjuntamente una tarea de orden intelectual, pertenecientes a culturas y civilizaciones distintas, coincidieron finalmente, en verter un idéntico texto, sin explicitar las verdaderas connotaciones metafísicas ni la justificación racional de la idea de los derechos del hombre. Pero ese orden ideal cristalizado en el articulado que hemos expuesto sumariamente, implica un determinado ordenddeal arraigado en la naturaleza del hombre y una cierta concepción de la sociedad humana que prácticamente todos aceptan. Es posible que los pensadores de diversas naciones que ocurrieron al Palaix de Chaillot, en París, sustenten Retnsta de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 75 La Declaración Universal de los Derechos del Hombre (10 de diciembre de 1948), requiere ser comple~~ntada con una declaración de los deberes y responsabilidades del hombre para con la familia, el Estado y la comunidad internacional. Apenas si queda bocetada esta tarea en el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. . 2. En el ejercicio de su derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto ~e los de~echo~ y libertades de los demás y de satisfacer la Justas eXIgenoas mayo / diciembre de 1993 �76 Fundamentos filosóficos de los derechos del hombre de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Ciertamente los deberes no pueden desarraigar a los derechos. Resultaría inadmisible que un intérprete del bienestar público negase los derechos humanos so pretexto del incumplimiento de los deberes. Los derechos consagrados por las Naciones Unidas son condiciones de la libertad y de la dignidad de cada persona. Hay un incuestionable deber que pesa sobre todos los hombres: el deber de reconocer los derechos del hombre en cualquier prójimo. Los derechos humanos son una parte muy importante del bien común, pero no lo agotan. Para lograr el progreso de la sociedad en que vivimos no bastaría extender a todo el orbe los derechos humanos. Más allá de los derechos humanos está la existencia cuasi-creadora del hombre que habita humanamente el planeta. La sociedad del humanismo plenario propicia la comunión de los hombres y respeta el despliegue de cada persona y de cada cosa a partir de su propia esencia. Dejemos que cada persona llegue a ser lo que puede y debe ser. De este modo ampliaremos ontológicamente la sustancia cultural. La posibilidad generalizada de ser fiel a la vocación personal, incanjeable e intransferible, nos dará un mundo más rico, más humano y más pleno. La estructura vocacional tiene que descubrirse dentro de un horizonte de sentido y de valor englobante y trascendente. Tenemos que retomar a lo simple, sin renunciar al "achevement cultural". Tenemos que sustituir la política del poder por la política de la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Dr. Agustín Basave Fernández del Valle 77 cultura. y el "alma de una cultura -como advierte Héctor D. Mandrioni- debe ser una sustancia de amor". Aspirar a una "política sin enemigo" suena a utopía, ~uando detrás. de este propósito no hay una base de_charit~s en el sentido profundo y noble que derrama su etimologia. Cuando se dialoga, fraternalmente, bajo la gran sombra de la verdad, la oposición se convierte en camaradería. El otro es visto como prójimo. Es una de las virtudes de la democracia. Antes que una forma política de gobierno, la democracia es una forma de convivencia humana, es una vocación del hombre. Vocación que culmina, en lo político, con la realización práctica de los postulados éticos de la coparticipación, de la corresponsabilidad y de__la ayuda recíproca. Supone el reconocimiento y protecaon de los derechos de la persona humana. Lleva a su plenitud el ser dialógico del hombre. Sirve como instrumento para la cabal realización personal. Hace del ser human~ . -y n? del Estado- la base y el fin de la estructura política. Pide la adhesión de seres libres y erige la persuasión en método. Permite subsistir la variedad de opiniones políticas Y prohibe la bárbara mutilación de los sectores sociológicos disidentes. Como forma de gobierno, la democracia es el ré~en que reconoce a los hombres una igualdad esen~1~ de oportunidades para el ejercicio de sus derechos c1vile~, y políticos y que cuenta con el pu~~lo para la e~tr~cturaaon del poder. El régimen democratico es el mas Justo y el único que permite un verdader? progr~s? en_cuanto,~ue~ 1) Garantiza al ciudadano su activa partiapaaón politica, 2) Evita el despotismo de los gobernantes; 3) Permite la mayo / diciembre de 1993 �78 Fundamentos filosóficos de los derechos del hombre manifestación regular y ordenada de la opirúón pública; 4.) Posibilita los virajes y reajustes convenientes y oportunos; 5) Fomenta la nota característica y distintiva del hombre, la racionalidad, y por la racionalidad, la eticidad; 6) Se adapta mejor a una sociedad fraccionada, con un pluralismo de valores; 7) Reconoce la igualdad esencial de los hombres y favorece la estructuración y el funcionamiento del estado de derecho. Sería torpe desconocer la importancia que reviste el aspecto institucional del bien común. Entiendo por bien común, el conjunto organizado de las condiciones sociales, gracias al cual la persona humana -en su cabal naturaleza individual y social- puede cumplir su destino natural y espiritual. En buena hora que se busquen y se pongan en práctica los mejores medios para garantizar el orden y la paz de la sociedad, la libertad de los hombres y de los grupos, la posiblidad de que todos cumplan -libre y responsablemente- las tareas esenciales de la vida, la seguridad económica para el futuro próximo y para las generaciones venideras, el bienestar de la sociedad en su conjunto. Pero el progreso social no debe buscarse en lo xamente institucional, organizatorio y técnico. El peligro .e que el progreso de las ciencias naturales supere al progreso moral, nos tiene en suspenso atómico, con el miedo prendido a las entrañas. El progreso científico puede ser utilizado lo mismo para fines constructivos que para fines destructivos. ¿Cómo llamar progreso a una carrera armamentista que puede acabar con la humanidad entera o con gran parte de ella?. Sólo aquel progreso de las ciencias naturales que crezca en proporción con las fuerzas morales de los hombres, será un verdadero progreso. El futuro está en nuestras manos y la historia es obra de libertad. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Dr. Hernando Devis Echandía 79 SUGERENCIAS PARA EL NUEVO CODIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PONENCIA PRESENTADA EN EL XIIl CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL. CELEBRADO EN TAMPICO, TAMPS., SEPTIEMBRE DE 1989. DR. HERNANDO DEVIS ECHANDIA * 1.- INTRODUCCION AL TEMA Consideramos que lo fundamental en la reforma de cualquier estatuto procesal, es lograr la simplificación y aceleración de los procesos judiciales. Con procesos complicados y lentos no habrá jamás buena justicia judicial. De poco sirven las teorías modernas del derecho procesal, si en la práctica la justicia judicial no se moderniza y se la ayuda con los medios modernos de la * Presidente honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y presidente titular del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. mayo I diciembre de 1993 �Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas Dr. Hernando Devis Echandía informática y la cibernética, además de la simplificación de los trámites y la obtención de una pronta y justa sentencia, para los millones de casos que se ventilan en los tribunales de todos los países en materias civiles, penales, laborales, contencioso administrativos, fiscales y de jurisdicción constitucional. Un buen código de procedimiento es el que permite llegar a ese resultado práctico; uno malo el que no lo permite. nulidades procesales, a emedos de trámite, a demoras perjudiciales, a sentencias inhibitorias. Con este propósito conviene establecer la "inadmisión" de oficio de la demanda, otorgándose un término breve, por ejemplo de cinco días, para que se cumpla el mandato del juez, so pena de que le sea rechazada para que se vuelva a presentar en debida forma. 80 Sin pretensiones de agotar el tema sino, por el contrario, de apenas poner de presente algunos aspectos del trámite de los procesos que pueden servir para su aceleración y simplificación, en las páginas siguientes presentaremos nuestras recomendaciones. 11.- EN LA ETAPA DE LA LITIS CONTESTATIO 1) La exigencia de que en la demanda se soliciten las pruebas que se desean hacer valer y se acompañen los documentos que se encuentren en poder de la parte demandante. 2) Igual exigencia para la parte demandada en la contestación que le dé a la demanda. 3) Ordenar al juez que exija al demandante las aclaraciones y correcciones a sus demandas y contestaciones que considere necesarias y los documentos que falten, para el saneamiento inicial de la relación jurídica procesal, con el fin de que resulte inmaculada, libre de defectos formales que más tarde puedan conducir a Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 81 4) Exigir también al ~demandado las aclaraciones y correcciones, los documentos que falten, la respuesta expresa, clara y honesta sobre los hechos afirmados en la demanda, respecto a si son o no ciertos y en el segundo caso que manifieste cuáles son los verdaderos, sin permitirle que se limite a expresar que "no le constan" o "que los pruebe el demandante" u otras expresiones similares que eludan una actitud leal y franca sobre el material fáctico que debe ser discutido en el proceso, so pena de que se considere su conducta como un indicio grave en contra de sus excepciones y defensas en general y a favor de las pretensiones del demandante. 5) Ordenar al juez que rechace de plano la demanda cuando su conocimiento corresponda a otra rama de la jurisdicción y cuando el término para la caducidad de la acción se haya cumplido, y que cuando considere que carece de competencia para conocer de la demanda, la remita al juez que estime que sí tiene la competencia, con sus anexos. 6) Regular las llamadas en los v1eJos códigos "excepciones dilatorias" y en los modernos "excepciones previas", que la parte demandada puede proponer dentro mayo I diciembre de 1993 �83 Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas Dr. Hernando Devis Echandía del mismo término que se le otorgue para contestar la demanda, con el fin de que la litis contestatio quede bien conformada y limpia de vicios procesales, en forma de que sean resueltas rápidamente, sin que se conviertan en un trámite largo, de muchos meses, que paralice el proceso. Para conseguir ese fin deben limitarse esas excepciones previas en forma expresa, a saber: falta de jurisdicción; falta de competencia; existir compromiso para someter a arbitramento el asunto; incapacidad o indebida representación o inexistencia del demandante o del demandado; falta de prueba de la calidad de heredero o cónyuge o curador de bienes o de administrador de la comunidad o de albacea, en que se cita al demandado; falta de requisitos formales de la demanda; habérsele dado a la demanda un trámite equivocado; no comprender la demanda a todos los litis consortes necesarios; pleito pendiente. Además, permitir que se aleguen como previas, buscando así la aceleración del proceso, las excepciones de fondo o mérito de cosa juzgada, transacción y perención de proceso anterior, existir cláusula compromisoria para someter a arbitramento los futuros litigios; la falta de prueba de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado; la no citación de otras personas que la ley disponga que deben citarse; el haberse notificado la admisión de la demanda a persona distinta de la que fue demandada. inhibitoria; pues se deben evitar aquélla y ésta por todos los medios que sea posible utilizar. 82 Esas excepciones previas, son una parte de las "medidas de saneamiento inicial del proceso", que persiguen evitar la pérdida de trabajo, tiempo y dinero, para el Estado y para las partes, cuando por adelantarse el proceso con esos vicios se llegaría a una nulidad procesal o a una sentencia Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Existen dos clases de excepciones previas: las-relativas o temporales y las absolutas o definitivas; las primeras permiten la continuación del mismo proceso una vez que se elimine el obstáculo; las segundas le ponen fin y obligan al actor a iniciar otro si insiste en sus pretensiones, que· son las de compromiso arbitral, la de cláusula compromisoria, la de pleito pendiente cúando 'éste es total, la de cosa juzgada si es igualmente total y en el mismo caso las equivalentes de transacción, desistimiento de la demanda y perención del proceso. Un trámite acelerado de estas excepciones previas puede ser dar traslado por cinco días al demandante, dentro del cual podrá éste subsanar los defectos formales de la demanda y aportar los anexos que hicieron falta, y también pedir las pruebas que versen sobre hechos que las configuren; vencido el traslado el juez resolvería inmediatamente cuando no considere necesario decretar alguna prueba que haya sido pedida o que él ordene de oficio, en cuyo caso la decisión se hará luego de su práctica. El auto que decrete las pruebas no tendría recurso alguno; el que resuelva si con la reforma de la demanda quedaron subsanados los defectos de la inicial, no tendría apelación; tampoco el que niega las excepciones de incapacidad, indebida representación del demandante o del demandado, inexistencia de uno de estos o de ambos, falta de prueba de la calidad en que estos actúan, falta de requisitos formales o de indebida acumulación de preten- mayo I diciembre de 1993 �84 Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas siones; el que declare probada una de éstas, o las de trámite por proceso diferente al que corresponda, o de no comprender a todos los litis consortes necesarios, o de pleito pendiente, o de falta de citación a otras personas que la ley exige citar, o de haberse notificado la demanda a persona distinta de la que fue demandada, sería apelable en el solo efecto devolutivo; el auto que declare probada alguna de las demás excepciones, sería apelable en el efecto suspensivo, salvo la de falta de jurisdicción. Cuando se declare probada la excepción de falta de competencia, en el mismo auto se debe ordenar la remisión del expediente al juez que tenga la competencia. Si el demandante cumple la orden de corregir los defectos de la demanda o presentar anexos o pruebas documentales dentro del traslado de las excepciones, o de la misma contestación a la demanda, y cuando los anexos que faltaban fueren presentados, así lo declararía el juez, por auto que no tendría apelación. Si prospera la excepción de trámite inadecuado, el juez adelantaría el que corresponde; si la de falta de citación a alguien, se ordenaría citarlo. Si habiendo demanda principal y la de reconvención, y prospera una excepción absoluta o definitiva contra una y no contra la otra, seguiría el proceso respecto a ésta. Sería importante disponer que cuando no se aleguen como excepción previa hechos que configuren una de ellas, ya no pueda alegarse nulidad por ese motivo por el demandante, ni por el demandado que tuvo oportunidad Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Dr. Hernando Devis Echandía 85 de proponer la correspondiente excepoon previa, salvo, claro está, si se trata de nulidad insaneable como la de falta de jurisdicción. 7) Creación de la audiencia de conciliación, saneamiento y fijación de los hechos del litigio. Es la más importante de las reformas que proponemos. Solo operaría en los procesos declarativos; no en los ejecutivos, porque para éstos consideramos que serían m~yores los inconvenientes que las ventajas. Sería de forzosa convocatoria, luego de contestada la demanda si no se hubieren propuesto excepciones previas, o una vez resueltas éstas. No sería una verdadera audiencia preliminar, pero sí al comienzo del proceso, cuando el juez haya pedido estudiar la demanda, su contestación, los anexos a ambas y por tanto pueda proponer alguna fórmula de arreglo. Esto es muy importante para que tenga éxito. Se exigiría la presencia personal de los demandantes y demandados, además de sus apoderados, pues sin aquéllos no tendría éxito. La regulación de su trámite y su objeto podría ser la siguiente, que es la que se está introduciendo en este momento en el proceso civil colombiano: a) Si antes de la hora señalada para la audiencia alguna de las partes presenta excusa razonable para no comparecer, acompañada de prueba siquiera sumaria, se señalará de nuevo fecha y hora para que tenga lugar, sin que pueda haber otro aplazamiento. mayo I diciembre de 1993 �86 Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas Dr. Hernando Devis Echandía b) Si alguno de los demandantes o demandados no concurre, su conducta se consideraría como indicio grave en su contra. podría de oficio interrogar bajo juramento a las partes. Si éstas llegan a un acuerdo, el juez lo aprobaría si lo encuentra conforme a la ley. Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, en el mismo auto se declararía terminado el proceso; en caso contrario, continuaría respecto a lo no conciliado. c) La audiencia se efectuaría aunque ninguna de las partes o sus apoderados concurran para resolver las excepciones previas pendientes y adoptar las medidas de saneamiento que el juez considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias. Tanto a la parte como al apoderado que no concurra a la audiencia, o que se retire antes de que finalice ésta, se le impondría multa. d) Si alguno de los demandantes o demandados fuere incapaz, concurriría su representante legal. El auto que apruebe la conciliación a que se llegue implicaría la autorización a éste para celebrarla cuando sea necesaria de conformidad con la ley. e) Si concurren los demandantes y demandados, o alguno de éstos y aquéllos sin que exista litis consorcio necesario, el juez los requeriría para que concilien sus diferencias si fueren susceptibles de transacción, y si no lo hicieren deberá proponer las fórmulas que estime justas, sin que esto signifique prejuzgamiento. El incumplimiento de este deber haría incurrir al juez en causal de mala conducta. En esta etapa de la audiencia sólo se permitirían debates sobre las fórmulas de conciliación. Sería deber del juez examinar, antes de la audiencia, tanto la demanda como su contestación y en la audiencia Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 87 La conciliación y el auto que la apruebe tendrían los efectos de cosa juzgada. f) A continuación, el juez requeriría a las partes para que precisen los hechos en que estén de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba por confesión, los cuales se declararían probados mediante aut&-en el cual además se determinarían las pruebas pedidas que se eliminan por versar sobre tales hechos, y las pretensiones y excepciones que igualmente quedarían eliminadas como resultado de la conciliación parcial que se apruebe, simplificándose así el litigio y el proceso. Igualmente, si el juez lo considera necesario requeriría a las partes para que allí mismo aclaren y precisen las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito. g) Por último el juez deberá adoptar las demás medidas que considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias. h) La audiencia no sería sólo para tratar de conseguir una conciliación total o parcial; sino que de fracasar aquélla, se utilizaría para sanear el proceso, precisar los hechos discutidos y economizar tiempo y trabajo en la mayo I diciembre de 1993 �88 Dr. He-mando Devis Echandía Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas 89 Sería considerar que en México o en Colombia no ocurrirá lo mismo. i) Como puede observarsé, la concurrencia de las partes se considera más importante que la de sus abogados; se llevaría a cabo la audiencia aun cuando no concurran ni las partes ~ lo~ abogados; fracasaría la conciliación pero se obtendnan siempre grandes beneficios que la justificarían. Con el criterio opuesto la modernización de nuestra justicia judicial sería imposible, ya que se alegaría lo mismo para impedir cualquier reforma que incluya conductas nuevas o la utilización de los medios modernos de la cibernética, la informática, la electrónica y otros avances científicos o técnicos. práctica de pruebas que resultarían innecesarias. siempre de gran utilidad. Pero el juez deberá estudiar la demanda, la contestación a esta y las pruebas anexadas a ambas, antes de la audiencia, para que conozca el litigio y pueda proponer la fórmula de conciliación que considere aconsejable, cuando no haya habido acuerdo respecto a las presentadas por las partes 0 sus_ abogados. Se ha comentado que nuestros jueces no estan preparados para esa actuación y la consiguiente responsabilidad. . Pero ocurre que nadie aprende a manejar ningún ~tr~ento, sea el más elemental como un azadón y un ~1ca, s1 antes no se le da la oportunidad para practicar con él; debemos por tanto confiar en que nuestros jueces aprenderán a manejar esta audiencia, practicándola. ~chazamos el concepto de considerarlos ineptos o torpes o mcapaces de aprender con buena voluntad, estudio y práctica. Los resultados obtenidos en los países que tienen regula~a en forma parecida esta audiencia, con tal ~o~t~rudo, han sido magníficos. El beneficio para la justicia ¡udiaal, para la sociedad, para las partes y los abogados honestos, han sido enormes. No hay razón seria para Rwista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 111.- EN EL TRAMITE DEL PROCESO 1) Utilización de grabadora mecánica. Para aligerar la práctica de diligencias de inspección judicial, secuestros, entrega de bienes y otras, como también de las audiencias para recepción de testimonios e interrogatorio de partes y en el proceso verbal, se debe introducir el uso de grabaciones mecánicas, como se está haciendo en reforma para Colombia. Lo ideal sería que los cuadernos de escritos y providencias que se utilizan desde hace diez mil o más años, se reemplazaran por casetes de grabaciones; así habrá verdadero proceso oral o verbal por lo menos para la mínima cuantía y para un conjunto de asuntos que por su naturaleza requieren de un trámite rápido como los de familia y muchos comerciales. Las audiencias dictándole al mecanógrafo no dan buen resultado. Estamos proponiendo para Colombia ahora ese uso obligatorio de las grabadoras mecánicas, para ser aplicados a los procesos escritos en las audiencias y diligencias, para mayo I diciembre de 1993 �91 Sugerencias para el nuevo código proces:11 civil de Tamaulipas Dr. Hernando Devis Echandía el proceso verbal de mínima cuantía, y para otro verbal en asuntos de mayor cuantía. las audiencias y diligencias que deban practicarse, y exigir que cada una debe durar por lo menos cuatro horas si no ha finalizado su objetivo, y que en este caso se señale para continuarla el día más próximo posible. 90 En los de mínima cuantía y para algunos asuntos cualquiera que sea su valor, que serían de única instancia, no será necesario pasar al papel las actas, siendo suficientes los casetes. Para los procesos verbales de mayor cuantía o de asuntos complejos, se dispone la transcripción del acta grabada la cual quedará por dos días en la secretaría a disposición de las partes para que puedan durante dicho tér~~~ f~rmular sus observaciones, sobre las cuales el juez decrmra sm recursos. Pasado aquel término o notificado el auto, se podrán utilizar los casetes en otros procesos. Pero, inclusive para los procesos verbales de mayor cuan~ía .o complejidad, con el fin de disminuir la carga econormca al Estado en el suministro de miles de casetes esta~~s proponi~ndo que cuando cualquiera de las partes' sumuustre gratuitamente los casetes, se prescinda de la ~anscripción en actas de lo grabado, en cuyo caso al superior c_uando haya apelaciones se le enviarán esos casetes para el conocimiento de su contenido. Creemos que por la 1m~ortante aceleración del proceso que así se conseguirá, seran muchos los casos en que se suministre por alguna de l~s partes gratuitamente los casetes, ya que la ganancia en tiempo compensará sobradamente el dinero invertido en ellos. 2) Concentración de audiencias y diligencias. Para este efecto se debe ordenar que cuando su número su_ complejidad o su naturaleza lo haga necesario, el jue~ senale de una vez las fechas continuas e inmediatas para Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 3) Eliminación de la llamada hora judicial. Dicha hora judicial que permite llegar en el último minuto es una de las causas de demora de los procesos, porque significa la pérdida de los cincuenta y nueve minutos anteriores, y si el ·mismo día deben ocurrir en el juzgado o tribunal dos audiencias o diligencias, por la mañana una y por la tarde la otra, ya se pierden dos horas de trabajo en un día. Para eliminar esa situación y cambiar tan perjudicial conducta, debe disponerse y así se va a hacer este año en Colombia, que las audiencias y diligencias se deberán iniciar en el primer minuto de la hora señalada para ellas, aún cuando ninguna de las partes o sus apoderados concurran, y se procederá a recibir las declaraciones de los testigos que estén presentes, el interrogatorio que se haya ordenado a la parte que haya concurrido, el reconocimiento del documento si quien debe hacerlo está presente. Cuando se trate de citación a interrogatorio de parte, pasado el primer minuto de la hora señalada se producirá la confesión ficta de los hechos susceptibles de ser probados por ese medio. También podrá el juez, no habiendo concurrido nadie, practicar cualquiera otra prueba que le fuere posible, por ejemplo, la inspección sobre un inmueble si dispone de medios de transporte. Los apoderados que concurran después de iniciada la diligencia o audiencia, limitarán su intervención a la mayo I diciembre de 1993 �92 Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas Dr. Hernando Devis Echandía 93 actuación que esté pendiente en el momento de su concurrencia,/ sin que pueda pedir que se retrotraiga. cuando se propuso un incidente anterior o que sean similares a otro ya propuesto. Eliminación de incidentes y aceleración de los que Estamos eliminando entre otros, los incidentes para conflictos de competencia, impedimentos y recusaciones, acumulación de procesos, amparo de pobreza, y se deja para esos problemas el trámite sencillo y rápido que mencionamos atrás. 4) queden. Los incidentes de previa sustanciación y especialmente si además son de previa decisión o sea antes de proferirse la sentencia, son una de las principales causas de la exagerada demora de los procesos; por ello, estamos proponiendo la eliminación de muchos y la simplificación de los que forzosamente deben quedar. Ese trámite sustitutivo de los incidentes quedaría así: en el escrito que lo solicite se deben pedir las pruebas que necesitan práctica y acompañar los documentos que se encuentren en poder del peticionario; se da traslado por tres días a la otra parte quien deberá pedir y presentar también sus pruebas; se da un término de diez días para practicar pruebas o se señala una audiencia para ello, según la naturaleza de aquéllas y se decide. Si no hay pruebas que practicar, por no haberse pedido o por considerar el juez que las pedidas son innecesarias, resuelve de inmediato. Las apelaciones que autorice la ley en el curso de incidente, o del trámite especial que lo sustituya, deben ser conocidas con la del auto que lo decida y si no se apela de este se tendrán como no interpuestas. Por regla general, el incidente no debe interrumpir el trámite del proceso. El juez debe rechazar los incidentes que no estén autorizados, los que se promuevan fuera del término señalado para ello, los que se basen en motivos que existían Relrista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Se conserva el incidente de nulidad cuando lo proponga una parte, pero se establece su saneamiento en la gran mayoría de los casos por el no reclamo oportuno, por reclamarse luego de haberse actuado sin hacerlo, por alegarla quien dio lugar al hecho que originó la nulidad, por no ser la parte indebidamente representada o citada, por no haberse alegado como excepción previa el hecho que causa la nulidad habiendo podido alegarse allí por estar presente en el proceso, y cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa. La prueba practicada durante la actuación anulada, conservará su validez y tendrá eficacia respecto a quienes tuvieron oportunidad de contradecirla, por haber sido citados legalmente al proceso. El auto que decrete la nulidad de una parte del proceso que no impida la continuación del trámite de la instancia, será apelable sólo en el efecto diferido (no se cumple, pero el juez mantiene la competencia para seguir tramitando el proceso). Si la nulidad es de todo el proceso o de parte que impide su continuación, la apelación será en el efecto suspensivo. mayo I diciembre de 1993 �Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas Dr. Hernando Devis Echandía Las recusaciones se hacen más rigurosas y limitadas, y se les da un trámite rápido. de secuestros, de oficio o a petición de parte, para que se absuelva sobre puntos que no hayan sido objeto de interrogatorio anterior, y por los terceros que intervengan como opositores. 94 5) Prescindencia del término probatorio. El actual artículo 186 del código de procedimientos civiles autoriza a prescindir del término probatorio, cuando no se pidieron pruebas oportunamente, cuando a pesar de haberse decretado las partes lo piden de común acuerdo y cuando se hayan practicado las decretadas. Se está proponiendo adicionar el texto para que el juez de oficio pueda decretar que son suficientes las prácticas, a pesar de que otras se hayan decretado, y se agrega que en el mismo auto se debe dar el traslado para alegar de conclusión. Además, se propone adicionar el texto en el sentido de que la norma se aplique también a los incidentes y demás trámites dentro de los cuales exista la práctica de pruebas. Con las reformas propuestas se impedirá que las partes soliciten excesivas e innecesarias pruebas, para prolongar indebidamente el debate probatorio y demorar la sentencia. 6) Ampliación del interrogatorio de parte. Este interrogatorio, que los viejos códigos denominaban "posiciones", porque exigían que todas las preguntas fueran asertivas a fin de que se contestaran diciendo si eran o no ciertas, y que el código de 1970 permite formular asertivamente o no, para que pueda ser como para cualquier testigo y tenga mejores rendimientos, se permite actualmente de oficio o a petición de parte, en la primera instancia y en la segunda si no fue posible en aquélla sin culpa de la parte que lo pidió. Ahora se propone permitirlo en los incidentes y en las diligencias de entrega de bienes y Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 95 El interrogatorio se puede hacer verbalmente o mediante pliego escrito y en el segundo caso se puede sustituir por preguntas verbales, total o parcialmente. 7) Mayores exigencias en el interrogatorio de testigos. Para quitarle trabajo a los jueces que hoy deben recibir testimonios anticipados o sea antes de iniciarse el proceso, para luego hacerlos valer en este, lo cual complica la práctica de la prueba, pues se recibe dos veces al no haberse practicado la primera con previa citación de la futura parte contraria, lo cual nunca se hace, se están prohibiendo tales testimonios anticipados, con la. únic~ excepción de que el testigo se encuentre en grave peligro de morir por enfermedad o avanzada edad, lo cual se deb~ afirmar bajo juramento por quien solicita la prueba, y s1 resulta afirmación falsa quedará sin ningún valor el testimonio y no podrá ratificarse dentro del proceso, sino que tendría que volverse a recibir como si no se hubiera rendido antes. Para quitarles trabajo innecesario a los jueces, se ha dispuesto que los testimonios para fines no judiciales los reciban los notarios y los alcaldes. Se exige al juez que primero interrogue él al testigo, hasta convencerse de que ya expresó todo lo que sabe, y mayo I diciembre de 1993 �96 Dr. Hernando Devis Echandía Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas luego se le dé la palabra a quien pidió la prueba y después a la otra parte, para que interroguen; así se asegura la espontaneidad del testimonio y su veracidad, e igualmente se impide la pérdida de tiempo recibiendo testimonios que luego van a ser declarados sin mérito probatorio. Se simplifica la práctica de la prueba y se ahorra tiempo para el trámite del proceso. deberán ser por cantidad y valor determinados" y se agrega: Cuando el juez considere que no existe prueba suficiente para condenar en concreto, decretará de oficio, por una vez, las pruebas que estime necesarias para tal fin. De la misma manera deberá proceder el superior para hacer la condena en concreto omitida total o , parcialmente por el inferior, o para extender la condena en concreto hasta la .fecha de la sentencia de segunda instancia, aún cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado. 8) Eliminación de las condenas en abstracto o in genere. Se están reformando los artículos 307 y 308 del código de procedimientos civiles que autorizan esa clase de condenas cuando aparezca probado el derecho a frutos, mejoras, perjuicios y casos similares, pero no el monto o valor de ellos. Entonces, para la liquidación de esa condena se requería un procedimiento que generalmente duraba entre uno y tres años, es decir, casi lo mismo que el proceso donde se pronunció esa condena. Los abogados dejaban intencionalmente de pedir la peritación y demás pruebas que fueran necesarias para la condena en concreto o por valor determinado, para economizar el costo de ellas antes de haber obtenido la sentencia favorable, y evitar que el punto del valor determinado no llegara al conocimiento de la corte suprema mediante recurso de casación. Se está proponiendo eliminar esa condena en abstracto y 97 Solamente cuando la condena en perjuicios deba hacerse en un auto, en el curso de una instancia, por una mal conducta o un recurso o una oposición con temeridad, se hará la liquidación del monto o valor mediante incidente, por ser el único camino posible distinto del inconveniente de un proceso posterior. Si a pesar de la orden legal de hacer la condena en concreto previo el decreto de oficio de las pruebas que sean necesarias para ello, cuyo incumplimiento se propone elevar a causal de mala conducta para el juez, no se hiciere en la sentencia la condena en concreto, la parte interesada podrá pedir dentro del término de su ejecutoria, que se pronuncie sentencia complementaria, previa la práctica de la prueba que fuera indispensable. , el trámite posterior para la liquidación en concreto, que suele durar más de dos años. 9) En el nuevo artículo 307 se consagra el principio general de que "las condenas que hayan de hacerse en sentencia Estas notificaciones, especialmente la del auto que admite una demanda o libra un mandamiento ejecutivo Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Simplificación para la práctica de las notificaciones personales. mayo I diciembre de 1993 �• Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Támaulipas Dr. Hemando Devis Echandía para el pago o cumplimiento de la obligación, han sido fuente de largas demoras, por el ocultamiento que no puede demostrarse de la parte citada o porque sin aquél resulta muy difícil encontrarla en la casa o la oficina que bajo juramento haya denunciado en la demanda, el actor. Conocemos casos de hasta dos años perdidos tratando esa notificación. Y no se puede recurrir al emplazamiento, porque en la demanda se ha informado el lugar (casa o apartamento u oficina) donde puede ser notificado y porque no se trata de un caso de ocultamiento comprobado. diligencia, o el término de que disponga para comparecer, según fuere el caso. 98 Se propone (art. 320), el siguiente sistema, que respeta el derecho de defensa, pero aligera y simplifica el trámite y por lo tanto el proceso: Notificación a quien no es hallado y cuando se impida la diligencia. Cuando quien deba ser notificado personalmente no fuere hallado o en el lugar que para el efecto se haya denunciado en la demanda o en su contestación, o en el memorial de intervención, o en escrito posterior en caso de haberse variado aquél, o a falta de tal denuncia en el lugar que la parte contraria haya denunciado bajo juramento, o cuando a pesar de encontrarse en dicho lugar no se permita al notificador efectuar la diligencia, la notificación se surtirá de la siguiente manera: l. El notificador entregará un aviso a cualquier persona que se encuentre allí y manifieste que habita o trabaja en ese lugar, en el cual se expresará el proceso de que se trata, lé! orden de comparecer y el objeto de la comparecencia, así como el lugar, fecha y hora en que · debe surtirse la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 99 La persona que reciba el aviso deberá firmar la copia que conserve el notificador, la cual se agregará al expediente; si se niega a hacerlo, se dejará constancia de ello. 2. El informe del notificador acerca de la diligencia efectuada para la notificación personal y de la fijación y .entrega del aviso, se considerará rendido bajo juramento. 3. El aviso se fijará en la puerta de acceso a dicho lugar, salvo que se impida al notificador fijarlo. De lo ocurrido se dejará constancia en la cqpia de que trata el n~er~ anterior. La notificación se considerará efectuada al finalizar el día siguiente al de la fijación del aviso, o al de la diligencia si dicha fijación no hubiere sido posible. Copia del aviso se remitirá a la misma dirección .por correo certificado, cuando en la sede del despacho eXIsta este servicio. 4. Cuando se trate de notificación del auto que admita una demanda o del que libra mandamiento ejecutivo, en el aviso se informará al demandado que debe concurrir al despacho judicial dentro de los diez días si~entes al de su fijación, para notificarle dicho auto y que s1 no lo hace se le designará curador ad litem, previo emplazamiento. Si transcurre dicho término sin que el citado comparezca, previo informe del secretario_ el juez ~rocederá ~ emplazamiento en la forma prevista en el articulo 318, sm ·necesidad de auto que lo ordene. mayo / diciembre de 1993 �101 Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas Dr. Hernando Devis Echandía 5. Cuando la notificación personal deba practicarse por comisionado, éste hará los emplazamientos; pero el comitente designará el curador ad litern una vez le fuere devuelto el despacho debidamente diligenciado. vencimiento del mismo término de los sesenta días a partir de la ejecutoria de dicha providencia. 100 10) Simplificación del cobro de la condena impuesta en sentencia o en auto interlocutorio. Se simplifica y mejora el artículo 335 conforme al cual, cuando la sentencia ha condenado al pago de una suma de dinero, o a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor podrá formular demanda ejecutiva con base en dicha sentencia y en el mismo expediente, ante el juez de primera instancia del proceso en que fue dictada, siempre que lo haga dentro de los sesenta días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso. El auto de mandamiento ejecutivo se notifica por "estado", que es un aviso que se fija por un día en la secretaría del juzgado. Pasado el término mencionado, sin que se presente la demanda, el beneficiado con la condena debe adelantar la ejecución en proceso separado y ante el juez competente por el domicilio del deudor. Las ejecuciones para el cobro de condenas impuestas antes de la sentencia de única o segunda instancia, en razón de costas, multas y perjuicios, podrán adelantarse también ante el juez de primera instancia del proceso donde se impusieron, desde la ejecutoria de la respectiva providencia (auto interlocutorio en Colombia) y hasta el Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Se exceptúan las condenas impuestas por tribunales superiores y la corte suprema en primera o única instancia, o durante el recurso de casación o de revisión por la segunda; su cobro se debe hacer conforme a las reglas generales sobre competencia. 11) Aceleración y simplificación del trámite para la entrega de bienes inmuebles, muebles y personas. La regulación que se hace en los artículos 337 y 338 actuales, se ha prestado para que tinterillos hábiles demoren hasta varios años el cumplimiento de la sentencia que ordena dicha entrega. Para impedir esas maniobras y largas demoras, que significan el desconocimiento y la burla de la cosa juzgada, simplificando y acelerando el trámite, se está proponiendo la reforma de dichos textos de la siguiente manera: Corresponde al juez de primera instancia hacer la entrega; si la parte beneficiada con la sentencia lo pide dentro de los sesenta días siguientes contados como para el cobro ejecutivo de la condena se dispone, el auto que la ordene y fija fecha para la diligencia o comisiona para ello, se notifica por el simple aviso o "estado" que se fija por un día en la secretaría; pasado ese término se notificará como se dispone para el auto que admita la demanda, que como explicamos ya será por trámite sencillo y rápido. Si se trata de bien mueble que fue secuestrado en el proceso, si el secuestre no entrega en el término de mayo I diciembre de 1993 �Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas Dr. Hernando Devis Echandía ejecutoria de la providencia que levantó la medida cautelar o en el es~cial que en ella se le señale, la solicitud para que la haga el Juez puede formularse en cualquier tiempo y el auto que la ordene no tendrá recursos y no se oirá oposición alguna. inmediato recurso de reposición o insiste expresamente en la entrega, el bien se dejará al opositor en calidad de secuestro. Si la oposición es sobre parte del inmueble, se entregará el resto a la parte beneficiada con la sentencia. 102 . La entrega de incapaces se puede pedir en cualquier tiempo, ante el juez o tribunal que la haya ordenado, sin oír oposiciones, si en otras entregas, como de inmuebles, se formula oposición, se distinguen dos casos: si el opositor es persona contra quien produzca efectos la sentencia, o quien sea tenedor a nombre de aquél, el juez la rechazará de plano, mediante auto apelable en el sofo efecto devolutivo, y sobre la concesión del recurso se resolverá cuando finalice la diligencia con la entrega; pero si es persona contra quien no produce efectos la sentencia por cumplir, se le oye si de cualquier manera alega hechos constitutivos de posesión material y los acredita con prueba siquiera. sumaria pero convincente (generalmente testimonios recibidos extra-proceso), o si los acredita con testimonios de personas que puedan comparecer de inmediato. La otra parte puede presentar también testigos que estén presentes ! documentos, y el juez interrogará al opositor bajo Juramento y el favorecido con la entrega podrá también interrogarlo. Si se decide en contra del opositor el auto es apelable en el efecto devolutivo, y se resolverá sobre la concesión del recurso al finalizar la entrega. Si se decide a favor del oposit~r, no se efectúa la entrega y el auto no será apelable; pero s1 la parte favorecida con la sentencia interpone de Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 103 Si quien se opone a la entrega es un tenedor con título proveniente del demandado vencido, siempre que pruebe su tenencia y que esta deriva de un acto del demandado, se le oirá la oposición. El juez procederá a interrogarlo bajo juramento sobre su tenencia y los lugares de habitación o de trabajo del supuesto poseedor, a quien se notificará en la forma regulada para el auto admisorio de la demanda, pero sin necesidad de emplazamiento, pero si no es posible conocer el lugar para notificarlo así, el juez procederá a emplazarlo. Admitida la oposición, si la diligencia la practicó el juez que conoció del proceso en primera instancia, éste ordenará por auto que debe proferir dentro de los tres días siguientes, que a partir del vencimiento de este término y dentro de otros tres días siguientes a la notificación de dicho auto, el opositor y el demandante soliciten pruebas que se relacionen con la oposición, las cuales se practicarán en la más próxima fecha o audiencia que para ello señale el juez. Si la diligencia la tramitó un comisionado del juez de la causa, aquél remitirá inmediatamente el despacho a éste si la oposición fuere sobre todos los bienes por entregar, y el comitente procederá como se explica en el párrafo anterior. mayo I diciembre de 1993 �105 Sugerencias para el nuevo código proc~sal civil de Tamaulipas Dr. Hernando Devis Echandía Si la oposición fuere parcial, la remisión del despacho se hará cuando termine la diligencia. N.- SIMPLIFICACION Y ACELERACION EN EL RECURSO DE APELACION En ambos casos, practicadas las pruebas o si se dejaron de practicar por culpa del interesado, el juez resolverá la oposición, teniendo en cuenta las que se practicaron durante la diligencia; pero los testimonios extraproceso presentados en ésta, deben ser ratificados mediante interrogatorio a los testigos o no serán estimados. Si la oposición se decide a favor del demandante, se hará la entrega sin oír oposición de nadie; si se decide a favor del opositor, se levantará el secuestro, a menos que el demandante presente al juez, dentro del mes siguiente, prueba de haber iniciado contra el poseedor el proceso a que hubiere lugar para recuperar la posesión. El código de procedimientos civiles de 1970 consagró el principio de que el recurso de apelación procede únicamente contra las sentencias que no sean de única instancia y contra algunos de los autos tradicionalmente denominados "interlocutorios" que el_mismo código u otra ley señale expresamente. Se terminó así con la lluvia de apelaciones que significó, durante muchos ap.os, el permitirlas contra todos los autos interlocutorios, es decir, los que no fueran de simple trámite; los cuales podían hacerse pronunciar por el juez mediante el sencillo sistema de formular peticiones equivocadas o mal intencionadas que no fueran para impulsar un simple trámite. 104 La parte vencida en el trámite de la oposición será condenada a pagar las costas y los perjuicios causados a la otra, los cuales se liquidarán por incidente. Para tutelar el derecho de defensa del tercer poseedor no ~bligado por la sentencia, que no estuvo presente en la diligencia de entrega y por ello no puede oponerse, se otorga a éste el término de treinta días para que solicite al juez del conocimiento del proceso, que se le restituya la E9Sesión, y se tramitará un incidente; si se decide desfavorablemente al tercero, se le condenará a una multa d,e diez a veinte salarios mínimos mensuales. Esto se aplicará también al tercero poseedor con derecho a oponerse que estuvo presente durante la diligencia, pero sin apoderado que lo represente. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Y como además el efecto suspensivo de la apelación era, antes de 1970, para la gran mayoría de las apelaciones, la mencionada maniobra producía el horrible resultado de que se podía fácilmente demorar la primera instancia de cualquier proceso entre cinco y diez años. Conocí y sufrí la increíble experiencia de procesos ordinarios de más de 15 años y ejecutivos de más de 10. Contribuyó también eficazmente a disminuir la demora del proceso causada por las apelaciones, el establecimiento en 1970 del efecto "diferido", que es intermedio entre el suspensivo y el simplemente devolutivo, ya que si bien no se puede cumplir la providem::ia apelada, el juez conserva su competencia para continuar el trámite de la instancia. Gracias a ello, muchas apelaciones que antes debían ser en el efecto suspensivo en razón de que era la única forma de mayo I diciembre de 1993 �106 Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas impedir que se crearan situaciones perjudiciales irreversibles, no obstante que el superior revocara la providencia, desde 1971 quedaron en el efecto diferido. El código de 1970 aligeró mucho los procesos civiles comerciales, especialmente en provincias y en capitales de departamentos o distritos judiciales de no mucha población; en Barranquilla, Medellín y Cali aquello ocurrió en menor pero importante grado; en Bogotá ha sido poca la aceleración, por el enorme número de procesos que se reparten a cada juzgado, pero indudablemente antes su duración era bastante mayor. Se propone ahora nueva reforma, muy importante, a este recurso que busca enmendar los frecuentes errores de los jueces unipersonales, más numerosos donde el excesivo volumen de procesos que deben tramitar les deja muy poco tiempo para estudiar y meditar. Los aspectos importantes de la reforma son: a) Se cambia el efecto general suspensivo, por el simplemente devolutivo; ello disminuye en mucho la demora de la primera instancia, en toda clase de procesos. No es una invención de quienes formamos parte de la comisión para revisar el código, pues hace muchos años se venía proponiendo a nivel iberoamericano, en reuniones del Instituto, por lo cual en el anteproyecto de código tipo de procedimiento civil para Iberoamérica, elaborado por dicho instituto, se incluye c~mo sistema modelo. Por consiguiente, para que el efecto del recurso sea suspensivo o diferido, es indispensable que expresamente lo diga el código u otra ley. Revista ~ la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Dr. Hernando Devis Echandía 107 b) Se conservan las limitaciones de apelaciones contra autos interlocutorios, a los expresamente señalados. c) Se aclara la procedencia del recurso en casos que venían siendo interpretados de diferentes manera por la jurisprudencia y la doctrina, lo cual complicaba y demoraba el proceso. d) No se exige motivar la apelación en el acto de interponerse el recurso, porque así no se disminuye el número de apelaciones y como se presta a distintas interpretaciones de la manera como se debe cumplir el requisito, resulta en muchos casos una demora perjudicial o una manera de lesionar el derecho constitucional de defensa; además, la apelación responde a un criterio de interés público o general, que busca la mejor justicia mediante la corrección de los múltiples errores de los jueces de primera instancia, y aq~el~a. exigencia está en contradicción con tan importante prmc1p10. e) Se consagra el también muy importante principio, de que cuando las apelaciones se otorguen en el efecto suspensivo, salvo norma especial en contrario (la cual sólo existe para unos pocos casos), no suspenderán la competencia del juez sino cuando el proceso se encuentre en estado de ordenar el traslado para alegar de conclusión, momento en el cual se enviarán al superior todas las que estén concedidas, mediante auto que no tendrá recurso a~guno. Es una especie de suspensión del efecto suspensivo del recurso, que simplifica el procedimiento del recurso y acelera el proceso. mayo I diciembre de 1993 �109 Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas Dr. Hernando Devis Echandía f) Obviamente se mantiene la facultad para que el apelante solicite que se le otorgue el recurso en el efecto diferido o devolutivo, cuando correspondía en el suspensivo; o en el diferido cuando correspondía en el devolutivo. consulta forzosa de oficio, el secretario deberá comunicar inmediatamente ese hecho al superior, sin necesidad de auto que lo ordene, para que éste declare desiertos dichos recursos, ya que la ejecutoria de la sentencia significa la conformidad con ella y en consecuencia con lo que se dispuso en los autos apelados. Pero si se apela de la sentencia o tuviere consulta, el superior deberá decidir conjuntamente sobre el recurso contra la sentencia o su consulta y contra las apelaciones de autos que tenga pendientes, salvo cuando alguno de los autos apelados hubiere negado pruebas porque entonces si el superior lo revoca y las decreta, debe primero proceder y practicarlas y luego proferirá la sentencia. 108 g) Se autoriza para que cuando la apelación sea en el efecto suspensivo o diferido y se interponga expresamente solo contra una o varias de las decisiones contenidas en la ~rovidencia (auto o sentencia), las demás se cumplan, · siempre que no sean consecuencia de las apeladas y que la otra p~rte no hubiere interpuesto contra ellas apelación concedida en el efecto suspensivo o en el diferido. y tambi~~ se. autoriza, c~n las mismas condiciones, que si la apelaoon tiene por objeto obtener más de lo concedido en la providencia recurrida, podrá pedirse el cumplimiento de lo reconocido en ésta. Esta reforma simplifica el cumplimiento de la parte no apelada de la sentencia o del auto, lo acelera notablemente y estimula a la parte parcialmente favorecida para que no apele, ya que en muchos casos será preferible recibir menos pero pronto, que mucho con la espera que la apelación implica. . h) Para que cuando el superior demore resolver apelaoones de autos en el efecto diferido o devolutivo, no deba el inferior paralizar el proceso una vez que esté en situación de dar los_traslad_os para alegar de conclusión y de proferir la sente~oa, se dispone que en el segundo debe proferir la sentenoa aun cuando el primero no haya resuelto esas apelaciones; si la sentencia no fuere apelada ni tuviere Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Y para prever el problema que pueda presentarse en el cumplimiento de esta reforma, se dispone que quedarán sin efecto las decisiones del superior que hayan resuelto apelaciones de los mencionados autos, cuando el inferior hubiere proferido la sentencia antes de recibir la comunicación que por telégrafo tiene el deber de darle el secretario del superior, inmediatamente que éste haya resuelto una apelación de auto en el efecto diferido o simplemente devolutivo, informándole si confirmó o revocó. Por tanto, si la dicha comunicación le llega al inferior antes de proferir sentencia, debe esperar a que le sean devueltas las copias sobre las cuales el superior conoció de esas apelaciones, y si desobedece este mandato y éste hubiera revocado alguno de los autos apelados, el inferior deberá declarar sin valor la sentencia, por auto que no tendrá recurso, y proferirá una nueva. i) Para facilitar, simplificar y hacer menos onerosa la expedición de copias con destino a tramitar las apelaciones mayo I diciembre de 1993 �110 Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas Dr. Hernando Devis Echandía e~ el efecto simplemente devolutivo o en el diferido, lo nu~mo que c~ando a pesar de ser en el suspensivo debén deJarse e~ el Juzgado del in:erior copia de las piezas que éste considere como necesarias y determine en el auto que otorga_ :1 recurso, s~ dispone que después de la primera apela~on que reqwera copias, las necesarias para las poste~~res serái:1- únicamente las que correspondan a la actua~on posterior a las copias expedidas para anteriores ape.laoones, a~ cuando no hayan sido devueltas por el super10r. De tal orcunstancia el secretario del inferior deberá informar al superior en el oficio con el cual le remita las nuevas copias. proceda a tramitar la apelación, en vez de devolver el expediente o sus copias, según fuere el caso, para que se subsane el defecto; pues se propone que la decisión del superior, resolviendo el recurso, sea de sentencia o de auto, sanea la irregularidad. j) Se simplifica también la decisión de las apelaciones por_ el ~~perior, ~l e~~ar los problemas que hoy presenta la aphcac10n del prinopio de la reformatio in pejus, que causan demoras por los recursos que interponen las partes y ampliando el artículo 357, para que pueda el superior 'resolver so~re la nulidad que observe, aun cuando ese punto no sea obJeto del recurso, en vez de dejar simplemente una ?bse~ación ~e ella, que es lo que ahora ocurre, para que el inferi?r., profiera el auto declarándola, el cual tendrá repos~oon y apelación, que hace subir el asunto otra vez al sup:rior para que éste confirme o revoque lo resuelto por aquel, con doble trabajo y con una demora del proceso que puede ser de muchos meses. k). Se acel~ra y simplifica el trámite de la apelación y del proceso, me~an~e una adición al artículo 358 que regula el exam~n preliminar que el superior debe hacer del expediente, cuando lo reciba en apelación, en el caso de que no observe que falta la firma del funcionario inferior y Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 111 Y con el mismo propósito y buen resultado, se autoriza al superior para que cuando la apelación debía ser concedida por el inferior en el efecto devolutivo y la otorgó en el diferido, o viceversa, en vez de devolver las copias a éste como ahora ocurre, simplemente corrija lo del efecto que corresponde y le comunique esto por medio de oficio. V.- LA REFORMA A LA REGULACION Y TRAMITE DE LOS PROCESOS 1. - El proceso verbal único. El proceso ideal es el verbal o por audiencias, ya que solamente en él existe verdadera inmediación del juez a las partes y a sus apoderados, lo mismo que a los testigos y peritos. Además, con él se obtiene más concentración en los trámites y mayor aceleración en general para obtener la sentencia. Pero lo anterior está condicionado a que se designen por el Estado los suficientes jueces que para un sistema de proceso verbal deben ser muchos más que para uno escrito, y más auxiliares de éstos, y a que se dote tanto al juez como al secretario de la maquinaria moderna que les permita trabajar con mayor eficiencia y rapidez. Inclusive la dotación de computadores a cada despacho judicial, como instrumentos útiles para facilitarles la elaboración de sus providencias, ojalá con conexión al centro de mayo I diciembre de 1993 �113 Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas Dr. Hernando Devis Echandía computación donde se almacene y se les suministre toda la información sobre las leyes vigentes y reglamentos complementarios, la jurisprudencia sobre los diversos casos juzgados en materias civil, comercial, penal, contencioso administrativa, y partes seleccionadas de la doctrina sobre ellos mismos. audiencias verbales para la recepción de interrogatorios a las partes y a los testigos, e inclusive para oir la exposición de los peritos sobre sus dictámenes; b) Regulando al lado de aquéllos algunos procesos verbales por audiencias, entre los cuales predominan los declarativos y ejecutivos para asuntos de mínima cuantía, que exigen un procedimiento más acelerado y sencillo, como también para algunos otros asuntos sin consideración a su cuantía o valor, escogidos solamente en razón de que requieren trámite igualmente acelerado; e igualmente, procesos verbales para asuntos de mayor y menor cuantía, muchos de ellos contemplados en los códigos de comercio, otros por ser de familia o por diversas razones especiales, cuya complejidad exige que se den más garantías procesales y que su trámite sea menos acelerado. 112 Dota?ª sí de los suficientes magistrados y jueces, secretarios y personal subalterno restante, máquinas ~~bad~ras para captar lo que se diga en las audiencias y diligencras, con sus casetes para que sustituyan a los cuade~nos escritos, e inclusive para que el juez pueda proferir verbalmente sus decisiones y sentencias, podrían establecerse el proceso único verbal, en vez de los muchos que hoy contienen la gran mayoría de los códigos de procedimiento especialmente los civiles, comerciales, laborales y contencioso administrativos. El costo de la justicia judicial resulta así superior. Pero ser~a la ~implicidad perfecta en los procedimientos y el meJor metodo para practicar al difícil arte de administrar justicia judicial. 2.- Procesos verbales y escritos. _Las dificultades presupuestales que en todas partes exISten . para darle a la justicia judicial el porcentaje necesario de los presupuestos de gastos e inversiones del Estado, hacen imposible establecer el sistema ideal del proceso verbal único, y obligan a los legisladores a conformarse con un sistema mixto, escrito y verbal, sobre dos bases: a) Organizando procesos escritos pero con Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Esa dualidad de procesos escritos con ciertos aspectos verbales y procesos verbales propiamente dichos existe en Colombia, especialmente desde 1970, para la rama civil de la justicia judicial. Y es la que recomendamos para el nuevo código del estado de Tamaulipas. El proceso verbal, cuando no esté consagrado exclusivamente para los asuntos de mínima cuantía, sino para otros de mayor y menor cuantía, además de para asuntos importantes cualquiera que sea su cuantía, no puede ser regulado con un solo procedimiento; pues resulta absurdo someter a los problemas de mínima cuantía al trámite necesariamente más largo del proceso verbal de mayor cuantía. El primero exige más aceleración, mayor simplificación, una dirección más efe~tiva por el juez que impida la aparición de vicios de nulidad o de motivos que impidan la mayo / diciembre de 1993 �114 Dr. Hernando Devis Echandía Sugerencias para el nuevo_ código procesal civil de Tamaulipas decisión de mérito o en el fondo, que resuelva sobre pretenciones y excepciones de las partes. Queremos presentar como modelo la organización que le estamos dando en el proyecto de reformas al código de procedimiento civil colombiano de 1970, a estos dos procesos verbales: uno de mayor y menos cuantía, y otro sumario para los asuntos de menor cuantía y otros sin consideración a la cuantía. CAPITULO PRIMERO PROCESO VERBAL DE MAYOR Y MENOR CUANTIA Artículo 427.- Asuntos que comprende. Se tramitarán en proceso verbal por el trámite consagrado en este capítulo los siguientes asuntos: Parágrafo primero. Sin consideración a su cuantía: 1. Nulidad y divorcio de matrimonio civil, separación judicial de cuerpos o de bienes sin mutuo consentimiento, sin perjuicio de trámite notarial previsto en la ley. 2. Privación de la patria potestad o de la administración de bienes del hijo y remoción del guardador. 3. La interdicción por disipación, demencia y sordomudez, y rehabilitación del interdicto. 4. Los asuntos a que se contraen el artículo 5 del decreto 2610 de 1979. 5. Las controversias que se susciten sobre los derechos de autor y las conexas con éstas, de que trata el artículo 242 de la ley 23 de 1982, que no correspondan a las autoridades administrativas. Parágrafo segundo. Por razón de su cuantía: 1. Restitución de bienes vendidos con pacto de reserva de dominio, cualquiera que sea la naturaleza del Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 115 contrato. 2. Los que versan sobre los derechos del comunero contemplados en los artículos 2330 a 2333 del código civil. 3. Prestación de cauciones en los casos previstos por la ley sustancial o la convención, excepto cuando deba prestarse en el curso de otro proceso. 4. Relevo de fianza y ejercicio de los demás derechos consagrados en el artículo 2394 del código civil. 5. Mejoramiento de hipoteca o reposición de la prenda, en los casos contemplados en la ley sustancial. 6. Declaración de extinción anticipada del plazo de una obligación o de cumplimiento de una condición suspensiva. 7. Reducción de la pena o de la hipoteca o prenda en los casos contemplados en la ley, salvo norma en contrario. 8. Reducción o pérdida de los intereses pactados, o fijación de los intereses corrientes, salvo norma en contrario. 9. Liquidación de los perjuicios de que trata el artículo 72. 10. Los conflictos que se originen con ocasión de los contratos de aparcería, regulados en la ley 6a. de 1975 y su decreto reglamentario 2815 de 1975 y normas complementarias. 11. La reposición, cancelación y reivindicación de títulos valores, certificados de depósito a término, certificados de cambio, títulos canjeables, certificados de reembolso tributario, títulos de ahorro cafetero, y de cualquier otro documento de naturaleza similar a los primeros. 12. Los previstos en los artículos 175, 519, 937, 940, incisos 2° y 3º, 941, 943, 945, 948, 950, 952, 966, 972, 1164, 1170 y 1346 del código de comercio y todo otro asunto mayo I diciembre de 1993 �116 Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas que dicho código ordene resolver mediante proceso abreviado o por trámite incidental autónomo. 13. Los asuntos de que trata el decreto 3466 de 1982 sobre protección al consumidor, debiéndose tener en cuenta las disposiciones especiales que dicho decreto consagra. 14. Las acciones revocatorias de que tratan los artículos 19, 20 y 56 del decreto 350 de 1989, sobre concordatos comerciales. Artículo 428.Demanda, admisión, traslado y contestación. La demanda, su admisión y su traslado, se sujetarán a lo dispuesto en el capítulo I y II del título VII del libro segundo de este código. El término del traslado será por diez días, para que se conteste por escrito. Artículo 429. Excepciones previas y de mérito. Podrán proponerse excepciones previas en la oportunidad y en la forma prevista en el artículo 98, y se tramitarán como lo ordena el artículo 99, excepto lo dispuesto en la parte final del numeral 4 respecto a la decisión de tales excepciones, y en el numeral 13 sobre recursos, que se sustituyen por lo siguiente: Las excepciones previas serán resueltas antes de la audiencia, previo el traslado al demandante por el término de tres días, si no hubiere pruebas que practicar; caso contrario, el juez decretará las que considere necesarias teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 98, que se practicarán dentro de los diez días siguientes, vencidos los cuales pronunciará su decisión. El auto que declare probada las excepciones de falta de jurisdicción, de compromiso o cláusula compromisoria y de trámite por proceso diferente, será apelable en el efecto suspensivo; el que declare probada la de falta de competencia no tendrá apelación, y se procederá como dispone el numeral 7 del artículo 99; el que declare Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Dr. Hernando Devis Echandía 117 probadas las demás, y el que declare no pro~adas aquéllas y éstas, serán apelables en el efecto devolutivo. Si el demandado propone excepciones de mérito, el escrito se mantendrá en la secretaría por tres días a disposición del demandante, para que éste pueda pedir pruebas sobre los hechos en que ellas se fundan. Artículo 430. Señalamiento de fecha y hora para la audiencia. Vencido el término del traslado de la demanda y el de las ·excepciones de mérito, cuando se hubieren propuesto, y decididas las excepciones previas, si fuere el caso, el juez señalará para la audiencia el décimo día siguiente, por auto que no tendrá recursos, y prevendrá a las partes para que a ella presenten los documentos y los testigos. Artículo 431. Citación de las partes para interrogatorio y dictamen de peritos. En el auto que señale fecha para la audiencia, el juez, a petición de parte o de oficio, citará a las partes para que en ella absuelvan sus interrogatorios y designará peritos, quienes tornarán posesión dentro de los cinco días siguientes a la comunicación telegráfica de sus nombramientos. La decisión que niegue las pruebas mencionadas es susceptible de apelación, la cual se tramitará junto con la de la sentencia. Artículo 432. Trámite de la audiencia. Para el trámite de la audiencia se aplicarán las siguientes reglas: Parágrafo primero. Iniciación, conciliación y duración. El juez aplicará en lo pertinente lo dispuesto en los parágrafos segundo y tercero del artículo 101. Parágrafo segundo. Saneamiento del proceso. El juez aplicará lo dispuesto en el parágrafo quinto del artículo 101. mayo I diciembre de 1993 �118 Sugerencias para el nuet10 código procesal civil de Tamaulipas Parágrafo tercero. Fijación de hechos, pretensiones y excepciones de mérito. Para estos efectos el juez dará aplicación a lo dispuesto en el parágrafo sexto del artículo 101. Parágrafo cuarto. Instrucción. A continuación el juez, de oficio o a petición de parte, decretará las pruebas que considere necesarias y para su práctica se procederá de la siguiente manera: a) Recibirá los documentos que se aduzcan; b) Recibirá solamente el testimonio de las personas que se encuentren presentes, y prescindirá del de las demás; c) Oirá el dictamen de los peritos. Si éstos no concurren, designará inmediatamente a quienes deban reemplazarlos y de ser posible les dará posesión; en caso contrario, lo hará dentro de los tres días siguientes al envío del aviso telegráfico de que trata el numeral 9 del artículo noveno, y el dictamen se rendirá en la audiencia que se señale para el quinto día siguiente a dicha posesión; d) Rendido el dictamen, se dará traslado de él a las partes en la misma audiencia y éstas podrán solicitar aclaraciones y formular objeciones; ambas se tramitarán en aquélla, pero las segundas se decidirán en la sentencia. Si se decreta dictamen de peritos éste se rendirá en audiencia, la cual tendrá lugar el décimo día siguiente. e) Cuando se decrete la práctica de una inspección o una exhibición que deba practicarse fuera del recinto del juzgado, en la misma audiencia se señalará fecha y hora para ello, dentro de los cinco días siguientes a aquélla, en cuyo caso el juez señalará para continuarla el quinto día siguiente al que concluya la diligencia. Parágrafo quinto. Alegaciones. Concluida la instrucción, el juez oirá hasta por veinte minutos a cada parte, primero a la demandante y luego a la demandada. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Dr. Hernando Devis Echandía 119 Parágrafo sexto. Sentencia, costas, apelación y consulta. Cumplido lo anterior, el juez proferirá sentencia en la misma audiencia, si le fuere posible. De lo contrario suspenderá ésta por diez días, y en su reanudación pronunciará aquélla, aun cuando no asistan las partes ni sus apoderados. En la sentencia se hará la liquidación de las costas que se impongan, y en la misma audiencia se resolverá sobre la apelación o la consulta, si fuere el caso. Parágrafo séptimo. Grabación de lo actuado y acta. En la audiencia se utilizará el sistema de grabación mecánica; el acta se elaborará utilizando aquélla, en la forma que regula el artículo 109. Cuando la sentencia la llevare el juez escrita, su texto completo se agregará al expediente y en el acta sólo se dejará constancia de su pronunciamiento. En el caso anterior el secretario conservará las grabaciones durante los cinco días siguientes a la firma del acta por el juez, para que cualquier interesado pueda pedir la reproducción mecánica de aquéllas; pasado dicho término, podrán ser utilizadas las cintas magnetofónicas para otros efectos. Si al comenzar la audiencia una de las partes solicita que se prescinda de la versión escrita y suministra dos juegos de cintas magnetofónicas uno de los cuales quedará bajo custodia del juez y el otro se enviará al superior en lugar de la versión escrita, así se procederá en este caso, el acta se elaborará como dispone el parágrafo sexto del artículo 449. Artículo 433. Reconvención e incidentes. En este proceso no es admisible la demanda de reconvención, salvo cuando verse sobre alguno de los asuntos de que trata el numeral 11 del artículo 427. En cuanto a incidentes se observarán las siguientes reglas: mayo I diciembre de 1993 �120 Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas l. No podrá pedirse la acumulación de procesos, salvo en los casos del numeral 11 del artículo 427. 2. El amparo de pobreza y la recusación solamente podrán proponerse antes de vencer el término para contestar la demanda. 3. Los demás incidentes y las solicitudes de trámite especial que en esta reforma reemplazan algunos incidentes, deberán proponerse en cualquier estado de la audiencia, en la cual se practicarán las pruebas; la decisión se adoptará en la sentencia, salvo la recusación de peritos que será de previo pronunciamiento, por auto que no tendrá recursos. Artículo 434. Recursos y su trámite. Las apelaciones de los autos susceptibles de este recurso deberán interponerse inmediatamente se profieran, pero se concederán conjuntamente cuando haya concluido la práctica de las pruebas. Cuando la apelación se conceda en el efecto suspensivo, para la nueva audiencia se señalará, en el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, el quinto día siguiente a la fecha de aquél. En el trámite ante el superior, el traslado para alegar en todas las apelaciones será común por el término de tres días. CAPITULO SEGUNDO PROCESO VERBAL SUMARIO Artículo 435. Asuntos que comprende. Se tramitarán por el procedimiento que regula este capítulo, los siguientes asuntos: Parágrafo primero. Sin consideración a su cuantía: Dr. Hernando Devis Echandía 121 tratan el artículo 7o. de la ley 182 de 1948 y los artículos 8º y 9° de la ley 16 de 1985. 2. Autorización de copia de escritura públic~ en los casos previstos por la ley, salvo norma en contrario. 3. Fijación, aumento, disminución y exoneración de alimentos, y restitución de pensiones alimenticias. 4. Separación de cuerpos o de bienes por mutuo consentimiento. S. Las controversias que se susciten entre los padres, o los cónyuges, o entre· aquéllos y sus hijos menores, respecto al ejercicio de la patria potestad; como también los litigios de igual naturaleza, en los que el defensor de menores o de familia actúa en representación de los hijos; las diferencias que surjan entre los cónyuges sobre fijación y dirección del hogar, derecho a ser recibido en éste y obligación de vivir juntos; la solicitud del marido sobre examen a la mujer a fin de verificar el estado de embarazo, y en general los asuntos en los que sea necesaria la intervención del juez previstos en la ley 24 de 1974, en los decretos 2820 de 1974, 206 y 772 de 1975, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al instituto de bienestar familiar. 6. Los posesorios especiales que regula el código civil. 7. Las acciones populares de que tratan el artículo 2359 del código civil y el decreto 3466 de 1982. 8. Las acciones revocatorias de que tratan los artículos 20 y 56 del decreto 350 de 1989, sobre concordato comercial. 9. Los casos que contemplan los artículos 913, 914, 918, 931, 940 primer inciso, 1231, 1469 y 2.026 a 2.032 del código de comercio. 10. Los que conforme a disposición especial deba resolver el juez con conocimiento de causa, o breve y sumariamente, o prudente juicio, o a manera de árbitro. l. Controversias sobre la propiedad horizontal de que Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales mayo I diciembre de 1993 �122 Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas Parágrafo segundo. Por razón de su cuantía: Los asuntos de que trata el parágrafo segundo del artículo 427 que sean de mínima cuantía, y los demás que sean de esta misma cuantía. Artículo 436. - Demanda, admisión y notificación. La demanda deberá expresar el nombre de las partes demandante y demandada, el lugar donde deben notificarse, los hechos que le sirvan de fundamento, lo que se pretende, su valor y las pruebas que se desea hacer valer. A la demanda se acompañarán los documentos que estén en poder del demandante. Cuando la demanda sea de mínima cuantía podrá presentarse por escrito o verbalmente ante el secretario; en el último caso se extenderá un acta que deberá firmarse por éste y por el demandante. El secretario procurará que la demanda cumpla los requisitos legales. Presentada la demanda o elaborada el acta, el juez deberá exanúnarla y si considera satisfechos los requisitos, la admitirá mediante auto que se notificará al demandante como disponen los artículos 314 a 320, con entrega de copia de la demanda o del acta respectiva, según fuere el caso. Si faltare algún requisito o documento, el juez ordenará por auto de cúmplase que previamente a la admisión de la demanda se subsane o se allegue, lo cual podrá hacerse verbalmente si se trata de asunto de mínima cuantía, en cuyo caso se extenderá acta adicional. Artículo 437.- Contestación a la demanda y prohibición de excepciones previas. La contestación a la demanda se hará por escrito, pero si fuere asunto de mínima cuantía podrá hacerse verbalmente, dentro de los cinco días siguientes a la notificación al demandado del auto admisorio de la demanda. En el segundo caso se Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Dr. Hernando Devis Echandía 123 extenderá un acta que deberá firmar el secretario y el demandado. Con la contestación deberán aportarse los documentos que se encuentren en poder del demandado y pedirse en ella las demás pruebas que quisiera hacer valer con la limitación establecida en el parágrafo cuarto del artículo 449. Si se proponen excepciones de mérito, se dará traslado de éstas al demandante por tres días, para que pida pruebas relacionadas con ellas. En este proceso no podrán proponerse excepciones previas. Artículo 438. - Medidas de saneamiento y otras. El juez, en el auto que señale fecha para la audiencia, deberá de oficio ordenar que se alleguen en ésta los documentos de que trata el artículo 98 y adoptar las medidas necesarias para el saneamiento del proceso, con el fin de evitar nulidades y sentencias inhibitorias. Parágrafo primero. Señalamiento de fecha y hora para la audiencia, citación para interrogatorio de parte, nombramiento y posesión de perito. Se aplicará lo dispuesto en los artículos 430 y 431, salvo en materia de prueba pericial para la cual se designará un perito. Artículo 439. - Trámite de la audiencia. La audiencia se sujetará a las siguientes reglas: Parágrafo primero. Iniciación, duración y conciliación. El juez aplicará lo dispuesto en los parágrafos segundo y tercero del artículo 101, en lo pertinente. Parágrafo segundo. Saneamiento. En caso de no lograrse la conciliación, el juez examinará si se cumplieron las medidas de saneamiento que hubiere ordenado y si existe alguna causal de nulidad; en el último caso, si considera que para sanearla son necesarias algunas pruebas procederá a practicarlas, en los diez mayo I diciembre de 1993 �124 Sugerencias para el nuevo código procesal citril de Tamaulipas . días siguientes. El auto que así lo disponga no tendrá reposición. Con posterioridad a esta etapa de la deipanda no podrá alegarse ni declararse nulidad alguna. Parágrafo tercero. Fijación de hechos, pretensiones y excepciones. El juez dará aplicación a lo dispuesto en el parágrafo quinto del artículo 101. Parágrafo cuarto. Decreto y práctica de pruebas. Acto seguido, el juez procederá a decretar y practicar las pruebas pedidas por las partes, que considere necesarias, con la limitación que en el siguiente inciso se establece, y las que de oficio disponga. El interrogatorio de las partes lo hará en primer lugar el juez y luego la parte contraria, quien podrá formular hasta diez preguntas sobre hechos o circunstancias que no hayan sido objeto de las del juez. las partes podrán presentar los documentos que no hubieren aportado con la demanda y su contestación y los testigos cuya declaración hayan solicitado. El juez recibirá hasta dos testimonios sobre los mismos hechos, de personas que se encuentren presentes y prescindirá de los demás; oirá el dictamen del perito, el cual podrá ser objeto de aclaraciones y de objeciones que se tramitarán allí mismo y se decidirán en la sentencia; si se requiere inspección judicial la practicará el día siguiente al de la audiencia y ésta se reanudará al quinto día posterior al de la diligencia. Parágrafo quinto. Alegaciones y sentencia. Se aplicará lo dispuesto en los parágrafos quinto y sexto del artículo 432, excepto lo relacionado con apelación y consulta. Parágrafo sexto. Grabación de lo actuado y acta. En la audiencia se utilizará el sistema de grabación mecánica y en el acta se dejará constancia de quienes intervinieron en aquella como partes, apoderados y auxiliares de la justicia, de los documentos que se hayan presentado, del Reuista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Dr. Hernando Devis Echandía 125 auto que suspendió la audiencia y señaló fecha para continuarla, y se transcribirá la parte resolutiva de la sentencia, si se hubiere proferido verbalmente. Cuando la sentencia que se pronuncie la lleve el juez escrita en el acta se incluirá su parte resolutiva y el texto completo de ella se agregará al expediente. El acta en la que se haya incluido la parte resolutiva de la sentencia prestará mérito ejecutivo. El secretario deberá dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 2o. del parágrafo-séptimo del artículo 432. No podrá solicitarse versión escrita de las grabaciones. Artículo 440. - Prohibiciones. En este proceso no son admisibles la reconvención, la acumulación de procesos, incidentes, el trámite de la terminación del amparo de pobreza, ni la suspensión de su trámite por causa diferente a la de común acuerdo de las partes. VI. - Reformas al proceso ejecutivo Debe buscarse también la máxima aceleración del proceso ejecutivo, porque así lo exige su naturaleza. Tomándolas de la reforma que estamos proponiendo en Colombia, creemos que las bases para mejorar el proceso ejecutivo pueden resumirse así: 1) En la demanda ejecutiva además de los requisitos formales de toda demanda, se debe pedir que se libre mandamiento ejecutivo u orden de pago, según el gusto, a cargo del ejecutado y a favor del ejecutante. 2) Se debe acompañar el documento que contenga la obligación a cargo del segundo y a favor del primero, de manera clara, expresa y líquida o liquidable por operación aritmética. No todo documento puede servir para la ejecutabilidad; sirven los llamados "instrumentos negociables" o "títulos valores" (el cheque, la letra, el pagaré, el bono, etc.); también sirven los de otra clase siempre que de su contenido resulta en forma clara y mayo I diciembre de 1993 �U6 Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas e~resa la obligación a cargo del ejecutado y a favor del e1ecutante~ p~r canti~d ~e cUnero o de otros bienes, que apare~a liqwdada o liqwdable por operación aritmética. Tam~ien .so~ ~~os ejecutivos las copias de las proVIdencra_s Judiaales que hayan impuesto condenas a favor d_e_l e1ec~tante y a ~argo del ejecutado, y las de absolucion de mterrogatono de parte ante juez previo a ~ demanda ejecutiva, en el cual aparezca que el e~ecu~do_confiesa en forma clara y expresa una obligaa~n ~~wda o que puede ser liquidable por operación antmetica. . 3) , Se autoriza al ejecutante para solicitar que snnultáneamente con el pronunciamiento del mandamiento ejecutiv~, antes de notificar éste al ejecutado se decrete las medidas cautelares pedidas por el ejecutante (emb~gos, se~uestros), que garanticen el pago. Para esto se exige al e1ecutante dar una caudón bancaria O de compañía de ~guros por el 10% del valor del crédito que ~ cobra y los intereses causados. Después de que esté en ~ e el mandamiento ejecutivo, podrá el ejecutante pedir otros embargos y secuestros, sin dar caución para ellos. Tambié~ podrán decretarse los embargos y secuestros ~~es de librarse mandamiento ejecutivo, cuando falta urucamente el reconocimiento del título, o la notificación al deudor de la cesión del crédito o la de éste a los herederos de aquél, o el requerimiento para constituir en mora al deudor; cuando en la demanda se pida al juez que ordene esas diligencias cautelares antes de practicarse esas medidas. Pero el juez debe revisar si los demás requisitos para que pueda librarse el mandamiento ejecutivo se cumplen, pues en caso contrario no debe ordenar las medidas cautelares. 4) Debe autorizarse al ejecutante para que con la demanda pueda pedir que, previamente al mandamiento Ret1ista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Dr. Hernando Devis Echandía 127 ejecutivo o de pago, el juez ordene al d~~da~o concurrir al despacho judicial para efectuar la diligencra de reconocimiento del documento que se aduce como título ejecutivo, cuando éste no haya sido autenticado y además la ley no le otorgue presunción de autenticidad (ésta en Colombia existe y hace innecesario que se autentiquen, para los documentos públicos, libros de comercio debidamente registrados y llevados en legal forma, pólizas de seguror títulos de inversiói:1 en fondos mutuos y de acciones en sociedades comerciales, bonos emitidos por éstas, certificados y títulos de almacenes generales de depósito; en la reforma en trámite se está extendiendo la presunción de autenticidad a los títulos de inversión en establecimientos de crédito, contratos de cuentas corrientes bancarias, extractos del movimiento de éstas y de cuentas con aquellos establecimientos, recibos de consignación y comprobantes de créditos o de débitos y de entrega de chequeras). También se autoriza para pedirle al juez que antes de resolver sobre si libra o no el mandamiento ejecutivo o de pago, se le haga al ejecutado el requerimiento j~dicial que la ley exija para poner en mora al deudor, e igualmente que se le haga la notificación de la cesión del crédito o del título ejecutivo aducido con la demanda, al heredero del deudor que haya fallecido. Cuando no fuere posible notificar personalmente al ejecutado el auto que dispone la práctica de alguna ~e las diligencias previas mencionadas, estamos proporuendo que se le pueda solicitar al juez la designación de un curador para el proceso al ejecutado previo su emplazamiento, y una vez designado se hará con él la diligencia; pero como ese curador no puede reconocer la firma de su representado, así lo deberá declarar aquél y el juez adelantará un incidente para que el ejecutante p~eda demostrar la autenticidad del documento. En cambio, el mayo I diciembre de 1993 �128 Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas requerimiento para producir la mora y la notificación de la cesión del crédito, no presentan problema para que se surtan con el curador designado. 5) Se contemplan los casos en que en la demanda ejecutiva se quiera pedir el cumplimiento de obligaciones de dar o hacer o no hacer, y se dispone que puede pedirse simultáneamente con el cumplimiento y para el caso de que éste no ocurra, que el juez en el mismo mandamiento ejecutivo o de pago disponga que en esa eventualidad se siga la ejecución por los perjuicios compensatorios y moratorios a que hubiere lugar, y también se puede pedir única y directamente el pago de los perjuicios compensatorios, los cuales se deben liquidar en la demanda. 6) También se contempla el caso de las obligaciones alternativas, para disponer que si la elección corresponde al deudor, se pida en la demanda que el mandamiento ejecutivo se libre en la misma forma alternativa, ordenándose al ejecutado que dentro de los cinco días siguientes al de su notificación presente escrito manifestado cual de las dos formas de cumplir la obligación prefiere, y si no lo hiciere quedará exigible la obligación que haya escogido el ejecutante. 7) Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada del documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ejecutivo o de pago ordenando al ejecutado que cumpla la obligación en la forma que el juez le señale (puede ser la pedida por el actor o la que aquél estime que es la procedente), y en el término que corresponda. 8) Cuando se trate de sumas de dinero, la ley exige al juez que además de precisar el capital que se debe pagar, se señale la tasa del interés que corresponda y desde cuándo se hizo exigible, hasta el día del pago, y si se trata de obligación de moneda extranjera debe señalar también Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Dr. Hernando Devis Echandía 129 la tasa de cambio aplicable según la ley nacional (en Colombia, si la del día en que se recibió el dinero extranjero o la del día en que efectúa el pago; lo primero solamente cuando la operación se hizo violando el estatuto legal sobre comercio de monedas extranjeras). 9) Si se trata de obligaciones de otra naturaleza (de dar, de hacer de no hacer), en el mandamiento se señale el lugar donde debe cumplirse y las demás circunstancias. 10.) Defensas del-ejecutado: a) En primer lugar puede el ejecutado interponer recursos de reposición y de apelación en subsidio, contra el mandamiento ejecutivo. La segunda se otorga en el efecto meramente devolutivo. La discusión en estos recursos debe dirigirse a si existe o no título que amerite la ejecución, o sea si la obligación aparece clara, expresa, exigible y líquida o liquidable por operación aritmética. Las otras defensas son objeto de las excepciones. b) La segunda defensa consiste en proponer, dentro de los diez días siguientes a la notificación del mandamiento excepciones tanto previas o sea las antiguamente llamadas dilatorias, como las de fondo o mérito. Según la reforma en curso, las primeras se resuelven por un trámite rápido; las segundas mediante etapa probatoria corta y sentencia. En la reforma en curso, se está exigiendo que no pueda el ejecutado proponer como excepción de mérito o previa, la de que el título no reúne los requisitos para que se libre mandamiento ejecutivo, porque esto debe discutirlo en los recursos de reposición y apelación. De esta manera quedan como excepciones solamente lo que ataque de fondo la obligación cuyo pague se exija, lo cual impediría la costumbre frecuente de alegar ese punto como excepción de mérito, cuando no se tienet;t verdaderas excepciones que alegar contra la obligación mayo I diciembre de 1993 �130 Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas que se ordena cumplir. Esperamos que con esta reforma desaparezca el noventa por ciento de las excepciones que a diario se proponen, con el fin de prolongar el proceso a pesar de no tener defensa legal ni válida contra la orden de pago. Cuando el título ejecutivo consiste en una sentencia o un laudo arbitral, o en otra providencia judicial, solamente podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción y transacción, pero siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, y la de nulidad de la sentencia o providencia por haberse proferido en proceso al cual no se citó y notificó al ejecutado en legal forma o estuvo aparentemente representado por quien no era su representante legal ni convencional. 11) La sentencia. Si no se presentan en tiempo excepciones, el juez dictará sentencia ordenando seguir adelante la ejecución, es decir: practicar el avalúo de los bienes embargados y su posterior remate. La sentencia en este caso no tiene apelación. Cuando se propongan en tiempo excepciones de mérito, luego de la etapa probatoria se profiere la sentencia. Si en ésta se declara probada una excepción que destruya totalmente la obligación del ejecutado o que la declare sujeta a condición o plazo no cumplido, el juez declarará probada la excepción y en consecuencia ordenará ponerle fin al proceso, levantar las medidas cautelares y condenará al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios causados al ejecutado. c) Otra defensa del ejecutado es la de pedirle al juez que limite los embargos y secuestros ya practicados, a los bienes suficientes para pagar su obligación por capital, intereses y costas. Si el juez encuentra que existe ese exceso, debe decretar el desembargo y levantamiento del Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Dr. Hernando Devis Echandía 131 secuestro respecto de los demás bienes. También de oficio debe el juez limitar la solicitud de embargos y secuestros preventivos, teniendo en cuenta que el valor de lo puesto en cautela no debe exceder del doble del crédito cobrado, con sus intereses y las costas prudencialmente calculadas; salvo que se trate de un solo bien de mayor valor, o de bienes sujetos a hipoteca o prenda que garantice al ejecutante. d) Es también una defensa del ejecutado la que se le otorga para que, durante el término de ejecutoria de la providencia que dé traslado del avalúo o de la del auto que rechazó las objeciones a aquél, si fuere el caso, invoque el beneficio de competencia que el código civil le otorga, para que se le dejen algunos bienes indispensables para su modesta subsistencia. Si el juez encuentra probado, mediante incidente, que existen las condiciones exigidas por la ley para gozar de ese beneficio, así lo declarará y ordenará el desembargo de los bienes que se consideren necesarios para ello. e) Otra defensa del ejecutado es la de impedir que se le embarguen y secuestren bienes, depositando en la cuenta bancaria judicial el valor de lo que se le cobra por capital, intereses y costas. E igualmente, la de obtener que se levanten las medidas cautelares ya practicadas, haciendo el mismo depósito o dando una garantía de banco o de compañía de seguros. f) Y una defensa del ejecutado es la de impedir el remate de sus bienes embargados y secuestrados, pagando su obligación y las costas, antes de que se efectúe dicho remate. 12) El remate de los bienes y el pago al ejecutante. Es la etapa final del proceso ejecutivo. Deben darse las garantías procesales y de publicidad de la subasta, en forma y con anterioridad suficientes para motivar que existan licitantes y que se obtenga el mejor precio en el remate. mayo I diciembre de 1993 �132 Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas Pero es inevitable aceptar que se establezca una base para el remate, inferior al avalúo que de los bienes hagan los peritos. En el código colombiano se dispone que ella sea el 70% del avalúo; si no hay postor por esa suma, se señala fecha para una segunda subasta y la base baja al 50%, y si tampoco hay remate para la tercera licitación la base será del 40%. El ejecutado debe hacerle publicidad a la licitación, para tratar de conseguir el mejor precio posible. Se exige que el ejecutante publique el aviso del remate que el juzgado le entregue, en un periódico de amplia circulación en el lugar y en una radiodifusora local si la hubiere. 13) Muchos más puntos podrían tratarse sobre el proceso ejecutivo y la manera de mejorarlo. Pero consideramos imposible alargar más este trabajo. VII. - UNIDAD DEL PROCESO EJECUTIVO Y EL CASO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA CON HIPOTECA O PRENDA l. Algunos códigos de procedimientos civiles conservan el muy viejo defecto de regular por separa_do, co~o procesos diferentes, la ejecución simplemente qwrografana y la que se adelanta por acreedor que tiene garantía de hipoteca o prenda. Ese defecto, que rompe la unidad del proceso ejecutivo y que es antiprocesal ha existido en Colombia desde hace casi un siglo, y por desgracia se conservó parcialmente en el código de 1970 que hoy rige y del cual fuimos ponentes. En efecto, el código anterior de 1931 regulaba como Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Dr. Hernando De-oís Echandía 133 procesos completamente distintos esas dos modalidades de cobro ejecutivo de obligaciones clara~, expresas, exigibles y líquidas o liquidables mediante operación aritmética, hasta el punto que ni siquiera se regulaban el uno después del otro, sino que entre el quirografario y el con hipoteca o prenda existían ocho procesos diferentes. En el código del año 1970 eliminamos en parte ese grave error, pues unimos los. dos procesos ejecutivos en un mismo título denominado "proceso ejecutivo singular"; pero mantuvimos la vieja regulación de la manera de iniciarse el proceso como si fuera declarativo de condena, por la velocidad con que redactamos ese código (apenas en 10 meses) debido a que el congreso dio autorizaciones al gobierno para expedirlo y le señaló el término improrrogable de un año para semejante trabajo, del cual se perdieron dos meses antes de instalarse la comisión de juristas a quienes se encargó la tarea. En efecto, dice el artículo 555 actual: Trámite. El trámite se sujetará a las siguientes reglas: 1. Si la demanda reúne los requisitos legales, el juez la admitirá y dará traslado al demandado por cinco días, para que pueda proponer excepciones. En el mismo auto se decretará el embargo y secuestro del bien hipotecado o dado en prenda, y se dispondrá la citación de los terceros acreedores relacionados en el certificado del registrador para que en el término de cinco días hagan valer sus créditos, sean o no exigibles...". 2. Si se proponen excepciones, se aplicará lo previsto en los artículos 509 y 510 (que las regulan en el ejecutivo quirografario). mayo I diciembre de 1993 �134 Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas Dr. Hernando Devis Echandía 3. Si no se proponen excepciones se dictará sentencia que decrete la venta de bienes en pública subasta para que con su producto se pague al demandante el crédito y las costas y condene al demandado al pago de éstas. La sentencia ordenará igualmente el avalúo del bien. En la sentencia que decida las excepciones desfavorablemente al demandado, se adoptarán las mismas medidas. . 4. Para el embargo, secuestro, avalúo y remate de b1e1:1e~ .se observará lo dispuesto en el capítulo III, sin pe1JU1c10 de las reglas establecidas en el presente. Luego se regula la acumulación de demandas por acreedores que tengan también garantía real sobre alguno de los bienes perseguidos por el primer demandante el trámite del remate remitiéndose en parte a la norma del ejecuti.vo quirografa~io, la concurrencia de embargos profendos por otros Juzgados en procesos distintos y los decretados en el ejecutivo hipotecario o prendario, y la acumulación de procesos iniciados separadamente si en todos se persiguen bienes hipotecados o dados en prenda v alguno de esos bienes es perseguido en dos de ellos. , 1 Como es fácil observar, en la demanda no se pide man~amiento ejecutivo y el juez no lo libra, sino que admite aquélla y da traslado de la misma al demandado; lo cual es característico de un proceso declarativo de condena, pero no de uno ejecutivo. Queda así un proceso lubrido: comienza como declarativo de condena y más tarde adquiere características de ejecutivo. Algo procesalmente anti.técnico. A pesar que sólo se diferencia del ejecutivo quirografario, en que en éste pueden concurrir como terceristas todos los demás Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 135 acreedores quirografarios y también los que tengan garantía real sobre alguno de los bienes perseguidos (conservando los últimos el privilegio de hacerse pagar preferentemente con el producto del re~ate d~l bien ~ado en garantía real; al paso que al ejec~tívo hip~tecano o prendario solamente puede concurrir terceristas . que tengan garantía real sobre alguno de los bienes perseguidos). Esta diferencia hace que el proceso ejecutivo con garantía real resulte menos complicado y menos lento. Sin embargo, al unificarse los dos procesos ejecutivos, para que en ambos se solicite el ma.ndamiento de ~ago y comiencen con éste, se puede d1Sponer que solo es admisible la intervención de terceros que tengan garantía real sobre alguno de los bienes perseguidos por el primer demandante; de esta manera, se conserva la única ve~taja que tiene el rubrido proceso ejecutivo hipotecario o prendario que actualmente existe. Así se está pro~o~endo para la reforma en curso del códi~o d: pro~eóimientos civiles colombiano. Y como al e1ecutivo sunplemente quirografario se le están introduciendo reformas que lo aceleran notablemente y que en parte dejamos explicadas en este trabajo, se podrá obtener mayor aceleración que con el actual destinado al hipotecario o prendario. El comentado artículo 555 quedaría así: Trámite. El trámite se sujetará a las siguientes reglas: 1. Si la demanda reúne los requisitos legales el juez librará el mandamiento ejecutivo en la forma prevista en mayo I diciembre de 1993 �136 Sugerencias para el nuevo código procesal civil de Tamaulipas los artículos 497 y 498, el cual se notificará conforme al artículo 505 (textos del ejecutivo simplemente quirografario). 2. El ejecutado podrá proponer excepciones previas y de mérito en el término y la forma que regula el artículo 509, las cuales se tramitarán como dispone el artículo 510 (textos del ejecutivo simplemente quirografario). 3. Respecto a regulación de perjuicios, cumplimiento de la obligación y condena en costas, beneficio de excusión y eficacia de la sentencia, se aplicarán los artículos 506, inciso primero del 507, 511 y 512, respectivamente (textos del ejecutivo simplemente quirografario). 4. Simultáneamente con el mandamiento ejecutivo, el juez decretará el embargo y secuestro de los bienes hipotecados o dados en prenda, que se persigan en la demanda (igual a lo dispuesto en el actual artículo 555). 5. En el mandamiento ejecutivo se ordenará la citación de los terceros acreedores que conforme a los certificados de registrador acompañados a la demanda, aparezca que tienen a su favor hipoteca o prenda sobre los mismos bienes, para que en el término de treinta días contados desde su respectiva notificación hagan valer sus créditos, sean o no exigibles. 6. Si no se proponen excepciones y se hubiere practicado el embargo de bienes perseguidos, se dictará sentencia que decrete la venta en pública subasta de dichos bienes, para que con el producto de ella se pague al demandante su crédito y las costas. El secuestro de los bienes inmuebles no será necesario para proferir sentencia, pero sí para señalar fecha de remate. 7. Si no se proponen excepciones, en la sentencia que las decida desfavorablemente al ejecutado se procederá como dispone el numeral 6. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Dr. Hernando Devis Echandía 137 8. En todo lo no regulado en este capítulo, se aplicarán las normas del ejecutivo quirografario. Y se mantienen, con mejoras, los demás artículos que regulan las demandas de terceros acreedores, el remate y adjudicación de bienes, la prelación de embargos, las acumulaciones. VIII. - LA LIBRE APRECIACION DE LAS PRUEBAS Y LA FACULTAD PARA QUE ~EL JUEZ LAS DECRETE DE OFICIO Estos dos principios fundamentales del derecho procesal moderno, han sido acogidos definitivamente por la doctrina del mundo y en muchos códigos de procedimiento. En Colombia rigen para los procesos laborales, comerciales, contencioso administrativos y civiles. Lo mismo ocurre con la libertad de medios de prueba. En la reforma en curso se acentúa el segundo, en algunas normas. Nuestra regulación en esos puntos y respecto a la carga de la prueba, es la siguiente: Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagren el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Artículo 179. Pruebas de oficio y a petición de parte. Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte, o mayo I diciembre de 1993 �138 Sugerencias para el nuevo código procesal civil de T-amaulipas de oficio cuando el magistrado o juez las considere útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos, será necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes. Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso alguno. Los gastos que implique su práctica serán de cargo de las partes, por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas. Dr. Hernando Devis Echandía 139 nuevo código de procedimiento civil del estado de Tamaulipas. Es para mí un honor con!rib~ _en . t?n pequeña medida al desarrollo procesal de la JUStioa Judioal mexicana. Artículo 180. Decreto y práctica de pruebas de oficio. Podrán decretarse pruebas de oficio, en los términos probatorios de las instancias y de los incidentes, y posteriormente, antes de fallar. Cuando no sea posible practicar estas pruebas dentro de las oportunidades de que disponen las partes, el juez señalará para tal fin una audiencia o un término que no podrá exceder del que se adiciona, según fuere el caso. Artículo 187. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas de conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas por la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. La última frase se refiere a la exigencia de documentos público o privado, para la existencia jurídica o la validez de actos como registro del estado civil, compraventa e hipoteca de inmuebles, etc. Y en muchas normas especiales se insiste en el decreto de oficio por el juez de las pruebas indispensables para establecer ciertos hechos. Esperamos que los informes que contiene este trabajo sean útiles a los ilustres juristas mexicanos que elaboren el Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales mayo / diciembre de 1993 �Lic. Genaro David Góngora Pimentel 141 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA SUSPENSION DE OFICIO ( LA SUSPENSION EN EL AMPARO INDIRECTO) GENARO DAVID GONGORA PIMENTEL * l. OBJETO E IMPORTANCIA DE LA SUSPENSION Un antiguo profesor de la facultad de derecho, viejo, tan viejo como sólo pueden serlo los árboles viejos; maestro de amparo, que ha visto mucho y que sus cansados ojos le dan a su cara el aspecto de quienes ya no creen en nada: ni en honras, ni en santidades, ni en prestigios políticos o académicos, enseña a sus alumnos que la suspensión del acto reclamado en el amparo, se parece a ese juego que los niños juegan, al que se conoce con el nombre de "los encanta- * Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito; profesor de amparo en la Facultad de Derecho de la U.N.A.M.; autor de varios libros. mayo I diciembre de 1993 �142 Algunas consideraciones sobre la suspensión de oficio Lic. Genaro David Góngora Pimentel dos". El juego consiste en que "el encantador" persigue a los demás niños, y, si logra tocar a uno de ellos, pronuncia la palabra mágica que es la clave, dice "encantado", con lo que éste queda de inmediato detenido, petrificado, en la posición y actitud que tenía en el momento de ser tocado, queda "encantado" y no puede hacer ningún movimiento hasta que el "encantamiento" se levanta. La suspensión del acto reclamado tiene como objeto primordial mantener viva la materia del amparo. Esto se logra impidiendo que el acto se llegue a consumar irre~a~~blemente, antes de que se haya resuelto en forma definitiva, si tal acto es o no contrario a la constitución, pues si tal consumación ocurre, no pueden volver las cosas al estado que guardaban antes de la violaci~n, como sucede en no pocas ocasiones, en el caso de que conceda el amparo (artículo 80 de la ley de amparo). El juego proporciona gran diversión a los niños, pues, entre otras cosas permite un ejercicio activo de carreras interminables del "encantador", para poder tocar al niño antes de que llegue a un lugar donde esté a salvo, pues si no lo "encanta" antes, no podrá hacerlo después. Este ejemplo lo dice el maestro con voz todavía firme, moviendo su brazo derecho repetidamente para dar énfasis a sus palabras, con un dedo índice... "de fuego". Cuando los viejos maestros hacen esto, los demás comentamos: "el maestro pontifica." Pues bien... el maestro pontifica y tiene razón. Gramaticalmente la palabra suspensión significa detener o diferir por algún tiempo una acción u obra; equivale, pues, a paralizar algo que está en actividad en forma positiva; y es precisamente en este sentido en que la emplea la ley de amparo, que va a hacer objeto de la detención temporal, al acto cuya inconstitucionalidad se reclama, haciéndole cesar, si la ejecución ya se ha iniciado o impidiendo su comienzo cuando aún se encuentra en potencia. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 143 De esta manera, gracias a la suspensión del acto reclamado, no se queda sólo en teoría la protección que otorga la justicia federal al agraviado. Baste decir esto para darnos cuenta de la importancia que tiene la suspensión, ya que sin esta institución podría consumarse el acto de manera irreparable, a pesar de que en el juicio se declarara que el acto_ es inco~?~cional, lo que ya carecería de importancia s1 el peI'_Jwc1?, quedara consumado. En otras palabras, de nada le servrr1a al particular intentar el juicio de amparo, si no puede tener una protección efectiva de la justicia federal, que obtiene si a través de la suspensión logra que un acto reclamado de cualquier autoridad de la república, así_ sea de la más ~l,ta jerarquía, se paralice, mientras no se dicta una resoluaon definitiva en el juicio de amparo. La suspensión no tiene como único objeto m~tener viva la materia del amparo, también se propone evitar al agraviado, durante la tramitación del juicio de amparo, los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle. mayo I diciembre de 1993 �144 Algunas consideraciones sol,re la suspensión de oficio Los efectos de la suspensión son obrar sobre la ejecución del acto reclamado, ya que afecta las medidas tendientes a su ejecución, paralizándolas, impidiendo que el acto reclamado se ejecute o haciendo cesar tales medidas si la ejecución ya se ha iniciado. Por las raz?nes expuestas, es evidente que la regulación de la suspensión en la le, de amparo, debe examinarse con el mayor cuidado. Lic. Genaro David Góngora Pimentel 145 11. Cuando se trate de algún otro acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada. Cuando no se trate de estos supuestos extremos, estaremos frente a la suspensión a petición de parte. Aquí, según las reglas del artículo 124, la debe solicitar el agraviado, no debe seguirse perjuicio al interés social, ni contravenirse disposiciones de orden público y, por último, deben ser de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado. ll. CLASIDCACION DE LA SUSPENSION La suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, tal com~ ~e encuentra regulada en la ley de amparo, puede ser clasificada en suspensión de oficio y suspensión a petición de parte. , Sobre la suspensión de oficio y la suspensión que solicita el agraviado se ha formado una extensa doctrina jurisprudencia!. lll. LA SUSPENSION DE OFICIO La razón de ser. de los dos sistemas, se debe a que los c~sos de procedenoa de la suspensión de oficio no admiten runguna demora, deben ser de tal naturaleza que si no se orde.na la suspensión del acto de autoridad, podría º.cas1onarse al gobernado perjuicios de imposible reparaoón. El_artículo 123 de la le;, de amparo contempla en sus dos fracc10nes esos supuestos, dispone: ART. 123. Procede la suspensión de oficio: .1. ~uando se .trate de actos que importen peligro de pnvaaón de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución fe- deral; Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales La suspensión de oficio, tiene respecto de la suspensión a petición de parte, una ventaja grande para los promoventes del amparo, consistente en que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano, en la mayoría de los casos, como lo sabe bien el juez federal de amparo, el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, por lo que el juez deberá siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por 'éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar, si decreta la suspensión de plano, lo hace en el mismo auto en que se mayo I diciembre de 1993 �146 147 Algunas consideraciones sobre la suspensión de oficio Lic. Genaro David Góngora Pimentel admite la demanda de garantías, ya sea concediéndola o negándola, según el caso de que se trate, por su propia naturaleza y su efecto temporal dura hasta que se resuelva el juicio, por lo que debe equipararse a la suspensión definitiva, sin tener que someterse a los problemas de la audiencia incidental que en esta se lleva a cabo. Es evidente, por obvio, que la suspensión de oficio, también llamada suspensión de plano, pues se decreta sin trámite de ninguna especie, tiene ventajas sobre aquella que solicitan las partes. gran número de los beneficiados por la generosidad norteña trajeron esos autos y los dedicaron a "pesear". Luego, no es de extrañar que los abogados procuren situar a sus cfümtes en el supuesto de la suspensión de oficio. No hace mucho tiempo sucedió lo que les voy a relatar: una oficina del registro público federal de automóviles de una ciudad del norte del país, otorgaba, con gran generosidad, permisos para poder internar automóviles extranjeros. Desde luego, la internación, conforme a los supuestos legales vigentes, podía hacerse por un tiempo determinado, debiendo regresar después, el automóvil, a su país de origen, los Estados Unidos de América. Los automóviles usados que se venden en el vecino país del norte, son, en comparación con los nuestros, extremadamente baratos, por lo que el sueño de muchos mexicanos es tener uno de esos vehículos. Gracias a esa oficina del registro, fue posible introducirlos. Como en esos días las autoridades del departamento del Distrito Federal ampliaron las rutas de "peseros", sea de automóviles que transportan pasajeros en ciertas rutas de la ciudad, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Los papeles de la internación eran irregulares, la finalidad perseguida era muy distinta de la establecida en la ley, por lo que había siempre el peligro de que inspectores del registro del Distrito Federal, trataran de aplicar correctamente la ley y los señores dedicados a "pesear" perdieran sus vehículos. Fue consultado un abogado experimentado y dio el siguiente consejo a sus clientes: vamos a promover juicios de amparo, en los que el acto reclamado será el desposeimiento inminente por parte de las autoridades del registro federal de automóviles de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este desposeimiento lo haremos aparecer contrario a las garantías individuales, porque será realizado contra preceptos constitucionales. Y, por último, solicitaremos la suspensión de oficio, con todas las ventajas que ésta representa, porque reclamaremos de las autoridades fiscales, uno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, a saber, la confiscación de nuestro vehículo. El artículo 22 constitucional dispone en su primer párrafo, dice el letrado, leyéndolo a continuación: ART. 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la conftscad6n de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. mayo I diciembre de 1993 �148 149 Algunas consideraciones sobre la suspensión de oficio Lic. Genaro David Góngora Pimentel -- ¿Qué ventajas tendremos?. Se pregunta el mismo abogado, en voz alta, delante de sus clientes, en forma extremadamente didáctica. el tormento, basta la aseveraoon del promovente del amparo sobre que tales actos pretenden ejecutarse, para que el juez decrete de plano su suspensión; pero tratándose del destierro, la multa excesiva, la confiscación de bienes, como estos actos tienen un carácter dudoso, no basta la afirmación del quejoso sobre la existencia de ellos, para que la suspensión de oficio pueda concederse, sino que es necesario que el juez estudie si el acto que se reclama constituye, en realidad, uno de los expresados . Así, dice la corte: -- En primer lugar, explica, reclamando la confiscación lograremos obtener la suspensión de oficio, dictada en el mismo auto en que se admita la demanda, sin necesidad de mayores trámites. Esta medida nos permitirá, con ella en copia fotostática certificada en cada uno de los vehículos, circular impunemente, sin nada que temer. -- En segundo término, agrega entusiasmado, como promoveremos un amparo contra leyes, la revisión se ventilará en la Suprema Corte de Justicia, en la que cuando el asunto se pierda, pues en verdad no tenemos razón, y ya no podamos gozar de la suspensión de oficio, el automóvil se acabó, se cayó a pedazos. -- Eso es lo que les ofrezco, dijo a sus clientes. Y, eso fue, precisamente, lo que se hizo. Resulta que los jueces de distrito concedieron las suspensiones de oficio cayendo, por inadvertencia, en un error. ¿Por qué decimos eso? Porque en el caso a estudio no se estaba bajo el supuesto de la confiscación, prohibida expresamente por lo dispuesto en el artículo 22 constitucional, sino en otro supuesto diferente: el decomiso. Expliquémonos, según lo sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que se publicó en el semanario judicial de la federación, quinta época, tomo XVI, página 1269, cuando el amparo se pide contra la pena de muerte, la mutilación, la infamia, los palos, los azotes o Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ... El ciudadano juez numerario de distrito en el estado de Veracruz, estimando que los actos reclamados por la Penn Mex Fuel Company, podían estar comprendidos dentro de los artículos veintidós de la constitución general de la república, y cincuenta y cuatro, fracciones primera y segunda, de la ley de amparo, concedió de plano la suspensión de oficio. Respecto a es~a suspensión, la_ ~ Suprema Corte de Justicia tiene la necesidad de ver si realmente el presente caso está previsto por el artículo 22 constitucional, pues no basta únicamente que el quejoso lo afirme, para conceder la suspensión, sino que hay q~ examinar si efectivamente se trata de un hecho comprendido o no en dicho precepto consititucional. Luego, y esto es importante repetirlo, en el artículo 123 de la ley de amparo hay algunos supuestos de interés trascendental, en los que debe abolirse por completo el arbitrio, e imponerse la suspensión a los jueces y a los Tribunales de Circuito, como un deber imperioso e ineludi• ble. Fuera de los casos dudosos, de aquellos en que sería extemporáneo y absurdo juzgar, según la primera impresión, de si el amparo es o no fundado, y verdadera o supuesta la infracción de la ley, existen otros, mucho mayo I diciembre de 1993 �150 Algunas consideraciones sobre la suspensión de oficio Lic. Genaro David Góngora Pimentel menos numerosos por fortuna, en que el atentado es manifiesto, aparente, ostensible; en que la violación de la ley reviste todos los caracteres de w1 atropello, en que la autoridad responsable se ha extralimitado a tal grado que su acto no tiene ni sombra de legalidad, ni apariencia, siquiera lejana, de justificación. Estos actos, notoriamente antijurídicos, francamente arbitrarios, que son evidente manifestación de un abuso, deben tener un correctivo inmediato y seguro de parte de la justicia federal, un correctivo que no esté sujeto a dudas ni a interpretaciones, pues no pueden, en un régimen liberal, quedar en ningún caso subsistentes aquellos actos que contradicen las nociones más elementales que sobre la seguridad de sus miembros admite y proclama toda sociedad medianamente culta. Algunos de estos supuestos están en el artículo 123 de la ley de amparo. En otros supuestos, como lo establecen los precedentes comentados de la Suprema Corte será necesario examinar si se da un hecho comprendido o no en las palabras de la ley. confiscación. Es decir, en una demanda de amparo se solicitaba la suspensión de oficio respecto de una confiscación que no era tal, sino un decomiso. El Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, siguió el camino ya trazado por la Suprema Corte de Justicia, en la siguiente ejecutoria: SUSPENSION DE OFICIO. No basta para decretarla, que el quejoso, afume _que se trata de un caso prohibi~o por el artículo 22 de la constitución, s~o que es p~ecrso examinar si, efectivamente, el caso esta comprendido o no, en dicho precepto constitucional. Tesis de jurisprudencia Núm. 1,059, pág. 1,902 del apéndice al tomo XCVII. Así, entendiendo que no debe el juez de amparo tomar al pie de la letra lo dicho por el quejoso y más cuando el "error en que incurrió" es tan evidente y tan brutalmente grosero, el tribunal resolvió: Con fundamento en este criterio -dice don Ricardo Couto, en su obra "La suspensión en el amparo", Porrúa, S. A., 1957, páginas 108 y 109 -, creemos que debe negarse la suspensión de oficio cuando se reclama con el nombre de destierro, la orden dada por la autoridad a un particular, expulsándolo del territorio sujeto a su jurisdicción, pues por destierro debe entenderse, en los términos del artículo 22 de la constitución, teniendo en cuenta los antecedentes históricos de dicha pena, la expulsión de un individuo de su patria. • En el tribunal en que presto mis serviciós tuvimos el caso de un decomiso que se_vestía con el ropaje de una Revista de la Facultad de Derecho y .Ciettcias Sociales 151 SUSPENSION DE OFICIO. Cuando se invoca como violado el derecho fundamental establecido en el artículo 22 constitucional que prohibe la confiscación de bienes, es incorrecto otorgar de oficio la medida cautelar, cuando en autos no existe prueba alguna, ni siquiera indicio de que esté en presencia del supuesto previsto por el articulo 1~3 de la ley de amparo. Para que un tribunal se encuentre vm .. ulado ?~r el artículo 123 de la ley de la materia a conceder de oficio la medida cautelar, no basta que el quejoso manifieste reclamar un acto consistente en alguno de los prohibidos por el artículo constitucional en cuestión, sino que es preciso que de la propia demanda de garantías y de las mayo J diciembre de 1993 �152 Algunas consideraciones sobre la suspensión de oficio pruebas que a ella se acompañen se desprenda que efectivamente lo que se reclama constituye una de las penas prohibidas. En este orden de ideas, aun cuando el quejoso invoque el artículo 22 de la constitución, si de la demanda se advierte que no está en presencia de los actos prohibidos por el constituyente, entonces el juez de amparo estará relevado de otorgar de oficio la suspensión a que se refiere el artículo 123 de la ley de la materia cuya aplicación dependerá en todo caso de las circunstancias y condiciones de cada asunto en particular. Entenderlo de otro modo, teniendo por satisfecha la exigencia del legislador con la sola afirmación del solicitante de la medida cautelar, conduciría a desconocer al juez de amparo como el órgano encargado de aplicar las reglas del juicio de amparo, dejando esta función al simple arbitrio de las partes. Amparo en revisión 1,157/ 87. 7 de julio de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Informe de 1987. Pág. 146. La falta de información es a veces tan evidente, que se confunden, según hemos dicho, conceptos diferentes como confiscación y decomiso. Que un abogado litigante los haga valer en sus escritos, conforme convenga a sus infereses, se comprende, pero que un juez de distrito los confunda, eso es algo que difícilmente sucede. La ejecutoria cuyo sumario vamos a transcribir a continuación es un ejemplo de esta lamentable confusión. Veamos: SUSPENSION EN EL JUICIO DE AMPARO.- Debe otorgarse la medida cautelar atendiendo no a la denominación Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Lic. Genaro David Góngora Pimentel 153 empleada por la quejosa para calificar el ado reclamado, sino a su intención. La confiscación a que se refiere el artículo 22 constitucional no debe ser confundida con el decomiso, porque la naturalem y los efectos de estos dos institutos difieren esencialmente.- De acuerdo con los antecedentes del caso expuestos por la quejosa, la actuación de las autoridades responsables tendiente a privarle de sus enseres de trabajo y de los frutos de su actividad comercial, en caso de realizarse no configuraría una confiscación de bienes pena prohibida por el artículo 22 constitucional-, sino un decomiso, instituto aceptado y regulado por nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, por confiscación debe entenderse la apropiación violenta por parte de la autoridad de la totalidad de los bienes de una persona o de una parte significativa de los mismos sin título legítimo y sin contraprestación. La confiscación antes de ser prohibida por nuestra constitución era ampliamente utilizada como represalia en contra de adversarios, enemigos políticos y expatriados, de allí que parezca comprensible su inclusión dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo constitucional mencionado. Por lo contrario, el decomiso es reconocido por el constituyente (artículo 109) y por el legislRdor ordinario tanto como sanción administrativa o penal que como medida de policía por razones se seguridad, moralidad y salubridad. Ejemplos del decomiso como sanc1on penal (preventiva), se encuentran en lo dispuesto por los artículos 24, 40 y 41 del código penal, como sanción administrativa en el artículo 129, fracciones 11, 111 y IV así como antepenúltimo párrafo de la ley aduanera; y como medida de policía en los artículos 402, 404, fracción X y 414 de la ley general de salud. En todos estos casos, el decomiso se decreta respecto de bienes muebles que han mayo I diciembre de 1993 �154 Algunas consideraciones sobre la suspensión de oficio sido utilizados como instrumentos para la comisión de delitos o infracciones adrrunistrativa o que han resultado como frutos de tales ilícitos o bien tratándose de bienes muebles que por su naturaleza o cualidades representan un peligro o riesgo para la sociedad. Así, el decomiso entendido como la pérdida defuútiva de una cosa mueble sin indemnización se distingue de la confiscación, no sólo porque ésta afecta a la totalidad del patrimonio de una persona o a una parte significativa de sus bienes no únicamente un bien concreto y determinado como sucede en aquél, sino porque el decomiso supone necesariamente una relación causal entre el bien afectado y el orden o interés público, mientras que la confiscación se caracteriza como el apoderamiento violento de los bienes sin causa, título o razón que la justifique. En estas condiciones, en la especie no podría tratarse de una confiscación de bienes en perjuicio de la quejosa, sino en todo caso del decomiso (pérdida de la propiedad) o simplemente del desposeimiento de los enseres que emplea al ejercer el comercio y de los frutos obtenidos con su realización. En consecuencia, y atendiendo no a la denominación empleada por la quejosa para calificar el acto reclamado sino a su intención, es procedente otorgar la medida cautelar solicitada en contra del decomiso o desposeimiento de mercancías y enseres de trabajo, pues están satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 130 y 124 de la ley de amparo al mediar petición de la quejosa, no contrariarse disposiciones de orden público o de interés social y ser de difícil reparación los daños que con la ejecución del acto podrían causarse a la quejosa. Queja QA.133/87. 25 de agosto de 1987. Unanimidad de votos. Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Informe de 1987, pág.147. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Lic. Genaro David Góngora Pimentel 155 En esta ocasión, con motivo de la diferencia de criterios apuntada, respecto de un decomiso vestido, por el abogado, con el ropaje de una confiscación, recordamos las palabras del escritor Mario Puzo, que en su novela "la cuarta k", hace decir a uno de sus principales personajes, maestro en una facultad de derecho, al iniciar su cátedra, las siguientes significativas palabras: Todo el mundo conoce o ha oído hablar de la majestad de la ley.. Está dentro del poder del Estado el controlar a la organización política que permite la existencia de la civilización. Eso es cierto. Sin el imperio de la ley, todos estaría.ni.os perdidos. Pero recuerden siempre que la ley también esta llena de mierda. -Se quedó mirando a los estudiantes, sonrió y añadió-: yo puedo esquivar cualquier ley que ustedes promulguen. Se puede retorcer la ley, deformarla, para servir a una civilización corrompida. El rico puede escapar a la ley y, a veces, hasta el pobre tiene suerte en ello. Algunos abogados tratan la ley como los chulos tratan a sus mujeres. Los jueces venden la ley, y los tribunales la traicionan. Todo eso puede ser cierto. Pero recuerden también que no disponemos de nada que funcione mejor. No existe otra forma de establecer un contrato social con nuestros semejantes. (Editorial Grijalvo, S. A de C. V. México, D. F. Págs. 76 y 77). Las dos fracciones que antes transcribimos, en las que se establecen los supuestos de la suspensión de oficio (artículo 123, I y 11), estarán sujetas por tanto, al examen del juez federal de amparo. Es aquí en donde los jueces de amparo habrán de poner a prueba el valor de sus cargos, la decisión en proteger los derechos fundamentales de los habitantes del país, sobreponiéndose a las autoridades que burlan mayo I diciembre de 1993 �157 Algunas consideraciones sobre la suspensión de oficio Lic. Genaro David Góngora Pimentel esos derechos para imponerles, aun por la fuerza, los mandatos de la constitución. Pues bien, una vez levantada el acta el señor juez admitió la demanda y otorgó la suspensión de oficio, pues los actos reclamados se haóan consistir en la detención por autoridades de un estudiante, fuera de procedimiento judicial, golpes y torturas. 156 Contemos ahora una historia, tal como me la narró Don Enrique Pérez González. Nombrado juez de distrito, fue enviado al juzgado de distrito de la ciudad de Oaxaca. Eran los años difíciles del sexenio de Don Luis Echeverría. Oaxaca tenía una efervecencia estudiantil universitaria más pronunciada que nunca. En sus primeros días en el juzgado, llegó corriendo un abogado para promover una demanda de amparo por comparecencia. Esa fue la primera demanda de amparo por comparecencia de que conoció. Como ustedes recordarán conforme al artículo 117 de la ley de amparo, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, bastará, para la admisión de la demanda, que se exprese en ella el acto reclamado, la autoridad que lo hubiese ordenado, si fuere posible al promovente, el lugar en que se encuentre el agraviado y la autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto. La urgencia es tal que el precepto perdona en estos casos la expresión de conceptos de violación. Pero, además precisamente para los supuestos aquí contemplados, agrega que la demanda podrá formularse por comparecencia, levantándose al efecto acta ante el juez. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales El lugar en que se encontraba el agraviado era, según supo, una comandancia de polióa de la ciudad de Oaxaca y viendo la angustia de los padres del muchacho que acompañaban al abogado que formuló la demanda, prefirió no mandar solo al actuario sino acudir el mismo para otorgar la protección que solicitában. Don Enrique, los padres del muchacho, su abogado y el actuario subieron al automóvil "SUPER BEE", que entonces tenía el señor juez y partieron rápido al lugar en que habían visto por última vez al joven. Al llegar, otros jóvenes compañeros les dijeron que lo habían trasladado a otra comandancia, rumbo a la cual salió rápidamente el "SUPER-BEE". Llegando a ella, otros muchachos les dijeron "a gritos": ¡lo llevaron al cuartel!, guiado por sus acompañantes, el juez condujo su automóvil a ese lugar. Ahí fue cuando el abogado ya no quiso bajar. En la puerta del cuartel haóa guardia un soldado, con su rifle al hombro, marchando de un lado a otro, como acostumbran los militares. El señor juez es de familia militar, por lo que sabe cómo piensan y sabe además cómo debe tratarse a los soldados. Bajó del "SUPER-BEE" y con decisión, paso firme y ademanes autoritarios, caminó directo a la puerta del cuartel, gritando: mayo I diciembre de 1993 �158 Algunas consideraciones sobre la suspensión de oficio Lic. Genaro David Góngora Pimentel 159 ¡Cabo de guardia! (Advirtió que se trataba de un Colegiados del Segundo Circuito, con residencia en Toluca. Y, además, es mi amigo. El cabo al oír reaccionó por instinto, detuvo su marcha y saludó. Sin embargo, de inmediato observó que no se trataba de un militar conocido, que ni siquiera iba uniformado y que, para consternación suya, ese sujeto que gritaba como uno de sus jefes era nada menos que el juez de distrito que, aprovechando su error, se metía en ese momento al cuartel. Apurado, pretendió arreglar la situación y cortando cartucho en su rifle gritó a su vez: Los jueces de distrito han dado prestigio al juicio de amparo, el pueblo de México confía en ellos. cabo). -- ¡Alto o disparo! Dice don Enrique que al oír a sus espaldas cortar cartucho y gritar al centinela, (el ya se encontraba casi a la mitad del patio de entrada del cuartel), sintió... sintió que se la caían los ... los ánimos, pero continuó caminando, gritando, como es costumbre en estos casos, el nombre del muchacho. Quienes lo tenían detenido, por cierto severamente golpeado, sabiendo ya que quien gritaba buscándolo era el juez federal, se asustaron, y para que no lo encontraran dentro del cuartel lo aventaron, como muñeco de trapo, sobre la barda de piedra que rodeaba la instalación militar y allá fue a dar, a la calle empedrada en donde cayó produciéndose nuevos golpes y fracturas, a los pies de unos compañeros suyos que llegaban presurosos. Esta es una historia que es necesario recordar. Don Enrique Pérez González fue ascendido a magistrado de circuito y actualmente integra uno de los Tribunales Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales El mismo precepto que examinamos agrega dos párrafos en los cuales se establece la mecánica del funcionamiento de esta suspensión, en los términos siguientes: La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en que el juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley. Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que_directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; y tratándose de los previstos en la fracción II de este artículo, serán los de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el juez las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados. Dice el precepto que: "... la suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en que el juez admita la demanda,...". Según el diccionario de don Joaquín Escriche, plano significa llano, liso, sin estorbos ni tropiezos. Así es que proceder de plano significa formar un proceso con toda brevedad, despreciando muchas de las formalidades y dilaciones que prescribe el derecho. mayo I diciembre de 1993 �160 Algunas consideraciones sobre la suspensión de oficio Como hemos dicho, la circunstancia de que la suspensión de oficio se decrete en el mismo auto en que el juez admita la demanda le da una ventaja sobre la suspensión a petición de parte, pues en esta debe celebrarse una audiencia en que será necesario ofrecer pruebas, pasar por un período de alegatos y otro de sentencia. La suspensión así decretada es, si se nos permite decirlo, angustiosamente necesaria para el promovente del amparo, es posible que cuenten no solamente las horas, sino los minutos. Luego, se entiende que la ley ordene: .. . comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley. El mencionado párrafo tercero del artículo 23 dispone: Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas de correos y telégrafos estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo álguno para los interesados ni para el gobierno, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como los mensajes y oficio que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, aun fuera de las horas del despacho y aun cuando existan disposiciones en contrario de las autoridades administrativas. La infracción de lo prevenido en este párrafo se castigará con la sanción que el código penal aplicable en materia federal Re-oista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Lic. Genaro David Góngora Pimentel 161 señala para el delito de resistencia de particulares y desobediencia. ¿Cuáles son los efectos de la suspensión de oficio? Unicamente consistirán -dice la ley con énfasis- en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; y tratándose de los previstos en la fracción II de este artículo, serán los de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el juez las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados . La suspensión de oficio se concede, claro es, cuando se da alguno de los supuestos contemplados en el artículo que comentamos y, puede ser solicitada por el promovente del amparo o bien, aun cuando no se pida, el juez de distrito debe otorgarla si advierte que se está en el supuesto del precepto. Contemos ahora otra historia: A mediados de los años veintes de este siglo, hubo en México una persecución de los chinos. Fueron obligados a salir del país. El pueblo los obligó a tomar los trenes y a escapar. Muchos fueron a Chiapas y a Guatemala, otros regresaron a China. Eso fue por vía de hecho, sin embargo en algunos casos se aplicó a los chinos más relevantes lo dispuesto en el artículo 33 constitucional que, como es sabido, ha investido al ejecutivo de la unión con la " ... fa- mayo I diciembre de 1993 �162 Algunas consideraciones sobre la suspensión de oficio Lic. Genaro David Góngora Pimentel cultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente." El recurso procedente contra la suspensión de oficio es el de revisión. La anterior afirmación que, pudiera parecer obvia Lo dispuesto en este precepto se refiere al " ...juicio previo", luego, debe entenderse que sí sería procedente el juicio posterior a la expulsión, que el extranjero promovería en México a través de su apoderado. Pues bien, no todos los chinos eran extranjeros, alguno era ya mexicano por naturalización, por lo que la aplicación del artículo 33 en su perjuicio constituía en realidad un destierro, prohibido por el artículo 22 constitucional. El abogado de Manuel Chew, así se llamaba el oriental, promovió amparo y tanto el juez de distrito como la Suprema Corte de Justicia, concedieron la suspensión de oficio, en los siguientes términos: Contra la pena de destierro que pretenda imponerse a mexicanos por naturalización, aplicando equivocadamente el artículo 33 constitucional, procede conceder la suspensión de oficio. Semanario judicial de la federación.-Quinta Epoca.-Tomo XVI, p. 232. Luego, la facultad del ejecutivo de la unión, sólo puede aplicarse a los extranjeros, para ellos está expresamente dictada en la constitución. Si se aplicara a mexicanos sería no deportación sino destierro, pena aflictiva prohibida por nuestra constitución que, en su artículo 22 no permite las penas inusitadas y trascendentales. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 163 por evidente, no lo es tanto. En el sexenio pasado hubo tres importantes series de reformas a la ley de amparo. En la iniciativa de 15 de noviembre de 1985, la fracción II del artículo 83 de la ley, que establece los supuestos de procedencia del recurso de revisión, quedó redactada de la siguiente manera: Art. 83.- Procede el recurso de revisión: 11.- Contra las resoluciones de los jueces de distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en las cuales: a). Concedan o nieguen la suspensión definitiva. b ). Concedan o nieguen la suspensión de oficio. c). Modifiquen o revoquen el auto en que hayan concedido o negado la suspensión definitiva. d). Nieguen la revocación solicitada. Estas reformas entraron en vigor en 1986, pero para el 15 de enero de 1988 entraron en vigor nuevas reformas, en las que el artículo y fracción antes transcritos se modificaron de nuevo, en los siguientes términos: Art. 83.- Procede el recurso de revisión: II. Contra las resoluciones de los jueces de distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en los cuales: a) Concedan o nieguen la suspensión definitiva; b) Modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva; y mayo I diciembre de 1993 �164 Algunas consideraciones sobre la suspensión de oficio Lic. Genaro David Góngora Pimentel 165 c) Nieguen la revocación o modificación a que se refiere el inciso anterior. tercer párrafo del artículo 89 de la ley que está redactado en estos términos: El inciso b) del artículo 83 vigente de 1986 a 1988 establecía la procedencia del recurso de revisión cuando los jueces concedieran o negaran la suspensión de oficio; el artículo 83 vigente a la fecha, a partir del 15 de enero de 1988 ya no establece ese supuesto del recurso de revisión. ¿Qué sucedió?. ¿Qué razones llevaron al legislador a quitar ese supuesto de procedencia?. ¿Fue un error tan, pero tan grave que debió quitarse apenas de dos años de vigencia?. ¿Causó graves problemas en la república? ¿La doctrina mexicana criticó el precepto?. Tratándose del auto en que se haya concedido o negado la suspensión de plano, interpuesta la revisión, sólo deberá remitirse al Tribunal Colegiado de Circuito copia certificada del escrito de demanda del auto recurrido, de sus notificaciones y del escrito u oficio en que se haya interpuesto el recurso de revisión, con expresión de la fecha y hora del recibo. -- Debemos responder con un no rotundo a los interrogantes. -- ¿Entonces? -- No sabemos porque desapareció el inciso b) comentado. No se dijo nada en la exposición de motivos. ¿Era alguna razón que debiera ser escondida por razones de Estado? No. A reserva de otra explicación mejor, pensamos que el inciso b) de la fracción II del artículo 83, adicionada a la ley de amparo con las reformas de 1986, duró tan, pero tan poco tiempo, porque el señor legislador que se ocupó de estas reformas en 1987, no tenía la ley al corriente y pasó a su mecanógrafa una ley anterior a 1986. Desde luego, el recurso de revisión para la suspensión de oficio seguirá siendo procedente con el mismo fundamento de antes, el Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Si bien hemos dicho que en la suspensión de oficio ésta se otorga, en su caso, en el auto de admisión de la demanda eso no significa que el juez de distrito se olvide del asunto. Debe formarse el incidente de la suspensión de oficio por cuerda separada del principal, no solamente para decidir sobre el cumplimiento o incumplimiento del auto, o sobre la modificación o revocación por causas supervenientes, sino también para enviar copia de la demanda y del acuerdo de admisión de la misma en que se proveyó sobre la suspensión de plano, al tribunal colegiado en caso de que se interponga el recurso de revisión. En varios asuntos que tuvimos hace poco en el tribunal, un abogado promovió amparos y solicitó la suspensión de oficio aquí en el primer circuito, en contra de los actos de la administración pública tendientes al establecimiento y funcionamiento de la planta atómica para producir energía eléctrica de Laguna Verde, Veracruz. Todos los jueces de distrito en materia administrativa negaron la suspensión y se declararon incompetentes por razón de territorio, enviando los expedientes formados a Veracruz, sin formar incidente por cuerda separada, por lo que hubo necesidad mayo I diciembre de 1993 �166 Algunas consideraciones sobre la suspensión de oficio Lic. Genaro David Góngora Pimentel ' de pedir al juez de distrito en turno en Veracruz que conoció de cada asunto, las copias de la demanda para poder estudiar los recursos de revisión que interpuso el abogado promovente de ese "amparo ecológico". La dilación en la tramitación de los mismos se debió al olvido de los jueces de distrito que, en estos casos, deben solicitar copias de la demanda y demás documentos para abrir dos cuadernos incidentales, uno para enviarlo al tribunal en caso de recurso y otro para cuidar el cumplimiento o incumplimiento de la misma y su modificación o revocación por causa superveniente, pues si no se hace así el juez no podrá seguir actuando. será de .uno a ocho años de prisión, además se le sancionará con multa equivalente de cincuenta hasta trescientos días ("El día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos" según el artículo 29 del código penal para el Distrito federal y para toda la república en materia de fuero federal), y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos (artículo 215, fracción IV, del código penal). Por último, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 199 de la ley de amparo, el juez de distrito o la autoridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, que no suspenda el acto reclamado cuando se trate de peligro de privación de la vida, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, si se llevare a efecto la ejecución de aquél, será castigado como reo del delito de abuso de autoridad, conforme a las disposiciones del código penal aplicable en materia federal; pero si la ejecución no se llevare a efecto por causas ajenas a la intervención de la justicia federal, se le impondrá la sanción que señale el mismo código para los delitos cometidos contra la administración de justicia. En el primer caso, es decir si el juez no suspende el acto reclamado tratándose de peligro de privación de la vida, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal y se lleva a efecto la ejecución del acto reclamado, la pena que le corresponderá al juez de distrito Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 167 En el segundo caso, es decir, si la ejecución no se llevare a efecto por causas ajenas a la intervención de la justicia federal, se le aplicará una pena de prisión de dos a ocho años y doscientos a cuatrocientos días de multa. Además de la pena de prisión correspondiente, el juez será privado de su cargo e inhabilitado para el desempeño de uno nuevo, por el lapso de uno a diez años (artículo 225, fracción VI, del código penal). El rigor de las penas rela~adas es completamente justificado, porque la falta de concesión de la suspensión puede dar por resultado la privación de la vida de un individuo o bien la consumación de cualquiera de los actos que prohibe el artículo 22 constitucional. Aquí la suspensión de oficio permite al juez de distrito cuidar los derechos fundamentales del hombre que más trascendencia tienen.. · Para terminar con estas consi9-era9-ones sobre la suspensión de oficio que los jueces ~onceden de ·plano, que con tanta amabilidad han escuchado, en las qµe he mayo I diciembre d.e 199_3 J �169 Algunas consideraciones sobre la suspensión de oficio Lic. Genaro David Góngora Pimentel comentado la técnica del amparo en cuanto a esta institución en cuya ejecución tanto importa el valor con que los jueces actúen, en que les he narrado un episodio del notable juez de amparo don Enrique Pérez González, debo decirles que, sin embargo, en mi opinión, lo más importante que deben tener los juzgadores, aún más que el valor con que actúen, todavía más que su responsabilidad y más aún que su amor al estudio, después de todo son características que dependen de ellos mismos, es la confianza del público; con esto quiero decir, el sentimiento, la certidumbre del público . de que dictan justicia de acuerdo con la ley. Si el público no tiene esa confianza el juez no podrá juzgar. El juez no tiene, no puede disponer ni de la espada, que pertenece al poder ejecutivo, ni de la bolsa, que maneja el poder legislativo a través de sus leyes. Todo lo que el juez tiene, su único, su verdadero patrimonio no es otra cosa que la confianza que en él tenga el pueblo. Esto es algo que el juzgador debe proteger celosamente. Entiéndase que la necesidad de la confianza pública no significa que se quiera la popularidad, significa mantener en el público la certeza de que .las decisiones judiciales se dictan conforme a la ley, de manera imparcial y con objetividad, sin que determine el resultado quienes sean las partes, sino la fuerza de sus argumentos y la justicia de sus peticiones, todo esto significa la percepción de que el juez no es parte en la contienda, que el juez lucha no buscando su propio beneficio ni poder, sino el 9.e la norma jurídica. 168 Confianza en que se juzga con neutralidad, tratando igual a las partes y sin ningún interés personal en los asuntos, confianza en el alto nivel moral del juez. Sin la confianza pública la autoridad judicial estaría incapacitada para funcionar y no es solamente el bien más precioso de todos los que debe poseer el poder judicial, sino el más preciado de los logros de una nación. Pertenece a Honorato de Balzac la bien conocida frase de que: "la falta de confianza en los jueces es el principio del fin de la sociedad." Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales La confianza del público en los jueces no es un regalo y no puede tenerse por cierta, sino que está constituída de un material fluido, por eso debe ser alimentada. Es más fácil dañarla que preservarla. Años de esfuerzo pueden perderse por una desafortunada decisión. Por eso, al decidirse a actuar el juez debe tener en su mente esa necesidad. Si en un cierto caso, no encuentra el juzgador apoyo ni en la jurisprudencia, ni tampoco en la doctrina y queda sólo la conciencia, debe preguntarse el impacto que sus decisiones tendrán en la confianza del público en el poder judicial, en otras palabras, en el sentimiento público de que el juez ha hecho justicia de acuerdo con la ley. Desde luego, que no es mucho lo que uno puede hacer solamente con la confianza pública, pero lo cierto es que sin ella nada podrá lograrse. mayo I diciembre de 1993 �Dr. Valdemar Martínez Garza 171 ANALISIS DEL ARTICULO 159, FRACCION 11, DE LA LEY DE AMPARO DR. VALDEMAR MARTINEZ GARZA* El amparo se ha instituido como un medio de protección al particular contra los actos de las autoridades, que, traspasando los límites legales permisibles, violan las garantías individuales. Así, desde su consagración constitucional eq la carta magna de 1857, se estableció de la siguiente manera: Artículo 101. Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite: l. Por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales; * Doctor en derecho por la U.N.A.M.; miembro fundador y profesor de amparo y seminario de amparo en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Catedrático de derecho procesal penal en la maestría en ciencias penales y director de la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.A.N.L. Abogado litigante y miembro fundador de la firma BENITEZ, MARTINEZ, SALINAS, y CHAPA, S.C.; de Monterrey, N.L. mayo I diciembre de 1993 �172 Análisis del arlículo 159, fracción II, de la ley de amparo Dr. Valdemar Marlínez Garza 173 11. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados; III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal. Pues bien, estimo que esos tres casos bien pueden reducirse a uno solo, que es el primero, relativo a la violación de garantías individuales, como a continuación lo demostraré: Como se aprecia de la transcripción, es el acto autoritario lo que da la pauta para la intervención del poder judicial federal, pero no de manera oficiosa, pues ya desde entonces, existían para el amparo tres principios fundamentales que susbsisten hasta nuestros días, como lo son: a) El principio de instancia de parte agraviada; b) El de prosecución judicial; y, c) El de relatividad de la sentencia de amparo. Primeramente abordaré el común denominador de las tres fracciones del preinvocado artículo 101, que es "leyes o actos", y para ello he de formular la siguiente interrogante: ¿Resulta necesario hacer el distingo entre leyes y actos de autoridad?. Dichos principios constitucionales, se encontraban consignados en el artículo 102 de la constitución federal de 1857, que es del siguiente tenor literal: Artículo 102. Todos los juicios de que habla el artículo anterior, se seguirán a petición de parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. Volviendo al artículo 101, considero pertinente hacer notar que, se contienen tres casos que pueden dar materia para el juicio constitucional: 1.- Violación de garantías individuales; 2.- Vulneración de la soberanía estatal, por parte de la autoridad federal y, 3.- Invasión a la esfera federal, por las autoridades estatales. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Si como lo dije al principio, el amparo se creó para la protección del individuo frente a los actos de autoridad, ¿por qué incluir también el concepto "leyes"?; si no existiera la palabra leyes,. ¿no podrían combatirse éstas mediante el amparo?, ¿qué acaso las leyes no son actos de autoridad? Estimo que tanto en el artículo 101 de la constitución de 1857, como en el 103 de la de 1917, sale sobrando la palabra leyes, pues éstas son verdaderamente una especie, frente al género acto de autoridad. Por lo que toca a los casos de vulneración de la soberanía de los estados, o los de invasión a la esfera de la autoridad federal, contenidos en las fracciones II y ID del artículo 101, bien podrían haberse eliminado, o suprimirse del 103 de la actual, pues en ambos supuestos predomina un elemento común: la incompetencia de la autoridad; y cuando ésta actúa así en perjuicio del gobernado, este último se encuentra protegido tanto en el artículo 16 de la constitución de 1857, como en el mismo numeral de la de 1917, que a la letra dice en lo conducente: mayo I diciembre de 1993 �174 Análisis del artículo 159, fracción n, de la ley de amparo Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento...1 Es indudable que cuando una autoridad federal, restringe con su actuación la soberanía estatal, o que cuando las autoridades de los estados, realizan invasiones al radio de acción de la federación, en ambos casos se viola el artículo 16 del pacto federal, pues no puede aceptarse que tengan competencia constitucional para algo que les está prohibido. El concepto de competencia constitucional, debe entenderse únicamente como el sumum de facultades que la ley suprema confiere a un órgano autoritario, para realizar tal o cual actividad, y no como en sus orígenes se pretendió, como la facultad de analizar la "co~petencia de origen", es decir, la legitimidad de las autoridades en su nombramiento o elección. 2 Así las cosas, considero que atendiendo al alcance omnicomprensivo de los vocablos, garantías individuales y acto de autoridad estos pudieran sintetizarse de tal forma La única diferencia de redacción entre ambos preceptos, consiste en la "y" de "papeles y posesiones" del artículo 16 de la constitución de 1857; y la "o" de "papeles o posesiones" de la carta fundamental de 1917. 2 Véase sobre este aspecto de la incompetencia de origen, el interesante' estudio realizado por José Ma. Iglesias, en abril de 1874, F.studio constitucional sobre facultades de la corte de justicia. 1 Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Dr. Valdemar Martínez Garza 175 que, con una única expresión, se incluyan todos los supuestos que se mencionan en las tres fracciones de los artículos 101 y 103 de las constituciones de 1857 y 1917, respectivamente; y estimo, que tal conjunción pudiera hacerse de la siguiente manera: los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite por actos de la autoridad que violen las garantías individuales. Esta expresión tan concisa, y que tal vez peque de breve, tiene de suyo, al mismo tiempo, el ser tan amplia que no da lugar a que se escabullan ninguno de los supuestos de amparos contra !eyes, o por invasión de soberanías, pues ésta última, sólo da lugar al juicio constitucional cuando se traduce en violación a los derechos subjetivos públicos de los particulares. Examinadas muy por encima, las fracciones I, II y III de los artículos 101 y 103 de las constituciones de 1857 y 1917, respectivamente, y establecido que, el amparo únicamente procede contra actos de autoridad, pasaré ahora a el análisis del artículo 159, fracción II, de la ley de amparo, que resulta ser el tema central de este trabajo. En términos de lo que dispone el artículo 158 de la ley de amparo, el juicio directo de garantías procede cuando el acto reclamado lo sea una sentencia definitiv a, un laudo, o una resolución que ponga fin al juicio; que además, tales actos hubiesen sido proferidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y, siempre y cuando, contra ellos no proceda ningún recurso ordinario, por el que pudieran ser modificados o revoc:ados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el mayo I diciembre de 1993 �176 Análisis del artículo 159, fracción n, de la ley de amparo procedimiento, genere una afectación tal a las defensas del quejoso, que trascienda al resultado del fallo; y, por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. 3 Ahora bien, las violaciones a las leyes del procedimiento en que pueden incurrir los tribunales civiles, administrativos o del trabajo, durante los juicios seguidos ante ellos, y en las que legalmente se considera que se afectan las de(ensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, se encuentran determinadas en el artículo 159 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, 4 y aquella que ocupa la atención de este trabajo dice así: Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se consideraran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... Dr. Valdemar Martínez Garza 177 II. Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el juicio de que se trate. Sobre este tema en especial he de campear en el desierto académico, pues no hay nada escrito sobre ello, y a guisa de ejemplo diré que autores como Héctor Fix Zamudio, 5 Humberto Briseño Sierra, 6 Alfonso Noriega, 7 José R. Padilla, 8 Carlos Arellano García, 9 Octavio Hernández, 10 Juventino V. Castro,11 Arturo González Cosío, 12 y Fernando Arilla Bas, 13 no lo tratan en sus obras, y el libro clásico contemporáneo sobre la materia de amparo, de Ignacio Burgoa, 14 tampoco aborda este tópico. Solamente Romeo León Orantes y Luis Bazdresch, refieren muy breves líneas, y por ello me permitiré transcribir sus comentarios: León Orantes, señala que: 3 Por resoluciones que ponen fin al juicio, se entiende aquéllas que no entran a resolver el fondo de la cuestión substancial controvertida, pero que sin embargo, lo dan por concluido, y contra las cu~l~s, no procede recurso ordinario por virtud del cual pueden ser modificadas o revocadas. Esto se desprende del último párrafo del artículo 46 de la . ley de ~aro. · • El antecedente de esta disposición se encuentra en la ley de amparo de 1919, que creó el amparo d~ecto ante la Sup~ema Corte de Justic;::\a, y particularmente en el articulo 108, fracc1on II,. de que textualmente decía: Art. 108. En los juicios civiles se considerarán violadas las leyes del procedimiento, y privado al quejoso de defensa: ... II. Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el juicio de que se trata; ... Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 5 El juicio de amparo. Porrúa, México, 1964. Teoría y técnica del amparo. Vols. I y II. Cajica. Puebla, México, 1966. El control constitucional de amparo. la. edición, Trillas, México, 6 1990. 7 Lecciones de amparo. Porrúa, México, 1975. 8 Sinopsis de amparo. 2a. Edición, Cárdenas, editor y distribuidor, México, 1978. 9 El juicio de amparo.2a. edición, Porrúa, México, 1983. 1 °Curso de amparo. 2a. edición, Porrúa, México, 1983. 11 Garantías y amparo. 5a. edición, Porrúa, México, 1985. u El juicio de amparo.2a. edición actualizada, Porrúa, México, 1985. 13 El juicio de amparo. 3a. edición, editorial Katos, México, 1989. 14 El juicio de amparo. 27a. edición, Porrúa, México, 1990. mayo / diciembre de 1993 �178 Análisis del artículo 159, fracción II, de la ley de amparo El artículo 159 de la ley reglamentaria enumera en forma enunciativa, no limitativa, los casos en que se consideran violadas las leyes del procedimiento y privado de defensa al quejoso, en los juicios civiles. Son ellos los siguientes: ...b).- Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el juicio de que se trate; (indefensión porque no fue (sic) llamado al pleito el interesado y violación substancial del procedimiento por planteamiento incorrecto de la litis, como en el caso anterior). 15 Dr. Valdemar Martínez Garza litis sólo atañe a las partes contendientes, y para nada se refiere a esto el artículo 159, fracción 11. Por su parte, Luis Bazdresch, sostiene lo siguiente: 10.- En los dos primeros casos que preve el artículo 159, o sea la falta o deficiencia del emplazamiento y la falta de representación genuina, el procedimiento está viciado por falta de la intervención del demandado, que en las circunstancias indicadas ignora la iniciación y el ulterior desarrollo del juicio; es obvio que de esa manera el demandado no tiene oportuni~ad de ejercer su defensa ni de desvirtuar las pruebas del actor, lo que naturalmente trascenderá al sentido de la sentencia, que si resulta de condena, en gran parte será debido a la indicada indefensión del demandado. Es pertinente advertir que en los dos casos al principio referidos, el agraviado quejoso debe figurar nominalmente en la relación procesal y que por tanto, haya debido ser emplazado con arreglo a la ley, pues los preceptos relativos no son aplicables a las personas extrañas a juicio a que aluden el inciso c) de la fracción III y la fracción VII del artículo 107 constitucional ... 16 Creo que equivocó León Orantes el entendimiento que habría de darse a la fracción 11, del artículo 159, a que me vengo refiriendo, pues una cosa es la mala o falsa representación en juicio, y otra, muy distinta, es la ausencia de llamado a juicio a la parte interesada, o el planteamiento incorrecto de la litis. En efecto, la mala o falsa representación, concierne al desempeño deficiente o, desentendido de la realidad, respectivamente, por parte de quien compareció al procedimiento en nombre de otro; en cambio, la ausencia de llamado a juicio es atribuible a la autoridad encargada de practicar el acto formal de emplazamiento, y este supuesto está expresamente regulado en la fracción I, del artículo 159 ley de amparo, al señalar como violación procesal aquélla en que el quejoso no haya sido citado a juicio, o lo hubiese sido en forma distinta a la prevenida por la ley. Por último, el planteamiento incorrecto de la 15 El juicio de amparo. 3a. edición, editorial José M. Cajica Jr., S.A., México-Buenos Aires, 1957, pág. 388. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 179 Es patente la contradicción en que incurre Bazdresch, pues primeramente afirma que: El procedimiento está viciado por falta de la intervención del demandado, que en las circunstancias indicadas ignora la iniciación y el ulterior desarrollo del juicio; y posteriormente agrega que: es pertinente 16 El juicio de amparo. Curso general. 4a. edición, editorial Trillas, México, 1986, págs. 247 y 248. mayo I diciembre de 1993 �180 Análisis del artículo 159, fracción II, de la ley de amparo advertir que en los dos casos al principio referidos, el agraviado quejoso debe figurar nominalmente en la relación procesal y que por tanto, haya debido ser emplazado con arreglo a la ley. No es posible que el demandado ignore la irúciación del juicio, si fue emplazado con arreglo a la ley, pues un correcto llamamiento judicial, supone el respeto a la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional; y por otra parte, si desconoce el desarrollo ulterior del procedimiento, ello es debido a su negligencia, lo que, en sí mismo, no implica violación alguna al procedimiento que lo deje sin defensa. En lo que sí participo del criterio de Luis Bazdresch, es en que el quejoso debe figurar nominalmente en la relación procesal y estar emplazado conforme a derecho, pues de otra manera sería tercero extraño a juicio, y en tales condiciones, el amparo adecuado sería en la vía indirecta en que se reclamara la ausencia o el defectuoso emplazamiento, juntamente con todas las actuaciones practicadas y la sentencia definitiva que se hubiese proferido. Admitido entonces, que el demandado es parte en la relación procesal y que se le emplazó correctamente a juicio, debe concluirse, de manera necesaria, que sí tuvo toda la oportunidad de defenderse en el procedimiento y, también tuvo a la sazón, el tiempo de desvirtuar las pruebas del actor, y si no lo hizo así, y la sentencia resulta ser de condena, no se debe a indefensión alguna, como lo Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Dr. Valdemar Martínez Garza 181 sostiene Luis Bazdresch, sino a la ligereza en la atención de sus asuntos. Sentado lo anterior, y sin pretender en este estudio analizar las distintas teorías acerca de la representación, quiero sin embargo, hacer algunos apuntamientos sobre el tema, pues será de utilidad al abordar este problema y su relación con la fracción II, del artículo 159, a que me he referido, pues precisamente en tal dispositivo legal se alude a la "mala o falsa representación". A través de la figura jurídica de la representación, una persona tiene la potestad para actuar en nombre y por cuenta de otra, o solamente por cuenta de otra, y por ende, puede decidir por ésta y obligarle conforme a derecho. Dicho de otra forma, el representante prácticamente substituye de manera plena la personalidad jurídica del representado, y las consecuencias de los actos del primero trascienden a la esfera jurídica de éste último. El maestro Bernardo Pérez Fernández del Castillo,17 clasifica la representación en directa e indirecta (según las relaciones que se forman entre las partes), y en voluntaria y legal (según su fuente): Es directa cuando una persona actúa en nombre y por cuenta de ~tra, produciendo una relación directa e inmediata entre representado y tercero, como en los casos del poder y de la tutela. 17 Representación, poder y mandato. Porrúa, México, 1984, págs. 18 y 19. mayo I diciembre de 1993 �182 Análisis del artículo 159, fracción II, de la ley de amparo Es indirecta, cuando actúa una persona en nombre propio y por cuenta de otra, adquiriendo para sí los derechos y obligaciones del representado frente al tercero, por ejemplo, el mandato de prestación de servicios, asociación en participación, en los que se establece, entre dos personas, una relación jurídica interna, desconocida y en ocasiones, fingida para el tercero, pero al final de cuentas los efectos jurídicos van a repercutir en el patrimonio de quien encomendó al negocio. De ahí que se considere representación indirecta. Voluntaria cuando una persona, en virtud de la autonomía de la voluntad, autoriza a otra para actuar en su nombre y representación, como en el poder, fideicomiso. Es legal cuando una persona por ser incapaz o encontrarse ausente, es representada por otra de entre las señaladas por las disposiciones legales. Gutiérrez y González, expresa su concepto de la representación en los términos siguientes: 18 Es el medio de que dispone la ley o una persona capaz, para obtener, utilizando la voluntad de otra persona capaz, los mismos efectos que si hubiera actuado el capaz, o válidamente un incapaz. Entendida entonces, la representación privada como un acto entre particulares, y ejercitada ante los tribunales 18 Derecho de las obligaciones. 2a. edición, editorial Cajica, México, 1965, págs. 284 y 285. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Dr. Valdemar Martínez Garza 183 civiles, administrativos o del trabajo, se traduce en la personalidad derivada para comparecer en juicio a nombre y cuenta de otro. Así las cosas, quien comparece a juicio diciéndose representante de otro, verbigacia en ejercicio del contrato de mandato (representación voluntaria), o ejercitando los derechos de patria potestad (representación legal), ha de acreditar ante la autoridad respectiva su personalidad, y ésta, dictará un proveído en el que le reconozca o desestime su calidad. En este orden de ideas, al correr el traslado de ley al demandado, éste tiene el derecho a oponerse al reconocimiento de la personalidad hecha por la autoridad, mediante la oposición de la excepción correspondiente, misma que se tramitará en la vía incidental. En materia civil, contra la resolución interlocutoria que recaiga al estudio de-personalidad, procede el recurso de apelación en ambos efectos, de conformidad con los artículos 431 y 567 del código de procedimientos civiles de Nuevo León: Artículo 431. Las interlocutorias son apelables cuando esta ley lo disponga expresamente o cuando lo fuere la sentencia definitiva del juicio en que se dicten. Artículo 567. ... La sentencia de los incidentes sobre nulidad por defecto en el emplazamiento y falta de personalidad será apelable en ambos efectos. mayo I diciembre de 1993 �184 Análisis del artículo 159, fracción II, de la ley de amparo En materia laboral no hay recurso ordinario alguno contra la resolución que resuelve sobre personalidad, pues se preve solamente la posibilidad de pedir la aclaración del laudo para corregir errores (no sobre la decisión de fondo) o precisar algún punto ambiguo u obscuro, según lo dispone el artículo 847 de la ley federal del trabajo; procede la revisión contra los actos de los presidentes de las juntas especiales o el presidente general de la junta de conciliación y arbitraje, actuarios o ejecutores en los casos de ejecución de laudos o convenios elevados a la categoría de laudos, resoluciones que resuelven el fondo de las tercerías y, respecto de las medidas cautelares, conforme al numeral 849 de la misma legislación obrera; por último, procede la reclamación, contra las medidas de apremio decretadas por los presidentes de las juntas de conciliación, de los presidentes de las juntas especiales de conciliación y arbitraje y de los auxiliares, según lo estatuye el artículo 853 de la ley en cita. Dr. Valdemar Martínez Garza 185 XII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la de este código o de las leyes fiscales especiales. La procedencia del juicio será examinada aún de oficio. Artículo 203. Procede el sobreseimiento: ... II. Cuando durante el juicio aparezca o sobre~enga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior. Artículo 209. El demandante deberá adjuntar a su instancia: ... II. El documento que acredite su personalidad o ~n el que conste que le fue reconocida por la a1:1tondad demandada, cuando no gestione en nombre propio. En materia administrativa, contra la resolución que llegare a dictar la sala regional del tribunal fiscal de la federación, no procede recurso ordinario si se viera aisladamente corno interlocutoria de personalidad, pero, como este es un presupuesto procesal, que debe examinarse, aun de oficio, por la sala regional, la falta de personalidad genera una resolución de sobreseimiento, de conformidad con los artículos 202, fracción XIl y 203, fracción II, en relación con el diverso 209, fracción II, del código fiscal de la federación, que señalan lo siguiente: Es evidente que la improcedencia del juici? resulta de la circunstancia de que el demandante no acredite la personalidad, pues sin este presupuesto pr?c~sal n~ es dable jurídicamente la iniciación del proce~lffi.lento fiscal. Esta resolución dictada por la Sala, no admite recurso alguno. Artículo 202. Es improcedente el juicio ante el tribunal fiscal de la federación en los casos, por las causales y contra los actos siguientes: ... Artículo 241. El recurso de reclamación procederá ante la Sala regional, en contra de las resoluciones del magistrado instructor que desechen la demanda, la contestación o alguna prueba, que decreten el sobre- Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales El sobreseimiento, puede incluso, ser decretado por el magistraao instructor, y esta resoluci?n ser impu~ada en reclamación en términos de lo que dispone el artículo 241 del código fiscal de la federación, que a la letra dice: mayo I diciembre de 1993 �186 Dr. Valdemar Martínez Garza Análisis del artículo 159, fracción II, de la ley de amparo FALTA DE. La interlocutoria de segunda instancia que desecha la excepción de falta de personalidad en el actor, opuesta por la parte demandada, no puede ser reparada seimiento del juicio o aquellas que rechacen la intervención de tercero. La reclamación se interpondrá dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación respectiva. en la sentencia definitiva, por ser imposible al tribunal de alzada volver sobre su propia determinación, y por lo mismo, el amparo indirecto es procedente contra dicha interlocutoria, por quedar el caso comprendido en la fracción IX del artículo 107 constitucional. Una vez agotados los recursos ordinarios contra la interlocutoria de personalidad, cuando la ley los concede, es decir, agotado el principio de definitividad, queda el acto autoritario en aptitud de ser reclamado mediante el juicio de garantías. Quinta Epoca: Tomo LXXII P~ro ahora, la cuestión a resolver es la siguiente: ¿se trata de una violación de procedimiento que debe ser combatida en el juicio de amparo directo que se interponga contra la definitiva, o, en su caso, es un acto dentro de juicio que ha de atacarse en el indirecto constitucional? El criterio sostenido jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia, 19 fue en el sentido de considerar que las cuestiones de personalidad debían atacarse en la vía indirecta, por tratarse de actos en juicio de imposible reparación jurídica, dado que una vez resuelto ese punto, no era dable a la autoridad, volver a revisar en la definitiva, los aspectos de personalidad previamente resueltos. La jurisprudencia a que me refiero es del siguiente tenor literal: 1789. PERSONALIDAD, AMPARO CONTRA LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE y tesis sobresalientes. 1974-1975, actualización IV civil. Jurisprudencia No. 1789, consultable a fojas 925. 187 Pág. Garza Can.tú Cruz de la. Guzmán Amulfo de. Tomo LXXIII Rocha V. de la Peña Carlota. Rivera Pérez Campos J. MuñozJosefina. 5818 7496 5260 5707 7031 OURISPRUDENCIA No. 208, Vol Tercera Sala, Cuarta Parte, Apéndice 1917-1985, Pág. 613. JURISPRUDENCIA No. 264, Apéndice 1917-1975, Pág. 805. Apéndice 19171965, JURISPRUDENCIA No. 251, Pág. 768. Apéndice 1917-1954, JURISPRUDENCIA No. 760, Pág. 1388. Actualización I, Civil, JURISPRUDENCIA No. 1707, Pág. 850). Conforme al principio jurídico que establece que donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición, cuando la resolución de segunda instancia reconoce la personalidad, también se determinó por la tercera sala de la Suprema Corte, que este acto era combatible a través del indirecto de garantías, como se desprende del siguiente precedente: 20 19 Jurisprudencia Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 20 Actualización IV civil, Op. Cit., pág. 926. mayo I diciembre de 1993 �188 Análisis del artículo 159, fracción II, de la ley de amparo 1790. PERSONALIDAD, AMPARO CONTRA LA RESOLUCION QUE LA ADMITE.- La interlocutoria de segunda instancia que confirma la admisión de la personalidad del representante de la parte demandada, constituye un acto definitivo que produce consecuencias irreparables, en virtud de que el juzgador no podrá ya decidir nuevamente sobre la personalidad de que se trata, y, por lo mismo, contra dicha interlocutoria es procedente el amparo indirecto. Sobre el particular, debe estimarse que la tesis de jurisprudencia definida sustentada en el sentido de que la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad puede reclamarse en amparo indirecto, es aplicable, por igualdad de razón, tratándose de la resolución que admite la personalidad del apoderado o representante del demandado. Quinta Epoca: Tomo CVII, Pág. 670. Corporación Continental, S.A. Actualmente, debido a una contradicción de tesis sustentadas entre el Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del mismo circuito, el criterio jurisprudencia! fue interrumpido y modificado por la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 21 en los siguientes términos: 3a. 42. AMPARO INDIRECTO. Resulta improcedente contra la resolución de apelación que decide la 21 No estoy de acuerdo con el nuevo criterio jurisprudencial de la tercera sala de la corte, y si no expongo mis argumentos en contrario, es porque ello excedería en mucho a los límites de este trabajo; y esto sólo, es motivo para un nuevo estudio. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Dr. Valdemar Martínez Garza 189 excepción de falta de personalidad. (Interrupción y modificación de la tesis jurisprudencia} número 208, visible en la página 613, cuarta parte, del apéndice del semanario judicial de la federación, 1917-1985).- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 de la ley de amparo, la tercera sala estima conveniente interrumpir y modificar la jurisprudencia mencionada, para sostener como nueva jurisprudencia que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción 111, de la Constitución Política de los. Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 114, fracción IV, de la referida ley de amparo, es improcedente que el mismo se promueva contra la resolución de apelación que decide sobre la excepción de falta de personalidad, porque no constituye un acto de ejecución irreparable al poder o no trascender al resultado del fallo, toda vez que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente algunos de los derechos del gobernado que tutela la constitución por medio de las garantías individuales, que no podrían ser reparadas a través del amparo lo que no ocurre tratándose de las resoluciones que se pronuncien respecto a la excepción de falta de personalidad, porque sólo producen efectos intraprocesales, que si bien no pueden ser reparadas en la sentencia definitiva del juicio natural, sí pueden serlo en el amparo directo. Contradicción de tesis 3/89. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del mismo circuito.- 13 de noviembre de 1989.- 5 votos.Ponente: Jorge Carpizo.- Secretario: José Juan Trejo Orduña. mayo I diciembre de 1993 �190 Análisis del artículo 159, fracción n, de la ley de amparo El texto de la anterior tesis jurisprudencia!, fue aprobado por la tercera sala de la Suprema Corte, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 1989, por unanimidad de votos de los señores ministros: presidente, decano Mariano Azuela Güitrón, Jorge Carpizo Mac-Gregor, Salvador Rocha Díaz e Ignacio Magaña Cárdenas. 22 Considero que la mala o falsa representación a que se refiere la fracción II, del artículo 159 de la ley de amparo, por tratarse de un acto de particular verificado dentro de un procedimiento, no puede dar lugar al amparo; y no es óbice a lo anterior, la circunstancia de que la autoridad conocedora del procedimiento emita un acto mediante el que reconozca el carácter de quien compareció a juicio en nombre de otro, pues éste proveído es en todo caso, el que deberá recurrirse primero en vía ordinaria, y posteriormente, en la extraordinaria de amparo. A mayor abundamiento, para combatir en amparo directo cualesquiera de las violaciones contenidas en el artículo 159, es requisito indispensable, que se haya comparecido a juicio, y esto supone la preparación de la acción constitucional de conformidad con el contenido del diverso 161 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la constitución federal, que a la letra dice: Dr. Valdemar Martínez Garza 191 anteriores sólo podrá reclamarse en la vía de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. En los juicios civiles, el agraviado se sujetará a las siguientes reglas: l. Deberá impugnar la violación en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario y dentro del término que la ley le señale; II. Si la ley no concede el recurso or~ario a que se refiere la fracción anterior o si, concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, deberá invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, ni en los promovidos contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia. Artículo 161. Las violaciones a las leyes del procedimiento a que se refieren los dos artículos Sólo habiendo comparecido a JWCIO y preparada la acción constitucional en los términos indicados, es posible promover el amparo directo, pues de no efectuarse tal preparacron, deberá desecharse la demanda por improcedente, conforme al contenido de los artículos 177 y 73, fracción XIII, de la ley reglamentaria invocada, que señalan lo siguiente: Consultable a fojas 59, de la gaceta del semanario judicial de la federación. No. 22-24, octubre-diciembre de 1989. Primera parte. Tesis de jurisprudencia de la tercera sala. Artículo 177. El Tribunal Colegiado de Circuito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivos manifiestos de improcedencia, la 22 Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales mayo I diciembre de 1993 �192 Análisis del artículo-159, fracción II, de la ley de amparo desechará de plano y comunicará su resolución a la autoridad responsable. 23 Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:.... XIII. Contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños. Dr. Valdemar Martínez Garza Pues bien, ninguno de esos casos le son imputables como actos a la autoridad conocedora del juicio, sino que son atribuibles al particular que compareció dentro del procedimiento, y como tales, respecto de ellos es improcedente el juicio de garantías, como jurisprudencialmente lo ha sostenido nuestro máximo tribunal judicial: 24 66. ACTOS DE F'ARTICULARES. 1 No pueden ser objeto del juicio de garantías, que se ha instruido para combatir los de las autoridades que se estimen violatorios de la constitución. Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución. Quinta Epoca: Tomo VI Tomo IX Tomo XV En síntesis, el artículo 159, fracción II, que se viene relacionando, contiene dos hipótesis de supuestas violaciones a las leyes del procedimiento en que se afectan las defensas del quejoso: a).-Cuando haya sido malamente representado en juicio; b).- Cuando haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate. 23 No es el Tribunal Colegiado quien exanúna la demanda, y la desecha en su caso, ya que éste es un acto individual que emite el presidente de dicho órgano; y su resolución, es atacable mediante el recurso de reclamación previsto en el artículo 103 de la ley de amparo. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 193 Pág. Corral Hilarlo Quintero Román Medrano Isaac Cía. de Luz y Fuerza de Pachuca, S.A. Contreras Rogelio 274 884 407 192 800 Si alguien fue mal representado en juicio, que es el primer supuesto a que se refiere el artículo 159, fracción II, ciertamente que le puede acarrear consecuencias procesales desventajosas frente a su contraparte, pero la actividad de su mandatario, o de su representante legal, aun trascendiendo al resultado del fallo en su perjuicio, no es una violación procesal que de motivo al amparo directo, por tratarse de actos de particulares. En todo caso, pudiera haber lugar 24 Actualización IV civil., Op. Cit. pág. 33. mayo I diciembre de 1993 �194 195 Análisis del artículo 159, fracción 11, de la ley de amparo Dr. Valdemar Martínez Garza a reclamarle la responsabilidad civil por el indebido ejercicio de su encargo, y si el caso lo amerita, a iniciar en su contra una averiguación criminal, pero nunca combatir su mala representación a través del juicio de amparo directo. Si el quejoso no figura nominalmente en la relación procesal, o si apareciendo, no se le emplazó correc!amente a juicio, resulta ser una PERSONA EXTRANA AL PROCEDIMIENTO, y como tal, lo procedente es ejercitar la acción constitucional en la vía indirecta, sin necesidad de agotar los recursos ordinarios que la ley preve, 26 según se encuentra jurisprudencialmente definido por la Suprema Corte de Justicia: La falsa representación, entendida como aquella en que no se dio voluntariamente, o no se tiene desde el punto de vista legal; esto es, en donde no existe coincidencia alguna entre la realidad jurídica y el hecho material consistente en el ejercicio de la representación, tampoco es motivo de violación procesal que genere su reparación a través del juicio directo de garantías, porque como ya se dijo, 25 deben admitirse tres circunstancias necesariamente para que se enderece el amparo directo: 1776. PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO. Del amparo que se pide contra los actos que la afecten, verificados en el juicio en que no es parte, toca conocer a los jueces de distrito. v Quinta Epoca: Pág. Tomo II Tomo III Tomo IV la. Que el quejoso figure de una manera real en la relación jurídica procesal, es decir, que en la demanda entablada por el actor, aparezca su nombre; Tomo.XVII Díaz Meléndes José. Torres Aniceto, Sucn. de Rosales Lorenza Zolo Zabal Luciano Peña Vicenta y Coags. 747 356 290 1235 603 1778. PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO. Puede interponer amparo contra actos en el juicio que la perjudiquen, sin estar obligada a entablar otras acciones 2a. Que además, haya sido emplazado a juicio conforme a la ley. distintas. 3a. Que el agraviado haya comparecido a juicio y preparado la acción constitucional. 28 El artículo 114, fracción V, de la ley de amparo, al establecer que el tercero extraño debe agotar los recursos ordinarios cuando los establezca la ley, es anticonstitucional, por contrariar directamente las fracciones ID, inciso c), y VII, del artículo 107, del pacto federal, en donde no se esteblece el deber de agotar acciones o recursos, previamente al amparo enderezado por una persona extraña al juicio. 27 Ob. cit., págs. 920 y 921. 28 lbídern. pág. 921. 26 25 No es el tribunal colegiado quien examina la demanda, y la desecha en su caso, ya que este es un acto !l'dividual que emite el presidente de dicho órgano; y su resolución, es atacable mediante el recurso de reclamación previsto en el artículo 103 de la ley de amparo. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales mayo I diciembre de 199.3 �196 Dr. Valdemar Martínez Garza Análisis del artículo 159, fracción n, de la ley de amparo Qujnta Epoca: Pág. Tomoll 601 1308 437 487 1235 Tomo IV Tapia Francisco M. Rodríguez José Ma. y Rosendo Méndez Victoria Amézcua Moreno Perfecto Allende Manuel 1780. PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO. Los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en procedimientos a que son ajenos, no están obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo. 29 Qujnta Epoca: Tomo XLIV Tomo LXII Tomo LXIII Tomo LXVII Tomo LXXV Pág. Foumelly Vda. de Villaseñor Irma Téllez Mariana Barreira Jesús Niño Enrique Castillo Nájera Guillermo 2385 3290 3758 1424 6600 Ahora bien, si no tiene el demandado la calidad de persona extraña a juicio en los términos apuntados, y alguien comparece en su nombre con una falsa representación, en el momento que lo advierta está constreñido por la carga procesal de promover el incidente de falsedad respectivo, pues de no hacerlo así, habrá precluído su derecho, y no podrá alegarlo posteriormente en el amparo directo. 29 Ibídem. pág. 922. RetJista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 197 Si a pesar de ello, no promueve dicho incidente, deberá soportar las consecuencias de su negligencia procesal, pero en modo alguno, podrá imputar esta inedia a la autoridad judicial (quien ignora la falsa representación), para reclamársela ulteriormente en el amparo directo. Es por todo lo dicho, que el contenido de la fracción II, del artículo 159, de la ley de amparo, debe eliminarse pues no tiene razón de ser, al no constituir violación procesal imputable a la autoridad conocedora del juicio respectivo, el hecho de la mala o falsa representación. Lo anterior se refuerza si se toma en cuenta el contenido del artículo 80 de la ley de amparo, conforme al cual, la sentencia que conceda la protección federal, tiene por objeto la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, con el mandato implícito de restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando tenga el carácter negativo, las consecuencias del fallo de la Unión, consisten en imponer a la autoridad responsable la obligación de obrar en el sentido de respetar la garantía de que se trate y, cumplir lo que la misma exige. En este orden de ideas, en los supuestos que se mencionan en el artículo 159, fracción 11, de la ley de amparo, no podría darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80, pues la sentencia que concediera la protección federal, no podría obligar al "mal representante" a que bien representara al quejoso; o, al "falso representante", para que obtuviera la representación que legalmente compete, pues como ya se dijo, éstos son actos de particulares. mayo I diciembre de 1993 �Quijano, Casares, Borja y Reséndez 199 UNIFICACION JURIDICA DE AMERICA LATINA CARMEN QUIJANO DECANINI, ANTONIO CASARES CARRILLO, RODRIGO BORJA TORRES Y PEDRO RESENDEZ BOCANEGRA.* INTRODUCCION Latinoamérica es la región del continente americano que comprende desde el río Bravo hasta el Cabo de Hornos. Toma su nombre por ser el territorio que comprende a los países en los que se hablan predominantemente las lenguas latinas. El maestro Vasconcelos agrega que no sólo por el idioma común somos latinos, sino porque los países más desarrollados de Europa con raíces latinas fueron los que aportaron su esfuerzo para descubrir estas tierras. Así, tenemos que Colón y Américo Vespucio eran genoveses; Isabel la católica era española y en conjunto todos estos * El presente trabajo fue premiado con el ler. lugar dentro del concurso de investigación jurídica mundial en Roma, Italia. Estuvo bajo la coordinación del Dr. Jorge Adame Goddard, doctorado en historia por El Colegio de México, realizó también estudios pos-doctorales en la Universidad de Navarra. mayo I dicieml,re de 1993 �200 Unificación jurídica de A,nérica Latina pueblos proyectaron y dieron sus propios valores al nuevo mundo. La extensión territorial es de 188'000,000 kilómetros cuadrados, cantidad que representa el 14% del territorio del planeta. En Latinoamérica viven hoy día 446'000,000 seres humanos, el 8% de la población total del mundo y para el año 2000 se espera que esa cifra llegue a los 526 millones de habi~.mtes, ya que la tasa de crecimiento anual para esta región es del 1.9% en 1991, según estudios del centro de estudios de Latinoamérica. América Latina está integrada por 25 países en total y sus miembros son: Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Repúbiica Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Es innegable que Latinoamérica atraviesa por problemas gravísimos que la afectan en su conjunto y casi con las mismas características. Entre estos podemos citar el gran subdesarrollo social que existe en toda la región; la deuda externa, la salubridad, la ecología y el narcotráfico. Como lo expresó el Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari en la primera cumbre Iberoamericana en Guadalajara "buscaremos que mejoren nuestras circunstancias y creemos que juntos tenemos mayores posibilidades de lograrlo". También César Gaviria, Presidente de Colombia, Rwista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Quijano, Casares, Borja y Reséndez 201 dijo que "todos los países iberoamericanos tenemos un futuro común". En la misma línea se ha expresado su santidad el Papa Juan Pablo II en el mensaje que dirigió al cuerpo diplomático en la ciudad de México al decir: "la solidaridad entre los pueblos se revela como el punto de partida imprescindible para afrontar las grandes encrucijadas de la historia." "En el marco espléndido que ofrece nuestra reunión en la ciudad de México considero necesario subrayar de modo particular la importancia de la vocación a la unidad de toda la familia iberoamericana". En un mundo que se perfila hacia la creación de grandes bloques regionales, el aislamiento y la ~comunicación son causas de pobreza, marginación y atraso; ello como la experiencia enseña que le-sucedió a l9s p\leblos que habían soñado con el imperio del mundo, los descendientes de la época de gloria de Roma que cayeron ·después de haber formado una gran cantidad de pequeñas naciones y soberanías de principados. De todo esto no se puede sino concluir que debemos luchar con tenacidad para la unificación de nuestras patrias iberoamericanas. . . Si logramos crear la "patria grande" de Bolívar, la presencia de América Latina en _el concierto universal sería mayor y más efectiva, como lo sostiene el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Joao Baena Soares. Esta unión es posible ya · que contamos con una cultura común que nos hace más claras las características de "comunidad" que ninguna otra región del mundo. mayo I diciembre de 1993 �202 Unificación jurídica de América Latina La unidad cultural en gran medida está lograda por la fusión de dos culturas: la precolombina por un lado a la que pensadores como Mointagne, reconocen en su gran valor y consideran a los naturales de América como sus semejantes, idea sin duda muy avanzada para aquella época; y del otro lado la cultura ibérica, traída a este continente por los colonizadores. El mestizaje desde el punto de vista étnico y su proyección universal es tratado por José Vasconcelos en su obra "la raza cósmica", en donde afirma que la fusión de razas crea la quinta raza o raza universal que cuenta con elementos de todas y cada una de las cuatro razas preexistentes -negra, india, mongólica y blanca-, pero la nueva raza supera en mucho a las anteriores. Esta nueva raza tendría que haberse unificado para formar una gran nación americana, pero se perdió la mayor de las batallas el día en que cada una de las repúblicas ibéricas se lanzó a hacer su vida propia, vida desligada de sus hermanos, concertando tratados y recibiendo beneficios falsos sin atender a los intereses comunes de la raza; pero algún día ha de volverse a luchar en aras de lograr la unificación iberoamericana. La nueva raza está destinada al triunfo, ya que contiene la ventaja de poseer mayor facilidad de simpatía con el extraño, razón por la cual nuestra raza, a pesar de sus defectos, puede ser elegida para convertir a un nuevo tipo a todos los hombres. La raza mestiza comparada con la raza blanca de los sajones es completamente opuesta, ya que la raza de los Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Quíjano, Casares, Borja y Reséndez 203 sajones ~ólo busca el predominio del blanco, y en cambio la mestiza busca la formación de una nueva raza: "la raza de síntesis". Asimismo, en América se tiene el privilegio de contar con la unidad religiosa, consecuencia de la recepción de los valores cristianos que se han convertido hoy día en un lazo de unión permanente y en un elemento esencial en la historia de América a través de los siglos. Por último, tenemos las bases de la unidad idiomática en Latinoamérica. Nos resulta claro exponer que ésta se da por la influencia directa de los países conquistadores de América, que entre muchas otras cosas nos legaron su idioma. A pesar de que ha sufrido ciertas variaciones regionales se puede seguir considerando como propios de Latinoamérica el idioma español y el portugués. De ello, y de todas las demás características comunes podemos concluir que como lo expresaba Bolívar: "ya que en todo hemos tenido una perfecta unidad, una sola debe ser la Patria de los americanos". A partir de este razonamiento surge una gran interrogante: ¿si tenemos tantos elementos en común por qué no nos hemos unificado?. Es sin duda una pregunta muy compleja a la que no podría corresponderle una sola respuesta. No obstante, podríamos dar nuestra opinión apoyándonos en lo que expone Eduardo Galeano en su libro "las venas abiertas de América Latina": "cuando los pueblos en armas conquistaron la independencia, América mayo I diciembre de 1993 �204 Unificación jurídica de América Latina Latina apareóa en el escenario histórico enlazada por las tradiciones comunes de sus diversas comarcas, exhibía una unidad territorial sin fisuras y hablaba fundamentalmente dos idiomas del mismo origen, el español y el portugués. Pero nos faltó una de las condiciones esenciales para construir una gran nación única; nos faltaba la comunidad económica". También, es preciso agregar que no se ha podido lograr la auténtica unidad de Latinoamérica por falta de patriotismo verdadero, que consiste en aceptar el compromiso del presente por el porvenir de todos. Desde luego que no todo ha sido fracasos. Contamos en la actualidad con tratados multilaterales y grupos regionales que nos muestran una esperanza de que la flama encendida por Bolívar perdura y nos marca el reto de llevarla a todos los rincones de Latinoamérica. Es un reto ineludible para un futuro próximo, el fortalecer la organización de estados americanos, redoblar esfuerzos por el respeto de los derechos humanos como se contiene en la Carta lnteramericana de Derechos Humanos o Carta de San José. Asimismo, en el área comercial la ALALC primero, la ALADI y el próximo mercado común latinoamericano deben estar en el horizonte de la región. La democracia en la vida interna de todas las naciones, para que sea posible en todos los órganos de carácter regional, es una demanda insustituible para albergar un futuro promisorio a la nueva nación iberoamericana. Hoy, cuando los conflictos armados en la región han quedado proscritos con el acuerdo entre la guerrilla y el gobierno de El Salvador, es un momento propicio para crear nuevos Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Quijano, Casares, Borja y Reséndez 205 vínculos y fortalecer los ya existentes entre los países del nuevo mundo. Tal como lo inició Centroamérica, debe ya lanzarse y aplicarse la idea de un parlamento iberoamericano para que inicie todo el camino hacia la futura comunidad iberoamericana. Descendientes de dos culturas, de dos tierras y de dos puntos geográficos, hoy somos no obstante una sola y nueva raza y nación, la más joven y prometedora del planeta. Esta realidad nos muestra un momento oportuno para redoblar esfuerzos y bajo los principios de diálogo, solidaridad y adopción de acciones conjuntas, poder lograr esa idea grandiosa de Bolívar " ... una sola nación con un solo vínculo que ligue a las partes entre sí y con el todo ... patria grande". Un instrumento indispensable para lograr la unidad iberoamericana es la unificación jurídica en la medida de lo posible, y un respeto a las peculiaridades de cada país. En esta ponencia queremos destacar la posible eficacia que puede tener el derecho para esa unificación. En primer lugar destacaremos los elementos históricos que permiten hablar de una tradición jurídica común. Luego expondremos cómo esa tradición ha logrado conservarse en los códigos modernos. Finalmente, expresaremos los logros obtenidos para la unificación de reglas en materias jurídicas específicas. mayo I diciembre de 1993 �206 Unificación jurídica de América Latina Quijano, Casares, Borja y Reséndez CAPITULO PRIMERO TRADICION JURIDICA COMUN CAPITULO SEGUNDO CODIFICACION EN AMERICA LATINA Los pueblos latinoamericanos recibieron la tradición jurídica de España y Portugal. Esta tradición se encuentra conformada por los siguientes elementos: el derecho romano contenido principalmente en el corpus juris civilis, que era el derecho que se enseñaba en las facultades de derecho civil, el derecho canónico recogido en el corpus iuris canonici enseñado en las facultades de cánones y aplicado en la iglesia; y el derecho real formulado por los reyes para regir en sus propios territorios, conforme al cual se resolvían los conflictos y se gobernaba. Este derecho fue recopilado en diversos cuerpos jurídicos como la ley de las siete partidas, el fuero juzgo, la nueva recopilación y la novísima recopilación. Además, los reyes dictaron normas de gobierno especiales para los territorios americanos, por medio de cédulas, provisiones reales y decretos, que fueron posteriormente reunidos en la recopilación de leyes de indias. Tenemos así que la tradición jurídica americana está conformada por elementos europeos a los que se agregan los derechos y costumbres indígenas de cada lugar, que han dado ciertas peculiaridades a los derechos americanos. Esta tradición jurídica común permite que en todos los códigos posteriores, elaborados en el siglo XIX, una vez lograda la independencia de los pueblos americanos, se siga un mismo criterio estructural como lo muestran los códigos de Bello, Vélez Sarsfield y Freitas. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 207 Las tierras que integraron lo que hoy se conoce como América Latina fueron descubiertas y conquistadas por dos potencias distintas y por entonces rivales: el Brasil, por Portugal y el resto, por España. Brasil desde que fue conquistada se rigió por la legislación imperial portuguesa y en las colonias españolas se aplicaron simultáneamente el derecho indiano y el castellano. Después de sangrientas luchas el Brasil y las distintas colonias españolas lograron independizarse y constituirse en estados libres y soberanos, por lo que de inmediato quisieron organizarse institucionalmente. Comenzaron por promulgar leyes tendientes a asegurar la nueva estructura de los Estados y luego terminaron aprobando verdaderas constituciones. Consumada la independencia siguió rigiendo en las naciones americanas desprendidas de España; en materia de derecho privado, el viejo y complicado sistema jurídico colonial. Pero era ineludible la promulgación de nuevas leyes para· regir la vida de las naciones recién independizadas y construir así un cuerpo de derecho independiente. Esa sistematización no en todos los nuevos Estados se alcanzó siguiendo el mismo procedimiento: el Brasil recurrió al método de la consolidación de leyes y los demás Estados siguieron la vía de la codificación. mayo I diciembre de 1993 �Quijano, Casares, Borja y Reséndez 208 209 Unificación jurídica de América Latina ~a idea de codificar las leyes provino de la filosofía del raoo~alismo jurídico y de las ideas de la Ilustración. Franoa ~e uno de los paladines de esta transformación. Surge ~s1, el concepto de código como el instrumento de ~ducaoón _Y progreso, que como afirma Sarmiento "es el libro que rmporta poner cuanto antes en las manos del pueblo para _que se habitúe al mecanismo de la ley; el pue~lo .que ,?ene que ser juez y legislador por nuestras ~~tuoones . Es por esto que necesitamos mostrar un c~go puesto en práctica en los pueblos de América Latina a fin de lo~ar en_tre todos la unificación de un sistema legal P?de~ as1 ser JU~ces y legisladores de nuestras propias instituoon~s para Juntos lograr progresiva y equilibrada~e~t~ los fines del derecho: seguridad jurídica, equidad y JUStioa, que se concretan en el bien común. r La codificación es entonces un signo de progreso. No debemos esperar que los códigos sean formados por las cos~bre~ sino formar las costumbres por medio de los código~, dandoles el papel de una palanca civilizadora y hum~adora que i~trod_~ca un nuevo plan de mejora en las relaoones de la vida ovil, los tribunales y el estudio del derecho. Se _intentó Y_ ~n algunos países se logró consolidar, c~or~ Y codificar el derecho mercantil, el procesal y el crlill.lnal. aunque el . ~mayor empeño se puso en la el~boraoón y aprobac1on de los códigos civiles, por ser los p~eros en el orden jerárquico de los códigos de una naoón. ~n 1831, se da en Bolivia el primer código civil llamado código de Santa Cruz, copia del código de Napoleón con algún agregado de v1eJaS leyes españolas: en 1852 se sanciona en Perú el proyecto que 5 años antes había redactado Don Miguel Lorenzo de Vidaure, inspirado en el prusiano y en el derecho colonial. Haití, Bolivia y República Dominicana adoptaron el código civil francés; Perú llevó a cabo una mezcla de este código y la antigua legislación española; Venezuela se dio un código civil que era muy poco más que c~pia del francés y el italiano y no faltaron los países que adoptaron el código civil español o se basaron en él para redactar el propio, como por ejemplo Honduras, Panamá y Puerto Rico. Existieron otros países que tuvieron suerte de contar en su momento con juristas de excepcional competencia y se dieron códigos de inspiración y técnica propias. Tales son los casos de Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y México. Finalmente, algunos de los nuevos países tomaron como base los códigos creados por alguna nación hermana. En Uruguay, se dio el proyecto de código civil de Acevedo que hasta el momento de su publicación sólo existía en Latinoamérica un único trabajo destinado a condensar la inorgánica e incoherente legislación colonial, éste fue la obra de José María Alvarez publicada en Guatemala entre los años 1818 y 1820 con el título de "Derecho Real de Castilla y las Indias". Queda dicho pues, que el segundo trabajo encaminado a dicho fin que se publicó en América Latina es el proyecto Acevedo. Este proyecto fue presentado al parlamento a fin de obtener su aprobación legislativa pero luego de infinitas vicisitudes quedó desechado. mayo I diciembre de 1993 Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales �210 Unificación jurídica. de América Latina En Argentina la perspectiva codificadora al empezar la segunda mitad del siglo XIX no solo se nutría de la ideas ~uropeas y americanas, sino que fue estimulada por un importante evento político: la caída de la dictadura de Juan Manuel Rosas y su reemplazo por un gobierno abierto a las ~9uietud~s l~berales y afanoso por alcanzar la organizac1~n consti~oo~ sobre las bases políticas entonces predonunantes: liberalismo, constitucionalismo y codificación. En 1864 el gobierno argentino designa a Dalmacio Vélez Sarsfield para redactar el proyecto del código civil que se aprobó y posteriormente se promulgó el 29 de septiembre de 1869. Examinado el proyecto, artículo por artículo resulta evidente que muchas de sus disposiciones fueron tomadas del proyecto del código civil para España de Florencio García Goyena, el código de Chile, el proyecto de Teixera de Freitas y de los comentarios de autores franceses como Pothier, Troplong, Aubry y Rau, Demolombe, Duranton, Marcadé, Savigny, Ortolan y otros jurisconsultos de la época. En Brasil el gobierno juzga que la labor de codificación civil debía ser precedida de una revisión exacta de todas las leyes vigentes, coordinándolas y clasificándolas de manera que el futuro legislador supiera cuál es el régimen a modificar. Para llevar a cabo la consolidación de las leyes en vigor el gobierno brasileño contrató en 1855 los servicios de Augusto Teixera de Freitas quien a fines de 1857 terminó su trabajo intitulado: "la consolidación de las leyes civiles", el cual fue aprobado por la comisión legislativa de Brasil. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Quijano, Casares, Borja y Reséndez 211 Dos años más tarde el gobierno contrató con De Freitas la confección de un proyecto de código civil. En 1860, se publicó el título preliminar y la parte general de dicho proyecto a lo cual se le llamó "esbozo". El gobierno estaba satisfecho con este trabajo porque creía en su valor como proyecto de código civil, pero De Freitas lo consideraba imperfecto por ser complementario al código de comercio. A pesar de la concepción que De Freitas tenía de su trabajo los méritos del esbozo fueron numerosos y perdurables. Constituyó el primer intento de codificación americana en que su autor no se limitó a adoptar lo existente, sino que se empeñó en descubrir los principios rectores de la ley, sistematizarlos y aplicarlos a las relaciones de la vida real. En Chile se dio el anhelo de tener un cuerpo de leyes propias. Andrés Bello, venezolano, autor del código civil chileno de 1855, trabajó 25 años para lograr los conocimientos y la experiencia necesaria para redactar un código destinado a durar para siempre. No aspiraba solamente a dar a los chilenos, que tan cordialmente lo habían acogido, un código civil sino que contemplaba el continente con una visión pedagógica, porque el derecho codificado es aquel que cumple con la función de enseñanza y que forma la base de nuestras primeras experiencias jurídicas. Las fuentes de la obra legislativa de Bello fueron principalmente: las partidas, el derecho romano, el código de Napoleón y la legislación española y colonial junto con la notoria identidad de culturas que tiene su expresión en análogas costumbres e instituciones políticas y civiles. mayo J diciembre de 1993 �212 Unificación jurídica de América Latina Uno de los tantos puntos en que Bello se apartó del código civil francés fue el de los derechos del extranjero. Su código declaró en el artículo 57 que "la ley no reconoce diferencia entre el chileno y el extranjero": Con declaraciones como ésta llegó a consagrarse en el continente el principio de igualdad que ya forma parte de la tradición común latinoamericana. Bello supo utilizar lo antiguo y lo nuevo del derecho romano y supo tomar de sus comentadores cuanto estimó provechoso para el país naciente. Mantuvo de la misma manera la parte viva de la vieja legislación castellana y de la reciente legislación indiana e incursionó por el derecho francés para traer a su sistema jurídico lo que le convenía trasplantar. El código civil chileno recibió el honor de ser adoptado por otros países con ligeros retoques y de servir como pauta en la preparación de los trabajos para formar cuerpos de leyes similares. Colombia y Ecuador adoptaron literalmente el código Bell~ y para Honduras, México, Uruguay, Nicaragua y Brasil fue modelo para la creación de sus códigos civiles. El código civil de Andres Bello constituye por su valor permanente, por su hermoso lenguaje, por la solidez de sus ~e~tes y por su carácter de código civil pionero e msprrador de otras codificaciones, un baluarte estable de derecho privado en el continente y un factor permanente para la unidad del sistema jurídico latinoamericano. Reuista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Quijano, Casares, Borja y Reséndez 213 La figura y la obra de Bello -ha escrito Alberto Zum Felde- se tienden como un sólido arco entre los dos mundos, el de ayer y el de hoy, el del coloniaje y el de la república, el del despotismo y el de la libertad, el de la tradición y el del progrese. Todos los que por razones de oficio hemos tenido que manejar casi diariamente los proyectos y códigos que nos legaron Acevedo, Bello, Freitas y Vélez Sarsfield, sabemos que hay errores en algunas de sus soluciones, pero se nos hace verdad que hoy debemos juzgarlos en relación a la época en que se escribieron y contemplarlos, según el consejo de Ugarte, como se ·contempla el mar, no en el detalle de sus olas sino en la plenitud de su grandeza, ya que "una gota de agua no es siemJ:'re b!anca f pura; la inmensidad del océano es, en cambio, digno siempre de admiración en la magnificente gloriosa de su limpidez ,, azul . CAPITULO TERCERO LA UNIFICACION JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO PRIVADO Entre los intentos para lograr la unificación jurídica de Latinoamérica, como producto de la necesidad de seguir un mismo criterio en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas internacionales por intereses económicos y políticos y a pesar de la no participación de todos los países, se convoca por primera vez a una primer~ conferencia especializada interamericana sobre derecho rnternacional privado, celebrada en Panamá del 14 al 30 de enero de 1975. mayo I diciembre de 1993 �214 Unificaci.ón jurídica de América Latina Frutos de esa conferencia fueron 6 tratados: las convenciones interamericanas sobre conflictos de leyes en materia de letras de cambio, pagarés y factorías; de cheques; sobre arbitraje comercial internacional; exhortos o cartas rogatorias; recepción de pruebas en el extranjero; y régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero. La segunda conferencia se celebró en Montevideo en 1979 aprobando 8 tratados: las convenciones interamericanas sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros; de cumplimiento de medidas cautelares; de prueba e información acerca de derecho extranjero; los protocolos adicionales a la convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias; sobre conflictos de leyes en materia de cheques; sobre conflictos de leyes en materia de sociedades mercantiles; sobre domicilio de las personas físicas en el derecho internacional privado; y sobre normas generales de derecho internacional privado. La tercera conferencia se celebró en La Paz, Bolivia, en 1984, aprobándose 4 tratados: las convenciones interamericanas sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores; sobre personalidad y capacidad de personas jurídicas en el derecho internacional privado; sobre competencia en la esfera interna para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras; y del protocolo adicional a la convención interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero. Podemos concluir que a pesar de la resistencia de muchos países debido al nacionalismo imperante, las Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Soci.ales Quijano, Casares, Borja y Reséndez 215 convenciones han logrado que algunos de esos países cambien de acuerdo a las circunstancias que se presentan con la evolución de la sociedad. Parece evidente que en aras de la cooperación interriacional, es preferible adoptar formalidades distintas a las nacionales, si con ello no se incurre en violación de las garantías individuales. CONCLUSIONES Si analizamos los orígenes de nuestros códigos nos daremos cuenta que seguirnos una tradición j1:11"ídica común. Esta tradición jurídica es la base de un sistema jurídico latinoamericano que podrá constituirse siempre y cuando nos esforcemos por adoptar los medios para lograrlo. Nosotros proponemos las siguientes vías de unificación a corto plazo: programas académicos ~formes e~ todas las universidades latinoamericanas; mtercamb10 de alumnos y maestros; primada del estudio .~~l ~er~0-º romano, por ser la fuente principal de la trad1c10n Jund1ca común; fomentar la organización de cong:esos ~t~r1:1acionales y, lo más importante, elevar la ensenanza ~ur1_dica en todo el subcontinente para formar profes~orus_t~s capaces de afrontar el reto de manejar una legislaoon común. Renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere servirtuoso. Hagamos de América Latina una sola nación desde la Patagonia hasta el Río Bravo. BOLIVAR mayo I diciembre de 1993 �216 ¡Tenemos Unificación jurídica de América Latina capacidad, DEJEMOS Quijano, Casares, Borja y Reséndez QUE AMERICA 217 HABLE! 10.- Discurso al cuerpo diplomático, segunda visita pastoral a México, Juan Pablo TI, México (1990), p. 63-66. BIBLIOGRAFIA 11.- El Pensamiento político en América Latina, Salaz.ar Mallen Rubén, tomo TI, Ed. Jus, México (1973). 12.- Enciclopedia jurídica omeba, tomo Ill, Ed. Driskill, S.A., Buenos Aires (1977). 1.- Amé?ca Latina: integración, escándalos y golpismo, época, ed. especial, autores varios, México (1991), p. 49 - 53. 13.- Encuentro de dos mundos, etapa de un proceso inconcluso, ediciones especiales de excélsior, Baena Soares Joao, No. 2, México (1991), p. 5. 2.- Ant~ced~ntes del código civil Andrés Bello, Schipaní Sandro, Universidad Externado de Colombia, Bogotá (1989). 14.- Escritos políticos, Bolívar Simón; Ed. Porrúa, México, (1986). 3.- Códig?s de 1~ república de Argentina, casa editora e impresora Rodnguez Giles, Buenos Aires (1927). 15.- Historia general de España, Lafuente Modesto, tomos I y TI, Montaner y Simón editores, Barcelona (1888) 4.- Có~~o ci~I de la república de Chile, Bello Andrés, ediciones del rrurusteno de educación, Caracas (1954). 16.- Instrumentos administrativos fundamentales de organizaciones internacionales, Díaz Luis Miguel, tomo 1, U.N.A.M., México (1980). 5.- Comentarios a las constituciones políticas de iberoamérica. Muñoz Luis, ediciones jurídicas Herrero, México, D.F. (1954). 6.- Conco,rdancias, motivos. y comentarios del código civil español, Garc,a Goyena Florenc10, sociedad tipográfico editorial Madrid {1852). ' 17.- La influencia de la literatura jurídica española en las codificaciones americanas, elementi di unita'e resistenza del sistema giuridico latinoamericano, Progetto Italia-América Latina, Roma (1989), p. 101-119. 7.- Coru:titu~onalismo latino y liberalismo, Schipani Sandro y otros, Uruvers1dad Externado de Colombia, Bogotá (1990). 18.- La raza cósmica, Vasconcelos José, Ed. Espasa Calpe, México (1948). 8.- Declaraci?n de Guadalajara, Memoria de la Primera Cumbre Iberoamencana en Guadalajara, jefes de estado de latinoamérica México (1991), p.141-150. ' 19.- La significación del derecho romano para la universidad latinoamericana en los siglos XIX-XX, elementi di unita'e Resistenm del sistema giurídico latinoamericano, Progetto Italia-América latina, Roma (1989), p. 2-25. 9.- Der~cho romano y países latinoamericanos, elementi di unita'e reszs!~l.il del sistema giuridico latinoamericano, Progetto ItaliaAmenca Latina, Roma (1989), p. 211-219. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 20.- Las Instituciones jurídicas en la conquista de América, Zavala Silvio, Ed. Porrúa, México (1971). mayo I diciembre de 1993 �218 Unificación jurídica de América Latina Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito 219 21.- Manual de historia del derecho español en las Indias, Ots. Capdequí José María, Ed. Losada, Buenos Aires (1945). 22.- Mé~co, memoria de la primera cumbre iberoamericana en Guadalajara, Salinas de Gortari, Carlos, México (1991), p. 63-65. Sección Turisprudencia 23.- Mensaje al congreso del presidente de Venezuela ODCA Herrera Campins, Luis, número 84-85, Venezuela (1981) p . 129~ 189. ' 24.- Modelo romano y constitucionalismos modernos. Lobrano Giovanni, Universidad Externado de Colombia, Bogotá (1990). 25.- Pandectas hispano-mexicanas, Rodríguez de San Miguel Juan1 U.N.A.M., México (1980). 26.- Simón Bolívar: hombre, guerrero, libertador y legislador, ODCA, INSTITUCIONES DE CREDITO, LEY DE; INTERES LEGAL EN MATERIA MERCANTIL. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO No. 84-85, Venezuela (1981), p. 129-189. INSTITUCIONES DE CREDITO, LEY DE. Para determinar el monto que por concepto de perjuicios corresponde pagar por incumplimiento de un contrato de comisión mercantil debe acudirse supletoriamente a los usos y prácticas bancarias y no al código de comercio conforme lo dispone el artículo 60. de la. - El artículo 6º de la ley de instituciones de crédito establece un orden en la aplicación supletoria de normas y dispone: "ARTICULO 6°. En lo no previsto por la presente ley y por la ley orgánica del Banco de México, a las instituciones de banca múltiple se les aplicará en el orden siguiente: l. La legislación mercantil; II. - Los usos y prácticas bancarias y mercantiles., y III.- El código civil para el Distrito Federal". Como la la ley de instituciones de crédito nada establece para determinar la cantidad que por concepto de perjuicios corresponde pagar a las instituciones de crédito debe acudirse a la aplicación supletoria de normas que la misma ley preve y, en primer Re-Dista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales mayo I diciembre de 1993 �220 llTstituciones de crédito, ley de; Interés legal en materia mercantil término, a la legisldción mercantil. Sin embargo, tal legislación, particulmmente el código de comercio, es omisa al respecto, pues no establece los lineamientos que deben seguirse para fijar el monto que por perjuicios corresponda y el llamado interés legal mercantil" contemplado en el artículo 362 del código, no tiene aplicación, ya que sólo rige para la mora en pago de deudas derivadas deJ contrato de préstamo mercantil, figura distinta a 1a comisión. Por ello, respetando el urden ~stablec~do en el artículo 6º transcrito, para ~eterm1~a~ cual es el monto de los perjuicios por mcumplim1ento de obligaciones derivadas del contrato de comisión, se debe acudir a los usos y prácticas bancarias. RA- 2673/91.- Eric Paul Witschey Niemann.- 9 de enero de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.-Secretaria: Guadalupe Margarita Ortíz Blanco. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. INTERES LEGAL EN MATERIA MERCANTIL. El previsto en el artículo 362 del código de comercio solo rige para la mora _en pago_ de deudas relativas al contrato de préstamo mercantil.- Es mcorrecto denominar el interés previsto por el artículo 362 del código de comercio, como "interés legal mercantil", puesto que éste solo rige para la mora en el pago de deudas originadas por el incumplimiento de contrato de préstamo y no para todos los contratos previstos por la legislación mercantil. El precepto en cita está comprendido dentro del título 5°, capítulo I, relativo a~ contrat~ de préstamo mercantil; en su primer párrafq dispone: los deudores que demoren el pago de sus Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito 221 deudas deberán satisfacer, desde el día siguiente al de vencimiento, el interés pactado para ese caso, o en su defecto el 6% anual". Al señalar la norma al "deudor" se refiere a aquel sujeto que debe en cantidad y no al sujeto obligado, en términos generales, al cumplimiento de una obligación. Si el legislador hubiera tenido el propósito de considerar el 6% como el interés legal aplicable a todos los negocios mercantiles lo habría expresado así en otro apartado del código de comercio, preferiblemente en el capítulo segundo del títvlo I, donde se consignan disposiciones aplicables a todos los actos de comercio, en especial a los contratos; como no lo hizo así y, por el contrario, lo estableció en el apartado que regula al préstamo mercantil, debe concluirse que sólo es aplicable para éste; además, del análisis de los criterios jurisprudenciales emitidos por la sala civil del más alto tribunal, relativos a figuras como la letra de cambio y el pagaré, puede concluirse cabalmente que tal porcentaje de interés se aplica únicamente a la mora en pago de deudas. • Por ello, strictu sensu, no existe un interés aplicable, de modo general, a los actos y contratos mercantiles diferentes del préstamo, pues el legislador omitió expresarlo. Corresponde entonces al juez, en su indeclinable misión integradora de la norma, determinar cuál es el monto y los daños y perjuicios por incumplimiento y obligaciones distintas al préstamo mercantil. RA-2673/91. Eric Paul Witschey Niemann.-9 de enero de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.-Secretaria: Guadalupe Margarita Ortíz Blanco. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE PRIMER CIRCUITO. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales mayo I diciembre de 1993 �Lic. Arturo Díaz Bravo 223 Sección Turisprudencia DISCREPANCIAS EN TORNO AL INTERES LEGAL MERCANTIL DEL 6% ANUAL LIC. ARTURO DIAZ BRAVO * Sr. Lic. Genaro David Góngora Pimentel Presente.Muy estimado Genaro: En obsequio de tus deseos, a continuación te expreso mis discrepancias en torno a la concepción de que el interés legal mercantil es del 6%. Y estimo que, mutatis mutandís, la misma argumentación es aplicable al criterio de que el interés legal civil es del 9%: l.- Es unánime la calificación de inicuo que se atribuye actualmente a dichos intereses legales y, por supuesto, propician el incumplimiento por parte de deudores morosos ,. Catedrático de la Facultad de Derecho de la U.N.A.M., en la materia de derecho mercantil; asesor jurídico y abogado postulante. mayo I diciembre de 1993 �224 Discrepancias en torno al interés legal mercantil del 6% Lic. Arturo Díaz Bravo 225 que, después de muchos meses o años de retrasar el cumplimiento de una obligac~ón dineraria, se ven condenados a pagar dicho interés legal, mientras la suma de capital pudo producirles intereses bancarios muy superiores. Por supuesto, convengo en que tal argumentación no bastaría, por sí sola, para fundar una sentencia condenatoria al pago de un interés superior, pues se trata de argumentos puramente económicos y financieros, pero en modo alguno jurídicos. 5.-Ahora bien, el artículo 14 constitucional prescribe que, en el orden civil -y por tanto el mercantil-, las sentencias deben ajustarse a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, pero de ello no puede inferirse que la citada interpretación analógica sea estrictamente jurídica, máxime si se atiende a que, inmediatamente después de tal prescripción, el precepto constitucional dispone que, a falta de letra de la ley o de interpretación jurídica de la misma, la sentencia debe fundarse en los principios generales del derecho. 2. - El llamado interés legal mercantil sólo se consigna en el artículo 362 del código de comercio que, ciertamente, de modo genérico se refiere a "los deudores que demoren el pago de sus deudas", pero debe tenerse muy presente que tal precepto se encuentra colocado en el capítulo I del título quinto, ambos relacionados, exclusivamente, con el préstamo mercantil. 6.- Como sabemos, entre tales principios generales del derecho figuran, en lugar preferente, la equidad y la buena fe. Creo que no es posible dudar, estimado Genaro, que en la actualidad de ningún modo es equitativo el condenar a un deudor moroso por una operación que no sea de préstamo mercantil, al pago de intereses a razón del 6% anual, y creo también que en modo alguno actúa de buena fe un deudor remiso sabedor de que, después de un juicio más o menos prolongado, será condenado a pagar el citado ridículo interés. Con todo ello, una sentencia condenatoria en dichos términos pasaría por alto los referidos principios generales del derecho, y por lo mismo vulneraría el precepto constitucional. 3.- Si el legislador hubiera tenido el propósito de considerar el 6% como interés legal aplicable a todos los negocios mercantiles, lo habría expresado así en otro lugar del código, preferiblemente en el capítulo II del título primero, pues ambos consignan disposiciones aplicables a todos los actos de comercio, en especial a los contratos mercantiles. 4.-De esta suerte, cuando de modo unánime, así la doctrina como la jurisprudencia -en sentido lato- mexicanas han interpretado el artículo 362 como aplicable a todos los actos y contratos de comercio, han aludido a la llamada interpretación analógica, esto es, a falta de una disposición expresa aplicable a todos los deudores. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 7.- Pero entonces, preguntarás ¿existe o no un interés legal?; y de no existir, ¿en qué podría fundarse una sentencia condenatoria al pago de un interés superio,r al supuestamente legal?. He aquí la segunda parte de mi opinión: primeramente, stricto sensu no existe un interés legal aplicable, de modo general, a los actos y contratos mercantiles diferentes del préstamo, pues el legislador omitió expresarlo; pero como ello no facultaría al juez para mayo I diciembre de 1993 �226 Discrepancias en tomo al interés legal mercantil del 6% omitir una condena sobre este punto, y como, según expresé antes, no hay razón de peso legal para atribuir al 6% el carácter de interés legal para esos otros actos o contratos, nuestro juez, en su indeclinable misión integradora del derecho, constitucionalmente habría de acudir a los mencionados principios generales del derecho para fundar una condena al pago de interés que resultara eqwtativo y que en modo alguno protegiera la mala fe del deudor. De este modo, y en razón de que es perfectamente racional considerar que el acreedor, de haber dispuesto oportunamente de la suma adeudada, la habría colocado en una inversión bancaria o bursátil, lo menos que debe hacer dicho el juzgador es ordenar el pago de interés por lo menos idéntico al que, durante el plazo comprendido entre la mora y el pago, habría producido una inversión bancaria por el mismo lapso, y fácil será averiguar el porcentaje respectivo, que sería, por ejemplo, igual al llamado costo porcentual promedio (cpp), que mensualmente determina el Banco de México, sin pasar por alto la posibilidad de un interés compuesto, habida cuenta del mayor o menor lapso transcurrido entre la mora y la fecha del pago efectivo. Lic. Arturo Díaz Bravo 227 artículo 1796 del código civil, en cuanto dispone que: "desde que se perfeccionan (los contratos), ob~gan a los contratan!es no sólo al cumplimiento..., sino también a las consecuenoas que, según su naturaleza, son confor~e a la buena ~e, al uso O a la ley"; el artículo 1882 del mismo ord~narruento civil, al prescribir que el "que sin causa se ~nr1quece en detrimento de otro, está obligado a indemruzarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido", y no puede caber duda sobre que, en los casos que nos ocupan, el deudor se enriquece, al paso que el acreedor se empobrece, todo ello como consecuencia del incumplimiento del primero. Por supuesto, considérame a tu entera disposición para formular las aclaraciones o ampliaciones que estimes pertinentes. Como te informé, en la cuarta edición de mis contratos mercantiles incluiré el anterior razonamiento. Te extiendo un fraternal saludo. P.S. Agregó otros dos argumentos en apoyo de mi postura, en este caso estrictamente ajustados a textos legales. El Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales mayo I diciembre de 1993 �Dr. Héctor G. Zertuche García 229 Sección Turis¡mldencia COMENTARIOS AL INTERES LEGAL MERCANTIL DEL 6% ANUAL DR. HECTOR G. ZERTUCHE GARCIA * En esta ocasión tenemos la oportunidad de comentar un precedente que estimamos va a presentar en un futuro diversas polémicas y comentarios en los estudiosos del derecho mercantil. En efecto, es creencia generalizada, que el interés en materia mercantil es el de 6% anual, atento a lo establecido por el artículo 362 del código de comercio. Mucho se ha discutido por destacados maestros universitarios, por abogados postulantes, funcionarios judiciales y bancarios, ,. Doctor en derecho por la U.N.A.M. Profesor de amparo y jefe de la división de estudios de postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U .A.N.L., mayo I diciembre de 1993 �230 Comentarios al interés legal mercantil del 6% Dr. Héctor G. Zertuche García que este interés hoy en día no corresponde a la realidad que vivimos, y esto ha propiciado fundamentalmente, que los deudores vean una ventaja en litigar una controversia mercantil, ya que el sólo "costo financiero" a través de un convenio judicial, en donde el acreedor se conforma con el pago de una suma que no corresponde al resarcimiento real q.e su quebranto económico, esto en virtud de imperar la idea de "que vale más un mal arreglo que un buen pleito", o bien de que "de lo perdido siempre es bueno lo que aparezca". de comercio y no conforme al llamado "interés legal mercantil" establecido en artículo 362 del mismo ordenamiento, ya que este interés es exclusivo del mutuo mercantil, y no de otras instituciones mercantiles. Pues bien, el precedente que nos toca comentar presenta sin lugar a dudas una nueva opción en el tratamiento de diversas controversias de carácter mercantil, además de ciertos bemoles interesantes, como lo es el hecho de que provenga de un Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, y no del un Tribunal Colegiado en materia civil; se trata de la revisión administrativa 2673691 promovida por Erich Paul Witschey Niemann, resuelta en la sesión del 9 de enero de 1992, por unanimidad de votos en el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, siendo ponente el magistrado Genaro David Góngora Pimentel y secretaria proyectista la licenciada Guadalupe Margarita Ortíz Blanco. La sentencia en comentario presenta dos tesis, que serán muy discutidas por la doctrina en las aulas universitarias y por los miembros del foro en los tribunales, ya que una de ellas indica que entratándose de perjuicios causados con motivo de un incumplimiento de contrato de comisión mercantil, el pago deberá ser conforme a los usos y prácticas bancarias atento a los dispuesto por el artículo 6º del código Revista de ,la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 231 La segunda tesis que surge del precedente en cuestión, complementando las ideas del primer criterio detalla que el interés legal en materia mercantil previsto en el artículo 362 del código de comercio sólo rige para la mora en pago de deudas relativas al contrato ·de préstamo mercantil, concluyendo que en sentido estricto, no existe un interés legal aplicable, de modo general, a los actos y co~~atos mercantiles diferentes del préstamo, al haberlo ormtido el legislador, siendo por tanto obligación del juez el determinar cual es el monto de los daños y perjuicios por incumplimiento de obligaciones distintas al préstamo mercantil, por así disponerlo el artículo 19 del código civil del Distrito Federal (igual al numeral 19 del código civil de Nuevo León). Como puede advertir el lector, las controversias se suscitarán en torno a lo correcto o no del precedente que se comenta, ya que se aparta de lo que ha sido idea generalizada hasta nuestros días. Pero. de~de una ?ptica muy personal, estimo se trata de un cr1teno que viene a ampliarnos nuestros horizontes en esta materia, claro que de llegar a imperar los razonamientos en él sustentados en un futuro, tendremos luego que sortear los problemas relativos a determinar cuales son los usos bancarios existentes, y bajo cual criterio se deberán resarcir los perjuicios causados con motivo de cualquier acto o contrato mercantil diverso al mutuo, es decir, operará un interés bancario, bursátil, o será conforme al costo porcentual mayo I diciembre de 1993 �232 Comentarios al interés legal mercantil.del 6% Dr. Héctor G. Zertuche García promedio, etcétera con la consiguiente carga procesal para del Primer Circuito se surte en virtud de tratarse de una controversia entre un particular y la comisión nacional bancaria, siendo este organismo el que provoca la competencia atrayente en materia admin~strativa, ~o obstante tratarse de una controversia de materia mercantil. el acreedor al respecto. No obstante lo anterior, creemos que el precedente que se comenta, viene a marcar la nueva directriz que debe regir en la materia, y recordemos que el camino para llegar a interpretar correctamente el pago de los perjuicios que se originen con motiv? de un incumplimiento contractual diverso al del mutuo mercantil, apenas lleva un solo paso, tocándonos a los miembros del foro y a la judicatura ir ampliando este nuevo derrotero. Me resulta muy necesario el tener que mencionar que este precedente es el primero que hay en la materia, no obstante repito, ser una idea generalizada el hecho de que el interés legal en materia mercantil es el del 6% anual, pues he tenido la fortuna de poder conversar con el ponente sobre este criterio y el magistrado Genaro Góngora Pi.mente! me comenta que buscando en la doctrina nacional, ninguno de los autores consultados llega a establecer por qué llega a la conclusión de que el interés legal en materia mercantil es el del 6% anual, e igualmente sucede con los precedentes y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sobre el particular, par lo cual se dio a la tarea de revisar junto con sus secretarios, el semanario judicial de la federación en sus quinta, sexta, séptima y octava épocas, hecho éste último que igualmente me permití consultar a través del disco óptico que tiene editado el poder judicial federal mediante la ayuda de un buen amigo funcionario judicial. 233 Finalmente debemos mencionar, que después de las tesis a las que se ha hecho- referencia, se transcriben los comentarios que sobre el particular el destacado maestro de derecho mercantil Don Arturo Díaz Bravo hiciera al ' magistrado Góngora Pimentel, con mot~vo de una conversación, similar a las muchas conversaciones que se viven entre los maestros de nuestra querida facultad en sus pasillos y salón de profeso~es: En esta carta, ve~os renovado el espíritu academ1co que todos los dias apreciamos quienes tenemos la opor~d~d de dar clases en una universidad, ahí podemos ev1denc1ar a los grandes doctrinarios, a los grandes postulantes, a los dignos miembros de la judicatura y la procuración de la justicia, y desde luego a la materia prima que de la espera1:12a d_e ~a mejor sociedad, los alumnos de todo ce~tro uruvers1t~no. Dicho texto es un ejemplo de la camaradena que debe pnvar entre el claustro académico de toda facultad y deja testimonio de que el verdadero cambio hacia una comunidad más justa y la solución a sus problemas únicamente puede salir de nuestras universidades. Igualmente es oportuno indicar que la competencia en favor de un Tribunal Colegiado en materia administrativa Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales mayo I diciembre de 1993 �Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 235 Sección Turisprudencia: INTERPRETACION DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE AMPARO, EN MATERIA DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (Amparo en revisión: 8/89 Excel-Lens, S.A.) MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRON SECRETARIA: MARIA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT México, Distrito Federal. Acuerdo del tribunal pleno correspondiente al' día 8 de junio de mil novecientos ochenta y nueve. VISTOS; Y RESULTANDOS: PRIMERO.- Por escrito presentado en la oficialía de partes común de los juzgados de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal el veintinueve de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, Excel-Lens, sociedad anónima, por conducto de su representante legal, mayo I diciembre de 1993 �236 Amparo en revisión: 8/89 Fxcel-Lens, sociedad anónima Pleno de la Suprema Corte de fusticia de la Nación demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de las autoridades y los actos que a continuación se erogaciones destinadas a remune~ar el tra~ajo personal subordinado, los salarios y dernas prestaciones que se derivan de una relación laboral. indican: a). Del H. Congreso de la Unión, se reclama la discusión, aprobación y expedición de: 1.- La ley de ingresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1988, en lo que se refiere concretamente a la inclusión del impuesto sobre nóminas, en el artículo 1º., fracción I, inciso 6, publicado en el diario oficial de la federación el jueves 31 de diciembre de 1987, primera sección, página 112. 2.- Del decreto por el que se reforma la ley de hacienda del Departamento del Distrito Federal, publicado en el diario oficial de la federación el jueves 31 de diciembre de 1987, primera sección, página SO y siguientes, y concretamente la adición del capítulo VI al título II, denominado impuesto sobre nóminas, con los artículos 45-G, 4S-H y 45-1, cuyos textos son los siguientes: Art. 4S-H.- El impuesto sobre nóminas se determinará, aplicando la tasa del 2% sobre el monto total d~ las erogaciones realizadas por concepto de rem~eraci_ones al trabajo personal subordinado y se pagara mediante declaración, que deberá presentarse cada mes, dentro del plazo establecido para el pago del impuesto al valor agregado. b) Del C. Presidente Constitucional de lo~ _Estados Unidos Mexicanos, la expedición y promulgacion de la ley de ingresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1988 y del decreto por el que _se reforma la ley de hacienda del Departamento del D~~tnto Federal publicados en el diario ofici~ de la fe~~rac1~n~el jueves 31 de diciembre de 1987, primera secc1on pagma SO y 112, y concretamente en las disposiciones legales mencionadas en los incisos 1 y 2 que anteceden. DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. c) Del C. Secretario de Gobernación se reclama la firma y refrendo de la ley de ingresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1988 y del decreto por el que se reforma la ley de _hacienda del Departamento del Distrito Fe~eral, public~d~s, en el diario oficial de la federación el Jueves 31 de diciembre de 1987, página SO y siguientes, y concretame:1-te en la que se refiere a las disposiciones legales menaonadas en los puntos 1 y 2 del inciso al que antecede. CAPITULO VI IMPUESTO SOBRE NOMINAS Art. 4S-G.- Se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre nóminas, las personas físicas y morales que, en el Distrito Federal, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado independientemente de la designación que se les otorgue. Para los efectos de este impuesto, se considerarán Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 237 / d) e) y f) De los C. C. Jefe del Departamento del Distrito Federal, tesorero del Departamento del Distrito Federal y del adtninistrador tributario local mencio~do en el apartado III, inciso f) de esta demanda de garantías, mayo / diciembre de 1993 �238 Amparo en revisión: 8/89 Fxcel-Lens, sociedad anónima Pleno de la Suprema Corte de fusticia de la Nación 239 se reclama la aplicación al caso de la quejosa en los apartados procedentes, por pertenecer ésta a los contribuyentes del impuesto sobre nóminas y en especial por lo que toca a la obligación de presentar declaraciones mensuales del mencionado impuesto, incluyendo la recepción de dichas declaraciones impositivas, aplicando los procedimientos derivados de la nueva reforma impositiva proveniente de los dispositivos impugnados; así corno la expedición de requerimientos de declaraciones por pagos mensuales, imposición de medidas de apremio, multas, cobro de recargos, embargos, secuestro y remate de bienes propiedad de la quejosa y en general por cualquier otra medida o acto tendiente a afectar la esfera jurídica de la parte peticionante del amparo con motivo de la aplicación de las nuevas disposiciones que se contemplan a los tantas veces mencionados decretos reclamados. ley, dictó sentencia definitiva el once de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, la que concluyó con los puntos resolutivos siguientes: g) Del C. director del diario oficial de la federación, la publicación del jueves 31 de diciembre de 1987, primera sección, página 50 y siguientes de la ley de ingresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1988 y del decreto por el que se reforma la ley de hacienda del Departamento del Distrito Federal. CUARTO.- Inconforme el secretario general de gobierno del Departamento del Distrito Federal; en ausencia ~el jefe del citado departamento, por sí y en representa~~~ del Presidente de la República interpuso recurso de rev1s10n. SEGUNDO.- La quejosa narró los antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO.- Por acuerdo del tres de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, la juez séptimo de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal tuvo por admitida la demanda interpuesta, y previos los trámites de Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales PRIMERO.- SE ·soBRESEE el presente juicio de garantías promovido por EXCEL-LENS, SOCIEDAD ANONIMA, contra actos de las autoridades precisadas en los resultandos primero y en términos de los considerandos primero y segundo de esta resolución. · SEGUNDO: La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a EXCEL-LENS, SOCIEDAD ANONIMA, contra actos del congreso de la unión y otras autoridades y en términos del considerando tercero de esta resolución. NOTIFIQUESE ... Por acuerdo del doce de enero de mil novecientos ochenta y nueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia admitió el recurso, interpuesto únicamente por lo que toca al Presidente de la República, dese~á~dolo por lo que se refiere al jefe del Departamento del Distrito Federal. El agente del ministerio público federal solicitó se revocara la sentencia recurrida y se negara el amparo a la quejosa. mayo I diciembre de 1993 �240 Amparo en revisión: 8/89 Excel-Lens, sociedad anónima Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Por diverso auto del ocho de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, el presidente de este alto tribunal ordenó se turnaran los autos al ministro ponente. federación y punto quinto del acuerdo citado, conforme a los cuales el Pleno podrá, si lo estima conveniente, resolver un asunto aunque se encuentre en alguna de las hipótesis señaladas en dicho acuerdo si existen razones graves que lo justifiquen, como sucede en el presente caso, a fin de que sea este alto tribunal el que establezca la correcta interpretación del artículo 19, segundo párrafo, de la ley de amparo, que se refiere a la representación del Presidente de la República en los juiciós de ·amparo, evitando así la posibilidad de que se sostengan criterios contradictorios entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. CONSIDERANDO: PRIMERO.-Este tribunal pleno es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84, fracción I, inciso a), de la ley de amparo, y II, fracción V, inciso A), de la ley orgánica del poder judicial de la federación, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia dictada por un juez de distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclamó la inconstitucionalidad de la ley de hacienda del Departamento del Distrito Federal, concretamente sus artículos 45-G, 45-H y 45-I, y de la ley de ingresos del departamento citado para el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y ocho, en su renglón de tmpuesto sobre nóminas. Cabe hacer notar que si bien en la especie se da uno de los supuestos previstos en el punto primero, fracción I, del acuerdo dictado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y ocho, publicado en el diario oficial de la federación el quince de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, lo que motivaría enviar el asunto a la Sala a la que se encuentra adscrito el ministro ponente, puesto que no procede entrar en el caso al examen de la constitucionalidad de la ley impugnada; sin embargo, dada la importancia del asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12, fracción XXXVII, de la ley orgánica del poder judicial de la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 241 SEGUNDO.- Resulta innecesario transcribir tanto las consideraciones en que se apoya la sentencia recurrida como los agravios expuestos por la recurrente, en virtud de que no serán analizados por este tribunal pleno. En el presente caso se debe determinar si el Secretario General de Gobierno del Departamento del Distrito Federal, en ausencia del titular del mismo, está facultado para interponer el recurso de revisión en representación del Presidente de la República. El artículo 19 de la ley de amparo, en su primer párrafo, previene que las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de garantías, estableciendo en el párrafo segundo: No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites establecidos por esta ley, en los témtinos que detemtine el propio ejecutivo federal por el mayo I diciembre de 1993 �242 Amparo en revisión: 8/89 Fxcel-Lens, sociedad anónima conducto del Procurador General de la República, por los Secretarios de Estado y Jefes de Departamento Administrativo a quienes en cada caso corresponde el asunto, según la distribución de competencias establecida en la ley orgánica de la administración pública federal. De la lectura de la transcripción anterior, se advierten dos ~spectos: primero, que el Presidente de la República podra ser representado en los juicios de amparo por los Secretarios de Estado y Jefes de Departamento Administrati~o ~ q~~nes en cada caso corresponda el asunto, según la d1stribucron de competencia establecida por la ley orgánica de la administración pública federal y, segundo, que dicha representación se llevará a cabo en los términos que determine el propio ejecutivo federal por conducto del Procurador General de la República. . P?r su P~_e, el artículo 1º del código federal de procedllmentos aviles de aplicación supletoria, conforme a lo dispuesto por el artículo 2º de la ley de amparo, establece: Art. lº.- Sólo puede iniciar un procedimiento judicial ?~t~rvenir en él, quien tenga interés en que la autoridad Judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena y quien tenga el interés contrario. Actuarán en el juicio, los mismos interesados o sus representad~s o apoderados, en los términos de la ley. En cualquier caso, los efectos procesales serán los mismos, salvo prevención en contrario. A foja cincue~ta y dos de los autos del juicio de amparo obra la constancra del emplazamiento hecho al Presidente de la República a través de la Procuraduría General de la Relnsta de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 243 República, el cual se realizó el nueve de mayo de mil novecientos ochenta y ocho. Ahora bien, ni en los autos del juicio de garantías, ni en los relativos al toca del recurso de revisión consta documento alguno por el cual el Presidente de la República, por conducto del Procurador General de la República haya designado como su representante en el presente asunto, en los términos del artículo 19 de la ley de amparo, al Jefe del Departamento del Distrito Federal, por lo que este último legalmente no tiene ese carácter, pues para ello es necesario un acuerdo específico del titular del ejecutivo federal por el que le confiera dicha representación, como se desprende claramente del párrafo transcrito del artículo 19 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Conviene destacar que la propia autoridad recurrente interpreta de la forma indicada el precepto legal de referencia, si se toma en cuenta que en los autos de diversos asuntos turnados al ministro ponente, entre otros, los amparos en revisión 209/89, 822/89, 1108/89 y 460/89 obra constancia de la comunicación dirigida al Jefe del Departamento del Distrito Federal, suscrita en los tres primeros casos por el subprocurador y en el último, por el director general jurídico y consultivo de la Procuraduría General de la República, en la que se le hace saber lo siguiente: "por acuerdo del C. Presidente de la República, con fundamento en el artículo 19 de la ley de amparo, y por instrucciones del C. Procurador General de la República, ruego a usted sea muy servido representarlo en todos los mayo I diciembre de 1993 �244 Amparo en revisión: 8/89 F.xcel-Lens, sociedad anónima trámites del juicio de amparo de referencia, rendir los informes que se solicitan, ofrecer las pruebas e interponer los recursos conducentes." Comunicación de la cual se les marca copia a los respectivos jueces de distrito, lo que fortalece el criterio que se sustenta en la presente resolución. Con base en lo anteriormente expuesto, es de concluirse que el Jefe del Departamento del Dis~it? Federal, ~~ ~s representante del Presidente de la Repubhca en este JWCIO de garantías en los términos del artículo 19, segundo párrafo, de la ley de amparo, y si esto es así, menos aún puede el Secretario General de Gobierno del citado departamento, en ausencia de su titular interponer el recurso de revisión. Por consiguiente, debe desecharse el recurso interpuesto, puesto que, como se indicó en el resultando cuarto, dicho recurso sólo se admitió por lo que respecta al Presidente de la República. Resultan aplicables por analogía las tesis sexta y décima relacionadas de la jurisprudencia 203, visibles a fojas 330 y 331 respectivamente, del apéndice 1917-1985, octava parte, jurisprudencia común al Pleno y a las Salas, que establecen: PERSONALIDAD EN EL AMPARO.- No es necesario que una de las partes en el amparo objete la personalidad de la otra para que el juez que conoce de un procedimiento proceda a examinar la cuestión, ya que la mat-eria relativa a personalidad, es de derecho público y siempre debe ser examinada de oficio. PERSONALIDAD EN EL AMPARO. DEBE EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DE JUICIO.- Las Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Pleno de la Suprema Corte de /usticia de la Nación 245 cuestiones de personalidad deben ser examinadas en cualquier estado del juicio y aún de oficio, por ser la base fundamental del procedimiento; por tanto, los jueces de distrito no sólo pueden, sino que deben rechazar la personalidad del promovente, en cualquier momento del juicio, en cuanto adviertan los defectos de que adolece el título que la acredita, sin que para ello sea obstáculo no haberla desechado d~sde el principio. El criterio que se sustentó en esta resolución fue sostenido por este tribunal pleno al resolver el amparo en revisión 606/ 89, por mayoría de votos contra ocho, en la sesión celebrada el dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y nueve. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: UNICO.- Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el Secretario General de Gobierno del Departamento del Distrito Federal, por ausencia del jefe de dicho departamento, en representación del Presidente de la República. Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca. Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, por mayoría de catorce votos de los señores ministros De Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Gilitrón, López Contreras, Fernández Doblado, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, González Martínez, Villagordoa mayo I diciembre de 1993 �246 Amparo en revisión: 8/89 F.xcel-Lens, sociedad anónima Lozano, Moreno Flores, Díaz Romero, y Schmill Ordóñez en contra del voto de los ministros Rocha Díaz, Castañón León, Pavón Vasconcelos, Carpizo Mac Gregor, Chapital Gutiérrez y presidente Carlos del Río Rodríguez. El señor ministro Salvador Rocha Díaz se reservó el derecho de formular voto particular. Fue ponente el señor ministro Mariano Azuela Gilitrón. Firman los C. C. presidente y ministro ponente, con el secretario general de acuerdos que dafe. EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. M1RO. CARLOS DEL RIO RODRIGUEZ PONENTE. MTRO. MARIANO AWELA GÜITRON EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS UC. JOSE JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ. Esta hoja pertenece al amparo en revisión 8/ 89, promovido por Excel-Lens, sociedad anónima. Lic. Salvador Rocha Díaz 247 Sección Turis_prudencia VOTO PARTICULAR LIC. SALVADOR ROCHA DIAZ * I. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA INI'ERPRETACION ]URIDICA La interpretación jurídica consiste en la labor intelectu~ de encontrar el sentido y alcance de una norma, para medir con precisión el contenido de sus mandatos y valuar su eficacia respecto de las relaciones humanas que pretende regular. Su propia etimología nos in~ ica ~ue la .función _de_ l?, interpretación lo constituye el servir de mtermediano 1 ,. Voto particular que emite el ministro Lic. Salv~dor Rocha Díaz en relación al amparo en revisión 8/ 89, promovido ~or EXCEL~LENS, sociedad anónima, relativo a la interpretaCI?n del artículo 19 de la ley de amparo en materia de_ ~epresentaaón del Presidente de Ja República, resuelto en ses10n del Hono~ab~e Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 8 de Junto de 1989. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales mayo / diciembre de 1993 �Lic. Salvador Rocha Diaz 248 249 Voto particular (traducción del verbo "interpretur"), entre el autor de la norma y quien la ha de aplicar, sea la autoridad o el propio destinatario; el intérprete es un intermediario que "viene en ayuda" de quien ha de aplicar la norma, para que tal aplicación se realice en la medida exacta del manda~.J y sirva para la correcta regulación del fenómeno social correspondiente; para este propósito, el intérprete explica y esclarece la norma jurídica y señala a las palabras en que está formulada, el significado que contribuye a precisar sus mandatos. La ciencia del derecho reconoce, a la fecha, que toda norma jurídica requiere interpretación, aún la que se encuentre formulada en términos que aparecen precisos y claros, toda vez que precisamente el objeto de la interpretación lo es el lt!nguaj-.. que se ha objetivado en la norma, para lo cual es indispensable la aplicación de reblas jurídicas de interpretación; la lectura de un texto legal no es, ni puede ser, solamente una lectura literal, dado que la lectura jurídi., 1 debe realizarse con apoyo en las reglas propias del derecho. En la actualidad se reconoce que el acto de interpretación se realiza y debe realizarse con el auxilio de las nociones, concepciones y dogmas jurídicos aceptados por la doctrina y la práctica profesional, habiéndose superado el tradicional aforismo "in claris non interpretatio". Pues, aún la labor intelectual de determinar si la fórmu:ta literal corresponde al alcance y efectos que debe darse a las disposiciones contenidas en la norma, con arreglo a los principios y reglas jurídicos, ya constituye una interpretación jurídica, que no puede confundirse con la mera lectura o interpretación literal. No es la obscuridad o ambigüedad del texto de una norma jurídica lo que determina. la . ~ecesidad de su interpretación, puesto que la aphcao~n ~e la. norma requiere siempre de una ~abor de mteligencia para determinar el alcance de la formula general y abstracta Y establecer su aplicabilidad a un caso partic~l~r. No es verdad que el interpretar suponga una dificultad de comprensión del texto y que se excluya cuan?º tal dificultad no existe; lo que puede suceder y c~n?uc1r, a _error es que la claridad de un texto haga mas facil y rap_1do comprender su sentido y alcance, pero puede co~du~~ a equivocaciones si no se aplican l~~ r~gl~s- y prmc1p1os existentes para realizar la interpretac1on 1und1ca. La doctrina ha señalado que aún la misma claridad literal es un concepto relativo dado que una norma que sea clara en su texto puede ser ambigua y obscura en cuanto al fin que se propone y debe realizarse la labor intelectual para determinar si el sentido y alcance del texto dar~ es adecuado al fenómeno que se pretende regular; la doctrina, por otra parte, nos señala que una norma jurídica que nunca haya daáo lugar a dudas, pued_e por el t~anscurso del tiempo y la modificación de las realidades sociales a las cuales está dirigida, convertirse en_ una norma obscura al producir incertidumbre resp~cto a s1 son regulables por ella nuevas relaciones que la realidad presenta. Excede el propósito de estas reflexiones el entr~r al estudio de las diversas corrientes doctrinales en materia de interpretación, pero sí conviene señalar que tod_as. ellas reconocen que toda norma tiene :1-n alcan~e obJebvo y limitado; objetivo, por cuanto esta detenrunada por la fórmula literal del texto, y limitada porque solamente se mayo I diciembre de 1993 Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales �250 Voto particular Lic. Salvador Rocha Díaz refiere a una categoría determinada de intereses jurídicos por regular; la interpretación jurídica, por ende, no puede apartarse del panorama objetivo y limitado de la norma; no puede desatender su texto ni puede olvidarse de los intereses jurídicos regulados. El intérprete, en consecuencia, debe tener en cuenta, en primer lugar, el lenguaje objetivado en el texto de la norma y someterlo al análisis con apego a los principios jurídicos que rigen este análisis y, en segundo lugar, precisar los límites de sus disposiciones con atención a los intereses jurídicos que la norma regula, con el propósito de no desnaturalizar la norma y adecuarla a la solución que corresponda al objeto social perseguido por la misma. II. NECESIDAD DE INTERPRETACION ]URIDICA DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE AMPARO El texto vigente a partir del 20 de mayo de 1986 del mencionado artículo 19, es el siguiente: · 251 determine el propio ejecutivo federal por el conducto del Procurador General de la República, por los Secretarios de Estado y Jefes de Departamento Administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la ley orgánica de la administración pública federal. En estos casos y en los juicios de amparo promovidos contra los titulares de las propias dependencias del ejecutivo de la unión, éstos podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes otorguen-esa atribución los reglamentos interiores que se expidan conforme a la citada ley orgánica. Pero, se requiere el previo acuerdo del Presidente de la República, por conducto del procurador, en el que designe quien lo representará. En estos casos y en los juicios de amparo promovidos contra los titulares de las propias dependencias del ejecutivo de la unión, éstos podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos interiores que se expidan conforme a la citada ley orgánica. ..... Artículo 19. Las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen y hagan promociones. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites establecidos por esta ley, en los términos que En los amparos relativos a los asuntos que correspondan a la Procuraduría General de la República, su titular podrá también representar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y ser suplidos por los funcionarios a quienes otorgue esta atribución el reglamento de la ley orgánica de dicha procuraduría. La resolución mayoritaria se apoya en el proyecto formulado, en el cual solamente se realizó una simple Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales mayo I diciembre de 1993 �252 Voto particular lectura de las palabras que integran el segundo párrafo de este precepto, sin que se hiciera una interpretación jurídica para esclarecer y precisar el alcance y efectos de su disposición; la interpretación jurídica de este precepto solamente se realizó en el debate del proyecto, aunque la conclusión mayoritaria es, a nuestro entender, errónea, por las razones que en este voto particular se esgrimen. Pero conviene destacar que la necesidad de la interpretación jurídica no solamente derivaba del principio ya apuntado en el apartado anterior, en el sentido de que toda norma jurídica requiere de su correspondiente interpretación jurídica, sino que en el caso de esta norma, la necesidad era patente, por la duda sobre su alcance y efectos. En efecto y sólo por referimos a los asuntos que se encontraban en la mesa de discusión en la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de 8 de junio de 1989, encontramos que en el proyecto a discusión, que hoy es la resolución mayoritaria, se señala que en cuatro amparos en revisión 209/89, 822/89, 1108/89 y 460/89 obraba constancia en virtud de la cual el Presidente de la República, por conducto del Procurador General de la República y en oficio expreso, había otorgado su representación al Jefe del Departamento del Distrito Federal, pero en cambio en ocho diversos amparos en revisión, a saber, el que era objeto de la discusión concreta 8 / 89 y en los identificados 3030/88, 504/89, 284/89, 255/89, 72/89, 1129/89 y 679/89, no obraba tal constancia pues el titular del ejecutivo estimó que la misma no era necesaria para Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Lic. Salvador Rocha Diaz 253 que su representación correspondiese al secretario o jefe de departamento correspondiente, según la distribución de competencias establecidas en la ley orgánica de la administración pública federal. En consecuencia y de la propia actuación del Presidente de la República, del Procurador General de la República, de los Secretarios de Estadó y del- Jefe del Departamento del Distrito Federal se derivaba la existencia de una duda sobre el alcance del segundo párrafo del artículo 19 de la ley de amparo, pues en algunos juicios el Presidente de la República otorgaba su representación en forma expresa y en oficios específicos, por conducto del Procurador General de la República, y en otros juicio no lo hacia por considerarlo innecesario. La existencia de la duda no se invoca en apoyo de las conclusiones de la interpretación jurídica de este precepto en uno o en otro sentido, sino en apoyo de la necesidad jurídica de realizar tal interpretación. Pero la duda no sólo afectaba a los órganos del poder ejecutivo federal, sino existía también en los órganos del poder judicial de la federación, dado que los jueces de distrito no habían rechazado la actuación de los Secretarios de Estado o Jefes de Departamento Administrativo, cuando éstos actuaban en representación del Presidente de la República sin que mediara oficio que otorgara expresamente tal representación en el juicio de amparo correspondiente y por conducto del Procurador General de la República; debe señalarse que el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia admitió los recursos de revisión hechos valer, que finalmente fueron desechados por las resoluciones mayoritarias del Pleno, pero si lo hizo es mayo I diciembre de 1993 �254 Voto particular porque daba una interpretación jurídica diversa al citado precepto, de la que resultó aprobada por la mayoría del propio Pleno. En abundancia de lo anterior, y en la misma sesión ya indicada, el Pleno recibió dos testimonios contradictorios, que igualmente revelaban la necesidad de la interpretación jurídica del precepto: el ministro José Manuel Villagordoa manifestó que, cuando fue coordinador jurídico del Departamento del Distrito Federal, siempre se tramitaba y obtenía la representación expresa del Presidente de la República a favor del jefe del citado departamento, en oficio suscrito por el Procurador General de la República; el autor de este voto particular informó, por el contrario, que cuando desempeñó el cargo de director general de asuntos jurídicos de la Secretaría de Gobernación, consideraba innecesario obtener la representación en un oficio de las características apuntadas, por considerar que el Secretario de Gobernación tenía tal representación ya otorgada por conducto del reglamento interior de la propia secretaría, en , asuntos de la competencia del Secretario de Gobernación señalada por la ley orgánica de la administración pública federal. III. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA REPRESENTACION La creación jurídica de la representación surge en derecho privado, ante la necesidad de resolver problemas inherentes a la capacidad de ejercicio, en primer lugar para atender a quienes, disfrutando de capacidad de goce, se Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Lic. Salvador Rocha Díaz 255 veían imposibilitados de actuar por no tener la de ejercicio. La incapacidad para ejercitar los derechos de que se es titular y para asumir obligaciones se resuelve, principalmente, por el fenómeno de la representación, aunque no es el único, pues el derecho positivo preve otras fórmulas habilitantes, como lo son la necesidad de autorización judicial para ciertos actos, el consentimiento de un tercero o la satisfacción de algún otro requisito que la ley establezca. Si bien la representación surge como un medio para resolver los problemas de los incapaces de ejercicio, pronto se comprende la conveniencia de su empleo para facilitar el desarrollo de las relaciones jurídicas, por lo que se admitió la representación voluntaria frente a la representación legal. La representación es el fenómeno jurídico por el cual una persona realiza actos jurídicos a nombre y por cuenta de otra, de manera que sus efectos se producen directamente en la persona y patrimonio del representado y no se realizan en la persona y patrimonio de quien celebra o ejecuta el acto; es un fenómeno jurídico, porque la regla general establece que los actos jurídicos solamente pueden afectar a la persona y patrimonio de quien los realiza, sin que un tercero pueda sufrir modificación jurídica alguna por ellos. En el ámbito del derecho privado se reconoce que la representación puede ser legal o voluntaria; se está en presencia de representación legal cuando por mandato de la ley, los actos realizados por el representante surten sus efectos en la persona y patrimonio del representado y mayo I diciembre de 1993 �256 Voto particular gozan de ella quienes ejercen la patria potestad sobre menores, los tutores respecto de sus pupilos, los albaceas de las sucesiones, los representantes de ausentes, los síndicos de quiebras y concursos y los gestores de negocios; y existe representación voluntaria cuando el fenómeno jurídico se produce por un acto de voluntad del representado, el cual faculta a otro para que actúe a su nombre y por su cuenta, como en el caso del mandato representativo, eí apoderamiento por declaración unilateral de voluntad y la designación de funcionarios de asociaciones y sociedades. La representación que surge en el ámbito del derecho privado, por las razones ya dichas, se recoge por el derecho público con el mismo propósito por el que surge la representación Yoluntaria: para facilitar a los órganos del Estado la realización de sus propias funciones. Esto es especialmente relevante en el caso en estudio, pues se trata de la representación del Presidente de la República, que sin lugar a dudas tiene encomendadas, tanto constitucional como legalmente, las más complejas y varia-das funciones, que lo imposibilitan para desempeñarlas en forma directa y personal, en su totalidad; es el único de los tres poderes depositado en un solo individuo, de acuerdo a lo mandado por el artículo 80 constitucional y cuyos auxiliares fue necesario preverlos en el artículo 90 de nuestra propia carta magna. La ley orgánica de la administración pública federal contiene las disposiciones que rigen la actuación del titular del ejecutivo federal y sus auxiliares, y de su mera lectura se aprecia la amplitud y complejidad de sus funciones. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Lic. Salvador Rocha Díai 257 Es importante señalar que las reglas que el derecho privado ha formulado para la representación, no son ni pueden ser aplicadas integralmente a la representación en derecho público, pues la primeras tienen como finalidad atender a los incapaces de ejercicio y servir de instrumento para el más libre desarrollo de las relaciones jurídicas entre particulares, y las segundas responden a la necesidad de facilitar el cumplimiento de las funciones de las autoridades, sin mengua de la seguridad jurídica general, delimitando sus ámbitos de actuación. Así, en derecho privado, la representación voluntaria es irrestricta y está determinada exclusivamente por la voluntad de1 representante, salvo los casos excepcionales en que el legislador ha considerado necesario que el interesado actúe personalmente y no sea otro el que actúe en su nombre, en tanto que en derecho público la representación no puede claramente dividirse en legal y voluntaria, sino que el fenómeno siempre será resultado de una disposición legal y de la voluntad de la autoridad; ello es consecuencia de que en derecho privado el particular puede realizar toda clase de actos, salvo los que la ley le prohiba, y en derecho público, la autoridad sólo puede realizar las funciones que la ley le encomienda y en los términos en que lo faculte. N. LA REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN JUICIOS DE AMPARO Las funciones del Presidente de la República son materia específica de la ley orgánica de la administración pública federal, la cual se ocupa de los auxiliares del titular del mayo I diciembre de 1993 �258 Voto particular ejecutivo federal necesarios para cumplir con sus funciones, de las dependencias de la administración centralizada y sus ámbitos de competencia y de las entidades de la administración paraestatal; sus normas nos indican cómo debe cumplir el titular del poder ejecutivo con la función administrativa y los ámbitos cornpetenciales de sus auxiliares. En consecuencia, es materia directa y natural de este ordenamiento, la representación del Presidente de la República y resultan al respecto especialmente relevantes las disposiciones de sus artículos 14 y 18, que a continuación se transcriben: Lic. Salvador Rocha Díaz 259 El artículo 19 de la ley de amparo debe interpretarse, siguiendo una primera regla fundamental de interpretación, en armonía con las disposiciones transcritas de la ley orgánica de la administración pública federal, sin perder de vista que el ordenamiento que tiene como ámbito materia] espeófico sobre la representación del titular de la administración pública federal, lo es su ley orgánica, y que la ley de amparo tiene corno ámbito propio el juicio de amparo y no dicha representación, de la cual se ha debido ocupar solamente para salvar la prohibición a que se refiere el primer párrafo del artículo 19. Art. 14.- Al frente de cada secretaría habrá un Secretario de Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales. En los juicios de amparo, el Presidente de la República podrá ser representado por el titular de la dependencia a que corresponda el asunto, según la distribución de competencias. Las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la ley orgánica de la administración pública federal y en el segundo párrafo del artículo 19 de la ley de amparo, nos permiten llegar a una primera conclusión que no ha provocado cuestionarniento alguno: el Presidente de la República puede ser representado en el juicio de amparo y la posibilidad jurídica de otorgar su representación está limitada pues debe ser otorgada al Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo a quien corresponda la materia del asunto, según la distribución de competencias establecida por el primero de los citados ordenamientos. Pero se requiere acuerdo expreso del Presidente de la República. Art. 18.- En el reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado y departamentos administrativos, que será expedido por el Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias. La posibilidad de que el Presidente de la República sea representado en los juicios de amparo en que sea parte aparece corno una solución a la necesidad innegable de facilitarle el desempeño de su función, pues independientemente de los actos que en exclusiva se le puedan reclamar en un juicio de garantías, resulta autoridad responsable en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales mayo I diciembre de 1993 �260 Voto particular todos los amparos contra leyes, por el acto de promulgación de las mismas, y esta clase de amparos se presentan anualmente por miles ante la justicia federal, lo que haría humanamente imposible que el Presidente de la República suscribiera todos los correspondientes informes justificados y los demás escritos que sean necesarios durante el procedimiento. Es igualmente entendible la limitación legal que tiene el Presidente de la República para otorgar su representación, limitación consistente en que debe ser otorgada a favor del Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo a quien competencialmente corresponda la materia del juicio de amparo, toda vez que la seguridad jurídica requiere que los particulares conozcan los ámbitos competenciales de cada autoridad y, si la representación pretende facilitar el desempeño de las funciones propias de los órganos del Estado, es fácilmente comprensible que el titular de la Secretaría de Estado o Jefe de Departamento Administrativo a quien corresponda la materia del juicio de amparo, están mejor informados para defender el acto que se imputa al Presidente de la República y cuya constitucionalidad se cuestiona. · No es jurídicamente válido entender, como lo hace la resolución mayoritaria, que el segundo párrafo del artículo 19 de la ley de amparo establece una segunda limitación a la facultad del Presidente de la República para otorgar su representación, consistente en que la misma, además de que deba otorgarse al Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo a quien legalmente corresponda la materia del asunto, tal representación deba ser otorgada por conducto del Procurador General de la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Lic. Salvador Rocha Diaz 261 República y en oficio expreso y dirigido al juicio de amparo de que particularmente se trate. El otorgamiento de la representación presidencial en un juicio de amparo por conducto del Procurador General de la República y en oficio expreso y singular, no es una limitación a la facultad legal de otorgar dicha representación, pues si así fuera tal limitación debería estar incorporada a las disposiciones de la ley orgánica de la administración pública federal, en el artículo 14 que se ocupa de la materia, o en cualquier otro precepto; pero no es así, pues la simple lectura del ordenamiento últimamente citado nos permite concluir, como ya lo señalamos, que la única limitación que tiene el Presidente de 'la República para otorgar su representación en juicios de amparo, consiste en que la misma se otorgue al Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo a quien corresponda la materia del juicio respectivo, única limitación en la que ambos ordenamientos se encuentran coincidentes. El segundo párrafo del artículo 14 de la ley orgánica de la administración pública federal, señala que en los juicios de amparo el Presidente de la República "podrá" ser representado, lo que implica que se requiere acuerdo previo. La correcta interpretación jurídica del segundo párrafo del artículo 19 de la ley de amparo nos permite afirmar que el otorgamiento de dicha representación por conducto del Procurador General de la República y en oficio expreso y singular, no es una limitación legal a la facultad de otorgar dicha representación, sino constituye una de las varias mayo I diciembre de 1993 �262 Voto particular formas en que la representación presidencial puede ser otorgada. En efecto, la primera forma en que la representación presidencial en juicio de amparo puede ser otorgada, lo es la prevista en el artículo 18 de la ley orgánica de la administración pública federal, al expedir el Presidente de la República los reglamentos interiores de cada una de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, en los cuales se determinan las atribuciones de los titulares y de las unidades administrativas que integran la Secretaría de Estado o Departamento Administrativo correspondiente. La inclusión de la representación presidencial en juicios de amparo en los citados reglamentos interiores, no solamente constituye la primera forma en que puede ser otorgada tal representación, sino que constituye la forma natural de otorgarla, puesto que esa es la naturaleza jurídica propia de los reglamentos interiores, al tratarse de una de las atribuciones o facultades que el presidente puede otorgar al titular de la Secretaría de Estado o Departamento Administrativo. Tan ello es así que en todos los reglamentos interiores de las Secretarías de Estado y Departamento Administrativo, existe la disposición que otorga al titular de la secretaría o departamento correspondiente, como facultad no delegable, representar al Presidente de la República en los juicios de amparo. Y ningún sentido jurídico tendrían estas disposiciones de los reglamentos interiores, si se llega a la conclusión de que la representación presidencial en juicios Lic. Salvador Rocha Díaz 263 de amparo única y exclusivamente se puede otorgar por conducto del Procurador General de la República y en oficio expreso y singular para cada juicio de amparo;. ~e asumir esta conclusión, como lo hace la resolucion mayoritaria, resultan inútiles . las_ disposiciones correspondientes de los reglamentos mtenores. Falso, pues una vez satisfecho el requisito de acuerdo expreso del Presidente de la República (artículo 19, 2o. párrafo de la ley de amparo), podrá sentirse el 3er. párrafo del artículo 19 sobre suplencia. Una primera regla jurídica que rige la inter~retaci~n manda que las normas se interpreten en el sentido mas adecuado para que produzcan efectos, y es_ claro que__la resolución mayoritaria violenta esta regla de ~terpretacion jurídica, pues pretende privar de efectos a lo dis~~esto ~?r los artículos 14 y 18 de la ley orgánica de la adr~urus~~cion pública federal y privar de efectos a todas las disposic10nes contenidas en los reglamentos interiores que facultan a los titulares de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos para representar al Presidente de la República en juicios de amparo, como facultad no delegable. No es materia de la resolución mayoritaria ni por ello de este voto particular, el analizar o~as f?rmas ~e. ~torgamiento de la representación presidencial en JWCi~s de amparo pero con propósitos ilustrativos podemos afirmar que otr~ forma de otorgar tal representación lo constituye la establecida por el código civil al reg~ar el m_andato representativo. No consideramos que pudiera cuestlona.rse la validez y eficacia jurídica de un mandato represe,nt~hvo otorgado notarialmente por el Presidente de la Repubhca a Reuista tk la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales mayo / diciembre de 1993 �264 Voto particular favor de un Secretario de Estado, siempre y cuando se respetara la única limitación legal que existe y que ya se ha señalado, es decir que se otorgara a favor del Secretario de Estado a quien corresponde la materia del asunto según la distribución de competencias contenida en la ley orgánica de la administración pública federal. Estimamos que si el ejecutivo federal no ha recurrido a otras formas para el otorgamiento de su representación en juicios de amparo, previstas por otros cuerpos legales que integran el orden jurídico nacional, no es porque ~xista imposibilidad jurídica para ello, sino porque dispone de la forma natural que consiste en incluir tal representación en las atribuciones que otorga en los reglamentos interiores que expide y que delimitan las facultades de los titulares y unidades administrativas que integran cada secretaría de estado o departamento administrativo. Sí es cuestionable pues, no está autorizado expresamente para el Presidente de la República, y además el código civil rige para los particulares. En este orden de ideas, el segundo párrafo del artículo 19 de la ley de amparo debe ser interpretado como una forma de otorgar la representación presidencial, que se suma a las diversas formas previstas por otros ordenamientos legales, en primerísimo lugar a la forma establecida por la ley que tiene como materia las atribuciones del ejecutivo federal. Y esta diversa forma de otorgar la representación presidencial en juicios de amparo, prevista por el segundo párrafo del artículo 19 de la ley de amparo, tiene su razón y propósito, pues es frecuente el caso en que el acto Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Lic. Salvador Rocha Díaz 265 reclamado del Presidente de la República en JUICIOS de amparo, corresponda al ámbito competencia! de dos o más Secretarios de Estado o Jefes de Departamento Administrativo, hipótesis que no quedaría plenamente resuelta con el otorgamiento de la representación presidencial por conducto de los correspondientes reglamentos interiores; ni el juez de distrito, ni el justiciable, ni los propios titulares de la secretaría o departamento, sabrían quién ejercerá la representación del Presidente de la República en tal juicio de amparo. Si se resuelve en favor del que decida el Presidente de la República. Se hacía, pues, necesaria una norma que estableciera la manera de resolver este problema; para ello existe la disposición del segundo párrafo del artículo 19 de la ley de amparo, pues en la hipótesis señalada y en otras similares, el Presidente de la República tendría la posibilidad legal de resolver la incertidumbre otorgando su representación por conducto del Procurador General de la República y en oficio expreso y singular correspondiente al juicio de amparo en que tal situación se presentara. Insistimos en las conclusiones apuntadas hasta este momento: el Presidente de la República tiene facultad para otorgar su representación en juicios de amparo, lo que nadie discute; pero esta facultad tiene una limitación legal, también aceptada por todos, consistente en que tal representación debe otorgarla a favor del Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo a quien corresponda la materia del juicio de amparo, seg\lll la distribución de competencia contenida en la ley orgánica mayo I diciembre de 1993 �266 Voto particular de la administración pública federal. Pero afirmamos que la resolución mayoritaria se equivoca al considerar que existe una segunda limitación a esta facultad presidencial, consistente en que la representación se otorgue por conducto del Procurador General de la República y en oficio expreso y particularizado al juicio de amparo de que se -trate, pues sostenemos que esto no constituye una limitación a la facultad legal, sino una de las diversas formas en que la facultad legal pueda ser ejercitada. La resolución mayoritaria viola una segunda regla que rige la interpretación jurídica y que dispone que el sentido y alcance de la norma debe determinarse en razón de los intereses jurídicos y finalidades que constituyen el objeto de la norma, como ya hemos apuntado. Hemos afirmado que la representación en derecho público tiene como finalidad específica el facilitar a los órganos del Estado el cumplimiento de sus funciones, delimitando las áreas de competencia de cad.: .:_itoridad. Nuestra interpretación del segw.. io párrafo del artículo 19 de la ley de amparo satisface ambas finalidades, pues interpreta su disposición en el sentido de facilitar al Presidente de la República el cumplimiento de su función, variada y compleja, al estimar que el otorgamiento de su representación por conducto del Procurador General de la República sea una forma jurídica tnás para otorgarla, sometida a la única limitación que cumple con el propósito de delimitar las áreas competenciales de la autoridad. La resolución mayoritaria choca abiertamente con el primer propósito de la norma a interpretar, pues concluye que el Presidente de la República solamente puede otorgar Reuista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Lic. Salvador Rocha Díaz 267 su representación en juicios de amparo por el exclusivo conducto del Procurador General de la República y con oficio expreso relativo a cada uno de los juicios de amparo en que desee otorgar tal representación. Esta representación no facilita al Presidente de la República el cumplimiento de sus funciones, sino la dificulta en grado extremo, provocando una complejidad administrativa que obstaculiza el ejercicio de las funciones presidenciales. La resolución mayoritaria pretendió apoyarse en el análisis de los antecedentes legislativos a las reformas del artículo 19 de la ley de amparo, en especial la reforma que entró en vigor el lo. de enero de 1977, por lo que a continuación realizaremos el estudio de dichas reformas, las cuales fortalecen el sentido de este voto particular. La ley de amparo publicada en el diario oficial de la federación del 10 de enero de 1936 contenía el artículo 19 con el siguiente texto: Artículo 19.- Las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar d~legados en las audiencias para el sólo efecto de que rmdan pruebas, aleguen y hagan promoción en las mismas audiencias. Este precepto dificultaba en extremo el ejercicio de las atribuciones de la autoridad, en especial del Presidente de la República, que colocaban a las autoridades responsables en estado de indefensión dentro del juicio de garantías y dificultaba el desarrollo del procedimiento, por lo que pronto fue necesario su reforma. mayo I diciembre de 1993 �268 Voto particular En el diario oficial de la federación del 20 de enero de 1943 se adicionó un segundo párrafo al artículo 19, conservando en sus términos el primer párrafo; el segundo párrafo disponía: No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el ciudadano Presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites de esta ley por los Secretarios de Despacho y Jefes de Departamentos Administrativos a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la vigente ley de secretarías y departamentos de estado. Es manifiesto el propósito de esta adición, que apoya nuestra conclusión, pues se trató de facultar al Presidente de la República para ser representado en los juicios de amparo y facilitar su representación, solamente con la limitación competencia! de los titulares de las secretarías y departamentos. En el diario oficial de la federación de 29 de diciembre de 1949 se publicó una nueva reforma al artículo 19 de la ley _amparo, que dejó intacto su primer párrafo y modifico el segundo párrafo en los siguientes términos: ?~ No obstante lo dispuesto en er párrafo anterior, el ciudadano Presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites de esta ley, por los secretarios y jefes de departamento a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en Ja ley de secretarías y departamentos de estado, o por el Procurador General de Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Lic. Salvador Rocha Díaz 269 la República, cuando el titular del poder ej~cutivo le otorgue su representación en los casos relativos a la dependencia de su cargo. El texto mismo revela que el propósito de la reforma fue incorporar al Procurador General de la ~epúbli~a par_a que le pudiese ser otorgada la representac1on presidencial_ ~~ los asuntos de su competencia y tal reforma se reqwno para hacerla congruente con una reforma al artíc~o 27 de la propia ley, cuyo contenido más adela_~te se anali~a. _Esta reforma en nada apoya la resoluc1on mayoritaria y confirma la interpretación jurídica que se sostiene en el presente voto particular. La reforma del artículo 19 en estudio publicada en el diario oficial de la federación de 30 de abril de 1968 no toca la materia de la resolución mayoritaria y de este voto par. ticular, pues se limitó a incluir las disposici_ones relativas a las suplencias por ausencia de los Secretarios de Estado y Jefes de Departamentos Administrativ?s, por lo que se hace innecesaria su trascripción y comentario. En el diario oficial de la federación de 31 de diciembre de 1976, se publicó una nueva reforma del artíc~o 19_ la ley de amparo, cuya redacción provoca la d1s~us1on y resolución mayoritaria en 1989; antes d~ analizar esta reforma, es conveniente señalar que hubieron de pasar doce años para que apareciera la inquietu~ s~bre su m!erpretación y se legara a la resolución ma~oritaria, doce anos durante los cuales la disposición fue interpretada :n el sentido de este voto particular, sin que, se hubiese~ producido dudas al respecto. El segundo parrafo del articulo 19 en comento decía: ?e mayo / diciembre de 1993 �270 Voto particular No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites de esta ley, en los términos que determine el propio ejecutivo federal a través del Procurador General de la República, por los Secretarios de Estado y Jefes de Departamento Administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la ley orgánica de la administración pública, o por los subsecretarios, secretarios generales y oficiales mayores de las secretarías y departamentos, durante las ausencias de los titulares de sus respectivas dependencias, de acuerdo con la organiz.ación de éstas y por el citado procurador, cuando el titular del poder ejecutivo le otorgue su representación en los casos relativos a la dependencia de su cargo. En apoyo de la resolución mayoritaria se invocan los siguientes párrafos de la exposición de motivos: El ejecutivo federal ha presentado a la consideración del Honorable Congreso de la Unión iniciativa de ley orgánica de • la administración pública, en la que se ~ropo~e una estructura administrativa del poder ejecutivo que tiene por finalidad principal reunir en un solo ordenamiento las normas que describan a las dependencias de la administración, centralizada y paraestatal, expresen su naturaleza y hablen de sus funciones. En la iniciativa de referencia tiene lugar la redistribución de competencias entre algunas secretarías de estado y figura un departamento administrativo de nueva creación, para lograr mayor coordinación y eficacia en el despacho de los asuntos que corresponde Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Lic. Salvador Rocha Díaz 271 atender en el orden administrativo al Presidente de la República. Entre los cambios que se sugieren, está comprendido el de la trasformación de la Secretaría de la Presidencia, que tomaría el nombre de Secretaría de Programación y Presupuesto, con atribuciones definidas en dichas materias y descargándola, entre otras facultades que ya no resultan acordes con su objeto, de la función que le permite actualmente, con base en lo dispuesto por la fracción VII del artículo 16 de la ley de secretarías y departamentos de estado, desahogar los asuntos que expresamente le encomiende el Presidente de la República, habiéndose comprendido en ellos, las instrucciones del propio ejecutivo federal a los Secretarios de Estado y Jefes de Departamento Administrativo para que lo representen en todos los trámites previstos en la ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud y a efecto de que la atención de los negocios que en materia de amparo aludan al encargado del poder ejecutivo no llegaren a resentir retraso alguno, me permito promover, por el digno conducto de ustedes, iniciativa de reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la mencionada ley de amparo, con la finalidad de que la función que ahora desempeña en este campo la secretaría de la presidencia pase a ser de la incumbencia del Procurador General de la República, consejero jurídico del gobierno, por determinación del artículo 102 constitucional. Debe reconocerse que es la reforma de 1977 la que puede provocar el problema de su interpretación, insistimos, se mayo I diciembre de 1993 �272 Voto particular presenta solamente más de doce años después de su vigencia. Estimamos que la exposición de motivos que se invocó po~ la mayoría, en nada aclara el problema, pues no se refi~r~ ~ la representación del Presid_ente de la República en los JUICIOS _de ~mparo sino exclusivamente al propósito de que las atnbuaones de la Secretaría de la Presidencia en la materia, que desaparecía por reforma simultánea fuesen a~umidas por el Procurador General de la República, pero nmguna de sus expresiones tienen relación alguna con lo que . resulta el punto a discusión y que se ha venido preasando en el presente voto particular; es decir, si el texto contiene una limitación a la facultad del presidente para otorgar su representación en juicio de amparo o establece una forma adicional para otorgarla. En el diario oficial de la federación de 29 de diciembre de 1983 se_Publicó el texto vigente del artículo 19 que ya se h~ transcrito, pero es relevante transcribir un párrafo del dictamen que, durante el proceso legislativo de esta refprma, fue formulado por las comisiones unidas de justicia y la segunda sección de la comisión de estudios legislativos de la cámara de senadores, en el cual se precisa ~l sentido de la reforma, que corrobora y apoya la interpretación jurídica que se sostiene en el presente voto particular: Otra reforma hecha por estas comisiones al texto del artículo 19, que en apariencia es de mera corrección formal, tiene trascendencia al fondo y se refiere a la representación del ciudadano Presidente de la República Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Lic. Salvador Rocha Díar: 273 como autoridad responsable en los juicios de amparo. Tal reforma consiste en otorgar esa personalidad a los inmediatos colaboradores del titular del ejecutivo de la unión, ello en los términos de la respectiva competencia señalada por ]a ley orgánica de la administración pública federal, y en respetar la substitución de titulares de dependencias, tal como lo prevengan los reglamentos interiores de las mismas. Igual substitución se preve para el ciudadano Procurador General de ]a República, en los amparos en que dicho servidor sea designado como autoridad responsable. Así pues, del estudio de los antecedentes legislativos del artículo 19 de la ley de amparo, no encontramos elementos que fortalezcan la resolución mayoritaria y, por el contrario, consideramos que su estudio robustece la conclusión que en este voto particular se sostiene. A mayor abundamiento, la interpretación jurídica que sostenemos para el segundo párrafo del artículo 19 de la ley de amparo se corrobora al estudiarlo en relación al tercer párrafo del artículo 27 de la propia ley, precepto que se refiere a la manera de practicar las notificaciones en esta clase de juicios. El tercer párrafo del artículo 27 de la ley de amparo dispone: Las notificaciones al titular del poder ejecutivo se entenderán con el Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo que deba representarlo en el juicio de amparo o, en su caso, con el Procurador General de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley, de manera que una vez que se mayo I diciembre de 1993 �274 Voto particular haya cumplimentado tal disposición las subsecuentes notificaciones se harán directamente a los funcionarios designados, quienes igualmente intervendrán en las actuaciones procesales procedentes. Las notificaciones al Procurador General de la República le deberán ser hechas por medio de oficio dirigido a su residencia oficial. De la lectura de este precepto se desprende que la interpretación sostenida por la resolución mayoritaria choca con su disposición, puesto que si el Presidente de la República solamente dispone de un medio para otorgar su representación en los juicios de amparo y éste consiste en emplear exclusivamente el conducto del Procurador General de la República, es obvio que la primera notificación al titular del poder ejecutivo debía ser practicada necesaria y exclusivamente al Procurador General de la República, para que éste diese cuenta al Presidente de la República con el juicio de amparo correspondiente y el presidente otorgara su representación en oficio particular y concreto por conducto del mer.:ionado procurador. No porque el acuerJo de representación es posterior a la primera notificación. La disposición del artículo 27 confirma la interpretación jurídica que se sostiene en el presente voto particular, al disponer que las notificaciones al Presidente de la República se entenderán con el Secretario de Estado o Jefe del Departamento Administrativo que deba representarlo en el juicio de amparo, puesto que la representación presidencial ya se encuentra otorgada en los respectivos reglamentos interiores; el precepto en comentario inclusive utiliza un verbo imperativo y no facultativo, estimando que la representación presidencial opera ipso jure por las Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Lic. Salvador Rocha Díaz 275 disposiciones de la ley orgánica de la administración pública federal y de los reglamentos inte~io~es y que, en consecuencia, el Presidente de la Repubhca debe ser representado por el Secretario de Estado o Jefe del Depart~mento Administrativo que sea competente en la materia del amparo. El tercer párrafo del artículo 27 dispone que la notificación al presidente se practicará por conducto d~l Procurador General de la República "en su caso", es dear cuando al Procurador General de la República le competa la materia del amparo. La resolución mayoritaria, para mantener co~gruencia con el artículo que regula las notificaciones al Pres1~ente de la República, requeriría que el artí~ulo 27 estableciera que la primera notificación debe practicarse por conducto del Procurador General de la República y solamente en el caso de que el presidente otorgara su representación_ ~ un Secretario de Estado o Jefe de Departamento adffilmstrativo, se practicarían con el representan~e _designado, cuya designación hubiese sido hecha por el uruco conducto _del que legalmente dispone el presidente para hacerla; s1 el Presidente de la República no designara representante por conducto del Procurador General de la República Y en oficio singular y concreto, todas las notificaciones deberían practicársele precisamente por medio de~ Procurador General de la República, todo lo cual no lo dice el precepto que se ha transcrito. Por el contrario, el precepto que se ha transcrito es congruente con la interpretación jurídica que ~: sostie~e en este voto particular, dado que la representaaon presiden- mayo I diciembre de 1993 �276 Voto particular cial puede ser otorgada por diversos medios, entre ellos por las disposiciones de los reglamentos interiores, lo que permite que la notificación al Presidente de la República se haga por conducto del Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo a quien 1a haya otorgado en el reglamento interior correspondiente, o al Procurador General de la República si es materia de su competencia. Finalmente, debe hacerse notar que la resolución mayoritaria parte además de un supuesto no demostrado, que lo es el que el Procurador General de la República tiene asignada la representación presidencial genérica, lo que carece de todo fundamento jurídico. En efecto, el artículo 102 constitucional dispone, en su último párrafo, que el Procurador General de la República será el consejero jurídico del gobierno, pero ello no lo convierte en representante legal del Presidente de la República, sin que los párrafos precedentes puedan estimarse fundamento de la representación presidencial a su favor en los juicios de amparo, por lo que carecería de apoyo constitucional la disposición del artículo 27 de la ley de amparo. Si se asume que ningún funcionario del ejecutivo federal tiene la representación del Presidente de la República en los juicios de amparo en que se le señale como autoridad responsable, la primera notificación debería de serle practicada directamente al propio presidente, a efecto de que él la otorgara, según la resolución mayoritaria, por conducto del Procurador General de la República al Secretario de Estado, Jefe de Departamento Administrativo o al propio procurador, según lo determinara el ámbito competencial establecido por la ley orgánica de la administración pública federal. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Dr. Valdemar Martínez Garza 277 Sección Jurisprudencia LA REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL JUICIO DE AMPARO (Interpretación del artículo 19 de la Ley de Amparo) DR. VALDEMAR MARTINEZ GARZA* :1 .d 1 primer párrafo del El principio general establec1 o:: sentido de que las artículo 19 de la ley de amparo, e~en ser representadas en autoridades responsables no pue . ten salvedades en los . d tías empero, ex1s el juioo e garan ' . • ·ti . por lo que, párrafos subsecuentes de dicho d1spos1 vo, U N A M.. miembro fundador y * Doctor en derecho por_la ..d . a~p~ro en la Facultad Libre profesor de amparo y se~a:rá:co de derecho procesal penal de Derecho de Mon_terr~y, cat l s director de la Revista de la en la maestría en c1enc1a_s p~na Soc e ~ l de la U.A.N.L. Abogado es la firma BENITEZ, Facultad de Derecho y Ctenc,as d d ta de . mbro fun a or L litigante Y nue CHAPA 5 c. de Monterrey, N . ., 5 MARTINEZ, SAUNA , Y ' . ' mayo ¡ diciembre de 1993 �278 La Representación del Presidente de la República en el fuicio de Amparo Dr. Valdemar Martínez Garza estimándolo necesario para el desarrollo de este apartado, me permitiré transcribirlo íntegramente: ros contra actos del Presidente de la República, se consigna en el párrafo segundo que éste sí puede ser representado en el juicio de garantías, pero para ello es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: Artículo 19.- Las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán por medio de un simple oficio, acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen y hagan promociones. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites establecidos por esta ley, en los términos que determine el propio ejecutivo federal por el conducto del Procurador General de la República, por los Secretarios de Estado y Jefes del Departamento Administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas por la ley orgánica de la administración pública federal. En estos casos y en los juicios de amparo promovidos contra los titulares de las propias dependencias del ejecutivo de la unión, éstos podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos interiores que se expidan conforme a la citada ley orgánica. En los amparos relativos a los asuntos que correspondan a la procuraduría federal de la república, su titular podrá también representar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y ser suplido por los funcionarios a quienes otorgue esta atribución el reglamento de la ley orgánica de dicha procuraduría. El propio artículo 19, señala expresamente las excepciones a dicha regla general, y así, en tratándose de ampaRevista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 279 lo. Que exista un acuerdo expreso para cada caso particular emitido por el ejecutivo federal; 2o. Que dicho acuerdo se comunique por conducto del Procurador General de ta República; y, 3o. Que la representación recaiga en el Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo a que corresponda el asunto, conforme a la distribución de competencias establecida en la ley orgánica de la administración pública federal; y en este último supuesto, si el asunto comprendiera a varias secretarías de estado diversos departamentos administrativos, cualquiera de ellos podrá ser designado para ejercer la representación presidencial. El mismo espíritu que informa el segundo párrafo del preinvocado artículo 19, se contiene en el segundo párrafo del numeral 14 de la ley orgánica de la administración pública federal, que a la letra dice: Art. 14.- Al frente de cada secretaría habrá un Secretario de Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliara por los subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, oficina, sección y mesa y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales. mayo I diciembre de 1993 �280 La Representación del Presidente de la República en el Juicio de Amparo Dr. Valdemar Martinez Garza En los juicios de amparo, el Presidente de la República podrá ser representado por el titular de la dependencia a que corresponde el asunto, según la distribución de competencias. En el supuesto de que el Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo que corresponda, estuviere ausente, y por ende, tuviere imposibilidad para representar al Presidente de la República, el ejecutivo federal no estaría indefenso durante el trámite del juicio de garantías, pues en tal evento, el tercer párrafo del propio artículo 19, indica que en estos casos y en los de amparos promovidos contra los titulares de las propias dependencias del ejecutivo de la unión, éstos podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los respectivos reglamentos interiores, expedidos conforme a la ley orgánica de la administración pública federal. Por último, de conformidad con el último párrafo del artícL. 10 19 aludido, quien también tiene la facultad para representar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos lo es el Procurador General de la República, cuando en los amparos de que se trate, el asunto corresponda a esta institución; y en ausencia del procurador, éste debe ser suplido por los funcionarios establecidos en el reglamento de la ley orgánica de la procuraduría. I Disposiciones similares a las de los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 19, se contiene en el artículo 18 de la ley orgánica de la administración pública federal, que a la letra dice: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 281 Art. 18.- En el reglamento interior de cada una de las secretarías de estado y departamentos administrativos, que será expedido por el Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias. Como se ve de lo expuesto, el artículo 19 de la ley de amparo, sólo contiene la figura jurídica de la representación de las autoridades responsables cuando se trate de las federales, y específicamente las siguientes: l. Presidente de la República; 2. Secretarios de Estados; 3. Jefes de Departamento Administrativo; y, 4. Procurador General de la República. Luego entonces, ninguna otra autoridad responsable fuera de las señaladas con anterioridad, goza del derecho a ser representada en el juicio de garantías. Este interesante punto acerca de la representación del Presidente de la República en el juicio de amparo, fue sometido a la decisión del pleno de la Suprema Corte de Justicia, en sesión del día 8 de junio de 1989, a ponencia del Mtro. Mariano Azuela Güitrón, y resuelto por mayoría de 14 votos en el sentido de que es menester que el ejecutivo federal emita acuerdo expreso en el que haga la designación de su representante en el juicio constitucional, y que además se comunique mediante oficio por conducto del Procurador General de la República al servidor público designado, y que éste último, acompañe a los autos del juicio respectivo el oficio que acredite su nombramiento. La empresa quejosa, EXCEL-LENS, S.A., promovió juicio indirecto de garantías contra actos del H. Congreso de la mayo I diciembre de 1993 �282 La Representación del Presidente de la Reptíblica en el Juicio de Amparo Dr. Valdemar Martínez Garza Unión y otras autoridades, ante el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, en el que reclamó substancialmente la ley de ingresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1988, en lo que se refiere al impuesto sobre nóminas, habiéndosele concedido la protección federal el 11 de noviembre de 1988; y contra dicha resolución, el Secretario General de Gobierno del Departamento del Distrito Federal, en ausencia del jefe de dicho departamento, y en representación del Presidente de la República interpuso el recurso de revisión. Como lo dije con anterioridad, este asunto fue de importancia tal que se resolvió por el pleno de nuestro más alto tribunal, no obstante que no era materia de estudio la constitucionalidad de la ley reclamada, sino la procedencia o no del recurso de revisión que interpusiera el Secretario General de Gobierno del Departamento del Distrito Federal, en nombre del jefe de dicho departamento, y éste a su vez, en representación del Presidente de la República. En efecto, el punto primero, fracción I, del acuerdo 1/88, emitido el 19 de enero de 1988, por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice a la letra: 2 El recurso se admitió por el presidente de la Suprema Corte de justicia, mediante auto proferido el 12 de enero de 1989, formándose el toca en revisión 8/89. PRIMERO. El Pleno enviará a las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en su caso, éstas conservarán, para su resolución, los asuntos, que a juicio del ministro ponente, queden comprendidos en las siguientes hipótesis: Transcribiré sólo en lo conducente la parte de la ejecutoria en comento: 1 Ahora bien, ni en los autos del juicio de garantías, ni en los relativos al recurso de revisión consta documento alguno por el cual el Presidente de la República, por conducto del Procurador General de la República haya designado como su representante en el presente asunto, en los términos del artículo 19 de la ley de amparo, al Jefe de Departamento del Distrito Federal, por lo que este último no tiene ese carácter, pues para ello es necesario un acuerdo específico del titular del ejecutivo federal por el que confiere dicha representación... 283 l. Los juicios de amparo en rev1s1on en los que habiéndose reclamado la inconstitucionalidad de una ley federal o local o de un tratado internacional, no proceda entrar al examen de esa cuestión por tener que sobreseer en el juicio, reponer el procedimiento, tener por desistido al quejoso del juicio o al recurrente, decretar la caducidad de la instancia o desechar el recurso; ... Como se ve de la transcripción hecha, en principio, la competencia recae en la Sala a la que se encuentra adscrito el ministro ponente, sin embargo, por la importancia 1 Amparo en revisión 8/89. EXCEL-LENS, S.A. Ponente: Mtro. Mariano Azuela Güitrón. Sría.. Ma. Esthela Ferrer Mac Gregor. 8 de junio de 1989. Mayoría de 14 votos. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 2 Gaceta del semanario judicial de la federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, No. 1, febrero de 1988, pág. 50. mayo I diciembre de 1993 �La Representación del Presidente de la República en el Juicio de Amparo Dr. Valdemar Martínez Garza relativa a la interpretación del artículo 19 de la ley de amparo, y de conformidad con la fracción XXXVII del artículo 12 de la ley orgánica del poder judicial de la federación, y el punto quinto del acuerdo 1/ 88 a que me referí anteriormente, se determinó que fuera el pleno de nuestro más alto tribunal quien resolviera acerca el punto cuestionado, y con ello evitar criterios contradictorios en las distintas salas de la Suprema Corte de Justicia. El señor ministro Don Salvador Rochp Díaz, inconforme con la resolución mayoritaria, formuló un acucioso voto particular en el que en esencia sostiene dos argumentos torales: lo. Que si el otorgamiento de la representación del Presidente de la República por conducto del Procurador General de la República fuera un limitante, debería estar dentro de la ley orgánica de la administración pública federal; y, que la representación del presidente a través del procurador, es sólo una de las formas en que dicha representación puede ser conferida, e incluso, agrega en apoyo de esto último, la posibilidad de acudir al mandato representativo regulado por el código civil, del que en su opinión, puede hacer uso el propio presidente. 284 Las disposiciones que sirvieron de fundamento para que fuera el pleno de la Suprema Corte quien conociera del asunto preinvocado, son del tenor siguiente: Art. 12. Son además, atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno, las siguientes: XXXVII. Dictar acuerdos generales para remitir a las salas de la Suprema Corte de Justicia, para su resolución, aquellos asuntos que por sus características especiales considere que no requieran de su intervención. Sin embargo, si las Salas estiman que en algún caso existen razones graves para que lo resuelva el Pleno, las harán de su conocimiento para que éste determine lo que corresponda. Por su parte, el punto quinto del acuerdo 1/88, señala lo siguiente: 3 QUINTO. El Pleno podrá, si lo estima conveniente, resolver un asunto aunque se encuentre en alguna de las hipótesis seña lada en este acuerdo. Op. cit. Pág. 52. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales continuación me permitiré transcribir conducente la parte relativa del voto particular: A 285 en lo El otorgamiento de la representación presidencial en un juicio de amparo por conducto del Procurador General de la República y en oficio expreso y singular, no es una limitación a la facultad legal de otorgar dicha representación, pues si así fuera tal limitación debería estar incorporada a las disposiciones de la ley orgánica de la administración pública federal, en el artículo 14 que se ocupa de la materia o en cualquier otro precepto; pero no es así, pues la simple lectura del ordenamiento últimamente citado nos permite concluir, como ya lo señalamos, que la única limitación que tiene el Presidente de la República para otorgar su representación en juicio de amparo, consiste en que la misma se otorgue al Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo a quien corresponda la materia del juicio respectivo, única limitación en la que ambos ordenamientos se encuentran coincidentes. mayo I diciembre de 1993 �287 La Representación del Presidente de la República en el Juicio de Amparo Dr. Valdemar Martínez Garza La correcta interpretación jurídica del segundo párrafo del artículo 19 de la ley de amparo nos permite afirmar que el otorgamiento de dicha representación por conducto del Procurador General de la República y en oficio expreso y singular, no es una limitación legal a la facultad de otorgar dicha representación, sino constituye una de las varias formas en que la representación presidencial puede ser otorgada. 4 interesantes, empero, no comparto el criterio del señor ministro Rocha Díaz. 286 No es materia de la resolución mayoritaria ni por ello de este voto particular, el analizar otras formas de otorgamiento de la representación presidencial en juicios de amparo, pero con propósitos ilustrativos podemos afirmar que otra forma de otorgar tal representación lo constituye la establecida por el código civil al regular el mandato representativo. No consideramos que pudiera cuestionarse la validez y eficacia jurídica de un mandato representativo otorgado notarialmente por el Presidente de la República a favor de un Secretario de Estado, siempre y cuando se respetara la única limitación legal que existe y qt. = ya se ha señalado, es decir que se otorgara a favor del Secretario de Estado a quien corresponde la materia del asunto según la distribución de competencias contenida en la ley orgánica de la administración pública federal. 5 No puedo menos que reconocer que los argumentos y consideraciones de este voto particular 6 son de suyo Páginas 13 y 14 del voto particular presentado el 12 de septiembre de 1990, por conducto de la secretaría general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 Op. cit. Pág. 16. 6 Una síntesis de la cuestión debatida, así como el voto particular del señor ministro Salvador Rocha Díaz, aparece publicado en estudios jurídicos y otros escritos, voto particular. Interpretación del artículo 19 4 Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales No creo que las limitaciones a la representación del Presidente de la República en el juicio de amparo deban ser incluidas o reguladas en la ley orgánica de la administración pública federal, pues atendiendo al principio general de "especialidad de la ley", y por la índole de la materia constitucional que regula, tales limitaciones sólo pueden concebirse en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la ley de amparo. Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 14 de la ley orgánica de la administración pública federal señala que "en los juicios de amparo, el Presidente de la Repúb_lica podrá ser representado por el titular de la dependencia a que corresponda el asunto, según la distribución de competencias", es decir, la posibilidad de que se acuda en representación del presidente, depende de la potestad de éste último, y no de una decisión personal del que pretenda representar al ejecutivo federal, quien si así lo deter~~, otorgará la representación o acudirá directamente al JUICIO de amparo. No obsta a lo anterior el contenido del artículo 18 de dicha ley orgánica, en que se faculta al Presidente de la República para expedir el reglamento interior de cada de la ley de amparo en materia de representación del Presidente de la República, pp. 291 a 316. Editorial Harla, colección estudios jurídicos, México, 1991. mayo I diciembre de 1993 �288 La Representación del Presidente de la República en el Juicio de Amparo secretaría de estado y departamentos administrativos en el ~ue se determina la fo~ma en que podrán ser suplid~s los titulares en sus ausencias, pues precisamente regula esto: 1~ manera en que habrán de suplirse las ausencias de los titul~r~s d~ secretarías de estado y departamentos adnurustrativos, pero de ninguna manera la decisión personal de éstos para representar o no, al Presidente de la República en los juicios de amparo en que este último sea llamado como autoridad responsable. En apoyo a lo dicho en el sentido de que se requiere acuerdo expreso del Presidente de la República para que sea representado en juicio de amparo, transcribiré literalme!1te en lo ~u~ corresponde el segundo párrafo del articulo 19 y el último párrafo del 27 de la ley de amparo: Dr. Valdemar Martínez Garza 289 notificaciones se harán directamente a los funcionarios designados, quienes igualmente intervendrán en las actuaciones procesales procedentes... Resulta incuestionable a mi modo de ver, que la determinación del ejecutivo federal sobre la representación que otorgue en el juicio de amparo (artículo 19), y las notificaciones subsecuentes a los funcionarios designados por el propio Presidente de la República (artículo 27), arrojan la inequívoca conclusión de que se requiere acuerdo expreso para que el Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo represente al titular del poder ejecutivo federal, y que tal acuerdo, deberá ser comunicado por conducto del Procurador General de la República mediante oficio expreso para cada caso. ~- 119. ... N? obstante lo dispuesto en el párrafo antenor, el Presidente de la República podrá ser representad? e~ todos los trámites establecidos por esta ley, en los tennuws que determine el propio ejecutivo federal por el conducto del Procurador General de la República por l?s _Secr~tarios de Estado y Jefes de Departament¿ Admi-rustrattvo a quienes en cada caso corresponda el a~unto, según la distribución de competencias estableodas por la ley orgánica de la administración pública federal. . ~- 27. ... Las ~otificaciones al titular del poder e1ecutivo se entenderan con el Secretario de Estado O Jefe de Departamento Administrativo que deba representarlo en el juicio de amparo, o, en su caso, con el Procurador General de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1~ de esta ley, de manera que una vez que se haya cwnplirnentado tal disposición las subsecuentes mayo I diciembre de 1993 Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales �Lic. Mauro Cruz Garza 291 NUESTRO ACONTECER LIC. MAURO CRUZ GARZA* La historia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, al igual que la de cualquier otra institución educativa, se forja día a día; con el esfuerzo del catedrático por transmitir su conocimiento y experiencia, y con la participación entusiasta de una juventud ávida por absorber el conocimiento universal. Dentro de este contexto de inquietudes, nuestra facultad se ha preocupado por fomentar en el educando y en el docente el hábito de la investigación, instituyendo el ya tradicional concurso Dr. Honoris Causa Abelardo A. Leal Leal. Asimismo, para fortalecer lo aprendido en las aulas y actualizar conocimientos, se promueven constantemente conferencias con destacadas personalidades del ámbito jurídico. Dentro de este renglón, nuestra facultad ha organizado ciclos conferenciales, de los cuales hacemos mención: * Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. mayo I diciembre de 1993 �292 Nuestro acontecer Seminario de derecho ambiental. 26 y 27 de febrero de 1993. Lic. Ma. del Carmen Carmona Lara. Directora del departamento de derecho ambiental del instituto de investigaciones jurídicas de la U.N.A.M. Cirugía transexual y el derecho. 293 Lic. Mauro Cruz Garza La legítima defensa. 22 de marzo de 1993. Lic. José Luis Cantú Velázquez. Catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.A.N.L. Funciones del tribunal contencioso administrativo. 23 de marzo de 1993. 10 de marzo de 1993. Lic. Adolfo J. Trevíño. Lic. Carlos Hidalgo Riestra. Ex-magistrado de circuito. Presidente del tribunal de lo conten~1oso administrativo en el estado de Nuevo Leon. Fundamento y esencia de los derechos humanos. 24 de marzo de 1993. Acto reclamado en el amparo directo e indirecto. 23 de marzo de 1993. Dr. Agustín Basave Fernández del Valle. Dr. Héctor G. Zertuche García. Miembro del comité estatal de derechos humanos en el estado de Nuevo León. Cátedra inaugural de derechos humanos. 25 de marzo de 1993. Dr. Osear Arias Sánchez. Premio nobel de la paz 1989; ex-presidente de Costa Rica. Reformas constitucionales (artículos 27103). 22 de marzo de 1993. Lic. Porfirio Díaz Treviño. Jefe de asuntos jurídicos de la delegación de la secretaría de comunicaciones y transportes. . Jefe de la división de estudios de_ postg~ado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.A.N.L. Nuevo procedimiento en materia de arrendamiento. 23 de marzo de 1993. Lic. Abraham Guillén Sandoval. . . .. Juez tercero de lo civil del ler. distrito Judicial en el estado de Nuevo León. Reformas al código de procedimientos civiles en materia de arrendamiento. 24 de marzo de 1993. Lic. Roberto Garza Alanís. mayo / diciembre de 1993 Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales �294 Nuestro acontecer Lic. Mauro Cruz Garza Juez quinto de lo civil del ler. distrito judicial en el estado de Nuevo León. Magistrada de la tercera sala del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León. Organigrama actual de la administración pública estatal. 24 de marzo de 1993. Procedimiento contencioso administrativo. 25 de marzo de 1993. Lic. Yolanda García de Vargas. Directora del departamento jurídico en el estado de Nuevo León. La filiación. 24 de marzo de 1993. Lic. José Manuel Re11na de la Fuente. Director del registro civil en el estado de Nuevo León. La sucesión legítima. 24 de marzo de 1993. Lic. Osear Muraira Contreras. Magistrado de la quinta sala del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León. Introducción a las acciones. 25 de marzo de 1993. Lic. Jesús Flores Treviño. Magistrado de la comisión federal electoral en el estado de Nuevo León. Divorcio necesario bajo causal de adulterio. 25 de marzo de 1993. · Lic. Ma. Graciela Huerta Treviño. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 295 Lic. Adolfo J. Treviño. Presidente del tribunal de lo contencioso administrativo en el estado de Nuevo León. Las reformas en materia de arrendamiento. 25 de marzo de 1993. Lic. Gloria Alicia Adame Míreles. Secretario de la tercera sala del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León. Derecho angloamericano. 26 de marzo de 1993. Lic. Francisco Gutiérrez Caballero. Maestro de la división de estudios de postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.A.N.L. Origen, organización y funcionamiento del poder legislativo federal. 26 de marzo de 1993. Dip. César Lucio Coronado. Diputado local de la LXVI legislatura en el estado de Nuevo León. El nuevo procedimiento de arrendamiento. 26 de marzo de 1993. mayo I diciembre de 1993 �296 Nuestro acontecer Lic. Luis Villarreal Galindo. Juez séptimo civil del ler. distrito judicial en el estado de Nuevo León. El Nuevo procedimiento de arrendamiento. 26 de marzo de 1993. Lic. Catarino García Herrera Secretario ejecutivo de la comisión estatal de derechos humanos en el estado de Nuevo León. Los derechos humanos. 6 de mayo de 1993. Dr. Lorenzo de Anda y de Anda. Presidente de la comisión estatal de derechos humanos en el estado de Nuevo León. La personalidad jurídica de las sociedades mercantiles y la sociedad anónima. 12 de mayo de 1993. Lic. Julio N. Garza. Ex-rector del colegio de abogados de Nuevo León;y Lic. Berlín Zavala Carranza.. Magistrado de la primera sala del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León. Operaciones bancarias y operaciones de crédito. 13 de mayo de 1993. Lic. Camilo Villarreal Alvarez y Lic. Francisco J. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 297 Lic. Mauro Cruz Garza Guerra Sepúlveda. Abogados postulantes. Títulos de crédito y acciones cambiarías. 14 de mayo de 1993. Lic. Héctor Villegas Olivares. Notario público; y Lic. Ramiro Cruz Carrillo. Director jurídico del mumc1p10 de San Nicólas de los Garza, Nuevo León. Planeación U.A.N.L. del trabajo docente en la 22 al 26 de mayo de 1993. La importancia del derecho. 17 de agosto de 1993 Lic. Genaro Salinas Quiroga Decano de la U.A.N.L. Reformas a los artículos constitucionales 16, 19, 20, 107 y 119. 23 de septiembre de 1993 Dr. Valdemar Martínez Garza, Director de la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.A.N.L., Y Dr. Héctor G. Zertuche García. Jefe de la división de estudios de_postg~ado de la Facultad de Derecho y Ciencras Sociales de la U.A.N.L. mayo I diciembre de 1993 �Lic. Mauro Cruz Garza Nuestro acontecer 298 Nuevas tendencias de la legislación municipal. 24 de septiembre de 1993. Dr. Fernando Vázquez Alanís. Presidente ejecutivo del instituto de administración pública en el estado de Nuevo León. Curso de técnicas de interrogatorio. 4 y 9 de octubre de 1993. Lic. Richard Alanís. Amparo contra leyes. 5 de octubre de 1993. Lic. José L. Rodríguez Santillán. Juez de distrito en el estado de Nuevo León. Reformas constitucionales (artículos 27 y 130). 5 de octubre de 1993. Lic. Sergio Elías Gutiérrez. Maestro de la división de estudios de postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.A.N.L. Reformas constitucionales (artículos 16 y 19). 6 de octubre de 1993. Dr. Héctor G. Zertuche García. Jefe de la división de estudios de postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.A.N. L. Revista de la F:u:ultad de Derecho y Ciencias Sociales 299 Reformas constitucionales (artículos 20, 107 y 119). 7 de octubre de 1993. Dr. Valdemar Martínez Garza. Maestro de la división de estudios de postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.A.N.L. Suspensión con efectos restitutorios en el juicio de amparo. 8 de octubre de 1993. Lic. Genaro D. Góngora Pimentel. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa. Interpretación de los artículos 8 y 9 de la ley de amparo. 9 de octubre de 1993. Dr. Genaro D. Góngora Pimentel. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa. Nuevos derroteros en la criminología. 15 de octubre de 1993. Dr. Luís Rodríguez Manzanera. Investigador de la Universidad La Salle. Bases del derecho penitenciario. 15 de octubre de 1993. Dr. Antonio Sánchez Galíndo. Investigador de la U.N.A.M. mayo I diciembre de 1993 �300 Nuestro acontecer Problemática del derecho victimal. 16 de octubre de 1993. Dra. Ma. de la Luz Lima Malvido. Investigadora de la U.N.A.M. Problemática del juez penal en México. 16 de octubre de 1993. Lic. Marco Antonio Leija Moreno. Subprocurador de justicia en el estado de Nuevo León. Reformas a la ley de sociedades mercantiles. 18 de octubre de 1993. Lic. Héctor Villegas Olivares. Notario Público en el estado de Nuevo León. Nuevo procedimiento especial de arrendamiento. 19 de octubre dt! 1993. Lic. César Luís Aranda. Abogado postulante. Conflicto de leyes en el espacio (artículo 20 código civil de Nuevo León). 20 de octubre de 1993. Lic. Jorge de Garza Cadena. Abogado postulante. Los tribunales agrarios. 25 de octubre de 1993. 301 Lic. Mauro Cruz Garza Magistrado Tamaulipas. federal en Cd. Victoria, Reformas al artículo 27 constitucional. 26 de octubre de 1993. Lic. Arturo Charles Charles. Subsecretario de gobierno en el estado de Nuevo León. La ley agraria en México. 26 de octubre de 1993. Líe. David de la Fuente. Magistrado federal en el estado de Nuevo León. Capacitación y adiestramiento en materia laboral. 27 de octubre de 1993. Lic. Blanca Palomares. La naturaleza jurídica de la tenencia de la tierra (caso Nuevo León). 27 de octubre de 1993. Lic. Arturo Charles Charles. Subsecretario de gobierno en el estado de Nuevo León. Capacitación y empleo en México. 28 de octubre de 1993. Lic. Blanca Palomares. Lic. Onésimo Gómez. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales mayo I diciembre de 1993 �302 Nuestro acontecer La ley del seguro social: sus últimas reformas. 9 de noviembre de 1993. Lic. Sergi.o Armando Valls Hernández. Subdirector general jurídico del I.M.S.S. Cobertura de los servicios de seguridad social, en Nuevo León. 10 de noviembre de 1993. Dr. Enrique Serna Elizondo. Delegado regional del !.M.S.S., en el estado de Nuevo León. El contrato colectivo del I.M.S.S. 11 de noviembre de 1993. Lic. Porfirio Marquet Guerrero. La Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U A.N.L., fue elaborada en una computadora Macintosh Centris 610 (System 7.1), usando Page Maker 4.2. En el cuerpo del trabajo se uso la tipografía Adobe Palatino (10, 11 y 12 pts.). En el diseño de la portada se uso Free Hand 3.1. La impresión profesional fue realizada en una Laser Writer Pro 600, a 300 Dpi. Jefe de la división de contratos del 1.M.S.S. 50 años de seguridad social en México. 12 de noviembre de 1993. Lic. Ma. Guadalupe Emilia Martín Amaya. Jefa de operación de delegaciones del 1.M.S.S. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales La edición consta de 1,000 ejemplares, más sobrantes para reposición. Se terminó de imprimir el día 28 de Febrero de 1994 en la Editorial de la Facultad de Derecho y Ciencia~ Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ��Mauro Cruz Garza.- Presentación Valdemar Martínez Garza.- Editorial. O SECCION DOCTRINAL Ma. de Jesús Aguirre Maldonado.- El abuso sexual. Agustín Basave Femández del Valle.- Fundamentos filosóficos de los derechos humanos. Hernando Devis Echandía.- El nuevo código procesal civil de Tamaulipas. Genaro David Góngora Pimentel.- Algunas consideraciones sobre la suspensión de oficio. Valdemar Martínez Garza.- Análisis del artículo 159, fracción II, de la ley de amparo. Quijano, Casares, Borja y Reséndez.- Unificación jurídica de América Latina. O SECCION JURISPRUDENCIA Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.- Instituciones de crédito, ley de; Interés legal en materia mercantil. Arturo Díaz Bravo.- Discrepancias al interés legal mercantil del 6% anual. Héctor G. Zertuche García.- Comentarios en tomo al interés leg¡il mercantil del 6% anual. Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Interpretación del artículo 19 de la Ley de Amparo, en materia de representación del Presidente de la República. Amparo en revisión: 8/89 Excel-Lens, S.A. Salvador Rocha Díaz.- Voto particular que emite en relación al amparo en revisión 8/89, promovido por Excel-Lens, S.A. Valdemar Martínez Garza.- Representación del Presidente de la República en el jtúcio de amparo. .O NUESTRO ACONTECER 1993 11 UANL 11 ANIVli!ISIRIO 19JJ-199l � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Derecho Y Ciencias Sociales Año de publicación El año cuando se publico 1993 Época Época del la revista Cuarta Volumen Volumen de la revista 1 Número Número de la revista 2-3 Mes de publicación Mes cuando se publicó Mayo-Diciembre Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Tetramestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1784899&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales, 1993, Cuarta Época, Vol 1, No 2-3, Mayo-Diciembre Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Longoria, Samuel, 1934-, Director Subject The topic of the resource Derecho Derechos civiles Publicaciones periódicas Leyes Jurisdisprudencia Filosofía del derecho Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Martínez Garza, Valdemar, Director Flores Longoria, Samuel, 1934-, Coordinador Editorial Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/05/1993 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016574 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. San Nicolás de los Garza, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. 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