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                  <text>ISSN 2007-1205

Trayectorias
RtV!Si DE CI CIAS SOCIALES
DE LA UH[VERSIDAD AUTÓNOM~ DE ~UEVO LEO

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LA PANDEMIA EN CONTEXTOS EDUCATIVOS

La Pandemia en Contextos Educativos.
Un Enfoque Ético sobre los Tiempos Virtuales
y el Porvenir

The Pandemic in an Educational Context.
An Ethical Approach on the Virtual Times
and the Coming Times

MÓNICA LAURA FORNASARI*

► RESUMEN
El inicio de 2020 marcó un año inédito por la presencia del Covid-19.
En este contexto, el enfoque ético sobre los procesos psicoeducativos
aborda problemáticas referidas a los tiempos virtuales, la alteridad y
el porvenir en escenarios educativos. Desde la virtualidad educativa,
interpretamos los acontecimientos de la vida social para que los y las
estudiantes constituyan una subjetividad que les permita acceder a los
bienes sociales y culturales con mejores recursos simbólicos y tecnológicos. Formar sujetos éticos en contextos de pandemia funda el reto para
un nuevo horizonte en el diseño de políticas públicas de la subjetividad
en nuestros contextos latinoamericanos.
Palabras clave: Pandemia | Enfoque ético | Contextos educativos | Tiempos
virtuales | Porvenir.

► ABSTRACT
The beginning of the 2020 marked an unprecedented year by the
worldwide presence of the Covid-19. In these circumstances, the ethical
approach to the psychoeducational processes addresses the issues regarding the virtual times, alterity and the coming times in the educational
settings. From the educational virtuality we read into the occurrences of
the social life for the students to build a subjectivity that allows access to
the social and cultural assets with improved symbolical and technological resources. To educate ethical individuals in the situation of the pandemic launches the challenge for a new horizon in the design of public
policies of subjectivity in our Latin American context.

* Profesora-investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Psicología. Coordinadora operativa del Programa de Fortalecimiento al Ingreso, Permanencia y Egreso de Estudiantes de
la Facultad de Psicología de la misma universidad. Correo electrónico: mlfornasari@yahoo.com.ar
Recibido: 23 de junio de 2020 | Aceptado: 17 de octubre de 2020
TRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

ISSN 2007-1205 | pp. 3-15

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MÓNICA LAURA FORNASARI

Keywords: Pandemic | Ethical approach | Educational context | Virtual
times | Coming times.

INTRODUCCIÓN
El inicio de 2020 marcó un año inédito, signado por la presencia de un virus
(desconocido, poderoso e imperceptible), lo cual provocó un estado de perplejidad y conmoción a nivel mundial. La intromisión del virus sars-cov-2 en
la vida humana planteó interrogantes, dudas y desconciertos, en un mundo
signado por situaciones de crisis, enfermedades y aislamiento.
Con este ensayo, nos proponemos abrir líneas de pensamiento en el
campo de la psicología educativa, a partir de reflexionar sobre una experiencia sorpresiva, singular y única, que afecta a la población mundial en su
conjunto, y particularmente a las trayectorias académicas de niños, niñas y
jóvenes en sus diferentes escenarios educativos. En este contexto, la psicología puede aportar algunas nociones para pensar los procesos psicoeducativos en tiempos de pandemia, particularmente desde un enfoque ético, para
abordar las problemáticas referidas al tiempo, la alteridad y el porvenir en
escenarios educativos.
En primer lugar, nos interrogamos sobre los estados emocionales
que esta pandemia ha provocado: ¿cómo reaccionamos frente a este nuevo
fenómeno?, ¿con qué recursos psicosociales contamos en nuestras posibilidades subjetivas? y ¿cómo afrontamos emocionalmente los desafíos que nos
plantea el aislamiento?
Para pensar sobre nuestros sentimientos vivenciados como respuestas
adaptativas a la nueva configuración social, hemos advertido una pluralidad
de reacciones emocionales en cada uno de nosotros, que se fueron tramitando a lo largo del proceso de aislamiento desde diversas experiencias subjetivas. En principio, podemos enumerarlas de manera descriptiva y separada,
pero sabemos que son dinámicas y en muchas ocasiones se van alternando o
combinando, con diferentes niveles de frecuencia e intensidad:
1º. Sorpresa y negación: surge el Covid-19 como lo desconocido, lo extraño, lo enigmático, lo incognoscible, que irrumpe de manera disruptiva en la vida de la humanidad. Este momento está atravesado por la
conmoción, pero a la vez, la negación y la desmentida “a mí no” (es un
riesgo lejano y ajeno).
		 2º. Incertidumbre, temor y desconcierto: etapa de aislamiento, encierro, sobreinformación y sobreestimulación audiovisual. Esto provoca
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curiosidad, querer saber, necesidad de informarnos. ¿Cuántos enfermos,
cuántos muertos, en qué países? Los números y la estadística invaden
los medios de comunicación y las pantallas en todos los hogares. Esto
genera ansiedad, temor e inquietud, pero surge una compulsión a estar
informados, que nos lleva a estar atentos a los últimos datos publicados.
		 3º. Perplejidad y cansancio: periodo de agobio, enojo e impotencia
por el encierro y el trastocamiento de la rutina diaria. Emergen síntomas disruptivos, relacionados a trastornos del sueño y la alimentación,
se alteran las dimensiones espaciales y temporales. Hay una especie de
desmantelamiento psíquico en las categorías yoicas de separación y discriminación (tiempos y espacios). Se vuelve confuso discriminar entre
distintos horarios, feriados, fines de semana y días laborables.
		 4º. Empatía, solidaridad y ayuda: etapa de vulnerabilidad existencial
y fortalecimiento de vínculos sociales. Estos sentimientos en muchas
situaciones prevalecen como un modo de sostenerse desde el lado de la
pulsión de vida (Eros), y para contrarrestar los efectos de un fantasma
mortífero, desde el rostro de Thánatos, desde una perspectiva psicoanalítica. A partir de esta posición, surgen campañas y ayudas solidarias
entre vecinos, amigos, familiares, y especialmente hacia los sectores poblacionales que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad
sociocultural.
Esta primera lectura nos permite delimitar y señalar algunos efectos,
motivos y sentidos psicoeducativos que esta pandemia provoca en el campo de la educación en este año lectivo. El presente trabajo consiste en una
articulación entre algunas nociones epistemológicas planteadas por las ciencias sociales y dos paradigmas vigentes en el campo educativo (Maldonado,
2004): “disciplina” (modernidad) y “convivencia” (mundialización).1 Para alcanzar nuestros objetivos resulta necesario especificar y articular los aportes
que desde la filosofía realizó Emmanuel Lévinas (2001, 1993, 1987), y desde el psicoanálisis, Silvia Bleichmar (2010). A su vez, sumamos las líneas de
pensamiento socio-antropológico para interpretar y comprender este fenómeno mundial en contextos educativos complejos, escenarios de interacción
y formación de una pluralidad de estudiantes, que transitan este momento
con diferentes recursos psicosociales, tecnológicos, capitales culturales y experiencias de vida. Esta situación pone en evidencia enormes brechas socio1 Para Frémont (2000), la mundialización (económica, ecológica y cultural) es la más perturbadora de las
revoluciones, porque los acontecimientos mundiales se presentan sin fronteras, sin límites, y trastocan el
orden localizado y los modos de vida de las sociedades.
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culturales y, consecuentemente, visibiliza las injusticias hacia los sectores de
la población mundial expuestos a condiciones de vulneración de sus derechos
primordiales.
EL TIEMPO EDUCATIVO: EXPERIENCIAS FORMATIVAS
EN ESPACIOS VIRTUALES
En los nuevos escenarios sociales, los espacios virtuales se convierten privilegiadamente en el centro de la comunicación. Pero, al igual que los estados
emocionales, podemos detectar distintas etapas, sentidos y movimientos en
el uso de las tecnologías, lo cual marca diferentes posiciones subjetivas en
el vínculo con estas herramientas. Estos momentos, variados, alternados o
superpuestos, entran en tensión con las rutinas de la vida cotidiana de los
sujetos.
1º. Mensajes por WhatsApp: contenidos de información, diversión y esparcimiento. Primeros momentos exaltados e intensos de interacción
para la diversión, placer, alegría y socialización informal entre diferentes grupos (amigos, familia, trabajo, vecinos).
		 2º. Etapa de sobresaturación y rechazo. Esta fase se caracteriza por la
sobreabundancia de estímulos repetidos y recibidos desde los diferentes
grupos de pertenencia virtual (videos, memes, conferencias, conciertos,
música, humor, información, entre otros). Esta situación genera un estado de cansancio y agotamiento con las redes virtuales.
		 3º. Necesidad de recuperar la mirada y la presencia del otro: encuentros virtuales (plataformas). En medio de la pandemia, se inaugura la
“presencialidad virtual”, a partir de la cual se desarrollan las reuniones
escolares, académicas, laborales, sociales y familiares. Este suceso inaugura un acontecimiento que se vuelve disruptivo en la monotonía del
aislamiento. El otro, ahora, puede emerger con un rostro y su voz en la
pantalla.
		 4º. Nuevos aprendizajes: Comienzan prácticas inéditas y novedosas.
Comienzan las clases a distancia, y el encuentro entre profesores y estudiantes en los escenarios educativos adquiere una nueva configuración
psicopedagógica. Todos y todas tenemos que aprender frente a los desafíos que plantea la virtualidad. Ahora podemos estar lejos, a miles de
kilómetros, cada uno en su casa, pero el dispositivo tecnológico nos permite mirarnos, reconocernos, escucharnos y descubrirnos en una experiencia educativa diferente, focalizada y singular. Por momentos plagaTRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

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da de tensiones y contradicciones, o bien, por el contrario, encuentros
plenos de sentidos y transformaciones intersubjetivas.
Para pensar sobre estos nuevos fenómenos que irrumpieron a partir de
la pandemia, Larrosa (2009) sostiene que la experiencia es “eso que me pasa”.
De este modo, la experiencia, en primer término, implica un acontecimiento:
eso, algo pasa, de otra cosa distinta que yo. Esto es lo que marca el principio
de alteridad, en la medida en que inscribe una vivencia de exterioridad y de
alienación. Consiste en algo otro, absolutamente otro, que se registra como
algo ajeno y exterior a mí. La vivencia de lo extranjero y lo extraño irrumpe
desde afuera como ese algo que no me pertenece. Pero la experiencia, a su vez,
en su segundo término, es algo que me pasa, que ocurre en mí, me acontece.
Esto define el principio de subjetividad, que tiene una implicancia reflexiva y
transformadora. Aquí, la experiencia educativa de virtualidad se constituye
en un movimiento dialéctico de exteriorización, de salida de mí mismo y de
internalización, en tanto el acontecimiento me afecta, me altera, me transforma y me constituye subjetivamente.
De este modo, cada experiencia educativa desde la virtualidad tiene la
potencialidad de formar y transformar al sujeto en un sentido singular e irrepetible. Para Larrosa (2009), lo fundamental es dejarse atravesar por la experiencia para advenir a ser otro de lo que soy. Por lo tanto, la actual experiencia
en educación virtual es el acontecimiento de la pluralidad, en cuanto implica
apertura a lo incierto o desconocido, que no es posible anticipar ni prever, a
diferencia del experimento que se sustenta en una planificación técnica, con
base en un método definido y secuenciado desde un modelo prescriptivo de
formación que intenta ordenar las causas y los efectos.
Cuando recuperamos la noción de “acontecimiento” en los escenarios
educativos, retomamos los aportes de Badiou (1999). El autor lo trabaja como
un fenómeno disruptivo de los procesos sociales instituidos. Cuando el acontecimiento irrumpe, provoca una ruptura del tejido de la realidad convencional, y genera un dislocamiento del imaginario cotidiano y naturalizado de la
vida cotidiana. Con el acontecimiento, el mundo de la vida se trastoca en sus
prácticas discursivas y en los modos en que lo habitamos. Marca la inauguración de procesos de transformación subjetivos, en la medida en que abre nuevos horizontes socioculturales. El encuentro con el otro se trastoca, a partir
de nuevos sentidos históricos, políticos, educativos, artísticos y vinculares.
En estos contextos de pandemia surge la novedad, y lo inesperado, como
acontecimiento disruptivo, modifica el curso de los procesos educativos habituales. El encuentro virtual inaugura nuevas experiencias psicoeducativas
que provocan una mutación de las formas de enseñanza tradicionales y se
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instala una nueva lógica en el acontecer educativo. Desde nuestra perspectiva, la función de profesores y profesoras consiste en transmitir una posición
de inquietud, de escucha, de apertura en relación con el conocimiento. Lo
imprevisible marca la experiencia, ante el mismo suceso hay pluralidad de
vivencias. El acontecimiento es lo singular y lo subjetivo, nunca lo general.
Por el contrario, la ciencia positivista trabaja con el principio de generalidad
con pretensiones de universalidad. Esto pone en evidencia dos modelos educativos, como paradigmas contrapuestos y antagónicos. Podemos resumirlos
bajo una mirada disciplinaria, bancaria y colonial, o bien, desde un enfoque
ético, emancipador y democrático (pensamiento complejo, enfoque psicoeducativo y pedagogía crítica).
En este contexto de pandemia, el exceso de información, de opinión,
la velocidad de estímulos fugaces e inmediatos, la ausencia de silencio y de
memoria, convierten la vivencia en una situación fragmentada, instantánea y
desarticulada de una trama significante; lo cual se opone a la experiencia de un
acontecimiento que se inscribe y deja nuevas representaciones simbólicas en el
sujeto. La experiencia es una transformación de sí, en la medida en que habilita
la oportunidad de pensar el mundo y de pensarse en el mundo de otro modo:
en las prácticas (en sus escalas política, institucional e interpersonal)
predomina un acto de exteriorización, un hacer sobre el mundo y
sobre los otros. Es en las prácticas (discursivas y no discursivas)
donde se definen las posibilidades de utilización y apropiación de
nuestros saberes, su puesta en juego. En la experiencia, en cambio,
lo que predomina es un acto de interiorización, de transformación
de uno mismo como resultado de una práctica (Diker, 2004, p. 10).

En tiempos de pandemia, cada acontecimiento educativo se constituye
desde la trama vincular en tanto afectación de sí y del otro. La experiencia
estudiantil se articula con una práctica social en términos culturales y se instituye para inscribirse en un espacio público virtual, que marca una huella
dentro y fuera del sujeto. El valor y el sentido del tiempo para las jóvenes
generaciones se asocian fuertemente a una educación que logra transformarlos subjetivamente y les brinda recursos simbólicos para enriquecerlos en el
plano de la ciudadanía, la convivencia y los valores humanos.
Una auténtica educación en valores comienza por valorar al otro.
Confiar en nuestros jóvenes, escucharlos abiertamente, estar dispuestos a aprender también de ello es el primer paso de una educación en valores con posibilidades de éxito. Sólo en ese contexto
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respetuoso y de apertura puede adoptarse luego una postura no
neutral sino crítica frente a la cultura juvenil en aquello que amenace los valores de la democracia. La discriminación, el abuso de
poder, la falta de respeto por la ley, la violencia, la falta de valoración del esfuerzo y del trabajo (Sileoni, 2010, p. 2).

De este modo, la vivencia del tiempo educativo en contextos de pandemia se configura en una experiencia ética, cuando los y las estudiantes se
sienten incluidos e incluidas, desde su deseo de ser reconocidos como sujetos
epistémicos, en nuevos proyectos y a partir de sus expectativas. Cuando profesores y profesoras incorporan y expanden otras actividades que fortalecen
ese espacio virtual desde el encuentro, el cuidado, la apropiación de sentidos
educativos, se habilita a los y las estudiantes para que logren construir y sostener sus trayectos escolares y académicos de manera creativa, autónoma y
singular. Para alcanzarlo, se requiere que los alumnos y las alumnas, como
sujetos ciudadanos, accedan a los dispositivos tecnológicos adecuados, logren
la conectividad y formen parte de las redes sociales virtuales en equidad de
condiciones.
PROYECTOS DE VIDA: ¿LA ILUSIÓN DEL PORVENIR?
En nuestra posición, la dimensión del tiempo hacia el porvenir es considerada una categoría analítica que devela la relación que los y las estudiantes
expresan con sus expectativas, deseos y proyectos identitarios, a partir de los
cuales sostienen las ilusiones y las trayectorias académicas de su vida futura.
En cuanto a la visión del porvenir, cuando logran soñar y diseñar un futuro
personal a lo largo del tiempo, se fundan las bases para sostener y fortalecer
las trayectorias educativas. Esto pone en evidencia un proceso de subjetivación que da cuenta de una dinámica psíquica a partir del funcionamiento del
proceso secundario —represión fundante, narcisismo secundario y constitución de los Ideales del Yo— como una matriz representacional simbólica de la
dimensión temporal para desear y construir un proyecto de vida.
Para Schlemenson (2004), incorporar la noción de porvenir, de un tiempo otro, requiere tolerar la ruptura de la unidad imaginaria consolidada en el
pasado y el presente del sujeto. Aquí surge la imaginación como actividad
representativa del Ideal del Yo que cumple una función reparadora de la angustia que provoca el enigma temporal, al colocar en el futuro la esperanza de
satisfacción y resolución del sufrimiento subjetivo. La posibilidad que tienen
los y las estudiantes de proyectarse un futuro placentero abre a su la posibiliTRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

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dad de transformar lo instituido y certero, para imaginarse otras formas instituyentes en una realidad psíquica, que despliega la potencialidad simbólica
frente a la incompletud existencial. En cambio, para otros y otras estudiantes,
la imposibilidad de proyectarse en el futuro expresa la dificultad psíquica en
la constitución del Ideal del Yo como instancia simbólica de representarse un
porvenir mejor. En estos sujetos que no logran proyectarse ni pensarse hacia
el futuro, no se puede evidenciar la estructuración psíquica de la dimensión
temporal sostenida desde un proyecto identitario. Tampoco se puede revelar
la alteridad, como categoría psíquica, que nos permite inscribir al otro, lo
otro y al tiempo como externos, misteriosos e incognoscibles, para interpelarnos y trastocarnos en la posición imaginaria de la propia mismidad. La
posibilidad de anhelar y desear algo diferente desde la ilusión y expectativa de
cambio en el horizonte vital, aquí está denegado. Por lo tanto, la experiencia
ética tiene valor de acontecimiento subjetivo, cuando logra contextualizarse
en un tiempo y un espacio educativos particulares, donde la podemos definir
como sensible, corporal y provisoria: “Tal vez reivindicar la experiencia sea
también reivindicar un modo de estar en el mundo, un modo de habitar el
mundo, un modo de habitar, también esos espacios y esos tiempos cada vez
más hostiles que llamamos espacios y tiempos educativos […] Pero que, sin
duda, habitamos también como sujetos de experiencia" (Larrosa, 2009, pp.
41-42).
La experiencia para constituirse en acontecimiento requiere de la capacidad de atención, escucha, apertura, disponibilidad, sensibilidad y vulnerabilidad subjetiva, más allá de la acción, la práctica o la técnica que la acompañan.
Para Melich (2009), la antropología narrativa incorpora la pregunta por el
sentido de la propia vida, y cuando uno se cuestiona por el sentido existencial,
abre el interrogante sobre la propia orientación y su situación en el mundo
de la vida. La vida humana presenta la paradoja entre la existencia que vivo y
la que imagino desde el deseo. Esta situación genera tensión o ruptura entre
realidad y posibilidad. Cuando aparece la pregunta por el sentido en relación
con el propio porvenir, se expresa una crisis que pone en cuestión la tradición
y lo heredado:
los seres humanos nunca somos completamente el resultado ni de
nuestra biología ni de nuestra historia. Al contrario, todo inicio,
todo nacimiento, es un comenzar de nuevo, aunque hay que tener muy presente que jamás es un comenzar totalmente de nuevo.
Este inicio es el producto de las relaciones que cada uno de nosotros
ha mantenido y mantiene con los demás y con su tradición […]
Heredamos en el presente los contextos de sentido del pasado anTRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

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tes de cualquier decisión o proyecto. Nunca está nuestro momento
presente libre del pasado. En otras palabras, vivimos de presencias,
pero también de ausencias. Por eso somos seres-en-falta (Melich,
2009, p. 80).2

Esta condición constitutiva de ser seres incompletos nos pone en la tensión de la secuencia temporal en la medida en que ni hemos comenzado del
todo, ni estamos del todo terminados. A este estado de incompletud ontológica, Melich (2009) lo describe del siguiente modo: “porque estamos habitados por presencias y ausencias, siempre estamos in fieri, ‘alguien por hacer’,
alguien que ‘se está haciendo’ en cada una de sus situaciones y a través de sus
relaciones” (p. 80). Desde esta perspectiva, consideramos que las situaciones
que vivimos actualmente cambian, nunca son iguales, por lo mismo la identidad se transforma y se va constituyendo desde los procesos de identificación
en las redes de experiencias que se presentan en cada contexto.
En estos tiempos de aislamiento, las situaciones-límite representan
aquellos sucesos que nos enfrentan con nuestra fragilidad, vulnerabilidad
y contingencia existencial. De este modo, en este contexto de pandemia, la
muerte, el sufrimiento, la violencia o el azar abren la posibilidad del deseo
en la medida en que podemos soñar y desear otro modo de existencia y otro
acontecer. La esperanza es lo que nos permite vivir la vida mientras anhelamos otra. De este modo, el deseo de transformación, de ser otros, es lo que
sostiene la ilusión que nos mueve hacia el porvenir: “El mundo humano, la
cultura, puede ser buena o mala, pero siempre puede ser mejor de lo que es.
Éste sería, por otro lado, el inicio de la vida ética: el anhelo de un mundo
mejor o, para decirlo negativamente, el anhelo de que el mal que atraviesa el
mundo no es lo último” (Melich, 2009, pp. 91-92).
Desde la antropología narrativa, la pregunta central que se hace a la
educación es considerar de qué manera ésta puede convertirnos en otros y de
qué modo tenemos que orientar nuestras vidas y qué sentido darles (Melich,
2009). Aquí incorporamos la dimensión temporal de porvenir y de deseo por
una vida mejor. Desde el psicoanálisis sabemos que la elaboración de proyectos y de nuevos horizontes en cuanto a la constitución psíquica de ideales e
ilusión posibilita armar un entramado de sentidos representacionales, que
disminuye el malestar del desconcierto y el sinsentido existencial a partir de
la producción simbólica:

2 Cursivas en el original.
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entendemos por “producción simbólica” a la actividad psíquica encargada de la construcción de representaciones, mediante la cual el
sujeto interpreta el mundo en el que se inscribe, de acuerdo con sus
propias relaciones de sentido, y que a su vez se modifica, a través
de los elementos que conforman la trama de significaciones con
la que expresa su singularidad psíquica históricamente constituida
(Álvarez, 2006, p. 99).

La alteridad —el tiempo, el otro, lo otro— deviene en una experiencia
subjetivante que transforma para siempre una existencia anterior. En la educación desde una modalidad virtual, la función de los profesores y las profesoras consiste en intentar disminuir la vivencia de desamparo que muchos
estudiantes pueden sufrir en un campo sociocultural en contextos de vulneración de sus derechos. Así se establece un vínculo asimétrico y facilitador
desde la responsabilidad ética que asumimos frente a la existencia del otro en
contextos de pandemia. “Es esa diferencia, esa distancia, esa asimetría con los
adultos que habitamos las escuelas la que resulta imprescindible reactualizar y
ejercitar en tiempos de conmoción social. Se trata de reactualizar esa diferencia en su faz de amparo y protección, no de omnipotencia ni autoritarismo
(Zelmanovich, 2003, párr. 6).
La perspectiva de priorizar y anteponer la vulnerabilidad de los y las
estudiantes requiere reconocer que están transitando el proceso de reconfiguración subjetiva en procesos de formación educativa y académica. Es el
discurso adulto el que acerca la lengua y la cultura a las nuevas generaciones,
ofreciendo espacios de contención que habilitan su apropiación para imaginarse un proyecto de vida propio y singular. Asumir esta responsabilidad en
nuestra función docente, nos interpela en los modos (comunicacionales, vinculares y didácticos) que utilizamos para reconocer a esos y esas estudiantes
como sujetos epistémicos, con un sentido de emancipación, con autonomía
intelectual y protagonistas de sus trayectorias académicas.
REFLEXIONES FINALES
En la introducción del trabajo planteamos que el contexto de pandemia provoca diferentes estados emocionales en relación con el uso de la tecnología y
la experiencia del aislamiento social. Como reflexiones finales, consideramos
que uno de los grandes aprendizajes que transitamos en este momento consiste en fortalecer las tramas vinculares en los nuevos formatos de convivencias
virtuales. En un estado de aislamiento social, tenemos que descubrir nuevos
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recursos y estrategias para afrontar esta experiencia inédita a nivel mundial.
Para lograrlo, necesitamos tramitar un proceso de construcción subjetivante
entramado en una experiencia de acontecimiento. En un primer movimiento
subjetivo, surge la imperiosa necesidad de ser reconocidos, mirados y cuidados. En un segundo movimiento, tenemos que desarrollar y sostener redes
de acompañamiento, apoyo, escucha y contención. En un tercer movimiento
vislumbramos la consolidación de los afectos y redes laborales. El cuarto movimiento subjetivante se relaciona con las experiencias de vitalidad, encuentros
con el disfrute y placer (cocina, arte, música, cultura, belleza de la vida). Finalmente, un quinto movimiento subjetivo consiste en comprender que estar
solo no es sinónimo de soledad, ya que las redes vinculares se sostienen en
dispositivos virtuales, que pueden funcionar como espacios simbólicos para
el encuentro y el descubrimiento del Rostro del Otro (Lévinas, 2001).
Desde el paradigma de la complejidad, queremos recuperar los aportes
que Greco (2007) nos propone, para pensar la ley como oportunidad de habitar los espacios y tiempos educativos desde la relación entre sujetos, que permitan actuar, pensar y crear en forma colectiva. La necesidad de habitar un
nuevo formato de convivencia virtual en los diferentes contextos educativos
también requiere pensar intervenciones diferentes al del disciplinamiento. El
desafío en una escala de pandemia mundial consiste en construir un dispositivo ley-palabra (Greco, 2007), basado en la confianza y el reconocimiento,
como tiempo y espacio simbólicos de encuentro, conversación, pensamientos colectivos, y no de disputas y rivalidades. Así, la ley propuesta desde el
paradigma de la convivencia (Maldonado, 2004) se constituye en habilitadora
del encuentro, de ligarnos al otro en un escenario específico, como es el educativo. Sabemos que cuando la ley social opera como posibilidad y límite, se
internaliza como autonomía, se construyen legalidades internas que habilitan
al sujeto psíquico para la palabra y la subjetivación (Bleichmar, 2010).
El posicionamiento ético modifica acciones, prácticas y técnicas cuando
genera un acontecimiento de transformación de sí desde el encuentro con
otros (praxis educativa). Cuando se construyen lazos sociales en el tiempo y
espacio educativos, se alivia la angustia por la propia incompletud esencial/
existencial. A partir del reconocimiento de la alteridad, los sujetos incorporan otros puntos de vista desde la pluralidad de vivencias y perspectivas. Los
espacios colectivos de participación, cuando enseñan a elaborar y resolver
conflictos, promueven el desarrollo de procesos simbólicos y se configuran
en dispositivos de intervención educativa que favorecen la construcción democrática de la experiencia estudiantil. Cuando se recupera el valor de la propia palabra en el ámbito educativo, se abren espacios de participación desde
prácticas democráticas y colaborativas en un tiempo compartido.
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Desde nuestra perspectiva, la experiencia ética anclada en la temporalidad del encuentro marca la construcción del vínculo con la alteridad, a partir
del sentido del tiempo, el otro y lo otro como dimensiones que contribuyen
a los procesos de subjetivación en los escenarios educativos. Las nuevas y
novedosas propuestas educativas que desarrollan dispositivos virtuales de
aprendizajes, participación y descubrimiento de la novedad cultural, social y
política, les permiten a los y las estudiantes resignificar su proyecto de vida
en la ilusión de un porvenir mejor, para no quedar atrapados en el desamparo
social y el desmantelamiento subjetivo.
Como docentes, los interrogantes que nos atraviesan en estos contextos signados por la pandemia y el aislamiento son recurrentes en la relación
constitutiva con nuestros y nuestras estudiantes ¿Nos conectamos? ¿Estamos
conectados? ¿Tenemos conexión (tecnológica, pedagógica, emocional y vincular)? En la pantalla, ¿nos vemos o nos miramos? ¿Nos escuchamos? ¿Nos
dejamos interpelar por la presencia de ese otro que se constituye en una alteridad? La posibilidad de dar sentidos educativos se construye a partir de la
presencia de un otro significado y legitimado socialmente que ayude a armar
una trama significante sobre los sucesos de la realidad (pandemia) para poder
elaborarlos, sin sentirse arrasado por ellos.
Uno de los desafíos que nos plantea la función educadora desde la virtualidad consiste en significar e interpretar los acontecimientos de la vida social para que los y las estudiantes constituyan una subjetividad que les permita
el acceso a los bienes sociales y culturales con mejores recursos simbólicos
(cognitivos, emocionales y sociales) y tecnológicos. Desde esta perspectiva,
responder y hacerse responsable por ese otro y esa otra, en nuestro caso, el
cuidado de niños, niñas y jóvenes en formación, constituye sujetos éticos en el
ámbito de la educación y funda el reto para un nuevo horizonte en el diseño
de políticas públicas de la subjetividad en nuestros contextos latinoamericanos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Álvarez, P. (2006). Constitución psíquica, dificultades de simbolización y problemas de aprendizaje. En Cuestiones de infancia. Buenos Aires: uces.
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SALVADOR CORRALES C.

Comercio Informal y Contrabando
en la Frontera México-Estados Unidos
Informal Trade and Smuggling
on the United States-Mexico Border
SALVADOR CORRALES C.*

► RESUMEN
Este artículo tiene como objetivos analizar los efectos del comercio informal en los estilos de vida de los habitantes de la frontera México-Estados Unidos y su impacto sobre el comercio legal. Se analizan diferentes
conceptos relativos a la informalidad y utilizamos un método indirecto
para detectar su magnitud en los seis estados fronterizos; las dos variables explicativas del comercio informal son el contrabando y la piratería,
por ser prácticas con mucha presencia en la región. Entre los principales
resultados se puede enfatizar que el comercio informal satisface necesidades para un alto porcentaje de la población de bajos ingresos, lo que
obstaculiza las políticas contra la informalidad.
Palabras clave: Comercio informal | Comercio al menudeo | Contrabando |
Piratería | Competencia.

► ABSTRACT
This article aims to analyze the effects of informal trade on the lifestyles
of the inhabitants of the United States-Mexico border and its impact on
legal trade. Different concepts related to informality are analyzed and
we use an indirect method to detect its magnitude in the six border states; the two explanatory variables of informal trade are smuggling and
piracy, as they are practices with a large presence in the region. Among
the main results, it can be emphasized that informal trade meets the
needs of a high percentage of the low-income population, which hinders policies against informality.
Keywords: Informal trade | Retail trade | Smuggling | Piracy | Competition.

* Profesor investigador de El Colegio de la Frontera Norte, sede Monterrey, adscrito al Departamento
de Estudios Económicos. sni nivel i. orcid: https://orcid.org/0000-0003-0508-5093. Correo electrónico:
corrales@colef.mx
Recibido: 4 de mayo de 2020 | Aceptado: 1 de noviembre de 2020
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ISSN 2007-1205 | pp. 16-37

�COMERCIO INFORMAL Y CONTRABANDO EN LA FRONTERA

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INTRODUCCIÓN
El comercio transfronterizo México-Estados Unidos lleva hasta los consumidores toda una gama de bienes y servicios para satisfacer necesidades, desde
las más básicas hasta las más sofisticadas, porque se permite importar libre de
gravamen 500 dólares por persona al día. Este libre comercio ha desarrollado redes de comercialización a lo largo de la frontera y otras ciudades como
Monterrey (Nuevo León), Chihuahua (Chihuahua), Monclova (Coahuila),
entre otras.
Este artículo tiene como objetivos analizar los efectos del comercio informal y el contrabando en el estilo de vida de los fronterizos y en el comercio formalmente establecido, cuyo nivel de competencia en las ciudades
pares de México frente a las de Estados Unidos se encuentra en desventaja
por múltiples factores, entre ellos la política fiscal, los cruces fronterizos, el
contrabando, el tráfico de drogas, entre otros.
Se parte de la hipótesis de que el comercio informal y el contrabando
juegan un papel significativo en la economía fronteriza porque llevan hasta
el consumidor final toda una serie de productos a bajos precios, pero reducen
la capacidad competitiva del comercio formal. La formación de precios en el
sector informal de la economía tiene como base muchos factores que definen
los costos totales, entre los cuales se pueden destacar la baja calidad de las
materias primas, salarios sin prestaciones de ley, no pagar impuestos, entre
otros, que contribuyen a vender a precios más bajos.
Investigar una actividad informal que se fundamenta en la ilegalidad y
que no respeta las reglas básicas de la competencia representa muchos obstáculos para argumentar, dadas las dificultades para el acceso a la información
estadística confiable que muestre las tendencias y su impacto en el comercio.
Por lo anterior, toda la información que aquí se analiza son aproximaciones,
porque las estadísticas con que se estudia se infieren de la contabilidad nacional mediante cálculos matemáticos y a través de encuestas.
El artículo se compone de cuatro secciones: 1) un análisis sobre los fundamentos teóricos que explican la economía informal; 2) un apartado sobre el
problema de las mediciones que resume cálculos sobre la economía informal;
3) el comercio al menudeo en las ciudades fronterizas, caracterizado como
comercio hormiga; y 4) las redes del contrabando donde participan los diferentes agentes económicos y autoridades fiscales.

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1. COMERCIO INFORMAL: ALGUNAS PRECISIONES
CONCEPTUALES
Comercio informal es el que realizan personas y empresas para evadir impuestos; en otros términos, el sistema fiscal no tiene la capacidad para gravar
a comerciantes callejeros, contrabandistas y distribuidores de drogas. Comúnmente, estas empresas son de dimensiones pequeñas y medianas; esto
no significa que no puedan depender de alguna empresa controladora que
opere bajo los dos formatos: legal e ilegal. Identificar a los verdaderos dueños
de estas empresas no es una tarea fácil, porque venden productos de contrabando y piratas, sancionados por el código fiscal de la federación y la ley de
propiedad industrial.
El comercio informal es un componente muy importante de la economía informal, que se compone de actividades industriales, agrícolas, pesqueras y otras que operan al margen de las leyes del mercado y la sociedad civil.
Una definición precisa de la informalidad en la economía no existe (Schneider, Buehn y Montenegro, 2010; Sim, Huam y Rasli, 2011), cada autor elabora su propia definición en atención al mercado de bienes y servicios que
necesite conocer; sin embargo, existe el consenso de que personas y empresas
que operan bajo ese régimen no pagan impuestos al fisco, los salarios no incluyen las prestaciones de ley, venden a precios más bajos y no se incluyen en
el producto interno bruto (pib).
Son varios los conceptos relativos a la economía informal: economía
subterránea, mercado negro, economía ilegal, economía no registrada, entre
otros conceptos. Sim et al. (2011) hacen un resumen muy preciso sobre las
diferencias entre varios de estos conceptos; para ellos, economía subterránea
son todas las actividades de ventas de drogas, contrabando, lavado de dinero,
juegos ilegales, prostitución y otros, que desafían las leyes preestablecidas,
punitivas y de la competencia.
Mediante una revisión bibliográfica amplia sobre estos conceptos, los
autores identifican diferencias importantes: economía ilegal son todas las
ganancias obtenidas por actividades económicas que violan las leyes y que
legitiman diferentes formas de comercio, tales como las drogas; economía
no reportada es el total de las actividades económicas que escapan a la declaración fiscal, es decir que no pagan impuestos; economía no registrada es
toda actividad económica no incluida en las estadísticas nacionales; economía
informal son todas las actividades económicas que evitan costos, sin derechos
ni beneficios por los contratos de trabajo, los préstamos y la seguridad social
(Sim et al., 2011, cuadro 1).
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�COMERCIO INFORMAL Y CONTRABANDO EN LA FRONTERA

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Schneider et al. (2010) utilizaron el concepto de economía sombra (shadow economies) para estudiar las economías de 162 países que escapan a las
cargas fiscales, a la contabilidad nacional, a las prerrogativas laborales, etcétera, y aseguran que se compone de actividades legales e ilegales. Por su
fácil manejo, optamos por el concepto de economía informal; para mayor
precisión, el comercio informal, que incluye actividades comerciales lícitas e
ilícitas con una amplia presencia en los países en desarrollo, particularmente
en la frontera México-Estados Unidos. El comercio informal incluye compra-ventas entre empresas formalmente establecidas que no registran sus
ventas, así como actividades ilícitas con productos piratas y robados.
En general, fundamentan el comercio informal tanto los bajos salarios
como los impuestos que no pagan las empresas al fisco (Schneider et al., 2010;
Kaufman y Kaliberda, 1996). Los bajos salarios en los países en desarrollo
conducen a muchos trabajadores a operar en la informalidad, así como los
altos niveles de corrupción de la administración pública, que genera desconfianza sobre el destino de los impuestos pagados al gobierno, dos fenómenos
que han consolidado la economía informal.
Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi, 2019a,
2017), la economía informal y sus expresiones particulares como el comercio,
la agricultura de subsistencia, la pequeña industria, así como la autoconstrucción que no declara impuestos ni les paga prestaciones de ley a sus trabajadores, son un fenómeno complejo donde participan tanto empresas informales
como formales. A lo largo de generaciones, las empresas informales se heredan de padres a hijos y hay evidencias de que las autoridades les otorgan
permisos (Navarro, 21 de marzo de 2017) para operar bajo ese régimen.
El comercio informal tiene como característica que vende a precios más
bajos que el comercio formal (Gómez, 2015; Vargas, 2004). ¿De qué otro
modo podría hacerse de clientes para una diversidad de productos, desde
ropa usada, electrónicos, juguetes, música, softwares, etcétera? Este comercio
genera competencia desleal contra comerciantes formales que pagan impuestos y, no obstante operar al margen de las políticas comerciales oficiales y
privadas, ha venido creciendo a lo largo y ancho del país. En la frontera México-Estados Unidos está profundamente consolidado por múltiples razones
que analizaremos en apartados posteriores.

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SALVADOR CORRALES C.

2. LOS PROBLEMAS DE LA MEDICIÓN
Y LOS MÉTODOS INDIRECTOS
En 2010, el inegi detectó, mediante encuestas, a 28.2 millones de personas
trabajando en la informalidad (López, 2013), mientras que la economía informal representó 23.7% del pib nacional en 2014, para luego bajar en 2018 a
22.5% (inegi, 2015, 2019a); mientras que por sector de actividad económica,
el comercio contribuyó con el 24%, la construcción con el 15.8% y el sector
agropecuario con el 12.3%, y el restante se repartió en una diversidad de actividades económicas (inegi, 2019a). En las ciudades fronterizas, con la crisis
sanitaria del Covid-19 y un eventual cambio en el comercio con Estados Unidos al entrar en operaciones el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (t-mec), los productos que se importan bajo el régimen de la franquicia
de 500 dólares diarios tendrán una expectativa incierta y acentuarán la crisis
económica.
Para hacerse de estadísticas del comercio informal y contrastarlas con
el pib, se utilizan métodos indirectos y mediante encuestas como las del inegi,
arriba descritas. Conocer el porcentaje de participación dentro del pib ayuda
a estimar el nivel de daño al fisco, a la competencia formal, así como a identificar los beneficios para un alto porcentaje de la población de bajos ingresos
que vive de esta actividad. Sin ser la medición del comercio informal y el
contrabando uno de los objetivos del presente artículo, en lo que sigue se
presentan dos metodologías para el cálculo.
Para la medición de la economía informal, Schneider et al. (2010) utilizaron un modelo basado en la teoría estadística de variables no observables
que resume múltiples causas y múltiples indicadores y que fue aplicado a las
economías de 162 países; nombraron al modelo multiple indicators-multiple
causes (mimic). Este modelo se compone de dos partes: 1) el modelo de la
ecuación estructural y 2) el modelo de medición. La ecuación del primero es
n=y¨x+ҁ, mientras que la segunda ecuación es y=λn+ꞓ; la primera define las
variables y la segunda los indicadores. Los autores calcularon por grupos de
países en diferentes años. Sirvan los siguientes ejemplos de países ricos y de
América Latina para el año 2006, que identifican sus diferencias (cuadro 1).

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CUADRO 1
Comparativo entre países de su economía informal
respecto al pib (2006)
países ricos

%

países de américa latina

%

Suiza

8.3 Argentina

24.2

Estados Unidos

8.4 México

28.2

Austria

9.3 Colombia

35.8

Luxemburgo

9.4 Guatemala

49.9

Japón

10.3 Bolivia

63.4

Fuente: Elaboración propia a partir de Schneider et al., 2010.

Tal como se observa, mientras más pobre es un país, mayor es su economía informal respecto al pib. Hay varias explicaciones al respecto: 1) mientras
más corrupción se presenta en un país, su población es menos propensa a
registrar sus negocios; 2) si resulta más caro hacer todos los pagos al erario
que pagar multas y sobornos a las autoridades, muchos negocios seguirán
operando en la informalidad; 3) hay un mercado para este tipo de economía
predispuesto a comprar los bienes y servicios; 4) toda una diversidad de trámites resulta tediosa para los micro y pequeños empresarios, que prefieren
no registrarse; 5) otros más, tal como la delincuencia organizada que trafica
con drogas o mercancía robada, etcétera (Sim et al., 2011; Schneider et al.,
2010; Cervantes Niño, Gutiérrez Garza y Palacios, 2008).
La siguiente metodología para calcular la economía informal es conocida como del insumo físico, propuesta por Kaufman y Kaliberda (1996), la
cual “se basa en el supuesto de que existe una relación estable en el tiempo
entre el consumo de electricidad y el producto interno bruto (pib)” (Mungaray
y Rabelo, 2008, p. 13).1 Todo el consumo de electricidad no registrado por
empresas informales aparecerá en el pib una vez realizado el cálculo con datos
reales del consumo con respecto al pib. El método fue muy criticado por Schneider y sus colaboradores, por lo restrictivo de sus variables. A pesar de su
poca objetividad, lo aplicamos por la facilidad para el acceso a la información
de los seis estados fronterizos y utilizamos datos de 2011 y 2017, el rango
promedio de vida de las empresas en México (siete años). La ecuación es la
siguiente:

1 Esta ecuación mide la relación del consumo de electricidad respecto al pib; el diferencial después de
un periodo de tiempo se puede atribuir a cambios en los precios, al incremento del consumo, o bien, a
la economía informal.
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ei=(PIB/E0)/(PIB/E1)-1

(1)
informal, pib=Producto interno bruto,
E₀=Electricidad en el año base, E₁=Electricidad en el año dado.
Los resultados se pueden identificar en la última columna del cuadro 2.
ei=Economía

CUADRO 2
Tamaño de la economía informal en la frontera México-Estados Unidos
(millones de pesos a precios de 2018)
2011
Estados fronterizos

pib

2017
e₀

pib

2017
e₁

ei

pib

de ei

Baja California

418,394

13,307

695,759

15,084

31.84

221,530

Sonora

446,699

15,038

712,851

14,813

38.28

272,879

Chihuahua

407,233

15,020

706,773

17,882

31.40

221,927

Coahuila

493,393

14,629

774,610

14,614

36.37

281,726

Nuevo León

1,018,557

24,549

1,559,139

24,582

34.58

539,150

Tamaulipas

429,863

12,665

607,890

12,546

29.95

182,063

Nota: El consumo de energía por estado fue calculado con el precio promedio nacional de kilowatts-hora.
Fuente: Elaboración propia con datos de inegi, 2019b, y Sistema de Información Energética, 2020.

En la penúltima columna del cuadro 2 aparecen las estimaciones de la
economía informal para los seis estados fronterizos. El resultado para Tamaulipas es el más cercano, con datos calculados por Schneider et al. (2010)
en 2006 para México; la entidad con mayor economía informal es Sonora,
según este cálculo, y la menor, Tamaulipas. Si quisiéramos conocer cuál es
el tamaño en pesos y centavos, sólo tenemos que multiplicar ese porcentaje
por el pib de cada estado, lo que se representa en la última columna. En 2011,
la economía informal de Baja California contribuyó con 133,217 millones de
pesos a la formación del pib estatal, y en 2017, con 221,530 millones, después
de aplicar el 31.84% a su pib real. Si calculamos el iva, el isr y otros impuestos
no declarados por razones propias de la informalidad a esta suma cuantiosa
de la economía informal, se obtiene el gran impacto sobre los ingresos fiscales.
En vista de las restricciones del modelo, los datos anteriores pueden
no reflejar la realidad de la economía informal; sin embargo, son una aproximación del tamaño de los efectos al fisco, a las empresas formalmente establecidas que compiten en condiciones de desventaja en precios; identifica
también los beneficios para una población de bajos ingresos que encuentra
en este comercio muchos de sus bienes y servicios necesarios para satisfacer
sus necesidades. Es el estado de Sonora quien registró el mayor porcentaje de
informalidad; el estadístico entra en contradicción con su escasa población
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fronteriza y el tamaño de la economía de la ciudad de Nogales, una de las más
pequeñas en la frontera México-Estados Unidos.
La informalidad del comercio no es sinónimo de contrabando, pero tienen una conexión muy estrecha (Parra, 2013); las prácticas del contrabando
se clasifican en dos: 1) el contrabando bronco, que desafía a las autoridades
aduanales a través de una localización geográfica para cruzar y circular mercancías; y 2) el contrabando técnico, mediante la falsificación de facturas, pedimentos de importación y reglas de origen de los productos (Vargas, 2004;
Ochoa, 2005).
Con el contrabando bronco se introducen todo tipo de armas y cartuchos, mercancías originales y usadas, ropa y electrónicos, así como sustancias
prohibidas que incluyen drogas. A través de veredas que conectan a la línea
fronteriza donde los dispositivos electrónicos de verificación del cruce son
inexistentes o vulnerables a los traficantes, el contrabando bronco toma su
cauce para satisfacer necesidades entre vendedores y consumidores. Estas
prácticas tienen años de realizarse y guardan un símil con la introducción
de drogas a Estados Unidos en sentido inverso; el contrabando de mercancía
posee un monto en valor monetario mayor al tráfico de drogas, según algunos autores (Macedo Romero, Santiago Moreno y Saraiba Martínez, 2013).
El contrabando técnico es más sofisticado porque mediante la modificación de certificados de origen, pedimentos de importación y facturas subvaluadas se introducen mercancías con el aval de las autoridades del comercio
y aduanas. Es tan avanzado el desarrollo tecnológico actual, que se consiguen
estos tres documentos con las mismas características que los originales; así
también productos y mercancías que hacen difícil distinguir entre el original
y el pirata, y facilitan su comercialización en los mercados internacionales.
Con la entrada en operaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) a principios de la década de los noventa, se asestó un
duro golpe al contrabando con la reducción de precios entre los países signatarios; sin embargo, el libre comercio también sirvió de plataforma para el
desarrollo de las prácticas comerciales desleales a través de la triangulación
con países que no tienen privilegios arancelarios, tal como sucedió con los
productos chinos a través de Estados Unidos mediante el uso de tecnologías
que falsifican productos y documentos.
En tales circunstancias, el contrabando de productos asiáticos, sobre
todo chinos, a través de Estados Unidos se convirtió en un fenómeno de
grandes magnitudes (Sandoval Hernández, 2014; Gómez, 2015), donde la
piratería ocupa un lugar de suma importancia en el comercio informal de la
economía mexicana. Desde el punto de vista del consumidor de bajos ingresos, este comercio ha venido a satisfacer un conjunto de necesidades que el
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comercio formal hace a un precio más elevado, y los empresarios no dejarían
pasar la oportunidad de abastecerse de insumos para reducir sus costos.
La economía informal posee su estructura de costos, pero es más baja
que la formal, vende a precios más bajos para satisfacer un mercado con bajo
poder adquisitivo. Eventualmente puede obtener mayores ganancias, aun
cuando controla un mercado de consumo con poca capacidad de compra;
seguramente, por cada agente de ventas los ingresos son más bajos, dado el
tamaño pequeño de sus empresas, pero visto en su conjunto, representan un
porcentaje muy elevado respecto al pib; el efecto es mayormente observable al
identificar el empleo total informal del 57% (inegi, 2019a).
En este artículo se analizan los principales impactos del comercio informal sobre el comercio al menudeo legalmente constituido, que han moldeado
las formas de vida de los residentes fronterizos mexicanos con sus actividades
comerciales. Identificaremos las tendencias y el grado de concentración en las
principales ciudades fronterizas, cuya base cuantitativa son los cálculos arriba
presentados e información secundaria. En vista de la inexactitud de la información estadística del comercio informal, todos los datos sueltos relativos al
desempeño de esta actividad son de mucha validez para explicar el desempeño en la economía fronteriza. En el siguiente apartado se resume el comercio
transfronterizo a pequeña escala, también conocido como comercio hormiga.
3. EL COMERCIO HORMIGA: UN MODO DE VIDA
DE LOS RESIDENTES FRONTERIZOS
El comercio al menudeo a lo largo de las ciudades fronterizas reproduce actividades económicas y formas de vida entre una diversidad de estratos y clases
sociales. Unas más que otras y con fundamento en su capacidad económica,
miles de personas cruzan la frontera para hacer sus compras; la predilección
por los centros comerciales de Estados Unidos entre los consumidores mexicanos es incuestionable, y se incrementó con la homologación del iva en 2014
al 16%, que colocó en desventaja al comercio mexicano con un incremento de
los precios finales del 5.5%. Con la reducción al 8% en 2019, mejorará la competitividad del comercio formal mexicano, al expresarse en una reducción
de los precios; a los consumidores fronterizos les permitirá comprar más en
México y a los comerciantes, incrementar sus ventas.
Todo este comercio representa millones de dólares diarios y mucha de
la mercancía entra de contrabando al país, amparada en esa libertad de ingresar sin el pago de aranceles por 500 dólares diarios para cada consumidor con
visa de no inmigrante. El semáforo rojo sólo identifica el 10% de los consumiTRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

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dores que cruzan la línea para abastecerse de mercancías; el restante 90% que
no se revisa es un porcentaje muy elevado que puede expresarse en evasión
fiscal a través del comercio informal. El tráfico de mercancías no sólo está
tipificado como legal por esa libertad amparada por la autoridad, sino como
ilegal, porque cruza mucha mercancía pirata de origen chino, coreano y de
otras nacionalidades a bajo precio (Sandoval Hernández, 2014; Parra, 2013).
La fuente de suministro de mercancía pirata que se distribuye en los
centros comerciales, tiendas de ropa, electrónicos y pulgas de las grandes ciudades fronterizas y cercanas, como Monterrey, Monclova, Chihuahua capital,
entre otras de los estados fronterizos, se produce por esa libertad de importar
libre de gravamen. Esas facilidades formales del Estado mexicano reproducen
otras tantas facilidades informales como el contrabando, auspiciado por la delincuencia, y en muchos de los casos, asediado por ella (Sandoval Hernández,
2014; Vargas, 2004).
Las ciudades fronterizas viven y reproducen su existencia a través del
comercio al menudeo, más conocido como “comercio hormiga”.2 Las largas
colas para cruzar no hacen mella en los habitantes fronterizos, justificándolas
por la calidad de las mercancías y la oportunidad de disfrutar de las bondades que ofrecen los centros comerciales de las ciudades estadounidenses,
que atraen al cliente mexicano. El concepto de comercio hormiga (Gauthier,
2009) identifica un espíritu del consumidor que todo se lleva en pequeñas
cantidades, sobre todo por esas largas colas para cruzar que, a imagen y semejanza de las hormigas, reproducen los cruces fronterizos.
Diversos estudios de economistas del Banco de la Reserva Federal y de
mexicanos desde los centros de investigación fronterizos han concluido que
las compras al menudeo en Estados Unidos por clientes mexicanos generan
dependencia (Patrick, 2006; Phillips y Coronado, 2005); particularmente
en las ciudades más pequeñas, es más evidente ese fenómeno, tal como en
Nogales, Arizona, y en Laredo, McAllen y Brownsville, Texas. Las grandes
ciudades, como San Diego, Phoenix y El Paso, son menos dependientes por
el diferencial en la capacidad de compra del mexicano y el tamaño de su
población.
Cálculos de Phillips y Coronado (2005) estimaron exportaciones en
1978 por un valor de 1,599.4 millones de dólares por ventas al menudeo a
residentes mexicanos. Para hacer esta estimación, primero calcularon que un
46% de los ingresos totales se destina para compras al menudeo; el porcentaje
2 El comercio al mayoreo tiene como destino final las grandes ciudades del país (Orrenius, Phillips y
Blackburn, 2001), paga impuestos y se rige por la competencia formal que imponen el tipo de cambio,
las capacidades tecnológicas y las necesidades de consumo de ambos países.
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incluye servicios de restaurantes y otras actividades de diversión y esparcimiento.3
El periodo analizado fue de 1978 a 2001. El año 2000 fue el que tuvo mayores exportaciones por ventas al menudeo, con un valor de 3,507.2 millones
de dólares; según estas estimaciones, las ciudades fronterizas texanas en 1978
exportaron 41.3% por ventas al menudeo, porcentaje que se redujo en 2001
a 19.4% (Phillips y Coronado, 2005). La creciente presencia de mexicanos en
otras ciudades de California, Arizona y Nuevo México modificó las tendencias; una explicación de ello puede ser la reducción de los cruces fronterizos
por los atentados del 11 de septiembre de 2001. Estudios empíricos para demostrar el impacto sobre las ventas al menudeo después de los atentados del
11 de septiembre, no encontraron evidencias que confirmen una reducción
de las ventas al menudeo entre los mexicanos que cruzan a las ciudades pares
de Estados Unidos (Patrick, 2006).
En 2012, Coronado y Phillips hicieron seguimiento al comercio transfronterizo y estimaron que se exportaron a México 4.5 billones de dólares en
la compra de comida, ropa, autopartes, electrónicos y otros bienes y servicios
al por menor. Los nuevos cálculos del Banco de la Reserva Federal identifican
fluctuaciones de Laredo y McAllen, Texas, por compras de mexicanos; en ese
año estimaron para Laredo una dependencia de 40 a 45%; para McAllen, de 35
a 40%; mientras que para Brownsville, de 30 a 35% (Coronado y Phillips, 2012).
Los montos de las compras de mexicanos en las ciudades pares americanas han sido investigados por economistas de diferentes instituciones. En
vista de la inexistencia de estadísticas, los cálculos sobre el monto total y sus
tendencias no coinciden; aun así, el consenso es que son de mucha importancia para el comercio transfronterizo y formatean la actividad económica
de las ciudades pares en la frontera de ambas naciones. En 2004, Ghaddar,
Richardson y Brown (2004) calcularon las compras de mexicanos por 7,362
millones de dólares, mientras que el Banco de México, por 3,462 millones
para 2014, muy semejante a los cálculos de Coronado para 2000 (Ruiz Ochoa,
Fuentes y Brugués, 2015, cuadro 5).
La homologación del iva en 2014 desató controversias profundas entre
comerciantes, investigadores y periodistas desde Estados Unidos, sobre los
beneficios debidos a la política fiscal mexicana, que se expresarían en mayores compras y cruces fronterizos. Kenn Morris, ceo de Crossborder Business Associates, afirmó en una entrevista con Kutchera (25 de septiembre de
2009) que de los visitantes mexicanos que cruzan para hacer sus compras, 50
Una vez hecha esta estimación, identificaron que todas las compras que superaron
ese 45% del ingreso fueron ventas a clientes mexicanos.
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a 70% gastan de 110 a 160 dólares por viaje, y estimó que 18 a 20 millones de
mexicanos cruzan la frontera cada mes, lo que representa ventas por 10 mil
millones de dólares al año.
Este comercio hormiga entra al país en pequeñas cantidades y su carácter informal se fundamenta en que no paga impuestos. Por ser la frontera
la región del mayor pago del iva porque los productos importados lo pagan
en el lugar de destino (Vázquez del Rey, 2007), mover su porcentaje en la
estructura de los precios se traduce en pérdidas o ganancias, según sea el caso,
y constituye un factor de competitividad de los comerciantes mexicanos para
evitar la fuga de consumidores hacia Estados Unidos.
La nueva política fiscal para la frontera norte de México no ha impactado en el tamaño del comercio informal porque “hay 23 mil licencias de ambulantaje. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), Tijuana cerró 2015 con
265 mil 893 trabajadores en condiciones de informalidad laboral, mientras
que en la ciudad se generaron 32 mil 961 empleos informales en ese año y en
2014 fueron 23 mil 950” (Navarro, 21 de marzo de 2017). El autor del artículo
aseguró que Tijuana posee un 40% de comercio informal. Autoridades del comercio y economistas de la ciudad confirman la existencia de 50 asociaciones
de mercados sobre ruedas (Navarro, 21 de marzo de 2017), que pulverizan al
comercio legalmente constituido en la competencia por clientes.
El Diario de Ciudad Juárez anunció el 26 de julio de 2015 la existencia
de 52 mil vendedores en la informalidad (Castañón, 2015). Para publicar tan
importante información, Castañón entrevistó a Ramón Mario López, representante de comercio municipal; el funcionario explicó los resultados de un
censo para evaluar el comercio informal, con el que encontraron que 36% de
los comerciantes informales trabaja en mercados populares y alrededor de 16
mil, en la vía pública; identificaron que más de 55% de la gente que se dedica
al comercio informal es de la tercera edad y un 40% tiene un trabajo formal;
para el 60% restante, la informalidad es su única fuente de empleo.
El presidente de la Cámara de Comercio de Nuevo Laredo hizo público
en 2013 que cerca de 60% del comercio es informal (López, 2013), donde predominan productos piratas. Noticias sobre tráfico de mercancías se pueden
leer a diario, en las que se especifica una diversidad de productos confiscados,
pero sólo son la punta del iceberg. En los hechos, millones de mercancías cruzan a México sin pagar impuestos y para competir con la industria mexicana
de manera desleal. La porosidad de la frontera mexicana con Estados Unidos
para el cruce de mercancías ilegales explica también el cruce de drogas y migrantes hacia Estados Unidos.
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La enorme importancia del comercio internacional formal e informal
en la frontera México-Estados Unidos es incuestionable. Para los habitantes
de otras ciudades del interior del país no es un fenómeno desconocido; se
hacen miles de transacciones al año, cuya suma supera las cifras oficiales que
publica el inegi por concepto de exportaciones e importaciones a través del
comercio formal. En 2012, estos cálculos alcanzaron una suma de 405,770
millones de dólares, que equivalen a 1,111 millones de dólares diarios tan sólo
en el noreste de México (González, 10 de agosto de 2012).
Las tendencias a la baja en los cruces fronterizos como resultado de los
atentados del 11 de septiembre de 2001 no han reducido las compras en las
ciudades pares estadounidenses, como bien se aprecia por los datos arriba
analizados. Los acontecimientos recientes de depreciación del peso frente al
dólar harán cambiar el comportamiento de los consumidores. Antes y después de la crisis financiera de 2007-2009, los consumidores tuvieron que hacer sus mejores cálculos para conseguir una buena canasta en las ciudades
fronterizas. Los coyotes o fayuqueros se encargarían de eso con mercancía pirata de origen chino, porque la desaceleración de su economía los presiona
para vender más barato en el resto del mundo (Ospina, 16 de abril de 2014).
Para los líderes de la cámara de comercio en 2012, el comercio hormiga
se comporta en los siguientes términos: “Comercio hormiga todos los días, y
yo creo que si le echáramos números, esa hormiguita y esa hormiguita […]
creo que si la formáramos…, es una cola enorme […] el comprador mexicano
sí va y compra un poquito más a veces al mayoreo para venir a vender, no
solamente a Reynosa, sino dentro de la república, y con todos los suministros
legales que eso se merece. Hay un sector aquí de comercio que es el de las
importadoras”, que abastecen todo tipo de productos legales e ilegales al mercado fronterizo y nacional (Corrales, trabajo de campo, proyecto Eficiencia
de la infraestructura para el comercio transfronterizo en cuatro puertos de
entrada a Estados Unidos de América: Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, 2012).
Mucho de este comercio informal lo realizan pequeñas empresas, pero
hay grandes distribuidores que se benefician utilizándolas como sus distribuidores finales, operando bajo un sistema solar, donde la gran empresa aparece
legalmente bien constituida, que explota el contrabando técnico para introducir y vender mercancías piratas, que les reduce sus compromisos fiscales,
y así se aseguran de un mercado muy competido, coludiéndose con la delincuencia organizada de cuello blanco, que analizaremos en el siguiente apartado.

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4. LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONTRABANDO
El contrabando no es nada nuevo en la historia del comercio internacional;
según Macedo Romero et al. (2013), se remonta a los siglos vi y v antes de
Cristo, y con la conquista española en América Latina, comerciantes franceses, ingleses y holandeses introdujeron sus mercancías, dado el poco control
de las costas y aduanas por la corona española. Después de las delimitaciones
fronterizas con Estados Unidos en 1848, esta práctica se incrementó por la
porosidad de las aduanas. El mayor auge de estas prácticas, según estos autores, fue desde el sexenio de Miguel Alemán Valdés (1946-1952) hasta el
sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988).
Fue típico que las aduanas se concesionaran con sobornos de 100 mil
dólares a familiares de los políticos de más alto rango (Macedo Romero et
al., 2013). Los administradores de las aduanas recuperaban con toda rapidez la inversión, dada la fuerte penetración de mercancía procedente de Estados Unidos a precios más bajos que los de México. Según estos autores,
esta práctica se redujo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari mediante
la movilidad de los administradores y por la entrada en operación del tlcan.
Tal como lo registra la historia, se formaron redes de distribución hasta llegar al consumidor final, para garantizar la conexión entre los distintos
agentes comerciales para las entregas a tiempo, la definición de precios, las
ganancias y la seguridad, tanto si es legal como si no lo es. Cuando es legal,
porque se requiere transferir los costos fiscales al consumidor, la calidad del
producto, etcétera; cuando es ilegal, para protegerse de las sanciones que impone el sistema de justicia, y hacer un reparto de las ganancias para no infringir las relaciones comerciales.
El comercio internacional a gran escala es el que mayores dividendos
genera para los contrabandistas que comercializan productos piratas, robados y usados. En este apartado analizamos las redes de contrabando con base
en el comercio a gran escala; serán revisados documentos con información
secundaria para argumentar la dimensión de este fenómeno, que mantiene
trabajando a agentes aduanales, administradores de aduanas, autoridades judiciales y del comercio internacional.
Sandoval Hernández (2014), un especialista del comercio informal entre Texas y el noreste de México, resume la historia de comerciantes chinos
y coreanos instalados a lo largo de la frontera de Texas para introducir todo
tipo de mercancías hacia México. Antes de que se instalaran, predominaban
productos americanos traídos por judíos desde Nueva York, tales como:

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adornos de hogar, telas finas, ropa nueva, joyas, perfumes y porcelanas. Principalmente los adornos —candiles, lámparas, espejos, platos,
figuras de cerámica, vidrio y porcelana, algunas con incrustaciones
de metal— eran fabricados en Alemania, Italia, Francia, Austria y
Checoslovaquia. Así que los comerciantes judíos viajaban constantemente a Nueva York para comprar mercancía proveniente de Europa, o bien, los importadores de Nueva York llegaban a Laredo para
venderla, lo mismo pasaba con los perfumes y las telas (pp. 62-63).

Desde principios del siglo xix, el comercio transfronterizo se había configurado con productos de la confección y adornos para el hogar. Una vez
que la industria electrónica alcanza su apogeo en la década de los ochenta del
siglo xx, estos nuevos artículos pasan a ocupar un lugar de suma importancia,
junto con la venta de partes para automóviles. El cambio de contenido en los
productos vino acompañado por nuevos distribuidores, cuya localización y
contactos estratégicos por todo el mundo les garantizaron el abasto oportuno
y a precios accesibles para la capacidad de compra de sus clientes. Los comerciantes chinos y coreanos empezaron a ofrecer electrónicos a los clientes
mexicanos y los judíos emigraron a los negocios de bienes y raíces (Sandoval
Hernández, 2014).
El origen asiático de los proveedores ayudó a consolidar redes de abastecimiento en Japón, Corea y más recientemente en China, que se ha convertido en la industria mundial por excelencia. Las importaciones de productos
chinos alcanzaron mucha fuerza en la frontera México-Estados Unidos, a tal
grado que el Made in China predomina en todo tipo de mercancías originales
y piratas que se venden en los centros comerciales de Estados Unidos. Las
subastas de “a dólar lo que escoja” llaman mucho la atención entre los clientes
mexicanos con visa de no inmigrante, sobre todo entre los coyotes, fayuqueros
y otros traficantes que cruzan la frontera para abastecerse.
Protegidos por el contrabando técnico y la colusión con agentes de la
Administración General de Aduanas, muchos productos ingresan a México
sin pagar impuestos por la vía de la triangulación.
Actualmente, las mercancías de contrabando entran por la puerta
grande; pasan aduanas en grandes contenedores y sobre ellas está
la mirada de los agentes aduanales; sin embargo, se trata de embarques ilegales facturados en un país distinto al lugar real de su
origen, triangulado con el fin de evadir impuestos, dijo José Guzmán Montalvo, titular de la Administración General de Aduanas
(Pérez, 2005).
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Es el llamado “contrabando técnico”, una práctica en que han incurrido tiendas departamentales de prestigio que operan a lo largo y ancho del
territorio mexicano. El común de estas grandes tiendas es la falsificación de
la mercancía; el consumidor cree comprar productos originales, pero son piratas y en muchos casos con la calidad semejante a los originales. El beneficio
para las grandes tiendas es doble, porque venden a precios de mercado con
costos de comercialización más bajos, y si bien pagan los impuestos (iva) que
obtienen entre los consumidores al fisco, su monto no corresponde al precio
real, por las distorsiones en los precios al adquirirlos del contrabando. Estas
prácticas de comercialización a su vez “fomentan prácticas desleales frente a
productores mexicanos y que impactan en el mercado nacional, lo que provoca
la quiebra de empresas mexicanas y la consecuente pérdida de empleos” (Pérez,
2005).
El contrabando por subvaluación al declarar en la aduana un valor menor al pagado, que implica facturas falsificadas, ha llegado a proporciones
inaceptables, según las autoridades del Sistema de Administración Tributaria
(sat); para contrarrestar estas prácticas, “de noviembre de 2006 a septiembre
de 2011, el sat ha realizado más de 17,000 análisis de valor, emitiendo 1,000
órdenes de embargo por subvaluación. Por este mismo ilícito, de enero a
octubre de este año ha asegurado más de 550 toneladas de textiles, más de 47
toneladas de juguetes, y más de 330 toneladas de acero, entre otros productos” (Mayoral, 6 de diciembre de 2011).
En el contrabando de mercancías ilegales al mercado nacional participan redes de vendedores coludidos con la delincuencia organizada, funcionarios de la administración de aduanas y del comercio internacional. “Se trata de
una red muy bien articulada que opera en México, Estados Unidos, China y
Corea, dedicada a contrabandear productos textiles fabricados en esos países
asiáticos y que son introducidos a México de manera ilegal vía Estados Unidos, en donde se elaboran facturas y certificados de origen falsos para eludir
el pago de los impuestos correspondientes” (Badillo, 26 de agosto de 2012).
Fabiola Velázquez publicó en febrero de 2015 que el sat mantiene la
lucha contra la red de contrabando textil en México, en colaboración con la
entonces Procuraduría General de la República (pgr); sus resultados fueron
la desintegración de una de las redes más grandes de México dedicada al contrabando de textiles, conformada por alrededor de 31 importadores y 113
empresas virtuales, cuya presencia en esa actividad delictiva tiene cerca de 20
años (Velázquez, 2015).
Las condiciones económicas de un alto porcentaje de la población cuyo
salario no le alcanza para adquirir la canasta básica de alimentos, reproducen
este mercado para una población con bajo poder adquisitivo; un fenómeno
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reproduce al otro: la alta concentración de la economía mexicana fortalece
al comercio informal. Las importaciones de ropa usada y textiles, valoradas
en millones de pesos, son un típico ejemplo, con evasiones al fisco y daño a
la industria textil mexicana. La complicidad de las autoridades de aduanas,
comercio interno y otras que regulan el comercio internacional ha sido decisiva para la permanencia de este comercio ilegal; la corrupción permea estas
formas de operar del comercio internacional (Ochoa, 2005; Sandoval, 2012).
Según el Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras-Textil-Vestido, el 58% del mercado nacional de prendas de
vestir es abastecido por canales ilegales (contrabando, robos y productos confeccionados en México sin el pago de impuestos). La
producción nacional suministra el 20%. El mercado total minorista
de venta de ropa en México se estima en aproximadamente de 15
a 17 mil millones de dólares, sin embargo, más de la mitad de estas ventas se asume que ocurren a través de canales no autorizados
(Ochoa, 2005).

Datos precisos sobre el impacto del contrabando se pueden observar en
una diversidad de productos confiscados: “Durante los primeros cinco meses
del 2008 las autoridades aduaneras en México incautaron unas 94 toneladas
de calzado, 296 toneladas de ropa usada, 150 toneladas de perfumes, 65 toneladas de discos compactos, 34 toneladas de medicamentos y otro tipo de
mercancía por 28,807 piezas” (El Diario de Coahuila, 7 de julio de 2008).
La Cámara de Diputados desarrolla investigación específica para evaluar la corrupción en aduanas: a mediados de la década pasada se presentaron
ante instancias judiciales expedientes que involucraron a 290 personas, de las
cuales 96 fueron agentes aduanales, 51 representantes aduanales, 14 verificadores, 102 accionistas y otras personas relacionadas con el tráfico ilegal de
textiles (Ochoa, 2005).
A lo largo de los años se ha luchado contra este comercio ilegal; en la
rama textil, el sat calculó pérdidas por 19 mil millones de pesos al año; en
la del calzado, por 6 mil millones; en software, por aproximadamente 1,250
millones, y en juguetería, por 450 millones de pesos (Rivera, 2014). Estos
hechos confirman la importancia del contrabando para el desempeño del comercio informal, cuyo daño a la industria nacional y a la recaudación fiscal se
mantiene como un fenómeno estructural.
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) calculó el valor
total de las pérdidas para la economía mexicana en 43 mil millones de pesos al
año por delitos de contrabando y piratería, estadística que colocó a México en
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el cuarto lugar mundial en esta actividad ilegal (Hernández, 2019). Personal
de aduanas sigue trabajando para la delincuencia organizada, en contrasentido con la política anticorrupción de la actual administración federal. Este
comportamiento lo comprueban las estadísticas fiscales de la Secretaría de
Hacienda, al hacer públicas pérdidas por 3,031 millones de pesos en 2019
(Cano, 17 de febrero de 2020).
Como resultado de esta actividad depredadora, las autoridades fiscales
siguen haciendo su trabajo de identificar el contrabando, embargar las mercancías que no cumplan con los requisitos fiscales y sancionar a importadores
que infrinjan la ley. Cano (17 de febrero de 2020) confirmó que en 2019 las
mercancías embargadas fueron mucho mayores a las de 2018, tendencia no
coherente con la reducción del iva al 8% para las ciudades fronterizas mexicanas (que se expresará en menores precios y mejorará la competitividad del comercio formalmente establecido), mucho menos con la política anticorrupción, que representa el eje de la administración pública federal 2018-2024.
CONCLUSIONES
El comercio a cualquier escala hace posible obtener ganancias para las empresas; el comercio al menudeo, además de traducir las ganancias a pesos y centavos, también satisface necesidades básicas de los consumidores. En países
con bajo nivel de desarrollo, donde un alto porcentaje de la población recibe
ingresos que le impiden obtener la canasta básica para satisfacer las necesidades alimenticias, se propicia la búsqueda de alternativas para conseguirla a
través de todo tipo de mercados y procesos de distribución.
Como resultado, el comercio informal ha configurado toda una gama
de estructuras de distribución, con ventas a precios más accesibles para los
consumidores, amparado en el libre mercado, cuyo soporte ideológico es el
neoliberalismo. El dejar hacer y dejar pasar por encima de las leyes de la competencia, consolidó el contrabando con la venta de productos piratas, usados
y robados; se creyó que la liberalización económica habría de eliminar estas
prácticas; por el contrario, las incrementó mediante la triangulación, razón
por la cual los comercios chino y coreano se consolidaron a través de Estados
Unidos.
El comercio al menudeo entre los residentes fronterizos se nutre de estas prácticas comerciales; el comercio al mayoreo, amparado en las prácticas
de corrupción y en la capacidad tecnológica para piratear mercancías, falsificar facturas y pedimentos de importación, hace más competitivas a grandes
tiendas departamentales que incurren en este comercio, con daños al fisco
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y a las empresas legalmente establecidas. En los hechos, el comercio informal coloca en desventaja a comerciantes formales y seguirá satisfaciendo las
múltiples necesidades de un alto porcentaje de la población fronteriza, perpetuando un estilo de vida al margen de la legalidad.
En el conjunto de la economía mexicana, el comercio informal y el contrabando seguirán lacerando a la economía de las empresas legalmente constituidas. Dados los altos niveles de corrupción con que operan las autoridades
aduanales, de hacienda y otras instancias de gobierno, esas prácticas comerciales seguirán su curso, y con él, las redes de comercialización de productos
piratas, robados e ilegales, como las armas y explosivos. Frente a mayores
regulaciones y revisiones al comercio con lo más avanzado de la tecnología al
entrar en operación el t-mec, los contrabandistas y comerciantes informales
sabrán acomodarse para mantener sus negocios a lo largo de la frontera entre
México y Estados Unidos.
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JOSÉ LUIS MASTRETTA LÓPEZ | DALIA CATALINA PÉREZ BULNES

El Uso Electoral de la Comunicación
Gubernamental en México
The Partisan Usage of Government Communications
in Mexico
JOSÉ LUIS MASTRETTA LÓPEZ* | DALIA CATALINA PÉREZ BULNES**

► RESUMEN
El presente trabajo analiza en qué medida el gasto en comunicación social incidió en los resultados de las elecciones municipales que tuvieron
lugar entre los años 2004 y 2012. La hipótesis es que, conforme aumenta
el gasto en comunicación social, aumenta la probabilidad de que el partido en el gobierno gane la elección subsiguiente. Mediante un modelo
probabilístico Logit, se encuentra evidencia a favor de que incrementar
el gasto en comunicación social aumenta las probabilidades de ganar del
partido incumbente. El efecto no podría considerarse definitivo, puesto
que requiere incrementos sustanciales en el gasto en comunicación del
gobierno, además de que tal relación desaparece tras las reformas constitucionales y electorales de 2007-2008.
Palabras clave: Comunicación social | Publicidad gubernamental |
Elecciones | Mercadotecnia política.

► ABSTRACT
The present paper analyzes to what extent government spending on advertising or mass media communications affected the results of the municipal elections that took place between 2004 and 2012. The hypothesis
is that, as spending on government advertising increases, the probability that the party in the government wins the subsequent election rises as
well. Using a probabilistic Logit model, evidence is found in favor that
increasing spending on communication increases the probability of an
incumbent win. Nevertheless, the effect could not be considered definitive, as the increase in communications spending had to be substantial,
and such relationship disappears after the constitutional and electoral
reforms of 2007-2008.
* Doctorando en Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Correo electrónico: jlmastretta@gmail.com
** Doctoranda en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Correo electrónico:
catypbulnes@gmail.com
Recibido: 15 de julio de 2020 | Aceptado: 10 de enero de 2021
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ISSN 2007-1205 | pp. 38-60

�EL USO ELECTORAL DE LA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL

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Keywords: Social communication | Government advertising | Elections |
Political marketing.

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este artículo es proveer evidencia empírica sobre el efecto
del gasto en comunicación social y publicidad de los gobiernos municipales
mexicanos sobre los resultados electorales, favoreciendo a los partidos en el
poder. El análisis considera el periodo en donde se realizaron las reformas
constitucionales y electorales de 2007-2008. El gasto en comunicación social
y publicidad comprende los gastos en difusión por radio, televisión y otros
medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. Para
lograr este objetivo se analizan 341 elecciones municipales ordinarias realizadas en el periodo de 2004 a 2012.
La lógica detrás de las reformas es que la publicidad gubernamental representaría una manera en la que los partidos en el poder inciden ilegítimamente en los procesos electorales. Por ello, la importancia de analizar si los
esfuerzos de comunicación de los gobiernos tuvieron efectos sobre las preferencias electorales; se indagará si antes de las reformas de 2007-2008, origen
jurídico de la llamada “Ley Chayote”, existía una relación entre el gasto en
comunicación de los gobiernos municipales mexicanos y los resultados de las
elecciones respectivas subsiguientes.
La metodología utilizada es la técnica de modelos probabilísticos no lineales, en particular el modelo de regresión Logit. Los resultados indican que
un mayor gasto en comunicación social y publicidad aumenta la probabilidad
de que el partido en el poder gane la elección subsecuente, aunque el efecto
es estadísticamente significativo sólo en algunos de los modelos estimados.
El gasto en comunicación está expresado en términos relativos al gasto total
municipal; en promedio, está entre 1.39% y 1.54%, con alta heterogeneidad.
Los resultados indican que las reformas de 2007-2008 pudieron haber contribuido a que la relación entre el gasto en comunicación y el resultado de
la elección se debilitara. Finalmente, se encontró que mientras mayor sea el
índice de mortalidad infantil, la probabilidad de que el partido en el gobierno
gane la elección subsiguiente se reduce.
La contribución de este artículo es la de proveer evidencia empírica del
efecto de las reformas constitucionales y la política de comunicación social
sobre la probabilidad de ganar las elecciones. Esto ha sido un tema poco estudiado desde el punto de vista econométrico, y además, es un análisis que
considera un periodo amplio, por lo que las conclusiones presentadas en este
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JOSÉ LUIS MASTRETTA LÓPEZ | DALIA CATALINA PÉREZ BULNES

artículo contribuyen en la discusión de la política y las reformas realizadas en
materia electoral.
El artículo está organizado de la siguiente forma: en la sección 1 se realiza una revisión de la literatura existente sobre el efecto del gasto en comunicación social; en la sección 2 se realiza un resumen de las reformas realizadas
durante los últimos años; en la sección 3 se explican algunas decisiones relevantes para la observación del fenómeno; en la sección 4 se realiza el análisis
descriptivo de los datos; en la sección 5 se explica la metodología econométrica; en la sección 6 se presentan los resultados de las estimaciones, y al final
se ofrecen las conclusiones del artículo. Asimismo, se presenta un anexo con
los vínculos a la información revisada en este artículo.
1. REVISIÓN DE LITERATURA
Los gobiernos han realizado acciones y estrategias de comunicación para incidir en la aceptación de las personas, o bien, para influir en el establecimiento de la agenda. La relación de los medios de comunicación con los procesos
electorales parte de la noción de una sociedad de masa, en la que el individuo
es miembro de una audiencia consumidora de medios de comunicación. Los
principales promotores de esta teoría han sido Robert E. Park, Howard Becker, George Herbert Mead y Harry S. Sullivan, conocidos como los expositores de esta corriente de la Escuela de Chicago (Valbuena de la Fuente, 1997).
Las escuelas de comunicación de masas se concentran en el proceso comunicativo, partiendo del modelo aristotélico de emisor-mensaje-canal-receptor, considerando con qué fines el emisor transmite información a sus receptores, y siguiendo el paradigma propuesto por Shannon y Weaver (1964),
quienes postularon que el nivel último de análisis de la comunicación de masas debía considerar la influencia y la efectividad de la comunicación.
Para Lasswell (1974), todo acto comunicativo tiene por objetivo generar
un efecto en los receptores. Si bien esta comunicación debe cumplir ciertos
requisitos de inteligibilidad y eficiencia, en general el contenido del mensaje
y los efectos producidos en los receptores son, en conjunto, resultado directo
de las intenciones del emisor y, por lo tanto, una manifestación observable.
Según Castro y Moreno (2006), esta idea fue redondeada por Paul Lazarsfeld (1948), quien aportó el uso de encuestas para la medición objetiva
de dicha persuasión, encontrando que los esfuerzos de comunicación tienen diferentes niveles de efectividad, dependiendo no sólo de la fuerza con
la que los impulsa el emisor, sino de la receptividad o disposición de los
receptores.
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Praino, Stockemer y Moscardelli (2013), Milligan y Rekkas (2008), y
Hogan (2013) han demostrado que el gasto en comunicación de las campañas
políticas está positivamente correlacionado con la participación en los comicios de los electores afines a la propuesta política, y con el incremento en
la posibilidad de ganar las elecciones. Milligan y Rekkas (2008) encontraron
que los candidatos a reelegirse en Estados Unidos tienden a gastar más dinero
en sus campañas políticas para compensar sus posibles deficiencias en el desempeño del cargo, lo que fortalece la noción de Bartels (1996) de que los electores
premian o castigan en las urnas el éxito o el fracaso de sus gobiernos.
Iyengar y Kinder (1987) encontraron evidencia empírica de que el establecimiento de la agenda pública, denominada agenda setting, incide directamente en el desarrollo de los procesos electorales; así también aportaron evidencia sobre el poder político que ostenta el gobernante en el establecimiento
de la agenda en los medios, lo que llevaría a cambios en la opinión pública,
que a su vez inciden en el establecimiento de políticas públicas y prioridades
de gobierno. Estos efectos de la agenda están modulados en cada individuo
por características como su nivel de involucramiento en la política, su exposición a los medios, su confianza en los mismos y sus preferencias previas
(Miller y Krosnick, 2000).
Si bien Iyengar y Kinder (1987) y Miller y Krosnick (2000) encontraron
una conexión en la forma en la que la opinión pública incide en las prioridades del gobierno, pocos mencionan cómo el propio gobierno puede incidir
en la opinión pública a través de sus esfuerzos de comunicación. Di Tella y
Franceschelli (2011) desarrollaron un modelo para clasificar la intensidad de
la cobertura noticiosa de los escándalos de corrupción del gobierno argentino, encontrando que en el periodo de 1998 a 2007, la publicidad pagada
por el gobierno incidió en que los medios impresos establecieran una agenda
noticiosa más favorable para los gobernantes.
En Estados Unidos, Jacobson (1978) encontró que el gasto es más efectivo para el candidato desafiante que para el candidato en el poder. Rivera
Aburto (2012) explica el hecho señalando que el gobernante que busca la reelección no requiere invertir grandes cantidades de dinero en campañas, pues
puede alcanzar el éxito electoral a través de otras variables, como el aumentar
el conocimiento público de su figura, lo que supone un mayor incentivo al
desafiante para incrementar el gasto en campaña. Por otra parte, Green y
Krasno (1988) observan que, aunque el gasto en campaña para el candidato
en el poder pudiera ser inefectivo, aumentar el gasto electoral desincentivaría
a los competidores en su búsqueda por algún puesto de elección popular. Rivera Aburto (2012) comenta que, para el caso chileno, el gasto de los incumbentes (partido o persona en el poder que compite para un nuevo periodo)
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es más efectivo, pero está sujeto a rendimientos marginales decrecientes al
superarse la barrera del 40% de incremento.
Para México, los estudios al respecto son limitados. Gil-García y Sandoval Almazán (2004) mencionaron que, antes de la reforma de 1997 a la Constitución, poca atención se ponía en la legislación a los gastos electorales, los
topes de campaña y el financiamiento público a los partidos políticos, debido
a la permanencia de un régimen de partido único y un esquema de elecciones
no competitivo. No fue sino hasta la crisis política de 1994 y la instalación del
primer Congreso de la Unión auténticamente pluripartidista que estos temas
fueron abordados con la creación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Gil-García y Sandoval Almazán (2004) encontraron una baja influencia
del gasto en campaña con la votación total emitida en las elecciones federales
de 1997. De los diferentes gastos de campaña registrados, encontraron que el
gasto en radio y televisión era efectivo, aunque podría no ser estadísticamente significativo en todas las modelaciones, y concluyen que no se puede considerar que grandes inversiones en campañas electorales ayuden a combatir
el abstencionismo, ni a aumentar la participación ciudadana. Por otra parte,
Noriega Montes (2017), analizando las elecciones de diputados federales de
2009, 2012 y 2015, encontró que el gasto en campaña tuvo efecto en distritos
reñidos y que no estaba condicionado al porcentaje de casillas, observando
también un efecto diferenciado entre partidos.
Por su parte, Freidenberg y González Tule (2009) analizaron las elecciones presidenciales de 2006, cuyo resultado fue especialmente estrecho, al
registrarse una diferencia de apenas 0.58% de los votos computados entre el
primero y el segundo lugar. Los autores mencionan como factor importante
en el desarrollo de dicha elección lo que denominan como “la otra campaña”,
consistente en la campaña de comunicación gubernamental dirigida desde la
Presidencia de la República para incidir en la opinión pública; sin embargo,
el estudio no determina en qué medida este esfuerzo de comunicación gubernamental pudo incidir en los resultados.
2. REFORMAS SOBRE EL USO DE MEDIOS MASIVOS
Los citados Gil-García y Sandoval Almazán (2004) enfatizan la preocupación
ya existente en las reformas políticas de 1997 por el excesivo gasto de campaña, las posibles condiciones de inequidad y las barreras de acceso al juego
democrático que esta situación pudiera representar.
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Tales preocupaciones se incrementaron con las dos reformas políticas
que en el siglo xxi ha tenido México, la primera entre 2007 y 2008, y la segunda en 2014. El país inició el siglo con el triunfo en las elecciones presidenciales del año 2000 del derechista Vicente Fox y de su partido, Acción Nacional
(pan), luego de 70 años de régimen de un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional (pri). Al término del mandato de Fox, en 2006, una nueva
confrontación tuvo lugar, debido a que el triunfo del candidato ganador fue
por un estrecho margen, lo que desató una crisis poselectoral y señalamientos por la intervención del gobierno y de cúpulas empresariales, que usaron
la publicidad abierta como una forma de detener el avance del candidato de
izquierda Andrés Manuel López Obrador (Loyola Díaz, 2007).
El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf),
institución encargada de dar el fallo final sobre la legalidad de los procesos
electorales y entregar a los candidatos ganadores su constancia de mayoría,
señaló que la principal de las irregularidades encontradas fue la indebida injerencia del presidente Vicente Fox en el proceso electoral mediante “comentarios indirectos o metafóricos que incidían sobre las posiciones políticas que
competían en la elección e incluso menciones expresas relacionadas con el
proceso; injerencia que constituye la mayor irregularidad detectada durante el desarrollo del proceso”, según la exposición en el pleno de la entonces
magistrada Alfonsina Bertha Navarro (Aranda y Urrutia, 6 de septiembre de
2006).
El tepjf (8 de septiembre de 2006) declaró que tales manifestaciones del
presidente Fox eran insuficientes para ser consideradas decisivas en las campañas políticas o en el sufragio de los ciudadanos. Por estas declaraciones, el
tepjf fue objeto de críticas. Como consecuencia de esta discutida resolución,
surgieron dos posturas académicas: la de especialistas en estadística electoral, como Borrego (2006), quien llamaba a dotar a los órganos electorales de
mejores instrumentos de valoración de la opinión pública, que permitieran
estudiar mejor los efectos de las injerencias de terceros en el comportamiento
de los electores; y la de politólogos y juristas, especialmente los más decepcionados por el resultado final de la elección, que pedían la prohibición de propaganda pagada por actores indirectos (gobernantes, empresarios o cualquier
otro denominado “poder fáctico”). Por ejemplo, Cárdenas García (2007) enlistaba como primeras reformas al sistema político limitar los comerciales
con fines político-electorales, eliminar las campañas negativas o basadas en
ataques a los contrincantes y prohibir la contratación de tiempos comerciales. Atendiendo a estas demandas, el Poder Legislativo reformó en 2007 el
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (13
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de noviembre de 2007), añadiendo al texto original un párrafo en el que por
primera ocasión se habla de la propaganda gubernamental, indicando que
ésta no deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier servidor público.
Ante esta sentencia, el entonces presidente de la República, Vicente
Fox, mencionaba que las manifestaciones informativas a la ciudadanía sobre
la administración del país eran una función importante del Ejecutivo, natural y compatible con las demás responsabilidades constitucionales, como la
de buscar el crecimiento de la economía, en términos de los artículos 25 y
26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (tepjf, 8 de
septiembre de 2006).
Al año siguiente, como parte del mismo paquete de reformas que se
realizaron a raíz de la crisis política de 2006, los legisladores añadirían un
párrafo al texto original del artículo 228 del Cofipe, en donde se mencionaba
por primera vez que los informes de labores no serían considerados como
propaganda, si se limitasen una vez al año en medios con cobertura regional,
y que no debían utilizarse con fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral (Cofipe, 14 de enero de 2008).
Esta restricción parece derivarse directamente de la noción de que la
opinión que tienen los electores acerca del desempeño de su gobierno es un
factor crucial al sopesar su intención de voto, llevando a autores como Bartels (2008) a describir los procesos electorales como referendos acerca de las
políticas del gobierno en turno.
Con esto se completó un marco jurídico vigente hasta 2014, que si bien
fue considerado un modelo nuevo de comunicación gubernamental, no estuvo ajeno a las críticas, debido a la ausencia de una ley reglamentaria, más
comprensiva que un artículo en el Código Electoral y, por ende, menos sujeta a interpretaciones individuales (Gilas, en Sánchez Muñoz, 2013); hasta la
llegada de la Ley General de Comunicación Social, que entró en vigor el 1 de
enero de 2019, forzada por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación que obligó al Poder Legislativo a subsanar esa carencia.
El objeto de esta nueva ley, declarado en su artículo primero, es el de:
Establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos
a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla
con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones
de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos
(Ley General de Comunicación Social, 11 de mayo de 2018).

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Con esta ley quedaron reglamentadas las reformas al artículo 134 de la
Constitución Política mexicana realizadas en 2007, en materia de comunicación y publicidad gubernamental. Sin embargo, la Ley General de Comunicación Social (11 de mayo de 2018) fue cuestionada por permitir el uso de
recursos públicos para la compra de espacios publicitarios en los medios de
comunicación masiva, al grado que recibió el sobrenombre de “Ley Chayote”, en alusión a la expresión coloquial mexicana con la que se conoce a los
sobornos que los gobiernos supuestamente entregan a los medios de comunicación.
La lógica detrás de esta crítica es que la publicidad gubernamental representaría una forma en la que los partidos en el poder inciden ilegítimamente
en los procesos electorales, tal y como habría sucedido en 2006, asumiendo
que tal relación hipotética prevaleció a pesar de las reformas a las reformas
constitucionales y electorales de 2007-2008.
3. MARCO DE OBSERVACIÓN
En este artículo se analiza empíricamente si los esfuerzos de comunicación de
los gobiernos tuvieron efectos sobre las preferencias electorales; se indagará
si antes de las reformas de 2007-2008 existía una relación entre el gasto en
comunicación de los gobiernos municipales mexicanos y los resultados de
las elecciones respectivas subsiguientes. La pregunta de investigación es: ¿El
gasto en comunicación de los gobiernos municipales mexicanos influyó en la
probabilidad de que los partidos políticos en el poder ganaran las elecciones
subsiguientes?
Para analizar el gasto en comunicación de los gobiernos se utilizarán
los registros administrativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi, 2016)1, que desde 1984 encuesta anualmente a los gobiernos municipales sobre sus ingresos y gastos desglosados en partidas generales. Este reporte
incluye, bajo la categoría de Servicios generales, los gastos erogados por cada
municipalidad en materia de comunicación social y publicidad, que comprenden los gastos en difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
sobre programas y actividades gubernamentales; difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios; servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad; servicios de revelado de fotografías; servicios de la industria fílmica,
del sonido y del video; servicios de creación y difusión de contenido a través
1 Recabado mediante el formato EE-5-1, Cuestionario Anual de Finanzas Públicas Municipales.
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de internet y otros servicios de información. Los datos están en proporción
al total del gasto erogado por el gobierno municipal respectivo, esto con el fin
de controlar por la capacidad institucional del municipio, desestimar disminuciones o aumentos en la capacidad de gasto de los gobiernos y estandarizar
la serie ponderando con la inflación.
Considerando que la gran mayoría de los gobiernos municipales mexicanos tenían hasta 2014 ciclos de tres años sin posibilidad de reelección, se
analizarán tres trienios consecutivos, centrándolos en 2008, año en que entra
en efecto la reforma electoral,2 de tal forma que se considerarán los gastos reportados entre 2004 y 2012, esperando observar un cambio en el comportamiento de gasto de los gobiernos municipales en la segunda mitad de la serie.
La característica observable de un posible uso electoral de la comunicación gubernamental es que el gasto en comunicación de los gobiernos
puede aumentar las probabilidades de ganar para el gobernante o de obtener
la reelección para el partido político del gobernante en turno (Baek, 2009).
En México no se permite la reelección de presidente ni de gobernadores, y
sólo después de 2014 se permitió la reelección en gobiernos municipales,
por lo que para el periodo que nos interesa el sujeto beneficiario de la comunicación gubernamental ilegítima tendría que ser el partido gobernante,
no el candidato.
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE DATOS
La gráfica 1 muestra el comportamiento del promedio de gasto en comunicación de los gobiernos municipales, en donde se desglosa por las poblaciones
con menos de 100 mil habitantes, con más de 100 mil habitantes, y el promedio de todos los municipios; resulta evidente que el promedio de gasto era al
menos tres veces el de los municipios con localidades pequeñas.
Se observa una notoria caída, a partir de 2011, en el promedio de gasto
en los municipios con más de 100 mil habitantes, lo que implica un desfase de
tres años después de las reformas federales que se han comentado.
Más de la mitad de los gobiernos municipales de este grupo celebra elecciones en el mismo año que una elección federal, lo que implica que la primera elección tras las reformas estaba programada para 2009; sin embargo,
sus legislaturas estaban impedidas para legislar en temas electorales en el año
2 Si bien la reforma constitucional del año anterior era obligatoria, no establecía procedimientos de aplicación ni sanciones, mientras que el código electoral sí establece lineamientos específicos de conducta y
mecanismos de sanción.
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previo a la elección, por lo que los efectos de las reformas para este grupo
tuvieron que haberse percibido hasta 2012.
En otros casos, el problema consistió en que la reforma al Cofipe incluía la instrucción de que las entidades federativas ajustaran sus periodos
de gobierno para que las elecciones locales finalmente concurrieran con las
elecciones federales, lo que provocó no pocos desencuentros políticos en los
respectivos poderes legislativos. Así, a la hora de homologar las leyes electorales estatales con las nuevas disposiciones federales, se registraron casos
como el de Nuevo León, que aprobó sus cambios el 31 de julio de 2008, a unas
horas de que empezara su año electoral, gracias a que ya realizaba elecciones
concurrentes con las federales, y casos como los de Chiapas y Oaxaca, cuyas
modificaciones a las leyes locales fueron programadas para entrar en vigor
hasta 2012 (López Lara y Reyes Ramos, 2008).
GRÁFICA 1
Promedio de gasto en comunicación de los municipios, 2004-2012

Gasto en comunicación

0

.005

.01

.015

.02

Porcentaje del total de gasto

2004

2006

2008

tiempo

Todos
100 mil o menos

2010

2012

2014

100 mil o mas

Fuente: Cálculos propios obtenidos de Registros administrativos, base de datos recuperada entre el 1 y el
20 de octubre de 2016 (inegi, 2016).

Las reformas constitucional y electoral —que restringían los modos y
tiempos en los que se puede usar la comunicación gubernamental— tuvieron
como resultado una disminución en el gasto en este rubro por parte de los
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municipios, lo que refuerza la sospecha de que podían haberse estado utilizando para incidir en los resultados electorales.
Con el fin de robustecer el modelo y desagregar otros factores que pueden ser relevantes, el cuadro 1 muestra las definiciones y estadísticos descriptivos de variables que miden el desarrollo municipal y que son variables
de control para el análisis. Se observa que el gasto en comunicación social
—realizado en el año de la elección— es en promedio 1.39%, y es similar al
gasto ejercido el año anterior a la elección, 1.54%; sin embargo, el segundo
tiene menor variabilidad, pues tiene un valor máximo de 6.38%, notablemente inferior al 42.32% del gasto realizado en el año de la elección. Esto indica
que algunos municipios pudieron haber reasignado el gasto social de un año
antes al año de la elección. El índice de desarrollo humano (idh) evidencia un
rango entre 0.7517 y 0.9087, lo que indica una menor variabilidad entre los
municipios, comparada con los municipios que tienen acceso al agua y drenaje en su vivienda; aunque en la mayor parte de los municipios cuentan con
estos servicios, 89.72 y 85.99%, respectivamente.
CUADRO 1
Descripción de las variables de los modelos
Variable
Ganolnc umbent
GComunicacion
GComunicacionAnterior
GanoPAN
GanoPRI
GanoPRD
Coaliclon
ConvergFederales
ConvergEstatales
TiempoReforma
TiempoLineal
IDH

[agua

idrenaje

iempleo
ipblcap

Estadísticos descriptivos de la base de datos sobre resultados elector ales
Definición
N
Mínimo
M8Ximo
llan•o
1=Ganó incumbent
0,1
341
(Gasto en comunicación
Oal 100
313
0.4232
100)/Gasto Total
(Gasto en comunicación
Oal 100
0.0638
l00)/Gasto Total para el año
318
anterior
0,1
l =Ganó el PAN
341
l =Ganó el PRI
340
0,1
1=Ganó el PRD
341
0,1
1=Ganó coalición
340
0,1
1=Elección federal convergente
0,1
340
l =Elección estatal convergente
341
0,1
2004 = -4, 2005 = -3 y así en
341
-4al4
orden ascendente
2004 = 1, 2005 = 2 y así en orden
341
1 al 9
ascendente
Índice de Desarrollo Humano
341
Oal 1
0.7517
0.9087
calculado por Inafed
Número de viviendas con agua
entubada / Total de viviendas
341
Oal 1
0.6214
0.99
habitadas

.
.

Media

Desv. típ.

0.0139

0.0264

0.0154

0.0113

0.8141

0.0279

0.8972

0.0736

0.8599

0.097 1

.

Número de viviendas con drenaje
/ Total de viviendas habitadas

341

Población activa ocupada 7
Población de 15 años y más
Valor agregado censal bruto /
población total

Oal 1

0.4 152

0.9872

341

Oal 1

0.4387

0.6928

0.5623

0.0362

341

Oen adelante

636.2205

191653.8

11 926.32 14

18592.9124

lesf_trlb

Ingresos propios/ ingresos totales

341

o, 1

0.0612

0.6376

0.3488

0.1091

iparticipa

Votos 101ales / Número de
personas en la lista nominal

341

Oal 1

0.409

0.8 121

0.5669

0.0794

imorinf

(Defunciones/Nacimientos)*lOOO

341

Oen adelante

2.63

29.08

14.7912

5.3 153

lprimtermymas

Población con primaria tenninada
o más / Población de 15 años y
más

341

Oal 1

0.6393

0.9 171

0.7864

0.0572

N v.i.lido (seeún lista )

301

Fuente: Cálculos propios utilizando distintas fuentes de información listadas en el Anexo 1.
TRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

�EL USO ELECTORAL DE LA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL

49

En cuestión del empleo, se encuentra que la población ocupada, mayor
de 15 años, es de 56.23%. La variabilidad de los datos del valor agregado censal bruto indica que existen diferencias en productividad entre los municipios
del país. También en los ingresos propios que generan los municipios existen diferencias amplias, pues el municipio que obtiene ingresos propios, en
proporción al ingreso total municipal, está en un rango de 6.12 y 63.76%, y la
media se estima en 34.88%.
La participación en las votaciones muestra un rango de variabilidad
entre 40.9% y 81.21%; el promedio de los votos, como proporción de la lista
nominal, es de 56.69%. Después de la variabilidad del valor agregado censal,
la variable con mayor desviación estándar es la tasa de defunciones y nacimientos, 5.31, y entre los municipios, en promedio es de 14.79, en un rango
de 2.63 y 29.08 defunciones por cada mil nacimientos.
Con respecto al nivel educativo, se encuentra que 78.64% de la población
mayor de 15 años terminó al menos la educación primaria; en tanto, en algunos municipios sólo 62.93% completaron la primaria y, con el valor máximo,
91.71% completó, al menos, la educación primaria.
5. METODOLOGÍA
Si los gobiernos estuviesen orientando su gasto para incidir en el comportamiento de los votantes, entonces un incremento en su gasto en comunicación
tendría que significar un aumento en la probabilidad del incumbente de ganar la elección inmediata posterior.
Si la elección reflejara las preferencias de los votantes, se podría conocer
el valor de la variable y*, de tal forma que se podría obtener la relación clara
entre la permanencia en el poder debido a las preferencias del electorado,
el cual es influido por el gasto realizado por los municipios. Esta relación se
puede modelar como una variable latente que define la intención o preferencias del electorado sobre el candidato en cuestión, pero no es observable; esta
situación está representada en la ecuación (1):
y*=β0+Xβ+ε 			
Donde y=1 si y*&gt;0

(1)

Si la variable dependiente de interés es binaria, puede tomar el valor
de 1 si el partido en el poder gana la elección, y de 0 de otra forma, pero se
requiere realizar suposiciones con respecto a la distribución estadística de la
parte no observada, el error aleatorio ε. El primer paso es decidir si la especiTRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

�50

JOSÉ LUIS MASTRETTA LÓPEZ | DALIA CATALINA PÉREZ BULNES

ficación del modelo probabilístico es lineal o no lineal (Wooldridge, 2009). El
modelo probabilístico lineal tiene la limitación de obtener valores predichos
de la probabilidad mayor a 1, lo cual no es posible, por lo que se recomienda
suponer una especificación no lineal. Si suponemos una distribución normal
de los errores, se aplicaría un modelo Probit, como lo realizado por Bartels
(1996), que evaluó el voto de los electores por un partido político en función
del grado de información del elector. O se podría suponer una distribución
logística de los errores, por lo que la estimación correspondería a un modelo
Logit, que, además, facilitaría la exposición de resultados al interpretar los
coeficientes como razones de probabilidad o momios. Formalmente, siguiendo la notación de Wooldridge (2009), la expresión a estimar es:
Pr(y=1|X)=Pr|(y*&gt;0|X) 				(2)
Pr[ε&gt;-(β0+Xβ)|X]=G(β0+Xβ) 			
(3)
Pr(y=1|X)=Pr (y=1|X1, X2, X3,…..Xk)		(4)
La ecuación (2) representa la relación entre la probabilidad de que el
partido en el poder gane las elecciones condicionales a las variables independientes definidas en el cuadro 1. La ecuación (3) asume que la función G es
una función logística del gasto en comunicación del gobierno en el año de la
elección, más otras variables de control, Xj, que en total serían K variables independientes. De la ecuación (4) se obtiene la probabilidad de que el incumbente o partido político en el poder vuelva a ganar en la elección siguiente
(y=1). Debido a que la ecuación a estimar no es lineal, se requiere aplicar la
primera derivada para obtener los coeficientes de interés, que representan
las contribuciones marginales de las variables independientes, de la siguiente
forma:
av

				
axj = B(f3o + Xf3)/3j

				

(5)

Donde j representa las variables de control, y la variable de interés es X1,
que representa el gasto en comunicación social y publicidad. Los resultados
se describirán en la siguiente sección.
6. RESULTADOS
La variable dependiente se construye a partir de los resultados electorales que
se han obtenido de la base de datos de cidac-Banamex, compilada de 2004
hasta las elecciones de julio de 2012, así como de los organismos electorales
TRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

�EL USO ELECTORAL DE LA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL

51

locales de cada entidad federativa. De acuerdo con la ecuación (1), es una variable binaria que asume el valor 1 cuando el partido en el poder ha ganado la
elección, y 0 cuando ha ganado otro partido político.
Además, de la variable de interés, el gasto en comunicación social y publicidad, se incluyen variables de control con el fin de capturar la preferencia
partidista de la población —la principal resistencia a la persuasión—, y se han
construido otras tres variables de control, asumiendo también rangos binarios, donde el 1 representa la victoria electoral del pan, del pri o del prd, respectivamente.3 Para los casos en los que el triunfo fue obtenido encabezando
una coalición, asume el valor de 1 y el valor de 0 cuando el partido ganó en
solitario.
Con el fin de robustecer el modelo y desagregar otros factores que pueden ser relevantes, se han añadido indicadores como el Índice de Desarrollo
Municipal Básico (idm), así como el Índice de Desarrollo Humano (idh) a nivel
municipal, calculados por el Instituto Nacional para el Federalismo (Inafed),4
con datos del Censo de Población y Vivienda y de los conteos de población y
económicos realizados por el mismo inegi. Estos indicadores capturan diferencias económicas, sociales, de infraestructura e incluso institucionales, como la
participación política y electoral de las poblaciones de estos municipios.
Para realizar las estimaciones, se consideran sólo aquellos gobiernos
municipales donde se encuentran poblaciones de más de 100 mil habitantes,
atendiendo al criterio del propio inegi para seleccionar poblaciones de medianas a grandes (Cervera y Rangel, 2015). Además, en virtud no sólo de que el
acceso y el uso de los medios de comunicación de masas requieren precisamente de poblaciones grandes, sino también porque se podría sospechar de
este tipo de usos no legítimos de la comunicación gubernamental en municipios de alta densidad. En total, se han construido 341 observaciones de procesos electorales distribuidos a lo largo de nueve años en los 114 municipios
con poblaciones de más de 100 mil habitantes, con base en el censo de 2010,
procedentes de todas las entidades federativas del país, con excepción del entonces Distrito Federal, cuya información no es proporcionada en la base de
datos de inegi consultada, y del estado de Tlaxcala, que no tenía poblaciones
que superaran los 100 mil habitantes en la fecha seleccionada.
Para el análisis empírico se construyeron 10 modelos diferentes usando
3 Se marca 1 si el partido en cuestión ha ganado la elección, ya sea por sí mismo o encabezando una coalición. Sólo en dos casos, las elecciones de Ahome y Mazatlán, del estado de Sinaloa, en 2012, ganó una
coalición formada por pan y prd, en cuyos casos se marcó con un 1 en ambas variables. Las tres variables
fueron marcadas con 0 si el partido ganador fue algún otro.
4 El idh y los indicadores del idm que se utilizan en este trabajo fueron sometidos a pruebas de multicolinealidad, cumpliendo con los parámetros comúnmente aceptados.
TRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

�52

JOSÉ LUIS MASTRETTA LÓPEZ | DALIA CATALINA PÉREZ BULNES

estos datos, todos teniendo como variable dependiente el triunfo del partido
incumbente. En el cuadro 2 se incluyen cinco modelos utilizando la metodología de Logit. En el modelo (1) sólo se incluye el gasto en comunicación
social y publicidad, en los términos ya explicados, correspondiente al año de
la elección, con la variable independiente antes descrita. En el modelo (2) se
agregan las variables de control de los indicadores construidos por el Inafed
y una variable representativa del tiempo lineal. En el modelo (3) se añaden
variables de control en forma binaria relativas a las condiciones de la elección
(si el partido ganador fue el pri, el pan o el prd; si éste acudió a las urnas en
coalición, y si convergieron elecciones federales o estatales (gobernador). En
el modelo (4) se agregan todas las variables de control antes mencionadas, y
se añade al modelo una condicionante de tiempo, para que sólo se analicen los
años anteriores a 2008. El modelo (5) es igual al anterior, pero analiza sólo los
años posteriores a 2008.5
Tomando en cuenta estas observaciones, se realizaron las pruebas de
regresiones logísticas anteriormente descritas, así como las simulaciones para
estimar la incidencia de las variables independientes sobre la probabilidad
de la variable dependiente. En el cuadro 2 se presentan los resultados de los
modelos (1)-(5), que tienen como variable independiente de interés el gasto
en comunicación social y publicidad, expresado como proporción del gasto
total reportado por los gobiernos municipales seleccionados.
Los modelos se sometieron a una regresión logística para calcular los momios
para cada una de las variables independientes, y posteriormente a un modelo
Logit para estimar los coeficientes y errores estándar de la relación logística con la variable dependiente. Para las regresiones logísticas se ha usado el
programa estadístico stata 11, y las simulaciones se han corrido con la extensión Clarify desarrollada por King, Tomz y Wittenberg (2000), y Tomz,
Wittenberg y King (2003). Para ayudar a la interpretación de los resultados
se realizaron dos pruebas de simulación de mil datos por variable ajustados a
los rangos y a los coeficientes calculados, con el fin de estimar la probabilidad
de que el incumbente ganase la elección dado que todas las variables independientes se mantuviesen en sus medias, así como la probabilidad de que el
incumbente ganase la elección si la media de la variable de interés pasase de su
decil inferior (10% de los datos más bajos) a su decil superior (90% más alto).
La variable de interés no resulta significativa para los tres modelos que
incorporan todos los años en revisión. Hay, sin embargo, evidencia para señalar que en los cuatro años anteriores a 2008 había una relación positiva
entre el gasto en comunicación social y publicidad en el año de la elección y la
5 Se suprime el año 2008 porque difícilmente se puede imputar que pertenezca a uno de los dos grupos.
TRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

�53

EL USO ELECTORAL DE LA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL

probabilidad de que el partido incumbente ganase ese proceso electoral, para
los municipios seleccionados. Si se observa la sección de los resultados de la
simulación con base en los coeficientes estimados, se puede notar que el modelo (4) pronostica que, manteniendo todas las demás variables observables e
inobservables en sus medias, si un gobierno municipal hipotético pasase del
decil 10 de gasto en comunicación social y publicidad al decil 90, se esperaría
que la probabilidad de que el partido incumbente de ese municipio ganara la
elección aumentaría en un 27.29%.
CUADRO 2
Resultados con el gasto en comunicación
ejercido en el año de la elección
Y ,ri:, ble I modelo
C:isto ea Coo:nmr:acióo

T i,mp o Line:d

A«eoo ogw pol:lble

Íodioede partidpxión

Íodioede mort:did.od iDEu,til

, .ori:,l,le d epeudimte
P:irtido iocumbent g:mó w.&lt;&lt;ión aigui,nte
Resultados: coeficiente I ff&lt;lfflÍos l íeiroc asl:ánd:a,-)
!
l
3
7.694!
17.86'79
13.883!
2195.509
57500000
1070694
(11.0138)
(7.8993)
(I0.9317)
0.0843•
0.0663
1.08
1.0 6
(0.0S 29)
0.1225
0.28 17
1.13
132
(2.4S ll)
03 875)
-U694H
4.009SH
71.48
55.11
(l.8233)
(2.0351)
--0.1005•n
-0.1057 ....
0.89
0.9
(0.0269)
(0.0280)

1.4337&gt;·•

G:móPRI

P:u-tido ~:m!ldar m N&gt;:1Jicióu

[ i,,,.,iónf ederol Om,-q...te

Comtmte

Ohsen-:1ciooes
PrChi!
P,eudoR!
LRohi!
L oe: liblibood
Pr)=ll xi
Pr)=l lr;u,tooom plO=p90

0.2011
(O 1514)
313
0.2162
0.0036
U3 (1)
-212.6483
0.574!
0.0285

0.Ot98
O.OSO!

-0.5270
(4.7517)
313
0.0002
00827
35.29 (l l)
-195.768 7
0.5915
0 .0289
0.11!3
0.0680

4.19
(0.6633)
-0.5399•
058
(0.3012)
0.3345
139
(0.33 95)
-3.0238
( 5 0613)
3ll
0.0001
0.1101
465 (17)
-188.3914
0.59SS

0.0313

4
48,4684H
l.l2E- 21
(23. 7037)
0235 8
1.266018
(02130)

30.359:!#
0.3
(15. 1808)
&amp;l7!5H
354.42
(3.7322)
-0.1560 ....
0.85
(0.0483)
0.7578
1.13
(1 2269)
-0.1093
0.89
(05319)
03487
1.41
(05 817)
-18.8021
(85961)
146
0.0002

02245
45.04 (l 7)
-77.8018
0.57!í3
0 .0492

0.08'6

o.:r.9

0.0697

0.1273

5
6.6966
809.65
(9.2059)
0.43 79
U4
(0.15 79)
0.4886
1.63
(4.01 53)
2.2399
939
(2.9062)
--0.1148'¾&lt;
0.89
(0.0446)
L8617'
6.43
(l.0750)
-0.5966
055
(0.5000)
1.1165••
3.05
(0.5057)
5.8530
(7 5781)
156
0.0038
0.1740
36.63 (17)
-869 146
0.6153
0.0450
0.0!65
0.0393

Nota: En cada columna se muestran los coeficientes del modelo logístico, los momios de probabilidad y la
prueba estadística para la significancia, en donde * p&lt;0.1; ** p&lt;0.05; *** p&lt;0.01.
Fuente: Cálculos propios del Inafed (2007) y otras fuentes de datos listadas en Anexo 1.

TRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

�54

JOSÉ LUIS MASTRETTA LÓPEZ | DALIA CATALINA PÉREZ BULNES

Por el contrario, si se toman en cuenta sólo los cuatro años posteriores
a 2008, la relación entre el gasto en comunicación social y publicidad de los
municipios observados y la probabilidad de los partidos políticos incumbentes respectivos de ganar su elección deja de ser significativa. El modelo (5)
pronostica que pasar del decil 10 al 90 en gasto en comunicación apenas aumentó la probabilidad de los incumbentes de ganar su elección en 2.65%.
Estos resultados sugieren que, si bien para todo el periodo observado no
hay evidencia para sostener que el gasto en comunicación de los municipios
estudiados estuviese relacionado con la probabilidad del partido incumbente
de ganar su elección, sí hay evidencia fuerte a favor de que el gasto en comunicación de los municipios observados en los años previos a las reformas
tenía una incidencia positiva y significativa en la probabilidad de que el partido en el gobierno ganase de nuevo la elección celebrada en el mismo año en
que se realizaron esos esfuerzos de comunicación. Los modelos sugieren que
tal asociación dejó de ser significativa en los años posteriores a las reformas
comentadas, lo que se considera evidencia a favor de que las reformas constitucionales y electorales que restringieron la comunicación gubernamental
bajo la consigna de que ésta incidía en los resultados electorales a favor de
los partidos en el gobierno, sí tenían una base comprobable empíricamente.
Hay, además, evidencia a favor de que tales restricciones redujeron tal
incidencia de la comunicación gubernamental en los resultados de los comicios en los municipios con poblaciones de más de 100 mil habitantes estudiados; sin embargo, una simulación utilizando la metodología antes descrita
arrojó que si un gobierno municipal hubiese seguido el mismo patrón que
la media de gasto proporcional de todos los municipios observados, es decir, que hubiese reducido su gasto en comunicación de 0.0155% de su gasto
total (media de 2009) a sólo 0.0082% (media de 2013), las probabilidades del
partido en el gobierno de ganar la elección subsiguiente apenas se hubieran
contraído en un 1.04%. Si bien se estimaron los momios para la variable de
interés, el modelo de regresión logística generó datos extremadamente altos,
incluso en aquellos casos en los que la relación con la variable dependiente no
es significativa, un efecto que se produce cuando la variable independiente de
interés consiste en fracciones muy pequeñas.
Comparando los cuadros 2 y 3, en ninguno de los modelos (6)-(10) la
variable de interés es significativa bajo el criterio estándar, por lo que no se
ha encontrado evidencia para rechazar la hipótesis nula, esto es, que no hay
evidencia para sostener que hubiese una relación entre el gasto en comunicación de los municipios observados en un año anterior a una elección y la
probabilidad de que el partido en el gobierno ganase la elección en cuestión.
Estas observaciones ayudan a sostener que el hecho de que las restricciones
TRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

�EL USO ELECTORAL DE LA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL

55

a la comunicación gubernamental se hayan estipulado en el marco del Cofipe (14 de enero de 2008), y que se considerara una especial restricción a los
esfuerzos de comunicación durante el periodo de campañas electorales, no
carecía del todo de fundamento.
Es preciso, sin embargo, hacer tres acotaciones. La primera es que sólo
en uno de los 10 modelos se observó una relación significativa entre la variable de interés y la variable dependiente (sin soslayar que justamente esta relación se producía en tiempos electorales previos a las reformas). La segunda
acotación es que estos efectos fueron observados en la selección de gobiernos
municipales con localidades de más de 100 mil habitantes que reportaron sus
gastos al inegi, por lo que no se puede aseverar que antes de las reformas estudiadas existiera una incidencia generalizada de los gobiernos municipales en
los resultados electorales a favor de su partido mediante el aumento en gasto
en comunicación social y publicidad, aunque ciertamente es posible que tales
efectos se produjeran en aquellos municipios más densamente poblados.
La tercera acotación es que, para lograr efectos no sólo estadísticamente
significativos, sino relevantes electoralmente, los gobiernos municipales que
pretendieran incrementar las posibilidades de sus partidos de triunfar en las
elecciones subsiguientes estarían obligados a incrementar considerablemente
sus presupuestos de propaganda, asumiendo que éstos no se encontrasen al
tope de su capacidad.
Por otro lado, no hay evidencia para sostener que, después de las reformas de 2007-2008, el gasto en comunicación social y publicidad de los gobiernos municipales incidiera en los resultados de las elecciones a favor de los
partidos incumbentes. Esto no quiere decir que tales intenciones no existan,
por lo menos en algunos de los gobiernos, pero sí indica que si esa hubiera
sido la intención, ha resultado, por decir lo menos, infructuosa.
La simulación utilizando los parámetros estimados por el modelo Logit
señala que si se mantienen todas las variables en sus medias, la probabilidad
del incumbente de ganar una elección sería de 59.55% en el modelo (3) (con la
variable de gasto en comunicación en año de la elección y todas las variables
de control) y de 58.27% para el modelo (8) (variable de gasto en comunicación en año anterior a la elección y todas las demás variables de control). Los
momios de probabilidad estimada son del orden de 1.43:1 para el modelo
(3), y de 1.39:1 para el modelo (8). Esto es indicativo de que, independientemente de variables incluidas en el modelo, los partidos incumbentes tienen
una probabilidad ligeramente mayor de ganar la elección que los retadores o
challengers.

TRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

�56

JOSÉ LUIS MASTRETTA LÓPEZ | DALIA CATALINA PÉREZ BULNES

CUADRO 3
Resultados con el gasto en comunicación ejercido anterior a la elección
Variable / modelo
Gasto en Comunicación
Tiempo Lineal
IDH
Acceso drenaje
Índice de participación
Índice de mortalidad infantil
Índice población con primaria o más
Ganó PRI
Elección Federal Convergente
Elección Estatal Convergente
Constante
Observaciones
Pr Chi2
Pseudo R2
LR chi2
Log likelihood
Pr y=1|¯xi
Pr y=1|gastocom p10=&gt;p90

Variable dependiente
Partido incumbent ganó elección siguiente
Resultados: coeficiente / momios / (error estándar)
6
7
8
13.1202
17.2116
15.0040
498953
29800000
3282262
(10.2277)
(11.8732)
(12.6178)
0.0510292
0.0284026
1.05
1.02
(0.0471)
(0.0510)
-5.0932
1.0035
0.00
2.72
(7.7418)
(8.5415)
-4.3293**
-4.5025**
0.01
0.01
(1.8056)
(1.8871)
4.4306**
3.5716*
83.98
35.57619
(1.8804)
(2.0610)
-0.1001***
-0.0957***
0.9
0.9
(0.0261)
(0.0273)
7.4214*
4.1193
1671.49
61.52
(3.8222)
(4.3501)
1.3945**
4.03
(0.6422)
0.4876
1.62
(0.3388)
0.2796
1.32
(0.2832)
0.0525
-0.1105
-2.1149
0.1917
4.6780
4.9556
318
318
315
0.1954
0.0001
0.0001
0.0038
0.0882
0.1129
1.53 (1)
38.42 (11)
48.64 (17)
-217.0602
-198.6878
-191.0790
0.5636
0.5736
0.5827
0.0293
0.0304
0.0301
0.0904
0.1189
0.0949
0.0701
0.0782
0.0822

9
10
21.5340
28.6409
2250000000
2.75E+12
(21.4280)
(19.0224)
0.2759374
0.4705***
1.31
1.6
(0.2118)
(0.1652)
26.5944*
-16.1014
3.55E+11
0.00
(14.6645)
(12.4390)
-8.0201**
-2.4534
0.00
0.08
(3.0994)
(2.8880)
7.3685**
1.2920
1585.35
3.64
(3.6483)
(2.9952)
-0.1597***
-0.0978**
0.85
0.9
(0.0474)
(0.0424)
2.4457
6.7077
11.53
818.73
(7.2103)
(6.6958)
0.5913
2.0005*
1.8
7.39
(1.2518)
(1.0646)
0.4278
1.0646**
1.53
3.44
(0.5596)
(0.5286)
1.1179**
0.4887
3.05
1.63
(0.5180)
(0.5089)
-16.5297**
4.7480
8.3914
7.5220
148
157
0.0004
0.0019
0.2162
0.1811
43.89 (17)
38.81 (17)
-79.5447
-87.7281
0.5804
0.5938
0.0494
0.0457
0.1456
0.1988
0.1380
0.1299
*p&lt;0.1; **p&lt;0.05; ***p&lt;0.01

Nota:
Nota:
En cada columna se muestran los coeficientes del modelo logístico, los momios de probabilidad y la
prueba estadística para la significancia, en donde * p&lt;0.1; ** p&lt;0.05; *** p&lt;0.01.
Fuente: Cálculos propios del Inafed (2007) y otras fuentes de datos listadas en Anexo 1.

CONCLUSIONES
La conclusión de este trabajo es que hay evidencia significativa para señalar
que antes de las reformas constitucionales de 2007 y electorales de 2008 en
México, el gasto en comunicación social y publicidad durante el año electoral
de los gobiernos municipales con localidades de 100 mil o más habitantes
estaba relacionado positivamente con la probabilidad de que el partido en el
gobierno repitiera su triunfo en esas elecciones. Sin embargo, aunque estaTRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

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dísticamente significativa, la evidencia indica que la contribución a la probabilidad de éxito electoral es tan pequeña que no se le puede considerar un
factor decisivo para ganar una elección. En todo caso, esa asociación dejó de
ser significativa en los años posteriores a las reformas.
Es necesario destacar que en años posteriores a las reformas de 20072008 se registró una notable caída en el gasto en comunicación de los gobiernos municipales de localidades con 100 mil o más habitantes. La reducción
podría estar obedeciendo a las reformas mismas; en un sentido, los gobiernos
municipales podrían haberse sujetado a la norma constitucional y haber modificado su comunicación para que sólo obedeciera a fines de interés público,
o bien que, usándola para fines legítimos o ilegítimos, la sola restricción de
tiempos en los que puede ser contratada haya sido suficiente para causar esa
caída tan notoria en el gasto.
Por último, es imposible soslayar las imputaciones que constantemente
se hacen presentes, acusando a los gobernantes de incidir en las elecciones
mediante su gasto en comunicación. Ante esto, se debe aclarar que los datos
no sugieren que tal intención ilegítima no existiera, sino que sus efectos no
son tan amplios o contundentes como se especula.
También resultará interesante analizar en estudios posteriores, una vez
reunidos suficientes casos de investigación, cómo la relación entre publicidad
gubernamental y resultados electorales pudo haber cambiado a partir de que
los munícipes pueden acceder a una reelección (reformas de 2014) y, sobre
todo, a partir de la vigencia de la Ley General de Comunicación Social. En
última instancia, estos resultados pueden apoyar la formulación de políticas
y regulaciones de la comunicación gubernamental sobre bases y evidencias
más empíricas que lleven a un mejor uso de los recursos públicos por parte
de los gobiernos.
ANEXO 1
Instituto Nacional para el Federalismo (Inafed) (2007). Indicadores municipales:
http://www.inafed.gob.mx/es/inafed/Indicadores_Municipales
Organismos públicos electorales de los estados de México:
http://www.ieeags.org.mx/index.php?iee=4&amp;mod=verproceso&amp;n=h
http://www.iepcgro.mx/ResultadosElect.html
http://www.ieebc.mx/resultados.html
http://www.ieebcs.org.mx/memoria.php#tab43

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JOSÉ LUIS MASTRETTA LÓPEZ | DALIA CATALINA PÉREZ BULNES

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DEMOCRACIA PARITARIA Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Democracia Paritaria y Representación Política
de las Mujeres desde la Reglamentación Interna
de los Partidos Políticos en México
Paritary Democracy and Women’s Political
Representation from the Internal Regulation of Political
Parties in Mexico
TANIA LIBERTAD CAMAL-CHELUJA* | CECILIA CADENA-INOSTROZA**

► RESUMEN
Este artículo contrasta los diseños institucionales de la reglamentación
interna de los partidos políticos en México que permiten o limitan el
ejercicio de la representación política de las mujeres en el año 2020, al
mismo tiempo que los contrasta con la dimensión externa del sistema
electoral mexicano. El estudio comparado permite identificar una distancia entre el principio constitucional que establece la paridad electoral
de género, frente a las reglas formales adoptadas por los partidos políticos nacionales, aspecto que debilita al régimen electoral nacional de
igualdad de género.
Palabras clave: Democracia paritaria | Representación política | Partidos
políticos | Derechos políticos de las mujeres | México.

► ABSTRACT
This article compares the institutional designs of the internal regulation
of the political parties in Mexico that allow or limit the exercise of women’s political representation, of legal application in 2020, at the same
time as it contrasts them with the external dimension of the Mexican
electoral system. The comparative study identifies a distance between
the constitutional principle that establishes gender electoral parity,
compared to the formal rules adopted by national political parties, an
aspect that weakens the national electoral gender equality regime.
Keywords: Parity democracy | Political representation | Political parties |
Women’s political rights | Mexico.
* Profesora-investigadora de la Universidad de Quintana Roo. Correo electrónico: taniacch@uqroo.edu.mx
** Profesora-investigadora de El Colegio Mexiquense, a. c. Correo electrónico: ccadena@cmq.edu.mx
Recibido: 25 de agosto de 2020 | Aceptado: 8 de enero de 2021
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ISSN 2007-1205 | pp. 61-83

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TANIA LIBERTAD CAMAL-CHELUJA | CECILIA CADENA-INOSTROZA

INTRODUCCIÓN
La mayoría de los países del mundo han adoptado reformas en materia legislativa y han diseñado políticas públicas para igualar las condiciones de acceso
a bienes públicos y el ejercicio de derechos entre hombres y mujeres. Sin
embargo, esta preocupación no ha estado siempre presente en las agendas
gubernamentales de las sociedades democráticas.
El contexto que favoreció la cooperación entre países al final del siglo xx
y en el xxi estimuló la conformación de mecanismos de derecho internacional
público que han llevado a los gobiernos a ejecutar acciones para el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres, originando democracias
paritarias. Estas democracias garantizan formalmente la participación política de las mujeres y su inclusión en la toma de decisiones.
Al respecto, México ha avanzado en la armonización del marco legal y
en el diseño de agendas de políticas públicas federales y subnacionales. Sin
embargo, aunque en el régimen electoral mexicano la paridad se generaliza
en 2014, aún permanecen resistencias al interior de los partidos políticos que
limitan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.
Por lo tanto, en este trabajo se sostiene que las inconsistencias de las
instituciones, plasmadas en los documentos que prefiguran la cultura democrática interna de los partidos, minan la fuerza del régimen paritario electoral
mexicano y restan recursos legales a las mujeres para demandar su participación en la política como representantes o para actuar en caso de que sean
limitados sus derechos. El texto se realiza con base en la revisión de las leyes
electorales y documentos internos, vigentes y registrados ante la autoridad
electoral nacional, de los partidos. El análisis incluye a los partidos políticos
nacionales que representan el mayor número de candidaturas para los diversos cargos de elección popular, los siete partidos políticos con presencia
nacional: Revolucionario Institucional (pri), Acción Nacional (pan), de la Revolución Democrática (prd), del Trabajo (pt), Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), Verde Ecologista de México (pvem) y Movimiento Ciudadano (mc).
Este trabajo se compone de seis apartados. El primero es esta introducción. El segundo explora las nociones teóricas sobre el rol público de las mujeres desde la ciencia política, así como las características de la democracia
paritaria como un régimen de pleno Estado de derecho e igualdad para todas
las personas. El tercero contextualiza el régimen internacional en materia de
género; en concordancia, se vincula con el cuarto apartado, que sintetiza la
evolución del régimen nacional que sienta las bases para la consagración del
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�DEMOCRACIA PARITARIA Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

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principio constitucional de la paridad de género. El quinto compara el cumplimiento del principio de la paridad de género por parte de los partidos políticos mexicanos a través del análisis de sus documentos internos. La última
sección de conclusiones destaca que, aunque la ley federal electoral mexicana
ha cubierto vacíos aprovechados históricamente por los partidos políticos
para limitar la participación política de las mujeres, estas organizaciones no
han adecuado su normatividad para superar esos obstáculos y consolidar una
cultura de democracia paritaria desde el interior.
1. DEMOCRACIA PARITARIA, REPRESENTACIÓN
Y DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES
Desde la ciencia política han cambiado los criterios que debe satisfacer la democracia como forma de gobierno. Con J. Schumpeter, en 1942, surge una
corriente construida sobre los escombros de la teoría clásica, caracterizada
por tener en el centro al pueblo, capaz de identificar y definir el bien común,
mientras que los gobernantes se encargan de tomar decisiones apegadas a la
voluntad general. La explicación schumpeteriana devela que el bien común y
la voluntad general son artificialmente creados por las ideas que los políticos
profesionales presentan a la sociedad durante las campañas, apoyados por estrategias del mercado, la manipulación y la persuasión del votante promedio
(Schumpeter, 1983). Desde esta perspectiva, la democracia es un procedimiento agregativo de preferencias que permite constituir un gobierno.
Conforme avanza el siglo xx, surgen críticas a la teoría schumpeteriana,
sobre todo porque reduce la democracia a un método para seleccionar a los
gobernantes, exhibiendo “falta de compromiso y de lealtad con la democracia” (Pateman, 1970, p. 3), la igualdad, la inclusión, entre otros valores. En ese
contexto se debate la concepción minimalista de la democracia (Przeworski,
1999), que pondera que se está frente a una democracia si en un sistema político los cargos públicos son electos, si existen algunos controles al poder
político y si se renueva el gobierno sin derramamiento de sangre. La contraparte es una interpretación maximalista que considera que en esta forma
de gobierno no basta con la realización periódica de comicios, sino que las
prácticas, instituciones y valores democráticos deben ser fortalecidos, junto
con la expansión de los derechos (Dahl, 1989; Young, 1999).
La democracia paritaria se enmarca en la concepción maximalista, cobijada en un contexto teórico que sostiene que las democracias no se cristalizan
sólo con la consolidación del régimen electoral, sino que se requiere que toTRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

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das las personas puedan involucrarse en los asuntos políticos en condiciones
de igualdad plena, ya sea a través de mecanismos de participación ciudadana,
o bien, por cargos de representación (Peruzzotti, 2014).
Para que una democracia se califique como paritaria, debe superar el
rezago histórico de las mujeres en la actividad política, pues la participación
de un mayor número de mujeres en el gobierno puede transformar los roles
tradicionales que han masculinizado la política. Sin embargo, la sola presencia de las mujeres sería insuficiente para fortalecer la democracia paritaria;
son las reglas formales y aquellas informales —valores, creencias, hábitos— en
la política las que favorecen u obstaculizan la inserción de actores del sexo
femenino. Al respecto, las entidades de interés público que son los partidos
políticos contribuyen a la producción y reproducción de una subcultura al
interior de la organización, que es compartida por los militantes, pero que se
expresa al exterior cuando compiten electoralmente o alcanzan cargos públicos; por lo tanto, la paridad debe alcanzar también la dimensión interna de la
vida organizacional partidista.
Desde la década de 1980, se encontró que la intervención de las instituciones públicas y privadas podía contribuir a reconfigurar los roles de mujeres y hombres en la sociedad (Wellhofer, 1994). Tanto la política de la presencia como el diseño de leyes e instituciones públicas pueden transformar la
democracia, trastocando los roles de género que han construido el sesgo que
destina la política a los hombres, mientras que las mujeres son consideradas
en un rol secundario, ambos asignados por convención (Evans, 1980; Sapiro,
1983; Lovenduski, 1981; Pateman, 1988). Debido a que los roles públicos y
privados se configuran por la socialización y las representaciones del entorno
desde la niñez (Acker, 1990; Blackmore, 2017), puede ser socialmente transformador ver a las mujeres en posiciones de poder, y podría estimular a otras
a incursionar en ese ámbito (Duerst-Lahti y Kelly, 1995).
A partir de 1990 y durante el siglo xxi, prosperan investigaciones que
explican la subrepresentación de las mujeres en los partidos políticos, aspecto que con anterioridad no era considerado un asunto de interés central de
estudio en la ciencia política (Sapiro, 1995), aunque algún clásico, como Duverger (1955), le prestó fugaz atención. En este contexto intelectual surge la
democracia paritaria.
Un atributo esencial de la democracia paritaria es la presencia numérica
igualitaria de mujeres y hombres en cargos públicos electos y de toma de
decisión. Implica la reserva de espacios gubernamentales y cuotas legislativas
con los siguientes fines: eliminar la subrepresentación histórica de las mujeres; darle voz al grupo social con el que comparte características biológicas,
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como el sexo; transformar los sesgos de género socialmente construidos en
los ámbitos privado y público; restaurar la confianza ciudadana en las instituciones políticas, al visibilizar a la población del sexo femenino junto con sus
demandas en la esfera pública (Maier y Klausen, 2001).
Por lo tanto, la democracia paritaria descansa en la representación descriptiva como punto de partida para mejorar otros tipos de representación
política. La representación política es “cierta actividad característica, definida por ciertas normas de comportamiento o por ciertas cosas que se espera
que haga un representante” (Pitkin, 1985, p. 123), y tiene tres dimensiones:
a) descriptiva, consiste en “una correspondencia o semejanza precisa con
respecto de aquello que representa, mediante un reflejo no distorsionado”
(Pitkin, 1985, p. 65), e implica hacer presentes a los ausentes, entonces, el
gobierno debe ser un espejo de la sociedad, integrada en un 50% por mujeres;
b) sustantiva, que se refiere a que quien representa actúa tomando decisiones
para sus representados, puede ser efectiva si se aproxima a los temas de interés de la base representada, o meramente ritual o decorativa en caso de que el
titular siga una agenda política de interés personal o de grupos diferentes a la
base (Pitkin, 1985); y c) simbólica, la más subjetiva forma de representación
política, que ocurre en las mentes de las personas a través de la aceptación o
el respaldo a sus representantes, en tanto aquéllos se identifiquen con éstos
(Pitkin, 1985).
Como se puede notar, las dimensiones de la representación política no
son excluyentes, sino complementarias. Por lo tanto, la representación política de las mujeres podría ser plena al contrarrestar a las élites partidistas
masculinas a través de la representación descriptiva. Tanto las mujeres como
los hombres en la política pueden incidir en la conformación de una agenda
política que incluya los temas de más preocupación para las mujeres, ejerciendo una representación política sustantiva. En conjunto, ambas formas de
representación pueden propiciar que la ciudadanía respalde la presencia igualitaria de mujeres en el gobierno y apostar por la inclusión de otros grupos
sociales tradicionalmente excluidos, como indígenas, jóvenes, inmigrantes,
afrodescendientes, entre otros.
La mejor forma de impulsar la paridad de género en la política es a través de la creación de reglas formales político-electorales que garanticen su
cumplimiento y que estimulen la transformación de las prácticas informales.
Sin embargo, puede presentarse resistencia al cambio en las instituciones,
subsistiendo prácticas informales en los sistemas políticos con democracias
deficitarias. Estos obstáculos pueden reducir el efecto potencialmente transformador de las cuotas de género y la paridad constitucional en la materialización de los derechos políticos de las mujeres.
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En las democracias como la mexicana, los partidos políticos han sido
las últimas instituciones en ser tocadas por las reformas político-electorales,
por lo que no es infrecuente encontrar que son instituciones resistentes a
los cambios (Freidenberg, 2006). Esto ocurrió en 2014 con la inclusión del
principio de paridad de género en las elecciones para diputados, senadores,
gobiernos municipales y en la conformación de los órganos internos de los
partidos. Sin embargo, no todas las agrupaciones partidistas asumen con entusiasmo la igualdad plena de oportunidades para mujeres, pues implica la
ampliación numérica de contendientes a cargos públicos y la consecuente reducción de espacios para la élite política partidista masculina.
2. RÉGIMEN INTERNACIONAL PARA LA PARTICIPACIÓN
Y LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
En este artículo se sostiene que las políticas nacionales y subnacionales para
la paridad de género se desprenden de un régimen internacional que impulsa
la igualdad plena. Este conjunto de principios, valores y pautas de comportamiento ha sido consensuado a partir de la cooperación internacional, a través
del planteamiento de objetivos y metas para los países que se adhieren con
la firma de acuerdos internacionales, que más tarde se traducen en políticas
públicas nacionales o subnacionales.
El régimen internacional para la igualdad de género se apoya en mecanismos del derecho internacional público que permiten evidenciar la voluntad de los representantes estatales de configurar una política internacional
cooperativa o coordinada. Los mecanismos que han impactado en la adopción de políticas nacionales de género son la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (cedaw), de 1979, y
su Protocolo Facultativo, de 1999. Aunque la adhesión a la cedaw es voluntaria, cuenta con una instancia vigilante del cumplimiento de los compromisos,
facultada para emitir informes por país, el Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer (cedaw, 1979, artículo 18). En adición,
el Protocolo Facultativo (artículo 5) permite que las víctimas de violaciones
presenten quejas o reclamos, y brinda facultades de investigación al comité
de la cedaw, con capacidad para llamar al Estado parte a tomar medidas provisionales o definitivas para reparar el daño a las víctimas.
Por su parte, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer surge en 1993 como una postura planteada en la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas (onu) y aprobada sin necesidad de
votación. Llama a los estados a condenar la violencia de género sin tener en
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cuenta ninguna costumbre nacional que atenúe la violación de los derechos
humanos, y a que los gobiernos creen leyes, planes, programas e instancias
para estudiar, investigar e impartir justicia cuando las mujeres sean objeto de
alguna forma de violencia (artículo 4). Sin embargo, este mecanismo permanece en el plano declarativo, sin instituciones que le den forma ni obligaciones para las partes.
Un impulso mundial en materia de derechos políticos de las mujeres
ocurre en el año 2000, con la Declaración del Milenio, los Objetivos del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la Declaración del Milenio,
los jefes de Estado de los países miembros de la onu acuerdan promover la
igualdad entre los sexos (artículo 20), entre otras medidas para el desarrollo.
Lo anterior se tradujo en una serie de políticas mundiales conocidas como
Objetivos de Desarrollo del Milenio, con vigencia de 2000 a 2015. Al respecto, dos de los ocho objetivos trataron problemáticas específicas para la mujer,
a saber, el 3 y el 5. La tabla 1 presenta la meta e indicadores para el seguimiento de los progresos nacionales en el objetivo 3, con medidas como el incremento de la proporción de mujeres parlamentarias nacionales hacia 2015.
Diversos países aceleraron el proceso de reformas para reportar avances
en los indicadores de la tabla 1. Por ejemplo, la inclusión de las cuotas de género y la paridad electoral en México1 coincide con el periodo de vigencia de
los Objetivos del Milenio. En consecuencia, en 2015, el indicador de mujeres
parlamentarias experimentó un incremento global del 50% con respecto al
punto de partida (onu, 2015). Los avances fueron atribuidos a la legislación
en materia de cuotas y paridad de género (Unión Interparlamentaria, 2017).
Debido al éxito de los Objetivos del Milenio, en 2015 fue relanzada la
agenda de desarrollo y renombrada Objetivos de Desarrollo Sostenible o
Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. A diferencia de sus predecesores, los 17 nuevos objetivos transversalizan la perspectiva de género, aunque
sólo uno de ellos, el quinto, se aboca de forma exclusiva a la igualdad entre
mujeres y hombres. La tabla 2 presenta el objetivo relacionado con la paridad de género y los derechos políticos, cuya meta 5.5 no sólo se refiere a las
parlamentarias, sino que incorpora a la mujer en puestos directivos en los
gobiernos nacionales y locales. Otras metas —5.1, 5.2, 5C— podrían coadyuvar para derribar obstáculos que impiden el ejercicio igualitario de la política
1 México alcanzó 37 de 51 metas establecidas. Logró la paridad de género en el acceso a la educación en
todos los niveles; también en materia electoral, al triplicar la presencia de mujeres en la Cámara de Diputados y duplicar su número en la de senadores (Oficina de la Presidencia, 2015). Sin embargo, en lo
laboral, la proporción de mujeres ocupadas en el sector no agropecuario alcanzó el 41.4%, partiendo en
1995 con un indicador de 38%. Otro indicador con cumplimiento deficiente fue el de muertes maternas
por cada 100 mil nacidos vivos (Oficina de la Presidencia, 2015).
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para mujeres y hombres, como la discriminación y la violencia política (onu
Mujeres, 2018).
TABLA 1
Objetivo 3 de Desarrollo del Milenio
Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer
Meta

Indicadores para el seguimiento de los progresos

3A. Eliminar las desigualdades entre los
sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y
en todos los niveles de la enseñanza para el
año 2015.

3.1. Relación entre niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria y superior.
3.2. Proporción de mujeres en el empleo asalariado del sector no agrícola.
3.3. Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales.

Fuente: Elaboración propia con base en Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 2013.

TABLA 2
Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible
Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas
Meta

Indicadores para el seguimiento de los procesos

5.1.1. Determinar si existen o no marcos
5.1. Poner fin a todas las formas de discrimjurídicos para promover, hacer cumplir y
inación contra todas las mujeres y las niñas
supervisar la igualdad y la no discriminación
en todo el mundo.
por razón de sexo.
5.2.1. Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia física, sexual o psicológica a manos
5.2. Eliminar todas las formas de violencia de su actual o anterior pareja en los últimos
contra todas las mujeres y las niñas en los 12 meses.
ámbitos público y privado.
5.2.2. Proporción de mujeres y niñas a partir
de 15 años de edad que han sufrido violencia
sexual a manos de personas que no eran su
pareja en los últimos 12 meses.
5.5.1. Proporción de escaños ocupados por
5.5. Asegurar la participación plena y efectimujeres en a) los parlamentos nacionales y
va de las mujeres y la igualdad de oportunib) los gobiernos locales.
dades de liderazgo a todos los niveles deciso5.5.2. Proporción de mujeres en cargos dirios en la vida política.
rectivos.
5C. Aprobar y fortalecer políticas acertadas
y leyes aplicables para promover la igualdad
de género y el empoderamiento de todas las
mujeres y las niñas a todos los niveles.

5C.1. Proporción de países con sistemas para
el seguimiento de la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y la asignación de fondos públicos para ese fin.

Fuente: Elaboración propia con base en onu Mujeres, 2018.

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�DEMOCRACIA PARITARIA Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

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México ha sido uno de los países que más amplios avances registró al
respecto, cerrando 2015 con 43.4% de parlamentarias, frente al promedio
mundial de 23.3% (Unión Interparlamentaria, 2017), pero esto ocurrió de
forma gradual. Enseguida se recupera el proceso de adopción de la democracia paritaria electoral en este país entre la década de 1990 y nuestros días.
3. RÉGIMEN NACIONAL PARA LA PARTICIPACIÓN
Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN MÉXICO
El estatus de ciudadana o ciudadano incluye una serie de derechos para las
personas que integran una sociedad política; sin embargo, en las democracias
no siempre se otorgan todas las prerrogativas a todas las personas. Las mujeres han conquistado gradualmente sus derechos a través de la lucha social, de
la presión hacia las autoridades, de las alianzas con actores transnacionales,
por medio del cabildeo, entre otras estrategias.
La lucha por los derechos políticos de las mujeres tiene una larga data
en México. Podemos extender la línea de tiempo que la analiza a momentos
tan lejanos como el triunfo por votación popular de Elvia Carrillo Puerto,
diputada local yucateca, en 1920 (Tuñón, 2002); pasando por la conformación de agrupaciones feministas católicas, de izquierda, liberales, comunistas,
socialistas, obreras, entre otras identidades urbanas y rurales (Oikón Solano,
2017), que desde la década de 1930 impulsaron la ciudadanía efectiva e inclusiva para las mujeres; abarcando 1947 y 1953, años en los que se reconoce a
las mujeres el derecho de votar en elecciones municipales, primero, y luego
en todo tipo de comicios; hasta llegar a 2014, con la consagración de la paridad de género como principio constitucional.
Desde la década de 1980, la política de género del Estado mexicano empieza el proceso para tornarse integral debido al ambiente internacional propicio, por lo que las acciones trazadas por los gobiernos ya no serían exclusivamente resultado de la presión ciudadana, sino también de los compromisos
internacionales ya señalados. En 1996, el Programa Nacional de la Mujer
sentaría los antecedentes inmediatos del Instituto Nacional de la Mujer y de
las políticas públicas integrales en la materia que conocemos en la actualidad
(Diario Oficial de la Federación, 21 de agosto de 1996), en concordancia con
los trabajos preparativos de la cedaw.
Este estilo de política hacia la mujer o política de género se mantendría en el país desde entonces. La administración federal de la alternancia,
en 2000, coincidente con el inicio de los Objetivos del Milenio, impulsa el
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación
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contra las Mujeres (Proequidad), vigente hasta 2019, con ajustes al inicio de
cada mandato presidencial. De este programa surgen planteamientos que fortalecen la democracia paritaria electoral: incremento del número de mujeres
legisladoras; transversalización de la perspectiva de género en la federación,
estados y municipios; planeación y diseño de presupuestos considerando la
perspectiva de género; y desarrollo de indicadores de género.
Hacia 2013, la administración pública federal mantuvo la política de género, pero fue renombrada Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres, o Proigualdad (Inmujeres,
2019). En lo electoral, Proigualdad impulsó y consolidó la paridad de género
en las legislaturas.
4. DEMOCRACIA PARITARIA ELECTORAL: DIMENSIÓN EXTERNA
E INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS MEXICANOS
El régimen electoral mexicano adquirió su denominación de paritario con la
reforma de 2014. El impulso que las cuotas de género dieron a la representación política femenina desde 1990 es indiscutible, pues en la actualidad los
partidos políticos están obligados a postular el 50% de sus candidaturas integradas por mujeres y a destinar recursos para la formación de liderazgos políticos entre las mujeres militantes, entre otros aspectos que pueden fortalecer
la incursión del sector femenino de la población en condiciones de igualdad.
El análisis de las transformaciones en materia de género del régimen
electoral puede darse en dos dimensiones. La primera de ellas es externa a los
partidos políticos, a partir de las leyes que establecieron diferentes diseños
para las cuotas de género, pasando por el 30 y 40% de los escaños para mujeres en el Congreso de la Unión, mencionando o no que la fórmula de contendientes debía ser del mismo sexo, entre otros aspectos que fueron aprovechados eventualmente por los partidos políticos y corregidos gradualmente
por la autoridad electoral, no sin la presión mediática de activistas feministas
e intelectuales desde dentro y fuera del país.
La otra dimensión de análisis que se desprende del párrafo anterior es de
tipo interno a los partidos políticos. Las prácticas, dinámicas, valores y actitudes que la dirigencia partidista tiene hacia los principios democráticos como
la igualdad plena, reflejan el respeto al propósito de los mandatos constitucionales en materia de paridad y promoción de la representación política de las
mujeres. Además, la literatura en torno a los procesos de institucionalización
interna de los partidos (Reveles Vázquez, 2004; Prud’homme, 2003) apunta
a que estas organizaciones poseen una subcultura democrática que puede ser
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DEMOCRACIA PARITARIA Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

distinta a la que posee el sistema político. Los partidos pueden convivir en
entornos democráticos sin tener una convicción democrática, reflejada sobre
todo en su vida interna, documentos de partido, procesos y procedimientos internos (Reveles Vázquez, 2004). Es decir, los partidos políticos pueden
convivir en un contexto en el que las reglas del juego establecen la paridad
electoral, pero no las habrían adoptado de no ser un prerrequisito para la
competencia, y tampoco significa que las acepten sin vacilaciones.
Los intentos por resistir frente a las políticas de acción afirmativa se
evidencian desde el inicio de la aplicación de las cuotas de género. Era común
que familiares, esposos de las legisladoras electas, políticos o empresarios con
influencia en los partidos utilizaran los vacíos legales para seguir manteniendo la cantidad máxima posible de cargos de representación (Barquet Montané, 2012), intentando acogerse a los márgenes legales que les representaban
nulas sanciones o las amonestaciones más benevolentes posibles. Esto evidencia que las dirigencias partidistas no estaban convencidas de la importancia de la representación igualitaria de hombres y mujeres.
Las recurrentes omisiones e intentos de los partidos políticos para no
aplicar el espíritu de la ley sobre cuotas de género derivaron en las múltiples
reformas plasmadas en la tabla 3. Sin embargo, las dirigencias partidistas no
han sido las únicas responsables de este comportamiento, sino también los
cuerpos legislativos y la autoridad electoral, quienes desde 1993 y hasta 2000
fueron imprecisos y no mandataron, sino que recomendaron promover la
presencia de mujeres en la política; tampoco promovieron sanciones ejemplares para las organizaciones partidistas que transgredieran el espíritu de las
leyes.
TABLA 3
Evolución de las leyes electorales mexicanas
en materia de representación política de las mujeres
Fecha y ley reformada
o creada

Mandato imperativo de cuota

24 de septiembre de
1993
Recomienda la promoción
Reforma del Código
de la participación de las
Federal de Instituciones
mujeres.
y Procedimientos Electorales (Cofipe)
22 de noviembre de
1996
Reforma del Cofipe

Recomienda la promoción
de la participación política
de las mujeres.

Tamaño de la cuota

Sanciones en caso de
incumplimiento

0

Ninguna

Recomienda que no sea
superior a 70% para un
mismo género

Ninguna

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24 de junio de 2002
Reforma del Cofipe

Ordena la garantía de
igualdad de oportunidades
para las mujeres en las candidaturas legislativas

14 de enero de 2008
Reforma del Cofipe

Ordena la búsqueda de la
paridad en candidaturas, no
regula el sexo de la persona
que ocupe una suplencia.

23 de mayo de 2014
Publicación de la Ley
General de Partidos
Políticos

Ordena la paridad en las
candidaturas legislativas
locales y federales, así como
el diseño de estrategias
para la participación de las
mujeres en los órganos internos del partido; prohíbe
la postulación de mujeres
en distritos con derrotas
históricas.

23 de mayo de 2014
Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales

Ordena que en las listas los
titulares y suplentes sean
del mismo sexo, integrada
cada fórmula de manera
intercalada.

13 de abril de 2020
Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del
Sistema de Medios
de Impugnación en
Materia Electoral, Ley
General de Partidos
Políticos, Ley General
en Materia de Delitos
Electorales.

Refuerza el principio de la
paridad electoral, así como
los derechos humanos de
las mujeres. Reconoce y establece los tipos de sanción
con base en ordenamientos
como la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, la
Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República,
la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación y la
Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Establece una cuota de
género 70-30%
No regula el sexo de la
persona que ocupe la
posición de suplencia.
60-40%
Busca la paridad

50-50%
Paridad

La negativa del
registro de las candidaturas

La negativa del
registro de las candidaturas

Las sanciones las
establece la Ley General de Instituciones
y Procedimientos
Electorales

50-50%
Paridad

La autoridad electoral puede emitir observaciones sobre las
listas de candidatos,
amonestar públicamente al partido o
negar el registro de
candidatos.

Mantiene la paridad electoral y en la
designación de cargos
públicos

A cargo de autoridades electorales y
competentes para
aplicar sanciones que
van desde la suspensión de propaganda,
multas, ofrecimiento
de disculpas públicas,
amonestación pública, retiro de candidatura, suspensión de
propaganda, reducción de hasta el 50%
del financiamiento,
cancelación de registro como partido, así
como dictar medidas
cautelares y de reparación que deberán
acatar las personas
infractoras.

Fuente: Elaboración propia.

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�DEMOCRACIA PARITARIA Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

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Es en 2002 cuando se ordena por primera vez una cuota de género con
porcentajes de 70-30 para cada sexo, pero sin regular que las suplencias de las
candidaturas para legisladores debían ser para personas del mismo sexo en la
fórmula contendiente. Desde luego, la gradualidad y limitaciones fueron la
constante en el largo e inacabado recorrido que ha atravesado la conquista de
derechos políticos de las mujeres en México.
Por su parte, la reforma ocurrida en 2014 vino a transformar drásticamente la representación política en México, convirtiéndola en paritaria al
reservar 50% de los asientos legislativos para cada uno de los sexos. Sumado a
la reforma integral del Instituto Federal Electoral y el nacimiento del Instituto Nacional Electoral, fue derogado el Cofipe para dar lugar a una intrincada
red de marcos legales electorales, como la Ley General de Partidos Políticos,
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General
en Materia de Delitos Electorales, aunados a otra serie de documentos en materia de fiscalización y control interno para los partidos políticos. Todos estos
ordenamientos contemplan la paridad de género y la hacen de observancia
obligatoria para los partidos políticos.
La reforma de 2014 también tuvo alcances para la dimensión interna de
las organizaciones partidistas. La Ley General de Partidos Políticos establece
la obligación de promover la cultura democrática incluyente para mujeres de
todas las edades, publicitar los criterios partidistas para alcanzar lo anterior
y abstenerse de postular a mujeres en distritos con historial de baja votación
(artículo 3). Asimismo, la ley enfatiza la obligación de las organizaciones de
garantizar la paridad en las candidaturas legislativas federales y locales (artículo 25), con lo que se trasciende el carácter de recomendación que había
caracterizado al régimen electoral.
Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales precisa que las fórmulas de legisladores deben ser del mismo sexo en
todos los niveles y cargos de elección, tanto para partidos como para candidatos independientes, y que las listas deben estar alternadas por un hombre y una mujer (artículo 14). Frente a posibles omisiones, el ordenamiento
reconoce facultades a los organismos públicos locales electorales para hacer
observaciones, solicitar cambios en las fórmulas e, incluso, negar el registro
de candidaturas a los partidos que violen el principio de la paridad (artículos
232-235).
En materia del gasto programado, el artículo 163 del Reglamento de
Fiscalización se pronuncia por la obligación partidista de destinar al menos
3% del financiamiento público anual para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Las actividades enunciadas van desde
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la investigación, pasando por la publicación de obras, realización de eventos
públicos, hasta la organización de talleres que versen sobre las problemáticas
y oportunidades para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
La reforma más reciente que afecta al régimen nacional de género ocurrió el 13 de abril de 2020. Se trata de una serie de modificaciones a la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Partidos
Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Su
principal contribución es que conduce a esclarecer sobre tipos de violencia
política, dando atribuciones al Instituto Nacional Electoral y a los organismos
públicos locales electorales para promover la no violencia política; refleja la
paridad en la conformación de los órganos de dirección superior de los organismos públicos electorales locales, del nacional y en las autoridades jurisdiccionales electorales. Finalmente, el decreto del 13 de abril de 2020 reconoce
que los servidores públicos incurren en abuso de funciones al realizar actos u
omisiones calificadas como violencia política contra las mujeres (Diario Oficial de la Federación, 14 de abril de 2020).
Reformas como la de 2020 resultan de neural importancia porque, no
obstante que la ley electoral federal resulta específica, la realidad es que los
partidos políticos han incorporado los aspectos que garanticen la igualdad
entre mujeres y hombres en su normatividad interna de forma heterogénea.
El lenguaje empleado resulta en pocos casos claro o específico, y en la mayoría de las ocasiones se recurre a menciones generales sobre la importancia
de la participación política de las mujeres en la vida política o en la sociedad,
pero sin que se vean reflejadas esas posturas en la normatividad interna.
La relevancia de que las organizaciones partidistas posean documentos
internos (reglas formales) y prácticas tradicionales (reglas informales) de tipo
democrático, de igualdad entre los sexos y que promuevan la paridad es porque así se reproduce y transforma una subcultura política entre su militancia,
además de que será transmitida hacia el exterior con los cuadros que logren
ocupar cargos. Los partidos deben lidiar con la dimensión externa de las reglas, pero también adaptarlas al interior, pues estas organizaciones “aportan
valor” público al trascender los objetivos particulares de grupo, pues crean su
propia cultura o sistema de valores (Randall y Svåsand, 2002).
La tabla 4 refleja el análisis de los documentos que organizan los procesos internos de los partidos políticos en México. Fue diseñada a partir de la
comparación de contenido de los estatutos, planes de acción y declaratorias
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DEMOCRACIA PARITARIA Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

de acción de los siete partidos políticos con presencia nacional: pri, pan, prd,
pt, Morena, pvem y mc. Fueron seleccionados por corresponder a la categoría
de partidos políticos nacionales, definidos en el artículo 41 de la Constitución Política Mexicana como aquellos que tienen el derecho de participar en
elecciones federales y locales; también fueron seleccionados por contar con
registro vigente ante el Instituto Nacional Electoral, por ser los que integran
la mayor cantidad de cargos públicos electos y porque son los que la autoridad
electoral nacional reconoce en esta categoría.
El análisis se centró en identificar en los documentos internos registrados ante el Instituto Nacional Electoral y disponibles en las páginas de internet respectivas las siguientes dimensiones clave en la paridad de género en
materia electoral: a) reconocimiento explícito de la paridad entre mujeres y
hombres en la postulación a cargos públicos electos y de la dirigencia partidista; b) manifestación de la obligación de promover la formación política de
cuadros y liderazgos de mujeres; c) procedimientos específicos para la selección de candidatos políticos con criterios de paridad; y d) contar con procedimientos o documentos específicos para la resolución interna de controversias
por violencia política o discriminación por razón de género.
TABLA 4
La paridad desde la comparación de los documentos internos
de los partidos políticos nacionales en México

Partido político

Paridad en
los cargos
de elección
popular

Paridad en los
cargos directivos
del partido

Procedimientos
específicos para
la selección de
candidaturas y
cargos

Formación
de cuadros y
liderazgos de
mujeres

Resolución interna
de controversias
por discriminación
o violencia política
por razón de
género

No

Partido
Revolucionario
Institucional

Sí

Sí

Sí

Sí, a través de
la Organización
Nacional
de Mujeres
Priistas

Partido Acción
Nacional

Sí

No

Sí

No

No

Sí

Sí, a través de
su Organización
Nacional de
Mujeres

No

Partido
de la Revolución
Democrática

Sí

Sí

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Partido del Trabajo

Sí

Sí lo expresa,
pero los órganos tienen una
composición
numérica
impar que
imposibilita la
paridad

Movimiento
de Regeneración
Nacional

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Partido Verde
Ecologista
de México

No

No

No

No

No

Sí

No

No

Movimiento
Sí
Sí
No
No
No
Ciudadano
Fuente: Elaboración propia con base en estatutos, plan de acción, declaratoria de acción, reglamentos,
protocolos, entre otros documentos internos y rectores de los partidos políticos enlistados en el Anexo 1.

La tabla 4 evidencia que todos, con excepción del pvem, declaran en sus
estatutos que en la elección de cargos públicos e internos se regirán por el
principio de la paridad de género. Los estatutos del pvem ni siquiera hacen
mención alguna a la paridad; en cambio, refieren que en los procedimientos
internos del partido deberán considerar la “equidad de género” (artículo 42),
y que en las candidaturas electas se debe contemplar el principio de “participación de género” (artículo 55); incluso, la fracción viii de su artículo 58,
vigente, contraviene la legislación electoral, pues señala: “de la totalidad de
candidaturas a diputados locales, diputados federales y senadores en ningún
caso incluirán más del setenta por ciento de candidatos de un mismo género”.
En lo relacionado con los criterios de paridad para la selección de cargos
internos, la mayoría de los partidos cumple con este aspecto. Sin embargo, el
pvem no cuenta con mención alguna de su aplicación en la composición de los
órganos internos del partido. Por su parte, el pan prevé en sus estatutos generales la elección en las asambleas estatales de 270 consejeros nacionales, de
los cuales 50% deberá ser de género distinto, más 30 consejeros electos por la
comisión permanente, de los cuales “al menos el cuarenta por ciento serán de
género distinto” (artículo 28). Además, otros órganos del pan sí contemplan
la integración paritaria de mujeres y hombres, como la Comisión Permanente del Consejo Nacional; aunque otros, como la Comisión Anticorrupción,
presentan desproporción, al componerse por cinco comisionados nacionales,
“de los cuales no podrá haber más de tres integrantes de un mismo género”
(artículo 50). Esta situación se repite en la conformación del Comité Ejecutivo Nacional, cuyo inciso f) considera la integración de “siete militantes del
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Partido, con una militancia mínima de cinco años; de los que no podrán ser
más de cuatro de un mismo género” (artículo 52).
Una dimensión central para fortalecer la paridad de género y la democracia interna en los partidos políticos es el proceso de selección de candidaturas. La mayoría de los partidos han pormenorizado los procedimientos internos que garanticen la paridad en la definición de candidaturas, indicando
el número, el sexo y el porcentaje de personas que integren las listas de candidatos, o declarando que en este aspecto el partido se apega a lo que mandata
la ley federal electoral. Únicamente mc y el pvem incumplen con este aspecto
en sus documentos internos.
Otra de las dimensiones exploradas en el impulso de la paridad y los derechos políticos de las mujeres al interior de los partidos nacionales es la formación de cuadros políticos femeninos, de acuerdo con lo que mandata la ley
federal para la formación de liderazgos políticos en el sector de las mujeres. Al
respecto, el pri cuenta con su Organización Nacional de Mujeres Priistas, con
funciones de formación de cuadros (estatutos del partido, artículo 171). Por
su parte, el pan ha establecido secretarías nacionales, estatales y municipales
de promoción política de la mujer (estatutos del partido, artículos 28, 67, 81).
También el prd promueve los derechos políticos de las mujeres y su liderazgo
a través de la Organización Nacional de Mujeres (estatutos del partido, artículo 147). En concordancia, los estatutos de Morena integran una Secretaría
de Mujeres con funciones de vinculación, promoción y organización de actividades académicas en materia de derechos para este sector (artículo 38), aspecto reforzado en su Reglamento de Educación, Formación y Capacitación
Política. En contraposición, el pvem, el pt y mc no incluyen mención alguna
sobre este deber que les asigna la ley electoral.
La violencia política por razón de género es una práctica que obstaculiza
el progreso de las mujeres en los partidos y una vez que éstas se encuentran
desempeñando cargos públicos (Freidenberg y Del Valle Pérez, 2017). Por
ello, otro de los elementos identificados en los documentos partidistas es la
existencia de recursos que permitan a las mujeres activar mecanismos de justicia intrapartidaria en caso de violencia política o discriminación por razón
de género a militantes, dirigentes o candidatas.
Las organizaciones mexicanas analizadas aún tienen un largo camino por recorrer en el aspecto mencionado en el párrafo anterior. Con
excepción de Morena, las dirigencias partidistas no han incorporado procedimientos y sanciones internas. Por su parte, el prd cuenta con un Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria que prevé la creación de
un órgano encargado de impartir justicia, integrado por el principio de la
paridad (artículo 8); sin embargo, no contempla aspectos particulares sobre
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la violencia política y la discriminación hacia las mujeres del partido. En
contraste, el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia
de Morena define puntualmente la violencia política de género y considera
la cancelación del registro a militantes o afiliados que ejerzan violencia política de género (artículo 129).
Un caso singular dentro del análisis es el del pvem, organización que
además de no adecuar sus documentos internos a las características del sistema electoral paritario, plasma de forma laxa e inexacta la terminología relacionada con equidad e igualdad de género, y no contempla la integración
paritaria de sus órganos. Por otra parte, cuenta con un Protocolo para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia Política de Género, en el que reconoce
que las mujeres han sido limitadas en el ejercicio de sus derechos políticos, e
incluye una sección titulada “Medidas de reacción en caso de violencia política”, que son: a) escuchar a las víctimas; b) asesorar para acreditar la violencia
de la que se fue objeto; c) solicitar que se realice un análisis de riesgo;2 y d)
brindar la “asesoría necesaria para que la víctima esté en condiciones de tomar
una decisión respecto a las acciones jurídicas que podría llevar a cabo” (p. 5).
Sin embargo, no prevé ninguna sanción interna o mecanismo de investigación,
impartición de justicia o reparación del daño a las víctimas de violencia política.
CONCLUSIONES
La ciudadanía es una condición jurídico-política que dota a las personas que
poseen ese estatus de todos los derechos y protección del Estado. En el plano
político, garantiza la posibilidad de participar en la vida pública a través de la
elección de representantes y la posibilidad formal de ser postulado a un cargo
de representación.
En las sociedades democráticas, las leyes dan certidumbre sobre los derechos que pueden ejercer las personas. Las normas escritas son reglas formales que regulan el comportamiento, habilitando para ejercer derechos; sin
embargo, en la práctica existen condiciones que constituyen límites a este
ejercicio.
Las reglas informales son prácticas que ocurren al margen de la ley y que
pueden restringir los derechos. Las costumbres, prejuicios y roles asignados a
la ciudadanía por su sexo, por ejemplo, insertan sesgos sobre lo que se espera
de hombres y mujeres en la política. Esta dimensión configura la cultura política que caracteriza a un partido, exhibiendo déficits o avances democráticos.
2 No se especifica a quién se turnará la solicitud ni el tipo de análisis a realizar.
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En México, como en otras sociedades del mundo, la política ha sido una
arena destinada para los hombres. La incursión de las mujeres en las instituciones públicas ha sido reciente y se intensifica hacia el final del siglo xx,
como resultado de la lucha histórica de los movimientos sociales feministas,
pero también por las agendas internacionales para el desarrollo, impulsadas
por la cooperación internacional de la que son partícipes la mayoría de los
gobiernos democráticos.
Con las reformas nacionales introducidas en la mayoría de los sistemas
electorales del mundo, se instauran las democracias paritarias, con regímenes
electorales que buscan cristalizar la igualdad plena de oportunidades para mujeres y hombres de ejercer los derechos políticos, como el de representación.
En México se dio este avance sobre todo con la inclusión de cuotas electorales
de género y con el principio constitucional de la paridad. Sin embargo, estos
aspectos sólo trastocan la dimensión externa a los partidos políticos, actores
centrales en la democracia representativa mexicana.
Como se ha señalado, existe una dimensión interna organizativa que rige
los procesos, la vida y la cultura democrática de los partidos políticos. En ese
nivel también deben permear los valores democráticos de inclusión e igualdad,
base para asegurar el cumplimiento de la paridad de género. Sin embargo, la
investigación en la cual se basa este artículo encontró que, aunque la ley federal
mexicana ha cubierto resquicios que en el pasado fueron aprovechados por las
dirigencias de los partidos para evadir la participación de las mujeres, las organizaciones partidistas aún no adecuan sus documentos internos.
Se encontró que los documentos internos de los partidos políticos nacionales son heterogéneos al reflejar la igualdad de oportunidades para las
mujeres y, en general, para plasmar las obligaciones en materia de paridad de
género a las que están sujetas estas entidades de interés público. Asimismo,
los mecanismos para impartición de justicia y de sanciones en caso de violencia política o discriminación por razón de género son inexistentes en seis de
los siete casos analizados.
De igual forma, se pudo constatar que en el plano de las reglas formales
sólo Morena cubre las dimensiones de la paridad electoral, mientras que casi
la totalidad del resto de los partidos cumple únicamente con algunas cuantas
de ellas. En contraste, el pvem incumple todos los aspectos en materia de paridad, empleando incluso con imprecisión los términos que permiten abordar
la paridad, la igualdad o la equidad de género.
Vale la pena recalcar que la importancia de plasmar la paridad de género en la normatividad y prácticas informales de los partidos políticos radica
en que esto permitiría constatar el compromiso de estas organizaciones con
la transformación de la cultura política mexicana, además de mostrar su caTRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

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pacidad de adaptación a los regímenes internacional y nacional en materia
de paridad de género. También aseguraría recursos legales y económicos a
las mujeres para desarrollar carreras políticas, ya sea en los cargos públicos
electos o en la burocracia partidista, contrarrestando la existencia de élites
políticas masculinas. Finalmente, la armonización de las dimensiones externa
e interna de los partidos políticos en materia de paridad electoral podría estimular la incursión de un mayor número de mujeres en la política, trastocar
los roles y sesgos en materia de género que se dan en el ámbito político y, en
general, fortalecer la construcción de una auténtica democracia paritaria.
ANEXO 1
Leyes electorales, estatutos de los partidos políticos
y otros documentos revisados
Código de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional. Recuperado de: shorturl.at/ixzC7
Estatutos de Movimiento Ciudadano. Recuperado de: shorturl.at/ixzC7
Estatuto del Movimiento de Regeneración Nacional. Recuperado de: shorturl.at/ixzC7
Estatutos del Partido de la Revolución Democrática. Recuperado de: shorturl.at/ixzC7
Estatutos del Partido del Trabajo. Recuperado de: shorturl.at/ixzC7
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Protocolo para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia Política de Género del Partido
Verde Ecologista de México.
Reglamento de Educación, Formación y Capacitación Política del Movimiento de Regeneración Nacional. Recuperado de: shorturl.at/ixzC7
Reglamento de Fiscalización. Recuperado de: shorturl.at/nJX39
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Movimiento de Regeneración Nacional. Recuperado de: shorturl.at/ixzC7
Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática.

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La Felicidad en México y sus Determinantes
Happiness in Mexico and its Determining Factors
CÉSAR MARCELO ARIZPE SAIDE* | DANIELA BRITO CALDERÓN** |
CECILIA GABRIELA SAAVEDRA CORONA*** | BENJAMÍN BALDERAS QUIROZ**** |
REBECCA EDITH CANTÚ VILLARREAL*****

► RESUMEN
El presente artículo analiza los determinantes de la felicidad en México
para el año 2014, utilizando datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y
Gasto de los Hogares. Se busca probar la teoría económica de la felicidad para México, para posteriormente evaluar el impacto de incorporar
variables sociodemográficas y psicológicas al análisis. Mediante la estimación de regresiones múltiples, los resultados permiten concluir que el
ingreso mantiene una relación positiva, aunque casi nula con la felicidad, y que la variación de la felicidad en México se explica por variables
sociodemográficas, psicológicas y socioeconómicas.
Palabras clave: Bienestar subjetivo | Felicidad | Economía de la felicidad |
Relación ingreso-felicidad | Satisfacción.

► ABSTRACT
This article analyzes the determinants of happiness in Mexico for 2014,
using data from the National Survey of Household Income and Expenditure. The aim is to test the economic theory of happiness for Mexico, to later evaluate the impact of incorporating sociodemographic and
psychological variables into the analysis. By estimating multiple regressions, the results allow us to conclude that income maintains a positive,
although null, relationship with happiness, and that the variation in happiness in Mexico is explained by sociodemographic, psychological, and
socioeconomic variables.

* Estudiante de Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Correo
electrónico: cesarizpe@hotmail.com
** Estudiante de Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Correo
electrónico: dabrical@hotmail.com
*** Estudiante de Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Correo
electrónico: cecilia.gsc@hotmail.com
**** Estudiante de Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Correo
electrónico: benjaminbalderas@icloud.com
***** Estudiante de Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Correo
electrónico: rebeccaecantu@outlook.com
Recibido: 2 de junio de 2020 | Aceptado: 17 de octubre de 2020
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ISSN 2007-1205 | pp. 84-107

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Keywords: Subjective well-being | Happiness | Happiness economics |
Happiness-income relation | Satisfaction.

INTRODUCCIÓN
El creciente interés en medir el progreso de las sociedades se fortalece a partir del reporte de Stiglitz, Sen y Fitoussi (2009), el cual demuestra ciertas
limitaciones de las estadísticas convencionales para reflejar el progreso y el
bienestar social. Desde entonces, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (ocde) abordó este tema y formuló recomendaciones
para captar estadísticamente un aspecto que mire más allá de lo convencional,
denominado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi, 2012)
bienestar subjetivo. Dentro de uno de los componentes que abarca el bienestar subjetivo se encuentra la felicidad. A lo largo de la presente investigación
se hablará sin distinción alguna acerca de la felicidad y el bienestar subjetivo,
de forma similar a los estudios expuestos por Veenhoven (1994); Iglesias,
Pena y Sánchez (2013); Fuentes y Rojas (2001); y Carrillo, Feijóo, Gutiérrez,
Jara y Schellekens (2017).
Según Salazar y Arenas (2016), una de las constantes en los índices más
citados para la medición de la felicidad, como lo son el Happy Planet Index, el
Índice Mundial de la Felicidad y el World Happiness Report, es que México,
por lo regular, se encuentra entre los países mejor situados, por lo que se
vuelve un interesante caso de estudio. Por ejemplo, en el World Happiness
Report 2019, México ocupó el 23º. lugar de 156. Estos índices generalmente
toman la calidad de vida presente y el ingreso promedio en cada país como
vertientes principales en la definición de las variables determinantes, donde
según sus propias bases de datos, México no suele posicionarse en los primeros lugares de estos índices. Sin embargo, asumir que una mejor calidad de
vida en un país se traduce directamente en una mayor felicidad en la mayoría de la población es un supuesto que no necesariamente es consistente en
todos los países. Un mayor ingreso promedio no necesariamente implica un
mayor nivel de bienestar en las personas (Helliwell, Layard y Sachs, 2012).
El ejemplo que utiliza Richard Easterlin (1974), economista estadounidense
quien propuso la Paradoja de Easterlin, es el caso de Estados Unidos, el cual,
a pesar de haber incrementado su producto interno bruto (pib) per cápita a
partir de 1960, ha mantenido sin cambios significativos sus niveles de felicidad reportados.
Es posible que la felicidad sea un fenómeno que se presenta de distintas
maneras en cada país, por lo cual valdría la pena investigarlo a un nivel más
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personal. Salazar y Arenas (2016) mencionan los distintos caminos que ha
seguido el estudio de los determinantes de la felicidad, donde uno trata al ser
humano sin distinguir entre rasgos particulares, mientras que el otro busca
medir el efecto que dichos rasgos personales y/o grupales tienen en la felicidad de las personas. Fuentes y Rojas (2001) optaron por no asumir igualdad
entre los individuos para investigar la relación entre su bienestar subjetivo
y el económico, y terminan por sugerir que se complemente la perspectiva
económica de la felicidad con la psicología para entender mejor su naturaleza y formular mejores políticas públicas. El presente estudio tomará dicho
camino, vinculando factores económicos con características psicológicas y
sociodemográficas para analizar su impacto en la felicidad de los ciudadanos
mexicanos.
De acuerdo a los resultados de Weintraub, Weisman y Tawfik (2015),
los individuos pertenecientes a alguna minoría social demostraron tener un
mayor locus externo, esto es, una mayor percepción de dónde se encuentran
respecto al resto de la sociedad, y tienden a ser más infelices en comparación al resto de la población. Esta investigación tiene como objetivo principal
comprobar la teoría económica sobre la utilidad del individuo que depende
indirectamente de su ingreso, así como encontrar la influencia que distintos
factores económicos, psicológicos y sociodemográficos tienen en el bienestar
subjetivo de los individuos. Se parte de la hipótesis de que el ingreso no es
el único determinante de la felicidad, sino que el factor psicológico juega un
papel muy importante, y se espera encontrar que los tres tipos de factores
(económico, sociodemográfico y psicológico) sean estadísticamente significativos en la determinación de la felicidad entre los individuos.
La contribución del presente estudio sería hallar determinantes que explican el comportamiento de la felicidad para una persona; se pretende conceptualizar medidas de desarrollo que vayan más allá de los factores económicos en la vida de una persona, englobando también un aspecto psicológico
y características sociodemográficas. Se espera que los resultados obtenidos
puedan dar un mejor entendimiento sobre los determinantes de la felicidad
entre los ciudadanos mexicanos, con lo que se podrían formular políticas públicas más informadas y dirigidas a incrementar el nivel de satisfacción con
la vida.
La investigación se divide en seis secciones. La primera sección discute los objetivos y la contribución del presente estudio. El apartado dos consiste en la presentación del marco teórico que sirve como fundamento de
la investigación. La tercera presenta una revisión de los estudios empíricos
realizados en el tema a través de diferentes enfoques y métodos estadísticos.
Después, en la cuarta sección, se describe la metodología empleada por nuesTRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

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tro análisis, seguida de una descripción de las variables y muestras a utilizar.
Posteriormente, se exponen los resultados obtenidos en la quinta sección, y
por último, se realizan conclusiones de los mismos.
MARCO TEÓRICO
“La felicidad es un objetivo común que la gente lucha por alcanzar, pero para
muchos queda frustrantemente fuera de alcance” (Buss, 2000, p. 15). Layard
(2003) señala que los humanos naturalmente buscamos un objetivo final que
nos permita juzgar otros objetivos por cómo contribuyen a ello; sin embargo, la felicidad es ese objetivo final, porque a diferencia de todos los demás
objetivos, es evidentemente bueno. Asimismo, la Real Academia Española
(2001) define la palabra felicidad como “estado de grata satisfacción espiritual
y física”.
En el plano filosófico existen dos enfoques en el entendimiento de la
felicidad, el eudemonismo y el hedonismo (Anić y Tončić, 2013). El concepto
de felicidad de Aristóteles, a la cual denomina como eudaimonía, es retomado
por Llano (2006) como “una actividad del alma según la virtud perfecta”, y en
su trabajo Ética a Eudemo explica que la felicidad se logra a través de la moral,
aunque se reconoce que el azar juega un papel importante. Desde la perspectiva eudaimónica, la felicidad no trata de las cosas que poseemos, sino del
camino hacia la autorrealización; es una cuestión de cómo vivimos nuestras
vidas, sean cuales sean las circunstancias: “sanas o no saludables, ricas o pobres, educadas o sin educación, deberíamos pensar en nuestras vidas y tratar
de vivirlas bien” (Annas, 2011, p. 129). Platón (s. f.), en cambio, señalaba que
es tarea del Estado fundar un ambiente donde la felicidad no sea patrimonio
de un pequeño número de particulares, sino común para toda la sociedad.
Por otro lado, Epicuro de Samos estableció el hedonismo como la búsqueda
del placer individual, donde alcanzar la felicidad es la ausencia del dolor en el
cuerpo y la presencia de placer en el alma (Román Alcalá y Montero Ariza,
2013). La teoría hedonista dicta que la calidad de vida es la cantidad de buenos
momentos menos los malos momentos (Seligman, 2002).
La definición que el presente estudio propone se inspira principalmente en Cicerón (2016), quien definió la felicidad como “el sumo bien, el cual
no se refiere a ninguna cosa, sino que a él se refieren todas” (17). Tomamos
esta definición filosófica de la felicidad como referencia por lo que supone.
Separando dicha cita en partes, podemos interpretar que, “el cual no se refiere
a ninguna cosa” nos da indicios para descartar la utilización únicamente de
la teoría económica para analizar la felicidad subjetiva, que suele tomar el
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materialismo como vertiente principal. Por otro lado, “sino que a él se refieren
todas” sugiere que para que un humano pueda realmente ser feliz, necesita
estar satisfecho con varios aspectos en su vida. En línea con esta teoría, para
la medición de la felicidad, este concepto se entenderá como la satisfacción de
vida actual. De esta manera se complementa el enfoque económico, que generalmente se toma para el análisis del bienestar subjetivo de los individuos,
con un enfoque psicológico, con el fin de proporcionar una perspectiva más
amplia respecto a la situación de las personas.
Para la psicología, la teoría de la jerarquización de las necesidades propuesta por Maslow (1943) estipula que, antes de poder llegar al punto máximo de la felicidad, o autorrealización, el ser humano debe estar satisfecho
con otros cuatro niveles en su vida, los cuales son: bienestar fisiológico, un
sentido de seguridad generalizado en distintos aspectos de su vida, relaciones
sociales y un reconocimiento propio a su persona. Dichos niveles se encuentran relacionados entre sí, ordenados jerárquicamente. Esto implica que las
necesidades de menor importancia se minimizan, se niegan o hasta se olvidan
si no se han satisfecho las necesidades de mayor preponderancia. De tal forma
que cuando una necesidad se encuentra realmente satisfecha, surge la siguiente necesidad en la pirámide, que a su vez ahora domina la consciencia y sirve
como centro de organización de la conducta, ya que las necesidades gratificadas dejan de ser motivadores activos. Así, el ciclo ya descrito se repetirá con
un nuevo nivel de necesidad como centro, hasta lograr la autorrealización
del ser humano. Alarcón (2006) señala que, una vez satisfechos estos cuatro
niveles de necesidades, depende de cada persona alcanzar la autorrealización,
la cual se refiere a la perfección o búsqueda de la plenitud, el cumplimiento o
satisfacción de alcanzar un fin.
Por otro lado, la caminadora hedónica, también conocida como la teoría
del punto de ajuste, establece que, no importa cuán buena o mala sea la situación que una persona viva en su vida, con el paso del tiempo se ajustará a su
estado de ánimo natural, el cual varía genéticamente de persona a persona.
Esta teoría implica que todo esfuerzo que la sociedad haga por incrementar
el nivel de satisfacción personal de la población será fútil, ya que en el largo
plazo tenderán hacia su punto de neutralidad hedónica, según lo presentan
Diener, Lucas y Scollon (2009). La teoría de la psicología positiva, en cambio,
propuesta con base en evidencia empírica por Seligman y Csíkszentmihályi
(2000), dicta que la felicidad puede presentarse en cualquier individuo, sin
importar la situación que viva. Establece que la felicidad es meramente una
combinación única de fortalezas distintivas, como el optimismo, la esperanza,
el sentido de humanidad, la capacidad de llevar una vida significativa, la persistencia, la templanza, entre otras, que actúan como barreras para aliviar las
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emociones negativas.
En el campo de la economía, Jeremy Bentham fue uno de los pioneros
en el concepto de la utilidad, que establece una relación significativa entre el
ingreso de un individuo y su felicidad, argumentando que un aumento equitativo del ingreso a todas las personas de una sociedad aumentaría el bienestar social de cualquier individuo, según Kelly (1990). A partir de esto, el
estudio microeconómico busca maximizar la utilidad de los individuos, que
representa el beneficio que obtienen a través del consumo de bienes y servicios. Lo anterior conduce a una de las principales teorías en la materia económica: la utilidad marginal decreciente, la cual hace referencia a cuando una
unidad adicional o incrementos en el ingreso proporcionan menor utilidad
en cuanto más se consume. Indirectamente, esta teoría puede ser útil para
entender mejor la paradoja de Easterlin (1974), que establece que el bienestar
personal y el ingreso de los individuos fluctúan de la misma manera en el
corto plazo; sin embargo, en el largo plazo se llegará a un punto donde un
aumento en el ingreso no tendrá efecto alguno en el nivel de felicidad del
individuo. Similarmente, Cooper y Layard (2005) mencionan que, a pesar de
que las sociedades más ricas revelan niveles de bienestar subjetivo mayores,
eventualmente éstos se igualarán a partir de un determinado umbral de riqueza. Para Cooper y Layard (2005), los ingresos adicionales que percibe una
sociedad sirven para posicionar a las personas por encima del umbral real de
pobreza física; sin embargo, sugiere que este aumento del nivel de ingresos
generará incrementos progresivamente menores del bienestar subjetivo, hasta llegar a un estancamiento o incluso a un deterioro del mismo.
Por otro lado, Veenhoven (2006) menciona que el bienestar subjetivo
de una persona puede verse influenciado por cómo se presenta frente al resto
de la sociedad. Similarmente, Ahuvia y Friedman (1998) establecen que existe
una gran variedad de conceptos cualitativos, separados, que están involucrados en el uso diario de la palabra felicidad y que esta última puede hacer referencia a estados de muy corto o largo plazo. De estos conceptos separados,
cualitativos, señalan que la felicidad puede referirse a sentimientos específicos, como tener un matrimonio feliz, democracia bien estructurada en el país
de residencia, derechos bien establecidos, amistades estrechas y el alcance de
objetivos personales. Finalmente, los autores agregan que habrá ocasiones en
las que la felicidad no necesariamente hará referencia a los sentimientos, sino
a los juicios cognitivos sobre qué tan bien se está haciendo la vida. Crespo y
Mesurado (2015) señalan que el enfoque económico, que vuelve la felicidad
el centro de sus análisis, suele ser criticado debido a que tiende a utilizar una
noción incompleta de ésta, basándose principalmente en la utilidad a raíz del
consumo, lo cual tiene poco sustento filosófico y psicológico, volviendo el
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análisis puramente económico.
Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, estudiar el fenómeno de la felicidad únicamente como utilidad, en función del ingreso, sería
quedarse corto en su análisis, pese a ser una variable significativa en su medición. Teniendo en mente esto, se prevé buscar aquellos factores adicionales
al ingreso que puedan influir en la felicidad de una persona y la vinculación
de variables psicológicas que se puede encontrar en dimensiones afectivas y
cognitivas.
REVISIÓN LITERARIA
Para la elaboración de este estudio se hizo una revisión de diversos artículos
e investigaciones que abordan la misma temática de la felicidad, tanto nacional como internacionalmente. Esto con el fin de aportar nuevas perspectivas,
discutiendo la teoría abordada, la metodología empleada y los resultados obtenidos.
El crecimiento del pib ha sido la medición clave para analizar el progreso
económico y social de un país, siendo un crecimiento económico la condición necesaria para obtener progresos sociales efectivos (Montuschi, 2017).
Sin embargo, Simon Kuznets, ganador del Premio Nobel de Economía en
1917, advirtió en su primer informe remitido al Congreso estadounidense,
en 1934, sobre la importancia que se le otorga al pib y su crecimiento: “El
bienestar de una nación apenas puede inferirse de una medida del ingreso
nacional” (ocde, 2007). Uno de los obstáculos en la medición de la felicidad
reside en que los economistas y los tomadores de decisiones se enfocan en estudios de lo observable en esfuerzos de mejorar el bienestar de una sociedad,
lo cual no se puede medir tan fácilmente de una manera cuantitativa (Carrillo
et al., 2017). Carrillo et al. (2017) citan a Oswald (1997), quien destaca que un
incremento en el pib per cápita no garantiza un incremento en la felicidad, y
sugieren, apoyándose en literatura psicológica como la psicología positiva,
que se incluyan en los análisis de esta variable factores como los vínculos
afectivos de los individuos, el altruismo y la libertad de decisión que los individuos tienen en sus vidas.
Johns y Ormerod (2007) probaron la paradoja de Easterlin a través de
la teoría económica de la utilidad marginal decreciente, donde obtuvieron
resultados consistentes en la falta de correlación a lo largo del tiempo entre la
felicidad de los individuos de un país y el pib. A esta misma conclusión llegan
Kahneman y Krueger (2006), cuyo estudio se basa en la teoría de utilidad
recordada. La metodología que ambas investigaciones usan es una encuesta
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�LA FELICIDAD EN MÉXICO Y SUS DETERMINANTES

91

que permite la construcción de un índice que capture el estado emocional de
un individuo. Flavin, Pacek y Radcliff (2014), al examinar cómo las políticas
públicas afectan la satisfacción con la vida, encontraron que la intervención
efectiva del Estado puede tener un papel igual o más relevante que el ingreso para determinar la felicidad de los individuos. A través de una regresión
lineal, hallaron que el tamaño del gobierno, la generosidad del Estado y el
grado de regulación del mercado laboral afectan a la satisfacción de todos los
ciudadanos de un país.
Asimismo, Salazar y Arenas (2016), partiendo de la teoría económica
de la felicidad, retoman a México como caso de estudio para proponer un
modelo de felicidad en función de la salud, el ocio y el gasto, obteniendo que
todas son variables estadísticamente significativas. Los autores encontraron
que para la población mexicana, el ocio es del tipo activo, y su aumento lleva
a una mejora en la salud y felicidad. También se identificó a la salud como la
variable de mayor impacto, dado que un aumento del 10% en la percepción
de salud llevaría a un aumento del 2.8% en la felicidad del mexicano, mientras
que un aumento del 10% en ocio y en el ingreso llevaría a un aumento en la
felicidad de 1.1 y 0.1% respectivamente.
A pesar de que, en el largo plazo, el pib per cápita pierde relevancia como
factor determinante de la felicidad percibida de los individuos, este efecto
varía entre un individuo viviendo en un país de altos ingresos contra uno
viviendo en un país de bajos ingresos. Altindag y Xu (2016) comprueban lo
anterior con un modelo probabilístico ordenado, y lo asocian a la paradoja de
Easterlin —la felicidad varía directamente con el ingreso entre las naciones,
pero con el tiempo la felicidad no tiende a aumentar a medida que el ingreso
continúa creciendo—. De igual manera, esta paradoja tiene bases asociativas
con la teoría de Maslow anteriormente expuesta. Ambas ayudan a explicar la
importancia que se le otorga a las instituciones y su calidad entre los países.
En países de alto ingreso, donde el pib per cápita ya no es un factor determinante, ni fuertemente influyente en la felicidad de la población, las personas
derivan su satisfacción de factores institucionales tales como el alcance a la democracia, derechos civiles y la carencia de corrupción. En cambio, en países con
ingresos bajos, donde aún se deriva felicidad de incrementos en el pib per cápita,
la calidad de las instituciones no influye en el bienestar (Altindag y Xu, 2016).
En un estudio realizado por Pinzón de Gutiérrez (2017), apoyándose
de un modelo de regresión logístico múltiple, y tomando como base la percepción subjetiva de la pobreza, la cual definen como el grado de insatisfacción económica en el que un individuo se encuentra, se descubrió que,
aun cuando los ciudadanos colombianos se encuentran en situaciones de
pobreza, muestran estar satisfechos con los aspectos de su vida “asociados a
TRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

�92

ARIZPE | BRITO | SAAVEDRA | BALDERAS | CANTÚ

la capacidad de desenvolverse en sociedad”. En otras palabras, a falta de capital económico, estas personas se encuentran más satisfechas con el capital
social que poseen. Para entender este fenómeno social, se pueden referir
estudios psicológicos sobre la asociación del estrés económico y el apoyo
social. Se encontró que el apoyo social es un aspecto sumamente relevante
en moderar los efectos que se pueden generar en la salud mental a raíz del
estrés económico (Riquelme, Buendía y Rodríguez, 1993). Esto se debe a
que le otorgan importancia a sus redes sociales más fuertes, por encima
de los bienes y servicios, tomando en cuenta las transferencias simbólicas
representadas por los valores de su comunidad, apoyo moral y emocional
(Abello, Madariaga y Hoyos, 1997).
Por otro lado, partiendo del Happy Planet Index y a través de una regresión lineal, Evans y Soliman (2017) encontraron una fuerte relación entre
la felicidad y una mayor expectativa de vida. Graham, Laffan y Pinto (2018)
exponen la independencia condicional que la expectativa de vida tiene del
ingreso, poniendo como ejemplo a Estados Unidos, que siendo uno de los
países más ricos del planeta, experimenta una expectativa de vida de su población a la baja, principalmente debido a una alta tasa de suicidios y sobredosis
de drogas.
De acuerdo a los hallazgos empíricos a través de distintas regresiones,
Bennett y Nikolaev (2017) obtuvieron resultados preliminares donde un
mundo más rico y libre tiene un efecto importante para la felicidad percibida de las personas; sin embargo, recomiendan adentrarse más en el tema
y desarrollar más los resultados. De forma similar, Graafland y Lous (2017),
realizando un estudio de datos panel sobre los países miembros de la ocde en
un periodo de tiempo de 1990 a 2014, encontraron que una mayor libertad
económica en los países tiene un impacto positivo en el bienestar de los ciudadanos, pero recomiendan expandir sobre estos hallazgos a un periodo más
largo de tiempo.
Partiendo de la economía de la felicidad, así como de la gran cantidad de
definiciones desde diferentes campos que se otorgan a la felicidad, Aparicio
(2019) utilizó la Encuesta Nacional de Satisfacción con la Vida y la Sociedad
para identificar los diferentes conceptos de felicidad presentes entre los ciudadanos mexicanos, así como sus condiciones sociodemográficas, y encontrar
la influencia que esto pueda tener en su bienestar reportado. Se dividieron los
encuestados entre los conceptos que consideraran más importantes para su
felicidad, tales como placer y dinero, o esfuerzo y sacrificio. Esta clasificación
de la población según sus definiciones únicas ayuda a determinar qué tipo
de felicidad puede predominar en un país y de tal manera poder deducir qué
factores económicos podrían estar influyendo en la percepción de felicidad
TRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

�LA FELICIDAD EN MÉXICO Y SUS DETERMINANTES

93

en un país selecto. A partir de este experimento, Aparicio obtuvo que la mayor parte de las variables sociodemográficas que incluyó resultaron significativas, pero terminaron por dividirse en dos formas funcionales distintas,
dependiendo del significado que los encuestados le daban a la felicidad. Esto
es evidencia suficiente para incluir variables sociodemográficas en nuestro
modelo de felicidad, con la diferencia que no se incluirá una distinción en
la definición que los individuos le dan a este concepto, para poder utilizar
la base de datos del inegi, que, al tener un mayor alcance, esperamos sea más
representativa de la realidad que se vive en el país.
Iglesias et al. (2013) examinan los determinantes de la felicidad para la
sociedad española, a través de la estimación de una función de utilidad, aplicando un modelo logístico tanto en cortes temporales como en datos panel,
donde se incorporan determinantes de diversas características, como sociales, individuales, económicos, políticos, entre otros. Los resultados de dicho
análisis muestran cómo los factores explicativos de la satisfacción subjetiva
revelada superan a la causalidad derivada de un incremento en los ingresos
de la población. Lo anterior permite concluir que en España el ingreso representa un papel secundario y subjetivo en el nivel de bienestar, mientras
que se destaca la relevancia de variables como el estado marital, el estado de
salud, la importancia del trabajo, de la religión y del tiempo libre. En un estudio similar, pero esta vez en Argentina, Ciocchini, Brenlla, Elena y Molteni
(2010) analizaron los determinantes de la autopercepción de la felicidad a
través de un análisis estadístico descriptivo y un modelo logístico ordenado para el periodo de 2005 a 2007, utilizando como base la Encuesta de la
Deuda Social Argentina (edsa). Los autores partieron de la economía de la
felicidad para complementar esta teoría con algunas variables sociodemográficas y subjetivas de los encuestados. Asimismo, los autores predicen que los
individuos encuestados evaluarán su nivel de bienestar subjetivo en relación
a circunstancias y comparaciones con otras personas, experiencias pasadas y
expectativas sobre su futuro. Los hallazgos muestran que el ingreso, el estado
de salud percibido, el empleo y su calidad, el estado civil, la cantidad de hijos
en el hogar, la menor discriminación percibida, estar en comunión con Dios
y el tiempo libre son aquellos determinantes que más afectan a la autopercepción de felicidad de manera positiva en la sociedad argentina. Por último,
los autores consideran que la constante investigación sobre la felicidad contribuirá eventualmente a una comprensión más profunda sobre la formación
del bienestar subjetivo.
Similarmente, Fuentes y Rojas (2001) realizan un análisis empírico a
partir de los resultados obtenidos de una encuesta aplicada en dos distintas
ciudades de México: Monterrey y Puebla. Dicha investigación tiene como
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�94

ARIZPE | BRITO | SAAVEDRA | BALDERAS | CANTÚ

objetivo explicar el impacto de variables demográficas, sociales y económicas
en el bienestar subjetivo de los ciudadanos mexicanos. Para esto, los autores
prueban varias hipótesis con el fin de identificar la relación entre el ingreso familiar y el bienestar individual, lo cual les permite encontrar, mediante
múltiples regresiones, que el ingreso mantiene una débil relación tanto con
el bienestar como con la probabilidad de felicidad del mexicano. Sin embargo,
los encuestados tienden a enfatizar el impacto que los ingresos adicionales
tendrían en su bienestar subjetivo. Lo anterior permitiría explicar la importancia que las personas otorgan a un aumento del nivel de sus ingresos e
incluso el sentido relativo de insatisfacción una vez que se alcanza un nivel de
ingresos mayor. Los resultados obtenidos indican que el bienestar subjetivo
mantiene una relación positiva con el sentido de satisfacción de la necesidad
básica, pero no con el ingreso. Los autores sugieren como futura línea de
investigación complementar el estudio económico de la felicidad con un enfoque psicológico.
A partir de la revisión literaria presentada, obtenemos que la teoría económica de la felicidad se basa principalmente en la teoría de la utilidad, e
indirectamente en el estudio de la incidencia del ingreso como principal y a
veces único determinante de la felicidad. La psicología, por otro lado, aunque
presenta más opciones teóricas, desarrolla la mayoría de los estudios a través
de un periodo de tiempo, y nuestro estudio se enfoca en un año específicamente. Hay una consistencia en trabajos que concluyen que el ingreso resulta
relevante hasta cierto nivel en el análisis de la felicidad, sin embargo, un incremento del mismo no necesariamente implica un incremento sustancial en
el nivel de felicidad.
METODOLOGÍA Y DATOS
El objetivo de esta investigación se divide en dos partes. La primera consiste
en probar la teoría económica respecto a la relación utilidad e ingreso, y la
segunda se enfoca en complementar el estudio con la psicología al incorporar
variables de este aspecto junto con variables sociodemográficas que permiten
identificar cuáles inciden en la felicidad. El enfoque metodológico es la estimación de una regresión lineal por Mínimos Cuadrados Ordinarios (mco).
Este método es elegido porque permite conocer en más detalle la relación
funcional entre la variable explicada y la explicativa, pero, sobre todo, por ser
mucho más intuitivo y sencillo matemáticamente (Gujarati y Porter, 2010);
esta misma técnica fue utilizada por Salazar y Arenas (2016), Fuentes y Rojas
(2001), Evans y Soliman (2017) y Flavin et al. (2014).
TRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

�LA FELICIDAD EN MÉXICO Y SUS DETERMINANTES

95

El inegi comenzó en el primer trimestre de 2012 una medición del bienestar subjetivo, el cual dimensiona este concepto en tres partes: la satisfacción
con la vida, la felicidad y el balance afectivo, esto con el objetivo de obtener
un entendimiento más amplio, al ser información autorreportada, de cómo
las personas experimentan su propia calidad de vida. Así, para el presente
estudio se toman como base los datos recopilados por el inegi en la Encuesta
Nacional de Gastos de los Hogares (Engasto) en el módulo de Bienestar Autorreportado (Biare) y el Módulo de Condiciones Socioeconómicas, de 2014,
siendo los últimos datos disponibles para la investigación. Partiendo de la
sugerencia de Fuentes y Rojas (2001), el sustento teórico de la investigación
se aborda desde el campo de la psicología y de la economía, complementadas
con las variables sociodemográficas; consideramos apropiada la base de datos
disponible porque abarca las tres dimensiones mencionadas. La base de datos
más reciente es de enero de 2020, pero, aunque sí se brinda atención a variables psicológicas, se optó por no utilizar esta base de datos porque no incluye
variables sociodemográficas ni socioeconómicas.
Asimismo, trabajos como Easterlin (1974) se han realizado a través de
cuestionarios, como se hace en este caso. A partir de los datos que el cuestionario brinda y tras eliminar valores aislados, se obtuvo una muestra de
28,787 hombres y mujeres de entre 18 y 80 años de edad. A continuación, se
presentan las 3 dimensiones que componen el modelo, junto a sus respectivas
variables, así como la definición de la variable tomada para representar el
nivel de felicidad de los encuestados.
Variables sociodemográficas: sexo, edad, estrato socioeconómico, nivel
máximo de estudios, estado conyugal.
		 Variables económicas: ingreso trimestral, necesidades materiales cubiertas.
		 Variables psicológicas: satisfacción con nivel de vida, con vida hace
5 años, con vida social, con vida familiar, con su salud, con logros en su
vida, con perspectiva a futuro, con tiempo dedicado al ocio, con seguridad ciudadana, con su país y con libertad de decisión en su vida.
		 Felicidad: la variable objeto de estudio es la satisfacción de vida actual, tomada de la pregunta ¿qué tan satisfecho se encuentra actualmente en su vida?, y es de escala, siendo 0 nada satisfecho y 10 totalmente
satisfecho.
Adicionalmente, en la tabla 1 se puede encontrar la descripción de cada
una de las variables obtenidas por el cuestionario, así como el rango de valores que cada una de éstas comprende.
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�96

ARIZPE | BRITO | SAAVEDRA | BALDERAS | CANTÚ

TABLA 1
Descripción de las variables
Variable

Abrev.

Definición

Forma de medición

Rango

Edad

edad

Edad
de la persona

Edad de la persona

(0,…,97)

Estado conyugal

edo_conyug

Situación
conyugal

Estado conyugal del
integrante del hogar de
12 o más años

(1,…,6)

Estrato socioeconómico

est_socio

Estrato socioeconómico

Estrato socioeconómico
del integrante

(1,…,4)

Ingreso

Logingreso

Ingreso

Ingreso del integrante
del hogar

(00,…,inf)

Libertad

frases_3

Libertad
de decidir
en la vida

El integrante del hogar
es una persona libre de
decidir en la vida

(00,…,10)

Nivel aprobatorio

nivelaprob

Nivel de instrucción aprobado

Año máximo aprobado en la escuela por el
integrante del hogar de
3 o más años dentro del
sistema educativo

(0,…,9)

Satisfacción

Satis_1

Satisfacción
de vida social

Qué tan satisfecho se encuentra el integrante del
hogar con su vida social

(00,…,10)

Satisfacción

Satis_2

Satisfacción
de vida familiar

Qué tan satisfecho se encuentra el integrante del
hogar con su vida social

(00,…,10)

Satisfacción

Satis_4

Satisfacción
nivel de vida

Qué tan satisfecho se encuentra el integrante del
hogar con su vida social

(00,…,10)

Satisfacción

Satis_5

Satisfacción
con su salud

Qué tan satisfecho se encuentra el integrante del
hogar con su vida social

(00,…,10)

Satisfacción

Satis_7

Satisfacción
de perspectiva
de futuro

Qué tan satisfecho se encuentra el integrante del
hogar con su vida social

(00,…,10)

Satisfacción

Satis_8

Satisfacción
del tiempo
dedicado a hacer
lo que le gusta

Qué tan satisfecho se encuentra el integrante del
hogar con su vida social

(00,…,10)

Satisfacción

Satis_9

Satisfacción
de actividad
realizada

Qué tan satisfecho se encuentra el integrante del
hogar con su vida social

(00,…,10)

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 2 se presenta un panorama de las principales características
sociodemográficas y su distribución porcentual en la población con base en
TRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

�97

LA FELICIDAD EN MÉXICO Y SUS DETERMINANTES

su nivel de satisfacción con la vida, de acuerdo a la base de datos utilizada. A
través de este recuadro se percibe una mayor felicidad en los individuos que
tienen pareja al momento de ser encuestados; también es importante notar
que existe una brecha en la distribución del nivel de felicidad dependiendo
del género del encuestado, siendo las mujeres más felices que los hombres, y
que se va volviendo más igualitario conforme aumenta el nivel de felicidad.
Por otro lado, cada nivel de felicidad presenta una distribución similar entre
los distintos estratos económicos empleados en la base de datos; se puede
esperar que la condición económica no sea una variable que posea un gran
efecto sobre la variable dependiente, consistente con el trabajo de Altindag y
Xu (2016).
TABLA 2
Distribución de las características sociodemográficas
de la persona encuestada con base en su nivel de felicidad
Felicidad

0

1

2

Hombres
Mujeres

3

4

35%

46%

39%

34%

40%

65%

54%

61%

66%

60%

Con pareja

44%

63%

52%

54%

51%

Sin pareja

56%

37%

48%

46%

14%

12%

20%

17%

5

6

7

8

9

10

40%

46%

52%

50%

50%

52%

60%

54%

48%

50%

50%

48%

57%

56%

54%

61%

63%

67%

49%

43%

44%

46%

39%

37%

33%

16%

15%

14%

16%

15%

14%

14%

Estrato
socioeconómico
Bajo
Medio bajo

47%

44%

46%

45%

44%

48%

46%

45%

43%

43%

40%

Medio alto

17%

17%

13%

15%

15%

16%

16%

16%

17%

17%

18%

5%

9%

3%

5%

6%

4%

6%

5%

6%

7%

8%

17%

18%

18%

18%

19%

17%

18%

18%

19%

19%

20%

Alto
No especificó

Ingreso promedio
trimestral ($MX) 10,816

8,551 12,302 12,709 16,053 17,725

Total de personas
262
108
226
Elaboración propia con datos del inegi (2014).

354

430

2,148

12,709 13,791 16,053 17,379 17,725
1,446

3,071 8,436

6,950 5,356

Por otro lado, similar al trabajo de Salazar y Arenas (2016), en la gráfica
1 se observa que la sociedad mexicana presenta una relación positiva entre el
ingreso y la felicidad; sin embargo, aunque la felicidad autorreportada crece
TRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

�98

ARIZPE | BRITO | SAAVEDRA | BALDERAS | CANTÚ

rápidamente conforme incrementa el nivel de ingreso, se alcanza cierto nivel
en donde permanece igual.
GRÁFICA 1
Relación ingreso-felicidad a nivel individual en México
Gráfica l.
México: relación ingreso-felicidad a nivel individual
1

10

-

·--··-··
....

1

-...·1

•

•
• •

·- ... . .

• •

•
•
• •• •
• ••• ••

•

•

r
$200,000

$300,000

$400,000

$500.000

Ingreso lrimcslral
precios corriente 2014
Fuente: Elaboración propia.

Partiendo de la teoría microeconómica, el primer modelo a estimar trata el nivel de satisfacción con la vida reportado en el cuestionario con respecto al ingreso trimestral de la persona encuestada. La forma funcional utilizada en el presente trabajo parte del modelo propuesto por Salazar y Arenas
(2016), en donde explican que la utilidad depende indirectamente del ingreso,
ya que un incremento en él significa un mayor consumo y mayores bienes
son satisfechos; se formula en la ecuación (1) de la siguiente manera:
Fi=ln(Ii) + n				(1)
Donde, para todo individuo i, la felicidad reportada depende directamente del ingreso.
Para el modelo 2, se introdujeron las variables propuestas por la teoría
psicológica, con el fin de incluir la parte cualitativa sobre el objeto de estudio.
TRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

�99

LA FELICIDAD EN MÉXICO Y SUS DETERMINANTES

Dichas variables van desde la autorrealización presentada por Maslow, como
satisfacción de logros, salud, perspectiva de futuro y libertad de decisión, hasta la inclusión de un análisis cognitivo del individuo, es decir, cómo valora su
vida en diferentes aspectos sociales, vida afectiva, vida familiar y vida social.
Se sustenta la utilización de estas variables en la teoría psicológica para analizar y cuantificar si éstas tienen incidencia sobre la felicidad autorreportada
de un individuo en México.
Podemos observar en la tabla 3 que a medida que aumenta el promedio
en la mayoría de las variables psicológicas que se incluirán en el segundo modelo de felicidad autorreportada, se puede notar un mayor nivel de felicidad.
TABLA 3
Promedio de satisfacción autorreportada por la persona encuestada
con base en su nivel de felicidad
Felicidad

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

vida hace 5 años

5.6

5.4

5.3

5.5

6.3

6.4

6.8

7.4

7.8

8.2

9.0

vida social

5.8

5.4

5.6

5.8

6.1

6.8

7.0

7.5

8.1

8.6

9.2

vida familiar

6.9

6.9

6.9

7.0

7.0

8.0

8.2

8.5

8.9

9.3

9.7

vida afectiva

5.7

5.7

6.1

6.1

6.2

7.1

7.4

7.8

8.4

8.9

9.5

salud

5.2

5.8

5.3

5.6

6.0

6.8

7.2

7.6

8.1

8.6

9.1

logros

5.6

5.6

5.9

6.0

6.1

6.7

7.0

7.4

8.0

8.6

9.2

futuro

5.2

5.5

5.5

6.1

6.5

6.9

7.3

7.5

8.0

8.5

9.1

ocio

5.5

5.8

5.5

5.7

5.9

6.5

6.8

7.1

7.6

8.1

8.7

seguridad ciudadana

4.1

4.4

3.8

4.3

4.3

5.0

5.4

5.7

6.1

6.5

6.9

país

5.7

6.2

5.2

5.9

6.2

6.2

6.6

6.7

6.9

7.1

7.6

libertad de decisión

8.4

7.5

7.6

7.8

7.8

8.5

8.4

8.8

9.0

9.3

9.7

Total de personas
262 108 226
354 430
Fuente: Elaboración propia con datos del inegi (2014).

2,148

1,446

3,071

8,436

6,950

5,356

Satisfacción con…

Para el segundo modelo, también se realizó un análisis de regresión
lineal que se estimó por el método de mco, presentado en la ecuación (2).
Para las variables que son parte de este modelo no se presentaron valores de
autocorrelación mayores a 0.44, con un promedio de correlación de 0.15. La
única excepción que se presentó a lo anteriormente mencionado fue entre las
variables de satisfacción hace 5 años y el grado de nivel de satisfacción con la
vida, con un valor de 0.54.
TRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

�100

ARIZPE | BRITO | SAAVEDRA | BALDERAS | CANTÚ

Felicidadi=β0+β1edad1+β2satis_42+β3encsat_23+β4satis_54+β5 satis_75+β6
frases_36+β7est_socio7+β8satis_98+β9satis_89+β10satis_210+β11satis_111+β12nivelaprob12+β13 edoconyugal13+β14 logingreso14		
(2)
RESULTADOS
En el cuadro 1 podemos observar los resultados obtenidos del modelo 1. De
acuerdo a la teoría microeconómica, se espera que, a mayor ingreso, mayor
sea el nivel de felicidad reportada.
CUADRO 1
Resultados de la estimación modelo 1. Ingreso y felicidad
Var dependiente: felicidad

Coeficientes

Error estándar

Estadístico t

Valor P

Ingreso

0.00004

0.00

11.31

0.00

1.87

0.01

149.93

0.000

0.02

0.00

15.70

0.000

c

R2 aj
DW

1

0.004

1

1.94

c
Log*(Ingreso)
R2 aj

1

8.05

0.01

625.38

0.00

0.007

DW
1.94
1
Nota: Al calcular logaritmos se pierden las respuestas = 0.
Fuente: Elaboración propia con datos del inegi (2014).

La regresión simple nos permite representar con una forma funcional la
relación directa entre la felicidad y el ingreso; como se explicó anteriormente,
la relación entre dichas variables es lineal. Con esto, se puede observar en el
signo del coeficiente que efectivamente existe una relación positiva entre el
ingreso y la felicidad; es decir, a medida que el ingreso aumenta, la felicidad
del individuo mexicano incrementa. El resultado del cambio de la variable
dependiente es dado por el coeficiente, donde el modelo nos indica que un
aumento de $1 mxn en el ingreso del individuo está relacionado con un aumento de 0.0004 en su nivel de felicidad autorreportado. Por el tipo de datos utilizados, es de esperar que los datos tengan variaciones y posiblemente
problemas de heterocedasticidad, razón por la cual el modelo fue ajustado
utilizando errores estándar robustos. No obstante, la R² (0.004) indica que
la variable ingreso tiene muy poco poder explicativo sobre la variación de la
felicidad autorreportada; por ende, se infiere que la relación ingreso-felicidad
es casi nula. Esto se probó anteriormente en el trabajo de Fuentes y Rojas
TRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

�LA FELICIDAD EN MÉXICO Y SUS DETERMINANTES

101

(2001), donde el poder explicativo del ingreso está por debajo del 5%.
Es importante observar que sucede de forma similar cuando al modelo
se aplican logaritmos. En este caso, el coeficiente de la variable ingreso es
interpretado como una elasticidad; por lo tanto, un incremento de 1% del
ingreso aumenta en promedio 0.02% el nivel de felicidad del individuo. La
relación ingreso-felicidad, aunque sigue siendo positiva, contribuye muy
poco a la determinación del nivel de felicidad de una persona. El ingreso es
estadísticamente significativo, de acuerdo a su valor p, y se rechaza la prueba
estadística de que el coeficiente es diferente de cero. Estos resultados son consistentes con Fuentes y Rojas (2001).
En el modelo 1, de acuerdo a las pruebas estadísticas realizadas, la R²
se encuentra muy alejada de 1 (valor ideal para la aceptación del modelo), y
por lo tanto no es suficiente evidencia para explicar la variación total de la
variable dependiente. Esto quiere decir que otros factores están impactando
en el nivel reportado de felicidad, por lo cual se procede a realizar el segundo
modelo, que toma en cuenta las variables sociodemográficas y las de satisfacción seleccionadas a partir de la pirámide de Maslow y de trabajos anteriores,
como se mencionó en la sección de metodología.
Los resultados del modelo lineal muestran que todas las variables independientes, salvo el estrato socioeconómico en el que se encuentra el individuo, cuentan con el signo esperado y mantienen una relación significativa con su nivel de felicidad autorreportada. El valor de la R² del modelo
2 es de 0.46, es decir, el 46% de la varianza de la felicidad para las personas
en México está explicado por las variables psicológicas, sociodemográficas y
económicas, lo que nos motiva a elegir este modelo por encima del modelo
1. Cabe mencionar que el análisis de esta regresión no permite afirmar que
las relaciones detectadas sean del tipo causal, solamente proyecta un posible
grado de relación entre las variables. Además de la diferencia entre los coeficientes del último modelo, los resultados del primer modelo no explican los
altos niveles de felicidad en México. Se realizaron pruebas de especificación
al modelo, resultando en que éste tiene una correcta especificación y no está
sesgado ni es inconsistente. De igual manera, se probó por colinealidad entre
las variables explicativas del modelo y dio como resultado satisfactorio una
falta de colinealidad. Se realizó una prueba de Factor de Inflación de Varianza, cuyo resultado mostró un coeficiente del promedio de vif de 1.36, y se
determinó que no había multicolinealidad severa en el modelo. El modelo
se corrige sobre el problema de heterocedasticidad identificado, utilizando
errores estándar robustos.

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CUADRO 2
Resultados de la estimación modelo 2. Sociodemográficas y psicológicas
Var dependiente: felicidad

Coeficientes

Error
estándar

Estadístico t

VIF

Edad

edad

0.0022***

0.0008

2.65

1.17

Ingreso

logingreso

0.1665***

0.0262

6.33

1.47

Nivel de vida

satis_4

0.2399***

0.0005

45.49

1.60

Satisfacción hace 5 años

encsat_2

0.1517***

0.0040

31.30

1.15

Salud

satis_5

0.1276***

0.0036

20.11

1.36

Perspectiva futuro

satis_7

0.1123***

0.0069

16.05

1.50

Libertad decisión

frases_3

0.0484***

0.0075

6.39

1.20

Estrato socioeconómico

est_socio

0.0304

0.0139

2.18

1.33

Seguridad ciudadana

satis_9

0.0217***

0.0030

5.41

1.20

Ocio

satis_8

0.0341***

0.0055

6.12

1.44

Vida familiar

satis_2

0.1383***

0.0075

18.33

1.33

Vida social

satis_1

0.1133***

0.0060

18.88

1.39

Nivel último aprobado

nivelaprob

0.0472***

0.0060

7.78

1.58

Estado conyugal

edo_conyug

-0.0260***

0.0067

-3.87

1.06

-0.382

0.0939

-4.07

_cons
* = 90%, ** = 95%, *** = 99%
R2 aj
0.46
DW
1.92
Fuente: Elaboración propia.

El efecto de las variables predictivas por sí solas en la variable dependiente es bajo, donde las variables que más afectan de manera relativa son las
del grado de educación y la satisfacción percibida con su nivel de vida, percibida hace 5 años, salud, perspectiva hacia su futuro y vida social. Como ya se
mencionó, prácticamente todas las variables son significativas, con un 99% de
confianza y contribuyen a un buen estadístico R². Al realizar las pruebas estadísticas a los residuales, la ecuación no mostró problemas de autocorrelación,
descartado ante el nivel estadístico Durbin Watson muy cercano al valor de
2, del cual Johnston y DiNardo (1997) sugieren que un valor dw menor a 1.5
muestra problemas de autocorrelación.
La interpretación de los coeficientes y el comportamiento de la relación entre cada una de las variables explicativas y la dependiente se realiza
de manera individual y se asume que todo lo demás se mantiene constante.
De las siete variables que tienen mayor peso en la descripción del modelo,
seis de ellas son de corte cualitativo, indicando que gran parte del concepto
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llamado felicidad es subjetivo y depende de la percepción de cada individuo.
Así, la satisfacción percibida con su nivel de vida está relacionada con un aumento en el nivel de felicidad en 0.234; la satisfacción que fue percibida hace
5 años se relaciona con un incremento la felicidad en 0.152; y la satisfacción
con su vida familiar y vida social se relaciona con un aumento del nivel de
felicidad en 0.138 y 0.110, respectivamente. Más allá, retomando la relación
ingreso-felicidad vista en el modelo 1, la variable de ingreso mostró ser significativa con un valor de coeficiente de 0.16, es decir que un aumento de $1
mxn en el ingreso del individuo ocasiona un aumento de 0.16 en su nivel de
felicidad autorreportado.
El modelo econométrico propuesto explica el 46% del nivel de felicidad
de los individuos en México. Queda para futuras extensiones de la economía
de la felicidad ampliar el modelo para incluir más variables independientes
que tengan un papel explicativo en la felicidad de las personas, con la recomendación de no sólo abarcar variables económicas, sino también incluir
aspectos psicológicos y sociodemográficos, como fue expuesto en el marco
teórico del presente estudio.
CONCLUSIONES
El presente trabajo analizó los determinantes de la felicidad —entendida como
la satisfacción de vida actual— para el caso de México mediante un modelo
de análisis de regresión simple y múltiple, con el cual pudimos identificar las
variables, tanto cualitativas como cuantitativas, que tienen un mayor impacto
dentro de la perspectiva individual de este concepto.
Se realizaron dos modelos, uno para determinar la relación ingreso-felicidad y su comportamiento, y el segundo para determinar qué características
sociodemográficas y psicológicas inciden en la variable dependiente. Como se
esperaba, el ingreso se mostró como una variable significativa en la medición
de la felicidad; sin embargo, influye en pequeña magnitud. Esto es consistente
con la teoría económica de la felicidad, que dice que ésta depende indirectamente del ingreso. Enseguida, en el segundo modelo se pudo observar que
otras variables diferentes al ingreso tienen mayor incidencia en el nivel de
felicidad de las personas. Las características socioeconómicas, por otro lado,
tuvieron un impacto menor de lo esperado, y las dimensiones cognitiva y
afectiva resultaron ser más relevantes para el estudio; como señala Veenhoven (1994), la percepción de felicidad es flexible. Si bien los cambios salariales
pueden ser percibidos como un incremento del nivel de satisfacción, éste se
presenta sólo en el corto plazo y relacionado con la posición económica perTRAYECTORIAS | AÑO 23 | NÚM. 52 | ENE-JUN 2021

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cibida y comparada con otros individuos. A partir de esta idea, podemos reflexionar sobre la importancia y el peso que las variables cualitativas, psicológicas y las percepciones individuales tienen en la construcción y elaboración
de un modelo que pretende determinar la felicidad de un país.
Retomando uno de los principales objetivos de esta investigación y
con la motivación de entender por qué México se posiciona en los primeros
lugares de los rankings de la felicidad, encontramos que la satisfacción con
su entorno de vida, como es la vida social, el nivel de vida y la salud, son determinantes importantes para la felicidad del individuo mexicano promedio.
La contribución del estudio es que se pudo dar un mayor entendimiento
al fenómeno de la felicidad, complementando la teoría económica con aspectos psicológicos y sociodemográficos que brindan una perspectiva más amplia de la realidad que cada persona vive, y el efecto que esto tiene en su nivel
de felicidad. Una limitante de la investigación sería la fecha de realización de
la encuesta. Apegándose a lo que buscábamos comprobar, no nos fue posible
usar una encuesta más actualizada que la de 2014. Así, esta investigación deja
como línea de investigación latente ajustar el estudio y las variables a una
fecha más reciente, que permita una medición y predicción de los niveles de
felicidad más acotadas a la sociedad actual. De igual forma, se recomienda
repetir el análisis presentado a medida que se incremente la cantidad de encuestas disponibles.
La medición de la felicidad continúa siendo un tema de creciente interés
por sus grandes aportaciones y los nuevos descubrimientos que surgen con
cada investigación. El presente estudio tuvo hallazgos interesantes: la utilización e importancia de una encuesta actualizada, el reconocimiento de los
factores cualitativos incluidos en una investigación de carácter cuantitativo
y la importancia de las variables psicológicas en la determinación del nivel
de felicidad y satisfacción del ciudadano encuestado. Estos hallazgos pueden
ser utilizados para entender el fenómeno social que es la felicidad; para cuestionar y modificar la manera en que el bienestar se ha evaluado hasta ahora,
poniendo así el ingreso en un papel secundario; y también para que las autoridades y responsables en la formulación de políticas públicas tomen en cuenta que la felicidad apenas puede ser inferida por el ingreso salarial individual.
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        <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                <text>Trayectorias es una publicación editada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene como fin desarrollar un espacio para la reflexión y el debate en torno a las preocupaciones contemporáneas en el campo cada vez más amplio y trascendente de los estudios de la realidad social. Su fecha de inicio fue en 1999, comenzó con una periodicidad tetramestral y en 2008 cambió a semestral. Revista arbitrada que se mantiene activa a la fecha y de emisión bilingüe es en físico y digital. Su ISSN es: 2007-1205.</text>
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            <text>Trayectorias, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León</text>
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              <text>Trayectorias, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 2021, Año 23, No 52, Enero-Junio</text>
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              <text>Trayectorias es una publicación editada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene como fin desarrollar un espacio para la reflexión y el debate en torno a las preocupaciones contemporáneas en el campo cada vez más amplio y trascendente de los estudios de la realidad social. Su fecha de inicio fue en 1999, comenzó con una periodicidad tetramestral y en 2008 cambió a semestral. Revista arbitrada que se mantiene activa a la fecha y de emisión bilingüe es en físico y digital. Su ISSN es: 2007-1205.</text>
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              <text>Infante, José María, Editor Responsable</text>
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              <text>El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores</text>
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