https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/380/14659/UNIVERSIDAD_CRITICA_Cuadernos_de_educacion_y_cultura_universitaria._1978._Vol._1._No._4._Junio-Julio._0002016875.ocr.pdf 1243db5f29ea9031b0279920c4f45aaf PDF Text Text �:um. Ctas. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ~úm. Autor NOIII. Ada. - JORGE MARIO GARCIA LAGUARDIA CESAR PAMANES NARVAEZ /-;2,J"1Z5"t)"ít''3 .,.,------ 1. Pl'Ocldeftcla Pn!lcio Fecha Clasificó ---------- m, Catalogó.:----------- LA LECISLACION UNIVERSITARIA • t .. .. BlBUOTECA UNIVERSlTARlA "ALFONSO REY&S', Dirección General de Preparatorias Sub-Dirección de Extensión UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LIDN �JORGE MARIO GARCIA LAGUARDIA, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta última institución. CESAR PAMANES NARVAEZ, Licenciado en cien"Universidad Critica" se publica mensualmente en la Dirección General de Preparatorias. Sus objetivos son estimular la investigación y cultura universal y ser vehículo de extensión y comunicación universitaria. cias jurídicas, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesor de la preparatoria número veintidós de la UANL y director de la misma. Actualmente ocupa la jefatura del Departamento Jurídico de la Universidad. �LINEAMIENTOS JURIDICOS * DE LA UNIVERSl,DAD -EN AMERICA LATINA ) JORGE MARIO GARCIA LAGUARDIA * Parte introductoria del texto Legislación universitaria de América Latina, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. �A. Introducción. La institución universitaria ha ·sido materia que se ha incluido en el más alto nivel de la estructura jurídico-política de varios países de América Latina. "' Frente a la presencia de la Universidad como materia de algunos ordenamientos constitucionales, hemos podido apreciar que su inclusión responde a la necesidad de abstraer a la institución universitaria de las variaciones que resultan de la dinámica política a que está sujeto un país por la limitación temporal, de hecho o de derecho, de los hombres o los partidos en el poder. La disposición constitucional ofrece a la Universidad la rigidez que la norma fundamental otorga a la estructura orgánica del Estado determinada por la Constitución; y en esta forma la coloca a salvo del Decreto que eventualmente puede alterar sus finalidades esenciales en detrimento del principio de estabilidad, que condiciona el proqreso de la investigación, docencia, formación cultural, extensión- y cooperación social como funciones naturales de la institución. B. La Universidad y la Constitución. El constitucionalismo liberal tiene en América Latina una accidentada historia y se realiza, al menos formalmente, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando una serie de textos reafirman la decisión por los principios demoliberales anunciados por la generación de independencia. Tardíamente se lograba una BlBLIOTF.cA UNIVERSITARIA "ALFONso ~ �etapa más en la lucha del individuo contra el poder público en busca de garantizar un mínimo de libertades. Pero la vinculación al proceso económico mundial y el crecimiento que ésta aparejó, trajo como consecuencia que la región se viera abocada a nuevos requerimientos legales que se tradujeron en una reforma global de la orientación de su constitucionalismo. A partir de principios de siglo se produjo un cambio visible en áreas importantes de la región, que trajo como consecuencia el surgimiento de nuevos 5ectores sociales, un incipiente proletariado industrial y la ampliación inusitada de una clase media que a partir de la primera guerra, pretende acceder al poder político del cual la vieja oligarquía decimonónica la había cuidadosamente alejado. La transformación económica que estaba en su base, obligó a un replanteamiento político, que reconocía expresamente el intervencionismo del estado en la vida económica y social: "insistiendo en que la política económica de los últimos cincuenta o sesenta años no había creado una 'vida nacional plena' porque había sido concebida en el vacío, los nuevos dirigentes de los sectores medios prometieron no solamente el progreso económico sino también la democracia social. A las abstracciones políticas y morales por las que sus dirigentes habían luchado durante el período de la independencia añadieron la exigencia de que se pusiera a disposición de los electores que votaran sus plataformas una participación mayor en los beneficios materiales y culturales que había hecho posibles la técnica del siglo XX. Insistían en que el económico 8 fuera el principal problema político y que se agregaran garantías sociales a las garantías individuales".1 .. Y así aparece una gran corriente desde la primera guerra que se acentúa después de la segunda, que tiende a la constitución de los derechos sociales, la extensión de la democracia, ampliación de problemas tratados constitucionalmente, limitación formal del poder ejecutivo y tecnificación del aparato constitucional. Que se inicia precisamente con un texto americano, la Constitución mexicana de 1917, pero que adquiere resonancia universal con la promulgación de la Constitución rusa de 1918 y especialmen+e con la alemana de Weimar de 1919, dent ro de cuya tendencia deben incluirse las cartas fundamentales de España del 31 , de Austria y Checoslovaquia de la primera posguerra y de la soviética de 1936.2 Dentro de los textos constitucionales la recepción de una temática nueva, que terias antes reservadas a la legislación a las que se les da una mayor jerarquía. se produce recoge maordinaria y Junto a los l John Johnson, la transformación política de América latina. Surgimiento de los sectores medios. Estudio preliminar de Sergio Bagú (Buenos Aires: Librería Ha~hette, 1961). 2 Sobre el constitucionalismo ver los clásic:>s, Mirkine Guetzevitch, Las nuevas tendencias c!el derecho constitucional (París: 1931); Carlos García Oviedo, El constitucionalismo de posguerra (Sevilla: 1931). La literatura sobre el tema es profusa. Entre otros: José Gascón y Marín, "la política social en el derecho constitucional contemporáneo", Información Jurídica, No. 59 (Abril, 1948) Págs. 3-28; César Enrique Romero, "Esbozo hist6rico del estado y sus direcciones contemporá:ieas. Constitucionalismo social", Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina, Año XIX, Nos. 3 y 4 (Juliodiciembre, 1955) Págs. 591-621; Fernando Murillo Rubiera, "Contenido de la revolución iberoamericana", Revista de Estudios Políticos, No. 131 (Septiembreoctubre, 1963) Págs. 2(¡9-195; Sergio García Ramírez, "Lo social en los sistemas jurídicos constitucional e internacional contemporáneo", Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Año I, No. l , Nueva Serie (Enero-abril de l 968) Págs. 119-162. Con referencia especial a la región ver el excelente libro de Je>sé Mira,da, Reforma y tendencias constitucionales recientes de la América Latina, 1945-1956 (México: Instituto de Derecho Comparado, U.N.A.M., 1957) y Las cláusulas económico-sociales en las constituciones de América, Publicaciones de la Academia de Ciencias Económicas, 2 Vis., (Buenos Aires: editorial Losada, 1947). 9 �principios que tradicionalmente orientaban el contenido de las constituciones, en busca de una mayor y definitiva limitación de los gobernantes en favor de los gobernados -que llevaron en un momento a un estado gendarme, espectador simple del proceso social-, ~parecen otros, orientados, más bien a garantizar al individuo frente "a la abstención estatal", fijándole al poder público una serie de obligaciones en campos que antes tenía vedados. El intervencionismo estatal se hace evidente en muchos aspectos y en orden a la cultura, se considera que el acceso a sus beneficios es imperativo indispensable para el desarrollo de las nuevas sociedades. Así, en muchas constituciones aparecen disposiciones específicas sobre el derecho y deber de instrucción, educación_laica y obligatoria, escuelas especiales, ayuda a estudiantes, protección a minorías, etc. Y la educación superior viene a ser acogida en los textos con una doble significación: por una parte fijando su filosofía general y la obligación del estado de impulsarla y organizarla y en algunos casos reconociendo la autonomía de las instituciones universitarias a efecto de limitar el poder del mismo quitándole funciones propias a efecto de garantizar la pureza del servicio y preservarlo de la inestabilidad política. Ya en el siglo pasado, algunas instituciones universitarias habían logrado cierta independencia del poder público. Chile ( 1879), Argentina con la Ley Avellaneda ( 1885), Uruguay ( 1885). Pero es en Córdoba en 1918, donde se produce el movimiento renovador de las instituciones universitarias que todavía tiene resonancias actuales. El cambio social que hemos apuntado antes y que modificaba ya el aire público total de la sociedad latinoamericana chocó 10 con la arcaica estructura de la Universidad que se resistía a su modificación en manos de conservadoras generaciones académicas avejentadas en el ejercicio abusivo del poder. "Por la libertad dentro de las aulas y la democracia fuera de ellas", era uno de los lemas de la generación revolucionaria de Córdoba, que explica el interés propiamente académico de reforma docente, de gobierno, de métodos, administrativa y la preocupación política por la modernización de la sociedad en busca de la ampliación de la demoéracia y Ja participación de los estudiantes en la vida nacional, que quedará desde entonces como una constante de la región.3 Desde entonces, el principio de la autonomía de los centros universitarios quedará como un principio de todos los programas revolucionarios impulsados en mayor o menor medida por segmentos de las clases medias, y después del triunfo de éstos, aparecerá el reconocimiento constitucional de la autonomía universitaria como una de sus conquistas. Así en Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Venezuela ... Actualmente existe una tendencia a constitucionalizar el tratamiento de la universidad en dos importantes países: en México, ha salido la idea del propio Poder Ejecutivo, aunque todavía no llega a concretarse en iniciativa de ley y en Argentina se han producido estudios de gran valor, propiciándola.4 3 Sobre la reforma de Córdoba, la bibliografía es abundante. Ver Gabriel del Mazo, La reíonna universitaria (Buenos Aires: imprenta Ferrari, 1926); Julio V. González, La Universidad, Teoría y acción de la reforma (Buenos Aires, editorial Claridad, 1945); José Ingenieros, La universidad del porvenir (Barcelona: librería Sintes, 1930). El tema sigue teniendo permanente atractivo. Ha llegado a nuestras manos en los últimos, meses, Roberto Díaz Castillo, La reforma universitaria de Córdoba <Guatemala: imprenta universitaria, 1971) y María Elena Rodríguez de Magis, La reforma de Córdoba (México: Colección Deslinde, imprenta universitaria, 1972). Posiblemente las mejores publicaciones sobre el tema sean A. Ciria y H. Sanguinetti, Los reformistas (Buenos Aires: Jorge Alvarez, 1968) y Federación Universitaria de Buenos Aires, La Reforma univehitaria 1918-1959 (Bue.nos Aires: 1959). 4 E;;r ique Mario Mayo~hi y Alfredo Manuel van Gelderen, F undamentcs 11 �C. 4 principios básicos. 1• Libertad de cátedra. Es muy claro y no sus- cita problemas de semántica existiendo un concepto generalmente compartido por los legisladores. Consiste en el derecho de los docentes investigadores a realizar su labor en la forma que consideren conveniente y a expresar sus ideas sin limitaciones. constitucionales del sistema educativo argentino (Buenos Aires: Angel Estrada editores, 1969) y especialmente Héctor Félix Bravo, Bases constitucionales de la educación argentina. Un proyecto de reforma (Buenos Aires: editorial Paidos, 1972), quien formula el siguiente: X . . . Art. 5. Cada Provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, la educación primaria y la más amplia descentralización administrativa. Se crearán Consejos Escolares de distrito, departamento o partido, de carácter autónomo y electivo -con participación de los docentes y los padres de los alumnos-, dotados de rentas especiales. Bajo estas condiciones, el Gobierno Federal garantizará a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Art. 14. Todos los habitantes de la Nación gozan de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales que son inherentes a la personalidad humana, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio a saber: lo. De trabajar y ejercer toda industria lícita. El Congreso dictará una legislación social de acuerdo con las siguientes bases: ... Formación, cultura y elevación profesional del trabajador. . . bo. De usar y disponer de su propiedad. . . Se promoverá un régimen agrario que contemple: ... La enseñanza agrícola orientada a la formación de hombres útiles para la explotación racional de la tierra. . . 9o. De aprender y enseñar. la Educación, de carácter gratuito y laico en todos los niveles, es un derecho de los habitantes y un deber del Estado, que está obligado a proporcionarla asegurando la ígualdad de oportunidad. Se garantiza la libertad de enseñanza. El Estado tendrá el contralor sobre los establecimientos privados, sin obliqación de contribuir a su sostenimiento. la educación tenderá al desarrollo integral de la personalidad de los educandos y a su capacitación profesional, con observancia de los principios de libertad, responsabilidad social y solidaridad humana. Contribuirá a la formación de ciudadanos aptos para la vida democrática. Sus principios, objetivos y organización general, con resguardo de la autonomía de los órganos rectores de la enseñanza, serán determinados por una ley aplicable en todo el país. La enseñanza primaria es obligatoria; la media, dentro de los límites que señale la ley. Ambas estarán ampliamente diversificadas, de acuerdo con las condiciones propias del educando, su orientación vocacional y las características del ambiente social. Las empresas industriales, comerciales y a(Jrícolas en que trabajen más de cien personas, están obligadas a proporcionar enseñanza primaria gratuita a los empleados y a los hijos de éstos. Están obligadas, igualmente, a proporcionar, en cooperación, aprendizaje a sus trabajadores menores, en la forma que establezca la ley. Será función exclusiva de la Nación y de las provincias la formación del personal docente pre-primario, primario y medio. El correspondiente estatuto asegurará la idoneidad mediante la valorización de los títulos docentes, el nombramientó por concurso, el perfeccionamiento, la estabilidad en la carrera y la libre intervención en la vida cívica. Corresponde al Congreso dictar la ley orgánica de las universidades, en la que se asegure su funcionamiento autónomo, con la facultad de darse el propio estatuto, elegir las autoridades y nombrar el personal, participando en el gobierno de las mismas profesores, estudiantes y graduados. Gozarán de autarquía financiera. Ellas solo podrán ser intervenidas por ley del Congreso, por tiempo determinado no mayor de noventa días y en los siguientes casos: acefalia total de sus autoridades, para 12 2. Autonomía. Fue t omado en su acepción et imológica, es decir, considerando que una constit ución estatuye la autonomía universitaria, cuando dispone que será la universidad la que se d e sus propias leyes, como e n el caso de la Constitución de Costa Rica (Artículo 84) y de Bolivia (Artículo 195} haciendo la diferencia con las que estat uyen la autonomía universitaria, pero que señalan al órgano legislativo del país como el encargado de dar las leyes ::le la universidad, especialmente su ley orgánica ; éste es el caso de la Constitución de Honduras, (Artículo 157, párrafo segundo} y del Uruguay, (Artículo 204, párrafo tercero). 3. Autarquía financiera. Fue tomado en su acepción gramatical en el sentido de independencia económica. El diccionario de la Real Academia define el término así: Autarquía: Condición o calidad del ser que no necesita de otro para su propia subsistencia o desarrollo. 2. Independencia económica de un Estado. Autárq uico: Perteneciente o relativo a la autarquía económica. En la legislación argentina derogada, en forma equívoca se utilizaban los dos-términos: autonomía asegurar la continuidad de sus servicios y como garantía de su régimen constitucional y legal. la emisión de títulos habilitantes para el ejercicio de las profesiones técnico-científicas y liberales, incluida la docencia, es facultad privativa del Estado. Los gastos y las inversiones que requiere el sostenimiento del servicio de educación pública tendrá preferencia sobre cualesquiera otros. El Estado asegura a los alumnos necesitados condiciones de eficiencia escolar mediante la habilitación de comedores, -medios de traslado y otros servicios de asistencia educacional. En particular, asegura a los capaces y meritorios el derecho de alcanzar los grados más elevados de los estudios, mediante el otorgamiento de becas, préstamos, subsidios a las familias y otras providencias que deben ser asignadas por concurso. Son libres la literatura, el arte y la investiqación científica y tecnológica, así como la difusión de sus resultados. El Estado otorgará su protección y fomento ... 13 �y autarquía. Ordenab~ que },as Universidades, s~ organizaran y desenvolvieran dentro de un reg1men jurídico de autarquía", y regulaban inmediatamente la estructura de su gobierno propio. Y en el Decreto Ley 7,631 que establecía el régimen de autarquía financiera de las universidades, señalaba que aquella "supone la consideración de los aspectos funda~entales para su estructuración legal: a) el que se vincula con el régimen jurídico propiamente dicho, creación de un patrimonio, Consejo lnteruniversitario Y contralores legales; b) el que contempla la financiación y sus f uentes de recursos" . La nueva Ley Orgánica de las Universidades Nacionales, aún vigente, suprime el equívoco al indicar que el Estado confiere a las Unive_rsidades_"a_u'.onomía académica y autarquía financiera y administrativa" (Art. 5o.}.5 4. El punto cuarto, fuente de financiamiento, fue considerado, cuando la constitución establece una asignación económica determi_nada, proveniente del ingreso público en favor de la universidad. Por ejemplo, el caso de la constitución de Guatemala que en su Artículo 99 apunta: Una asignación privativa nb menor del dos y medio por ciento del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado se destinará a la Universidad de San Carlos de Guatemala para realizar sus fines y atender a su sostenimiento, desarrollo y progreso. Dicha asignación podrá ampliarse mes " La sociedad concede a '3 Universidad autonomía en diversos grados. Autonomía es albedrío libre, mando propio, capacidad legislativa autóctona. Para !1Ue sea real debe ir acompaiµda de autarquía que es financiación automát ica, independiente, libre de ocasionales y momentáneos sobresaltos", Alberto Mendoza, Metodología del Planeamiento Universitario (Managua: Universidad Nacional de Nicai¡3gua, 1967), Pág. 19. 14 diante rentas propias que el Estado destine al efecto. En alguna medida también la Constitución de Panamá de 1946 que en su Artículo 87 apunta: Para hacer efectiva la ·autonomía económica de la Universidad del Estado la dotará de lo indispensable para su instalación, funcionamiento y desarrollo futuros, así como del patrimonio de que se habla en el Artículo anterior y de los medios necesarios para acrecentarlos. Fuera de es-t os puntos, existen otros relativos a la enseñanza superior, que han sido elevados al rango constitucional, pero cuya incidencia en la comparación global es menor. Tal es el caso de las disposiciones que estatuyen la educación laica (constituciones del Ecuador y México) y las que hacen referencia a universidades privadas (constituciones de Guatemala y Honduras). D. Elementos esenciales de la Universidad. La presencia de esos cuatro puntos con mayor incidencia en las constituciones destacan un denominador común que identifica los elementos esenciales de la Universidad; es decir, aquellos sin los cuales sus fines naturales no pueden ser alcanzados. La libertad de cáredra, es quizás el más importante. En ella está sustentado el carácter propio de la Universidad y ~u dignidad misma. Su limitación o desconocimiento s~pone la imposibilidad de realizar válidamente sus fines. Donde se encuentra restricción o ausencia de este elemento esencial, a causa de motivaciones dogmáticas o derivadas de intereses 15 �,,, del poder público, sólo podrá haber una enseñanza justificante, ya sea de la existencia de un dogma como límite de la investigación o cooperación social, o de los intereses del poder que la estatuye. La libertad de enseñar en la Universidad pertenece a la esfera jurídica de los derechos del hombre. La autoridad estatal no debe afectarla como no sea para garantizar su respeto e inalienabilidad. En función de la necesidad vital de fo universidad, de mantener este principio al margen del interés del -gobierno de turno, de facto o de jure, se ha llegado a estatuir en el ordenamiento de más alta jerarquía la libertad de enseñanza, que constriñe el ejercicio de autoridad a la norma fundamental, que implica la decisión popular preexistente y que señala al poder público la limitación y forma del ejercicio de su gobierno. que se orientan en forma directa o indirecta en la misma dirección. Se puede en este sentido recordar el Decreto de Gabinete , No. 144 de la Junta de Gobierno de Panamá que insiste en las limitaciones constitucionales al indicar que la libertad de cátedra debe sujetarse a los requisitos de objetividad científica" y no utilización de la cátedra para desarrollar "propaganda de política partidaria ni de doctrinas contrarias al régimen democrático y republicano. La nueva Ley General de Educaci6n de Bolivia garantiza "amplia libertad de expresión dentro de un marco de rigor científico, siempre y cuando no genere agitación política contraria a los intereses del Estado y de la Nación" (Art. 6) y en un estilo más suave y con implicaciones menores la ley venezolana indica que la enseñanza universitaria se inspirará en espíritu amplio y estará abierta a "todas las corrientes del pensamiento universal. las cuales se expondrán y analizarán de manera rigurosamente científica (Art. 4). 11 ••• ' 11 La gen;ralidad de las constituciones, aún cuando no hablen expresamente de la universidad, estatuyen la libertad de enseñanza; ya sea en su parte dogmática -como derecho individual o social- o en su parte orgánica, al referirse a la enseñanza como servicio público. Generalmente se le reconoce sin ninguna limitación, aunque se inicia en los últimos años una tendencia restrictiva a nivel constitucional, que tipifica el Art. 88 de la Constitución panameña de 1946 que dice que "la cátedra universitaria es libre. Las opiniones que en ella emitan los profesores no les acarrearán responsabilidades, excep'to si con ellas incitan a la subversión del orden público o son atentatorias al régimen jurídico que establece la presente Constitución o si constituyen labor proselitista". Esta tendencia es más visible en las leyes ordinarias 16 ' 1 La autonomía ha sido un concepto no siempre usado en el mismo sentido por las legislaciones universitarias o referentes a la Universidad. Sin embargo, es conveniente aclarar que el concepto de autonomía nació implicando los cuatro puntos que se han destacado: es decir, libertad de cátedra, autonomía académica como potestad de dictar sus propias leyes, autarquía financiera y fuente de financiamiento, y es en este sentido como más generalmente se le ha utilizado. Un concepto genérico que comprende la ootestad de dictar sus propios estatutos, elegir sus autoridades con independencia del poder público, preparar sus presupuestos y administrar sus fondos, y dirigir y orientar la enseñanza con absoluta libertad. Al estatuirse a nivel constitucional la facultad 17 �de la universidad de darse sus propios gobernantes y estructurar su régimen interior se está otorgando la garantía de orden público, de que la eventual diferencia que surja entre los fines propios de la universidad y los intereses del poder público, no trascienda a una supeditación de los primeros al segundo, cosa que pudiera ocurrir en el caso de que los titulares del gobierno universitario fueren nombrados por el poder público o instituciones extra universitarias. En cuanto a la autarquía, se podría agregar algunas palabras. Término más bien correspondiente a la ciencia económica, dentro del derecho administrativo, tiene una connotación más limitada que el concepto de autonomía. Si éste comprende básicamente el derecho del ente de dictar sus propias leyes, la autarquía hace referencia a una actividad más restringida, de libre gestión administrativa semejante a la del Estado, y que básicamente se orienta a la constitución de un fondo económico básico para garantizar su existencia y desarrollo de sus fines. Así la fuente de financiamiento es un aspecto, íntimamente vinculado al concepto de autarquía, y que se considera también elemento fundamental. puesto que su inexistencia invalida los tres elementos anteriormente analizados. La universidad sóJo podrá alcanzar sus fines en un marco de autonomía, cuando, más allá de la voluntad del poder público, se encuentra estatuida en la constitución del país la determinación de los medios económicos que aquel deberá suministrar a la universidad para la realización de sus finalidades. 18 LECISLACION* UNl!\'ERSITARIA CESAR PAMANES NARVAEZ BlBUOTECA UNIVERSlTARIA ••ALFONSO REY.ES'' * Conferencia dictada durante el Segundo Encuentro Nacional Sobre la Ensenanza del Derecho a Nivel Medio Superior de la que fue la Dirección General de Escuelas Preparatorias (6 a 9 de junio de 1978). �Con el fin de elaborar proposiciones concretas:. a la Secretaría de Educación Pública en materia de educación superior, hace unos días fuimos parte integrante de un grupo convocado por la¡ ANUI ES y cuyo objeto de estudio era la legislación en materia de educación superior y algunos aspectos relativos a las profesiones. La labor que desarrollamos, aunque no fue de ninguna manera pretenciosa, se topó con algunos inconvenientes · dentro de los que siempre destacó el de que prácticamente no existe un marco legal destinado a la educación superior en nuestro país; es curioso ver cómo ni aún en nuestra propia Ley Fundamental existe "una orientación a este resp~cto que sea clara, y más aún curioso observar que en todo este importante texto no se menciona siquiera la palabra Universidad. CONSTITUCION DE 1917 No obstante que la educación en r1uestro país ha: sido preocupación primordial del Estado y que existe un artículo expreso en la parte dogmática relativo a la educación (artículo 30.), ninguna referencia a educación superior o media superior se hace en este dispositivo; sin embargo opinamos que este tipo deeducación debe estar sujeto también a la orientación y fines generales que se expresan en dicho artículo, en cuanto a que la educación superior debe, igualmente, mantenerse ajena a cualquier doctrina religiosa y debe basarse únicamente en los resultadosdel progreso científico; que debe ser democrática conside rando la democracia como un sistema de vidafundado en el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; que debe ser nacional, e ntendiéndose por esto la compre nsión de nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros rec ursos, la indepen- 21 �dencia política, la independencia económica y el acrecentamiento de nuestra cultura; que debe contribuir a la mejor convivencia humana robusteciendo la dignidad de la persona, la integridad de la familia y la convicción del interés general. Desde luego decíamos, esta filosofía expuesta por nuestro artículo 3o., debe aplicarse a todo tipo de educación, aún y cuando en este artículo únicamente se haga mención expresa de la educación primaria, secundaria, norma[ y la destinada a obreros y campesinos. Esta interpretación extensiva creemos que es necesaria que también se haga respecto de la fracción VII, que se refiere a la gratuidad de la enseñanza que sea impartida por el Estado, de lo cual resultaría que si la educación media superior y superior resulta impartida por éste, ya sea por sí mismo o por medio de, organismos descentralizados, deberá de ser gratuita en beneficio del pueblo, pero esto deberá ser motivo de un comentario especial más adelante. La fracción VIII del artículo 3o. menciona que será materia de legislación expedida por el Congreso de la Unión, la de unificar y coordinar la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, fijando las aportaciones económicas correspondientes, así como señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no hagan cumplir las disposiciones legales y a quienes las infrinjan. A este respecto y pese a que la facultad del Congreso se encuentra expresada de nuevo en el artículo 73 fracción XXV, cuando se menciona en este 'dispositivo que el poder legislativo federal tiene facultades para establecer, organizar y mantener todo tipo de establecimientos educativos, incluyendo los profesionales 22 de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica; de legislar en todo lo referente a dichas instituciones, de hacer la distribución conveniente entre la Federación, los Estados y los Municipios del ejercicio de la función educativa las aportaciones económicas correspondientes, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República; debemos aclarar de que no existe ni ha existido una ley que en materia de educación superior unifique Y· coordine la función social educativa, por más que en diversas leyes como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Educación, el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y otras, hagan referencia a la educación superior, insistimos: No existe un marco jurídico, una codificación expresa que tienda a coordinar la educación superior y media superior en nuestro país. Tal vez lo anterior haya sido la pauta para que la Secretaría de Educación Pública anunciara la creación de un Plan Nacional de Educación Superior y creemos que esta falta de marco legal no se debe a razones de carácter jurídico, sino a razones de carácter socio-político de muy diversa índole, porque en un país como el nuestro en donde abundan las leyes y los reglamentos, sólo podría explicarse esta situación en función de otros problemas, como son la autonomía universitaria y sus efectos, el financiamiento de la educación superior, las relaciones laborales y las relaciones Universidad-Estado, que en algunas ocasiones han llegadd a estar en un punto por demás crítico. 23 �AUTONOMIA UNIVERSITARIA A partir del movimiento de reforma universitaria iniciado en Córdova, Argentina, en 1918, la autonomía de los centros universitarios ha sido un tema de rigor que ha despertado las más enconadas discuisones, que ha despertado las más severas críticas y que ha recibido los más firmes apoyos. El propio término autonomía universitaria es ya de por sí confuso y se presta a diversas interpretaciones, ya se confunde algunas veces con la autarquía y algunas otras con la extraterritorialidad. La Primera Asamblea General de la Unión de Universidades de Latinoamérica celebrada en Chile en 1953, aporta las siguiente bases sobre las que debe descansar este concepto: "1 o. Que la autonomía de la Universidad es el derecho de esta corporación a dictar su propio régimen interno y a regular exclusivamente según ella el poder de organizarse y de administrarse a sí mismo, que dicha autonomía es consubstancial a su propia existencia y no a una merced que le sea otorgada; 2o. Que la universidad por el mismo hecho de su autonomía debe, esencialmente dentro de sus propios fines, a servir a la colectividad; y 3o. Que la autonomía universitaria debe asegurarse comq una de las garantías constitucionales, adoptándose como consecuencia resoluciones a efecto de que dentro de la legislación positiva, la universidad sea reconocida como persona jurídica, administre y disponga libremente de todos los bienes que le pertenecen sujetándose a sus propias normas y se regule legalmente lo pertinente a su patrimonio". 24 De lo anterior se desprende que autonomía sig. nifica auto-organización y auto-administración, que la autonomía no es un fin en sf misma, sino que está orientada a un fin de servicio y por último que se debe de garantizar dicha autonomía elevándola al rango de garantía constitucional, lo cual en nuestro país significaría la inclusión en el_artículo 3o. de una fracción especial. Sin embargo lo anterior sólo nos aporta algunas bases filosóficas respecto de la autonomía que son de alguna manera abstractas y que no definen de un modo operativo el concepto. En numerosas resoluciones adoptadas por Congresos Universitarios Nacionales, el concepto de autonomía universitaria se ha precisado en los siguientes elementos comunes: 1o. La autonomía universitaria debe abarcar los aspectos docentes o académicos y económicos o financieros; 2o. Las Universidades como entes autónomos deben tener derecho a dictarse su propio ordenamiento legal y regirse por sus propios órganos de gobierno sin intervención del poder ejecutivo nacional; 3o. Las Universidades deben tener un patrimonio propio, y disponer de sus recursos e ingresos en la forma que juzguen apropiado al cumplimiento de sus fines. Nos parece que estos elementos complementan las bases filosóficas a que hicimos referencia anteriormente, y nos llevan a la elaboración de una fórmula más precisa del concepto, que desde nuestro punto de vista debe estar incluído dentro de nues- ' 25 �tra Constitución como una garantía previa para el cumplimiento de los fines universitarios que. son la creación, preservación y difusión de la cultura en servicio de la sociedad. FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR Pese a que en nuestro país no todas las Universidades tienen la característica de ser autónomas, la mayoría de dichas instituciones tienen carácter de organismos descentralizados. Su marco político interno está constituído por sus leyes orgánicas, estatutos, etc. En lo general estas disposiciones internas coinciden en los siguientes puntos: 1o.- La declaración de ser un organismo descentralizado, entendiéndose par esto no jerarquizado dentro de la estructura del Estado; 2o.- Los objetivos universitarios respecto a la docencia, la investigación y la difusión; 3o.- La labor académica, y; 4o.- La auto administración. No existe expresamente ni en las referidas disposiciones orgánicas ni en una Ley Federal, la manera en que las instituciones de educa-ción superior deberán obtener recursos para el financiamiento de su misión. No obstante sí existe el convencimiento más o menos unánime en el sentido de que el Estado Mexicano debe ser el principal responsable de este financiamiento, ya que como lo ha considerado alguna vez la ANUIES: "La educación superior es una inversión para el desarrollo nacional". Empero existe también el convencimiento de que lo anterior no ex- 26 cluye la responsabilidad de buscar nuevas estrategias complementarias para obtener recursos que permitan a la Universidad el cumplimiento de sus objetivos; a este respecto se han hecho proposiciones en particular como son la deducción del impuesto sobre la renta personal, al gasto familiar invertido en los-planteles de educación; sistemas de crédito educativo integral para cuotas y mantenimiento; dotáción de patrimonios fijos y circulantes a las Universidades del país; impuesto al profesional, como un mecanismo da retribución al esfuerzo que la Nación hizo para su propia formación; cuotas diferenciales, etc. Ya en un principio mencionábamos en lo referente a este punto la obligación de gratuidad que tiene el Estado respecto a la educación quel imparta, y haciendo una interpretación extensiva de la fracciónVII del artículo 3o., considerábamos que si el Estado, por sí, o por medio de sus orqanismos descentralizados se hacía cargo de la educación superior (incluimos en este concepto a la educación media superior), ésta deberá ser gratuita en beneficio del pueblo; sin embarqo y aún y que somos conscientes err que no se pueden considerar estas Uni~ersidades dec;centralizada,; como onerosas para los educandos, es imoortante dejar bien asentado que en varias ocasiones qrupos de presión en el país, claramente identificados ~on la reacción, han pretendido que esta disposición se mal interorete y que la educación superior que lleaa al pueblo a través de las escuelas oública,; sea financiada por los propios estudiantes; la finalidad es bastan+~ clara: Dejar al Pueblo af maraen de la educación superior, con la finalidad de preservar el réqimen de explotación al que se pretendió dar fin con la creación del artfculo 3o. y 27 �123, aún y cuando en 1946 al primero se le haya quitado el objetivo de ser socialista. Si bien es cierto que dentro de la distribución del presupuesto nacional la educación ocupa el más importante de los renglones, también es cierto que el porcentaje de dicho presupuesto que se destina a la educación superior es todavía insuficiente, por lo que consideramos que es necesario que por Ley se obligue al Estado al financiamiento de la educación superior, puesto que el estudiar no es sólo para el educando una inversión a futuro, sino que para el país la función de estudiar tiene el carácter de una inversión productiva, también a futuro. Esto evitaría por una parte la presión que se ejerce a las Universidades por medio de la retención de subsidios o la restricción de lo¡; mismos, y garantizaría además el pleno ejercicio de la autonomía universitaria, puesto que la independencia del poder que ésta supone no se vería afectada por factores de índole económico. Queremos aclarar en este punto que no somos .ajenos a la responsabilidad que e sto encierra, q ue consideramos que las Universidades deben tender hacia la optimización de sus recursos, hacia la correcta planificación y estamos también de- acuerdo en que los presupuestos por programa, actualmente recomendados, son beneficiosos para la Universidad, pero sólo podrán ser completamente beneficiosos cuando se respete la auto-administración, esto es cuando se respete uno de los objetivos que encierra la mult icitada autonomía. 28 RELACIONES LABORALES , , 1 En términos generales en este apartado quisiéramos tratar lo que se refiere a las relaciones que se dan entre las autoridades de la Universidad y los sindicatos universitarios relativamente de reciente creación. Es tema obligado en los últimos meses al tratar este aspecto, hacer referencia al proyecto de un Apartado "C" del artículo 123, propuesto originalmente por el Rector de la UNAM, Dr. Guillermo Soberón Acevedo, mismo que regularía expresamente las relaciones de las Universidades con sus trabajadores. Cabe mencionar por otra parte, que el artículo 123 constitucional ha sido probablemente el que- más reformas y adiciones ha tenido a largo de la vida jurídica de nuestra Constitución. Dentro de las adiciones más importantes, es de mencionarse la que se aprobara por decreto de fecha 21 de octubre de i 960, por iniciativa del entonces Presidente de la 'República Adolfo López Mateas y que se refiere a la inclusión de un inciso B, relativo a los trabajadores al servicio del Estado. Entonces se argumentó para justificar esta adición, que este tipo de trabajadores no podían estar comprendidos en las normas que existían anteriormente, puesto que el Estado no participa como tal directamente en la producción y que por lo tanto sus trabajadores vendrían a ser de excepción, en cuanto a que nunca se podría considerar como factores de producción al gobierno y a los burócratas. Sin embargo, algunos juristas consideraron que si el Constituyente no previó las relaciones entre el Estc>do y sus trabajadores, era porque se entendía que 29 �-el artículo 123, protector de estos últimos no había considerado necesaria hacer taf distinción; trabajadores son todos los que prestan un servicio y reciben .a cambio una remuneración. Es claro que esta inclusión limitó q los trabajadores al servicio del Estado en sus derechos, fundamen-talmente en el derecho de huelga, dado que con anterioridad el objetivo de éstos era conseguir el -equilibrio de la producción, fundamentalmente. Empero en el Apartado B los trabajadores al servicio del Estado únicamente tienen facultad de hacer uso de la huelga cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que les consagra el dispo·sitivo legal. ¿Qué sucedió con las Universidades? Obviamente de ninguna manera sa podía incluir a los orga·nismos descentralizados y sus trabajadores en el Apartado B, sin embargo tanto en los casos de la UNAM como el de nuestra Universidad los conflictos laborales universitarios se siguieron ventilando ante los Tribunales de Arbitraje Federales y clel Estado haciendo una tácita inclusión de la Universidad a fin de que sus trabajadores fueran tratados como burócratas. La situación hasta cierto punto confusa dio pié a que las autoridades de la UNAM so pretexto de que las Universidades no se encontraban incluídas ·ni en el Apartado A ni en el Apartado B del artículo 123 constitucional. consideraron necesaria la inclusión de un Apartado C. El documento que se ha· dado en llamar "Ley Soberón", no pretende establecer un marco jurídico laboral para las Universidades, su intención está al margen de la orientación de nuestra Ley de Trabajo, y no únicamente esto sino que pugna abiertamente con el sindicalismo, el derecho de huelga y otros principios necesarios para la defensa de los intereses de los trabajadores. La fracción I de dicho Apartado es bastante ilustrativa a este respecto al expresar: " Los Sindicatos sólo tendrán derecho de huelga cuando se violen, en forma sistemática, general y reiterada las condiciones laborales", aquí observamos que en la práctica esto haría nugatorio el derecho de huelga por completo. Si el Apartado B fue criticado por limitar el derecho de huelga a la violación sistemática y general de los derechos laborales, este Apartado C deberá ser criticado más a(m porque requiere para e 1 ejercicio da tal derecho no únicamente la existencia de tales violaciones sino de que las mismas se hagan en forma reiterada, cuántas veces se entiende por forma reiterada, no lo sabemos, y eso quedaría a juicio dei las autoridades si es que se acepta tal propuesta. En la fracción II se obliga a l0s trabajadores universitarios a hacer una diferenciación en sus asociaciones en personal académico y en personal administrativo. A este respecto cabe decir que ni el Apartado A ni el Apartado B obliga a hacer tales diferencias, antes por el contrario el artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo deja a criterio de los trabajadores el constituírse en sindicatos gremiales, de empresa, industriales, nacionales de industria y de oficios varios, s~guiendo el lineamiento general del artfculo 123 constitucional. y ni el Apartado A ni el Apartado B de dicho artículo contiene tal limita- 31 �ción para los trabajadores sujetos a sus disposiciones. ¿Por qué entonces la propuesta Soberón contiene esa limitación al derecho de asociación? Evidentemente no es porque Soberón sea un sindicalista, ni porque entienda que las leyes laborales en México son protectoras del trabajador, su intención es clara y maliciosa: Divide y vencerás. Existen en el Proyecto Soberón una serie de fracciones a cual más restringen, limitan y en ocasiones hacen imposible la seguridad de los trabajadores: obliga expresamente a hacer convenios colectivos, limitando la posibilidad de la existencia dé contratos y contratos-leyes; en cuanto al personal académico tendrán que pasar 3 años de servicios ininterrumpidos, para que puedan ser evaluados a fin de que se determine si procede su definitividad, estos y otros desaciertos pueden traer serias consecuencias a la justicia laboral mexicana. Nosotros, con el Legislador del 17, consideramos que en nuestro país no existen trabajadores de excepción, si criticamos la inclusión del Apartado B, con mayor razón criticamos la pretensión de crear un Apartado C y mucho más criticaremos este Apartado, si se siguen los lineamientos pretendidos por e! Dr. Soberón. Consideramos que la función educativa universitaria es un servicio público, descentralizado y que como tal, debe estar incluído en el Inciso A del artículo 123 que prescribe requisitos especiales para estos servicios pero que de ninguna manera hacen nugatorios los derechos laborales fundamentales como son la asociación sindical y la huelga. 32 �� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Universidad Crítica : Cuadernos de Educación y Cultura universitaria Description An account of the resource Cuadernos de Educación y Cultura Universitaria publicada mensualmente por la Dirección General de Preparatorias, sub- Dirección de Extensión durante el rectorado de Luis Eugenio Todd. Contiene artículos de crítica universitaria, histórica, filosófica y política. Su objetivo era estimular la investigación y cultura universal. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Universidad Crítica : Cuadernos de Educación y Cultura universitaria Año de publicación El año cuando se publico 1978 Año Año de la revista (Año 1, Año 2) No es es año de publicación. 1 Número Número de la revista 4 Mes de publicación Mes cuando se publicó Junio-Julio Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Mensual Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1753767&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Universidad Crítica : Cuadernos de Educación y Cultura universitaria, 1978, Año 1, No 4, Junio-Julio Creator An entity primarily responsible for making the resource Montoya Retta, Raúl S., Director Subject The topic of the resource Crítica universirtaria Historia Filosofía Política Cultura Description An account of the resource Cuadernos de Educación y Cultura Universitaria publicada mensualmente por la Dirección General de Preparatorias, sub- Dirección de Extensión durante el rectorado de Luis Eugenio Todd. Contiene artículos de crítica universitaria, histórica, filosófica y política. Su objetivo era estimular la investigación y cultura universal. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Dirección General de Preparatorias, Subdirección de Extensión Contributor An entity responsible for making contributions to the resource García Laguardia, Jorge Mario, Colaborador Pámanez Narváez, César, Colaborador Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/06/1978 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016875 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. Monterrey, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Autarquía financiera Autonomía Constitución Educación Libertad de cátedra Universidad