https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/376/17568/Trayectorias_Revista_de_Ciencias_Sociales_de_la_Universidad_Autonoma_de_Nuevo_Leon_2018_Ano_20_No_47_Julio-Diciembre.pdf 9cc7de1986b1009111b9e785ecb07ac0 PDF Text Text ISSN 2007-1205 Trayectorias REV lSTA DE CJENCEAS SOCIALES DE LA UNIVFRSIDAO AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN �3 Ciudadanía y Participación No Electoral en Guerrero, México Citizenship and Non-Electoral Participation in Guerrero, Mexico JORGE LUIS TRIANA SÁNCHEZ* | RAÚL FERNÁNDEZ GÓMEZ** ► RESUMEN En este trabajo se analizan algunos factores que determinan los distintos tipos de participación política no electoral en el estado de Guerrero, México. Mediante modelos de regresión lineal y logística, estimados con datos de una encuesta estatal levantada en 2016, se identifica cómo ciertos atributos individuales y del hogar, de cultura política y la pertenencia a grupos afectan la propensión a participar en actividades políticas convencionales y no convencionales. Los resultados muestran algunas regularidades entre los distintos tipos de participación, destacando el efecto de la pertenencia a grupos políticos, civiles y sindicales. Palabras clave: Democracia | Calidad de la ciudadanía | Participación política | Análisis estadístico | Guerrero. ► ABSTRACT In this paper we analyze some factors that determine the different types of non-electoral political participation in the state of Guerrero, Mexico. Using linear and logistic regression models, estimated with data from a state survey conducted in 2016, we identify how certain individual and household attributes, political culture and group membership affect the propensity to participate in conventional and non-conventional political activities. The results show some regularities between the different types of participation, mainly the effect of membership to political, civil and union groups. Keywords: Democracy | Quality of citizenship | Political participation | Statistical analysis | Guerrero. * Profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero, Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano”. Investigador de la Cátedra Conacyt. Correo electrónico: jorgetriana@ outlook.com ** Profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero, Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano”. Correo electrónico: raufego@hotmail.com Recibido: 12 de marzo de 2018 | Aceptado: 20 de junio de 2018 TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 ISSN 2007-1205 | pp. 3-29 �4 JORGE LUIS TRIANA SÁNCHEZ | RAÚL FERNÁNDEZ GÓMEZ INTRODUCCIÓN La participación política de la ciudadanía en sociedades democráticas modernas es fundamental para el adecuado funcionamiento del sistema político, la calidad de sus instituciones, la rendición de cuentas por parte de los gobernantes y la eficacia de las políticas públicas. Dada su importancia, el estudio empírico de la participación política cuenta con una larga trayectoria, además de un interés reciente debido a los cambios en las democracias contemporáneas, como los procesos de industrialización y urbanización, el aumento de la diversidad cultural y la modernización de las tecnologías de la información y comunicación (López Serrano y López Serrano, 2009); dichos cambios, aunque ocurridos en distintos momentos históricos, derivaron en transformaciones sociales que siguen teniendo vigencia tanto en democracias emergentes como en las consolidadas; particularmente para México, la participación política se ha visto afectada no sólo por estos cambios sociales de orden global, sino también por la evolución interna de su sistema político, caracterizada por la transición de una democracia basada exclusivamente en la participación electoral hacia una democracia donde se requiere un involucramiento del ciudadano a través de actividades distintas al sufragio (Holzner, 2010, p. 2). A pesar de esta necesidad de participación política distinta al voto para la consolidación democrática en México, el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía reveló que ninguna de las expresiones de participación no electoral se acerca a la magnitud de la participación electoral (Instituto Nacional Electoral (INE), 2014, p. 71). No obstante, algunas de ellas, como la firma de peticiones o documentos en señal de protesta, o la participación en manifestaciones o protestas públicas, tuvieron una frecuencia mayor en la región sur del país, compuesta por las entidades de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz (p. 75); por lo anterior, se catalogaba al sur de México como la región más contestataria, atribuyendo tal particularidad a una tradición histórica de organización y participación comunitaria (p. 80). El Informe sobre la calidad de la ciudadanía en Guerrero, al replicar a su homólogo nacional, confirmó que prácticamente todos los tipos de participación política no electoral tenían una prevalencia mayor en la entidad, en comparación con la observada en todo el país; además, el estado también presentaba patrones regionales diferenciados, destacándose la región de la Montaña tanto en prácticas convencionales como en no convencionales (Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC-Guerrero), 2017, pp. 64-65). TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN NO ELECTORAL EN GUERRERO, MÉXICO 5 En estos términos, el presente estudio busca atender la cuestión de cuáles son los factores que determinan la participación no electoral en Guerrero, utilizando datos de la Encuesta estatal sobre calidad de la ciudadanía en Guerrero 2016. La importancia de este análisis en la entidad radica no solamente en el papel fundamental de la participación política para el funcionamiento de la democracia, sino también en las particularidades que rodean al caso; Guerrero es la doceava entidad con mayor población en el país, con aproximadamente 3.5 millones de habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2015), distribuidos en siete regiones (Acapulco, Centro, Norte, Costa Chica, Costa Grande, Montaña y Tierra Caliente) y 81 municipios, cinco de los cuales figuraron en 2015 dentro de los 50 más violentos del país (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), 2016); en 2016, además, el 64.4% de la población en el estado se encontraba en situación de pobreza, ocupando el tercer lugar a nivel nacional (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 2017). Por lo anterior, un análisis explicativo de la participación no electoral, en una entidad caracterizada por la pobreza y la violencia, representa una pieza clave para la comprensión de la ciudadanía en México. En la siguiente sección se realiza una revisión de la literatura con el fin de definir qué se entiende por participación política, discernir sus posibles clasificaciones e identificar sus determinantes teóricos y empíricos; posteriormente, se presenta una sección con la estrategia metodológica para la medición de los distintos tipos de participación política no electoral y la cuantificación del impacto de sus determinantes; finalmente, se presentan las secciones de resultados y conclusiones. REVISIÓN DE LA LITERATURA Existen múltiples definiciones de participación política en los estudios sobre el tema, generando distintos niveles de amplitud en el concepto; dicha variedad proviene del uso de diversos criterios para definir qué se considera y qué no como participación política de un ciudadano; a su vez, la multiplicidad de definiciones deriva en una multiplicidad de tipologías, aunque en estas últimas siempre se observa la distinción entre participación electoral y no electoral. Para Verba, Nie y Kim (1971, p. 9), por ejemplo, la participación política comprende todos los medios por los cuales la ciudadanía comunica sus demandas, deseos e intereses, lo cual involucra a la selección de sus gobernantes y las decisiones que toman respecto a asuntos públicos, tanto en TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �6 JORGE LUIS TRIANA SÁNCHEZ | RAÚL FERNÁNDEZ GÓMEZ términos electorales como no electorales; para dichos autores, la participación política se define por su resultado potencial, por el grado de conflicto y cooperación que involucra con otros ciudadanos o actores políticos, y por el nivel de iniciativa requerida en el sujeto para involucrarse; estas dimensiones definen una tipología con cuatro tipos de participación política: acciones de contacto de gobernantes iniciadas por ciudadanos; el sufragio; la participación en actividades de campañas; y actividades cooperativas con otros ciudadanos (pp. 11-17). Pero utilizar el resultado potencial de la actividad y su nivel de conflicto como criterios para definir la participación política y sus clasificaciones deja fuera muchas actividades un tanto difusas, como la adquisición de información política o su posterior comunicación a otros sujetos. En otra definición que cubre dicha exclusión, Milbrath y Goel (1977, p. 2) definen la participación política como un espectro amplio de acciones que llevan a cabo los ciudadanos, siempre orientadas a apoyar o influir en el gobierno y la política; esto incluye acciones activas para detonar dicha influencia, pero también aquellas referidas como ceremoniales o de apoyo;1 involucra actividades para encauzar el comportamiento del sistema político e inducir un resultado determinado, pero también actividades que buscan transformar dicho sistema. Tales autores consideran que la participación política conlleva una toma de decisiones a partir de tres cuestiones: la primera, la decisión de participar o no; la segunda, la dirección de dicha participación; y la tercera, respecto a su intensidad y duración (p. 6); estas decisiones configuran una tipología que distingue la participación activa convencional (activismo comunitario, colaboradores con los partidos y las campañas electorales, comunicadores de información política y contacto con gobernantes), participación activa no convencional (protestas y manifestaciones públicas) y la participación pasiva (votar y apoyar al sistema político establecido) (pp. 18-19). También Pasquino (2011) se pronuncia por una definición amplia de participación política, al considerarla como aquellas acciones y conductas2 orientadas a “inluir de manera más o menos directa y más o menos legal sobre las decisiones, así como la misma selección de los detentadores del poder en el sistema político o en cada organización política” (pp. 70-71),3 con el fin de mantener o transformar el sistema de intereses predominante; las distintas modalidades 1 Cursivas de la fuente. 2 Al referirse a las acciones y conductas, Pasquino (2011) aborda las expresiones visibles de la participación política; sin embargo, no descarta también a la opinión pública como un tipo de participación política invisible o latente, toda vez que se conforma por ciudadanos relativamente informados y politizados que potencialmente pueden trasladarse a otras modalidades visibles de participación. 3 Cursivas de la fuente. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN NO ELECTORAL EN GUERRERO, MÉXICO 7 de estas acciones y conductas recaen en tres posibles categorías: la participación legal (normada de manera sustantiva y adjetiva), la participación no ilegal (sin normas y procedimientos vigentes, pero socialmente aceptable y aceptada) y la participación ilegal (sin normas ni procedimientos vigentes, y además desafiante de las bases del sistema político). Por otro lado, para Conway (2000, pp. 3-4) la participación política consiste en todas aquellas actividades realizadas por el ciudadano con el fin de influir en la estructura gubernamental, en la selección de los gobernantes que la conforman, o de sus decisiones o políticas implementadas; a su vez, dichas actividades pueden ser en apoyo o detracción de la estructura, gobernantes o políticas vigentes. El citado autor distingue como participación política convencional aquellas acciones consideradas como aceptables por la cultura política vigente, mientras que la no convencional contempla aquellas consideradas como inapropiadas, aun siendo legales; en una categoría aparte coloca al comportamiento de protesta, el cual consiste en acciones de represión de otras formas de participación política convencional o no convencional. Como se puede apreciar en esta tipología, a pesar de utilizar un lenguaje similar al de Milbrath y Goel (1977), en ambos planteamientos se entienden cosas distintas por participación convencional y no convencional: en uno, la convencionalidad la otorga el uso de medios no disruptivos, y en otro, el consenso de la cultura política dominante. Bajo la visión de Sabucedo (1988), se define a la participación política como “cualquier tipo de acción realizada por un individuo o grupo con la finalidad de incidir en una u otra medida en los asuntos públicos”, y distingue a la participación convencional como aquella “fomentada y animada desde las instancias del poder constituido, con lo que puede ser fácilmente controlada y canalizada”, mientras que la no convencional, “en ocasiones, desborda los mecanismos instituidos de participación y supone un enfrentamiento con la legalidad establecida” (pp. 166-167). Bajo esta definición, la convencionalidad de la participación política es otorgada por el uso de canales institucionales, independientemente de la consideración de la cultura política dominante. Otra tipología que utiliza como criterio el canal de expresión, pero además el mecanismo de influencia de la participación política, es la clasificación de Torcal, Montero y Teorell (2006), quienes distinguen si la acción política se realiza mediante canales dentro del marco representativo democrático, o bien mediante canales extra-representativos; en el segundo criterio, distinguen aquellas acciones basadas en mecanismos autorreguladores anónimos, y aquellas basadas en mecanismos de participación personal activa; ambos criterios permiten definir una tipología con cinco categorías: el voto, la participación de consumo, actividad de partido, actividad de protesta y contacto con políticos. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �8 JORGE LUIS TRIANA SÁNCHEZ | RAÚL FERNÁNDEZ GÓMEZ La tipología de participación política de Cordourier Real (2015) es aún más compleja, al utilizar tres criterios: los derechos que sustentan las distintas formas de participación, los canales de expresión de las mismas y su intención. En primer lugar, distingue la participación político-electoral que se sustenta en las libertades político-electorales, que permiten, siempre a través de las instituciones del sistema electoral, la libre competencia entre ciudadanos y sus organizaciones políticas para la conformación de instituciones representativas. En segundo lugar, se encuentra la participación política no electoral que se sustenta en libertades civiles, con la intención de influir en el sistema político, pero mediante canales ajenos al sistema electoral. Y en tercer lugar, la participación cívica, también sustentada en libertades civiles y ejecutada mediante canales ajenos al sistema electoral, pero sin intenciones de influir en el sistema político, orientándose en cambio a la promoción de bienes públicos mediante acciones colectivas. Todas las tipologías anteriormente expuestas tienen la constante de distinguir siempre al voto del resto de expresiones de participación política; del conjunto de actividades resultantes, el único consenso es separar siempre las actividades de protesta. Fuera de esas coincidencias, no existe un tratamiento homogéneo entre lo que se entiende por participación electoral, no electoral, convencional o no convencional. Por otro lado, los criterios de distinción de estos tipos de participación pueden resultar desafiantes en términos metodológicos; la inclusión de la intencionalidad, por ejemplo, supone que la misma puede ser medida, que los propios participantes la conocen y que además es relevante (Hooghe, 2014), supuestos difíciles de sostener en términos empíricos para una colectividad con alguna motivación política; o bien, distinguir la convencionalidad de los distintos tipos de participación en función de la aprobación de la cultura política implica la imposibilidad (al menos metodológica) de presencia de subculturas.4 Una alternativa para sobrellevar esta falta de consenso es la clasificación de Somuano Ventura (2005), quien propone una tipología concreta para la participación no electoral con distinción de convencionalidad, pero a partir de criterios que facilitan su tratamiento empírico. Dicha autora distingue una participación convencional con dos subtipos, el primero agrupa “actividades que requieren de cierta iniciativa individual, pero de poca cooperación con otras personas”, y el segundo conjunta “actividades que requieren de mayor 4 Por ejemplo, así como la participación a través de manifestaciones o protestas públicas es mayor en el sur del país, también lo podría ser su aceptación social; entonces, mientras que la cultura política a nivel nacional catalogaría este tipo de participación como no convencional, si se reconoce la presencia de una subcultura política en esta región, probablemente se tendría que considerar como participación convencional. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN NO ELECTORAL EN GUERRERO, MÉXICO 9 interacción y cooperación entre individuos” (p. 68); mientras que en la participación no convencional también distingue dos subtipos, el primero agrupa actividades de protesta pero que no violentan la ley, mientras que el segundo agrupa la participación ilegal. Esta clasificación resulta conveniente porque incorpora la única distinción recurrente en la literatura, que es separar el voto y las actividades de protesta, y además se basa en criterios que no dejan lugar a discusión sobre dónde ubicar a una determinada actividad.5 Otro de los retos para el análisis de la participación política es identificar sus determinantes, donde, de nuevo, hay múltiples propuestas, pero con mayores coincidencias. Desde la aparición del estudio de Almond y Verba (1963), las explicaciones más recurrentes de la conducta política han sido a partir de elementos psicoculturales.6 Por ejemplo, la visión de Verba, Nie y Kim (1971, pp. 44-45) se concentra en aspectos de la cultura política de los individuos, pues afirman que la participación es determinada por ciertas orientaciones políticas, como el nivel de involucramiento del ciudadano con asuntos políticos y problemas públicos, la intensidad de la identidad partidista y la percepción de su contribución como ciudadano al bienestar de la comunidad. Por otra parte, Milbrath y Goel (1977, p. 33), aunque reconocen que las actitudes y creencias políticas personales influyen en la participación política, extienden la determinación de la misma a otros factores, como los estímulos que el ciudadano obtiene del entorno, elementos personales de su posición social, y el contexto social y político. Para Sabucedo (1988, p. 187), los determinantes de la participación política se agrupan en tres conjuntos de variables: las características sociodemográficas (sexo, edad, educación y estatus socioeconómico), elementos psicosociales (como la obligación cívica, la identificación partidista, la pertenencia a grupos y la alienación política) y el contexto sociopolítico (estímulos políticos, clima sociopolítico, valores sociales, tradiciones, entre otros). Conway (2000), en cambio, los agrupa en cinco conjuntos: las características individuales sociodemográficas y económicas; aspectos psicológicos y culturales, como la cultura política de los sujetos, su personalidad, o los sentimientos de alienación y conformismo político; el entorno político respecto al sistema de partidos, movimientos sociales, agendas políticas y medios de comunicación; 5 Los criterios que sustentan la clasificación de Somuano Ventura (2005) los sugiere a partir de la evidencia empírica que encuentra en un análisis factorial con datos de la Encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas 2001, en el cual se observa una agrupación de actividades en función del tiempo y esfuerzo requerido, habilidades e información necesarias para su ejecución, y nivel de conflicto potencial. 6 Para una visión integral del enfoque culturalista, véase el estado del arte realizado por Heras Gómez (2002); para una visión crítica de la teoría de la cultura política, véase la reflexión de García Jurado (2006). TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �10 JORGE LUIS TRIANA SÁNCHEZ | RAÚL FERNÁNDEZ GÓMEZ el marco normativo; y la racionalidad del individuo en su toma de decisiones sobre participación política. Como se puede apreciar, existe un relativo consenso de que la participación política es determinada por factores internos del ciudadano (culturales o psicológicos), por factores del entorno (político, económico y social) y por sus características personales (sociodemográficas y económicas). Diversos estudios han documentado el impacto de estos determinantes sobre los distintos tipos de participación política; dentro de estos hallazgos, uno de los predictores de la participación política que suele destacar es la educación. Aunque existe consenso en la relación que guardan (a mayor educación, mayor participación), la manera en que opera la relación causal ha tenido diversas explicaciones. Una primera opción es que la educación proporciona a los ciudadanos conocimientos y habilidades requeridos en distintas formas de participación política; otra opción es que la educación promueve un estatus social que vuelve al ciudadano más propenso a la participación política; o bien, que la participación política en realidad se encuentra asociada a un conjunto de factores que también definen la educación de un individuo, como el entorno familiar, su inteligencia o personalidad (Persson, 2013, p. 15). En otros términos, Holzner (2010, pp. 84, 101-103) reconoce la importancia de factores individuales (culturales o psicológicos) y sociodemográficos (como el ingreso y la educación) en la determinación de la participación política, pero traslada el énfasis explicativo hacia otros factores del entorno institucional del ciudadano, como su pertenencia a grupos y organizaciones (políticos, laborales y civiles), y las políticas públicas implementadas por el Estado, particularmente los programas sociales; estos últimos podrían representar un incentivo a la participación, en la medida en que la población dependiente de programas de salud, educación, vivienda y combate a la pobreza concibe al gobierno como su principal proveedor de bienestar, con lo cual se vuelven relevantes el sistema político, sus instituciones, sus actores y las decisiones que toman. Otro factor del entorno relevante para la comprensión de la participación política, particularmente en México y en Guerrero, es el nivel de delincuencia. Al respecto, Bateson (2012) proporciona evidencia empírica de que la victimización es un importante predictor de la participación política; con datos de países de Europa, Asia, África y América, encuentra que aquellos ciudadanos que reportaron haber sido víctimas recientes de algún delito tienen mayor probabilidad de involucrarse en distintas formas de participación política, en relación a los ciudadanos que no lo fueron. Si bien no existe un estudio que haya evaluado el impacto de estos determinantes de la participación política no electoral en Guerrero, se tiene un TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN NO ELECTORAL EN GUERRERO, MÉXICO 11 antecedente importante en el trabajo de Somuano Ventura (2005), quien lo hizo para México. En dicho trabajo se midió el impacto de algunos atributos personales (como la edad, sexo, educación o ingreso), actitudes y valores políticos (como la eficacia política o la confianza institucional), y efectos de grupo (como la pertenencia a partidos u organizaciones civiles), sobre la participación política convencional y no convencional. A través de modelos de regresión lineal con datos de la Encuesta nacional de cultura política y prácticas ciudadanas 2001, su estudio revela que el impacto más importante sobre la participación política no electoral convencional y no convencional corresponde a los efectos de grupo, los cuales tienen un impacto positivo y significativo, sobre todo la pertenencia a agrupaciones políticas y civiles. Los resultados también muestran diferencias regionales recurrentes y la ausencia de un impacto de la escolaridad, salvo en la participación convencional que requiere interacción y cooperación entre los ciudadanos, donde resultó con un efecto negativo y significativo. No obstante, dicho estudio no considera algunas variables relevantes señaladas por la literatura, como la victimización o el ser beneficiario de algún programa social. METODOLOGÍA El objetivo del presente estudio es comprobar el impacto de los factores que, según sugiere la literatura, determinan los distintos tipos de participación política no electoral en el estado de Guerrero. Dicha comprobación utilizará datos provenientes de la Encuesta estatal sobre calidad de la ciudadanía en Guerrero 2016, en la cual se aplicaron entrevistas cara a cara en hogares a individuos de 18 años o más con credencial de elector y residencia en el estado; la encuesta utilizó un muestreo aleatorio, polietápico y estratificado, representativo a nivel estatal y por regiones, con una muestra total de 3,205 ciudadanos encuestados (IEPC-Guerrero, 2017, pp. 155-158).7 En dicha encuesta, se cuestionó al ciudadano si alguna vez había realizado 21 distintas actividades de participación no electoral. Siguiendo los criterios de clasificación de Somuano Ventura (2005),8 estas 21 actividades se ubicaron en cuatro tipos de participación política no electoral: 7 Cabe aclarar que este tamaño muestral se verá reducido al realizar el análisis de regresión, en el cual solamente se incluyen las observaciones que no cuentan con ningún valor perdido en las variables utilizadas. 8 El motivo de adoptar la tipología de participación política propuesta por Somuano Ventura (2005) es que, además de facilitar metodológicamente la clasificación de las distintas actividades consideradas en este estudio, los criterios en los que se basa dicha clasificación cuentan con un sustento empírico al provenir de un análisis factorial de datos nacionales. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �12 JORGE LUIS TRIANA SÁNCHEZ | RAÚL FERNÁNDEZ GÓMEZ 1. Convencional individual, que comprende doce actividades: publicar cartas en los periódicos; pedir apoyo a organizaciones civiles; solicitar apoyo a un partido político; pedir ayuda a su legislador (regidor, diputado o senador); llamar a programas de radio o televisión; escribirle o comunicarse con el presidente de la República, gobernador o presidente municipal; colocar mantas, carteles o difundir fotografías; repartir volantes, circulares o manifiestos; enviar mensajes por redes sociales; platicar con otras personas sobre temas políticos; intentar convencer a amigos para que voten por un candidato; y leer o compartir información política por alguna red social. 2. Convencional coordinada, a la que corresponden seis actividades: organizarse con otras personas afectadas; quejarse ante las autoridades; firmar una carta o solicitud de apoyo; colaborar con los partidos políticos previo o durante las campañas; asistir a reuniones de cabildo municipal; y firmar peticiones o documentos en señal de protesta. 3. No convencional legal, con sólo dos actividades: asistir a manifestaciones o protestas públicas, y participar en una huelga. 4. No convencional ilegal, con sólo una actividad, que consiste en participar en la toma o bloqueo de lugares o instalaciones públicas. Siguiendo las directrices de la literatura, se propone que estos cuatro tipos de participación política no electoral se encuentran en función de los siguientes determinantes: a. Atributos individuales, donde se incluyen la edad, el sexo, la escolaridad, la ocupación, la autoadscripción indígena y la clase social a la que considera pertenecer. b. Atributos del hogar, donde se considera el ingreso del hogar, un índice de bienes y servicios disponibles en la vivienda, si el encuestado o algún habitante del hogar fue víctima de un delito en los últimos 12 meses, y si el encuestado o algún habitante del hogar es beneficiario actualmente de algún programa social.9 9 Aunque estos atributos son de muy distinta índole, el motivo de agruparlos en esta dimensión es que en el instrumento de captación los ítems preguntaban por dichos atributos con respecto al hogar del encuestado, a diferencia de los atributos individuales, cuyos ítems capturaban características de la persona encuestada. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �Convencional coordinada Convencional individual Participación política no electoral convencional individual Participación política no electoral convencional coordinada Nombre genérico Descripción CUADRO 1 Construcción de variables P20. Cuando a usted, su familia y/o su comunidad le afecta algún problema, ¿alguna vez ha tratado de…? Organizarse con otras personas afectadas, quejarse ante las autoridades, firmar una carta o solicitud de apoyo. P27. Ahora le voy a leer una lista de actividades. Para cada una de ellas, por favor dígame si usted ha participado o no ha participado: Colaborar con los partidos previo o durante las campañas, asistir a reuniones del cabildo municipal, firma de peticiones o documentos en señal de protesta. P20. Cuando a usted, su familia y/o a su comunidad le afecta algún problema, ¿alguna vez ha tratado de…? Mandar cartas al periódico; pedir apoyo a alguna asociación civil; solicitar apoyo a un partido político; pedir ayuda a su legislador (regidor, diputado, senador); llamar a un programa de radio o televisión; escribirle o comunicarse con el presidente; colocar mantas, carteles o difundir fotografías; repartir volantes, circulares o manifiestos; enviar mensajes por redes sociales. P27. Ahora le voy a leer una lista de actividades. Para cada una de ellas, por favor dígame si usted ha participado o no ha participado: Platicar con otras personas sobre temas políticos, intentar convencer a sus amigos para que voten por un candidato, leer o compartir información política por alguna red social. Ítem de la encuesta Variable numérica, captura la proporción de actividades que menciona haber tratado (P20) o realizado (P27). Toma el valor de cero si no menciona ninguna, y el valor de uno si menciona todas las actividades. Variable numérica, captura la proporción de actividades que menciona haber tratado (P20) o realizado (P27). Toma el valor de cero si no menciona ninguna, y el valor de uno si menciona todas las actividades. Codificación CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN NO ELECTORAL EN GUERRERO, MÉXICO TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 13 �P27. Ahora le voy a leer una lista de actividades. Para cada una de ellas, por favor dígame si usted ha participado o no ha participado: Toma o bloqueo de lugares o instalaciones públicas ¿Qué edad tiene usted? [No preguntar] Sexo Edad Sexo Atributos individuales TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 Variable dicotómica, que toma los valores de uno si es mujer y el valor de cero si es hombre. Variable numérica, medida en años cumplidos. Variable dicotómica, toma el valor de uno si contestó haber participado en una toma o bloqueo, y el valor de cero si no. Variable dicotómica, toma el valor de uno si contestó haber participado en una huelga, y el valor de cero si no. Huelga P27. Ahora le voy a leer una lista de actividades. Para cada una de ellas, por favor dígame si usted ha participado o no ha participado: Participar en una huelga. Variable dicotómica, toma el valor de uno si contestó haber tratado de asistir (P20) o participado (P27) en una manifestación o protesta pública, y el valor de cero si no. Manifestaciones o P20. Cuando a usted, su familia y/o a su comunidad le afecta protestas públicas algún problema, ¿alguna vez ha tratado de…? Asistir a manifestaciones. P27. Ahora le voy a leer una lista de actividades. Para cada una de ellas, por favor dígame si usted ha participado o no ha participado: Participar en manifestaciones o protestas públicas. Participación políti- Toma o bloca no electoral no queo de lugares convencional ilegal públicos Participación política no electoral no convencional legal 14 JORGE LUIS TRIANA SÁNCHEZ | RAÚL FERNÁNDEZ GÓMEZ �¿Usted se considera una persona blanca, mestiza, indígena, negra, mulata u otra? [Si contesta ‘afromexicana’, codificar como negra.] ¿Usted se considera de clase…? Baja, media baja, media, media alta, alta. ¿Cuál es su ocupación, a qué se dedica usted? Si no tiene empleo, usted es: ama de casa, estudiante, jubilado/ pensionado, desempleado. Autoadscripción clase social Trabajador Ama de casa Estudiante Retirado o jubilado Desempleado Ninguna ¿Hasta qué año escolar estudió usted? Autoadscripción indígena Escolaridad TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 Variables dicotómicas, que toman el valor de uno en la ocupación correspondiente a cada ciudadano, y el valor de cero para todas las demás. Variable categórica ordinal, que toma los valores: 1 - Baja 2 - Media-baja 3 - Media 4 - Media-alta 5 - Alta Variable dicotómica, que toma los valores de uno si indica que es indígena, y el valor de cero si indica cualquier otra opción. Variable ordinal, que toma los valores: 1 - Ninguno 2 - Primaria incompleta 3 - Primaria completa 4 - Secundaria incompleta 5 - Secundaria completa 6 - Carrera técnica o preparatoria 7 - Universidad y más CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN NO ELECTORAL EN GUERRERO, MÉXICO 15 �Atributos del hogar Sumando los ingresos de todas las personas que trabajan en su casa, ¿en qué letra ubicaría el ingreso mensual de este hogar? [A] 0 a 1 sal. mín. (0 a 2,191) [B] 1 a 2 sal. mín. (2,191 a 4,382) [C] 2 a 3 sal. mín. (4,382 a 6,573) [D] 3 a 4 sal. mín. (6,573 a 8,764) [E] 4 a 5 sal. mín. (8,764 a 10,956) [F] 5 a 6 sal. mín. (10,956 a 13,147) [G] 6 a 7 sal. mín. (13,147 a 15,338) [H] 7 a 8 sal. mín. (15,338 a 17,529) [I] 8 a 10 sal. mín. (17,529 a 21,912) [J] 10 a 30 sal. mín. (21,912 a 65,746) [K] 30 o más sal. mín. (65,746 o más) ¿Podría decirme por favor si en su casa tiene…? Televisor, refrigerador, teléfono fijo, vehículo, lavadora de ropa, microondas, agua potable dentro de su casa, cuarto de baño dentro de su casa, computadora, servicio de internet, conexión a la red de saneamiento. ¿En los últimos 12 meses usted o alguien de los que residen en esta vivienda ha sido o no ha sido víctima de algún delito? Sí, yo he sido víctima Sí, alguien de esta vivienda Ambos No ¿Usted o su familia son beneficiarios de alguno o algunos programas sociales? Ingreso Bienes y servicios Victimización Programa social TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 Variable dicotómica, que toma el valor de uno si menciona ser beneficiario él o su familia, y el valor de cero si no. Variable dicotómica, que toma el valor de uno si indica que él ha sido víctima, alguien de la vivienda, o ambos, y el valor de cero si no. Variable numérica, que representa el índice aditivo de los bienes y servicios mencionados por el encuestado; toma valores de cero a once. Variable ordinal, que toma los valores: 1 - Ingresos de 0 a 2,191 2 - Ingresos de 2,191 a 4,382 3 - Ingresos de 4,382 a 6,573 4 - Ingresos de 6,573 a 8,764 5 - Ingresos de 8,764 y más 16 JORGE LUIS TRIANA SÁNCHEZ | RAÚL FERNÁNDEZ GÓMEZ �Cultura política Por lo que usted sabe o ha escuchado: ¿Qué significa ONU? ¿Cuáles son las cámaras que componen el Congreso de la Unión en México? ¿Cuántos diputados hay en la Cámara de Diputados de México? A continuación, le voy a leer algunas frases. Para cada una de esas frases, por favor dígame, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo? ¿Muy o algo? “La gente como yo tiene influencia sobre lo que hace el gobierno”. A continuación, le voy a leer algunas frases. Para cada una de esas frases, por favor dígame, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo? ¿Muy o algo? “Los políticos se preocupan mucho por lo que piensa la gente como yo”. En términos generales, ¿diría usted que se puede confiar o no se puede confiar en la mayoría de las personas? Conocimientos políticos Eficacia política interna Eficacia política externa Confianza interpersonal TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 Variable dicotómica, que toma el valor de uno si considera que se puede confiar, y de cero si no. Variable ordinal, que toma los valores: 1 - Muy en desacuerdo 2 - Algo en desacuerdo 3 - Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 - Algo de acuerdo 5 - Muy de acuerdo Variable ordinal, que toma los valores: 1 - Muy en desacuerdo 2 - Algo en desacuerdo 3 - Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 - Algo de acuerdo 5 - Muy de acuerdo Variable numérica, que representa el índice aditivo de respuestas correctas a las preguntas; toma valores de cero a tres. CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN NO ELECTORAL EN GUERRERO, MÉXICO 17 �Pertenencia a grupos TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 ¿Usted votó en las pasadas elecciones del 7 de junio de 2015 para diputados federales? Voto Por favor dígame si usted es miembro activo, perteneció anteriormente o nunca ha pertenecido a las siguientes agrupaciones: Partido político ¿Cuál de las siguientes frases se acerca más a lo que usted piensa? La democracia es preferible a cualquier forma de gobierno. A la gente como usted le da lo mismo un sistema democrático que uno no democrático. En algunas circunstancias un gobierno autoritario de mano dura puede ser preferible a uno democrático. Apoyo a la democracia Partido político Ahora le voy a mencionar el nombre de algunas instituciones o grupos sociales. Por favor, dígame ¿cuánta confianza tiene en…? ¿Mucha, algo, poca o nada? Maestros, empresarios, jueces, sindicatos, policía, organizaciones no gubernamentales, gobierno federal, ejército, iglesias, partidos políticos, diputados, el IEPC, organizaciones vecinales, medios de comunicación, gobierno de su estado, gobierno de su municipio, organizaciones de ayuda en adicciones. Confianza institucional Variable dicotómica, que toma el valor de uno si es miembro activo de un partido político, y el valor de cero si no. Variable dicotómica, que toma el valor de uno si votó, y el valor de cero si no. Variable dicotómica, que toma el valor de uno si indica la opción “la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno”, y el valor de cero si no. Variable numérica, con rango de 0 a 3, construida como el puntaje promedio de las instituciones mencionadas, donde la respuesta “Mucha” se pondera con 3 puntos, “Algo” con 2 puntos, “Poca” con 1 punto y “Nada” con 0 puntos. 18 JORGE LUIS TRIANA SÁNCHEZ | RAÚL FERNÁNDEZ GÓMEZ �TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 Variable dicotómica, que toma el valor de uno si es miembro activo de una organización religiosa, y el valor de cero si no. Variables dicotómicas, que toman el valor de uno en la región a la cual pertenece el ciudadano, y el valor de cero para todas las demás. Por favor dígame si usted es miembro activo, perteneció anteriormente o nunca ha pertenecido a las siguientes agrupaciones: Organización religiosa Región del estado. Organización religiosa Acapulco Centro Norte Costa Chica Costa Grande Montaña Tierra Caliente Variable dicotómica, que toma el valor de uno si es miembro activo de un sindicato, y el valor de cero si no. Por favor dígame si usted es miembro activo, perteneció anteriormente o nunca ha pertenecido a las siguientes agrupaciones: Sindicato Sindicato Fuente: Elaboración propia. Región Variable dicotómica, que toma el valor de uno si es miembro activo al menos de una de las tres agrupaciones, y el valor de cero si no es miembro activo de ninguna de las tres. Organización civil Por favor dígame si usted es miembro activo, perteneció anteriormente o nunca ha pertenecido a las siguientes agrupaciones: Asociación de voluntariado o beneficencia, organización de protección de derechos humanos, organización ambientalista. CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN NO ELECTORAL EN GUERRERO, MÉXICO 19 �20 JORGE LUIS TRIANA SÁNCHEZ | RAÚL FERNÁNDEZ GÓMEZ c. Cultura política, que incorpora el nivel de conocimiento sobre temas políticos, la eficacia política interna y externa, la confianza interpersonal e institucional, su apoyo a la democracia como forma de gobierno y si votó en las elecciones de junio de 2015 para diputado federal. d. Pertenencia a grupos, que indica si el ciudadano pertenece a algún partido político, organización civil, sindicato u organización religiosa. e. Región geográica, que señala la región del estado a la cual pertenece el ciudadano, pudiendo ser Acapulco, Centro, Norte, Costa Chica, Costa Grande, Montaña o Tierra Caliente. En el cuadro 1 se detalla la construcción de las variables a utilizar, incluyendo los ítems de la encuesta que fueron utilizados, así como los criterios de codificación. La relación funcional propuesta implica que cada uno de los tipos de participación política no electoral (convencional individual, convencional coordinada, manifestaciones o protestas, huelgas, y toma o bloqueo de lugares públicos) se encuentra en función de los determinantes que sugiere la literatura (atributos individuales, atributos del hogar, cultura política, pertenencia a grupos y región geográfica). Con el fin de validar dicha relación, y cuantificar la magnitud del efecto de cada factor determinante, se propone llevar a cabo un análisis de regresión lineal, tomando la proporción de actividades convencionales individuales y la proporción de actividades convencionales coordinadas como variables dependientes. Para la participación no convencional, en cambio, sólo se dispone de dos actividades legales y una ilegal, por lo cual resulta conveniente analizar cada una de estas tres actividades de manera individual, codificándolas como variables dicotómicas; por lo tanto, el análisis de la participación no convencional recurre a regresiones logísticas binomiales en vez de regresiones lineales. RESULTADOS En el cuadro 2 se muestran los resultados de las estimaciones de los modelos de regresión lineal para los tipos de participación convencional individual y coordinada. Para el primer tipo de participación, que incluye la proporción de actividades (de un total de 12) que el ciudadano reportó haber realizado alguna vez, y clasificadas como convencionales con cierta iniciativa individual TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN NO ELECTORAL EN GUERRERO, MÉXICO 21 y poca cooperación con otras personas, los resultados muestran un modelo globalmente significativo, con una capacidad de explicar el 20% de la varianza de la variable dependiente. Para este tipo de participación, los atributos individuales que resultaron tener un impacto positivo y estadísticamente significativo fueron la escolaridad y la autoadscripción a una determinada clase social, mientras que el ser mujer obtuvo un impacto negativo. Respecto a los atributos del hogar, se encontró que en aquellos con mayor disponibilidad de bienes y servicios, donde han sido víctimas de algún delito o donde habitan beneficiarios de algún programa social, los ciudadanos tendrán una mayor propensión a participar en este tipo de actividades individuales convencionales. De entre las variables de cultura política, solamente la confianza institucional y la participación a través del voto tuvieron impactos positivos y estadísticamente significativos; es decir, la confianza en las instituciones promueve la participación no electoral convencional individual, además de que esta última exhibe una relación de complementariedad con la participación electoral. Sin embargo, ninguno de los impactos anteriormente citados se compara con el efecto de las variables de grupo, y particularmente, con la pertenencia a algún partido político; los resultados muestran que, a pesar de tratarse de un tipo de participación que requiere de poca cooperación con otras personas, el pertenecer a alguno de estos grupos aumenta la propensión a involucrarse en dichas actividades. Finalmente, la región de residencia no mostró diferencias significativas entre las mismas, con excepción de la región Norte, en la cual la participación convencional individual resultó inferior al resto del estado. Pasando al modelo que analiza la proporción de actividades convencionales coordinadas (de un total de seis), también resultó ser globalmente significativo, con capacidad de explicar el 17% de la varianza de la variable dependiente. Dentro de los atributos individuales, solamente la edad y la escolaridad tuvieron impactos positivos y estadísticamente significativos, mientras que las mujeres, de nuevo, mostraron menor propensión a este tipo de participación, aunque ahora también el ser retirado o jubilado implicó un impacto negativo. En cuanto a los atributos del hogar, el contar con beneficiarios de algún programa social se traduce en una mayor proporción de participación en los habitantes del mismo. En las variables de cultura política, se replica el impacto positivo y significativo de la confianza institucional y el voto, además de la eficacia política interna. De nuevo, las variables de pertenencia a grupos sobresalen en el modelo explicativo, pues pertenecer a un partido político, organización civil, sindicato u organización religiosa impacta positivamente en la proporción de actividades convencionales coordinadas. Pero quizá la principal distinción entre la participación convencional TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �22 JORGE LUIS TRIANA SÁNCHEZ | RAÚL FERNÁNDEZ GÓMEZ individual y coordinada es que en esta última aparecen diferencias regionales más marcadas, al posicionarse las regiones Centro, Norte y Montaña con una propensión a participar mayor que en el resto del estado. Hasta aquí, las coincidencias entre los efectos observados sobre las actividades individuales y colectivas posicionan a la participación convencional como un tipo de expresión política que es determinada en mayor medida por la pertenencia a grupos políticos, civiles, sindicales o religiosos, y que además muestra patrones diferenciados por sexo y escolaridad; también se ve afectada por vivir en un hogar que es beneficiario de algún programa social, por la confianza que el ciudadano tenga de las instituciones y por su participación electoral. Para el análisis de la participación no convencional, como se comentó en el apartado metodológico, se utilizaron modelos de regresión logísticos sobre dos tipos de acciones que no violentaban la ley (manifestación o protesta, y huelga) y un tipo de acción ilegal (toma o bloqueo de lugares públicos), cuyos resultados se muestran en el cuadro 3. Los tres modelos resultaron ser globalmente significativos, además de contar con una capacidad predictiva destacada, pues el modelo para manifestación o protesta logró clasificar adecuadamente el 76% de los casos, mientras que tanto el modelo para huelga como el de toma o bloqueo de lugares públicos alcanzaron a predecir correctamente casi el 91% de los casos. Para la participación no convencional a través de la manifestación o protesta, los atributos individuales que resultaron con impactos positivos y significativos fueron la escolaridad y la autoadscripción indígena; el resultado de la escolaridad ya se había observado al analizar los dos tipos de participación convencional, pero destaca la presencia de la condición indígena, pues éste fue el único tipo de participación política donde resultó ser significativa. Respecto a la ocupación de los ciudadanos, solamente los desempleados mostraron una mayor probabilidad de participación, y también aquellos residentes de hogares con una víctima de algún delito; de las variables de cultura política, la confianza institucional y el voto impactaron de manera positiva y estadísticamente significativa sobre la probabilidad de participación. Pero, tal como sucedió en el análisis de los dos tipos de participación convencional, las variables de grupo son las que destacan por la magnitud de su impacto, en este caso, sobre la probabilidad de participar en una manifestación o protesta, aunque ahora tiene más sentido dicha distinción, al tratarse de una actividad grupal que requiere cierto grado de coordinación, y donde la membresía en algún grupo político, civil, sindical o religioso podría facilitar la comunicación y el acuerdo entre ciudadanos. Por último, la participación mediante manifestación o protesta presentó un comportamiento destacado en las regiones Norte, Costa Chica y Montaña, respecto al resto de la entidad. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �23 CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN NO ELECTORAL EN GUERRERO, MÉXICO CUADRO 2 Resultados de los modelos de regresión lineal para participación convencional Obs. Individual Coordinada 1,989 1,989 R 0.201 0.172 Prob>F 0.000 0.000 2 Coef. Error estándar Coef. Error estándar Edad 0.000 0.000 0.001 0.000 ** Sexo -0.026 0.010 *** -0.043 0.012 *** Escolaridad 0.013 0.003 *** 0.022 0.004 *** Autoadscripción indígena 0.017 0.012 0.010 0.017 Autoadscripción clase social 0.010 0.005 0.002 0.007 Ama de casa 0.002 0.011 -0.006 0.015 Estudiante -0.007 0.014 -0.015 0.019 Retirado o jubilado 0.000 0.020 -0.061 0.027 Desempleado 0.019 0.014 0.006 0.019 Ninguna 0.004 0.022 -0.030 0.034 Ingreso -0.001 0.004 0.004 0.005 Bienes y servicios 0.004 0.002 ** -0.002 0.002 Victimización 0.036 0.010 *** 0.013 0.013 Programa social 0.024 0.008 *** 0.028 0.011 Conocimientos políticos 0.001 0.004 0.000 0.006 Atributos individuales ** ** Atributos del hogar *** Cultura política Eficacia política interna 0.005 0.004 0.011 0.006 Eficacia política externa -0.001 0.004 -0.002 0.006 Confianza interpersonal 0.019 0.012 0.007 0.014 TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 * �24 JORGE LUIS TRIANA SÁNCHEZ | RAÚL FERNÁNDEZ GÓMEZ Confianza institucional 0.061 0.008 Apoyo a la democracia 0.012 0.008 Voto 0.033 0.008 Partido político 0.111 Organización civil Sindicato Organización religiosa *** 0.072 0.010 *** -0.010 0.011 *** 0.042 0.011 *** 0.025 *** 0.140 0.032 *** 0.087 0.019 *** 0.085 0.024 *** 0.063 0.017 *** 0.046 0.020 ** 0.027 0.013 ** 0.054 0.018 *** 0.041 0.018 ** *** -0.036 0.016 ** Pertenencia a grupos Región Centro 0.007 0.013 Norte -0.035 0.013 Costa Chica 0.006 0.013 0.030 0.018 Costa Grande -0.007 0.015 0.016 0.020 Montaña 0.008 0.014 0.099 0.021 Tierra Caliente -0.024 0.015 -0.019 0.021 Se utilizan errores estándar robustos. *** Significativo al 1% ** Significativo al 5% * Significativo al 10% Fuente: Elaboración propia. *** Pasando a la participación no convencional a través de una huelga, los resultados muestran menos atributos individuales con impactos estadísticamente significativos, como es el caso de la escolaridad, con un impacto positivo, y el ser ama de casa, con un impacto negativo, sobre la probabilidad de participar en esta actividad. Mientras que ningún atributo del hogar resultó estadísticamente significativo, en las variables de cultura política se encuentran impactos positivos en la eficacia política externa, la confianza institucional y el apoyo a la democracia. La pertenencia a grupos también impacta de manera positiva la probabilidad de participar en una huelga, ante la pertenencia a un sindicato, pero también a grupos civiles y religiosos. Y en cuanto al impacto de las regiones, únicamente aquellos ciudadanos de la Costa Chica tienen mayor probabilidad de participar en una huelga, respecto al resto de los ciudadanos del estado. En el último tipo de participación, que además de ser no convencional también es ilegal, los resultados del modelo de regresión ubican a la toma y TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �25 CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN NO ELECTORAL EN GUERRERO, MÉXICO CUADRO 3 Resultados de los modelos de regresión logística para participación no convencional Manifestación o protesta Huelga 1,986 1,936 Pseudo R 0.108 0.093 0.082 Prob>X 0.000 0.000 0.000 76.2% 90.9% 90.8% 23% 7.1% 7.3% 9.1% 9.1% Obs. 2 2 Casos correctamente clasificados Prob (y=1) y=1 25.6% dy/dx Error estándar dy/dx Toma o bloqueo de lugares públicos 1,948 Error estándar dy/dx Error estándar Atributos individuales Edad 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 Sexo -0.015 0.024 -0.008 0.013 0.000 0.013 Escolaridad 0.026 0.008 *** 0.010 0.005 0.006 0.005 Autoadscripción indígena 0.069 0.034 ** 0.010 0.019 0.012 0.019 Autoadscripción clase social -0.009 0.013 0.808 0.006 -0.010 0.007 Ama de casa 0.053 0.033 -0.043 0.013 -0.017 0.015 Estudiante 0.005 0.038 -0.014 0.018 -0.046 0.014 *** Retirado o jubilado -0.051 0.049 -0.030 0.022 -0.055 0.016 *** ** *** Desempleado 0.076 0.038 -0.006 0.018 0.002 0.021 Ninguna -0.016 0.056 0.013 0.037 -0.031 0.025 Ingreso 0.011 0.009 0.004 0.005 0.006 0.005 Bienes y servicios -0.003 0.005 -0.004 0.003 -0.001 0.002 Victimización 0.041 0.025 0.002 0.013 0.022 0.014 Programa social 0.023 0.021 0.001 0.012 0.026 0.013 ** Atributos del hogar * TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 ** �26 JORGE LUIS TRIANA SÁNCHEZ | RAÚL FERNÁNDEZ GÓMEZ Cultura política Conocimientos políticos 0.016 0.011 0.000 0.006 0.005 0.006 Eficacia política interna 0.010 0.010 0.005 0.005 0.011 0.005 ** Eficacia política externa 0.009 0.011 -0.013 0.006 -0.010 0.006 * Confianza interpersonal -0.003 0.027 0.026 0.017 0.019 0.017 Confianza institucional 0.061 0.019 0.024 0.011 ** 0.003 0.012 Apoyo a la democracia 0.019 0.021 0.025 0.012 ** 0.028 0.012 Voto 0.059 0.021 *** 0.004 0.012 0.005 0.013 Partido político 0.114 0.060 * 0.045 0.031 0.014 0.030 Organización civil 0.151 0.050 *** 0.074 0.031 ** 0.021 0.026 Sindicato 0.172 0.046 *** 0.058 0.026 ** 0.086 0.030 Organización religiosa 0.073 0.033 ** 0.038 0.019 * 0.004 0.017 *** ** ** Pertenencia a grupos *** Región Centro 0.032 0.034 0.004 0.019 0.020 0.021 Norte -0.073 0.031 ** -0.008 0.019 -0.019 0.018 Costa Chica 0.175 0.040 *** 0.040 0.024 0.031 0.025 Costa Grande -0.009 0.042 0.037 0.031 0.015 0.028 Montaña 0.182 0.047 0.040 0.028 0.079 0.035 Tierra Caliente -0.028 0.041 0.020 0.027 0.018 0.027 *** * ** Se utilizan errores estándar robustos. Efectos marginales calculados alrededor de la media para variables numéricas, y ante cambios de cero a uno en variables dicotómicas. *** Significativo al 1% ** Significativo al 5% * Significativo al 10% Fuente: Elaboración propia. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN NO ELECTORAL EN GUERRERO, MÉXICO 27 bloqueo de lugares públicos como una actividad que se distingue de los demás tipos de participación política no electoral. De entrada, la mayoría de los atributos sociodemográficos no resultaron estadísticamente significativos, y solamente los estudiantes, retirados o jubilados tienen menor probabilidad de incursionar en esta actividad. Respecto a los atributos del hogar, aquellos con beneficiarios de algún programa social son más propensos a participar por esta vía, efecto que ya se había encontrado en la participación convencional, pero no en la manifestación o protesta, ni en la huelga. Otra particularidad se encuentra en las variables de cultura política, pues éste es el único tipo de participación donde simultáneamente la eficacia política interna y externa tienen impactos estadísticamente significativos: la primera en un sentido positivo y la segunda en un sentido negativo. Este resultado quiere decir que la motivación a incursionar en la toma o bloqueo de lugares públicos proviene en parte de la percepción que tiene el ciudadano de que sus acciones pueden influir en la acción gubernamental, y de que a la clase política no le importa lo que piensa la ciudadanía; pero además, el apoyo a la democracia como forma de gobierno tuvo un impacto positivo y estadísticamente significativo sobre la probabilidad de participar por esta vía, con lo cual se presume que el empoderamiento que se logra con la toma o bloqueo de lugares públicos, en un ciudadano que se cree capaz de influir en las acciones gubernamentales y que simultáneamente presenta una desafección hacia los políticos, no atenta —bajo su concepción— contra el orden democrático establecido, aunque su actuar se encuentre fuera de la ley. Al observar, por otro lado, los efectos de grupo, la pertenencia a un sindicato muestra un impacto positivo, pero a diferencia de los otros tipos de participación, el efecto de pertenencia a otro tipo de grupos fue nulo. Y, por último, las diferencias regionales señalan a la Montaña como la región más propensa a este tipo de participación, por encima del resto de la entidad. CONCLUSIONES Este trabajo buscó aportar a la comprensión de la participación política no electoral en México, a partir del caso de la ciudadanía en Guerrero, un estado caracterizado por sus circunstancias de pobreza, violencia y delincuencia. Considerando una tipología de participación convencional (individual y colectiva) y no convencional (legal e ilegal), se comprobó el efecto de algunos atributos individuales del ciudadano, de su hogar, su pertenencia a grupos, aspectos de cultura política y la región de residencia sobre la propensión a involucrarse en estas actividades. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �28 JORGE LUIS TRIANA SÁNCHEZ | RAÚL FERNÁNDEZ GÓMEZ Dentro de los principales hallazgos, se destaca que el pertenecer a partidos políticos, organizaciones civiles, sindicatos u organizaciones religiosas promueve la mayor parte de los tipos de participación política no electoral analizados. Por otro lado, se comprueba que existe una menor participación de las mujeres en las actividades convencionales; que una mayor escolaridad promueve todos los tipos de participación política no electoral, siempre y cuando sean legales; y que la condición indígena solamente determina la propensión a participar mediante acciones de manifestación o protesta. A pesar de la situación de violencia y delincuencia que aqueja a todas las regiones de la entidad, se encontró que en aquellos hogares con al menos una víctima de algún delito se tiene una mayor participación convencional, pero solamente individual y no coordinada, mientras que en la participación no convencional solamente aumenta la probabilidad de participar mediante la manifestación o protesta. Entre los aspectos más destacados sobre cultura política, se encontró que la confianza institucional promueve todos los tipos de participación, con excepción de la ilegal, además de que la participación electoral exhibe una relación de complementariedad con la participación no electoral convencional individual y coordinada, así como con la manifestación o protesta. Por último, se sugiere que investigaciones futuras repliquen este tipo de análisis en otros estados del país, con el fin de comprobar si los hallazgos citados constituyen una regularidad en el comportamiento político nacional, o bien responden a coyunturas locales. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Almond, G. y Verba, S. (1963). The civic culture: Political attitudes and democracy in ive nations. Princeton: Princeton University Press. Bateson, R. (2012). Crime victimization and political participation. American Political Science Review, 106(3), 570-587. Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal [CCSPJP] (2016). La violencia en los municipios de México (2015). México: Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Recuperado de: http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/bi blioteca/prensa/send/6-prensa/235-la-violencia-en-los-municipios-de-mexico-2015 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [Coneval] (2017). Comunicado de prensa No. 09. Coneval informa la evolución de la pobreza 2010-2016. México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Co municado-09-Medicion-pobreza-2016.pdf TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN NO ELECTORAL EN GUERRERO, MÉXICO 29 Conway, M. M. (2000). Political participation in the United States. Washington: CQ Press. Cordourier Real, C. R. (2015). Participación ciudadana e instituciones: Un análisis desde la teoría democrática de Robert A. Dahl. Estudios Sociológicos, 33(99), 579-605. García Jurado, R. (2006). Crítica de la teoría de la cultura política. Política y Cultura, 26, 131151. Heras Gómez, L. (2002). Cultura política: El estado del arte contemporáneo. Relexión Política, 4(8), 181-191. Holzner, C. A. (2010). Poverty of democracy. The institutional roots of political participation in Mexico. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. Hooghe, M. (2014). Defining political participation: How to point an elusive target? Acta Politica, 49(3), 338-341. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero [IEPC-Guerrero] (2017). Informe sobre la calidad de la ciudadanía en Guerrero. Chilpancingo: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero-Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Universidad Autónoma de Guerrero. Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2015). Principales resultados de la Encuesta intercensal 2015. Aguascalientes: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Instituto Nacional Electoral [INE] (2014). Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México. Ciudad de México: Instituto Nacional Electoral. López Serrano, J. y López Serrano, J. (2009). La participación política ciudadana: Sus límites y controles institucionales en el caso mexicano. Estudios Políticos, 16, 9-45. Milbrath, L. W. y Goel, M. L. (1977). Political participation. How and why do people get involved in politics? Chicago: Rand McNally. Pasquino, G. (2011). Nuevo curso de ciencia política. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. Persson, M. (2013). Does education cause participation in politics? Göteborg Studies in Politics, 134. Gothenburg: University of Gothenburg-Faculty of Social Sciences. Sabucedo, J. M. (1988). Participación política. En J. Seoane y A. Rodríguez. Psicología política (pp. 165-194). Madrid: Pirámide. Somuano Ventura, M. F. (2005). Más allá del voto: Modos de participación política no electoral en México. Foro Internacional, 45(1), 65-88. Torcal, M., Montero, J. R. y Teorell, J. (2006). La participación política en España: Modos y niveles en perspectiva comparada. Revista de Estudios Políticos, 132, 7-41. Verba, S., Nie, N. H. y Kim, J.-O. (1971). The modes of democratic participation: A cross-national comparison. Beverly Hills: Sage. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �30 Trabajo Indígena en la Ciudad de León, Guanajuato, México Indigenous Work in the City of Leon, Guanajuato, Mexico IVY JACARANDA JASSO MARTÍNEZ* | MARÍA ÁUREA VALERDI GONZÁLEZ** ► RESUMEN En este artículo se analiza la situación laboral de indígenas que se insertan en el mercado de trabajo en una de las diez ciudades más grandes de México: León. Es frecuente que los indígenas que migran a las urbes se inserten en el comercio ambulante por diversas razones: falta de capacitación, poco dominio del castellano, discriminación, etcétera. Lo anterior implica el acceso a trabajos precarios y desprotegidos. Si los escenarios del trabajo ambulante en general son difíciles, para los indígenas son doblemente complicados, por ello una de sus alternativas es organizarse para que sean reconocidos sus derechos, entre ellos los laborales. Palabras clave: Trabajo no clásico | Indígenas | Ambulantaje | Discriminación | Migración. ► ABSTRACT This article analyzes the employment situation of indigenous people who enter the labor market in one of the ten largest cities in Mexico: Leon. Often the indigenous who migrate to the cities to be inserted into the street trade for several reasons: lack of training, poor command of Castilian language, discrimination, etcetera. This involves access to precarious and vulnerable jobs. If the conditions of work are themselves walking difficult, for indigenous migrants is doubly complicated, for that reason, one of the strategies is organize to be recognized their rights, including labor. Keywords: Non-classical work | Indigenous | Street trading | Discrimination | Migration. * Profesora de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato, Campus León, División de Ciencias Sociales y Humanidades. Correo electrónico: ivyja@hotmail.com ** Profesora-investigadora de la Universidad de Guanajuato, Campus León, División de Ciencias Sociales y Humanidades. Correo electrónico: aurea.ugto@gmail.com Recibido: 7 de febrero de 2018 | Aceptado: 4 de julio de 2018 TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 ISSN 2007-1205 | pp. 30-53 �TRABAJO INDÍGENA EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO 31 INTRODUCCIÓN En la década de los años noventa del siglo XX se registraron importantes cambios en los movimientos migratorios en México, los flujos a ciudades medianas y zonas metropolitanas se incrementaron y la migración rural se convirtió en una oleada familiar, prolongada y de retorno incierto (Arias, 2009). Los diferentes flujos migratorios, internos e internacionales, refieren condiciones, motivaciones y expectativas diferenciadas, aunque en algunas ocasiones se articulan y complementan. Si bien la migración indígena comparte características con la migración de población mestiza o no indígena, en esta participación expondremos algunas de las particularidades de la movilidad interna (rural-urbana) entre población culturalmente diferente, pero vinculada a la discusión respecto al trabajo, como una de las relaciones poco estudiadas pero necesarias de abordar. En este sentido, hemos identificado escasos estudios que se refieren a las experiencias de trabajo indígena en ámbitos urbanos. Contamos con abundante literatura respecto a los jornaleros indígenas en México y en el país vecino (Estados Unidos), pero sabemos poco de las condiciones y expectativas laborales de los indígenas que han llegado a las principales ciudades de México y de aquellos que ya han nacido en las urbes. Es entonces que nos interesa estudiar el trabajo que desempeñan grupos indígenas que han migrado a la ciudad de León, Guanajuato (en la región centro oriente de México), en busca de mejores condiciones de vida para sus familias. En las urbes, estas minorías étnicas se dedican principalmente a la venta ambulante; otras de las actividades comunes son la construcción —albañiles— y el trabajo doméstico, principalmente (Durin, 2010a, p. 22). De acuerdo con las entrevistas y charlas realizadas, entre las razones que se expresaron para que estas familias incursionen en el ámbito de la economía informal están la falta de educación (saber leer y escribir) y capacitación, poco dominio del idioma castellano, discriminación por ser indígenas y escasa flexibilidad de horarios, entre otros aspectos. Lo anterior ha implicado acceso limitado a la satisfacción de necesidades mínimas. Algunos otros indígenas, los menos, tienen empleo en industrias manufactureras del sector formal, aunque esta característica se identifica más frecuentemente en las generaciones jóvenes. Durin (2010b) afirma que la inserción laboral varía de acuerdo con la generación; entre las segundas y terceras generaciones ocurren nuevas configuraciones. Lo anterior nos indica diversidad de condiciones y heterogeneidad en el grupo de indígenas que habita en las ciudades. De 2011 a 2016 tuvimos un acercamiento con grupos y familias indígenas en la ciudad de León. Elegimos una metodología cualitativa que nos permitiera TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �32 IVY JACARANDA JASSO MARTÍNEZ | MARÍA ÁUREA VALERDI GONZÁLEZ conocer las experiencias y dificultades que viven los llamados migrantes indígenas en la ciudad. Realizamos observación directa y participante, entrevistas semi-estructuradas, pláticas informales, recorridos, y registro fotográfico y auditivo en las colonias San Miguel, Ibarrilla, Morelos y el Centro de esta ciudad.1 Es importante mencionar que la información oficial sobre indígenas en la ciudad de León es escasa, y en términos estadísticos no existen datos que puedan dar cuenta de este fenómeno, ya que en los censos o conteos (del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI) no se registra la relación entre trabajo y por lo menos la característica de hablar una lengua indígena. En este sentido, hemos podido triangular nuestra información a partir de las entrevistas (ocho entrevistas a indígenas), la observación directa (en la vía pública y colonias donde viven grupos indígenas, en lugares donde realizan su actividad laboral y en las sesiones del Consejo Indígena), los discursos en sesiones del Consejo Indígena y notas hemerográficas. En este texto damos cuenta de los principales hallazgos que nos permitan visibilizar el tema e iniciar su discusión. 1. LA MIGRACIÓN INTERNA EN MÉXICO: ORÍGENES Y DESTINOS DE LOS INDÍGENAS La migración interna es parte de una movilidad territorial, comprende la circulación temporal o estacional de los individuos, y no necesariamente implica un cambio de residencia ni una transformación de su entorno de vida (Zelinski, en Varela, Oceguera y Castillo, 2017). Entre los principales detonantes de la migración interna encontramos la desigualdad de ingresos regionales, la pobreza extrema, el desempleo estructural y una fuerte expectativa de mejorar la calidad de vida (Varela et al., 2017). Si bien la migración rural-urbana tuvo su mayor crecimiento en el siglo XX, en el último tercio de ese siglo se presentaron cambios importantes que refieren mayor complejidad en los movimientos poblacionales. En el caso de México, a la tendencia de la alta concentración en una o dos ciudades, se sumó el crecimiento de diferentes ciudades intermedias y pequeñas, así como la emergencia de nuevos centros urbanos, y las ciudades de más de un millón de habitantes aumentaron, contabilizándose 11 en 2010, y en 2005 se conformaron 26 zonas metropolitanas, siendo una de ellas la de León, Guanajuato (Pérez Campuzano y Santos Cerquera, 2013). Así, en las últimas décadas 1 Para guardar el anonimato de nuestros informantes, cambiamos sus nombres al referir sus testimonios. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �TRABAJO INDÍGENA EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO 33 se han desarrollado zonas especializadas que se han convertido en polos de atracción para la población, principalmente en el norte y el centro del país. En 2010, el principal flujo de población al interior del país se daba entre zonas metropolitanas, seguido de la migración metropolitana-urbana; la migración rural-metropolitana registró 10.7% y la rural-urbana, 5.3% del total de los flujos. Estas últimas migraciones (como es la indígena) se caracterizaron por el movimiento de personas con bajos niveles educativos (Pérez Campuzano y Santos Cerquera, 2013). Cabe agregar que la migración rural ya no tiene únicamente como destino las urbes del país, sino que también se dirige a la frontera norte y a Estados Unidos; incluso Chiapas y Veracruz se convirtieron en estados de migración emergente en las últimas décadas. Singer menciona que la migración interna se relaciona con la tercerización del empleo en las ciudades, integrando personas conformadas en la economía de subsistencia al mercado de trabajo laboral urbano, ya que la tercerización crea los medios de subsistencia en el ámbito urbano para aquellos que no se emplean en el mercado laboral formal (en Cruz, Acosta e Ybáñez, 2015, p. 36). Esto se relaciona con el hecho de que en la actualidad la organización espacial de la producción ha impuesto a sectores subalternos una alta movilidad como condición para su incorporación productiva, resultando más rentable si se incorporan a la segregación, la flexibilidad y la desregulación laboral (González, 2009). En este marco de cambios en los flujos de población, ubicamos uno que, si bien no es nuevo, parece ser continuo, a la vez que se expande y se complejiza, se trata de la migración indígena a las ciudades (Jasso Martínez, 2013). Esta migración es parte de procesos históricos, que igualmente responde a cambios en el contexto y se caracteriza por ser movimientos rural-urbanos o rural-metropolitanos. Con respecto al lugar de destino, en la década de los setenta la población indígena se dirigía a cuatro entidades federativas, principalmente: Ciudad de México, Puebla, Estado de México y Veracruz; en la siguiente década, la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Veracruz concentraban el 50% de los flujos migratorios de la población indígena; ya en los noventa, Quintana Roo, Sinaloa y Baja California se convirtieron en los nuevos polos de atracción para los indígenas en el país (Granados, 2005); y es a partir de esta década que la migración indígena presenta un aumento en el volumen de población y se dirige también a ciudades medianas (Cárdenas, 2014). En fechas más recientes, Peralta y Ponce (2007) ubican, para 2000, que son cuatro las entidades que concentran la mayoría de la población inmigrante (50.4% del total): Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa y Quintana Roo. Con estos datos podemos observar las especificidades de las regiones de mayor atracción para la población indígena: encontramos localidades TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �34 IVY JACARANDA JASSO MARTÍNEZ | MARÍA ÁUREA VALERDI GONZÁLEZ altamente urbanizadas, regiones especializadas en campos de cultivo de la agroindustria de exportación y ciudades turísticas. En la actualidad, en casi todas las ciudades capitales y en los principales centros turísticos de México encontramos indígenas de diferentes comunidades y estados, que llegan en busca de mejores oportunidades de vida; incluso se trata de regiones más amplias, que se encuentran interconectadas entre sí, a las que se llama metrópolis. Respecto a los censos, en 2000 se registraron aproximadamente 2.6 millones de indígenas viviendo en las ciudades y zonas metropolitanas; es decir, uno de cada cinco vivía en estas localidades (Martínez, García y Fernández, 2003). Según las estimaciones del Consejo Nacional de Población (en Molina, 2010), para ese año se contabilizaron indígenas principalmente en las ciudades de Tijuana: 54,619 indígenas; Monterrey: 67,165 indígenas; Guadalajara: 68,433 indígenas; Toluca: 107,495 indígenas; Puebla: 168,227 indígenas; y la Ciudad de México: 1,038,376 indígenas. En el censo de 2010, 38% del total de los hablantes de lenguas indígenas de tres años y más vivían en localidades de más de 2,500 habitantes (2,626,170 personas) (INEGI, 2010). Lo anterior sugiere que algunas poblaciones indígenas tienen amplia experiencia de vida en las ciudades. Sin embargo, siguen siendo fuerza de trabajo móvil, lo que les permite enlazar su reproducción social a las corrientes de flujo y acumulación de capital, que se caracterizan por atravesar coordenadas espaciales de desarrollo y concentración de capital (González, 2009), ya sea en las grandes ciudades, zonas turísticas o agroindustriales, como una forma de sobrevivir. En estos destinos, las actividades laborales de los indígenas son limitadas: en la construcción, como jornaleros agrícolas, como comerciantes o en el trabajo doméstico, principalmente (Cárdenas, 2014).2 Finalmente, con respecto a los lugares de origen, para 2000 las principales entidades federativas de expulsión de población indígena fueron, además de la Ciudad de México y el Estado de México, estados del sur, como Oaxaca, Guerrero y Veracruz; esta población migra con el principal objetivo de trabajar, debido a que presentaba, para esa fecha, altas tasas de participación económica, incluso por encima de la media nacional (Peralta y Ponce, 2007, p. 146). Cabe agregar que estados como Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (de los que proviene una parte de los indígenas que han llegado a León) presentan las tasas netas de migración negativas más altas (ha salido más población de la que ha llegado) en los periodos 1995-2000 y 2000-2005 (Solís, 2 Cárdenas (2014) menciona estas actividades en la tipología de ciudades que propone a partir de la revisión de diferente literatura sobre migración indígena. Dicha tipología identifica tres tipos de ciudades a las que principalmente migra la población indígena: industriales, agroindustriales y turísticas de sol y playa. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �TRABAJO INDÍGENA EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO 35 Anguiano y Acosta, 2015). Lo anterior podría relacionarse con las fechas en que llegan algunos indígenas de estos estados a la ciudad de León. 2. ESTUDIOS SOBRE MIGRACIÓN INDÍGENA A LAS CIUDADES MEXICANAS En la década de los años setenta del siglo XX, los estudios sobre migraciones a las ciudades empiezan a resaltar la diferencia cultural de los agentes migrantes: se estudia la migración zapoteca y mixteca a la ciudad de Oaxaca; y Arizpe (1975) analiza el caso de las mujeres indígenas en la Ciudad de México. En las dos décadas siguientes, los estudios sobre migración indígena aumentan y se diversifican las temáticas, se explora la problemática que experimentan los indígenas en la Ciudad de México con respecto a la vivienda y se enfatiza la reproducción de la identidad étnica (Jasso Martínez, 2013). Ya en el siglo XXI, los estudios acerca de indígenas que migran a las ciudades, en el caso de México, ganan presencia, y encontramos numerosas investigaciones. Las temáticas de estos estudios se refieren a relaciones de género, relaciones interétnicas, estrategias de adaptación e inserción a la ciudad, identidad, exclusión y discriminación, situación y condiciones de vida, lucha por la vivienda, educación, dinámicas migratorias y redes de apoyo, cambios ante la globalización, y uso y apropiación del espacio urbano. Entre los pocos textos que abordan la especificidad del trabajo entre indígenas en la ciudad, encontramos el de Rojas (2010), que presenta el trabajo infantil entre la población otomí que vive en Guadalajara, Jalisco; y el texto de Molina (2010), que hace un recuento de la inserción laboral de indígenas en la Ciudad de México. Esta última autora menciona que existen diferencias importantes entre las migraciones de las décadas antes de los ochenta y las posteriores (en términos del modelo económico del país); es decir, los migrantes parten de sus localidades en condiciones menos favorables respecto a su capital económico y cultural, y encuentran nuevas situaciones, de mayor precariedad, en las ciudades (Molina, 2010). En este marco, se puede apreciar que los estudios acerca de población indígena que se ha desplazado temporal o permanentemente fuera de sus comunidades de origen han gozado de mayor importancia en los últimos años, y que los aspectos abordados dan cuenta de la diversidad de este fenómeno. No obstante, poco se ha estudiado respecto a las condiciones laborales y las oportunidades que encuentran estas poblaciones en ámbitos donde aparecen como extraños y ajenos, las ciudades. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �36 IVY JACARANDA JASSO MARTÍNEZ | MARÍA ÁUREA VALERDI GONZÁLEZ 3. LA MIGRACIÓN INDÍGENA A GUANAJUATO El estado de Guanajuato registra una minoría de población indígena.3 Desde la década de los setenta del siglo XX, familias y grupos de indígenas, principalmente mixtecos, nahuas, otomíes, purépechas y mazahuas, han llegado a diferentes ciudades del estado. En el censo de 1990 se registraron 8,966 hablantes de lenguas indígenas en el estado, representando cerca del 0.26%, en relación con la población total en el estado de Guanajuato (INEGI, 1990). Con respecto a los dos censos siguientes, podemos afirmar que en términos absolutos y proporcionales el número de hablantes aumentó levemente; en los censos de 2000 y 2010 la población que hablaba una lengua indígena alcanzó 0.26% (10,689 hablantes) y 0.30% (14,835 hablantes), respectivamente (INEGI, 2000, 2010).4 Además, resulta significativo que casi 50% de la población total que hablaba una lengua indígena en Guanajuato se concentrara en las principales ciudades del estado en 2000: Guanajuato capital, Dolores Hidalgo, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y León (Jasso Martínez, 2011). Estas cifras nos indican que la migración proveniente de otros estados (como Querétaro, Michoacán, Estado de México, Oaxaca y Veracruz) se ha mantenido, aunque se trata de un fenómeno relativamente nuevo, en comparación con ciudades como Guadalajara, Tijuana, Ciudad de México o Monterrey. Con respecto al municipio de León, éste registró el mayor número de hablantes de una lengua indígena (de cinco años y más) en el estado de Guanajuato; de acuerdo con los censos, en 1990 se registraron 1,735 hablantes de una lengua indígena; en 2000 fueron 2,425, y en 2010, 3,191 hablantes (INEGI, 1990, 2000, 2010). Y según los testimonios de indígenas otomíes y mixtecos entrevistados, su presencia en la ciudad data de mediados de la década de los setenta del siglo XX. De forma similar a la situación del estado, en términos numéricos esta población es poco significativa, pues sólo alcanzó a representar 0.28% en 2010,5 con respecto al total de la población del municipio. Las principales lenguas indígenas habladas en esta localidad son el purépecha, el otomí, el náhuatl, el mazahua y las lenguas mixtecas. 3 Los antiguos pobladores de esta región, llamados chichimecas, casi desaparecieron con la llegada de los españoles y los procesos de conquista y pacificación (siglos XVI y XVII); pero aún podemos encontrar a algunos de sus descendientes: chichimecas en el municipio de San Luis de la Paz y Victoria (Jasso Martínez, 2014, p. 110). 4 Según el censo de 2010, el otomí es la lengua indígena más hablada en el estado (21% del total de hablantes de lengua indígena), y después le siguen el chichimeca (14%), el náhuatl (8%), el mazahua (5%) y el purépecha (4%) (INEGI, 2010). 5 En ese año, la población total de 5 años y más en el municipio de León fue de 1,286,359 (INEGI, 2010). TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �TRABAJO INDÍGENA EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO 37 Cabe mencionar que hay que tomar con cuidado estas cifras, ya que en algunas ocasiones la población indígena niega su lengua por temor a sufrir discriminación o trato desigual. Esto significa que posiblemente la población indígena en las ciudades sea más que la registrada en los censos. No obstante esta riqueza cultural y lingüística, las autoridades de la ciudad han catalogado a la población portadora de estas características como un “problema”. Y tanto autoridades como algunos pobladores discriminan y ejercen un trato desigual hacia los indígenas. 4. DIFICULTADES Y ESTRATEGIAS DE LA VIDA EN LA CIUDAD DE LEÓN: ¿TRABAJO INFORMAL? Antes de describir y analizar la situación de los indígenas en la ciudad de León, vale la pena conocer algunas de las características de este municipio. León contiene la ciudad más grande del estado de Guanajuato, posee las ventajas de las grandes urbes (cuenta con todos los servicios: educación, salud, vivienda, empleo, industria, transporte, diversión, etcétera) y posee una inversión internacional creciente. Para los años noventa del siglo XX, el municipio de León sobresalió, junto con otras ciudades (Chihuahua, Puebla, Tijuana y Matamoros), por una marcada tendencia a la tercerización, con algunos nodos que se especializan en manufactura (García Guzmán, 2009). Cabe mencionar que en Guanajuato ha cobrado especial impulso la industria automotriz desde 1994, cuando se instaló la General Motors en esta región, en el municipio de Silao. En años recientes han llegado al estado Mazda (2013), Honda (2015) y Toyota (2016), lo que pudiera ser un atractivo para la inmigración (Rodríguez, Coronado y Valerdi González, 2017). Para la primera década del siglo XXI, León sobresalió con población activa masculina en el sector secundario por arriba de 40%, empleándose una buena parte en talleres manufactureros medianos y pequeños. En 2006, según la ENOE, el municipio registró una tasa de participación económica de hombres de 80%, siendo la más alta a nivel nacional y por encima del promedio nacional (78.7%); no así la población femenina, que registró 42.2%, principalmente empleadas en el sector terciario (García Guzmán, 2009). Estas cifras dan cuenta de que el crecimiento que ha vivido León en las últimas décadas es una de las razones de que sea un polo de atracción para la población que quiere encontrar un empleo o una forma de vida. Aunque también están presentes otros factores que colocan a la ciudad como opción (como los TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �38 IVY JACARANDA JASSO MARTÍNEZ | MARÍA ÁUREA VALERDI GONZÁLEZ servicios educativos y de salud, o las redes sociales y migratorias existentes).6 Sin embargo, León también registra enormes necesidades y carencias que se observan en colonias y localidades conurbadas de la ciudad, además de las localidades rurales, ya que, como en otras zonas urbanas, se registran procesos de polarización económica, espacial y social. A lo anterior se suman algunos datos que no son alentadores: en 2006, el municipio de León registró una tasa de desempleo masculino de 3.8, mayor que la nacional (3.0), y femenino de 3.5 (García, 2009). Además, como en el resto del país, registra una creciente desprotección e inestabilidad derivada de la flexibilidad laboral. León es la ciudad a nivel nacional que mayor porcentaje de trabajadores reportaron no pertenecer a un sindicato: 97% en hombres y 94.4% en mujeres (García Guzmán, 2009). Estos datos nos permiten observar que León experimenta diferentes dinámicas; si bien tiene una ocupación masculina alta, con mucho trabajo flexible y aumento del sector terciario, también presenta desempleo en forma significativa. 4.1. Enfoques en el estudio del trabajo En un trabajo anterior (Valerdi González y Campos, 2014), mencionamos que la idea clásica del mercado de trabajo es considerarlo un espacio de encuentro entre el que compra y el que vende su fuerza de trabajo, pero el mercado de trabajo ha cambiado desde que la economía manufacturera dejó de ser el pilar de la sociedad industrial para convertirse en una economía de servicios. En este sentido, los primeros estudios del mercado laboral se referían al trabajo formal y asalariado bajo la lógica de la sociedad mercantil. De la realidad del empleo tomaremos sólo algunos enfoques que nos permitan tener una idea del mercado de trabajo en León, Guanajuato,7 como el que piensa al mercado de trabajo como dual: con un sector formal y otro informal. En este enfoque hay un sector estratégico que se integra por empresas grandes y estables, que ofrecen condiciones de trabajo seguro, pagan altos ingresos y protección social; y otro sector endeble con condiciones adversas al sector anterior, con trabajo inestable y precario. Esta visión se puede articular con el análisis de la migración interna y externa, aunque la perspectiva dualista ha sido fuertemente criticada porque “oscurece y tapa más de lo que aclara” 6 El municipio de León registró en 2010 un balance neto migratorio de 5,959, entre la emigración (27,826) y la inmigración (33,780) de población (Pérez Campuzano y Santos Cerquera, 2013). 7 Existen otros enfoques (institucionalista, segmentado, por género, por espacio, etcétera), que no explicaremos a detalle en esta contribución y sobre los que existe una vasta literatura. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �TRABAJO INDÍGENA EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO 39 (Pries, 2003, p. 528). En este sentido, la emigración constante contribuye a “detonar las actividades informales debido a las barreras que la informalidad impone a la fuerza de trabajo con bajos niveles de formación y experiencia laboral” (Varela et al., 2017, p. 149). También existen otros enfoques más sociológicos que consideran que no sólo la oferta y la demanda de trabajadores determinan el comportamiento del mercado laboral, sino que hay que considerar características como las regionales, las culturales y la existencia de políticas específicas (Pries, 2003). En estos últimos esfuerzos, como lo describiremos adelante, es donde se ubica a la población indígena que busca trabajo para mejorar sus condiciones de vida, al migrar de sus comunidades de origen a centros urbanos como León, Guanajuato. Los mercados de trabajo se estructuran además bajo la modalidad de un sector formal que supone un empleo seguro con todas las prestaciones, y un sector informal que propicia situaciones de precariedad, inestabilidad, desprotección social e incluso marginación y exclusión. Esta visión del empleo informal (Toledo, 2006) contempla la incapacidad del sector moderno para absorber la mano de obra existente y la que se va generando, entre ellas la población que migra de las zonas rurales a las ciudades. El resultado es incorporarse a empleos que requieran poca calificación, con escasa o nula experiencia; que generen ingresos a corto plazo, usualmente en el sector servicios o la venta ambulante. Otro elemento del mercado de trabajo es que no está determinado geográficamente, sus límites pueden ser más amplios que un estado, por lo que la población se desplaza continuamente para atender esta oferta. Las condiciones actuales del mercado pueden o no coincidir con la visión que aportan las teorías, pero no se pueden circunscribir sólo al enfoque clásico de equilibrio entre oferta y demanda, pues esta visión de corto alcance deja fuera características particulares de otros sectores, como los migrantes indígenas que se han integrado al mercado de trabajo del sector informal. 4.2. Comercio ambulante como trabajo De acuerdo con los testimonios, producto de entrevistas a indígenas, y lo expresado en las sesiones del Consejo Indígena, el comercio ambulante parece ser la principal fuente de ingresos para familias completas de indígenas. Mientras las cifras de la ENOE mencionan que en León la tasa de participación económica masculina es mayor que la femenina (García Guzmán, 2009), los datos empíricos recopilados reportan que, para el caso de la población indígena, hombres TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �40 IVY JACARANDA JASSO MARTÍNEZ | MARÍA ÁUREA VALERDI GONZÁLEZ y mujeres por igual se insertan en el sector informal. Pues ante la necesidad de contar con toda la fuerza de trabajo disponible para la supervivencia en las urbes, el comercio ambulante se ha convertido en una actividad familiar. Lo anterior se confirma con lo observado en la ciudad, ya que además de los jóvenes y adultos, es común ver a los niños y niñas acompañándolos, incluso en algunas ocasiones los infantes también venden mercancías: Nosotros estamos vendiendo, es que no nos gusta que nos den […] Sí ves al niño que lleva su canastita de semillas, dulces, lo que sea, eso también estamos inculcándole, que el día de mañana sepa valorizarle un peso y lo que va a gastar y cómo se gana, porque si no los inculco a un plan de trabajo, nomás lo dejo que salga afuera y se topa con los niños de la calle, pos es que anda allá en el vicio, ahí tiene que agarrar el vicio (Sócrates, otomí, comunicación personal, 2013). Algo similar encontró Rojas (2010) en el caso de niños y niñas otomíes en Guadalajara, ya que se les enseña a trabajar para vivir; esto no sólo es parte de la aportación económica de los integrantes de una familia indígena, sino que es parte del proceso de socialización. En este aspecto, es interesante la polémica que ha ocasionado el trabajo infantil, ya que algunas instituciones del municipio de León (como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF) han tratado de evitar esta práctica, pero para algunos padres y madres indígenas (que vienen de un ámbito rural donde los niños y niñas desempeñan actividades que contribuyen al sustento familiar) es natural y benéfico que sus hijos e hijas aprendan un oficio y valoren lo que significa ganarse el sustento diario. Más allá de entrar en esta discusión, porque no es el objetivo de este texto, lo que resulta insoslayable es que se trata de una concepción diferente acerca de las actividades, prácticas y valores adjudicados a la crianza y el cuidado de los infantes. En esta línea es necesario abordar dicha problemática con una visión amplia e incluyente, que tome en cuenta las concepciones y costumbres de otras culturas, como las indígenas o las rurales. El primer contacto con el mercado de trabajo para estos indígenas, que provienen de otros estados, es la economía informal. Como menciona Meza (en Ramos, 2008), “el sector informal es un refugio de trabajadores que no encuentran oportunidades de empleo en el trabajo formal [...] es la antesala temporal de los migrantes en su camino al sector formal”. Pero este trayecto puede durar más de lo esperado, pues su condición de indígenas agrava las condiciones de suyo precarias de otros migrantes. El comercio ambulante posiblemente sea la cara más conocida del sector informal, sobre todo porque se realiza en un espacio abierto. De acuerdo con las observaciones realizadas, encontramos indígenas ofreciendo mercancías TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �TRABAJO INDÍGENA EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO 41 en las principales avenidas de la ciudad, los camellones, parques, paradas y estaciones de transporte público, zonas comerciales y plazas públicas. Y a partir de las observaciones y los testimonios recabados, se identificó que la mayoría de la población indígena vende artesanías tejidas, dulces, semillas, frituras (papas y cacahuates), bolsas, cinturones, ropa típica, joyería de plástico o de materiales naturales, carteras, flores, juguetes, ollas, alcancías, etcétera, en los lugares de mayor reunión, como son el centro de la ciudad, la central de autobuses o en las estaciones del transporte público. Incluso existe una especialización por grupo étnico: los nahuas venden flores y artesanías; los mixtecos, artesanías tejidas (bolsas, carteras, floreros, pulseras); los purépechas venden ollas, alcancías, muebles de madera; los otomíes, semillas de calabaza, papas, cacahuates, dulces; los mazahuas comercian con cinturones de piel y accesorios pequeños de este material; y los tzotziles venden ropa típica. Para purépechas, mixtecos y tzotziles, la mercancía que ofrecen es conocida con anterioridad y antes de llegar a la ciudad de León ya habían comerciado con estos productos. En cambio, nahuas, mazahuas y otomíes han debido ubicar, al llegar a la ciudad, mercancías que tuvieran ya un nicho y que no requirieran de un conocimiento especializado, lo que finalmente los ha agrupado con comerciantes del mismo producto. A este respecto, la propuesta de Durin (2010b) respecto a nichos laborales étnicos parece sugerente; para esta autora, se trata de “un espacio laboral en el que se desenvuelven preferentemente miembros de un grupo que asumen que tienen un origen común, prácticas y creencias propias respecto a cómo vivir en sociedad, además de ser reconocidos diferentes por las personas con las que interactúan en el mercado laboral” (p. 31). En este sentido, otros comerciantes ambulantes identifican a los grupos y familias indígenas como “diferentes”, pues a decir de purépechas y nahuas, los mestizos los señalan por su “acento o vestimenta”, y los reconocen como “indígenas”. Los espacios laborales que ahora identificamos se han conformado a partir de los primeros indígenas que llegaron a la ciudad y que contaban con alguna experiencia en el comercio (según sus testimonios); lo interesante es que la mayoría de estos nichos se han mantenido a partir de relaciones de parentesco y paisanaje. Además, se trató de una inserción directa al mercado de trabajo, y con las siguientes generaciones se ha registrado una enseñanza o capacitación acerca de qué vender, dónde vender y cómo vender. A decir de Olivo (2011), ser trabajador ambulante requiere de una serie de habilidades inusuales como: a) vender, b) interpretar las claves de funcionamiento de las redes sociales de protección, c) ser capaz de soportar el ambiente de alto estrés, TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �42 IVY JACARANDA JASSO MARTÍNEZ | MARÍA ÁUREA VALERDI GONZÁLEZ agresividad y conflictividad (sobre todo por la persecución de que son objeto por las autoridades), d) saberse conducir en medio de múltiples ambigüedades de reglas, debido a que los ambulantes oscilan entre el estigma y la descalificación y la tolerancia o la aceptación (p. 115).8 En el caso de León, la mayoría de los que se dedican a esta actividad han requerido de un proceso de aprendizaje adicional sobre la lógica del sector informal. Y hay que añadir su condición de indígenas, que ha implicado el aprendizaje y dominio del castellano (principalmente para las mujeres), conocer la lógica urbana (“moverse en la ciudad”), así como enfrentarse a “estigmas sociales que el resto de la población ejerce sobre ellos y los limita” (Horbath, 2008, p. 139). Es entonces que el proceso de ingreso al mercado informal para los indígenas puede ser más complejo de lo que parece, no basta instalarse en la calle y vender artículos de bajo costo. Las relaciones de parentesco no sólo son imprescindibles para colocarse en un crucero o indicar dónde comprar y a qué precio vender la mercancía, sino que el paisanaje también resulta importante para allegarse información y conocimientos de los peligros a los que se enfrentan: La otra vez así estaba la muchacha, estaba una muchacha embarazada y tenía dos niños, y llegó el de mercado y “¿Sabes qué? Te vas” [le dijo el de mercados]. Noo, la muchacha nomás vieras, se quedó dormida, y mi Luki dice: “Mira, la señora no se paró, ma”; pero deja que venga otra vez [el de mercados] y lo va infraccionar, y luego ya nomás miró otra vez y ya le llevaron la canasta, y se quedó la señora sentada ahí (Ana, otomí, comunicación personal, 2012). Si bien el contar con un conocido, familiar o paisano facilita la entrada a este sector, no los excluye de sortear las dificultades de su ingreso, por lo que cada comerciante indígena va desarrollando habilidades y adquiriendo experiencia propia en el ambulantaje. En este sentido, las redes sociales que se establecen en la ciudad también hacen referencia a las relaciones que los indígenas conforman en el lugar de origen. Estas redes de relaciones funcionan en dos sentidos: para proveerse de las mercancías o los materiales para elaborarlas, y para la inserción de otros indígenas que llegan de las localidades de origen al nicho de trabajo ya conformado (con lugares específicos para la venta). Por lo que coincidimos con Olivo (2010), al afirmar que el trabajo ambulante depende, en buena me8 Cursivas nuestras. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �TRABAJO INDÍGENA EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO 43 dida, de la clase de red social a la que se pertenezca y del sistema de complicidades ya organizado. Se registró que, como lo indican los datos estadísticos, siguen llegando familias indígenas y varones (en edad productiva y con escasa educación) en busca de mejores condiciones de vida, ya que en la ciudad de León podemos encontrar vendedores ambulantes que tienen uno o dos meses de haber llegado y otros que tienen más de 15 años en este destino. Así, los indígenas que ya tienen más años viviendo en León siguen recibiendo a familiares y amigos que provienen del Estado de México, Michoacán o Querétaro. En este sentido, también es necesario tomar con precaución el supuesto de que siempre se cuenta con el apoyo de los paisanos; como bien apunta Molina (2010), es necesario identificar los límites superiores e inferiores de las redes de reciprocidad, ya que intervienen factores como la situación de clase de los coterráneos o conflictos en los lugares de origen, por mencionar algunos. En el caso de los grupos étnicos que habitan en León, se han registrado diferencias entre éstos con respecto a las propuestas que se han expuesto por parte del ayuntamiento para la venta de sus mercancías, ya que para algunos la venta en tianguis o mercados fijos no es una opción viable, pues arguyen que “no se vende lo mismo” y prefieren ofrecer sus mercancías en la calle y avenidas céntricas. Hay que mencionar que la mayoría de los indígenas que se dedican al comercio ambulante en León carecen de permiso por parte de las autoridades municipales, debido principalmente a que ofrecen sus mercancías en lugares donde el comercio ambulante está prohibido. Esto ha ocasionado que las autoridades les llamen la atención, los multen, les recojan sus mercancías e incluso se los lleven detenidos. El hecho de ser vendedor ambulante implica para este sector un doble reto: enfrentarse a un medio de suyo hostil y al rechazo social derivado de su condición indígena y migrante. No obstante, parece que lo seguirán haciendo, pues constituye su principal fuente de recursos: el problema más grande, pos es el trabajo, que le dejen trabajar, ése es el problema más grande, o que llegue en cuestión de documentos, pos ya no, […] el problema más grande es que le permitan trabajar, porque la mayor de la gente pos trabaja, vive del comercio y es eso… El municipio le llaman trabajo informal, todo tiene que estar registrado, pero desgraciadamente no se gana mucho para poderse registrar, tener pagar un impuesto, verdad (José, otomí, comunicación personal, 2012). A pesar de las dificultades, la mayoría de los indígenas entrevistados afirman que prefieren estar vendiendo en la calle a aceptar un trabajo en alguna TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �44 IVY JACARANDA JASSO MARTÍNEZ | MARÍA ÁUREA VALERDI GONZÁLEZ fábrica, ya que no ganan lo mismo, no pueden pedir permisos y los empleos fijos implican jornadas exhaustivas: Tengo cinco hijos, trabajo en la calle y apenas me alcanza para mantenerlos… ¿Creen que lo que gane en otro trabajo me alcance? Yo no tengo estudios (representante indígena otomí, comunicación personal, 2011). La gente que tiene pocos estudios, que le den la oportunidad, porque ahorita las empresas sí tienen que estar…, uno que estar bien preparado, que tenga estudios, pero a veces ahí es donde yo me pongo a pensar y ver también, bueno, por qué tantos requisitos me piden pa lo que me están pagando, es muy poco; piden muchos requisitos. (Sócrates, otomí, comunicación personal, 2013). Mi hija trabaja también en una fábrica, le pagan 800 a la semana, y nosotros que vamos y vendemos, 200 al día; pues su papá le dice: “Con lo que tú trabajas todos los días, ya hubiéramos sacado, ¿no?” (Elvia, purépecha, comunicación personal, 2012). Sólo los que trabajan en fábrica, sobre todo se contrata gente joven en las fábricas, por ejemplo de calzado, gente joven que no tenga tanta familia, porque ya teniendo dos, tres familia, con el sueldo que les paga, pues no alcanza (Ignacio, otomí, comunicación personal, 2012). Es así como prefieren conservar su independencia, ayudarse en la venta de productos, moverse libremente y trabajar en conjunto (en familia). Claro, mientras las condiciones lo permitan. En esta línea, otros estudios mencionan la adjudicación del sentido de independencia, atribuible a la actividad laboral de este tipo (comercio ambulante). Por ejemplo, León (2010) hace referencia a los comerciantes de un tianguis en la Ciudad de México, quienes “superponen a las condiciones objetivas de ingresos inestables, desamparo de la seguridad social, nula posibilidad de acceso a prestaciones laborales —característicos del trabajo en el comercio en vía pública—, significados de libertad e independencia” (p. 99). En el ambiente ampliamente dinámico del ambulantaje intervienen varios actores: los compradores, los peatones, los vecinos, los inspectores, los policías, etcétera; por lo mismo, el trabajador ambulante desarrolla la capacidad de movilidad espacio-temporal (Olivo, 2010); ellos deben saber cuándo huir del espacio de venta, cambiar de horario o de mercancía, actualizar los artículos que ofrecen, etcétera. Su existencia oscila entre la tolerancia y la persecución: “Si yo me acuerdo cuando llegué por primera vez, me metí a zona centro y no, llegan los de mercado y luego, luego, ahí me agarró [risas], y no, nunca, nunca me pudo quitar, me dijo que yo me fuera, pero de quitarme [la mercancía] no” (José, otomí, comunicación personal, 2012). TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �TRABAJO INDÍGENA EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO 45 Otro de los actores que se identificaron en el ambiente del comercio ambulante son las organizaciones de comerciantes. En el caso de estudio, el grupo otomí que vende semillas en las estaciones de transporte identificó “una mafia de comerciantes”, quienes desde su opinión están coludidos con algunos inspectores del ayuntamiento, ya que a ellos no los molestan, no les llaman la atención, o los vendedores no están cuando se realizan operativos y les recogen su mercancía (consejero otomí, comunicación personal, 2015). Finalmente, cabe agregar algunos comentarios acerca de la movilidad social. Si bien hay una expectativa de las familias de lograr mejores condiciones de vida, una vez que llegan a las ciudades y se insertan en el sector terciario, no es tan fácil superar la situación de segregación laboral y precariedad que experimentan teniendo como principal actividad el comercio ambulante. Como comentamos, la mayoría de la familia debe insertarse en alguna actividad que contribuya con recursos económicos, lo que en algunas ocasiones motiva la deserción escolar o el bajo rendimiento académico, provocando que los niveles escolares entre esta población no lleguen al promedio: “Mi otra hija también dijo así: ‘Mejor voy a trabajar pa ayudarte’” (Clara, purépecha, comunicación personal, 2012). Esta situación propicia que los empleos a los que puedan aspirar los indígenas sean de escasa preparación y, por ende, de bajo salario. En este escenario, las posibilidades de conseguir un trabajo “estable” o con prestaciones laborales es muy difícil, y la movilidad laboral de los trabajadores indígenas es escasa. Así, el círculo de pobreza se reproduce en la ciudad y en muy pocos casos los jóvenes logran cursar estudios profesionales que posiblemente ampliarían sus oportunidades. 4.3. ¿Negociando el trabajo? El Centro de Desarrollo Indígena Loyola (CDIL) ha recibido quejas de 76 personas indígenas que refieren malos tratos y discriminación por parte de las autoridades (Álvarez, 2011). Se han levantado, ante el ministerio público, denuncias por abuso de autoridad por parte de los policías que detienen a los y las indígenas y les quitan sus mercancías arbitrariamente; pero no ha habido culpables, ni se ha hecho nada en contra de los servidores públicos que ejercen o solapan la violación de los derechos hacia esta población indígena en el municipio. Es entonces que, ante las detenciones, multas y altercados con las autoridades municipales, algunos indígenas otomíes, purépechas y nahuas se han organizado y, con ayuda y asesoría del CDIL y de la Procuraduría de los DereTRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �46 IVY JACARANDA JASSO MARTÍNEZ | MARÍA ÁUREA VALERDI GONZÁLEZ chos Humanos del Estado de Guanajuato, han intentado defender sus derechos y evitar el maltrato y la vejación. Debido a que es su principal fuente de recursos, la demanda por el reconocimiento y autorización del comercio ambulante es imprescindible para este sector de la población. Una de las estrategias que han seguido para negociar con el ayuntamiento acerca de alternativas y posibilidades para el desempeño de su actividad laboral fue el reconocimiento del Consejo Consultivo Indígena de León. Éste surgió en 2002 ante la necesidad de contar con una instancia oficial de interlocución para atender las demandas de la población indígena en la ciudad de León, pero desapareció ante los cambios del gobierno local. En 2010, los representantes indígenas de las diferentes culturas que residen en la ciudad de León demandaron nuevamente el reconocimiento de un Consejo Indígena y presentaron un borrador de reglamento de dicho consejo, donde se leía como principal objetivo que “garantice, satisfaga y promueva entre la población, y desde la autoridad, el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas” (CDIL, 2010, p. 3). No obstante las negociaciones, pláticas, encuentros y charlas entre los representantes indígenas y diferentes autoridades del ayuntamiento leonés, los indígenas no percibieron disposición de reconocer al Consejo Indígena: “Los mismos gobiernos a veces no nos apoyan como debe de ser; tampoco estamos diciendo que me den o dame, pero también que vean en qué situación estamos” (Ema, otomí, comunicación personal, 2011). Después de la aprobación de la Ley para la protección de los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Guanajuato,9 en marzo de 2011, el 13 de julio de ese año el presidente municipal de León, Ricardo Sheffield, reconoció y tomó protesta a los representantes indígenas del Consejo Consultivo Indígena de León. Acudieron a este acto los representantes indígenas de los cinco principales grupos reconocidos en la ciudad: otomíes, purépechas, mazahuas, mixtecos y nahuas. Se estableció que serían dos representantes por pueblo indígena: una mujer y un hombre. Este reconocimiento puede leerse como consecuencia de la ley indígena aprobada, pero también como resultado de la presión ejercida por los líderes indígenas y sus comunidades, que desde hace años pugnaban por hacerse visibles en la ciudad.10 Este consejo está integrado, además de los representantes indígenas, por representantes de diferentes dependencias del ayuntamiento, y su presidente es el director de Desarrollo Social del ayuntamiento leonés. Esto indica que no se trata de una institución con carácter preponderantemente indígena, 9 En esta ley se reconoce a los indígenas migrantes que habitan en diferentes ciudades del estado de Guanajuato. 10 A esta presión también contribuyeron las denuncias de abuso de policías durante el operativo Crucero Seguro, a decir de Alfredo López Plascencia, subdelegado del CDIL (Cervantes, 14 de julio de 2011). TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �TRABAJO INDÍGENA EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO 47 sino de una instancia que parece ser el espacio para expresar demandas. Si esto no queda claro, pueden crearse muchas expectativas que posiblemente no se cumplan, como las expresadas en las siguientes líneas: “A mí me da coraje que seamos maltratadas; y como a mí ya me maltrataron y me pegaron, si ya se formó este consejo indígena, entonces ojalá que el licenciado Ricardo Sheffield nos escuche y ya ahora que sí nos deje trabajar sin que esos señores nos peguen” (Cervantes, 14 de julio de 2011). El consejo consultivo sesiona cada mes, y aunque aún es pronto para evaluar sus logros, los líderes reconocen su existencia como un avance: “Es importante el consejo, porque sin el Consejo Indígena, las autoridades no nos tomarían en cuenta” (José, otomí, comunicación personal, 2011). Durante las sesiones del consejo, los consejeros indígenas se han manifestado a favor del otorgamiento de permisos, y también han expuesto situaciones relacionadas con esta actividad. Por ejemplo, en la sesión del mes de septiembre de 2015 todos los consejeros indígenas hicieron un llamado a las autoridades municipales para disminuir la multa impuesta a mujeres del grupo tzotzil (que se integró en 2016 al Consejo Consultivo Indígena de León) por vender en calles de la zona centro de la ciudad: “Que se analice la situación y sean más tolerantes [...], que se les apoye, es exagerada la multa [1,600 pesos]”; “Es exagerado el costo de las multas, sólo tendrían que trabajar para pagar las multas, ¿de dónde se mantendrá la familia?”; “Hay multas muy altas, y a veces se prefiere no pagar la multa y perder la mercancía”. Aunque también existen diferencias entre los grupos indígenas que habitan en la ciudad y al interior de éstos. De acuerdo con lo observado en las sesiones del Consejo Consultivo Indígena de León, hay desacuerdo respecto a las diferentes alternativas que se han propuesto para ejercer el comercio ambulante en la ciudad, ya que cada grupo presenta situaciones y expectativas distintas. Y también registramos críticas respecto a quiénes son los representantes, ya que se han sumado otros indígenas que viven en la ciudad y que hasta entonces no se habían visibilizado, y se han unido a esta instancia. No obstante, aún sigue sobre la mesa de negociación la autorización para el desempeño del comercio ambulante de estos indígenas, es decir, aún no se ha resuelto su situación. Se han mencionado diferentes alternativas: renta de locales en algunas de las estaciones de transporte, establecimiento en tianguis o realización de ferias artesanales. Esta última estrategia se realizó a finales de 2014, y si tuvo éxito, sólo fue por tres días, lo que no implica entonces una estrategia permanente o a largo plazo. Lo que llama la atención es que estos indígenas demandan el derecho a ejercer su actividad laboral, y no tanto la exigencia de derechos laborales: “Somos gente trabajadora, gente que se ha jodido el lomo para sacar adelante TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �48 IVY JACARANDA JASSO MARTÍNEZ | MARÍA ÁUREA VALERDI GONZÁLEZ a su familia” (consejero mazahua, comunicación personal, 2016); y proponen que se reconozca su trabajo con la particularidad de ser indígenas: “Yo también tengo derecho a trabajar…, a estar aquí, a la zona pública tengo derecho” (consejera otomí, comunicación personal, 2016). Lo anterior implicaría el establecimiento de programas específicos o que se conforme una política pública para esta población, como también lo han mencionado algunos consejeros indígenas en las sesiones. REFLEXIONES FINALES García Guzmán (2009) afirma que más de la mitad de la mano de obra se mantenía sin acceso a ninguna prestación laboral en los primeros años del siglo XXI, lo que puede ser aún más marcado entre la población indígena, como aquí lo describimos. Su paso del sector primario al terciario ha provocado que la población indígena se ofrezca como mano de obra no calificada y fuerza de trabajo móvil, lo que implica que se someta a las diferentes variaciones del mercado laboral (González, 2009). Como otros autores lo han registrado, los migrantes indígenas en las ciudades se insertan en “empleos altamente marginados, flexibles, que no prometen ningún tipo de promoción, y es sumamente difícil conseguirla, además de que los empleos informales donde trabajan tanto en el ámbito rural como en el urbano no presentan ninguna característica de beneficio a mediano y largo plazo” (Horbath, 2008, p. 136). En el caso analizado, los indígenas en León están lejos de superar su situación de pobreza y marginación, tanto por las condiciones en las que llegan (escasa preparación), como por los prejuicios y estigmas que existen hacia ellos. Lo anterior limita su ingreso a actividades laborales mejor remuneradas o que se caractericen por brindar prestaciones laborales. Pues si bien existe una mayor oferta de servicios, la situación que actualmente experimentan los vuelve más vulnerables y difícilmente pueden aspirar a una movilidad socioeconómica. Molina (2010) enuncia que las condiciones laborales de la población indígena en las ciudades se ven afectadas por los siguientes factores: si son nativos de pueblos originarios (migrantes recientes) o si se trata de segunda o tercera generación en la ciudad; los motivos para emigrar de la comunidad de origen; y el estrato socioeconómico al que pertenecían en su localidad de origen. Lo anterior definirá si es posible insertarse en el sector formal o aspirar a actividades relegadas y enmarcadas en la informalidad. Lo que registramos es que la población indígena que llega a León no acude a este destino por trabajos formales, sino que se inserta en aquellos que no TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �TRABAJO INDÍGENA EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO 49 requieren preparación y que les permiten mantenerse en colectivo, privilegiando esta característica por encima de otros “beneficios”. En su horizonte, la necesidad de sobrevivir es lo emergente a resolver, y los derechos laborales no están entre sus expectativas. Los comerciantes ambulantes indígenas se podrían entender como cualquier comerciante ambulante, pero consideramos que existen diferencias que marcan su particularidad. La división sexual del trabajo del sector formal es un aspecto que no se da con los migrantes indígenas, pues pareciera que para ellos no hay distinción entre trabajo de hombres o mujeres (incluso niños), creemos que más bien funcionan como una unidad familiar de trabajo. En este sentido, la migración familiar se ha complementado con esta actividad, que igualmente se percibe como familiar al enfrentar las limitantes de la ciudad, aumentando el número de sus participantes en el sector informal. Si bien el comercio ambulante no requiere educación previa o una preparación especializada, sí son necesarias diferentes habilidades y redes de apoyo. Al tratarse de su principal actividad laboral, algunos indígenas en León han conformado redes de solidaridad entre parientes y paisanos, alentando el desarrollo del ambulantaje. Pues a pesar de que hay indígenas que se han empleado en otras actividades, como la construcción y el trabajo doméstico, la inserción de generaciones jóvenes en el comercio ambulante es una constante. De acuerdo con los testimonios de las entrevistas y pláticas con estos indígenas, se han creado las redes sociales necesarias, entre los lugares de origen y llegada, para que los riesgos se aminoren y los recién llegados tengan un techo y una actividad que les ayude a su sustento, cumpliendo inicialmente la expectativa: obtener recursos económicos. Entonces, estas redes son clave para entender la relación entre el ambulantaje y la migración indígena hacia esta ciudad. No obstante el volumen de población indígena en el sector informal, identificamos que algunos jóvenes han empezado a ingresar al trabajo formal en maquiladoras y fábricas de la región; y otros, los menos, han llegado a la universidad, lo que les permite aspirar a otros trabajos. Aunque la situación actual del país hace pensar que esta preparación no es garantía del acceso a mejores oportunidades o condiciones laborales. La población indígena en la ciudad es bastante heterogénea (vienen de diferentes estados, pertenecen a distintas culturas, han llegado por diferentes razones, poseen distintas experiencias previas, viven en lugares y en condiciones disímiles), lo que provoca la existencia de diferencias en sus posturas, pero comparten un conjunto de demandas comunes que se cimientan en la construcción de un discurso que defiende y justifica su trabajo en términos culturales, el “trabajo indígena”. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �50 IVY JACARANDA JASSO MARTÍNEZ | MARÍA ÁUREA VALERDI GONZÁLEZ Para estos indígenas, el comercio ambulante es un “trabajo digno” (consejero otomí, comunicación personal, 2016), que les permite sobrevivir: “Gracias al comercio que hago he sacado adelante a mi familia” (consejera otomí, comunicación personal, 2016). De ahí la persistencia de mantener esta actividad laboral, y en algunos casos, enseñarla a sus hijos como un legado. Estas poblaciones están exigiendo del Estado mexicano condiciones mínimas para trabajar, no sólo por la imposibilidad de acceder a un “trabajo formal”, ya que no tienen escolaridad ni preparación especializada, sino porque han sido discriminados por su diferencia cultural. Es entonces que los diferentes grupos indígenas se han conformado en una organización amplia, el Consejo Indígena, para enfrentar las dificultades que se originan ante el desempeño de su principal actividad laboral. Por ejemplo, han denunciado mafias y redes que desde la ilegalidad también permiten o no el comercio en espacios públicos y no autorizados en términos formales, lo que también ha implicado retos para este grupo de comerciantes. Si bien no es el interés negar estas situaciones, que hacen que esta población indígena sea mucho más frágil en un mercado de trabajo cada día más inseguro y precario, es también pertinente cuestionar los valores asociados al “trabajo”. A partir de la revolución industrial, sólo se reconoce como trabajo al que se desarrolla en la esfera de lo mercantil, bajo determinadas condiciones, es estable y cuenta con prestaciones de ley. Esta concepción deja fuera el trabajo informal y muchas veces precario, como el ambulantaje. Con lo aquí presentado, consideramos que nos enfrentamos con una forma particular de concebir y pensar el trabajo que se diferencia de la que tenemos en las sociedades occidentales. Quizás esta última afirmación es algo aventurada, pero es necesario pensar el trabajo desde estas otras posturas y visiones, desde la satisfacción, la cercanía familiar, el apoyo mutuo y la colectividad, lo que se ha denominado conocimiento situado. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Álvarez, X. (19 de marzo de 2011). Indígenas denuncian persecución policial. El Universal. Recuperado de: http://www.eluniversal.com.mx/estados/79876.html Arias, P. (2009). Del arraigo a la diáspora. Dilemas de la familia rural. México: Universidad de Guadalajara-Miguel A. Porrúa-Cámara de Diputados LX Legislatura. Arizpe, L. (1975). Indígenas en la ciudad de México. El caso de las Marías. México: Secretaría de Educación Pública. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �TRABAJO INDÍGENA EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO 51 Cárdenas, E. P. (2014). Migración interna e indígena en México: enfoques y perspectivas. Revista Intersticios Sociales, 7, 1-28. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo. oa?id=421739500003 Centro de Desarrollo Indígena Loyola (CDIL) (2010). Borrador del Reglamento del Consejo Indígena Municipal León. Guanajuato: Centro de Desarrollo Indígena Loyola (mimeografiado). Cervantes, E. (14 de julio de 2011). Crean Consejo Indígena. Periódico AM. Recuperado de: http://www.am.com.mx/nota.aspx?ID=488195 Cruz, R., Acosta, F. e Ybáñez, E. (2015). Enfoques teóricos, hipótesis de investigación y factores asociados a la migración interna. En R. Cruz y F. Acosta (coords.). Migración interna en México: Tendencias recientes en la migración interestatal (pp. 19-55). México: El Colegio de la Frontera Norte. Durin, S. (2010a). Introducción. En S. Durin (coord.). Etnicidades urbanas en las Américas. Procesos de inserción, discriminación y políticas multiculturalistas (pp. 15-27). México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Durin, S. (2010b). Comentarios. En S. Durin (coord.). Etnicidades urbanas en las Américas. Procesos de inserción, discriminación y políticas multiculturalistas (pp. 31-35). México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. García Guzmán, B. (2009). Los mercados de trabajo urbano de México a principios del siglo XXI. Revista Mexicana de Sociología, 71(1) (enero-marzo), 5-46. González, L. (2009). Movilidad laboral. Imposición estructural para la incorporación indígena a los mercados de trabajo en contextos globales. Migración y Desarrollo, 13, 47-59. Granados, J. (2005). Las nuevas zonas de atracción de migrantes indígenas en México. Investigaciones Geográicas (Mx), 58, 140-147. Horbath, J. E. (2008). La discriminación laboral de los indígenas en los mercados urbanos de trabajo en México: Revisión y balance de un fenómeno persistente. En F. García (comp.). Identidades, etnicidad y racismo en América Latina (pp. 121-158). Ecuador: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Ministerio de Cultura del Ecuador. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (1990). Censo de población y vivienda 1990. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado de: www. inegi.gob.mx Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2000). Censo de población y vivienda 2000. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado de: www. inegi.gob.mx Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2010). Censo de población y vivienda 2010. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado de: www. inegi.gob.mx Jasso Martínez, I. J. (2011). Vulnerabilidad y población indígena en León, Guanajuato. Ide@s, 77, 1113-1132. Jasso Martínez, I. J. (2013). Pertenencia y vínculos con la comunidad de origen entre población otomí y purépecha en la ciudad de León, Guanajuato. En B. Lamy (coord.). Impactos socioculturales de la migración (pp. 129-154). México: Universidad de Guanajuato-Plaza y Valdés. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �52 IVY JACARANDA JASSO MARTÍNEZ | MARÍA ÁUREA VALERDI GONZÁLEZ Jasso Martínez, I. J. (2014). Procesos de discriminación y exclusión entre mujeres indígenas migrantes en León. En D. Wright y D. Vega (coords). Los pueblos originarios en el estado de Guanajuato (pp. 103-129). México: Universidad de Guanajuato-Pearson. León, C. (2010). El comercio en la vía pública y el imaginario social en resistencia. El caso del tianguis de La Bola. El Cotidiano, 159, 93-100. Martínez, M. A., García, J. E. y Fernández, P. (2003). Indígenas en zonas metropolitanas. En La situación demográica de México 2003. México: Consejo Nacional de Población. Recuperado de: www.conapo.gob.mx/publicaciones/2003/ Molina, V. (2010). Inserción laboral de los indígenas en la Ciudad de México. En S. Durin (coord.). Etnicidades urbanas en las Américas. Procesos de inserción, discriminación y políticas multiculturalistas (pp. 77-91). México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Olivo, M. A. (2010). Las culturas densas de los trabajadores ambulantes en la Ciudad de México. En E. de la Garza y J. C. Neffa (coords.). Trabajo, identidad y acción colectiva (pp. 145-158). México: Plaza y Valdés-Universidad Autónoma Metropolitana-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Olivo, M. A. (2011). Persistir en el Centro Histórico: El ambulantaje como trabajo no clásico. En E. de la Garza (coord.). Trabajo no clásico, organización y acción colectiva. T. I (pp. 109-161). México: Plaza y Valdés-Universidad Autónoma Metropolitana. Peralta, I. y Ponce, J. L. (2007). Uso de la información censal en la elaboración de indicadores sociodemográficos para la población hablante de alguna lengua indígena. En A. Durán (coord.). Memoria. Mujeres afectadas por el fenómeno migratorio en México. Una aproximación desde la perspectiva de género (pp. 139-146). México: Instituto Nacional de las Mujeres. Pérez Campuzano, E. y Santos Cerquera, C. (2013). Tendencias recientes de la migración interna en México. Papeles de Población, 9(76) (abril-junio), 53-88. Pries, L. (2003). Teoría sociológica del mercado de trabajo. En E. de la Garza (coord.). Tratado latinoamericano de sociología del trabajo (pp. 511-539). México: Fondo de Cultura Económica-Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México-El Colegio de México. Ramos, A. L. (2008). Sector informal. Observatorio de la Economía Latinoamericana, 105. Recuperado de: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2008/alrs4.htm Rodríguez, J. A., Coronado, J. L. y Valerdi González, M. A. (2017). Las empresas locales para el desarrollo local. Encadenamientos productivos en la industria automotriz en Guanajuato. En R. Ibarra, E. Bueno et al. (coord.). La humanidad frente a los desaíos del capitalismo decadente. México: Universidad Autónoma de Zacatecas. Rojas, A. (2010). Diferentes significados del trabajo de los niños otomíes en Guadalajara. En S. Durin (coord.). Etnicidades urbanas en las Américas. Procesos de inserción, discriminación y políticas multiculturalistas (pp. 227-242). México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Solís, M., Anguiano, M. E. y Acosta, F. (2015). Regiones y patrones de movilidad poblacional en México en el periodo 1995-2010. En R. Cruz y F. Acosta (coords.). Migración interna en México: Tendencias recientes en la migración interestatal (pp. 201-216). México: El Colegio de la Frontera Norte. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �TRABAJO INDÍGENA EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO 53 Toledo, Z. (2006). Trabajar en tiempos de crisis. Jóvenes en Tijuana. México: Instituto Mexicano de la Juventud. Varela, R., Oceguera, J. M. y Castillo, R. A. (2017). Migración interna en México y causas de su movilidad. Periles Latinoamericanos, 49 (enero-junio), 41-67. Valerdi González, M. A. y Campos, J. F. (2014). El testimonio del estudiante como herramienta de análisis. Estudio de caso de egresados de Sociología. Revista COEPES, 4(13). Recuperado de: www.revistacoepesgto.mx TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �54 Expresiones del Proceso de Gentrificación en el Centro de Monterrey Expressions of the Gentrification Process in the Center of Monterrey MARIO ALBERTO JURADO MONTELONGO* | REBECA MORENO ZÚÑIGA** ► RESUMEN Este artículo analiza los antecedentes y algunas manifestaciones del proceso de gentrificación que están ocurriendo en el centro de Monterrey, como expresión de las políticas neoliberales implementadas a escala planetaria. Actualmente, dicho proceso tiene dos rostros: uno basado en la inversión inmobiliaria en proyectos de uso mixto, impulsada por las autoridades gubernamentales; y otro relacionado con una manifestación más espontánea y no determinada por las políticas de reurbanización de los gobiernos municipal y estatal, que se materializa en proyectos culturales y servicios al consumidor. No obstante, son fenómenos que recién se están delineando y hasta el momento lo que ha predominado es una gentrificación que ha impulsado cambios en el tipo de consumidores y usuarios. Se ha dado un proceso de desplazamiento histórico de la población, mientras que el de sustitución residencial ha sido menos significativo. Palabras clave: Gentriicación | Neoliberalismo | Desarrollo inmobiliario | Monterrey. ► ABSTRACT This article analyzes the background and some manifestations of the gentrification process that is taking place in the center of Monterrey, as an expression of the neoliberal policies implemented on a planetary scale. Currently, this process has two faces: one based on real estate investment in mixeduse projects, promoted by government authorities; and another related to a more spontaneous manifestation and not determined by the redevelopment policies of the municipal and state governments, which it materializes in cultural projects and consumer services. However, they are phenomena that are just being delineated and until now what has predominated is a gentrification that has driven changes in the type of consumers and users. There has been a process of historical displacement of the population, while that of residential substitution has been less significant. * Doctor en Ciencias sociales. Profesor-investigador en El Colegio de la Frontera Norte, Región Noreste. Correo electrónico: jurado.mario@gmail.com ** Doctora en Sociología. Profesora-investigadora en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto de Investigaciones Sociales. Correos electrónicos: rebekamoreno@yahoo.com; rebeca.morenoz@uanl.mx Recibido: 29 de mayo de 2018 | Aceptado: 28 de junio de 2018 TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 ISSN 2007-1205 | pp. 54-76 �EXPRESIONES DEL PROCESO DE GENTRIFICACIÓN EN EL CENTRO DE MONTERREY 55 Keywords: Gentriication | Neoliberalism | Real estate development | Monterrey. INTRODUCCIÓN Durante el siglo XX y la primera década del XXI, los cambios en el centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, han llevado a que este espacio fortalezca las actividades comerciales y de servicios en detrimento de las residenciales. En términos habitacionales, en un primer momento, fue la zona de la clase media y alta, y después solamente de la clase media; posteriormente, se da un proceso de sustitución del uso del suelo residencial por uno comercial, combinado con un abandono habitacional que permitió el acceso de población de bajos recursos en viviendas de renta baja. Cuando se completó el “éxodo” de la población de altos ingresos como residentes, pero no siempre como propietarios, y la emigración parcial de la clase media, éste se transformó en el espacio comercial y de entretenimiento de los grupos de bajos ingresos, que se consolida cuando los suburbios se constituyen en subcentros comerciales y educativos que atienden las necesidades de las clases media y alta radicadas en las periferias de las ciudades de la zona metropolitana. La transformación del sector sur del centro de la ciudad, mediante las grandes obras, en un contexto de un mercado laboral flexible y de bajos salarios y un crecimiento metropolitano extensivo, con enclaves de alta densidad, y de altos costos urbanos, económicos y sociales, ha planteado un nuevo escenario que ya va perfilando ciertos cambios y tendencias en el centro de la ciudad de Monterrey. LA GENTRIFICACIÓN Es en la década de los sesenta del siglo XX que Ruth Glass elabora el primer concepto de gentrificación (gentriication) para mostrar el desplazamiento de la clase obrera por miembros de la clase media en Londres (Olivera, 2015). Los estudios emprendidos por Glass se dan en el contexto del estado de bienestar. El caso que nos ocupa se enmarca en el neoliberalismo y en Latinoamérica. Es desde la crítica al neoliberalismo y la acumulación por desposesión que abordamos el estudio de la gentrificación. Según Sequera (2015), “la gentrificación es uno de los principales mecanismos de gestión urbana del urbanismo neoliberal, que, como veremos, se oculta bajo conceptos tan ambiguos como regeneración, revitalización o renacimiento” (p. 3). Este urbanismo denominado neoliberal opera a escala TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �56 MARIO ALBERTO JURADO MONTELONGO | REBECA MORENO ZÚÑIGA planetaria y se asocia con la acumulación por desposesión, que implica usar métodos propios de la acumulación originaria, comercializando sectores antes cerrados al capital privado (Harvey, 2004). La crisis del capitalismo de la década de los setenta del siglo pasado posibilitó que la iniciativa privada empezara a invertir en áreas que antes eran exclusivas del Estado. María Carla Rodríguez (2015) apunta a que las ciudades han sido el escenario de la reestructuración urbana y las políticas neoliberales, y lo urbano se volvió objeto de especulación y, por lo tanto, de acumulación capitalista. La ciudad es entonces atractiva al capital y apropiada mercantilmente (Díaz Parra, 2015). Bajo esta lógica, el papel del Estado ha sido estratégico para la entrada de los inversionistas inmobiliarios en las ciudades. La gentrificación refleja varios procesos: una zona deteriorada, vieja y habitada por sectores de bajos ingresos con una ubicación central; un proceso de expulsión o desplazamiento de estos grupos; una destrucción, remodelación y/o renovación de los bienes o zonas urbanas;1 un cambio en el uso del suelo, ya sea como política urbana o como parte del mercado de bienes o desarrollo urbano. Todos esos procesos o algunos de ellos serán la antesala para que esas zonas o áreas urbanas adquieran un dinamismo económico que permitirá que una nueva población de mayores ingresos sustituya o conviva con la anterior ya residente de la zona o la aledaña. Los cambios mencionados se reflejan en precios de la tierra urbana más altos. Sin embargo, los nuevos pobladores llegarán, primero, cuando los precios de los terrenos sean relativamente baratos. Con sus acciones y con la ayuda de otros actores sociales se revalorizarán y/o aumentarán, lo que hará que los posteriores habitantes tengan que pagar rentas más altas, y que los residentes antiguos y recientes que compran o pagaban rentas más baratas se sientan obligados o presionados para irse a vivir en zonas aledañas o en los suburbios, lo que Marcuse denomina desplazamiento de cadena directa (Rojo, 2016). No obstante, si las zonas aledañas están siendo gentrificadas también, entonces es probable que no les convenga vender o cambiar de lugar, debido a que con el dinero obtenido no les alcanzará para vivir mejor en otra área urbana. Por eso es que hay áreas donde se da la mezcla social (Sabatini, Sare1 Estas estrategias tienen diferentes significados. Por ejemplo, la remodelación urbana es una “transformación de un área o parte de la ciudad más o menos grande que afecta el trazado viario y las construcciones existentes. Implica el derribo de las edificaciones anteriores, un nuevo diseño de trazado viario y una nueva trama parcelaria sobre la que se levantan edificios de nueva planta”. Mientras que la renovación urbana se considera cuando no existe cambio en el trazado viario y cuando el derribo de la construcción y lo nuevo creado pueden ser de igual o diferente uso del suelo. Así, existe una renovación residencial o industrial o una renovación de residencial a comercial, entre diferentes tipos (Zoido, Vega, Morales et al., 2000). En este escrito, no obstante, las analizamos como partes de los procesos de gentrificación. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �EXPRESIONES DEL PROCESO DE GENTRIFICACIÓN EN EL CENTRO DE MONTERREY 57 lla y Vázquez, 2009), lo cual ocurre mayormente en el mundo anglosajón y europeo (Sequera, 2015). También se consideran zonas gentrificadas aquellas que no han expulsado grupos de bajos ingresos, pero que con las obras de intervención han impedido la llegada de ellos, debido a la especulación y los altos precios de los predios, viviendas, departamentos o rentas, lo que, en la terminología de Marcuse, se conoce como desplazamiento por exclusión (Rojo, 2016). Esto es en relación a la figura del residente, pero las áreas gentrificadas también tienen que ver con el individuo como consumidor o usuario de la zona. Ésta puede segregar y seleccionar. Los procesos de intervención pueden atraer clientes con un mayor nivel económico o con un patrón de consumo diferente, como por ejemplo aquellos que acostumbran seleccionar alimentos orgánicos, frente a los que desplazan, que acostumbraban consumir comida rápida en esa zona. Existen estudios que consideran como indicadores de gentrificación los cambios de colores, olores y dietas alimenticias en un área urbana (Hiernaux Nicolas y González Gómez, 2014). Una de las razones que puede detener la gentrificación, o solamente dejarla en una parte del proceso, es la falta de lo que llaman disciplina (Díaz Parra, 2015). Si en la zona se siente un nivel de inseguridad alto; una lucha no definida por el espacio, por ejemplo, una falta de estacionamientos; mucha basura, ruido, contaminación, entonces podrá existir un cambio de tipo de consumidores o usuarios, pero no de residentes. Por eso, en su texto sobre las renovaciones urbanas en un centro histórico, Urbina y Lulle (2015) comentan que “los procesos no son homogéneos ni siguen un modelo rígido, las diferencias, tiempos y estrategias, y niveles de transformación dependen de diversos factores, por lo que cada caso es especial y merece ser analizado con cuidado”. Pacioni, citado en el mismo texto, analizando a las ciudades norteamericanas, dice que existen tres etapas: “un primer momento de abandono de clases medias y altas del sector, un segundo momento de llegada masiva de clases populares y un tercer momento de revitalización económica, donde se produce el proceso de sustitución social” (Urbina y Lulle, 2015). Parte de las dos etapas se han dado en el centro de Monterrey en el transcurso de 50 años, pero no con la llegada masiva de clases populares en todas las zonas del centro, porque el abandono de la clase alta y parcialmente de la clase media fue sustituido en la mayoría de los casos por los sectores comerciales y de servicios. La tercera etapa es la que no se ha completado. En nuestro caso, el análisis de la gentrificación tiene que separar históricamente el desplazamiento de población y el arribo de aquella de altos ingresos, ya sea como un regreso de las clases altas o como un nuevo arribo de poblaTRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �58 MARIO ALBERTO JURADO MONTELONGO | REBECA MORENO ZÚÑIGA ción de altos ingresos con un específico perfil sociodemográfico. Uno de los efectos finales de este proceso de gentrificación, que no será analizado aquí, es el debilitamiento de las raíces identitarias, de los símbolos o referentes de los grupos sociales que habitan y habitaron el centro. Así, a diferencia de las primeras expresiones de la gentrificación estudiadas por Ruth Glass en el contexto del estado de bienestar, la gentrificación latinoamericana se enmarca en el neoliberalismo (Rodríguez, 2015; Brenner, Peck y Theodore, 2015). Díaz Parra (2015) identifica cuatro aspectos clave de este proceso en la región latinoamericana: 1) la primacía de las políticas públicas en dicho proceso; 2) la relevancia de los centros o lugares históricos; 3) el patrimonio y su uso turístico y comercial, y 4) la movilización de las clases populares para dificultar los procesos y la vulnerabilidad que como consumidores en este proceso tienen las clases medias. ANTECEDENTES En este trabajo nos estaremos refiriendo al centro de Monterrey como el llamado “primer cuadro” de la ciudad, el cual está delimitado al norte por la avenida Colón, al sur por la avenida Constitución (antes de que existiera esta avenida, por el río Santa Catarina), al oriente por la avenida Félix U. Gómez y al poniente por la calle Venustiano Carranza. Tiene una extensión de 742 hectáreas si descartamos de este cuadro dos zonas exclusivamente residenciales: los condominios Constitución y la colonia Mirador, que surgen como proyectos habitacionales ya en el siglo XX (Casas, 2010). Es históricamente la parte más antigua, y junto con el asentamiento ubicado en la parte sur del río Santa Catarina, llamado el Repueble del Sur y de Verea, constituían a finales del siglo XIX las zonas urbanas y semiurbanas de Monterrey (Casas, 2010). Dentro de esta limitación del centro no se considera la zona del Obispado, a pesar de su importancia histórica, porque en términos urbanos no se encontraba originalmente en el centro de la ciudad. Posteriormente se construyó un área exclusiva residencial para los sectores de altos ingresos, pero actualmente predomina el uso del suelo de servicios y comercial (Tamez Tejeda, 2009; Prieto González, 2016). El crecimiento urbano de la ciudad se empieza a gestionar con cierta importancia a mediados del siglo XIX (Espinosa Morales, 2015), cuando, después de la guerra contra Estados Unidos, la frontera sur de este país se extiende y se acerca a una distancia de 200 kilómetros de Monterrey, y favorece a grupos de comerciantes asentados en esta ciudad. Después, con la guerra de secesión TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �EXPRESIONES DEL PROCESO DE GENTRIFICACIÓN EN EL CENTRO DE MONTERREY 59 norteamericana se potencializa la importancia de la actividad comercial, que se traduce en una acumulación previa de capital, la cual finalmente, a principios del siglo XX, será canalizada a la inversión industrial (García Ortega, 1988). Al igual que los centros históricos en el país, el centro de Monterrey tenía los diferentes usos del suelo: habitacional, comercial, servicios, industrial (Coulomb, 2009). En él se desarrollaban todas las actividades propias de la ciudad,2 y en términos de clase social, en un primer momento, la distribución de la población de bajos ingresos estaba a más larga distancia de la plaza central. Se dispersaban hacia el lado sur del río Santa Catarina y al norte de la calle Aramberri (García Ortega, 1988). En un segundo momento, con la industrialización llegaron, en forma espontánea en algunos casos, los barrios obreros, que se distribuyeron principalmente alrededor de las fábricas, ubicadas la mayoría en la parte de la periferia norte del centro de la ciudad, que en el siglo XIX era llamado el repueble del norte, y al oriente, hacia donde estaba la Fundidora de Monterrey. La consolidación del centro, entendiendo ésta como una estable conformación urbana arquitectónica y social, se desarrolló a la par que los primeros signos de abandono y deterioro de este espacio. Casas (2007) menciona que la ciudad de la primera industrialización hizo cuanto pudo por borrar la vieja ciudad vernácula. Para este autor, en términos del patrimonio cultural esta etapa significó la primera ola destructiva de tres que han existido. También Cavazos (2007) resalta esta historia de destrucción de la vivienda tradicional e histórica que habían dejado los pobladores que residían en el centro a principios del siglo XX. Él menciona que con esta destrucción sistemática también se resquebrajan las bases de la identidad histórica y cultural de la ciudad. La canalización del río Santa Catarina en 1951 fue uno de los acontecimientos que permitieron transformar el centro, al liberar terrenos para diferentes obras en beneficio de la ciudad.3 Los cambios continuaron en el primer cuadro para mejorar su conectividad con el sistema urbano de la ciudad, que crecía aceleradamente, en el contexto de una industrialización ubicada en la etapa del crecimiento económico por sustitución de importaciones (Ortega, 2007). También, al interior del centro se buscó fortalecer su papel comercial y de paseo. 2 Cuando el centro de la ciudad era el principal asentamiento, a mediados del siglo XIX, no todas las actividades económicas se desarrollaban en este espacio. Para los años setenta de ese siglo, parte de la industria textil y alimenticia tenía sus instalaciones en los poblados próximos. Por nombrar tres: Fábrica de Hilados y Tejidos La Fama, en Santa Catarina; El Porvenir, en Villa de Santiago, y La Leona, en San Pedro. No obstante, la principal actividad de la ciudad era la comercial (Guajardo Alatorre, 2003). 3 Se liberaron 850 mil metros cuadrados de terreno. De la superficie ganada, se destinaron 110 mil metros cuadrados a jardines, 420 mil a avenidas y calles, y el resto (320 mil) se vendió a particulares (Melé, 2006). TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �60 MARIO ALBERTO JURADO MONTELONGO | REBECA MORENO ZÚÑIGA En la década de los setenta, los informes municipales revisados todavía reflejan acciones que van destinadas a fortalecer la convivencia de los residentes del centro de la ciudad (Informe Municipal, 1974-1976). El actual periodo de transformación del centro se enmarca en los cambios económicos nacionales y urbanos: una crisis industrial, una apertura económica que se va a consolidar cuando se firma el Tratado de Libre Comercio en 1994. Esto se refleja en la primacía de los sectores servicios y comercial sobre el industrial. Además de esta reconfiguración sectorial, ya en el siglo XXI la existencia de una economía digital influyó en la distribución de los lugares de trabajo en la ciudad. La vieja industria empezó a cerrar sus instalaciones, abandonando grandes espacios con posibilidades de renovación urbana; la industria digital y la financiera se instalaron en zonas bien comunicadas, como el centro de la ciudad y avenidas principales, y la zona oriente de San Pedro. Las nuevas plantas industriales se construyeron más hacia el norte y en dirección al aeropuerto de la ciudad. Los centros comerciales se volvieron multifuncionales y proliferaron en las periferias de la zona metropolitana. Para cuantificar el despoblamiento, tomamos en cuenta la información censal y notamos que la población en el centro de la ciudad ha disminuido en las últimas décadas en un 52% de 1990 a 2010. Pero con una tendencia hacia un repoblamiento, ya que la disminución fue más alta de 1990 a 2000 (20 mil habitantes), y ya de 2000 a 2010 el saldo negativo solamente fue de 6,000 habitantes (Salgado Gómez, 2006; Instituto Nacional de Geografía y Estadística [INEGI], 2010).4 MACROPLAZA Desde finales de los setenta se empieza a construir el discurso del deterioro y abandono del centro (Martínez, 1996). En 1979, durante su presentación como alcalde, Pedro Quintanilla diagnosticaba un centro deteriorado que necesitaba de renovaciones. Ésta era ya la imagen que la prensa y el gobierno tenían del centro de la ciudad, como un lugar abandonado, sucio, decadente, viejo y peligroso, y fue el pretexto suficiente para que el gobierno estatal de Martínez Domínguez planteara la Gran Plaza, cuya construcción inicia en 1981 y se termina en 1984, con el fin de modernizar esta parte sur del centro de la ciudad. 4 Ya en los años ochenta la ZMM contaba con nueve municipios y el municipio de Monterrey por primera ocasión tuvo crecimiento negativo de 0.2%, pero principalmente la zona central de la ciudad (Garza, Filion y Sands, 2003). Fue hasta finales de los noventa cuando Monterrey tuvo crecimiento positivo de 0.5% dentro del área metropolitana. La zona metropolitana en 2000 tenía 3 millones 200 mil habitantes. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �EXPRESIONES DEL PROCESO DE GENTRIFICACIÓN EN EL CENTRO DE MONTERREY 61 Con ello, se comienza una etapa previa en las políticas de renovación, donde se hará énfasis en las grandes obras (Garza, Filion y Sands, 2003). La Gran Plaza, llamada popularmente la Macroplaza, fue concebida originalmente como un intento de modernizar el centro de la ciudad mediante grandes edificios con funciones financieras y al mismo tiempo como la posibilidad de mejorar la imagen urbana de esta zona, fortaleciendo las actividades propias de los poderes municipales y estatales (Melé, 2006). Se buscaba también responder al antiguo anhelo de unir mediante un espacio abierto los dos palacios de gobierno, tanto el nuevo palacio municipal como el estatal, creando un gran zócalo, como un lugar para las manifestaciones públicas y las actividades cívicas. Así, la pretensión era la de construir un centro de negocios muy propio de las ciudades norteamericanas, al mismo tiempo que fortalecer las actividades públicas al estilo de las ciudades coloniales, como la Ciudad de México. Éste era un proyecto público que no fue concebido conjuntamente con la iniciativa privada, la cual ya tenía planes de construir su propio centro de negocios en la zona oriente del municipio de San Pedro Garza García, y que actualmente se llama Valle Oriente. En realidad, esta propuesta de la Gran Plaza no podía competir con la de los empresarios, debido a que los precios en los terrenos eran más altos en el centro de la ciudad (Fitch Osuna, Iga y Murguía, 2007), y tenía más posibilidades inmobiliarias futuras la zona oriente de San Pedro, que actualmente se ha constituido como un distrito de múltiples usos del suelo, para sectores de altos ingresos (existen grandes complejos residenciales, clubes deportivos, áreas verdes, centros comerciales, hoteles de lujo, oficinas financieras, etcétera). Pero más allá de estas pretensiones, el impacto gentrificador en el centro de la ciudad de Monterrey fue considerable en ciertos aspectos. Primero, el organismo creado especialmente para desarrollar todas las actividades necesarias para lograr construir la Gran Plaza (Prourbe) adquirió 730 propiedades y reubicó o desplazó a 340 familias, que en su mayoría vivían pagando renta en vecindades (Melé, 2006).5 Se buscaba que la obra fuera autofinanciable, pero no pudo ser así, debido a que los empresarios no invirtieron en la edificación de los pocos predios que compraron. De tal manera que el estado tuvo que construir más edificios financiados con recursos públicos, aunque no de la altura pensada. Quedaron algunos terrenos no comercializados, disponibles, y el gobierno que siguió a Martínez Domínguez, el de Jorge Treviño, 5 Ver el relato sobre la famosa Base Hidalgo, una de las vecindades ubicadas a una cuadra de la zona directamente intervenida. En esta crónica nos damos cuenta de algunas de las formas de organización de una comunidad que pertenecía al Frente de Inquilinos de Tierra y Libertad (Vázquez, 2018), la cual fue una de las organizaciones que tuvo que negociar los desplazamientos de un número considerable de inquilinos (El Norte, 10 de junio de 1981). TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �62 MARIO ALBERTO JURADO MONTELONGO | REBECA MORENO ZÚÑIGA decidió congelarlos y convertirlos en áreas verdes. Esto permitió fortalecer la vocación de paseo turístico que tuvo posteriormente la Macroplaza. Otra de las razones que permitieron un desplazamiento de población fue el cobro a los dueños de una mejoría futura en el precio de sus propiedades aledañas a la Macroplaza. El cobro de este impuesto antes de terminar la obra y, además, el aumento en el impuesto predial hicieron que un gran número de habitantes que vivían en los alrededores decidieran vender sus propiedades (Melé, 2006). Los nuevos propietarios congelaron sus planes y especularon con estas propiedades, contribuyendo así con el deterioro y abandono que se observó posteriormente en las zonas aledañas con la terminación de la obra. PASEO SANTA LUCÍA Durante los años siguientes a la construcción de la Macroplaza, los gobiernos estatales y municipales seguían teniendo la percepción del centro de la ciudad abandonado y deteriorado, y plantearon nuevas propuestas. En marzo de 1992 se formó el Consejo Estatal de Rehabilitación Urbana (CERU), con el fin de supervisar, coordinar, controlar y ejecutar este tipo de obras. Se crearon dos fideicomisos, uno para el Barrio Antiguo y otro para la creación del Paseo Santa Lucía. El segundo se llamaba Fideicomiso de Rehabilitación Urbana (Firme), y fue por medio de éste que se realizó la primera parte del proyecto, que tuvo que ser más modesto de lo que se planeaba. La mayor parte del presupuesto para la obra fue cubierta por el gobierno federal (67%), y el 33% restante se obtuvo de un préstamo bancario. El gobierno del estado puso los terrenos y después, para pagar la deuda, tuvo que deshacerse de varios de ellos, que fueron a dar con sus acreedores (Garza et al., 2003). La primera parte se terminó en 1996 para conmemorar los 400 años de historia de la ciudad. En esta primera parte se construyeron el Museo de Historia Mexicana; la Plaza 400, que conectó al museo con la Macroplaza, y la parte inicial del canal Santa Lucía. Se había planeado construir 650 metros de canal, pero la crisis de 1995 recortó los planes. Además, el desinterés del capital privado en apoyar esta obra también dejó sin posibilidad de construir un river walk como el que existe en San Antonio, Texas, con un río artificial rodeado de un equipamiento comercial y financiero. La segunda parte del proyecto se continuó en 2005, también al amparo de otro pretexto: la Ciudad del Conocimiento, y dentro de este planteamiento, el Fórum Universal de las Culturas de 2007. El canal de Santa Lucía iba a seguir la misma trayectoria del río que alguna vez estuvo en esa zona de la ciudad y TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �EXPRESIONES DEL PROCESO DE GENTRIFICACIÓN EN EL CENTRO DE MONTERREY 63 que en los años sesenta se ocultó y se le conoció posteriormente como el canalón. Ahora, bajo una idea muy vinculada a embellecer el centro de la ciudad y promover el turismo, se decidió en la primera década del siglo XXI que se uniera la Macroplaza con el parque Fundidora. El canal de Santa Lucía sería la conexión adecuada (Moreno Zúñiga, 2016). Se buscaba que la iniciativa privada contribuyera comprando terrenos aledaños para impulsar comercialmente la zona y tener un impacto económico en el centro de la ciudad. En el discurso, esta obra por sí misma se justificaba, aunque no había ningún plan para la población residente de la zona. Como lo evaluó Moreno Zúñiga (2016), concebida así, a pesar de basarse en una referencia histórica, esta extensión de 2.5 kilómetros del canal Santa Lucía no tendía a conectarse con las necesidades de su entorno, y por lo tanto se convertía en un enclave urbano.6 Para el Fórum Universal de las Culturas Monterrey 2007, se tenía pensado desarrollar cinco proyectos estratégicos: la renovación de la calle Juan Ignacio Ramón para conectarla urbanísticamente desde el obelisco hasta la Macroplaza; la comercialización y rehabilitación de los terrenos “baldíos” de la Macroplaza; la ampliación del Barrio Antiguo hasta la calle Madero al norte, al poniente hasta Dr. Coss y al oriente hasta Félix U. Gómez; la conclusión de la ampliación de la avenida Venustiano Carranza y la extensión del Paseo de Santa Lucía (Garza, 2004). De estos cinco proyectos, sólo los últimos dos se llevaron a cabo. En el caso de la extensión del Paseo Santa Lucía, quedó pendiente la inversión privada. Hasta varios años después se empieza a notar esa inversión que se buscaba. En 2012, se terminó de construir el edificio de departamentos llamado La Capital, y enseguida del Museo del Noreste se construyó un edificio de oficinas que duró algunos años después de su finalización sin encontrar inquilinos para sus oficinas y locales en renta. Actualmente, ya tiene algunos locales rentados: en la planta baja se encuentran algunos restaurantes y bares que responden a una demanda de clase media. Por otra parte, a lo largo del canal se encuentran locales de comida rápida y antojitos que atienden a clientes de menor nivel de ingresos y a los turistas que abundan recorriendo este canal artificial. EL BARRIO ANTIGUO Durante la construcción de la Gran Plaza, el alcalde de Monterrey lanzó en 1981 una propuesta de renovación del barrio de la catedral (El Norte, 16 de 6 Según notas del periódico El Norte, de 1,100 familias de la zona, se afectó a 338 (García, 7 de junio de 2005). TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �64 MARIO ALBERTO JURADO MONTELONGO | REBECA MORENO ZÚÑIGA junio de 1981), donde se propone prolongar la calle peatonal y comercial Morelos hacia el lado oriente de la plaza Zaragoza. Sería como una extensión de la Gran Plaza y buscaría la rehabilitación de las fachadas de las viviendas antiguas; se adoquinarían las calles y el alumbrado daría una imagen del Monterrey antiguo. El alcance de este proyecto sería desde Zuazua hasta Mina y entre Padre Mier y Abasolo. El alcalde le llamó “Mística de Barrio”. Las calles serían peatonales y de tránsito ligero. No obstante, el proyecto no se inició de inmediato, sino que hasta 1992 se formó el Fideicomiso del Barrio Antiguo (Martínez, 1996). Hubo cambios en el proyecto original: se consideró como Barrio Antiguo a 16 cuadras al oriente de la calle Zuazua hasta Naranjo; y se tomó la avenida Constitución como el límite sur del barrio, y al norte el límite fue la calle Padre Mier. Se desechó la idea de peatonalizar el barrio, pero los servicios públicos se renovaron (agua, luz, gas) y todo el sistema de electricidad y telefonía fueron subterráneos. Por lo demás, se consideraron la rehabilitación de fachadas y la renovación de banquetas. Se financiaron los cambios sin costo para los propietarios y se dieron permisos para ubicar en el barrio centros de entretenimiento, locales de restaurantes y bares, para beneficio de los turistas y jóvenes (Salgado Gómez, 2006). Esto generó un crecimiento desmedido de lugares de entretenimiento nocturnos, de tal manera que para fines de 2000 el uso del suelo residencial era en la zona solamente del 27%, mientras que el comercial y de servicios, de 38% (Salgado Gómez, 2006). Habrá que mencionar que desde principios de los años ochenta ya se habían instalado en este barrio peñas musicales, lugares de entretenimiento para jóvenes universitarios de clase media. Estos lugares eran fomentados inicialmente por promotores culturales y artistas de la cultura local; no obstante, debido al éxito económico logrado, se volvió atractivo el mercado para empresarios locales que fueron atrayendo a jóvenes de mayores ingresos y desplazando a los emprendedores y consumidores originales. En este contexto, se implementó esta rehabilitación y renovación. Con el tiempo, el ruido de los bares y las discotecas, la asistencia y permanencia de turistas y jóvenes los fines de semana divirtiéndose, durante las noches y hasta al amanecer, dejando basura a su alrededor, provocó que residentes emigraran hacia otras zonas de la ciudad. El desplazamiento no trajo consigo más residentes, sino más población flotante, tanto trabajadores como consumidores, usuarios de la infraestructura y de los servicios. El gobierno municipal y estatal dejó que el mercado ajustara el tipo de actividades predominantes, y éstas estaban más destinadas a los visitantes y turistas que a los locales. Desde 1990 hasta 2010, la población residente del barrio disminuyó de 996 habitantes en 1990 a 267 en 2010 (Salgado Gómez, 2006; INEGI, 2010). A diferencia de otras zonas del centro de TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �EXPRESIONES DEL PROCESO DE GENTRIFICACIÓN EN EL CENTRO DE MONTERREY 65 la ciudad, en el Barrio Antiguo la población residente disminuyó en un 45% durante la década de 2000 a 2010, mientras que, en promedio, en la totalidad del centro la disminución fue del 28% en este mismo periodo. Después, el Barrio Antiguo entró en crisis durante el apogeo de la violencia provocada por la “delincuencia organizada”, ya que en los bares y discotecas se vendía droga y había competencia entre grupos rivales por este mercado. Así que durante varios años, aproximadamente desde 2009 hasta 2013, la mayoría de los lugares de entretenimiento nocturno cerraron, debido a la falta de clientes, que abandonaron este espacio de diversión ante el crecimiento del número de asesinatos en la zona. Las rentas de algunos locales disminuyeron en más del 50%. Durante este periodo de rentas bajas, algunas instituciones educativas se instalaron; predominaron las actividades económicas no vinculadas con bares y con los llamados “antros”; se fortalecieron, sobre todo, las que tenían que ver con actividades diurnas, como los cafés, galerías, hostales, restaurantes veganos, venta de antigüedades, entre otras. Estos locales empezaron a atraer turismo y visitantes de otras características, aunque seguían predominando jóvenes. Se fortalece un mercado callejero dedicado a la venta de antigüedades y demás amenidades. Cuando la percepción de inseguridad disminuyó, poco a poco la vida nocturna empezó a regresar y a aumentar las rentas nuevamente. Pero el mercado se topó con un contexto diferente. Algunos locales se mantuvieron cerrados y a partir de 2015 empezaron los propietarios a reabrirlos, pero con horarios restrictivos y con una clientela distinta, más diversa. Se instalaron locales de comida gourmet, locales de venta de cerveza artesanal, y aumentaron los que requerían no solamente de consumidores juveniles, sino de otros grupos de edad. No obstante, en relación a las construcciones antiguas y norestenses, éstas se siguieron derrumbando y construyendo sobre ellas edificaciones con otros materiales y bajo nuevas ideas sobre lo antiguo. Así, por ejemplo, un mercado gourmet se construyó después del derribo de una vivienda tradicional, y en su construcción se utilizaron materiales modernos y sillar de otras regiones. Otros locales respondían a una arquitectura artificial que daba la apariencia de antiguo, pero con un estilo ecléctico de principios del siglo XX, no vinculado con las construcciones de esa época en la región. Este nuevo devenir del Barrio Antiguo “posviolencia” tuvo un nuevo impulso con un proyecto del municipio en 2015, que remodeló la calle Morelos desde la calle Dr. Coss hasta Naranjo. Se ampliaron las banquetas, se quitó el cordón de las mismas y se redujo el ancho de la calle, además de instalar unos bolardos que invitaron a reducir el tráfico vehicular y mejorar las condiciones del peatón. Esto ayudó a la intensificación del turismo en la zona para la clase media y para sectores de la población con ciertas características sociodemográficas TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �66 MARIO ALBERTO JURADO MONTELONGO | REBECA MORENO ZÚÑIGA y culturales. Actualmente existe una segmentación de los usuarios de los espacios en el centro: en el corredor peatonal y comercial de la calle Morelos, al poniente de la Macroplaza, predominan actividades como los shows callejeros de los payasos, destinadas a la población en general y los paseantes de este corredor comercial. Mientras que al oriente de la Macroplaza, por la misma calle Morelos, predominan establecimientos y shows para otro tipo de consumidor de mayores niveles de ingreso y con un perfil cultural distinto. Los performances que se observan los domingos en la calle Morelos al oriente son de bailes de diversos estilos; cantantes de rock y música pop, entre otros. En este sentido, el Barrio Antiguo siguió especializándose como un lugar para el usuario de cierta capacidad económica y no para el residente. Esto no quiere decir que en esta zona esté subutilizada la infraestructura de servicios como la electricidad, el agua, el drenaje y la basura. Nos parece que es necesario evaluar si existe una mayor intensificación en los servicios en una zona donde la densidad poblacional es menor, pero la vocación del espacio permite un alto número de población flotante. Se menciona esto porque uno de los argumentos que anteponen quienes están a favor de la vivienda vertical en el centro metropolitano es la gran disponibilidad de infraestructura en esta zona, que está subutilizada dados los niveles tan bajos de densificación poblacional. LOS NUEVOS INTENTOS DE GENTRIFICACIÓN Actualmente, las transformaciones en el centro de la ciudad están siendo impulsadas por una política municipal y estatal basada en cambios en los reglamentos de permisos de construcción, uso del suelo y usos de los espacios públicos. Es una liberación de trabas a la inversión. Ya no es una intervención directa y tampoco existe una inversión estatal solamente, como antes se había hecho con la Macroplaza, el Barrio Antiguo y Fundidora (Garza et al., 2003; Moreno Zúñiga, 2016). Lo que se hacía antes era fortalecer las renovaciones con una inversión pública, mediante una transformación radical del paisaje urbano en el centro, y después motivando a la empresa privada para que invirtiera, comprara terrenos e impulsara económicamente las zonas intervenidas por el gobierno. Inclusive, los gobiernos permitieron dejar los espacios públicos a disposición de la empresa privada para que detonara económicamente las zonas mencionadas aquí. El ejemplo más claro de esto fue el nuevo estadio de futbol del club Rayados, que está construido sobre un espacio del parque público llamado La Pastora, en Guadalupe, Nuevo León. También basta observar el TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �EXPRESIONES DEL PROCESO DE GENTRIFICACIÓN EN EL CENTRO DE MONTERREY 67 número de negocios en el parque Fundidora, considerado un parque público ecológico, el cual ha destinado, en concesión principalmente, el 30% de su superficie a negocios privados (hoteles, centros de espectáculos, Plaza Sésamo, pista de hielo, estacionamientos); asimismo, los espacios verdes del parque se rentan para bodas, reuniones privadas, espectáculos masivos, entre otras actividades. Mientras tanto, en las periferias del centro de la ciudad se han presentado más proyectos de gentrificación, pero no relacionados con espacios públicos, sino privados. Han sido las transformaciones de propiedades relacionadas con la industria de principios del siglo XX, que cerraron sus plantas y bodegas, dejaron libres grandes terrenos para usos mixtos, residenciales y comerciales. Se destruyeron los edificios de las plantas industriales y se dejaron algunos símbolos que sirven de adorno para los nuevos fraccionamientos. Un ejemplo de esto es Céntrika, que es un desarrollo residencial horizontal y vertical que ocupa el espacio de lo que anteriormente fue American Smelting and Refining Company (Asarco). En este complejo habitacional quedó una chimenea y una casa que servía de albergue para los ingenieros que llegaban del extranjero a la ciudad para trabajar en la minera. Tanto las chimeneas como la casa quedaron como adorno y como recuerdo de lo que era Asarco. Pero también lo que quedó son dos grandes lomas que contienen los residuos peligrosos que la compañía se negó a llevar a un basurero tóxico que está en el municipio de Mina, Nuevo León, a 85 kilómetros de esta zona residencial. Se presentaron protestas de los vecinos de la colonia Victoria, pero finalmente no impidieron la construcción de este almacén de residuos (Valadez Rodríguez, 2008). Otro de los espacios gentrificados es el Nuevo Sur, que ahora ocupa los terrenos de lo que era Ladrillera Monterrey, otra empresa privada donde quedó solamente una chimenea como señal de la existencia de la planta industrial. Pero estos procesos no expulsan población, sino que ocupan espacios que tienen importancia en la historia industrial y obrera de la ciudad. Digamos que con estas acciones tenemos una gentrificación agresiva con el patrimonio obrero industrial. En el caso del centro de la ciudad, una de las nuevas propuestas municipales y estatales es “redensificarlo” mediante la construcción de proyectos verticales, con usos mixtos principalmente. En este caso, ya no existe inversión pública, sino cambio en las reglamentaciones del uso del suelo para motivar al capital inmobiliario a invertir en estos proyectos. Actualmente se han estado desarrollando principalmente en la parte sur del centro, que es la menos deteriorada: El Semillero, en la zona de La Purísima; el Pabellón M, en Ocampo y Juárez; Urbania, en la zona peatonal de Morelos; Koi Midtown, en OcamTRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �68 MARIO ALBERTO JURADO MONTELONGO | REBECA MORENO ZÚÑIGA po y Aldama; Torre América, en la calle América, entre Matamoros y Padre Mier; Proyecto Cuauhtémoc, en la cuadra entre Ocampo, Cuauhtémoc, Pino Suárez e Hidalgo; Torre Vita, en Francisco Naranjo, entre Matamoros y Platón Sánchez. En la zona de la Alameda también existe otro proyecto. En la parte norte del centro se construyen dos proyectos en terrenos de establecimientos económicos que eran muy importantes a mediados del siglo XX: en la maderería La Victoria y en Casa Holck. La construcción de multifamiliares y de uso mixto está más presente en la parte de la zona metropolitana de Monterrey (ZMM) donde viven los habitantes de altos ingresos, como en San Pedro Garza García y en la zona sur del municipio de Monterrey; mientras que los proyectos que se están desarrollando en el centro de la ciudad representan el 24% del total de la ZMM (Rosa, 29 de octubre de 2017). El directivo de la inmobiliaria que realiza el proyecto de Koi Midtown, Díaz Name, explicó que el inmueble, que tendrá 17 pisos, va dirigido al mercado de jóvenes recién casados con ingresos de 35 mil pesos, y que operará bajo un esquema de asignación de propiedad, lo que le permitirá al comprador no pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI). “Se le asigna la propiedad, no le vendo nada para que no pague ISAI” (Milenio, 21 de febrero de 2015). En una entrevista en 2007 al empresario inmobiliario Adrián Martínez Garza, éste dijo: “La tendencia en cuanto a lo que prefieren los compradores de vivienda sigue siendo la casa y el terreno propio”. Sin embargo, no hay duda de que crece la necesidad y el interés, y con ello la demanda, de vivir en condominios. “Esto último se debe, principalmente, a que allí hay mayor seguridad, vigilancia las 24 horas, accesos restringidos, menor costo de mantenimiento, derecho a servicios, como gimnasio, alberca, salones para fiestas, guarderías, estacionamiento techado, jardines y muchos otros más” (Real Estate. Market & Lifestyle, 2007). Son espacios que resuelven las necesidades del consumidor sin necesidad de traslado, así disminuye la importancia de lo que rodea al edificio. Los barrios vecinos, los espacios públicos y los servicios que se ofrecen en la cercanía a los departamentos no están relacionados con los condóminos. La vida comunitaria en el espacio donde se vive no se ve beneficiada por el crecimiento de esta población, que prefiere vivir en un espacio cerrado, controlado y seguro, y si no se tiene lugar para estacionar los autos,7 se intensifica 7 El municipio de Monterrey está considerando dar facilidades a los constructores que edifiquen departamentos a cierta distancia de las estaciones del metro o de rutas de camiones en el centro. Les posibilitarán reducir el número de cajones de estacionamiento, para así impulsar el uso del transporte público y también TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �EXPRESIONES DEL PROCESO DE GENTRIFICACIÓN EN EL CENTRO DE MONTERREY 69 la pelea por el uso del espacio. Esto hace que la vivienda sea no solamente el lugar para vivir, sino también para ejercitarse, divertirse y consumir, sin necesidad de ver a otras personas que no vivan dentro de este edificio de departamentos. “Todo en uno”, se podría decir. Es como vivir en un centro comercial. Entonces, frente a la vista del habitante de la metrópoli se presenta el edificio como un enclave comercial-habitacional, donde alrededor de éste se puede encontrar un escenario de deterioro urbano evidente. A pesar de las intenciones de lograr que los habitantes de estos edificios no usen sus vehículos particulares con la misma intensidad que quienes viven en zonas residenciales exclusivas y que están ubicadas en la periferia, esto no puede lograrse debido a que el entorno no responde a sus intereses personales de consumo y convivencia, y requieren moverse hacia afuera. Otra característica que hace de los edificios de departamentos elementos de enclave tiene que ver con el perfil del colono. Dado que en Monterrey existe una renuencia a vivir en departamentos, regularmente quien compra uno de ellos piensa en rentarlo, no lo percibe como un lugar para vivir. Inclusive, la propaganda de estos proyectos se inclina a buscar un perfil de comprador que piense que puede ser una buena inversión tener un departamento, en vez de ahorrar su dinero en el banco. Muchas veces estos proyectos no buscan residentes, sino inversionistas. Entrevistamos a dos residentes de este tipo de proyectos y ellos comentaron que la mitad de los compradores de los departamentos lo habían hecho con el fin de rentar su departamento. Inclusive, una parte de ese complejo habitacional está destinada exclusivamente para renta. En La Capital, que está a las orillas del canal de Santa Lucía, tienen una sección de renta. Urbania, el proyecto que recicla un edificio de los años cincuenta, al que agregaron cuatro pisos para departamentos en el corredor peatonal de Morelos, cuenta con departamentos exclusivos para renta. Los propietarios residentes en estas construcciones verticales son matrimonios jóvenes sin hijos; o matrimonios con hijos pequeños, en espera de lograr tener una vivienda unifamiliar y después rentar el departamento. También existen grupos específicos, como los mayores de 60 años, ejecutivos, extranjeros, entre otros. Los que llegan a pagar renta son residentes temporales que están de visita en Monterrey y que aprovechan que los propietarios utilizan plataformas dilos traslados a pie. A esto se le llama modelo de desarrollo basado en un transporte (DOT). Por los costos de los departamentos, pensados para personas de altos ingresos con autos, es difícil que los futuros dueños se interesen por vivir en este tipo de proyectos multifamiliares si no pueden disponer del auto para el traslado al trabajo, que no siempre va a estar en camino de las rutas camioneras o de las líneas del metro. En estos casos, la lucha por el espacio con los vecinos será cotidiana y reducirá las posibilidades de mejorar el tejido social. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �70 MARIO ALBERTO JURADO MONTELONGO | REBECA MORENO ZÚÑIGA gitales como Airbnb o Booking, y se quedan varios días, en ocasiones porque vienen a un evento y evitan los altos costos de los hoteles. También abundan los profesionistas que llegan a trabajar temporalmente en la ciudad.8 Estos departamentos tienen como perfil a personas de altos ingresos, lo que en términos de solución a la redensificación genera un sesgo social de segmentación. En estas propuestas de “volver al centro” debido a los altos costos de traslado en la periferia, se selecciona a un grupo minoritario de la población. Por eso la base de posibles clientes que buscan vivir en el centro es muy baja y no es raro ver grupos de edificios con pocos departamentos habitados. Lo que ha predominado ahora es la producción y proliferación de proyectos sin consideración de si responden a una demanda habitacional. Los desarrolladores tienen claro esto y deciden buscar a propietarios no residentes. Parte del problema es que una gran cantidad de proyectos está siendo financiada por fideicomisos privados, como los llamados Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras),9 que buscan inversionistas y que les prometen grandes dividendos anuales de dos dígitos, más altos que la tasa de interés predominante. Es un gran atractivo para personas, instituciones, empresas y fondos de pensiones, que tienen dinero y que quieren un buen rendimiento de su inversión. Por lo tanto, estos fideicomisos tienen siempre una gran disposición de efectivo para invertir. A tal grado que comúnmente vemos anuncios en el periódico de agentes inmobiliarios que están en búsqueda de terrenos en el centro para ofrecerlos a desarrolladores. En este sentido, este sistema impulsado por el municipio no está basado en la demanda de vivienda vertical, sino en la posibilidad de invertir y producir proyectos de todo tipo, siempre contando con esta jerarquía de inversionistas, no importando qué tipo de residente predomine. Uno de los grandes promotores de los Fibras menciona que “en este país hay terrenos, plazas, naves industriales y oficinas con potencial para valer millones. Lo que se demanda son empresarios e inversionistas de visión que aporten al desarrollo de este negocio; que lo entiendan” (El Contribuyente, 14 de julio de 2017). Mientras tanto, para atender las necesidades de redensificación del centro, el municipio ha recurrido a un enfoque territorial. Una de las propuestas es 8 Actualmente, el número de visitantes y trabajadores temporales que llegan a la ciudad va en aumento. Según la Secretaría de Turismo, en el primer trimestre de 2018 llegaron a Nuevo León 659,683 turistas, que representan, en relación al mismo trimestre de 2017, un aumento de 9.8%. El aumento de las actividades turísticas se nota más si tomamos en cuenta un periodo más largo. Por ejemplo, en 2004 el número de visitantes era de 274 mil (Garza, 2018). 9 Un Fibra es un fideicomiso de inversión que compra, construye y arrienda toda clase de bienes raíces que no pueden ser vendidos en un lapso de cuatro años. Prácticamente cualquier persona física con activos físicos o capital puede hacer negocio con un Fibra ya establecido, o puede crear uno propio (Serrano García, Rodríguez García, Méndez y Treviño Saldívar, 2016). TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �EXPRESIONES DEL PROCESO DE GENTRIFICACIÓN EN EL CENTRO DE MONTERREY 71 impulsar una movilidad sustentable que se apoye en medios de transporte públicos y no motorizados. No se habla de disminuir el número de traslados, pero sí las distancias, por eso se busca una mezcla de usos del suelo en el entorno inmediato delimitado por polígonos. Esto permite promover que la satisfacción de la mayoría de necesidades urbanas sea a cortas distancias, combinándolas con el menor uso del automóvil. En términos de tiempo, se habla de trasladarse cotidianamente a espacios urbanos (parques públicos, centros comerciales, escuelas, centros de entretenimiento, etcétera) en menos de 15 minutos. La propuesta también pasa por fortalecer la conexión del centro metropolitano con sus periferias, para así hacer crecer el deseo de vivir en el centro de la metrópoli. En este sentido se plantea el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Distrito Purísima-Alameda, que busca principalmente intervenir bajo ciertos principios que se retoman de las estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Desarrollo Urbano. Destacan algunas, como “fomentar ciudades compactas”; “aprovechamiento de predios baldíos y subutilizados”; “impulsar la sustentabilidad social, promoviendo una cultura de convivencia y participación ciudadana y fortaleciendo el tejido social de las comunidades”, y “promover una cultura de la movilidad urbana sustentable”, entre otras estrategias. El distrito Purísima-Alameda abarca las partes sur poniente y centro poniente del primer cuadro. Es el perímetro delimitado al sur por la avenida Morones Prieto, al norte por la calle Tapia, al oriente por la calle Venustiano Carranza, y al poniente por la calle Guerrero. Es un polígono del centro que tiene 7,400 habitantes en un área de 359.09 hectáreas, y con una población flotante de 60 mil personas, sin tomar en cuenta a quienes visitan esta zonas para comprar mercancías en los diferentes establecimientos (Municipio de Monterrey, 2015). Este tipo de programa ya se ha estado desarrollando en el zona sur del municipio, donde se encuentra instalado el Tecnológico de Monterrey, y también se está planteando en la colonia Independencia. En los dos casos se han presentado protestas por los habitantes de estos distritos, debido a las presiones de desalojos, compras agresivas de propiedades, usos privados de espacios públicos y una densificación residencial que provoca conflictos en el uso de los espacios. En el caso de este primer distrito que se propone en el centro de Monterrey, ha estado en consulta ciudadana y aún no se pone en marcha, pero se presenta como una alternativa para impedir que los proyectos multifamiliares queden solamente como una propuesta incompleta y como enclaves que no fortalecen el tejido social. Esperemos que esta propuesta no sirva como TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �72 MARIO ALBERTO JURADO MONTELONGO | REBECA MORENO ZÚÑIGA pretexto y legitimación de proyectos relacionados con la comercialización de espacios públicos, como pueden ser en este caso las partes aledañas del cauce del río Santa Catarina que se encuentran dentro del polígono. O como una plataforma legitimadora de negocios privados que desplazan al comercio destinado a los habitantes y visitantes de este polígono y que tienen menor capacidad de ingreso. CONCLUSIONES El texto aquí desarrollado es un esfuerzo por entender las transformaciones que ha sufrido el centro metropolitano de Monterrey. Éstas, como hemos visto, son de larga data y tienen sus antecedentes más inmediatos en espacios físicos como la Macroplaza, el Paseo Santa Lucía y el Barrio Antiguo; sin embargo, creemos que van más allá y que constituyen un largo proceso que involucra aspectos económicos, políticos y culturales. En particular, abordamos el proceso de lo que entendemos como gentrificación. No obstante, es importante hacer énfasis, no en la etiqueta, sino en el fenómeno social de trasfondo, tal como lo menciona Harvey en una entrevista: “El concepto de gentrificación, en términos generales, puede ser definido como el poder de cualquier grupo con recursos superiores que logra expulsar y destruir comunidades locales de un determinado lugar. Si se lo llama gentrificación, colonialismo o colonialismo urbano, da igual; la importancia radica en el conocimiento y la comprensión de la problemática detrás del concepto. Realmente importa poco cómo se lo llame, siempre y cuando la preocupación se mantenga por los temas centrales a tratar, como lo son la vivienda asequible y la calidad de vida de poblaciones que han sido marginadas y empobrecidas a lo largo del tiempo” (Martí y Salazar, 2016). En este sentido, las nuevas formas de gentrificación que están predominando en el centro de la ciudad están fincadas en dos aspectos: el primero es una crisis de la política pública de apoyo a la población de bajos ingresos, basada en los desarrollos periféricos de alta densidad, altos niveles de inseguridad y altos costos de traslado, con el consiguiente abandono de viviendas. El otro elemento es una gran disposición de capital inmobiliario que se está reorientando hacia los sectores de altos ingresos y a la población flotante de los grandes centros metropolitanos. Las facilidades legales permitidas por los gobiernos locales hacia el capital inmobiliario han posibilitado a estos capitales reorientar su oferta en la vivienda vertical para aprovechar la infraestructura ya establecida. Al mismo tiempo, un grupo de nuevos residentes en el centro con una cultura basada en la sustentabilidad urbana, pero con menos capacidad económica, TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �EXPRESIONES DEL PROCESO DE GENTRIFICACIÓN EN EL CENTRO DE MONTERREY 73 están aprovechando esta coyuntura, que permite todavía encontrar zonas del centro de baja renta y propiedades con precios menores a los sectores gentrificados como el Barrio Antiguo (Moreno Zúñiga y Jurado Montelongo, 2017). En términos concretos, las manifestaciones de la gentrificación en el centro metropolitano de Monterrey son: cambios en los reglamentos de permisos de construcción y uso del suelo, así como en el uso de los espacios públicos, que bajo la lógica del neoliberalismo se interpreta como una liberación de las trabas a la inversión. Asimismo, presenciamos la inversión privada en la periferia aledaña al centro de la ciudad de Monterrey, la que se ha desarrollado en antiguos predios industriales, pequeñas fábricas y bodegas. Para el primer caso, puede tomarse como ejemplo el caso del coto cerrado de Céntrika, desarrollado en antiguos terrenos de Asarco, y Nuevo Sur, en lo que fue la Ladrillera. Para el segundo, la construcción de lofts en la Colonia del Prado. Bajo el pretexto de la redensificación del centro se han construido torres de departamentos y de usos múltiples bajo un esquema de inversión privada, lo que ha derivado en enclaves con un entorno urbano deteriorado y que han privilegiado más la renta de departamentos y la inversión inmobiliaria de particulares que la efectiva respuesta a una demanda real de viviendas en el centro de Monterrey. El proceso apenas inicia, y este texto da cuenta de ello. Lo interesante es que tanto el concepto de gentrificación (de hechura anglosajona y en el contexto del estado de bienestar), como sus expresiones tienen que ser discutidos y entendidos en el contexto latinoamericano y bajo el esquema neoliberal del capitalismo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Brenner, N., Peck, J. y Theodore, N. (2015). Urbanismo neoliberal. La ciudad y el imperio de los mercados. En Observatorio Metropolitano de Madrid (ed.). El mercado contra la ciudad. Sobre globalización, gentriicación y políticas urbanas. Madrid: Traficantes de Sueños. Casas, J. M. (2007). Desarrollo y desarrollismo, apuntes para su contexto. Rizoma. Revista de Cultura Urbana, 6 (octubre-diciembre). Casas, J. M. (2010). Del barrio San Luisito a la colonia Independencia. En C. Contreras (coord.). Colores y ecos de la colonia Independencia. Monterrey: El Colegio de la Frontera Norte. Cavazos, I. (2007). Urbanismo e identidad de Monterrey. Rizoma. Revista de Cultura Urbana, 6 (octubre-diciembre). Coulomb, R. (2009). Regeneración urbana y habitabilidad en los centros de ciudad. Lo aprendido en la Ciudad de México. San Salvador: Conferencia en Encuentro Latinoamericano sobre Centros Históricos. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �74 MARIO ALBERTO JURADO MONTELONGO | REBECA MORENO ZÚÑIGA Urbina, A. de y Lulle, T. (2015). ¿Se puede hablar de gentrificación en el Centro Histórico de Bogotá? En V. Delgadillo, I. Díaz y L. Salinas (coords.). Perspectivas del estudio de la gentriicación en México y América Latina. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Contested Cities. Díaz Parra, I. (2015). Introducción. En V. Delgadillo, I. Díaz y L. Salinas (coords.). Perspectivas del estudio de la gentriicación en México y América Latina (pp. 14-26). México: Universidad Nacional Autónoma de México-Contested Cities. El Contribuyente (14 de julio de 2017). ¿Qué son los fideicomisos de inversión y bienes raíces (Fibras) y por qué son un negocio? Recuperado de: https://www.elcontribuyente. mx/2017/07/que-son-los-fideicomisos-de-inversion-y-bienes-raices-fibras-y-porque-son-un-negocio/ El Norte (10 de junio de 1981). 39 familias aceptan reubicarse y dar paso a la Macroplaza. Monterrey. El Norte (16 de junio de 1981). Rescatarán sector del Monterrey antiguo. Monterrey. Espinosa Morales, L. (2015). Entre la norma, el trazo y el uso. Una breve historia de las calles de Monterrey. En C. Contreras (coord.). Monterrey a través de sus calles. Una revisión desde las ciencias sociales. Monterrey: Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León-El Colegio de la Frontera Norte-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Fitch Osuna, J., Iga, C. y Murguía, R. (2007). Aproximación a la valuación socioeconómica del espacio público. Macro Plaza en Monterrey, México. AEDIFICARE. Anuario de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura, 175-201. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León. García, J. (7 de junio de 2005). Arrancan trabajos para Santa Lucía. El Norte, sección B. Monterrey. García Ortega, R. (1988). El área metropolitana de Monterrey (1939-1984). Antecedentes y análisis de su problemática urbana. En M. Cerutti. Monterrey. Siete estudios contemporáneos. Monterrey: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León. Garza, B. (21 de mayo de 2018). Logra NL cifras récord en turismo. El Horizonte, sección Finanzas. Monterrey. Garza, G., Filion, P. y Sands, G. (2003). Políticas urbanas en grandes metrópolis: Detroit, Monterrey y Toronto. México: El Colegio de México. Garza, N. (27 de septiembre de 2004). Prepara el Gobierno regeneración macro. El Norte, sección B. Monterrey. Guajardo Alatorre, A. (2003). Crecimiento urbano de Monterrey. En A. Guajardo (coord.). Análisis estratégico del área metropolitana de Monterrey. Un diagnóstico para el desarrollo. Vol. 2. Monterrey: Centro de Estudios Estratégicos-Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano-Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Harvey, D. (2004). El nuevo imperialismo. Madrid: Ediciones Akal. Hiernaux Nicolas, D. y González Gómez, C. I. (2014). Gentrificación simbólica y poder en los centros históricos: Querétaro, México. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geograía y Ciencias Sociales, XVIII, 493(12) (noviembre). Universidad de Barcelona. Informe municipal Monterrey 1974-1976. Monterrey. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �EXPRESIONES DEL PROCESO DE GENTRIFICACIÓN EN EL CENTRO DE MONTERREY 75 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2010). Censo de población y vivienda 2010. Martí, M. y Salazar, M. (2016). Entrevista a David Harvey sobre gentrificación: “Habitat III tiene una posición neoliberal”. Recuperado de: http://cdes.org.ec/web/entrevista-a-david-harvey-sobre-gentrificacion-habitat-iii-tiene-una-posicion-neoliberal/ Martínez, Ó. E. (1996). Monterrey, ciudad nueva, ciudad vieja. En I. Cavazos Garza (coord.). La enciclopedia de Monterrey. T. 2. Monterrey: Grijalbo-El Diario de Monterrey. Melé, P. (2006). La producción del patrimonio urbano. Publicaciones de la casa chata. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Milenio (21 de febrero de 2015). Crecimiento de vivienda vertical será ‘explosivo’. Recuperado de: http://m.milenio.com/monterrey/vivienda_vertical-edificacion_vertical-cons truccion_edificios_0_468553156.html Moreno Zúñiga, R. (2016). La invención de la ciudad del conocimiento. Monterrey en la antesala de la violencia social. Buenos Aires: Estudios Sociológicos Editora. Recuperado de: http:// estudiosociologicos.org/-descargas/eseditora/la-invencion-de-la-ciudad-del-conocimiento/la-invencion-de-la-ciudad-del-conocimiento-zuniga.pdf Moreno Zúñiga, R. y Jurado Montelongo, M. A. (2017). El proceso de renovación urbana en el centro metropolitano de Monterrey. Artistas y activistas: Habitar el centro como una forma de resistencia social. XXXI Congreso ALAS. Las encrucijadas abiertas de América Latina. La sociología en tiempos de cambio. Montevideo: Asociación Latinoamericana de Sociología. Recuperado de: http://alas2017.easyplanners.info/opc/ tl/7718_rebeca_moreno_zuniga.pdf Municipio de Monterrey (2015). Programa Parcial de Desarrollo Urbano. Distrito Purísima-Alameda. Monterrey: Laboratorio URRE-Desarrollo Urbano de Ecología, Monterrey. Olivera, P. (2015). Gentrificación en la Ciudad de México, entre políticas públicas y agentes privados. En V. Delgadillo, I. Díaz y L. Salinas (coords.). Perspectivas del estudio de la gentriicación en México y América Latina (pp. 94-110). México: Universidad Nacional Autónoma de México-Contested Cities. Ortega Ridaura, I. (2007). Introducción: Del segundo auge industrial a la crisis. En I. Ortega Ridaura (coord.). Nuevo León en el siglo XX. La industrialización del segundo auge industrial a la crisis de 1982. T. II. Monterrey: Fondo Editorial de Nuevo León-Gobierno del Estado de Nuevo León. Prieto González, J. M. (2016). Lo humilde en un contexto de grandeza: desafíos que enfrenta la regeneración del Barrio Antiguo en Monterrey (Nuevo León). Contexto. Revista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, X(12) (marzo), 11-28. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León. Real Estate. Market & Lifestyle (2007). Monterrey, la ciudad más moderna del país. Recuperado de: https://www.realestatemarket.com.mx/articulos/mercado-inmobiliario/ urbanismo/12429-monterrey-la-ciudad-mas-moderna-del-pais Rodríguez, M. C. (2015). Estado, clases y gentrificación. La política urbana como campo de disputa en tres barrios de Ciudad de Buenos Aires. En V. Delgadillo, I. Díaz y L. Salinas (coords.) (2015). Perspectivas del estudio de la gentriicación en México y América Latina (pp. 205-229). México: Universidad Nacional Autónoma de México-Contested Cities. Rojo, F. (2016). La gentrificación en los estudios urbanos: Una exploración sobre la producTRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �76 MARIO ALBERTO JURADO MONTELONGO | REBECA MORENO ZÚÑIGA ción académica de las ciudades. Cad. Metrop., 18(37), 697-719. São Paulo. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.1590/2236-996.2016-3704 Rosa, R. de la (29 de octubre de 2017). Se espera el regreso de oficinas al centro. El Norte. Sección Bienes Raíces. Sabatini, F., Sarella, M. y Vázquez, H. (2009). Gentrificación sin expulsión, o la ciudad latinoamericana. Una encrucijada histórica. Revista 180, 24, 18-25. Santiago de Chile. Salgado Gómez, A. (2006). El Barrio Antiguo de Monterrey. ¿Tradición a pesar de todo, o transformación a cualquier costo? En C. Contreras Delgado y A. B. Narváez Tijerina (coords.). La experiencia de la ciudad y el trabajo como espacios de vida (pp. 157-197). México: El Colegio de la Frontera Norte-Universidad Autónoma de Nuevo León-Plaza y Valdés Editores. Sequera, J. (2015). A 50 años del concepto de ‘gentrificación’. La mirada anglosajona. Biblio 3W. Revista Bibliográica de Geograía y Ciencias Sociales, 20(1), 127, Barcelona. Serrano García, I., Rodríguez García, M. P., Méndez, A. B. y Treviño Saldívar, E. J. (2016). Análisis financiero de las Fibras en México. VinculaTégica, 2(1) (julio 2015-junio 2016). Universidad Autónoma de Nuevo León. Tamez Tejeda, A. (2009). Génesis y evolución de la morfología urbana de Monterrey. En R. García Ortega, S. Arzaluz y J. M. Fitch. Territorio y ciudades en el noreste de México al inicio del siglo XXI. México: Porrúa-El Colegio de la Frontera Norte. Valadez Rodríguez, A. (2008). NL: Crean residencial para ricos sobre basurero de residuos tóxicos. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2006/08/04/index. php?section=estados&article=035n1est Vázquez, M. (2018). El Monterrey de Pepe Charango. Academic@s 43 de Monterrey. Recuperado de: https://academicxsmty43.blog/2018/04/29/el-monterrey-de-pepe-charan go-por-meynardo-vazquez-esquivel/ Zoilo, F., Vega, S. de la, Morales, G. y Lois, R. C. (2000). Diccionario de geograía urbana, urbanismo y ordenación del territorio. Barcelona: Ariel. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �77 El Rol de la Eficiencia Energética en el Sector Residencial para la Transición Energética en la Región Latinoamericana* The Role of Energy Efficiency in the Residential Sector for the Energy Transition in the Latin American Region MARINA RECALDE** | FLORENCIA ZABALOY*** | CARINA GUZOWSKI**** ► RESUMEN En este trabajo se analiza el concepto de transición energética justa, con especial énfasis en el aporte potencial del sector residencial a este objetivo. A estos efectos, se realiza un análisis de las transiciones recientes y de las políticas de eficiencia energética residenciales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Entre los aspectos de mayor relevancia, se destaca que las transiciones energéticas en la región han estado más relacionadas con la sustitución de fuentes energéticas en la generación eléctrica, y que queda aún un interesante camino por andar, con muchas oportunidades de política para la promoción de eficiencia energética residencial. Palabras clave: Transición energética justa | Eiciencia energética | Consumo residencial. ► ABSTRACT This paper analyzes the concept of a fair energy transition, with special emphasis on the potential contribution of the residential sector to this objective. For these purposes, an analysis is made of recent transitions and residential energy efficiency policies in Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Uruguay. Among the most relevant aspects, it is * Las opiniones vertidas en el presente artículo son de exclusiva responsabilidad de las autoras y no comprometen en absoluto a las instituciones a las cuales pertenecen. ** Doctora en Economía. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Fundación Bariloche. Correo electrónico: mrecalde@gmail.com *** Candidata a doctora. Profesora de Economía de la Universidad Nacional del Sur (Argentina). Correo electrónico: florencia.zabaloy@uns.edu.ar **** Doctora en Economía. Profesora de la Universidad Nacional del Sur (Argentina), Departamento de Economía; e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas del Sur. Correo electrónico: cguzow@criba.edu.ar Recibido: 5 de enero de 2018 | Aceptado: 1 de julio de 2018 TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 ISSN 2007-1205 | pp. 77-102 �78 MARINA RECALDE | FLORENCIA ZABALOY | CARINA GUZOWSKI highlighted that energy transitions in the region have been more related to the substitution of energy sources in electricity generation, and that there is still an interesting way to go, with many policy opportunities for the promotion of residential energy efficiency. Keywords: Fair energy transition | Energy eiciency | Residential consumption. INTRODUCCIÓN A lo largo de las últimas décadas, se ha incrementado el reconocimiento y el consenso sobre la importancia del fenómeno del cambio climático y el calentamiento global, así como el rol que tienen en este fenómeno las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de origen antropogénico (Oreskes, 2004; Hansen, Sato, Kharecha et al., 2008; Doran and Zimmerman, 2009; Anderegg, 2010; IPCC, 2013). Rockström, Steffen, Noone et al. (2009) muestran que la humanidad se encuentra transitando una era antropocena, que se caracteriza por un incremento sostenido de la concentración de las emisiones de CO2. Mientras que los valores de CO2 preindustriales se encontraban cercanos a los 280 p.p.m., y que el umbral crítico de concentración se encuentra entre los 350 y 500 p.p.m. (Hansen et al., 2008), en octubre de 2017 dichas concentraciones eran cercanas a 404 p.p.m. A pesar de los esfuerzos de mitigación, según el National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Earth System Research Laboratory, en los últimos años los GEI presentan una tendencia creciente. Diversos estudios muestran que la gran mayoría de las emisiones antropogénicas de GEI se encuentran relacionadas en forma directa e indirecta con la quema de combustibles fósiles, lo que convierte al sector energético en un sector clave para comprender su evolución. Así, los determinantes de la demanda energética deben ser tenidos en especial consideración. Dado que la demanda de servicios energéticos es una demanda derivada, depende de factores como la tendencia poblacional y demográfica, los niveles de actividad económica, el ingreso per cápita y los cambios tecnológicos y estructurales (Yeager, Dayo, Fisher et al., 2012). La evolución futura de estas variables puede ser crítica al momento de proyectar los GEI . El crecimiento poblacional mundial ha sido y será un factor crítico para las emisiones de GEI. Diferentes escenarios proyectan un crecimiento poblacional que llevará a la población mundial a 9-15 billones en 2100 (Riahi, Dentener, Gielen et al., 2012), con significativos incrementos en las tasas de urbanización, lo que impactará sobre la demanda de energía. La mayor proTRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �EL ROL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL 79 porción del crecimiento poblacional y la urbanización se evidenciará en los países en desarrollo, aspecto que, sumado a las expectativas de crecimiento económico en las economías en desarrollo, pondrá especial presión sobre las acciones de mitigación en los mismos (Recalde et al., 2014). Esta situación ya se ha venido evidenciando. De acuerdo a la U.S. Energy Information Administration, en el periodo 2001-2012 las emisiones energéticas crecieron significativamente en los países en desarrollo, mientras que permanecieron relativamente estables en los países desarrollados. Diferentes escenarios de política coinciden en remarcar que en 2040 o 2050 serán los países en desarrollo los responsables del mayor consumo de energía, y con ello de las emisiones, ya que sus economías se encontrarán en expansión y la tasa de crecimiento poblacional será superior a la de los países desarrollados, y que muy posiblemente basarán gran parte de su oferta energética en combustibles fósiles (DOI/EIA, 2013; IPCC, 2013). La concentración en términos de países emisores es tal que de acuerdo a la información del World Resources Institute (WRI) los 10 principales países (China, Estados Unidos, Unión Europea, India, Rusia, Japón, Brasil, Indonesia, Canadá y México) representan en conjunto tres cuartos del total de las emisiones de GEI, siendo cuatro de ellos países en desarrollo. Para el caso de los principales países emisores, al menos, el sector energético es por lejos el mayor responsable de las emisiones de GEI, y en su mayoría dichas emisiones provienen de la generación de electricidad, calor y transporte (Recalde, 2017). Es en este contexto que las políticas de mitigación en el sector energético y el concepto de transición energética cobran vital importancia. Autores como Grübler destacan que el mundo debe evolucionar hacia la próxima transición energética, pues los sistemas energéticos en su configuración actual no son sustentables desde la perspectiva ambiental, económica y social (Recalde, 2017). El autor se refiere con esta definición a una perspectiva más amplia que la comúnmente utilizada, ya que no sólo hace referencia al impacto ambiental de los sistemas energéticos, sino que también enfatiza que miles de millones de personas se encuentran excluidas de los beneficios alcanzados por las transiciones energéticas pasadas, las cuales lograron mejorar el acceso a la energía moderna y limpia tanto en hogares como en el sector productivo. Aparece entonces del concepto de transición energética justa (JET, por sus siglas en inglés). Si bien el concepto de transición energética se encuentra estrechamente asociado a las energías renovables, la eficiencia energética (EE) podría jugar un rol fundamental, en especial para los países en desarrollo. A pesar de las proyecciones de incremento en el consumo de energía en países en desarroTRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �80 MARINA RECALDE | FLORENCIA ZABALOY | CARINA GUZOWSKI llo, que podría resultar de la asociación positiva entre el consumo de energías modernas y el ingreso per cápita, es posible esperar ganancias netas de eficiencia en el sector residencial que podrían reducir la tasa de crecimiento del consumo energético a medida que los países se desarrollan (Jimenez y Yépez-García, 2016). Este tipo de políticas podría tener efectos positivos sobre el impacto ambiental del sector energético, y co-beneficios económicos y sociales al reducir las necesidades de inversión futuras a nivel macro y microeconómico. La importancia de la promoción de la EE es tal que la propia Agencia Internacional de la Energía estima que hacia 2050 se podrían reducir 40% de emisiones GEI gracias a la implementación de políticas de EE en la generación de electricidad, y en los sectores de transporte, industria, edificación e infraestructura. Los senderos posibles de productividad energética juegan un rol crucial, y en ellos los drivers principales, tales como el desempeño tecnológico, las innovaciones, las políticas y el comportamiento de la población, en lo que respecta a su relación con el consumo de energía (Energy Transitions Commission, 2016). En el caso de América Latina, la transición energética es esencial para alcanzar la reducción de emisiones planificada en el acuerdo de París, y transitar un camino hacia la descarbonización en el futuro (Institute of the Americas, 2017). Se espera que a partir de la implementación de buenas prácticas se podrían lograr ahorros cercanos a 15-20% en la región, sobre todo haciendo foco en el manejo de la demanda, redes inteligentes y cambios en los patrones de consumos y comportamientos. En este marco, el objetivo de este trabajo es analizar el concepto de transición energética desde una perspectiva integral, y analizar la contribución que pueden tener las políticas de EE en el sector residencial para el sendero de la JET. Se propone realizar un análisis preliminar de las transiciones energéticas recientes y de las políticas de EE residenciales en un conjunto de países de la región latinoamericana: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, y Uruguay. El trabajo se encuentra estructurado en seis secciones. Las dos primeras secciones discuten la importancia y estructura del consumo energético y el concepto de transición energética justa. En el siguiente apartado se estudia la evolución de la composición de las matrices energéticas de los distintos países, para verificar cuáles son las características del proceso de transición energética que se está atravesando actualmente. En la quinta sección se realiza una revisión breve de las distintas políticas de EE en el sector residencial en los países bajo estudio. Por último, se presentan las reflexiones finales. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �EL ROL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL 81 1. CONSUMO ENERGÉTICO: DETERMINANTES Y PERSPECTIVAS La relación entre el consumo de energía y el nivel de actividad ha sido uno de los aspectos más estudiados. Por un lado, muchos de los estudios se focalizan en analizar la existencia de una relación de corto y largo plazo entre energía y nivel de actividad en términos agregados o desagregados (Kraft y Kraft, 1978; Zachariadis, 2007; Barleet y Gounder, 2010; Tsani, 2010; Chang and Soruco Carballo, 2011). En estos análisis, el objetivo suele ser la determinación de la existencia y dirección de una relación de causalidad entre ambas variables y, en caso de existir, la dirección de la misma.1 Por otro lado, otros estudios intentan averiguar la elasticidad (ingreso y precio) del consumo de energía respecto de algunas variables básicas, con el objetivo de indagar sobre la reacción del consumo ante cambios en variables clave e incluso ante determinadas políticas energéticas. El punto crítico de estas discusiones en términos del debate energético y climático para los países en desarrollo es cuál será el futuro del consumo energético (y con él, de las emisiones por quema de combustibles) en estas regiones, a medida que las mismas transiten senderos de crecimiento y desarrollo económico. En este sentido, tal como destacan Jimenez y Yépez-García (2016), comprender cuál es la composición y el ritmo de crecimiento de la demanda energética es fundamental para mejorar la planificación energética y abordar los desafíos ambientales y de demanda de financiamiento para la provisión de suficiente oferta energética a los países. Por estos motivos, los autores analizan la evolución del consumo de energía en el sector residencial en relación con el ingreso per cápita a nivel mundial, encontrando, al menos, dos aspectos de importancia. En primer lugar, la sustitución entre combustibles tradicionales y modernos que se observa a medida que los hogares pasan de ingresos bajos a ingresos medios y altos. En segundo lugar, y en estrecha relación con esta sustitución (aunque no solamente a raíz de esto), el consumo energético de los sectores residenciales no tiene una pendiente lineal, sino que presenta un patrón en forma de S.2 Los autores destacan que los efectos sustitución son mayores en las fuentes tradicionales de energía (biomasa tradicional en su mayoría), y que existe un efecto riqueza positivo en los combustibles transicionales y modernos (kerosene en el primer grupo y gas natural y electricidad en el segundo). Este 1 Desde el punto de vista de la política energética y ambiental, la direccionalidad de dicha causalidad es crucial, puesto que los resultados en torno a una u otra dirección serán determinantes para la elaboración de políticas de conservación energética y abastecimiento. 2 Existen distintos puntos de inflexión a medida que se incrementan los ingresos (Meier, Jamasb y Orea, 2013; Rodríguez-Oreggia y Yépez-García, 2014). TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �82 MARINA RECALDE | FLORENCIA ZABALOY | CARINA GUZOWSKI FIGURA 1 Evolución del consumo energético y PIB per cápita .... --- ....... '' '' ' \ \ \ \ '' 2,98 1 403 22.026 '' '· 162,755 Fuente: Jimenez y Yépez-García, 2016. comportamiento de los combustibles es el esperado, de acuerdo a la teoría económica tradicional, ya que las fuentes tradicionales podrían considerarse bienes inferiores, mientras que los combustibles transicionales y modernos serían bienes normales. Sin embargo, uno de los resultados de mayor importancia del estudio de Jimenez y Yépez-García (2016) es que el consumo del sector residencial presenta un punto de inflexión o de saturación a partir del cual se observan ahorros netos de energía que reducirían el consumo de energía per cápita a niveles de ingresos altos. Este aspecto se podría relacionar con la hipótesis Curva de Kuznets Ambiental (CKA), de Grossman y Krueger (1991) y Panayotou (1993), que establece una relación entre degradación ambiental y crecimiento económico.3 De acuerdo a la CKA, existe una relación funcional con forma de U invertida entre el crecimiento económico y la degradación ambiental, lo que significa que el deterioro ambiental es una función creciente del nivel de actividad económica hasta un determinado nivel crítico de renta o turning point, a partir del cual mayores niveles de renta se asocian a niveles progresivamente mayores de calidad ambiental (Zilio y Recalde, 2011). El argumento central de la CKA es que los sectores de ingresos más bajos no de3 La CKA es así llamada por su similitud con la relación que Kuznets (1955) estableciera entre crecimiento económico y desigualdad en la distribución del ingreso. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �EL ROL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL 83 mandarán mejoras ambientales en la medida que no cubran otras necesidades básicas (como nutrición, educación o asistencia sanitaria, etcétera); una vez que los individuos han alcanzado un determinado nivel de vida, otorgarán mayor valor a los bienes y servicios ambientales, elevando su disposición a pagar por ellos en una proporción mayor al crecimiento del ingreso (Roca, 2003). Esta hipótesis se debe a la congruencia de tres efectos: el efecto escala (mayores ingresos requieren de consumo de mayores materiales e incrementos en el impacto ambiental); el efecto composición (el proceso de desarrollo de las naciones puede venir atado a cambios en la estructura económica y, con ello, mejoras ambientales) y el efecto tecnología.4 Este último efecto puede asociarse también a un efecto ingreso positivo, que se desprende del trabajo de Jimenez y Yépez-García (2016). El efecto tecnología implica que una nación más rica tiene mayor capacidad para invertir recursos en actividades de investigación y desarrollo con vistas a la innovación y el desarrollo de tecnologías limpias. Por lo tanto, a mayores niveles de ingreso per cápita, mayor será la calidad ambiental obtenida a través de la implementación de mejoras tecnológicas.5 La CKA ha sido aplicada para el caso específico del consumo energético (Luzzati y Orsini, 2009; Zilio y Recalde, 2011). En el caso de América Latina, por ejemplo, Zilio y Recalde (2011) encuentran que no se verifica la hipótesis de la CKA, y que la curva exhibe un patrón en forma de U y no de U invertida. Entre algunos de los motivos para explicar estos resultados se encuentra que, dados los niveles de desarrollo e ingreso de los países para el periodo seleccionado, las elasticidades ingreso son elevadas, con lo cual el efecto escala es significativo; al tiempo que los altos niveles de desigualdad y falta de acceso a suficiente información ambiental que presenta la región debilitan uno de los impactos positivos que se esperarían del proceso de crecimiento.6 Adicionalmente, el rango de ingresos en el cual se encuentra la región latinoamericana no se encuentra cerca de los niveles en los cuales otros autores encontraron turning points a nivel global y por regiones. En efecto, Jimenez y Yépez-García (2016) encuentran que, en el caso específico de la región latinoamericana, la pendiente en forma de S de la curva de consumo energético per cápita parece ser menos pronunciada, con puntos de inflexión menos marcados. Claramente este hallazgo se relacionaría con 4 Para una mayor definición y descripción de estos efectos, véase Grossman y Krueger, 1991. 5 Hay que tener cuidado con la misma, ya que de esta hipótesis se desprende el hecho de que el crecimiento económico podría ser la causa y la solución al impacto ambiental. 6 Aun cuando la elasticidad ingreso de la demanda de calidad ambiental sea relativamente alta, en aquellos países en los que se registra un elevado índice de desigualdad la demanda de bienes inferiores podría ser mayor. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �84 MARINA RECALDE | FLORENCIA ZABALOY | CARINA GUZOWSKI el rango de ingresos en que se presenta la distribución de los países latinoamericanos, en los cuales, a diferencia del caso mundial, los ingresos inferiores (1.300 USD) son alrededor de tres veces los correspondientes a nivel mundial (403 USD), y los ingresos superiores son siete veces menores (22.000 USD) a lo que sucede a nivel global (167.000 USD). FIGURA 2 Consumo de energía en el sector residencial a lo largo de la distribución del ingreso en América Latina7 "' ,1.i "' "' o N '<f ,.,: 1.340 2,981 8.100 22 ,026 P81per c:ápm!. PPA, .a USS constantes del 2005 Fuente: Jimenez y Yépez-García, 2016. Este aspecto hace, por un lado, que la relación entre el consumo de energías tradicionales, transicionales y modernas sea diferente. Por otro lado, se observa que el rango de ingresos en los cuales se encuentra la región latinoamericana no parece ser aún lo suficientemente elevado para que los efectos ingresos (o el efecto tecnología en el marco de la CKA) generen impactos significativos en términos de ahorros energéticos. 7 De acuerdo a los autores la estimación se basa en 22 países de América Latina y el Caribe en el período 1971-2013. Los ejes se encuentran en escala logarítmica. El PBI per cápita se encuentra en paridad de poder de compra (PPP). TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �EL ROL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL 85 2. LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA, EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y EL POTENCIAL APORTE DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL En los últimos años, motivados por diferentes aspectos, la literatura sobre la transición energética se ha incrementado significativamente, con estudios que van desde análisis específicos a transiciones energéticas a escala local, hasta análisis de los impactos globales de las transiciones (Grübler, 2007; Fouquet, 2010; Urkidi, 2015; Imbert, Ladu, Morone y Quitzow, 2017; Rosenow et al., 2016, entre otros).8 No obstante, tal cual afirma Araújo (2014), no existe una definición universalmente aceptada del concepto. Los enfoques son múltiples, centrados algunos en los aspectos tecnológicos, de oferta y cambios de matriz energética; mientras que otros se focalizan más en aspectos de demanda. Existen inclusive otros enfoques, como el de los sistemas socio-ecológicos, el cual plantea que éste resulta fundamental para el manejo de los ecosistemas, porque toma en consideración la complejidad del sistema. En este sentido, Brailovsky y Foguelman (2006) sostienen que el medio natural condiciona, influye, moldea, pero es a su vez construido por las diferentes sociedades humanas. Por lo tanto, las condiciones ambientales de un país están íntimamente ligadas al estilo de desarrollo y con las sucesivas fases de desarrollo atravesadas por el país. Estos autores definen al ambiente como la resultante de interacciones entre sistemas ecológicos y socioeconómicos, susceptibles de provocar efectos sobre los seres vivientes y las actividades humanas, que en última instancia determinan el modo de utilización de los recursos naturales y del espacio nacional (Brailovsky y Foguelman, 2006, pp. 17-18). Esta postura se relaciona con ética ambiental, ya que ésta propone que la Tierra y los seres humanos no constituyen dos esferas separadas. Se plantea como objetivo analizar críticamente las relaciones de los seres humanos con el ambiente del que forman parte, y cuestiona los modos de vida y desarrollo que inciden en tales relaciones (Rozzi, Primack, Feinsinger et al., 2001, p. 311). Por lo tanto y desde una perspectiva amplia, se entiende por transición energética todo cambio de un sistema energético desde un estado a otro, en lo que respecta a la cantidad, calidad y estructura, bien de la oferta energética o de los usos energéticos, en un momento del tiempo y en un espacio determinado (Grübler, 2007, 2012). En forma más general, se la puede entender como un cambio estructural de la forma en la cual los servicios energéticos 8 La literatura reciente es tan amplia que citarla en este apartado sería imposible. Algunos de los trabajos mencionados presentan resúmenes de los abordajes más recientes que pueden resultar de interés al lector. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �86 MARINA RECALDE | FLORENCIA ZABALOY | CARINA GUZOWSKI son entregados y utilizados (Rosenow et al., 2016). De esta definición se desprende la naturaleza múltiple y amplia del concepto en sí, y las diferentes dimensiones del mismo. Así, una transición energética puede referirse a cambios en la composición de la oferta energética, desde matrices más concentradas en el carbón mineral a matrices más concentradas en gas natural, por ejemplo; o a cambios en el consumo energético, como reducción de la participación del consumo agrícola y aumento del consumo industrial por cambios en la estructura económica, o incrementos en el consumo residencial como resultado de procesos de desarrollo social; también pueden incluirse variaciones en la forma en la cual los sectores de uso final consumen la energía, asociada a cambios tecnológicos o de comportamiento. Al mismo tiempo, estos procesos son tiempo y espacio dependientes, lo que le otorga al concepto un dinamismo y características propias. En este sentido, si bien el concepto de transición energética ha cobrado mayor énfasis y relevancia en los últimos años, sobre todo en el marco de la aplicación de políticas de reducción del impacto ambiental del sector energético y la descarbonización de los sistemas, la transición energética es tan antigua como el desarrollo mismo de los sistemas energéticos (Nakicenovic et al., 1998; Grübler, 2007, 2012). En lo que hace al consumo del sector residencial, Jimenez y Yépez-García (2016) explican que diferentes estudios han encontrado que los hogares evidencian tres tipos de transiciones a medida que evolucionan los ingresos. En una primera fase de ingresos bajos, los hogares recaen principalmente en biomasa tradicional; en una segunda fase de ingresos medios, el sector residencial avanza hacia el uso de combustibles más tradicionales, como kerosene o carbón mineral. Finalmente, en los niveles más altos de ingresos se sustituyen estos combustibles por la utilización de gas (gas natural o GLP) y electricidad. Los autores resaltan que los drivers de estas transiciones son los precios de los energéticos, ingreso de los hogares y factores culturales (Arseneau, 2011; Heltberg, 2004; Leach 1992; Jimenez y Yépez-García, 2016). A pesar de la importancia de la promoción de las energías renovables (o energías de cero emisiones de carbono) para la transición energética futura, ésta requerirá la mejora en la productividad energética. En su informe Shaping Energy Transitions, la Energy Transitions Comissions enfatiza que el cambio global de los sistemas energéticos se alcanza de forma más clara con una combinación de políticas de incremento en la participación de las energías de cero emisiones y de la promoción de productividad energética (Energy Transitions Comissions, 2016). Es en este sentido entonces que las políticas de promoción de la EE tienen una importancia fundamental para la transición energética sustentable, la cual no se podrá alcanzar en forma exclusiva con el paso hacia energías renovables. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �EL ROL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL 87 Claramente, y considerando que la EE en el consumo puede alcanzarse en los diferentes subsectores (agrícola, servicios, industria, residencial, etcétera), los drivers y motivaciones serán diferentes en cada caso. En forma general, algunos de los drivers principales que pueden remarcarse para la promoción de la EE en el sector residencial a lo largo de las últimas décadas se han encontrado relacionados con los precios de los energéticos y las potencialidades de ahorro en las facturas energéticas, la búsqueda de mejoras en el confort de los estándares de vida, la mejora en las condiciones de sanidad, los desarrollos tecnológicos que elevan los estándares de calidad de los electrodomésticos, los códigos de edificación y otras medidas de promoción de la EE (American Council for an Energy-Efficient Economy, 2016). No obstante su importancia, es necesario indagar sobre el concepto de la transición energética, particularmente para los países en desarrollo en el mundo. La transición energética requiere necesariamente de avances tecnológicos (tanto en lo que hace al uso y aprovechamiento de energías renovables como en lo referido a mejoras en la EE), aspecto que al mismo tiempo demandará profundizar la transferencia de tecnología entre regiones de diferente grado de desarrollo (Patwardhan, Azevedo, Foran et al., 2012). En este contexto, surge la necesidad de plantear el concepto de JET, que es aquel sendero en el cual existe una reconciliación de las necesidades materiales de los sectores más pobres con la necesidad de alcanzar los objetivos de mitigación del cambio climático (Jakob y Steckel, 2016). La JET asegura la sustentabilidad ambiental, al tiempo que genera empleo decente y trabaja en la inclusión social y erradicación de la pobreza; estos aspectos se encuentran presentes en el Acuerdo de París y en las directrices sobre el armado de los planes de cambio climático a los países (Just Transition Centre, 2017). Así, una JET es aquella que no sólo tiene en cuenta los recursos energéticos, sino factores propios de los países, como características culturales y reducción de la pobreza (Tabare Arroyo, 2017). 3. TRANSICIONES ENERGÉTICAS RECIENTES EN LOS PAÍSES SELECCIONADOS En este apartado se estudia la composición de las matrices energéticas de los países bajo análisis, con el objetivo de evidenciar las principales tendencias del proceso de transición energética que se está transitando en la actualidad. La figura 3 muestra la evolución entre 1985 y 2015 en la conformación de la oferta de energía primaria para los países seleccionados. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �88 MARINA RECALDE | FLORENCIA ZABALOY | CARINA GUZOWSKI FIGURA 3 Evolución de la oferta de energía primaria 1985-2015 para países seleccionados 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 1 2.0% 10% 0% ■ Petróleo ■ H"d roenerg ía ■ Leña ■ Gas natural G eoterm ~ ■ Carbón min eral ■ Nuclear ■ Caña de Az ui::ar ■ otr as primarias Fuente: Elaboración propia, con datos de SIEE, OLADE, 2017. En el periodo considerado se observa una disminución en la dependencia del petróleo (inclusive en México) y un aumento en la participación del gas, salvo en Uruguay, que hasta 1995 no registraba a esta fuente en la matriz energética y comienza a aparecer recién a partir de 2005. En los 30 años analizados en los países de la muestra, pierde peso el petróleo en la matriz de energía primaria. Particularmente en Chile, en esos mismos años aumenta la participación de la leña y del carbón y, a su vez, entre 2005 y 2015 baja la participación del gas, principalmente debido a la crisis del gas en Argentina, que suspendió las exportaciones de este recurso al país limítrofe. Por lo tanto, a nivel de fuente energética, entre los años extremos citados parecería manifestarse en estos países los síntomas de un cambio de tendencia, con la incorporación paulatina del gas natural (el combustible más importante en la generación térmica) en la matriz de energía primaria, veriTRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �89 EL ROL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL ficándose una transición energética hacia sistemas más limpios donde, y tal como se expresara en la sección 1, el gas natural aparece claramente como el combustible transicional hacia una configuración energética más sustentable desde la perspectiva ambiental, económica y social. En este sentido, puede decirse que el gas natural en algunos países como Argentina preside la agenda energética de la próxima década. En primer lugar, porque hay más gas convencional para explorar y explotar, y además hay tight gas (gas de arenas compactas) y shale gas (gas de esquisto) en desarrollo en el principal reservorio de Vaca Muerta (Montamat, 2016). No obstante, para el año 2015 estos países muestran una oferta de energía primaria sostenida en los combustibles fósiles (petróleo y gas), con escasa participación aún de otras primarias, como eólica y solar (a excepción de Uruguay), con una presencia destacada de la hidroenergía en todos los casos (Figura 4). Se trata de un sistema hidrotérmico, que ha evolucionado paulatinamente hacia el gas natural y que en la actualidad presenta el desafío de la incorporación de las nuevas fuentes renovables de energía (NFRE). FIGURA 4 Oferta de energía primaria en países seleccionados, 2015 100,00% 80,00% ■ PetróBJ ■ Gas natural ■ Carb.ón mineral 60,00% ■ H"droenergía Geotermia ,00% ■ 20,00% Nuclear ■ Leña 0,00% ■ Caña de Az ucar ■ otras prim a ias Fuente: Elaboración propia, SIEE, OLADE, 2017. Al analizar la evolución en la participación de los distintos sectores en el consumo final de energía entre 2000 y 2016, se observa que el único país de los seis estudiados donde aumentó la participación del sector residencial es en Argentina, tal como se nota en la Figura 5. Esto se debió a políticas de fuerte subsidio a la energía en el sector residencial, que incrementó su importancia en el consumo final de energía. Es así que, por ejemplo, en 2015 un usuario residencial argentino tipo pagaba una tarifa 17 veces menor que en Chile, y TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �90 MARINA RECALDE | FLORENCIA ZABALOY | CARINA GUZOWSKI una industria radicada en Argentina abonaba una tarifa 16 veces menor que una industria brasileña (CERES, 2015). Por lo tanto, podría decirse que los incrementos en el consumo residencial aparecen como resultado de un proceso de desarrollo social en el que se privilegió el acceso a la energía por parte del sector residencial. En Brasil, en ese periodo aumenta la participación del sector transporte. En Chile aumentó la participación del sector transporte, servicios y agro, en desmedro del sector residencial e industrial. En términos generales, puede decirse que, a excepción de Uruguay, en todos los casos aumenta, en el periodo, la participación del sector transporte y también, salvo en Uruguay, disminuye la participación del sector industrial en el consumo final de energía. FIGURA 5 Participación de los distintos sectores en el consumo final energético, 2000-2016 100% ■ TRANSl'O IU E 80% 60% 40% 1 20% 0% ■ INDUSTRIAL ■ RESIDENCIAL ■ COMERCIAL, SERVIOOS, PÚBLICO AGRO, PESCA Y MINERÍA ■ CONSTRUCCIÓN Y OTROS Fuente: Elaboración propia, SIEE, OLADE, 2017. En los últimos 15 años se comprueba entonces que en países como Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay se verifica un cambio en la estructura de consumo, realizándose una transición hacia sistemas en los que el consumo de energía deja de estar liderado por el sector residencial, tal vez debido a que es justamente en este sector donde en el periodo estudiado, por un lado, se comenzaron a implementar medidas de EE o consumo responsable de la energía, y por otro, los precios de la energía han sufrido menores distorsiones que por ejemplo en el caso argentino. Según CERES (2015), se observa que Argentina y Venezuela son los países de la región que presentaban para 2015 las tarifas residenciales más bajas para todos los escalones de consumo analizados. Para un consumo de 30 kWh mes, un usuario en Argentina pagaba el 16% del valor de la tarifa promedio de la región, es decir que la tarifa promeTRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �EL ROL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL 91 dio regional era 6 veces mayor que la tarifa local. Asimismo, para consumos de 300 kWh (consumo promedio y rango en el que se concentra el mayor consumo residencial), el atraso tarifario en Argentina era aún mayor, con tarifas incluso más bajas que Venezuela. Tanto es así que un usuario residente en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) abonaba una tarifa 17 veces menor que en Chile, 22 veces menor que en Brasil y 13 veces menor que el promedio regional. Respecto al consumo de electricidad en el sector residencial, se observa que Colombia (82.83%), Argentina (71.15%) y Uruguay (72.91%) son los países en los que se consume más electricidad en el sector residencial, muy por encima de la media en América Latina y el Caribe, con el 59%. 4. POLÍTICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA RESIDENCIAL EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA En este apartado se presenta una revisión de las principales políticas de EE en el sector residencial en los países bajo análisis, con el objetivo de conocer cuál es el grado de desarrollo de las mismas. En Argentina se ha intentado promover la EE en los años ochenta. No obstante, los programas propuestos fueron suspendidos debido a la inestabilidad económica. Recién a fines de los años noventa, comienzan a implementarse diversas medidas que logran permanecer en el tiempo. En efecto, en 1999 se lanzó la Resolución N° 319, que establece el etiquetado obligatorio y el cumplimiento de normas técnicas de ciertos electrodomésticos. Asimismo, el Programa de Uso Racional de la Energía (PURE) de 2004 fue el principal instrumento económico utilizado para promover la EE en los últimos años. El programa consistía en bonificar la tarifa a los individuos que hubieran logrado disminuir el consumo energético y penalizar a aquellos que no lo hicieran. Este programa sufrió diversos cambios a lo largo del tiempo, quedando finalmente en 2016 derogado. Una de las normativas más relevantes en la legislación argentina fue el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Pronuree), de 2007, en el marco del cual se realizaron diversas campañas de recambio de equipos y se determinaron estándares mínimos para ciertos electrodomésticos. A su vez, en los últimos años se ha modificado la estructura tarifaria de electricidad para que sea más representativa y se han impulsado distintas campañas de educación y concientización, como por ejemplo, la confección de una guía de usos prácticos de EE para el sector residencial en 2017, por parte de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, institución creada en 2015. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �92 MARINA RECALDE | FLORENCIA ZABALOY | CARINA GUZOWSKI Al 2017, Argentina no cuenta aún con una ley que enmarque las estrategias y planes de acción de EE. No obstante, desde la subsecretaría de EE se encuentran trabajando en este sentido, con el fin de poder lograr el marco regulatorio que encuadre todas las acciones, el cual se piensa estará disponible en 2018. Brasil tiene una alta trayectoria en el fomento de políticas de EE. En efecto, se comienza a promover la EE en 1984, con el establecimiento del Instituto Nacional de Meteorología, Estandarización y Calidad Industrial (Inmetro) y el Programa Brasileño de Etiquetado (PBE). Durante la misma época surgió el Programa Nacional para Conservación de Energía Eléctrica (Procel). Asimismo, en 2001 se lanzó la Ley de Eficiencia Energética (N° 10,295), en la cual se establecía el cumplimiento de estándares mínimos de EE. Para llevar adelante estas tareas se creó el Comité Gestor de Indicadores de Eficiencia Energética (CGIEE). En el país se realizaron campañas de reemplazo de electrodomésticos, capacitaciones, se instrumentaron líneas de financiamiento para el sector residencial, entre otros. Adicionalmente, en Brasil existe un Plan Nacional de Eficiencia Energética (PNEf), que se instituyó en 2011, en el cual se establece una meta de EE del 10% de la demanda de energía eléctrica. El caso de Chile se diferencia del resto de los países. Por un lado, las medidas de EE son relativamente recientes, de hecho empezaron a promoverse en 2005 con el Programa País Eficiencia Energética (PPEE). Por otro lado, a pesar de la tardía introducción de la EE como objetivo nacional, ha logrado grandes avances en materia de EE. Podría pensarse que la EE se afianzó rápida y profundamente debido a las condiciones externas desfavorables en relación al abastecimiento externo de energía. En la primera etapa del PPEE (2006-2007), el objetivo consistió en mejorar el conocimiento y los hábitos en torno a la energía. En este marco se instituyó el Programa Nacional de Certificación y Etiquetado de EE sobre lámparas y refrigeradores, el Sistema de Certificación de Viviendas Nuevas, subsidios para reacondicionamiento térmico de viviendas, recambio de lámparas, entre otros. Por otro lado, el país cuenta con el Plan de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020, en el cual se determina una meta del 12% de reducción de la demanda energética proyectada en 2020, donde aproximadamente el 5% corresponde al sector residencial.9 A su vez, en Chile, existe el Fondo de Garantía de Eficiencia Energética (Fogaee) y cuenta con diversos organismos especializados en EE (tales como la Agencia Chilena de Eficiencia 9 En verdad, ese 5% corresponde a los ahorros de energías relacionados con Artefactos, Leña y Edificaciones, ya que son los componentes más relacionados con el sector residencial. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �EL ROL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL 93 Energética). Por último, Chile posee información sobre energía útil,10 pero aún no es periódica, ya que sólo está disponible para 2010 (Comisión Nacional de Energía, 2015). En el caso colombiano, se declara de interés nacional a la EE en la Ley N° 697 de 2001. Bajo esta ley, se crea el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás formas de Energía No Convencionales (Proure). En el mismo año se establece el Programa Colombiano de Normalización, Acreditación, Certificación y Etiquetado de Equipos (Conoce). En los años posteriores, se implementan diversas medidas para promover líneas de investigación asociadas a la EE, organismos especializados en EE (tales como el Consejo Colombiano de Eficiencia Energética), el etiquetado de equipos y el reemplazo compulsivo de equipos. Por su parte, en 2014 se creó el Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, a través de la Ley N° 1715. Además recientemente, se instituyó el Plan de Acción Indicativo de EE 2017-2022, en el cual se fijan metas de EE tanto a nivel global (9.05%) como sectorial. La meta específica del sector residencial es del 0.73%, siendo los principales ahorros estimados en energía eléctrica (Ministro de Minas y Energía, 2016). En el caso de México, al igual que Brasil, se comienza a incentivar la EE tempranamente. En efecto, en 1982 se creó el Programa Nacional de Uso Racional de Electricidad (Pronuree) (Ruchansky, Buen, Januzzi et al., 2011). En 1989 se estableció el Programa Nacional de Modernización Energética y el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) y se creó la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (Conae) (Carpio y Coviello, 2013). Este organismo fue sustituido en 2008 por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (CONUEE). Durante los años noventa se implementaron diversos programas y acciones de EE, tales como el Fideicomiso para el Programa de Aislamiento Térmico de los Hogares en el Valle de Mexicali (Fipaterm), el Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica (Fide), la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), el proyecto de recambio de lámparas Ilumex, entre otros. Por su parte en los años 2000 se llevaron a cabo más proyectos, tales como la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE), el programa de Hipoteca Verde, el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Pronase), el Programa de 10 La energía útil es la energía que dispone el consumidor luego de su última conversión (Secretaría de Energía, 2003). Poseer datos sobre esta variable resulta de suma importancia, ya que constituyen los datos estadísticos fundamentales para poder analizar, esto es monitorear y evaluar, los resultados alcanzados por las políticas de EE. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �94 MARINA RECALDE | FLORENCIA ZABALOY | CARINA GUZOWSKI Sustitución de Equipos Electrodomésticos (PSEE), entre otros (Carpio y Coviello, 2013). Dentro de los países bajo análisis, México se destaca, ya que posee una Ley de Transición Energética de 2015. En el artículo 2, se remarca como uno de los puntos clave facilitar el cumplimiento de las metas de Energías Limpias y Eficiencia Energética. Asimismo, la ley define como instrumentos de planeación a la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, al Programa Especial de la Transición Energética (PETE) y al Pronase. En dicha estrategia se determinó una meta de reducción de la intensidad energética por consumo final de 1.9% para el periodo 2016-2030, y del 3.7% para el periodo 2031-2050 (Sener y CONUEE, 2016). Estas estrategias se han diseñado bajo el marco determinado por la Ley General de Cambio Climático de 2012, en la cual se estableció una meta de reducción de GEI de 30% para 2020 y del 50% para 2050 (Sener y CONUEE, 2016). El gobierno de Uruguay comienza a promover la EE en la década de los noventa, principalmente a través de la estructura tarifaria. En 2000 se lanzó el Superplan, con el fin de financiar equipos eléctricos eficientes a través de la factura de energía eléctrica. Asimismo, se llevaron a cabo procesos de etiquetado de equipos y de reemplazo de luminaria. Años más tarde se aprobó la Política Energética Uruguay 2030, siendo la demanda energética uno de los cuatro ejes estratégicos. Así, en 2009 se promulgó la Ley Nº 18,597 de Uso Eficiente de la Energía, a través de la cual se instrumentó el Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética (Fudaee) y la emisión de Certificados de Eficiencia Energética (CEE). En el marco de esta normativa se elaboró el Plan Nacional de Eficiencia Energética de Uruguay 2015-2024, en el cual se determina una meta ambiciosa de energía evitada de 1,690 kTep, ya que la misma representa un 45% de reducción de demanda, de los cuales 20% corresponden al sector residencial. Al mismo tiempo, el país cuenta con información sobre la energía útil del sector residencial de 2006 (Ministerio de Industria, Energía y Minería, 2007). Sin embargo, no existe información actualizada al respecto. A modo de evaluación de resultados de las políticas de EE, se puede analizar algunos datos del Programa Base de Indicadores de Eficiencia Energética (BIEE) que desarrolla la Comisión Económica para América y el Caribe (Cepal). Tal como se puede observar en la figura 6, en todos los países bajo estudio11 el consumo de electricidad por vivienda ha aumentado12 11 Excepto Colombia, que no se encuentra en la base de datos de BIEE. 12 Lo cual no significa que no haya habido mejoras de EE, ya que puede suceder que el aumento se deba a TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �95 EL ROL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL en el periodo 2000-2015, siendo Argentina el de mayor aumento y México el de menor aumento. Por su parte, el consumo energético destinado a la cocción disminuyó en todos los países, de los cuales México y Brasil experimentaron la mayor disminución. Con respecto a la intensidad energética, se evidencian distintas situaciones; por un lado, Chile es el país que más disminuyó este indicador (1.8%), seguido de México (0.3%) y Argentina (0.2%). Por otro lado, Uruguay experimentó un aumento de la intensidad energética del 0.7% y Brasil no modificó su indicador. FIGURA 6 Indicadores de Eficiencia Energética 2000-2015 (%/año) Consumo de electricidad residencial por vivienda {kWh/viviendas) Consumo energético de los hogares para cocción (tep/viviendas) 3,5 0,0 3,0 2,5 -0,5 -./- >I! 2,0 0 1,5 1,0 -1,0 0,5 0,0 -1,5 -1,7 -2,0 -2,1 -2,5 -2,4 Intensidad energética final al tipo de cambio (kep/$00) -1,5 -2,0 -1,8 Fuente: Elaboración propia con base en datos de BIEE. La buena performance del caso mexicano se debe a la larga tradición en medidas de EE y a la existencia de instituciones públicas dedicadas a la EE, la relativa continuidad y el profesionalismo de los funcionarios públicos, la inuna mayor población y no a un uso ineficiente de la energía. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �96 MARINA RECALDE | FLORENCIA ZABALOY | CARINA GUZOWSKI tegración de una red de organizaciones privadas con actividades relacionadas con los programas y proyectos de EE y el aumento gradual en las estrategias (Ruchansky et al., 2011). Para comprender el alcance del ahorro energético logrado, se puede mencionar el caso del Programa de Financiamiento para la Incorporación de Medidas de Ahorro de Energía Eléctrica en Nuevas Viviendas del FIDE, que se implementó entre 2004 y 2006. Según Calderón, Arredondo, Gallegos et al. (2010), el índice de ahorro anual por el uso de tecnologías ahorradoras es del 40%. Por otro lado, se puede mencionar el Programa de Ahorro Sistemático Integral (ASI), que se aprobó en 2004 y fue una continuación del FIPATERM. Entre 2007 y 2010, el programa ASI logró aislar térmicamente a 11,552 viviendas, sustituir 4,158 refrigeradores, instalar 593 unidades tipo central e instalar 19,839 unidades tipo ventana o minisplit (Suástegui Macías, Pérez Tello, Campbell et al., 2013; p. 130). Según Conavi, Semarnat y Giz (2012), la información específica del tipo y capacidad de los equipos reemplazados por estos programas es de carácter confidencial, lo cual dificulta el cálculo de precios de los ahorros. Sin embargo, existen estimaciones que concluyen que la sustitución de aires acondicionados y refrigeradores representa un ahorro anual de 501 GWh por 20 años, es decir, un ahorro anual equivalente al 0.2% del consumo de energía eléctrica nacional en 2011 (Conavi et al., 2012, p. 46). Por último, se puede mencionar que durante el primer trimestre de 2017 el ahorro en consumo de energía por las acciones del FIDE alcanzan los 339.58 GWh, lo cual representa 423.73 millones de pesos mexicanos y evita la emisión de 154,162 toneladas de bióxido de carbono equivalente a la atmósfera, siendo la mayor parte de ese ahorro proveniente de la sustitución de lámparas incandescentes (FIDE, 2017). REFLEXIONES FINALES A lo largo de la historia, la humanidad ha atravesado diferentes transiciones energéticas; muchas de ellas han estado determinadas por desarrollos tecnológicos que permitieron el aprovechamiento de fuentes energéticas de mayor grado de eficiencia. En términos nacionales, estudios empíricos muestran que los países han atravesado transiciones sustituyendo combustibles de diferente grado de eficiencia, he incluso logrando reducir la intensidad de su consumo por habitante a partir de puntos de inflexión de sus ingresos per cápita. Estos aspectos se relacionan con la hipótesis de la CKA, de acuerdo con TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �EL ROL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL 97 la cual existen diferentes efectos que, combinados, llevarían a una reducción de la presión ambiental. Sin embargo, los argumentos detrás de esta hipótesis deben ser tomados con especial cuidado. En principio, por el hecho de que estos puntos de inflexión en los cuales el consumo de energía por habitante comienza a reducirse parecen encontrarse a niveles muy elevados de ingreso, a los que los países en desarrollo en general, y los países bajo estudio en particular, se encuentran muy lejos de alcanzar. Al mismo tiempo, esta hipótesis se basa en que el crecimiento económico traerá consigo la transferencia tecnológica necesaria para alcanzar mayores niveles de calidad ambiental, dando por sentado que los únicos obstáculos que enfrenta dicha transferencia son de carácter temporal. Sin embargo, resulta evidente que el derrame de tecnologías limpias desde los países innovadores hacia los menos desarrollados enfrenta dificultades no sólo técnicas, sino también institucionales y socio-culturales (Zilio y Recalde, 2011). Al mismo tiempo, esta hipótesis no se detiene en analizar la necesidad de cobertura urgente de los servicios energéticos básicos por parte de los países en desarrollo. Es en este marco que en el presente trabajo se enfatiza la importancia de recuperar el concepto de Transición Energética Justa, como aquella transición hacia un sector energético con menor presión ambiental, pero tomando en especial consideración la cobertura de las necesidades energéticas nacionales, la seguridad de abastecimiento, y con matrices energéticas basadas en las condiciones nacionales. Se resalta en este sentido la importancia de tomar en consideración las circunstancias nacionales, en la búsqueda y prioridad del desarrollo socioeconómico. En términos de transición energética en los países bajo estudio, se observa que en el periodo bajo análisis el gas natural ha logrado una mayor penetración en las matrices energéticas primarias, en parte como sustitución de los derivados del petróleo. Esta situación se debe a la conjunción de políticas estatales de penetración de gas natural en los diferentes sectores, incluyendo en la generación eléctrica, descubrimientos de mayores reservas de gas convencional y no convencional (sobre todo en el caso de Argentina, Brasil y México), y progresos tecnológicos en los sistemas de transporte de gas natural, con la tecnología de gas natural licuado (GNL) (en el caso de Chile y Uruguay). En términos de participación sectorial, el sector transporte es uno de los principales sectores de consumo en todos los países. En Brasil, Uruguay y México, el sector industrial ocupa un sector preponderante (en los primeros dos, supera de hecho al consumo del sector transporte). En Chile, atendiendo a su estructura económica, el sector agro, minería y pesca ha logrado participación igual al sector industrial. En lo que respecta al sector residencial, la mayor participación en el consumo total se observa en Argentina y Colombia. En la mayoría de los países se observa una disminución de la TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �98 MARINA RECALDE | FLORENCIA ZABALOY | CARINA GUZOWSKI participación relativa (sobre todo en el caso de Chile, Colombia y Uruguay). La excepción es Argentina, en donde el peso del sector residencial no sólo no disminuyó, sino que se incrementó. Sobre las políticas de promoción de la EE en el sector residencial, todos los países poseen diversas medidas y la mayoría comienza a impulsarlas en los años 2000, con la excepción de Brasil y México, que empiezan en la década de los ochenta. De la muestra, los países que tienen un mayor desarrollo de políticas de EE en el sector residencial son México, Brasil, Chile y Uruguay. Por su parte, de esta submuestra México es el único país que cuenta con una ley de transición energética. En el caso de Colombia y Argentina, si bien también poseen diferentes medidas, la EE recién se comienza a afianzar como tema prioritario o estratégico. En Colombia, el Plan de EE es muy reciente; y en Argentina, aún no se ha desarrollado ningún plan similar, y menos aún se han definido las metas de EE deseables. En conclusión, en las últimas décadas la transición energética en los países analizados ha estado impulsada por la penetración del gas natural, una fuente menos contaminante que el carbón y el petróleo, pero con algunas consideraciones de impacto ambiental. Sin embargo, tal como ha sido analizado en este trabajo, las políticas de EE en el sector residencial tienen un alto potencial en la región para impulsar la actual JET. En este sentido, será fundamental no perder de vista en todo momento las necesidades nacionales y la importancia que tiene el desarrollo de políticas energéticas para apuntalar el desarrollo socioeconómico de los países. Sólo así se logrará encausar a la región en el camino de la transición energética justa. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) (2016). The 2016 State Energy Efficiency Scorecard. Washington, DC: American Council for an Energy-Efficient Economy. Anderegg, W. R. L., Prall, J. W., Harold, J. y Scheneider, S. H. (2010). Expert credibility in climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(27), 12107-12109. Araújo, K. (2014). The emerging field of energy transitions: Progress, challenges and opportunities. Energy Research & Social Science, 1 (marzo de 2014), 112-121. Arseneau, D. (2011). Explaining the energy consumption portfolio in a cross-section of countries: Are the BRICs different? International Finance Discussion Paper. U.S. Federal Reserve Board. Asafu-Adjaye, J. (2000). The relationship between energy consumption, energy prices and TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �EL ROL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL 99 economic growth: Time series evidence from Asian developing countries. Energy Economics, 22, 615-625. Barleet, M. y Gounder, R. (2010). Energy consumption and economic growth in New Zealand: Results of trivariate and multivariate models. Energy Policy, 38, 3508-3517. Beaudreau, B. (2010). On the methodology of energy-GDP Granger causality tests. Energy, 35, 3535-3539. Bimonte, S. (2002). Information access, income distribution and the Environmental Kuznets Curve. Ecological Economics, 41, 145-156. Brailovsky, A. E. y Foguelman, D. (2006). Memoria verde. Historia ecológica de la Argentina. Buenos Aires: DeBolsillo. Calderón, R., Arredondo, J. A., Gallegos, R. y Mayagoitia, F. (2011). Reducción del consumo eléctrico y CO2 mediante sistemas de ahorro y de aislamiento térmico aplicados a viviendas en zonas áridas de México. Información Tecnológica, 22(2), 69-78. Carpio, C. y Coviello, M. (2013). Eficiencia energética en América Latina y el Caribe: Avances y desafíos del último quinquenio. Santiago de Chile: Cepal. CERES (2015). Análisis comparativo de las tarifas eléctricas en Argentina y Sudamérica, 1(1). Universidad de Belgrano. Chang, C. C. y Soruco Carballo, C. (2011). Energy conservation and sustainable economic growth: The case of Latin America and the Caribbean. Energy Policy, 39, 4215-4221. Comisión Nacional de Energía (2015). Usos finales y curva de oferta de conservación de la energía en el sector transporte de pasajeros. Recuperado de: http://dataset.cne.cl/ Energia_Abierta/Estudios/Minerg/Informe%20Final,%20usos%20finales%20y%20 CCE%20transporte%20de%20pasajeros.pdf Conavi, Semarnat y GIZ (2012). Análisis de programas actuales de financiamiento de mejoramiento de vivienda en México. Reporte final. DOI/EIA (2013). Chapter 9: Energy-related carbon dioxide emissions in International Energy Outlook 2013. Washington, D. C. Doran P. T. y Zimmerman, M. K. (2009). Examining the scientific consensus on climate change. Eos Trans Am Geophys Union, 90(3), 22. Energy Transitions Commission (2016). Shaping energy transitions. Recuperado de: http:// www.energy-transitions.org/sites/default/files/20160426%20ETC%20Position%20 Paper%20vF%20low-res.pdf Fouquet, R. (2010). The slow search for solutions: Lessons from historical energy transitions by sector and service. Energy Policy, 38(11) (noviembre de 2010), 6586-6596. FIDE (5 de junio de 2017). Acciones de FIDE durante enero-marzo 2017 evitan la emisión a la atmósfera de 150 mil toneladas de CO2. Recuperado de: http://www.fide.org.mx/in dex.php?option=com_content&view=article&id=715:junio-05-2017-acciones-de-fi de-durante-enero-marzo-2017-evitan-la-emision-a-la-atmosfera-de-150-mil-tone ladas-de-co2&catid=57:noticias&Itemid=267 Grossman, G. y Krueger, A. (1991). Environmental impacts of a North American Free Trade Agreement. NBER, Working Paper 3914. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �100 MARINA RECALDE | FLORENCIA ZABALOY | CARINA GUZOWSKI Grübler, A. (2007). An historical perspective on global energy transitions. En D. L. Greene (ed.). Modeling the Oil Transition: A Summary of the Proceedings of the DOE/EPA Workshop on the Economic and Environmental Implications of Global Energy Transitions (pp. 53-59). Grübler, A. (2012). Grand designs: Historical patterns and future scenarios of energy technological change. Historical case studies of energy technology innovation. En A. Grubler, F. Aguayo, K. S. Gallagher, M. Hekkert, K. Jiang, L. Mytelka, L. Neij, G. Nemet y C. Wilson. Chapter 24. The global energy assessment. Cambridge: Cambridge University Press. Hansen, J., Sato, M., Kharecha, P., Beerling, D., Berner, R., Masson-Delmotte, V. et al. (2008). Target atmospheric CO2: Where should humanity aim? Open Atmos Sci J, 2 (2008), 217-223. Heltberg, R. (2004). Fuel switching: Evidence from eight developing countries. Energy Economics, 26(5), 869-887. Imbert, E., Ladu, L., Morone, P. y Quitzow, R. (2017). Comparing policy strategies for a transition to a bioeconomy in Europe: The case of Italy and Germany. Energy Research & Social Science, 33 (2017), 70-81. Institute of the Americas (2017). Beyond Paris: Energy transition in Latin America and the Caribbean. IPCC (2013). Working Group I contribution to the IPCC 5th assessment report “Climate Change 2013: The Physical Science Basis”—approved summary for policymakers. Jakob, M. y Steckel, J. C. (2016). The Just Energy Transition. Background Paper for the WWF. Jimenez, R. y Yépez García, A. (2016). Composition and sensitivity of residential energy consumption. Inter-American Development Bank Infrastructure and Energy Sector-Energy Division. Just Transition Centre (mayo de 2017). Just Transition. A report for the OECD. Kraft, A. y Kraft, J. (1978). On the relationship between energy and GNP. Journal of Energy Development, 3, 401-403. Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. American Economic Review, 49, 1-28. Leach, G. (1992). The energy transition. Energy Policy, 20(2), 116-123. Ley de Transición Energética 24/12/2015 (2015). Recuperado de: http://www.diputados.gob. mx/LeyesBiblio/pdf/LTE.pdf Luzzati, T. y Orsini, M. (2009). Investigating the energy-environmental Kuznets curve. Energy, 34, 291-300. Meier, H., Jamasb, T. y Orea, L. (2013). Necessity or luxury good? Household energy spending and income in Britain 1991-2007. Energy Journal, 34, 109-128. Ministerio de Industria, Energía y Minería (2007). Resumen de metodología y resultados. Montevideo: Ministerio de Industria, Energía y Minería. Recuperado de: http:// www.miem.gub.uy/documents/15377/40850/Resumen%20metodolog%C3%A Da%20y%20resultados.pdf Ministro de Minas y Energía (2016). Plan de Acción Indicativo de Eficiencia Energética 20172022. Una realidad y oportunidad para Colombia. Recuperado de: http://www1.upme. gov.co/DemandaEnergetica/MarcoNormatividad/PAI_PROURE_2017-2022.pdf TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �EL ROL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL 101 Montamat, D. (2016). En la década del gas camino a las renovables. Petroquímica, 108, 12-16. Nakicenovic, N., Grubler, A. y McDonald, A. (ed.) (1998). Global energy perspectives. Cambridge University Press. Oreskes, N. (2004). Beyond the Ivory Tower: The scientific consensus on climate change. Science, 306(5702), 1686. Panayotou, T. (1993). Empirical tests and policy analysis of environmental degradation at different stages of economic development. Working Paper, Technology and Environment Programme, International Labour Office, Ginebra. Patwardhan, A., Azevedo, I., Foran, T., Patankar, M., Rao, A., Raven, R., Samaras, C., Smith, A., Verbong, G. y Walawalkar, R. (2012). Chapter 16. Transitions in energy systems. En Global energy assessment. Toward a sustainable future (pp. 1173-1202). Cambridge-Nueva York-Laxenburg: Cambridge University Press-International Institute for Applied Systems Analysis. Recalde, M. (2017). La transición energética hacia las energías renovables en América Latina. En Ambiente, agua y energía: Aportes jurídicos para su relación (pp. 195-244). Lajouane. Recalde, M., Guzowski, C. y Zilio, M. (2014). Are modern economies following a sustainable energy consumption path? Energy for Sustainable Development, 19, 151-161. Riahi, K., Dentener, F., Gielen, D., Grubler, A., Jewell, J., Klimont, Z., Krey, V., McCollum, D., Pachauri, S., Rao, S., Ruijven. B. van, Vuuren, D. P. van y Wilson, C. (2012). Chapter 17. Energy pathways for sustainable development. En Global energy assessment—toward a sustainable future (pp. 1203-1306). Cambridge-NuevaYork-Laxenburg: Cambridge University Press-International Institute for Applied Systems Analysis. Roca, J. (2003). Do individual preferences explain Environmental Kuznets Curve? Ecological Economics, 45(1), 3-10. Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, A., Chapin, F. S., Lambin, E. F. et al. (2009). A safe operating space for humanity. Nature, 461 (2009), 472-475. Rodríguez Oreggia, E. y Yépez García, R. (2014). Income and energy consumption in Mexican 27 households. Policy Research Working Paper 6864. Washington, DC: World Bank. Rosenow, J., Fawcett, T., Eyre N. y Oikonomou, V. (2016). Energy efficiency and the policy mix. Building Research & Information. doi: 10.1080/09613218.2016.1138803 Rozzi, R., Primack, R., Feinsinger, P., Dirzo, R. y Massardo, F. (ed.) (2001) Fundamentos de la conservación biológica. Perspectivas latinoamericanas. México: Fondo de Cultura Económica. Ruchansky, B., Januzzi, G., Buen, O. D. y Romero, A. (2011). Eicacia institucional de los programas nacionales de eiciencia energética: Los casos del Brasil, Chile, México y el Uruguay. Santiago de Chile: Cepal. Secretaría de Energía (2003). Balance energético metodología OLADE. Argentina. Sener y CONUEE (2016). Estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/182202/20161110_1300h_Estrategia_CCTE-1.pdf Sistema de Información Económica-Energética (SIEE) OLADE (2017). Recuperado de: http:// www.olade.org/producto/sie-regional-2/modulo-siee/ TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �102 MARINA RECALDE | FLORENCIA ZABALOY | CARINA GUZOWSKI Suástegui Macías, J. A., Pérez Tello, C., Campbell, H. E. y Magaña Almaguer, H. D. (2013). Prospectiva del Programa de Ahorro Sistemático Integral en Mexicali, Baja California, México. Ingeniería Mecánica, Tecnología y Desarrollo, 4 (4), 129-134. Tabaré Arroyo, C. (2017). A just transition for our common home: Renewable energy, labour and poverty eradication? Concept note-Symposium. Mexirec. Tsani, S. (2010). Energy consumption and economic growth: A causality analysis for Greece. Energy Economics, 32, 582-590. Urkidi, L. (2015). Transiciones energéticas: Sostenibilidad y democracia energética. Bilbao: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua-Servicio Editorial, D. L. Yeager, K., Dayo, F., Fisher, B., Fouquet, R., Gilau, A. y Rogner, H.-H. (2012). Chapter 6. Energy and economy, in global energy assessment. Toward a sustainable future (pp. 385–422). Cambridge-Nueva York-Laxenburg: Cambridge University Press-International Institute for Applied Systems Analysis. Zachariadis, T. (2007). Exploring the relationship between energy consumption and economic growth with bivariate models: New evidence from G-7 countries. Energy Economics, 29, 1233-1253. Zilio, M. y Recalde, M. (2011). GDP and environment pressure: The role of energy in Latin America and the Caribbean. Energy Policy, 39(12), 7941-7949. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �103 Representaciones Sociales de Vulnerabilidad frente a Fenómenos Hidrometeorológicos de Jóvenes de Bachillerato. El Caso de Dos Escuelas del Estado de Veracruz Social Representations of Vulnerability facing Hydrometeorological Phenomena of High School Youth. The Case of Two Schools of the State of Veracruz DALILA HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ* | GLORIA ELENA CRUZ SÁNCHEZ** LAURA O. BELLO BENAVIDES*** ► RESUMEN Los desastres generados por huracanes y ciclones en el estado de Veracruz han expuesto a sectores de su población a un incremento de su riesgo y vulnerabilidad. En este artículo exponemos los resultados de una investigación sobre representaciones sociales de riesgo y vulnerabilidad en estudiantes de bachillerato y su relación con experiencias de resiliencia comunitaria en el contexto escolar. Los resultados revelan que los estudiantes han construido representaciones sociales del fenómeno centradas en la atención al desastre, más que en la gestión del riesgo, donde las condiciones del contexto, la memoria histórica y la interacción con el objeto representado han sido determinantes. Asimismo, identificamos acciones comunitarias que pueden ser detonantes en procesos de desarrollo de resiliencia comunitaria a partir del enfoque de transformación desde el ámbito escolar. Palabras clave: Resiliencia comunitaria | Representaciones sociales | Cambio climático | Bachillerato | Inundaciones. * Maestra en Investigación Educativa por la Universidad Veracruzana. Docente de humanidades en educación media superior. Correo electrónico: dalyhdzvlz@gmail.com ** Doctora en Educación. Profesora de la Universidad Veracruzana. Directora del Instituto de Investigaciones en Educación de dicha institución. Correo electrónico: gcruz@uv.mx *** Doctora en Investigación Educativa. Profesora de la Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones en Educación. Correo electrónico: labello@uv.mx Recibido: 23 de febrero de 2018 | Aceptado: 20 de junio de 2018 TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 ISSN 2007-1205 | pp. 103-125 �104 DALILA HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ | GLORIA CRUZ SÁNCHEZ | LAURA BELLO BENAVIDES ► ABSTRACT The disasters generated by hurricanes and cyclones in the state of Veracruz have exposed sectors of its population to an increase in their risk and vulnerability. In this article we present the results of a research on social representations of risk and vulnerability in high school students and their relationship with experiences of community resilience in the school context. The results reveal that the students have constructed social representations of the phenomenon focused on the attention to the disaster, more than in the management of the risk, where the conditions of context, historical memory and interaction with the represented object have been determining. Likewise, we identify community actions that can be triggers in community resilience development processes based on the transformation approach from the school environment. Keywords: Community resilience | Social representations | Climate change | High school | Floods. INTRODUCCIÓN El cambio climático se ha configurado como uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Aunque el total de la población mundial está viviendo ya sus consecuencias, existen sectores que por sus condiciones geográficas, políticas y económicas, principalmente, experimentan de una manera más aguda tales efectos. Éste es el caso de poblaciones del litoral veracruzano, quienes por su condición geoclimática (se ubica en la zona intertropical), su alta vulnerabilidad física y social (Gobierno del Estado de Veracruz, 2015) y su bajo índice de desarrollo humano: 0.713 (está en la posición 29 de los 32 estados de la República mexicana (Consejo Nacional de Población (Conapo), 2010)) se han visto afectadas por fenómenos hidrometeorológicos agravados por el cambio climático, como huracanes y tormentas tropicales, y las consecuentes inundaciones. Pues aunque su origen es natural, en las últimas décadas se ha registrado un incremento en número e intensidad, atribuido con una alta probabilidad al cambio climático (IPCC, 2014). Entre los municipios más afectados está el de La Antigua. El paso del huracán Karl en 2010, cuya intensidad fue categoría 3 escala de Saffir-Simpson, provocó el desbordamiento del río de La Antigua, lo que derivó en inundación de localidades y el colapso de la mayor parte de la población de José Cardel, la cabecera municipal (Gobierno Federal, 2011). El municipio está ubicado en la zona central del estado de Veracruz, atravesado por los ríos Jamapa, Paso de Ovejas, San Francisco, Actopan-Barra de Chachalacas y La Antigua (Sefiplan, 2016). TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �REPRESENTACIONES SOCIALES DE VULNERABILIDAD 105 RIESGO, VULNERABILIDAD SOCIAL Y RESILIENCIA COMUNITARIA Tal como lo señala el IPCC (2014): “La evidencia de los impactos del cambio climático es más sólida y completa para los sistemas naturales. Hay impactos en los sistemas humanos que también se han atribuido al cambio climático” (p. 4). El impacto es definido como: “el efecto sobre los sistemas naturales y humanos de episodios meteorológicos y climáticos extremos y del cambio climático […] Los impactos del cambio climático sobre los sistemas geofísicos, incluidas las inundaciones, […] son un subconjunto de los impactos denominados impactos físicos” (p. 5). En este sentido, transitar de la atención del desastre, debido a tales impactos, a la gestión del riesgo es una vía que permite reducir la vulnerabilidad de las comunidades, y a su vez optimizar los diferentes recursos con lo que éstas cuentan. Pues una amenaza hidrometeorológica se convierte en riesgo para una población en función de su grado de vulnerabilidad y de exposición a ésta (Kais e Islam, 2016). Términos como riesgo, vulnerabilidad y resiliencia se aclaran a continuación. El riesgo objetivo se comprende como la probabilidad de que una amenaza hidrometeorológica incida en una población; tal probabilidad se basa en sus condiciones económicas, sociales y ambientales (Ávila Flores y González Gaudiano, 2014), y “resulta de la interacción de la vulnerabilidad, exposición y peligro” (IPCC, 2014, p. 5). Por su parte, la vulnerabilidad, como señala Cardona (2001), es: “la predisposición, susceptibilidad o factibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso de que un fenómeno desestabilizador de origen natural o antrópico se manifieste” (p. 2). En este sentido, riesgo objetivo e impacto están en relación directa con la vulnerabilidad, considerada como: “la predisposición, susceptibilidad o factibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso de que un fenómeno desestabilizador de origen natural o antrópico se manifieste” (Cardona, 2001, p. 2). Se caracteriza, de acuerdo con González Gaudiano, Maldonado González y Sánchez Cruz (en prensa), por ser desigual, situada y acumulativa. Su estudio se realiza a partir de tres dimensiones que la configuran y que están interconectadas: la vulnerabilidad física, social y motivacional-actitudinal (Anderson y Woodrow, 1989). En este estudio nos centramos en la vulnerabilidad social, esto es, la relacionada con la estructura social de una comunidad y que se dinamiza a través de sus instituciones, sistema político, demografía, procesos decisionales y actividades socioeconómicas (Anderson y Woodrow, 1989). TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �106 DALILA HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ | GLORIA CRUZ SÁNCHEZ | LAURA BELLO BENAVIDES En relación dialéctica con la vulnerabilidad social está la resiliencia comunitaria. Para este estudio, nos adscribimos al enfoque que la conceptualiza como un proceso dinámico a largo plazo, de interacción entre factores de riesgo —en este caso, fenómenos hidrometeorológicos— y factores de protección que despliega la comunidad. Se considera, por lo tanto, como una capacidad que se desarrolla y gestiona mediante procesos sociales a fin de afrontar, de manera colectiva, riesgos para poder enfrentar su impacto, recuperarse y generar condiciones de vida que les permitan reducir su vulnerabilidad social frente a tales riesgos (Cheshire, Esparcia y Shucksmith, 2015; Kais e Islam, 2016; Landau, 2010; Suárez 2005). Tal definición se inscribe en el enfoque de transformación, esto es, busca incidir en las causas del riesgo para, a partir de ello, generar nuevas condiciones de vida de los miembros de una comunidad que les permita reducir su vulnerabilidad y enfrentar de una manera pertinente estas amenazas hidrometeorológicas. Otros enfoques de resiliencia son el de resistir el impacto y el de recuperarse; en esta investigación nos adscribimos al de transformación (Kais e Islam, 2016; Landau, 2010). Para el estudio de vulnerabilidad social y resiliencia comunitaria, como el que aquí exponemos, se precisa conocer, desde las voces de los miembros de la comunidad, de qué manera ven y viven estos procesos. Para ello, la teoría de las representaciones sociales (Moscovici, 2002) resulta pertinente. De acuerdo con Jodelet (1993), éstas son “imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencias que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado” (p. 472). Tales imágenes no son estáticas y permanentes, más bien son dinámicas y se van reconfigurando en la interacción social con otros miembros de la comunidad. Las representaciones sociales se caracterizan por ser conocimiento de sentido común que orienta las acciones o inacciones de las personas en relación con un objeto social (Araya, 2002). Son representaciones de algo y de alguien que se construyen y dinamizan en un contexto social, por lo que se distinguen por ser compartidas por miembros de un grupo social (Moscovici, 2002). En tal virtud, éstas adquieren utilidad por parte de los sujetos para comunicarse en relación con dicho objeto social, justificar sus acciones y fijar posturas al respecto. Así, se constituyen en guías para la acción o inacción de los sujetos frente a un objeto social. Las representaciones sociales se configuran, para su estudio, a través de tres dimensiones: la información, la representación y la actitud (Jodelet, 1993). La primera hace referencia al contenido de la misma y a sus fuentes de información. Dicho contenido se configura por conocimiento científico, TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �REPRESENTACIONES SOCIALES DE VULNERABILIDAD 107 creencias, datos que circulan en los medios de comunicación y en los grupos sociales en los que interactúan los sujetos, etcétera. Así, en el estudio de esta dimensión cobran relevancia las fuentes de información y los procesos de difusión y propagación de la misma (Moscovici, 2002). La dimensión de la representación corresponde a la imagen estilizada que el sujeto posee acerca del objeto social (Jodelet, 1993). Corresponde, de acuerdo con Moscovici (2002), a la unidad jerarquizada de los conocimientos sobre dicho objeto representado. La imagen está conformada por un núcleo figurativo, que contiene elementos centrales y elementos periféricos relacionados con el objeto representado. Aquí importa la organización de los elementos que conforman la imagen en virtud de que da cuenta de aquello a lo que el sujeto otorga mayor relevancia y centralidad. La configuración de la imagen está mediada por marcos éticos valorativos asociados al objeto representado, además de la información que el sujeto posee y de la interacción en relación con el objeto social (Jodelet, 1993). La dimensión de la actitud remite a la orientación de la conducta, que puede ser favorable o no, acerca del objeto representado (Araya, 2002). Las actitudes, de acuerdo con Moscovici (2002), “no expresan el conocimiento como tal, sino más bien una relación de certidumbre o incertidumbre, de creencia o incredulidad respecto de ese conocimiento” (p. 124). Esto es, que no únicamente la dimensión de la información determina y orienta la actitud, sino que se configura junto con otros aspectos o elementos, a saber: elementos valorativos/cognoscitivos, que corresponde a las creencias y conocimientos, elementos afectivos/emocionales y elementos conativos, es decir, los que orientan la conducta (Nuttin, 1975). RUTA METODOLÓGICA Los resultados de la investigación que aquí presentamos forman parte de un estudio más amplio de trabajo de Maestría en Investigación Educativa, el que a su vez se inscribió en el proyecto Conacyt 212757: Estudio sobre la vulnerabilidad y resiliencia comunitaria frente a los embates del cambio climático en población de municipios de alto riesgo de la zona centro del estado de Veracruz, desarrollado de agosto de 2014 a diciembre de 2017. El objetivo general de la investigación del trabajo de maestría fue analizar las representaciones sociales sobre vulnerabilidad y riesgo de los jóvenes de bachillerato del municipio de La Antigua, Veracruz, ante fenómenos hidrometeorológicos, a fin de plantear criterios de educación ambiental que contribuyan a fortalecer su resiliencia comunitaria. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �108 DALILA HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ | GLORIA CRUZ SÁNCHEZ | LAURA BELLO BENAVIDES Para arribar a dicho objetivo se trazó una ruta metodológica de corte cualitativo (Taylor y Bogdan, 1987), esto es, buscamos profundizar en los procesos que inciden en tales representaciones sociales. En congruencia epistémica con la metodología cualitativa, nos aproximamos al estudio de las representaciones sociales mediante el enfoque procesual, el cual, de acuerdo con Jodelet (1993) y Araya (2002), se centra en el estudio de los procesos que las configuran, privilegiando lo social, la cultura y las interacciones sociales. Considera al sujeto generador de sentido, donde los significados y las producciones simbólicas cobran relevancia (Banchs, 2000). En este sentido, precisa aclarar que, a diferencia del enfoque cuantitativo, que busca, de acuerdo con Taylor y Bogdan (1987) “hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos” (p. 15), el enfoque al que nos adscribimos, el cualitativo, se distingue por indagar fenómenos sociales desde la voz de los propios sujetos, esto es, comprender las formas y los procesos en los que se representa el mundo y construyen su realidad social. Es por ello que no se presentan resultados estadísticos (Taylor y Bogdan, 1987). Sin embargo, sí se precisa a detalle la ruta metodológica cuantitativa y se justifica cada una de las decisiones tomadas, tal como se señala en el rigor científico que esta metodología requiere. La población de estudio La población de estudio fue jóvenes de bachillerato, como población central, debido a que se caracterizan por mostrar mayor disposición a participar en actividades comunitarias (Olán Izquierdo, Guzmán Ramón, Anell Ruiz et al., 2010). Por otra parte, son quienes en pocos años serán actores sociales clave que tomen decisiones en diversos ámbitos de su comunidad, unos de éstos, los relacionados con los fenómenos hidrometeorológicos. La información aportada por los estudiantes se profundizó y trianguló con actores clave, pues consideramos que poseen información valiosa para lograr una mayor comprensión en el análisis de los datos (Rubio y Varas, 1999). Los actores clave fueron: directores de las escuelas de estudio, profesor de la asignatura Servicios Paramédicos, el presidente municipal, el director de Protección Civil y el párroco de la localidad. El estudio lo realizamos en dos escuelas de bachillerato de José Cardel. Ambas pertenecen a la Dirección General de Bachillerato, por lo que los programas y planes de estudio son los mismos. Optamos por esta modalidad de bachillerato por la presencia en su plan de estudio de una asignatura llamada TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �REPRESENTACIONES SOCIALES DE VULNERABILIDAD 109 Capacitación para el trabajo, la cual se imparte a lo largo del segundo y tercer año del bachillerato. Resultó de particular importancia, pues entre las diferentes opciones que ofrece tal asignatura está Servicios paramédicos, donde atienden, entre otros tópicos, los relacionados con la atención frente a inundaciones. Las dos escuelas seleccionadas abordan esta opción en su plan de estudios. La primera escuela es pública, cuenta con tres turnos: matutino, vespertino y sabatino. Su matrícula durante el ciclo escolar 2015-2016 fue de 425 alumnos, de los cuales 148 cursaban primer año; 140, segundo año; y 137, tercero año. Se ubica en una de las colonias cercanas a los márgenes del río La Antigua, asunto que generó que en 2010 sufriera afectaciones por el paso de Karl. La segunda escuela es privada, su matrícula en el mismo ciclo escolar fue de 75 estudiantes: 29 en primer año, 20 en el segundo año y 26 en el tercero. Los estudiantes de segundo y tercer año corresponden a los 46 jóvenes que cursan la materia en mención. En cuanto a su ubicación geográfica, la escuela se encuentra en la parte alta de José Cardel, por lo que ante los más recientes fenómenos hidrometeorológicos que recuerdan los jóvenes y actores clave, no hubo daños en la institución. Categorías analíticas e instrumentos empleados El sistema de categorías se formuló tomando en cuenta los objetivos de la investigación, junto con el marco teórico que diseñamos. También consideramos algunos de los resultados del cuestionario que se elaboró ad hoc para el proyecto de Conacyt en el que se inserta esta investigación, el cual se aplicó a una muestra probabilística de jóvenes por conveniencia y disponibilidad de participación, y una parte de ésta participó en el estudio que aquí presentamos. El cuestionario fue piloteado y validado estadísticamente. Se aplicó la prueba F de Friedman, Kruskal-Wallis y α-Cronbach superior a 0.82 (González Gaudiano y Maldonado González, 2017). El sistema de categorías quedó conformado por tres conjuntos: 1) representaciones sociales sobre vulnerabilidad y riesgo, sus tres dimensiones y las fuentes de información; 2) el riesgo objetivo y vulnerabilidad física; y 3) acciones de resiliencia individual y comunitaria y su gestión desde las escuelas. Las dos primeras, analíticas, y la tercera, sustantiva (Comeau, 1994). En cuanto a la investigación sobre el segundo conjunto de categorías, ésta fue documental y recurrimos a los reportes del gobierno del estado de Veracruz TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �110 DALILA HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ | GLORIA CRUZ SÁNCHEZ | LAURA BELLO BENAVIDES para estos datos. También emergieron categorías sociales acerca del primer y tercer conjunto de categorías, que posteriormente se transformaron en analíticas para incorporarlas al sistema de categorías (Comeau, 1994). Del conjunto de categorías se desprendieron los instrumentos a emplear, los que tuvieron como propósito atender los objetivos de la investigación. Fueron dos: grupos focales y entrevistas semiestructuradas, además de resultados de algunos ítems del cuestionario del proyecto Conacyt. El criterio para la selección de los instrumentos fue que nos permitieran contar con un conjunto amplio de datos acerca de los procesos de las representaciones sociales de vulnerabilidad y riesgo de los estudiantes, además de cómo gestionan sus acciones a partir de sus experiencias escolares. También buscamos triangular la información entre instrumentos y con actores clave. El primer instrumento empleado fueron los grupos focales, los que, de acuerdo con Geyser (2013), tienen como propósito generar discursos en un contexto de experimentación e interacción social. La pertinencia de esta técnica está en la producción discursiva amplia acerca de la vulnerabilidad y resiliencia que permite un análisis a profundidad de procesos de objetivación y anclaje de las representaciones sociales, las acciones que despliegan, las resistencias u obstáculos para actuar, etcétera. Previo a la aplicación de los grupos focales, elaboramos un guión de trabajo, el cual fue piloteado en una de las escuelas con alumnos que no participaron en la investigación. Se hicieron ajustes hasta llegar a su versión final, la cual se sometió a prueba: juicio de expertos para su validación (Escobar Pérez y Cuervo Martínez, 2008), y de esta manera asegurar que los datos recabados fueran confiables. Los expertos fueron cinco investigadores especializados en estos temas y en investigación cualitativa, quienes propusieron ajustes en la orientación de preguntas, que se reformularon. La segunda técnica empleada fue la entrevista semiestructurada, que, de acuerdo con Álvarez-Gayou (2009), permite recabar datos acerca del fenómeno investigado, dotándolo de un margen de apertura para incorporar nuevas preguntas con base en la información que está aportando el entrevistado, razón por la que optamos por esta técnica, pues estábamos conscientes de la diversidad de la amplitud de datos que nos podían aportar los sujetos en relación con vulnerabilidad, riesgo y resiliencia. El guión de entrevista lo elaboramos con base en datos de grupos focales, ítems del cuestionario del proyecto Conacyt y datos de la categoría analítica 2: el riesgo objetivo y vulnerabilidad física. La aplicamos a estudiantes y actores clave. Los datos recabados nos permitieron profundizar en las representaciones sociales y la resiliencia, además de triangular la información. Igual que el guión de trabajo para los grupos focales, piloteamos el guión de entrevista, TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �REPRESENTACIONES SOCIALES DE VULNERABILIDAD 111 ajustamos preguntas y lo sometimos a grupo de expertos para obtener una versión final (Escobar Pérez y Cuervo Martínez, 2008). Así, consolidamos el rigor metodológico en la investigación. Se realizaron tres grupos focales, participaron 12 estudiantes por grupo, y se realizaron seis entrevistas semiestructuradas a actores clave, dado que con este número se alcanzó el punto de saturación teórica para cada una de las categorías analíticas y sustantivas formuladas (Corbin y Strauss, 2002). El análisis de la información Para el análisis de la información recurrimos a la técnica de análisis de contenido de Bardin (1996). Para ello, utilizamos el software Atlas Ti y creamos una unidad hermenéutica para los grupos focales y otra para las entrevistas semiestructuradas. Antes, transcribimos en su totalidad las producciones discursivas de los grupos focales y las entrevistas semiestructuradas. Las unidades de análisis fueron palabras y oraciones. Asimismo, para cada una de las categorías y subcategorías analíticas elaboramos fichas analíticas (Comeau, 1994) para el estudio de los datos, y cumplir de esta manera con el rigor metodológico de análisis de datos en estudios cualitativos. Los datos los agrupamos de acuerdo con el sistema de categorías analíticas y sustantivas, donde integramos las categorías sociales que emergieron en el primer estudio de los datos, y que transformamos en analíticas. El corpus empírico lo analizamos a la luz del marco teórico que elaboramos y también tomando en cuenta los datos de la categoría analítica 2) riesgo objetivo y vulnerabilidad ísica, mismos que fueron recabados de documentos oficiales. Así se realizó un análisis textual y contextual de cada uno de los datos recabados (Bardin, 1996; Comeau, 1994). En la figura 1 se muestra esquemáticamente la ruta metodológica cualitativa trazada para esta indagación. ALGUNOS RESULTADOS Los resultados que aquí presentamos los exponemos con base en las categorías analítica y sutantiva: 1) Representaciones sociales sobre vulnerabilidad y riesgo, sus tres dimensiones y las fuentes de información y 3) Acciones de resiliencia individual y comunitaria y su gestión desde las escuelas expuestas en el apartado anterior, respectivamente. Recuperamos las voces de los estudiantes en los grupos focales y de los actores clave, por lo que nos referiremos a ellos a través de las claves alfanuméricas que asignamos en la codificación de TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �112 FIGURA 1 Ruta metodológica cualitativa Análisis de datos de grupo focal Elaboración dr guion dr grupo focal A. descriptivo A. comparativo A. Diferencias A. específico significativas TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 Revisión contextual Realización de grupos focales l r Elaboración y aplicación de entrevistas Análisis cualitativo de las entrevistas A. de { RS sobre ,-----';' contenido vulnerabilidad y nesgo Formulación defmitiva de categorías de análisis Definición de unidades y categorías de análisis Captura de información Fuente: Elaboración propia. Sistematización de información ,- - ,1 ~ A. Intertextual j Cruces entre actores sociales Condiciones de contexto Intrrpretación de resultados 1 Fines teóricos y pragmáticos DALILA HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ | GLORIA CRUZ SÁNCHEZ | LAURA BELLO BENAVIDES 1er. Borrador Pilotaje Prueba de expe11os 2º. borrador Cuestionario definitivo �REPRESENTACIONES SOCIALES DE VULNERABILIDAD 113 su participación en este estudio. Asimismo, integramos información obtenida del cuestionario del proyecto Conacyt en los casos en que lo consideramos necesario para profundizar en el estudio. LAS REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE VULNERABILIDAD Y RIESGO Las representaciones sociales, a decir de Jodelet (1993), son un tipo de conocimiento de sentido común creado en el intercambio comunicativo de la vida diaria, en donde se integran los conocimientos empíricos, académicos y científicos y en la interacción del sujeto con el objeto representado. La experiencia vivida por los jóvenes frente a inundaciones ha tenido un papel central en la configuración de sus representaciones sociales sobre el fenómeno (Jodelet, 2004). A continuación exponemos los hallazgos en cada uno de los tres campos que las conforman. El campo de la información Aquí mostramos la información que poseen los jóvenes en relación con la vulnerabilidad y el riesgo frente a hidrometeoros. Para su análisis e interpretación, la contrastamos con el riesgo real y los datos de vulnerabilidad reportados por el gobierno del estado de Veracruz (Gobierno del Estado de Veracruz, 2015). En cuanto al riesgo, los jóvenes consideran que la mayor exposición está en la contaminación ambiental, en términos generales, seguida de asaltos y en tercer lugar las inundaciones. Estos datos cobran sentido al verlos a la luz de las características de su localidad: José Cardel se ubica a 42 km de la nucleoeléctrica Laguna Verde (la única en el territorio mexicano) y a 37 km del corredor industrial del Puerto de Veracruz. Por otra parte, en los años más recientes esta localidad ha sido una de las más afectadas por la inseguridad y la delincuencia. Queda claro que las condiciones de contexto y culturales inciden en los procesos de configuración de las representaciones sociales, tal como lo señala Jodelet (1993). TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �114 DALILA HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ | GLORIA CRUZ SÁNCHEZ | LAURA BELLO BENAVIDES TABLA 1 Situaciones de riesgo en el municipio de La Antigua Situación de riesgo/ Probabilidad Muy probable (%) Probable (%) Terremoto 41.40 32.90 Inundación Incendio 35.70 Asalto 37.90 Ola de calor extrema 39.30 Accidente laboral/industrial 32.10 Accidente de tráfico 35.00 Ola de frío extremo 37.90 Lluvia torrencial 34.30 Sequía Contaminación ambiental Algo/nada probable (%) 31.40 45.70 Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del instrumento del proyecto Conacyt en el que se inscribió esta investigación, sujeto a prueba F de Friedman y Kruskal-Wallis, con α-Cronbach superior a 0.82 (González Gaudiano y Maldonado González, 2017). Destaca en este punto que, a pesar de que las inundaciones no ocupan el primer lugar en cuanto a riesgos que afronta la población, sí están en una posición central. Sin embargo, con las sequías no ocurre lo mismo, siendo éstas uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta el municipio (Gobierno Federal, 2011). En la tabla 1 se muestran estos datos. Al triangular la información (Taylor y Bogdan, 1987) con lo expresado por los estudiantes en los grupos focales y las entrevistas de actores clave, quedó claro que el mayor riesgo al que se ven interpelados los estudiantes, desde las voces de los entrevistados, es contaminación e inseguridad. Ello revela que la configuración del campo de la información se nutre con algunos datos objetivos acerca del fenómeno, pero también con los que emergen de la interacción con el mismo, generando vacíos que inciden en la representación del fenómeno (Bello Benavides, Meira y González Gaudiano, 2017). En cuanto a la información obtenida por los sujetos acerca de los riesgos por fenómenos hidrometeorológicos, ésta proviene de tres fuentes, principalmente: 1) la interacción que han tenido con este tipo de riesgos, 2) la comunicación e información acerca del fenómeno con los miembros de su comunidad y 3) las tradiciones culturales de la localidad (Moscovici, 2002; Moscovici y Hewstone, 2008). Dichas fuentes son las que configura el campo TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �REPRESENTACIONES SOCIALES DE VULNERABILIDAD 115 de la información y que, a decir de los estudiantes, las dinamizan principalmente cuando se ven interpelados por estos fenómenos. Esto se traduce en acciones de respuesta durante y después del paso de los hidrometeoros, y en muy pocas ocasiones antes del mismo. En cuanto a la interacción de los jóvenes con este tipo de riesgos, se remite principalmente a su experiencia obtenida del huracán Karl en 2010 (Jodelet, 1993). Asimismo, se advierten elementos que han limitado la gestión oportuna del riesgo, por ejemplo la comunicación entre autoridades y población. Algunos fragmentos de grupo focal ilustran lo expuesto: “también por falta de comunicación, porque algunas personas no sabían, estaban en sus casas y ya venía el río y tuvieron que avisarles a los vecinos cuando ya venía…” (G. F. E., comunicación personal, 2015); “sí, porque algunos decían que no iba a subir el río y no salieron y se quedaron atrapados” (G. F. E., comunicación personal, 2015). El campo de la información del riesgo se encuentra articulado con el de la vulnerabilidad. Aquí también la interacción de los estudiantes con el fenómeno ha incidido en este campo de la representación social. Ellos señalan que los más vulnerables a estos fenómenos son niños y personas de la tercera edad. Este dato coincide con lo reportado por el Gobierno Federal (2011). Asimismo, reconocen que la ubicación geográfica de las viviendas es un elemento que incide en la vulnerabilidad frente a inundaciones. Señalan que las casas que están cerca del río son las más afectadas, cuestión que es cierta. Sin embargo, no está presente la visión de cuenca que incide en este factor de vulnerabilidad. En este sentido, lo que señala Moscovici (2002) en relación con la cantidad y pertinencia de la información, en el sentido de que a pesar de que los sujetos poseen información acerca del fenómeno, no necesariamente es suficiente ni toda es certera, se hace presente en estas representaciones sociales. Las fuentes de información que nutren dichas representaciones son: la televisión, la radio de pila, el perifoneo, la comunicación oral entre los miembros de la comunidad, llamados de alerta provenientes de la iglesia, donde dinamizan sus tradiciones culturales de comunicación, al presentarse una inundación y con las autoridades. Se distingue por ser precaria y reducida, en términos de ser básicamente información que circula horas antes y durante el evento. Asimismo, se centra principalmente en la atención al desastre y no en acciones relacionadas con la prevención y la gestión del riesgo. Por lo anterior, es de considerar que la apropiación de tales conocimientos de sentido común en los jóvenes ha sido un proceso en donde el aprendizaje es co-construido entre ellos y su colectividad, el cual es cambiante, dinámico y les permite adquirir bases para explicar su realidad (Hernández, 1998). TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �116 DALILA HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ | GLORIA CRUZ SÁNCHEZ | LAURA BELLO BENAVIDES El campo de la representación Este campo remite a la organización y jerarquía de la información que los sujetos poseen en relación con el objeto representado (Araya, 2002). Corresponde a la imagen estilizada que los sujetos construyen, y donde intervienen los procesos de objetivación y anclaje (Moscovici, 2002), en tanto procesos socioculturales y cognitivos (Bello Benavides et al., 2017). Los datos revelan que los estudiantes han construido una imagen estilizada del riesgo, donde han objetivado elementos relacionados con la pérdida de la vida y menoscabo de la salud, principalmente. Tal como lo expresa uno de los estudiantes: “cuando una persona o un ser vivo, este, corre el riesgo, o sea, el riesgo de la muerte, o que algo le pueda suceder” (G. F.D., comunicación personal, 2015). Al triangular información (Taylor y Bogdan, 1987), queda claro que este dato cobra sentido a la luz del riesgo real (Ávila y González Gaudiano, 2014), pues los reportes acerca de las inundaciones señalan que estos riesgos llegan a cobrar vidas (Gobierno Federal, 2011). También, en estos procesos de objetivación y anclaje se advierte que el riesgo está articulado con una dimensión temporal de inmediatez. Esto es, no está presente la prevención del riesgo, más bien la atención al desastre. La siguiente cita ilustra lo expuesto: “riesgo, que ya está a punto de convertirse o que ya tiene el problema ahí directo, prepárate porque no tardando llega y te va afectar en muchas cosas” (E. E., comunicación personal, 2015). Por lo que la representación de riesgo se traduce en una imagen reducida del fenómeno con vacíos en relación con su gestión, lo que desemboca en ausencia de acciones de tipo preventivo que pueden desplegar. Aunado a ello, los datos revelan que en estos procesos de la configuración de la imagen frente al riesgo están presente aspectos ideológicos y religiosos (Jodelet, 1993). Le otorgan a una divinidad la presencia de tales fenómenos y sus consecuencias; así, lo que ellos puedan hacer es mínimo. Ello converge en inacción por parte de la población. El siguiente comentario expone este rasgo de la representación social: “Pienso yo que ante eso, esos fenómenos no se puede hacer gran cosa, es algo de la naturaleza, así lo manda Dios” (G. F. A., comunicación personal, 2015). La dimensión de la representación de la vulnerabilidad comparte elemento con la del riesgo. Los principales elementos que la nutren se ilustran en la figura 2, y en su conjunto muestran parte de la vulnerabilidad en la que se encuentran los habitantes del municipio. Dos cuestiones se destacan aquí. Por una parte, otros problemas, como la violencia e inseguridad, son los que asocian con la vulnerabilidad. Por otra, la falta de articulación de estos fenómenos con el cambio climático y las consecuentes acciones de adaptación al TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �REPRESENTACIONES SOCIALES DE VULNERABILIDAD 117 mismo. Pues, tal como lo señalan los informes del IPCC (2014), la intensificación de fenómenos hidrometeorológicos se encuentran asociados al cambio climático. Todo esto incide en una visión acerca de la vulnerabilidad por parte de los jóvenes en la que estos hidrometeoros y sus consecuencias son periféricos y con poca posibilidad de gestión de actividades para reducir dicha vulnerabilidad. FIGURA 2 Elementos del campo de la representación sobre vulnerabilidad Fuente: Elaboración propia. Los datos acerca del campo de la representación revelan que en los procesos de objetivación y anclaje (Jodelet, 1993) han incidido condiciones del contexto, socioculturales, además de un marco valorativo de los sujetos que pone en primer término la vida humana y su salud, así como una mirada de corto plazo acerca de la vulnerabilidad y el riesgo, donde lo central es la atención al desastre, más que la gestión recipiente del riesgo. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �118 DALILA HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ | GLORIA CRUZ SÁNCHEZ | LAURA BELLO BENAVIDES El campo de la actitud La dimensión de la actitud se entiende como la orientación de la conducta (favorable o desfavorable) de los jóvenes en relación con el riesgo frente a fenómenos hidrometeorológicos y la correspondiente vulnerabilidad (Moscovici, 2002). En dicha dimensión entran en juego creencias, opiniones, valoraciones y motivaciones de los sujetos en relación con el objeto de representación. Tres elementos configuran la actitud: los cognoscitivos-valorativos, los afectivos-emocionales y los conativos (Nuttin, 1975). A continuación discutimos los hallazgos en dichos componentes. El primer elemento es el cognoscitivo-valorativo, esto es, creencias y conocimientos que los jóvenes poseen acerca del objeto de representación (Nuttin, 1975). Los jóvenes consideran las inundaciones, huracanes y lluvias intensas como fenómenos presentes en su región; también que los afectados ante ello son los que viven cerca de los márgenes del río, además de niños y ancianos. Destaca en este sentido que minimizan el impacto de tales fenómenos debido a que los consideran de poca frecuencia. El componente afectivo-emocional está relacionado con las emociones asociadas con el objeto representado (Moscovici, 2002). En el caso de los estudiantes, este componente involucra emociones relacionadas con la tristeza, la frustración y el miedo. Sus reflexiones están articuladas con su experiencia frente al huracán Karl en 2010, lo que generó en la mayoría de los casos que los jóvenes desplegaran acciones solidarias y de ayuda durante el desastre, principalmente con sus familias; también colaboraron en los albergues. Los siguientes testimonios ilustran lo expuesto: Pero pasaba por estas calles después del huracán, fue cuando estaban intentando reconstruir todo lleno de lodo; ese ambiente de lúgubre, esos gritos, desesperación, me deprimió y fue entonces que me metí a trabajar a ese albergue (G. F. E., comunicación personal, 2015). Sentí miedo al pensar que una desgracia pasara en mi familia, tristeza por lo que le ocurrió a personas cercanas a mí, y también que hay personas muy buenas que te ayudan sin conocerte (G. F. E., comunicación personal, 2015). El último elemento de la actitud es el conativo, éste hace referencia a las acciones favorables o desfavorables que los sujetos despliegan (Moscovici, 2002). Aquí indagamos en primer término lo que están dispuestos a hacer. En la figura 3 se exponen los resultados. Destaca que, entre las opciones planteadas, la de mayor peso no corresponde a la de “totalmente de acuerdo”; es TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �119 REPRESENTACIONES SOCIALES DE VULNERABILIDAD la opción “de acuerdo” la que captura la mayor frecuencia, y corresponde a lo relacionado con la organización de brigadas y elaboración de diagnósticos participativos y planes anticipados (información recuperada del cuestionario del Proyecto Conacyt, en González Gaudiano y Maldonado González, 2017). Estos datos cobran relevancia, pues aunque en el campo de la representación no está la gestión del riesgo, sí reconocen que existen acciones preventivas que pueden gestionar desde la escuela. Es justo en este punto donde la educación ambiental encuentra espacios de participación. FIGURA 3 Gráfico de acciones que los entrevistados están dispuestos a realizar cam biar su lugar de residencia Rea lizar en comunidad un di agnóstico participativo ■ Organización de brigadas para ca pacitar a la comu nidad en medidas preven tivas No contestó ■ Tota lm e nte en desacue rd o ■ En desacuerdo Diseñ os de planes anticipad os para actua r en situaciones de ■ Indiferent e emergencias. ■ De acuerdo ■ Totalmente de acuerdo Colaborar en procesos de reconstrucción de la comu nidad Asisti r a asambleas comunitarias de Info rmación o 20 40 60 80 100 Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del instrumento del proyecto Conacyt (en González Gaudiano y Maldonado González, 2017). En la triangulación de estos datos (Rubio y Varas, 1999) con los obtenidos en los grupos focales y las entrevistas con actores clave, se revela que las acciones que los estudiantes y la comunidad han realizado en mayor medida ante dichos fenómenos fueron después de su impacto. Aquí destaca que las acciones acerca de medidas preventivas fueron mínimas, pero están dispuestos a realizar acciones que les permitan enfrentar estos fenómenos de manera TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �120 DALILA HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ | GLORIA CRUZ SÁNCHEZ | LAURA BELLO BENAVIDES pertinente, lo que revela una actitud favorable frente al fenómeno (Moscovici, 2002). ACCIONES DE RESILIENCIA COMUNITARIA La resiliencia comunitaria la investigamos con base en la propuesta teórica de Suárez (2005), quien señala que los elementos que la conforman son: autoestima colectiva, identidad cultural, honestidad colectiva o estatal; además del pilar de la estructura social cohesionada de Uriarte (2010). En esta investigación este último pilar fue el que más indagamos, pues contiene la base organizacional de la población, población-gobierno y líderes naturales de la comunidad, la que desempeña un rol central en la resiliencia frente a estos fenómenos. En relación con la autoestima colectiva e identidad cultural, los datos revelan que el conjunto de comportamientos, costumbres y tradiciones que identifica la comunidad de estudio, así como la autoestima colectiva (sentimiento de orgullo a dicha identidad), inciden en la configuración de la resiliencia comunitaria frente a fenómenos hidrometeorológicos (Suárez, 2005). Para los entrevistados, uno de estos elementos tiene que ver con la historia, concretamente con el arribo de Hernán Cortés en su municipio (La Antigua). También inciden las tradiciones culturares, como el folclor veracruzano. La honestidad estatal tiene un lugar central en la resiliencia comunitaria, está en relación con la creencia de la población en la gestión honesta por parte del sector gubernamental, concretamente con lo que tiene que ver con la atención a fenómenos hidrometeorológicos (Suárez, 2005; Uriarte, 2010). Los datos aportados por los estudiantes con base en la experiencia vivida en la inundación anterior (Karl 2010) revelan que tal vínculo es pobre. Los estudiantes expresan que la mayor parte de los apoyos vinieron de la sociedad civil, por lo que el trabajo realizado por Protección Civil y gobierno fue mínimo en relación con el grado de desastre de dicho huracán. Reconocen que hubo ayuda del sector gubernamental; señalan que quienes encabezan actividades de mejoramiento fueron los jefes de manzana, coordinados por autoridades municipales, por mencionar algunos. Sin embargo, se muestran escépticos frente a las tareas oportunas de gobierno. Ejemplo de ello son los siguientes comentarios: “el municipio administra y toma en cuenta algunas comunidades y otras no, las deja marginadas” (G. F. E., comunicación personal, 2015); “llegó gente civil de afuera, pero por parte del gobierno no” (G. F. A, comunicación personal, 2015). TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �REPRESENTACIONES SOCIALES DE VULNERABILIDAD 121 La estructura social cohesionada (Uriarte, 2010) fue de particular interés en este estudio, pues consideramos que representa un espacio central para desplegar acciones de educación ambiental orientadas a fortaleces la resiliencia en estudio, pues tiene que ver con la red y características de las relaciones que se tejen en una comunidad (Cheshire et al., 2015). Aquí identificamos que la familia y las acciones que despliegan en su escuela son el centro de las actividades frente a fenómenos hidrometeorológicos. Las acciones comunitarias identificadas se gestionan a través de la organización extraoficial y fundamentalmente durante el evento, donde intervienen miembros de la comunidad, principalmente jóvenes y adultos. Tienen que ver básicamente con la atención al desastre. Le siguen las relacionadas con la gestión de recursos orientados a resolver contingencias derivadas de las inundaciones, tales como pérdida de bienes familiares, atención médica y suministro de víveres. Un aspecto importante en los procesos de construcción de redes intercomunitarias es la presencia de liderazgos (Kais e Islam, 2016). En este sentido, los jóvenes reconocen figuras comunitarias que ejercen liderazgo cuando se presentan fenómenos hidrometeorológicos, una de éstas es la que emerge en el ámbito escolar. También reconocen el liderazgo del párroco del pueblo. Las actividades que ellos realizan se han centrado principalmente en la atención al desastre, aunque en el grupo escolar reconoce la necesidad de desplegar acciones preventivas. Otra característica de las redes intercomunitarias es el tipo de acciones que se despliegan (Cheshire et al., 2015; Uriarte, 2010). En este caso queda claro, a través de los datos obtenidos del cuestionario, los grupos focales y las entrevistas a actores clave, que la mayoría de aquéllas corresponden a respuestas de inmediatez frente a las inundaciones. Aquí la participación solidaria de la comunidad desempeña un papel central. En este caso, la presencia de un líder comunitario, profesor de bachillerato, fue la clave para la generación de estas acciones resilientes, lo que pone en evidencia la capacidad de organización de sectores de la comunidad (Suárez, 2005). Queda claro que las acciones resilientes desplegadas son más de resistencia frente al riesgo que de transformación (Kais e Islam, 2016). También, que el ámbito escolar configura un espacio para desarrollar, desde la educación ambiental, la resiliencia comunitaria desde el enfoque de transformación de su realidad socioambiental, en tanto proceso que se gestiona en lo social. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �122 DALILA HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ | GLORIA CRUZ SÁNCHEZ | LAURA BELLO BENAVIDES REFLEXIONES FINALES Diversas reflexiones se desprenden de esta investigación. En relación con la ruta metodológica diseñada, el estudio revela que el uso de múltiples técnicas de acopio de datos es necesario en este tipo de investigaciones cualitativas, y así dotarlas de rigor metodológico. Ello permite, por una parte, triangular la información, lo que deriva en datos válidos y confiables en términos científicos. Por otra parte, la triangulación (Rubio y Varas, 1999) abre espacios para profundizar en los procesos de construcción de representaciones sociales, los que nos dieron luz para estudiar cómo se construye la vulnerabilidad social frente a fenómenos hidrometeorológicos, cómo despliegan acciones resilientes y de qué manera es posible dinamizar acciones de educación ambiental para avanzar en la construcción de resiliencia comunitaria. En este sentido, recurrir a la teoría de las representaciones sociales (Moscovici, 2002; Moscovici y Hewstone, 2008) resultó pertinente, pues logramos comprender cómo se configuran los campos de la información, representación y actitud, desde las voces de los estudiantes. En cuanto a los hallazgos, queda claro que los jóvenes posen una representación social sobre riesgo y vulnerabilidad frente a estos fenómenos. Reconocen sus consecuencias, sin embargo existen vacíos que derivan en una representación sobre el riesgo centrada en consecuencias inmediatas, esto es, en el desastre del impacto por inundaciones. No consideran las consecuencias a largo plazo, ni las acciones que se pueden desplegar para su gestión y la reducción de la vulnerabilidad. Esta representación social sobre riesgo y vulnerabilidad se hace evidente a través de las acciones que despliegan. Tales acciones revelan que si bien la comunidad aún no logra configurar acciones resilientes de tipo preventiva, sí están presentes elementos comunitarios que configuran prácticas resilientes que se pueden articular para generar procesos de aprendizaje social que desarrollen la resiliencia comunitaria frente a estos fenómenos, desde el enfoque de transformación. Uno de los espacios desde el que se puede trabajar es el ámbito escolar, a través del liderazgo reconocido que poseen profesores. Algunas líneas de trabajo las detallamos a continuación. Consideramos que es necesario articular las actividades escolares con el contexto local en términos de lo relacionado con tales eventos hidrometeorológicos y el cambio climático, a fin de que se generen y dinamicen conocimientos y acciones individuales y colectivas que les permitan responder de manera pertinente ante tales retos ambientales. Se trata de generar aprendizajes situados, a través de experiencias lúdicas y participativas, que articulen TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �REPRESENTACIONES SOCIALES DE VULNERABILIDAD 123 los contenidos de los programas de estudio con las condiciones físicas, sociales y culturales del contexto, en relación con estos fenómenos hidrometeorológicos. Donde queden claros conocimientos y acciones situadas de adaptación al cambio climático frente a estos impactos (IPCC, 2014). Para ello, es necesario conocer la estructura curricular del bachillerato e identificar los espacios en los que es posible desplegar experiencias de aprendizaje como el que exponemos. En el caso del bachillerato en estudio, asignaturas como Servicios paramédicos es nicho propicio para la conformación de brigadas escolares, donde los estudiantes pueden conocer, de manera colectiva, su realidad frente a fenómenos hidrometeorológicos. También para gestionar redes de comunicación inter e intracomunitaria con miembros de la comunidad y agentes gubernamentales, para desplegar acciones preventivas orientadas a fortalecer la resiliencia comunitaria y reducir el riesgo. Una de estas acciones es la construcción conjunta de mapas locales y familiares de riesgo. Asimismo, los datos revelan que es central desplegar experiencias educativas en las que se reconozca la importancia de la participación de los jóvenes de bachillerato en las tareas comunitarias, pues su iniciativa y disposición para participar en estas tareas es un elemento importante en la gestión de la resiliencia comunitaria, pero no es reconocida ni valorada en su totalidad por la comunidad (Suárez, 2010). Por otra parte, son el sector de la comunidad que es depositario de las tradiciones culturales y la memoria histórica que le dan cohesión a la misma. Aunado a ello, el estudio revela que son conocedores de tecnologías de comunicación (internet, redes sociales, etcétera) que pueden incidir de manera positiva en la gestión de redes de comunicación inter e intracomunitarias. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Álvarez Gayou, J. (2009). Cómo hacer investigación cualitativa: Fundamentos y metodología. México: Paidós Educador. Anderson, M. B. y Woodrow, P. J. (1989). Rising from the ashes. Development strategies in times of disaster. Boulder-París: Westview Press-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Araya, S. (2002). Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. Costa Rica: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ávila Flores, B. y González Gaudiano, E. J. (2014). Percepción social de los eventos climáticos extremos: Una revisión teórica enfocada en la reducción del riesgo. Trayectorias, 16 (39), 36-58. Banchs, M. A. (2000). Aproximaciones procesuales y estructurales al estudio de las representaciones sociales. Papers on Social Representations, 9, 3.1-3.15. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �124 DALILA HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ | GLORIA CRUZ SÁNCHEZ | LAURA BELLO BENAVIDES Bardin, L. (1996). Análisis de contenido. Madrid: Ediciones Akal. Bello Benavides, L., Meira, C. P. A. y González Gaudiano, E. J. (2017). Representaciones sociales sobre cambio climático en dos grupos de estudiantes de educación secundaria de España y bachillerato de México. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 22(73), 505-532. Cardona, O. D. (2001). La necesidad de repensar de manera holística los conceptos de vulnerabilidad y riesgo. Una crítica y una revisión necesaria para la gestión. Ponencia presentada en la Work Conference on Vulnerability in Disaster Theory and Practice, Wageningen, Holanda. Resumen recuperado de http://www.desenredando.org/public/articu los/2003/rmhcvr/rmhcvr_may-08-2003.pdf Cheshire, L., Esparcia, J. y Shucksmith, M. (2015). Community resilience, social capital and territorial governance. Revista de Estudios sobre Población y Desarrollo Rural, 18 (enero-julio), 7-38. Comeau, Y. (1994). L’analyse des données qualitatives. Cahiers du Crises. Québec: Colletion Études Theoriques. Consejo Nacional de Población (Conapo) (2010). Índice de marginación por localidad 2010. México: Consejo Nacional de Población-Secretaría de Gobernación. Corbin, J. y Strauss, A. (2002). Bases de la investigación cualitativa, técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín: Universidad de Antioquia. Escobar Pérez, J. y Cuervo Martínez, A. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. Avances en Medición, 6, 27-36. Geyser, M. (2013). Para que el sujeto tenga la palabra: Presentación y transformación de la técnica de grupo de discusión desde la perspectiva de Jesús Ibañez. En M. L. Tarrés (ed.). Observar, escuchar y comprender. Sobre la tradición cualitativa en la investigación social (pp. 187-208). México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-El Colegio de México. Gobierno del Estado de Veracruz (2015). Cuadernillos municipales. La Antigua. Veracruz: Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. Gobierno Federal (2011). Atlas de riesgos del municipio de La Antigua 2011. México: Secretaría de Desarrollo Social. Recuperado de: http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDE SOL/Resource/2612/Atlas_Estados/30016_LA_ANTIGUA/0_Atlas_Riesgos_Anti gua.pdf González Gaudiano, E., y Maldonado González, A. L. (2017). Amenazas y riesgos climáticos en poblaciones vulnerables. El papel de la educación en la resiliencia comunitaria. Teoría Educativa, 29 (1), 273-294. González Gaudiano, E., Maldonado González, A. L. y Sánchez Cruz, G. E. (en prensa). La visión de los jóvenes de bachillerato a su vulnerabilidad y resiliencia social frente a los embates del cambio climático en municipios de alto riesgo a inundaciones. Psyecology. IPCC (2014). Cambio climático. Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resumen para responsables de políticas. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de Evaluación del IPCC. Suiza: OMM, PNUMA. Jodelet, D. (1993). La representación social: Fenómenos, concepto y teoría. En S. Moscovici (ed.). Psicología social II. Pensamiento y vida social (pp. 469-494) Barcelona: Paidós. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 �REPRESENTACIONES SOCIALES DE VULNERABILIDAD 125 Jodelet, D. (2004). Experiencia y representaciones sociales. En E. Romero (ed.). Representaciones sociales. Atisbos y cavilaciones de cuatro décadas (pp. 85-118). México: Universidad Autónoma de Puebla. Kais, S. M., e Islam, M. S. (2016). Community capitals as community resilience to climate change: Conceptual connections. International Journal of Environmental Research and Public Health, 13(12), 1211. MDPI AG. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.3390/ijer ph13121211 Landau, J. (2010). Communities that care for families: The LINC model for enhancing individual, family and community resilience. American Journal of Orthopsychiatry, 80(4), 516-524. Moscovici, S. (2002). El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires: Huemul. Moscovici, S. y Hewstone, M. (2008). De la ciencia al sentido común. En S. Moscovici (coord.). Psicología social II. Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales (pp. 469494). Madrid: Paidós. Nuttin, J. (1975). Cambio de actitud y role playing. En S. Moscovici (ed.). Introducción a la psicología social (pp. 18-74). Barcelona: Planeta. Olán Izquierdo, M. E., Guzmán Ramón, E., Anell Ruiz, R. M. y Díaz Cortaza, G. A. (2010). Programa de educación ambiental, prevención y mitigación de riesgos por inundaciones aplicado en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, Plantel no. 28. Revista de la Alta Tecnología y la Sociedad, 1-12. Rubio, M. J. y Varas, J. (1999). El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas de investigación. Madrid: CCS. Secretaría de Finanzas y Planeación (2016). Cuadernillos municipales. La Antigua. Xalapa. Suárez, E. N. (2005). Una concepción latinoamericana: La resiliencia comunitaria. En A. Melillo y E. N. Suárez (eds.). Resiliencia. Descubriendo las propias fortalezas (pp. 67-82). Argentina: Paidós. Uriarte, J. D. (2010). La resiliencia comunitaria en situaciones catastróficas y de emergencia. Revista de Psicología, 1, 687-693. Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos. Barcelona: Paidós. TRAYECTORIAS AÑO 20, NÚM. 47 | JUL-DIC 18 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Trayectorias, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León Description An account of the resource Trayectorias es una publicación editada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene como fin desarrollar un espacio para la reflexión y el debate en torno a las preocupaciones contemporáneas en el campo cada vez más amplio y trascendente de los estudios de la realidad social. Su fecha de inicio fue en 1999, comenzó con una periodicidad tetramestral y en 2008 cambió a semestral. Revista arbitrada que se mantiene activa a la fecha y de emisión bilingüe es en físico y digital. Su ISSN es: 2007-1205. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Trayectorias, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León Año de publicación El año cuando se publico 2018 Año Año de la revista (Año 1, Año 2) No es es año de publicación. 20 Número Número de la revista 47 Mes de publicación Mes cuando se publicó Julio-Diciembre Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Semestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1751794&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Trayectorias, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 2018, Año 20, No 47, Julio-Diciembre Creator An entity primarily responsible for making the resource Gutiérrez Garza, Esthela, Directora Subject The topic of the resource Ciencias Sociales Publicaciones periódicas Educación Superior México Description An account of the resource Trayectorias es una publicación editada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene como fin desarrollar un espacio para la reflexión y el debate en torno a las preocupaciones contemporáneas en el campo cada vez más amplio y trascendente de los estudios de la realidad social. Su fecha de inicio fue en 1999, comenzó con una periodicidad tetramestral y en 2008 cambió a semestral. Revista arbitrada que se mantiene activa a la fecha y de emisión bilingüe es en físico y digital. Su ISSN es: 2007-1205. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto de Investigaciones Sociales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Infante, José María, Editor Responsable García González, Pablo, Editor asociado Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/07/2018 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource text/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2020019 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa/eng Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. Monterrey, N.L., México Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Ciudadanía Guerrero Indígenas León Guanajuato Monterrey Proceso de Gentrificación Urbanización