https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/376/17570/Trayectorias_Revista_de_Ciencias_Sociales_de_la_Universidad_Autonoma_de_Nuevo_Leon_2019_Ano_21_No_49_Julio-Diciembre.pdf aa2026ac2c8b4b6f9e1b351a51ddc143 PDF Text Text ISSN 2007-1205 REVISTA DE C1ENCIAS )0CíAl[S DE LA UNlVER$1DAD AUTÓNONA DE NUEVO LEÓN �Tratamiento de Residuos Orgánicos y Generación de Bioenergía para Disminuir Impacto Ambiental. Abordaje Teórico y Algunas Consideraciones Empíricas Organic Waste Treatment and Bioenergy Generation to Reduce Environmental Impact. Theoretical Approach and Some Empirical Considerations GABRIELA CRISTIANO* | MAXIMILIANO MIRANDA҃ZANETTI** ► RESUMEN Todas las actividades de consumo y producción originan desechos, los cuales son causantes de externalidades negativas que impactan sobre el medio ambiente. En efecto, los residuos orgánicos provenientes del sector agropecuario —particularmente aquellos que tienen que ver con el estiércol bovino generado en los feedlots— son los responsables de emisiones de gases de efecto invernadero, tales como el dióxido de carbono y el metano. La acumulación masiva de estiércol se vio potenciada con el avance de esta modalidad productiva durante los últimos años, razón por la que es necesario contemplar su tratamiento. El objetivo del trabajo es formular un modelo teórico que describa la morigeración de estas externalidades negativas de producción a través de una empresa multiproducto. Palabras clave: Residuos orgánicos | Engorde a corral | Externalidades | Empresa multiproducto | Economías de alcance. ► ABSTRACT All consumption and production activities originate wastes, which are the cause of negative externalities that impact on the environment. Indeed, the organic wastes from the agricultural sector, particularly those having to do with feedlots, are * Profesora-investigadora de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Departamento de Economía, e Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (UNS-Conicet) (Argentina). Correo electrónico: gcristiano@uns.edu.ar ** Profesor-investigador de la Universidad Nacional del Sur, Departamento de Economía (Argentina). Correo electrónico: mmiranda@uns.edu.ar Recibido: 14 de junio de 2019 | Aceptado: 23 de julio de 2019 TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 ISSN 2007-1205 | pp. 3-27 �4 GABRIELA CRISTIANO | MAXIMILIANO MIRANDA҃ZANETTI the responsible of emissions of greenhouse gases, as the carbon dioxide and methane. The massive accumulation of waste was enhanced with the progress of this productive scheme in recent years, which is why it is necessary to provide a treatment. The aim of this paper is to formulate a theoretical model that minimize these negative externalities in the production through a multiproduct enterprise model. Keywords: Organics wastes | Feedlots | Externalities | Multiproduct enterprise | Economies of scope. INTRODUCCIÓN La preocupación por el medio ambiente surge en los años setenta y se cristaliza hacia 1972 con la creación del Proyecto de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En particular, la problemática vinculada a la gestión integral de los residuos sólidos está siendo considerada en muchos países del mundo; en Argentina, este tema cobra relevancia recién en la década de 1990. La Agencia Europea de Medio Ambiente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) han elaborado numerosos informes vinculados a este tema (AEMA, 2015; OCDE, 2001; Cepal, 2013). A modo de ejemplo, cabe destacar que España posee un Plan Nacional Integral de Residuos 2008-2015 (PNIR), en el marco de la producción y consumo sustentable y residuos agrarios. Por otra parte, el proyecto TRAMA (Solé y Flotats, 2004), también de origen español, tiene como objetivo diseñar, validar y difundir sistemas de gestión medioambiental orientados al modelo de ecogestión y auditorías específicas para las actividades agroalimentarias. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina ha promulgado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las distintas provincias la normativa concerniente al tratamiento de los residuos sólidos urbanos, peligrosos, biocontaminantes, líquidos residuales, PCB’s (poly chlorinated biphenyls o bifenilos policlorados), derivados de agroquímicos y radioactivos. Por otro lado, en la actualidad existen leyes nacionales que establecen como requisito que uno de los servicios adicionales que deberían contratar las empresas es la realización de estudios y evaluaciones de impacto ambiental; entre ellas, cabe mencionar la Ley General TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y GENERACIÓN DE BIOENERGÍA 5 del Ambiente 25,675/2002 (Art. 8, Inc. 2 y 5). Los procesos productivos, ya sean de origen agropecuario o industrial, así como también las actividades que realizan los seres humanos en la vida diaria, conllevan a la generación de una gran cantidad de residuos, cuyo tratamiento es menester para disminuir los niveles de contaminación y reducir de esta forma el impacto negativo causado al medio ambiente. En particular, las producciones agropecuarias de origen animal y de carácter intensivo (tales como los feedlots,1 tambos, criaderos de aves, cerdos y conejos) dan origen a una gran cantidad de excretas diarias, las cuales causan impactos negativos significativos al medio ambiente, si es que no se realiza un tratamiento previo (Pordomingo, 2014; Saunois, Jackson, Bousquet et al., 2016; Rearte y Pordomingo, 2014). Por otra parte, tal tratamiento implicaría una mejora en los indicadores de productividad y rentabilidad del establecimiento agropecuario, otorgando la posibilidad de generar biogás y biol (que es un fertilizante natural apto para los cultivos), por medio del proceso de digestión anaeróbica (Flotats, 2010). El objetivo de este trabajo consiste en plantear un modelo teórico en el que las externalidades negativas de la producción —en este caso particular, aquellas vinculadas a la producción intensiva de carne vacuna— puedan ser morigeradas por una firma que se reconvierta a multiproductora, logrando captar economías de alcance (Panzar y Willig, 1981). De esta forma, las empresas, al realizar un adecuado tratamiento de los residuos orgánicos agropecuarios, lograrían resolver esta problemática y podrían captar los beneficios económicos que ello conlleva, asociados a la reducción de costos, por un lado (aprovechamiento del biogás en el establecimiento y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero), y a un incremento en los ingresos generado por la venta de biogás y biol, por el otro. El método de trabajo empleado consistió en realizar una revisión bibliográfica teórica para poner en consideración la relevancia del tema; posteriormente se esbozó un modelo teórico cuya formulación pretende realizar un aporte diferente en cuanto al actual tratamiento de las externalidades negativas en la producción. Finalmente, se abordaron cuestiones referidas a la realidad práctica de esta problemática, incluyendo un análisis del 1 El feedlot es un sistema de producción intensiva de carne, en el que el ganado se encuentra estabulado. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �6 GABRIELA CRISTIANO | MAXIMILIANO MIRANDA҃ZANETTI marco normativo actual vinculado a las energías renovables, entre ellas, el biogás. 1. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA En este apartado se expondrán los lineamientos más importantes que vinculan la problemática ambiental y la economía. Los estudios de índole económica sobre los recursos naturales y el medio ambiente, los cuales han cobrado importancia en los últimos tiempos, suelen considerar tres ejes relevantes al momento de efectuar un análisis en relación a los mismos: la contaminación ambiental, la extracción de recursos —sean renovables o no— y la valoración ambiental (Aguilera Klink y Alcántara, 2011). En este sentido, cabe preguntarse qué se entiende por medio ambiente. El medio ambiente constituye ese espacio dual en el que los individuos realizan todas sus actividades productivas, y toman de él los recursos necesarios para transformarlos en productos finales con mayor o menor grado de valor agregado. Pero, por otra parte, ese mismo ambiente es el que recibe todos los residuos que generan tanto los productores como los consumidores. Surge entonces la economía ambiental, la cual tiene sus raíces en la teoría neoclásica. Dos de los temas centrales de la economía ambiental son el tratamiento de las externalidades (en el que se analiza la valoración monetaria de los beneficios y costos ambientales) y el estudio relacionado a la problemática del agotamiento de los recursos no renovables vinculado a la cuestión de la asignación óptima intergeneracional (Aguilera Klink y Alcántara, 2011). El problema de los efectos externos o externalidades surge cuando el sistema de precios no funciona eficientemente y deja de transmitir la suficiente información tanto a los productores como a los consumidores; a veces, suele suceder que los precios de mercado no manifiestan completamente los costos (o beneficios) asociados a las actividades que realizan los productores o consumidores, y aparecen lo que se da en llamar las fallas de mercado. Es posible decir entonces que existe una externalidad cuando una determinada actividad, ya sea de producción o de consumo, produce un efecto indirecto sobre otras actividades de producción o consumo que no se refleja directamente en el sistema de precios de mercado. Estos precios aparecen distorsionados, ya que no incluyen todos TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y GENERACIÓN DE BIOENERGÍA 7 los costos o beneficios reales para la sociedad, lo que conduce a una asignación de recursos y una toma de decisión inadecuadas (Mas-Colell, Whinston y Green, 1995). El término acuñado como externalidad hace referencia al efecto provocado en otros agentes (ya sean efectos positivos o negativos) que son externos al mercado; en ese sentido, cabe mencionar que en estos casos ninguna de las partes paga ni recibe compensación alguna. Cuando existen externalidades, el interés de la sociedad va más allá del resultado que produzca el mercado, y no tiene que ver exclusivamente con las partes compradora y vendedora, ya que se consideran a otros agentes que también terminan siendo beneficiados o perjudicados. Es por esto que el equilibrio del mercado resulta ineficiente. En presencia de externalidades, el mercado falla y se genera una pérdida de bienestar porque se tiende a producir en una mayor o menor cuantía de lo que resultaría óptimo (Mas-Colell et al., 1995). Varios son los ejemplos que se citan para mostrar estos efectos, particularmente aquellos negativos relacionados a la producción. Uno de los más comunes hace referencia a una firma que vierte sus residuos en un río, lo cual hace que ese lugar ya no sea apto para realizar una actividad pesquera o de esparcimiento. Este análisis se complejiza si se considera que allí hay viviendas, las cuales pueden ser ocupadas por propietarios o arrendatarios, y en este caso se incorporarían las externalidades de consumo. El hecho de que el río tenga aguas contaminadas afectaría la calidad de vida de sus habitantes y, en términos de la renta percibida por los propietarios, ésta disminuiría a raíz de las malas condiciones medioambientales del entorno. Las externalidades ambientales se originan a raíz del deterioro o del mal uso de los recursos naturales. La causa de ello radica en “una inadecuada delimitación de los derechos de propiedad y en la ausencia de un marco institucional que permita la compensación por externalidades, otorgando incentivos a los agentes económicos, para alcanzar un óptimo uso de los recursos” (Vázquez Manzanares, 2014). Arthur Pigou es considerado el precursor de la Economía del Bienestar y el principal pionero del movimiento ecologista. Distinguió los costos privados de los sociales, así como también los beneficios privados y sociales, planteando el problema de las externalidades desde una óptica unilateral; esto implica que un agente —productor o consumidor— causa un perjuicio o beneficio a otro, y por esta razón debe ser compensado o penalizado. El actor capaTRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �8 GABRIELA CRISTIANO | MAXIMILIANO MIRANDA҃ZANETTI citado para resolver estas externalidades, según Pigou, es el Estado, el cual (dado un determinado marco legal), a través del otorgamiento de impuestos o de subsidios, puede prohibir/disminuir o incentivar la producción o el consumo de los bienes en cuestión. A modo de ejemplo, cabe mencionar que el Estado podría sancionar a una empresa que contamina por medio de la aplicación de un impuesto, obligándola de algún modo a internalizar esa externalidad negativa. Estos impuestos que permiten corregir esos efectos negativos se conocen como impuestos piguvianos. Ésta sería una forma de incluir, mediante el impuesto, el costo externo provocado a la sociedad en la función de costo (privado) que posee la firma. Por otro lado, Pigou también plantea la posibilidad de mitigar los efectos externos por medio de acuerdos voluntarios celebrados entre las partes, los cuales no generarían ningún costo de transacción. Ambas medidas propuestas no necesariamente eliminarían por completo la externalidad (sí podría hablarse de un nivel óptimo de producción); por otra parte, habría que plantearse que, si se anulase por completo ese efecto externo (contaminación), no existiría la producción de ese bien, razón por la cual habría que analizar a posteriori qué tan beneficiosa es esta nueva situación para la sociedad en su conjunto (Pigou, en Aguilera Klink y Alcántara, 2011). En la gráfica 1, la curva CM (costo marginal) representa la curva de oferta de una determinada actividad industrial que genera un efecto externo negativo. El costo externo marginal (CEM) es la sumatoria del costo marginal de todas las personas afectadas, correspondiente a cada nivel de producción. La curva CSM representa el costo social marginal, y es la suma del costo marginal privado de producción y el costo externo marginal. Como puede observarse, el nivel de producción de la industria es (P1; Q1), donde se igualan la oferta (S) o costo marginal privado (CM) con la demanda (D) o beneficio marginal. Sin embargo, cada unidad de producción genera cierta cantidad de residuos, provocando efectos externos negativos. Éste es un nivel de producción ineficiente. El precio de mercado (P1) es demasiado bajo, y sólo refleja el costo marginal privado de producción de las empresas (CM), pero no el costo social marginal (CSM). La otra aproximación general a las posibles soluciones al problema de las externalidades se deriva de la propuesta general enunciada por Ronald Coase, popularizada posteriormente por George Stigler bajo el nombre de Teorema de Coase, la cual postula que TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y GENERACIÓN DE BIOENERGÍA 9 siempre será posible obtener —bajo ciertas circunstancias—, a través de la negociación, un equilibrio óptimo entre las necesidades de la sociedad y las inevitables externalidades que se generan en la producción —consumo—, indispensables para satisfacerlas. Coase avanza en el análisis y, a diferencia a Pigou, considera que el problema de las externalidades puede llegar a ser un problema recíproco, donde ambas partes estén involucradas (Coase, en Aguilera Klink y Alcántara, 2011). GRÁFICA 1 Externalidad negaঞva en la producción. p CSM S-CM CEM D Q* Q1 Producción de la industria Fuente: Pindyck, Rubinfeld y Beker, 2000. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �10 GABRIELA CRISTIANO | MAXIMILIANO MIRANDA҃ZANETTI 2. EL MODELO DE LA EMPRESA MULTIPRODUCTO. LA INCORPORACIÓN DE EXTERNALIDES NEGATIVAS En el mundo moderno, muchas empresas producen más de un producto. La mayoría de las veces éstos se encuentran relacionados entre sí, pero en otras ocasiones no están vinculados físicamente. Sin embargo, en ambos casos, es muy probable que la empresa tenga ventajas de producción o de costos cuando produce más de un producto. Estas ventajas podrían deberse a la utilización conjunta de factores o instalaciones productivas, a programas conjuntos de marketing o al ahorro de costos por poseer una administración común. En algunos casos, la producción de un producto genera inevitablemente un subproducto que tiene un valor económico para la empresa. Dada la situación anterior, es posible que la empresa tenga economías de alcance. Se dice que existen economías de alcance cuando la producción conjunta de una única empresa es mayor que la producción que podrían obtener dos empresas diferentes que produjeran cada una un único producto, con factores productivos similares distribuidos entre las empresas (Panzar y Willig, 1981). Si ocurriese lo contrario, existen deseconomías de alcance. Cabe aclarar que no existe una relación directa entre los conceptos economías de alcance y economías de escala. Podría darse la situación en que se produjeran únicamente dos productos, y para ello se necesita una pequeña escala; entonces, se tendrían economías de alcance y deseconomías de escala. Las economías de alcance se relacionan con los costos de producción. Si efectivamente existieran economías de alcance en una firma, a la empresa le costaría menos producir dos productos que lo que le costaría a dos empresas diferentes producir cada una un solo producto. La siguiente ecuación (1) indica el grado de economías de alcance que mide este ahorro en costos: (1) EA = C(X1)+C(X2)-C(Xi,X2) C(X1,X2) Cuando existen economías de alcance, EA > 0, dado que C (X1, X2 ) < C (X1 ) + C (X2 ). Cuando hay deseconomías de alcance, EA < 0. Generalizando, puede decirse que, cuanto mayor es el valor de EA, mayores TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y GENERACIÓN DE BIOENERGÍA 11 son las economías de alcance. Ante este planteo, la firma debe decidir qué cantidad debe producir de cada producto. En este caso, podría decirse que se está frente a una función de producción de coeficientes fijos. Esto significa que existe una relación fija entre la cantidad del producto principal a producirse y las cantidades de subproductos que pueden obtenerse a partir del proceso productivo conjunto. Una forma de poder analizar esta situación es a través de las curvas de transformación del producto. Cada una de ellas indica las distintas combinaciones de productos que pueden obtenerse a partir de una determinada dotación de recursos. Particularmente, esta curva tiene pendiente negativa, ya que, si la empresa desea obtener una mayor cantidad de un producto (X), necesariamente deberá renunciar a alguna cantidad a producir del otro (Y). Por otro lado, las curvas de transformación son cóncavas hacia el origen debido a que la producción conjunta generalmente tiene ventajas que permiten a una firma producir una mayor cantidad de ambos productos con la misma cantidad de recursos que dos firmas que produjeran cada producto por separado. Estas ventajas de producción implican la utilización conjunta de los factores (Panzar y Willig, 1981). En el presente caso, se propone estudiar formalmente el proceso productivo y sus alternativas de la siguiente forma: en primer término, se realiza la descripción formal del proceso monoproductivo, que caracteriza la situación tradicional de los establecimientos que sufren la problemática vinculada a la acumulación de residuos. En segundo lugar, se describe la formalización correspondiente al proceso multiproductivo, en el que se plantea la posibilidad de incrementar el beneficio de los subproductos asociados al recupero económico de los residuos que producen las citadas externalidades. I. Proceso monoproducঞvo Función de producción El proceso monoproductivo está caracterizado por la siguiente función de producción: f G:( Y G ,Y E)↦( X G ,e ) TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �12 GABRIELA CRISTIANO | MAXIMILIANO MIRANDA҃ZANETTI donde los vectores YG y YE indican insumos centrales y sucedáneos al proceso productivo, respectivamente (por ejemplo, YE podría contener residuos que, si bien no entran de modo directo dentro del proceso productivo, generan un costo directo —en términos de remoción y tratamiento— dentro de la función de beneficio). Por otro lado, el producto final XG es generado conjuntamente con un vector de elementos de descarte e que generan una externalidad hacia la sociedad. Objeࢼvo del productor Si se considera que el productor tiene como guía de decisión el planteo de intentar lograr el más favorable resultado económico, es posible interpretar formalmente su accionar mediante la política de maximización del beneficio, bajo la que el agente intentará asignar los recursos y procesos de producción de forma tal que se obtenga el máximo beneficio, considerando las restricciones del caso. Este comportamiento se describe mediante el siguiente proceso de optimización: max B = max PX ⋅ XG — rY ⋅ YG — rY ⋅ YE G G E considerando la función de producción fG y los niveles de precios dados por PXG y los vectores rYG y ryE . Se recuerda que el factor de externalidad no entra directamente en la función de optimización del productor, aunque sí debería ser considerado desde el enfoque del bienestar de la sociedad en su conjunto. Si se asume que el agente elige la mejor alternativa, es posible hallar la oferta de producto final y las demandas derivadas de insumos YG (⋅),YE (⋅). Nótese que en este último caso se estaría hablando de forma más específica de un desecho que implica costos para el agente, más que propiamente una demanda pura de un insumo, como ya se ha explicado más arriba. Si bien desde un punto de vista general se puede describir la oferta de producto y las demandas derivadas de forma independiente, en la práctica, en muchas aplicaciones económicas éstas están altamente relacionadas, y no es absurdo pensar que gran parte de los procesos productivos está caracterizada por relaciones de coeficientes constantes o fijos (por ejemplo, piénsese en la cantidad de excretas diarias geneTRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y GENERACIÓN DE BIOENERGÍA 13 radas por un bovino promedio, las raciones diarias para alimentación animal, los rindes por hectárea con base en una determinada cantidad de agroquímicos, entre otros tantos ejemplos). Una vez incorporada la información parcial correspondiente a las demandas derivadas, es viable expresar el objetivo a maximizar como: max B = max PX XG — CVG (XG ) — CF — CVE (XG ) G donde CF denota el costo fijo de la producción. Los costos variables contemplan, por un lado, el costo variable asociado a los insumos directos [CVG (XG )], y por otro, el costo variable asociado a los costos sucedáneos de eliminación de residuos dados por CVE (XG ). Decisión marginal La condición de primer orden que indica al productor la cantidad óptima de producto que debe producir para obtener el máximo beneficio posible está dada por: PX — CMg(XG ) = 0 G en la que CMg(XG ) = CVI’ (XG ) + CVE’ (XG ) indica el incremento en el costo (directo e indirecto) producido por la unidad marginal. De esta ecuación surge XG *, el nivel de producto que maximiza el 1 monto de ganancias en la empresa monoproductora. Nivel de beneficio Si bien la condición marginal indica al productor la mejor opción de producción si perdura en el negocio, el margen de beneficio resalta en importancia en primer término para conocer si efectivamente conviene la permanencia en el negocio (si los beneficios dados por PX XG* — CVG(XG * ) — CF — CVE(XG * ) son positivos, desG 1 1 1 contado todo costo de oportunidad), y en segundo término, para analizar la conveniencia de otro régimen comparativo, como se verá más adelante. Llamaremos al monto máximo de beneficio obtenido en la actividad monoproducto. Costo social Si bien la elección de producción se centra en la visión económica TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �14 GABRIELA CRISTIANO | MAXIMILIANO MIRANDA҃ZANETTI percibida por el productor (por ende, en su beneficio percibido), se hace notar que la actividad productiva genera en términos sociales un término de costos asociados al monto de elementos e, que a su vez generan una externalidad negativa (en términos de contaminación, emisión de gases de efecto invernadero, etc.), que no son directamente observados en el balance de la actividad productiva. El término correspondiente puede expresarse como Ce(e(XG * )), que 1 depende del nivel de producción elegido. II. Proceso mulঞproducঞvo Si se supone que el proceso cuenta con la posibilidad de lograr la producción de productos adicionales al primario, obtenidos por la reconversión de los residuos que causan la externalidad, en tal caso se puede asumir un proceso productivo multiproducto. Función de producción La función de producción característica en este caso está dada por: fG ,S :YG ↦ (XG , XS ) donde el vector YG indica magnitudes de insumos centrales para la producción primaria; por otro lado, el producto final XG es complementado por un vector de subproductos XS , obtenidos mediante un proceso conjunto de reaprovechamiento de los residuos generados que tiene un rédito económico.2 Se puede pensar en el proceso principal intermedio auxiliar gG ,S : YS ↦ (XG ,e) que genera producto principal y residuos, y un proceso de reaprovechamiento de los residuos que los emplea para producir subproductos de rédito económico. Si la función hG ,S : (XG ,e)↦(XG ,XS ) condensa el resultado conjunto de la actividad principal y la reutilización marcada, entonces fG ,S (YG ) = hG ,S (gG ,S (YG )) sintetiza los dos procesos en una única función de producción. 2 Por simplicidad y claridad, se supone aquí que todos los residuos que causan externalidad [e] son reciclados, por lo que la externalidad desaparece completamente. La variante general sería considerar un proceso fG ,S : YG ↦ (XG , XS ,eRES), donde eRES es el monto residual final no aprovechado que seguiría causando externalidad (en un esperado menor nivel). TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y GENERACIÓN DE BIOENERGÍA 15 Objeࢼvo del productor Nuevamente, es posible formalizar el accionar del agente que busca el máximo rédito posible mediante la maximización del beneficio derivado de la multiproducción: max B = max PX XG + PS ⋅ XS — rY ⋅ YG — CR (XS ) G G donde se considera el costo productivo de la reutilización de los residuos e para la producción de los subproductos XS . Si bien la formulación del beneficio parece depender de más de una variable de elección, se recuerda que existe una relación directa entre las variables XG , e y XS , vinculadas por una restricción productiva (como se explicara arriba, las funciones gG ,S y hG ,S implican una relación entre XG , e y XS ). En el caso más simple, esta relación podrá tomar la forma de coeficientes fijos. En definitiva, el mejor resultado económico dependerá en exclusiva de una única decisión. Ésta queda más directamente representada si es expresada en función de la variable productiva principal XG . Denotamos por (XG ) la variable vectorial que relaciona los montos de subproductos con la producción principal, y por xS' (XG ), el vector de derivadas parciales respectivas con respecto a XG . Hallada la oferta de producto final , pueden hallarse luego la oferta de subproductos XS , las demandas derivadas de insumos YG y el vector de residuos e que se producirán por el proceso principal y que deben reciclarse para la obtención de los correspondientes subproductos. Una vez incorporada la información parcial correspondiente a las demandas derivadas, sería viable expresar el objetivo a maximizar como: donde CFG ,S denota el costo fijo de esta producción. Decisión marginal La condición de primer orden que indica al productor la cantidad óptima de producto que debe producir para obtener el mejor rédito posible está dada por: TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �16 GABRIELA CRISTIANO | MAXIMILIANO MIRANDA҃ZANETTI en la que indica el incremento en el costo producido por la unidad marginal, tanto en gasto por mayor necesidad de insumos, como por los costos de reciclado adiel nivel de producto que maxicional. De esta ecuación surge miza el nivel de beneficio de la empresa multiproductora. surge del balance entre el ingreso marginal Nótese que y el coste marginal relativo al incremento de una unidad principal de producción; estos ingresos y costos contemplan los ingresos por venta o aprovechamiento de los pertinentes subproductos aprovechados, y los costos correspondientes a la obtención de tales sucedáneos. Dado el carácter de proceso secundario que posee el reaprovechamiento de los desechos, es probable que los citados efectos, aunque importantes a nivel, no afecten en gran medida el balance marginal, por lo que, en tal caso, no diferiría sustancialmente de . Nivel de beneficio El nivel de beneficio obtenido en el proceso multiproductivo se denota por . Economías de alcance Si (como es de esperar) , esto indica que existen beneficios económicos provenientes del proceso de reutilización de los residuos; esto es, las economías de alcance permiten que la producción conjunta de los productos y sea económicamente rentable, en especial al trocar los gastos de eliminación de residuos en costos de la reutilización que se netean con los beneficios adicionales de la venta o utilización de los subproductos reaprovechados . Costo social Desde el punto de vista social, el pasaje de producción simple a la multiproducción acarrea la disminución del costo social de la externalidad (beneficio de la sociedad en su conjunto no percibido por el agente). Bajo el supuesto de que aquí se reutiliza todo el residuo de la producción, esta disminución de costo está dada por . El modelo indica que, en la medida en que existen economías de escala, o la posibilidad económica de efectuar un aprovechamiento económico de residuos ganaderos, existe un incentivo TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y GENERACIÓN DE BIOENERGÍA 17 para que los productores efectúen una reutilización de los desechos, obteniéndose una solución a la problemática de la externalidad generada, que, contrariamente a los resultados habituales de la teoría, apuntaría en el presente caso a un remedio privado a la problemática de la externalidad, por la vía del aprovechamiento de las economías de escala productivas. La efectividad de tal solución depende de diversas condiciones. A tal efecto, cabe mencionar que sería deseable contar con el accionar conjunto de diversos actores sociales; es decir, sector productivo, organismos científico-tecnológicos y el Estado. Este último podría fomentar este tipo de actividades conducentes a disminuir los impactos nocivos al medio ambiente a través de políticas de fomento y promoción, en las que se contemplen líneas de financiamiento que promuevan el uso de bioenergías, entre otras, tendentes a lograr sinergias regionales. 3. LA PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS AGROPECUARIOS: UNA OPORTUNIDAD PARA AGREGAR VALOR Dentro de la amplia gama de residuos que se originan en las distintas actividades productivas, se encuentran los residuos orgánicos agropecuarios, los cuales son generados en las explotaciones agrícolas, ganaderas y silvícolas, entre otras. Generalmente, estos residuos son empleados en los mismos establecimientos en los que se producen, siendo en muchos casos material que se destina a los suelos en forma de abono o a la alimentación animal. Las producciones agropecuarias de origen animal y de carácter intensivo (tales como los feedlots, tambos, criaderos de aves, cerdos y conejos) dan origen a una gran cantidad de excretas diarias que causan impactos negativos significativos al medio ambiente, si es que no se realiza un tratamiento adecuado. Según un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2006, se afirma que la actividad ganadera, a través de las excretas, genera más gases de efecto invernadero que el sector transporte, medidos en su equivalente en dióxido de carbono (CO2). Por otra parte, el tratamiento del estiércol implicaría una mejora en los indicadores de productividad y rentabilidad del establecimiento agropecuario, otorgando la posibilidad de generar biogás y biol (que es un fertilizante natural apto para los cultivos) por medio del proceso de digestión anaeróbica. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �18 GABRIELA CRISTIANO | MAXIMILIANO MIRANDA҃ZANETTI El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC) afirma que el sector de la agricultura, la silvicultura y otros sectores que hacen uso de la tierra son los responsables de un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, en concordancia con lo confirmado por la FAO. En particular, las emisiones provenientes del estiércol aumentaron en 1.1% en promedio entre 1961 y 2010. Al mismo tiempo, las emisiones provenientes del uso de fertilizantes sintéticos aumentaron un 3.9% en promedio entre 1961 y 2010 a nivel internacional. El 70% de estas emisiones es explicado por los países en desarrollo, y el 80%, por las emisiones provenientes del estiércol bovino (Smith, Bustamante, Ahammad et al., 2014). En el caso de Argentina, el sector de la agricultura y la ganadería generó el 28% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2012 (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2015). Durante los últimos años, la expansión de la agricultura ha opacado el crecimiento de la actividad ganadera. Esto se debió, por un lado, a los elevados precios internacionales de los granos, que incentivaron incrementar la superficie implantada, y, por otro, al paulatino deterioro que enfrentaba el sector ganadero en términos de bajos precios, sequía y pérdida de stock. Esto conllevó a la reducción del número de hectáreas destinadas a la ganadería, extendiéndose la modalidad ganadera productiva de tipo intensivo, como los feedlots. Dada esta nueva situación, los establecimientos se encontraron ante la problemática vinculada al elevado volumen de estiércol que se generaba diariamente. Muchos de ellos hallaron una alternativa válida para darles un destino a las deposiciones bovinas, la cual no sólo contribuyó a solucionar el problema de base. Mediante el tratamiento de las mismas en los biodigestores, se logró disminuir los efectos negativos provocados por las emisiones de metano y dióxido de carbono al medio ambiente, así como también obtener biogás y biol, que es un fertilizante sin efectos residuales. En los últimos tiempos, el número de establecimientos con feedlots que cuentan con biodigestores ha ido en aumento. Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, 2014), se estima que la cantidad de residuos que se generan en todas las cadenas productivas del país asciende a 148 millones de toneladas anuales, que podrían ser reutilizadas para producir fertilizantes y electricidad. De esta forma, los desechos se convierten en insumos TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y GENERACIÓN DE BIOENERGÍA 19 estratégicos, dando paso a una nueva configuración productiva que conserva el medio ambiente, en la que cobran importancia las actividades de generación de energías renovables a partir de la utilización de este tipo de biomasa. El biogás es el producto de la digestión anaeróbica de la biomasa orgánica. Está constituido por una mezcla de metano (CH4), en una proporción que fluctúa entre un 50 y un 70%, y dióxido de carbono, que contiene pequeñas proporciones de otros gases, tales como hidrógeno, nitrógeno y sulfuro de hidrógeno (Tobares, 2013). Los residuos que se pueden utilizar para producir biogás son: los residuos ganaderos y de granjas, purines de cerdo y vaca, estiércoles, gallinaza; los residuos agrícolas, los restos de cultivos de consumo, los residuos de materias primas descartados por la industria alimentaria, tales como los provenientes de industrias lácteas, cerveceras, conserveras, azucareras, mataderos; los residuos pesqueros; los lodos de depuradora; los residuos de plantas de biocombustibles, tales como la glicerina; la Fracción Orgánica de Residuos Sólidos Urbanos (FORSU) y el biogás de vertedero (Tobares, 2013). Por otro lado, el biol, que surge como subproducto de la generación de biogás, es un excelente biofertilizante que, en comparación al efluente sin tratar, es más inocuo, contamina mucho menos el ambiente con olores desagradables y sus nutrientes están disponibles de una manera más asimilable y aprovechable por las plantas, hecho que le permitiría sustituir en parte a los fertilizantes químicos (Bragachini, Mathier y Méndez, 2014). 4. LA IMPORTANCIA DE LA BIOENERGÍA: EL CASO PARTICULAR DEL BIOGÁS Las fuentes renovables de energía están adquiriendo desde hace unos años un papel cada vez más relevante en la agenda pública del mundo y, en particular, de Argentina. Los factores que explican esta tendencia son, por un lado, la preocupación por aumentar la oferta interna de energía, es decir, por la seguridad energética y el autoabastecimiento, y por otro lado, la necesidad de mitigar los efectos del cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. En este contexto, la incorporación de la bioenergía en la matriz energética nacional adquiere especial relevancia. Dentro de TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �20 GABRIELA CRISTIANO | MAXIMILIANO MIRANDA҃ZANETTI estas fuentes energéticas, las que más desarrollo han tenido en el país son el biodiésel, elaborado a partir de la soja, y el bioetanol, elaborado a partir de la caña de azúcar. Se han introducido en la oferta interna de fuentes secundarias en el año 2010, con una participación de 0.76%. En el año 2014, dicha participación aumentó a 1.65%. Argentina ya se está poniendo en marcha para producir biogás, dado que se caracteriza por poseer un sector agropecuario/ agroindustrial fuerte; estas actividades generan una gran cantidad y diversidad de residuos y subproductos que pueden constituirse en insumos de otros nuevos productos (Gruber, Hilbert y Sheimberg, 2010). El potencial que poseen los residuos ganaderos para generar biogás por sí solos no es alto, ya que éstos contienen demasiado nitrógeno y, además, porque son excesivamente líquidos; sin embargo, es posible incrementar su eficiencia mediante el proceso de codigestión, en el que intervienen otro tipo de residuos (Tobares, 2013). Según el Informe del Relevamiento de Proyectos Bioenergéticos en Argentina, el principal motor para la implementación de los proyectos que incluyen producción de biogás está vinculado al hecho de dar solución a la generación de residuos (Grassi, 2012). Para generar el biogás a partir de la digestión anaeróbica de los residuos mencionados, se debe emplear un biodigestor. El mismo consta de un contenedor cerrado, hermético e impermeable, denominado reactor. En él se deposita el material orgánico a fermentar con un cierto porcentaje de agua (Cristiano, 2016). El estiércol debe ser recolectado e introducido en los digestores con el menor contenido de carga inorgánica posible, como por ejemplo tierra u otro contaminante. En consecuencia, para el uso de los biodigestores son preferibles los sistemas intensivos de producción animal, tales como el feedlot con corrales de concreto (Bragachini et al., 2014). Los biodigestores pueden funcionar con un único sustrato o con la combinación de distintos sustratos. En este último caso, el proceso se conoce como codigestión. Por ejemplo, el proceso de digestión anaeróbica en base a silaje de maíz no funciona correctamente, dado que no se generan las condiciones ideales para la degradación por parte de las bacterias. En cambio, si se agregan otros elementos que reduzcan el porcentaje de sólidos y aporten inóculo de bacterias, como por ejemplo estiércol, mejora la capacidad de producción de biogás (Mathier, Bragachini, Méndez et al., s.f.). TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y GENERACIÓN DE BIOENERGÍA 21 La producción de biogás y de su subproducto —el biol o biofertilizante— a partir de estiércol surge como una oportunidad para mejorar el desarrollo económico en el sector agropecuario. Además de reducir el impacto ambiental, la generación de biogás contribuiría con el desarrollo del sector; por un lado, aumentando el valor agregado en las cadenas productivas del sector por medio del tratamiento del estiércol, lo cual da origen a nuevos productos; por otro lado, los establecimientos agropecuarios podrían contar con el biogás, ya que en muchas actividades ganaderas existen etapas de la producción que requieren de combustibles fósiles para generar calor y controlar ciertos procesos industriales, con lo cual se podría reemplazar dichas fuentes energéticas por este biocombustible. El biogás puede ser empleado en el proceso productivo de los establecimientos agropecuarios; a diferencia de otras fuentes renovables de energía (tales como la energía eólica y solar), el biogás puede generar electricidad durante las 24 horas del día (Gruber et al., 2010). Además, el uso del biol incorpora un valor ecológico a los productos y permite aumentar los ingresos y la producción agropecuaria entre un 30 y un 50%, lo que repercute directamente en los ingresos obtenidos por las familias productoras (Martí Herrero, 2013). La otra razón por la que el biogás puede contribuir con el grado de desarrollo del sector es porque permite expandir los servicios energéticos de las comunidades rurales, y de esta manera se promovería el desarrollo rural. La biomasa tradicional, la leña, sigue siendo una fuente energética con alta participación en el consumo energético de la población rural (IAE, 2012). El uso de estas fuentes energéticas de baja calidad y de artefactos ineficientes para la cocción y la calefacción implica altos niveles de contaminación y serios problemas de salud para la población. Los sistemas eficientes de bioenergía —en particular, las estufas que funcionan con biogás— implican múltiples beneficios, tales como la reducción de la presión sobre la forestación y la biodiversidad, la disminución de las enfermedades relacionadas con la inhalación de humo, la reducción del trabajo forzoso de recolectar leña, el ahorro de dinero que hubiese sido utilizado para comprar combustibles, entre otros (Smith et al., 2014). Por otro lado, resulta interesante analizar la evolución del consumo de gas licuado en el sector agropecuario; si bien no ha TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �22 GABRIELA CRISTIANO | MAXIMILIANO MIRANDA҃ZANETTI sido tradicionalmente el combustible que mayor participación ha tenido en el consumo, se ha observado una tendencia creciente en su demanda durante los últimos años. En este sentido, podría pensarse en el biogás como un combustible alternativo para sustituir al gas licuado. En efecto, el biogás, mediante una serie de procesos de acondicionado, puede ser transformado en biometano, que puede utilizarse en las redes de gas natural con usos similares al GNC, o como combustible de motores para generar energía eléctrica; mediante la refrigeración del mismo y aprovechando el calor de los gases de escape (cogeneración), se puede utilizar esta energía térmica (agua caliente) para calefacción u otros usos industriales (Bragachini et al., 2014). Esto sucede porque el biogás no es absolutamente puro, ya que contiene partículas y trazas de otros gases. La purificación del biogás es importante porque permite aumentar el poder calorífico del mismo y cumplir con los requerimientos de algunas aplicaciones de gas, tales como motores, calderas, celdas de combustible, vehículos, etc. (Minenergía, PNUD, FAO y GEF, 2011). 5. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LAS BIOENERGÍAS En Argentina, los mecanismos de promoción de la bioenergía se iniciaron en el año 2001. Sin embargo, los primeros impulsos estaban orientados específicamente a la producción de biodiésel y bioetanol (Decreto 1396/2001, Resolución 1156/2004). Recién en el año 2006, se incluyó al biogás en los marcos de promoción de los biocombustibles a través de la Ley 26,093 del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, reglamentada en el año 2007 por el Decreto 109/2007 (Flexor, Martins Kato y Recalde, 2012). La ley establece que la Secretaría de Energía, actualmente llamada Ministerio de Energía y Minería, será la autoridad de aplicación. Además, dicho organismo tendrá la facultad de fijar las normas de calidad y seguridad, de establecer y llevar un registro de productores y comercializadores, y de aprobar proyectos que puedan ser favorecidos por el régimen promocional. Al mismo tiempo, se crea un régimen especial que favorece a los proyectos de producción de biocombustibles orientados al mercado interno (Chidiak y Stanley, 2009). TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y GENERACIÓN DE BIOENERGÍA 23 Asimismo, se creó la Comisión Nacional Asesora para la Promoción de la Producción y Uso Sustentables de los Biocombustibles para que asista a la autoridad de aplicación (Flexor et al., 2012). En el mismo año se aprobó la Ley 26,190 del Régimen Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica. En 2015 se promulgó la Ley 27,191, con el objeto de modificar algunos aspectos de la Ley 26,190. En efecto, la cuota de energías renovables en la generación eléctrica se determinó en un 8%, a ser alcanzada en el año 2017. Al mismo tiempo, se estableció que la cuota deberá ser del 20% para el año 2025. Para aumentar dicha cuota se planteó un cronograma de sucesivos aumentos: 12% para el año 2019, 16% para 2021 y 18% para 2023 (Art. 8). Por otro lado, se creó un Fondo Fiduciario Público llamado Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), que se conformará como un fideicomiso de administración y financiero. El Foder tendrá por objeto la aplicación de los bienes fideicomitidos al otorgamiento de préstamos, la realización de aportes de capital y la adquisición de todo otro instrumento financiero destinado a la ejecución y financiación de proyectos elegibles, a fin de viabilizar la adquisición e instalación de bienes de capital o la fabricación de bienes u obras de infraestructura, en el marco de emprendimientos de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables (Art. 7). En el año 2016 se reglamentó la normativa a través del Decreto N°. 531. Según esta disposición, se destinarán 12 mil millones de pesos del Tesoro Nacional al Foder. Por último, cabe mencionar específicamente el Proyecto para la Promoción de la Energía Derivada de Biomasa (Probiomasa). En el año 2011, los ministros de Agricultura y de Planificación, a través de las secretarías de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaría de Energía, junto al representante de la FAO en Argentina, presentaron el proyecto. El objetivo principal era incrementar la producción de energía térmica y eléctrica derivada de biomasa a nivel local, provincial y nacional, para asegurar un creciente suministro de energía limpia, confiable y competitiva y, a su vez, abrir nuevas oportunidades agroforestales, estimular el desarrollo regional y contribuir a mitigar el cambio climático (Probiomasa, s.f.). Según Lorenzo (2014), el programa contemplaba la descentralización de la producción de energía a partir de biomasa a distintas escalas, y contaba con líneas de trabajo que apuntaban a la capacitación TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �24 GABRIELA CRISTIANO | MAXIMILIANO MIRANDA҃ZANETTI de recursos humanos y la creación de infraestructura necesaria, el desarrollo de estrategias provinciales y la comunicación dirigida a influir en la política bioenergética nacional. El equipo de Energías Renovables del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con el apoyo del proyecto Probiomasa, llevó adelante el Relevamiento Nacional de Biodigestores con el objetivo principal de proporcionar una herramienta para planificar de manera estratégica el desarrollo de la biomasa en el territorio nacional. Según el diagnóstico inicial, se estima que en Argentina existen más de 60 plantas de biodigestión de diferentes tamaños, tecnologías y usos. Actualmente, se registra la existencia de 40 plantas de generación de biogás, 49% corresponde a grandes instalaciones, 26% a instalaciones medias y 25% a pequeñas plantas (INTI, 2008). CONSIDERACIONES GENERALES La problemática vinculada a la generación de residuos, específicamente en el sector agropecuario, está siendo contemplada como una alternativa para generar bioenergía. En este sentido, se está planteando la posibilidad de tratar los residuos orgánicos por medio del proceso de digestión anaeróbica en biodigestores. Este hecho posibilita a los productores obtener productos secundarios que se desprenden de su actividad principal, ya que a partir del tratamiento de los desechos, más allá de disminuir los niveles de contaminación en aire, agua y suelo, es posible obtener biogás y biofertilizantes, los cuales contribuyen a incrementar el beneficio del productor. Es necesario contar con políticas públicas de promoción e implementación de este tipo de tecnologías para que las empresas conozcan los beneficios que aportan y las adopten. En este trabajo se presentó un modelo formal en el que el tratamiento de las externalidades se plantea de una manera original. La disminución de los efectos externos negativos en la producción es posible si la empresa se convierte en multiproductora y aprovecha las economías de alcance que se desprenden del proceso productivo al realizar un tratamiento de sus residuos. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y GENERACIÓN DE BIOENERGÍA 25 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) (2015). El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2015. Informe de síntesis. Copenhague: Agencia Europea de Medio Ambiente. Aguilera Klink, F. y Alcántara, V. (2011). De la economía ambiental a la economía ecológica. Barcelona: CIP Ecosocial. Bragachini, A. M., Mathier, A. D. y Méndez, A. J. (2014). Oportunidades del sector agropecuario y agroindustrial argentino para la generación de bioenergía en origen. Jornada Nacional de Forrajes Conservados (9 y 10 de abril de 2014). Córdoba, Argentina: Manfredi. 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Palabras clave: Turismo | Agroindustria cañera | Enfoque sistémico | Fortín | Desarrollo sustentable. ► ABSTRACT A characterization of the municipality of Fortin is carried out with the objective of evaluating its differentiating elements that may allow it to get a position in the agrotourism sector, through bibliographic review, field trips, interviews with key actors and surveys to producers; in addition to the use of the Community Capital Framework and systemic approach from the main plantation, the sugar cane, the sugar mill El Carmen and the trapiches was collected. This information will serve as the basis for the implementation of an agrotourism model in Fortin with a view to contribute to the sustainable development of the zone. * Estudiante de la Universidad Veracruzana, Doctorado en Ciencias Agropecuarias. Correo electrónico: karinanicole@hotmail.com ** Profesor-investigador de la Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Correo electrónico: naguilar@uv.mx Recibido: 23 de mayo de 2019 | Aceptado: 26 de julio de 2019 TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 ISSN 2007-1205 | pp. 28-48 �AGROTURISMO CAÑERO EN FORTÍN DE LAS FLORES, VERACRUZ 29 Keywords: Tourism | Sugarcane agroindustry | Fortin | Systemic approach | Sustainable development. INTRODUCCIÓN La Organización Mundial del Turismo, dentro de los objetivos de la agenda 2030, define al turismo rural como uno de bajo impacto ambiental y sociocultural, que facilita la comprensión de la realidad de las comunidades anfitrionas mediante la convivencia auténtica y espontánea con sus anfitriones, así como una derrama económica sustentable para los prestadores de servicios turísticos (Arauz-Beita, 2010). En los últimos años, se ha observado un impulso significativo en el acontecer turístico rural de México. Este fenómeno puede impactar positivamente en la solución de dificultades que caracterizan a los territorios rurales, tales como la pobreza y la marginación (Sandoval-Quintero, 2013). A partir de los cambios que implicó la crisis macroeconómica de 1982, se comenzó a dar mayor relevancia a la capitalización del campo a través de empresas agroindustriales. La gran dependencia de insumos externos derivados del petróleo en la agricultura mexicana acarrea una vulnerabilidad en donde los más afectados son los pequeños productores, los territorios rurales y la biodiversidad. Los actores de los territorios pueden tener iniciativas varias ante estos procesos transformadores; a esto se debe que la diversificación y multifuncionalidad sean elementos de identidad de la nueva ruralidad, y entre esas respuestas está el desarrollo del turismo (Macías, 2013; Villarino Pérez, Uña Álvarez y Cànoves Valiente, 2009). Como turismo rural se han determinado diversas prácticas, dentro de ellas, el agroturismo y el agroecoturismo (Gutiérrez y Pérez, 2014). El agroturismo, generalmente entendido como la visita recreativa a una instalación agrícola en funcionamiento (Barbieri y Valdivia, 2010; Che, Veeck y Veeck, 2005; Nickerson, Polovitz, Black y McCool, 2001), pertenece al ámbito de la multifuncionalidad recreativa, en la cual los propietarios privados ofrecen oportunidades recreativas con un propósito empresarial (Barbieri y Valdivia, 2010). En relación a lo anterior, la Región de las Altas Montañas del centro del estado de Veracruz presenta una gran diversidad étnica, natural y cultural, predominando el paisaje cañero, aunque tamTRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �30 KARINA NICOLE PÉREZ OLMOS | NOÉ AGUILAR RIVERA bién existe un bajo índice de desarrollo humano y alta marginación. En la actualidad se produce un impulso a nivel mundial, nacional y estatal por preservar y aprovechar el patrimonio natural y cultural como una alternativa de desarrollo (García-Albarado, Gómez-Merino, Bruno-Rivera et al., 2018). Sin embargo, existe escasa información acerca de la dinámica socioeconómica y del sector turístico de espacios como el municipio de Fortín, con fines de mejorar las condiciones de vida de productores agropecuarios y prestadores de servicios a través de la incursión en el agroturismo, el desarrollo sustentable y el beneficio en general de la población. Rivera-Hernández, Pérez-Sato, Alcántara-Salinas et al. (2018) llevaron a cabo una revisión de las oportunidades del ecoturismo y el turismo rural para esta región, y concluyeron que estas actividades representan una gran oportunidad, pues allí existen diversos pueblos originarios, tanto rurales como indígenas (principalmente de la cultura náhuatl), que resguardan tradiciones y costumbres ancestrales de esta parte del estado, además de que esta actividad representa una alternativa productiva de aprovechamiento indirecto de los recursos naturales y la cultura de esta región. 1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 1.1. Agroturismo El agroturismo es un tema complejo de estudio, con diferentes definiciones en la literatura y la práctica del turismo (Dubois y Schmitz, 2013; Potočnik‐Slavič y Schmitz, 2013). Para fines de esta investigación, el agroturismo es una actividad en la que la cultura y la vida rural sirven como generadoras de ingresos para ofrecer distintas opciones de diversión, atrayendo así a visitantes a interactuar con la naturaleza, y principalmente en el paisaje agrícola. Siendo el agroturismo una actividad fuertemente influenciada por las características socioeconómicas propias de cada territorio, no existe para su implementación un modelo o fórmula universal. El elemento diferenciador del agroturismo es el enfoque en actividades propias de las explotaciones agrícolas, tales como cosecha, siembra, rodeo, ordeña, elaboración de quesos y conservas, y cuidado de animales, mezcladas con actividades de ocio como caminatas y cabalgatas, entre otras. El turismo rural en general se TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �AGROTURISMO CAÑERO EN FORTÍN DE LAS FLORES, VERACRUZ 31 centra mayormente en el conocimiento y disfrute de la vida rural y el contacto con los habitantes de la localidad en cuestión (Sánchez y Vargas, 2015). El agroturismo aporta una visión verdaderamente sustentable cuando acepta la participación equitativa de la población en los beneficios económicos que aporta, e integra lo agrario como una pieza dentro de la estrategia global de desarrollo sustentable (Rodríguez Alonso, 2019). Por esto, una participación que integre diferentes actores comunitarios, conformando una cadena en el sector, es más favorecedora en la repartición de ingresos y en la consolidación de un destino agroturístico comunitario. Es oportuno aprovechar los recursos agrícolas o agroindustriales como eje principal de una oferta turística a través de rutas. Los productos agroturísticos de este tipo han incidido en el mejoramiento de las condiciones de producción, la revalorización de los saberes locales y la puesta en valor de la actividad agrícola y del producto turístico. En este contexto, la identidad de los alimentos es un elemento fundamental para el desarrollo de rutas alimentarias, las cuales son consideradas como una arquitectura turística (Argüello, Espinoza, Sánchez et al., 2017). 2.2. Agroturismo en México México es bien conocido internacionalmente por su oferta de turismo masivo de sol y playa, con destinos como Cancún, Acapulco, Los Cabos, Puerto Vallarta, entre otros. Pero actualmente el turista se caracteriza por realizar un consumo más exigente y conocedor de la oferta turística. Las alzas del sector turismo en México han sido gracias al aprovechamiento de la diversidad de recursos naturales, enfocándose principalmente en otro tipo de turismo (Hernández, Suárez y López, 2015). Esta diversidad puede ser un factor catalizador que contribuya al mejoramiento del paisaje y a potenciar el turismo rural, como pilares de un desarrollo sustentable e incluyente. Esta dinámica representa una alternativa a la producción agropecuaria desarrollada en regiones que albergan el 35% de la población del país (Gómez, 2013). El turismo rural es la modalidad que ha contado con menor auge, basándose en el aprovechamiento de exhaciendas, zonas de cultivos y productos típicos mexicanos (tequila, mezcal, cacao y TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �32 KARINA NICOLE PÉREZ OLMOS | NOÉ AGUILAR RIVERA vainilla, entre otros), además de otros productos originarios del exterior (Barrera, 2006; Ortiz, 2009). Una de las expresiones agroturísticas más presentes en territorio mexicano son las rutas agroalimentarias. En estas rutas se les ofrece a los visitantes conocer y participar en algunas tareas del proceso de producción del cultivo, así como tener la oportunidad de adquirir artesanías y convivir en torno a tradiciones de la localidad. Se han establecido rutas del cultivo del agave tequilero y mezcalero, del cacao y la vainilla, así como de viñedos y otras agroindustrias. Algunos ejemplos son la ruta del vino y el queso, en Baja California y Querétaro; la ruta del chocolate, en Tabasco; la ruta del tequila, en Jalisco; y la ruta de la vainilla, en Veracruz (Barrera, 2006; Bringas, 2010). En la literatura reciente, en la temática de agroturismo existen estudios como el de Ortiz, Hubert, Bernal y De Souza Valentini (2014) para la ruta del nopal (Opuntia spp.) en una zona rural de la Ciudad de México, en donde se muestra una propuesta innovadora, tomando en cuenta principios de sustentabilidad y preservación patrimonial, pero que luego, por diferentes factores políticos que escapaban de las manos de los actores locales, no pudieron aplicarse de forma efectiva. Sobre el turismo enológico en el centro de México, Renard y Thomé (2016) concluyeron que éste representa una actividad complementaria a otras actividades económicas tradicionales de la zona receptora, debido a su temporalidad, y que puede fortalecer un proyecto turístico, coexistiendo con otras modalidades como el ecoturismo, el etnoturismo o el turismo rural o agroindustrial. También sucede esto en el caso de la ruta de la sal prehispánica, en donde se resalta el carácter multifuncional de la sal y su importancia histórica en la zona en cuestión, pudiéndose aprovechar la actividad turística para hacer más rentable este recurso. En la región centro de Veracruz, la producción de caña de azúcar, azúcar y piloncillo representa la segunda actividad económica y de generación de empleos, siendo sólo superada por la cadena productiva del café (Cortés, Díaz, Cabal y Del Ángel, 2013). En 1642, se introduce uno de los cultivos representativos hoy en día de Fortín: la caña de azúcar. Juan García Valero, fundador de la villa, inició en la zona el cultivo de la caña con fines comerciales, siendo sembrada en grandes cantidades en su Hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe. Para mediados del siglo XVII, existían ya 33 TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �AGROTURISMO CAÑERO EN FORTÍN DE LAS FLORES, VERACRUZ 33 ingenios y trapiches, y para el pueblo de San Lorenzo fue durante muchos años su actividad principal. Por otra parte, en el año de 1800, el cultivo del café es traído a la zona por el español Juan Antonio Gómez (Ayuntamiento de Fortín, comunicación personal, 2019). A pesar de su importancia, la agroindustria de la caña de azúcar (recurso que se convirtió en un verdadero organizador del territorio y de sus principales actividades económicas) presenta una serie de limitantes ambientales, tecnológicos y socioeconómicos. Su producción se desarrolla principalmente en laderas de las cordilleras, donde las condiciones fisiográficas son muy variables y donde predominan áreas de pendientes que varían entre el 10 y el 40%, lo que expone el suelo a un alto riesgo de degradación. La problemática genera baja productividad tanto agrícola como de proceso (ingenio azucarero y trapiches), y deficiencia en la calidad del producto final y alto impacto ambiental, por lo que diversos actores proponen mejorar la productividad del sistema a través de: el ajuste de algunas prácticas de manejo del cultivo y la diversificación del uso de la caña como materia prima (figura 1); el suelo para la producción de hortalizas, frutales y ornamentales, en cultivos intercalados o rotación; y el paisaje agrícola y los trapiches como preeminencia de una ruta agroturística, como patrimonio agroindustrial cañero-azucarero competitivo y sustentable. Las instalaciones agroindustriales cañeras son una parte esencial de la identidad y las dinámicas históricas, culturales y políticas regionales del pueblo veracruzano; sus raíces culturales surgieron de la producción azucarera y en la región tienen una alta disponibilidad de recursos arquitectónicos, ambientales y culturales como patrimonio con valores únicos derivados de esta agroindustria. El objetivo del presente trabajo fue determinar el estado actual de la agroindustria de la caña de azúcar en Fortín de las Flores, Veracruz, y analizar el posible potencial de turismo agroindustrial cañero como alternativa de supervivencia y sustentabilidad de esta actividad productiva. Urquiola Sánchez y Lalangui Ramírez (2016) mencionan que la creación de rutas turísticas constituye una de las vías fundamentales que se utilizan en la actualidad para expandir esta actividad a los lugares más apartados de una región, y hacen una revisión de las principales posturas teóricas del agroturismo. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �34 KARINA NICOLE PÉREZ OLMOS | NOÉ AGUILAR RIVERA FIGURA 1 Productos potenciales de la agroindustria de la caña de azúcar. Abono Orgánico Alimento Pecuario Hongos Comestibles Combustible Rural Azúcares Fermentables Lignoquímica Ron y Aguardiente Piloncillo Cono Tapón Pirinola Cuadreta Orgánico Pulverizado Fertirriego Alimento Pecuario Biogás t Residuos agrícolas de cosecha de caña de azúcar (RAC: Punta, Cogollo, Flores y Hojas) ) Vinazas Producción de caña de azúcar (Saccharum officinarum) Destilería Trapiche Tallos de caña t Biocombustibles Bebidas y Licores Industria Química Industria Farmacéutica Alcohoquímica t Etanol 99.9° GL Alcohol 96° GL Tallos de caña .,,,.,,,Jf ,,,, Miel de Trapiche Electricidad Ingenio Azucarero Cenizas ..,,,.✓ ,,,/ Tallos de caña ; t Mejorador de suelos Industria cerámica ,,,.,,,, ,,,, ______________________________ Melazas Lodo de filtros (Cachazas) Vapor Bagazo integral (fibra y médula) Cogeneración Bagazo hidrolizado y predigerido ♦-------------------------Briquetas y pellets Biogás Etanol 2da. generación Celulosa y Papel Αlfa celulosa Carboximetil celulosa y derivados Tejidos Sacarosa Furfural Refinado Azúcares Fermentables Blanco popular Xilosa Mascabado Xilitol Estándar Tableros de Partículas, Fibras y Cemento Moldeados Materiales compuestos y Composites Lignoquímica Industria de Alimentos Syngas (CO + H2) Industria Química Carbón activado Industria Farmacéutica Hongos comestibles Sucroquímica BioOil -----------• . Alimento Pecuario Ron y Aguardiente Etanol Ácidos orgánicos diversos Abonos Orgánicos Bioplásticos y Polímeros Alimento Pecuario Aditivos de Alimentos Ceras y Químicos Levaduras Productos farmacéuticos Enzimas Fitoesteroles Fármacos Aminoácidos Alcoholes diversos Químicos diversos Bioplásticos Productos agropecuarios l Fuente: Elaboración propia. Linares, García y Rodríguez (2019) proponen metodologías para la evaluación integrada de la sustentabilidad de las dimensiones en las que deben actuar con mayor intensidad los actores del ecoturismo para corregir o mejorar los índices de sustentabilidad, y al mismo tiempo estimular la participación del turismo en función del desarrollo planeado en la región. Varisco (2016) menciona que es necesario un enfoque sistémico que permita un acercamiento al turismo rural como fenómeno complejo, y metodologías que permitan un análisis integral del turismo que incluya la descripción de la demanda, la oferta, la infraestructura, la comunidad receptora y la superestructura, a través de cinco dimensiones: cultural, económica, social, ambiental y política. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �AGROTURISMO CAÑERO EN FORTÍN DE LAS FLORES, VERACRUZ 35 Pupo (2016) concluye que los análisis de identificación del patrimonio industrial azucarero en diversos contextos confirman la necesidad de proponer herramientas metodológicas que puedan aplicarse a diferentes tipos de patrimonio agroindustrial. En este sentido, el modelo para la jerarquización del potencial turístico en ingenios azucareros facilita la caracterización del urbanismo y de la arquitectura, y permite identificar los recursos patrimoniales y su nivel jerárquico según sus potencialidades turísticas para generar fuentes de empleo y diversos beneficios, tanto económicos como sociales y culturales. 2. METODOLOGÍA La región centro del estado de Veracruz (figura 2) presenta recursos y atractivos naturales y culturales susceptibles de aprovechamiento turístico. Sin embargo, no existen investigaciones precedentes que revelen la capacidad de la región para el desarrollo de la industria turística (Aguilera y Calvario, 2014). El presente trabajo de investigación es documental de tipo exploratorio descriptivo, con fuentes bibliográficas (estadísticas institucionales y empresariales, artículos, páginas de internet, libros, reportajes periodísticos), observación participante, recorridos y entrevistas abiertas a diversos actores clave en relación al desarrollo del agroturismo y la tradición histórica en una región cañera (Fortín de las Flores, Veracruz), cuya actividad se encuentra en un estado de supervivencia y crisis socioeconómica y ambiental desde hace varias décadas. La metodología empleada fue desarrollada por Varisco (2016) y Morales-Zamorano, Cabral Martell, Aguilar Valdés et al. (2015), y tiene por objetivo describir actividades relacionadas con la cultura agrícola rural, productos y servicios que conduzcan a diversificar, diferenciar y posicionar el concepto de agroturismo en una región agroindustrial, triangulado con la utilización del marco de capitales de la comunidad (MCC) de Emery y Flora (2009) y Flora, Mary, Fey y Bregendahl (2004). TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �36 KARINA NICOLE PÉREZ OLMOS | NOÉ AGUILAR RIVERA FIGURA 2 Región centro del Estado de Veracruz. 99º0'0"W 98º0'0"W 97°0'0"W 96º0'0"W 95º0'0"W 94º0'0"W 93º0'0"W 23 "0'0"N + 22 "0'0"N 22º0'0"N 21 º0'0"N 21 ' 0'0"N 20º0'0"N 20 ' 0'0"N GOLFO DE MÉXICO 19º0'0"N 19' 0'0"N 18º0'0"N 18' 0'0"N 17°0'0"N 17"0'0"N 100"0'0''W 99º0'0"W 98 "0'0"W 97"0'0"W 96"0'0''W 95"0'0''W 94º0'0''W 93"0'0''W Fuente: Elaboración propia. 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 3.1. Situación actual de Forঠn El municipio de Fortín se encuentra en la parte centro de la zona montañosa del estado de Veracruz (figura 3), dentro de las coordenadas del meridiano 95°56’ al 97°08’, longitud oeste, y del paralelo 18°48’ al 18°59’. Cuenta con una extensión territorial de 104.72 kilómetros cuadrados (Blanco, 2003). Con relación al uso del suelo y la vegetación, el 77% corresponde a la agricultura, frente a un restante 20.80% de suelo urbano, 0.83% no especificado y 0.73% de bosque tropical (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2010). El municipio de Fortín se encuentra habitado por 66,168 personas, siendo éstas 31,198 hombres y 34,970 mujeres (INEGI, 2017). TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �AGROTURISMO CAÑERO EN FORTÍN DE LAS FLORES, VERACRUZ 37 FIGURA 3 Localización de Forঠn de las Flores, Veracruz. 2500000 3500000 Golfo de Mé ico O 2,254 ,5 9 ■■- 13,5 - 16 Km. 2500000 3500000 Fuente: Elaboración propia. A modo de diagnóstico integral sobre el municipio de Fortín y el agroturismo, se utiliza el MCC. Esta metodología no sólo representa una herramienta de análisis, sino que también puede ser una perspectiva que ayude a identificar diferentes partes de una realidad territorial. El concepto de capital hará referencia a los recursos tanto humanos como materiales que pueden ser utilizados para construir otros escenarios o prospectivas en el transcurso de un determinado periodo. Los capitales se clasifican en siete clases, que son: cultural, humano, político, social, financiero, físico y natural (Flora et al., 2004; Flora, 2007; Emery y Flora, 2009). La información que alimenta este diagnóstico (tabla 1) se realizó mediante revisión de literatura de la región, encuestas a productores, entrevistas de actores clave y recorridos en campo en las congregaciones de Coapichapan, Fortín de las Flores, Monte Blanco, Monte Salas, Villa Libertad y Villa Unión, del municipio de Fortín. Estas congregaciones fueron elegidas por la accesibiliTRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �38 KARINA NICOLE PÉREZ OLMOS | NOÉ AGUILAR RIVERA dad y la disponibilidad de actores clave. Las congregaciones, como forma de organización territorial, se remontan a inicios del siglo XVI. Una vez que se dio la conquista de Tenochtitlán en manos de los castellanos, se fueron determinando los centros habitacionales urbanos que a lo largo de 300 años de predominio español se consolidaron en la América septentrional (Salazar-Andreu, 2016). TABLA 1 La acঞvidad agroturísঞca y los capitales de la comunidad en Forঠn. Capital Generalidades • Cultural • • • Capacitaciones en actividades de manejo agrícola, principalmente caña de azúcar y arreglos florales. Predomina educación primaria entre los agricultores. • • Algunas zonas con régimen ejidal. Representantes municipales ante las autoridades de gobierno. • • Inseguridad social. Débil asociatividad en torno a la agricultura e inexistente en torno al turismo. • El café, las flores, la hoja de plátano y la caña de azúcar son los cultivos más característicos del municipio. En la ganadería y avicultura, la industria de aves cuenta con mayor producción. El sector servicios contribuye a la empleomanía del municipio y lugares cercanos. Humano Político Social Financiero • • Físico Natural Importante papel de las flores en manifestaciones culturales (feria de la flor, traje típico, desfiles, eventos religiosos, artesanías, etc.). Música folclórica veracruzana y gastronomía autóctona. • • • Infraestructura turística de hoteles y restaurantes. Buena accesibilidad por carreteras federales y autopistas. Servicios básicos, como agua entubada, energía eléctrica, red telefónica y de internet. • • • Riqueza ecológica forestal federal (Barranca del Metlac). Recursos hídricos (ríos Blanco y Metlac). Balneario Corazón del Metlac, el cerro de San Juan, la laguna del Tule, entre otros. Fuente: Elaboración propia a partir de metodología de Flora et al. (2004). TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �AGROTURISMO CAÑERO EN FORTÍN DE LAS FLORES, VERACRUZ 39 La industria azucarera de la región tiene una extensa línea de tiempo historia, que data del siglo XVI, en la cual existieron pequeñas fábricas y haciendas azucareras conocidas como trapiches y alambiques, establecidas por los conquistadores españoles, cuya producción era fundamentalmente de diversos tipos de piloncillo, alcohol y aguardiente. Durante el siglo XVIII, la producción azucarera experimentó un lento y paulatino aumento, que se consolidó en el siglo XIX con la proliferación de los trapiches (hoy abandonados o parcialmente conservados, en su mayoría), pues, para procesar la caña dentro de su propiedad, casi todos los hacendados construyeron su propio trapiche. Sucedieron también la instalación de las primeras máquinas de vapor y la transformación al modelo de central azucarero; la conclusión de la construcción del ferrocarril México-Veracruz, de 424 kilómetros, en 1873; los vestigios tangibles e intangibles ligados al proceso de siembra, cultivo, cosecha e industrialización de la materia prima (caña de azúcar); tradiciones, folclore, usos y costumbres, valores y actitudes (Mendieta, 2018; García, Thébout, Domínguez et al., 2018). El patrimonio agroindustrial cañero-azucarero de la zona está definido por dos etapas fundamentales, de acuerdo a las conclusiones de Crespo (1988) y Montero-García (2011). La primera, desde 1525 hasta 1900, enmarcada dentro del periodo denominado la edad del fuego directo (uso de bagazo o leña); y la segunda etapa, desde 1900, conocida como la edad del vapor, con la revolución industrial azucarera y la construcción del ingenio Zapoapita en 1896, a 792 metros de altitud (hoy en ruinas), y de El Carmen en 1940, a 950 metros de altitud. Este nuevo tipo de producción requería mayor cantidad de tierras, por lo que se desplaza hacia zonas despobladas y tradicionalmente agrícolas, dedicadas a frutales y ornamentales. El azúcar de caña, en su forma granular y pura, desplazó a los tradicionales trapiches y al piloncillo, considerado hoy un edulcorante deteriorado, sucio y obsoleto, a pesar de ser aún un producto fundamental en la gastronomía e industria alimentaria de la región, quedando sólo trapiches abandonados, con sus instrumentos de trabajo, como las corroídas y oxidadas pailas de hierro (utilizadas en los antiguos ingenios para la cocción de las mieles y la elaboración de los azúcares), el molino y los moldes de barro. En relación a la contemporánea agroindustria de la caña de azúcar en la región, de acuerdo al padrón de productores cañeros (Conadesuca, 2019), el municipio de Fortín de las Flores posee una superficie de 1,936 hectáreas del cultivo de caña de azúcar, y una TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �40 KARINA NICOLE PÉREZ OLMOS | NOÉ AGUILAR RIVERA producción de 86,883.23 toneladas en régimen de secano, de las cuales el 99.4% es para venta al ingenio El Carmen, S.A. de C.V., principalmente, considerado de baja eficiencia en campo y fábrica, y de sustentabilidad, al expandir su superficie de cosecha deforestando selvas, de acuerdo a Aguilar-Rivera (2019). Y el resto del cultivo es para la producción en trapiches, para alimento pecuario o para semilla cañera. La caña se transporta en camiones, en su mayoría propiedad de los productores, recorriendo distancias desde menos de 5 km (3.4%), de 5 a menos de 10 km (14.42%), de 10 a menos de 15 km (28.02%), de 15 a menos de 20 km (22.44%) y de 20 o más km (31.7%), por carreteras pavimentadas (82.2%), caminos de terracería (43%) o brechas (0.9%) (figuras 4 y 5). FIGURA 4 Zona de abasto cañero del ingenio El Carmen, ubicado en Ixtaczoquitlán, Veracruz. Go l fo de México ,.,.... 1 OAXACA * .-o,no"Dc.-,,,,n.----• ........-"""..,.,_ Fuente: Elaboración propia. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �41 AGROTURISMO CAÑERO EN FORTÍN DE LAS FLORES, VERACRUZ FIGURA 5 Producঞvidad del ingenio El Carmen (1999-2019). ., llbOO " JHOO ., ODl)ó MOO ,. " . 1Q óDOO ;:¡ .... "' ., JbOO " ,.oo "' - S.pnflo" M'lll b-rRdn e•"> -R(ad un ic-uto de- C11D1po ( t • n) Fuente: Elaboración propia, con datos de Conadesuca (2019). El ingenio El Carmen ha presentado tasas negativas de crecimiento (%) desde hace varias décadas (tabla 2). TABLA 2 Tasas de crecimiento del ingenio El Carmen. Tasa de Crecimiento Superficie cosechada Rendimiento Producción Ingenio El Carmen Región Córdoba-Golfo Ingenio El Carmen Región Córdoba-Golfo Ingenio El Carmen Región Córdoba-Golfo 1997-2003 4.72 -0.51 -1.92 -1.33 2.81 -1.84 2004-2010 0.01 0.36 -4.26 -3.52 -4.25 -3.17 2011-2017 -12.52 2.98 1.11 0.97 -11.41 3.95 1997-2017 0.09 1.56 -1.9 -0.59 -1.8 0.96 Fuente: Elaboración propia, con datos de Conadesuca (2019). En relación con el manejo del cultivo, el 90.6% de las labores es de tipo familiar. Sobre las variedades o cultivares sembrados, el 87.62% de los productores cañeros emplea la variedad MEX 69-290 en ciclo resoca, 72.34% en ciclo soca, y 62.85% en ciclo planta o renovación del campo. El 96% de los productores carece de asistencia técnica, y ante la caída de la productividad cañera (figura 5) y los problemas financieros del ingenio en el pago de las liquidaciones en los últimos años, los productores complementan su ingreso con TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �42 KARINA NICOLE PÉREZ OLMOS | NOÉ AGUILAR RIVERA el cultivo de otros productos agrícolas (plátano para velillo, café, chayote y ornamentales) (46.6%), cría y explotación de animales (4.22%), comercio (6.34%), pensiones y apoyos sociales (21.87%), y otras actividades (14%), y son exclusivamente dependientes del ingreso cañero el 24% de los productores. El nivel educativo de los productores presenta los siguientes porcentajes: nulo (sin saber leer ni escribir), 11.76%; sabe leer y escribir, 4.82%; primaria, 60.03%; secundaria, 15.53%; bachillerato, 7.23%; y licenciatura, 5.42%. Los servicios públicos con que cuentan las viviendas de los productores son: agua entubada (95.8%), electricidad (98.95%), drenaje (81.9%), otros servicios (12.97%), y 0.45% no cuenta con ninguno de los anteriores. De los productores, 74.36% tiene acceso a servicios médicos institucionales (Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Seguro Popular, Centro de Salud). En este sentido, algunos de los productores que accedieron a participar realizaron los siguientes comentarios: En cuatro hectáreas, tres para el ingenio y una para alimentar animales, la caña rinde de 50 a 80 t/ha, dependiendo de la lluvia. Aquí en la zona de Fortín es práctica común alimentar al ganado con caña, ya sea producida o comprada a los demás productores; además existen algunos trapiches rústicos. Pese a la lejanía con el ingenio, éste sigue comprando la caña debido a que necesita más caña, que no puede ser abastecida con los campos cercanos debido a la caída de la productividad. Producir caña con dos hectáreas es rentable para esta superficie sólo si el rendimiento es mayor de 70 t/ha, y al precio de liquidación que actualmente tiene de 724.542 pesos por toneladas. Y si el ingenio nos impulsa con fertilizante, créditos para siembras, como pequeños productores no nos conviene echar a andar el trapiche porque sale más caro, y luego los coyotes nos pagan poco por la producción y perdemos más. Sólo le entramos si se nos queda la caña u otros productores vecinos nos la venden. En relación a otros ingresos, ganado no tengo, trabajo como jornalero, y sólo cuando volteo la caña siembro frijol. La caña es rentable, siempre y cuando se tenga agua; el rendimiento varía de 50 a 80 t/ha, dependiendo de la fertilización. Se siembra caña a pesar de que el ingenio no paga puntualmente desde hace varias zafras, porque él viene a recogerla TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �AGROTURISMO CAÑERO EN FORTÍN DE LAS FLORES, VERACRUZ 43 debido a que aumenta su rendimiento a pesar de la distancia. Como negocio, se levantan tres hectáreas para el ingenio, para conservar el seguro social, y el resto se da a las vacas de forma integral, como práctica común entre los productores vecinos; o bien se vende a otros ganaderos o a los trapiches cercanos. El cañaveral, el trapiche y el sector piloncillero, ante la baja rentabilidad de ser proveedor del ingenio azucarero regional, deberá aplicar una estrategia en tres etapas (corto, mediano y largo plazo), donde se busque el mejoramiento de la calidad del producto; luego, el mejoramiento de su proceso productivo; y finalmente, la actualización o tecnificación de su maquinaria. Entonces será posible fortalecer y aumentar la competitividad de esta agroindustria (Cortés, Díaz, Cabal y Jiménez, 2013), así como la búsqueda de opciones como el agroturismo cañero. El valor de la agroindustria de la caña de azúcar como sitio histórico equivale a habilitar condiciones ambientales, tecnológicas y de seguridad, sin llegar a desvirtuar su naturaleza y resaltando las características que permitan su óptimo aprovechamiento. Es decir, incorporar el potencial económico del sector cañero regional mediante un proceso de rescatar nuevos espacios, diferenciar y posicionar el concepto de agroturismo; la restauración de instalaciones, servicios y zonas exteriores; la diversificación de productos; la refuncionalización; la revalorización histórica de los asentamientos, la infraestructura industrial y la naturaleza; incluso, la instalación de museos como lugar de intercambio cultural y de adquisición de conocimientos, como los casos del Museo Preindustrial de la Caña de Azúcar, el Museo de la Caña de Azúcar de la hacienda Piedechinche, el Museo del Ron, entre otros. El agroturismo cañero puede funcionar como un motor del desarrollo económico regional, debido a que su realización genera muchas externalidades positivas, que lo convierten en un potente instrumento de desarrollo y de difusión cultural. Debidamente capacitados y organizados, los agricultores pueden encontrar en este tipo de turismo nuevas perspectivas de desarrollo y de diversificación para sus productos (Morales-Zamorano et al., 2015). En este sentido, es necesario utilizar todos y cada uno de los bienes del patrimonio, las estructuras sociales y los valores históricos patrimoniales y culturales del ingenio, los trapiches y el paisaje cañero, conforme a su función productiva, histórica, económica, TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �44 KARINA NICOLE PÉREZ OLMOS | NOÉ AGUILAR RIVERA social, ambiental, etc., destacando sus características hasta rehabilitarlos, en condiciones de cumplir a plenitud la doble función de continuar con la actividad económica convencional y agroturística a que serán destinados (por ejemplo, la ruta del vino, en Baja California; la ruta del tequila y el mezcal, en Jalisco; la ruta del café, en Colombia; la ruta de la yerba mate, en Argentina; y la ruta del vino y del pisco, en Perú). Es decir, analizar el estado tecnológico, ambiental, los factores de localización, de desarrollo y socioculturales, en relación a potencialidades turísticas que resalten los recursos naturales y culturales de un cluster turístico agroindustrial cañero con el paisaje cañero. Con base en la localización y la distribución geográfica de los cañaverales, ingenios azucareros y trapiches, Naranjo, Rodríguez, Novoa y Ruiz (2018) proponen el establecimiento de corredores, rutas, circuitos, caminos o itinerarios, recorridos o senderos. Éstos son productos turísticos y al mismo tiempo una herramienta para educar a favor de la conservación, el desarrollo sustentable y el bienestar social, lo cual se logrará a través de las propias actividades turísticas que conformarán los senderos, circuitos o productos turísticos, y también a través de actividades en paralelo que los senderos generarán con los productores de caña o dueños de trapiches. Por ejemplo, un museo de sitio o interactivo para mostrar al turista una plantación o cañaveral orgánico y convencional con distintas variedades; participar en la siembra, corte de caña y la zafra, molino de tres rodillos de madera; visitar trapiches y alambiques tradicionales y modernos, donde se procesan y se obtienen diferentes productos, como jugo de caña (guarapo), envasado y recién extraído por el visitante; degustar trozos de caña, miel de trapiche o caña, piloncillo de diversas calidades y presentaciones (cono, pirinola, cuadreta, granulado); catar aguardiente y ron de caña (agrícola) o de melaza (ron industrial); conocer artesanías, costumbres, leyendas y tradiciones; degustar dulces tradicionales, postres y la gastronomía de la región, en los que esté presente la miel de caña y el piloncillo; los procesos de transformación de la caña en azúcar mascabado, morena y blanca en un ingenio azucarero real; y el uso sustentable de los subproductos (hojas de caña, bagazo, cachazas, cenizas) para la producción de alimento ganadero, hongos comestibles, combustible rural y abonos orgánicos; a la par de recorridos a pie, en bicicleta y a caballo por los cañaverales y otras agroindustrias; observar flora y fauna en su ambiente natural TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �AGROTURISMO CAÑERO EN FORTÍN DE LAS FLORES, VERACRUZ 45 y visitar otros atractivos relevantes del destino, como la tradicional producción y venta de ornamentales. CONCLUSIONES El ecoturismo agroindustrial cañero propuesto en este trabajo es una modalidad potencial que podría desarrollarse dentro de las áreas rurales productoras de caña de azúcar o cañaverales y en los trapiches piloncilleros, y que ofrecería posibilidades en términos de sustentabilidad económica, social y ambiental para las comunidades y la valoración de las culturas tradicionales, así como el rescate de la biodiversidad natural y social de los territorios productores de caña de azúcar y otras agroindustrias, como café, ornamentales, hortalizas, frutales, etc., que, junto a la presencia de diversos ecosistemas nativos y actividades agrícolas, constituyen el patrimonio de Fortín de las Flores, Veracruz. El conjunto de servicios, recursos humanos altamente capacitados, infraestructura, oferta de hospedaje, restaurantes, agencias de viajes, empresas de transporte, guías de turismo e infraestructura se integra a los servicios básicos (agua, luz eléctrica, teléfono, internet, vialidad, seguridad pública). La capacitación e incluso la rehabilitación de diversos espacios (cañaverales, trapiches, etc.) y la creación de mayor infraestructura turística y cultural (como museos, mercados de artesanías, manuales, libros, folletos, etc.) se relacionan conjuntamente con los atractivos naturales y culturales, bajo un enfoque sistémico transversal de sustentabilidad de la región. La capacidad de innovación e investigación y desarrollo (I+D) en la industria de la región y las universidades para crear un mayor desarrollo turístico competitivo son factores que a su vez son básicos para el éxito de estos proyectos. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Aguilar-Rivera, N. (2019). 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El marco teórico general de análisis es la perspectiva del desarrollo humano sustentable como ámbito de acción para evaluar su avance, considerando el vínculo de la equidad con los derechos humanos y la justicia social (aspectos que la sustentan). Palabras clave: Capacidad | Desarrollo humano sustentable | Equidad en salud | Justicia social | Libertad. ► ABSTRACT The aim of this paper is to analyze the notion of equity in health as a capacity to trigger opportunities and freedoms related to access to health, which allow not only a better level of health of the population, but also a greater social development for the benefit of present generations and future. From the theoretical perspective of sustainable human development as a field of action to evaluate its progress considering its link with human rights and social justice (aspects that support it). Keywords: Capacity | Sustainable human development | Equity in health | Social justice | Freedom. * Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias de la Comunicación. Correo electrónico: lilia.mendozaln@uanl.edu.mx ** Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto de Investigaciones Sociales. Correo electrónico: esteban.picazzopln@uanl.edu.mx Recibido: 14 de febrero de 2019 | Aceptado: 25 de julio de 2019 TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 ISSN 2007-1205 | pp. 49-76 �50 LILIA MARICELA MENDOZA LONGORIA | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA INTRODUCCIÓN A nivel mundial, la falta de equidad entre hombres y mujeres, entre zonas urbanas y rurales y entre ricos y pobres constituye la más grande falta al concepto básico de justicia social, así como una amenaza para el futuro de la humanidad. En el campo de la salud, el estudio de la equidad en la búsqueda de la universalización de los derechos sociales y económicos en los países ha cobrado importancia durante las últimas décadas. No obstante, este término depende mucho del contexto en que se emplee, es decir, de los valores éticos y morales dominantes de la sociedad en que se trate, lo que implica la existencia de múltiples formas de interpretarla y medirla. En este contexto, el objetivo del presente artículo es examinar la noción de equidad en salud como una capacidad detonadora de las oportunidades y libertades relacionadas con el acceso a la salud, las cuales permiten no sólo un mejor nivel de salud de la población, sino también un mayor desarrollo social en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Para ello, se utilizan datos empíricos de las recomendaciones internacionales y las políticas nacionales en salud que impactan la equidad en esta materia. El trabajo está dividido en varias secciones. Inicia con una revisión crítica de las distintas acepciones de equidad, para después tratar el modo en que se ha abordado el concepto y su operatividad desde organismos mundiales que influyen sobre la agenda en salud. Posteriormente, muestra cómo se ha buscado la equidad en el sistema mexicano de salud en los últimos 30 años y, finalmente, plantea la perspectiva del desarrollo humano sustentable como una propuesta alternativa más holística e integradora de acción, para evaluar y valorar la equidad en salud. Dicha propuesta considera que en el ámbito de la salud, la equidad radica no sólo en que los individuos gocen de un trato igualitario, sino que además se contemplen sus diferentes condiciones, lo que significa un trato no igualitario, sino equitativo, que permita brindar oportunidades diferentes para que los individuos puedan desarrollar sus distintas libertades y oportunidades en la vida. En este mismo tenor, Amartya Sen (1985) señala que la equidad en el campo de la salud constituye la presencia de igualdad en las libertades de las personas, es decir, en las libertades reales de hacer y ser lo que la gente esté dispuesta a valorar con su vida, en particular con la salud. Asume también que ninguna concepTRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �EQUIDAD EN SALUD: UNA CAPACIDAD PARA LAS PRESENTES Y FUTURAS GENERACIONES 51 ción de la justicia social que acepte la necesidad de una distribución equitativa y de una formación eficiente de las posibilidades humanas puede ignorar el papel de la salud en la vida humana y en las oportunidades de las personas para alcanzar una vida sana, sin enfermedades, ni sufrimientos evitables, ni mortalidad prematura. Por lo tanto, para Sen (2000), la equidad reside en la realización y distribución de la salud, y constituye una parte integral de un concepto más amplio de la justicia. De este modo, la equidad en salud es un concepto multidimensional que no radica sólo en la distribución de la atención sanitaria, sino que además engloba aspectos relacionados con el logro de la salud y la posibilidad de contar con buena salud y con la justicia de los procesos sociales para toda la población, y en particular, en beneficio de los grupos más vulnerables (Sen, 2002), permitiendo que se presenten mejores escenarios en la calidad de vida del ser humano. En el ámbito de los servicios de salud, una distribución igualitaria puede resultar inequitativa desde la perspectiva de la justicia social, mostrando que los sectores más vulnerables de la sociedad necesitan una atención y consideración especial a la hora del diseño de las políticas en salud, y que la distribución de los recursos se dé en una proporción mayor que en el resto de la sociedad. 1. ABORDAJES DE LA EQUIDAD EN SALUD Con frecuencia se considera que para alcanzar una sociedad más justa, se debe formular el principio de igualdad como el ideal distributivo por excelencia; es decir, por lo general se piensa que un mundo más justo es aquel en donde sus habitantes son más iguales, pero ¿iguales en qué? Pensadores como Sen (2000) han cuestionado la simplicidad que subyace detrás de lo que podría considerarse una posición ingenua sobre la igualdad social. Por ejemplo, bajo el principio de igualdad se condenaría a recibir bienes y servicios iguales a una persona sana y a una con capacidades diferentes, lo que con dificultad se ajustaría a un ideal de justicia equitativa, pues son mayores las necesidades de esta última persona. Sen (1980) realiza una crítica extensa de tres enfoques que debaten el criterio moral de la igualdad: 1) la igualdad utilitarista, 2) la igualdad de la utilidad total, y 3) la igualdad de bienes sociales priTRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �52 LILIA MARICELA MENDOZA LONGORIA | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA marios de Rawl. Su conclusión revela que las tres posturas tienen fuertes limitaciones que impiden, incluso, crear una nueva teoría combinándolas, por lo que plantea una propuesta alternativa de la igualdad, que denomina igualdad de capacidad básica, argumentando que hay necesidades como la no explotación o la no discriminación, las cuales no pueden ser medidas por estos enfoques, pues requieren el uso de información que éstos no pueden percibir. La igualdad de capacidad básica de Sen (1980) propone un enfoque diferente de evaluar y valorar el bienestar desde la perspectiva de la habilidad de una persona para hacer o alcanzar actos que valore, infiriendo que “lo que falta […] es una noción de capacidad básica: que una persona sea capaz de hacer ciertas cosas básicas”. Por lo tanto, el enfoque de la igualdad de Sen (1985) busca medir el bienestar haciendo referencia a aspectos relacionados con las habilidades, ventajas y oportunidades de las personas, concretamente con los logros del ser humano o su calidad de vida, es decir, con la libertad que tiene el individuo para ser y hacer cosas valiosas, lo cual difiere de la visión economicista del bienestar. Asimismo, Kadt y Tasca (1993) señalan que existe un gran debate conceptual entre los términos de equidad e igualdad, ya que detrás del concepto de equidad está el de la injusticia, mientras que con respecto a la igualdad se da una fuerte connotación de aspectos morales y políticos. Ellos también contemplan tres posibles situaciones donde se puede presentar una relación entre la equidad y la desigualdad: 1) desigualdad con inequidad (por ejemplo, servicios públicos más accesibles para grupos más privilegiados), 2) inequidad sin desigualdad aparente (esto se presentaría si se diera una buena oferta de servicios, pero sin afectar y llegar a los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la población), y 3) desigualdad aparente sin inequidad (en esta relación, los recursos se asignan de manera desigual, a fin de compensar a los grupos más vulnerables y desfavorecidos). Para Paganini (2000), la salud y la equidad se deben fusionar a partir de las definiciones de justicia de Aristóteles, es decir, “una acción intencionada de una sociedad sobre la base de una justicia social, distributiva y correctiva”. En el mismo tenor, Sen (2000) menciona que la equidad en salud no puede dejar de ser un atributo central de la justicia de los acuerdos sociales en general, y que su análisis no le concierne únicamente a la salud vista aisladamente, sino que debe abordarse desde el ámbito más amplio de la imparTRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �EQUIDAD EN SALUD: UNA CAPACIDAD PARA LAS PRESENTES Y FUTURAS GENERACIONES 53 cialidad y la justicia de los acuerdos sociales, incluida la distribución económica, la relevancia del papel de la salud en la vida y la libertad humanas. Asimismo, sugiere que la equidad en salud sea percibida como una disciplina bastante amplia que se ajuste a las muy diversas y dispares consideraciones, aunque coincidentes en que ésta es fundamental para entender la justicia social. Sin embargo, es importante subrayar que la salud interactúa en el ámbito de la justicia social de varias formas, percibiendo e interpretando los acuerdos sociales indistintamente, lo que, en consecuencia, determina la multidimensionalidad de la equidad en salud (Sen, 2000). Por otro lado, a partir de la preocupación por este tema en los últimos años, se fortalece la idea de que la salud no es un problema individual propio de la carga biológica y el comportamiento, sino que también guarda estrecha relación con las circunstancias sociales y las políticas públicas, lo que hace que la equidad en salud tenga un alcance y una relevancia enormemente amplios, pues está enraizada en el orden de pensamientos y reflexiones ético-valorativos, filosóficos y políticos que rodean el discurso de la equidad social, la cual, a su vez, es entendida como el eje central de la estabilidad social y económica de una sociedad (Sen, 2002; Evans, 2002; Arteaga, Thollaug, Nogueira y Darras, 2002). Se puede considerar entonces que los factores principales que influyen en la manera de entender la equidad en salud son la disciplina que la estudia y la postura filosófica que se asume, por lo que se hace necesario identificar sus umbrales con respecto a la teoría de la justicia social en general y, de manera específica, a la de la justicia sanitaria. En el ámbito de la salud, se reconocen cuatro enfoques contemporáneos de justicia como la base sobre la cual están fundados los sistemas de salud y las concepciones actuales de equidad en salud: 1) los liberales, quienes pugnan porque la salud sea exclusiva del ámbito privado y de libre mercado, pretendiendo reducir la intervención del Estado a programas básicos para los más pobres; 2) los utilitaristas, que fundamentan sus criterios distributivos en la maximización de la suma de utilidades, las preferencias y los valores individuales; 3) los contractualistas, cuya base se sustenta en un contrato que debe ser acordado a través de procedimientos; y por último, 4) los igualitaristas, quienes fundamentan la justicia sanitaria en modelos propuestos por el marxismo y la filosofía comuTRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �54 LILIA MARICELA MENDOZA LONGORIA | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA nitaria, considerando altamente la solidaridad y la unidad social (Vega-Romero, 2001). Desde otro ángulo, se distingue cierto consenso sobre dos facetas o dimensiones desde las cuales se observa la equidad en salud: la primera es la dimensión societal de la salud, la cual considera en su definición, ya sea implícita o explícitamente, procesos sociohistóricos (tales como la pobreza, el ingreso monetario, la educación, la nutrición, el acceso a agua potable y las condiciones de higiene, entre otros), y está conformada por los determinantes sociales, económicos, políticos y culturales de la salud, expresados en condiciones concretas de vida y trabajo de los grupos sociales. La segunda es la dimensión propia de la salud, que considera los procesos propios del sector salud (como el acceso a los cuidados sanitarios básicos y la atención hospitalaria, e incluso diferencias en los resultados de salud de grupos específicos), compuesta por el acceso a los servicios de salud, la calidad de la atención y los resultados de salud (Linares-Pérez y Arellano, 2008). Bajo esta dinámica, los distintos abordajes tratan de explicar y operacionalizar el concepto de equidad en salud. Entre ellos, según la literatura sobre el tema, se encuentran más frecuentemente la visión de justicia sanitaria de Margaret Whitehead (1991), el enfoque de los determinantes sociales y económicos de la salud, y la perspectiva de los derechos y valores. Con respecto a la teoría igualitarista de justicia sanitaria, Whitehead hace una marcada distinción entre los términos desigualdades en salud e inequidades en salud. La autora se refiere al primero como diferencias sistemáticas y significativas de salud entre los miembros o grupos poblacionales; mientras que el segundo, desde una dimensión moral y ética, consiste en las desigualdades que son innecesarias y evitables, pero que además se consideran arbitrarias e injustas. Para calificar una situación dada como inequitativa, Whitehead señala que es necesario examinar la causa que la ha creado y juzgarla como injusta en el contexto de lo que sucede en el resto de la sociedad. La Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud (CDSS), por su parte, observa la salud desde las condiciones sociales en las que viven y trabajan las personas, considerando indirectamente los factores de riesgo individuales. Se asume con ello que la equidad en salud debe estar dirigida a promover la reducción de las diferencias injustas de salud entre los diferentes grupos humanos, las cuales TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �EQUIDAD EN SALUD: UNA CAPACIDAD PARA LAS PRESENTES Y FUTURAS GENERACIONES 55 son el resultado de la estratificación social producida por una distribución desigual del poder, los ingresos, los bienes y los servicios (Peñaranda, 2013). Desde la óptica de los derechos y los valores, la equidad, tanto a nivel de salud como de acceso a sus servicios, es entendida como el valor principal que, junto con otros (como la solidaridad), sustenta el derecho a la salud. Asimismo, representa el propósito fundamental que sostiene a todo sistema de salud y la posición ética frente a la responsabilidad del Estado de entregar salud para todos (Requena, 1997). Aunque estos abordajes no son los únicos marcos explicativos de la equidad en salud, lo importante en ellos son sus esfuerzos por reconocer las desigualdades en salud y promover acciones para su reducción desde el marco de la justicia social, cuestionando rigurosamente el modelo de desarrollo prevaleciente y el papel de las instituciones en la salud de las personas. En el ámbito específico de los servicios de salud, Frenk (1994) ha señalado que para lograr la equidad se debe lograr una mejor distribución de los servicios, de manera que éstos sean proporcionados a las necesidades de salud, independientemente de la contribución previa de la persona; y propone una igualdad de esfuerzos en la búsqueda y obtención de los servicios de salud. Por otra parte, para Whitehead (1991) la equidad no significa que todos deban tener el mismo nivel de salud y consumir la misma cantidad de servicios y recursos, sino que deben considerarse las necesidades de cada uno; e identifica cuatro tipos de equidad dentro de los procesos de atención médica: 1) igualdad en el acceso disponible para igual necesidad, 2) igualdad de utilización para igual necesidad (referida a la adecuada distribución de los recursos de salud existentes entre los individuos que los necesitan), 3) igualdad en la calidad de la atención, y 4) igualdad en el resultado. Otro punto a destacar es la importancia de la medición y los indicadores. Al respecto, Anand, Diderichsen, Evans et al. (2002) mencionan que para poder construir cualquier medida que fundamente la equidad en salud, se deben considerar cinco aspectos importantes: 1) el estado de salud, 2) los grupos de población en los que se describen las diferencias o inequidades en salud, 3) el grupo de referencia o norma con la cual se comparan las diferencias, 4) los intercambios que se puedan realizar entre las mediciones absolutas y relativas, y 5) la magnitud atribuida a la (mala) salud de los TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �56 LILIA MARICELA MENDOZA LONGORIA | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA individuos o grupos en los distintos puntos de la distribución de la (mala) salud. 2. LA EQUIDAD DESDE UNA MIRADA INTERNACIONAL En la salud internacional está documentado que en los últimos 50 años del siglo pasado muchos países lograron que las condiciones de salud mejoraran más que en cualquier otro periodo de su historia. Incluso en algunos de los países más pobres se alcanzaron progresos importantes, con aumentos en la esperanza de vida y mejorías de la supervivencia infantil, como es el caso de algunos países de la África subsahariana, en donde la edad media de muerte disminuyó entre cinco y dos años en el decenio de 1990 a 2000. Sin embargo, al desagregar los datos para conocer con mayor profundidad los casos de los distintos grupos sociales, aparecen disparidades bastante preocupantes (Evans, 2002). Estos patrones también son observados en los países más ricos del mundo, según Evans (2002, p. 3): en Estados Unidos, Holanda, Finlandia y Gran Bretaña existen diferencias de entre cinco y hasta 16 años en la esperanza de vida al interior de sus poblaciones entre ricos y pobres. Asimismo, señalan la presencia de desigualdades en salud en países como Canadá y Reino Unido, a pesar de contar con políticas universales de acceso a los servicios de atención a la salud. Lo anterior reafirma que las diferencias existen en todo el mundo, ya sea entre países o dentro de ellos; y que las oportunidades para gozar de una buena salud son muy desiguales, tanto en los países ricos como en los pobres, independientemente de si sus resultados en salud son altos o bajos. A su vez, también contradice la idea de que la pobreza absoluta es el principal determinante de las inequidades en salud, puesto que existen diferencias en todos los países y en todos los sectores, incluso en las zonas donde la privación material es menor (Diderichsen, Whitehead, Burström y Östlin, 2002). No obstante, los organismos de las Naciones Unidas sostienen que la causa más grave de enfermedad en el mundo es la pobreza, tanto en el ámbito internacional como en el nacional. Esto quizá debido a la existencia de evidencias cada vez más convincentes del vínculo entre pobreza y salud, tal como lo revelan las estadísticas que se publican diariamente (Sonis, 2001), demostrando que la poTRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �EQUIDAD EN SALUD: UNA CAPACIDAD PARA LAS PRESENTES Y FUTURAS GENERACIONES 57 breza y la mala salud son fenómenos interrelacionados. Es decir, la pobreza genera mala salud y la mala salud hace que los pobres sigan siendo pobres, pues ésta se asocia con frecuencia a considerables costos de atención sanitaria. Esta relación también refleja un consenso creciente de que las desigualdades entre los ricos y los pobres con respecto a los resultados sanitarios son injustas, no porque los pobres sean de algún modo más merecedores que los que tienen más dinero, sino porque estas desigualdades corresponden obviamente a las limitaciones y oportunidades muy diferentes que tienen unos y otros, y no a una tendencia de los dos grupos a hacer elecciones diferentes (Wagstaff, 2002, p. 316). En la destacada obra Desaío a la falta de equidad en la salud: De la ética a la acción (Evans, 2002), se conjuntan más de 15 investigaciones realizadas en varios países del mundo, como China, Japón, Estados Unidos de América, Chile, Rusia, Tanzania, Sudáfrica, Kenia, Bangladés, Gran Bretaña, Suecia, México y Vietnam, entre otros. En ellas se abordó, desde una óptica de equidad, el estudio de varios de sus cimientos conceptuales, tales como ética, determinantes sociales, género, mediciones, financiación de la atención de salud, globalización y política. El estudio tuvo la finalidad de medir, controlar e interpretar los progresos de la equidad sanitaria en los ámbitos nacional e internacional, por lo que vale la pena destacar algunos de sus hallazgos clave encaminados a la reducción de la inequidad en salud. En primer término, esta obra es una prueba de que el centro de la atención mundial ha cambiado para dirigirse hacia las inequidades en salud; en segundo lugar, hace evidente que la respuesta política convencional es insuficiente y, en algunos casos, hasta contraproducente; en tercero, hay convergencia en que la dimensión más importante de la equidad en salud debe estar centrada en los resultados finales de salud, ya que otras dimensiones como la equidad en el acceso a la asistencia sanitaria, aunque también son importantes en sí mismas, pueden entenderse en relación con su impacto sobre el estado de salud; en cuarto, los estudios sobre la equidad en salud utilizan nociones intuitivas sobre lo que es justo e intentan hacerlas más explícitas; en quinto, aunque cada uno de los estudios se enfocó en un aspecto distinto de las disparidades en salud, en la mayoría de ellos se sostiene que las desigualdades examinadas son evitables e injustas; y por último, señalan que es TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �58 LILIA MARICELA MENDOZA LONGORIA | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA bastante raro encontrar investigación sobre las inequidades en salud en el mundo en desarrollo (Evans, 2002). Al mismo tiempo, en concordancia con este orden de ideas, Wagstaff (2002) señala que la investigación sobre las desigualdades e inequidades en salud es más abundante en los países industrializados y de ingresos medios, y que entre los aspectos más relevantes de dicha investigación se sustenta que las desigualdades sanitarias son casi siempre en perjuicio de los pobres; que éstas tienden a ser más pronunciadas con los indicadores objetivos de mala salud, como la malnutrición y la mortalidad, que con los indicadores subjetivos; que hay grandes variaciones entre los países con respecto a la magnitud de las desigualdades en materia de salud (aunque dichas variaciones en sí mismas también varían, dependiendo los indicadores sanitarios y socioeconómicos utilizados); y finalmente agrega este autor que las desigualdades socioeconómicas en salud parecen estar aumentando tanto en el mundo en desarrollo como en el industrializado, en lugar de disminuir. Por otra parte, el rumbo que ha tomado la comunidad internacional con respecto a la preocupación por las desigualdades sanitarias, la pobreza y el desarrollo, ha sido muy variado en los últimos años. En el campo específico de la salud, su auge se manifestó en la década de los setenta y mediados de los ochenta, con el movimiento Salud para Todos y la Estrategia de Atención Primaria de Salud de Alma-Ata. Estos acontencimientos cumplieron su cometido, pues los gobiernos orientaron sus esfuerzos en el desarrollo de servicios de atención sanitaria gratuitos a todas sus poblaciones, favoreciendo a las clases más vulnerables. Sin embargo, este interés fue desplazado rápidamente por la preocupación hacia la eficacia y sustentabilidad de los sistemas de salud, transformando la idea de salud para todos hacia lo que hoy conocemos como reforma del sector de la salud (Gwatkin, 2000). Consecuentemente, a mediados de la década de los ochenta y principios de los noventa, los gobiernos de muchos países, incluyendo los latinoamericanos, iniciaron procesos de reforma en sus sistemas de salud (Vargas, Vázquez y Jané, 2002) con dichas tendencias, provocando así una contradicción, pues mientras las desigualdades en salud seguían incrementándose, las estrategias de estas reformas favorecían la eficacia y la sustentabilidad financiera mediante mecanismos de mercado, impactando negativamente en el logro de la equidad (Vega-Romero, 2001). Esto debido a que TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �EQUIDAD EN SALUD: UNA CAPACIDAD PARA LAS PRESENTES Y FUTURAS GENERACIONES 59 los modelos de aseguramiento y financiamiento de la salud son en gran medida los que determinan el grado de equidad en el estado de salud. De esta manera, las distintas reformas emprendidas en la región desde la década de los ochenta evidenciaron diversos matices de la equidad. Algunos países optaron por el aseguramiento y la prestación de los servicios de salud a través de diferentes combinaciones público-privadas. En otros, la segmentación y la fragmentación de sus sistemas sanitarios reflejaron (y lo siguen haciendo) esquemas discriminatorios que dificultan el uso eficiente de recursos y el acceso equitativo a la salud (Sojo, 2011). En lo referente al gasto en salud, desde 1990 las tendencias indican un aumento de manera sostenida, pero moderado, en casi todos los países; sin embargo, en esta tendencia general, la heterogeneidad es evidente. Lo mismo sucede en cuanto al gasto total como porcentaje del producto interno bruto (PIB): el esfuerzo por incrementarlo en términos generales ha sido insuficiente (Sojo, 2011). No obstante, los primeros indicios de un renovado interés sobre la pobreza y la equidad en salud se enmarcan con el comienzo del tercer milenio. Prueba de ello ha sido la puesta en marcha de un conjunto numeroso de proyectos de investigación multinacionales con estas temáticas, los cuales están siendo financiados con el apoyo de diversos donantes e involucran a más de un centenar de países (Gwatkin, 2000). Otro importante acontecimiento que respalda el interés en la temática de la equidad fue la creación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2000, de la Comisión de Macroeconomía y Salud, para evaluar la posición de la salud en el desarrollo económico mundial durante el periodo 2000-2002 y crear estrategias para mejorarla. Dicha comisión estuvo integrada por destacados economistas del Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros organismos internacionales y nacionales. Su principal encomienda fue realizar estudios que demostraran cómo los programas de salud pueden contribuir al desarrollo económico de los países y reducir la pobreza. Los resultados que se obtuvieron han aportado pruebas contundentes de que la mejora en la salud de la población es fundamental para el desarrollo económico y la reducción de la TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �60 LILIA MARICELA MENDOZA LONGORIA | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA pobreza. Otra de sus conclusiones revela que una elevada proporción de las muertes evitables en los países pobres se debe a un número reducido de problemas de salud, y que la aplicación adecuada de intervenciones, utilizando las tecnologías disponibles en la actualidad, podría evitar cerca de 8 millones de muertes por año y generar beneficios económicos anuales de más de $360 mil millones de dólares para el periodo 2015-2020. Este organismo también ha elaborado una serie de recomendaciones que ofrecen un marco para la acción a través del cual los países de ingresos bajos y medios puedan comprometer más recursos financieros nacionales y fortalecer su liderazgo político, y mejorar sus sistemas de transparencia y rendición de cuentas, así como su participación comunitaria en la salud. Sin embargo, a pesar de las reformas y los múltiples esfuerzos y estrategias de cooperación internacionales que han caracterizado al tercer milenio, organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos internacionales sostienen que América Latina y el Caribe es la región con mayor inequidad social y con altos niveles de desigualdad en salud. 3. EQUIDAD EN SALUD Y DESIGUALDADES SOCIALES EN MÉXICO Lozano, Zurita, Franco et al. (2002) señalan que México, en la década de los ochenta, como casi todos los países en el mundo, implementó diversas reformas estructurales que no pudieron reducir la incidencia de la pobreza, ni modificar las desigualdades en la distribución del ingreso. A principios de esa década, el 34% de los hogares mexicanos eran pobres y el crecimiento del empleo formal no correspondía con el aumento de la población activa, por lo que consecuentemente el mercado del trabajo informal comenzó a expandirse. Para 1998, el porcentaje de pobres aumentó a 38% y las desigualdades en el ingreso seguían creciendo. En este escenario, el 10% de la población más rica del país disponía de 42.9% del ingreso nacional, mientras que el 10% más pobre concentraba sólo el 0.97%. En este mismo año, México expandió su economía y aceptó mayores inversiones extranjeras, inició la desregulación gubernaTRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �EQUIDAD EN SALUD: UNA CAPACIDAD PARA LAS PRESENTES Y FUTURAS GENERACIONES 61 mental, fijó más limitaciones al gasto público e impulsó medidas para reducir la inflación. Estas medidas estimularon el crecimiento macroeconómico; sin embargo, estos cambios impactaron negativamente en el bienestar de muchos mexicanos. Los ingresos familiares se polarizaron, de modo que la proporción de ingresos totales percibidos por el quintil más bajo de la población disminuyó de 5 a 4%, mientras que los ingresos totales obtenidos por el quintil más alto aumentó de 50 a 55%. Para el año 2000, el 10% más rico de la población concentraba el 42.4% del ingreso total, mientras que el 10% más pobre disponía apenas del 1.2%. Esta profundización de la pobreza y las desigualdades socioeconómicas no sólo se reflejó en las condiciones de salud, sino que también colocó a México en la lista de los 12 países donde se concentra el 80% de los pobres del mundo (Lozano et al., 2002, p. 301). En paralelo, durante el periodo de 1996-2000, el sector salud también echó a andar diversos programas e iniciativas de reforma dirigidos a solventar las necesidades más urgentes de las poblaciones desfavorecidas, causadas por los efectos negativos de estas crisis. Sus objetivos más importantes fueron el aumento de la equidad, la calidad y la eficiencia del sistema de salud, mediante la ampliación de la cobertura y la descentralización. Entre las iniciativas más destacadas en dicho periodo, se reconocen la introducción de un nuevo modelo financiero al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual implicó un incremento importante en el presupuesto gubernamental, de 4 a 39%, con la consecuente reducción de la contribución obrero-patronal de 96 a 61%; la desconcentración del IMSS mediante la creación de 139 áreas médicas, las cuales cuentan con una asignación presupuestal sobre la base de una fórmula ajustada por edad y sexo, y que tienen la responsabilidad de ofrecer (con los recursos recibidos) servicios de primer y segundo nivel de atención a todos sus derechohabientes; la promoción de la afiliación al IMSS de los miembros de la economía informal con capacidad de pago, a través de un nuevo plan financiado con sus contribuciones y un subsidio federal; la finalización del proceso de descentralización de los servicios de salud para la población no asegurada, lo que implicó la devolución de la responsabilidad de la prestación de los servicios a las 32 entidades federativas; y la creación de un programa de ampliación TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �62 LILIA MARICELA MENDOZA LONGORIA | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA de cobertura (PAC), a través del cual se entregaría un paquete de 12 intervenciones a los 10 millones de mexicanos que hasta 1995 no tenían acceso a los servicios básicos de salud (Gómez-Dantés, Gómez-Jáuregui e Inclán, 2004). En términos generales, hasta el año 2000 estas medidas tuvieron un impacto positivo en el acceso a la salud de los pobres y en la eficiencia financiera del sistema. Sin embargo, poco pudieron hacer por la justicia del financiamiento, la mala distribución de recursos, las barreras de género, la segmentación y la fragmentación de la atención, la concentración en la atención curativa de segundo y tercer nivel, y la rendición de cuentas y la transparencia. Aunado a lo anterior, en el ámbito intersectorial, el problema de la violencia y la ineficiencia de la seguridad pública siguió creciendo, y prácticamente no se hizo nada por documentar las inequidades en salud. Algunos centros académicos, como El Colegio de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y algunos centros no gubernamentales, como la Fundación Mexicana para la Salud, fueron quienes estuvieron monitoreando y documentando las desigualdades en salud y sus determinantes (Gómez-Dantés et al., 2004). En el periodo de 12 años que va de 2000 a 2012, ante esta preocupación manifestada por el gobierno mexicano sobre las desigualdades sociales y la equidad en salud, diversos estudios analizaron el nivel de cobertura de la protección en salud, así como el perfil de la población sin protección en el país. Gutiérrez y Hernández-Ávila (2013) documentan que en dicho periodo, la población mexicana sin protección en salud pasó de 57.6 a 21.4%, y argumentan que esta reducción está dada principalmente por el crecimiento del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), considerándolo como el principal asegurador en el país entre 2000 y 2012, cubriendo al 38.5% de la población hasta 2012. Para 2015, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esta cobertura representa el 49.9%. Este incremento (considerando el crecimiento poblacional) significa que, en 12 años, la población con algún mecanismo de aseguramiento ha pasado de menos de 40 millones en 2000 a cerca de 86 millones de mexicanos para 2012. Sin embargo, estas cifras indican que en México todavía hay cerca de 25 millones de mexicanos sin protección social en salud, los cuales recurren para atender sus necesidades de salud a los servicios de la Secretaría de TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �EQUIDAD EN SALUD: UNA CAPACIDAD PARA LAS PRESENTES Y FUTURAS GENERACIONES 63 Salud (SS), a los servicios estatales de salud (Sesa), y en su mayoría (alrededor de siete millones), se atienden en las unidades del programa IMSS Oportunidades (Gutiérrez y Hernández-Ávila, 2013). Knaul, Arreola-Ornelas, Méndez-Carniado et al. (2003) señalan que el principal problema del sistema de salud nacional, desde su fundación en 1943 hasta el año 2003, fue la falta de protección financiera, como consecuencia de un modelo fragmentado de financiamiento que ofrecía un acceso más limitado a las prestaciones en salud y a los esquemas de aseguramiento para los pobres y para toda aquella persona que se fuera integrando al sector informal. Esta fragmentación entre asegurados (sector formal, sostenido sobre todo por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE) y el IMSS) y no asegurados (sector informal y los que están fuera del mercado laboral) también agravó la inequidad y el riesgo de padecer gastos catastróficos. Otra problemática importante de nuestro sistema sanitario advertida en este trabajo, y que incluso prevalece hasta nuestros días, es el alto porcentaje del gasto en salud que afecta directamente el bolsillo de las familias, generando egresos catastróficos, en especial entre los pobres y los no asegurados (Knaul et al., 2003). Esta problemática trascendió internacionalmente cuando, en el año 2000, México apareció ocupando la posición 61 en el diagnóstico mundial realizado por la OMS sobre el desempeño de los sistemas de salud en el mundo. Esta evaluación se llevó a cabo durante el periodo 1994-2000, apoyada en un conjunto de indicadores base desde el marco de la OMS, el cual incluía objetivos intrínsecos de los sistemas, tales como salud, capacidad de respuesta y justicia en el financiamiento. Los resultados arrojaron que el alto nivel de financiamiento a la salud en el gasto de bolsillo de los hogares era el punto más débil del sistema de salud mexicano, evidenciando así un alto grado de inequidad e insuficiencia de los recursos. En cuanto a los objetivos específicos, el país ocupó en el rubro de salud la posición 55, la 53 en capacidad de respuesta, y en justicia financiera (la cual tiene un peso importante en el cálculo global) obtuvo la posición 144, detrás de Argentina, Costa Rica, Venezuela y Uruguay (Soberón-Acevedo y Valdés-Olmedo, 2007). En su contexto demográfico, México comienza (a principios de 2000) a experimentar también un proceso de urbanización que involucra prácticamente a toda su población. Desde entonces, más TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �64 LILIA MARICELA MENDOZA LONGORIA | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA del 70% de la población es urbana y 35% (más de 37 millones de personas) habita en las nueve zonas metropolitanas con más de un millón de habitantes. La urbanización se asoció además a una dispersión de la población que vivía en comunidades rurales; aproximadamente, de 55 mil localidades con menos de 100 habitantes en 1970, se pasó a casi 140 mil en el año 2000, en donde actualmente habita poco más del 2% de la población nacional (Gómez-Dantés, Sesma, Becerril et al., 2011). Paralelamente, en 2001, pese a haber alcanzado una esperanza de vida promedio de 75 años, similar a la de otras naciones más desarrolladas, la OMS clasifica a México, junto con otros países como Bangladés, Brasil, China, India, Indonesia, Japón, Nigeria, Pakistán, Rusia y Estados Unidos de América, bajo el término megapaís, por contar con una población de más de 100 millones de habitantes y representar en su conjunto el 60% de la población mundial. Según la OMS, los megapaíses se caracterizan por tener una población multiétnica, por concentrar un alto número de pobres, y contar con un sistema de salud y una coordinación intersectorial sumamente complejos. Por estas razones, México y los demás megapaíses son considerados de importancia prioritaria para la salud internacional, ya que en ellos pequeños aumentos en la prevalencia de enfermedades se traducen en millones de personas afectadas, con sus consecuentes costos humano y económico. Otra situación en la que coinciden estos países está relacionada con las enfermedades crónicas, las cuales han dejado de ser exclusivas de los sectores socioeconómicos altos y es cada vez mayor el número de pobres que las padecen (Barquera, 2002). En 2002, la Secretaría de Salud estimó que el 55% de la población del país carecía de aseguramiento en salud, que el 58% del gasto en salud correspondió al pago de bolsillo de los hogares y que el 3.9% de estos hogares tuvo gasto catastrófico en salud en el último trimestre de ese año. Esto significa que el aseguramiento y el gasto público, y, por ende, la infraestructura y los recursos humanos en salud, se concentraban en los estados más ricos (principalmente en el norte del país), mientras que las entidades más pobres, en donde por lo común se acumula el rezago epidemiológico, tienen menos inversión en la salud y oportunidades limitadas en el acceso a la protección financiera que provee el aseguramiento. En Chiapas y Oaxaca, por ejemplo, sólo 22 y 21% de los hogares (respectivamente) cuentan con aseguramiento en salud (Knaul et al., 2003). TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �EQUIDAD EN SALUD: UNA CAPACIDAD PARA LAS PRESENTES Y FUTURAS GENERACIONES 65 Desde este complejo escenario, México inicia el siglo XXI con un sistema de salud marcado por su incapacidad para ofrecer protección financiera en salud a más de la mitad de su población, como resultado de las desigualdades sociales que ha escenificado el proceso de desarrollo en el país. La segmentación del sistema sanitario y la falta de aseguramiento para una gran parte de la población, junto con las transiciones epidemiológica y demográfica, han sido las principales limitantes que han impedido que el sistema de salud responda a las necesidades de sus habitantes (Frenk, González-Pier, Gómez-Dantés et al., 2007). Pese a estas limitaciones, para 2003 el país emprende un nuevo proceso de reforma estructural sanitaria para cubrir la falta de protección financiera y la fragmentación del sistema. Esta reforma a la Ley General de Salud da origen al SPSS, junto con su mecanismo operativo, el Seguro Popular de Salud (SP), con la meta específica de alcanzar la cobertura universal en salud antes de 2010. Sus ejes rectores están orientados hacia la ampliación de la cobertura de aseguramiento público, la reducción del pago de bolsillo y el fomento de una atención oportuna y equitativa, con la finalidad de poder brindar acceso a los servicios de salud a la población abierta (50 millones de mexicanos, aproximadamente la mitad de la población del país en 2003), mediante un paquete que incluye alrededor de 260 intervenciones de salud, con sus respectivos medicamentos. También ofrece un paquete de 18 intervenciones de alto costo, que incluye el tratamiento para cáncer en niños, cáncer cervicouterino, cáncer de mama, VIH/sida y cataratas. Cubre al asegurado directo, al cónyuge, a los hijos hasta los 18 años de edad y a los padres mayores de 65 años que son dependientes económicos. Se financia con las contribuciones del Estado (una cuota social del 3.92% de un salario mínimo del Distrito Federal, hoy Ciudad de México), las contribuciones solidarias federal y estatal (equivalente a 1.5 y 0.5 veces la cuota social, respectivamente), y la contribución individual del afiliado, la cual es proporcional a su condición socioeconómica, siendo de cero para las personas que se ubican en los deciles I y II (esta cuota era familiar hasta 2009 y equivalía al 15% de un salario mínimo de la Ciudad de México) (Sojo, 2011). El SP entra en vigor en enero de 2004, con el objetivo de alcanzar una cobertura voluntaria universal en el aseguramiento en salud para el año 2010, a través de un proceso paulatino de extensión TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �66 LILIA MARICELA MENDOZA LONGORIA | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA de 14.3% de la población por año. Las estadísticas muestran que, a un año de la puesta en marcha del SP, el sistema de salud logró afiliar a casi 1.6 millones de familias, de las cuales 94% pertenecía a los dos primeros deciles de ingresos, lo que equivale, a su vez, a cerca de 13% de la población que carecía de acceso a la seguridad social. Sin embargo, pese a los éxitos de cobertura alcanzados, los retos que siguió enfrentando el sistema nacional de salud seguían siendo de importante consideración; particularmente, el pago de bolsillo de los hogares, el cual representó para finales de 2004 el 52% del gasto total en salud (Knaul et al., 2003). Por otro lado, los procesos demográficos y epidemiológicos, como ya se ha señalado, son otro importante desafío para el sistema sanitario mexicano, mismos que han provocado modificaciones significativas en su población. Por ejemplo, en 1960 la tasa de fecundidad era de 6.8 nacidos vivos por mujer, mientras que en 2005 disminuyó a 2.1. La esperanza de vida se incrementó significativamente de 57.5 a 75.4 años. Y en la cuestión epidemiológica, entre 1950 y 2000, la prevalencia de muertes por enfermedades no transmisibles y lesiones aumentó de 44 a 73%, y se estima que para 2025 se incremente al 78%. En cuanto a las enfermedades transmisibles, se registró una disminución de 50% en 1950 a 14% en 2000, y se espera que siga disminuyendo hasta llegar al 10% en 2025 (Frenk et al., 2007). Para mediados de 2005, todos los estados, incluyendo el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), ya se habían incorporado al SPSS, y la afiliación seguía avanzando, en concordancia con la meta establecida de incorporar a 1.5 millones de familias en ese año. En 2007, tanto el SPSS como el SP se fortalecieron con una nueva estrategia llamada Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG), la cual pretendió consolidar la reforma financiera para hacer efectivo el acceso universal a los servicios de salud para aquella población que no está dentro de los esquemas de seguridad social aplicados a los asalariados (Gutiérrez y Hernández-Ávila, 2013). Más recientemente (2008) y a cuatro años de operación del SP, México cuenta ya con 27 millones de afiliados. Y en cuanto a su demografía, se caracteriza por un descenso de la mortalidad general (de 27 defunciones por mil habitantes en 1930 a 4.9 por mil en 2008), un incremento en la esperanza de vida (de 34 años en 1930 a 75.1 años en 2008) y una disminución de la fecundidad (de siete TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �EQUIDAD EN SALUD: UNA CAPACIDAD PARA LAS PRESENTES Y FUTURAS GENERACIONES 67 hijos por mujer en edad reproductiva en 1960 a 2.1 en 2008) (Gómez-Dantés et al., 2011). Con respecto a las condiciones de salud, el aumento de la esperanza de vida y el predominio de estilos de vida poco saludables han transformado sobremanera el perfil epidemiológico, caracterizado cada vez más por las enfermedades no transmisibles y las lesiones. Está documentado que, a mediados del siglo XX, alrededor de 50% de los decesos en el país se debían a infecciones comunes, problemas reproductivos y padecimientos asociados con la desnutrición; actualmente, estas enfermedades concentran menos del 15% de los decesos, mientras que los padecimientos no transmisibles y las lesiones representan poco menos del 75 y 11% de las muertes a nivel nacional, respectivamente (Gómez-Dantés et al., 2011). Esto significa que el perfil epidemiológico del país está traslapado, pues aunque las enfermedades no transmisibles y las lesiones dominan el estado de salud, las infecciones comunes, los problemas reproductivos y la desnutrición prevalecen en las zonas más vulnerables, afectando a las clases más pobres. Evidencia de ello son las marcadas desigualdades prevalecientes al interior del país, por ejemplo, la tasa de mortalidad en menores de 5 años que registra el estado de Guerrero (2008), de 25.3 por mil menores de 5 años, con respecto a la de Nuevo León, que es de 13.1; la razón de mortalidad materna en Oaxaca (de 100.2 muertes maternas por 100 mil nacimientos), que es cuatro veces mayor con respecto a la de Tlaxcala (27.2); o la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, que es 24 veces mayor en Oaxaca (19.6 por 100 mil niños menores de 5 años) que la de Nuevo León (0.8). Sobre el gasto en salud, el gasto total como porcentaje del PIB aumentó de 5.1% en 2000 a 5.9% en 2008 (sin embargo, éste se ubica muy por debajo de lo que dedican a la salud otros países como Argentina, con 9.8%; Colombia, con 7.4%; Costa Rica, con 8.1%; y Uruguay, con 8.2%); en cuanto al gasto per cápita en salud, tuvo el mismo comportamiento: en el año 2000 era de US$508 y en 2008 se incrementó a US$890. El gasto público en salud ha ido aumentando lentamente: en 2008 representó 46.7% (equivalente a 330,339 millones de pesos) del gasto total en salud, del cual la mayor parte correspondió a la SS (45.2%), seguida del IMSS (42%) y el ISSSTE (9.7%); mientras que en 1990 concentró el 40.4% del gasto total en salud (Gómez-Dantés et al., 2011). TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �68 LILIA MARICELA MENDOZA LONGORIA | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA En síntesis, como ya se ha descrito de manera amplia, en todas las reformas que ha experimentado el país, la cobertura universal de protección en salud se propone como el derrotero para alcanzar el propósito de asegurar un adecuado estado de salud a todas las personas, independientemente de sus características demográficas o socioeconómicas. Y se legitima como un elemento necesario para ejercer el derecho a la protección de la salud establecido en 1983, específicamente en el artículo 4 de la Constitución mexicana (Gutiérrez y Hernández-Ávila, 2013). 4. LA EQUIDAD EN SALUD DESDE EL ENFOQUE DEL DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE La salud es un tema complejo y de amplia relevancia, pues no sólo determina el progreso socioeconómico y la calidad de vida, sino que además, si es provista en entornos de alta protección, también permite ofrecer oportunidades y libertades para el desarrollo de las personas y los países que luchan por preservar este derecho fundamental. Es decir, la salud se convierte en una aptitud y, a la vez, es una pieza constitutiva para un buen desarrollo (Nussbaum y Sen, 1993). Por lo tanto, las posibilidades de construir un mundo desarrollado para las generaciones actuales y futuras dependen de manera crucial de que el acceso a los requisitos indispensables para la salud sea equitativo para todos los miembros de la sociedad. En este sentido, el enfoque del desarrollo humano representa un marco teórico y conceptual que permite evaluar y valorar el bienestar y la calidad de vida de los seres humanos, los acuerdos sociales, la pobreza, la desigualdad y la equidad, así como también el diseño de políticas públicas. Esta teoría surge a finales de la década de los ochenta como resultado de una convocatoria hecha por el PNUD a un grupo de especialistas en el área de las ciencias sociales (entre los cuales se encontraba Amartya Sen), con el propósito de elaborar una propuesta alternativa al indicador del PIB, es decir, una concepción distinta para medir el desarrollo. En los hechos, este enfoque superó la visión economicista, centrada en tener dinero y mercancías, por una visión más holística, centrada en el ser (bienestar) y las capacidades de los seres humanos, en donde el papel de las instituciones juega TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �EQUIDAD EN SALUD: UNA CAPACIDAD PARA LAS PRESENTES Y FUTURAS GENERACIONES 69 un papel determinante (Sen, 1993). Así, esta perspectiva plantea que una adecuada concepción del desarrollo debe necesariamente trascender la acumulación de riquezas y el crecimiento del producto nacional bruto, para entenderlo y abordarlo como un medio para potenciar las capacidades y libertades del ser humano, sin ignorar la importancia del crecimiento económico. En 1979, Sen menciona por primera vez el concepto de capacidad (capability) en una conferencia que dictó en la Universidad de Stanford con el título “Equality of what?” (Sen, 1980), concepto que una década más tarde daría sustento a la teoría del desarrollo humano. Este concepto fue introducido por Sen con un sentido de la igualdad, el cual determinó igualdad de capacidad básica, planteando una forma distinta de evaluar el bienestar desde la perspectiva de la habilidad de una persona para hacer o alcanzar actos que valora. Se puede entender, entonces, el término de capacidad (o conjunto de capacidades) como el entorno en el que una persona sea capaz de hacer ciertas cosas básicas, como la habilidad de moverse, de satisfacer ciertas necesidades alimentarias y de salud, la capacidad de disponer de medios para vestirse y tener alojamiento, o la capacidad de participar en la vida social. De tal forma que el entorno que enfrente la sociedad debe de proveer las condiciones para que las capacidades del ser humano tengan la oportunidad de realizarse en un marco de libertad y justicia social; para ello, las instituciones de orden público deben, en mayor medida, converger en cubrir las necesidades mínimas del ser humano en forma equitativa. Sobre esta premisa, Sen introduce otro aspecto fundamental de su enfoque, el de la libertad, considerando que la igualdad de capacidades es una exigencia que debe ser cubierta si se quiere una sociedad libre. La perspectiva de la libertad es concebida como el conjunto de capacidades individuales para hacer cosas que una persona tiene razones para valorar. Así, las personas son las portadoras de las capacidades, y estas últimas, el sustento del desarrollo. De este modo, las capacidades se convierten en el fin y el medio del desarrollo; y están fuertemente condicionadas por los entornos económico, político, social, cultural y ambiental en los que se desenvuelven. Por ello, para garantizar su ampliación (capacidades), la definición de las políticas públicas debe incorporar tanto las necesidades individuales como las colectivas, y consecuentemente, alcanzar el desarrollo, el cual no debe medirse con otro indicador que no sea TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �70 LILIA MARICELA MENDOZA LONGORIA | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA el aumento de las libertades. Lo que significa que no importa la cantidad de bienes o medios que tiene la persona, sino lo que consigue realizar con lo que tiene a partir del grado de libertad que experimenta (Sen, 1999). Cabe indicar que, en este marco de ideas, el desarrollo no sólo implica el logro de la libertad, sino además el proceso de procurarla de manera equitativa, participativa y sustentable; así, la equidad y la libertad son características fundamentales del desarrollo. También es importante subrayar que la salud es considerada como una de las libertades básicas de la persona, la cual debe estar estrechamente vinculada con los derechos, con la justicia social y, por ende, con la equidad; lo que permite analizarla desde una visión más integral y colectiva, tanto de los problemas como de las soluciones, haciendo imprescindible el reconocimiento del nexo entre las libertades y las instituciones sociales y económicas, así como con los derechos políticos y humanos. Dicho de otro modo, una de las libertades más importantes de las cuales puede gozar el ser humano es la de no estar expuesto a enfermedades y causas de mortalidad evitables. Por lo que las instituciones de orden público deben, en mayor medida, cubrir las necesidades mínimas del ser humano que le provean libertad para potenciar sus capacidades de forma equitativa. Lo cual implica, entonces, que entre las principales privaciones que enfrenta el ser humano en el entorno de sus libertades, estén los efectos negativos en la salud provocados por las inequidades en el acceso a los servicios de salud, ya sea por la falta de cobertura y/o la deficiencia en la infraestructura y la calidad en el servicio médico y hospitalario (Gutiérrez, Picazzo Palencia y Gálvez Santillán, 2013). De esta forma, el desarrollo humano fundamentado en el pensamiento de Sen pone a los individuos en el centro de su propuesta teórica, reconociendo y estimando la libertad de éstos para vivir la vida que tienen razones para valorar y para aumentar las alternativas reales entre las que puedan elegir. Y es precisamente este postulado el punto de convergencia con la perspectiva del desarrollo sustentable, que coloca también al ser humano en el centro de la reflexión, lo cual está plasmado en el primer principio de la Declaración de Río (de Janeiro) sobre el Ambiente y Desarrollo (1992), señalando que “los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable. TieTRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �EQUIDAD EN SALUD: UNA CAPACIDAD PARA LAS PRESENTES Y FUTURAS GENERACIONES 71 nen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”. Junto a esta declaración, en el marco de la Conferencia Mundial de Ambiente y Desarrollo, se da a conocer otro documento llamado Agenda 21, el programa global de acción sobre el desarrollo sustentable, en donde se propone un nuevo enfoque para analizar las cuestiones medioambientales y de desarrollo, dando respuesta a las necesidades de las personas; preservando simultáneamente las bases sociales, económicas y medioambientales de las que depende el desarrollo; e incluyendo temas relacionados con el desarrollo de oportunidades y capacidades como la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, entre otras. Este programa representa, hasta nuestros días, un marco importante para la combinación de acciones sociales, económicas y ambientales, que ha guiado los programas subsecuentes, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), agenda post 2015-2030. Bajo esta dinámica, el desarrollo sustentable pasa a ser una tarea del desarrollo humano. Al respecto, Anand y Sen (1994) señalan lo siguiente: La promoción del desarrollo humano en el mundo de hoy debe complementarse con salvaguardas para que sus frutos estén disponibles en el futuro. A medida que se llega a una mejor comprensión de los temas discutidos en la conferencia sobre el medio ambiente (UNCED) en Río de Janeiro en 1992, la integración del progreso humano y de la conservación del medio ambiente emerge como uno de los desafíos centrales del mundo moderno. […] El valor moral de sostener lo que tenemos ahora depende de la calidad de lo que tengamos. El enfoque de desarrollo sostenible como un todo apunta hacia la dirección del futuro tanto como hacia la dirección del presente. No existe, de hecho, ninguna dificultad básica en ampliar el concepto de desarrollo humano […] para que se le integren los derechos de las generaciones futuras y la urgencia de la protección del medio ambiente (pp. 16-17). Y agregan que “la sostenibilidad es un asunto de equidad distributiva, es decir, de compartir la capacidad de bienestar entre la gente de hoy y la gente del futuro. […] Por ende, el desarrollo humano debería considerarse como una contribución mayor al logro de la sostenibilidad” (Anand y Sen, 1994). Mientras tanto, en el seno del PNUD, su administrador, J. Speth, TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �72 LILIA MARICELA MENDOZA LONGORIA | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA señala que “el desarrollo, por supuesto, debe ser un proceso integrador, un proceso que reúna el entendimiento y las aspiraciones que se reflejan en los conceptos ‘desarrollo humano’ y ‘desarrollo sustentable’. Esta fusión debe ocurrir conceptualmente y operativamente, debe tener un nombre […] ‘desarrollo humano sustentable’, una unión natural de las dos palabras” (PNUD, 1994). De esta manera, se integran las dos posturas para conformar la perspectiva del desarrollo humano sustentable, una nueva visión del desarrollo centrada en la gente, que promueve el crecimiento y la expansión de las libertades y oportunidades del ser humano para un desarrollo con equidad, con integración social y gobernanza. Este nuevo desarrollo fue definido por el PNUD (1994) como: El desarrollo que no sólo genera crecimiento económico, sino que distribuye sus beneficios equitativamente; regenera el medio ambiente en lugar de destruirlo; potencializa a las personas en lugar de marginarlas. Da prioridad a los pobres, ampliando sus opciones y oportunidades, y prevé su participación en las decisiones que les afectan. Es un desarrollo que está a favor de los pobres, a favor de la naturaleza, a favor del empleo, a favor de la democracia, a favor de la mujer y a favor de la niñez. Es decir, esta nueva perspectiva propone un marco de acción para el diseño de políticas públicas justas y equitativas, considerando aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales y políticos que den sustento al desarrollo de los más vulnerables. Esta convergencia permite compartir la capacidad de bienestar entre las presentes y futuras generaciones, en donde el desarrollo humano sustentable debe promover la equidad inter e intrageneracional, garantizando a las generaciones futuras oportunidades semejantes y el mismo potencial del que han gozado las generaciones presentes. Por lo tanto, en materia de salud, el desarrollo humano sustentable plantea el desafío de disminuir las brechas sociales, el rezago epidemiológico acumulado y la mejora en el acceso y la calidad de la atención de los servicios. Y supone que la equidad en salud permite potencializar las libertades y capacidades del ser humano (para ser y hacer la vida que tiene razones para valorar) a través de la compensación de las desigualdades evitables e injustas que inciden en los entornos institucionales y socioeconómicos, en donde se despliegan las oportunidades reales relacionadas con el acceso a la salud, proporcionando no sólo un mejor nivel de salud de la TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �EQUIDAD EN SALUD: UNA CAPACIDAD PARA LAS PRESENTES Y FUTURAS GENERACIONES 73 población, sino también un mayor desarrollo social, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES Se puede señalar que la información planteada en este documento sobre las desigualdades e inequidades en salud, entre países y dentro de ellos, es una evidencia más de la amenaza que la falta de justicia social en el acceso a la salud representa para el bienestar social y el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. Por ello, resulta apremiante indagar cada vez más sobre las múltiples causas que afectan la salud, ya que la creación de nuevos conocimientos es la vía más eficaz para la determinación de estrategias cuya capacidad y fortaleza contribuyan en la reducción de las desigualdades sociales de la salud. El análisis de la equidad en el ámbito de la salud es un asunto complejo, puesto que existen múltiples formas de medirla y definirla, así como distintas disciplinas y posturas filosóficas para su abordaje. Sin embargo, independientemente de ello, estudiar la salud desde una perspectiva de equidad y justicia social constituye un gran avance para la preocupación global por combatir las inequidades sociales que inciden en el acceso y el estado de salud de las poblaciones. Asimismo, amplía la comprensión de las condiciones que las favorecen y permite sentar precedentes para la expansión de su literatura. A este respecto, como se ha mostrado en este documento, desde la década de los ochenta, los avances que han venido presentando los sistemas de salud en algunos países del mundo están sostenidos en gran medida por la generación de evidencias científicas, que a su vez han permitido contribuir en el diseño de políticas públicas en salud que buscan garantizar un sistema de salud equitativo y eficiente. En el caso de México, las reformas que ha llevado a cabo desde la fundación de su sistema sanitario, y más recientemente, la puesta en marcha del SP, han sentado ya las bases para la concreción de un acceso a la salud y el desarrollo humano equitativo bajo un modelo normativo de cobertura universal, caracterizado por la equidad, la accesibilidad y la calidad como sus ejes rectores. No obstante, en la realidad no todos los mexicanos han podido ejercer este derecho, TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �74 LILIA MARICELA MENDOZA LONGORIA | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA por lo que todavía hay mucho por hacer en beneficio de la salud de las personas en el país. En este sentido, este artículo ha intentado ofrecer una perspectiva de acción que enmarque el concepto de equidad en salud como una capacidad detonadora de las oportunidades y las libertades relacionadas con el acceso a la salud, que permita a los actores que convergen en la protección social de la población formar las bases para que se presenten los entornos estructurales e institucionales necesarios que provean salud de forma universal y equitativa, optimizando el bienestar humano sin comprometer el bienestar saludable de las generaciones presentes y futuras. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Anand, S., Diderichsen, F., Evans, T., Shkolnikov, V. y Wirth, M. (2002). Medición de las disparidades de salud: Métodos e indicadores. En T. Evans (ed.) (2002). Desaío a la falta de equidad en la salud: De la ética a la acción. Pan American Health Org. Anand, S. y Sen, A. (1994). Desarrollo humano sostenible: Conceptos y prioridades. Quinto Informe de Desarrollo Humano. 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TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �Determinantes Socioeconómicos de la Delincuencia en las Regiones de Jalisco Socioeconomic Determinants of Crime in Jalisco Regions BERNARDO JAÉN JIMÉNEZ* | ENRIQUE CUEVAS RODRÍGUEZ** ► RESUMEN La Envipe Jalisco 2018 muestra que en la entidad, 63% de la población considera la inseguridad como el problema más importante, porcentaje ligeramente inferior al promedio nacional (64.5%). El gobierno de Jalisco ha impulsado una estrategia en contra de la delincuencia similar a la seguida a nivel nacional, con políticas que buscan fortalecer las policías municipales y estatales, además del uso de algunas nuevas tecnologías al servicio de la población para aumentar la prevención. Por tanto, el objetivo de este estudio es revisar los determinantes socioeconómicos de la delincuencia a nivel municipal y regional; es decir, se buscará evidencia sobre si los niveles de delincuencia son más persistentes en aquellos municipios donde existe mayor pobreza y desigualdad o donde se aglutina mayor población. Se revisan igualmente los niveles de pobreza y desigualdad a nivel de las 12 regiones que agrupan a los 125 municipios de Jalisco. Palabras clave: Delincuencia | Desigualdad económica | Políticas públicas | Jalisco. ► ABSTRACT The Envipe Jalisco 2018 shows that in the state, 63% of the population considers insecurity as the most important problem, a percentage slightly below the national average (64.5%). The government of Jalisco has promoted a strategy against crime similar to that followed at the national level, with policies that seek to strengthen municipal and state police, in ad* Profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Departamento de Métodos Cuantitativos. Correo electrónico: bjaen62@yahoo.com.mx ** Profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Departamento de Métodos Cuantitativos. Correo electrónico: ecuevasr2@hotmail.com Recibido: 25 de abril de 2019 | Aceptado: 20 de julio de 2019 TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 ISSN 2007-1205 | pp. 77-106 �78 BERNARDO JAÉN JIMÉNEZ | ENRIQUE CUEVAS RODRÍGUEZ dition to the use of some new technologies at the service of the population to increase prevention. Therefore, the objective of this study is to review the socioeconomic determinants of crime at the municipal and regional levels; that is, evidence will be sought on whether crime levels are more persistent in those municipalities where there is greater poverty and inequality or where there is a greater population. The levels of poverty and inequality are also reviewed at the level of the 12 regions that group the 125 municipalities of Jalisco. Keywords: Crime | Economic inequality | Public policies | Jalisco. INTRODUCCIÓN El problema de la inseguridad es uno de los fenómenos que más preocupa a la sociedad mexicana; la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública (Envipe) 2018 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018b) muestra que 64.5% de la población de 18 años y más considera a la inseguridad como el problema más importante que afecta a su entidad federativa; además, la percepción de inseguridad es creciente, pues en 2017 era de 61.1%. La inseguridad en México ha trastocado la vida cotidiana, una muestra de ello es que la población tiene miedo y se aleja de ocupar los espacios públicos; la Envipe revela que la población se sintió más insegura en parques públicos (56.8%), la calle (70.1%), los mercados públicos (61.4%) o el transporte público (71.0%). El aumento en la percepción de inseguridad es resultado del aumento de los delitos en México. La Envipe 2018 arroja datos preocupantes: durante 2018 se presentaron en México 25.4 millones de víctimas de 18 años y más, esto representa una tasa de prevalencia de 29,746 víctimas por cada 100 mil habitantes. Estas cifras, sin embargo, no reflejan la realidad, ya que la cifra negra (delitos no denunciados) revela que 93.2% de los delitos cometidos no fueron denunciados o no se inició una averiguación previa o carpeta de investigación. Adicionalmente, el costo económico de la inseguridad, según la Envipe 2018, fue de 299.6 miles de millones de pesos, es decir, 1.65% del producto interno bruto (PIB) de 2017. Este incremento se reflejó en los hogares o empresas, que tienen que asumir costos adicionales para protegerse. La encuesta revela que en 2017 los TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DE LA DELINCUENCIA 79 costos de las medidas preventivas fueron de 89.1 miles de millones de pesos. Uno de los delitos más preocupantes son los homicidios dolosos; en los últimos años se percibe a nivel nacional un crecimiento de homicidios dolosos. En el sexenio 2012-2018 creció 16% anual; en valores absolutos se registraron en el periodo de enero de 2013 a octubre de 2017, 91,960 personas ejecutadas; en el sexenio anterior, de Felipe Calderón, murieron por ejecuciones 104,719 personas (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2018). Jalisco no está exento de esta problemática; la Envipe Jalisco (INEGI, 2018a) muestra que 63% de la población en la entidad considera la inseguridad como el problema más importante, porcentaje ligeramente inferior al promedio nacional. En Jalisco se estima que se cometieron 2.4 millones de delitos durante 2017; esto se traduce en 33,410 delitos por cada 100 mil habitantes, cifra que se encuentra arriba del promedio nacional. Los homicidios dolosos se incrementaron 69% de 2007 a 2017. El año pasado, por ejemplo, hubo en Jalisco 1,367 ejecutados; eso significa una tasa de 14.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, cerca del promedio nacional, que fue de 16.8. La Organización Mundial de la Salud considera que una tasa mayor a 10 homicidios por cada 100 mil habitantes es una epidemia, por tanto, México y Jalisco viven ya una epidemia de homicidios. Tanto a nivel federal como desde el gobierno de Jalisco, se han impulsado diversas políticas para enfrentar la inseguridad. Desde el año 2006, el gobierno federal ha impulsado políticas de combate a la delincuencia poniendo énfasis en los grupos del crimen organizado. Sin una ley que lo respaldara, Felipe Calderón echó mano del ejército y la marina para desmantelar a los cárteles de la droga. El gobierno de Enrique Peña Nieto continuó con la misma estrategia, prácticamente sin cambio alguno. En Jalisco, como parte de la federación, se ha seguido la misma estrategia, por ejemplo, desde 2013 se formó la Fiscalía General del Estado de Jalisco, que le daba atribuciones especiales a su titular, porque fusionó la seguridad pública, la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Vialidad.1 El argumento principal para impulsar 1 Además, aglutinaba organismos desconcentrados, tales como protección civil, ciencias forenses y el Instituto de Reinserción Social (Gobierno de Jalisco, 2017). TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �80 BERNARDO JAÉN JIMÉNEZ | ENRIQUE CUEVAS RODRÍGUEZ esta reforma fue darle mayores atribuciones al fiscal general para que enfrentara con mayores herramientas el fenómeno de la delincuencia organizada. Además, en 2013 el gobierno de Jalisco creó la Fuerza Única Jalisco, que se divide en dos partes: la Fuerza Única Metropolitana, que abarca a los nueve municipios que integran el área metropolitana de Guadalajara (AMG), y la Fuerza Única Regional, para el resto del estado. Una política adicional, pero que ahora involucraba a los gobiernos municipales, fue crear, desde 2016, la Agencia Metropolitana de Seguridad, que aglutina a los nueve municipios que integran el AMG, con el fin de coordinar los recursos, las estrategias y el presupuesto para enfrentar a la delincuencia de la metrópoli. Además, todavía está en proceso la instalación y operación de un amplio sistema de videovigilancia en los municipios del AMG, operado por ambas instancias de gobierno. Se esperaba que este sistema empezara a funcionar en el mes de octubre de 2018. Es decir, ante el aumento de la delincuencia, tanto del fuero común como del fuero federal, el gobierno del estado y los municipios han impulsado políticas para enfrentarla; sin embargo, a pesar de los esfuerzos, como muestran las estadísticas, los delitos son persistentes y muestran una tendencia al alza. El fenómeno de la delincuencia es complejo y por ello persistente, su crecimiento no se puede reducir a un tema meramente presupuestario; según la ONG Ethos (2017), el presupuesto del gasto federal en seguridad creció 60% en siete años, al pasar de 130,989 millones de pesos en 2008 a 209,400 en 2015.2 Uno de los principales componentes del gasto federal en seguridad es el destinado a seguridad interior; estos recursos se utilizan para reforzar los cuerpos policiales y las labores de prevención. Dicho recurso en 2015 fue de 43,957 millones de pesos, lo cual representa apenas 1.4% del gasto total del gobierno federal. Aunque parece mucho, realmente es muy poco, más si lo comparamos con otros países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo supranacional al cual pertenece México; por ejemplo, Italia destina 6.2%, en Portugal es de 5%, 2 El gasto federal en seguridad se divide en tres rubros: seguridad nacional, justicia y seguridad interior. En 2015, los 209,400 millones de pesos se repartieron en seguridad nacional (40%), justicia (39%) y seguridad interior (21%) (Ethos, 2017). TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DE LA DELINCUENCIA 81 y el promedio de la OCDE es de 4.7%. En Jalisco, el gasto estatal para el combate a la inseguridad es también creciente. Hace 13 años, en 2006, el presupuesto destinado a seguridad pública absorbía 5.5% del presupuesto total. Para 2018 representó 6.1%; aun con el aumento del presupuesto, los delitos del fuero común crecieron, al pasar de 72,226 en 2006 a 114,383 en 2017, según información de la Fiscalía General del Estado. Por tanto, los determinantes del fenómeno de la inseguridad deben buscarse en factores socioeconómicos e institucionales. El tejido social en México y Jalisco está roto; la pobreza, la marginación, las bajas remuneraciones y el escaso nivel de escolaridad son incentivos para un tipo de delincuencia, aquella asociada a la búsqueda de rentas. Factores institucionales como la impunidad, el bajo número de policías preventivas, ministerios públicos y jueces, todos adicionados con altos niveles de corrupción, son el ingrediente adicional para que proliferen delitos del fuero federal, delitos contra la salud y delitos de alto impacto en las familias, como los homicidios dolosos, el secuestro y la extorsión. Por ello, el objetivo de este estudio es revisar los determinantes socioeconómicos de la delincuencia a nivel municipal y regional; es decir, se buscará evidencia sobre si los niveles de delincuencia son más persistentes en aquellos municipios donde existe mayor pobreza y desigualdad o donde se aglutina mayor población. Se revisan, igualmente, los niveles de pobreza y desigualdad a nivel de las 12 regiones que agrupan a los 125 municipios de Jalisco. En la investigación se construye un modelo econométrico que busca evaluar los determinantes de los delitos contra las personas y contra la propiedad en función de variables socioeconómicas, tales como la marginación, la pobreza, la escolaridad, los ingresos, el tamaño de la población, entre otras; además de una variable proxy del nivel de fortaleza institucional. La información estadística es a nivel de los 125 municipios que integran el estado de Jalisco, y con la última información sobre indicadores socioeconómicos disponibles de 2010. El trabajo se realizará utilizando información estadística oficial, tanto a nivel federal como estatal y municipal. Tal como ya se planteó, ha habido políticas y programas en los tres niveles de gobierno, sin embargo, los delitos en Jalisco van al alza. Hay evidencias de que los gobiernos estatal y municipales han impulsado programas y buscado utilizar herramientas innovadoras para comTRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �82 BERNARDO JAÉN JIMÉNEZ | ENRIQUE CUEVAS RODRÍGUEZ batir la delincuencia, pero ¿por qué no han funcionado? Ésta es una pregunta que busca responder este trabajo. La estructura del trabajo es la siguiente: en el apartado 1 se realiza una revisión bibliográfica del marco conceptual y los hechos estilizados sobre los determinantes de los niveles de delincuencia, principalmente en países de América Latina y México. En el apartado 2 se presenta un balance del fenómeno de la delincuencia en Jalisco a nivel municipal y regional, cuáles delitos y dónde se presenta la más alta prevalencia de ellos, y algunas características socioeconómicas de las regiones. En el apartado 3 se presentan el modelo econométrico y los resultados. Finalmente, en las conclusiones se reflexiona sobre los hallazgos y se presentan algunas recomendaciones de política para enfrentar a la delincuencia en Jalisco. 1. REVISIÓN DE LA LITERATURA: DETERMINANTES DEL FENÓMENO DE LA DELINCUENCIA Son múltiples los estudios sobre los factores determinantes del fenómeno de la delincuencia en México; varios, sin embargo, tienen que navegar con la carencia de información precisa para estudiar este fenómeno, y en su defecto, tienen que recurrir a variables proxy o a información incompleta para realizar su análisis. Un primer problema para el análisis de este fenómeno es que la información que manejan todos los estudios es imprecisa, dado el alto porcentaje de cifra negra; como ya se mencionó en la introducción, la Envipe 2018 reporta que en Jalisco sólo 11.6% de los delitos cometidos en 2017 fue denunciado, de los cuales 62.8% se convirtió en una carpeta de investigación; así que, en esencia, cuando se realiza un estudio sobre delincuencia sólo estamos contemplando una fracción de la realidad. Otro problema de los estudios es la carencia de información estadística sociodemográfica; los datos más recientes son de 2015, ya que esa información se recaba junto con los censos poblacionales e intercensales que se realizan cada 10 años, por tanto, la cifra de los delitos sí está actualizada, pero el conjunto de variables que podría explicar el fenómeno no lo está. Finalmente, una tercera dificultad para estudiar este fenómeno es la gran cantidad de tipos de delitos; según el INEGI, existen 825 diferentes tipos de delitos, todos comprendidos TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DE LA DELINCUENCIA 83 en los códigos penales de las 32 entidades federativas, más el código penal federal.3 Dado que la pobreza y la desigualdad son variables clave que entran en este trabajo como factores que inciden en los niveles de delincuencia, valen la pena algunas acotaciones. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2010) define a una persona pobre como alguien con la carencia de al menos uno de los derechos para el desarrollo social, y además que sus ingresos sean insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. Los seis indicadores son: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación; por tanto, la pobreza se caracteriza por la carencia de recursos y acceso a oportunidades que excluye tanto a individuos como a grupos de los niveles mínimos de bienestar (El Colegio de México, 2018). Por otro lado, la desigualdad se enfoca en cómo se reparte el producto de la actividad económica entre los trabajadores, los empresarios y el sector público, y también se enfoca en analizar cómo se concentra el ingreso únicamente entre las personas (Cortés, 2002). Según Kuznets (1996), existen bajos niveles de desigualdad en bajos y altos niveles de ingreso, y se incrementa esta desigualdad en niveles intermedios del ingreso. Existe debate sobre los factores que inciden en los niveles de delincuencia. El trabajo pionero de Becker (1968) sostiene que un individuo comete un delito si los beneficios de cometerlo son mayores a los costos de potencialmente ser castigado; es decir, en primera instancia, el contexto social e institucional genera los incentivos y desincentivos para cometer un delito. Instituciones de impartición de justicia frágiles, con pocos niveles de detención de delincuentes, disminuyen el costo de oportunidad de cometer o no un delito.4 Bourguignon (1999) hace una importante contribución a la comprensión de este fenómeno. Reflexiona que la violencia es re- 3 El INEGI (2008) publicó la Clasificación Mexicana de Delitos; ahí se define a los delitos como “calificación jurídica de una conducta, de acción u omisión, dolosa o culpable, determinada típicamente y castigada como tal por la ley penal”. 4 El modelo de Becker asume la racionalidad de los individuos al momento de delinquir, supone que el individuo realiza una evaluación coste-beneficio cuando comete un delito, e incorpora además una restricción moral que incluye la dimensión psicológica en la explicación del crimen (González, 2010). TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �84 BERNARDO JAÉN JIMÉNEZ | ENRIQUE CUEVAS RODRÍGUEZ sultado de un desigual desarrollo económico, la delincuencia es producto de una excesiva pobreza y desigualdad económica. Igualmente, las crisis o recesiones pueden provocar un salto brusco en el crimen, esto provoca una gran pérdida social y económica que podría llegar al 2% del PIB. América Latina es una de las regiones con mayor desigualdad, donde además el crecimiento económico ha sido muy volátil. En esta región, la violencia ha mostrado un mayor crecimiento que en el resto del mundo. Factores institucionales como el nivel de impunidad, la eficiencia policial y del sistema de justicia son factores que aumentan o inhiben el crecimiento de la delincuencia. Por tanto, sociedades con bajo crecimiento y alta desigualdad pueden tener una baja propensión a invertir en la prevención del delito. Laureiro (2013) plantea que la delincuencia es persistente porque existen factores externos e internos. Los primeros están influidos por el desempleo o bajos sueldos de los individuos, que los motiva a delinquir; los segundos se refieren al costo moral, la decisión de cometer un delito está mediada por los costos y beneficios que tiene que evaluar el delincuente. Por su parte, hay controversia sobre si la delincuencia está determinada por la pobreza y la desigualdad. Bourguignon (1999) plantea que sí hay una relación positiva entre estas variables, pero no queda claro quién es la víctima, los pobres o los ricos. Para otros autores, sin embargo, una alta concentración poblacional, aunada a altos niveles de pobreza, determina más la violencia que la desigualdad por sí misma (Paterson, 1991). Sin embargo, Arriaga y Godoy (2000) utilizan el enfoque multicausal. En él se propone buscar los factores causantes de la delincuencia con mayor frecuencia o aquellos que tienen mayor probabilidad de detonarla; se trata de evaluar cuáles y cuándo esos factores pesan más, es decir, la probabilidad de que ocurra un delito. Establecen tres factores de riesgo, clasificados en tres grupos: 1) posición y situación en la familia: sexo, edad, escolaridad, consumo de alcohol; 2) económicos y culturales: pobreza, hacinamiento, cultura de la violencia; y 3) contextuales e institucionales: corrupción, disponibilidad de armas de fuego. El enfoque de Arriaga y Godoy (2000) parece ser reforzado por el estudio de Salazar-Estrada, Torres-López, Reynaldos-Quinteros et al. (2011), quienes realizan un análisis en el periodo 20062007 de los factores asociados a la delincuencia en adolescentes de Guadalajara. El estudio toma casos reales de 122 personas reTRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DE LA DELINCUENCIA 85 cluidas en el Centro Tutelar de Menores; con base en entrevistas, analizan cuáles son las características socioeconómicas de los menores infractores. Efectivamente, encuentran que factores familiares y económicos se presentaban con más frecuencia en los jóvenes encarcelados; el consumo de drogas, la existencia de una familia disgregada, el maltrato familiar, vivir en un entorno precario de marginación, antecedentes delictivos en la familia, antecedentes de violencia escolar y bajos niveles de escolaridad, todos estos factores están presentes en la historia personal de los adolescentes encarcelados; además, no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres, todos esos factores están presentes más o menos en ambos subgrupos. Vilalta (2009) realiza un estudio para la Ciudad de México, donde explora la geografía del delito en función de las áreas donde hay más pobreza, donde hay zonas comerciales y habitacionales de mayor ingreso, y áreas donde la estructura familiar y social están más erosionadas. Sus principales resultados apuntan a que la incidencia de robos aumenta en áreas de mayor densidad poblacional, pero no donde hay mayor población; es decir, en zonas comerciales y con alta afluencia de personas los robos se incrementan. También encuentra que hay menos incidencia de robos en las zonas con más pobreza; en otras palabras, los pobres no les roban a los pobres. Igualmente, confirma que aumenta la probabilidad de robos donde la estructura familiar está erosionada y los apoyos sociales son menores. Caamal (2012) realiza un estudio para las áreas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y la ciudad de León con datos de 2009; su objetivo es estudiar si ser pobre aumenta o disminuye la probabilidad de ser víctima de la delincuencia. Este trabajo explora que las personas que tienen mayor ingreso son más propensas a sufrir un delito, sin embargo, también tienen más posibilidades de autoprotegerse; por tanto, en el extremo opuesto, la población en pobreza se encuentra más vulnerable. Los principales resultados de este trabajo apuntan a que los hogares en situación de pobreza tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de un delito, en especial robo a casa habitación; en el otro extremo, los hogares con jefes de familia con mayor educación e ingresos son menos propensos a sufrir un delito. Este resultado es contrastante con los hallazgos del trabajo de Vilalta (2009). Fajnzylber, Lederman y Loayza (1998) realizan un estudio amplio sobre los determinantes de las tasas de homicidios y roTRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �86 BERNARDO JAÉN JIMÉNEZ | ENRIQUE CUEVAS RODRÍGUEZ bos para un conjunto de países de América Latina para un periodo largo de 1970 a 1994. Las variables explicativas de las regresiones son el producto nacional bruto per cápita, el índice de Gini, la educación media, la tasa de urbanización y el consumo de drogas. Los resultados concluyen que el nivel de desigualdad (índice de Gini) es la única variable significativa como factor explicativo de la delincuencia en los países latinoamericanos, y que además existe evidencia de que la violencia genera más violencia, la violencia se retroalimenta a sí misma. González Andrade (2014) realiza un estudio de la posible relación entre el crecimiento económico regional en México, medido por el PIB estatal per cápita, y la tasa de criminalidad, estudio a nivel de las 32 entidades federativas con información estadística de 2003 a 2010. El trabajo encuentra que efectivamente existe una pequeña relación inversa entre estas dos variables. Más específicamente, existe una leve relación negativa entre los delitos del fuero común, y lo mismo ocurre con los del fuero federal. Esto pone en evidencia que existen otras variables, no incluidas, que explican con más fuerza esta relación. Obando Morales-Bermúdez y Ruiz Chipa (2007) realizan un estudio donde buscan determinar las causas socioeconómicas de la delincuencia en Perú; para ello construyen un modelo con datos de 2007 a nivel provincial. El trabajo pone énfasis en cuatro delitos: robo a individuos, a viviendas, de animales y agresión de pandillas. Construyen una tasa de cada uno de estos delitos en función de variables socioeconómicas: policías por cada mil habitantes, porcentaje de población urbana, desocupación, niveles de pobreza, desigualdad, porcentaje de viviendas con carencias educativas y gasto per cápita mensual. Sus principales resultados sugieren que variables como la desocupación, el grado de urbanidad, la pobreza y la desigualdad tienen mayor efecto sobre los niveles de delincuencia, a diferencia de la presencia policial, que no resultó significativa en ninguno de los modelos. Existen, sin embargo, enfoques no económicos que explican los niveles de delincuencia. Redondo Illescas y Pueyo (2007) analizan este fenómeno desde la perspectiva psicológica. En este enfoque se parte de los siguientes principios: 1) la delincuencia se aprende, 2) existen rasgos individuales que predisponen al delito, 3) los delitos son respuestas individuales a vivencias de estrés y TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DE LA DELINCUENCIA 87 tensión, 4) la implicación en actividades delictivas es resultado de ruptura de vínculos sociales, y 5) el inicio y el mantenimiento en la carrera delictiva se relacionan con la infancia y la adolescencia. Estos principios parten de que una persona es más proclive al delito si está relacionada con otras que ya delinquen; igualmente, que algunos individuos son propensos a cometer un delito por fallas en el funcionamiento del cerebro, o trastornos como hiperactividad y alta impulsividad. También se ha puesto de relieve la estrecha conexión entre vivencias de tensión y una alta propensión a cometer delitos; es conocido cómo muchos homicidios o lesiones son cometidos por individuos que tienen sentimientos de ira, venganza, ansia de dinero o desprecio a otras personas, todas variables muy difíciles de cuantificar. 2. DESEMPEÑO DE LA DELINCUENCIA EN JALISCO Y POLÍTICAS PARA COMBATIRLA Los estudios previamente revisados dan cuenta de una relación entre niveles de desempeño económico e institucional y sus impactos en los niveles de bienestar de la población. Es pertinente presentar un breve balance de cómo ha sido el comportamiento de algunas variables de desempeño del estado de Jalisco. El PIB de Jalisco creció en el año 2016, respecto a 2015, 4.7%, por encima del crecimiento promedio registrado a nivel nacional, que fue de 2.7%. Jalisco es el cuarto estado que aporta al PIB nacional, con 6.4%, después de la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León. Como resultado del crecimiento de la economía jalisciense, en 2017 los empleos en el sector formal crecieron a 93,631 nuevos trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; esto representa un crecimiento de 5.8% respecto a 2016. Aun con este ritmo de crecimiento de la economía, existía en 2017 un 50% de informalidad laboral (Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG-Jalisco), 2018a, 2018b) y 63% de la población ocupada recibía ingresos de hasta tres salarios mínimos, es decir, 6,573 pesos, promedio mensual de ese año. Jalisco tenía en 2018 una población de 8.2 millones de habitantes. En los últimos años, la población del estado ha crecido a una tasa de 1.3% anualmente. Un 62% de la población total radica TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �88 BERNARDO JAÉN JIMÉNEZ | ENRIQUE CUEVAS RODRÍGUEZ en la región centro del estado; 26% de la población son jóvenes de 15 a 29 años de edad, y 40%, adultos de 30 a 60 años. Tal como sucede a nivel nacional, en Jalisco los niveles de pobreza son persistentes. En 2016, 31.8% de la población del estado se encontraba en situación de pobreza multidimensional y 1.8% en pobreza extrema (2.56 millones de personas y 144,881 personas, respectivamente). Por otra parte, Jalisco tenía en 2015 un grado de marginación bajo, ocupando la posición 27 en el ranking nacional. En 2015, existían siete municipios (de 125 en total) con grado de marginación de muy alto a alto. En cuanto a las carencias, destaca que 49.1% no tenía acceso a la seguridad social, 17.6% no tenía acceso a los servicios de salud, 15.4% tenía carencias por acceso a la alimentación y 16.3% mostraba un rezago educativo. La escolaridad promedio en 2018 era de 9.5 años, es decir, poco más de secundaria terminada. La información previa muestra que Jalisco tiene un desempeño macro aceptable, la economía y el empleo formal crecieron más que el promedio nacional; sin embargo, adolece de los mismos problemas estructurales que a nivel nacional: la pobreza y la desigualdad están presentes aunque la economía crezca. Lo mismo ocurre con los niveles de delincuencia, tal como ya se mostró. La Envipe 2018 para Jalisco muestra una tendencia creciente en los delitos. Según la encuesta, durante 2017 se presentaron en la entidad 2,437,479 delitos; sin embargo, la Fiscalía General del Estado sólo tiene registradas 114,383 denuncias, es decir, 4.7% del total. La Envipe reporta que la población que sufrió un delito no acude al ministerio público a denunciar por falta de tiempo (28.4%) o por desconfianza en la autoridad (16.6%), dentro de los más importantes motivos. El cuadro 1 muestra el total de delitos en Jalisco, desglosado en las 12 regiones que forman el estado. Respecto a 2009, las denuncias de delitos del fuero común crecieron 59.3% en 2017; en ese último año se denunciaron 114,383 delitos. Las regiones Altos Sur y Lagunas tuvieron un crecimiento de más del doble de delitos, mientras que las regiones Centro, Sierra de Amula y Valles registraron crecimientos significativos. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �89 DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DE LA DELINCUENCIA CUADRO 1 Jalisco: Delitos del fuero común por regiones, 2009-2017. Regiones 2009 2013 2017 2017/2009 Dist. % Altos Norte 3,187 3,500 Altos Sur 1,582 4,328 4,013 25.9 3.5 3,838 142.6 Centro 48,697 3.4 70,555 82,773 70.0 72.4 Ciénega Costa Sierra Occidental 2,834 2,864 2,619 -7.6 2.3 5,593 5,729 6,617 18.3 5.8 Costa Sur 1,652 1,619 1,303 -21.1 1.1 Lagunas 953 1,393 2,324 143.9 2.0 Norte 378 449 504 33.3 0.4 Sierra de Amula 1,244 1,632 2,104 69.1 1.8 Sur 1,979 2,404 2,786 40.8 2.4 Sureste 1,327 1,385 1,756 32.3 1.5 Valles 2,394 2,924 3,746 56.5 3.3 Total 71,820 98,782 114,383 59.3 100 Delitos del fuero común: extorsiones, fraudes, homicidios dolosos, robo a bancos, a casa habitación, a personas, a vehículos particulares, a camiones de carga, a negocios y secuestros. Fuente: MIDE Jalisco, con información de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. La región centro, que agrupa a los principales municipios, aporta más del 70% de las denuncias. En este trabajo dividimos los delitos en dos grupos: los delitos contra las personas, que agrupan todos aquellos que afectan de forma física, emocional o el patrimonio de las personas, tales como los homicidios, las agresiones, el secuestro, las violaciones sexuales; el otro grupo son los delitos contra la propiedad, que afectan o dañan las cosas sin mediar violencia extrema sobre las víctimas. En el cuadro 2 se muestran las tasas de crecimiento de los delitos contra las personas; las extorsiones son las que más rápido han crecido, seguidas de los homicidios dolosos. Las regiones Sur, Sierra de Amula y Ciénega han crecido rápidamente, aunque sobre una base pequeña. Por ejemplo, en la región Sur, no fue sino hasta 2011 que se registró una denuncia por extorsión, y para 2017 ya había 22; lo mismo ocurre con las otras dos regiones. Al contrario, con el más grave de todos los delitos, los homicidios, y con el robo a personas, en la región Centro, donde se asientan los municipios más poblados del estado, las tasas de crecimiento no son muy elevadas, pero a partir de una base muy grande. Por ejemplo, en 2009 se presentaron 240 homicidios en la región Centro, y para 2017 ya TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �90 BERNARDO JAÉN JIMÉNEZ | ENRIQUE CUEVAS RODRÍGUEZ eran más de mil; lo mismo ocurre con el robo a personas: en 2016 se presentaron 2,016, y para 2017 ya eran más de 4,300 delitos. CUADRO 2 Delitos contra las personas. Tasas de crecimiento promedio, 2017-2009. Extorsiones Homicidios Dolosos Altos Norte 20.3 22.8 -1.4 5.5 Altos Sur 67.3 14.8 30.9 22.7 Centro 33.6 16.0 0.6 24.5 Ciénega 70.1 15.5 4.7 6.6 Costa Sierra Occidental 30.0 10.5 1.6 -0.1 Regiones Fraudes Robo a Personas Costa Sur 49.9 6.6 9.6 9.4 Lagunas -15.8 19.8 7.3 26.3 Norte 20.4 13.5 11.5 7.3 Sierra de Amula 72.1 14.9 8.2 18.3 Sur 234.1 7.5 0.6 4.8 Sureste 34.6 19.3 3.3 4.2 Valles 20.7 13.6 7.2 12.2 Promedio 53.1 14.6 7.0 11.8 Fuente: MIDE Jalisco, con información de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. En los delitos contra la propiedad (cuadro 3), el robo a camiones de carga se triplicó en todo el estado: en 2009 se robaban 220 y en 2017 los robos reportados en el ministerio público fueron 834. La mayoría de los robos a personas y a casas habitación se concentra en la región centro. El 87% del robo a personas se presenta en los municipios más grandes, que forman la región Centro. Los delitos se concentran en zonas comerciales, en la zona centro de Guadalajara; en general, donde se presenta una mayor afluencia de personas, que son víctimas de robo de teléfonos celulares, carteras y equipos de cómputo, principalmente. En los últimos años se ha dado el robo “conejero”, perpetrado en su mayoría por jóvenes que roban a bordo de motocicletas; en este tipo de vehículos se facilita la huida en el tráfico de las calles; igualmente atacan a personas que salen de sucursales bancarias después de retirar fuertes sumas de dinero. Se les puso ese mote de “conejeros” porque están al acecho de la víctima, pues los delincuentes tienen información de que el cuentahabiente retiró dinero, lo cual supone colusión con algún empleado bancario. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �91 DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DE LA DELINCUENCIA CUADRO 3 Delitos contra la propiedad. Tasas de crecimiento promedio, 2017-2009. Robo a Personas Robo a Casa Robo de Vehículo Particular Robo de Camión de Carga Robo a Negocio Altos Norte 5.5 6.9 11.7 17.9 4.7 Altos Sur 22.7 29.7 13.2 24.1 21.6 Centro 24.5 12.1 7.4 17.5 22.1 Ciénega 6.6 2.8 -0.4 3.0 5.3 Costa Sierra Occidental -0.1 4.1 1.5 -18.2 6.2 Costa Sur 9.4 1.9 -1.1 -18.2 -1.5 Lagunas 26.3 8.3 26.6 36.6 14.6 Norte 7.3 18.4 -4.0 -9.1 45.2 Sierra de Amula 18.3 13.0 8.8 92.3 8.8 Sur 4.8 -2.2 2.8 27.8 4.3 Sureste 4.2 5.6 9.7 71.0 11.3 Valles 12.2 4.4 10.1 14.4 4.9 Promedio 11.8 8.8 7.2 21.6 12.3 Regiones Fuente: MIDE Jalisco, con información de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. El robo a casas igualmente se concentra con un 55% en la región Centro; es en los municipios más grandes, Guadalajara y Zapopan, donde se concentra la mayoría de los atracos, casi siempre cuando los ocupantes de la vivienda no se encuentran presentes. El robo de vehículos particulares ha mostrado un rápido crecimiento en Jalisco, especialmente en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque, todos de la región Centro; en 2017, por ejemplo, absorbían 71% del robo total de vehículos en Jalisco.5 La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro reporta en su último informe que el robo de vehículos con violencia es de 56% en promedio a nivel nacional. 2.1. Políঞcas y programas en contra del fenómeno de la delincuencia El gobierno de Jalisco ha diseñado diversos programas para enfrentar el fenómeno de la delincuencia; los objetivos generales de 5 En su último reporte, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro informa que durante 2017 se robaron 90,187 vehículos a nivel nacional, de los cuales 13.3% fueron robados en Jalisco. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �92 BERNARDO JAÉN JIMÉNEZ | ENRIQUE CUEVAS RODRÍGUEZ la política quedaron plasmados en el Programa Sectorial de Seguridad Ciudadana, publicado en 2013. En ese documento se realiza un diagnóstico donde se reconoce que son los factores socioeconómicos en los que vive la población los que generan las condiciones para la persistencia y el crecimiento de la delincuencia y la violencia en el estado. El documento reconoce que la desigualdad social y la pobreza generan pocas oportunidades de desarrollo, principalmente en la población joven; además existe desarticulación en las políticas de seguridad entre los tres niveles de gobierno, aunada a la falta de personal: policías preventivas, ministerios públicos, policía investigadora. Todo esto con altos niveles de corrupción en las instituciones dedicadas a impartir justicia a los jaliscienses. Además, la delincuencia cada vez está mejor organizada, su presencia se extiende por todo el estado y las regiones son escenarios de constantes enfrentamientos de los grupos dedicados al narcotráfico. En los principales municipios, las ejecuciones de personas son constantes, los niveles de violencia que muestran son impresionantes y por ello la población se encuentra con miedo. Como resultado de ese diagnóstico, se presenta a continuación un resumen de las principales políticas que han impulsado tanto el gobierno de Jalisco como los de los municipios. Creación de la Fiscalía General del Estado El gobernador Aristóteles Sandoval propuso al inicio de su gobierno una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y en 2013 se creó la Fiscalía General del Estado de Jalisco, que asume las funciones “que hasta entonces tenían encomendadas la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, la Procuraduría General de Justicia, la vertiente operativa de la secretaría en materia de vialidad, así como en materia de protección civil y bomberos”.6 En la práctica, la Secretaría de Movilidad siguió teniendo una función independiente de la fiscalía. Pero esa política se asumió como una innovación en la administración del gobierno de Jalisco. 6 A partir de esa iniciativa, se publicó el 10 de junio de 2013 el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DE LA DELINCUENCIA 93 Fuerza Única Jalisco Uno de los cambios que generó la creación de la Fiscalía General del Estado fue la creación de la Fuerza Única Jalisco (FUJ). “Esta fuerza policial se concibe como un instrumento operativo cuya misión es reforzar la capacidad de los gobiernos del estado y de los municipios de Jalisco para garantizar el orden y la paz pública, así como para proteger la integridad física y patrimonial de sus habitantes, residentes temporales y personas en tránsito”. La FUJ se forma de la Fuerza Única Regional y de la Fuerza Única Metropolitana; este último es un proyecto conjunto, creado desde 2013 entre el gobierno de Jalisco y los nueve gobiernos municipales que forman el AMG. El gobierno de Jalisco se comprometió a dotar de equipo operativo (uniformes, calzado, armamentos) y camiones blindados, y ejercer el mando único. A los municipios les corresponde comisionar policías municipales a la FUJ y someter a su personal a los exámenes de control de confianza. Escudo Urbano C5 Consiste en la instalación de 6,700 cámaras de videovigilancia en las calles y avenidas de los nueve municipios que integran el AMG. Este sistema pretende incorporar tecnología de punta para lograr una ciudad segura para los habitantes de la ciudad a través de herramientas de prevención, investigación e inteligencia, todo con el objetivo de disminuir los delitos que sufren los ciudadanos. La inversión en esta tecnología tendrá un costo de 850 millones de pesos. Una vez en funcionamiento, el sistema tendrá la capacidad de hacer acercamientos para detectar placas de autos y rostros de personas; en cada uno de los postes que soportan las cámaras habrá botones de emergencia que los ciudadanos podrán oprimir y así comunicarse a la base de la policía, y que permitirán detectar en tiempo real las llamadas de emergencia, tanto por la presencia de algún delito como por accidentes u otras emergencias que requieran la presencia de la policía y protección civil de los municipios. Botón de pánico Este sistema consiste en la instalación de una aplicación en los teléfonos celulares inteligentes que permite agilizar la comunicación entre los ciudadanos y los servicios de emergencias 911. Esta aplicación se lanzó en enero de 2016, primero para sistema Android TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �94 BERNARDO JAÉN JIMÉNEZ | ENRIQUE CUEVAS RODRÍGUEZ y hasta septiembre para el sistema IOS. En caso de que un usuario esté en medio de una emergencia, tiene dos opciones: presionar un botón para enviar una señal silenciosa o una llamada desde el teléfono celular; en ambos casos la alerta se enlaza al sistema 911, donde ya se tienen los datos del usuario previamente capturados, y a través de la geolocalización se podrá prestar ayuda a la posible víctima. Policía Metropolitana Desde octubre de 2016, los nueve presidentes municipales que integran el AMG, encabezados por el gobernador del estado, firmaron el acuerdo para formar la Policía Metropolitana y la Agencia Metropolitana de Seguridad. La primera consiste en crear una fuerza policial especializada para enfrentar los delitos de alto impacto; el proyecto incluye a los nueve municipios que integran el AMG. Y la segunda es la instancia formal de estudio y propuestas de políticas municipales que busquen reducir la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la violencia y la delincuencia.7 Como es evidente, la incidencia de delitos en Jalisco va en constante aumento, todas las políticas que han impulsado el gobierno de Jalisco y los municipios no han mejorado la seguridad ciudadana; los delitos son persistentes, no sólo porque no han atacado las causas originarias de la delincuencia, tales como la desigualdad, la pobreza y la debilidad de las instituciones que procuran la impartición de justicia, sino porque los programas que se crearon ex profeso no han funcionado al cien por ciento. Por ejemplo, el Escudo Urbano C5 tenía funcionando a finales de 2018 sólo 2 mil cámaras, y los botones de emergencia que están al pie de los postes no están funcionando completamente; el gobierno del estado informó que en el futuro se pondrá en funcionamiento todo el sistema, pero la puesta en marcha de este proyecto se cruzó con el cambio en el gobierno del estado. Para mediados del año 2019, el C5 aún no estaba funcionando en su totalidad. Por otra parte, el botón de pánico ha tenido que enfrentar la 7 La creación de la Policía Metropolitana no desaparecía las policías municipales. La propuesta era que éstas quedaran en cada uno de los municipios haciendo las tradicionales tareas de prevención; por su parte, la Agencia Metropolitana de Seguridad tendría la figura de un organismo público descentralizado, cuya vigencia sería determinada por todos los presidentes municipales y el gobernador del estado. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DE LA DELINCUENCIA 95 curva de aprendizaje. A dos años del lanzamiento de esta aplicación, 51 mil personas la han descargado en sus teléfonos, pero sólo 42 mil cumplieron el proceso y se registraron; además, solamente la han utilizado poco más de 1,500 personas, con el agravante de que 70% de las llamadas han sido falsas emergencias de usuarios que juegan con la aplicación o, en el mejor de los casos, que activan el botón con el fin de poner a prueba la aplicación digital (El Informador, 19 de agosto de 2018). Además, la creación de la Policía Metropolitana nunca se echó a andar tal como se planteaba en el proyecto. El problema fue la homologación de los sueldos de los policías, que obligaba a realizar un ajuste presupuestal para varios municipios. Por poner un ejemplo, los 958 policías del municipio de Zapopan ganaban en 2016 un promedio de 17 mil pesos mensuales, mientras que en el municipio de Ixtlahuacán el sueldo promedio de los 54 elementos era de 5,700 pesos. El acuerdo era que cada municipio aportara elementos a la Policía Metropolitana, y el gobierno del estado aportaría la diferencia para homologar los sueldos conforme al más alto de ellos, que era el de Zapopan. Este acuerdo nunca se concretó, generando una disputa política entre el gobierno de Jalisco (PRI) y los gobiernos municipales emanados del partido Movimiento Ciudadano.8 Por tanto, desde 2017 el proyecto de crear la Policía Metropolitana se quedó varado. Mientras que la Agencia Metropolitana de Seguridad sí se formalizó a finales de octubre de 2016; sin embargo, sus resultados no se han reflejado en disminuir los niveles de delincuencia en los municipios que integran el AMG.9 Finalmente la FUJ sí continuó operando, pero con recursos únicamente del gobierno del estado, es decir, la propuesta del gobernador de fortalecer la Fuerza Única Metropolitana con recursos humanos y materiales de los municipios del AMG no se concretó. Los conflictos políticos entre el gobierno del estado y los de los municipios han frenado este proyecto, en perjuicio de la seguridad de los ciudadanos. 8 Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco de 2013 a 2018, en tono molesto mencionó a la prensa que era obligación de los municipios pagar las prestaciones de los policías municipales comisionados en la FUJ (El Informador, 1 de febrero de 2018). 9 La Agencia Metropolitana de Seguridad se constituyó como un organismo público descentralizado. Sus objetivos son articular políticas que reduzcan la vulnerabilidad social y los fenómenos que originan la delincuencia, tales como coordinación metropolitana, recuperación de espacios públicos, modernización del sistema de justicia y de la Policía Metropolitana, entre otros. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �96 BERNARDO JAÉN JIMÉNEZ | ENRIQUE CUEVAS RODRÍGUEZ 3. PRESENTACIÓN DEL MODELO Y PRINCIPALES RESULTADOS Para estudiar los determinantes de la incidencia delictiva en Jalisco, se estimaron dos modelos de regresión lineal. En el primero, la variable dependiente fue la cantidad de delitos a las personas, y en el segundo, la cantidad de delitos al patrimonio. En ambos se construyó un índice, dividiendo los delitos por cada mil habitantes.10 Este índice se construyó con base en un promedio de los delitos de 2013 a 2017, para cada categoría de delitos. Las variables para las cuales se dispone de información, y que por la revisión teórica y las evidencias empíricas (expuestas en trabajos previos citados en el primer apartado de este análisis) son relevantes en la cantidad de delitos cometidos en México, son las que a continuación se mencionan. 1. Como un indicador del grado de desarrollo municipal, desde el punto de vista institucional, se tomó el índice de desarrollo municipal (IDM), cuya escala de medición es de 0 a 100. Esta información se encontró disponible para el año 2011. 2. Para incluir el nivel de desarrollo municipal, pero desde el punto de vista de su aportación al producto interno bruto estatal, se tomó el valor agregado censal bruto (VACB), medido en miles de pesos per cápita. Esta información estuvo disponible para el año 2012. 3. Como indicador del grado de pobreza se tomó uno de los indicadores que el Coneval utiliza para su medición: el porcentaje de población vulnerable por ingresos (%POB_Vulnerable). Esta información fue de 2010. 4. Finalmente, se incluyó una de las características sociodemográficas que definen a un municipio, desde el punto de vista de su estructura demográfica, como se propone en diversos estudios: porcentaje o proporción de personas jóvenes (o adultas) en el total municipal. Esta información se tomó de la última encuesta intercensal de 2015. 10 En los delitos contra las personas se agruparon: homicidios dolosos, extorsiones, fraudes y robo a personas. En los delitos contra el patrimonio se agruparon: robos a casa habitación, a vehículos particulares, a camiones de carga y a negocios. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DE LA DELINCUENCIA 97 De acuerdo con los datos sobre incidencia delictiva en Jalisco, seis municipios concentran el 75% de los delitos, tanto a las personas como al patrimonio. Estos municipios son: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, correspondientes al AMG, más Puerto Vallarta, ubicado en la costa norte de la entidad. Es indudable que esta cantidad de delitos está determinada por el tamaño de población; en efecto, son los seis municipios más grandes de la entidad. Para mostrar estas asimetrías en la cantidad de delitos a las personas y al patrimonio, se presenta la gráfica 1, la cual muestra el porcentaje de delitos a las personas (eje Y) en función de la cantidad de delitos por cada mil habitantes (eje X), tomando a todos los municipios (gráfica de la izquierda) y excluyendo a los seis más grandes (gráfica de la derecha). La misma situación se presenta en el caso de los delitos contra el patrimonio (gráfica 2). En ambas gráficas lo que se observa es la alta concentración de delitos cuando se toman todos los municipios; la escala va de 0 a más de 15 por cada mil personas. Mientras que, al quitar a los seis municipios más grandes, la distribución se recorre más hacia la derecha y la escala de los delitos se reduce considerablemente, de 0 a solamente dos. Un análisis de regresión que incluya a los 125 municipios de Jalisco no permitirá observar el impacto de las variables independientes listadas previamente, porque ninguna o muy pocas de ellas serían relevantes; la significancia estadística la determinaría la cantidad de población. Para observar esto que se comenta, se presentan los resultados de las regresiones mencionadas: en la primera, la variable dependiente es la cantidad de delitos a las personas por cada mil habitantes (regresión 1), y en la segunda, al patrimonio (regresión 2) (cuadro 4). TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �98 BERNARDO JAÉN JIMÉNEZ | ENRIQUE CUEVAS RODRÍGUEZ GRÁFICA 1 Delitos a las personas en todos los municipios de Jalisco (izquierda) y excluyendo a los seis municipios más grandes (derecha). n=119 0 0 20 10 Percent 40 Percent 20 60 30 80 N=125 0 5 10 del_p 15 .5 0 del_p 1 1.5 Fuente: Elaboración propia. GRÁFICA 2 Delitos contra el patrimonio en todos los municipios de Jalisco (izquierda) y excluyendo a los seis municipios más grandes (derecha). 30 Percent 20 0 0 20 10 Percent 40 60 40 n=119 80 N=125 0 5 10 15 0 .5 del_pat Fuente: Elaboración propia. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 1 del_pat 1.5 2 �99 DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DE LA DELINCUENCIA CUADRO 4 Regresiones lineales que incluyen a todos los municipios de Jalisco. (1) Personas IDM 0 . 07 1 4*** ( 4 . 34 ) Pob>=60 - 0 . 00 1 4 (- 0 . 04 ) 0 . 0357*** ( 3 . 76 ) VACB (2 ) Patrimonio 0 . 0696*** ( 3 . 98 ) 0 . 0318 ( 0 . 77 ) 0 . 0430*** ( 4. 27 ) %POB Vulnerable - 0 . 02 1 3 (- 0 . 88 ) - 0 . 0164 (- 0 . 64 ) Constant - 3 . 1742*** (- 3 . 03 ) - 3 . 66 7 9*** (- 3 . 29 ) 125 . 0000 14 . 8005 0 . 3304 N F r2 125 . 0000 1 4 . 0654 0 . 3192 t stat i stics in parentheses * p<0 .1 0 , ** p<0 . 05 , *** p<0 . 01 Fuente: Elaboración propia. Como se observa, sólo dos variables fueron estadísticamente significativas en la determinación de la cantidad de delitos: el IDM y el VACB. Por otra parte, se observa que la capacidad explicativa de los modelos es relativamente baja, alrededor del 33% (valor de la R2). Si se excluyen los seis municipios más grandes mencionados, los resultados de los modelos de regresión son los que se muestran en el cuadro 5. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �100 BERNARDO JAÉN JIMÉNEZ | ENRIQUE CUEVAS RODRÍGUEZ CUADRO 5 Regresiones lineales que excluyen a los seis municipios más grandes de Jalisco. (1) Personas IDM (2 ) Patrimonio 0 . 0057*** (2 . 69 ) 0 . 0050** (2 . 21) - 0 . 0155*** (- 3 . 23 ) - 0 . 0139*** (-2 . 74) VACB 0 . 0073*** (6 . 01 ) 0 . 0068*** (5 . 34 ) %POB Vulnerable 0 . 0056* (l. 93 ) 0 . 0104*** (3 . 41) Pob>=60 Constant N F r2 - 0 . 0167 (- 0 . 13 ) - 0 . 0402 (- 0 . 29 ) 119 . 0000 28 . 0221 O. 4 958 119 . 0000 25 . 5636 0 . 4728 t statisti cs in parentheses * p<0 . 10 , ** p<0.05 , *** p<0 . 01 Fuente: Elaboración propia. Como se observa, en ambos modelos todas las variables resultan estadísticamente significativas. Sólo en la regresión 1, el porcentaje de población vulnerable en ingresos resultó significativo al 10%; el resto de las variables fueron significativas al 5 y 1%. La capacidad explicativa de ambas regresiones se elevó de forma considerable, a prácticamente el 50% (valor de la R2), lo cual indica que estas cuatro variables explican en un 50% la cantidad de delitos, tanto a las personas como al patrimonio. Los signos de las variables en ambos modelos son congruentes con los estudios previos y la evidencia empírica. Así, en aquellos municipios con mayor desarrollo, representados por altos IDM y/o alto VACB, la incidencia delictiva es mayor; es decir, el IDM TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DE LA DELINCUENCIA 101 muestra que hay una correlación positiva entre el desarrollo que alcanza el municipio, el tamaño del municipio y por tanto los niveles de ingreso promedio de la población susceptible de ser víctima de un delito. Este hallazgo es coincidente con los encontrados por Vilalta (2009), quien concluye que la incidencia de delitos es mayor en zonas más urbanizadas que en zonas pobres; aunque contrastan con los hallados por Caamal (2012), quien concluye lo contrario: que zonas con mayor pobreza son más susceptibles de ser víctimas de delitos, por cuanto tienen menos posibilidades de autoprotegerse. También, los resultados de las estimaciones estadísticas mostraron que en aquellos municipios en los que es considerablemente alta la proporción de personas adultas mayores (60 años y más) en comparación a los menores de 60, la incidencia delictiva se reduce. Esto puede deberse a dos fenómenos: a que la población joven es la más propensa a delinquir, y a que esos municipios en donde prevalece la población adulta mayor son municipios rurales con grados de desarrollo muy bajos. El signo positivo de la variable que mide el porcentaje de población vulnerable en ingresos puede deberse a que su magnitud está asociada con el tamaño de la población de los municipios, más que a un indicador de pobreza. En efecto, a medida que el número de la población aumenta, la proporción de personas vulnerables en ingreso también es mayor, así que la incidencia delictiva es alta en estos municipios por el tamaño de población, y no por el hecho de ser municipios pobres. Como mostraron los signos de las variables IDM y VACB, en los municipios de mayor desarrollo (y por lo tanto de menor pobreza promedio) es mayor la incidencia delictiva. CONCLUSIONES Este trabajo se propuso revisar los determinantes socioeconómicos de la delincuencia a nivel municipal y regional. Se buscó evidencia sobre si los niveles de delincuencia son más persistentes en aquellos municipios donde existe mayor pobreza y desigualdad o donde se aglutina mayor población. Tal como se mostró en el apartado de diagnóstico, Jalisco vive un ascenso de la delincuencia en sus 12 regiones y en sus 125 municipios; tanto los delitos contra las personas como los delitos contra el patrimonio han mostrado crecimienTRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �102 BERNARDO JAÉN JIMÉNEZ | ENRIQUE CUEVAS RODRÍGUEZ tos que ubican al estado en el top ten a nivel nacional. Todo ello se refleja en las encuestas sobre percepción (Envipe, 2018) que realiza el INEGI cada año, y que muestran que la población tiene el tema de la inseguridad como una de sus principales preocupaciones. Además, es muy alto el porcentaje de no denuncia, la llamada cifra negra, por efecto de la desconfianza que tiene la ciudadanía en las instituciones que imparten justicia. Un indicador muy importante son los niveles de impunidad que existen, medido por la proporción de delitos que finalmente son sancionados. En 2017, por ejemplo, se registraron 114,383 denuncias de delitos del fuero común, de las cuales sólo existen 29 sentencias realizadas con la nueva modalidad de juicios orales; en 2018, con datos preliminares, se denunciaron 89,431 delitos, y sólo existen 58 sentencias. Por tanto, el nivel de impunidad es muy elevado; lamentablemente, por la carencia de información, esta variable no pudo formar parte del modelo. En este trabajo se estudió el comportamiento de los delitos, divididos en dos grupos: delitos contra las personas, que incluye los delitos más sensibles, los llamados de alto impacto, como los homicidios dolosos, las extorsiones, el robo a personas y los fraudes; y en el otro grupo, delitos contra el patrimonio, se incluyeron todos las denuncias de robo que registra y, sobre todo, publica la Fiscalía General del Estado: robo a casa habitación, de vehículos particulares, de camiones de carga y a negocios. Tal como mostraron trabajos previos, la mayoría de este tipo de delitos se concentra en las ciudades más pobladas y donde se encuentran sectores poblacionales con mayores ingresos; como se indicó, seis municipios concentran 75% de todos los delitos. La revisión bibliográfica realizada en la sección 1 mostró que no existe un marco teórico consolidado que explique los factores que inciden sobre los niveles y el ritmo de crecimiento de la delincuencia. El consenso es que este fenómeno tiene determinantes multifactoriales: la pobreza y la desigualdad estructural, en el estricto sentido del término, así como un marco institucional frágil, especialmente de todas aquellas instituciones dedicadas a proveer justicia a los ciudadanos. Todo ello se refleja en bajos niveles de ingreso, desigualdad, bajos niveles de escolaridad, alta proporción de población joven, que, adicionados con altos niveles de impunidad, han generado incentivos para el crecimiento de todo tipo de delitos, así como el crecimiento de grupos delincuenciales muy bien organizados y pertrechados con armamento sofisticado. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DE LA DELINCUENCIA 103 La construcción del modelo econométrico justamente tuvo el propósito de evaluar los factores que determinan los delitos contra las personas y los delitos contra el patrimonio, ambos modelos en función de variables socioeconómicas. Los principales resultados de la presencia de población joven (Pob) y el IDM muestran la significancia estadística y los signos esperados: una mayor población joven y un desarrollo institucional incentivan la aparición de delitos; por su parte, el indicador de ingresos de la población (VACB) muestra que a mayor nivel de desarrollo se generan una mayor cantidad de delitos, y por último, a mayor pobreza (Pob Vulnerable) existen menos delitos. El gobierno del estado y los municipios, principalmente los ubicados en la región Centro, han impulsado políticas que usan algunas tecnologías, sin embargo, no han tenido los efectos esperados en inhibir los delitos. Una de las razones fueron los conflictos políticos entre el anterior gobierno del estado (emanado del PRI) frente a los gobiernos municipales (emanados del partido Movimiento Ciudadano). Durante los últimos tres años del gobierno de Aristóteles Sandoval sostuvieron varios enfrentamientos verbales, donde unos a otros se culpaban de que el proyecto de crear la policía metropolitana (o Fuerza Única Metropolitana) no hubiera funcionado. Por otra parte, el proyecto denominado C5 (cámaras de videovigilancia en toda la ciudad) tampoco ha funcionado. Ocurre lo mismo con la aplicación del botón de pánico, al que se le ha dado poca difusión y cuyos beneficios no se perciben aún en la población. Es decir, la tecnología que permite apoyar a los gobiernos a combatir la delincuencia y la violencia ya existe en el mercado, lo mismo que las políticas; sin embargo, el problema del que adolecen los gobiernos es su falta de consistencia para impulsar proyectos y su falta de talento para generar consensos entre diferentes actores políticos para impulsar políticas que resuelvan los problemas de inseguridad de la población. El presente trabajo muestra que los fenómenos de la delincuencia y la violencia en Jalisco deben ser enfrentados con políticas que atiendan los factores socioeconómicos estructurales, tales como la desigualdad, la pobreza y los bajos niveles de escolaridad que padece la población jalisciense. Además de la debilidad de las instituciones que imparten justicia, dado que los altos niveles de impunidad se convierten en un incentivo más para cometer un delito. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �104 BERNARDO JAÉN JIMÉNEZ | ENRIQUE CUEVAS RODRÍGUEZ Igualmente, el crecimiento de la delincuencia debe enfrentarse con una mayor coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno; aumentar el presupuesto para acrecentar y capacitar los ministerios públicos; impulsar por fin la creación de la Policía Metropolitana. Se espera que este organismo interinstitucional lleve a una reorganización en las labores de prevención de la fuerza policiaca, además de la esperada homologación salarial de los policías que forman los municipios del AMG. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Arriaga, I. y Godoy, L. (2000). Prevenir o reprimir: Falso dilema de la seguridad ciudadana. Revista de la Cepal, 70 (abril), 107-131. Chile. Bourguignon, F. (1999). Crime, violence and inequitable development. En B. Pleskovic y J. Stiglitz (ed.). Conference on development economics (pp. 199-220). World Bank. Recuperado de: http://documents.worldbank.org/curated/ en/448681468741326292/pdf/multi-page.pdf#page=205 Caamal, C. (2012). ¿Son los pobres las víctimas de la inseguridad en las metrópolis de México? Econocuantum, 9(1), 159-169. México: Universidad de Guadalajara. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) (2010). Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México. 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TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �La Vulnerabilidad Social en México en el Marco del Desarrollo Sustentable Social Vulnerability in Mexico in the Framework of Sustainable Development MADELYN ÁVILA VERA* | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA** | LIDIA RANGEL BLANCO*** ► RESUMEN La vulnerabilidad social es el resultado de las desigualdades que enfrenta la población para acceder a oportunidades que brindan el mercado, el Estado y la sociedad, y de la falta de entornos equitativos que permiten aprovecharlas para poder potencializar su desarrollo. Esta investigación explora la vulnerabilidad social en el marco del desarrollo sustentable; se elabora un indicador compuesto de tipo exploratorio, índice de vulnerabilidad social, el cual recopila información sobre el grado de desprotección, desventaja social y/o falta de desarrollo de capacidades de la población mexicana. A través del análisis exploratorio de datos espaciales, se detallan las disparidades socioterritoriales para la gestión de alternativas sustentables del país. Palabras clave: Vulnerabilidad social | Desarrollo sustentable | México | Análisis exploratorio de datos espaciales. ► ABSTRACT Social vulnerability is the result of the inequalities faced by the population to access opportunities offered by the market, the State and society, and about the lack of equitable environments that allow them to take advantage of such opportunities in order to potentiate their development. The research explores the social vulnerability in the framework of sustainable development; a composite indicator is developed, the social * Estudiante de maestría de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto de Investigaciones Sociales. Correo electrónico: madelyn_avila@hotmail.com ** Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto de Investigaciones Sociales. Correo electrónico: esteban.picazzopln@uanl.edu.mx *** Profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Correo electrónico: lrangel@docentes.uat.edu.mx Recibido: 20 de mayo de 2019 | Aceptado: 28 de julio de 2019 ISSN 2007-1205 | pp. 107-123 TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �108 MADELYN ÁVILA VERA | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA | LIDIA RANGEL BLANCO vulnerability index, which collects information on the degree of lack of protection, social disadvantage and/or lack of capacity development of the Mexican population. Through the exploratory analysis of spatial data, territorial social disparities for the management of sustainable alternatives in the country are detailed. Keywords: Social vulnerability | Sustainable development | Mexico | Exploratory analysis of spatial data. INTRODUCCIÓN Indiscutiblemente, las condiciones de desigualdad, pobreza, falta de acceso a oportunidades educativas, de salud y seguridad social representan características distintivas de la población de América Latina, siendo un reto para el diseño y la gestión de políticas para el desarrollo social, donde un entorno cambiante arroja una serie de complicaciones y contradicciones en la aplicación de las mismas. Este hecho, en primera instancia, no permite avanzar en términos de bienestar social, y, por otra parte, dificulta cumplir los objetivos del desarrollo sustentable. De acuerdo con el tema que nos ocupa, el enfoque de la vulnerabilidad, con particular referencia a la vulnerabilidad social, ha logrado aportar una explicación más amplia y novedosa a los estudios del bienestar social y la calidad de vida; como lo menciona Kaztman (2000), hace referencia a la incapacidad de una persona o de un hogar para aprovechar las oportunidades disponibles en distintos ámbitos socioeconómicos, con el fin de mejorar su situación de bienestar o impedir su deterioro. Busso (2001) explica que la noción de vulnerabilidad debe ser comprendida desde una postura “multidimensional”, dado que afecta a individuos, grupos y comunidades en distintos planos de su bienestar, de diversas formas y con diferentes intensidades. El enfoque de la vulnerabilidad permite articular otras dimensiones causales, tales como los aspectos económico, social, ambiental, institucional y de infraestructura, pero esta investigación se limitará a identificar las variables explicativas en la dimensión social. Bajo este formato, se da paso a la generación de un indicador que alberga siete variables explicativas (dependencia demográfica, mortalidad infantil, acceso a servicios de salud, población que no TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �LA VULNERABILIDAD SOCIAL EN MÉXICO 109 asiste a la escuela, población con educación básica incompleta, población analfabeta y población en pobreza extrema), para con ello otorgar una mayor explicación del fenómeno. Del mismo modo, se plantea una disyuntiva o equivocidad sobre las mediciones estandarizadas “unidimensionales” y hasta ahora mayormente aceptadas, que determinan el aspecto económico o de “ingreso” como único factor explicativo que proyecta las problemáticas distributivas, de desprotección, desventaja social y/o falta de desarrollo de capacidades de la sociedad que ocasionan los modelos de desarrollo. De esta manera, el objetivo de este documento es presentar una propuesta para considerar el enfoque de la vulnerabilidad social desde una perspectiva multidimensional y como factor analítico que amplifica el estudio de las disparidades en el territorio mexicano. Para esto, se propone un índice de vulnerabilidad social (IVS), aplicado a nivel municipal en el territorio mexicano, teniendo como base para el proceso de la ponderación de los factores que la influyen, la técnica de análisis de componentes principales (APC). La aplicación del IVS otorgará una mirada espacial sobre las posibles aglomeraciones de las variables de estudio, que en suma proporcionan las áreas vulnerables socialmente designadas aquí como “zonas prioritarias” para la atención oportuna de aplicación de políticas públicas. 1. VULNERABILIDAD SOCIAL Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE El estudio de las condiciones de vida en América Latina se ha vuelto un área importante para las investigaciones científicas, dado que los impactos provocados por los modelos de desarrollo en la región desatan severos efectos en el bienestar social y sobre la calidad de vida. En este contexto, nace un nuevo campo de estudio, la vulnerabilidad social. Supuesto esto, reconocer la vulnerabilidad social como perspectiva analítica para el estudio del desarrollo sustentable parte de las contribuciones de diversos autores latinoamericanos, como Busso, Kaztman, Rodríguez Vignoli, Filgueira y Moreno Crossley (citados en Rojas, González, Falcón et al., 2009), quienes coinciden en afirmar que los enfoques teóricos centrados en el concepto de vulnerabilidad conforman el sustento de un cuerpo teórico emerTRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �110 MADELYN ÁVILA VERA | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA | LIDIA RANGEL BLANCO gente que aspira a generar una interpretación sintética, multidimensional y de pretensiones integradoras sobre los fenómenos de la desigualdad y la pobreza en América Latina. Dicho cuerpo teórico permite ampliar el núcleo de estudio sobre los efectos que desatan los modelos de desarrollo de los países, condiciones que están estrechamente asociadas a los estudios de la sustentabilidad del desarrollo. No obstante, el desarrollo sustentable se puede definir operativamente como aquel que hoy exige un proceso armónico que demanda a los diferentes representantes de la sociedad responsabilidades y obligaciones en la práctica de los esquemas económico, político y social, así como en las pautas de utilización de los recursos naturales que establecen una calidad de vida adecuada (Cantú Martínez, 2012). Por lo cual, este artículo parte del reconocimiento de la vinculación del desarrollo sustentable y la vulnerabilidad, considerando esta última como un efecto negativo que imposibilita que las condiciones de vida mejoren en el aspecto social, económico y ambiental, o bien dificulta la marcha del desarrollo sustentable. Ahora bien, el enfoque de la vulnerabilidad se centra en conocer los determinantes de esas situaciones de precariedad e indefensión que acontecen a la sociedad, las cuales son producto del desajuste que se presenta entre el acceso de las estructuras de oportunidades que brindan el mercado, el Estado y la sociedad, y los activos de los hogares que permitirán aprovechar tales oportunidades (Kaztman, 2000, p. 278). Los trabajos sobre vulnerabilidad han estado estrechamente ligados a los estudios sobre condiciones de pobreza y catástrofes naturales como dimensión del riesgo (Blaikie et al., citado en Álvarez y Cadena, 2006, p. 249). En realidad, no se han encontrado investigaciones que aborden el diagnóstico de la vulnerabilidad como factor correlacionado al desarrollo sustentable, pero sí queda claro que constituye un agravio al bienestar social. En síntesis, las condiciones de vulnerabilidad están sujetas a los estudios del desarrollo, dado que es relevante conocer la realidad social mediante el reconocimiento de las diferentes disparidades de la población, y con ello ejercer la gestión de políticas públicas acertadas que generen un verdadero cambio que redefina el rumbo del desarrollo. Como mencionan García y Guerrero (2006), resulta difícil cubrir la extensa literatura sobre el desarrollo sustentable que ha TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �LA VULNERABILIDAD SOCIAL EN MÉXICO 111 florecido desde los años noventa; no obstante, de acuerdo al interés de esta investigación, se permiten reconocer dos enfoques principales: un enfoque asociado al concepto de necesidades básicas, el cual propone al desarrollo sustentable como un medio para alcanzar el bienestar social a partir del reconocimiento y el mantenimiento de la existencia de una serie de condiciones ecológicas y sociales que son necesarias para sustentar la vida humana; y uno más estructuralista, que critica el acceso y el control inequitativo de los recursos naturales que caracterizan los patrones contemporáneos de desarrollo, y propone un paradigma que reformule los medios y fines del desarrollo basándose en los principios de equidad y justicia social no sólo entre los individuos, sino entre las regiones y las naciones. En este marco, el indicador de vulnerabilidad, con particular referencia a la vulnerabilidad social, parece ser una medida útil para diagnosticar el desarrollo sustentable. Por lo cual, esta investigación pretende perfilar nuevos estudios sobre la relación de desarrollo sustentable y vulnerabilidad social. 1.1. Diferentes conceptualizaciones de la vulnerabilidad social La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha desempeñado un papel importante en los estudios sobre vulnerabilidad, principalmente con la participación de Kaztman (2000), Pizarro (2001) y Busso (2001), quienes se han apoyado del enfoque de activos y vulnerabilidad de Moser (Golovanevsky, 2007, p. 56). Se debe agregar que el término vulnerabilidad es relativamente nuevo, y ha sido abordado de forma casi dicotómica, sin que exista una unicidad sobre su conceptualización. Durán Gil (2017) argumenta que ha sido retomado desde una perspectiva socioeconómica ligada a la población, los hogares y las viviendas, y también desde un contexto eminentemente ambiental. Los nexos entre la vulnerabilidad social y los estudios del desarrollo sustentable son expuestos por los argumentos de Gustavo Busso (2001): La vulnerabilidad social se puede presentar de las siguientes tres maneras: como fragilidad e indefensión ante cambios originados en el entorno, como desamparo institucional desde el Estado que no contribuye a fortalecer ni cuida sistemáticamente de sus ciudadanos; como debilidad interna para afrontar concretamente los cambios necesarios del individuo u hogar para TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �112 MADELYN ÁVILA VERA | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA | LIDIA RANGEL BLANCO aprovechar el conjunto de oportunidades que se le presenta; como inseguridad permanente que paraliza, incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar estrategias y actuar a futuro para lograr mejores niveles de bienestar (p. 8). En este sentido, la vulnerabilidad social está íntimamente ligada al proceso de desarrollo territorial; cuando las condiciones de vida de la población no mejoran y los distintos modelos de desarrollo provocan y refuerzan una estructura asimétrica, se convierte en un problema estructural difícil de superar. La vulnerabilidad social se inserta ante todo como un enfoque analítico que, sin una definición o medición precisa, proporciona distinciones relevantes para el análisis y el diseño de políticas (Golovanevsky, 2007, p. 56), permitiendo ser comprendida como un fenómeno multicausal, polisémico y de connotación espacial, que logra amplificar el conocimiento sobre situaciones de riesgo ante diversos escenarios en una región. A través del reconocimiento de las diferentes disparidades socioterritoriales y sobre la comprensión de la multicausalidad de las desventajas sociales, es posible conciliar otros caminos para que los estados generen un verdadero cambio que redefina el rumbo del desarrollo, entre ellos, la gestión de políticas públicas a diferentes escalas territoriales. En suma, la vulnerabilidad social es ocasionada por falta de acceso a la estructura de oportunidad que gesta el modelo de desarrollo neoliberal, en donde un gran número de personas se caracterizan por y están expuestas a las situaciones de desventaja social. 1.2. Desarrollo sustentable Desde los años noventa se suscitó una fuerte crítica hacia los modelos de desarrollo de los países, principalmente, los retos que enfrenta la humanidad para cubrir las necesidades de las futuras generaciones, en relación con la calidad de vida de la población y también sobre los fenómenos ambientales que acontecen a la sociedad. A partir del documento que publicó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizado por un grupo de expertos y liderado por la exprimera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, Nuestro futuro en común (1987), también conocido como Informe Brundtland, TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �LA VULNERABILIDAD SOCIAL EN MÉXICO 113 se logró dar mayor notoriedad a las problemáticas ambientales y sociales; en este sentido, se promocionó una alternativa para sanar la relación hombre-naturaleza: el desarrollo sustentable. Dicho concepto nació de un proceso histórico en que la sociedad y los políticos tomaron conciencia de que algo falló en la operatividad del modelo económico neoliberal; desde los años noventa, el discurso del desarrollo sustentable ha sido un argumento permanente en el debate político mundial, en relación con la justificación del imperativo económico sobre el ambiental, y viceversa (Bustillo y Martínez, 2008). El desarrollo sustentable, definido conceptualmente, hace referencia a aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones, eliminando la pobreza y promoviendo la equidad social, tanto intrageneracional como intergeneracional (Cantú Martínez, 2012). Ahora bien, a raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable celebrada en el año 2012 en Río de Janeiro, Brasil, se definieron 17 objetivos y 169 metas de alcance mundial para el desarrollo sustentable. Entre ellos se detallan: in de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminación; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sustentables; producción y consumo responsable; acción por el clima; vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas; y alianza para lograr los objetivos. Todos ellos se consolidaron con el propósito de unificar a las naciones para hacer frente a los desafíos sociales y ambientales. En el caso de México, como lo hizo saber el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (2000): Al adherirse al Programa de Acción para el Desarrollo Sustentable o Agenda 21, suscrito durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, México se comprometió a adoptar medidas nacionales y globales en materia de sustentabilidad, como también acciones orientadas a la generación de indicadores a través de los cuales se puedan medir y evaluar las políticas y estrategias de desarrollo sustentable. En este sentido, los indicadores sociales, como el índice de desarrollo humano (IDH), el Coeficiente de Gini o pobreza multidiTRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �114 MADELYN ÁVILA VERA | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA | LIDIA RANGEL BLANCO mensional, así como los indicadores ambientales, por ejemplo, el PIB verde y el índice de bienestar económico sustentable (IBES), constituyen un pilar importante para la gestión de políticas públicas que redefinan el rumbo del país hacia la sustentabilidad del desarrollo. Al respecto, el enfoque de vulnerabilidad social parece caracterizar los efectos que implican la dinámica de la pobreza y las desventajas sociales en el trayecto de la sustentabilidad, reconociendo que mientras no se asegure un entorno equitativo y menos vulnerable en la población, difícilmente se podrá avanzar en la sustentabilidad del desarrollo. 2. ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL (IVS) El objetivo de este documento es mostrar los resultados del IVS para identificar las áreas socialmente vulnerables, es decir, aquellas áreas en desprotección, desventaja social y falta de desarrollo de capacidades educativas, de salud y de acceso a esquemas de protección social. La concentración espacial de las áreas socialmente vulnerables, o bien, cluster de vulnerabilidad social, permite ilustrar las zonas prioritarias de atención para la gestión de políticas para el desarrollo social y la sustentabilidad. Las variables que se consideraron para la construcción del IVS son las siguientes: relación de dependencia, mortalidad infantil, falta de acceso a servicios de salud, falta de acceso a educación básica, rezago educativo, analfabetismo y pobreza extrema. Se recopila información estadística que proporciona el Censo de Población y Vivienda de 2010, así como indicadores que otorga el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Consejo Nacional de Población (Conapo). 2.1. Descripción de las variables Este apartado trata de dar explicación a la influencia del conjunto de variables predispuestas en el IVS, con la finalidad de consolidar el marco conceptual que lo sustenta, haciendo énfasis en el estudio del desarrollo sustentable. De manera muy general, en el cuadro 1 se presentan las variables, los indicadores y las fuentes que conforman el IVS. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �115 LA VULNERABILIDAD SOCIAL EN MÉXICO Se consideraron siete variables para la construcción del índice: la tasa de dependencia, la tasa de mortalidad infantil, el porcentaje de población sin derechohabiente a servicios de salud, el porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, el porcentaje de población de 15 años o más con educación básica incompleta, el porcentaje de población de 15 años o más analfabeta y, por último, el porcentaje de población en pobreza extrema. CUADRO 1 Descripción de las variables que conforman el índice de vulnerabilidad social. Variable Indicador Fuente Dependencia Tasa de dependencia demográfica Simbad-INEGI Mortalidad Tasa de mortalidad infantil Conapo Acceso a servicios de salud Porcentaje de población sin derechohabiencia a servicios de salud Coneval Educación básica Porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela Coneval Educación básica incompleta Porcentaje de población de 15 años o más con educación básica incompleta Coneval Analfabetismo Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta Coneval Pobreza Porcentaje de población en pobreza extrema Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI Fuente: Elaboración propia. En el caso de la tasa de dependencia demográfica, se refleja la proporción de personas dependientes sobre la población en edad de trabajar, medida utilizada para conocer el potencial del soporte social de la población activa. Las formas de su cálculo radican con base en un criterio estrictamente biológico, estableciendo que todas las personas entre 14 y 64 años son potenciales activos (sin distinción), mientras que la población fuera de este rango de edad es considerada potencialmente inactiva o dependiente (Manzano y Velázquez, 2016). Esta medida logra proporcionar una aproximación sobre los problemas económicos y demográficos que suscita contar una cifra mayor de población inactiva (o dependiente). Para la aplicación de la tasa de dependencia demográfica a nivel municipal se tomaron TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �116 MADELYN ÁVILA VERA | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA | LIDIA RANGEL BLANCO en cuenta cifras proporcionadas por el INEGI, considerando la población menor a 14 y mayor a 65 años de edad. 2.2. Metodología Para la elaboración del IVS se recurrió a la técnica estadística conocida como análisis de componentes principales (ACP). Dicho método tiene como objetivo explicar la mayor parte de la variabilidad total observada del conjunto de variables con el menor número de componentes posibles. La técnica es de particular utilidad a la hora de examinar fenómenos multidimensionales. La técnica de ACP transforma el conjunto de variables originales, que generalmente tienen correlación entre sí, en otro conjunto de variables no correlacionadas, denominadas factores o componentes principales. Se relacionan con las primeras a través de una transformación lineal, y están ordenadas de acuerdo con el porcentaje de variabilidad total que explican. Entre los componentes principales, se escogen los que explican la mayor variabilidad acumulada, reduciendo así la dimensión total del conjunto de información (Schuschny y Humberto, 2009, p. 42). Ahora bien, para el desarrollo del IVS se tomaron en cuenta 2,456 observaciones municipales, dispersas en las siete variables presentadas en el cuadro 1. En síntesis, la información estadística fue proporcionada por el Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (Simbad) y el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, así como por el Coneval y el Conapo (cifras a 2010). Por otra parte, se realizó la estratificación utilizando la técnica de Dalenius y Hodges, misma que permite clasificar estratos de manera que la varianza obtenida sea mínima en cada estrato; se minimiza la varianza de los datos estableciendo grupos más homogéneos entre sí y más heterogéneos entre ellos. La estratificación de los datos es de total importancia a la hora de designar los municipios más y menos vulnerables, de ahí su incorporación a la investigación. En el cuadro 2 se muestran los resultados generales del ACP de las variables explicativas mencionadas en el apartado anterior. En este sentido, se puede apreciar que con el componente 1 se explica 57% de la varianza del conjunto de las variables, por lo cual será retomado para la aplicación del índice. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �117 LA VULNERABILIDAD SOCIAL EN MÉXICO CUADRO 2 Análisis de componentes principales. Porcentaje de varianza explicada, cifras 2010. Componentes Autovalor propio % de varianza % de varianza acumulada 1 3.991 57.010 57.010 2 0.901 12.877 69.887 3 0.781 11.156 81.042 4 0.645 09.214 90.256 5 0.339 04.838 95.094 6 0.207 02.957 98.051 7 0.136 01.949 100.000 Fuente: Elaboración propia. En el cuadro 3 se presentan los coeficientes del primer componente principal, los cuales servirán, junto con el valor del autovalor propio, como base para el cálculo del ponderador de cada variable del IVS y para el análisis espacial del mismo. La segunda columna del cuadro anterior muestra las variables con mayor peso en el índice de vulnerabilidad social, siendo el porcentaje de población en pobreza extrema la variable con mayor peso (0.923), seguido del porcentaje de población de 15 años o más analfabeta (0.889) y el porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela (0.880). Teniendo la estimación del IVS para cada unidad de análisis, se utilizó posteriormente el análisis exploratorio de datos espaciales mediante una matriz de conectividad o contigüidad de tipo queen. Para obtener información referente a la dependencia espacial de las variables en el territorio nacional estudiado, se llevó a cabo el indicador de I de Moran, el cual es un indicador global de autocorrelación espacial global. Cabe señalar que el estadístico I de Moran se puede descomponer, ocupando el estadístico LISA (Local Indicators of Spatial Autocorrelation). Este indicador se usa para detectar agrupamientos de valores altos o bajos de la variable por unidad geográfica (Anselin, 1999). Para detectar la presencia de TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �118 MADELYN ÁVILA VERA | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA | LIDIA RANGEL BLANCO clusters espaciales y valores espacialmente aislados (spatial outliers), se ocupa en primera instancia el LISA, que permite relacionar los valores de una variable de localización con los valores de una misma u otra variable en las localizaciones vecinas. Este indicador es una desagregación del índice I de Moran. Al respecto, Anselin (1999) define este indicador como: donde J.l es el estadístico de I de Moran, W l)·· son los ponderadores espaciales y Z·l o ZJ· son las variables estandarizadas. El estadístico J.l genera una tipología de combinaciones: Alto-alto, Bajo-bajo, Alto-bajo, Bajo-alto y No significativo, las cuales pueden ser representadas en un mapa, denominado mapa LISA. Los mapas LISA se utilizan para detectar lugares críticos (botspots) donde existen clusters espaciales de valores significativamente altos y bajos, o bien, valores espacialmente aislados. Estos últimos son los que se presentan en este documento. CUADRO 3 Coeficientes del primer componente principal por indicador. Coeficiente primer componente Ponderador para cada variable Tasa de dependencia 0.859 0.215 Tasa de mortalidad infantil 0.527 0.132 Porcentaje de población sin derechohabiencia a servicios de salud 0.440 0.110 Porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 0.880 0.220 Porcentaje de población de 15 años o más con educación básica incompleta 0.450 0.113 Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta 0.889 0.223 Porcentaje de población en pobreza extrema 0.923 0.231 Indicador Fuente: Elaboración propia. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �119 LA VULNERABILIDAD SOCIAL EN MÉXICO 3. RESULTADOS La estadística descriptiva del IVS, así como la estratificación de los datos, arrojan que 428 municipios están representados en muy baja vulnerabilidad social, 737 municipios en baja vulnerabilidad, 627 municipios en media vulnerabilidad, 433 municipios en alta vulnerabilidad y 231 municipios en muy alta vulnerabilidad social. En el mapa 1 se logra apreciar que las zonas pertenecientes a las entidades federativas de Chiapas, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca muestran un mayor grado de vulnerabilidad social. Del mismo modo, quienes concentran un mayor número de municipios con vulnerabilidad considerada alta son las entidades federativas de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Nayarit, Durango y Chihuahua. MAPA 1 Índice de vulnerabilidad social en México con base en estadísঞca descripঞva, 2010. •• -· Muy baJo (428) Bajo (737) Medio (627) />Jto (433) Muy />Jto (231) 500km Fuente: Elaboración propia. A través del IVS, y utilizando el análisis exploratorio de datos espaciales, se proporciona la evidencia con respecto a identificación de clusters espaciales, para lo cual primero se aplicaron pruebas estadísticas de análisis espacial utilizando el estadístico I de Moran, y a través del estadístico LISA se detectaron agrupamientos de TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �120 MADELYN ÁVILA VERA | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA | LIDIA RANGEL BLANCO valores altos o bajos de vulnerabilidad social por municipio, lo cual permite identificar la presencia de clusters espaciales. El IVS presenta autocorrelación espacial positiva o patrón de concentración, es decir, agrupaciones espaciales de valores altos o bajos, confirmada por I de Moran mayor a cero y cercana a 1, rechazando el supuesto de aleatoriedad del fenómeno con un nivel de confianza superior al 99%, gracias a los valores muy altos del Z-score y muy pequeños del P-valor. CUADRO 4 Índice de Moran, Z-score y P-valor. Variable I de Moran Z-score P-valor Índice de vulnerabilidad social municipal 2010 0.742 4.19 0.001 Fuente: Elaboración propia. El mapa 2 muestra la concentración espacial o cluster de vulnerabilidad social, con la finalidad de identificar las zonas prioritarias de atención. En este sentido, se puede distinguir el cluster de mayor magnitud alojado en la región suroeste del país (en Oaxaca, Guerrero y Michoacán), pero también se distribuye de manera dispersa en el estado de Puebla. Un segundo cluster de vulnerabilidad social, con menor magnitud, pero de igual importancia, está ubicado en Chihuahua y Durango. Este suceso refuerza el conocimiento de condiciones sociales asimétricas y desiguales; la región norte de México está caracterizada por tener tasas altas de crecimiento económico, pero es frecuente encontrar discrepancias aun dentro de la misma región, lo cual puede ser notado en las condiciones de vulnerabilidad social de municipios aglomerados con vulnerabilidad alta en las entidades federativas de Chihuahua y Durango. Otro hallazgo esclarecedor que permite mostrar el análisis espacial de los datos es la agrupación de municipios de vulnerabilidad social alta en distintas entidades federativas. Los clusters de vulnerabilidad social municipal se alojan en diferentes estados, por lo cual no son una condición inherente a las actividades políticas, sociales y económicas que delimita una entidad federativa; el fenómeno de vulnerabilidad social se expande entre estados e incluso entre regiones. En esta medida, los resultados detallan que son 453 municiTRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �121 LA VULNERABILIDAD SOCIAL EN MÉXICO pios los que cuentan con una mayor concentración espacial de vulnerabilidad social. Por otro lado, son 231 municipios los que cuentan con una concentración alta-baja, 30 municipios agrupados con vulnerabilidad baja-alta y 594 municipios aglomerados con una vulnerabilidad baja-baja. MAPA 2 Clusters de vulnerabilidad social, zonas prioritarias. ii ■ D No s1gnificatrvo (1360) Alto-Alto (453) Bajo-BaI0 (594) BaJo-Alto (30) Alto-Bajo (231 ¡ • .,. ... Fuente: Elaboración propia. COMENTARIOS FINALES Medir la vulnerabilidad social es muy importante, debido a que proporciona una mirada más integradora sobre el grado de desprotección, desventaja social y falta de acceso a oportunidades de la población. El enfoque de vulnerabilidad social ofrece un instrumental analítico que combina los niveles micro, meso y macro, e incorpora aspectos relacionados a la salud y los sistemas de protección social débiles, así como las características sociodemográficas que vulneran las capacidades de respuesta y adaptación de los territorios. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �122 MADELYN ÁVILA VERA | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA | LIDIA RANGEL BLANCO Aunado a las mediciones de la marginación del Conapo y las diferentes mediciones de la pobreza del Coneval, resulta necesario integrar nuevas metodologías para conocer diferentes aspectos de desprotección social y carencia de oportunidades de la población, sintetizadas en un solo indicador. La vulnerabilidad social representa una poderosa barrera para los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 y el despliegue de la sustentabilidad del desarrollo, por lo cual su medición no sólo es óptima y necesaria, sino que se constituye como un elemento crucial para elaborar mecanismos que frenen la reproducción de las desigualdades y las desventajas sociales de la población. El índice exploratorio de vulnerabilidad social en México permitió trazar algunas aristas para las políticas del desarrollo social y la sustentabilidad, aspectos que permiten contrarrestar los niveles de vulnerabilidad social de los territorios. Los aspectos que se destacan son la pobreza extrema, seguida de condiciones educativas desfavorables (analfabetismo y menores de edad que no asisten a la escuela) y territorios con altas tasas de dependencia demográfica. Respecto a la distribución espacial del IVS, se encontró que el fenómeno está mayormente concentrado en la región sur-sureste del país, en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, pero también de manera muy dispersa a lo largo de las regiones centro, occidente y norte del país. Los resultados demuestran que aun en regiones con altas tasas de crecimiento, las condiciones desfavorables persisten. Ello sugiere avanzar en la aplicación de políticas públicas sectoriales regionalizadas para buscar la convergencia interregional en la búsqueda de combatir la vulnerabilidad social y obtener un desarrollo sustentable. Las políticas enfocadas en la reducción significativa de la pobreza extrema mediante el apoyo gubernamental, fortaleciendo aspectos de calidad y nivel de vida de la población, a la vez que la promoción del desarrollo educativo, tanto en la población infantil como en la adulta, son uno de los caminos que perfila esta investigación. Este hallazgo simpatiza con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que tienen el fin de la pobreza como primera meta, sin dejar atrás el factor educativo. TRAYECTORIAS AÑO 21, NÚM. 49 | JUL҃DIC 2019 �LA VULNERABILIDAD SOCIAL EN MÉXICO 123 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Álvarez, I. A. y Cadena, E. V. (2006). Índice de vulnerabilidad social en los países de la OCDE. Red de Revistas Cientíicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 8(2) (julio-diciembre), 248-274. Anselin, L. (1999). The future of spatial analysis in the social sciences. Geographic Information Sciences, 5(2), 67-76. Busso, G. (2001). Vulnerabilidad social: Nociones e implicancias de políticas para Latinoamérica a inicios del siglo XXI. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Bustillo, L. G. y Martínez, J. P. (2008). Los enfoques del desarrollo sustentable. Asociación Interciencia, 33(5), 389-395. Cantú Martínez, P. C. (2012). El axioma del desarrollo sustentable. 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For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Trayectorias, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León Description An account of the resource Trayectorias es una publicación editada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene como fin desarrollar un espacio para la reflexión y el debate en torno a las preocupaciones contemporáneas en el campo cada vez más amplio y trascendente de los estudios de la realidad social. Su fecha de inicio fue en 1999, comenzó con una periodicidad tetramestral y en 2008 cambió a semestral. Revista arbitrada que se mantiene activa a la fecha y de emisión bilingüe es en físico y digital. Su ISSN es: 2007-1205. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Trayectorias, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León Año de publicación El año cuando se publico 2019 Año Año de la revista (Año 1, Año 2) No es es año de publicación. 21 Número Número de la revista 49 Mes de publicación Mes cuando se publicó Julio-Diciembre Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Semestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1751794&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Trayectorias, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 2019, Año 21, No 49, Julio-Diciembre Creator An entity primarily responsible for making the resource Gutiérrez Garza, Esthela, Directora Subject The topic of the resource Ciencias Sociales Publicaciones periódicas Educación Superior México Description An account of the resource Trayectorias es una publicación editada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene como fin desarrollar un espacio para la reflexión y el debate en torno a las preocupaciones contemporáneas en el campo cada vez más amplio y trascendente de los estudios de la realidad social. Su fecha de inicio fue en 1999, comenzó con una periodicidad tetramestral y en 2008 cambió a semestral. Revista arbitrada que se mantiene activa a la fecha y de emisión bilingüe es en físico y digital. Su ISSN es: 2007-1205. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto de Investigaciones Sociales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Infante, José María, Editor Responsable García González, Pablo, Editor asociado Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/07/2019 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource text/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2020021 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa/eng Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. Monterrey, N.L., México Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. 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