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                  <text>�REVISTA POLÍTICA, GLOBALIDAD Y CIUDADANÍA
REVISTA CIENTÍFICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
RELACIONES INTERNACIONALES
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REVISTA POLITICA, GLOBALIDAD Y CIUDADANIA
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Atribución- NoCommercial Internacional 4.0

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la literatura científica y es signataria de la Declaración DORA San Francisco, Declaration on
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y se encuentra incluida en:

El editor y los autores son responsables de los artículos aquí publicados.
Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos citando la fuente y el autor o los
autores
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020,
Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, pp. 1-263,
ISSN 2395-8448

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RECTOR
M.E.C. Rogelio G. Garza Rivera

SECRETARIO GENERAL
Dr. Santos Guzmán López

SECRETARIO ACADÉMICO
Dra. Emilia Edith Vasquez Farías

SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y CULTURA
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SECRETERIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO
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DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Dr. Antonio Ramos Revillas

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COMITÉ CIENTÍFICO EDITORIAL
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COMITÉ CONSULTIVO
Dr. Francisco Gorjón Gómez Mtra. Patricia Sepúlveda
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Universidad de San Diego Universidad de Concepción
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EQUIPO EDITORIAL
Director
Dr. Abraham Hernández Paz
Factultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internaciones
Revista Políticas, Globalidad y Ciudadanía
Editores
Dr. Daniel Javier de la Garza Montemayor / Editor Jefe
Dr. Oswaldo Leyva Cordero
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Asistentes Editoriales:
Lic. Cristian Rivas Castillo
Lic. Mónica Talavera

Aministradora Open Journal Sistem
Ing. Gabriela Baltodano García

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Los derechos de copyright a la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía. Se autoriza la
reproducción siempre y cuando se utilice las citas y referencias de cada autor.

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segundo piso, Oficina No. 1
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�Presentación
La Universidad Autónoma de Nuevo León es una institución dedicada a la formación integral
en los campos de las ciencias, las humanidades y la tecnología, la investigación científica y la
promoción del desarrollo cultural e ideológico de la sociedad, formando líderes y dirigentes con
responsabilidad ética, compromiso histórico y con el propósito de fortalecer la identidad regional, nacional y latinoamericana. La revista digital Política, Ciudadanía y Globalidad, revista
científica de esta institución, se articula a todas las instancias de este proyecto.
Política, Ciudadanía y Globalidad circula semestralmente en presentación electrónica, y en
el sistema Open Access, desde enero de 2015. Busca convertirse en un medio insoslayable para
la publicación de artículos científicos, inéditos, y producto de una investigación en español e
inglés, de autores nacionales e internacionales los cuales ceden todos los derechos de publicación al editor, sometiéndose los artículos a una evaluación de árbitros, bajo la modalidad doble
ciego, a fin de liderar un espacio de promoción del desarrollo científico, el aprendizaje y el
desarrollo desde la región Noreste de México.
Más en específico, es un instrumento para la socialización del conocimiento de las comunidades académicas que engloba la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
de la Autónoma de Nuevo León, y es un espacio para la reflexión y el debate crítico, propicio
para la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional y
social, en el entorno local, nacional e internacional.
Política, Ciudadanía y Globalidad está dirigido a investigadores, estudiantes de educación
superior, funcionarios públicos, empresarios, gremios, y a toda la sociedad de conocimiento.
A través de esta revista científica, se divulga la producción intelectual y la investigación para el
desarrollo de la ciencia política, incluyendo todas las sub-áreas propias de la misma. El equipo
de colaboradores está comprometido con el fortalecimiento de los criterios de calidad científica,
editorial, visibilidad e impacto en la comunidad científica, como respuesta a los nuevos lineamientos del Modelo Redalyc.
Revista Política, Ciudadanía y Globalidad

�Presentation
Our university, Universidad Autónoma de Nuevo León is an institution dedicated to promote
integral education in the fields of science, humanities and technology, scientific research and it
fosters cultural and ideological development of society. This institution is in charge of forming
responsible and ethical leaders who must have historical commitment and who must have the
purpose of strengthening the regional, national and Latin American identity. The digital magazine Política, Ciudadanía y Globalidad, a scientific journal of this institution, links directly to
all the instances of this project.
Política, Ciudadanía y Globalidad, has circulated each semester on its electronic version in
Open Access system, since January 2015. It is trying to become a relevant medium in terms of
publishing scientific articles derived from research studies done, etiher in Spanish or English,
by national and international authors who give in the rights for the editor to publish them. These articles go through an evaluation process, Double Blind Review, before they are selected to
be published in order to achieve the goal of promoting scientific development and learning in
Northeastern Mexico.
It is also a tool for the socialization of the academic communities of the School of Political
Science and International Relations of our institution. Likewise, it is a space for reflection
and critical debate in order to construct knowledge that will end up enriching academic,
organizational and social development in local, national and international contexts. Política,
Ciudadanía y Globalidad is aimed towards researchers, students, public officials, businessmen,
trade associations and the entire knowledge society. Intellectual production and research done
for politics development is disclosed in this scientific magazine. Contributor crew is committed
to the scientific, editorial, visibility and impact criteria enhancement, in response to the new
Redalyc Model guidelines.

Revista Política, Ciudadanía y Globalidad

�10
Tabla de Contenido
Editorial: Resolución de conflictos, política educativa, estado de derecho, y geopolítica: Pasado
y presente --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
Conflict resolution, education policy, rule of law, and geopolitics: Past and present
Daniel Javier, de la Garza Montemayor
Editor de la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, México
La evolución de la cuestión nacional y la identidad española a través del Partido Socialista Obrero
Español, 1974-1996: El proyecto socialista español de la transición democrática y más allá ---- 18
The evolution of the national question and Spanish identity through the Spanish Socialist Workers Party,
1974-1996: The Spanish socialist project of the democratic transition and beyond
Borja, García-Vázquez
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
Política de planeación de la educación superior en México e industria 4.0: 2013-2024 ----------- 49
Higher education planning policy on México and industry 4.0: 2013-2024
Fernando, Cárdenas-Cabello
Centro Universitario CIFE, México
La Mediación como política de bienestar ------------------------------------------------------------------ 67
The mediation as a welfare policy
Francisco, Gorjón-Gómez
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
Vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y cultura organizacional universidad de Cundinamarca Facatativá
------------------------------------------------------------------------------------------ 84
Competitive intelligence, technological vigilance and organizational culture universidad de cundinamarca facatativá
Fabio Orlando, Cruz–Páez
Oswaldo, Vanegas–Flórez
Universidad de Cundinamarca, Colombia
The southern border of Mexico: Problems and challenges of national security and its different dimensions ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 102
La frontera sur de México: Problemas y desafíos de seguridad nacional y sus diferentes dimensiones
José María Ramos García, El Colegio de la Frontera Norte, México
Carlos Barrachina Lisón, Universidad Anáhuac, México
Jimmy Emmanuel Ramos, Universidad Autonoma de Baja California, México

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No.12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 1-263. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/15

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Reinventando los espacios como lugares de vida y paz una estrategia desde la lúdica para sectores
vulnerables ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 128
Reinventing spaces as places of life and peace, a playful strategy for vulnerable sectors
Greys, Nuñez-Ríos
Kadry, García- Mendoza
Judith, Castillo-Martelo
Nevis, Niño-Jiménez
Universidad de La Costa, Colombia
Modelos de calidad aplicados al servicio de mediación en México --------------------------------- 149
Quality models applied to the mediation services in Mexico
Roberto N, Guerrero-Vega
Universidad Politécnica de Nicaragua, Nicaragua
La Alianza del Pacífico y la hegemonía de China y Estados Unidos -------------------------------- 170
The Pacific Alliance and the hegemony of China and the United States
Flavio Rafael González Ayala
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México
Estado de excepción por coronavirus en Colombia: Entre la colaboración armónica y la descentralización ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 188
State of emergency over coronavirus in Colombia: Between harmonious collaboration and decentralization
Juan Sebastián, Sánchez-Gómez
Universidad de los Andes, Colombia
Derecho a la información en Coahuila: Una perspectiva desde la justicia constitucional ------- 207
Right to information in Coahuila: A perspective from the constitutional justice
José Luis, Leal Espinoza
Universidad Autónoma de Coahuila, México
Los derechos procesales en grupos vulnerables desde la normativa nacional e internacional --- 225
Procedural rights in vulnerable groups from national and international regulations
Yahaira Berenice, Martínez-Pérez
Brenda Judith, Sauceda-Villeda
María Salomé, Moreno-Rodríguez
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
Politica Editorial ----------------------------------------------------------------------------------------------- 246
Publishing Policy

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 1-263. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/15

�12
Editorial
Resolución de conflictos, política educativa, estado de derecho, y geopolítica: Pasado y
presente
Daniel Javier, de la Garza Montemayor
Editor Revista Política, Globalidad y Ciudadanía
https://orcid.org/0000-0001-6962-9059
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-1
Como referenciar la editorial:
De la Garza Montemayor, D. J. (2020). Resolución de conflictos, política educativa, estado de
derecho, y geopolítica: Pasado y presente. Revista Política, Globalidad y Ciudadania, 1214. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/157
___________________________________________________________________________
En la actualidad, el mundo vive grandes desafíos en materia de salud pública, pero también de
encontrar nuevas fórmulas de desarrollo económico. Los sistemas políticos de naciones diversas tienen el reto de encontrar soluciones sostenibles que cumplan con las expectativas de las
naciones (Zamorano Farías, 2010).
En el presente número de la revista “Política, Globalidad y Ciudadanía”, el lector tendrá
acceso a once artículos que profundizan sobre temas que son indispensables para encontrar los
mecanismos institucionales que permitan una mejor convivencia social entre los individuos
que forman parte de una sociedad plural y también entre las naciones. Corresponden a estudios
que se han realizado de manera rigurosa y con una examinación de casos que contribuyen a un
necesario debate en la academia actual.
Al respecto, resulta importante reflexionar sobre el concepto de una democracia de “calidad”
en la que O’Donnell, Vargas y Iazzetta (2004) establecieron que existen algunos elementos
esenciales que nos permiten hablar de una democracia con contenido. Este concepto, se compone entre otras cosas, por la celebración de elecciones libres, por una verdadera independencia
de los medios de comunicación, por contar con índices aceptables en materia de equidad, por el
hecho de que la población tenga acceso a una amplia seguridad social y porque las mayorías y
minorías se encuentren representadas.
Por esa misma razón, es importante que las instituciones puedan convertirse en un mecanismo eficaz que pueda hacer posible que esos ideales de una democracia de calidad se conviertan
en una realidad cotidiana. De acuerdo con un estudio de Tusell (2015), algunos de los factores
que se encuentran inherentemente relacionados con la calidad de la democracia son la rendición
de cuentas y el estado de derecho.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 12-14. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/157

�Resolución de conflictos, política educativa...

13
En términos generales, este es uno de los principales conceptos que nos concierne en la
presente edición: el funcionamiento correcto de los poderes públicos resulta clave en la consolidación de cualquier régimen democrático y en particular, en el de preservar las libertades
fundamentales (Barreda, 2010).
En materia de mediación, se cuenta con un estudio cualitativo por parte de Roberto Guerrero
Vega, de la Universidad Politécnica de Nicaragua, quien propone un modelo de evaluación de
la calidad al servicio de mediación en México. Es necesario resaltar que son investigaciones
como las de Guerrero Vega, las que contribuyen a fijar las bases de una mejoría en la resolución
de controversias, las mismas que contribuyen a generar una mejor convivencia social. Precisamente sobre el tema del bienestar, es que Francisco Gorjón Gómez, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), nos presenta un trabajo que permite corroborar la presencia de la
mediación como un instrumento para lograr el bienestar colectivo.
En cuanto al análisis jurídico, se presentan las indagaciones de Yahaira Berenice Martínez-Pérez, Brenda Judith Sauceda-Villeda y María Salomé Moreno-Rodríguez de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), quienes argumentan a favor de una reforma jurídica
que protega a los sectores más vulnerables. Además se cuenta con la participación de Jose Luis
Leal Espinosa, de la Universidad Autónoma de Coahuila (México), quien también argumenta
de manera sólida en torno a la necesidad de concretar mecanismos institucionales que garanticen el derecho a la información.
En materia educativa, contamos con las destacadas participaciones de Fabio Orlando Cruz
Paez y Oswaldo Vanegas Florez de la Universidad de Cundinamarca (Colombia) y el caso de
Fernando Cárdenas Cabello del Centro Universitario CIFE (México), quienes nos exponen
sobre el proceso de vigilancia tecnológica y su incidencia en la cultura organizacional de una
prestigiada universidad colombiana en el primer caso, mientras que en el segundo se examina
la adecuación de la política industrial 4.0 en la transición de un gobierno a otro, basado en el
análisis del Plan Nacional de Desarrollo. También los investigadores de la Universidad de la
Costa, Greys Nuñez Ríos, Kadry García Mendoza, Judith Castillo Martelo y Nevis Niño-Jiménez quienes realizan un estudio sobre una intervención comunitaria de cómo se puede motivar
a los ciudadanos a participar en actividades que contribuyan a la paz.
En materia geopolítica, esta edición cuenta con dos productos notables: El análisis de la
relación de la Alianza del Pacífico, que conforma México, Perú, Chile y Colombia, con la República Popular China, que realiza el investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
(México), Flavio Rafael González-Ayala. El lector también puede consultar la investigación
interinstitucional de José María Ramos García (El Colegio de la Frontera Norte, México), Carlos Barrachina Lisón (Universidad Anáhuac, México) y Jimmy Emmanuel Ramos (Universidad
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 12-14. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/157

�de la Garza Montemayor, D. J.

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Autónoma de Baja California), quienes ponderan sobre los retos de la frontera sur de México,
en cuanto a su importancia en su relación con Estados Unidos.
Por último, la edición cuenta con contribuciones internacionales notables sobre temas actuales y también, de una introspección de la evolución de un partido político que ha sido fundamental para la democracia española: En ellos se encuentra reflejado el compromiso de la revista
Política, Globalidad y Ciudadanía de difundir proyectos de investigación de temas vigentes, así
como aquellos que contienen una oportuna revisión histórica.
En lo relacionado al tema se encuentra con una vigencia oportuna, el trabajo de Juan Sebastián Sánchez Gómez (Universidad de los Andes, Colombia) quien expone el caso del estado de
excepción decretado en Colombia a partir de la pandemia de coronavirus. En el caso de Borja
García-Vázquez (Universidad Autónoma de Nuevo León), se realiza un amplio recorrido del
Partido Socialista Obrero Español (PSOE), desde un año antes de la muerte de Francisco Franco, al año de su primera derrota electoral a nivel nacional, después de detentar el poder por 14
años consecutivos.
En síntesis, el fascículo 6(12) cuenta con artículos de investigadores de prestigio, de centros
educativos también destacados, que reflexionan de temas fundamentales que refuezan las líneas
de investigación vigentes en materia de geopolítica, mediación, estado de derecho y política
educativa. Por lo tanto nuestra intención es contribuir al intercambio permanente en materia
de investigación de calidad, es por esto que esperamos que los académicos que consulten esta
edición puedan encontrar información que les sea de utilidad en sus propias indagaciones.
REFERENCIAS
Barreda, M. (2010). La calidad de la democracia: Un análisis comparado de América Latina.
Política y gobierno, 13(2), 265-295.
O’ Donnell, G., Vargas, J. e Iazzetta, O. (2004). The Quality of Democracy: Theory and
Applications. Notre Dame: The University of Notre Dame Press.
Tusell, A. (2015). La calidad de la democracia y sus factores determinantes. Un análisis
comparado de 60 países. Política y Sociedad, 52(1), 179-204. doi: http://dx.doi.org/10.5209/
rev_POSO.2015.v1.n52.45786
Zamorano Farías, R. (2010). El sistema político como institucionalización de las expectativas.
Boletín Mexicano de Derecho Comparado,43(128),895-921.

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 12-14. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/157

�15
Editorial
Conflict resolution, education policy, rule of law, and geopolitics: Past and present
Daniel Javier, de la Garza Montemayor
Política, Globalidad y Ciudadanía Journal Editor
https://orcid.org/0000-0001-6962-9059
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-1
To cite this article:
De la Garza Montemayor, D. J. (2020). Conflict resolution, education policy, rule of law,
and geopolitics: Past and present. Revista Política, Globalidad y Ciudadania, 15-17.
Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/157
___________________________________________________________________________
Currently, the world is experiencing great challenges in public health, but it is also experiencing
these challenges in finding new formulas for an economic development. The political systems
of diverse nations are challenged to find sustainable solutions that meet the expectations of the
nations (Zamorano Farías, 2010.)
In this issue of the magazine “Politics, Globality and Citizenship”, the reader will have access
to eleven articles that delve into topics that are essential to find the institutional mechanisms
that allow to have a better social coexistence among individuals who are part of a plural society,
and also among the nations. They correspond to studies that have been carried out rigorously
and with an examination of cases that contribute to a necessary debate in the current Academy.
Thereon, it is important to reflect on the concept of a “quality” democracy in which O’Donnell, Vargas and Iazzetta (2004) established that there are some essential elements that allow
us to speak of a democracy with content. This concept is made up, among other things, by the
conduct of free elections, by a true independence of the media, by having acceptable indices
in matters of equity, by the fact that the population has access to extensive social security and
because the majorities and minorities are represented.
For that very reason, it is important that institutions can become an effective mechanism that
can enable those ideals for a quality democracy to become an everyday reality. According to
a study made by Tusell (2015), some of the factors that are inherently related to the quality of
democracy are accountability and the rule of law.
In general terms, this is one of the main concepts that concern us in this issue: the correct
functioning of public powers is key in the consolidation of any democratic regime and, in parRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 15-17. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/157

�Conflict resolution, education policy...

16
ticular, in preserving fundamental freedoms (Barreda, 2010.)
Regarding mediation, there is a qualitative study by Roberto Guerrero Vega, from the Polytechnic University of Nicaragua, who proposes a model for evaluating the quality of the mediation service in Mexico. It is necessary to highlight that these investigations like the ones made
by Guerrero Vega are the ones that contribute to establish the bases for an improvement in the
resolution of controversies, the same ones that contribute to generate a better social coexistence. Precisely on the topic of well-being, is that Francisco Gorjón Gómez, from the Autonomous
University of Nuevo León (Mexico), presents us a study that corroborates the presence of mediation as an instrument to achieve collective well-being.
Regarding the legal analysis, the inquiries of Yahaira Berenice Martínez-Pérez, Brenda Judith Sauceda-Villeda and María Salomé Moreno-Rodríguez from the Autonomous University of
Nuevo León (Mexico) are presented, who argue in favor of a legal reform that could protect the
most vulnerable sectors. In addition, there is the participation of Jose Luis Leal Espinosa, from
the Autonomous University of Coahuila (Mexico), who also argues strongly about the need to
specify institutional mechanisms that guarantee the entitlement to information.
In educational matters, we have the outstanding participations of Fabio Orlando Cruz Paez
and Oswaldo Vanegas Florez from the University of Cundinamarca (Colombia) and the case
of Fernando Cárdenas Cabello from the CIFE University Center (Mexico), who explain to us
about the technological surveillance process and its impact on the organizational culture of a
prestigious Colombian university in the first case, while in the second case, it is examined the
adequacy of industrial policy 4.0 in the transition from one government to another, based on
the analysis of the National Development Plan. Also, the researchers from the Universidad de
la Costa, Grays Nuñez Ríos, Kadry García Mendoza, Judith Castillo Martelo and Nevis Niño-Jiménez carry out a study on a community intervention on how citizens can be motivated to
participate in activities that contribute to the peace.
In geopolitical matters, this issue has two notable products: The analysis of the relationship of the Pacific Alliance, which is made up by Mexico, Peru, Chile and Colombia, with the
People’s Republic of China, carried out by Flavio Rafael González-Ayala, a researcher from
the Autonomous University of San Luis Potosí (Mexico.) The reader can also consult the inter-institutional research made by José María Ramos García (El Colegio de la Frontera Norte,
Mexico), Carlos Barrachina Lisón (Anáhuac University, México) and Jimmy Emmanuel Ramos (Autonomous University of Baja California), who ponder the challenges from the southern
border of Mexico, regarding its importance in its relationship with the United States.
Finally, this issue has notable international contributions on current issues and also an introspection of the evolution of a political party that has been fundamental to Spanish democracy:
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 15-17. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/157

�de la Garza Montemayor, D. J.

17
The commitment to disseminate research projects on current issues of the magazine Politics,
Globality and Citizenship is reflected in them, as well as those that contain a timely historical
review.
In relation to the subject, and with validity, we can find the work of Juan Sebastián Sánchez
Gómez (University if Los Andes, Colombia), who has exposed the case of the state of exception decreed in Colombia from the coronavirus pandemic. In the case of Borja García-Vázquez
(Autonomous University of Nuevo León), an extensive tour of the Spanish Socialist Workers’
Party (PSOE) is made, from a year before the death of Francisco Franco, up to the year of his
first electoral defeat at ta national level, after holding power for 14 consecutive years.
In summary, Fascicle 6 (12) has articles written by prestigious researchers, from also outstanding educational centers, which reflect on fundamental topics that reinforce the current lines
of research in the field of geopolitics, mediation, the rule of law and educational policy. Therefore, our intention is to contribute to the permanent exchange in quality research, which is why
we hope that the scholars who have consulted this edition can find information that is useful to
them in their own investigations.
REFERENCES
Barreda, M. (2010). La calidad de la democracia: Un análisis comparado de América Latina.
Política y gobierno, 13(2), 265-295.
O’ Donnell, G., Vargas, J. e Iazzetta, O. (2004). The Quality of Democracy: Theory and
Applications. Notre Dame: The University of Notre Dame Press.
Tusell, A. (2015). La calidad de la democracia y sus factores determinantes. Un análisis
comparado de 60 países. Política y Sociedad, 52(1), 179-204. doi: http://dx.doi.org/10.5209/
rev_POSO.2015.v1.n52.45786
Zamorano Farías, R. (2010). El sistema político como institucionalización de las expectativas.
Boletín Mexicano de Derecho Comparado,43(128),895-921.

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 15-17. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/157

�18
La evolución de la cuestión nacional y la identidad española a través del Partido
Socialista Obrero Español, 1974-1996: El proyecto socialista español de la transición
democrática y más allá1
The evolution of the national question and Spanish identity through the Spanish Socialist
Workers Party, 1974-1996: The Spanish socialist project of the democratic transition and
beyond
Borja, García-Vázquez2
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
https://orcid.org/0000-0003-0055-6917
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-2
___________________________________________________________________________
RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión documental que tuvo por objetivo estudiar la España planteada
por el proyecto socialista de la transición, desde 1974 a 1996, a través de los programas electorales del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) y su publicación oficial, la revista El Socialista. Se aplicó el método análisis,
con la técnica de investigación de revisión documental. Se encontró que el PSOE constituye un actor clave de la
historia de España por su aporte e impacto al desarrollo del conjunto de la sociedad española. Por este motivo,
para entender España y su realidad, es necesario comprobar la visión del país mantenida por uno de sus principales
partidos políticos. Se concluye que, a pesar del tiempo transcurrido, se mantiene la vigencia del proyecto socialista
de la transición, como modelo de convivencia e integración de las distintas regiones que integran España.
Palabras claves: Democracia, socialismo, transición española, Felipe González.
ABSTRACT
This article is the product of a documentary review that aimed to study the Spain raised by the socialist project of
the transition, from 1974 to 1996, through the PSOE’s electoral programs and its official publication, the journal
El Socialista. The analysis method was applied, with the research technique of documentary review. It was found
that the Spanish Socialist Workers Party (PSOE) constitutes a key actor in the history of Spain for its contribution
and impact to the development of the whole of Spanish society. For this reason, to understand Spain and its reality,
it is necessary to check the vision of the country maintained by one of its main political parties. It is concluded that
despite the elapsed time, the validity of the socialist project of the transition remains, as a model of coexistence
and integration of the different regions that make up Spain.
Keywords: Democracy, socialism, Spanish transition, Felipe González.
Recibido: 05 de Noviembre 2019 - Aceptado: 14 de Marzo 2020 - Corregido: 06 de Abril 2020
Cómo referenciar este artículo:
García-Vázquez, B. (2020). La evolución de la cuestión nacional y la identidad española a través del Partido
Socialista Obrero Español, 1974-1996: El proyecto socialista español de la transición democrática y más
allá. Politica Globalidad y Ciudadanía, 18-48. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/
article/view/145

1 Artículo de revisión derivado del proyecto de investigación, la evolución del pensamiento socialdemócrata en Iberoamérica.
2 Doctor en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesor de Derecho Internacional
público en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Email: borjagarcia131@gmail.com
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 18-48. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/145

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1.- INTRODUCCION
El Congreso de Suresnes (Francia), celebrado en octubre de 1974, constituye el comienzo del
actual Partido Socialista Obrero Español (en adelante PSOE), que desde su fundación en 1879,
su supervivencia a la guerra civil y la posterior dictadura del general Francisco Franco Bahamonde, provocó una ruptura de continuidad del PSOE en suelo español que obligó a sus miembros a mantener su actividad desde el exilio y la clandestinidad. Suresnes marcó la transición
entre los líderes históricos de la formación, con el nombramiento de Felipe González Márquez
como Secretario General del PSOE, respaldado por la presencia de personalidades del socialismo europeo (como François Mitterand, Olof Palme, Pietro Nenni y Willy Brandt) o latinoamericanos (como Carlos Altamirano) sirviendo de preparación del retorno del PSOE a España
como partido legalizado.
Previo a la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, había comenzado la descomposición del régimen, siendo en parte interpretado desde el PSOE como consecuencia de la
situación económica que atravesaba el país, marcado por un contexto internacional en el que no
encajaba el capitalismo de la dictadura, propiciando la desconfianza de sus propios integrantes
(El Socialista, 1976a, pág. 14), que habían cimentado un sistema centralista, autoritario y represivo, basado en una unidad de España que negaba las nacionalidades históricas (reconocidas
a través de los siglos, por medio de idiomas e instituciones autóctonas) y que representaba su
lema “Una, grande, libre”.
El 10 de febrero de 1977, los dirigentes del PSOE Luis Yáñez y Luis Gómez Llorente, depositaron en el Ministerio de la gobernación el acta notarial y la documentación necesaria para
legalizar el PSOE, legalización que se hizo efectiva el 23 de febrero de 1977, al ser inscrita en el
Registro de Asociaciones Políticas, por oficio del director general de Política Interior, Enrique
Sánchez de León (El País, 1977) —el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto 214/1977, 18 de febrero, por el que se creaba la Embajada de España en la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas—.
Terminaban así los cuarenta años de régimen para el PSOE y el conjunto de la izquierda
española. Ante el nuevo horizonte democrático, el PSOE aparecía como un partido que se había
definido en su XXVII Congreso, celebrado en Madrid el 5-8 de diciembre de 1976 —el primero
que se llevaba a cabo por el partido en España desde 1932—, como partido de clases —luchando por la supresión de estas—, de masas —para representar los intereses de los trabajadores—,
marxista —por ser esta su metodología de análisis de la realidad—, y democrático, tanto a nivel
de funcionamiento interno, como externo en sociedad para lograr la construcción del socialismo (El Socialista, 1977a, pág. 2); consiguiendo que este Congreso representase la antesala
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ideológica de lo que supondría el proyecto socialista para las elecciones de 1977, sentándose
las bases del mecanismo contenedor del pensamiento socialista español, que constituye el eje de
estudio del presente trabajo: el programa, descrito en los siguientes términos: “El Partido tiene
un texto fundamental: su programa máximo que, por seguir vigente, constituye la base de todo
nuestro pensamiento y acción” (El Socialista, 1976c, pág. 5).
Los programas electorales constituyen el conjunto de tesis sobre las que se estructuran las
propuestas de gobierno de una formación política, que han de servir de hoja de ruta de su administración en caso de lograr el triunfo, por lo que dichos programas son el instrumento sobre
el que reposa toda la esencia de un partido, su gestión y su ideario en torno al modelo de país
pretendido. Un instrumento de captación de votos, imbuido de la propaganda, sin que sea vinculante para gobernar, que atiende a la propia evolución de los partidos, y al aglutinamiento
general de la sociedad. Como expresaba Kirchheimer (1969):
Un partido general se interesa principalmente por el éxito electoral inmediato, al ampliar
su seguimiento entre todos los grupos de la sociedad (…) un instrumento para lograr que
sus miembros, anteriormente fuera del sistema, participen plenamente en el proceso político
(…) realizando una función de integración política (pág. xxvi).
La aparente indefinición en que parece encontrarse España hoy ha propiciado el auge de
partidos independentistas (Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, Compromis, Euskal Herria Bildu), nacionalistas regionales (Coalición Canaria, Partido Regionalista de
Cantabria) y nacionalistas estatales como Vox; que promueven modelos identitarios alternativos en pos de cautivar al electorado, ya sea con la creación de un nuevo Estado, volviendo a
las raíces tradicionalistas regionales, o buscando la identidad española en un pasado arcaico y
desvinculado del presente.
La finalidad de este trabajo es estudiar la evolución de la cuestión nacional, y la identidad
española en el socialismo democrático contemporáneo, a través de los distintos programas del
PSOE, desde 1977 (con su incorporación al nuevo régimen democrático) hasta la finalización
de la transición española (con el último gobierno de Felipe González Márquez en 1996) atendiendo al contexto histórico en el que fueron redactados los distintos programas, y a través de
las publicaciones de la revista El Socialista, a fin de entender qué es España y el concepto de
nación para el socialismo español.
2.- MÉTODO
Diseño
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La presente investigación responde a una metodología cualitativa, en palabras de Vasilachis de
Gialdino (2006)“un proceso interpretativo de indagación, basado en distintas tradiciones metodológicas” a través del cual “quien investiga construye una imagen compleja holística (…)
y conduce el estudio en una situación natural” (p. 24), con un diseño estructurado, de acuerdo
a Mendizábal (2006) por ser un “protocolo lineal riguroso, con una secuencia unidireccional,
cuyas fases se suceden en el tiempo” (p.66). Para tal fin, se seleccionó como método la interpretación de textos, con el objetivo de “comprender cada caso (Flick, 2002, pág. 228) alcanzando
un enfoque de estudio comparado “a fin de entender los elementos comunes y específicos” del
fenómeno investigado (Corbetta, 2007, pág. 37).
Instrumentos
Para la construcción del marco teórico-conceptual de la evolución política española desde los
postulados del PSOE, se consultaron los siete (7) programas electorales del partido, publicados
entre 1977 y 1996, y un total de cuarenta y nueve (9) números publicados por su revista El Socialista, de entre 1976 y 1996.
Procedimiento
Los programas electorales y los números publicados por la revista El Socialista, fueron consultados en las hemerotecas online del PSOE (https://www.psoe.es/el-socialista/hemeroteca/) y de
la Fundación Pablo Iglesias (http://archivo.fpabloiglesias.es/index.php?r=hemeroteca/ElSocialista), empleándose como sistema los argumentos e ideas identificadas, para interpretarlas desde
una visión crítica y razonada.
3.- FUNDAMENTO TEÓRICO
El socialismo y la cuestión nacional
En la teoría, el socialismo siempre se ha caracterizado por el internacionalismo , el cual, de
acuerdo con Yañez-Barnuevo, es considerado como “parte constitutiva del socialismo” sin haberse desarrollado el concepto, quedándose en la superficie sin entrar al fondo de la cuestión, lo
que lleva al autor a expresar que: “Tenemos que confesar que demasiado a menudo utilizamos
esta idea —el internacionalismo— como una fórmula meramente ritual” (Yañez-Barnuevo,
1979, pág. 17). Frente al internacionalismo, encontramos la cuestión nacional, la cual ha sido
analizada por el marxismo, motivo que nos lleva a exponer las posiciones de Rosa Luxemburgo, Josef Stalin y Vladimir Lenin, por ser sus estudios anteriores a 1921 —año en que el PSOE
declinó su adscripción a la III Internacional—.
Rosa Luxemburgo trató esta cuestión en su artículo de 1908 El Estado-nación y el proletaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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rio, haciendo un repaso a la noción de sociedad expuesta por Karl Kautsky, entendida como
un conjunto de elementos burgueses ligados a un periodo concreto dentro del desarrollo de la
sociedad moderna, que dan lugar a la aparición del Estado nacional. Sobre esta base, identifica
una serie de elementos necesarios para el desarrollo de la burguesía, enriqueciendo la postura de
Kautsky —limitada a las condiciones económicas, al centrarse exclusivamente en la necesidad
de los industriales de contar con un mercado nacional en el que vender sus productos— considerando la necesidad de disponer de unas fuerzas armadas capaces de garantizar su independencia interna y su apertura mundial; un sistemas de comunicaciones, educación escolar y justicia;
y la existencia de una política aduanera y financiera.
Con estos elementos se originan unas condiciones políticas que permiten el mantenimiento
del poder de la clase burguesa, siendo un esquema que se repite en todos los Estados-nación,
que de acuerdo a Luxemburgo, constituye una “forma histórica indispensable para la burguesía
para pasar de la defensa nacional a la ofensiva, de la protección y la agrupación de su propia
nacionalidad a la política de conquista y dominación de otras nacionalidades” (Luxemburgo,
1908).
A través de unas concretas condiciones políticas, es que se permite el desarrollo del patriotismo como elemento de lucha de clase, donde por iniciativa de la burguesía surge el Estado-nación como mecanismo de control de la mayoría, adherida a este proyecto a través de los
elementos de cultura y democracia del nacionalismo; sintetizándolo Luxemburgo (1908) con
esta máxima: “el Estado capitalista moderno es ‘nacional’ sólo en la medida en que le permite a
la burguesía de una nacionalidad dada ejercer su dominación sobre toda la población mezclada
del Estado”.
Años más tarde, en 1913, Josef Stalin escribió el artículo El marxismo y la cuestión nacional, en el que enumera los elementos que dan lugar a la aparición de una nación —estructura
distinta del Estado—, recordando a su vez la afectación temporal que atenaza a este tipo de
comunidades “sujeta a la ley del cambio, tiene su historia, su comienzo y su fin”, exponiendo y
argumentando su concepto de nación:
Nación es una comunidad humana estable (no racial o tribal) históricamente formada y
surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de
psicología, manifestada ésta en la comunidad de cultura (…) sólo la presencia conjunta de
todos los rasgos distintivos forma la nación (Stalin , 1913).
De los planteamientos previos, podemos contraponer la figura del Estado a la de nación,
fusionadas en la idea de Estado-nación, donde el cúmulo de elementos identitarios sirve de
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coartada para el sostenimiento de una estructura explotadora de clase, siendo esta posición encontrada en el discurso pronunciado en 1919 por Vladimir Lenin, ¿Qué es el poder soviético?:
Mientras exista la dominación del capital, mientras la tierra siga siendo propiedad privada,
el Estado lo gobernará siempre, incluso en la república más democrática y más libre, una
pequeña minoría, integrada en sus nueve décimas partes por capitalistas o ricos (Lenin,
1919).
Lenin critica el Estado, asociándolo a la explotación burguesa, pero no ofrece una estructura
alternativa al mismo, sino que, en contraposición, exclusivamente expone su variante soviética,
al decir que:
el poder del Estado ha sido organizado en Rusia de manera que únicamente los obreros y
los campesinos trabajadores, excluidos los explotadores, constituyen los Soviets, organizaciones de masas a las que se trasfiere todo el poder público (Lenin, 1919).
Lenin no niega el Estado tras la revolución, al contrario, defiende el Estado por encima del
concepto de nación, un argumento que defendió en 1918, en su artículo ¡La patria socialista
está en peligro!, en el que exhortaba a la población a que “el deber sagrado de los obreros y
campesinos de Rusia es defender con abnegación la República de los Soviets” (Lenin, 1918),
priorizando el Estado —soviético— sobre la nación —rusa— rompiendo con el esquema Estado-nación, lo que le lleva a concluir que la nación no es el elemento que motiva la defensa del
territorio sino el ideal soviético de Estado, ligando esta postura a elementos de seguridad y protección de la clase obrera ante las injerencias extranjeras y burguesas. Por este motivo, Lenin
desarrolla un listado de directrices destinadas a la salvaguarda del Estado, como el control sobre
los alimentos, los medios de comunicación o el castigo de todos los elementos contrarrevolucionarios, en una proposición excluyente para las personas que no sean proletarios —frente a la
posición incluyente defendida por el socialismo—.
La antesala democrática (1974-1977)
La naturaleza de España siempre ha sido tema de debate en las filas del pensamiento socialista,
por la defensa de la libre autonomía de la agrupación y el país, constituyente de sus señas históricas, como se aprecia en el Congreso del PSOE de 1921, que supuso el rechazo del partido
a Lenin y al ingreso en la III Internacional, controlada por la Unión Soviética. Si bien existía
unidad en las filas socialista en cuanto al logro de la dictadura del proletariado, la divergenRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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cia surgió entorno al concepto de revolución entre los bolcheviques, que consideraban que el
partido debía ser el encargado de forzar las circunstancias para que se produjese la revolución,
frente a los socialistas, que creían que el partido solo debía encauzar la revolución cuando se
diesen las circunstancias; además de por ser contrarios a la defensa de un partido único, global y
jerarquizado como un ejército proletario en el que no existía lugar para el pensamiento disidente
(como defendían los bolcheviques) lo cual chocaba frontalmente con la Base 1 del PSOE: “su
autonomía para cuanto concierne a la táctica de lucha, por estimar que ésta ha de ser condicionada por las situaciones de cada momento, y la psicología de cada pueblo” (El Socialista,
1976a, pág. 11).
En 1974, durante el Congreso de Suresnes, se había debatido “sobre las nacionalidades ibéricas” analizando la situación desde la perspectiva de la lucha de clases y la emancipación de la
clase trabajadora, considerando que la problemática existente solo podría superarse con la constitución de una República Federal conformada por las nacionalidades que integran el Estado
español (El Socialista, 1976a, pág. 14). Posteriormente, en 1976, durante el XXVII Congreso el
partido estableció una identificación del socialismo como una postura de rechazo a “cualquier
camino de acomodación al capitalismo o a su simple reforma” abogando por una sociedad “autogestionaria” en la cual, “las nacionalizaciones y la planificación no suponen necesariamente
el Socialismo” (El Socialista, 1976c, pág. 5).
En este congreso, entre otras materias, también se abordó la “cuestión nacional” ligada a
Cataluña, interpretándose como una problemática originada en el contexto de lucha de clases
entre la burguesía catalana y los terratenientes castellanos, que había derivado en la lucha por
la autonomía de Cataluña, donde primaba el interés por lo local frente al desinterés por lo
ocurrido en el resto de España, siendo vista esta actitud, en opinión del PSOE, como una contradicción incompatible para el internacionalismo obrero ante el nacionalismo defendido en
Cataluña (El Socialista, 1976b, pág. 2). El propio Felipe González, consciente del centralismo
y unitarismo que había caracterizado la dictadura, desde la postura federalista defendida por el
partido, entendía que España (como instrumento al servicio de la población) debía ser utilizada
como “un concepto plurinacional y plurirregional” a fin de armonizar la diversidad existente
en el territorio, abogando por una mayor asunción de responsabilidades tanto en las estrategias
socialistas a nivel de España como en la dirección del movimiento socialista, por “las distintas
nacionalidades y regiones” (El Socialista, 1976a, pág. 4).
La cuestión nacional estará presente desde entonces, tratando de concebir una idea de lo que
es España y su unidad, y de cómo encajar en ella los distintos nacionalismos surgidos en el país;
así, en 1977 el partido defendía el federalismo como sistema integrador de los diversos sentires
que se daban en la península, a través de la defensa de la “instauración de una república fedeRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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ral de trabajadores, integrada por todos los pueblos del Estado español” cuyo modelo de “una
España socialista y libre” sólo sería posible por medio de un ejército capaz de defender “por la
fuerza de las intromisiones o presiones de potencias concretas”, abogando por la supresión de
las bases militares estadounidenses en la país y la “creación progresiva de una tercera fuerza
militar real entre países que se encuentren en vías de constituir un socialismo democrático” (El
Socialista, 1977a, págs. 4-5); un planteamiento que rechazaba la incorporación de España a la
Organización del Tratado del Atlántico Norte —OTAN— en favor de una mayor unidad con
Europa y la creación —utópica— de una unión alternativa en el sentido del Pacto de Varsovia
—aunque sin detallar la integración y estructura de esta fuerza—.
Las primeras elecciones democráticas en 41 años: las elecciones generales 1977
El 15 de junio de 1977, 3 meses y 21 días después de la legalización del PSOE, se celebraron
las primeras elecciones generales libres desde febrero de 1936, obteniendo la victoria el partido
Unión de Centro Democrático (UCD), seguido por el PSOE como segunda fuerza más votada, cuyo programa de 1977, compuesto por 27 páginas, se aproximaba a la cuestión nacional
partiendo de la siguiente premisa: “España está constituida por una serie de nacionalidades y
regiones diferenciadas” (PSOE, 1977, pág. 6). El partido era consciente de la realidad española,
negada por la dictadura, sobre las diferentes “lenguas, tradiciones y culturas” que “configuran
la personalidad propia de cada nacionalidad y región” de las que conforman España, siendo
por este motivo, que defendía “la unidad del Estado español” a través de “una fórmula constitucional libremente pactada y abierta tanto a las diferencias entre las distintas nacionalidades y
regiones como a la flexibilidad necesaria para su progresivo desarrollo y concreción” (PSOE,
1977, pág. 6) por medio de la protección de “la autonomía de cada nacionalidad y región con
unas instituciones en el plano político y en el plano económico capaces de asegurar la solidaridad entre todos los ciudadanos del país”, garantizando los derechos básicos de los españoles
(PSOE, 1977, pág. 7).
El programa de 1977 dedicaba un apartado al ejército, por el lugar relevante que se consideraba ocupaban en la defensa del país, y con el objetivo de paliar la falta de estructuras, formación y medios adecuados que padecía desde la dictadura, a fin de “responder a las necesidades
defensivas” de España, para lo cual se aducía que “todo militar debe sentirse pueblo y todo
pueblo debe sentirse ejército” (PSOE, 1977, pág. 23); sin obviar la posición que debía ocupar
el país en el contexto global, con un claro espíritu rupturista frente al pasado, oscilante “entre
una política estrechamente nacionalista y aislacionista y una entrega de hecho a la dominación
extranjera de las grandes potencias y de las empresas multinacionales” (PSOE, 1977, pág. 24).
El PSOE veía España como una comparsa en el enfrentamiento de la guerra fría y quería una
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demarcación que permitiese al país consolidarse neutral ante esta lucha, y desarrollarse frente al
ostracismo de las cuatro décadas previas, sin olvidar su carácter europeo (histórica y geográficamente) y la necesidad de formar parte del proceso integrador de Europa superando “nacionalismos caducos” y estableciendo “un marco para el desarrollo del socialismo, independiente de
los imperialismos y en cooperación con el tercer mundo” para lograr “una Europa democrática
y socialista” (PSOE, 1977, pág. 25); exposición que respondía al espíritu internacionalista que
ha acompañado históricamente al socialismo, y que era interpretado en clave española por el
fomento de la hermandad y la cooperación de los pueblos, en torno a las vecindades geográficas
e históricas (Europa, el norte de África y Latinoamérica) y con la exhortación a la liberación de
los pueblos oprimidos por “la dominación colonial o racista, o la opresión de las tiranías locales al servicio de los intereses imperialistas” a través de “una política concreta de cooperación
técnico-científica y financiera” (PSOE, 1977, pág. 26).
En este contexto histórico, es necesario recordar que en aquel tiempo existía el Partido Socialista Popular (PSP) heredero del denominado Partido Socialista del Interior (PSI) creado por
Enrique Tierno Galván en 1968, cuyo programa electoral de 1977 hacía mención a la cuestión
nacional respecto de la administración del Estado, aspirando a construir un “Estado regional”
en el que las nacionalidades y regiones históricas gozasen de autogobierno por medio de Estatutos, y la enseñanza pudiese ser impartida en “las lenguas vernáculas de las nacionalidades,
aceptando la cooficialidad de las mismas con el castellano” (La Alcarria Obrera, 2011).
Tras las elecciones de 1977, el Comité Federal del PSOE hizo un llamamiento a la unidad
del grupo catalán —Partido de los Socialistas de Cataluña – PSC— y del centro —PSP— (El
Socialista, 1977b, pág. 1), logrando el 25 de enero de 1978, que Felipe González y Tierno
Galván consiguiesen un acercamiento entre ambas formaciones, al reconocerse la ausencia de
barreras ideológicas (El Socialista, 1978a, pág. 1); surgiendo en el mes de febrero, un acuerdo
marco en el que se resolvieron las posibles discrepancias ideológicas, sindicales, organizativas
y de empleo de símbolos indistintamente —el puño y la paloma, el yunque junto con la pluma
y el libro, y el puño y la rosa— (El Socialista, 1978b, pág. 9); hasta que finalmente, el 30 de
abril de 1978, ambas agrupaciones se fusionaron en un único PSOE, democrático, fiel al legado
histórico —cuyo programa original, el conocido “programa máximo” de 1879, fue revisado por
Marx y Engels— y con un proyecto para lograr una nueva sociedad (El Socialista, 1978c, pág.
3), con lo que 99 años después de la fundación del partido el 2 de mayo de 1879 en una taberna
sita en la calle Tetuán, de Madrid —Casa Labra, aún abierta en la actualidad—, el PSOE volvió
a ser uno.
La Constitución española de 1978 y las elecciones generales de 1979
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El 6 de diciembre de 1978, España votó en referéndum a favor de la Constitución, publicada el
29 de diciembre del mismo año en el Boletín Oficial del Estado y vigente desde entonces —en
cuya redacción intervino como ponente del PSOE Gregorio Peces-Barba Martínez— la cual
regula la cuestión nacional en numerosos puntos de su articulado, como su artículo 2 —relativo
a “la indisoluble unidad de la Nación española” — artículo 3 —referente al castellano como
lengua española oficial del Estado, y la cooficialidad de las lenguas así contempladas en los
Estatutos de Autonomía, elemento de “patrimonio cultural” — o el artículo 145.1, que prohíbe
el federalismo. En el debate de redacción del articulado, debemos destacar lo ocurrido en torno
al artículo 2, ante la diversidad de opiniones que sostuvieron los ponentes, tratando de dar una
definición de las nacionalidades, debiendo destacar la exposición de Peces-Barba, quien en un
tono conciliador, sin entrar en el fondo del término nación, abordó la cuestión desde la consideración de España como un Estado plurinacional, “conjunto y la absorción de todas las demás”
(Delgado-Iribarren García-Campero, 2005).
El texto constitucional, recogía a su vez la disposición transitoria octava, por la cual, una vez
aprobada deberían convocarse elecciones, antes del 15 de junio de 1981, por lo que en cumplimiento de lo anterior, el 1 de marzo de 1979 se celebraron nuevas elecciones generales en España, que dieron la victoria a UCD, encontrándose de nuevo en segunda posición el PSOE; quien
acudió con un programa breve —de 31 páginas— en el cual, conscientes de la nueva etapa
democrática en que entraba el país, expresaban cómo constituía “uno de los retos más decisivos
(…) hacer efectivo el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” al considerar
que “la autonomía es el camino para acercar el poder a los ciudadanos” (PSOE, 1979, pág. 13).
Ante el centralismo que había caracterizado el periodo de la dictadura, el PSOE defendía la
progresiva elaboración de Estatutos de Autonomía para lograr el objetivo de descentralización
estatal, sin que se propusiese el establecimiento de una federación. Como disponía el propio
programa, uno de los principios que contemplaba para cumplir con la obtención de la autonomía
era “La preservación de la unidad de la nación española, la defensa de los intereses generales y
el cumplimiento de los fines del Estado” (PSOE, 1979, pág. 13); a través de su descentralización —que requería de la cesión de competencias a las Comunidades Autónomas, la simplificación y unidad administrativa, y la coordinación de las haciendas autonómicas con la Hacienda
General del Estado— y la ruptura de implicación con alguno de los bloques antagónicos de la
guerra fría, manteniendo una posición de hermanamiento con los pueblos latinoamericanos y de
condena de aquellos sometidos a la colonización (PSOE, 1979, págs. 17-19).
Ese mismo año, el 28 y 29 de septiembre, se celebró en Madrid el Congreso Extraordinario
del PSOE, fecha que supuso un punto de ruptura histórica en las filas del PSOE, similar a lo
ocurrido con el Congreso de 1921, al procederse al abandono del marxismo por el partido, al
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pronunciar Felipe González “No se puede tomar a Marx como un todo absoluto, no se puede,
compañeros. Hay que hacerlo críticamente, hay que ser socialistas antes que marxistas” (El
País, 1979).
El PSOE hasta las elecciones generales 1982, y su primer gobierno
Entre los días 28 y 30 de mayo de 1980, Felipe González presentó una moción de censura
contra Adolfo Suárez, que, si bien no prosperó, desgastó su imagen, llevándole a presentar su
dimisión el 29 de enero de 1981. Ese mismo año, el 23 de febrero, la recién nacida democracia
enfrentó el intento de golpe de Estado, comandado por el teniente coronel de la guardia civil
Antonio Tejero Molina, quien irrumpió en el Congreso de los Diputados durante la votación de
investidura de Calvo-Sotelo, al mando de un grupo de doscientos guardias civiles al grito de
“¡Quieto todo el mundo!”; al cual se sumó el mismo día el teniente general Jaime Milans del
Bosch y Ussía, quien sublevándose con los golpistas, sacó los tanques a las calles de la ciudad
de Valencia. La madrugada del 24 de febrero, su majestad el rey Juan Carlos dio un mensaje
televisado en el que, dirigiéndose a todos los españoles, ordenaba a las autoridades civiles y a
la Junta de Jefes del Estado Mayor, a que tomasen “todas las medidas necesarias para mantener
el orden constitucional dentro de la legalidad vigente” (RTVE, 1981). A partir de este momento
el golpe comienza a desmoronarse hasta que en la mañana del día 24, Tejero firma su rendición
tras salir del Congreso de los Diputados, sin que se sepa a día de hoy de forma fehaciente, quien
fue el organizador de esta frustrada sublevación.
Tres días después, el 27 de febrero se celebraron en toda España manifestaciones “por la libertad, la democracia y la Constitución”, con más de un millón de personas en la ciudad de Madrid, donde al grito de “¡Dictadura no!¡Democracia sí!”, “¡Libertad, libertad!” y “Depuración”,
España expresó la intención de romper con el pasado (El Socialista, 1981, págs. 4-5). Superada
la intentona golpista, la democracia siguió su curso normal, y la campaña de oposición, el desgaste político interno de UCD, y el recrudecimiento del terrorismo, entre otras causas, hizo que
los españoles diesen en las urnas la mayoría al PSOE el 28 de octubre de 1982, una victoria
que dio comienzo a una nueva etapa en el país, reflejada en la frase expresada por el entonces
nuevo vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra González: “A España no la va a conocer ni
la madre que la parió”.
A las elecciones de 1982, el PSOE se presentó con un programa de 47 páginas, con el título
“Por el cambio”, incidiendo en la cuestión nacional con estas palabras: “El Estado ha de ser garante de la convivencia democrática y de la solidaridad entre los españoles y entre las nacionalidades y regiones de España” (PSOE, 1982, pág. 40); para lo cual hacía una remisión implícita
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al artículo 40 de la Constitución, a través del parafraseo de su contenido3:
(El Estado) tiene, además, según la Constitución, la obligación de promover las condiciones
más favorables para el progreso social y económico y para una distribución equitativa de la
renta personal y regional. Tiene también el deber de crear las condiciones que hagan real y
efectiva la libertad y la igualdad entre los españoles (PSOE, 1982, pág. 40).
La Constitución creó el Estado de las Autonomías, una fórmula de descentralización a medio camino entre el régimen centralista anterior y el federalismo prohibido, concibiéndose el
Estado como propiedad constitucional de la ciudadanía, no de una minoría, ya que de lo contrario se correría el peligro de pervertir la función del Estado, y la gestión de los intereses de la
ciudadanía:
El Estado pertenece constitucionalmente a los ciudadanos. No corresponde a ninguna burocracia ni civil ni militar. Cuando esto se olvida, los intereses burocráticos se anteponen a los
verdaderos intereses públicos, los aparatos burocráticos crecen más allá de lo razonable, se
derrochan los recursos públicos, se debilita la creatividad de la sociedad y se tiende a llevar
al ciudadano a una actitud pasiva de beneficiario o pasivo (PSOE, 1982, pág. 40).
Para evitar el conformismo y la indiferencia ciudadana, la sociedad debía participar en el Estado, un instrumento a su servicio que dependía de él, a fin de que “el Estado se halle de verdad
al servicio de los ciudadanos” (PSOE, 1982, pág. 40). En este contexto, ante la pluralidad de
nacionalidades sentidas por la ciudadanía española y en pos de conseguir la descentralización
estatal, el Estado de las Autonomías era entendido como el sistema para lograr dar cabida a esta
pluralidad; donde el Estado operaría como garante de la actuación solidaria entre las Comunidades Autónomas —a través del correcto funcionamiento del Fondo de Compensación Interterritorial y el desarrollo de la política regional— calificando el programa este objetivo como
“una de las tareas más hermosas y complejas de la democracia española (…) uno de los planes
básicos de la política socialista” (PSOE, 1982, pág. 42).
Otro aspecto recogido por el programa de 1982 fue la posición de España en el mundo, defendiendo la necesidad de contar con un espacio libre de injerencias, que permitiese desarrollar
la labor pacifica del país, contribuyendo “activamente a la causa de la paz, de la libertad, de
3 “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional
y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno
empleo” (Cortes Españolas, 1978).
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la justicia y del progreso en el mundo (PSOE, 1982, pág. 45). Con esta premisa, y en un claro
ejercicio de coherencia de pensamiento, el PSOE mantuvo y desarrolló la postura mantenida en los programas previos respecto de la condena y la lucha contra las diversas formas de
opresión existentes, siendo conscientes de la especial situación de España en el mundo, como
“país occidental y europeo, con una dimensión mediterránea y una proyección americana que
lo diferencia de otras naciones europeas” situado “en la encrucijada de varias culturas y de
varios continentes”, encontrándose entre las prioridades del programa el fortalecimiento de las
relaciones con América Latina, por medio de “la cooperación política, económica y cultural”
(PSOE, 1982, pág. 46).
La llegada al poder de Felipe González va a tener por finalidad la culminación del Estado de
las Autonomías, iniciado en 1979 —con la aprobación de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y País Vasco— desarrollado durante 1981 —Galicia, Andalucía, Asturias, y Cantabria— y
1982 —La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, y Navarra— a través del impulso de los Estatutos que estaban pendientes de aprobación
—Castilla y León, Ceuta, Comunidad de Madrid, Extremadura, Islas Baleares, y Melilla—.
El primer gobierno socialista tuvo que afrontar la finalización de la descentralización estatal,
en un escenario de crisis económica que arrastraba el país desde el comienzo de la crisis del
petróleo de 1973, que llevó a que en 1983, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico —OCDE— augurase para España un índice de desempleo del 17% y un crecimiento económico del 2% (Díez, 1983, pág. 28), situación que manifestó Felipe González durante
la cumbre de Paris organizada por el Partido Socialista Francés en enero de 1983, al expresar
que existía “mucho egoísmo nacional y de esa manera no hay soluciones, porque de esta crisis
no se sale con egoísmos nacionales, luchando cada país en solitario. Sin la solidaridad entre
las naciones no hay salida” (El Socialista, 1983a, pág. 11); unido al problema del terrorismo,
principalmente de ETA, ante el cual González, preguntado sobre las negociaciones con la banda
respondía: “No estoy dispuesto a que se ponga en cuestión la unidad de España. La discusión,
el debate, será siempre dentro de los límites de la Constitución” (El Socialista, 1983a, pág. 15);
una situación que motivó una guerra sucia iniciada para combatirlo —recordando que desde la
promulgación de la amnistía habían sido asesinados 200 miembros de las fuerzas de seguridad
del Estado— e investigada por el gobierno, por ser considerada esta guerra sucia, en palabras de
González “el asesinato, lo practique quien lo practique” (El Socialista, 1983b, pág. 11).
En diciembre de 1984, el PSOE celebró su XXX Congreso, “España, compromiso de solidaridad”, el primero celebrado tras haber logrado el partido el gobierno del país, en el que se
definió la postura del PSOE respecto de la permanencia de España en la OTAN, pese a haberse
opuesto anteriormente. En este Congreso, Felipe González dio muestra de su pragmatismo poRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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lítico, como sintetizaban sus palabras:
Si yo tuviera que tomar la decisión de incorporar España a la Alianza, creo que no la tomaría, pero estamos dentro de la Alianza, con países como Francia, Alemania, Gran Bretaña,
Canadá, EEUU, Holanda o Bélgica (…) soy absolutamente consciente de que ésta es la
realidad de España (…) cuando hablo de mantener el estatus actual lo estoy haciendo con
la cabeza, no con el corazón, con una gran frialdad, analizando qué es lo que favorece a
España y qué es lo que la perjudica (El Socialista, 1984a, pág. 3).
Con 266 votos a favor, 394 en contra y 23 abstenciones, se decidió que el partido no pidiese
la salida de España de la OTAN (El Socialista, 1984b, pág. 3) acto que configuró la posición del
país como actor internacional, europeo y occidental4, consciente y realista ante los cambios que
atravesaba el planeta, en un determinado escenario económico, donde primaba la apertura ante
el aislamiento que arrastraba el país, como recogió la resolución del Congreso:
España, como país europeo occidental, participa del proceso de cambio global que se produce en la actual etapa del capitalismo. De una sociedad aislada del exterior estamos pasando a una sociedad mucho más abierta, en la que se han intensificado extraordinariamente los intercambios con los demás países, a nivel social, económico e ideológico (El
Socialista, 1985, pág. 2).
Fruto del XXX Congreso, se elaboró el documento “Una política de paz y seguridad” donde
se reconocía la inminente incorporación económica e institucional, así como su posición geoestratégica clave, en Europa; razón por la que se consideraba que la permanencia de España en la
OTAN contribuía a garantizar la paz y la seguridad, al no perturbar el equilibrio de fuerzas de
la guerra fría (El Socialista, 1985b, pág. 7). Del mismo modo, ante la situación exterior, en el
plano interno del país, el Estado de las Autonomías era visto como “una exigencia del desarrollo y consolidación de la democracia” (El Socialista, 1985a, pág. 14).
España no podía ocupar su posición europea y occidental sin democracia, por lo que conscientes de la situación, se reafirmó en el Congreso que “La continuidad del proceso autonómico
es la mejor garantía para la defensa y promoción de la identidad propia de los distintos pueblos
de España” (El Socialista, 1985a, pág. 14), exposición que delimitaba la hoja de ruta a seguir

4 Una posición que se consolidó con la firma por Felipe González, del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, el 12 de junio de 1985.
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por el Partido, en favor de mantener la descentralización y el fomento de la responsabilidad y
la solidaridad entre las Comunidades Autónomas y sus ciudadanos, iguales pese a sus señas
propias de identidad, en la unidad de España.
El segundo gobierno del PSOE: las elecciones generales 1986
El 1 de enero de 1986 España se incorporó oficialmente a las Comunidades Europeas, cuya
primera muestra fue el establecimiento de la igualdad del sistema tributario español respecto del resto de miembros europeos, a través del Impuesto sobre el Valor Añadido —IVA—
que sustituyó 24 impuestos indirectos, encareciendo algunos productos básicos (El Socialista,
1986a, pág. 8); a su vez, el 19 de enero del mismo año, como consecuencia de la incorporación
europea, España estableció relaciones diplomáticas con Israel —35 años después de su fundación— una reparación de la ruptura con el pueblo judío, iniciada con su expulsión en 1492 (El
Socialista, 1986b, pág. 3).
El 30 de enero, se produjo la jura de la Constitución ante las Cortes, por su alteza real el
príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia, al alcanzar este su mayoría de edad, en un
acto que simbolizaba el sometimiento al derecho y al sistema parlamentario representativo y
el compromiso de servicio a las instituciones, y de lealtad al Rey, del futuro monarca —actual
Felipe VI—, como recogen las palabras del entonces presidente del Congreso de los Diputados,
Gregorio Peces-Barba Martínez:
Alteza Real: con el Juramento que vais a prestar estáis simbolizando vuestro sometimiento
al Derecho, vuestra aceptación del sistema parlamentarlo representativo que nuestra Constitución establece, vuestro compromiso de servicio a las instituciones y a los ciudadanos y
vuestra lealtad al Rey. Hoy es un día grande para la democracia, para la Monarquía, y para
todos los hombres y mujeres de esa España viva y plural de las Autonomías (Congreso de
los Diputados, 1986).
La España de 1986 es monárquica, europea, abierta al establecimiento de nuevas relaciones
internacionales y práctica en lo político, como demostró el referéndum sobre la permanencia
de España en la OTAN, una arriesgada maniobra política que mostraba la importancia que representaba la democracia para el gobierno socialista, al anteponer la decisión de la ciudadanía
sobre un tema que era trascendental para el conjunto del país. Celebrado el 12 de marzo de
1986, tras una campaña en la que se sucedieron los movimientos a favor y en contra de la permanencia española en la OTAN, se impuso el sí, con el 52,53% de los votos, con un porcentaje
de participación en el referéndum del 59,73% (El Socialista, 1986c, pág. 3).
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El 11 de abril de 1986, el PSOE celebró un Comité Federal extraordinario para reprobar
internamente —por 82 votos a favor, 2 en contra y 23 abstenciones— la falta de disciplina de
algunos miembros que se mostraron contrarios a la petición de voto favorable por el sí, durante
la campaña sobre el referéndum de la Alianza Atlántica, anteponiendo criterios personales a la
decisión adoptada previamente por el partido, lo cual fue entendido como un acto de deslealtad política; e igualmente, durante el Comité Federal, Manuel Chaves, secretario de asuntos
sociales, económicos y sindicales de la Comisión de la Ejecutiva Federal, y coordinador del
equipo de trabajo de elaboración del programa electoral de 1986, expuso el avance del mismo,
indicando que la línea a seguir sería similar al programa de 1982 (El Socialista, 1986d, pág. 3).
El programa electoral de 1986, titulado “Para seguir avanzando, por buen camino” constaba
de 124 páginas, destacando el tratamiento que se efectuaba de la cuestión nacional, no como un
fenómeno aislado del país, sino en relación a Europa —cuestión que se explica por la incorporación del país a la CEE—. En concreto, el apartado dedicado por el programa a tratar ese tema
llevaba por rubrica “Adaptación a Europa y a los nuevos instrumentos de gestión”.
Para el PSOE, tal y como recoge su programa del 86, el garante de la aplicación y funcionamiento de la política comunitaria era el Estado, requiriéndose para ello de “la coordinación,
lealtad, confianza y solidaridad de los distintos poderes públicos” (PSOE, 1986, pág. 108),
partiendo de la necesidad de organizar y coordinar el funcionamiento de la Administración del
Estado tanto en el centro y las periferias, como entre el Gobierno y las Autonomías (PSOE,
1986, pág. 97). El programa de 1986 mantenía así el continuismo en el abordaje de la cuestión
nacional —salvo la novedad de adaptación europea— como consolidación del proyecto del
Estado de las Autonomías iniciado con la Constitución de 1978, recordando en su texto como
al momento de acceder al cargo los socialistas, el proyecto se encontraba en sus inicios, calificando de trascendental “la superación del Estado autoritario y centralizado” que caracterizó
al régimen anterior —que mantuvo adeptos contrarios a la reforma— y que había sido posible
“gracias al empeño de la mayoría de los españoles” (PSOE, 1986, pág. 105).
La consolidación institucional se preveía a través de la coordinación y la cooperación entre
las administraciones públicas, donde el gobierno de la Nación era el único legitimado democráticamente para definir y ejecutar políticas nacionales (PSOE, 1986, pág. 106) confirmando así
la apuesta por un Estado de las Autonomías, donde el gobierno de la Nación era un primus inter
pares; mientras que en el marco internacional, el Partido se presentaba a las elecciones, con una
labor continuista de la cooperación de su gobierno ante América Latina “en pro de la paz, la libertad, la defensa de los derechos humanos y el logro de mayores cotas de bienestar y progreso
para sus pueblos” (PSOE, 1986, pág. 111); donde todos los lineamientos de exposición de política exterior respondían a la necesidad de España de contar con una credibilidad internacional
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en el marco de las relaciones que mantenía con otros países, lo cual formaba parte de un proceso
que requería desarrollo y fortalecimiento, que se basaba en “Garantizar la integridad territorial,
la soberanía nacional y la seguridad de España (PSOE, 1986, pág. 112).
Durante la campaña de estas elecciones, por primera vez se empleó en España el mensaje
telefónico como publicidad electoral, donde el receptor de la llamada escuchaba la voz grabada
del propio presidente del gobierno (El Socialista, 1986e, pág. 5). El 22 de junio, el pueblo español cumplió con su cita ante las urnas, con una participación del 70,77%, en la que el PSOE
se mantuvo como la principal fuerza política del país, con el respaldo del 44,06% de los votos
(El Socialista, 1986f, pág. 1), garantizando con ello el desarrollo de las políticas socialistas en
España, como expresaba Felipe González la noche del 22 de junio:
Estos resultados hacen posible la continuidad y estabilidad del proyecto de progreso en el
que hemos venido trabajando. Reiteramos la voluntad de que nuestra acción de gobierno
esté presidida por un espíritu de diálogo, acuerdo y cooperación con todas las fuerzas políticas y sociales, así como las Comunidades Autónomas, corporaciones locales y demás
instituciones del Estado (El Socialista, 1986f, pág. 3).
El tercer gobierno del PSOE: las elecciones generales 1989
Del 20 al 22 de junio de 1986 se celebró el XVII Congreso de la Internacional Socialista, en
Lima —Perú— siendo la primera vez que se reunía en un país de América Latina (El Socialista, 1986, pág. 7), una región que al igual que España, estaba afectada por la crisis económica
mundial, agravada por el déficit estructural de estos países, la desigualdad, la inexistencia de
políticas a largo plazo y de un proyecto nacional (Casilda, 1986, pág. 10).
Con una derecha descabezada, tras la renuncia de Manuel Fraga Iribarne al frente del partido
Alianza Popular —AP— algunas voces de las filas socialistas alertaban de las repercusiones
que podía tener esta situación sobre la democracia española, al generar un panorama de ausencia de alternativa que convirtiese el voto en el PSOE “en el voto por el mal menor, por lo malo
conocido” (Paramio, 1986, pág. 3). La crisis afectaba a España, y existía descontento por la
situación económica del momento: la cesta de la compra había ascendido de 20.315 pesetas en
1982 a 30.270 pesetas en 1987 (El Socialista, 1987a, pág. IV), siendo muestra de la inflación
del país, que afrontaba un proceso de reconversión industrial desde la promulgación del Real
Decreto-Ley 30 de noviembre de 1983; además, en 1987 el gobierno tuvo que afrontar: una
moción de censura que no prosperó por 195 votos en contra, frente a 67 votos a favor y 71
abstenciones (El Socialista, 1987a, pág. IV); unos enfrentamientos en la localidad de Reinosa,
en Cantabria, ante la reconversión industrial de la industria Forjas y Aceros —que daba trabajo
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a 1.763 personas de las 13.000 que habitaban la localidad— la cual preveía la pérdida de 463
puestos de trabajo (El País, 1987) que se saldaron con la muerte del trabajador Gonzalo Ruiz el
5 de mayo (Delgado , 1987); y el recrudecimiento de la actividad terrorista de ETA, con atentados como el de Hipercor, el 11 de junio en Barcelona —con 21 muertos, de los cuales cuatro
eran niños, y 45 heridos—, o el de la casa cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre —con 11
muertos, entre los que se encontraban cinco niños y un adolescente, y alrededor de 90 heridos—
(Ceberio Belaza, 2018).
Frente a este escenario, el PSOE celebró entre el 22 y el 24 de enero de 1988 su XXXI
Congreso, en el cual Felipe González manifestó su firme convicción en el partido que lideraba
“capaz de articular el conjunto de la sociedad española, capaz de darle cohesión al Estado, capaz de asumir su responsabilidad en la lucha contra el terrorismo, en la superación de la crisis
económica y capaz de llevar adelante las responsabilidades del Gobierno” (El Socialista, 1988,
pág. 3). En el contexto de este Congreso, se presentaron los primeros resultados del llamado
“Programa 2000”. Una comisión de trabajo del partido, que comprendería de 1987 a 1990, para
recoger propuestas en materia de economía, política y sociología, con la intención de obtener
conclusiones sobre cuáles serían las tendencias para el año 2000 (El Socialista, 1987b, pág. 3)
con la siguiente finalidad: “Reconstruir una ideología operativa, un programa básico de estrategias capaz de propiciar la innovación social que España reclama” (Escudero, 1987, pág. 7). De
este Congreso debe destacarse la aprobación, por mayoría absoluta, en los Estatutos Federales
del partido, de la creación de un sistema de cuotas para garantizar la presencia de la mujer en
la directiva del partido, en un porcentaje que no fuese inferior al 25% (El Socialista, 1988, pág.
15) y de igual forma, con la aprobación por el Gobierno del Real Decreto 1/1988, de 22 de febrero, se reguló la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas.
Con estas medidas, el PSOE mostraba su compromiso con las mujeres, en una clara maniobra de aperturismo social, necesario para el régimen democrático que se estaba consolidando
en aquellos años; una democracia a la que Felipe González aludía en el discurso de cierre del
XXXI Congreso, pronunciando unas palabras que pueden aplicarse hoy, en pleno siglo XXI:
La democracia sigue siendo el menos malo de todos los sistemas, el más digno, el más noble,
el que es capaz de poner al descubierto los defectos de cada cual. Pero la democracia tienes
sus reglas; y a veces uno tiene el sentimiento de que inconsciente o conscientemente esas
reglas se están vulnerando. Esas reglas se vulneran con grave daño cuando se desprestigia
la política y a los políticos en general: todos son iguales, todos vienen a aprovecharse, sean
de donde sean y (añaden algunos en voz baja) si no se han aprovechado es que son tontos.
¿En qué quedamos? (El Socialista, 1988, pág. 13).
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En enero de 1989, España asumió por primera vez la presidencia semestral de la Comunidad
Europea, la cual estuvo marcada, como expuso el entonces ministro de Asuntos Exteriores,
Francisco Fernández Ordoñez, por Europa, el Mercado Interior, los ciudadanos y el espacio
social europeo (El Socialista, 1989a, pág. 4); ese mismo año, siete meses antes de lo previsto,
Felipe González decidió convocar elecciones para el 29 de octubre (El Socialista, 1989b, pág.
3) en las cuales habría conseguido por tercera vez mayoría absoluta, con el respaldo del 39,55%
de los votos, tras una participación del 69,92% (El Socialista, 1989c, pág. 1) si no hubiese sido
por la decisión de la Junta Electoral Provincial de Murcia de dar el noveno escaño de esta provincia a Izquierda Unida —IU—, en perjuicio del PSOE (El Socialista, 1989d, pág. 4), aunque
fue una mayoría absoluta de facto, al obtener 175 escaños de los 176 necesarios, debido a que
los diputados del partido Herri Batasuna, estuvieron ausentes durante toda la legislatura. El 20
de noviembre de ese año, el diputado Iñaki Esnaola, sufrió un atentado, en el que murió el diputado Josu Muguruza, siendo nombrados como sustitutos Rafael Diez Usabiaga y Ángel Alcalde,
respectivamente, pero todos ellos, junto a Itziar Aizpurúa y Jon Idígoras, fueron suspendidos
durante toda la legislatura, por no utilizar la fórmula oficial de acatamiento de la Constitución
(El País, 1989) (El País, 1991).
A esta cita electoral, el PSOE acudió con el programa “España en progreso” de 76 páginas,
con la visión puesta en 1992, año en que se iban a celebrar numerosos eventos de trascendencia
para los españoles: “La creación del Mercado Único Europeo, la conmemoración del Quinto
Centenario del Descubrimiento de América, la celebración de la Exposición Universal de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la elección de Madrid como Capital Cultural de
Europa”; siendo visto ese año como “una oportunidad para impulsar España” y demostrar el
grado de integración y apertura internacional alcanzado por el país, viéndose Europa, desde el
proyecto socialista, como el medio necesario para fortalecer la situación interna (PSOE, 1989,
págs. 5-8).
Se deduce del programa que la visión socialista respecto del país comprendía tres posiciones
interconectadas: España en Europa, como parte del proyecto de integración; España con Europa, en la defensa y promoción de las condiciones que propugna; y España frente a Europa,
al no negar el desarrollo de un proyecto nacional propio, en paralelo al desarrollo de la Unión
Europea. En el mismo sentido, Europa era vista como un medio, y no un fin, “para conseguir un
espacio común con más empleo y progreso social” (PSOE, 1989, pág. 8), dedicando en el plano
cultural, un apartado a las lenguas del país considerándolo “un patrimonio enriquecedor, cuya
preservación, estímulo y difusión son objetivos deseables” para lo cual se preveía la promoción
de “medidas e incentivos específicos para la conservación y conocimiento de estas culturas y
lenguas, tanto en España como en su proyección internacional” (PSOE, 1989, pág. 60).
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El PSOE comprendía la riqueza cultural del país, tanto a nivel nacional, como en los distintos
niveles regionales, asumiendo la importancia de defender y difundir este patrimonio inmaterial
de todos los españoles, como elemento cohesionador dentro y fuera de nuestras fronteras: “La
cultura española aspira a consolidar su papel en el mundo (…) Los socialistas españoles reivindicamos el papel de la cultura en la construcción de Europa” (PSOE, 1989, pág. 61). Asimismo,
en el documento se consolidaba la evolución programática del PSOE en Iberoamérica, fijando
como principios orientadores de su actividad “la paz en Centroamérica, la democratización del
Continente y el desarrollo y progreso de sus pueblos”; situación en que destacó la defensa a los
incipientes procesos democráticos de Chile y Paraguay (PSOE, 1989, pág. 75).
El cuarto gobierno del PSOE hasta las elecciones generales 1993
A comienzos de 1990, la Unión Soviética se estaba desmoronando con el consecuente efecto
que esto producía en los movimientos de izquierda del mundo entero. El mes de noviembre
de 1989 los berlineses acabaron con el muro que había dividido su ciudad durante 28 años,
mientras que los países del Este europeo llevaban años organizándose para lograr la independencia, y el ejército soviético seguía combatiendo en la guerra de Afganistán. Los discursos de
izquierda necesitaban una renovación, incluidos los socialdemócratas, ante el riesgo de caer en
el anquilosamiento ideológico y la incapacidad de ofrecer un modelo a seguir. Por este motivo,
el 18 de enero de 1990, se presentó el borrador del manifiesto del Programa 2000, fruto de las
investigaciones realizadas los tres años previos, con el fin de renovar el proyecto socialista (El
Socialista, 1990a, pág. 7), cuya versión definitiva se publicó en junio de ese año (Escuerdo
Zamora, 1990, pág. 6).
El documento, considerado la guía del proyecto socialista para alcanzar un cambio social y
acabar con la explotación —con el apoyo mayoritario de la sociedad— reconocía el papel que
cumple el Estado, a quien se le requería la asunción de nuevas atribuciones tendentes a garantizar el reparto de la prosperidad y el sostenimiento de la democracia (El Socialista, 1990b, pág.
7). A través de este documento, el PSOE defendía una formula federalista —pese a utilizar la
terminología constitucional de Estado de las Autonomías— por entender que solo a través de
ella es como se podía lograr una verdadera democracia, rompiendo con el sistema centralista,
en un ejercicio de coherencia con el pensamiento progresista, sin omitir también la crisis que
atravesaba en aquellos años el comunismo:
Tras setenta y tres años de utopías revolucionarias, convertidas en terror político, la propia
Unión Soviética ha hecho saltar en mil pedazos el referente ideológico del comunismo (…)
la renovación del proyecto del socialismo democrático adquiere así el compromiso de conRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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vertirse en plataforma para el encuentro de toda la izquierda (El Socialista, 1990b, pág. 10).
El PSOE consideraba que la democracia es el camino, y la socialdemocracia debía ser la
piedra angular sobre la que descansase la política de la izquierda, al entenderse que:
La democracia es una conquista histórica que ha de seguir siendo cincel para modelar el
cambio social hacia una nueva sociedad, en la que el poder, la renta y la riqueza estén repartidas de tal modo que creen las bases materiales para la completa emancipación social
(El Socialista, 1990b, pág. 10).
Ante el descalabro soviético —cuyo último presidente, Mijail Gorbachov, fue el primer y
único dirigente de este país que visitó España, entre el 26 y 28 de octubre de 1990 (El Socialista,
1990c, pág. 13)— el PSOE veía en la socialdemocracia un sólido cimiento frente a otras alternativas, gracias a los principios que habían caracterizado el movimiento: “Talante de seriedad,
de rigor, de sentido de la disciplina, de sentido de la solidaridad (…) de mantenimiento por
encima de todo de un espíritu solidario con los compañeros y de acatamiento a las normas de
funcionamiento democrático interno del partido” (Tezanos, 1990, pág. 9).
La situación internacional fue reconocida en el XXXII Congreso del PSOE, celebrado en
noviembre de 1990. En él, si bien se celebró la caída del Muro de Berlín —el mismo día de
apertura del congreso— como el propio González expresó, se corría el riesgo de que el fracaso
comunista constituyese la sacralización del sistema capitalista, frente a la idea socialista del
mercado como un instrumento de generación de riqueza que debe redistribuirla con la ejecución de políticas dirigidas a ese fin (El Socialista, 1990d, pág. 3). Ante la deriva comunista, el
socialismo se enfrentaba ante el reto de asumir el pleno liderazgo de la izquierda y plantear
alternativas y soluciones a los problemas de la sociedad. Para ello, como se reconoció en el VII
encuentro sobre el futuro del socialismo, celebrado en Madrid el 12-14 de diciembre de 1991,
una de las claves era la recuperación del internacionalismo por parte de la izquierda, para lograr
un fortalecimiento de la solidaridad mundial entre los países del norte y del sur (El Socialista, 1991, pág. 9). Ese internacionalismo fue el aplicado por el PSOE en estos años, logrando
posicionar a España en la esfera internacional como un defensor incondicional de la paz a
cualquier precio, como demostró el aporte al bloqueo internacional contra Sadam Hussein o la
intervención humanitaria durante la guerra de los Balcanes, la celebración de la conferencia de
paz de Madrid en octubre de 1991, la firma del Acuerdo de Maastricht, o la propuesta de Felipe
González de crear la ciudadanía europea.
Entre los días 19 y 20 de junio de 1992, el PSOE celebró su Comité Federal, del cual se
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aprobó la resolución “Objetivo 97”, en el que conscientes de este nuevo escenario mundial, se
fijaba como meta que España llegase a ser “un país a la cabeza del desarrollo económico, un
país eficiente y un país socialmente integrado” no sin antes reconocer que para ello se requeriría
un esfuerzo ciudadano: “Una meta colectiva, no solo por su importancia, sino porque implica
un cambio cultural: superar la ilusión de la ganancia fácil y valorar la importancia del esfuerzo,
del trabajo bien hecho” (El Socialista, 1992, pág. 7).
España atravesaba una delicada situación como consecuencia del paro y los escándalos de
corrupción que estaban salpicando al gobierno, poniendo en peligro el proyecto socialista. Ante
este escenario, Francisco Fernández Marugán fue nombrado coordinador de los trabajos de
elaboración del programa electoral de las elecciones de 1993 (El Socialista, 1993a, pág. 36) y
Felipe González decidió adelantar las elecciones al 6 de junio de ese año, ante el bloqueo institucional que se desarrollaba en el país (El Socialista, 1993b, pág. 21).
El documento obtenido de estos trabajos fue “El programa de la mayoría”, de 98 páginas,
en cuyo comienzo se explicaba cómo España ocupaba el puesto prioritario de sus políticas, sin
olvidar Europa ni el Estado de las Autonomías —bajo la mención de la cohesión nacional y la
solidaridad— (PSOE, 1993, pág. 3). El Estado de las Autonomías era una realidad, pero ante la
descentralización alcanzada, se debía evitar el riesgo de caer en la ruptura, y en la desaparición
de la nación española por el éxito de las naciones que la conforman: “Un Estado tan descentralizado como el español, debe plantearse el mantenimiento de los factores de vertebración que
nos configuran como una nación, en la que todos los ciudadanos gozan de idénticos derechos
en cualquier lugar del territorio” (PSOE, 1993, pág. 81).
El país se encontraba en plena recesión económica, aunque se avistaban ya elementos de
recuperación. Pese a esta situación, el Estado había conseguido la descentralización iniciada
con la Constitución de 1978, sin omitir la unidad entre las distintas regiones: “España es uno
de los Estados más descentralizados del mundo habiendo solucionado unos de sus problemas
históricos. La cohesión territorial es el complemento ineludible de la cohesión social” (PSOE,
1993, pág. 8). A pesar de la descentralización alcanzada, esto no implicaba un desentendimiento
de la cuestión cultural como algo exclusivo de cada autonomía, sino como parte de un proyecto común nacional (PSOE, 1993, pág. 70); y en el ámbito internacional, el programa de 1993
contemplaba la continuidad del proyecto de consolidación europea, en vista de lograr un mayor
protagonismo de España en la integración económica, así como conseguir un posicionamiento
en el eje Mediterráneo a través de la defensa de la paz y los derechos humanos, de acuerdo al
mandato de Naciones Unidas para construir un nuevo mundo tras la superación de la guerra fría,
fijando sus ejes de actuación “en el ámbito del Mediterráneo y en la consolidación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones” (PSOE, 1993, pág. 9), al ser imposible negar los especiales
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vínculos existentes entre España e Iberoamérica, por su “vinculación histórica y cultural” que
“constituye un espléndido activo humano y un valioso instrumento diplomático para ambas
partes” (PSOE, 1993, pág. 95).
En 1993, recién colapsado el mundo comunista, la socialdemocracia del PSOE mostraba
su compromiso con el internacionalismo a través de la solidaridad y la cooperación entre los
Estados, y la promoción y defensa de la democracia, los derechos humanos y la paz; así como
la protección de los desfavorecidos, tal y como reconocía el programa al decir que “La inmigración legal y controlada es algo positivo para nuestro país”; a la vez que declaraba el “firme
compromiso de lucha política, jurídica y cultural contra el racismo y la xenofobia” (PSOE,
1993, págs. 64-65), propuestas que permitieron que Felipe González consiguiese imponerse
en las urnas, con el 38,68% de los votos de una participación del 77.28% de la ciudadanía (El
Socialista, 1993c, pág. 20), pero las elecciones de 6 de junio de 1993 constituyeron su última
victoria electoral y la última alcanzada por el PSOE hasta el año 2004.
La derrota electoral de González en las elecciones generales 1996
Como manifestaba Felipe González ante la proximidad del XXXIII Congreso del PSOE, celebrado el 18-20 de marzo de 1994, el paro era la principal preocupación de la sociedad española
(Gonzalez, 1993, pág. 6). La última legislatura socialista en años se enfrentó al problema del
empleo, al que se sumaría la credibilidad del sistema bancario español —con el caso Banesto—
y la incertidumbre en torno a los Grupos Antiterroristas de Liberación o GAL, llegando a ser
preguntado abiertamente el presidente por el periodista Iñaki Gabilondo en una entrevista de
1995 sobre si había organizado él estos grupos.
Son los años del “¡Váyase señor González!” como acuñó José María Aznar —líder del Partido Popular— durante el debate sobre el estado de la nación de 1994, y el rechazo de los
presupuestos generales de 1995, los primeros que no fueron admitidos en la historia del país,
llevando a una situación de crispación que desembocó en la disolución de las Cortes el 8 de
enero de 1996 y a la convocatoria de elecciones para el 3 de marzo de ese mismo año.
A esta cita electoral el PSOE acudió con un programa sin título, de 226 páginas, el más
extenso redactado hasta el momento. El partido asumía la delicada situación que atravesaba el
país —la cual podríamos hacer extensible a la actualidad—:
las elecciones de marzo van a tener lugar en medio de una crisis política innegable. Se ha
extendido una sensación de malestar sobre el modo en que funciona el sistema democrático
(…) nuestra vida pública atraviesa una fase de ensimismamiento y de tensiones que nos impiden centrar la atención en los auténticos retos del futuro (…) los españoles se encuentran
hoy perplejos ante lo que puede pasar, y demandan claridad sobre las perspectivas de futuro
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(PSOE, 1996, pág. 10).
El documento abría con una declaración de intenciones del país: “Vivimos abiertos a Europa
y al mundo”; a la par que exponía que “ya no somos diferentes” (PSOE, 1996, pág. 7) mostrando cómo España había abandonado definitivamente el ostracismo de las décadas pasadas,
habiendo alcanzado una posición de país desarrollado, posicionado internacionalmente e integrado en el contexto europeo, abriendo el espectro de posibilidades al futuro nacional: “Hemos
unido nuestra suerte a la del resto de los países del continente, y nuestra presencia en la Unión
Europea nos permite afrontar con optimismo muchos de los retos que depara el futuro” (PSOE,
1996, pág. 12).
A pesar de las oportunidades que podía abrigar el porvenir, el PSOE era consciente de la
necesidad de la unidad y el esfuerzo nacional para lograr el aprovechamiento de las mismas.
El desgaste político provocado por los incansables años de crisis, la proliferación de los casos
de corrupción que salpicaban al gobierno y la consolidación de la derecha, como alternativa
realista, llevaron al partido a una posición de necesaria evolución:
Queremos cambiar, pero sin destruir lo que hemos logrado (…) movilizar de nuevo a todos
los sectores sociales que ambicionan un futuro mejor (..) que nuestro mensaje sea escuchado
también por esa parte de la sociedad que está excesivamente tensa y crispada, que siente
desafección por los asuntos políticos (…) pero nos preocupa que un hipotético triunfo de
la derecha sea el primer paso para cuestionar parte de lo que hemos logrado (…) (PSOE,
1996, pág. 9).
Ante el descontento popular hacia la política y las instituciones, el PSOE recordaba cómo se
había concluido el proyecto de descentralización, cumpliéndose el objetivo del Estado de las
Autonomías (PSOE, 1996, pág. 8) que permitía la continuidad de la unidad nacional, precisándose de una materialización a través de un efectivo desarrollo de las infraestructuras: “El territorio debe quedar unido por una vasta red de carreteras y de telecomunicaciones, que aumente
su competitividad y reequilibre unas zonas con otras” (PSOE, 1996, pág. 17).
A la par, sostenía la importancia de la pluralidad cultural del país, no como un sumatorio de
fenómenos regionales aislados, sino como complemento de la riqueza del conjunto de España,
motivos por los que defendía un proyecto plural y único en sí mismo:
Queremos ofrecer ante el problema nacional una cultura política de lealtad, mostrando
nuestro reconocimiento y asunción del pluralismo lingüístico, cultural e histórico de EspaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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ña. Y frente a quienes tratan de explotar el rechazo hacia quienes no son como ellos, nos
comprometemos a garantizar la tolerancia ante los hechos diferenciales de nuestras nacionalidades y regiones (PSOE, 1996, págs. 17-18).
Para ello, se exhortaba “la difusión de la lengua y cultura españolas mediante las instituciones creadas y los medios de comunicación públicos” (PSOE, 1996, pág. 89), asegurando el
aprendizaje de todos los alumnos tanto del español, como de la lengua propia de las Comunidades Autónomas (PSOE, 1996, pág. 51) y “la enseñanza del español y de la lengua propia de la
Comunidad Autónoma de acogida para los inmigrantes de otras lenguas y sus familias” (PSOE,
1996, pág. 91).
Al exterior, España/Europa —como un ente indivisible—, no era independiente del nuevo
escenario geopolítico propiciado por el fracaso soviético, donde si bien se mantenía el espíritu
internacionalista propio del socialismo, se asumía la importancia que desempeñaba la seguridad
de otros países para la seguridad propia nacional:
Desde nuestro punto de vista como socialistas, ni España ni Europa pueden concebir su
futuro desentendiéndose de lo que sucede en el borde mismo de las fronteras del continente
(…) la solidaridad en nuestra política hacia ese grupo de países (en referencia al Este de
Europa y el norte de África) y hacia Latinoamérica no es solo un imperativo moral sino un
requisito de nuestra propia seguridad (PSOE, 1996, págs. 18-19).
En el mismo sentido, la cooperación con Iberoamérica, considerada fundamental para la
política exterior de España fue abordada desde el plano educativo, a través de formación y asistencia técnica (PSOE, 1996, pág. 101), y de programas de intercambio deportivos (PSOE, 1996,
pág. 109); pero sobre todo por medio del impulso de un proceso de integración iberoamericano:
Debemos lograr asentar un mayor espacio social entre América Latina y España y ayudar
a vertebrar la cohesión de la región en sí. Este objetivo impulsa y justifica nuestro esfuerzo por constituir progresivamente una Comunidad Iberoamericana de Naciones” (PSOE,
1996, pág. 217).
De nada sirvió la propuesta de un sólido modelo nacional e internacional de alternativa. El
PSOE obtuvo el 31,83% de los votos, perdiendo por un estrecho margen ante el PP, que obtuvo
el 37,19% (Congreso de los Diputados, 1996). A principios de mayo de 1996, José María Aznar
llegó al Palacio de la Moncloa, la que sería su nueva residencia durante casi una década, marRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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cando así el final del proyecto socialista iniciado en 1982.
4.-CONCLUSIONES
España no se puede entender sin el PSOE. Desde la abstención histórica de formar parte en la
III internacional —como manifestación de independencia ante las injerencias extranjeras de la
Unión Soviética— hasta la anexión al sistema europeo y la entrada en la OTAN —como posicionamiento del país en la esfera internacional occidental, a pesar de su rechazo inicial— el
socialismo español ha sido consciente de las implicaciones de cada decisión adoptada —sin
olvidar los actos criminales cometidos por el GAL—, la importancia del internacionalismo, la
solidaridad y la cooperación entre Estados, junto con la defensa de la paz y el diálogo, elementos indispensables para el cumplimiento del socialismo.
Originariamente el partido proyectó una idea de España como una república federal de trabajadores, cuya defensa correspondía a las fuerzas armadas, como representación del pueblo,
en coordinación con Europa y en oposición a las intromisiones extranjeras. La promulgación de
la Constitución española de 1978, llevó al abandono del republicanismo, aceptando un régimen
monárquico parlamentario en favor de garantizar la estabilidad en los comienzos de la democracia, sin que por ello se abandonasen los objetivos de descentralización progresiva, dentro de
la unidad española, a través del fortalecimiento de la solidaridad entre sus distintas regiones,
el respeto y la defensa de las diversas identidades culturales, el fomento de la responsabilidad
democrática del país y la defensa de los trabajadores.
España se concebía como un primus inter pares, que debía garantizar la armonía y la convivencia entre sus distintas regiones, evitando cualquier ruptura. Su titularidad no era exclusiva
de un grupo o una concreta identidad, sino que agrupaba al conjunto de quienes viven en ella,
encargados de velar por su integridad a través de la responsabilidad democrática al interior, y
con las fuerzas armadas al exterior. Progresivamente, a medida que se iba consolidando la posición del país en Europa y el conjunto de occidente, se comenzó a impulsar los vínculos con
las proximidades geográficas e históricas del norte de África y del conjunto de América Latina.
La acumulación de escándalos políticos, el problema del paro, tres huelgas generales, y el
acoso de la oposición política, desencantaron al electorado, poniendo fin a trece años de gobierno socialista. Terminaba así un proyecto que había logrado acrecentar la descentralización
del antiguo régimen, dando lugar a una España concienciada de su pasado, con el respeto y la
protección de la cultura y las lenguas españolas; abierta al exterior, tanto europea como internacionalmente —y muy especialmente con Iberoamérica— así como al interior —con la conclusión del Estado de las Autonomías y la incorporación de la mujer en los distintos ámbitos de
la sociedad española—; plural, por la defensa y difusión de la cultura y las lenguas españolas;
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pacífica, dialogante, y sobre todo democrática.
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Política de planeación de la educación superior en México e industria 4.0: 2013-20241
Higher education planning policy on México and industry 4.0: 2013-2024
Fernando, Cárdenas-Cabello2
Centro Universitario CIFE, México
https://orcid.org/0000-0003-1592-898X
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-3
___________________________________________________________________________
RESUMEN
Este trabajo se fijó por objetivo observar, medir y contrastar la evolución de la importancia que se ha dado a la
formación para la industria 4.0 en la educación superior, por parte del gobierno federal de México en las dos más
recientes administraciones, tomando como fundamento el documento básico de planeación de cada una de estas,
el PND (Pan Nacional de Desarrollo) 2013-2018, y el PND 2019-2024. Para identificar cómo ha evolucionado
la importancia de la formación para la industria 4.0 en la educación superior, en la política de planeación del
gobierno federal de México. El acercamiento teórico se realizó desde la perspectiva de estudio de las políticas
públicas, mientras que el método recurrido para el estudio del objeto en cuestión fue el análisis de contenido. Se
identificó una cualitativamente mayor importancia prestada a la formación superior para la industria 4.0 en PND
más reciente. Se concluye que la política de planeación federal mexicana -desde su documento básico- en materia
de educación superior, se ha ido adecuando cada vez más a las nuevas realidades tecnológicas de la sociedad.
Palabras claves: Cambio tecnológico, desarrollo económico y social, enseñanza superior, política educacional,
política gubernamental.
ABSTRACT
This work had the goal to observe, measure and contrast the evolution on importance given to formation for the
4.0 industry on higher education by Mexican federal government on the two most recent administrations, taking
as basis the planning basic document from each, the NDP (National Development Plan) 2013-2018, and the NDP
2019-2023. To identify how it has changed the importance of formation for 4.0 industry in higher education, on the
planning policy from Mexican federal government. The theoretical approaching was made through public policies
study and the method used was content analysis. A more qualitatively important place was given to formation on
higher education for the 4.0 industry in the most recent NDP. The conclusion is that Mexican federal planning
policy -from its basic planning document- on higher education, has been adapting even more to technological new
realities from the society
Keywords: Economic and social development, educational policy, government policy, higher education, technological change.
Recibido: 30 de Septiembre 2019 - Aceptado: 01 de Febrero 2020 - Corregido: 14 de Marzo 2020
Cómo referenciar este artículo:
Cárdenas-Cabello, F. (2020). Política de planeación de la educación superior en México e industria 4.0: 20132024. Politica Globalidad y Ciudadanía, 49-66. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/
RPGyC/article/view/146

1 Artículo de investigación derivado del proyecto de investigación: Educación superior e industria 4.0 en México, el cual
finalizó en 2019
2 Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, Investigador del Centro Universitario CIFE y Profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Contacto: fernando.cardenas@uaem.mx
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1.- INTRODUCCION
La industria 4.0 es un concepto de gran actualidad y trascendencia, se refiere a la presente introducción de procesos informáticos en la producción y distribución de bienes, y en la provisión
de servicios. Las instituciones de educación superior en México han comenzado una adaptación
hacia esta tendencia actual de los procesos productivos en el mundo a través de la introducción
de programas educativos que buscan formar profesionales acordes a esta nueva realidad de la
industria 4.0.
El documento básico del gobierno federal en México, es el Plan Nacional de Desarrollo, es
la carta de navegación en la que se encuentran las directrices para las diferentes acciones en los
distintos sectores de la administración pública federal, y para el desarrollo de los varios programas sectoriales de las diversas secretarías que componen la estructura del gobierno; así como
para el diseño de las políticas públicas, que deberán poner en marcha dichas dependencias.
La industria 4.0 es una noción que la academia alemana propuso al mundo desde el año 2011
para describir una realidad ya existente de la vinculación de los procesos productivos y comerciales con las tecnologías de la información vía remota, al ser un tema de central importancia
en la actualidad, las directrices de la educación superior mexicana, tendrían que haberla considerado desde la elaboración del PND de la administración pública federal de México para el
periodo 2013-2018, así como en el PND 2019-2024, es decir que los documentos mencionados
debieron tener en cuenta la realidad de la transformación de los procesos productivos e informáticos, y la noción de la industria 4.0, para la elaboración de la planeación de la educación
superior en México en los periodos referidos.
Como se planteó antes, este trabajo busca se exponer con qué amplitud e importancia se
observa la planeación de políticas educativas federales para la industria 4.0, entre el sexenio
actual y el inmediato anterior -con fundamento en el respectivo PND-, ello para identificar si
ha habido una evolución en la preocupación por parte del gobierno federal por adecuar la educación superior en México a las necesidades de la realidad tecnológica de la sociedad actual.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Políticas públicas
El corpus teórico de las políticas públicas encuentra su origen en los planteamientos del politólogo norteamericano Harold Lasswell, quien en Las ciencias de política (The policy sciences),
obra de 1951 sentó las bases para el análisis, diseño, implementación y evaluación de las acciones de gobierno, convertidas en programas, las políticas públicas; el enfoque de las ciencias de
política quedó establecido de la siguiente manera por el propio Lasswell (Ed. 1996, p. 14, citado
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por Valencia y Álvarez, 2008, p. 99):
La orientación hacia las políticas tiene una doble dimensión: por una parte, se enfoca al
proceso de la política y por la otra hacia las necesidades de inteligencia del proceso. La
primera tarea busca desarrollar la ciencia de la formación y ejecución de las políticas, utilizando los métodos de investigación de las ciencias sociales y de la psicología. La segunda
tarea busca mejorar el contenido concreto de la información y la interpretación disponible
de los hacedores de las políticas y, por consiguiente, rebasa generalmente las fronteras de
las ciencias sociales y de la psicología.
Evidentemente esta primera aproximación se complementa con el planteamiento de Muller
(2007, Citado por Valencia y Álvarez, 2008, p. 96), para quien: “las políticas públicas son la
forma como se le da coherencia, integralidad y sostenibilidad a las decisiones y acciones de los
gobiernos”. Al comentar que lo expuesto por Laswell se entiende en el ámbito de la acción del
gobierno, el cual por un lado atiende a las funciones que le son ordinarias a través de acciones
concretas, del mismo modo que adecua su operación ante demandas o “inputs” que la sociedad
le va planteando, en función de problemáticas específicas nuevas o coyunturales, que se van
incorporando a la agenda de lo público.
Una vez dicho que las políticas públicas son una de las actividades sustantivas del gobierno,
es pertinente añadir un elemento importante presente en la definición propuesta por Evalsed
(2008, Citado por Winchester, 2011, p. 5), quien afirma que estas son: “conjunto de actividades (programas, estrategias, procedimientos, leyes, reglamentos) dirigido hacia un objetivo
general. Estas actividades frecuentemente se acumulan durante años”. El elemento final de esta
definición, no considerado hasta este momento, el temporal, es central al considerar que bajo la
premisa del ensayo y error, las políticas públicas van enfocándose y mejorándose para atender
de un modo más adecuado a los retos de la administración pública.
En un sentido amplio, las políticas públicas tienen por función, desde el punto de vista de
Aguilar (1996, pp. 73-74):
atender problemáticas de auténtico interés general; facilitar el libre acceso de los ciudadanos interesados a la definición de los problemas y a la formulación de las políticas a
través de canales abiertos, no selectivos, de opinión e influencia; construir y elegir políticas
eficientes, maximizadoras de utilidades y minimizadoras de costos para el conjunto; corresponsabilizar a la ciudadanía en el tratamiento de sus problemas y satisfacción de demandas; introducir procedimientos de evaluación, crítica, responsabilización, corrección.
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Las políticas públicas pues, son las acciones emprendidas por el gobierno para atender a las
demandas permanentes de la población, así como a nuevos retos que se van presentando por la
misma, y poseen un ciclo complejo, cuyos elementos mínimos son: formulación, implementación y evaluación.
La elaboración de las políticas públicas en México a partir de la alternancia en el ejecutivo
federal
En el año 2,000 el Partido Acción Nacional, resultó vencedor en las elecciones presidenciales
en México, partido distinto al que había resultado ganador en los comicios para el mismo cargo
por setentayún años, el Partido Revolucionario Institucional; este último había contado con el
apoyo en el congreso hasta 1997 (Ver Cárdenas, 2020), año en que perdió la mayoría absoluta
en la cámara de diputados, apoyo expresado especialmente en reformas legales, nombramientos
y en aprobación de proyectos presupuestales.
A partir de la alternancia en el ejecutivo federal del año 2,000, el sistema político mexicano
debió incluir de manera claramente decidida el elemento conciliador entre diversas fuerzas
ideológico partidistas en la definición de políticas públicas, así como también la consideración
de ciertos intereses y grupos de presión (especialmente empresariales), los cuales comenzaron
a influenciar decisiones de política pública; sin ignorar otras voces que en oposición a esta liberalización de la sociedad fomentada desde el sistema político, pugnaban por la permanencia de
un gobierno fuerte; y por supuesto, demandas sociales.
Entre las diversas fuerzas ideológicas encarnadas en el sistema de partidos mexicano a partir
de la alternancia, se han encontrado expresiones que van desde el conservadurismo religioso, el
liberalismo empresarial, el estatismo abierto a la promoción del libre mercado, los propulsores
de la fortaleza del gobierno (incluso sus expresiones más agudas), hasta el ecologismo (que ha
oscilado en alianza con un partido u otro sin clara definición).
Esta diversidad de perspectivas materializadas en intereses grupales y posturas partidistas, se
ha considerado especialmente desde la alternancia en el ejecutivo federal, para la elaboración
de las políticas públicas en México (Ver Béjar, 2018, y Medrano &amp; Muñoz, 2013) desde el año
2,000 hasta el periodo que cubre esta pesquisa, el 2019; la existencia de la diversidad de intereses partidista e ideológica, se encuentra presente, tanto en la propia política de planeación general expresada en su principal documento, el PND, como en las políticas públicas sectoriales.
En lo que respecta al PND 2013-2018, este muestra en su elaboración una tendencia al fortalecimiento del gobierno, con respecto de los grupos de poder presentes en el escenario del
sistema político nacional, los cuales influyeron notablemente las decisiones de política pública
en los dos sexenios previos, a partir de la alternancia; por su parte en el PND 2019-2024, esa
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misma tendencia de solidez gubernamental es más presente que en el mismo documento para
el sexenio anterior, en consonancia con el discurso del partido que resultó ganador en las elecciones presidenciales de 2018.
La industria 4.0
Es una noción de la mayor contemporaneidad, es un concepto acuñado primitivamente por los
académicos alemanes hacia el inicio de la segunda década del siglo XXI en el escenario de la feria de Hannover de 2011; describe una realidad actual en la que los procesos informáticos están
estrechamente vinculados con los procesos productivos y comerciales, es -en otras palabras- la
cuarta revolución industrial o 4RI.
Para clarificar esta idea de la industria 4.0 y de la 4RI, es necesario recapitular en las anteriores revoluciones industriales, a saber:
La primera revolución industrial se gestó hacia la segunda mitad del siglo XVIII, con la
introducción de las máquinas en los procesos de transformación, la invención de la máquina
de vapor y del ferrocarril; y la utilización del insumo inicial para el funcionamiento de estos
avances tecnológicos, el carbón.
La segunda revolución industrial se presentó a finales del siglo XIX, su principal característica es la recurrencia a la producción en serie en los procesos de manufactura, y la introducción
de un nuevo elemento energético, la electricidad.
La tercera revolución industrial advino hacia la segunda mitad del siglo XX con la introducción de los ordenadores electrónicos y la presencia de un elemento popularizado en la última
década del mismo siglo, la internet.
En cuanto a la cuarta revolución industrial, Schwab (2016, p. 13) dice:
Comenzó a principios de este siglo y se basa en la revolución digital. Se caracteriza por un
internet más ubicuo y móvil, por sensores más pequeños y potentes que son cada vez más baratos, y por la inteligencia artificial y el aprendizaje de la máquina.
Sobre la misma revolución Fernández y Pajares afirman (Citados por Mendizábal, 2018, p.
3): “caracterizada por la digitalización del mundo industrial a través de los procesos de fabricación y interconexión de internet en las cosas”. Y continúa Schwab (2016, p. 13):
no solo consiste en máquinas y sistemas inteligentes y conectados. Su alcance es más amplio.
Al mismo tiempo, se producen oleadas de más avances en ámbitos que van desde la secuenciación genética hasta la nanotecnología, y de las energías renovables a la computación cuántica.
Así, la industria 4.0, es la forma en que se desarrollan los procesos productivos y comerciales en el contexto de la 4RI y con los elementos de esta, como el IoT (internet de las cosas), y
la ingeniería de punta aplicada en la biología, nanotecnología y energía.
Schwab denomina como megatendencias a ciertas condiciones o elementos tangibles que
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han posibilitado o favorecido las condiciones generales de la 4RI, las agrupa en tres tipos, físicas: vehículos autónomos, impresión 3D, robótica avanzada y nuevos materiales; digitales:
como el IoT, sensores conectados en red, el blockchain (bitcoin) que modificará el sistema
financiero internacional actual (Ver Lechuga, 2016), plataformas digitales (Uber, Airbnb); y
biológicas: secuenciación genética, biología sintética, edición genética.
Como podemos observar, el concepto de industria 4.0 y la cuarta revolución industrial3 están
absolutamente ligados:
El término industria 4.0 o también conocida como la cuarta revolución industrial o Fábrica
Inteligente se empezó a utilizar en las industrias alemanas, misma que se define como un nuevo
modelo de organización y de control de la cadena de valor a través del ciclo de vida del producto y a lo largo de los sistemas de fabricación apoyado y hecho posible por las tecnologías de la
información. (Mendizábal y López, 2018, p 13).
La industria 4.0 y la 4RI, describen una condición actual, de interacción entre máquinas,
sistemas informáticos, bases de datos y otros avances tecnológicos (materiales, energía, biotecnología, finanzas); capaces de vincularse sin una muy importante intervención del hombre que
están transformando la manera en que se producen, transportan, almacenan y comercian bienes
en las sociedades más tecnificadas, para modificar la estructura actual (Ver Lechuga, 2018) de
la cadena productiva.
La educación superior en México
Al hablar de educación superior nos referimos invariablemente a aquella que se ofrece un nivel
más alto a la de bachillerato (en países de habla española) o bachelor (en países de habla inglesa). En el informe final de la conferencia mundial sobre la educación superior, efectuada en
París en 1998, se define así: “La educación superior es un componente de un sistema único que
empieza con la educación para la primera infancia y la enseñanza primaria y continúa a lo largo
de toda la vida” (UNESCO, 1998, p. 2). Cuya misión es: “educar, formar, llevar a cabo investigaciones y, en particular, contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento del conjunto de
la sociedad” (UNESCO, 1998 p. 2).
La Ley para la coordinación de la educación superior (1978, p. 1), de México establece en
su artículo 3º:
El tipo educativo superior es el que se imparte después del bachillerato o de su equivalente.

3 No podemos ignorar la opinión de algunos autores como Brynjolfsson et al, para quien el estado actual de la tecnología no es
una cuarta revolución industrial, sino la segunda era de las máquinas; la primera se caracterizó porque estas eran una herramienta para el hombre y era este quien tomada las decisiones que aquellas operaban, mientras que hoy las máquinas no requieren al
ser humano para actuar. Brynjolfsson es citado por Blanco, Fondrona y Poveda (2017).
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Comprende la educación normal, la tecnológica y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado,
así como cursos de actualización y especialización.
En el caso de México, merece la pena distinguir en la educación superior ofrecida por el
estado de manera pública, entre la de carácter universitario y la educación profesional técnica,
modalidad promovida en México con mayor impulso4 a finales del siglo XX, con un ánimo más
tendiente a la capacitación laboral, que a la formación integral que pretende ofrecer la universidad.
Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES, párrafos 4-6) de México:
La educación superior es el nivel con que culmina nuestro sistema educativo, lo cual implica
que no debe ser considerado en forma aislada, sino en relación con los ciclos educativos que le
preceden… las metas y objetivos que se propongan para mejorar las funciones de la educación
superior, a nivel institucional, regional o nacional, formarán parte de la totalidad del sistema
educativo nacional… la educación superior mexicana se realiza a través de instituciones que,
en su conjunto, pueden clasificarse en públicas o privadas, en autónomas o estatales, en universidades o institutos tecnológicos o de diversa índole. Estas instituciones, aunque distintas por
su régimen legal o por las áreas formativas a que se dedican, constituyen ante todo unidades
sistémicas que, para preservar la cultura, formar profesionales en los diversos campos del saber, ejercitar la investigación, renovar el conocimiento y extender los beneficios de la cultura,
emplean insumos y recursos, aplican procesos, y obtienen productos.
Las funciones básicas de la educación superior en México son la docencia, la investigación
y la difusión de la cultura. Las áreas formativas de la educación superior en México son tres
principalmente: la científica, la tecnológica y la humanística. En cuanto a sus objetivos “se
identifican como objetivos, algunos aspectos que no se distinguen con claridad de las funciones
básicas” (ANUIES, párr. 21) son los siguientes:
Formación de profesionales en los diversos campos del saber, la ciencia y la técnica, capaces
de servir a su comunidad con eficiencia y responsabilidad;
Ejercicio de la investigación como tarea permanente de renovación del conocimiento y como
una acción orientada a la solución, en diversos órdenes, de problemas nacionales, regionales y
locales;
Extensión de los beneficios de la educación superior y de la cultura a todos los sectores

4 Pues la educación profesional técnica pública en México, inició formalmente en 1938 con la fundación del Instituto Politécnico Nacional.
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de la comunidad, con propósitos de integración, superación y transformación de la sociedad.
(ANUIES, párr. 22)
Las principales condiciones necesarias para el funcionamiento y la planeación del sistema
educativo superior de México son: estabilidad, desarrollo de la función crítica e incremento al
financiamiento, a las que se añaden otras no esenciales pero de gran importancia: establecer
acuerdos voluntarios y participativos de las instituciones; y creación de organismos, instancias
y mecanismos requeridos para tomar decisiones.
Debe añadirse, que crónicamente la educación superior está presente en el documento básico
que rige la administración pública sexenal mexicana, el Plan nacional de desarrollo (PND).
El Plan Nacional de Desarrollo y la planeación de la educación superior en México
La tradición de plasmar en un documento sexenal las directrices generales de actuación del
gobierno federal de México se remonta a la administración 1934-1940, a cargo del general Lázaro Cárdenas (Ver PND, 2019-2024), desde entonces a la fecha todos los gobiernos federales
mexicanos han elaborado un documento guía5 en el cual vierten directrices generales de acción
en los distintos sectores de acción del gobierno.
Uno de estos sectores es precisamente el educativo, tema al cual básicamente todos –o por lo
menos así es en los más recientes- los planes nacionales de desarrollo, le dedican un apartado
importante. Martínez (2007) pone de manifiesto la desvinculación entre la política educativa federal plasmada en el PND, y los temas de interés y propuestas operativas del magisterio; supone
que de considerarse estas, el logro de los objetivos educativos sería más eficiente.
El PND se elabora y publica para dar cumplimiento a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 25 inciso A; así como en
los artículos 5to. Y 20mo. De la Ley de Planeación. Por su parte la planeación de la educación
superior en México tiene sus antecedentes primitivos: en la primera reunión de rectores efectuada en 1940, en la creación de la Comisión Impulsora de la Investigación Científica y en la
creación de la ANUIES en 1950. En cuya instauración estableció:
Responde a un supremo interés nacional la planeación de la enseñanza superior que debe
concebirse en su proyección como un acto de autoridad de las instituciones educativas y su
ejecución, por tanto, se fincará en convenios interuniversitarios dentro de un amplio plan de
colaboración y reciprocidad (Citado por Rangel, p. 62).
En 1957, se dio otro paso en materia de planeación de la educación superior con la creación
5 Es inevitable al hablar del Plan sexenal del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, remitirnos a los documentos programáticos
de la URSS denominados plan quinquenal -los cuales probablemente influenciaron su creación- cuya finalidad era el desarrollo
económico de esa nación y cuya primera versión se diseñó y aplicó a finales de la década de 1920.
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la Comisión de Estudios de Planeación Universitaria, mientras que para 1965 la Comisión Nacional de Planeación Integral de la Educación fue fundada. En 1978 se publicó el documento:
La planeación de la educación superior en México, en el marco de la asamblea general de la
ANUIES del mismo año, en ese documento se expuso la necesidad de la existencia de un Plan
Nacional de Educación Superior, el cual se materializó por primera vez en 1980.
La planeación es un aspecto fundamental en la política nacional, presente con claridad en
uno de sus quehaceres fundamentales que es la educación, y en una de las partes integrantes de
este sistema que es la educación superior.
3.- MÉTODO
Diseño
La metodología recurrida para el abordaje del objeto de estudio ha sido el análisis de contenido,
la cual cuenta con una larga historia como herramienta de las ciencias sociales (Ver Andreu,
2011) y en cuyo desarrollo intervino de manera fundamental Harold Lasswell. El análisis de
contenido puede ser definido según Berelson (1952, p. 18, citado por Andreu, 2011, p. 2) como:
“una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación”, por su parte Krippendorff (1990, p. 28, citado por Andreu
2011, p. 3) lo define así: “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos
datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”.
Desde mediados del siglo pasado, los académicos e investigadores que se valían del análisis
de contenido, debatieron sobre si privilegiar el aspecto cuantitativo o el cualitativo del mismo,
especialmente por la introducción de programas informáticos, que permitían una contabilización detallada de palabras incluidas en los textos y discursos analizados. La perspectiva que ha
sobresalido en este debate es la cualitativa, misma a la que se apega este estudio.
Objeto o tema de análisis
Como se expresó arriba esta investigación se propuso identificar la importancia que se ha dado
en los Planes Nacionales de Desarrollo 3013-2018 y 2019-2024, a la formación para la industria
4.0 en la educación superior de México. Para identificar cómo ha evolucionado la importancia
que ha ido adquiriendo la misma, y si esta presencia e importancia ha aumentado en el segundo
documento con relación al primero.
Participantes
Los documentos analizados, fueron el PND 2013-2018, y el PND 2019-2024.
Procedimiento
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La codificación consistió en que en cada documento se buscaron las alusiones a la educación
superior, referidas a la formación para la industria 4.0; considerando como categorías de análisis las mega tendencias de la 4RI propuestas por Schwab: físicas, digitales y biológicas. Es
decir, se buscó el tratamiento que se dio en cada documento, a la formación de la educación
suprior avocada a cada uno de estos aspectos de la industria 4.0.
4.- RESULTADOS
Políticas de educación superior para la industria 4.0 en el PND 2013-2018
El PND 2013-2018 está dividido en cinco grandes temas, a saber: paz, inclusión, educación,
prosperidad y responsabilidad global; para cada uno de estos temas se especifican objetivos,
estrategias y líneas de acción.
En lo respectivo al tema de educación superior e industria 4.0 es posible observar un objetivo
exclusivo destinado a la innovación y la tecnología denominado: Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. Previamente, en la descripción general y diagnóstico del tema III: México con educación de calidad,
del cual se desprende el objetivo mencionado, se establece:
un México con Educación de Calidad propone implementar políticas de Estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos, fortalezcan la articulación entre niveles
educativos y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano de calidad que detone la innovación nacional.
(PND 2013-2018, p. 59).
El citado pasaje introduce la importancia de la vinculación entre el sector educativo y el
científico, el tecnológico y el productivo, una de las tareas a las que debe atender la educación
superior en general, en lo respectivo a las nuevas realidades a las que remite la noción de industria 4.0. En el mismo apartado introductorio sobre educación, observamos con claridad una
alusión a esta misma realidad tecnológica, expresada del siguiente modo:
Las habilidades que se requieren para tener éxito en el mercado laboral han cambiado. La
abundancia de información de fácil acceso que existe hoy en día, en parte gracias al Internet,
requiere que los ciudadanos estén en condiciones de manejar e interpretar esa información. En
específico, la juventud deberá poder responder a un nuevo ambiente laboral donde las oportunidades de trabajo no sólo se buscan, sino que en ocasiones se deben inventar ante las cambiantes
circunstancias de los mercados laborales y la rápida transformación económica (PND 20132018, p. 60).
En este apartado podemos observar la clara referencia a las nuevas realidades de esta sociedad informatizada y los procesos económicos característicos de la misma, así como la preocuRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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pación por vincular a la juventud con estas nuevas realidades laborales por medio del fortalecimiento de la interrelación entre el sector productivo, la investigación y la educación.
Más adelante en el mismo diagnóstico y presentación de este tema de educación, se platea
también que las políticas y directrices del gobierno federal, en específico en lo relativo a la
oferta educativa deben considerar las necesidades de la sociedad, así como también de la industria: “Para lograr una educación de calidad, se requiere que los planes y programas de estudio
sean apropiados, por lo que resulta prioritario conciliar la oferta educativa con las necesidades
sociales y los requerimientos del sector productivo”. (PND 2013-2018, p. 62).
En la parte correspondiente a los objetivos, estrategias y líneas de acción sobre el rubro de
educación, en el objetivo 3.1 denominado: Desarrollar el potencial humano de los mexicanos
con educación de calidad; específicamente en la estrategia 3.1.3 denominada: Garantizar que
los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan
avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. Se establece de manera general
para los distintos niveles educativos, la siguiente línea de acción: “Fomentar desde la educación
básica los conocimientos, las habilidades y las aptitudes que estimulen la investigación y la
innovación científica y tecnológica”. (PND 2013-2018, p. 124).
Más adelante en la siguiente estrategia, la 3.1.4 nombrada: Promover la incorporación de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Se establece como línea de acción general para los distintos niveles educativos: “Intensificar
el uso de herramientas de innovación tecnológica en todos los niveles del Sistema Educativo”.
(PND 2013-2018, p. 124). Identificamos por la disposición de esta estrategia, una preocupación
en la planeación educativa federal del sexenio referido en los tres niveles, incluyendo el superior, una preocupación por el desarrollo de capacidades en el uso de los elementos tecnológicos,
ya presentes en la vida cotidiana.
En el objetivo 3.2 denominado: Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo; específicamente en la línea de acción 3.2.3: Crear nuevos servicios educativos, ampliar los
existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. Se establece la siguiente estrategia: “Fomentar la creación de nuevas opciones educativas, a la vanguardia del conocimiento
científico y tecnológico” (PND 2013-2018, p. 126). Esta estrategia, habla de la necesidad de
generar nuevas opciones formativas adecuadas a las tendencias de las nuevas tecnologías, como
la informatización de los procesos productivos y comerciales de la industria 4.0.
Como se planteó al principio del estudio del documento PND 2013-2019, este incluye de
manera específica un objetivo completo en el tema de educación destinado a la innovación y
la tecnología, denominado: Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares
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para el progreso económico y social sostenible. En la especificación de las estrategias para este
objetivo se habla reiteradamente de la importancia de la tecnología, innovación e investigación
y lo presente que deben tenerse todas estas en la creación de políticas públicas, pero es enfáticamente en la estrategia 3.5.4: Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento,
vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado. En la que se plasman líneas de acción específicas, relativas a la
educación superior y las nuevas realidades tecnológicas e informáticas de la industria 4.0. Las
cuales reproducen a continuación (PND 2013-2018, p. 129):
Apoyar los proyectos científicos y tecnológicos evaluados conforme a estándares internacionales.
Promover la vinculación entre las instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores público, social y privado.
Desarrollar programas específicos de fomento a la vinculación y la creación de unidades
sustentables de vinculación y transferencia de conocimiento.
Promover el desarrollo emprendedor de las instituciones de educación superior y los centros
de investigación, con el fin de fomentar la innovación tecnológica y el autoempleo entre los
jóvenes.
Incentivar, impulsar y simplificar el registro de la propiedad intelectual entre las instituciones de educación superior, centros de investigación y la comunidad científica.
Propiciar la generación de pequeñas empresas de alta tecnología.
Impulsar el registro de patentes para incentivar la innovación.
Prácticamente todas la líneas de acción de esta estrategia se refieren a la disposición de políticas educativas de nivel superior para la investigación innovación y desarrollo tecnológicos,
es decir, para la industria 4.0.
En la anterior revisión minuciosa del texto PND 2013-2019 podemos afirmar que existe en
su desarrollo un tratamiento importante de las nuevas realidades tecnológicas actuales, valga
decir de la cuarta revolución industrial (4RI) o industria 4.0, en la disposición de políticas públicas en materia de educación en general y educación superior en lo particular, especialmente
porque el documento le dedica un objetivo completo del tema de educación a lo relativo al
desarrollo tecnológico, la ciencia y la innovación.
Políticas de educación superior para la industria 4.0 en el PND 2019-2024
El documento PND 2019-2024 se compone de tres grandes ejes transversales agrupados en
los siguientes temas: 1.-Igualdad de género, no discriminación e inclusión. 2.-Combate a la
corrupción y mejora de la gestión pública. Y 3.-Territorio y desarrollo sostenible; contempla
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también tres ejes generales agrupados en los siguientes temas: 1.-Justicia y estado de derecho,
2.-Bienestar, y 3.-Desarrollo económico.
A pesar de que en la disposición de los ejes principales del plan, no encontramos de manera
explícita como uno de estos la educación, desde la introducción del documento podemos observar la alusión al fomento de las capacidades de las personas, trabajadores, gobierno, academia,
industria y sociedad; para aprovechar los avances científicos, como se aprecia en el siguiente
fragmento:
Es importante impulsar el desarrollo de nuevas capacidades de todas las personas para facilitar que la fuerza laboral, el gobierno y los sectores académico, productivo y social aprovechen
las ventajas de estos cambios, promoviendo que el avance científico se traduzca en mayor bienestar. (PND 2019-2024, p. 13)
No obstante de que El PND 2019-2024, en su versión publicada por la cámara de diputados
no establece de modo explícito en el índice los objetivos, indicadores y metas de trabajo. Sí se
presentan en el cuerpo del texto objetivos que se ocupan de la educación. En el tema específico
de Bienestar, en el objetivo 2.2, denominado de esta manera: Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades
del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas; en el desarrollo de este objetivo, podemos apreciar la importancia para la política educativa del actual gobierno sexenal, el desarrollo de capacidades en los sujetos en formación, para su adaptación a los cambios y condiciones
tecnológicas actuales, como se observa en este texto:
El gran desafío de la educación en México es colocar a las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes en el centro de atención del Sistema Educativo Nacional, así como formarlos en el
desarrollo de competencias que les permitan adaptarse a los cambios tecnológicos globales, a
las nuevas exigencias del sector productivo y al auge del aprendizaje a través de plataformas
virtuales. (PND 2019-2024, p. 93).
Al final de la redacción de este objetivo, se estipulan las estrategias específicas para su logro.
Una de estas estrategias para alcanzar este objetivo, el 2.2, que si bien se refiere a la educación
en todos los niveles, incluye por ello a la superior, delinea varias directrices de política pública
del gobierno actual, entre las que se encuentra la que interesa a esta pesquisa, la formación para
el uso de las nuevas tecnologías; la estrategia a la que nos referimos es la 2.2.3, cuya redacción
es la siguiente:
Revisar los planes y programas de estudio en todos los tipos y niveles del Sistema Educativo
Nacional, promoviendo la educación sostenible, artística, científica, tecnológica, financiera,
ambiental, sexual, cívica, indígena, intercultural y comunitaria, que garanticen el derecho a la
igualdad de género, la no discriminación y la eliminación de la violencia. (PND 2019-2024, p.
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95).
Más adelante, ya en el eje general 3: Desarrollo económico, específicamente en el objetivo
3.3, denominado: Promover la innovación, la competencia, la integración en las cadenas de
valor y la generación de un mayor valor agregado en todos los sectores productivos bajo un
enfoque de sostenibilidad. En la parte correspondiente a las estrategias para la logro del referido objetivo, entre otras, se establecen dos, que se relacionan con la vinculación entre el sector
dedicado a la ciencia y los sectores de la sociedad para la producción de conocimiento y el desarrollo tecnológico. Así como el fomento al desarrollo de capacidades de las personas para la
utilización de esas nuevas tecnologías en los sectores productivos, tales estrategias son:
3.3.1 Desarrollar el Sistema Nacional de Innovación de los sectores productivos para fortalecer la protección a los derechos de propiedad industrial e intelectual, que vincule a la comunidad
científica con los sectores público, social y privado, a través de la generación de conocimiento
de frontera y el desarrollo de tecnologías, para contribuir a la atención y solución de problemas
nacionales prioritarios en materia social, económica y ambiental.
3.3.2 Impulsar el desarrollo y adopción de nuevas tecnologías en los sectores productivos
y la formación de capacidades para aprovecharlas, vinculando la investigación con la industria y los usuarios y promoviendo métodos de producción sostenible y patrones de consumo
responsable que promuevan el uso eficiente y racional del territorio y de sus recursos. (PND
2019-2024, p. 156).
En el mismo eje, tercero y último: Desarrollo económico, de manera concreta en el objetivo 3.5 intitulado: Establecer una política energética soberana, sostenible, baja en emisiones y
eficiente para garantizar la accesibilidad, calidad y seguridad energética. Es posible identificar
como directriz de política educativa, una estrategia, la 3.5.6, en la que se observa el impulso a
uno de los temas de la 4RI, la generación de energía; y en este sentido se plantea la formación
de personas dedicadas al uso y la investigación en este sector con altos estándares, como se
aprecia a continuación:
Contribuir a la formación y fortalecimiento de capital humano y científico de alto nivel en el
sector energético mexicano, de calidad mundial, tomando en cuenta su evolución y necesidades
a largo plazo y bajo principios éticos, científicos y humanistas. (PND 2019-2024, p. 167).
Como se puede observar, a pesar de que el PND 2019-2024 no estipula de manera exclusiva
en sus ejes transversales o generales, alguno dedicado de manera privativa al tema de educación, este es una preocupación permanente en diferentes apartados o ejes del documento, en los
cuales se abordan de manera efectiva, diferentes planteamientos que muestran la voluntad de la
administración federal mexicana 2018-2024, de atender desde el sector educativo, las presentes
realidades tecnológicas y del conocimiento, relacionadas con el sector productivo; es decir, con
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la realidad de la 4RI o sociedad 4.0.
Discusión
Los estudios actuales en México sobre planeación de la educación (Martínez, 2007) y planeación de la educación superior (Rangel, 2003); giran sobre su propio eje; del mismo modo lo
hacen los trabajos que versan sobre educación superior e industria 4.0 (Escalante, 2019); no
abundan, además del que se presenta aquí, trabajos que observen el cruce entre la planeación
de la educación superior y la industria 4.0. Esta es una veta de reflexión que podrá proveer de
propuestas de mejoramiento de la planeación de la educación superior dirigida a esta realidad,
cada vez más presente en la vida de las personas, la industria 4.0, ó 4RI.
5.- CONCLUSIONES
La contrastación del contenido y la manera de expresarlo entre los documentos rectores de las
dos administraciones federales mexicanas analizados, requiere el presentar las conclusiones en
dos niveles, el primero de forma, sobre lo expuesto con relación a la educación superior para la
industria 4.0, y el segundo de fondo, sobre el contenido y presentación general de la información vertida en cada una de las dos versiones revisadas del PND.
Conclusiones de forma: Tanto en el documento PND 2013-2018, como en el PND 20192024, está presente la preocupación por formar recursos humanos a nivel profesional que atiendan a las realidades de la industria 4.0.
En cuanto a las unidades de registro -las denominadas mega tendencias por Schwab-: físicas,
digitales y biológicas, ambos documentos se preocupan de su importancia en la formación de la
educación a nivel superior para las digitales, aunque ninguno de los dos habla con profundidad
sobre las biológicas, y en cuanto a las físicas, sólo el PND 2019-2024 se refiere con claridad al
tema de formación para la generación de nuevas alternativas de energía.
Conclusiones de fondo: en primer lugar, desde la portada, el título del PND 2019-2024, se
escribe no sólo en castellano sino también en idiomas y lenguas autóctonas de México, el lenguaje de género es más inclusivo y se evitan los sustantivos en masculino.
Por su parte el PND 2013-2018 tiene la virtud de presentar desde el índice de manera desplegada, además de los grandes temas o ejes, los objetivos; mientras que en el 2019-2024, sólo
se aprecian los ejes o grandes temas; la presentación de los objetivos en el índice, permite una
mayor claridad en la comprensión del documento y un mejor manejo del mismo.
En el PND 2019-2024, los indicadores de los objetivos se expresan en términos numéricos,
con lo cual su evaluación será más fácilmente ponderable, y se podrá verificar al final de la administración si el objetivo se cumplió o no. Se observa que al final de cada eje general en este
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documento se incluye un listado de propuestas ciudadanas para el gobierno.
Por último, es notorio el siguiente aspecto, el PND 2013-2018 incluyó al inicio del documento una imagen del respectivo presidente de la república, mientras que en el 2019-2024 no
se aprecia la imagen del presidente en turno.
Como conclusión final: cuantitativamente se presenta un mayor contenido sobre la importancia de la educación superior para la industria 4.0 en el PND 2013-2018, aunque se observa
una mayor preocupación en términos cualitativos por la formación en la educación superior de
México para la industria 4.0 en el PND 2019-2024. Esta aseveración se deriva de que de las 3
mega tendencias de la 4RI, que para fines metodológicos de la presente pesquisa se convirtieron
en categorías de análisis (físicas, digitales y biológicas), el segundo documento mencionado
(2019-2024) se ocupa de la formación en la educación superior enfocada a atender a dos de
esos tres temas, mientras que el otro (2013-2018) sólo contempla uno de los tres. Así las cosas,
la política de planeación federal de México en lo que respecta a la importancia que presta a
la educación superior para la industria 4.0, ha evolucionado preocupándose cada vez más por
atender a estas realidades en aumento de la sociedad actual.
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La mediación como política de bienestar1
The mediation as a welfare policy
Francisco Gorjón-Gómez2
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
https://orcid.org/0000-0001-5296-6454
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-4
______________________________________________________________________________________________________________________________
RESUMEN
El presente artículo es parte de una secuencia de diversas investigaciones sustentadas en una LGAC dentro del programa de Doctorado de MASC, que tiene como objetivo central crear una cultura para el uso de los MSC. Representa la parte teórica del proyecto de investigación PAICYT 2019 denominado “Mediación camino al bienestar”,
dirigido a identificar el marco teórico del bienestar y de los MSC, por lo que se realizó una exegesis de la literatura
vinculada al tema desde la perspectiva comparada, permitiéndonos llegar a conclusiones teóricas asertivas, por
lo que la revisión efectuada en esta primera etapa cumplió su cometido, arribando a las siguientes conclusiones:
La mediación es un catalizador de bienestar y de felicidad, genera estabilidad social. La mediación es hoy en día
una vía para la paz. La mediación y los MSC se transforman y gestionan conflictos desde la óptica de los intereses
y del bienestar subjetivo percibido sustentados ambos en la autonomía y el libre albedrio. Se propone invertir la
generación de bienestar en razón de la lógica del bienestar subjetivo percibido, otorgándole un papel protagónico a
las personas, pasando de ser un actor pasivo a un actor activo y de cómo desde su felicidad resuelven sus conflictos.
Palabras claves: Bienestar, bienestar subjetivo, bienestar subjetivo percibido, felicidad, mediación.
ABSTRACT
This article is part of a sequence of diverse research supported by an LGAC within the MASC PhD program, whose main objective is to create a culture for the use of MSCs. Representative of the theoretical part of the research
project PAICYT 2019 called “Mediation path to well-being”, aimed at identifying the theoretical framework of
well-being and the MSC, for which an exegesis of the literature related to the subject was carried out from a comparative perspective, allowing us to reach assertive theoretical conclusions, so the review carried out in this first
stage fulfilled its kite, reaching the following conclusions: Mediation is a catalyst for well-being and happiness, it
generates social stability. Mediation is today a way to peace. Mediation and MSCs transform and manage conflicts
from the perspective of interests and perceived subjective well-being, both supported by autonomy and free will.
It is proposed to reverse the generation of well-being due to the logic of perceived subjective well-being, granting
a leading role to people, going from being a passive actor to an active actor and how from their happiness they
resolve their conflicts.
Keywords: Happiness, mediation, peace, perceived subjective well-being, subjective well-being, well-being.
Recibido: 26 de Octubre 2019 - Aceptado: 01 de Abril 2020 - Corregido: 30 de Abril 2020
Cómo referenciar este artículo:
Gorjón-Gómez, F. (2020). La mediación como política de bienestar. Politica Globalidad y Ciudadanía, 67-83.
Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/147

1 Artículo de investigación original derivado del proyecto: PAICYT 2019 “Mediación camino al bienestar”.
2 Doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Director del Doctorado en Métodos Alternos de Solución de Controversias de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Email: fgorjon@hotmail.com
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�La mediación como política de bienestar.

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1.- INTRODUCCION
Actualmente la mediación y los MSC se sitúan en un entorno diferente al de las políticas de
bienestar social por lo que su alcance es limitado, situándose solo en la esfera de las políticas
normativistas, ello representa un verdadero problema porque ante tal exclusión la sociedad
la desconoce y no solo ello limita su evolución y operacionalización, ya que los métodos de
culturización están restringidos, siendo necesario transitar a las políticas de bienestar que le
darán visibilidad, promoción y gestión, pero principalmente utilidad en un entorno que procura
la felicidad y la paz de las personas y no el control como sucede ahora por la limitación y la
restricción que impone la norma.
Proponemos, entonces, en el marco de esta sinergia que la mediación se constituya en una
política de bienestar social y salga del entorno de las políticas normativistas que hasta ahora la
tienen limitada y han impedido con el paso de los lustros la culturización de la sociedad en el
uso de los MSC y han limitado significativamente su operacionalización, teniendo un alcance
mínimo y un insignificante impacto social.
Tradicionalmente las políticas de bienestar recaen su creación y ejecución en el Estado, con
una visión generalista matizada por sus destinatarios, entendiendo que la política de bienestar se
diseña en razón de necesidades sociales y también y porque no decirlo en modelos económicos
y sociales, que atienden a ideologías e intereses diversos, lo que trastoca el fin último de ellas,
“hacer felices a los ciudadanos”. Sin embargo, pensando positivamente que estas políticas de
bienestar son realmente diseñadas para lograr la felicidad de todas y todos los ciudadanos, requieren ser estabilizadas ya que su amplitud las hace laxas, inestables operativamente hablando,
por lo que, en ocasión su fin no se logra en plenitud, no lo cumplen a cabalidad o se dan variables no consideradas generadas por conflictos suscitados por los usuarios o receptores de ellas
por circunstancias generadas alrededor de ellas.
De igual manera surgen un sinnúmero de conflictos derivados de los intereses particulares de
las personas, que son abordados y aparentemente solucionados bajo el esquema de la procuración e impartición de la justica actual, modelo que no favorece la gestión y transformación de
los conflictos hasta ahora no considerados como posibles, porque la norma restringe su interpretación desde cánones previamente establecidos en la ley.
Siendo este un problema real, ya que tradicionalmente los conflictos se tratan como el incumplimiento de la norma, por lo que este se aborda desde esa perspectiva general sin considerar los intereses de cada quien, siendo este el punto de inflexión de la desestabilización de las
políticas de bienestar, no generándolo.
Es entonces en este escenario en donde los MSC principalmente la mediación genera estaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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bilidad desde la perspectiva del mismo bienestar considerando su percepción individual, y de
forma más contundente considera la subjetividad que cada individuo le da u otorga a un acto o
hecho generador de situaciones o circunstancias en su vida diaria, entiéndase problemas, que
desestabilizan el devenir cotidiano del estadio particular de cada quien, que de forma concéntrica interactúa con el de los demás.
Es aquí en donde se considera que la mediación atiende el bienestar subjetivo percibido,
sin alterar el bienestar social en que confluimos todos, como un sistema de solución de controversias que por su método le permitirá atender intereses particulares, sin importar condición o
estrato social, en un marco de interés públicos que no altera el orden público y permite a todos
satisfacer sus necesidades, respetando la lógica de la convivencia en sociedad, ya que los modelos sociales actuales y sus mecanismos de control si distinguen, mientras que la mediación y
los MSC no.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Disrupciones que sitúan a la mediación en el contexto de las políticas de bienestar
La mediación y los MSC cuentan ya con el rango o el nivel necesario para poder ser consideradas como una política de bienestar o como un elemento sine qua non de toda política pública de
bienestar social, con un impacto de bien definido en el marco del bienestar subjetivo en lo general y en lo particular con un evidente impacto en el bienestar subjetivo percibido. Al momento
histórico la mediación no se encuentra en este estadio, aún que cuenta con todo los elementos
para estarlo, por diversas circunstancias de las políticas normativistas, a pesar de que ha evolucionado vertiginosamente en los últimos lustros, limitando su impacto social al actuar solo en
sede judicial preponderantemente y no liberar la mediación privada, aún que las leyes lo prevén,
razón de una dinámica de desconfianza, ya que el sistema de procuración e impartición de justicia limita la certificación de mediadores o facilitadores a ellos mismos, y aun así desconfían
de ellos, requiriendo la supervisión y certificación del acuerdo de mediación, por ellos mismos,
una redundancia irrelevante que genera la involución de la mediación privada, situación que se
puede observar en todos las leyes que regulan los MSC en México (Gorjón Gómez F. J., 2018).
Sin embargo, hay disrupciones que nos permiten considerar y prever de lege ferenda que es
posible la conversión de la mediación y de los MSC de constructo jurisdiccional a constructo de
bienestar, por lo que estamos en presencia de un nuevo paradigma que condicionara el accionar
de la mediación en donde la mediación es una metodología que genera felicidad y paz y no solo
gestiona y transforma conflictos.
La primera de ellas es que la mediación y los MSC son una ciencia social emergente, hemos
categorizado las razones por las cuales afirmamos esto (Gorjón Gómez F. J., 2015). La meRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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�La mediación como política de bienestar.

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diación y los MSC cuentan con sus propias teorías, modelos y prácticas que le han permitido
generar técnicas propias y estructurada por sus propios arquetipos, con un alto nivel de análisis
derivado de una práctica nutrida con resultados contundentes y de un respaldo normativo y
doctrinal multidisciplinar y multidimensional.
Segunda, la mediación puede ser considerada una profesión por ser producto de una necesidad social, con una metodología propia, con adaptabilidad sistémica (tipología conflictual), se
sustenta en realidades, saberes auténticos y desarrolla habilidades y competencias específicas al
igual de tener un impacto bien definido, armonizar las relaciones humanas y genera paz, teniendo como característica principal la participación ciudadana.
En ambos casos tanto como ciencia social emergente o como profesión, nos permite vislumbrar que la mediación es más que un simple procedimiento, que goza de elementos suficientes
para proporcionar bienestar a la sociedad como cualquier otra ciencia, lo que le permitirá transitar a un sistema de bienestar.
Tercera la mediación y los MSC son generadores de felicidad y paz a través del acuerdo de
mediación, como principales valores intangibles (Gorjón Gómez F. J., 2017), que al ser vistos
desde una óptica positiva los hace valiosos y operativos del bienestar subjetivo percibido, resolviendo entonces los conflictos desde el interés da cada persona, la felicidad es un sinónimo
de bienestar, que a su vez se desdobla en el intangible de la paz, que de forma simbiótica ambos
felicidad y paz generan calidad de vida, esto es vivir bien, es el buen vivir que cada quien necesita, fundamento primigenio del bienestar (García Álvarez, 2016), el quid de esto es resolver
los conflictos de las personas en razón de sus intereses, que da paso al buen vivir.
Cuarta, la progresividad de la mediación ha desencadenado a la mediación al grado de ya
no considerase alterna, es cierto que las leyes la califican aún como alterna por la deficiencia
evolutiva de las leyes, por su actuar lineal, que evidencia el común retraso del derecho a las
nuevas metodologías de construcción social, pero, no ante este hecho debemos aceptarlo, ya
que operativamente y procesalmente hablando es ya la primera opción, el reto aquí, es que no
solo se signifique como una etapa procesal respaldada por el principio del debido proceso, sino
por una necesidad social, ubicada en la genética social, en donde las personas recurran a ella de
manera natural como suelen hacerlo cuando de su salud se trata o de su educación.
Gráfico 1. Disrupciones que sitúan a la mediación como política de bienestar.

Fuente: Elaboración propia,2020
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Secuencia del bienestar, la mediación y los MSC
Este apartado esclarece nuestra postura de la necesidad de situar a la mediación y a los MSC
en el contexto de las políticas de bienestar y desprenderla de las políticas normativista, entendiendo que una política publica son los proyectos/actividades que un Estado diseña y gestiona
a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de
una sociedad (Adelantado &amp; Ubasart-González, 2018) y una política normativista es aquella
que se construye como un marco de legalidad, en razón de un estado de derecho que por lo regular es rígido e inflexible, ambos tienen vocaciones diferentes, el primero procura el bienestar
en un amplio espectro considerando los intereses de las personas, el segundo limita los propios
intereses de las personas en razón de reglas generales previamente diseñadas (Barragán, 1994).
Debo de aclarar antes de continuar, que mi postura no es radical en cuanto a desprenderla
de la norma, ya que ello es materialmente imposible, toda política tiene un sustento legal, por
lo que me apego a este principio para descontextualizarla, mas no cercenarla, gozando con ello
de su legalidad y del amplio beneficio de sus intangibles principalmente los de la legalidad, la
felicidad y la paz.
Para lograrlo es imperioso ubicarnos en un nuevo paradigma evolutivo de los MSC, por lo
que es preciso transitar del paradigma de “Resolver nosotros mismos nuestros conflictos” que
nos ha permitido franquear de la simple instrumentalización a la profesionalización y cientificidad, a pasar a otro nivel en el que el paradigma “los MSC son generadores de bienestar y paz”,
permitirá entonces su culturización e impacto social real.
Varios son mis argumentum que nos sitúan en este nuevo contexto en razón de una secuencia lógica de la gestión y transformación de los conflictos y su combinación con los elementos
esenciales del bienestar.
Debemos observar en primera instancia que bienestar es sinónimo de felicidad, por lo que,
en una lógica inversa, felicidad significa bienestar. Esto a su vez nos lleva a observar esta felicidad desde la postura particular de cada quien, una cuestión evidentemente subjetiva y que se le
otorga un valor particular, en razón de la percepción de cada quien, siendo este esquema como
hasta ahora se han entendido las políticas de bienestar, sin embargo, estas políticas aun que
son muy recurrentes por no decir que siempre están presentes en los diversos sistemas político
– jurídicos en la era contemporánea, carecen de un sistema estabilizador que permita a cada individuo seguir gozando de ella, aunque existan conflictos generales, ante su incumplimiento, o
ante el surgimiento de conflictos entre sus receptores, lo que impide su correcta ejecutabilidad.
Ante este escenario vinculamos en un mismo flujo la gestión moderna de los intereses de las
partes, evidentemente particulares, más, sin embargo, limitados a los intereses de los demás,
respetando el funcionar de las relaciones concéntricas sociales, esto es, limitando los intereses
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en relación del interés del otro.
Para lograr que esta secuencia no se interrumpa y fluya de una manera correcta, es necesario
que ante el surgimiento de un conflicto que alterara esta cadena, es necesario gestionar el conflicto a través de un tercero, de un mediador, que su misión principal es asistir la negociación del
conflicto y ser un representante de la realidad, situando a las partes en sus intereses y no es sus
posiciones para que puedan resolver su problema, a través de un procedimiento de mediación,
que concluirá en un acuerdo con un valor intangible para las partes que generara felicidad.
Este acuerdo permitirá a las partes poder continuar con su relación, y más allá, fortaleciéndola, generando lasos de fidelidad entre ellos, y como consecuencia nos sitúa en plenitud en el
vivir bien, el buen vivir (VB/BV) en un esquema de reciprocidad (Schavelzon, 2015).
Gráfico 2. Secuencia del bienestar y la mediación.

Fuente: Elaboración propia, 2020
De lo anterior surge una pregunta ¿cuáles son los elementos del bienestar que inciden directamente en la mediación?, o mejor aún ¿cuáles son los elementos de la mediación que inciden
en el bienestar?
Calidad de vida (VB/BV)
Garantía (Elementos que el Estado proporciona para poder decidir, esto es el estado de derecho, la tutela del estado a los MSC)
Libertad (Capacidad de decidir)
Satisfacción (Solución del conflicto)
Habilidades sociales para relacionarse
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Bienestar Subjetivo Percibido
El bienestar subjetivo percibido (BSP) es un concepto que tradicionalmente se le ha situado en
las ciencias económicas (Membiela Pollán, 2016), vinculándolo directamente al concepto de la
felicidad como un sinónimo y un esquema de medición de la calidad de vida de las personas.
El BSP es una satisfacción asociada a la capacidad de elegir de las personas, pero sobre todo
a la calidad del resultado que esta elección produce, así como su intensidad, que se traduce a la
permanencia en el tiempo como una experiencia retrospectiva que incrementa las sensaciones
positivas de nuestras acciones y de nuestro actuar en sociedad principalmente en nuestra salud
y en nuestras relaciones con la familia, el trabajo y los amigos.
Gráfico 3. Accionar del BSP en la sociedad.

Fuente: Elaboración propia, 2020.
De igual manera es considerado el bienestar como una misión del Estado, como una política
pública que orienta el accionar del Estado Moderno como un elemento crucial sine qua non de
la política y los gobernantes (Vazquez, 2009) que conforma el estado de bienestar. En razón de
ello “el Estado debe de proteger y cuidar a sus ciudadanos y por extensión a su sociedad en su
conjunto debe de orientar su actividad a dotarla del mayor bienestar posible” (Vazquez, 2009).
Esta acción es posible en el marco del bienestar emocional y en el bienestar social como
parte importante del bienestar subjetivo percibido. En relación al primero podríamos decir que
este implica la búsqueda de la felicidad, al ser algo personal, interno y por lo tanto subjetivo,
para percibirlo se requiere de experimentar emociones positivas, esto es, la valoración de la
satisfacción de nuestra vida, de nuestra calidad de vida (Bisquerra Alzina, 2013) que implica
analizar diversos factores externos, como son los ingresos, salud, vivienda, acceso a recursos,
infraestructura, seguridad, bienes materiales, educación, diversión, cultura, etc.
Es en este escenario en donde los MSC intervienen como un generador de bienestar, ya que,
ante la existencia de un conflicto, este perturba la armonía y nuestra calidad de vida, en consecuencia, afecta nuestro bienestar. Los MSC generaran entonces un balance en su interactuar
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social, entendiendo que el bienestar subjetivo se asocia al “grado en que un individuo juzga favorablemente la satisfacción global con la vida que lleva” (Bisquerra Alzina, 2013), por lo que
desestabilizarla ante la existencia de un conflicto le impide gozar plenamente de ella.
Esta postura la confirmamos cuando analizamos el bienestar social, que tiene como rasgo
esencial las relaciones de la persona con su entorno social, ya que las relaciones sociales son
una fuente importante de satisfacción, pero al mismo tiempo son una fuente de conflicto (Bisquerra Alzina, 2013), por lo que concluye nuestro autor que “las relaciones son al mismo tiempo un factor de bienestar y de malestar”.
Al respecto afirma que “nuestro bienestar depende del afecto y aprobación de los demás. Si
a nuestro alrededor se respira ternura, comprensión, amor, entusiasmo, etc., nos va afectar positivamente. Si por nuestra parte aportamos un clima emocional positivo, aportamos bienestar
social que va a repercutir en nuestro propio bienestar: se produce el efecto bumerang que hace
que recibamos afecto positivo como feedback. La persona que ha aprendido las habilidades
sociales para relacionarse de forma satisfactoria con otras personas mejorara su calidad de vida
y su bienestar emocional”.
La visión plasmada en este último párrafo centra a la persona como la responsable de lograr
su calidad de vida a través de habilidades sociales, entendidas estas como competencias básicas
de vida, hacen que las personas se sientan bien con quienes los rodean y tiene una percepción
de bienestar que coincide con el bienestar emocional. “La satisfacción en las relaciones sociales es un factor que se correlaciona significativamente con el bienestar subjetivo” (Bisquerra
Alzina, 2013), por lo que podemos deducir que este es el QUID del vínculo entre bienestar y
los MSC, al considerar la gestión de los conflictos una competencia básica de vida, ya que, si
la sociedad entiende que tiene la opción de resolver sus conflictos por sí mismas, su calidad de
vida mejorara o aumentará y en consecuencia producirá bienestar. Entendiendo de igual manera
que los MSC son una habilidad social que nos permite relacionarnos efectiva y afectivamente
gestionando y transformando nuestros conflictos.
Esto lo reconfirmamos cuando vemos como área de oportunidad la conformación de las
dimensiones del bienestar social (interpersonales, comunitaria y política) para la instrumentalización de los MSC ante la presencia de un conflicto.
Los factores que determinan la dimensión interpersonal son: las relaciones sociales, intimas,
familia nuclear, competencias sociales y emocionales, contribución social, integración social,
valores; en el caso de la dimensión comunitaria observamos el clima emocional, estabilidad
familiar, solidaridad, actitudes de ayuda mutua, civismo, cortesías, comunicación, cooperación,
ausencia de violencia; y para la dimensión política los factores que la definen son: la justicia, la
libertad, paz, democracia, derechos humanos, estabilidad política, seguridad ciudadana, no disRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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criminación, igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, equidad (Bisquerra Alzina, 2013).
En este escenario visualizamos que el conflicto es el principal elemento que puede desestabilizar las dimensiones del bienestar social y en consecuencia impedir que este logre su fin, la
felicidad y la calidad de vida de los ciudadanos.
Más aún si entendemos que la percepción puede potenciar un ambiente positivo o un ambiente negativo, ya que la percepción es la capacidad de una persona de entender el mundo, es
la capacidad de interpretar la información respecto a su entorno, son los estímulos que reciben
sus sentidos, la percepción es el valor que le damos a la vida en razón a lo que tenemos y nos
interesa, es el valor que le damos al acto, al hecho, a la acción u omisión respecto de nuestra
vida en sociedad, como un proceso de selección que nos permite organizarnos en un ambiente
armónico, en donde podemos afirmar que nuestra vida es buena o mala.
Es por ello que ante la ausencia de mecanismos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas de bienestar debe de incluirse la instrumentalización de los MSC, como un
esquema de aseguramiento del bienestar subjetivo percibido, con una participación directa de
las personas en la gestión y transformación de sus conflictos, ya que el conflicto afecta los intereses de las personas pero principalmente su percepción de vida, en sus diferentes roles en
la operacionalización habitual de las dimensiones del bienestar social, impactando de manera
directa en su devenir cotidiano, generando un efecto multiplicador de felicidad o de infelicidad
(Bonete Perales, 2015).
Felicidad
Para poder entender lo que significa vivir en paz, vivir felices, debemos asociar la felicidad
al bienestar, al VB/BV y a la solución de los conflictos (MSC), entendiéndola como una necesidad humana, al grado que el ser feliz puede compararse al estar sano o al amor; tiene que
alimentarse y cuidarse permanentemente, no es algo que se dé por única vez y así permanezca,
se requiere de mantenimiento, se requiere de cuidados, se requiere de un esfuerzo personal,
porque “la mera ausencia de este esfuerzo le quitara a la vida el ingrediente imprescindible de
la felicidad” (Rusell, 2018), por lo que es más fácil ser infeliz que feliz.
Podría decirse entonces, que este esfuerzo se traduce en una negociación continua, perene
en el tiempo, que permita que todos aquellos elementos que se conjugan para obtenerlo estén
en constante armonía y para ello es necesario que cualquier hecho, acción o acontecimiento que
interrumpa nuestras sensaciones positivas, tratarlas o resolverlas, por lo que si no lo hacemos,
evitara el manar del flujo de la felicidad (Csikszentmihalyi, 2016) y en consecuencia se alterara
y afectara nuestro bienestar, disminuyéndolo por no lograr alcanzar nuestros intereses.
Para que este flujo sea continúo se requiere que sea dinámico, de determinadas habilidades
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para que esté vigente, habilidades en este caso, sociales como la gestión de conflictos, que hace
de él, su conversión de una barrera a una oportunidad. Podemos decir entonces que los MSC
son un puente, que, al gestionar y transformar el conflicto, permite que nuestra energía fluya,
en pro de nuestra felicidad y bienestar, significa que nos sintamos fuertes y eficaces, alertas y
con control, por lo que la clave para que este flujo continúe es necesario establecer un equilibrio
entre habilidades y desafíos, por lo que “… tu felicidad depende de la capacidad de encontrar
el espacio perfecto, para fluir con lo que hagas” (Lyubomirsky, 2008) y los MSC representan
ese equilibrio.
La Psicología positiva es quien más ha estudiado la felicidad y el bienestar subjetivo determinando que ambos se refirieren a sensaciones positivas como la alegría o la serenidad y a estados positivos de las personas que influyen en su actuar cotidiano, pero más aún en sus acciones
futuras, entendiendo que el hecho, acto o circunstancia que genera actitudes negativas, que bien
podríamos catalogarlas como infelicidad, traerá consecuencias, impactando en el optimismo, la
esperanza, la seguridad, la fe y la confianza (Carr, 2007).
Si analizamos las bases de un conflicto, tiene que ver con la percepción que una persona tiene de un acto o hecho, que afecta sus necesidades, su realidad y en consecuencia a sus intereses,
generando el problema, ante la ausencia del logro o cumplimiento de sus objetivos, entiéndase
estos como sus intereses, interrumpiendo sensaciones positivas, interrumpiendo el flujo que
nosotros le hemos dado a nuestra vida, que salve decir es diferente al de los demás.
Asociando entonces la afectación de los intereses personales de los ciudadanos y la interrupción de esas sensaciones positivas a la infelicidad, generando actitudes negativas y conflictos,
por lo que nuestro actuar afectara el de los demás, de ahí la necesidad de gestionar y transformar
el conflicto y evitar consecuencias futuras, situándonos en nuestra realidad y en nuestra felicidad, que por consecuencia influye en nuestro bienestar.
Nuestra capacidad de decidir es lo que nos hace felices, por lo que cuando esa capacidad se
ve interrumpida o cuartada somos infelices, escoger lo que nos hace sentir bien es la clave de la
felicidad. Es entonces la capacidad de decidir o bien la libertad y el libre albedrio lo que correlaciona los MSC con la felicidad y el bienestar en un mismo estadio, es a través de la capacidad
y de la libertad la manera de materializar la felicidad, al ser medible podemos definir qué tan
felices somos, a diferencia del bienestar ya que según (Seligman, 2014) este es considerado un
constructo, “que tiene a su vez, varios elementos mensurables, porque cada uno de ellos es una
cosa real y cada uno contribuye al bienestar”.
Uno de estos elementos es la felicidad misma, esas sensaciones positivas que nos permiten
reaccionar positivamente con los demás y se convierte en un circulo virtuoso, a diferencia del
bienestar que se ve condicionado a otros elementos o factores que implican el vivir bien o buen
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vivir, en donde se requieren de otros factores, como los señalamos en apartado anterior, sin embargo, estos al no verse materializados o que cumplan su misión, son generadores también de
conflictos y es en este momento “reitero” en donde la intervención de los MSC hacen posible el
bienestar y la felicidad, como un binomio de vida que difícilmente puede ignorarse.
Ahora bien, que significa vivir bien o buen vivir (VB/BV) y porque lo vinculamos al bienestar y la felicidad, tiene que ver con nuestra conducta y con nuestra actuar con los demás,
significa que lo que hagamos o dejemos de hacer afecta a quienes nos rodean, significa que lo
que uno es o lo que uno representa individualmente trasciende (Schopenhauer, 2017), nuestra
individualidad es nuestra fuerza, vivimos en una sociedad que se compone de individualidades,
pero estas a su vez se suman en un mismo acontecer, a un mismo fin, que hace de las sociedades
sean coherentes, cuando esas individualidades se dispersan, el flujo se interrumpe y el VB/BV
pasa de ser una estadio de oportunidad a un estadio de infelicidad.
VB/BV significa convivir dignamente lo que implica desarrollar capacidades humanas para
lógralo (habilidades sociales de gestión de conflictos), implica la construcción de condiciones
sociales adecuadas para una real apropiación de los medios de producción, que hacen que una
sociedad funcione, implica también equilibrio para lograr autonomía, justicia e igualdad (Contreras Baspineiro, 2016).
Al respecto nuestro autor vincula el VB/BV a la armonía, como una cosmovisión, entiéndase esta como “una forma de ver, de interpretar, de construir el mundo con un conjunto de
creencias y convicciones que nos permiten analizar, interpretar y reconocer la realidad en que
vivimos”.
Entiéndase que lo que se pretende es reivindicar el valor primordial de la vida y para lograrlo es necesario vivir en convivencia, vivir dignamente y vivir plenamente. Este último axioma
es tal vez el de mayor peso en cuanto a nuestro propósito de la gestión y transformación del
conflicto, ya que determina que “la felicidad de uno es la felicidad de todos, con relaciones de
colaboración, sin ostentaciones, con lo suficiente, sin discriminaciones, con justicia” (Contreras Baspineiro, 2016).
Para lograr que el VB/BV se logre en plenitud es necesario forjar una cultura de vida, una
cultura de armonía y esta solo será posible si se logra construir y conciliar las siguientes relaciones según (Contreras Baspineiro, 2016) :
1.
La armonía de los seres humanos consigo mismos. Esta es la dimensión subjetiva y espiritual del VB/BV. Implica trabajar nuestros sentimientos para trabajar por una vida digna
en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, en solidaridad y suficiencia, y
2.
La armonía de los seres humanos en sociedad. Esta es la dimensión comunitaria que
implica vivir colaborativamente, relacionándonos, respetándonos, apoyándonos, trabaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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jando en comunidad, en justicia.
Ahora bien, para que todo esto mantenga su status quo es necesario que observemos dos
elementos más del VB/BV que es la integralidad y el equilibrio (Contreras Baspineiro, 2016).
La integralidad es el sentido comunitario de la vida, es una identidad colectiva que tiene en la
convivencia solidaria el espacio para satisfacer las necesidades (intereses mas no posiciones).
Es una exigencia normativa que permite una vida fraterna, una vida en convivencia y armonía
que basa su accionar en los valores de la igualdad, la diversidad, la equidad, el bien común, la
transparencia y la ética.
Ahora bien, el equilibrio tiene el mismo sentido de lograr una vida fraternal y en armonía,
entendiéndolo como una balanza de los intereses de los individuos en donde el dintel de esa
balanza es el bienestar y sus extensiones son la convivencia solidaria y amistosa, que permite
construir alternativas desde practicas basadas en la justicia y en la equidad.
Entendemos entonces, que el factor que sincroniza todos estos conceptos es la convivencia,
una convivencia en armonía, justa y equitativa, es entonces, la necesaria integración de los
MSC a las diversas ecuaciones que integran el VB/BV, ya que sin un proceso de gestión de
conflictos que evite la desarmonización de esta convivencia, evidentemente no se lograra el
bienestar, en nuestra más amplia concepción de felicidad.
Escenario de culturización cuando proponemos la implementación de los MSC
Las dinámicas en las que las políticas públicas integran a la sociedad responden a las características mismas por las que fueron creadas, entiéndase como el fin que persiguen, el presente
apartado identifica el escenario es donde se desarrollaría la culturización de los MSC y de cómo
actualmente estas dinámicas condicionan el actuar social en cuanto a la procuración e impartición de justicia y de los MSC desde dos perspectivas: lineal y exponencial; la actual que sitúa a
la mediación en el normativizo (lineal) y la prospectiva que situaría a la mediación como política de bienestar (exponencial) que permitirá su evolución en razón de los elementos operativos
que aplican a otras políticas como lo es la educación o la salud por mencionar alguna en donde
su espectro es multidimensional y de superior alcance impactando a toda la sociedad y no solo
a un sector determinado.

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Cuadro 1. Normativismo vs Bienestar
Normativismo Principal actor

Bienestar Subjetivo Principales actores

(sistema de procuración e impartición de justicia)

(demás sistemas gubernamentales)

Evolución Lineal
1. Paz negativa

Evolución exponencial
1. Paz positiva

2. Poder que genera autodefensa y protagonismo 2. Responsabilidad compartida búsqueda apertura
3. Instrumenta la política pública, es el garante
de la cohesión y justicia social y garantiza un 3. Instrumenta la política pública como un deber privilegiando los intereses particulares y
estado de derecho
sociales
4. Obliga a la sociedad a cumplirla
4. Calidad de vida
5. Dinámica individualista ante la pérdida de
5. Comparte la responsabilidad (trabajo en equicontrol
po, acciones intergubernamentales)
6. La ley limita el accionar de las personas
6. Las políticas públicas alienta la cooperación y
7. Salvaguarda los intereses de la sociedad segeneran sinergias
gún la norma
7. Privilegia los intereses de las personas, pro8. Limitada a los abogados y algunas ciencias
mueve la libertad y la identidad social
auxiliares
8. Es multidisciplinar
9. Los cambios de las normas son complejos y
9. Es dinámica, se adapta, genera apertura y
lentos
máximos beneficios
10. Limita los cambios sociales
10. Gesta cambios sociales

Fuente: Elaboración propia, 2020.
Beneficios de los MSC en el Bienestar subjetivo vs Normativismo
Confrontar las dinámicas de ambos escenarios es conveniente para entender las ventajas que el
bienestar ofrece vs el normativismo en la evolución de la mediación. De forma particular destacamos los efectos sobre los usuarios cuando resolvemos el conflicto desde la perspectiva del
normativismo, que refleja nuestra realidad, y cuál es su efecto. Cuando lo situamos en el bienestar la dinámica cambia y el flujo es diferente, y aún que esto sucede y que no es una suposición,
mantenemos los MSC en el normativismo, por lo que produce una implosión que pide a gritos
su tránsito al bienestar, ya que la lógica de su operacionalización es diferente, ya que mientras
el normativismo es general y trata al conflicto desde el incumplimiento de la norma, la gestión
y transformación del conflicto es abordado desde la impronta del bienestar ubicando el conflicto
desde la perspectiva del interés de las personas de forma particular.
Presentamos entonces ambos escenarios en razón de sus rasgos distintivos ya no solo como
política generalista sino como resultado de su instrumentalización y lo que implicaría situar a
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los MSC dentro del halo del bienestar, pretendiendo con ello convencer al lector de forma razonable de como uno suscita más opciones y mejores oportunidades en relación al otro en cuanto
a la gestión y transformación del conflicto y a la perdurabilidad de sus resultado, derivado de
la experiencia de otras políticas públicas de bienestar que se centran en las personas y no solo
en la norma.
Cuadro 2. Los MSC en el normativismo y en el Bienestar
Los MSC en la política normativista

Los MSC en la política de bienestar

Rasgos distintivos que condicionan sus

Rasgos distintivos que condicionan sus

beneficios
beneficios
1. La norma es de aplicación general, no se cen- 1. El bienestar puede tener diversos destinatarios, se centra en las personas y en sus intetra en el interés de las personas
reses
2. La norma es rígida e inflexible
2. El bienestar es flexible
3. El conflicto se aborda desde el incumpli3. En el bienestar el conflicto se aborda desde el
miento de la norma
interés de las personas
4. Desconfianza
4. Confianza
5. Insatisfacción del resultado
5. Satisfacción
6. La Norma no es perceptible por las partes
6. Su percepción es su mayor fuerza
7. La norma mantiene el status quo de las per7. El bienestar gesta cambios particulares y sosonas
ciales
8. La norma no es positiva ni negativa, es ge8. El bienestar es positivo privilegia la satisfacneral
ción y las emociones, la felicidad
9. La norma no es entendible por la sociedad
9. Es de fácil comprensión y adaptación
10. La sociedad vive
10. Convence a la sociedad de vivir bien, del
buen vivir

Fuente: Elaboración Propia, 2020.
3.- MÉTODO
La propuesta metodológica de la presente investigación tiene un ámbito multidimensional, que
pretende abordar diversos elementos conceptuales operativos en donde la mediación asumiría
un rango de política de bienestar.
La investigación deberá fijar una postura teórico práctica de cada concepto operativo y/o de
influencia vinculado a los métodos de solución de conflictos y al bienestar, al bienestar subjetivo, al bienestar subjetivo percibido y a la felicidad como producto del acuerdo de mediación
y el impacto que este generará en la sociedad, como, por ejemplo, la concertación, el perdón, o
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la felicidad.
Para determinar los diversos vocablos operativos de los métodos de solución de conflictos y
del bienestar deberá observase literatura especifica en el tema de los MSC, del bienestar, de la
felicidad y la paz, así como autores especialistas en el tema, considerando de igual manera los
diversos instrumentos legales o rectores como planes de acción, convenciones o declaración
vinculados, así como las mejores prácticas para la disminución de la violencia estructural, la
generación de bienestar subjetivo percibido y la paz estructural.
Utilizaremos el método analítico sintético, empírico y exegético partiendo de la experiencia
del autor en los diversos métodos y de la experiencia para la elaboración y clasificación de los
vocablos operativos de los MSC y del bienestar que inciden en su instrumentalización.
4.- CONCLUSIONES
La mediación genera estabilidad en las relaciones particulares, por lo que es imprescindible
situarla en el escenario global social a través del bienestar.
La felicidad y el bienestar dependen de una vida en comunidad, por lo que el conflicto los
desequilibra.
La vida en sociedad se caracteriza por las decisiones individuales que afectan a los demás,
por lo que el bienestar y la felicidad dependen de esas decisiones individuales.
El bienestar y la felicidad no tiene un sistema que involucre a las personas para sostener su
estabilidad por lo que requiere de un método para lograrlo.
La mediación y los MSC son una metodología que genera y estabiliza la felicidad y la paz,
a través del acuerdo, como un valor intangible.
La mediación generaría estabilidad de los factores de las políticas públicas de bienestar, estabilizando las decisiones particulares de las personas, ante un eventual conflicto.
Es factible invertir la lógica de la generación del bienestar, otorgándoles un papel protagónico a las personas para su operación y estabilidad.
Los MSC debemos situarlos en el constructo del bienestar como base sustancial e interactuar
solo normativamente en el constructo de la normativización.
El resultado de la mediación y de los MSC se correlaciona directamente al bienestar subjetivo percibido, ya que el conflicto se aborda desde los intereses de las partes.
La mediación al igual que el bienestar produce felicidad, armonía y paz.
Es necesario situar a los MSC en las políticas de bienestar para poder evolucionar exponencialmente y generar una verdadera culturización.

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�La mediación como política de bienestar.

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Vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y cultura organizacional universidad de
Cundinamarca Facatativá1
Competitive intelligence, technological vigilance and organizational culture universidad de
cundinamarca facatativá
Fabio Orlando, Cruz–Páez2
https://orcid.org/0000-0001-7834-2762
Oswaldo, Vanegas–Flórez3
https://orcid.org/0000-0003-2697-3073
Universidad de Cundinamarca, Colombia
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-5
___________________________________________________________________________
RESUMEN

El presente artículo se desprende desde el proyecto de investigación Vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y cultura organizacional en la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá en el núcleo temático
Investigación I, con el fin de diagnosticar la importancia, aplicación y gestión de la Vigilancia Tecnológica y la
Inteligencia Competitiva como ejes de interacción que promueven en la relación a las mismas un fortalecimiento
dentro de la cultura organizacional en la Universidad de Cundinamarca Extensión de Facatativá, Cundinamarca,
Colombia. La metodología empleada fue mixta y se realizó con un enfoque cuantitativo y cualitativo, un alcance
descriptivo típico gestionado en campo y un diseño transversal con la recolección de datos por medio de un cuestionario aplicado del método Delphi en donde se indagaron las variables de Vigilancia Tecnológica, Inteligencia
Competitiva y Cultura Organizacional la cuales fueron analizadas por medio de las apreciaciones obtenidas en la
aplicación de las 69 respuestas que se apreciaron de estudiantes de IX y X semestre, graduados, docentes y administrativos de la Universidad de Cundinamarca.
Palabras clave: Cultura organizacional, inteligencia competitiva, Universidad de Cundinamarca vigilancia tecnológica.
ABSTRACT
This article emerges from the research project Technological Vigilance, Competitive Intelligence and Organizational Culture at the Universidad de Cundinamarca Facatativá extension in the thematic nucleus Research I, in order
to diagnose the importance, application and management of Technological vigilance and Competitive Intelligence
as axes of interaction that promote in their relationship a strengthening within the organizational culture at the Universidad de Cundinamarca Extension of Facatativá, Cundinamarca, Colombia. The methodology used was mixed
and was carried out with a quantitative and qualitative approach, a typical descriptive scope managed in the field
and a cross-sectional design with data collection through an applied questionnaire of the Delphi method where the
variables were investigated, Technological vigilance, Competitive Intelligence and Organizational Culture which
were analyzed by means of the appraisals obtained in the application of the 69 responses that were appraised of
students of IX and X semester, graduates, teachers and administrative of the Universidad de Cundinamarca.
Keywords: Competitive intelligence, organizational culture, technological vigilance, Universidad de Cundinamarca.
Recibido: 07 de Diciembre 2019 - Aceptado: 21 de Marzo 2020 - Corregido: 20 de Abril 2020
Cómo referenciar este artículo:
Cruz–Páez, F. O., &amp; Vanegas–Flórez, O. (2020). Vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y cultura
organizacional universidad de Cundinamarca Facatativá. Politica Globalidad y Ciudadanía, 84-101. http://
revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/148

1 Proyecto de investigación “Vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y cultura organizacional en la Universidad de Cundinamarca
extensión Facatativá”, Financiado por la Extensión Facatativá, Semillero de investigación GEICAEC.
2 Magíster en Administración de Organizaciones por la UNAD, Profesor Investigador de la Universidad de Cundinamarca. Email: focruz@
ucundinamarca.edu.co
3 Magíster en Administración de Organizaciones por la UNAD, Profesor Investigador de la Universidad de Cundinamarca. Email: ovanegas@
ucundinamarca.edu.co
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1.- INTRODUCCION
En el contexto organizacional de la Universidad para el desarrollo organizacional se indaga la
importancia de la Vigilancia Tecnológica, la inteligencia competitiva y la cultura organizacional partiendo de la interacción de las Universidades con las Empresas, el Estado y la sociedad
en pro de evidenciar como se puede realizar el fortalecimiento dentro de la cultura organizacional en la Universidad de Cundinamarca Extensión de Facatativá, Cundinamarca de Colombia,
para ello se realizó un estado del arte, diseño y aplicación de una encuesta semiestructurada
tipo Delphi aplicada a expertos que tienen relación con la Universidad con el fin de obtener
resultados que permitieran analizar la importancia de la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva en la cultura organizacional de la Universidad. De esta manera se inició con la
Formulación del problema ¿Cómo influye la apropiación de estrategias de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva en el desarrollo organizacional desde la cultura en la Universidad de Cundinamarca Extensión de Facatativá?, del cual se responde que influye mejorando
los procesos y procedimientos que desarrollan en la extensión con empoderamiento de líderes
que fortalezcan la cultura organizacional apoyada desde la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva promoviendo conocimientos y destrezas para el desarrollo socioeconómico y
culturan en las pymes, grandes empresas y organizaciones.
Respecto a la pregunta problematizadora se hizo la Sistematización del problema y se evidenciaron y respondieron los siguientes interrogantes que posteriormente derivan en los objetivos de la investigación y una primera pregunta es ¿Por qué se hace un diagnóstico de la
cultura organizacional, Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva en la Universidad de
Cundinamarca Extensión de Facatativá? Porque se pueden apreciar las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas para formular estrategias de desarrollo organizacional desde la institución para potencializar las competencias de los futuros profesionales que están y/o estarán
inmersos en el sector real productivo. Un segundo interrogante es ¿Para qué se debe promover
el fortalecimiento de la investigación acompañado de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva en la Universidad de Cundinamarca Extensión de Facatativá? La investigación
se fortalecerá para promover la apropiación y potencialización de la Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva como un eje de interacción e innovación en la cultura organizacional
de la Universidad. Finalmente, un último interrogante ¿Qué se va a hacer con la oferta de un
portafolio de servicios en Vigilancia Tecnológica, Inteligencia Competitiva y cultura organizacional? Se aprovecharán las ventajas competitivas y comparativas que tiene la Universidad de
Cundinamarca fortaleciendo continuamente las capacidades de las personas apoyada desde el
Modelo Educativo Digital Transmoderno – MEDIT.
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De acuerdo a la formulación y sistematización del problema el Objetivo general es Promover
estrategias de cultura organizacional, Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva en la
Universidad de Cundinamarca Extensión de Facatativá para el fortalecimiento, gestión y desarrollo organizacional.
Y se tienen tres objetivos específicos así:
Diagnosticar la cultura organizacional, Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva en
la Universidad de Cundinamarca Extensión de Facatativá.
Identificar que la investigación es eje de interacción entre la Vigilancia Tecnológica, la Inteligencia Competitiva y la cultura organizacional para fortalecer la innovación, ciencia y tecnología en la Universidad de Cundinamarca Extensión de Facatativá.
Proponer la creación de un portafolio de servicios en Vigilancia Tecnológica, Inteligencia
Competitiva y cultura organizacional en la Universidad de Cundinamarca Extensión de Facatativá.
Las variables teóricas Vigilancia tecnológica, Inteligencia competitiva y Cultura organizacional se evidencia así:
Para Sánchez, la vigilancia tecnológica es “Una herramienta indispensable que permite buscar, recolectar y analizar información relacionada con conocimientos científicos y tecnológicos,
e información sobre aspectos legislativos, normativos, sociales, económicos y de mercado, entre otros” (2019, p. 19)
Otro rasgo, importante de la vigilancia tecnológica es la reducción del riesgo; pues el estar
informado, “Permite identificar a tiempo cambios y novedades que suceden en el entorno de las
organizaciones, con el fin de tomar decisiones más acertadas frente a oportunidades y amenazas
identificadas con el menor riesgo posible en el desarrollo de un nuevo producto, servicio, política o estrategia” (Sánchez, 2019, p. 19)
En cuanto a la competitividad de las organizaciones “La Inteligencia Competitiva es la recopilación y uso de los conocimientos sobre el ambiente externo en el que operan las empresas.
Se trata de un proceso que aumenta la competitividad de mercado mediante el análisis de las
capacidades y las acciones potenciales de los distintos competidores, así como la situación
competitiva global de la empresa en su sector y en la economía” (García, 2017, citado en Bollás
2018, p. 36)
Según Bollás para la toma de decisiones es importante tener claro que “La base de la Inteligencia Competitiva se encuentra en saber distinguir la diferencia entre la información y la
inteligencia” (2018, p. 37)
Para (Arbaiza 2017, citado en Cajavilca, Palomino, Pozo, Rodríguez 2019, p. 11) “concibe
a la cultura organizacional como la regulación del intercambio social entre los miembros de
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una organización, a fin de definir objetivos, valores y políticas organizacionales, que sirven de
referencia para generar una identidad, reforzar su compromiso, satisfacción y seguridad”.
Las limitaciones de la investigación conciernen al desarrollo de una investigación de proyección a macroproyecto en el mediano plazo en la Universidad para expansión del proyecto.
El alcance de la investigación es descriptivo y se da en el contexto “porque tiene como
prioridad describir cualidades, características de un fenómeno o grupo de personas. Su función
principal es profundizar, describir o medir conceptos o situaciones.” (Investigación científica,
2020, p.1), en el caso de las variables estudiadas.
La justificación de la investigación se realiza con el fin de estudiar las variables teóricas e
importancia de las mismas para la Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativá y así
promover el desarrollo de actividades en el contexto académico y administrativo en pro del
desarrollo organizacional de la Universidad y de cada egresado de la misma en el sector real.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Inteligencia Competitiva – Vigilancia Tecnológica
La Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva son parte fundamental de los procesos
y la gestión de la calidad en las organizaciones, Sosa, afirma que:
La VT e IC es parte, precisamente, de la gestión de innovación porque la capacidad de cualquier organismo para innovar estará cada vez más estrechamente relacionada con la calidad de
la interacción con el entorno en la que está inmersa. Es por ello que el conocimiento externo
debe ampliarse a todos los actores del medio que resulten relevantes y significativos. (2016, p.5)
Uno de los grandes factores que demuestran la importan de la relación entre la VT y la IC es
el desarrollo de una cultura organizacional apoyada y gestionada en interacción entre ellas por
ello la VT es parte la IC, así:
Hoy queremos acercar la IC al mundo del Diseño Estratégico, perfil con una visión técnica
para el desarrollo de productos y servicios, pero que a su vez tiene un punto de vista holístico
(visión global y sistémica) sobre la forma en la que se ofertan éstos a los clientes. No hay duda
de que las decisiones tomadas de esta manera son más resilientes, viables y satisfactorias. (Innguma, 2019, p.1)
La Vigilancia Tecnológica siendo esta un proceso organizado, selectivo y permanente, de
captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento para tomar
decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. (UNE, 2011, citado en Moya y
Moscoso, 2017, p.14)
La Inteligencia Competitiva en el contexto organizacional es de gran importancia ya que
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“es una acción que pretende definir, recopilar, analizar y distribuir información externa sobre
productos, servicios, clientes, competidores o cualquier otro aspecto que ayuda a la toma
de decisiones de la organización y al diseño de planes estratégicos y operativos.” (Salmi,
2009, citado en Moya y Moscoso, 2017, p.14).
De acuerdo a lo anterior se puede expresar que la VT e IC son inherentes a la competencia
perfecta ya que:
En un mercado en donde la brecha entre la empresa líder y las seguidoras sea menor, y por
tanto la competencia por arrebatarse el liderazgo sea mayor, la inversión tendería a ser mayor
que en un mercado en donde la brecha entre líder y seguidoras sea mayor y por tanto, la presión
de las seguidoras sobre la líder sea menor. En síntesis, el corazón del sistema capitalista está en
la empresa y sus relaciones dinámicas con el mercado. (Vargas y Rodríguez, 2016, p.6)
Es por ello que con la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva en las empresas
públicas y/o privadas se “pretende diseñar y desarrollar productos y/o servicios innovadores,
crear portafolios corporativos impresos y en línea todo ello con el apoyo de las Tecnologías
de la información y la comunicación” (Cruz, Mera y Lechuga, 2019, p. 187) para impactar el
mercado actual con las dinámicas que se dan en el contexto organizacional.
Así frente a las relaciones de las entidades en el mercado es evidente que la elección de
tecnología en directa relación con la IC y la VT se puede apreciar que el Desarrollo de las
entidades se da cuando se hace uso de tecnologías que competitivamente y comparativamente
posicionan a Universidades, Empresas y Estados con el uso adecuado y comunicación asertiva
con el apoyo de tecnologías especializadas en la inteligencia competitiva ya que:
Las tecnologías que se consideran especializadas abarcan aquellas que son creadas para uso
empresarial, ofreciendo aplicaciones específicas para el procesamiento avanzado de información y la toma de decisiones, por lo cual su uso se delimita a algunos procesos empresariales
afines a la negociación internacional. Estas tecnologías tienen un grado medio y alto de complejidad en su instalación y uso, por lo general se adquieren a través de la compra de licencias que
tienen costos significativos, y brindan soluciones más acertadas y eficientes para la reducción
de costos y tiempos en la negociación. (Cano y Baena, 2015, p.344)
Cultura Organizacional
En la cultura organizacional Salazar, Guerrero, Machado y Cañedo, aseguran que ella ejerce
una fuerte influencia en el clima laboral, pues es un patrón que genera conductas y valores que
comparten los empleados de una organización, de tal forma que generan una serie de elementos
distintivos y particulares que forman elementos diferenciadores de las otras organizaciones.
Los principales elementos son:
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La identidad de los trabajadores con su organización en los estilos de trabajo y disciplina de
este.
Énfasis en el grupo: determina si se realizan trabajos en grupos o de forma individual.
Perfil de la decisión: si las decisiones se toman pensando en los recursos o en el talento humano.
Integración: cómo funciona la organización de forma coordinada o de forma independiente.
Control: determina si existe una tendencia muy fuerte por el control o por otra parte se trabaja con base en el autocontrol.
Tolerancia al riesgo: si se fomenta o no la innovación, la creatividad, la proactividad para el
desarrollo de actividades.
Criterios de recompensa: que factores influyen para motivar a los empleados de la organización.
Tolerancia al conflicto: Si se permite o no el conflicto funcional como elemento del desarrollo organizacional.
Enfoque de la organización: si la gerencia se orienta hacia el mundo externo o hacia el interior de la organización. (2009, p.70)
Teniendo en cuenta los mencionados aspectos, la organización debe buscar el consenso en
todos los miembros de la organización, con el fin de lograr la misión y los más importante generar un ambiente de bienestar con un nivel alto en la calidad de vida de sus empleados, lo cual
se verá reflejado en un mayor compromiso en las actividades realizadas, aumento de la productividad y la competitividad, generando esto beneficios directos en la organización. (Salazar, et
al., 2009, p.1)
Es así como la cultura de la gestión en una organización “implica un conjunto de cambios en
la perspectiva de la cultura organizacional y de gestión.” (Gómez, 2018, p.15) De acuerdo a la
gestión desde la cultura organizacional “se tuvieron en cuenta las nuevas tecnologías dentro
de la estructura formal e informal, sin dejar de lado el sistema social” (Cruz y Bejarano,
2018, p. 43) siendo este último de gran importancia para las Universidades, las empresas y el
estado.
De acuerdo a ello tal y cómo afirma Cruz, 2014, “se podría implementar a nivel nacional en
aspectos de técnicas, procesos, servicios a prestar, comunicación organizacional, tecnologías a
implementar y sistemas de información” (p.38) con el fin de liderar procesos de VT, IC y cultura organizacional desde la Universidad para las empresas y el entorno en general. “En este
sentido, la existencia de una estrategia organizacional, de una visión y una misión, de objetivos
claros, de canales de comunicación claros entre la gerencia y los empleados, y de una cultura de
medición,” (Zipasuca, Cruz, Rojas y Muñoz, 2019, p.14) en las organizaciones mejora la culRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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tura organizacional en la triple hélice Empresa-Estado-Universidad y de la sociedad puesto que
“El poder está relacionado con los tipos de recursos utilizados para ejercer alguna influencia
sobre la organización.” (Lechuga, Cruz y Cazallo, 2018, p.73)
Universidad de Cundinamarca
La misión de la Universidad de Cundinamarca, muestra que es una organización con grandes
potenciales frente a la apropiación y fortalecimiento continuo de la misma y así se pueden aprovechar la Vigilancia tecnológica y la Inteligencia Competitiva en la entidad y para el entorno
que le circunda,
La Universidad de Cundinamarca, 2019, es una institución pública local del siglo XXI, caracterizada por ser una organización social de conocimiento, democrática, autónoma, formadora, agente de la transmodernidad que incorpora los concesos mundiales de la humanidad y
las buenas prácticas de gobernanza universitaria, cuya calidad se genera desde los procesos de
enseñanza- aprendizaje, investigación en innovación, e interacción universitaria. (p.1)
Así para corroborar la importancia de la Universidad y el empoderar la VT e IC como parte
de la Cultura Organizacional de las entidades se aprecia que, en la visión de la Universidad de
Cundinamarca, 2019, se afirma que:
La Universidad de Cundinamarca será reconocida por la sociedad, en el ámbito local, regional, nacional e internacional, como generadora de conocimiento relevante y pertinente, centrada en el cuidado de la vida, la naturaleza, el ambiente, la humanidad y la convivencia. (p.1).
Finalmente, con base en la afirmación anterior se puede inferir que “Es importante resaltar
que la competitividad es un factor determinante a la hora de penetrar mercados nacionales e
internacionales” (Cruz y Bejarano, 2018, p.52) y es de esa manera que inteligencia Competitiva
junto con la Vigilancia Tecnológica benefician a las organizaciones en general.
3.-MÉTODO
Diseño
La investigación de la cual se desprende el artículo se realizó desde un enfoque cuantitativo,
con una metodología cuantitativa, por medio de un diseño transversal de recolección de datos
en un tiempo determinado, con un alcance descriptivo típico con aplicación en campo. Las variables que se indagaron son Vigilancia Tecnológica, Inteligencia Competitiva y Cultura Organizacional la cuales fueron analizadas por medio de las apreciaciones de estudiantes de IX y X
semestre, graduados, docentes y administrativos de la Universidad de Cundinamarca Extensión
de Facatativá, Cundinamarca, Colombia.
El enfoque investigativo de la presente investigación es cuantitativo ya que “En una invesRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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tigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento
(muestra) a una colectividad mayor (universo o población). También se busca que los estudios
efectuados puedan replicarse.” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.5)
El diseño de la investigación es transversal ya que, según Rodríguez y Mendivelso, “El
investigador realiza una sola medición de la o las variables en cada individuo (número de mediciones)” (2018, p. 142)
Para el alcance de la presente investigación se indago el ámbito de los estudios descriptivos
y afirman Burns, N y Grove, S.K. 2004 citado en Müggenburg y Pérez, que:
En el ámbito de los Estudios descriptivos se pueden mencionar: a) descriptivo típico (describe las características de una sola muestra); b) descriptivo comparativo (describe las diferencias
de variables en dos o más grupos); c) estudio de caso (descripción intensa de una unidad de
estudio). (2007, p.36)
Participantes
Las personas que aplicaron el cuestionario fueron estudiantes IX y X semestre, graduados, docentes y administrativos, con el fin de profundizar en la propuesta de Investigación Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva y Cultura Organizacional en la Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativá liderada desde el núcleo temático Investigación I.
Se obtuvo 69 respuestas segmentadas así: 50,7% de estudiantes X semestre seguido de
27,5% de estudiantes IX semestre, 15,9% de docentes, 4,4% administrativos y 1,5% graduados.
Instrumento
Las personas que participaron aplicando el instrumento de investigación encuesta estructurada
bajo parámetros de cuestionario tipo Delphi, frente a ello se aprecia que: El método Delphi tiene
como finalidad poner de manifiesto convergencias de opinión y hacer emerger ciertos consensos
en torno a temas precisos, mediante preguntas a expertos por medio de cuestionarios sucesivos.
El objetivo más frecuente de los estudios Delphi es el de aportar iluminación a los expertos
sobre zonas de incertidumbre a fin de ayudar a la decisión. (Godet y Durance, 2007, p.78, citado
en Mera, Avendaño y Cruz, 2015, p.79)

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Procedimiento
Fase
Fase 1

Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5

Fase 6

Cuadro 1. Fases de la investigación
Descripción
Estado del arte, se indagaron documentos, libros, artículos de investigación,
página web de la Universidad de Cundinamarca relacionados con las variables de la investigación Vigilancia Tecnológica en inteligencia Competitiva,
Cultura Organizacional.
Construcción del marco teórico de las variables Vigilancia Tecnológica en
inteligencia Competitiva, Cultura Organizacional y de la Universidad de
Cundinamarca.
Construcción y validación del instrumento de investigación encuesta tipo
Delphi.
Selección de la muestra de personas y aplicación de la encuesta, se seleccionaron estudiantes, docentes, administrativos y egresados de la Universidad
de Cundinamarca.
Análisis de las encuestas aplicadas y obtención de resultados de la Vigilancia Tecnológica, Inteligencia Competitiva y Cultura Organizacional en la
Universidad de Cundinamarca Extensión Facatativá.
Recomendaciones para propuesta de segunda fase de aplicación del proyecto de investigación para indagar la Vigilancia Tecnológica en inteligencia
Competitiva, Cultura Organizacional a pymes del entorno de la Universidad
de Cundinamarca y todas las sedes y extensiones de la Universidad.
Fuente: Elaboración propia de los autores, 2020.

4.- RESULTADOS
Encuesta Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva y Cultura Organizacional, Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativá. Marco Referencial para aplicación de la encuesta:
Frente a Vigilancia Tecnológica -VT e Inteligencia Competitiva se aprecia que:
La VT tiene como objetivo principal, conocer día a día todo lo que ocurre en un área tecnológica determinada, con el fin de establecer el camino que deben tomar los trabajos de investigación que se desarrollen dentro de una organización (Cegarra, 2004, citado en Ramírez,
Escobar y Arango, 2012, p.244)
y de esta manera lograr discernir, pero con conocimiento. Una primera definición de la
inteligencia competitiva de La Sociedad de Profesionales de Inteligencia Competitiva (SCIP
- Strategic and Competitive Intelligence Professionals) afirma que la IC es un proceso ético
y sistemático de recolección de información, análisis y diseminación pertinente, precisa, específica, oportuna. (Ramírez, Escobar y Arango, 2012, p.244)
Dentro de la formación educativa que se tiene en la Universidad de Cundinamarca ¿Cuál es
el tema que considera de mayor importancia en su rol relacionado con la Universidad?
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El 58% de las personas encuestadas afirman que la inteligencia competitiva – IC es el aspecto más importante en la formación educativa en la extensión Facatativá, seguido del 34,8% de
Cultura Organizacional y un 7,2% de la Vigilancia Tecnológica.
¿Cuáles son los tres principales servicios institucionales que usa con mayor frecuencia?
Los tres servicios más usados son la plataforma institucional con un 87%, seguido de las
aulas virtuales con un 84,1% y la biblioteca con un 63,8%, lo que deja apreciar la importancia
de las herramientas que dispone la universidad para estudiantes, docentes y administrativos
principalmente.
¿Se han realizado capacitaciones donde se abarque o explique la adecuada gestión de los medios tecnológicos con los que cuenta la Universidad, Si o NO? Especifique cuales implementa
usted.
El 26,1% afirmaron que si a través de La Inducción a estudiantes y docentes, manejo de aulas virtuales, de la red social Facebook y Colnodo para la creación de páginas web para el apoyo
de publicidad de futuras empresas, manejo de plataforma institucional, correo institucional,
biblioteca y el sistema de solicitudes SIS, así se repasan los conceptos sobre los medios tecnológicos que posee la universidad y como pueden hacer uso de ellos para facilitar los procesos
académicos y se puede profundizar el manejo de Moodle con talleres de capacitación presenciales y el 73,9% respondieron que hacen uso básico de los computadores de la biblioteca y en
ocasiones de los televisores dispuestos en la era digital para el desarrollo de actividades lúdico
pedagógicas y que falta apoyo publicitario para fortalecer el conocimiento y habilidades para
el manejo de plataformas virtuales, lo cual indica que la mayoría de la comunidad no ha asistido a las capacitaciones programadas y se debe promover mayor accesibilidad, flexibilidad en
horarios y apropiación cultural por parte de las personas frente a la inversión del conocimiento
que realiza la universidad.
¿Cree usted que se están implementando adecuadamente los lineamientos de las funciones
sustantivas, en el área de Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿SI o No y por qué?
El 21,7% afirma que si ya que se está interactuando con las TIC y gracias a estas se tiene
un mayor acceso a fuentes primarias de información generadas por estudiantes y docentes de
la universidad. Teniendo así también mayor facilidad de acceso a la universidad, sugieren en
la parte de innovación se podrían implementar más espacios o tal vez la implementación de un
núcleo temático sobre liderazgo innovador para promover con mayor asertividad la iniciativa
de los estudiantes en cuanto a la gestión en el campo de investigación e innovación, con base
en el Modelo Educativo Digital Transmoderno - MEDIT propuesto en la Universidad, ya que
los estudiantes afirmaron que en algunos núcleos temáticos los enfocaron en la innovación
como pilar de competitividad puesto que la academia siempre busca que su mayor legado sea el
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conocimiento basado en la ciencia y apoyado en la exploración e implementación de las nuevas
tecnologías en la interacción de los docentes con los estudiantes mediante las aulas virtuales y
la sensibilización y creación de Semilleros de investigación, y el 78,3% expresa que no porque
los procesos de investigación tienen deficiencia en la cantidad de participantes que están activos e interactuando constantemente en el proceso y se deben divulgar con mayor frecuencia
todos estos procesos para que los estudiantes tengan en cuenta la importancia de la investigación en el mundo empresarial.
¿Desde cuál objetivo institucional cree usted que se podría fortalecer la cultura organizacional enfocada desde la Vigilancia Tecnológica -VT e Inteligencia Competitiva - IC en la
Universidad?
Se evidenció que fomentar la formación profesional, en el marco de la cultura, la ciencia, la
tecnología y la innovación con un 60,9% es el objetivo que podría fortalecer la cultura organizacional desde la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia competitiva, seguido de Consolidar
la presencia institucional en el contexto científico con un 21,7%, Contribuir al desarrollo de los
niveles educativos con un 10,1% y con 7,3% Evaluar de manera continua el quehacer institucional en la Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativá.
La investigación como pilar de la Inteligencia Competitiva en la Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativá se aprecia en mayor medida en:
Se evidenció que los semilleros de investigación con un 39, 1% y las monografías de investigación con 21,7% son los principales pilares de la investigación interrelacionada desde la
Inteligencia Competitiva en la Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativá, seguido de
los núcleos temáticos con un 14,5% , intercambios interinstitucionales y pasantías cada una con
8,7% y 7,3% en interacción universitaria.
Teniendo en cuenta la importancia de realizar estudios de Inteligencia competitiva IC y Vigilancia Tecnológica -VT ¿En qué campo lo aplicaría?
La comunidad de la universidad aplicaría estudios desde la Inteligencia competitiva IC y
la Vigilancia Tecnológica -VT en investigación con 42% y en el sistema organizacional con
39,1% principalmente seguido de la cultura organizacional con un 18,8%.
Incorporar un sistema de I.C. y V.T. permite un ahorro de costos ¿Usted realizaría esta actividad en su Organización con qué fin?
El 95% de las personas afirmaron que si incorporarían un sistema de Vigilancia Tecnológica
e Inteligencia Competitiva en la organización con el fin de generar una reducción de tiempo y
costos y maximizar los ingresos, ampliar el mercado, Automatizar y estandarizar procesos, capacitar el personal, maximizar la producción para innovar y tener un plus en los productos y/o
servicios con efectividad e igualmente generar conocimiento e información, teniendo en cuenta
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que el recurso más importante es el desarrollo de las capacidades de las personas alineadas al
cumplimiento de los objetivos aumentando así las ventajas competitivas con mayor ahorro,
control de personal con auditoría interna y externa por ejemplo a través de los retos de innovación en donde participan todos los colaboradores de la empresa dando ideas de ahorro, de mejora y de innovación esto para la contribución de las metas de la organización lo que permitirá
incrementar la competencia y mantener un correcto control y funcionamiento de la tecnología,
con la inclusión del recurso humano y fomentar la excelencia de los trabajadores. Minimizar
los costos de manejo de documentación y ampliar el espacio de almacenamiento y así mismo
teniendo acceso a la información de la organización invirtiendo en seguridad cibernética y así
aumentar la confianza del cliente interno y externo. También con el fin de visibilizar procesos
y resultados de investigación que permitan posicionar al equipo de trabajo, a la institución y
que finalmente la organización sea más competitiva con el fin de tener un mayor grado de conocimiento del entono que rodea a la organización, de tal manera que con toda la información
recolectada, analizada e interpretada, se efectué un proceso más coherente y objetivo de la toma
de decisiones, para buscar blindar la información de la compañía teniendo en cuenta que quien
tiene la información tiene el poder y se pueden implementar estos sistemas para el mejoramiento de la calidad en cada uno de los procesos para el desarrollo del sistema organizacional.
Finalmente, solamente el 5% expresó que no las implementaría en la empresa.
Estaría dispuesto a participar en cursos, diplomados y/o conferencias con el fin de mejorar
su desempeño y la Cultura Organizacional en relación con la Inteligencia Competitiva y la Vigilancia Tecnológica.
Efectivamente al 92,8% de las personas les gustaría participar en cursos, diplomados y/o
conferencias con el fin de mejorar su desempeño y la Cultura Organizacional en relación con
la Inteligencia Competitiva y la Vigilancia Tecnológica lo cual evidencia la importancia de ser
líderes intraemprendedores desde la extensión Facatativá en proyectos y/o programas que fortalezcan la VT e IC desde la culturización organizacional en la Universidad.
5.- CONCLUSIONES
Las estrategias que se emplean desde la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva
fortalecen la cultura organizacional en la Universidad de Cundinamarca Extensión de Facatativá y generan habilidades, destrezas y apropiación del conocimiento para poder gestionarlo
a nivel empresarial y/u organizacional por parte de estudiantes, graduados, docentes y administrativos. Es así como “la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, a través de bases
de datos de vigilancia tecnológica en páginas web de convocatorias como Colciencias2 , Colfuturo3 , SENA4” (Lechuga, 2015, p.120) son fundamentales en las estrategias de desarrollo
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organizacional.
La cultura organizacional se puede fortalecer con mayor empoderamiento de líderes de la
comunidad académica (docentes, estudiantes y administrativos) en la institución, ya que:
para que la gestión de las IES sea efectiva, tanto en situaciones estables, como de cambio
organizacional, importa caracterizar la cultura organizacional para que sus elementos se conviertan en insumo para la toma de decisiones y el diseño de programas de acción en las instituciones. (Cavazos, Ochoa, Álvarez, 2016, p.1)
La investigación actualmente juega un papel de gran importancia para universidades y empresas del sector real es así como desde la culturización organizacional en el contexto de modelos organizacionales en interacción con y desde la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia
Competitiva servirán como eje de la cultura organizacional en la Universidad y las empresas
y/u organizaciones. Teniendo en cuenta que Santa, 2017, citado en Bollás y Valencia, 2017,
p.2) afirma que:
La inteligencia competitiva va más allá de la investigación de mercado o la vigilancia tecnológica, centrándose en todos los aspectos del entorno para generar ventajas competitivas en la
organización. Las herramientas integradas de vigilancia e inteligencia ayudan a las organizaciones a optimizar sus recursos, automatizando la detección temprana de amenazas y oportunidades, monitorizando la captura de datos y apoyando los procesos de explotación de información.
Se recomienda realizar una nueva investigación en todas las sedes y extensiones de la Universidad de Cundinamarca e igualmente desarrollar una investigación en coautoría con otras
universidades a nivel nacional e internacional como propuesta macroproyecto de investigación
liderado desde la Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativá con entidades con las
cuales se maneja el tema de internacionalización cono el Tecnológico Nacional de México /
Instituto Tecnológico de León de México ya que Huerta, 2013, citado en Lázaro, afirma que “se
establezca una cultura organizacional favorecedora de un clima colaborativo, en donde las opiniones y los argumentos de los docentes sean considerados relevantes en la toma de decisiones.
(2017, p.58-59)
La Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva son inherentes en conjunto con la
cultura organizacional y se aprecia mayor apropiación de la IC en la Universidad, así se sugiere
la creación y oferta de diplomados, cursos de extensión, seminarios entre otros programas educativos para la comunidad académica y empresarial en la institución como pilar de cultura organizacional en concordancia con el Modelo Educativo Digital Transmoderno – MEDIT, ya que:
Lo digital engloba todo un momento histórico hoy en el mundo, lo cual implica otra manera
de entenderlo, ser y hacer; por lo tanto, no se reduce a una mera concepción asociada a la virtualidad y a la tecnología, sino que se reconoce en su impacto en las formas de conocer de los
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sujetos. (Universidad de Cundinamarca, 2019, p.1)
Agradecimientos
El artículo se deriva del proyecto de investigación “Vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y cultura organizacional en la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá”
desarrollado en el semillero GEICAEC del programa de Administración de Empresas, el proceso de investigación se realizó en el primer semestre académico del año 2019 con el fin de
diagnosticar en conjunto con el co-investigador y con el apoyo de estudiantes auxiliares del
semillero de investigación la relevancia de formular estrategias para la aplicación de modelos
y métodos existentes de la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva en la Universidad. Se agradece la participación en la construcción de la encuesta a Omar Giovanni Gómez
Farfán, Valentina Cabanzo Gómez y Erika Vanessa Ávila Galvis, auxiliares del semillero de
investigación GEICAEC.
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The southern border of Mexico: Problems and challenges of national security and its
different dimensions1
La frontera sur de México: Problemas y desafíos de seguridad nacional y sus diferentes
dimensiones
José María, Ramos-García2
El Colegio de la Frontera Norte, México
https://orcid.org/0000-0001-6440-6470
Carlos, Barrachina-Lisón3
Universidad Anáhuac, México
https://orcid.org/0000-0001-7802-297X
Jimmy Emmanuel, Ramos4
Universidad Autónoma de Baja California, México
https://orcid.org/0000-0002-8809-6822
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-6
_______________________________________________________________________________________________________
ABSTRACT
The southern border of Mexico presents great challenges and opportunities. It is an area of traditional coexistence
and daily border dynamics. Despite not presenting a can be done traditional enemy; however, the interests of the
United States have made organized crime activities, especially related to drug trafficking; as well as the transit of
undocumented migrants is part of the Mexican National Security agenda. This paper proposes that only from a
multidimensional and comprehensive approach is it possible to manage a border that takes people into account as
human beings, beyond their citizenship.
Keywords: Multidimensional Approach, National Security, Southern Border, US-Mexico Relationship.
RESUMEN
La frontera sur de México presenta grandes desafíos y oportunidades. Es un área de convivencia tradicional y dinámica de frontera diaria. A pesar de no presentar un enemigo tradicional se puede decir; sin embargo, que, a causa
de los intereses de los Estados Unidos en la región respecto al control de las actividades del crimen organizado,
especialmente las relacionadas con el narcotráfico; así como el tránsito de inmigrantes indocumentados, es que la
frontera sur siempre ha formado parte de la agenda de Seguridad Nacional de México. Este documento propone
que solo desde un enfoque multidimensional e integral es posible gestionar una frontera que tenga en cuenta a las
personas como seres humanos, más allá de su ciudadanía.
Palabras clave: Enfoque multidimensional, Frontera Sur, Relación EE UU-México, Seguridad nacional.
Recibido: 30 de Agosto 2019 - Aceptado: 15 de Diciembre 2019 - Corregido: 09 de Enero 2020
Cómo referenciar este artículo:
Ramos-García, J., Barrachina-Lisón, C., &amp; Ramos, J. (2020). The southern border of Mexico: problems and
challenges of national security and its different dimensions. Politica Globalidad y Ciudadanía, 102-127.
Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/149

1 The results presented in this document are part of the investigation of aim K “National Security and Border with Guatemala” of the research
project “Mexico-Guatemala Cross-Border Region” (2018-2020). Large-scale scientific initiative in which more than 90 researchers with a
consolidated track record from Centro GEO, COLEF, CIDE, CIESAS, Instituto Mora, ECOSUR, FLACSO Guatemala and the University of
San Carlos de Guatemala cooperate. Available in http://www.rtmg.org/ms/objetivo_k/narrative/51
2 Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario y de Investigación José Ortega y Gasset, profesor adscrito al Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Email: ramosjm@colef.mx
3 Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Coordinador Académico de Seguimiento y Titulación de Posgrado, Facultad de Derecho, Universidad Anáhuac-México, Email: carlos.barrachina@anahuac.mx
4 Doctorante en Estudios del Desarrollo Global, profesor de asignatura en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Baja California. Email: Jimmy.ramos@uabc.edu.mx
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 102-127. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/149

�The southern border of Mexico...

103
1.- INTRODUCTION
The general aim of this article is to highlight the role of the national security approach and policies by the Mexican State on the Mexico-Guatemala and Belize border, analyzing some of the
problems and challenges that have arisen in recent years. For the Mexican State, the southern
border with Central America is a priority in its national security agenda, considering the main
shared border problems: drug trafficking, migration, violence, arms trafficking, smuggling of
goods, and trafficking in persons.
The border between Guatemala, Belize and Mexico has long been porous and pendular migration, related to commercial activity, or justified by different job opportunities has been an
important part of the regional culture (García, 2017: 44 y 45; Chan-Pech, 2019: 48-55). In the
Central American North Triangle, made up of Guatemala, El Salvador and Honduras (Barrachina, 2016: 47-52), violence is part of the population’s daily life by criminal groups deeply rooted
in the territory (Armijo, 2011: 45-48).
The problems caused by organized crime in the region have not been managed effectively
(Olson y Zaino, 2014: 29-34), this has resulted in the current situation being more complex and
generating significant social impacts. Therefore, it is still essential to promote a comprehensive
agenda to promote an effective security and welfare policy on this border (Correa-Cabrera,
2017: 7-11). From the perspective of national security, the inadequate management and implementation of the policy to reduce risks, threats and problems; especially in terms of drug
trafficking, weapons and money laundering.
By way of background, in the 1980s, Guatemala - and, in general, Central America - was a
favorable territory for Colombian cartels to diversify the routes and means of drug transport.
Weak institutions in political and economic dimensions of the region were an excellent breeding ground for cartels to take control of important regions of the territory. The internal armed
conflict reduced attention to drug trafficking, corruption of the military and other officials; as
well as armed bands that provided protection to illicit crops and transport routes. Additionally,
note that there is a large Guatemalan border of about 1,687 kilometers with four countries and a
high degree of border porosity, as well as a network of areas and routes of consolidated traffic;
and poor cooperation and drug policy coordinated with Mexico since the 1980s (Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas, 2014).
Over the years, according to the 2016 International Narcotics Control Strategy Report, issued by the United States Department of State, most of the cocaine [90 percent] that enters
that country passes through Central America. This trend has increased since the 1990s with
the strengthening of Mexican criminal groups and their networks with Colombian groups. The
impact of drug trafficking and its profits also show the ineffectiveness of international drug
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cooperation; of binational cooperation and management on this issue of Central America in the
last 30 years, based on an agenda for national security. Despite this there have been advances;
For example, in 2017, Guatemala had its largest confiscation, consisting of 13.7 tons of cocaine,
with the support of the US Coast Guard (Williams, 2018).
2.- THEORICAL FRAMEWORK
The multidimensional approach of the national security policy of the Mexican state: an effective transversal management model.
The National Security Program 2014-2018 of Mexico “(…) recognizes the impact of those
trends and factors that could have a negative impact on the national interests and aims of Mexico and on the conditions for the social and economic development of its population” (Secretaría
de Gobernación, 2014). The challenge posed by this program is that “(…) gives integral attention to vulnerabilities, risks and threats that directly impact the development of the Mexican
State and the quality of life of its population, establishing a link between security, defense and
development in three aspects: human, political-military and economic-environmental.” (Secretaría de Gobernación, 2014).
This change in the national security approach implied having an effective transversal management model, which in practice has had limitations on the southern border with Central
America and in the relationship with the United States (Angulo, 2006: 17-26) . The analysis of
Mexican drug policy and its relationship with Guatemala, within the framework of national security policy, reflects different limitations, which have not affected on a reduction in the factors
that figure vulnerability and the risks of the interrelationship between security, migration, and
drug trafficking (Arévalo. B. 2002: 162-164).
The challenge of this paradigm is to make its implementation viable by the government actors of the three levels of government in Mexico, to promoting security and development in the
southern Mexican border. The challenge is even greater if “multidimensional national security”
integrates human security not only for citizens, but for all human beings who are in the national
territory (Head. I, 1991: 115-119; Nef. J, 1999: 11-13; Rojas, F and Alvarez, A., 2002: 14-19).
On the southern border of Mexico, the documented or undocumented migratory flow of Central Americans, mainly from the countries that make up the northern triangle (Honduras, Guatemala and El Salvador), is common (International Crisis Group, 2016: 11-16). The dimensions
to which migration responds (Casillas, 2015: 56-61), range from chronic insecurity of the countries and populations of origin (homicides5, kidnapping, smuggling, drug trafficking, collection
5 At the time of the 2014 DHS report, Honduras had the highest murder rate in the world: 74.6 homicides per 100,000 residents that year. El
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�The southern border of Mexico...

105
of land, trafficking in persons, domestic violence, arms trafficking, money laundering, extortion
and former revolutionary and counterrevolutionary movements [Mata Cervantes, 2017: 6-8]),
epidemic violence (aggravated by gangs and organized crime groups), hurricane and earthquake disasters, endemic poverty in the region and economic uncertainties caused by changes
in patterns of production due to climate change (Nawrotzi, Riosmena and Hunter, 2015: 67-69),
as well as basic structural factors of regional economic development.
This diverse context represents a challenge to carry out an effective multilevel management
oriented towards regional security and development. Hence the question, Will the incoming
Mexican administration be able to set up a policy capable of addressing all these dimensions?
These problems have gradually been exacerbated over the years by inefficient cross-cutting
management for development and security, also limited governance based on the rule of law
(Benitez Manaut, R, 2003; Barrachina Lisón, C and Rial, J, 2006: 150-157).
The challenge of managing these problems lies in reconciling the national security risks
agenda versus a human rights agenda (Ghys, 2019: 20-22) and the right to migrate. The difficulty of conceiving this balance is, has been and will be a source of border, local, regional and
intergovernmental tension, because emigration is a human right, the truth is also that in the
migratory flows it is possible to enter people with criminal records, linked to gangs or criminal
groups. Hence the challenge of the institutional capacity of the Mexican State to discuss the
risks in these migratory flows from Central America (Ingram y Curtis, 2015: 25-27).
The attack of September 11, 2001 is the watershed of major geostrategic changes in cooperation relations for border control between the United States, Mexico and Guatemala (Ribando
Seelke and Finklea, 2017: 13-22). The attacks triggered that Mexico modified the way it organized its territorial security. As a result, he had to reconsider the terms in which he would develop
his border and immigration security policy with his neighbors in the South (in Mexico one of
the effects was to include security cooperation in the NAFTA agreements [Lozano-Vázquez
and Rebolledo Flores, 2015: 246-249]). From that moment on, countries acquired the commitment to improve their security by protecting shared borders (Cottam y Otwin, 2005: 20-28).
However, in practice, Mexico has gradually strengthened border security and control, as part
of the Mérida Initiative, since the end of the first decade of the 21st century, porosities are still
maintained.
This situation has facilitated both the flows of irregular Central American migrants to Mexico, as well as drug trafficking to and from Central America. Therefore, the emphasis is on pro-

Salvador ranked second, with 64.2. Guatemala was ninth, with 31.2. In 2016, El Salvador had an even higher homicide rate than Honduras, 91.2
per 100,000 people. The rate for Honduras was 59.1 and the rate for Guatemala was 23.7 (D’Vera, Passel y Gonzalez-Barrera 2017).
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moting effective co-responsibility in the area of migration governance within the framework
of the institutionalization processes of security, migration and development policy towards the
southern border and promoting cooperation from Mexico, with Central America and the United
States that gradually be strengthened (Pastor Gómez, 2016: 6-10).
In the case of Mexico, the first formal policy action was to impose on Guatemala the contents
of the “Smart Borders” agreement, which resulted in the creation in 2002 of the High-Level
Group for Border Security (GANSEF, later, GANSEG) (Ribando Seelke, 2009: 21-25). Since
then, border control and security are a priority issue for both countries (initially as a response to
terrorist threats, and subsequently the fight against drug trafficking from the second half of the
21st century). However, the problems of corruption, lack of professionalization, limited technology, intelligence and research, among others, show the increasing difficulty of substantially
reducing drug trafficking on the Mexico-Guatemala border in the last twenty years. The current
budgetary restrictions of both the federal administration of the United States and Mexico to promote international initiatives for both security and local development show the distrust of the
results of actions and strategies in previous agreements. On the other hand, the Mérida Initiative
has not been successful in its effort to cut drug trafficking, in its transit from Central America to
Mexico and then to the United States.
After September 11, 2001, the “Merida Initiative” was devised with the aim of improving
cooperation and security control between the United States, Mexico and Central America to
stop drug trafficking of transnational criminal organizations; as well as to detect possible terrorist attacks in the region (Ribando Seelke, 2009: 17-20). It started with a financing of 1.6
billion dollars and four pillars of action: 1) disrupting the working capacity of organized crime; 2) institutionalize the ability to support the rule of law; 3) create the border structure of
the 21st century, and 4) build strong and resilient communities (Benitez Manaut y Rodríguez,
2009: 43-45). Funding for programs for improving and professionalized local police was one
of the initiative’s core strategies. The guidance for action were: control of undocumented immigration, strengthening and professionalization of public safety; shared strategies to protect
the southern border of the United States. Over the years, the impact of the Mérida Initiative on
the relationship with Mexico and the border has basically been limited in terms of financing for
infrastructure and biometric equipment to promote immigration regulation and control (Barrachina, 2009: 260-265).
The security thresholds established as a result of the terrorist attacks of September 2001
- which caused a stricter border control, as well as the “criminalization” speech of irregular
migration to the United States - caused Mexico to devote more resources and attention to compliance with the safety community criteria (Benitez Manaut, 2008: 2-6). Given the new security
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scenario, Mexico increased cooperation in the fight against drug trafficking and migration by
implementing policies on the southern border through Plan Sur (2001-2003) and the Southern
Border Program (2014-2018) (Borja Armas, 2016: 19-29). However, there have been structural
limitations in these cross-border cooperation programs, which have not substantially reduced
drug trafficking or the passage of undocumented migrants across borders.
Southern border program: policies and limitations
On July 7, 2014, presidents Enrique Peña Nieto of Mexico and Otto Pérez Molina of Guatemala, announced the Southern Border Program (PFS), whose purpose was to protect migrants traveling through Mexico. Other goals of the program were: to foster a culture of legality, human
rights, respect and appreciation of migrants; join the issue of migration into regional and local
development strategies; and consolidate effective migration management, based on criteria of
facilitation, international co-responsibility, border security and human security. Promote the
processes of integration and reintegration of migrants and their families; and strengthen access to justice and security for migrants, their families and those who defend their main rights
(López, 2015: 70-72).
The two main goals of the Program are: a) to protect migrants entering Mexico and b) to administer ports of entry in a way that promotes the security and prosperity of the region (Wilson
and Valenzuela, 2014:1-3). The program promoted border custody from a dozen naval bases
in rivers; safety cords that are found along a line between Coatzacoalcos, Veracruz and Salina
Cruz, Oaxaca (on the Isthmus of Tehuantepec). Also, it stipulated that migration officials should
work with the military, federal and state police, to carry out the controls from the issuance of
“Regional Visitor” and “Border Worker Visitor” cards. The repercussions of these border containment cords meant that migrants took more remote and dangerous traffic routes (D´Vera,
Passel and Gonzalez Barrera, 2017: 5-7).
Regarding the aim of “protecting migrants entering Mexico”, the action plan considered five
dimensions: a) orderly migration, b) infrastructure improvements, c) protection of migrants, d)
shared regional responsibility and e) Inter-institutional coordination (Isacson, Meyer y Smith,
2017: 6-8). The problem of management and policies in these dimensions has been its effective
capacity for implementation and transversal coordination that, although it has improved migration controls, has not affected a decrease in drug flows across the borders with Guatemala,
whose destination is mainly to the United States.
Regional and orderly migration: The “Regional Visitor Card of Mexico” was established
with a validity for five years with an unlimited number of tickets, and a limit of 72 hours to stay
in the country; the “Border Worker Visitor Card” would allow working in the border area and
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staying for extended periods. The aim was to ease regular, orderly and documented trips of people crossing the border in the region. This has allowed Guatemalans and Belizeans to receive
a pass for tourism, shopping and family purposes in the immediate Mexican border region for
a limited period. The main aim was to protect regional operations by promoting purchases and
cross-border tourism by residents of neighboring countries.
Table 1 Number of Local Visitor Migration Forms and as of 2013 Regional Visitor Cards
delivered per year and Mexican state.
Local Visitor Immigration Form / Regional Visa Card (from 2014)
AÑO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Chiapas

1376

7067

123322

79267

60896

58019

36537

94936

105069

83533

71176

67120

Tabasco

S/D

S/D

8064

5042

3068

3151

4487

8725

6478

3736

2849

4793

Q. Roo

2139

3577

40673

8152

10141

6465

4134

8377

2670

2547

1417

2167

Total

4515

10444

172059

92461

74105

67635

45158

112038

114217

89816

75442

74080

Source: Prepared by the authors based on statistics from the National Institute of Migration, Mexico in the period 2007-2018.
Table 2 Number of Migrant Forms Border Worker and as of 2013 Border Worker Visitor
Cards delivered per year and Mexican state6
Local Visitor Immigration Form / Regional Visa Card (from 2014)
AÑO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

16613

15056

12348 10544

Chiapas

30655

28570

29953

23177

15749

15358

Tabasco

23

58

40

32

32

33

35

66

48

166

Q. Roo

0

1

1

1

6

0

10

8

3

4

30678

28629

29994

23210

15782

15391

16658

15130

Total

27840 22458

12399 10714

Source: Prepared by the authors based on statistics from the National Institute of Migration, Mexico in the period 2007-2018.
Improve infrastructure for border security and migration control: Focused on conditioning
infrastructure and other types of improvements at customs ports of entry and other border stations to modernize customs and border stations. The proposal of the plan was to create new
Centers for Integral Attention to Border Traffic, which would serve both to offer services to
migrants in transit, and to ease their deportation processes. This is an aim aligned with Mexico’s regional programs to streamline ports of entry with the goal of improving trade and visitor
flows. It was known as the “Border Zone Support Program” and sought to promote regional
6

Source: Prepared by the authors based on statistics from the National Institute of Migration, Mexico in the period 2007-2018.
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integration. Initially, these new centers did not offer services to migrants who decided to stay
in the country, such as services to asylum application, file criminal complaints or receive legal
advice without fear of deportation. This part was consistent with Mexico’s regional programs to
streamline ports of entry to improve trade and visitor flows (Border Zone Support Program) and
to promote regional integration of trade schemes. In 2017, there were five Centers for Integral
Attention to Border Traffic and mobile checkpoints along the border. The services offered for
migrants were medical care, support and advice for minors in the process of repatriation (Ortiz
de Zárate Bejar y Shubich Green, 2015: 171-174).
Protection of migrants: intended to develop medical and social services for families by developing new social and health services for migrants and their families, building five new medical
units in Chiapas and a set of improvements in infrastructure, personnel training and working
protocols for Detention centers and migrant shelters.
Shared regional responsibility: the aim was to coordinate regional efforts based on a “shared
responsibility” between municipalities, Mexican states, Guatemalan departments and countries.
The aim of this proposal was to improve regional collaboration on issues related to migration,
based on a “shared responsibility” between the countries of Central America and Mexico. One
aim to highlight was the interest of the countries of the northern triangle to develop public policies in Central America that triggered changes in their economic and political processes, to
combat the factors that will drive population migration (poverty, insecurity, vulnerability and
violence); However, this policy did not commit Mexico to any financial assistance or help7. An
important point in this part was to promote coordinated work, especially with the Government
of Guatemala, for the dismantling of criminal groups, and to establish centers for the registration and formation of shared border databases (biometric data, criminal organizations, routes
of traffic, traffic routes, vulnerable populations, etc.). However, profound limitations persist in
effective drug cooperation, based on research, intelligence, prevention and vocational training,
hindered the progress of drug cooperation initiatives.
Inter-institutional coordination: The Ministry of the Interior should coordinate with the governments of the States of Campeche, Chiapas, Quintana Roo and Tabasco through a public policy known as “Coordination for the Comprehensive Care of Migration in the Southern Border”
to carry out the strategies, mechanisms and activities stipulated in the program to develop and
implement models of inter-institutional coordination between federal, state and municipal units
involved in border security, and meet the goal of an orderly migration. One of the aims of the
7 The projects for the development of the area are the “Integration and Development Project of Mesoamerica” and the “Alliance for Prosperity”. Also, the Inter-American Development Bank (IDB) made a commitment to support ongoing initiatives to integrate energy markets (connect
Colombia’s electricity networks to Mexico and integrate gas markets in the region).
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strategy was to coordinate the agencies that had the task of enforcing the program guidelines,
integrating from the military institutions, to the municipal police that carried out their own control points and working protocols.
The plan postulated the exchange of information between agencies and coordinated actions
to protect the border and control the flow of migrants and illegal goods8. Emphasized the ways
in which there were limitations in the evaluation and monitoring of these initiatives with a comprehensive approach (migration, security and development), and there were no positive effects
on the progress of the capabilities of interception of illicit drugs, as well as cut the working
capacity of transnational criminal groups. The results of these cooperation initiatives were to
strengthen the infrastructure, border inspection mechanisms and include certain technological
innovation processes. The pending challenges were to strengthen security, reducing the infiltration in Mexico of people with criminal records or practices and promoting better welfare conditions in border populations, which implied a greater impact on the processes of management
and implementation of migration policies and community development. However, the assistance policy of the United States towards Central America (Olson, 2014) and in particular towards
Guatemala has not been integral in the last twenty years, in the sense that the confiscated drug
shipments increased, especially cocaine, the truth is also that the incentives for a real decrease
in drug trafficking have not been eliminated (Cara Labrador and Renwick, 2019). This entails
the need to redefine collaboration strategies for binational and national combating organized
crime. In the case of Mexico, its priority is to make sure greater effectiveness of security policies and carry out effective mechanisms to combat corruption, transparency and accountability
of its various institutes and corporations responsible for implementing policies related to the
southern border.
To implement the Program, a variety of federal agencies participated. These federal agencies
together with state and municipal corporations were responsible for the distribution of competences and functions, which have resulted in programs, policies and strategies with low levels of
efficiency in drug seizures and eradication of the various international and cross-border criminal groups. This institutionalization of the national security policy on the southern border was
not effective in regulating drug flows from Central America and with preferential destination to
the United States. To make this possible improvement in communication and information technologies; police reform and in the prison system; as well as improvements in the intelligence
systems they had to be implemented, as well as, to create an effective model of inter-institutio8 On the border strip between Mexico and Central America there are 370 informal steps and 56 of them are vehicular, that is, where trailers
and trucks of all kinds pass, without any verification. These are located in the 23 border municipalities: 18 in Chiapas, two in Tabasco, two in
Campeche and one in Quintana Roo. (Barrachina, 2013; Isacson, Meyer and Smith, 2015).
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�The southern border of Mexico...

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nal coordination in the national security agenda with Central America.
Mexico has signed many cooperation agreements with Guatemala and Belize with contents
similar to those signed with the United States, to have greater border control. Some of the
results of these agreements are the Binational Border Security Groups. However, the difficult
geographical conditions of the region — which is jungle, mountainous and has many wetlands
— poor institutional coverage and corruption have limited greater effectiveness in drug policy
over the past 30 years (Benitez, 2011: 188-190; Barrachina, 2013).
The national security policy in the administration of president Andrés Manuel López Obrador
At the time of knowing the election result of the 2018 elections in Mexico, there was great
uncertainty about what the president’s relationship with the Mexican armed forces authorities
would be. One of the most recurrent comments was that Andrés Manuel López Obrador had a
great resentment towards them, that the Presidential General Staff was going to disappear, and
that military institutions were going to lose a lot of political force (Espino, 2018).
Despite fulfilling the promise of the Presidential General Staff disappearing, the reality is
that the armed forces have become a disciplined instrument at the service of the President of
Mexico, and that this follows a policy of continuity with the Mexican tradition of military autonomy (Arteta, 2018; Notimex, 2019). The approval of a National Guard, under military command, and composed of elements of the army, navy and federal police; and its missions focused
on combating organized crime (as a national police), as well as neutralizing the passage of
migrants through Mexican territory confirms this hypothesis. Officially presented, with all the
legal instruments approved, at Campo Marte on June 30, 2019, the National Guard will depend
on the Secretary of Security and Citizen Prevention, and will have General Luis Rodríguez Bucio as the first commander. There is no doubt in pointing out that this institution will become the
central pivot of López Obrador’s security strategy, and that it will directly manage a good part
of the missions related to the national security agenda in the Mexican territory (Damian, 2019).
Obama from the hand of the IDB followed a mixed policy (The White House, 2015). While
on the one hand the repressive policy increased and repatriated many of Central Americans,
inviting Mexico to strengthen its policy of immigration neutralization through the Southern
Border Plan, on the other it promoted the “Alliance Plan for the prosperity of the Northern
Triangle” (PATN), whereby these countries received 8,618 million dollars in different projects
from 2016 to 2018. The policy sought to develop local capacities so that Central Americans
would not leave their countries (Banco Interamericano para el Desarrollo, 2018).
Donald Trump’s threat to impose increasing tariffs on Mexican exports has become the clearest threat to national security facing the Mexican administration (Mars, Ximénez de Sandoval
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and Fariza, 2019). The US president put on the table two major issues that are a priority without
delay so as not to fulfill his threats: control of both organized crime and its activities related to
the transit of narcotics to the United States; as of the migratory flows (Briscoe, 2018), especially
of Central Americans on their way (Rooney y Collins, 2018) to the American nation (Bergman,
2017: 135-138). Although we did not trust the idea of a multidimensional national security
agenda, this time, in a “traditional” way, the Donald Trump administration has integrated and
imposed that the fight against drugs and immigration control be matters of national security of
Mexico. The Government of Andrés Manuel López Obrador in Mexico began by proposing an
alternative policy to the securitizing vision of Donald Trump: for a few months it seemed that
Mexico was betting on the development agenda and the United States of America for that of
the hard hand.
As of May 10, 2017, the Trump administration tried to cancel the PATN. On June 15 and 16,
2017 at the “Conference for Prosperity and Security in Central America” (Secretaría de Gobernación, 2018), Vice President Mike Pence met with the leaders of Guatemala, El Salvador, Honduras, Mexico and Colombia in Miami to change the strategy by making that the new approach
falls on security issues. On August 27, 2018, the Consultative Body of the Regional Plan of the
Alliance for Prosperity (2018) met, and on September 9 a first meeting of the foreign ministers
of Honduras, Guatemala and Honduras was suspended with the elected president of Mexico
Andrés Manuel López Obrador (Ola, 2018). As of this moment there is a regional agenda with
two alternative projects: that of the new Mexican administration and that of Donald Trump.
On October 11, 2018, Mexican Foreign Minister Luis Videgaray and Secretary of the Interior Alfonso Navarrete Prida attend the “Second Conference for Prosperity and Security in Central America” in Washington DC. The assistants on the part of the North American government
were Vice President Mike Pence, Secretary of State Mike Pompeo and the Presidents of the
“Northern Triangle” countries, Homeland Security secretary Kirstjien Nielsen affirms that “we
must end transnational criminal organizations and eliminate threats wherever they originate”
(Seguridad en América, 2018).
As of October 29, 2018, Alicia Bárcena Executive Secretary of ECLAC begins with Marcelo Ebrard to develop a development plan for the Mexican southeast and Central America,
with the idea of trying to detonate the economy with projects such as the Mayan train, and the
connection Railway Coatzacoalcos- Salina Cruz (CEPAL, 2018). In their protest as president of
Mexico, on December 1, the presidents of Honduras, Guatemala and El Salvador signed with
López Obrador a pact of understanding to advance the plan sponsored by ECLAC (Animal Politico, 2018); while on December 10 at the Conference for the “Global Compact on Migration”
in Marrakech (Rivera, 2018), the Comprehensive Development Plan was presented, with the
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support of the presidents of North Central America, Mexico and ECLAC. At first, the United
States followed a “diplomatic” position by pressing along the line of securitization; until Trump
finally gave up Nielsen and launched the threat of the gradual rise in tariffs.
On February 20, 2019, the “IV Meeting of Security Ministers of the Northern Triangle and
the United States” is organized in El Salvador. Without the Mexican delegation present, the
members sign a memorandum to bring criminals to justice, share information and secure borders and prevent migrant caravans. On March 6, Secretary Nielsen appears before the Committee on Homeland Security of the United States Congress, pointing out the state of emergency
in the region and requesting the support of congressmen to strengthen the president’s measures
(La Jornada, 2019). On March 29 Trump threatens to close the border with Mexico (Brooks,
2019), and on April 6 Nielsen Kirstjen renounce and its replacement is Kevin McAleenan who
until then served as commissioner for customs and border protection (CNN, 2019).
Despite the tightening of the US position, Mexico continues with its road map and on May
20 at the National Palace, President López Obrador, Foreign Minister Marcelo Ebrard and
ECLAC Secretary Alicia Bárcena present the “Development Plan for Southeast Mexico and
Central America” (CNN en español, 2019) (Sanchez, 2019). Two days later Marcelo Ebrard
presented the plan in Washington DC (Velazquez, 2019), and seven days later he did it in Berlin, where he secured the support of Germany, Spain and the European Union (Sanchez, 2019).
On the other hand, the day after the presentation in Berlin, on May 28, McAleenan traveled
to Guatemala to sign an agreement against human trafficking (United States embassy in Guatemala, 2019), and on May 30, Donald Trump announced that he would gradually increase export
taxes Mexican as of June 10. Before this date, on the 7th, Mexico agreed with the United States
to deploy members of the National Guard on the southern border of Mexico, and that the transit
measures of migrants through the country would be hardened (Ahmed y Villegas, 2019). On
the other hand, Mexico agreed to temporarily accommodate migrants who were requesting their
asylum request in the United States, to support US immigration agencies.
At this time, it is still early to know how this policy will evolve, and what the interaction
dynamics will be. It seems that Mexico is going to tighten its immigration policy, while moving
forward with its regional development project, as Obama already did when. Shortly after all
these movements, Tonatiuh Guillén (El Financiero, 2019), Commissioner of the National Migration Institute resigned, and questioned the little influence that the Secretary of the Interior
Olga Sánchez Cordero was having in the crisis (Riva Palacio, 2019). On the other hand, official
reports on the first amounts of resources sent for different projects to Central America have
already been made (López Ponce, 2019).
Mexico in its border role
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With the aim of preventing the arrival of Central American migration, the United States has
extended its regulatory networks beyond the physical border, towards Mexican politics and
territory. Mexico claims to recognize the human rights of Central American migrants and has
classified irregular migration as an administrative offense, and not as a crime. However, in
practice many of the government actions treat migrants as criminals, and in the population the
social representation that associates migration with “illegality” persists (International Crisis
Group, 2018).
Criminalize migration in Mexico, which means that migrants use organized crime networks
in the country to make their goal. Similarly, criminals have come to control the migration route.
The channeling of migrants, their clandestine status and the increased risks have thus served
to strengthen criminal control over migration routes in the country. In this way, border policies
have been instrumental in maintaining insecurity. Estimates suggest that the measures to prevent Central American migrants from passing through Mexico have not really had any effect;
on the contrary, the numbers increase continuously. The Mexican authorities estimate that between 400,000 and 500,000 irregular migrants have crossed from Central America to southern
Mexico each year - as mentioned in Chancellor Marcelo Ebrard on different occasions- although these numbers fall short to the latest data on arrests in the United States9, with those arrested
and repatriated by Mexican authorities, and those who manage to reach their destination.
A network of shelters, mostly funded by religious entities and other civil society organizations that work along the migration routes, offer some monthly data, but only a percentage of
migrants traveling north stay in shelters. The southern border remains the main route for cocaine trafficked from the Pacific coast of Colombia, and is also part of the logic of economy and
violence of irregular migratory transit. In their territories the context of violence is the product
of the gradual fragmentation and rise of drug cartels (Mazzitelli, 2011); and the spread of Central American street gangs, which are often the armed arm in the populations of border states
and those responsible for controlling migrant transit routes (Dudley, 2011 and 2012).
Since the eighties of the last century we have saw a constant silent migration flow, which
has created security problems for Mexicans. The criminal activities of organized crime, kidnappings, murders of migrants, and difficult living conditions in their countries, is what has led
to them finally being organized in caravans, and that their visibility has generated alarm. In the
border spaces for the inhabitants, the Central American crossing documented on a regular basis
9 According to the Customs and Borders correction Southwest Border Total Apprehensions / Inadmissibles table of the United States government in the fiscal year of 2014, the people arrested were 569,237 people; in 2015 444,859; in 2016 553,378; in 2017 415,517; in 2018 521,090
and in 2019 from January to May 676,282. If we add to this the number of detainees and deportees from Mexico, and those who manage to pass
and settle in the United States, the number of migrants who cross annually is greater than that calculated by the Mexican authorities, Southwest
Border Migration (CBP, 2019).
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is common. In Chiapas, from 2006 to 2018, the registry indicates 17 million 867 thousand 356
crossings (from border workers, regional visitors, tourists and foreigners living with their papers in Mexico and crossing the border). In Tenosique 1 million 208 thousand and in Chetumal
7 million 834 thousand 926. Life on the border is very dynamic. Guatemalans (Vega-Macias,
2017) and Belizeans cross to Mexico every day to the cinema, to buy, to study, to carry out daily
activities, and few have been the problems derived from this daily coexistence10.
Graph 1. Entry of documented visitors in Mexico 2006-2018

Source: Prepared by the authors based on the “Monthly Bulletin on Migration Statistics”
2007-2018.
Also, as noted, people are very accustomed to the passage of undocumented immigrants
(in some places more visibly than in others) and this has also not represented major problems.
Since 2000 the different Mexican administrations have treated the migratory phenomenon with
different approaches, with national security prevailing. From 2001 to 2018, 2 million 146 thousand 852 Central Americans and Cubans returned to their countries of origin from Mexico .

10 All the data that appears are own elaboration based on the different reports published between 2007 and 2018 “Boletín mensual de Estadísticas migratorias” INM. Documented visitors are: Guatemalans and Belizean with a local visitor card, regional visitor, border worker or their
equivalents. Migrants who live in Mexico in a documented way. Tourists from different countries that meet the requirements to visit Mexico;
and Mexicans who seal their entry into the country after visiting Guatemala or Belize.
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The “South Plan” that Vicente Fox implemented was a repressive and police strategy. After
the attacks of September 11, the established plans aimed to support the United States in immigration control. The Government of President Felipe Calderón Hinojosa in Mexico (2006-2012)
faced a new situation, because it was in these years that the increase in homicidal violence in the
country; as well as organized crime activities, it was also reflected in the number of kidnappings
and killings of migrants in transit. The reports of the National Commission of Human Rights
and the massacre of San Fernando de Tamaulipas in 2010, led the administration to see the need
to integrate the concept of Human Rights into legislation and change the approach of approach
to migrants. The common denominator of those years was the drastic reduction of repatriated
migrants (Barrachina, 2013).
Mexico has been a traditional ally of the US administration both in the fight against organized crime, which has generated violence and an unprecedented situation of instability in the
safety of citizens throughout the country; as well as the strategies to contain the irregular migration flows have failed. The complaint of the US president, for lack of collaboration and lack
of understanding makes no sense.
There are not many, relatively, documented migrants, especially from the Central American
area that has remained to live in Mexico; The number of Venezuelan migrants is now significant.
The southern border of Mexico is nevertheless very busy, both documented and undocumented.
This bases the proposal of this work about the fact that it is very important to strengthen border
development policies based on multidimensional strategies that foster a long coexistence that
does not marginalize the benefits to large regions and populations on either side of the border.
3.- METHODOLOGY, SAMPLE PERIOD AND DATA USED
Design
This work has rebuilt and given order, through declarations, official documents, and information obtained in the media, to the difficulties that the Mexican State has had to transform a
traditional policy of securitization of the southern border, into a multidimensional vision that
privileges human security over national security. Despite the intentions, and the statements of
the Mexican government, the reality and pressure from the United States has led to the continuation of a traditional policy in which the armed forces, through the National Guard, play an
important role.
Instruments
This manuscript has used the news provided by the media to describe in detail a political situation that has evolved very rapidly during 2019 and early 2020. Data from the National Institute
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of Migration have been used to try to measure both the important coexistence that exists on the
southern border of Mexico, and the limited number of Central American citizens who choose
to stay and live permanently in Mexico. The “must be” that the literature indicates as ideal for
harmonizing security policies with democracy has been contrasted with the imperative that is
imposed in the political reality.
Process
The analysis of documents, identification of moments and times of the dynamics, and the political pressures of the governments of Mexico and the United States, from a descriptive approach,
allow us to measure the pulse that was experienced in the initial moments of the administration
of President Andrés Manuel López Obrador. Despite the intention of the Mexican administration to visualize the southern border in a multidimensional human security logic, such as the
one proposed in this article, the reality finally prevails, and allows pressure from the United
States to define Mexican border policy.
Specialized literature that reflects on the concepts of national security and human security
has been identified in this article; as well as the one that discusses the consequences of expanding the horizon of these concepts from a multidimensional perspective.
4.- CONCLUSIONS
The general aim of the article was to highlight the role of the national security approach and
policies of the Mexican State on the southern border of Mexico with Guatemala and Belize;
analyzing some of the problems and challenges of implementing strategies and dynamics that
foster cross-border development and security. According to estimates by the US government,
90 percent of the illicit drugs that enter through its southern border pass through the Isthmus
of Central America and Mexico. Of that percentage, about half cross through Central America.
This influence of drug trafficking has conditioned the effectiveness of national security policies
and international and regional cooperation, and with it the multidimensional approach to the
national security perspective of the Mexican State.
Answer the question posed in the text about whether the Mexican government (2018-2024)
will be able to set up a policy capable of addressing an effective multilevel management oriented towards regional security and development? The empirical analysis of the history of the
number of repatriations of Central Americans and Cubans carried out by Mexico clearly shows
the thesis that the strategies implemented on the southern border always respond to dynamic
political interests. In such a way that the data shows four very defined stages: 2001 to 2007
repatriation of 1 million 127 thousand 812 Central Americans and Cubans in a period marRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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ked by the inertia of the South Plan, which after the terrorist attack of September 11, 2001, in
New York and Washington, tightened the policy; 2008 to 2013, change of the General Law of
Population, modifying the concept of “illegal” by “undocumented”, begins the impulse of the
concept of Human Rights in the law, in such a way that there was relaxation of the repatriation
policy; 2014 to 2018, derived from the Plan Frontera Sur and the close relationship with the
United States’ securitization policies towards the region, there was an increase in the number
of “returnees”. Finally the current stage that begins in 2019 and, although at the beginning it
posed a scenario of great tension due to Mexico’s preference for betting on regional development instead of continuing with the previous policy, based on the threat of tariffs from President
Trump of At the end of May 2019, it decided to follow the policy that the US government dictated.
Recently, the United States Government also introduced the issue of migration in the National Security agenda, and Mexico must take part in this dynamic. Therefore, it is important
to manage a multilevel and transversal agenda on complex issues such as human rights, border
security, immigration regularization, insecurity, social assistance and social polarization. The
failure to set up an agenda that takes these items into account has limited the actions of governments to cut these problems with a perspective focused on security for development.
One of the challenges of the new Mexican migration policy will be to reconcile human mobility, the right to emigrate with the State’s priorities to regulate, control and order international
migrations and its implications for national security, especially with the role of military control
of the National Guard. One situation to highlight is the leadership that the Secretary of Foreign
Relations (SRE) has acquired in defining the migration agenda with the United States, overcoming the limitations of Ministry of the Interior (SEGOB). However, that the SRE lacks an
effective operational capacity and professional expertise in migration management and policy
has led to the Migration’s national institute (INM) and the National Guard having a greater relationship with migrant communities, both in the southern and northern border.
The prospecting of the scenarios of the southern border of Mexico must start from recognizing institutional limitations to promote effective governance that facilitates safe, orderly and
regular migration from a comprehensive regional perspective and thus reconcile the priorities of
migration flows, the right to emigrate and the national security priorities of the Mexican State.

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Reinventando los espacios como lugares de vida y paz una estrategia desde la lúdica
para sectores vulnerables1
Reinventing spaces as places of life and peace, a playful strategy for vulnerable sectors
Greys, Nuñez-Ríos2
https://orcid.org/0000-0002-8451-2200
Kadry, García- Mendoza3
https://orcid.org/0000-0002-8451-2200
Judith, Castillo-Martelo4
https://orcid.org/0000-0002-8451-2200
Nevis, Niño-Jiménez5
https://orcid.org/0000-0001-5059-7691
Universidad de La Costa, Colombia
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-7

_____________________________________________________________________________________________________________________________

RESUMEN
El presente artículo es producto de una investigación acción - participativa, cuyo objetivo consistió en intervenir a una comunidad de
un sector vulnerable y marginal de la ciudad de Barranquilla, en los aspectos económicos, social y físico con estrategias lúdico – pedagógicas para transformar los espacios de estas zonas expuestas en lugares de vida y de paz, que desde las dinámicas sociales inviten al
fortalecimiento de la participación y las competencias ciudadanas, la inteligencia emocional y la cultura ambiental. Se abordó desde un
paradigma cualitativo con un diseño no experimental y de campo, de alcance descriptivo transversal. Tras la intervención se encontró
que la comunidad se motiva para participar en las actividades que propendan por generar una cultura de paz para el encuentro y disfrute colectivo donde sus actores reinventan sus relaciones y transforman las categorías fundamentales que rigen su vida cotidiana. Se
concluye que estas intervenciones son una oportunidad para acercar a la población al desarrollo de sus competencias ambientales, sensibilizarlos sobre el impacto ambiental y su compromiso con el desarrollo sostenible; así como potenciar su desarrollo afectivo, generar
transformación de historias de vida articulando la lectura y la narración oral para impactar en la relación hombre - sociedad- naturaleza.
Palabras claves: Creación cultural, cultura de paz, desarrollo afectivo, educación ciudadana, grupo vulnerable.
ABSTRACT
This article is the product of an action-participatory research, the objective of which was to intervene in a community in a vulnerable
and marginal sector of the city of Barranquilla, in economic, social and physical aspects, with playful-pedagogical strategies to transform the spaces of these exposed areas in places of life and peace, which from the social dynamics invite the strengthening of citizen
participation and competences, emotional intelligence and environmental culture. It was approached from a qualitative paradigm with
a non-experimental and field design, with a transversal descriptive scope. After the intervention, it was found that the community is
motivated to participate in activities that seek to generate a culture of peace for the encounter and collective enjoyment where its actors
reinvent their relationships and transform the fundamental categories that govern their daily lives. It is concluded that these interventions are an opportunity to bring the population closer to the development of their environmental competencies, sensitize them to the
environmental impact and their commitment to sustainable development; as well as enhancing their affective development, generating
transformation of life stories articulating reading and oral narration to impact the man-society-nature relationship
Keywords: Cultural creation, civic education, culture of peace, emotional development, vulnerable groups.
Recibido: 12 de Octubre 2019 - Aceptado: 12 de Febrero 2020 - Corregido: 15 de Marzo 2020
Cómo referenciar este artículo:
Nuñez-Ríos, G., García- Mendoza , K., Castillo-Martelo, J. &amp; Niño-Jiménez, N. (2020).Reinventando los espacios como lugares de
vida y paz una estrategia desde la lúdica para sectores vulnerables. Politica Globalidad y Ciudadanía, 128-148. Recuperado de
http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/151

1 Proyecto de investigación “Reinventando espacios como lugares de vida y paz: Estrategia para fortalecer la relación hombre-sociedad-naturaleza a través de la Cultura Ambiental y la Promoción de Lectrua”, Financiado por Universidad de La Costa.
2 Magister en Educación por la Universidad Autónoma del Caribe, Profesor medio tiempo, Universidad de la Costa (CUC) Email: gnunez4@
cuc.edu.co
3 Magister en Educación por la Universidad de la Costa, Profesor tiempo completo, Universidad de la Costa (CUC), Email: kgarcia@cuc.
edu.co.
4 Magister en Educación por la Universidad San Buenaventura, Directora del programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria de la
Universidad de la Costa (CUC), Email: jcantill39@cuc.edu.co
5 Especialista en ética y Pedagogía de la Universidad Juan de Castellanos, Profesor Catedrático, Universidad de la Costa (CUC), Email:
nnino2@cuc.edu.co
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 128-148. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/151

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1.- INTRODUCCION
“Leer es una opción inteligente, difícil, exigente, pero
gratificante. Nadie lee o estudia auténticamente si no asume, frente al texto o al objeto de
la curiosidad, la forma crítica de ser o de estar siendo sujeto de esa curiosidad, sujeto de
lectura, sujeto del proceso de conocer en el que se encuentra. Leer es procurar o buscar
crear la comprensión de lo leído; de ahí la importancia de la enseñanza correcta de la
lectura y de la escritura, entre otros puntos fundamentales”.
Paulo Freire. Cartas a quien pretende enseñar, 1994

El presente artículo de investigación, es producto de la intervención realizada en el sector de
Islita – caño de la ciudad de Barranquilla, por parte de las estudiantes de V semestre del programa de Licenciatura en Educación Básica primaria de la Universidad de la Costa (CUC), a
partir de la reflexión colectiva que surge de la pregunta: ¿Cómo intervenir espacios vulnerables
para transformarlos en lugares de vida y de paz desde la cultura ambiental y la participación
ciudadana?
El objetivo principal de esta experiencia educativa es intervenir el sector vulnerable de islita
– caño para reinventar los espacios como lugares de vida y de paz que fortalezcan la relación
hombre- sociedad- naturaleza a través de la cultura ambiental y el desarrollo de competencias
emocionales.
Para alcanzar este propósito se han establecido los siguientes objetivos específicos:
Implementar la lúdica como dinamizador social para la apropiación de conocimientos y
competencias relacionadas con cultura y la paz abordando problemas de tipo social, cultural,
económico y de memoria histórica que ayudan a reconstruir el tejido social.
Fortalecer las competencias emocionales, autoconocimiento, autorregulación y empatía, a
través de la identificación de las emociones, reconociendo su importancia en la vida diaria.
Con estos objetivos, se plantean estrategias lúdicas para que a través del juego se puedan
proyectar deseos, miedos, emociones que no se pueden expresar fácilmente con palabras y permite la evolución de las dimensiones del ser, aprendiendo a vivir y convivir con el otro, aceptando las diferencias, particularidades e individualidades (Núñez Ríos, G., Márquez Núñez,
E., Guerrero Cuentas, H., Magdaniel Durán, M., &amp; Silvera Goenaga, B. (2019) que permitan
reinventar los espacios como lugares de vida y de paz, robustezcan las relaciones recíprocas de
dar y recibir entre los actores, asumiendo que la paz no es un estado perceptible únicamente de
dejación de armas, sino la armonía perfecta que permite reconstruir la sociedad, promover la
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prosperidad general y garantizar de la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. (Decreto 1038 del 2015).
Por lo anterior cobra vital importancia el desarrollo de la dimensión afectiva, específicamente de las competencias emocionales, pues se busca el desarrollo de habilidades y actitudes
que les permita a los participantes gestionar sus propias emociones y conocer las emociones
de los demás, teniendo en cuenta que educar las emociones facilita la adquisición de un espíritu
crítico, la resolución de conflictos de manera pacífica y la adquisición de habilidades sociales,
de acuerdo con lo anterior estas habilidades conducen a una vida plena, permiten regular, interactuar con los otros, no intelectuales, pero son una meta educativa. Pantoja y Aguaded (2015).
Cabe resaltar la importancia que tiene el desarrollo de las competencias emocionales en las
primeras etapas, pues juegan un papel esencial para la vida, además, constituyen la base o condición necesaria para el progreso del niño en las diferentes dimensiones de su desarrollo.
Se pretende, por tanto, promover un cambio de mentalidad para pasar de la idea de despojar
la naturaleza” a la idea de entenderse con la naturaleza. Si el hombre no fuera un ser racional,
el hecho de relacionarse de manera abusiva con la naturaleza pudiera pasar de forma desapercibida, sin medir los daños y consecuencias que hoy se viven en el mundo. Pero como el hombre
es un ser pensante, cultural, político y social, sigue siendo posible educarlo en los valores, las
creencias y las actitudes que sean los elementos fundamentales que le den sentido al comportamiento ambiental.
Además de lo anterior, se articula con la participación ciudadana, lo cual le permite proponer
políticas públicas y ambientales que ayuden a controlar los abusos de la humanidad hacia la
naturaleza y se puedan generar proyectos de preservación medio ambiental.
Se pretende por tanto, la transformación en los sectores y poblaciones vulnerables, que ayuden generar una conciencia sobre la conservación del medio ambiente desde los principios
sostenibles, la participación ciudadana y las relaciones entre los hombres de manera armónica
donde la concientización cultural establezca el impacto sobre las condiciones naturales y los
procesos ecológicos con el fin de generar espacios de reflexión útiles que puedan extrapolarse
en todos los contextos.
En consecuencia, se intenta desde estos espacios formar un ciudadano de mundo que construye una ciudad diferente, que lleva en sus arraigos una cultura ambiental necesaria para cambiar y transformar la relación del hombre con la naturaleza. Un hombre que vivencia en la
sociedad los valores de justicia, dignidad, solidaridad, entre otros que lo ayudan a reestablecer
las relaciones armónicas con los demás y donde la participación converge para generar políticas
de desarrollo sostenible.
En este orden de ideas, se propende por la construcción de una cultura ambiental a partir
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México, ISSN 2395-8448. 128-148. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/151

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de la realidad circundante en las zonas olvidadas y marginadas fortaleciendo la concientización
de esta desde los procesos lúdicos y reflexivos para que se refleje en los espacios sociales y
culturales, como pilar del desarrollo sostenible.
Ilustración 1. Ubicación espacial población de la isla.

Fuente: http://radareconomicointernacional.blogspot.com/
De igual manera, los maestros en formación involucrados en el mismo fortalecen su sensibilidad humanística al descubrir que puede transformar vidas mediante la lúdica, la lectura, el
arte y la enseñanza de la participación ciudadana, de la misma forma robustecen el pensamiento
crítico frente a la vida y el respeto por la naturaleza que ayude a forjar conciencia ambiental
y promover desde otros lenguajes y escenarios de aprendizaje, la importancia que tiene la
interacción hombre-naturaleza, así como sus efectos en el medio ambiente y en el desarrollo
socioeconómico” (Diaz, 2015). Lo que permite contribuir al fortalecimiento de la relación hombre – sociedad – naturaleza, para reinventar los espacios como lugares de vida y de paz.
La intervención a la comunidad, se articula a la labor de Proyección Social del programa
Licenciatura en educación Básica Primaria de la Universidad de la Costa, pues se llega a la población de la Isla la cual es una zona de difícil acceso y un barrio de invasión.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
La lúdica como dinamizador para reinventar los espacios
Para la intervención de los espacios y reinventarlos como lugares de vida y paz, se utiliza la
lúdica como estrategia, la cual según Baquero permite actuar dentro de un escenario imaginario
que el niño asuma un rol específico. Esto ratifica que las actividades lúdicas son una manera
de actuación donde se vincula lo cognitivo con acciones hacia el entorno social articulando el
aprendizaje, la participación en un contexto y la movilización de las funciones ejecutivas superiores de su estructura mental.
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De esta manera que en conjunto el juego y la lúdica generan espacios agradables de aprendizaje y de moldeamiento de conductas, transforman el ambiente hostil en un espacio acogedores
e interesantes para la comunidad, es decir que lo que allí se realiza no está dependiendo del
cumplimiento de reglas, sino que abre la oportunidad de comunicación y participación en su
propio aprendizaje. Así mismo las relaciones sociales, la afirmación de roles, el liderazgo, la
toma de decisiones, la autoestima, las habilidades de pensamiento y las habilidades motrices,
son algunos aspectos que se desarrollan favorablemente a través del juego y la lúdica.
Por otro lado, la lúdica como experiencia cultural es una dimensión transversal que atraviesa
toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho
menos una nueva moda, sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica, desde esta perspectiva, la lúdica está ligada
a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana.
Jiménez (2002) y se caracteriza por ser un medio que resulta en la satisfacción personal a través
del compartir con otro.
Así mismo, Medina (1999), considera que las actividades dirigidas desde la lúdica, permiten
crear unas condiciones de aprendizaje mediadas por experiencias gratificantes y placenteras, a
través de propuestas metodológicas y didácticas innovadoras, diferentes a las convencionales
en las que se desarrollan los pilares fundamentales de la educación: aprende a aprender, aprender a pensar, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Por tal motivo la lúdica promueve al desarrollo y la autoexpresión que le permiten al individuo fortalecer su personalidad
y está a la vez contribuye directamente al entorno socio-educativo y potencializa la evolución
cognitiva de la comunidad.
De la misma forma, los lineamientos Curriculares de Educación Física, recreación y deporte
(2000), en los apartes donde aborda sobre el desarrollo del estudiante, relaciona la lúdica con
la recreación y considera la primera como la posibilidad expresiva, formadora de sensibilidad,
comunicación e integración cultural y social y como espacio de encuentro con la naturaleza, la
cultura y las propias potencialidades individuales”. En este sentido se relaciona con aquello que
refuerza las formas de convivencia. Es decir, la lúdica es una manera de darle sentido, significación y transformación del juego en diferentes realidades posibles. Por ello la lúdica no se limita
a espacios limitados de la escuela o del tiempo libre, sino que se proyecta a distintos espacios
de la existencia y entorno social.
En este mismo sentido Romero (1992), afirma y da reconocimiento a la lúdica dentro del
uso del tiempo libre como experiencia social y cultural y le atribuye al juego su máxima expresión, reconociéndolo como un mediador de las relaciones entre los hombres que abandona el
valor instructivo y se impone la espontaneidad, de acuerdo con este, el juego no es una forma
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de reproducir los sentidos o regulaciones sociales, sino una manera de producir sentidos y flujos
en los cuales la cultura se reactualiza, es decir, es leída como un presente que es exteriorizado.
En este orden de ideas, se puede considerar que la lúdica no es una estrategia establecida
como tal, sino algo innato de cada persona, son acciones que se realizan a diario y que permiten
expresarse con libertad. Por ello esta herramienta es de vital importancia en la intervención a
la comunidad, porque son actividades al aire libre, en un contexto social, que permite la interiorización de cada uno de los mensajes que se quiere transmitir, representa más que una herramienta metodológica, un redimensionamiento del papel del individuo en el contexto formativo
del niño, el joven y el adulto, que incide positivamente en su forma de ver, actuar y percibir el
mundo. (Moreno, 2003)
Por todo lo anterior, se concluye que la lúdica motivada y estimulada de manera adecuada y
procesual se convierte en una estrategia que puede ser implementada en procesos de rehabilitación, de atención integral de manera individual, grupal y de trabajo familiar, esta no discrimina
y acepta al ser humano, porque reconoce la potencialidad y el talento, materializado por medio
de la detección oportuna de intereses, necesidades y satisfactores lúdicos que faciliten procesos
transformadores. (Moreno, 20003)
Ilustración 2. Estudiantes de V semestre L.E.B.P Universidad de la Costa

Fuente: Elaboración propia, (2016)

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Reinventando los espacios como lugares de vida y paz
Para darle sentido a reinventar los espacios, se significará desde la palabra reinventar, que según la definición del diccionario de Oxford, significa volver a inventar, es decir volver a crear
en los espacios vulnerables una cultura de paz, esperanzadora que trasciende en la sociedad a
partir de momentos de aprendizaje que mejoran la calidad de vida de la población de tal forma
que se pueda como señalan Boqué &amp; otros ( 2014) articular de manera transversal la paz con
justicia social, desarrollo, derechos humanos, democracia y gestión positiva de conflictos.
Reinventar los espacios busca desde su génesis, en los maestros en formación, la adopción
de modos de vida que sean compatibles con la sostenibilidad adquirida, mediante la adecuada
exploración, utilización, uso y manejo de los recursos naturales, aportando así una nueva visión de mundo y una oportunidad de vida, para que a partir de estos puedan sensibilizar a las
comunidades vulnerables sobre la conciencia del cuidado del medio ambiente, la importancia
de los escenarios de paz y la inteligencia emocional fortaleciendo de esta manera la relación
hombre – naturaleza.
Para fortalecer la cultura ambiental en estos escenarios, se parte del análisis de la situación
en el contexto mundial, donde se hace evidente la falta de conciencia sobre el mantenimiento de
su entorno de manera responsable, su uso y su sostenibilidad a largo plazo. Se vive actualmente,
en una “cultura de cemento”, sin importar los daños al ecosistema, el medio ambiente, la capa
de ozono y todos aquellos perjuicios colaterales que surgen desde el mal manejo de los recursos, el inadecuada tratamiento los desechos y la modificación inapropiada del medio ambiente.
A partir de estos, busca que los individuos y las comunidades puedan comprender la complejidad del daño que se le ha causado al ambiente que ha brindado la naturaleza misma desde
su creación y el establecido por el ser humano como parte de su desarrollo cultural siendo
resultado de la interacción de los factores biológicos, físico-químicos, sociales, económicos,
políticos y culturales, para que se adquieran los conocimientos, valores, actitudes, destrezas y
habilidades que les permitan participar de manera responsable, ética, afectiva en la prevención
de la problemática del desarrollo sostenible de manera solidaria y responsable.
Con respecto a la problemática ambiental de orden mundial, Obama (2016), reconoció que
todas las naciones, deben estar alertas al cambio climático al explicar que en Alaska los glaciares se están derritiendo a un ritmo “sin precedentes” y que el mar se está “tragando” a las aldeas.
Estas palabras del presidente de Estados Unidos, son una muestra de la preocupación que
existe en los mandatarios del mundo ante la crisis ambiental mundial y un llamado para que se
fortalezca la cultura ambiental, que trascienda como parte de la formación integral del ser.
Desde la epistemología antropocentrista, el hombre desde el principio de los tiempos, se ha
relacionado con la naturaleza, la ha tomado para su disposición y por tanto ha abusado de los reRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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cursos naturales disponibles. Vélez (2016). Estas razones han llevado a un proceso de reflexión
en el que se promueva una estrategia de convivencia con la naturaleza que permita concientizar
sobre el uso racional y sustentable de los recursos humanos.
Algunos de los problemas ambientales, del mundo contemporáneo, según el mismo Vélez
son: El agotamiento de la capa de ozono (debido al uso excesivo de clorofluorocarburos (CFC))
el agotamiento de los recursos (dada la sobreexplotación de los recursos naturales), la agricultura intensiva ( a causa del sobre pastoreo, el exceso de riego, el monocultivo), el aumento de
especies en vías de extinción (disminución de los polinizadores, blanqueamiento de los corales,
especies invasoras, caza ilegal, etc.), cambios globales(calentamiento global, oscurecimiento
global, disminución de los combustibles fósiles, aumento del nivel del mar, etc.), consumismo
(creencias y prácticas que promueven y estimulan el consumo excesivo de pesca, bosques,
minerías), entre otros.
Además de lo anterior según Rivera (1999), se suma a la contaminación la perturbación de
la estructura de las relaciones de los seres vivos y el medio en que se desarrollan, la deficiente gobernabilidad ( falta de políticas claras, poca aplicabilidad de las leyes), degradación del
medio ambiente y del suelo, poco uso de energías renovables, los residuos, la superpoblación,
valores sociales cambiantes que son algunas de las consecuencias del mal uso del suelo y los
recursos por parte del hombre”.
El desconocimiento del papel del hombre en el mundo con respecto a su relación con otros
hombres, la naturaleza y la sociedad dificulta la interacción del hombre como individuo y con
los miembros de los grupos sociales, generando estilos de vida insostenibles, ya que se generan
procesos de competitividad destruyendo los valores, las creencias, las costumbres, las relaciones haciendo uso inadecuado de los recursos, generando relaciones hostiles y de poca participación y conformismo haciendo del desarrollo un proceso desigual para las sociedades humanas
y perjudicial para los sistemas naturales. (Bayón, 2006).
En este orden de ideas, desde la intervención se hace necesario conocer las diferentes políticas ambientales para la preservación del medio ambiente, despertar el sentido de pertenencia
de su entorno, la ciudad la región el país y el mundo, para que la comunidad cuente con las
bases fundamentales claras que ayuden desde el contexto a la concientización de una cultura
ambiental haciendo de estas un aprendizaje significativo extrapolado al contexto real, como
alternativa para preservar el medio ambiente y garantizar la supervivencia de las especies.
En consecuencia, se pretende la construcción de una cultura ambiental a tono con la realidad
nacional e internacional fortaleciendo la concientización de esta desde los procesos educativos
para que se refleje en los procesos sociales y culturales, como pilar del desarrollo sostenible.
Una cultura ambiental que propenda en palabras de Marulanda &amp; Luna (2003) por la vida
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que todos merecemos, donde se hable no solo de las especies en vida de extinción o de como
disminuir la contaminación, sino también del bienestar de la sociedad, de una cultura que crezca
en el respeto, de calidad de vida para todos los integrantes de la realidad: los factores bióticos,
abióticos, históricos, culturales. Es decir una cultura ambiental que ayude a reconstruir la relación hombre – sociedad – naturaleza, reinventando los espacios como lugar de vida y de paz en
armonía sistemática de todos los elementos que en ella confluyen.
De la misma forma, teniendo en cuenta la intencionalidad de la intervención, se propende
por concientizar y fortalecer participación ciudadana, que genere una cultura de paz, que supone ante todo un esfuerzo generalizado para modificar mentalidades y actitudes con ánimo de
promover la paz. Significa prevenir y transformar los conflictos que puedan engendrar violencia
y restaurar la paz y la confianza en poblaciones que emergen de la guerra. Pero su propósito
trasciende de los límites de los conflictos armados para hacerse extensivo también a las escuelas
y los lugares de trabajo del mundo entero, los parlamentos y las salas de prensa, las familias y
los lugares de recreo.
Forjar una cultura de paz es hacer que los niños y los adultos comprendan y respeten la libertad, la justicia, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad.
Ello implica un rechazo colectivo de la violencia. E implica también disponer de los medios y
la voluntad de participar en el desarrollo de la sociedad. (Documento de la UNESCO hacia una
Cultura de Paz, 1998).
Competencias emocionales
Las competencias emocionales según el autor Jiménez (2011), son consideradas un saber –
hacer contextualizado, que todo ser humano adquiere por vía educativa (formal- no formalinformal), en un determinado contexto, son diferentes en cada contexto y que solo es posible
identificar y evaluar en la acción misma. Ahora bien, al referirse al término de competencia,
se hace referencia a cada una de las capacidades o habilidades, destrezas o conocimientos que
posee el ser humano para desenvolverse de forma efectiva en su vida.
Por su parte el psicólogo Bosque las habilidades o competencias emocionales el Psicólogo
argumenta que las competencias emocionales, hacen parte de las capacidades adquiridas, por
medio de las experiencias y la formación, estas son aprendidas y se pueden fortalecer desarrollándolas.
Por su parte los autores Bisquerra y Pérez (2013), argumentaron que las competencias emocionales son entendidas como un subconjunto de las competencias personales y se pueden
clasificar en conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social, habilidades de vida y bienestar. Resaltando así la aplicación de las competencias
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emocionales en la empresa, la salud y la educación. Aportando significativamente al objeto de
estudio las competencias de este siglo que se pueden expresar en los siguientes términos:
Desde la conciencia emocional, se adquiere conocimiento de las propias emociones y de las
emociones de las personas que están en el entorno.
Las emociones se pueden regular para manejarlas de forma apropiada. Tomando así conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento.
La autonomía emocional fortalece la autogestión personal, autoestima, actitud positiva ante
la vida, responsabilidad y capacidad para analizar críticamente las normas sociales.
Competencia social que facilita el manejo de las buenas relaciones con otras personas.
Competencias para la vida y el bienestar: es la habilidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean
estos privados, profesionales o sociales”.
Estas competencias permiten organizar la vida de forma sana y equilibrada, facilitando experiencias de satisfacción o bienestar. Es por esto que se considera que, para poder llegar a tener
una inteligencia emocional, se deben poseer competencias que sirvan para toda la vida.
Por otra parte, Gardner (2004) en su Teoría de las inteligencias múltiples introdujo la idea
de la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, pues son las asociadas a las
competencias e inteligencia emocional. En cierta forma, la inteligencia emocional está formada
por estas dos inteligencias, debido a que la inteligencia interpersonal es una de las facetas de
la personalidad que incluye la capacidad de liderazgo, resolver conflictos y análisis social. El
análisis social consiste en observar a los demás y saber cómo relacionarnos con ellos de forma
productiva. Otra forma de expresar la inteligencia interpersonal es poniendo el énfasis en la
habilidad de comprender a los demás: lo que les motiva, cómo trabajan, cómo trabajar con ellos
de forma cooperativa también puede ser considerada como inteligencia social. (Zirkel, 2000,
Topping, Bremmer y Holmes, 2000; Topping, Holmes y Bremmer, 2000; Cherniss, 2000; etc.
citado por Bisquerra 2009).
En cuanto, a la inteligencia intrapersonal se refiere a la capacidad de formarse un modelo
preciso de sí mismo y de utilizarlo de forma apropiada para interactuar de forma efectiva a lo
largo de la vida, la cual tiende a coincidir con la inteligencia personal (Sternberg, 2000; Hedlund y Sternberg, 2000 citado por Bisquerra 2009 ) aspectos que deberían esencial en la escuela,
debido a que este tipo de inteligencias interviene en las decisiones esenciales de la vida: elegir
una profesión, con quién casarse, dónde vivir, etc. (Bisquerra 2009).
Más tarde, Goleman (2013) menciona que la llamada motivación hace parte de la competencia emocional, desde esta perspectiva, el autor considera que la motivación proviene de cuatro
fuentes principales: el individuo mismo, los amigos, la familia y colegas, complementados con
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un mentor emocional, ya sea real o ficticio; y el propio entorno, es decir, aire, luz, sonido, u
otros objetos de motivación.
Los aportes de los teóricos citados anteriormente permiten tener claridad de la importancia
que tiene formar en competencias emocionales en la relación hombre-sociedad- naturaleza,
teniendo claro que la forma en cómo se resuelven los conflictos, se convierte en oportunidad de
formación tanto para la competencia personal como para la vida en sociedad.
Los conflictos que se presentan en la cotidianidad deben ser resueltos bajo el prisma de
oportunidades y aprendizajes, poniendo en juego el manejo de las emociones. Por consiguiente,
cabe mencionar la influencia de la inteligencia emocional que los científicos Salovey y Mayer
(2001), definen como parte de la inteligencia social y que aborda la capacidad de controlar los
sentimientos y las emociones propias, así como las de los demás. Si bien, resulta imposible
medir cuantitativamente las características sociales y de personalidad, es por esto que se considera sumamente importante estimular con la misma exigencia las capacidades emocionales e
intelectuales.
3.- MÉTODO
Diseño
El presente estudio, se hace desde el enfoque de la investigación acción participativa, que enfatiza en el aprendizaje colectivo de la realidad basado en un análisis crítico con la participación
activa de los actores implicados, los cuales analizan la realidad y orientan las intervenciones
para estimular la práctica transformadora y el cambio social.
El abordaje se hace desde un paradigma cualitativo, que de acuerdo con Bonilla y Rodríguez
(2005), este tipo de investigación se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar.
Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a
partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada. (p.60).
El alcance es descriptivo el cual según Tamayo este tipo de estudios, permite analizar, describir, registrar e interpretar la realidad de la naturaleza actual, y la composición o proceso de
los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas,
grupo o cosas, se conduce o funciona en presente.
Alcanza un diseño no experimental el cual permite realizar el estudio sin la manipulación
deliberada de variables, sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural y después se
analizan. (Hernández, Batista y Fernández, 2014, p. 149) y de campo que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los
hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador
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obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes.
Las técnicas e instrumentos implementados para acceder a la información necesaria y obtener la información durante el estudio fueron: la observación la cual permitió acceso directo al
lugar de estudio ( Isla La Loma), a partir del contacto inicial se hizo la captación para percibir
las características o manifestaciones presentes que van a permitir determinar los temas de abordaje, de la misma forma se utilizó la entrevista que permitió la interacción personal con otras
personas para obtener información y analizar con mayor profundidad la realidad y se realizaron
sesiones en profundidad en las que a partir de la implementación de la lúdica se propicia el flujo
de información para complementar la investigación social, los datos obtenidos se sistematizaron en diarios de campos y en registros fotográficos.
La población participante hace referencia a los actores del sector vulnerable de la Islita Caño
que tienen 500 habitantes aproximadamente representados entre: amas de casa, madres gestantes, vendedores ambulantes, desempleados, lactantes, niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores que conforman la comunidad. El muestreo de la población es aleatorio para que
todos los miembros de la comunidad pudieran participar de la intervención con las siguientes
características: Niños, niñas y jóvenes adolescentes entre los 0 y 15 años y madres gestantes o
lactantes.
Procedimiento
El presente estudio se realiza en fases de abordaje que se describen de la siguiente forma:
Fase 1 o fase Inicial: Selección de la población vulnerable para el proceso de intervención; el
cual se lleva a cabo a través de un contacto inicial con la comunidad del sector Isla de la Loma
se hizo una observación directa del sector y una caracterización socio- demográfica, que permitió reconocer las características de dicha población y seleccionar los temas de abordaje para la
intervención. Una vez terminada esta etapa inicial el grupo investigador procedió a realizar un
proceso de reflexión con base a lo recopilado.
Fase 2: Representada en la construcción de un plan de acción, desde la sesión en profundidad para hacer intervención con las actividades lúdicas como dinamizador del proceso para
reinventar los espacios como lugares de vida y de paz con la población muestra participante del
proyecto, los cuales son 20 madres entre gestantes y lactantes y 65 niños entre los 0 y 12 años
y 15 adolescentes entre los 13 y 15 años de edad.
Se programa la ejecución de talleres experienciales, con una duración de 3 horas los fines de
semana. Para su diseño se partió de la conciencia sobre la importancia de la cultura ambiental,
la paz y la inteligencia emocional en las dimensiones del ser humano y en su valioso aporte
dentro de los procesos de convivencia y desarrollo de la comunidad.
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Fase 3: consiste en la Ejecución del Plan de Acción, aquí se retoma la lúdica como una estrategia novedosa y eficaz para desarrollar la capacidad de pensar, como medio de expresión;
tanto en el plano físico, como en el cognitivo, social y psicológico. Así mismo, a través de la
realización de los talleres, se propició el proceso de apropiación y fortalecimiento de la cultura
ambiental, la paz y la inteligencia emocional en la población vulnerable abordada.
Por lo tanto, el diseño de los talleres lúdicos para la reinvención de los espacios, incentivó
en los niños, niñas, jóvenes y madres la curiosidad y la motivación por participar con libertad;
propiciando a su vez la interacción con el entorno cotidiano, de la misma forma complementó
está fase con la técnica de observación participante; por medio de la cual los investigadores se
involucraron en los procesos de aplicación de la lúdica con las población seleccionada, posibilitando espacios de interacción social que les permitió reconocer en las voces de los niños, niñas,
jóvenes y madres en su desenvolvimiento diario.
La ejecución y el trabajo de campo se componen de tres fases que consistieron en la intervención para fortalecer la cultura ambiental, la participación ciudadana y la inteligencia emocional.
Una vez recopilada y analizada la información se construye el documento objeto de este trabajo.
Fase 4: corresponde a la fase de cierre de la Investigación, en la cual se sistematizan, y verifica la incidencia de la lúdica y las temáticas seleccionadas, para poder determinar desde la
reflexión si la dinamización desde la lúdica, coadyuvó a la potenciación de las transformaciones
esperada en la población vulnerable.
Para el proceso de finalización de la intervención se propició un espacio de reflexión donde
participaron todos los actores y el grupo investigador. La información obtenida se recopiló en
el diario de campo y en registros digitales como: videos y fotografías.
Una vez terminada la intervención, se analizó y reflexionó acorde a los resultados obtenidos
por el grupo de actores durante el primer y tercer momento, estableciéndose así las diferencias
relacionadas con el antes y después de la implementación de los talleres; de esta forma se determinó si la lúdica permite reinventar los espacios como lugares de vida y paz de la población
vulnerable.
4.-RESULTADOS
Los alcances del proyecto se abordan en dos etapas:
Fase 1: El contacto con la población vulnerable del sector Isla de la Loma se hizo a través
del convenio con la Biblioteca Infantil Piloto, a través de la entrevista que se le hizo a los funcionarios y que permitió identificar un contexto de aproximadamente 500 familias en condición
de vulnerabilidad, carente de servicios públicos y con condiciones económicas extremadamente
bajas o nulas, un sector con poca intervención del estado, cerca al caño de los Tramposos, sienRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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do un sector de aguas altamente contaminadas.
Para llegar a La Islita existen dos caminos: uno por tierra y otro por agua, atravesando el
caño de las Compañías, sobre la ubicación de este sector la historia de Barranquilla, señala
según Angulo (1992):
A fines del siglo XIX en la zona de la antigua Aduana, enfrente a La Islita, un ingeniero de
nombre Antonio Luis Armenta, responsable de la construcción de una línea del tranvía hizo un
importante descubrimiento de urnas cinerarias que daban testimonio de un viejo cementerio
indígena. Circunstancia que explica la presencia temprana de seres humanos mucho antes de la
llegada de españoles a América. El informe Armenta, fue divulgado en un libro publicado en
1942, titulado Colombia de norte a sur y fue escrito por el arqueólogo español, José Pérez de
Barradas. Esta obra inspiró a Carlos Angulo Valdés, científico costeño del siglo XX, a adelantar
estudios sobre los primeros asentamientos de seres humanos en diferentes lugares del perímetro
de lo que hoy es Barranquilla. Seguramente el caño de las Compañías era aprovechado para la
navegación de vapores que atracaban a la Intendencia Fluvial (adyacente a La Islita), reflejando
con ello un activo comercio de la ciudad.
Para llegar a la Islita el grupo por tierra, ruta que hoy es posible por la construcción de la
Avenida del Río, una larga carretera que se extiende paralela al rio Magdalena y que contribuye
a mejorar la movilidad y el tránsito en este sector de Barranquilla
La Islita es un sector de origen sedimentario. Los ríos de gran caudal, como es el caso del
Magdalena, arrastran grandes cantidades de sedimentos dando origen a la formación de islotes
a lo largo de su curso. De igual manera influyó en su génesis toda la sedimentación que también
arrastran los caños en particular el de Las Compañías. Hoy en día vive una humilde comunidad, sus viviendas han sido construidas en madera y los techos de láminas de zinc. En el barrio
llamado la Islita no existe una institución educativa, los niños deben cruzar todos los días el
caño de Las Compañías para ir a recibir sus clases en la escuela del barrio Barlovento, barrio
que queda al frente de la Islita, con el riesgo de que por alguna imprudencia pueda hundirse la
canoa y ocurra una calamidad.
Por otro lado, muchos padres de familia prefieren no asumir el riesgo de atravesar a sus hijos
en la canoa, por eso decidieron que era mejor no ponerlos a estudiar; una cantidad considerable
de niños están desescolarizados porque viven en una pobreza extrema que no solo es económica. Aquí tampoco existe un puesto de salud, circunstancia que unida a bajos niveles educativos
explica el por qué hay un alto índice de mujeres embarazadas jóvenes que, a pesar de su avanzado grado de gestación, aún no han asistido a su primer control prenatal. Es muy notable que este
lugar no fuera construido de manera planificada, pero de igual manera son familias que piden y
merecen como colombianos la presencia del Estado.
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En cuanto a la seguridad, los habitantes de esta comunidad se han ideado un sistema de alarmas en conjunto con la Policía Nacional. De tal manera que ante cualquier situación de amenaza o sospecha que ponga en riesgo la integridad de la comunidad activa las alarmas y toda la
comunidad se hace presente para ahuyentar la persona que pretende robarles su tranquilidad y
es expulsado inmediatamente.
En otro orden de ideas, el abastecimiento de agua, la toman a través de red de tubos improvisados que la misma comunidad ha construido, y se encuentra conectada a un tubo madre
cercano que la lleva al barrio. De al igual forma ocurre con el alcantarillado y el servicio de
electricidad; hasta hace poco fue colocado un medidor comunitario y aspiran que en poco tiempo les normalicen el servicio de energía porque éste es bastante inestable.
En cuanto a las calles ninguna esta pavimentada y en época de lluvias es difícil trasladarse
de un lado a otro porque se convierten en lodazales. Existe una sola tienda que satisface las
demandas de consumo de sus moradores. En alguna ocasión mientras el proyecto se ejecutaba
hubo necesidad de solicitarle que bajaran el volumen del equipo de sonido porque desde muy
temprano colocan música, circunstancia que dificulta por momentos que los niños gocen de un
ambiente en silencio que les permita concentrarse y consagrarse al mundo de la lectura o participen activamente en las respuestas, a aquellas preguntas de sus maestros.
Sobre las actividades económicas, esta comunidad se dedica a la agricultura y a la pesca.
Algunos de sus habitantes han construido estanques internos donde cultivan mojarra roja y
cachamas. Tienen sembrados de plátanos y cocoteros que una vez han recogido la cosecha la
venden en el mercado de Barranquilla. Otras personas se trasladan a trabajar en las casas de
familia en la ciudad o en actividades informales en el mercado, siempre con la dificultad del
traslado antes de que anochezca.
Fase 2: En esta etapa, desde el aula de clases se busca sensibilizar a los maestros en formación de V semestre, en los escenarios propuestos tales como: población vulnerable, la educación y la cultura de paz, el desarrollo sostenible como artífice del respeto y cuidado del medio
ambiente y la inteligencia emocional.
Para esto, hace todo el abordaje de la problemática mundial del medio ambiente y lo lleva a
reflexionar sobre la construcción de las relaciones de las civilizaciones con el medio, analizando que en un principio el hombre encontró todo lo necesario brindado por la naturaleza, pero
estas relaciones se deterioraron cuando en la edad moderna el hombre al descubrir la razón se
cree dueño y señor, empezando a intentar dominar la naturaleza, olvidando que solo existe este
lugar con las condiciones para ser habitado, así mismo se hace todo el proceso de concientización y fortalecimiento de las competencias en democracia, competencias ciudadanas y participación ciudadana
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De este proceso de sensibilización en el aula, se estructuró una recopilación de historias,
compiladas en CUColibro, que es una creación de los maestros en formación der V semestre de
la Universidad de la Costa en el que se encuentran historias de género literario (fábulas, leyendas, mitos) o género lírico (poesías, canciones), así como rondas infantiles. Cada construcción
textual, tiene como intencionalidad, dejar una enseñanza o moraleja a los niños y niñas acerca
del cuidado del medio ambiente y la formación en participación, los cuales fueron narrados en
el proceso de sesiones a profundidad, una vez terminada esta etapa inicial el grupo investigador
procedió a realizar un proceso de reflexión con base a lo recopilado.
Ilustración 3. Mascota y lema del proyecto, creación estudiantes V semestre de Licenciatura
de Educación básica primaria. Universidad de la Costa- CUC-

Fuente: Elaboración propia, (2016).
Fase 3: En esta etapa los maestros en formación contextualizan y extrapolan las vivencias del
aula a los escenarios posibles donde se pueda reinventar los espacios como lugares de vida y
de paz (zonas vulnerables, parques, teatros, instituciones educativas con problemáticas, etc.).
En estos momentos, el abordaje se está haciendo directamente en la población de la Isla, para
esto los estudiantes preparan con mucha dedicación, en coordinación con la Biblioteca Infantil
del Caribe el plan de acción de cada sesión, que consiste en una actividad inicial de bienvenida
a la comunidad, luego se organizan por grupos de edades e intereses para trabajar las temáticas
propuestas. Casi siempre el encuentro con esta comunidad ocurre cada sábado, momento en el
cual, se organizan actividades educativas, lúdicas y recreativas con los niños de ese sector, se
inicia con la concientización sobre entornos limpios y agradables para el aprendizaje, además
de conocer los colores y las canecas del reciclaje a través de una fábula.
De la misma forma, a través de las actividades lúdicas, se busca cambiar el concepto que
estos niños y niñas tienen acerca de la interacción con el medio ambiente. Entender que la
naturaleza es un ser preciado que se ha dado a los seres humanos para hacer buen uso de ella
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y sobre todo cuidarla y amarla, creando un nuevo concepto de ética donde no está presente el
pensamiento de dominación y mucho menos el de explotación para el beneficio de unos pocos.
Debemos sentir la naturaleza como el hogar común.
Siendo un sector vulnerable y espacio al aire libre, se necesita de la colaboración de la
comunidad para la atención y ubicación de los miembros de la comunidad que participan del
proyecto, para esto la señora Marta (vecina de la comunidad), presta las sillas en las que se ubican los niños y niñas. Algunos de ellos hay que buscarlos a sus casas porque sufren de alguna
discapacidad para movilizarse, y cada maestro sabe cuáles son sus estudiantes. De tal manera,
que para garantizar su asistencia es necesario ir por ellos para que participen activamente y
posteriormente llevarlos a sus casas una vez concluida la actividad.
Los maestros en formación, ejecutan las actividades lúdicas que llevan preparada desde una
fábula o cuento del texto CUColibro, cada lectura tiene la intención de dejar una enseñanza
acerca del cuidado del medio ambiente, conocer acerca de sus derechos como ciudadanos o
aprender cómo resolver los conflictos que se les pueden presentar, en forma pacífica, la animación y recreación de la lectura la hacen los maestros haciendo pausas para preguntar acerca del
texto leído y la enseñanza.
De la misma forma, se juego de roles sobre los derechos humanos, ya que la educación en derechos humanos otorga especial significado a la misma naturaleza humana. En gran parte de esta
actividad se nota en los niños (as), desconocen sus derechos o simplemente no los vivencian y
por tal motivo es necesario hacer que ellos los vivan y los plasmen para convertir los derechos
en parte de la vivencia de esta comunidad.
Mientras los niños(as) están en su espacio de lectura y recreación, a las madres se les enseña algunas manualidades que les sirva para una actividad productiva o, por ejemplo, cuidados
necesarios para la atención del bebé en el caso de las madres gestantes primerizas. A otras se
les enseña acerca del uso responsable y adecuado de los métodos anticonceptivos debido a que
-algunas de ellas son jóvenes y con bajo nivel de escolaridad- tienen hasta cinco o seis hijos
pequeños. De igual forma a toda la comunidad y viendo la dificultad para la obtención del agua
y el fluido eléctrico se les hacen recomendaciones acerca del buen uso de estos.
Como impacto social, se observa el alcance del objetivo del proyecto que es reinventar espacios, que transcurren en la monotonía del diario vivir sin dedicar un espacio a la reflexión, a la
lectura, pero sobre todo a fortalecer esas relaciones interpersonales que enriquecen y permiten
desarrollar y fortalecer ese humanismo que está deteriorado por el incesante transcurrir apresurado del tiempo, es decir como lugares de paz.
Cabe resaltar que la satisfacción más grande del maestro en formación es saber que está
contribuyendo a un espacio lúdico- recreativo en esta comunidad.
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Finalmente, para las actividades de despedida se organiza una fiesta donde se realiza la exposición de los dibujos de los niños(as), todas las manualidades de las madres y los maestros
en formación de la Universidad de la Costa, CUC, dramatizaron la popular obra infantil “El
renacuajo paseador” de Rafael Pombo, Lo más importante es que las conciencias iban llenas
de aquella esperanza de volver a ver en el próximo semestre a esos niños quienes muestran una
alegría sin causa, que logró contagiar con su ternura y espontaneidad. Pero ante todo lograron
despertar en el maestro en formación el tacto o la sensibilidad pedagógica, que se define como
el resultado de las relaciones interpersonales especialmente cuando el maestro trabaja con niños.
De la vivencia de las experiencias, se puede concluir que: La función de los maestros en
formación consiste entonces, en crear a través de su tacto pedagógico un entorno de aprendizaje
seguro y estimulante y ayudar a la comunidad a alcanzar un equilibrio entre las actividades. El
maestro, es entonces un facilitador y no un proveedor de información, es quien debe tener el
deseo de motivar en la comunidad la formación integral para la vida, desde el ser, el hacer, el
convivir y el estar. Trascendiendo el acto pedagógico más allá de las aulas de clases, comprendiendo que la acción de educar es en todo momento y en el lugar que se necesite.
Es así como amplió el pensamiento de la inclusión y la diversidad siendo capaz de vivir la
experiencia, jugar, enseñar y reinventar espacios de vida y de paz a los niños(as) y madres que
encontraron en la Islita.
Los beneficios que ha generado de manera recíproca para las estudiantes de V semestre de
licenciatura en Educación Básica Primaria y para la población beneficiaria en la Islita, son:
Sensibilización sobre el impacto ambiental.
Fortalecimiento y compromiso de desarrollo sostenible
Transformación de historias de vida
Articulación de la lectura y la narración oral para fortalecer la relación hombre - sociedadnaturaleza
Recreación lúdico- pedagógica de la relación hombre- sociedad- naturaleza
La creación de CUColibro como logo del acompañamiento.
Leer y escribir nos hace pensar y con CUColibro lo vamos a lograr como lema.
5.- CONCLUSIONES
La implementación de la lúdica como dinamizador social para reinventar los espacios como
lugares de vida y paz, permitió alcanzar las siguientes conclusiones:
Los niños, niñas, jóvenes y madres intervenidos lograron identificar la importancia de la
cultura ambiental, los espacios de paz y la inteligencia emocional.
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El trabajo de campo y la observación directa permitió conocer con claridad las características de la población lo cual facilitó partir hacia la búsqueda de estrategias de fortalecimiento
de la cultura ambiental, los espacios de paz y la inteligencia emocional.
La implementación de la lúdica se facilitó gracias a la variedad de recursos en desuso que
ofrece el entorno cotidiano del sector Isla de la Loma.
Los talleres de intervención permitieron a los niños, niñas, jóvenes y madres de población
vulnerable expresarse libremente y desplegar al máximo su criticidad y creatividad.
La lúdica es una técnica que dinamiza desarrollo de los procesos de intervención en los sectores vulnerables y garantiza el reconocimiento de la diversidad.
El individuo en la medida que se encuentra expuesto a actividades y procesos lúdicos, desarrolla su personalidad creadora, puesto que se destaca y logra un espacio reconocido por su
manera de pensar y actuar, en la sociedad.
La lúdica se convierte en una técnica llamativa, curiosa e interesante para los individuos, ya
que por medio de ello se logra brindar un ambiente de libertad y respeto.
A través de los talleres lúdicos se garantizó la calidad, equidad e igualdad en la formación
de los individuos.
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Modelos de calidad aplicados al servicio de mediación en México1
Quality models applied to the mediation services in Mexico
Roberto N, Guerrero-Vega2
Universidad Politécnica de Nicaragua, Nicaragua
https://orcid.org/0000-0003-3847-0326
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-8

______________________________________________________________________________________________________________________________

RESUMEN
El presente artículo es una investigación que posee un enfoque meramente cualitativo, parte de un diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico trasversal. Tiene por objetivo general analizar los principales
modelos de evaluación de la calidad y definir cuál de ellos ha sido aplicado para evaluar el servicio de mediación
en México. Tras la revisión de la literatura y el análisis documental se determinó que: Los principales modelos de
calidad de índole nacional e internacional, aún no han sido aplicados para evaluar el servicio mediación, ya que
están enfocados en evaluar un contexto general como lo es el sistema de justicia tradicional y otros rubros relacionados a la comercialización de productos y servicios. Sin embargo, se determinó que la calidad del servicio de
mediación ha sido evaluada por modelos estandarizados, desarrollados por algunas investigaciones académicas.
Se concluye que en México existe la necesidad de implementar modelos rigurosos y estandarizados encargados de
evaluar al servicio de mediación, con la finalidad de obtener una certificación nacional e internacional que ratifique
a las instituciones que cumplen con los estándares de calidad.
Palabras Clave: Calidad, consumidor, mediación, modelos, servicio.
ABSTRACT
This article is a research that has a purely qualitative approach, part of a non-experimental design, under a cross-sectional documentary-bibliographic level. Its general objective is to analyze the main quality evaluation models and
to define which of them has been applied to evaluate the mediation service in Mexico. After reviewing the literature and the documentary analysis it was determined that: The main national and international quality models have
not yet been applied to evaluate the mediation service, since they are focused on assessing a general context such
as the traditional justice system and other items related to the marketing of products and services. However, it was
determined that the quality of the mediation service has been evaluated by standardized models developed by some
academic research. It is concluded that in Mexico there is a need to implement rigorous and standardized models
to evaluate the mediation service, with the aim of obtaining a national and international certification that ratifies
the institutions that meet the quality standards.
Keywords: Consumer, mediation, models, quality, service.
Recibido: 26 de Noviembre 2019 - Aceptado: 21 de Abril 2020 - Corregido: 11 de Mayo 2020
Cómo referenciar este artículo:
Guerrero-Vega, R. N. (2020). Modelos de calidad aplicados al servicio de mediación en México. Politica
Globalidad y Ciudadanía, 149-169. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/
view/152

1 Artículo de revisión derivado del proyecto de investigación: La eficacia del mediador como factor determinante en la calidad del proceso
de mediación.
2 Doctorando en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, Universidad Autónoma de Nuevo León. Docente Investigador, Universidad
Politécnica de Nicaragua. Email: neftali2787@gmail.com. Orcid ID: orcid.org/0000-0003-3847-0326.
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1.- INTRODUCCION
Las primeras expresiones históricas de la calidad en el ámbito industrial surgieron a mediados
de los años 70s, cuando las grandes compañías dedicadas a la manufactura en el mundo, empezaron a competir con las corporaciones norteamericanas. Estas compañías fueron pioneras
en cambiar sus filosofías operativas, entre los primeros enfoques se aplicó la disminución del
tamaño de las industrias, trayendo consigo cambios sustanciales orientados a la satisfacción
de los clientes y el perfeccionamiento de las comunicaciones dentro de las compañías (Diaz,
2016).
Los retos planteados por las compañías en relación a la calidad estaban enmarcados en promover y aumentar la productividad, la capacidad de respuesta, la tecnología, comunicaciones,
servicio al cliente y la reducción de costos.
La calidad no solo se ha manifestado en el ámbito industrial, también se ha venido reflejando
en diferentes civilizaciones como, por ejemplo: En la antigua Grecia donde las primeras poblaciones le denominaban arete, término que era entendido como excelencia (Barraza, 2007).
Por otra parte, en la era del antiguo Egipto ya existía la figura del inspector de calidad, quien
era el encargado de verificar las dimensiones y simetría de los bloques que posteriormente eran
utilizados en las grandes construcciones que edificaba esta civilización. También en China el
antiguo Sun Tzu implementaba una serie de estrategias dirigidas a mejorar la calidad del entrenamiento de sus soldados y también implementaba la calidad en sus técnicas de guerra (Sun,
2009).
En el siglo XVII y XVIII emanan en las grandes ciudades los gremios de artesanos, quienes
establecen especificaciones y requisitos para los materiales con los que se trabajaban y definen
procesos y productos para su elaboración. Estas acciones son consideradas como el inicio de las
organizaciones de certificación, debido a que estos gremios llevaban un control específico de
admisión de sus asociados de acuerdo a los requerimientos establecidos, este factor les permitía
mantener la calidad de su trabajo y de sus miembros (Miranda Gonzalez, 2007).
Etimológicamente la calidad es de procedencia latina, y es denominada como ¨clase¨ o ¨tipo¨;
esta definición promueve diferentes interpretaciones por su abstracta expresión. En la actualidad para la Real Academia Española, la calidad es definida como ¨El conjunto de propiedades
inherentes a una cosa que permite apreciarla como igual, mejor o peor de las restantes de su
especie¨ (RAE, 2019).
Existen otras definiciones que abordan a la calidad desde sus diferentes perspectivas, por
ejemplo:
Para Drucker (1990) la calidad no es lo que contiene el servicio, es lo que el cliente obtiene
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de él y por lo que está dispuesto a pagar (pág. 41); en cambio Ishikawa (1986) plantea a la calidad enfocada en el producto sin menoscabar la utilidad de la calidad del servicio, trabajo de
calidad, calidad del proceso y cualquier otro enfoque relacionado a la excelencia.
Lechuga et al (2017) La calidad es una de las características clave de los productos y servicios que se mide nacional e internacionalmente a través de las denominadas empresas certificadoras de calidad. Las apariciones de estas certificaciones surgen por la necesidad de homogenizar la medición de la calidad de los productos y servicios. (p.34).
Por otro lado, hay que resaltar que la calidad no solo se refiere a la finalización del producto
o del servicio, también está enfocada a la calidad del proceso que esencialmente es el causante
de la excelencia de los anteriores factores (Imai, 1998, pág. 10). De acuerdo a lo anterior se
puede afirmar que con el paso del tiempo el concepto de calidad ha evolucionado su enfoque,
ya no solo se encuentra relacionado en aumentar la productividad o en ofertar un mejor servicio
al cliente; esta definición de calidad es más amplia, así lo refiere (Diaz, 2016) quien también
plantea:
La calidad debe entenderse y debe de ser transmitida como un valor que genera actitudes
y comportamientos en el trabajo y en la vida privada del trabajador; también se trata de
buscar conscientemente los máximos estándares deseables en todo lo que realizamos en la
vida; es una filosofía que debe de estar detrás de todos los movimientos del individuo; es
un estilo de vida; es una cultura, donde lo principal es el trabajo, el servicio, la entrega
completa (pág. 128).
Es notable que las referidas definiciones están planteadas con un enfoque dirigido al producto, servicio ofertado o las fases del proceso que conlleva a la calidad, cabe señalar que todas las
concepciones convergen un denominador común, el cual es construir y alcanzar estándares de
excelencia.
En México existen diferentes modelos nacionales e internacionales que evalúan la calidad
de los servicios y productos que ofertan las diferentes instituciones. Entre los más relevantes
están el Premio Nacional de Calidad (PNC), la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). Estos modelos en su mayoría están dirigidos a evaluar actividades relacionadas a la
industria, sin embargo, esta filosofía de calidad ha trascendido a otros campos como los son la
salud, la justicia, la educación entre otros.
Por tanto, en el presente trabajo además de analizar los principales modelos de evaluación
de calidad, también se desarrolla cuáles de estos modelos se han implementado en algunos
rubros en México, al igual se resalta como problemática que estos sistemas de evaluación aún
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no han sido aplicados en los Centros públicos o privados que se dedican a ofertan el servicio de
mediación en México.
Con la finalidad de proponer variantes o posibles soluciones al fenómeno que antecede, en
este estudio se menciona una serie de investigaciones académicas que han evaluado el servicio
de mediación desde diferentes perspectivas, partiendo de modelos estandarizados de calidad.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
La prestación del servicio de mediación
Un servicio representa un conjunto de acciones encaminadas a servir en algo o a alguien, estas
acciones tienen por finalidad cumplir con la satisfacción del individuo o individuos que los
requieren.
La Ley de mecanismos alternativos para la solución de controversias en el estado de Nuevo
León (2017), define a los sujetos e intuiciones encargados en prestar el servicio de mediación.
En primer lugar se encuentra el Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, quien es el órgano del Consejo de Judicatura, que regula y presta los servicios en
materia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC); seguido están los
Centros de mecanismos alternativos, que son definidos por la ley como ¨Todas las instituciones
públicas y privadas que brindan servicios de mecanismos alternativos, distintas al Instituto¨,
cabe destacar que dichos centros deben contar con la acreditación del instituto.
Por otro lado, también la ley define al facilitador o mediador como la persona física que
cuenta con certificación o certificaciones especializadas respaldadas por el Instituto, en virtud
de prestar los servicios de los MASC.
De acuerdo a estas definiciones establecidas por la norma, no cabe duda que la mediación
es considerada un servicio y el mediador es la persona encargada de materializarlo. De igual
manera es importante destacar que la asistencia que funge el mediador no solo coincide con la
definición de servicio, también se relaciona con las características generales de los servicios.
De acuerdo a Zeimthaml y Berry (1988), las características consisten en la intangibilidad, la
heteromogeneidad, la inseparabilidad y el carácter perecedero. En el siguiente apartado se desarrollarán las referidas características partiendo de su conceptualización y la relación que existe
con el servicio de la mediación:
La Intangibilidad
Para Lovelock (1983) todos los servicios son considerados intangibles debido a que no se trata
de un objeto o producto más bien son resultados, así mismo plantea que los servicios no podrán ser juzgado por el consumidor antes de adquirirlos, en vista que estos no pueden sentirse,
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palparse, verse o tocarse. Es por ello que el servicio de mediación, se identifica con la intangibilidad ya que no se trata de un bien o producto del cual se pueda tener posesión; además su
valoración no puede ser en base a sus características físicas ya que son inexistentes. El servicio
mediación y su intangibilidad puede ser evaluada en base a la percepción e interpretación del
usuario o cliente.
La heteromogeneidad
Esta característica se basa en la variabilidad del servicio ofertado y los resultados obtenidos,
estos resultados no pueden ser medibles de forma estandarizada, ya que cada consumidor y el
servicio ofertado son diferentes (Duque Oliva, 2005). Partiendo de lo anterior se debe considerar que el servicio de mediación siempre va ser variable ya que ningún proceso de mediación
resulta ser igual a otro; esta variabilidad dependerá del actuar de las partes en el proceso de
mediación o de las habilidades que aplique el tercero neutral al gestionar el conflicto.
La inseparabilidad
De acuerdo a Duque (2005) este factor está relacionado con la simultaneidad, se trata de la interacción que hay entre la persona prestadora del servicio y el usuario o cliente que lo consume.
Esta característica está centrada en el consumo, factor que será base de la distinción entre el
producto y servicio. El producto se crea se vende y posteriormente se consume por otra parte
el servicio se oferta y se consume en un mismo instante. En cuanto a la mediación como servicio sucede exactamente el mismo debido a que se oferta y se consume en el momento de su
aplicación.
De carácter perecedero
Esto significa que los servicios no subsisten en el tiempo, algunos pueden ser de un solo momento en cambio otros pueden efectuarse en diferentes etapas, partiendo de esta lógica queda
claro que al no tratarse de un producto el servicio no podrá ser almacenado (Diaz, 2016). El
servicio de mediación ofertado por las instituciones descritas en la parte inicial de este acápite,
se clasifica de carácter perecedero, debido a que no es tangible y en consecuencia no puede ser
acopiado, de acuerdo a esta situación se garantiza la imperdurabilidad del servicio ofertado.
Este servicio persistirá solo durante tiempo que dure el proceso de mediación y también durante
se promulguen las diferentes sesiones próximas.
Al leer lo anterior resulta imprescindible no establecer las diferencias que existen entre las
características que contienen un producto y un servicio por ello se plantea el siguiente cuadro:
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•
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Cuadro 1. Diferencias entre Producto y Servicio
Producto
Servicio
Es tangible y palpable
• Intangible y no pueden ser evaluado por
su aspecto físico
Un producto podrá ser idéntico a otro
servicio ofertado al consumidor siemEl producto se crea se vende y posterior- • El
pre
va ser variable
mente se consume
• El servicio se oferta y se consume en un
El producto de acuerdo a su tipología
mismo instante
puede perecer o descomponerse
• No persiste en el tiempo ni puede ser almacenado
Fuente: Elaboración propia, 2020

De acuerdo a estas diferencias y a las características antes planteadas queda claro que existe
una relación amplia entre el servicio de mediación y los preceptos generales del servicio, por lo
tanto, la medición como un servicio puede estar sujeta a cualquier tipo de evaluación, siempre
y cuando esta se aplique con la perspectiva de mejorar la calidad de los procesos inmersos en
el servicio.
Modelos de evaluación de calidad
Dando continuidad al enfoque de calidad, es pertinente mencionar que existen diferentes modelos dedicados a gestionar la calidad desde sus diferentes perspectivas. Estos modelos sirven
de guías para todas las instituciones privadas o públicas que se dedican a mejorar un producto
u ofrecer un servicio.
Históricamente en diferentes países del mundo han existido esfuerzos en mejorar los procesos de calidad de las empresas, partiendo de la dinámica de la evaluación y el reconocimiento.
En el año 1951, Japón instituyo el premio Deming como reconocimiento a las empresas que
alcanzaran mejorar sus procesos de calidad; por otro lado, en los Estados Unidos se otorgaba la
distinción Malcon Baldrige, que concordaba con el mismo enfoque de calidad. En el año 1989
México creo el premio nacional de calidad, este era entregado por el presidente de la republica
a las empresas que cumplían con el modelo nacional de competitividad, cabe destacar que el
proceso de selección y valoración a las instituciones estaba a cargo del Instituto para Fomento
a la Calidad Total A.C (Diaz, 2016).
Existen otros modelos de gestión de calidad que se encuentran ligados a la normalización y
estandarización. Para hablar de ellos primero se debe de tener una visión clara de los referidos
enfoques. Castañeda Salas (2019) en su investigación cita diferentes autores que definen estos
dos enfoques:
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Normalización
Según Merlo Vega (2011) la normalización se define … como la guía que permite definir
como debe ser un producto o servicio, de manera que todas las organizaciones que lo desarrollen sigan un mismo modelo… con ello se consigue… que estos productos y servicios
cumplan con uno de los criterios mínimos para que puedan ser evaluados y comparados
para establecer un nivel de calidad determinado, por otra parte asegura que los productos
y servicios sean compatibles entre si.
Estandarización
Se define como … aquellos criterios por los que puede medirse y evaluarse los servicios…
establecidos por las organizaciones profesionales, corporaciones acreditadas u organismos
estatales, los criterios pueden reflejar, los diversos modos o un mínimo ideal un procedimiento modélico, una medida cuantitativa o una evaluación cualitativa (Merlo Vega, 2011).
Los modelos de normalización y estandarización para algunos autores o instituciones son
utilizados como sinónimos, pero de acuerdo a las definiciones antes planteadas poseen diferentes características; en este sentido y con el ánimo de diferenciar ambos modelos a continuación
se plantea un cuadro ilustrativo.
Cuadro 2. Diferencias entre Normalización y Estandarización.
Normalización
Estandarización
• Determina como debe ser un producto o • Define características y criterios para que
servicio.
un producto o servicio pueda ser susceptible de medición o evaluación.
• Se encarga de elaborar, aplicar y mejorar
las normas relacionadas a la calidad.
• Desarrolla sistemáticamente la actualización de los patrones, medidas y especifi• Sustenta la metodología que asegura con
caciones de los productos o servicios.
exactitud la evaluación.
Fuente: (Tafolla, 2000) (SE, 2016); (Castañeda Salas, 2019) elaboración propia, (2020).
Las características de la normalización y la estandarización son parámetros establecidos con
el fin de mejorar la calidad de los procesos en los diferentes ámbitos e instituciones.
Sistema organización internacional para la estandarización (ISO)
Después de la segunda guerra mundial las Naciones Unidas en 1947 crean la Organización
Internacional de Normalización (ISO), que tiene como propósito promover normas y regulaciones internacionales para la fabricación de los productos en donde se garantice su calidad y
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seguridad, posterior en 1951 se publicó el primer estándar ISO dirigido a una referencia de temperatura que se encargaba de medir las longitudes dentro de la industria, siguiendo esta secuencia, ISO creo todo tipo de normas enfocadas en productos, servicios y procesos relacionados al
ámbito de la vida (Castañeda Salas, 2019)
En la actualidad 157 países son parte de la red de organizaciones internacionales de normalización, estas instituciones operan en países grandes o pequeños, industrializados o en vías de
desarrollo de todas las regiones del mundo (ONUDI, 2010). Una peculiaridad de estas organizaciones es que, a pesar de tener un gran impacto en el ámbito industrial y empresarial, su naturaleza yace en el voluntariado, esto quiere decir que estas normas no pueden ser impuestas de
maneras coercitivas para las instituciones públicas o privadas al menos que estás los soliciten.
De acuerdo a lo que plantea Aenor (2002) ISO despliega una serie de normas técnicas de
carácter voluntario que incrementan el valor a todas las operaciones empresariales, entre estas
virtudes se encuentran:
La contribución y el desarrollo de la fabricación y suministro de productos y servicios más
eficientes, seguros y limpios.
Brinda la protección a consumidores con respecto a los productos y servicios.
Facilita y ajusta el comercio entre países.
Mejora la satisfacción de la clientela.
Genera confianza en los consumidores o usuarios.
Se obtiene una certificación de índole internacional.
Es importante observar que entre los beneficios que ofrece la aplicación y el seguimiento de
las normas ISO, se pueden destacar tres elementos fundamentales que se han venido planteando
en cuanto a la calidad del proceso de mediación, entre ellos están la satisfacción al cliente, la
generación de confianza entre los usuarios de cara a las instituciones y por último la calidad
partiendo de un servicio más eficaz.
Existe una variedad de normas ISO que han sido creadas a partir de la reaparición de nuevos
productos o servicios ofertados a la sociedad. En la actualidad no se sabe con exactitud cuántos
tipos de las normas ISO existen, debido a que estás siempre están en constante cambio, es por
ello que en el siguiente grafico se reflejaran las normas más influyentes de algunos ámbitos:

Gráficas 1. Tipos de normas ISO
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Fuente: Elaboración propia, (2020).
En la referida tipología se destaca la ISO 9000, esta norma se encuentra orientada a la estandarización de los sistemas de calidad que no están relacionadas con algún producto, sino con
los procesos de los que derivan los productos y servicios. La finalidad de esta norma es emplear
los métodos, técnicas y procedimientos específicos relacionados al cumplimiento de principios,
objetivos y metas destinados a satisfacer las necesidades de los consumidores o usuarios (Delgado, 2011).
La certificación de norma ISO 9000 y la 9001 son acreditaciones muy demandadas por las
diferentes instituciones privadas y públicas dedicadas a ofrecer un producto o brindar un servicio. En lo que concierne a México específicamente al estado de Nuevo León, las entidades que
lograron alcanzar esta certificación son: el Tribunal Superior de Justicia y otras jurisdicciones u
órganos judiciales y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
Norma ISO 9001 adoptada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León (2003) público en su informe trimestral número 7, algunos de sus principales logros en donde destaco la acreditación ISO 90012000 del Tribunal Superior de Justicia y la postulación de un pilotaje de otras áreas jurisdiccionales que apuntaban a la certificación de calidad, como lo eran la primera sala civil y el juzgado
décimo segundo de lo civil del primer distrito judicial.
En este informe el Lic. Guerrero Gutiérrez expresó que el sistema de calidad en las áreas administrativa, resulta ser de suma importancia ya que la adecuación de la norma ISO permite que
los operadores de justicia y servidores públicos sean evaluados de acuerdo al servicio ofertado a
la comunidad, también recalco que la certificación ISO visibilizaría a la institución por ser parte
de un sistema de estandarización de orden mundial.
Dando continuidad al informe, también hay que destacar algunos beneficios que trae consigo
la aplicación de la norma ISO 9001, entre ellos están:
Lograr un trabajo más organizado al pie de una metodología.
La labor se desempeña de manera eficiente.
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Fomenta la competitividad en el ámbito laboral.
Se detectan indicadores sobre las acciones contrarias a la ley.
Implementa acciones correctivas y preventivas.
Se promueve la capacitación de los actores sobre las políticas que debe contener un sistema
de calidad.
Disminuye el número de quejas
Desarrolla altos niveles en el rendimiento del personal.
Posterior a todo el proceso de análisis, se elaboró un manual de calidad con instrucciones
sobre el trabajo y registro de la calidad, procedimientos generales, instrucciones de trabajo y
registro de la calidad, que fueron utilizados para evaluar el desempeño de otras entidades jurisdiccionales (TJS, 2003).
Norma ISO 9001 adoptada por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)
La Profeco es la institución encargada de la protección del consumidor, así como de difundir el
consumo inteligente. Ambas actividades cuentan con un área de laboratorio para su operación,
este sitio es donde la institución realiza diferentes estudios a la diversidad de productos que
existen en el mercado, los resultados de estas pruebas son publicados en diferentes medios de
comunicación, en donde se enuncia si el producto cumple con los estándares de calidad (David,
2016).
Cuadro 3. Criterios de calidad de Profeco.

Sistema de gestión de calidad
Responsabilidad de la dirección
Gestión de los recursos
Realización de producto
Medición de análisis y mejora

Define todos los procesos que se manipulan con
específicas metodologías y sistemas de control de
calidad.
Supervisa las actividades de Profeco y la vigilancia y
cumplimiento SGC (Sistema de Gestión de Calidad).
Cumple en planear la manera en que va a asignar los
recursos, tomando en cuenta las recomendaciones del
cliente.
Se define los requerimientos del producto y del cliente, así como del proceso para cada servicio.
El SGC es monitoreado de manera completa por
satisfacción del cliente, análisis de tendencias, expedientes de proveedores.

Fuente: Elaboración propia, (2020).
El laboratorio nacional de la Profeco conto con la certificación NMX-ISO-9000-2000 y esRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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tuvo acreditado con NMX-ISO-17025-2005, también poseía un manual de calidad que cumplía
con los requerimientos que establece el ISO 9000-2000, entre ellos los del cuadro 3.
En consideración a lo desarrollado en cuanto a la acreditación de estas instituciones del estado de Nuevo León, el Tribunal Superior de Justicia y la Profeco, ambas apuntaron a la calidad.
El tribunal se enfocó en ofertar un servicio de calidad a los usuarios y a mejorar sus procesos
internos de índole administrativos y la Profeco en ofertar y mantener la calidad en la variedad
de los productos que son consumidos por la población. Ambas instituciones resultan ser de vital
importancia para la sociedad al lograr la estandarización ISO de sus procesos, mejorando así su
compromiso social con los usuarios o consumidores.
Modelo europeo de gestión de calidad (EFQM)
En 1988 fue creada la Fundación Europea para la Gestión de calidad (European foundation
for quality management), que se encuentra constituida por 14 organizaciones europeas con un
propósito en común, el cual era mejorar la calidad de las empresas en el referido continente. En
1922 la fundación creo el Modelo de Gestión de Calidad conocido mejor como EFQM (Diaz,
2016)
Carreón (2013) expresa que el modelo EFQM contiene nueve criterios que se subdividen en
dos grandes grupos, el primero está destinado a los ¨agentes¨ que son los factores por los cuales
se logran los fines y el segundo grupo son los ¨resultados¨ con los cuales se logran la organización; además el autor plantea el desglose de estos criterios:
Agentes
Liderazgo: Este criterio se refiere al compromiso y al estilo de la dirección que son ejercidos
por la gerencia o quien esté a su cargo, también tiene relación con la calidad y el logro de los
objetivos o misión de la organización, realzando entre ellos la satisfacción del cliente.
Política estratégica: Es la dinámica en donde la organización implanta su misión y visión
con la finalidad de desarrollar las estrategias, también describe el paso a paso de la implementación de políticas, planes, objetivos y procesos en donde se materializa la estrategia.
Persona: Se analiza la gestión y el desarrollo del conocimiento de las personas que son parte
de la organización, esta acción permite evaluar el potencial de cada individuo o grupos. También se evalúa como se planifica las actividades con apoyo de la política y estrategias, además
del eficaz funcionamiento de los procesos.
Recursos y alianzas: Este factor se refiere cuando la organización gestiona y planifica sus
recursos internos, y la de sus colaboradores externos, con el objetivo de conocer como estos
apoyan la política y la estrategia en la función eficaz de los procesos.
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Procesos: Este factor es de suma importancia debido a que define la operatividad de la organización.
Resultados
Resultados en los clientes: Computa el grado de satisfacción y las necesidades de los clientes
externos y la elección de medidas para evaluarlas.
Resultados en las personas: Se encarga de medir al igual que el anterior las necesidades y
satisfacción de las personas, pero en este caso de los agentes internos o colaboradores.
Resultados en la sociedad: Este factor está relacionado con la responsabilidad social que tiene la organización desde esferas como la prevención de riesgos laborales, el impacto ambiental
de los productos que distribuye y el comportamiento ético de la empresa.
Resultados clave: Asegura que la organización evalué el grado de cumplimiento de las metas
y objetivos trazados u aquellos elementos que se han identificado como logros importantes, esto
puede darse a corto o a largo plazo y esta enlazado directamente a aspectos financieros de la
institución.
Por otro lado, existe también el Modelo Iberoamericano de Calidad creado por la fundación
iberoamericana para la gestión de calidad (FUNDIBEQ), la cual estableció en el año 2000 la
distinción del premio Iberoamericano ala Calidad. Este modelo tiene una gran relación con el
modelo EFQM en cuanto a su estructura, clasificación y los criterios que aborda, pero también
difiere en la puntuación cuantitativa de alguno de los criterios (Carreon, 2013)
Modelo del premio nacional de calidad mexicano (PNC)
Este modelo fue creado a finales de los años 80 por un grupo de expertos que tenían como
propósito impulsar la mejora continua de las instituciones u organizaciones mexicanas. El eje
principal de PNC se trata de reforzar el valor superior de los clientes y los consumidores atreves
de una mejora continua de los sistemas, procesos, productos y servicios.
Dentro de los propósitos del PNC están (FPNC, 2016):
Estimular el establecimiento de los procesos integrales
Promover la productividad y la calidad en los productos, servicios y procesos
Promover el uso del modelo nacional para la calidad total en las organizaciones mexicanas.
Fomentar las exportaciones en base a la calidad
Promover visibilidad de las empresas
Ofrecer una herramienta útil de diagnóstico y mejora continua
Este modelo a diferencia del EFQM se subdivide en tres bloques de acuerdo al ciclo Deming
y además evalúa 8 criterios, que a continuación se pueden apreciar en la siguiente gráfica:
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Gráficas 2. Criterios de evaluación de la Calidad - PNC

Fuente: Elaboración propia, (2020).
Evaluación de calidad del proceso de mediación
Se puede observar que los modelos de evaluación que anteceden han sido implementados en
distintas instituciones dedicadas a diferentes tópicos como lo son: la salud, el comercio, el medio ambiente, la seguridad en los centros de trabajos, los sistemas de justicia entre otros. Sin
embargo, hasta el momento en la mayoría de países no hay una aplicación centralizada ni estandarizada de un sistema que evalué y procuré la calidad del servicio de mediación (Gonzalez
Ramirez, 2018).
Es relevante mencionar que existen diferentes teorías donde se observa que el servicio de
mediación puede ser evaluado de diferentes enfoques:
La primera está basada en lo que considera el consumidor en relación al servicio (usuario en
el proceso de mediación), de lo cual se engloban las calidades técnicas que consisten en la acreditación profesional y formación del mediador, y la segunda se enfoca cuando el consumidor
juzga el servicio después de haber sido ofertado, siendo este último un factor difícil de medir
en la mediación, en vista que posterior a la realización del acuerdo existen muchos factores
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externos que pueden incidir en la apreciación de las partes, en cuanto al servicio ofertado y la
calidad del mismo (Lehtinen, &amp; Lehtinen,, 1982).
Evaluación de la mediación en base a los resultados
Pruitt &amp; Carnevale (1993) plantean dos criterios de evaluación de la eficacia de la mediación.
Como primer criterio esta la evaluación a corto plazo, la cual corresponde a enunciados que
determinan una buena mediación como, por ejemplo:
1. El sentimiento expresado por partes de la mediación, referido a la satisfacción de la
misma.
2. La voluntad de cumplir los acuerdos alcanzados.
3. La percepción de la eficacia de la mediación, esto implica funcionamiento, rapidez, economía etc.
4. El cumplimiento de lo acordado.
Se deberá tener en cuenta que estos criterios deben de ser evaluados al finalizar la mediación.
Por otra parte, están los criterios de evaluación a largo plazo, los cuales se basan en las siguientes actividades:
1. El grado de cumplimiento de los acuerdos
2. Las mejoras de las relaciones entre las partes.
El conjunto de criterios de evaluación antes relacionados sirven para diagnosticar si se tiene
como resultado una mediación ¨exitosa¨ sin embargo hay que delimitar cuales son los factores
que determinan la eficacia del método (Gonzalo Serrano, 2008).
Evaluación de la mediación en base a la percepción del servicio ofertado
La percepción del usuario para evaluar a la mediación como un servicio, es otro de los enfoques
por los cuales se puede abonar a la calidad del proceso mediación.
Para Díaz Álvarez (2016) la evaluación de la mediación puede ser valorada desde diferentes
factores endógenos que determinan la calidad, es por ellos que plantea en su investigación titulada ¨Mediación Calidad¨ seis características que son base para la evaluación del este servicio;
en las cuales encontramos:
Características físicas de las instalaciones
Habilidad del centro de mediación, servicio promedio y confiable
Disponibilidad de servicio al usuario
Conocimiento, cortesía y confianza por parte del personal hacia el usuario
Cuidado y atención personalizada al usuario
Valor de la mediación en la sociedad (intangibles de la mediación)
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Todas estas características estuvieron enfocadas en evaluar la calidad del servicio de mediación que se oferta a la sociedad por parte de los diferentes centros del estado de Nuevo León
tanto en el ámbito público como privado. Para llevar a cabo la evaluación referida, Álvarez
(2016) aplico el modelo que se describe a continuación.
Modelo service quality (SERVQUAL)
Ilustración 1. Cronología de hechos internacionales, teorías de calidad y modelos de evaluación

Fuente: (Torrez , Maritza, Vasquez, &amp; Carmen, 2015)
En la figura que antecede se muestra una cronología de los principales modelos de evaluación de la calidad, también se destacan hechos internacionales y algunas teorías que contribuyen a la evaluación de la calidad, en las cuales se puede observar algunos de los modelos que
ya se comentaron en este artículo. Por otro lado se puede apreciar el surgimiento del modelo
SERVQUAL que deviene históricamente de la escuela americana de marketing y fue desarrollado por los investigadores Parasuraman, Berry y Zeithaml en 1985 y posteriormente 1988
por medio del análisis factorial se simplifico y albergo la evaluación de los servicios bajo estas
cinco dimensiones (Torrez , Maritza, Vasquez, &amp; Carmen, 2015):
a. Empatía: Muestra de interés a nivel de intención individualizada que ofrece la institución
al usuario.
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b. Fiabilidad: Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa.
c. Seguridad: Conocimiento y atención de los empleados y su habilidad para inspirar confianza.
d. Capacidad de respuesta: Disposición para ayudar a los usuarios y para presentarles un
servicio rápido.
e. Elementos tangibles: Apariencia física de las instalaciones físicas, material, equipos y
personal.
Se puede apreciar claramente que Díaz Álvarez (2016) en su investigación titulada ¨Mediación Calidad¨ adecuo las dimensiones que platea el modelo SERVQUAL a la evaluación del
servicio de mediación, utilizando este prestigioso gestor de calidad para medir las diferentes
fases del proceso con la finalidad de procurar la calidad y eficiencia en el trámite de mediación.
Por lo tanto, dicha investigación resulta ser la pionera en estandarizar un modelo de calidad
dedicado a evaluar la satisfacción de los usuarios en el ámbito de la justicia alternativa, ya que
este modelo comúnmente se aplica en esferas como a salud, la educación, industria, hotelería y
otro sin números de servicios enfocados en procurar la calidad de los procesos.
Evaluación de la mediación con base a la capacidad y competencias del mediador
Para Aguilar (1994) un elemento determinante para contribuir a la calidad del proceso de
mediación está enfocado en las competencias y capacidades del mediador. Partiendo de este
enfoque se constituyó en Chile una mirada sistemática a la práctica del mediador, que tuvo
como propósito el mejoramiento continuo de las prácticas profesionales por medio de la implementación de una metodología cualitativa y cuantitativa que tuvo como base la observación
del mediador bajo la evaluación y medición de un sistema llamado evaluación de calidad del
proceso de mediación familiar (ECAME).
Instrumento de medición de calidad ECAME
En Chile a partir del año 2011 se han venido implementado un sistema de supervisión entre
pares que tiene como finalidad establecer una modalidad de aprendizaje-acción apegado a los
lineamientos de la investigación experimental, esto consistió en el aprovechamiento de los
conocimientos adquiridos de la práctica y la experiencia, que tuvo por objeto mejorar los sistemas de servicios de mediación existentes y de igual forma contribuir a la calidad del proceso
(Gonzalez Ramirez, 2018)
Dentro de los antecedentes metodológicos del referido sistema se constituyó un estudio inicial denominado ¨Auditoria de Calidad de los Servicios de Mediación Familiar¨ realizado por
UCEN, que de acuerdo a Muños (2015) perseguía las siguientes disposiciones:
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Diseñar un sistema nacional de gestión de supervisiones clínicas para los mediadores.
Implementar la aplicación del ECAME de supervisión.
Sistematizar cualitativamente y cuantitativamente los resultados.
Generar un proceso de retroalimentación y perfeccionamiento del desempeño profesional,
estableciendo criterios de calidad compartidos.
Este sistema en la actualidad cuenta con un proceso que costa de cinco etapas. La primera
se enfoca en la supervisión y observación del proceso de mediación, en esta fase se utiliza la
metodología de la video grabación para obtener un mejor análisis, en segundo puesto se sitúa
la autoevaluación del mediador observado, para que posteriormente de inicio la tercera fase
del proceso que consiste en la retroalimentación que debe de ejercer el supervisor al mediador
evaluado. El cuarto paso se trata de la elaboración de un informe y la asignación del puntaje al
mediador de conformidad a una escala enfocada en los diferentes criterios de evaluación del
servicio y sobre todo de la calidad del mismo, y por último en la etapa número cinco se concentra la capacitación remedial de aquellos factores en donde se encontró un déficit que conlleva
a la elaboración de manuales de buenas prácticas para fortalecer los procesos de mediación
(Gonzalez Ramirez, 2018).
3.- MÉTODO
Diseño
Esta investigación posee un enfoque meramente cualitativo, en vista que no se trata de una mera
especulación, interpretación o reflexión del suscrito investigador, por lo contrario, se basa en
comprobar la existencia del fenómeno de estudio que da origen a la pregunta de investigación
y por ende la hipótesis propuesta.
Entre otras características el estudio parte de un diseño no experimental debido a que no
se manipula ninguna de las variables propuestas, es decir se trata de una investigación en la
cual no se aplica la variación de las variables. También posee un enfoque exploratorio, en vista
que la problemática planteada resulta ser un fenómeno del cual existe escasa literatura. Cabe
destacar que la investigación exploratoria analiza a las variables o factores que podrían estar
relacionados a la problemática y finaliza cuando ya se obtiene una idea clara y relevante de las
variables y cuando se justifica que ya hay suficiente información sobre el tema (Abreu, 2012)
Instrumento
Con el objetivo de recopilar la información que contiene el marco teórico, se llevó a cabo una
exhaustiva revisión de la bibliografía relacionada al sustento de las variables de investigación,
por medio del ejerció de la lectura comprensiva en donde se analizaron con un enfoque critico
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las treinta y una referencias bibliográficas.
Procedimiento
Primeramente, se realizó un análisis compresivo de las fuentes que están meramente relacionadas a la problemática de estudio, como resultado se dedujo que existía escasa información
sobre la aplicación de los modelos de evaluación de calidad en Centros que ofertan el servicio
de mediación en México. Por tal razón se realizó un análisis comparado del fenómeno de lo
cual se obtuvo información derivada de investigaciones académicas y posterior se realizaron
conclusiones y recomendaciones al estudio.
4.- CONCLUSIONES
En los apartados que anteceden se desarrolló de manera clara todo lo relacionado a la calidad en
general y a los tipos de modelos que la evalúan. También se llevó acabo un análisis de algunas
esferas en las que se han aplicado los diferentes sistemas de evaluación de la calidad. En base
a lo dicho podemos concluir lo siguiente:
La calidad es un concepto que trasciende más allá de una actividad en específico, puede ser
considerada como una aptitud, cultura o estilo de vida de un individuo que tiene como fin
alcanzar los máximos estándares de excelencia.
La calidad puede ser analizada desde el enfoque del producto, la calidad del servicio prestado o las fases de un proceso que conllevan a estándares de excelencia.
La mediación debe ser considerada un servicio en vista que cuenta con todos los elementos
esenciales del mismo.
Los modelos de calidad ISO 9000, 9001, EFQM y el PNC concuerdan en los siguientes
criterios:
Todos toman en cuenta la satisfacción del cliente.
Todos concuerdan que el proceso es un factor clave para la operatividad de las organizaciones.
Los tres modelos toman en cuenta la eficiencia, capacitación y evaluación del personal.
Los modelos de calidad ISO 9000, 9001, EFQM Y PNC no han sido implementados en evaluar la calidad del servicio de mediación.
Los modelos de evaluación como SERVQUAL y ECAME ya fueron implementados en evaluar los servicios de mediación con el propósito de mejorar la calidad del servicio ofertado.
Por tanto podemos concluir que en México existe la necesidad de implementar los modelos
de evaluación de calidad nacionales e internacionales, con el propósito de garantizar que el
servicio de mediación ofertado, este avalado por certificaciones de alto prestigio que generan
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confianza, de igual forma se recomienda que los centros de mediación públicos y privados,
implementen sistemas de calidad de manera interna con el objetivo de efectuar evaluaciones
periódicas que fomenten la mejora constante del servicio de mediación.
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La Alianza del Pacífico y la hegemonía de China y Estados Unidos1
The Pacific Alliance and the hegemony of China and the United States
Flavio Rafael González Ayala 2
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México
https://orcid.org/0000-0001-7317-2485
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-9
____________________________________________________________________________
RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo explorar la relación de los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico
(AP) con la República Popular China (China). La investigación de este artículo se hizo desde un enfoque y metodología cualitativa de tipo analítica. Se encontró que uno de los objetivos de la Alianza del Pacífico es convertirse en una
plataforma de articulación política, integración económica y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región
Asia-Pacífico. China es el principal mercado de Asia Pacífico y el segundo a nivel mundial. Sin embargo, la Alianza
tiene vínculos importantes con Estados Unidos, tanto por su modelo económico como por los tratados de libre comercio
(TLC) que cada miembro tiene con dicho país. Estados Unidos y China se encuentran en una guerra comercial, y ambos
compiten por el comercio regional e internacional. El déficit comercial de los miembros de la Alianza del Pacífico con
China, el cual también Estados Unidos comparte, se debe al dominio comercial del dragón asiático en el mundo. La forma en que la Alianza del Pacífico está enfrentando dicho déficit es cerrándose al mercado chino y estableciendo alianzas
con Estados Unidos. Dicha situación genera cuestionamientos como la forma en que afrontan los países de la Alianza
del Pacífico la llamada “guerra comercial entre Estados Unidos y China” y de qué manera enfrentan la dicotomía entre
la importancia del creciente mercado asiático lidereado por China frente a ser parte de la zona de influencia de Estados
Unidos. Este artículo explora las relaciones entre los países de la Alianza del Pacífico y China de lo que se puede concluir
que la nueva Ruta de la Seda es una alternativa para la diversificación de la Alianza del Pacífico.
Palabras clave: Alianza del Pacífico, China, Comercio Internacional, Estados Unidos, Guerra Comercial.
ABSTRACT
This article aims to show the relationship of the four member countries of the Pacific Alliance (AP) and the People’s
Republic of China. The third objective of the Pacific Alliance is to become a platform for political articulation, economic
and commercial integration, and projection to the world, with emphasis on the Asia-Pacific region (Alianza del Pacífico,
2015). China is the main market in Asia Pacific market and the second in the world, however, the Alliance has important
links with the United States, both for its economic model and for the free trade agreements that each member country
has with that country. The United States and China are in a trade war, and both compete for regional and international
trade. The trade deficit with China, which the United States also shares, is due to Chinese commercial dominance with
the world. The way the PA is facing this déficit is by closing the Chinese market and establishing alliances with the
United States. This situation generates questions such as the way in which the countries of the Pacific Alliance face the
so-called “trade war between the United States and China” and how they face the dichotomy between the importance of
the growing Asian market led by China versus being part of the influence zone of the United States. This article explores
the relations between the countries of the Pacific Alliance and China, form which it can be concluded that the new Silk
Road is an alternative for the diversification of the Pacific Alliance.
Keywords: Pacific Alliance, China, International Trade, United States, Trade War.
Recibido: 14 de Diciembre 2019 - Aceptado: 27 de Marzo 2020 - Corregido: 15 de Mayo 2020
Cómo referenciar este artículo:
González Ayala, F. R. (2020). La Alianza del Pacífico y la hegemonía de China y Estados Unidos. Politica Globalidad y
Ciudadanía, 170-187. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/153

1 Articulo resultado del proyecto de Investigación “ELEMENTOS DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LOS PAISES EMERGENTES
EN ASIA PACÍFICO” financiado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) iniciado el 22 de enero de 2018
2 Doctorando en Filosofía con especialidad en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia en la Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL). Profesor Investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Email: flavio.gonzalez@
eco.uaslp.mx
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1.- INTRODUCCIÓN
El objetivo de este artículo es indagar la relación y posibilidades de los cuatro miembros de
la AP con la República Popular China. El argumento central de este ensayo es que la AP no
tiene una estrategia estructurada como organismo para relacionarse con Asia Pacífico y menos
con China. Aunque uno de los objetivos de la Alianza es convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial y proyección al mundo con énfasis en
la región Asia-Pacífico. Las relaciones políticas, económicas y comerciales se han dado en un
contexto bilateral. Dicho contexto genera diferentes escenarios, uno con estrecha vinculación y
otro con relación lejana.
Este texto muestra la situación de dicha relación, se divide en cuatro partes. La primera
analiza el contexto global y los mega acuerdos en la región Asia Pacífico. La segunda explora
el antecedente histórico de la ruta de la seda y los vínculos con América Latina. La tercera examina la relación de la AP y de cada integrante con China. Finalmente se concluye observando
las diferentes opciones posibles en la relación con el dragón asiático.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
El contexto global
La Asociación Económica Integral Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership,
RCEP) es un proyecto chino, el cual pretende crear el TLC más grande del mundo. El acuerdo
está integrado por quince paises que son: Australia, Brunei Darussalam, Camboya, Corea del
Sur, China, Filipinas, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Myanmar, Nueva Zelanda, Singapur,
Tailandia y Vietnam (ASEAN, 2019). La RCEP abarcará 47% de la población mundial, 32.2%
del PIB mundial, 32.5% de la inversión global y el 29% del comercio del planeta (Vidal Liy,
2019).
La RCEP consolida la influencia de China en Asia, mostrando su éxito político y económico,
que de concretarse mostrará a dicho país como líder global y su capacidad negociadora en un
contexto multilateral del cual Estados Unidos con el gobierno de Trump se ha alejado, prefiriendo negociaciones bilaterales como en el caso del T-MEC cuyas negociaciones fueron en
principio entre los tres países y más tarde realizó negociaciones con México y para el cierre de
las mismas, pidió a Canadá que las aceptará. Frente a la guerra comercial y tecnológica entre
Estados Unidos y China, la RCEP busca fortalecer la economía china, en un periodo en que su
crecimiento se hace más lento.
Por otro lado, Estados Unidos optó por su salida del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), un ambicioso tratado de libre comercio cuyo objetivo era apuntalar la
influencia de Washington en la zona Asia Pacífico; mientras que mantenía negociaciones con
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México y Canadá por el otrora Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora llamado
T-MEC.
Es decir, RCEP y TPP tienen como zona objetivo a Asia Pacífico y en ello coinciden con la
AP, que busca “convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica
y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en Asia Pacífico”. Dicho principio pretende
generar vínculos a través del Pacífico y ser la base del desarrollo de acuerdos comerciales y
procesos de integración económica comerciales y procesos de integración económica en la región (Perez Restrepo, Uribe Jaramillo, García Guzmán, Roldán Pérez, Kuwayama, &amp; Scollay,
2018).
La AP está integrada por Colombia, Chile, México y Perú y se formó en 2011; esta alianza
pretende ser una plataforma crucial para el comercio internacional de sus miembros con el
mundo bajo los principios de liberalización comercial, viabilidad mercantil y cooperación económica. De modo que la AP es un acuerdo megaregional, que a pesar de estar integrada por
cuatro naciones, cuenta con la observación de 57 países , además de ser una alianza en potencial crecimiento ya que distintas naciones tienen la intención de integrarse, algunos de ellos son
Costa Rica, Ecuador y Panamá, y otros se encuentran en proceso de incorporación como son
Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur (Alianza del Pacifico, 2019).
En el siglo XXI, la región Asia-Pacífico es protagonista del nuevo centro de desarrollo del
comercio mundial. El comercio en esta región se fomenta por un regionalismo abierto que en
un principio contaba con acuerdos entre economías vecinas (intrarregionales) para más adelante
ampliarse y realizar lazos transpacíficos, uno de ellos el RCEP impulsado por China. El antecedente directo al RCEP es el Área de Libre Comercio de Asociación de Naciones del Sureste
de Asia (AFTA por sus silgas en inglés) cuya creación se hizo en 1992, pero fue vigente hasta
2002.
El TPP está integrado por Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia,
México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Su antecedente es el Pacífico Cuatro (P4)
que se formó en 2006 dentro del marco del Foro Económico Asia Pacífico (APEC), y es una
zona de libre comercio entre Brunéi Darussalam, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, el cual, se
transformó en 2008 en el TPP, al cual se incorpora Estados Unidos y se retira del acuerdo en
2016. Sin embargo, los demás siguen con la intención de continuar con el pacto.
La salida de Estados Unidos del TPP deja el camino abierto a China para liderear el comercio
en Asia Pacífico. El TPP se concebía como el pilar económico para apuntalar la influencia de
Washington en Asia-Pacífico. Con dicho abandono del acuerdo se dio vitalidad al RCEP, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, uno de los principales impulsores del acuerdo transpacífico
afirmó “No cabe duda de que daremos un giro hacia la RCEP si el TPP no avanza”. (Domínguez
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Ibarra, 2018).
La guerra comercial entre Estados Unidos y China genera un creciente proteccionismo, cabe
destacar el papel asumido por este último como promotor del libre comercio y las inversiones
internacionales como el RCEP. A diferencia del presidente de Estados Unidos que se enfrenta a
sus socios, que amenaza y cuyo único proyecto es el de “America First” (America Primero), el
presidente chino Xi Jinping desde el 2013 desarrollo el proyecto más ambicioso en su historia
el llamado “One Belt, One Road” (OBOR) también conocido como la nueva Ruta de la Seda,
prevé la construcción de importantes obras de infraestructura para enlazar Asia con el norte de
África y Europa.
El OBOR involucra la participación de 68 naciones y contempla dos grandes desarrollos de
infraestructura. El One Belt (un cinturón) se enfoca a la construcción de vías de comunicación
terrestre de China con Europa, cruzando Asia Central, y Rusia (aliado estratégico de China)1,
así como las diversas conexiones al Golfo Pérsico y la Península de Indochina. Por otro lado,
el One Road (una ruta) se refiere a la modernización o incluso creación de puertos marítimos
en los mares que conectan la misma ruta, que comprende el Mar del Sur de China, el Océano
Índico, el Mar Rojo y el Mediterráneo (Domínguez Ibarra, 2018).
La ruta del tren de carga Yiwu-Madrid ya está en marcha, comprende 13 mil kilómetros que
cruzan 8 países, conectará el Océano Pacífico con el Atlántico. El proyecto es respaldado por
40 mil millones de dólares provenientes del gobierno chino y del Banco Asiático de Inversión
en Infraestructuras (BAII o AIIB, por sus siglas en inglés). Este proyecto hace que China persuada a otros países sin hacer uso de la fuerza para lograr una relevancia geoestratégica. Con
el OBOR Beijing tendrá mayor control en la operación de la infraestructura y, por lo tanto, del
tráfico comercial regional (Mapa 1) (Domínguez Ibarra, 2018).
China es el país más poblado del planeta, la segunda economía del mundo, lo cual le permite
tener influencia mundial y dominio en las cadenas de suministro globales. Los proyectos del
OBOR, que financiará en parte el AIIB, garantizarán la superioridad económica de China. Los
propósitos la nueva ruta de la seda son obtener una ventaja china en mercados, financiamiento,
tecnología, capacidad de producción, influencia y liderazgo comercial, así como, bases de producción en el extranjero (Kroeber, 2016).
1 Las relaciones diplomáticas entre Rusia y China iniciaron en 1949, dichas relaciones fueron de confrontación y rivalidad. A partir del 2014
después que Rusia anexará Crimea y frente a las sanciones de Estados Unidos y la UE para con este país. Los vínculos sino rusos se intensificaron, ya que por otro lado la relación entre Beijing y Washington se deterioraba particularmente con la guerra comercial.
El comercio bilateral EN 2019 superó el billón de dólares, colaboración militar muy estrecha, ejemplo de esto las maniobras rusas “Tsentir”.
China participo en septiembre de 2018 en las maniobras militares anuales de Rusia.
Rusia llama a su relación diplomática con China “asociación estratégica” que es la más alta consideración que se le otorga a un país. Lo cual
va desde proyectos para la colaboración en el Ártico, ruta fundamental para el proyecto de la Nueva Ruta de la Seda, apoyo tecnológico principalmente en el desarrollo ruso de sus redes 5G.
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Ilustración 1. La nueva Ruta de la Seda.

Fuente: (Domínguez Ibarra, 2018), p. 24.
La ruta de la seda y América Latina
La antigua Ruta Marítima de la Seda, conocida como Ruta de las Especies, conectaba a los
puertos chinos con el Mediterráneo, pasando por el Sur y Sureste de Asia, Medio Oriente y
la costa este de África. Con el viaje de Magallanes-El Cano emerge una nueva ruta a las islas
de las especies. En principio son dos pequeñas islas, Térnate y Tidore, que se encuentran actualmente en el territorio indonesio de Molucas. En estas islas se obtenían el clavo y la canela.
Dicha ruta pasaba por América y da fin al monopolio portugués que lo recorría por África, India
y Sureste de Asia. El tratado de Tordesillas entre España y Portugal de 1494 delimitó sus áreas
de navegación quedando del lado español la ruta directa del Pacífico.
Los vínculos entre America Latina y la región Asia-Pacífico se remontan a 1565, con el viaje
de Legazpi- Urdaneta a las Filipinas. A partir de 1571 se instaura la ruta de Acapulco-Manila
con el Galeón de Manila o Nao de China, permitiendo el intercambio de mercancías que partía
cada año, involucrando a ambas naciones en una relación comercial de más de 200 años. El
último viaje se realizó en 1815, fecha en que se suspendió debido a que en México se libraba la
lucha de Independencia (González Ayala &amp; Almendaréz Santillán, 2016)
La trascendencia de la Nao de China fue importante para México, Centroamérica y las regiones del pacífico de Sudamérica, sobre todo Chile y Perú, no obstante, tuvo menor influencia
en los países de la costa Atlántica de América del Sur, excepto Brasil, ya que, estaba conectado
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con Macao por medio de barcos portugueses4.
Con las independencias de los países latinoamericanos en el siglo XIX disminuye de forma
drástica el vínculo con Asia, en la segunda mitad de dicho siglo el vínculo fue por la búsqueda
de mano de obra. En el siglo XX se establecen vínculos y relaciones con la independencia de
las naciones asiáticas.
Los anterior, muestra que América Latina no es una extensión natural de la Ruta Marítima
de la Seda y su posible inclusión parte del gobierno chino, cuando se planteó la posibilidad de
conectar a Oceanía. Xi Jinping en una reunión con el expresidente de Argentina, Mauricio Macri en Beijing manifestó su visión de América Latina como una “extensión natural” de la Nueva
Ruta de la Seda. Su canciller Wang Yi enfatizó “China no tiene la intención de establecer un
límite geográfico para la Franja y la Ruta, y está abierta a todos los países y todas las regiones
con ideas afines” (Oviedo, 2018).
Los alcances del OBOR son la construcción de una plataforma de cooperación, capaz de
defender y ampliar la libre circulación de bienes, servicios y capitales a nivel mundial. La
apertura china contempla Latinoamérica. El comercio entre América Latina y Asia ha crecido
en las últimas décadas. La Ruta de la Seda puede convertirse en una opción para ampliar los
intercambios comerciales entre ambas regiones. La AP es el mecanismo de cooperación adecuado con el proyecto chino. Además, Chile, México, Perú y China son integrantes del APEC
(Domínguez Ibarra, 2018).
Como se observa América Latina no es una región natural de la ruta de la seda. Sin embargo,
China no tiene límites geográficos al tema y está abierta a incluir a cualquier país que quiera
participar en los proyectos del OBOR. Además, se disputa con Estados Unidos los primeros
lugares como socio comercial de la región. No obstante, la creciente presencia China y sus
volúmenes de inversión extranjera debilitaron la capacidad unilateral de decisiones de Estados
Unidos, que los llevo al enfrentamiento comercial entre ellos y por ende a que algunos países
latinoamericanos estrechen más sus vínculos con el dragón asiático, incluidos algunos miembros de la AP.
La Alianza del Pacífico y China
La influencia China como superpotencia fue evidente en Latinoamérica en las décadas de 1990
y 2000. Las empresas chinas invirtieron en diversos sectores de la economía; en Chile participaron en la minería, en el Caribe en la agricultura, en Ecuador y Argentina en las infraestructuras
4 Las rutas permitidas por la corona española durante el periodo de la colonia fueron en el Océano Atlántico la ruta Sevilla - Buenos Aires, Sevilla - La Habana y La Habana - Veracruz y en el Océano Pacífico Acapulco – Manila. Brasil por pertenecer a la corona portuguesa participaba
de las rutas marítimas de Portugal, que contaba con la conexión Brasil – África y Lisboa – Macao con sus vínculos comerciales.
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de energía y de transporte, en México y Brasil en la industria. Economías como la venezolana
y la ecuatoriana del periodo del presidente Rafael Correa se sostuvieron de créditos chinos.
El gobierno chino contribuyó con alrededor de 60,000 millones de dólares entre 2005 y 2015
(Myers, 2016).
La posición política en América Latina respecto al éxito económico de China y a su presencia en la región han tenido diversas respuestas. En Brasil y Argentina, en la década de 2000, se
crearon diversas coaliciones de empresarios anti chinas frente a los grandes flujos de importaciones e inversiones chinas.
China ha hecho esfuerzos diplomáticos para vincularse con América Latina. En 2004, se
unió como país observador a la Organización de Estados Americanos (OEA) y en 2009 al
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2005 creó el Foro de Cooperación Económica
y Comercial China-Caribe y en 2015 el Foro China- Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC), el cual, tiene como modelo el Foro para la Cooperación entre China y
África (FOCAC por sus siglas en inglés) (Myers, 2016). También tiene relaciones formales con
el Grupo de Río desde 1990, y crea mecanismos de cooperación con la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) desde el año 2000 (Buzo de la Peña, 2013). Lo anterior para
promover la cooperación y los intereses de China en la región.
Las necesidades de abastecimiento de energéticos y materias primas provocaron que el gobierno chino buscará un mayor acercamiento con Latinoamérica. Los intereses chinos en los
foros latinoamericanos, ya mencionados, se rigen por esos motivos, sin importar que sea zona
de influencia de Estados Unidos. El pragmatismo chino hace que sus intereses sean el vínculo
y no la ideología e identidad con los gobiernos comunistas y la lucha revolucionará, razón por
la cual, mantiene relaciones tanto con gobiernos de izquierda y populistas, como con los autoritarios y conservadores de la región (Buzo de la Peña, 2013).
Los miembros de la AP tienen lazos políticos, económicos, comerciales y culturales con
China. Los cuatro son mercado para las exportaciones chinas, Chile y Perú pueden abastecer
de recursos naturales, mientras que México y Colombia son estratégicos para equilibrar la presencia estadounidense.
Como ya se ha comentado, el tercer objetivo de la AP es ser una plataforma mundial con
énfasis en Asia Pacífico, pero sigue sin estar clara dicha plataforma y si la AP ha reforzado
realmente los vínculos comerciales y de inversión con China. Los avances con otros países
asiáticos parecen tener más claridad en lo formal, ejemplo de ello es el plan de trabajo entre
la Asociación de Naciones del Sureste de Asia (ANSEA) y la AP. Sin embargo, en el tema comercial China es de los principales socios comerciales con cada uno de los integrantes de la
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Alianza, se tiene un gran déficit con el país asiático y en las cadenas de valor chinas los países
de la AP ocupan los lugares más bajos. La principal atracción para las empresas chinas en los
cuatro miembros de la AP sigue siendo las materias primas.
Los países de la Alianza están funcionando en diferentes niveles, Chile y Perú son productores de materias primas o de productos agropecuarios; mientras que; Colombia y México son
productores de manufacturas y el actual reto es vincular sus cadenas de producción para poder
enfrentar las dificultades que ambos tendrán con América del Norte. No existe integración productiva de las materias primas con manufacturas dentro de la Alianza (Ramirez Bonilla, 2018).
Chile y Perú tienen relaciones estrechas de ida y vuelta, exportaciones e importaciones diversificadas y hacen al Asia Pacífico un lugar de primer orden, sin que represente una dependencia total de esa región o de China. En cambio, para Colombia y México, el mercado de
América del Norte sigue siendo extremadamente importante y no se observa que estos países
puedan sustituir el mercado de exportación chino como el sustituto del de Estados Unidos (Ramirez Bonilla, 2018).
La relación de China con México y Colombia podría utilizarse en la medida en que sus cadenas productivas de manufactura se vinculen, ya que, son competidores, aunque con diferencia
salarial lo que puede explicar el creciente déficit comercial de estos países latinoamericanos
con China (Correa Serrano, Impacto del crecimiento económico de China en América Latina,
2013).
Relaciones México-China
México cuenta con 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países, en 2018 concluye exitosamente la renegociación del TLC con la Unión Europea (UE), fue el primero en ratificar el TPP 11,
también renegoció y fue el primero en ratificar el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC) (Secretaría de Economía, 2019). El país quiere diversificar los destinos de
sus exportaciones, ya que, su principal socio comercial es Estados Unidos, de cuya dependencia
en exportaciones es del 73%, y en importaciones del 51% encontrando una diferencia abismal
con el segundo lugar como proveedor, ocupado por Canadá con un 5.2% y como abastecedor
China con un 15% (The Observatory of Economic Complexity, 2019).
Las relaciones entre México y la República Popular de China iniciaron en 1972, cuando se
apoyó la causa de “una sola China” que en su momento permitió tener excelentes relaciones
con el país asiático. Aunque no siempre ha sido así. La estrecha relación que México tiene con
Estados Unidos es la que define el trato de México con China.
La política exterior de México con el gobierno de China es ambivalente, ya que, existe un
sentimiento anti chino en las cúpulas empresariales, debido al gran déficit comercial, que ha
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permeado en algunos grupos de la sociedad. México fue uno de los países que dificultó la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) debido a varias cuestiones de
comercio desleal. Con su entrada en 2001, México demandó a China con más de 500 demandas
antidumping5, principalmente en los temas del textil y del calzado. La mayoría de ellas no
procedieron.
Un acuerdo comercial entre México y China no se puede dar ya que ambos son competidores
en el mercado estadounidense. De acuerdo con un estudio elaborado por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), México emerge como uno de los
grandes ganadores de la guerra comercial entre EEUU y China, con 3500 millones de euros en
sus exportaciones a Estados Unidos en sectores alimentos, equipo de transporte y maquinaria,
solo por detrás de Taiwán con 3800 millones de dólares en maquinaria y equipo de comunicaciones (Fariza, 2019). La relación México con China está supeditada a la relación Washington
Beijing, el T-MEC en el apartado 10 del Capítulo 32, relativo a los países que no fomentan la
libertad de mercado, establece que en caso de que alguno de los tres socios tenga la intención
de realizar cualquier acuerdo comercial con un país que no sea promotor del libre comercio,
se dará por terminada la relación trilateral y salida del acuerdo (T-MEC, 2019). Este apartado
impide a México a realizar algún tipo de negociación con China, lo cual es un obstáculo para
que la AP creen la plataforma comercial con énfasis en Asia-Pacífico y es un instrumento de
contención para la injerencia China en América Latina.
No obstante, las inversiones chinas en México se dan en el sector textil, electrónica, autopartes entre otros. Ejemplo de la relación de inversiones y comercio chino en México es la
empresa china Offshore Oil Corporation E&amp;P, mediante licitación pública, se adjudicó dos
áreas marítimas en el Golfo de México para exploración y extracción de petróleo, en mayo de
2017. También la empresa automotriz BAIC abrió su primera planta de ensamble en el estado
de Veracruz, con una inversión estimada de 30 millones de dólares, así mismo, ya inició con el
establecimiento de distribuidoras en todo el país y ya empiezan a circular sus automóviles en
el país. Otra empresa automotriz china JAC estableció su planta de ensamble en el estado de
Hidalgo, con una inversión de 4 mil 400 millones de pesos, en colaboración con la mexicana
Giant Motors (Domínguez Ibarra, 2018). Las comunicaciones aéreas entre México y China, se
realiza por China Southern que opera la ruta Cantón-Ciudad de México con escala en Vancouver, Canadá. La otra opción era el vuelo Ciudad de México-Shangai con escala en Tijuana, sin
embargo, Aeroméxico anuncio la cancelación de dicho vuelo en julio de 2019.
Con relación a las inversiones chinas en México, las situaciones más complejas en los úl5 El término “Dumping” se usa en el comercio internacional y se refiere a vender por debajo del precio de producción.
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timos años fueron la cancelación del tren México-Querétaro, cuya licitación la ganaron tres
empresas chinas y cuatro mexicanas, la cual se pospuso indefinidamente debido a que una de
las empresas mexicanas mantuvo conflicto de interés en el gobierno de Enrique Peña Nieto
durante su gestión como gobernador del estado de México, ya que esa misma empresa fue la
encargada de realizar los trámites de bienes raíces de la propiedad adquirida por la esposa del
presidente conocida como la “Casa Blanca”. Como dato adicional en 2017 las empresas chinas
demandaron al gobierno mexicano por incumplimiento del contrato y en febrero de 2020 el Ejecutivo autorizó retomar el proyecto El otro proyecto de inversión china que causo controversia
fue el megaproyecto comercial en Cancún “Dragon Mart” y que fue cancelado por el impacto
socioeconómico y medio ambiental que generaría.
Aunque Canadá al igual que México es parte del T-MEC, ha explorado al igual que Perú el
financiamiento alterno o complementario de infraestructura del AIIB, para la realidad mexicana
sería prudente buscar esa alternativa (Domínguez Ibarra, 2018).
Las exportaciones mexicanas a China son diversas tanto en bienes manufacturados como
en materias primas, el problema es que existe un déficit comercial para México de -75,922,043
(Banco de México, 2020). Aunque la historia entre México y China es amplia y engloba muchos ámbitos, el sustento de la relación bilateral es lo comercial.
Relación Colombia-China
Colombia al igual que México tiene como principal socio comercial a Estados Unidos, pero su
dependencia en exportaciones no es tan grande, representa el 28% de sus exportaciones y 26%
de sus importaciones. Su segundo socio comercial en exportaciones es Panamá con un 6.6% y
en importaciones China con un 19% (The Observatory of Economic Complexity, 2019).
Colombia a diferencia de los otros socios de la AP, que reconocieron a la República Popular
China en la década de los setenta, lo hace hasta febrero de 1980. La relación se intensifica en
2008 con la intención mutua de promover entre los dos países el comercio, la inversión, la educación y el turismo. En 2009 se firma el Acuerdo de Protección a las Inversiones. El resultado
a 10 años de distancia es que China es el segundo socio comercial en importaciones, solo por
debajo de Estados Unidos. Sin embargo, el comercio es desigual con un déficit comercial, pues
el crecimiento de las exportaciones de minerales y de energéticos colombianos no compensa el
incremento de las importaciones manufactureras chinas (Correa Serrano &amp; Catalán Salgado, La
Alianza del Pacífico: Entre la Geopolítica de China y Estados Unidos., 2015).
La inversión china en Colombia entre 2002 y 2019 fue de 240 millones de dólares. El gobierno chino se comprometió durante la visita del presidente Duque a China en 2019 a apoyar con
1000 millones de dólares en proyectos energéticos y 400 millones para la construcción de una
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carretera en el departamento de Antioquia (Miranda, 2019).
La relación diplomática de Colombia con China está motivada por las expectativas de incrementar sus exportaciones y de que las inversiones chinas aporten al crecimiento económico,
principalmente en el sector agrícola, área en la que se han firmado diversos acuerdos enfocados
en la transferencia de tecnología y generación de infraestructura, con la finalidad de desarrollar
el sector y tener la capacidad de exportar a China (Correa Serrano, Impacto del crecimiento
económico de China en América Latina, 2013). En 2019, se hicieron acuerdos para la importación de aguacate y banano, convirtiéndose en el segundo proveedor de plátano a China, solo
por detrás de Ecuador.
Las exportaciones colombianas se concentran en las materias primas y han tenido dificultad
para diversificarse y desarrollar infraestructura industrial. Colombia es el segundo país en Sudamérica con reservas de carbón, solo después de Brasil y China es el importador neto de carbón,
lo cual, coloca a Colombia como uno de sus principales proveedores. La relación bilateral está
limitada a lo comercial.
Relación Chile-China
China es el principal socio comercial de Chile, las exportaciones chilenas a ese país representan
el 27%, y sus importaciones del 25%, situándose en segundo lugar Estados Unidos con exportaciones del 15% e importaciones del 18%. El comercio chileno es más equilibrado comparado
con el mexicano (The Observatory of Economic Complexity, 2019).
Chile fue el primer país en Sudamérica que estableció relaciones diplomáticas con China,
sucedió en el gobierno de Salvador Allende en 1970, previo a que China entrara como miembro
permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el régimen de Pinochet, la
relación dependió de los intereses políticos, China necesitaba el reconocimiento de su gobierno
y temía que Chile estrechara sus vínculos con Taiwán. Mientras que, Chile necesitaba apoyo
para sus reclamos de soberanía sobre los territorios disputados de la Antártida, lo que generó
un reconocimiento mutuo, que continua vigente en la diplomacia entre ambos países. Chile, ha
sido, el primer país latinoamericano en apoyar la entrada de China a la OMC (2001), el primero
en reconocer a China como economía de mercado en 2004, y el primero en firmar un TLC con
China en 2005. El segundo foro China-CELAC se realizó en Santiago en 2018. Lo anterior,
muestra la prioridad de la relación para ambos países (Errázuriz Guilisasti, 2006). Además,
Chile es considerado dentro del proyecto OBOR.
La razón por la que el principal socio comercial de Chile es China, tiene su sustento en el
Tratado de Libre Comercio que firmaron en 2005, y que ha sido la base del impulso comercial
desde entonces (Correa Serrano &amp; Catalán Salgado, La Alianza del Pacífico: Entre la GeopolíRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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tica de China y Estados Unidos., 2015). No obstante, el acuerdo comercial y que Chile es parte
del OBOR, hacen que las relaciones comerciales sean más intensas que las que tienen México
o Colombia con China. Las exportaciones chilenas siguen siendo las materias primas.
Relación Perú-China
Desde 2014 China es el principal socio comercial del Perú, las exportaciones peruanas a ese país
representan el 26%, y sus importaciones el 23%, situándose en segundo lugar Estados Unidos
con exportaciones del 15% e importaciones del 20%. El comercio peruano es más equilibrado
comparado con el mexicano (The Observatory of Economic Complexity, 2019). La razón por la
que el principal socio comercial de Perú es China, tiene su sustento en el TLC que firmaron en
2009 y que entró en vigor el 1 de marzo de 2010. El cual ha sido la base del impulso comercial.
Se establecieron relaciones diplomáticas en 1971, la relación se basa en principios de derecho internacional, de respeto de la soberanía, convivencia pacífica y no intervención en asuntos
internos y el reconocimiento de que la República Popular China es el único representante legal
del pueblo chino (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 2016). Los principios del derecho internacional rigen la diplomacia entre ambos gobiernos, incluso en el periodo del presidente Alberto Fujimori se ratificó el reconocimiento con el gobierno de Beijing. La relación
bilateral en el nuevo milenio se basa en la convergencia de intereses en aspectos económicos
y políticos. Uno de ellos es la búsqueda peruana de nuevos mercados para las exportaciones.
Los acuerdos de cooperación fueron sustento de lo comercial, en 1988 se firma el Acuerdo
Básico de Cooperación Científica y Tecnológica, también se cuenta con un Convenio de Intercambio y Cooperación Académica entre el CONCYTEC y la Academia de Ciencias de China
que data del año 2005 para el intercambio de expertos y programas de becas para estudios de
posgrado (Correa Serrano &amp; Catalán Salgado, La Alianza del Pacífico: Entre la Geopolítica de
China y Estados Unidos., 2015).
La ubicación geográfica del Perú, lo posicionan como un posible puente entre Asia nororiental y Sudamérica, ya que cuenta con conexión con el Océano Atlántico a través de corredores
bioceánicos. El tren bioceánico pretendía unir las costas de Perú y Brasil y pretendía ser un
proyecto con apoyo chino, el cual fue suspendido.
Al igual que las exportaciones colombianas y chilenas, las peruanas se concentran en las
materias primas y han tenido dificultad para diversificarse y desarrollar infraestructura industrial. Sin embargo, a diferencia de México y Colombia, Perú al igual que Chile se incorpora al
OBOR, lo cual le dará acceso a los recursos de infraestructura e inversión que China destina a
dicho proyecto.
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3.-MÉTODO
Diseño
El presente es un estudio de caso: el caso de la AP y la hegemonía de China y Estados Unidos,
en el cual el objeto de estudio es la AP. La investigación en la que se origina este artículo se
realizó desde un enfoque cualitativo, con una metodología cualitativa de tipo analítica como
la revisión documental. Las variables trabajadas son la Alianza del Pacífico en medio de la
confrontación hegemónica entre China y Estados Unidos, cuyo análisis se hace desde medios
documentales. Las variables nacen de la investigación de diversos artículos revisados en los
diversos temas implicados.
Las Estrategias alternativas de indagación en el enfoque de la presente investigación es cualitativo en el cual se realiza un estudio de gabinete para el estudio de casos. Las técnicas del método cualitativo son diversas, para este estudio es narrativa, de teoría fundamentada y estudios
de caso (Creswell, 2009). Además, deben ser abiertos, expansivos, que paulatinamente se van
enfocando en conceptos relevantes de acuerdo con la evolución del estudio, no direccionados
en su inicio, fundamentados en la revisión de la literatura, pero igualmente en la experiencia
en el contexto y la intuición, se aplican a un menor número de casos con que se pueda trabajar
hasta comprender el fenómeno o responder al planteamiento, el entendimiento del fenómeno
es en todas sus dimensiones, internas y externas, pasadas y presentes, se orientan a aprender
de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes (Hernández Sampieri, Fernández Collado, &amp;
Baptista Lucio, 2014).
De acuerdo con Sampieri, del muestreo cualitativo debe tener un objetivo central en el cual
se deben seleccionar ambientes y casos o unidades que nos ayuden a entender con mayor profundidad un fenómeno y aprender de éste, razón por la cual se eligió la Alianza del Pacífico y
su relación con China.
Participantes
Este análisis considera a los integrantes de la Alianza del Pacífico que son Chile, Colombia,
México y Perú y a China.
Instrumentos
Se revisaron fichas bibliográficas de artículos que abordaban el tema, así como, datos de los
ministerios de relaciones exteriores de los países ya mencionados.
Procedimiento
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Para entender el problema se realiza una recopilación de fuentes secundarias principalmente de
artículos y de información proveniente de los ministerios de relaciones exteriores de los países
involucrados en este artículo. Una vez compilada la información se construye el artículo. Finalmente se, realizaron las recomendaciones y conclusiones a la luz de los objetivos trazados.
Concluida esta fase, se procedió a la elaboración del informe final, así como del artículo producto del trabajo realizado (El Kadi, Pelekais, Robles y Leal, 2014, p. 79).
4.-CONCLUSIONES
La AP es una apuesta ambiciosa de integración en un contexto de mayor proteccionismo. La
forma en que resuelva su objetivo de crear esa plataforma comercial con Asia Pacífico y responda a los cambios que acontezcan en dicha región será trascendente para que logre su cometido.
El futuro de la AP está en manos de los gobiernos y de la inyección de inversión de las empresas de los cuatro países, ya que se requiere mayor inversión y economías de escala de sus
integrantes. La AP requiere de liderazgo y aunque México es el país más industrializado de los
4, todavía no asume dicho papel, quizás se espere a la entrada de algún integrante que lo asuma,
otras asociaciones han pasado por la misma problemática, ejemplo de ello fue la ANSEA, la
cual, no tenía definido ningún liderazgo y en la década de los noventa pedía el liderazgo japones
que no fue asumido, décadas después vemos que se crea la RCEP con sustento en el AFTA y
con el visible liderazgo chino. Las alianzas entre los integrantes de la AP serán la fuerza que
lleve al éxito de sus proyectos.
La AP debe fortalecer su comercio tanto dentro de la Alianza como fuera de ella, ya que,
emerge como un proyecto con interés en otros países, ejemplo de ello son los 57 observadores
con los que cuenta, lo que representa grandes oportunidades para sus integrantes. Desafortunadamente, la relación con Estados Unidos es muy fuerte, sobre todo con México, y se contempla
una Alianza dividida, cuenta con Chile y Perú que hace esfuerzos por realmente vincularse
con el mercado asiático y una estrecha y estructurada relación con China. Colombia hace sus
esfuerzos que cada vez son mayores y aún con la influencia estadounidense, la apertura comercial permite la inversión y comercio con China. La relación México China es la más compleja
de los cuatro integrantes de la Alianza, pues con la ratificación del T-MEC estará supeditado e
imposibilitado con dicho acuerdo para establecer algún tipo de acuerdo con China.
La relación AP-China dependerá de la comprensión y el conocimiento que se tengan mutuamente y de cómo aprendan a desarrollar estrategias de negociación de forma conjunta. Los
intereses geopolíticos están en juego en la Alianza. Se deben establecer cadenas de valor global
que más allá de los acuerdos existentes o posibles relaciones formales, se vinculen y se cree
un mercado intrarregional, ya que, de otro modo será una relación de explotación de materias
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primas de parte de China.
Los paises de la Alianza están en la encrucijada de seguir sus fuerte vínculos con Estados
Unidos o diversificar sus mercados y enfocar sus esfuerzos hacia el mercado asiático y en particular con China. La AP debe explorar oportunidades en su relación con China, sin perder la
perspectiva comercial, y abrir las puertas a la inversión china para fomentar su comercio.
La AP es un proyecto con visión a futuro, el cual dependerá de su astucia para aprovechar
las sinergias comerciales de Asia Pacífico y la continuidad del comercio con Estados Unidos.
Al observar lo realizado por la AP en su relación con China, se observa que México y Colombia
continuaran fuertemente su vínculo con su vecino del norte, mientras que Chile y Perú podrían
aprovechar sus ventajas con China. La cuestión será el aprovechamiento de los integrantes de
la AP de esta situación. El éxito depende de la interacción y conexión de las cadenas de valor
de los 4 países y de la creación de la plataforma comercial. De esta forma se aprovecharían las
ventajas geoestratégicas de la Alianza impactando en sus economías. Por otro lado, el apoyo
económico del AIIB a Chile y Perú mostrará su capacidad en el desarrollo y creación de infraestructura, que, en un momento dado, será considerado tanto por México como Colombia.
La AP debe construir lo que bien sabe hacer que es la formación de capital humano con
amplio vinculo cultural, las becas que otorga a estudiantes, docentes e investigadores es la gran
riqueza de la AP y el principal vínculo entre sus integrantes, ya que, de las relaciones personales emergen los lazos comerciales, económicos, políticos y culturales que se requieren para
fortalecer y construir la integración de la AP. Dicho esquema se debe crear con Asia, ya que,
se requiere capital humano conocedor de los mercados asiáticos que rompan los prejuicios y
permitan el flujo de mercancías. Lo cultural con Asia será la base de la plataforma comercial,
mientras no se creé y estrechen vínculos, la situación continuará “ceteris paribus”.
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Estado de excepción por coronavirus en Colombia: Entre la colaboración armónica y la
descentralización1
State of emergency over coronavirus in Colombia: Between harmonious collaboration and
decentralization
Juan Sebastián, Sánchez-Gómez2
Universidad de los Andes, Colombia
https://orcid.org/0000-0003-5199-7486
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-10
___________________________________________________________________________
RESUMEN
La Organización Mundial de la Salud declaró el Coronavirus como Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional, afirmando además que traspasa las fronteras geográficas a través de la transmisión de persona a
persona entre viajeros infectados. Esta contingencia fue afrontada por el presidente Iván Duque, a través de 12
decretos presidenciales que expidió días después del primer caso de Coronavirus en Colombia. Sin embargo, la
declaración de estado de emergencia y los mandatos presidenciales sobre orden público, entraron en conflicto con
decretos departamentales y municipales expedidos previamente. Para dirimir este conflicto, el presente artículo
es producto de una investigación cualitativa que hace una interpretación sistémica los 12 decretos presidenciales,
con el fin de verificar el cumplimiento del principio de legalidad de las atribuciones presidenciales y el marco
jurídico de los estados de excepción. Para tal fin, se aplicó el método de hermenéutica jurídica, con la técnica de
análisis documental. Esta investigación evidenció que los decretos presidenciales promovieron la colaboración
armónica entre todos los niveles de gobierno (municipal, departamental y nacional), y concluyó que esta facultad
presidencial ha sido esencial para enfrentar la contingencia del Coronavirus, ante la ausencia de acciones del poder
legislativo y judicial.
Palabras Clave: Colombia, descentralización, estados de excepción, interpretación constitucional.
ABSTRACT
The World Health Organization declared Coronavirus a Public Health Emergency of International Importance, further claiming that it transcends geographical boundaries through person-to-person transmission between infected
travelers. President Iván Duque faced this contingency, through 12 presidential decrees that he issued days after of
the first case of Coronavirus in Colombia. However, the declaration of a state of emergency and the presidential
mandates on public order, came into conflict with previously issued departmental and municipal decrees. To settle
this conflict, this article is the product of a qualitative investigation that makes a systemic interpretation of the 12
presidential decrees, in order to verify the compliance with the principle of legality of presidential powers and the
legal framework of states of emergency. For this purpose, the method of legal hermeneutics was applied with the
documentary analysis technique. This investigation evidenced that the presidential decrees promoted the harmonious collaboration between all levels of government (municipal, departmental and national), and concluded that
this presidential power has been essential to face the Coronavirus contingency, in the absence of actions by the
legislative and judicial.
Keywords: Colombia, constitutional interpretation, decentralization, states of emergency.
Recibido: 22 de Septiembre 2019 - Aceptado: 18 de Febrero 2020 - Corregido: 01 de Abril 2020
Cómo referenciar este artículo:
Sánchez-Gómez , J. S. (2020). Estado de excepción por coronavirus en Colombia: Entre la colaboración armónica
y la descentralización. Politica Globalidad y Ciudadanía, 188-206. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.
mx/index.php/RPGyC/article/view/154

1 Artículo derivado del proyecto de investigación: Interpretación constitucional del Estado de emergencia por Coronavirus en Colombia.
2 Magister en Educación por la Universidad de los Andes. Maestrante en Políticas Públicas en la Universidad de los Andes, Email: js.sanchez14@uniandes.edu.co
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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�Estado de excepción por coronavirus en Colombia...

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1.- INTRODUCCIÓN
Los decretos expedidos por el presidente de la República de Colombia, se encuentran dentro de
sus facultades consagradas en el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Nacional, en el
artículo 199 de la Ley 1801 de 2016 y el Decreto 418 de 2020. Estas funciones y atribuciones
presidenciales fueron usadas por el presidente Iván Duque Márquez, para enfrentar la contingencia del Coronavirus COVID-19, a través de la expedición de los Decretos 402 de 2020, 410
de 2020, 411 de 2020, 412 de 2020, 417 de 2020, 418 de 2020, 420 de 2020, 434 de 2020, 438
de 2020, 439 de 2020, 440 de 2020 y 441 de 2020.
En este Estado de emergencia, los políticos no descansan y buscan prevalecer en sus territorios. Conforme Presidencia expedía decretos, los mandatarios municipales (alcaldes) y departamentales (gobernadores) también hacían sus propios decretos con el fin de enfrentar el
Coronavirus. Sin embargo, algunos de estos mandatarios salían públicamente a desconocer los
mandatos del Gobierno nacional, como si prevaleciera el protagonismo político sobre la emergencia sanitaria que el mundo estaba asimilando. Por tal motivo, el presente artículo propone
una interpretación sistémica de los decretos presidenciales relacionados con la contingencia del
Coronavirus para promover la colaboración armónica en todos los niveles de gobierno.
Desarrollo del trabajo
Para tal fin, se comienza mencionando la estructura político administrativa desde 1810, el estado de sitio en la Constitución de 1886 y en la de 1991, así como la estructura actual del Estado
colombiano. Seguidamente se desarrollan el principio de colaboración armónica entre los diferentes órganos y ramas del Estado, con el fin de introducir las funciones presidenciales. Así
mismo, se describe la metodología de interpretación sistémica que será usada para presentar los
resultados de interpretación de los decretos presidenciales relacionados con la contingencia del
Coronavirus. Seguidamente se discuten los conflictos suscitados por los Decretos 417 y 420 de
2020 y cómo se dirimen estos conflictos desde un análisis jurisprudencial de las altas Cortes y
la legislación nacional, para concluir en los efectos positivos de los decretos presidenciales para
promover la colaboración armónica en el Estado colombiano.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Estructura político administrativa de Colombia desde 1810
Desde la independencia de Colombia el 20 de julio de 1810, los libertadores se enfrentaron por
adoptar un modelo político administrativo del Estado. Estos conflictos produjeron inestabilidad
política por las guerras civiles entre centralistas y federalistas y desestabilidad estatal entre
1810 y 1886 por las nueve constituciones nacionales en ese periodo. Ante la inestabilidad, nace
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la Constitución de 1886 que establecería un Estado unitario y centralizado, que fortaleció la
unidad nacional, pero incrementó las desigualdades en las regiones (Ordoñez, 2012)
Las desigualdades de este centralismo estatal producido por la Constitución de 1886, hizo
necesaria una reforma en 1986. Reforma que incluyó la elección popular de alcaldes, como una
medida que fortaleció la participación y la democracia local, pero que no fue suficiente para
promover la descentralización y mejorar la autonomía regional. Por lo cual, esta enmienda de
1986 solo fue un mecanismo de participación política local.
Estado de sitio en la Constitución de 1886
El Estado de sitio estaba consagrado en el artículo 121 de la Constitución de 1886, cuyo uso
indiscriminado termino restándole eficacia. Este mecanismo excepcional se caracterizaba por
i) aplicarse por igual en la conmoción interna (con una sociedad dividida y enfrentada) y en la
guerra exterior (con una unidad nacional ante una amenaza extranjera), ii) concederle facultades excepcionales inmediatas al Presidente, iii) permitir la expedición y suspensión de leyes
con la única restricción de que sean conexas, y iv) limitar el control constitucional de la Corte
Suprema de Justicia al ordenamiento jurídico para decisiones políticas con diferentes interpretaciones. Así mismo, esta figura de Estado de sitio se ha utilizado para legislar i) medidas sobre
la creación y suspensión de cargos en la administración pública, ii) medidas sobre la administración de justicia y la Procuraduría General de la Nación, iii) medidas sobre el funcionamiento
del Congreso, las Asambleas Departamentales y los Consejos Municipales, iv) medidas procesales, creación y modificación de delitos en derecho penal, v) medidas modificatorias del derecho civil, vi) medidas sobre derecho laboral, y vii) medidas fiscales modificatorias del régimen
impositivo (Cifuentes, 2002).
Estado de sitio en la Constitución de 1991
Posteriormente, llega la Constitución de 1991, cuyo primer artículo contempla que Colombia es
un Estado social de derecho, que se organiza en forma de República unitaria y descentralizada
que permite la autonomía de sus entidades territoriales. La Constitución de 1991 se caracterizó
por i) establecer las competencias para los gobiernos nacional, departamentales y municipales;
ii) asignar financiación para todos los niveles de gobierno mediante un sistema de participación
de las entidades territoriales en el presupuesto nacional. Este sistema de participación fue reformado en 2001 y 2007, y terminó consolidándose actualmente como el Sistema General de Participación. Este sistema se presume como el músculo financiero de la descentralización, pero
en los últimos años se ha venido modificando por los motivos macroeconómicos contemplados
en los artículos constitucionales 356 y 357 (Constitución de Colombia, 1991). Artículos consRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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titucionales que consagran la sostenibilidad fiscal del Estado, pero que han servido de sustento
para promover la centralización (Ordoñez, 2012).
En este periodo posterior a la Constitución de 1991 y antes de la contingencia por el Coronavirus, se usó tres veces el Estado de emergencia y cinco veces el Estado de conmoción interior.
El primero de ellos fue el estado de emergencia consagrado en el Decreto 333 del 24 de febrero de 1992. Este fue impulsado por el Gobierno, producto de la perturbación del ambiente
laboral en el sector oficial, generada a su vez por la ausencia del aumento oportuno de salarios,
necesaria para afrontar la pérdida del 44% en la capacidad adquisitiva del salario. Este aumento
no fue posible decretarlo de manera expedita, puesto que la nueva Constitución exigía que se
expidiera una ley para salarios públicos que requería de un demorado trámite legislativo. En
palabras de la Corte Constitucional en la sentencia C-004 de 1992, la ausencia de dicha ley de
política salarial amenazaba el orden social, por lo cual se creaba una necesidad extraordinaria
que no podía ser resulta en un tiempo razonable por la legislación ordinaria.
El 23 de abril de 1992 se declara el estado de emergencia a través del decreto 680 de 1992,
producto de la sequía hidrográfica generada por el fenómeno del niño, que afectó el nivel de los
embalses y por consiguiente el suministro de energía y obligó al racionamiento. Este estado de
emergencia declarado constitucional por la Corte Constitucional en la sentencia C-447 de 1992,
es para la Corte un hecho sobreviniente, por “la escasez y el consiguiente racionamiento de un
bien público esencial, de carácter no transable”.
El 10 de julio de 1992 se decretó el estado de conmoción interior mediante el Decreto 1155
de 1992, con el fin de impedir la libertad de aquellos sindicados de delitos graves, al ser resueltos los recursos de Habeas Corpus. La Corte Constitucional en la sentencia C-556 de 1992, la
declaró constitucional por demostrarse la alteración del orden público que resulta desestabilizadora.
Posteriormente el 8 de noviembre de 1992, se decretó el estado de conmoción interior mediante el Decreto 1793 de 1992, por el aumento significativo del radio de acción nacional de
las organizaciones guerrilleras, mediante un incremento en sus miembros y en sus fuentes de
financiación. La Corte Constitucional avaló su constitucionalidad mediante la sentencia C-031
de 1993, aduciendo que constituye una grave perturbación del orden público por atentar contra
la estabilidad institucional, la seguridad estatal y la convivencia ciudadana.
El 1 de mayo de 1994 se decretó el estado de conmoción interior a través del Decreto 874 de
1994, por el inminente regreso a la libertad de 724 personas sindicadas de la comisión de delitos
graves. Sin precedente alguno, la Corte Constitucional declaró inconstitucional este estado de
conmoción interior, ya que no se allegó una prueba sobre la real y efectiva capacidad de alteración del orden público por parte de los sindicados al quedar en libertad.
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El 16 de agosto de 1995 fue declarado un estado de conmoción interior mediante el Decreto
1370 de 1995, el cual alegaba la congestión judicial, el deterioro del régimen carcelario y el
aumento significativo de las acciones de la delincuencia común, la delincuencia organizada
y la subversión. Al respecto, la Corte Constitucional la declaró inconstitucional mediante la
sentencia C-466 de 1995, ya que dicha declaratoria no tenía lugar porque debía previamente
solucionarse mediante el eficiente y oportuno ejercicio de las facultades ordinarias.
Seguidamente, el 2 de noviembre de 1995 fue decretado un estado de conmoción interior
mediante el Decreto 1900 de 1995, por los hechos de violencia de organizaciones criminales
entre agosto y noviembre. La Corte Constitucional lo declaró constitucional mediante sentencia
C-027 de 1996, al ser propicio para prevenir y evitar la concurrencia de nuevos hechos de violencia, que no podrán ser conjurados mediante las facultades ordinarias de la policía.
Finalmente, el 13 de enero de 1997 se declaró el estado de emergencia económica y social
mediante el Decreto 080 de 1997, por la situación fiscal, cambiaria y de empleo, que perturbaban el orden económico y social y afectaban la macroeconomía nacional. Al respecto, la Corte
Constitucional mediante la sentencia C-122 de 1997, declaró la inexequibilidad del decreto,
porque a su juicio el uso sistemático de los estados de excepción los desvaloriza y les resta
eficacia, y por lo cual la situación alegada por el Gobierno podía ser solucionada mediante las
competencias ordinarias de implementar políticas de gestión económica.
Estructura actual del Estado colombiano
Figura 1. Estructura del Estado colombiano.

Fuente: Elaboración propia, (2020).
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El artículo constitucional 113 define la estructura del Estado colombiano, compuesto por las
tres ramas del poder público, los órganos autónomos e independientes, los organismos de control, la organización electoral y el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición (ver
Figura 1).
En primer lugar, las tres ramas del poder público son i) la rama legislativa, ii) la rama ejecutiva y iii) la rama judicial. La rama legislativa, representada en el Congreso bicameral (Cámara
de Representantes y Senado), se encarga de hacer las leyes y ejercer el control político sobre
el gobierno. La rama ejecutiva, compuesta por la Presidencia, así como los ministerios, las
gobernaciones y las alcaldías, que garantizan los derechos y las libertades. La rama judicial la
compone las Altas Cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado
y Consejo Superior de la Judicatura) y la Fiscalía General de la Nación.
En segundo lugar, los órganos autónomos e independientes son el Banco de la República, la
Comisión Nacional del Servicio Civil, las Corporaciones Autónomas Regionales y la Autoridad
Nacional de Televisión.
En tercer lugar, los organismos de control son el Ministerio Público (la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General) y la Contraloría General de la República. Las funciones de los
organismos de control se encuentran en título 10 de la Constitución, específicamente el capítulo
1 contempla la contraloría general y el capítulo 2 el ministerio público.
En cuarto lugar, la organización electoral está compuesta por el Consejo Nacional Electoral
y la Registraduría Nacional. Sus funciones están consagradas en el título 9 de la Constitución,
en especial en el capítulo 2 que contempla las autoridades electorales.
Por último, el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición contiene la Comisión
para el esclarecimiento de la verdad, convivencia y no repetición; la Unidad de búsqueda de
personas desaparecidas y la Jurisdicción Especial de Paz.
La colaboración armónica entre las ramas del poder público colombiano
Aunque las ramas del poder público y los órganos del Estado tengan funciones separadas, si
estas entidades actuaran de forma aislada y desarticulada de las demás, sus resultados se traducirían en funciones públicas ineficientes, en el que cada engranaje funcionaría de manera
particular en lugar de resultar en un funcionamiento sistémico. Por lo cual, el principio de colaboración armónica como principio constitucional, se aplica en función del cumplimiento de
los fines del Estado, en el sentido de prevenir que no sea perturbada la función pública cuando
existen discrepancias entre las ramas del poder público y los distintos órganos del Estado.
La colaboración armónica implica una separación de poderes, en palabras de la Corte Constitucional en la sentencia C-574 de 2011: “[…] la Constitución de 1991 adopta un sistema flexiRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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ble de distribución de las distintas funciones del poder público, que se conjuga con un principio
de colaboración armónica de los diferentes órganos del Estado y distintos mecanismos de freno
y contrapeso entre los poderes”.
Sin embargo, esta separación no puede ser absoluta, puesto que haría lento el funcionamiento del Estado, cuando lo que se pretende es tener una interacción mutua entre los diferentes poderes públicos (Barreto, 2016, p. 92). El profesor Barreto también menciona que en la práctica
existen tensiones entre las diferentes entidades que figuran en el artículo constitucional 113, una
mirada crítica a la aplicación de este principio se preguntaría si existen mecanismos suficientes
no sólo de diálogo sino también de resolución de conflictos entre las diferentes entidades para
tratar estas tensiones
Funciones del presidente de la República de Colombia
La colaboración armónica en la práctica se cumple, principalmente cuando el presidente (como
cabeza de la rama ejecutiva) asume su atribución presidencial de dirigir el orden público y sobreponerse a medidas de orden departamental y local. En este sentido, el presidente de la República de Colombia es el Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno y la Suprema Autoridad Administrativa, por tal motivo según el numeral 4 del artículo constitucional 189 tiene como función “[…]
conservar en todo el territorio el orden público y reestablecerlo donde fuera turbado”. Esta
facultad constitucional se complementa con las atribuciones presidenciales contempladas en el
artículo 199 del Código Nacional de Policía consagrado en la Ley 1801 de 2016 (ver Figura 2).
Figura 2. Funciones del presidente de la República.

Fuente: Elaboración propia, (2020).
Los numerales del artículo 199 de la Ley 1801 de 2016 aplican para todo el territorio naRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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cional al establecer que el presidente está facultado para i) dirigir la fuerza pública, ii) ejercer
la función de policía para garantizar derechos y derechos, iii) tomar medidas necesarias para
garantizar la convivencia, y iv) ordenar medidas a alcaldes y gobernadores que preserven y
reestablezcan la convivencia.
3.- MÉTODO
Diseño
El diseño metodológico está compuesto por el paradigma y el método de investigación. Para
comenzar, se entiende como paradigma la forma en que funciona la ciencia en un estado de
normalidad (Kuhn, 1982). Esta investigación usa el paradigma hermenéutico, que permite relacionar la comprensión de un fenómeno y su posterior interpretación (Packer, 2013), es decir
la relación entre la comprensión del Estado de emergencia por Coronavirus y su interpretación
hermenéutica.
Dentro del paradigma hermenéutico, existe la hermenéutica jurídica, a partir de la cual es
posible interpretar los decretos presidenciales como objetos de investigación desde: i) la interpretación literaria, ii) la interpretación historicista, o iii) la interpretación sistemática.
La interpretación literaria puede ser descrita desde los escritores Jorge Borges (1949) y José
Saramago (1999). En el primer cuento de La busca de Averroes de Borges, el personaje principal Averroes “encerrado en el Islám nunca pudo saber el significado de las voces tragedia y
comedia” (p. 588). Por lo cual, haciendo analogía en el derecho, la interpretación de las leyes
depende del contexto, en la medida en que no existen conceptos absolutos sino diferentes traducciones que dan significado a los conceptos jurídicos. En el segundo cuento de Las palabras
de Saramago, se mencionan los límites de la palabra escrita, en especial cuando una autoridad
guarda silencio administrativo, entendiendo que el silencio “escucha, observa y analiza” (p. 52).
Estos dos textos describen cómo la interpretación literaria se usa en el derecho, como un
ejercicio que depende del contexto y la traducción que cada juez le da a la ley, por lo que una
misma ley puede dar lugar a diferentes interpretaciones manifestadas a través de pronunciamientos de las ramas y órganos del Estado. Así mismo, la interpretación literaria es un “modelo
para el análisis del método jurídico”, en la medida en que el derecho como una práctica social
requiere de una interpretación constructiva que permite mantener una tradición social, una interpretación valorativa que muestra la práctica legal en su mejor justificación y una interpretación pragmática cuyos argumentos deben competir con concepciones de otros autores (Arango,
2016).
La interpretación historicista permite construir la Constitución mediante el uso de estudios
históricos sobre su significado original. En este caso, la Constitución colombiana es muy reRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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ciente, y las actas de la Asamblea Nacional Constituyente son muy desorganizadas y permeadas
por intereses políticos partidistas, por lo que resultaría complejo darles sentido a los decretos
presidenciales desde la interpretación historicista (López, 2006).
La interpretación sistémica permite “la identificación de normas, valores o principios constitucionales más universales y consensuados que permitieron la consolidación de criterios más
amplios para la protección de derechos fundamentales” (López, 2006). Por tal motivo, dado que
en el caso colombiano prevalecen las interpretaciones sistémicas, se propone como técnica de
hermenéutica jurídica para interpretar los decretos presidenciales en esta investigación.
Instrumentos
Escogida la interpretación sistémica, esta será implementada mediante el instrumento de análisis documental, ya que los decretos presidenciales como objetos de estudio son documentos.
Según Vickery (1970), el análisis documental responde a tres necesidades informativas de los
decretos presidenciales: i) sirve para conocer los fundamentos jurídicos que cada decreto usa
para cumplir con el principio de legalidad, ii) conocer los mandatos presidenciales relacionados
con el orden público, y iii) conocer toda la información importante relacionada a las acciones
estatales para enfrentar la contingencia del Coronavirus. Al respecto, el análisis documental
presenta como categorías de análisis: i) las facultades excepcionales concedidas al presidente y
ii) el aporte al principio de colaboración armónica.
Procedimiento
El procedimiento llevado a cabo consistió en un análisis formal y un análisis de contenidos,
como lo propone Castillo (2004). En el análisis formal se realiza una descripción física título
del decreto, el autor(es) y la fecha de la publicación. Seguidamente en el análisis de contenidos
se resume y se clasifica. En el resumen se representa abreviadamente el contenido del documento y por último la clasificación permite agrupar por clases el contenido del documento. Este
procedimiento se realizó para cada uno de los 12 decretos presidenciales relacionados a la contingencia del Coronavirus, que fueron expedidos por el presidente Iván Duque desde el 13 de
marzo hasta el 20 de marzo de 2020, fecha en la que se escribió este artículo. Los documentos
de los decretos fueron extraídos de la página web de la Presidencia de la República de Colombia, cuyo acceso es público y la vigencia rige desde su publicación.
4.- RESULTADOS
Respecto a la interpretación literaria es importante tenerla en cuenta para dejar en términos
claros y fácil de leer los decretos presidenciales. Sin embargo, para efectos del presente artículo
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se requiere de mayor rigor jurídico para interpretarlos, por lo cual se debe escoger entre la interpretación historicista y la sistémica. Estas dos últimas interpretaciones se han enfrentado históricamente, en una especie de batalla ideológica que enfrenta a conservadores y progresistas. Sin
embargo, es importante analizar estos decretos presidenciales desde una perspectiva sistémica,
con el fin de establecer criterios más amplios que permitan la protección efectiva de derechos
fundamentales y no solo el análisis originario de la Constitución. Por tal motivo, se usará la
interpretación sistémica, con el fin de hacer una reconstrucción plausible de los fines legítimos
que el Presidente Duque ha ajustado al contexto actual de contingencia del Coronavirus.
Decretos presidenciales contra el Coronavirus
Una manifestación de las facultades del presidente son los decretos presidenciales, los cuales
fueron expedidos por el presidente Iván Duque Márquez desde el 13 marzo de 2020, para
enfrentar la contingencia. Estos decretos estuvieron a tiempo, puesto que el primer caso de
Coronavirus fue el 6 de marzo, la declaración de pandemia por la OMS fue el 11 de marzo y la
declaración de emergencia sanitaria por el Ministerio de Salud fue el 12 de marzo. Dentro de
estos decretos presidenciales, se encuentran el Decreto 402 de 2020, el Decreto 410 de 2020, el
Decreto 411 de 2020, el Decreto 412 de 2020, el Decreto 417 de 2020, el Decreto 418 de 2020,
el Decreto 420 de 2020, el Decreto 434 de 2020, el Decreto 438 de 2020, el Decreto 439 de
2020, el Decreto 440 de 2020 y el Decreto 441 de 2020.
El primero de ellos es el Decreto 402 de 2020, publicado por el Ministerio del Interior el
13 de marzo de 2020. Este decreto surge ante la decisión del gobierno venezolano de dejar de
emitir boletines epidemiológicos desde el año 2018, lo cual incumple el deber de reportar inmediatamente los riesgos de salud pública que constituyan amenaza para la salud internacional,
como lo consagra el Reglamento Sanitario Internacional de los Estados Miembros de la OMS.
Por lo cual, este decreto ordenó cerrar la frontera y fluvial con el país vecino de Venezuela desde
el 14 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020 (Presidencia de la República de Colombia, 2020a).
Este decreto busca colaborar con los esfuerzos de los municipios colombianos fronterizos de
controlar el acceso al territorio nacional y evitar perturbaciones al orden público en los pasos
fronterizos.
El Decreto 410 de 2020, publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 16
de marzo de 2020, modifica “el arancel de aduanas para la importación de productos necesarios
para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus”. Este arancel de aduanas
fue adoptado por el Decreto 2153 de 2016 y rige desde el 1 de enero de 2017, por lo que se
hace necesario reducirlo al 0% para la importación de equipos médicos de dotación de unidades
de cuidados intensivos o intermedios neonatal, pediátrica o de adultos y salas de atención de
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enfermedad respiratoria aguda. Esta reducción cuenta con el aval del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en su sesión 325 y el Consejo Superior de Política
Fiscal en sesión del 13 de marzo de 2020. Adicionalmente, es una reducción imperativa que
aplica desde la publicación de este decreto y rige durante los próximos seis meses (Presidencia
de la República de Colombia, 2020b). Este decreto busca facilitar la labor de las secretarías de
salud departamentales y municipales en la adquisición de equipamiento médico para prevenir y
mitigar la pandemia en sus territorios.
El Decreto 411 de 2020, publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 16
de marzo de 2020, dicta medidas transitorias relacionadas con el régimen de zonas francas. En
este sentido, se requiere articular la normatividad de las zonas francas con las recomendaciones
de prevención y mitigación del riesgo de contagio del Coronavirus. Por lo cual, se ordena permitir que empleados y personal calificado pueda realizar sus labores fuera del área declarada
como zona franca, así como incrementar la duración de las zonas francas transitorias, durante
la vigencia de este decreto, por una vez y hasta por 12 meses (Presidencia de la República de
Colombia, 2020c). Este decreto promueve la labor industrial en zonas francas transitorias, para
facilitar las relaciones comerciales en áreas diferentes a las zonas francas.
El Decreto 412 de 2020, publicado por el Ministerio del Interior el 16 de marzo de 2020,
dicta medidas para la conservación del orden público y la salud pública. Dentro de esas medidas, este decreto ordena el cierre de los pasos marítimos, terrestres y fluviales de frontera con
todos los Estados limítrofes, desde el 17 de marzo hasta el 30 de mayo. Esta medida exceptúa
el tránsito por caso fortuito o fuerza mayor y el transporte de carga (Presidencia de la República
de Colombia, 2020d). Este decreto busca controlar el tránsito marítimo y facilitar la labor de las
autoridades portuarias a nivel departamental y municipal.
El Decreto 417 de 2020, publicado por la Presidencia el 17 de marzo de 2020, declara el
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio colombiano. Esta
declaración autoriza al presidente ejercer las facultades del artículo constitucional 215, dentro
de las cuales está dictar decretos con fuerza de ley para mitigar y prevenir el riesgo de contagio
del Coronavirus, durante 30 días calendario contados a partir de la vigencia de este decreto
(Presidencia de la República de Colombia, 2020e). Este decreto faculta al Gobierno nacional a
la distribución de recursos a los entes territoriales para que los destinen con eficiencia.
El decreto 418 de 2020, publicado por el Ministerio del Interior el 18 de marzo de 2020,
dicta medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público. En este sentido,
se decreta: i) que la dirección del manejo del orden público estará en cabeza del presidente, ii)
todos los mandatos presidenciales tienen aplicación inmediata y preferente sobre los mandatos de gobernadores y alcaldes, iii) las midas departamentales y locales deben ser comunicaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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das inmediatamente al Ministerio del interior, y iv) los gobernadores y alcaldes que omitan el
cumplimiento de este decreto serán sancionados (Presidencia de la República de Colombia,
2020f). Este decreto procura por la organización de todos los mandatos de orden departamental
y municipal, con el fin de coordinar y orientar todas estas normativas de manera organizada y
coherente con las necesidades de cada territorio.
El Decreto 420 de 2020, publicado por el Ministerio del Interior el 18 de marzo de 2020,
imparte instrucciones para expedir normas en materia de orden público en concordancia con
el Decreto 418 de 2020. En este sentido, se decreta desde el 19 de marzo hasta el 30 de mayo:
i) la prohibición del consumo de bebidas embriagantes, reuniones y aglomeraciones de más
de cincuenta personas; ii) el toque queda de niños, niñas y adolescentes; iii) que las medidas departamentales y locales no pueden a) impedir el transporte intermunicipal, de carga y
modalidad especial, b) establecer restricciones de tránsito sobre vías nacionales, c) suspender
establecimientos de alimentación, bebidas, productos de primera necesidad, farmacéuticos, médicos, ópticas, ortopédicos, aseo e higiene, alimentos y medicinas para mascotas, d) impedir la
oferta de productos gastronómicos a domicilio o por plataformas electrónicas, e) restringir el
funcionamiento de infraestructura crítica y estratégica, f) impedir la prestación de servicios de
seguridad privada, g) restringir el funcionamiento de call centers, y h) suspender los servicios
técnicos y de soporte de los servicios públicos esenciales y de telecomunicaciones; por último
iii) sancionar a alcaldes y gobernadores que omitan el complimiento de este decreto (Presidencia de la República de Colombia, 2020g). Este decreto facilita la labor de control del orden
público por parte de las autoridades de policía en coordinación con los decretos de seguridad de
las mandatarios locales y departamentales.
El Decreto 434 de 2020, publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 19
de marzo de 2020, establece plazos especiales para: i) la renovación de la matrícula mercantil,
ii) el RUNEOL, iii) los demás registros del Registro Único Empresarial y Social, y iv) las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos colegiados (Presidencia de la República de
Colombia, 2020h). Este decreto concede un plazo razonable para que las Cámaras de Comercio
acompañen a los empresarios mercantiles y las Secretarías de hacienda de orden departamental
y municipal faciliten los trámites mercantiles.
El Decreto 438 de 2020, publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 19
de marzo de 2020, adopta medidas tributarias transitorias dentro del Estado de Emergencia
declarado en el Decreto 417 de 2020. Debido a los efectos económicos negativos producidos
por el Coronavirus, durante la vigencia del Estado de Emergencia, se decreta: i) la exención
transitoria sobre las ventas (IVA) y ii) la ampliación del plazo hasta el 30 de junio para que contribuyentes realicen el proceso de actualización en el régimen tributario especial (Presidencia
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de la República de Colombia, 2020i). Este decreto permite que las Secretarías de hacienda de
orden departamental y municipal faciliten los trámites tributarios.
El Decreto 439 de 2020, publicado por el Ministerio de Transporte el 20 de marzo de 2020,
suspende el desembarque con fines de ingreso o conexión por vía aérea en territorio colombiano
de pasajeros procedentes del exterior. Por lo cual, se decreta desde el 23 de marzo y durante 30
días calendario: i) la suspensión de ingreso al territorio colombiano exceptuando la tripulación
de empresas de carga aérea y pasajeros excepcionalmente admitidos, los cuales deberá cumplir
con las medidas sanitarias del Ministerio de Salud; ii) el obligatorio cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas de aislamiento y cuarentena de catorce días en su lugar de residencia
para los que ingresen al territorio colombiano; iii) las responsabilidades de las aerolíneas de
informar a todos sus usuarios todas las medidas de este decreto; iv) las responsabilidades de
los pasajeros y tripulantes excepcionalmente admitidos, de reportar inmediatamente los síntomas compatibles con el Coronavirus; v) la responsabilidad de las autoridades nacionales y la
vigilancia del cumplimiento de las medidas preventivas de aislamiento y cuarentena; y vi) las
sanciones por el incumplimiento de las medidas adoptadas en este Decreto (Presidencia de la
República de Colombia, 2020j). Este decreto procura la contención de la pandemia, mediante la
prohibición del transporte aéreo por donde estaban ingresando los contagiados por Coronavirus
al territorio nacional.
El Decreto 440 de 2020, publicado por el Departamento Nacional de Planeación el 20 de
marzo de 2020, adopta medidas de urgencia en materia de contratación estatal. Se decreta durante el Estado de Emergencia: i) Realizar audiencias públicas mediante medios electrónicos
informando mínimo dos días hábiles antes la metodología y condiciones para su desarrollo, ii)
suspender los procesos de selección de contratistas y revocatoria de los actos de apertura, iii)
usar los instrumentos de agregación de demanda, iv) contratar los acuerdos marco de precios
por contratación directa para facilitar el abastecimiento de bienes y servicios, v) adquirir bienes
por el instrumento de agregación de demanda de grandes superficies hasta por el monto máximo
de la menor cuantía de la respectiva entidad, vi) contratación urgente y directa del suministro de
bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras, vii) adición y modificación de todos
los contratos estatales que permitan mejorar la gestión y mitigación del Estado de emergencia,
viii) implementación de mecanismos electrónicos para la recepción, trámite y pago de facturas
y cuentas de cobra de contratistas estatales, y ix) autorizar al Fondo Rotatorio del Ministerio
de Relaciones Exteriores celebrar convenios y contratos con empresas extranjeras, con el fin de
adquirir bienes y servicios necesarios para mitigar la pandemia (Presidencia de la República de
Colombia, 2020k). Los entes territoriales requieren de la inversión inmediata y de la contratación directa de bienes y servicios para esta contingencia, por lo cual este decreto facilita estos
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trámites de contratación estatal.
El Decreto 441 de 2020, publicado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dicta
disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para enfrentar el Estado de Emergencia. Durante el Estado de Emergencia, se decreta: i) la reinstalación y
reconexión inmediata del servicio de acueducto a los suscriptores residenciales suspendidos y
cortados, ii) el acceso a agua potable en situaciones de emergencia sanitaria, iii) el uso de los
recursos del Sistema General de Participaciones para financiar medios alternos de aprovisionamiento para el acceso a agua potable y saneamiento básico, y iv) la suspensión temporal de
los incrementos tarifarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado
(Presidencia de la República de Colombia, 2020l). Este decreto permite el acceso sin restricciones a servicios públicos esenciales, principalmente en las regiones en donde el acceso a
estos recursos es limitado y en muchos casos ineficiente, por lo cual se garantiza su acceso y
suministro.
Discusión
Estos 12 decretos presidenciales, le han permitido a Colombia ser pionero en Suramérica en
medidas gubernamentales para prevenir y mitigar el contagio del Coronavirus. La importancia
de estos ha radicado principalmente en las declaraciones del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica (Decreto 417 de 2020) y la unificación de los mandatos de orden público en
todo el territorio nacional (Decreto 420 de 2020).
El Decreto 417 de 2020: Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
El Estado de excepción invocado en el Decreto 417 de 2020 está consagrado en el artículo constitucional 215 como Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y fundamentado en
el concepto de soberanía de Schmitt. Para Schmitt (2009), el “soberano es quien decide sobre
la situación de excepción” (p. 155), como aquella situación que pone en riesgo la existencia
del Estado como unidad política, dado que el ordenamiento jurídico es incapaz de afrontar la
emergencia (Campderrich, 2007).
Para Cepeda (1985), el estado de excepción en la Constitución de 1991 es el final de la lucha
histórica que el ejecutivo ha librado para aumentar progresivamente su autonomía del Congreso (p. 21), dado el uso abusivo del Estado de sitio que se mantuvo en la Constitución de 1886
(Restrepo, 2009). En este sentido, Tobón y Mendieta (2017) afirman que la Ley estatutaria de
los estados de excepción (Congreso de Colombia, 1994), reguló la prevalencia de los tratados
internacionales y los mecanismos de control a la limitación de derechos y garantías ciudadanas
(p. 6). Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-179 de 1994, la declaró exequible
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advirtiendo que estas facultades presidenciales excepcionales solo se usan cuando la situación
de emergencia lo merezca y no podrán sobreponerse al núcleo esencial de los derechos fundamentales (Corte Constitucional, 1994).
La interpretación sistémica del Decreto 417 de 2020 descrita anteriormente en los resultados, demuestra que las decisiones tomadas por el Presidente Duque están dentro del marco
jurídico de los estados de excepción regulados por el control político del Congreso en la sentencia C-565 de 1997 (Corte Constitucional de Colombia, 1997) y el control constitucional de
la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia C-802 de 2002 (Corte Constitucional de
Colombia, 2002).
El Decreto 420 de 2020: ¿Quién dirige el orden público en el territorio nacional?
Después de decretado el Estado de emergencia el 17 de marzo, al día siguiente el Presidente
Duque expidió el Decreto 420 de 2020. Este decreto surge ante la necesidad de unificar todos
los decretos de orden público que los mandatarios departamentales y locales empezaron expedir por esos mismos días para enfrentar el Coronavirus. Dentro de estos decretos se destacan
el toque de queda expedido por la Gobernación de Cundinamarca (Decreto 153 de 2020) y el
Simulacro de Cuarentena de la Alcaldía de Bogotá (Decreto 090 de 2020) que restringían transitoriamente la movilidad de personas.
Sin embargo, estos decretos departamentales y municipales generaron una confusión generalizada en la población que impedía el libre tránsito en todo el territorio nacional y la implementación de políticas sin coordinación nacional. Por tal motivo, el Decreto 420 de 2020 buscaba
coordinar desde el Ministerio del Interior todos estos mandatos, para lograr los fines estatales de
una República unitaria y deslegitimar los intentos departamentales y municipales de prevalecer
en sus territorios por encima del Gobierno central.
La mejor muestra del espíritu de coordinación del Decreto Presidencial 420 de 2020, es el
Decreto 091 de 2020 que modifica el Decreto 090 de 2020 de la Alcaldía de Bogotá y el Decreto
157 de 2020 que modifica el Decreto 153 de 2020 de la Gobernación de Cundinamarca. Estos
dos decretos expedidos el 22 de marzo, se alinean con el Decreto Presidencial 420 de 2020, con
el fin de ampliar el Simulacro Vital en la ciudad de Bogotá y el departamento de Cundinamarca,
hasta el inicio de la Cuarentena General declarada por el presidente, en una clara demostración
de trabajo conjunto entre el gobierno local de Bogotá, el gobierno departamental de Cundinamarca y el gobierno nacional en cabeza del Presidente Duque.
5.- CONCLUSIONES
Colombia es una república unitaria con colaboración armónica entre las ramas de poder público
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y los órganos de su estructura estatal, y ante la contingencia del Coronavirus se requiere no solo
de poner en práctica esa colaboración sino también de una coordinación del orden público en
cabeza del Presidente de la República, como una de sus facultades constitucionales y aquellas
facultades excepcionales que le permiten unificar todos los mandatos territoriales durante la
vigencia del Estado de emergencia declarado en el Decreto 417 de 2020.
También es descentralizada, entendiendo la descentralización como “el método de dividir
poderes de manera que el gobierno central y los gobiernos regionales están, dentro de su esfera,
coordinados e independientes”, tal como la concibe Wheare (2008). Esta autonomía regional en
estado de normalidad, implica el respeto del Gobierno central, y en estado de emergencia implica mayor colaboración con la Presidencia, especialmente de sus atribuciones en la dirección
del orden público.
Por lo anterior, se concluye que, en el marco de una República unitaria y descentralizada, los
12 decretos expedidos por el Presidente Duque para prevenir y mitigar el Coronavirus en todo
el territorio nacional, no solo cumplen con el principio de legalidad sino también están dentro
del marco jurídico de los estados de excepción. Cumplidos estos requisitos, el análisis de contenido desarrollado en los resultados, demuestra además que estos decretos presidenciales buscan crear condiciones para colaborar en armonía con todos los niveles de gobierno (municipal,
departamental y nacional), a través de mandatos conforme con los procedimientos y garantías
de los ciudadanos y cuyos fines sean controlar la crisis del Coronavirus para que no supere los
márgenes de la normalidad.
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Derecho a la información en Coahuila: Una perspectiva desde la justicia constitucional1
Right to information in Coahuila: A perspective from the constitutional justice
José Luis, Leal Espinoza2
Universidad Autónoma de Coahuila, México
https://orcid.org/0000-0002-9072-0057
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-11

______________________________________________________________________________________________________________________________

RESUMEN
Este artículo, a modo de ensayo, tiene como objetivo desarrollar una propuesta de comprensión de la integración
Los artículos 46, de la Ley de Acceso a la Información Pública y el 9, bis de la Ley de Notariado de Coahuila,
establecen como sujetos obligados indirectos a los Notarios Públicos, en razón de que éstos llevan a cabo actos de
autoridad. En el objetivo general se establecieron las pautas que el legislador determinó los criterios que se cumplieron en las obligaciones en materia de transparencia. Las razones expresadas en la resolución se expusieron a
través de los métodos documental y cualitativo, bajo el cual el juez constitucional instructor del amparo indirecto
186/2016, establece que, contrario a lo expresado por el legislador, al notario no puede considerársele como sujeto
obligado indirecto, toda vez que esta figura no encuadra en ningún supuesto relacionado con la coadyuvancia al auxilio o colaboración de las entidades públicas, ejercicio del gasto público, utilizar o disponer de recursos públicos,
subsidios o estímulos fiscales, esta razón de forma es entendida en el sentido de que no recibe un sueldo del Estado.
cia.

Palabras clave: Derecho a la información, justicia constitucional, políticas públicas, ponderación, transparen-

ABSTRACT
Articles 46, of the Law of Access to Public Information and 9, bis of the Coahuila Notary Law, establish that public
Notaries are indirect obligated subjects, because they carry out acts of authority. The general objective established
the guidelines that the legislator determined the criteria that were met in the transparency obligations. The reasons
expressed in the resolution were set forth through the documentary and qualitative methods, under which the
constitutional examining judge of indirect amparo 186/2016, establishes that, contrary to what is expressed by
the legislator, the notary cannot be considered an obligated indirect subject, since this figure does not fit into any
assumption related to aid to or assistance from public entities, exercise of public spending, use or disposition of
public resources, subsidies or fiscal stimuli, this form reason is understood in the sense that you do not receive a
salary from the State.
Keywords: Constitutional justice, public policies, right to information, transparency, weighting.
Recibido: 02 de Noviembre 2019 - Aceptado: 04 de Marzo 2020 - Corregido: 04 de Mayo 2020
Cómo referenciar este artículo:
Leal Espinoza, J. L. (2020). Derecho a la información en Coahuila: Una perspectiva desde la justicia constitucional
Politica Globalidad y Ciudadanía, 207-224. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/
article/view/156

1 Proyecto de investigación “Derecho a la información en Coahuila: una perspectiva desde la justicia constitucional”, Financiado por Universidad Autónoma de Coahuila
2 Doctor en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Alicante, España. Coordinador de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma de Coahuila. Email: jose.leal@uadec.edu.mx
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 2, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
ISSN 2395-8448. 207-224. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/156

�Derecho a la información en Coahuila...

208
1.- INTRODUCCIÓN
La sentencia motivo de controversia estipula que, si bien la figura del notario público coadyuva
en auxilio o colaboración de entidades públicas, no realiza actos de autoridad en sentido estricto, pues el notario público no forma parte de la administración pública centralizada, desconcentrada o descentralizada ni es parte de los poderes del Estado. Por tal motivo, su función pública
únicamente va dirigida a autentificar hechos o actos jurídicos con fuerza de fe pública frente
a todos. Dicho lo anterior, la problemática consiste en verificar si las obligaciones enlistadas
para los notarios como sujetos obligados indirectos en las normas impugnadas, vulneran o no
el marco constitucional y legal en materia de transparencia y protección de datos personales.
El documento se estructura en cinco partes. En la primera sección se formulará un estudio
integral sobre las razones que tuvo el Poder Constituyente permanente en replantear el modelo
nacional en materia de transparencia, poniendo especial énfasis en la nueva categoría de sujetos
obligados indirectos establecidos en la reforma constitucional al artículo 6º constitucional, así
como el renovado marco competencial que otorga a las Entidades Federativas en la materia.
A la luz de lo anterior, se realiza un estudio constitucional sobre la pertinencia de la figura
legal introducida por el legislador de Coahuila, al contemplar al notario como sujeto obligado
indirecto en materia de transparencia, exponiendo las razones de índole legislativo y jurisprudencial que justifican la posición discrepante con el criterio judicial primigenio. Una vez superada la fase anterior, las siguientes dos secciones explican que la naturaleza de la información
regulada por la ley como obligatoria a la luz del marco normativo constitucional y legal en
materia de derecho a la información y protección de datos personales.
El objeto específico del cuarto apartado consiste en demostrar que cada una de las obligaciones consagradas en la Ley de Acceso a la Información y Ley de Notariado respectivamente, no
vulneran los derechos de particulares en lo que respecta al derecho humano a la protección de
datos personales, toda vez que no se configura dentro de ninguna de las hipótesis que consagra
la propia ley como información confidencial, al tratarse de versiones públicas que armonizan
los principios constitucionales de transparencia e intimidad. Precisamente, la última sección de
la presente comunicación concluye en este sentido, ya que al realizar un test de proporcionalidad al caso concreto, se concluye que ningún contenido esencial resulta vaciado por completo,
ya que los aludidos principios resultan optimizados, resultando ello en una interpretación contraria a la sostenida originalmente por el juez de distrito.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
La reforma constitucional en materia de transparencia y los nuevos sujetos obligados
La reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información (Leal y López,
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 207-224. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/156

�Leal Espinoza, J. L

209
2019) a los artículos 6, apartado a), y 116, fracción VIII, estableció un nuevo catálogo de sujetos obligados en la materia. En el Dictamen formulado por la Cámara de Senadores, realizado
posterior a la presentación de las tres iniciativas destaca de manera trascendental el reconocimiento de los particulares como nuevos sujetos obligados en el contexto del nuevo marco
constitucional propuesto por el Constituyente permanente (las cursivas son nuestras), así como
la cita del Código de Buenas Prácticas elaborado por encargo del antiguo IFAI.
Se está proponiendo que los particulares que actúen como autoridad o la auxilien, o aquéllos que ejerzan gasto público, quedan -por esos simples hechos o circunstancias- de forma
automática o lógica como sujetos obligados –indirectos- en materia de acceso a la información
pública. Sin dejar de advertir, que respecto a la información pública de aquéllas personas físicas
o morales (jurídicas-colectivas) que reciban recursos públicos, o realicen actos de autoridad, se
propone que el acceso se realice a través de la autoridad, ente, órgano u organismo público que
hubiere entregado los montos respectivos, o sea el que supervise la actuación de esos particulares; es decir, en este caso, se está proponiendo que las personas físicas o morales referidas sean
sujetos obligados indirectos en el acceso a la información pública, siendo el vehículo para ello
los propios sujetos obligados directos respectivos. (Gaceta del Senado de la República, 2012,
p. 54)
Otra cuestión ampliamente debatida fue la inclusión, como sujetos obligados, de personas
privadas. Cabe recordar que 23 leyes estatales establecen que las personas físicas y morales
que reciben recursos públicos o realizan funciones públicas son sujetos obligados directos del
derecho de acceso a la información. La experiencia muestra que esta práctica presenta importantes problemas jurídicos y prácticos. No obstante lo anterior, es cierto que existe una cantidad
importante de información relevante que se encuentra en posesión de particulares y de organizaciones privadas. En atención a los múltiples comentarios de las reuniones regionales sobre
la importancia de garantizar el acceso a esta información, el CBP propone, retomando a la
jurisprudencia de los tribunales federales, que cuando un particular realiza actos de autoridad,
la información que genere será considerada como información pública. Este artículo permite
otorgar así acceso a la información de los sindicatos, las asociaciones empresariales o los concesionarios de un servicio público respecto de los actos que realicen en calidad de autoridades.
Debe hacerse notar, sin embargo, que se propone que el acceso no se dará de manera directa,
sino a través de la autoridad que supervise la actuación de esos particulares. La razón de esta
disposición atiende a razones prácticas y a evitar cargas regulatorias excesivas o incumplibles
para las personas privadas.” (Ibid, p.57)
Particulares que reciben recursos públicos o ejercen actos de autoridad: En relación con la
información de particulares el citado Código de Buenas Prácticas, plantea que los particulares
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que ejercen actos de autoridad estarán obligados a entregar la información relacionada con esos
actos a través del sujeto obligado que supervise estás actividades. Siendo que lo importante a
destacar es que cuando un particular realiza actos de autoridad, la información que genere sea
considerada como información pública.
Además, en el Código de Buenas Prácticas, se expone que “por acto de autoridad debe entenderse, de acuerdo con la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, un acto unilateral, coercitivo y con imperio que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la
esfera legal de los gobernados.
También, se expone que a fin de regular el derecho de acceso a la información pública que
pudieran poseer los particulares se atendió a la ampliación del concepto de autoridad que para
efectos del amparo ha sostenido el Poder Judicial de la Federación: son autoridad aquellos individuos que ejerzan actos unilaterales y usen la fuerza pública para alterar la esfera jurídica de
los gobernados. Es decir, la autoridad se distingue por el hecho de que realiza actos con imperio,
más que por los sujetos que ejecutan el acto. Ahora bien, ante una administración pública cada
día más compleja, la distinción del carácter de cada uno de los actos realizados por entes públicos o que los mismos delegan incluso a particulares se hace más difícil. Así, por ejemplo, casos
como PEMEX o Seguro Social en ciertos esquemas actúa con imperio y por tanto es una autoridad y en otros no. Véase por ejemplo la tesis confederación deportiva mexicana, asociación civil. Tiene la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando sus actos se funden
en la ley general del deporte, en relación con su estatuto. Es importante precisar que el acceso a
la información de estos particulares, en su caso, se limita a aquella información relacionada con
sus funciones equiparables a actos de autoridad y no al conjunto de sus actividades. A mayor
abundamiento de lo anterior, cabe recordar, que la fracción VI del artículo 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “las leyes determinarán la manera en
que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos
que entreguen a personas físicas o morales”. Esta disposición constitucional deja justificado
claramente buena parte de la propuesta que se plantea en la presente iniciativa.
En efecto, hay que reconocer que existen algunas personas de carácter privado, ya sean físicas o morales, que ejercen funciones públicas, ya sea por delegación o por un mandato legal.
Como atinadamente apunta Sergio López Ayllón, “este es el caso de los notarios públicos, de
los concesionarios de bienes o servicios públicos, de los colegios de profesionistas o cámaras
comerciales o industriales y aun de los sindicatos. La pregunta es si éstos son sujetos obligados
del derecho de acceso a la información y, si esto es así, cuáles son los mecanismos para ejercerlo”. Más aún, el problema se plantea respecto de las personas privadas que, cada vez con mayor
frecuencia, desarrollan funciones públicas o ejercen por delegación o mandato legal funciones
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de autoridad, sin constituirse propiamente como entidades públicas. La calidad de sujetos pasivos del derecho de acceso a la información de estas personas plantea cuestiones complejas, en
particular respecto a los procedimientos para hacer efectivo el derecho.
Dejando claro, que no por recibir recursos del erario o por ejercer una parte del gasto estatal,
toda actividad de estas personas se convierte en materia de acceso público, sino únicamente de
aquellas en lo que se aplicó el recurso público o bien se ejercitó o ejecuto un acto de autoridad,
no así respecto de otras distintas a estos supuestos, no pudiendo entender que todas las actividades serán consideradas como parte del acceso a la información, sino solo en los casos ya
descritos, lo anterior con el fin de no afectar la privacidad e intimidad de las personas.
Los anteriores razonamientos legislativos contienen claramente el espíritu del Poder reformador de la Constitución (Asensi, 1998), al establecer de manera precisa que los particulares
que ejercen actos de autoridad también pueden ser sujetos obligados indirectos en materia de
transparencia, dejando incluso la potestad a las Entidades Federativas de acuerdo al numeral
116, fracción VIII, de garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos
personales en posesión de los sujetos obligados, de acuerdo a los principios del artículo 6º,
apartado a).
Por ello, es factible y acorde a una interpretación conforme con el artículo 6º constitucional,
considerar como sujetos obligados indirectos a los notarios públicos, toda vez que el concepto
material que tiene el legislador al momento de introducir la figura en el texto fundamental es
acorde a las nuevas realidades derivadas de la teoría contemporánea de la autoridad, que retoman incluso del Código de Buenas Prácticas el concepto ya ampliamente difundido tanto en
la doctrina, la legislación y la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, es decir “un
acto unilateral, coercitivo y con imperio que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas que
afecten la esfera legal de los gobernados”.
El Notario como sujeto obligado indirecto y su discrepancia en el caso concreto
Sentado lo anterior, es menester hacer énfasis en las dos categorías delineadas por el juzgador
en el juicio de amparo indirecto sometido a debate en el presente amparo en revisión, ya que
en la resolución objeto de controversia se establece claramente que al notario público no puede
considerársele como autoridad en sentido estricto, ya que la información que posee no es pública. Lo anterior, se realiza con base en un ejercicio argumentativo de dos dimensiones (Atienza,
2013): que el derecho a la información es una garantía individual y social, y que la transparencia y publicidad de los actos de gobierno son inherentes (Pleno SCJN, 2013, p.5). La siguiente
premisa de la cual parte la negativa es que los notarios no son funcionarios públicos, ya que no
están sujetos a los derechos y deberes de los funcionarios oficiales, ni el Estado responde por
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sus actos. (Contradicción de Tesis 24/2003-SS, p. 70)
No obstante lo anterior, a pesar de que la Segunda Sala de la Suprema Corte emitió criterio
en el sentido de que los notarios no eran autoridad para los efectos precisados, también lo es que
en esa misma decisión se desprende el reconocimiento de que, a pesar que los notarios no son
funcionarios públicos, los mismos “sí realizan una función pública, ya que autentica hechos o
actos jurídicos con fuerza de fe pública frente a todos, incluyendo al Estado; además instruye
a los particulares que a él acuden del alcance jurídico de esos actos, resguarda documentos
originales y expide copias” (Contradicción de Tesis 24/2003-SS, p. 70). Precisado esto, es indispensable formular las siguientes interrogantes:
-- ¿El carácter de sujeto obligado indirecto con el que se identifica a los notarios en las leyes impugnadas los convierte automáticamente en autoridad o en funcionarios públicos?
-- ¿Las obligaciones para los sujetos indirectos en materia de transparencia sólo van dirigidas a quienes reciben presupuesto público o a quienes ejercen actos de autoridad “en
sentido estricto”?
Respecto a la primera cuestión, es dable afirmar que, de acuerdo a lo expuesto por la autoridad responsable existe un vicio lógico de petición de principio cuando se contesta la primera
interrogante, ya que de manera tajante se concluye que el notario no es autoridad porque no es
un funcionario público, aunque su función en sí sea pública. Esto no es más que exponer las
mismas razones de manera circular, dejando segmentado el debate principal, toda vez que el
tema de fondo consiste en indagar si bajo el contexto de las nuevas obligaciones en materia de
transparencia establecidas en la Constitución y la Ley del Estado de Coahuila, el notario realiza
o no actos de autoridad, siendo en consecuencia así un sujeto obligado indirecto.
La segunda cuestión es respondida por la autoridad responsable al afirmar que a pesar de que
los notarios públicos ejercen una función pública, las obligaciones de transparencia únicamente
tienen como destino los actos de gobierno, a partir del esquema de rendición de cuentas, es decir, manejo de recursos públicos, satisfacción de los servicios a su cargo y el cumplimiento de
funciones públicas. En la sentencia, si bien se realiza un estudio parcial basado en la Exposición
de motivos de la reforma constitucional en materia de transparencia, este resulta incompleto, ya
que para saber si las obligaciones en materia de transparencia también incluyen a los notarios
públicos es obligatorio realizar un estudio sobre la naturaleza propia de la información generada por estos en el ejercicio de su función, es decir, un análisis que no solamente se limite al
aspecto formal, sino material, explicando a detalle si la generación de esa información es suficiente para ser considerada como de naturaleza pública.
Dicho en otras palabras, la Constitución en su artículo 6º establece un nuevo catálogo de sujetos obligados indirectos abrió la posibilidad situándose en un paradigma distinto bajo el cual
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lo analiza la autoridad responsable, es decir, el primer modelo de transparencia en su primera
fase 2002, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental y la correlativa reforma constitucional de 2007 (Islas, 2007, pp. 155-174)
, estableció un diseño preliminar mediante el cual se le reconoció el carácter tanto individual
como social a este derecho fundamental, así como a la protección de la vida privada y datos
personales (Carbonell, 2008).
Sin embargo, el esquema a través del cual se razona en la decisión reclamada parte de un
modelo en el cual únicamente la autoridad formalmente reconocida por las leyes es aquella que
puede ser sujeta de obligaciones en materia de transparencia. Por ello, resulta válido afirmar que
existen dos elementos que ha soslayado la autoridad judicial. El primero está relacionado con
la existencia de sujetos obligados indirectos distintos a las autoridades desde el plano formalmente legal, es decir, determinar si los notarios públicos en el ejercicio de una función pública
realizan actos de autoridad, y además, establecer si es constitucional y legalmente válido que las
Entidades Federativas en el ejercicio de su libertad configurativa contemplen esta posibilidad.
Un cambio de paradigma trascendental en los últimos años ha sido la mutación legislativa
que ha sufrido el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo (Sartori, 2016). En
la Ley de Amparo vigente el legislador ha dado un viraje importante, al establecer esta nueva
posibilidad. En la Exposición de motivos de dicha legislación y después de un análisis reflexivo
sobre las distintas vías (civil, administrativa) que pudieran ejercitarse para hacer valer los derechos, el legislador determinó que el juez deberá hacer caso a la afectación material del derecho
fundamental en cuestión, sobre el acto de autoridad, así como las condiciones del particular
para defenderse, y no tanto al aspecto formal de quien emite el acto violatorio de derechos.
… existen casos en los que deban tener este cauce procesal para obtener una protección más
eficaz, más justa y por tratarse de una violación directa a este tipo de derechos. Por ello se considera que la mejor forma de plasmar este concepto en esta Ley y de explicarlo en el presente
dictamen es definir el acto de autoridad y que los particulares tendrán dicha calidad cuando sus
actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del
acto de autoridad que objetivamente se define en la fracción II, y cuya potestad o función derive
de una norma general y abstracta (Gaceta del Senado de la República, 2011, p. 21).
Es decir, el concepto de personas físicas que realizan “actos de autoridad” como sujetos
obligados en la Ley General establecido en el artículo 23 no es un catálogo cerrado a solamente
aquellas personas que reciban recursos públicos toda vez que el propio legislador federal determinó: “en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal”. Es decir, se debe
atender al ejercicio material de ese “acto de autoridad” para determinar si realmente el ejercicio
de la función notarial deviene en la generación de información de interés público, y así concluir
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si el ejercicio del derecho a la información pública se debe proteger en las relaciones generadas
entre los notarios y la sociedad (Sala SCJN, 2012, p. 798).
Para lograr lo anterior, es necesario partir de una definición mínima de información de interés público que brinda la propia Ley de Acceso a la Información en su numeral 3, fracción XII,
como: “la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente el
interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades
que llevan a cabo los sujetos obligados”. Es decir, la información que están obligados los notarios a dar publicidad que refieren los dos artículos impugnados debe fundamentarse no sólo en
las razones del legislador local en el ámbito de su libertad configurativa como Entidad Federativa, sino que la propia información debe satisfacer el canon de “interés público”, además de ser
proporcional y útil en el marco de la sociedad democrática.
La información a que se refieren las normas impugnadas es de interés público por su propia
naturaleza y es generada por los notarios en el contexto de su función pública
Tal y como quedó apuntado, en la resolución se evade el problema de fondo al afirmar que la
información a que se refieren los artículos 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y el 9, bis de la Ley
del Notariado de esa misma entidad, no es de interés público porque quien la emite no es una
autoridad en sentido estricto. Este razonamiento es circular y redundante, toda vez que, en la
propia sentencia se reconoce que el notario desempeña una función pública, pero el carácter de
la información en ningún momento es analizado en la resolución, toda vez que para ello hubiera
sido necesario estudiar la naturaleza material de la información sometida a debate.
Por tanto, en primer término serán analizadas las razones expuestas por el legislador del
Estado de Coahuila en la Exposición de Motivos de las legislaciones objeto de controversia,
seguidas del razonamiento lógico jurídico enlazado con criterios jurisprudenciales que explicarán a detalle que la información que como sujetos obligados están obligados los notarios a dar
publicidad es de interés público, a través de un método hermenéutico (López, 2016, pp. 11-12)
integral del contexto de la reforma legal al sistema estatal de transparencia y gobierno abierto
de esta Entidad. Las normas impugnadas establecen que la información que están obligados los
notarios a publicitar es la siguiente:
-- Difundir u nombre, domicilio, teléfono oficial y número de fiat notarial;
-- Publicar los servicios que ofrece y su costo;
-- Divulgar la plantilla de personal y tipo de seguridad social que se le ofrece;
-- Publicar los índices de protocolo; V. Difundir las versiones públicas de las actas fuera de
protocolo;
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-- Divulgar la relación de cursos o programas de actualización o capacitación que se realicen y los que se ofrezca al personal; y
-- Un listado con el número de recepción o de identificación que entregue la autoridad fiscal, de aquellas retenciones enteradas ante la misma.
En la Exposición de motivos de la Ley de Acceso a la Información se establece que:
A fin de atender a los principios del derecho a la información, la Información Pública de
Oficio, reconoce distinciones entre los Sujetos Obligados, de acuerdo a la naturaleza y circunstancias de cada uno. Es por ello, que precisa para aquellos que se definen como Entidades
Públicas: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ayuntamientos, Universidades e
Instituciones de Educación Superior Pública, Sistemas de Agua y Saneamiento, Organismos
Constitucionalmente Autónomos y Fideicomisos y Fondos Públicos, obligaciones generales
y especiales; y aquellos Sujetos Obligados que no son Entidades Públicas: Partidos Políticos,
Sindicatos, Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones de Beneficencia, sólo poseen
obligaciones especiales.
Dicha distinción entre Sujetos Obligados, permite garantizar el derecho a la información y
la protección de los datos personales, atendiendo, como se ha hecho mención, no sólo a la fiscalización de recursos públicos, sino al interés público de conocer información que propicia o
retarda el desarrollo del Estado.
En este sentido, la diferenciación normativa que hizo el legislador respecto de los sujetos
obligados directos e indirectos es patente, ya que los notarios públicos (siguiendo la propia exposición de motivos) pertenecen a esta última categoría debido a que su función es esencial para
el Estado y de interés público. Por tanto, el legislador en este caso en particular decidió que:
A cada uno de ellos, dependiendo de sus funciones e interacción con la comunidad, se le
determinan obligaciones de difundir cierta información relacionada con su labor pública.
Por tales motivos, y siguiendo esta línea argumentativa se desprende que existe una distinción realizada por el legislador al momento de definir a los “sujetos obligados” y los “sujetos
obligados indirectos”, es decir, corresponde a los primeros las obligaciones que se detallan en
los artículos 4 a 12, mientras que para los “sujetos obligados indirectos” corresponden únicamente las obligaciones específicas que se detallan en los artículos 43 a 49, dependiendo de
quien se trate. Es decir, se les debe atribuir únicamente las “Disposiciones Generales” establecidas en el Capítulo Tercero, Sección Primera, de la Ley de Acceso a la Información, es decir,
las relativas a la información pública de oficio, mismas que se encuentran establecidas en los
numerales 17 a 20 del mencionado dispositivo legal, es decir:
“Artículo 17. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta ley,
los sujetos obligados deberán difundir, actualizar y poner a disposición del público de manera
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proactiva, la información pública a que se refiere este capítulo.
Artículo 18. Las páginas electrónicas utilizadas por los sujetos obligados para la difusión de
información pública, observarán los siguientes lineamientos:
I. La página de inicio tendrá un vínculo de acceso, fácilmente identificable y accesible que
cumpla con los requerimientos de sistematización, comprensión y organización, directo
a donde se encuentre la información pública a la que se refiere este capítulo;
II. La información que se difunda en las páginas electrónicas deberá ser confiable, completa
y oportuna;
III. El lenguaje utilizado será claro, sencillo, accesible y que facilite la comprensión de las
personas que consulten dichas páginas;
IV. Deberán contar con un teléfono de atención y correo electrónico por medio del cual los
ciudadanos puedan realizar opiniones, quejas, o sugerencias que atienda directamente el
órgano de control interno o equivalente; y
V. Deberán de utilizarán formatos abiertos y de fácil comprensión. El instituto establecerá
los lineamientos necesarios para asegurar que la información cumpla con lo dispuesto
en este artículo.
Artículo 19. La información pública de oficio deberá de actualizarse en los medios electrónicos disponibles por lo menos una vez al mes. En todos los casos se deberá de indicar en el
medio electrónico la fecha de actualización por cada rubro de información.
Artículo 20. El sujeto obligado deberá difundir, dentro del primer mes de cada año, un calendario de actualización de la información, por cada contenido y área responsable.
Para la publicación de la información pública de oficio, los sujetos obligados utilizarán formatos de fácil comprensión y deberá de tener disponible su traducción en lenguas indígenas.
Dicho esto, la Sección Segunda del Capítulo Tercero de la Ley de Acceso a la Información
corresponde únicamente a las entidades públicas, en sentido contrario a lo determinado erróneamente por el Juez en la resolución de amparo indirecto, al pretender atribuirle obligaciones
que no corresponden al notario público, descontextualizando así la cabal y correcta comprensión del numeral 46 tildado de inconstitucional.
En síntesis, los artículos 17 a 20 de la Ley de Acceso a la Información establecen el medio
o instrumento (medios digitales) a través del cual se garantiza que la información catalogada
como pública de oficio respecto de los sujetos obligados indirectos (en este caso los notarios)
sea realmente efectiva, es decir, esté al alcance de cualquier persona en la Entidad (artículo 46).
En sintonía con ello, la proporcionalidad (Zagrebelsky, 2003) del medio empleado debe
perseguir así una finalidad constitucionalmente legítima, ser adecuada, necesaria y útil para el
fin que se propone. Para lograr tal propósito, el test de proporcionalidad (Alexy, 1991) que se
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realice en el caso concreto mediante un control abstracto de la norma (amparo contra leyes) deberá verificar estas tres fases o pasos. Este ejercicio hermenéutico será realizado en la siguiente
sección, con el fin de verificar la legitimidad constitucional de las normas objeto de debate.
Legitimidad de la medida impuesta a los Notarios como sujetos obligados indirectos de difundir la información pública de oficio establecida en el artículo 46 de la Ley de Acceso a la
Información
El test de proporcionalidad propuesto en el caso concreto consiste en primer lugar, en determinar si los artículos 46, de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y el 9, bis de la Ley del Notariado de esa
misma entidad, persiguen una finalidad constitucionalmente legítima. En este sentido, dicha
finalidad puede ser medida objetivamente a partir de lo dispuesto por el artículo 2, fracción XII,
de la Ley de Acceso a la Información (vigente al momento de la presentación de la demanda), la
cual dispone que la información pública es toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el carácter de confidencial, misma definición que es similar a
la dispuesta por la Ley Federal de Acceso a la Información, vigente al momento de la demanda
o a la actual Ley General de Acceso a la Información.
Por ello, mediante un ejercicio de subsunción de lo dispuesto por los artículos 58 y 59 de
esa misma Ley, se concluye que la información que tiene el carácter de reservada , cuando así
se dicta por una autoridad por razones de interés público por las razones que se exponen enseguida:
-- Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona;
-- Pueda comprometer la materia de seguridad pública del Estado y sus Municipios;
-- Dañe la estabilidad económica y financiera del Estado;
-- Ponga en riesgo la implementación, administración y seguridad de los sistemas de datos
personales;
-- Aquella cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a: las actividades de prevención o persecución de los delitos; administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones
aplicables; recaudación de las contribuciones; y la que contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar
documentada; y
-- Cuando se trate de información de estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar
un daño al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización.
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-- Expedientes de averiguaciones previas, siempre y cuando no se haya determinado el
ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la misma, tiempo en el cual serán disponibles en versión pública en términos de las disposiciones aplicables;
-- Acuerdos y procedimientos de mediación, negociación, arbitraje y conciliación hasta en
tanto no se tome un acuerdo firme;
-- Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio en tanto la sentencia no haya causado ejecutoria, posteriormente serán accesibles
en su versión pública en términos de las disposiciones aplicables; y
-- Expedientes de las denuncias y procedimientos de juicio político y de declaración de
procedencia en materia de responsabilidad penal.
Ahora bien, el carácter de información reservada queda dispuesta por los diversos numerales
67, 68 y 69 de la Ley de Acceso a la Información, donde se dispone que tiene dicha naturaleza
cuando se trate de la vida privada y los datos personales, la cual merece un tratamiento especial
de parte de aquellos servidores públicos que la reciban, gestionen, administren o resguarden,
dichos supuestos son los siguientes:
-- Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión,
distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una ley;
-- La protegida por los secretos comercial, industrial, bancario, fiscal, fiduciario, médico y
profesional; y
-- La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad
intelectual.
Idoneidad de la obligación de difundir la organización interna de la función de la institución
notarial
En consideración de lo anterior, resulta pertinente analizar el catálogo de obligaciones que derivan de las normas objeto de impugnación, con el fin de verificar en la primera fase del test de
proporcionalidad si éstas persiguen una finalidad constitucionalmente legítima en el marco de
una sociedad democrática. Para lograr tal propósito, se ha propuesto por cuestión de método,
sistematizar las obligaciones de la siguiente manera. Se analizarán en primer lugar aquellas
obligaciones que derivan de la organización interna de la función de la institución notarial, estas
son:
1. Difundir su nombre, domicilio, teléfono oficial y número de fiat notarial.
2. Publicar los servicios que ofrece y su costo.
3. Divulgar la plantilla de personal y tipo de seguridad social que se le ofrece.
4. Divulgar la relación de cursos o programas de actualización o capacitación que se realiRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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cen y los que se ofrezca al personal.
La función pública que desempeña un notario en su calidad de particular con autorización
del estado es fundamentalmente de fe pública, la cual es entendida como “la facultad con la que
están investidos determinados agentes para certificar que los hechos que les constan son verdaderos y auténticos” (Real Academia Española, 2016, p. 830), mientras que la fe pública notarial
es “aquella que se otorga a través de la figura del notario y cuyos efectos jurídicos se traducen
tanto en presunciones de veracidad e integridad como en juicios de legalidad, capacidad, y legitimación, que permiten operar en el tráfico jurídico respecto de cualquier operador” (Ídem).
La función de fe pública deriva directamente del mandato constitucional 121, el cual establece que “en cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros”. Este concepto proviene originalmente de
la Constitución Federal de 1824, cuando el Poder Constituyente originario tradujo la expresión
“public acts” del sistema norteamericano refiriéndose a estos como a todas aquellas “manifestaciones de voluntad que conciernen a toda la comunidad y tienen a producir efectos jurídicos”.
Posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1857, el Constituyente siguió la
este mismo hilo conductor de la fe pública, y destacó su relevancia al grado que en 1870 fue
presentado por los Estados de Hidalgo, Guanajuato y Aguascalientes, una propuesta de Ley
Reglamentaria a este artículo que establecía que los documentos expedidos por las autoridades
políticas, judiciales, municipales y militares, así como los registros y actos públicos de los
notarios y escribanos, serían comprobados por sus respectivos gobernadores y, en su ausencia,
por los presidentes de los tribunales superiores, además era necesario realizar una legalización,
por medio de un timbre cuya forma reglamentaría el Ejecutivo de la República. (Del Pilar y
Morales, 2015, p.22)
Derivado de lo anterior, es dable afirmar que la fe pública es una consecuencia directa de la
obligación del Estado de preservar el orden y la seguridad jurídica, tan es así que ha sido preocupación desde el Constituyente originario de 1824. Por lo que el sistema de fe pública está
envuelto en un contexto complejo de relaciones jurídicas que la mayor parte de los ciudadanos
no puede presenciar, pero los actos necesitan verdad, es decir, ser creídos para ser aceptados,
por lo que la función pública que lleva a cabo el notario debe ser transparente para abonar a la
certeza y seguridad jurídica para con las personas que, si bien no presencian los actos, estos
tengan confianza en la institución del notario mediante la propia apertura de la información que
es de orden público.
Este último punto es quizá el punto medular del debate, el hecho que el acto no haya sido
presenciado por la sociedad en general no significa que en automático convierta la información
en reservada o confidencial, toda vez que el Estado tiene la obligación de supervisar esa función
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pública, por lo que en el marco de su ámbito competencial, en el caso concreto el Estado de
Coahuila de Zaragoza, toda vez que no existe un marco referencial establecido a través de una
Ley General por el Congreso de la República, cuenta con la facultad en ejercicio de las facultades residuales con base en el artículo 124 y en respeto al principio de reserva de ley, que se
elaboró el paquete de reformas que ahora son objeto de debate.
En este contexto, que la sociedad coahuilense conozca como información pública de oficio el
nombre, domicilio, teléfono oficial y número de fiat notarial, sus servicios así como su costo del
cada notario que tiene a su cargo el ejercicio de la función pública en su Entidad, y la relación
de cursos o programas de actualización o capacitación que se realicen y los que se ofrezca al
personal (identificadas arriba como obligaciones 1, 2 y 4) es constitucionalmente legítimo, en
razón de la fe pública que le es encomendada por el Estado, toda vez que la misma guarda una
especial importancia debido a los valores y principios constitucionales de seguridad y certeza
jurídica que derivan del bien constitucional, que es la fe pública que autoriza el Estado a los
notarios, que si bien son particulares, el Estado autoriza como profesionales del derecho y son
los ciudadanos acuden a los mismos para solicitar un servicio de fe pública, donde su el derecho
fundamental patrimonial, la identidad, representación, entre otros, pudieran resultar visiblemente afectados en caso de un indebido actuar, por lo que la información previa que se pueda
disponer del catálogo en la Entidad de notarios sobre esta obligación específica es fundamental
para decidir con qué profesional acudir.
Respecto de la obligación concreta de: “divulgar la plantilla de personal y tipo de seguridad
social que se le ofrece”, es importante advertir que en este caso la finalidad que persigue la
fracción referida es constitucionalmente legítima, toda vez que la misma no colisiona con la
información considerada como confidencial, toda vez que no afecta a los particulares, entendidos estos como los trabajadores que laboran en la notaria respectiva, ya que, si bien los datos
personales son definidos como “cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable”, la obligación contenida en la norma reclamada no está en ninguno de los
supuestos prohibidos tanto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares, como en la propia legislación local, e incluso de la Ley Federal de Acceso a la
Información (vigente al momento).
En este contexto, y bajo el entendido que el dato de carácter personal es aquella información
numérica, alfabética, gráfica, fotográfica acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas, el supuesto concreto aborda un tema de información alfabética, pero el supuesto
normativo prohibitivo nos e actualiza, toda vez que la persona identificada es aquella cuya
identidad está determinada, mientras que la persona identificable es aquella cuya identidad
pueda determinarse, ya sea directa o indirectamente mediante cualquier información referida a
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su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social.
Dicho lo anterior, la exhibición del tipo de “seguridad social” que se ofrece a la plantilla
de la Notaria no recae en ninguna prohibición sobre datos personales, toda vez que no se está
tampoco afectando la esfera íntima del titular, toda vez que su utilización o conocimiento de
parte de la sociedad no puede dar lugar en ningún momento a discriminación, o que conlleve un
grave riesgo para estos. En concreto, la obligación de informar no incluye en ningún momento
la revelación de aspectos tales como el origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro,
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones
políticas, o preferencias sexuales.
Sentado lo anterior, siguiendo el test de proporcionalidad en su primera fase, la publicación
de la plantilla del personal y el tipo de seguridad social que se les ofrece, encuentra asidero
constitucional en el ejercicio de la institución de la función notarial, así como la existencia
de un marco constitucional que protege y equilibra también el ejercicio legítimo de los datos
personales, ya que no resulta vulnerado tanto en su contenido esencial como en su periferia los
mismos.
Evaluación de la necesidad y proporcionalidad de la medida sobre el instrumento para difundir
la información
El carácter adicional de la información pública de oficio es la proactividad, es decir, que el sujeto obligado ponga a disposición de cualquier interesado en su página de internet la información.
En tal sentido, para analizar si el medio que exige la ley para cumplir con el derecho a la información es válido o constituye una carga desproporcional e irrazonable para los notarios en su
carácter de sujetos obligados indirectos, es necesario evaluar si existen medios alternativos para
cumplir con la ratio del cuerpo normativo aprobado por el legislador Coahuilense (subprincipio
de necesidad).
En la doctrina esta fase hermenéutica (Dworkin, 2009) del principio de proporcionalidad
(necesidad), implica que las medidas es decir, las medidas deben ser necesarias para asegurar
la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que
la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos (efecto útil de las
acciones afirmativas), sino que debe ser la necesaria para su realización, lo que significa que
el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos
restrictivos.
Dicho esto la cuestión a dilucidar es: ¿representa una carga desproporcional o irrazonable
para el notario la difusión en su página de internet de la obligación señalada en la norma? En la
exposición de motivos de la Ley de Acceso a la Información la ratio que inspira dicho ordenaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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miento jurídico es una ida vanguardista, que toma en serio el derecho a la información y la protección de datos personales, pero sobre todo se encuentra basada en los principios de Gobierno
Abierto, bajo el entendido que las personas gozan como derecho fundamental solicitar, difundir,
investigar y recabar información pública.
3.- METODOLOGÍA
Como se mencionó en la introducción, esta investigación es de carácter cualitativa y el enfoque
es documental. De acuerdo con Pino Milona (1992), este enfoque resulta útil para concluir,
basado en evidencias documentadas, una interpretación y síntesis del texto a analizar. En este
caso, se analiza la sentencia y los fundamentos legales que son objeto de análisis.
4.-CONCLUSIONES
La Ley de Acceso a la Información en el Estado es la primera en el país que aborda desde esta
visión moderna este eje rector de gobierno abierto. Sentada esta premisa es importante manifestar que la cantidad de información que se pudiera generar con motivo de las obligaciones prescritas por el legislador local hacia el notario como sujeto obligado indirecto encuentran perfecta
armonía con la disponibilidad de recursos tecnológicos con los que pueda contar el mismo, pero
sobre todo, la proporcionalidad de la medida se basa en que la información que se difunda sólo
será en proporcional a su carga de trabajo.
Afirmar que la información que se exige obligatoriamente por ley desbordaría su capacidad
es infundado, toda vez que solamente se exige proporcionalmente lo que hace, no más, es decir,
mientras más carga de trabajo exista, mayor cantidad de información pública generará, pero
esto encuentra justificación en razón del interés que guarda la propia información pública, ya
que es importante para la sociedad el conocerla, tal y como ha quedado apuntado previamente.
Por tanto, el mejor medio para dar difusión en la actualidad a la información pública es,
sin duda alguna internet, ya que a través de esta plataforma digital se pueden dar a conocer de
manera inmediata la información pública, lo cual resulta razonablemente comprensible toda
vez que las distancias en el Estado de Coahuila entre cada municipio son considerablemente
amplias, por lo que el tiempo que le llevaría a un particular por ejemplo, revisar si existen actos
jurídicos que derivan de protocolizaciones de todos los notarios públicos en la Entidad sería demasiado tardado y ello sí representaría una carga injustificada y desproporcional hacia el titular
del derecho a la información que es la sociedad en su conjunto. Con el propósito de armonizar
ambos principios es plausible exigir esa medida al notario de poner a disposición del público la
información pública en su página de internet, toda vez que es la mejor garantía hoy en día para
garantizar el acceso efectivo a la información pública.
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Pareciera que el tema del derecho a la información es un tópico agotado en cuanto a sus
planteamientos epistémicos y axiomáticos, no obstante, los elementos de ponderación y el análisis semiótico de la justicia constitucional constituyen nuevas voces científicas a las cuales
los investigadores deberán de dar causes procedimentales, a efectos de establecer mecanismos
idóneos al nuevo constitucionalismo crítico contemporáneo que garantice el actuar de las instituciones del Estado en aras –como lo sostuviera Zagrebelsky– de reconceptualizar de forma
dúctil el cánon constitucional.
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Los derechos procesales en grupos vulnerables desde la normativa nacional e
internacional1
Procedural rights in vulnerable groups from national and international regulations
Yahaira Berenice, Martínez-Pérez2
https://orcid.org/0000-0002-4047-7298
Brenda Judith, Sauceda-Villeda3
https://orcid.org/0000-0003-3614-7875
María Salomé, Moreno-Rodríguez4
https://orcid.org/0000-0001-8106-1910
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-12
___________________________________________________________________________
RESUMEN

El presente trabajo es producto de una revisión documental que tuvo por objetivo analizar los derechos procesales
en los grupos vulnerables desde el marco nacional e internacional. El estudio enfoca un análisis de tipo reflexivo
y analítico jurídico. Se aplicó un método heurístico de categoría taxonómico en metodología cualitativa. Se ha
desarrollado en dos fases: la primera refiere el marco teórico-jurídico y la segunda busca señalar los derechos
procesales de los grupos vulnerables en los procesos judiciales. En el estudio reflexivo, se observó la existencia
de la vulnerabilidad primaria y secundaria. Se concluye la necesidad de generar un protocolo para la atención de
derechos procesales en los grupos vulnerables en protección de los derechos humanos.
Palabras clave: Derechos humanos, grupos vulnerables, vulnerabilidad
ABSTRACT
This work is the product of a documentary review that aimed to analyze procedural rights in vulnerable groups
from the national and international framework. The study focuses on a reflective and analytical legal analysis. A
taxonomic category heuristic method was applied in qualitative methodology. It has been developed in two phases:
the first refers to the theoretical-legal framework and the second seeks to point out the procedural rights of vulnerable groups in judicial processes. In the reflective study, the existence of primary and secondary vulnerability was
observed. The need to generate a protocol for the attention of procedural rights in vulnerable groups in protection
of human rights is concluded.
Keywords: Human rights, vulnerable groups, vulnerability.
Recibido: 04 de Diciembre 2019 - Aceptado: 07 de Abril 2020 - Corregido: 10 de Mayo 2020
Cómo referenciar este artículo:
Martínez-Pérez, Y., Sauceda-Villeda, B. &amp; Moreno-Rodríguez, M. (2020). Los derechos procesales en grupos
vulnerables desde la normativa nacional e internacional. Politica Globalidad y Ciudadanía, 225-245.
Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/155

1 Este artículo es derivado del proyecto de investigación “La ausencia de unicidad de criterios normativos y jurisprudenciales reguladores
del debido proceso del adulto mayor en el juicio administrativo a nivel federal”, cuenta con financiamiento de CONACYT y la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
2 Doctora en Métodos Alternos y Solución de Conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Profesor titular de la Facultad de
Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Email: yahaira.martinezpr@uanl.edu.mx
3 Doctora en Métodos Alternos y Solución de Conflictos por Universidad Autónoma de Nuevo León, Profesor titular de la Facultad de Derecho
y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Email:judith_sauceda@hotmail.com
4 Doctorante en Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Profesor catedra de la Facultad de Derecho y Criminología de
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Email: salome.morenordz@uanl.edu.mx
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�Los derechos procesales en grupos vulnerables...

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1.- INTRODUCCIÓN
En el presente artículo se presenta un análisis de los derechos procesales en grupos vulnerables
en la normativa nacional e internacional. En virtud del cual se realiza una metodología cualitativa
a través de la heurística. En este sentido, se observa la necesidad de describir los derechos
procesales y los grupos vulnerables en el esquema de garantía constitucional y universal. Por
consiguiente, los primeros antecedentes del Derecho se remiten a la época de los romanos, se
determina el jus como el conjunto de normas establecida por el Estado imperativas para los
ciudadanos.
El derecho procesal es la ciencia del derecho que integra diversos estudios en el sistema
jurídico, en los tribunales de justicia y en las normas de procedimiento para efectos de garantizar
los derechos de las personas ante los órganos jurisdiccionales (Colombo Campbell, 2002). En
este orden de ideas, el derecho procesal se entiende como la disciplina que estudia de manera
sistemática la organización jurisdiccional del Estado y la impartición de justicia.
Así mismo, se plantea una preocupación en los derechos procesales de aquellos grupos que
por alguna circunstancia son etiquetados por la comunidad como débiles, poniéndolos en un
nivel de desventaja en un estado de inferioridad y exclusión social, es decir, vulnerables a la
segregación lato sensu (Peláez Grisales, 2015).
Ahora bien, en miras de fortalecer la dignidad de las personas, en el año 2011 la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en adelante CPENM, estableció una reforma al
artículo 1º. en materia de los Derechos Humanos (H. Congreso de la Unión), lo cual ha generado
altas expectativas en los procesos judiciales en garantía a los derechos humanos. En el marco
internacional la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo
de San Salvador” y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son reconocidos como
los principales instrumentos de carácter universal donde se sustentan los derechos esenciales
de las personas.
Si bien las normas jurídicas aplicables de contexto nacional y universal establecen garantías
sobre los derechos de los grupos vulnerables, cabe advertir que datos estadísticos expedidos por
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2018), determinan la existencia de continuas
violaciones a los derechos humanos afectando en su mayoría a las poblaciones vulnerables en
cuanto se carece de un mecanismo incorporado en la norma jurídica de atención a los derechos
procesales de los grupos vulnerables. En este sentido, cabe reflexionar ¿Cuáles son los derechos
procesales en los grupos vulnerables desde la normativa nacional e Internacional?
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227
Por lo anteriormente descrito, hemos considerado la importancia de identificar los derechos
procesales de los vulnerables, para efectos de garantizar el respeto a los derechos humanos.
Ahora bien, es necesario distinguir quienes son los grupos vulnerables, dado el contexto de
discriminación lato sensu que acoge a esta población en los procedimientos judiciales. También
es importante señalar el marco jurídico nacional e internacional, en este corpus iuris se sustentan
los derechos fundamentales que garantizan el principio de igualdad y con ello el acceso a la
justicia.
En este artículo, se pretende analizar los derechos procesales en los grupos vulnerables
desde el contexto legal, se busca conocer la clasificación jurídica y doctrinal que enmarca a
la población vulnerable, y así mismo, establecer el esquema normativo de orden nacional e
internacional.
Empero, se ha observado que el estudio de análisis normativo sería más enriquecedor con la
recolección de datos a través de trabajo de campo con operadores de justicia de relación directa
en la población vulnerables, a través del cual se busca promover mecanismos más eficaces en
la exigencia de los derechos fundamentales.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Contexto legal de los grupos vulnerables.
En el desarrollo de este tema, primero se debe entender el concepto de vulnerabilidad. De
primera instancia partiremos del concepto vulnerable, deriva del latín vulnerabilis denota la
palabra vulnus que significa herida y abilis que expresa posibilidad, es decir, el adjetivo de
situación de riesgo, daño o peligro, sensible e indefenso (Ruiz Rivera, 2011). Cabe referir la
vulnerabilidad humana y la vulnerabilidad típica, en ésta última se clasifican la vulnerabilidad
social, vulnerabilidad económica, vulnerabilidad atípica o jurídica (Uribe Arzate &amp; González
Chávez, 2007).
En primera instancia cabe establecer que la vulnerabilidad se da en el contexto o circunstancia
de mayor indefensión de una situación que presenta una persona, un grupo o una comunidad
ya sea por factores sociales, culturales, económicos y físicos (Pérez Contreras, 2005). Algunos
autores (Beltráo, y otros, 2014) (Uribe Arzate &amp; González Chávez, 2007) refieren a los grupos
vulnerables a los migrantes, las comunidades en situación de pobreza, comunidades indígenas y
comunidades lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénico, travesti o intersexual (LGBTTT).
De manera general la vulnerabilidad se encuentra vinculada a la discriminación y la desigualdad.
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Bajo este concepto las personas vulnerables se caracterizan por ser incapaces y frágiles, de
ahí se considera a los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, personas adultas y comunidades
indígenas o pueblos indígenas, éstos últimos denominados por el Instituto Interamericano
de Derechos Humanos (2018), quienes tienen una cosmovisión nativa propia conforme a
sus culturas ancestrales, describe que tienen la protección del derecho como “grupos sujeto
de derecho colectivo”. Ahora bien, es necesario considerar que atendiendo los momentos o
circunstancias de un determinado evento cualquier persona puede constituirse como vulnerable.
Siguiendo este orden de ideas, la vulnerabilidad se entiende en la situación social que
resulta de un evento característico en una persona o grupo (Ruiz Rivera, 2011). De tal manera
los enfoques teóricos metodológicos reconocen la presencia de dos elementos esenciales: el
primero refiere la intensidad de peligro y el segundo la relación con la situación en la cual se
encuentra (Cutter, 1996). Por tal motivo es necesario determinar quienes integran los grupos en
situación de vulnerabilidad ya que la doctrina discrepa en las connotaciones establecidas en los
contextos legales.
Bajo este concepto, algunos autores reconocen la vulnerabilidad primaria establecida para
alguna limitación física en la condición humana y la vulnerabilidad secundaria referente a la
situación de riesgo que deriva de la condición social y económica (Uribe Arzate &amp; González
Chávez, 2007).
En el marco legal, la reforma del 2011 al artículo 1º. Constitucional ha sido un parteaguas
en la vida jurídica, cuya finalidad lata sensu es combatir la violencia, la discriminación y desigualdad en la población mexicana fortaleciendo el compromiso en la evolución social y los
derechos humanos. El mencionado artículo sustenta en el párrafo quinto lo siguiente:
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
La Carta Magna es muy amplia en este precepto, interpretar la Ley es de manera sui géneris (García Máynez, 2009), en cuanto debemos interpretar toda expresión que establezca un
sentido, tales como la expresión, la significación, la conceptualización así como el objeto que
persigue. En el referido precepto entendemos como grupos vulnerables a todos aquellos que por
sus condiciones religiosas, económicas, sociales y culturales son vulnerados en sus derechos
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�Martínez-Pérez, Y., Sauceda-Villeda, B. &amp; Moreno-Rodríguez, M.

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humanos.
Por lo tanto, el común denominador en los sujetos en situación de vulnerabilidad es la
“desigualdad” de hecho y de derecho que trastoca el acceso a la justicia en nuestra sociedad,
porque no se establece la procedencia en la aplicación desde la Constitución garante de la
igualdad a los grupos vulnerables.
En este contexto, cabe realizar un estudio profundizado a la integración de los Derechos
Humanos de jure para robustecer la temática de estudio es necesario plantear los derechos
fundamentales como garantías procesales (Ghys, 2019), materiales o sustantivas, en miras de
garantizar la seguridad procesal de los vulnerables.
Contexto Internacional
Podemos mencionar que los principales Tratados Internacionales en materia de derechos humanos
son la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Naciones
Unidas, 1998) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Dentro del estatuto que establecen las Naciones Unidas en el tema de estudio del presente
trabajo cabe mencionar los siguientes: Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948),
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), Convención sobre la eliminación
de todas las formas de Discriminación contra la mujer (1979), Convención sobre los Derechos
del Niño (1989), Declaración sobre los Derechos de las personas pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (1992), Declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer (1993), Convención Belem Do Pará (1995), Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales “Protocolo de San Salvador” (1998), Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Pueblos indígenas (2006), Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad
(2008), Convención Interamericana para la protección de los Derechos Humanos de las personas
mayores (2015).
En consonancia, el artículo 3 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de
San Salvador” se sustenta la obligación que tiene el Estado de salvaguardar la no discriminación
y garantizar el ejercicio de derechos de las personas. Siguiendo este orden de ideas, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) reconoce a los derechos como iguales e
inalienables, e inherentes a toda la familia humana (Naciones Unidas, s.f.).
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230
Ahora bien, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la mujer establecida en 1979, así como la Declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer (Naciones Unidas, 1993), se reconoce como único instrumento internacional
vinculante y reafirma el principio a la no discriminación, de tal manera que advierte que la
comisión de discriminación de cualquier acto contra la mujer pone en evidencia la violación de
los principios de igualdad y respeto a los derechos y de respeto a la dignidad humana (MirandaMedina, y otros, 2019).
Sin dejar de mencionar que en el año de 1995 el Organismo Internacional (Naciones Unidas),
estableció la Convención Belem do Pará con el objetivo de erradicar la violencia de género,
empero, para el Estado Mexicano ha representado un gran desafío ante este fenómeno cultural
y persistente. Según datos del Instituto Nacional de Geografía se señala que el 6.1 % de las
mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de agresión (INEGI, 2016) (INEGI, EneroAbril 2017). Así mismo, de jure los informes de los Estados ponen en evidencia la inexistencia
de la igualdad.
En las últimas décadas se ha pronunciado la falta de mecanismos y de prevención, así como
la carencia en la planeación de programas e infraestructura en los tres ámbitos de gobierno
local, estatal y federal (Martínez Pérez &amp; Sauceda Villeda, 2018) (Miranda-Medina, 2019).
Siguiendo en este orden de ideas, la Declaración sobre los Derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas reconoce como derechos
fundamentales la dignidad y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres (Naciones Unidas,
1992).
De manera colateral la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos indígenas
reafirma los Derechos humanos reconocidos en el Derecho Internacional hacia los pueblos
indígenas; el artículo 7.1 recalca lo siguiente: “Las personas indígenas tienen derecho a la
vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona” (Naciones Unidas,
2007).
Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por el Estado Mexicano
(Naciones Unidas, 1989), es reconocida universalmente como el primer tratado Internacional
de obligatoriedad que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes,
conceptualizando la descripción de niño refiriendo que es todo menor de 18 años. La
consideración primordial se contempla en el artículo tercero al manifestar el interés superior de
la niñez, de tal forma, permite afirmar una supraprotección dejando al Estado la obligación de
garantizar el respeto a los derechos igualitarios en un marco de seguridad jurídica.
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Para Miguel Cillero en el estudio del interés superior del menor se deben considerar diversos
aspectos antes de tomar cualquier decisión respecto a ellos en una función garantista se deben
adoptar aquellas que protejan sus derechos, entre las cuales el referido autor menciona la
colaboración en la interpretación de la norma jurídica y la importancia de la creación de políticas
públicas que incentiven los derechos de los niños (Cillero Bruñol, 1998).
Por su parte, la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad establecida
por las Naciones Unidas en el 2008, deja de manifiesto la obligación que adquiere el Estado de
velar y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad en ella se establecen
diversos aspectos iuris et de iure, entre los cuales se encuentran la no discriminación, la
igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre hombres y mujeres, la inclusión
a la sociedad y el respeto (Naciones Unidas, 2008). Algunos autores (Lechuga Cardozo, 2018),
suman la seguridad pública y atención médica.
En este contexto, en promoción de los Derechos fundamentales de las personas mayores
las Naciones Unidas establece para los Estados partes la Convención Interamericana para la
protección de los Derechos Humanos de las personas mayores (1978) (2015), donde se observan
diversos aspectos a seguir con este grupo vulnerable como la igualdad, no discriminación, la
autorrealización, seguridad física económica y social con la finalidad de erradicar cualquier acto
de discriminación así como contribuir en la total inclusión, participación e integración en las
comunidades. Cabe advertir que el Estado Mexicano no ha ratificado dicho documento, dejando
en evidencia su preocupación el pasado mes de junio del 2018 en el marco de actividades del
Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez.
Esta Convención establece diversos conceptos entre los cuales destacan el abandono,
discriminación múltiple, discriminación por edad en la vejez, maltrato, negligencia y persona
mayor, contempla también el derecho a una vida libre de violencia. De tal forma denota la
necesidad de enmarcarlos en normas adjetivas que integran los grupos sociales para contribuir
en la certeza jurídica.
Empero, el Estado Mexicano ha contribuido en la creación de normas jurídicas de jurisdicción
local (H. Congreso de la Unión , 2002), se evidencia la necesidad de instrumentalizar una Ley
adjetiva de ejercicio garante a los derechos fundamentales de las personas débiles y grupos
vulnerables en contribución de los deberes substantivum lege.

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Marco jurídico Nacional.
A partir de la reforma Constitucional del 10 de junio del 2011 se observa un nuevo paradigma
de justicia al sustentar los derechos humanos en la Norma Suprema de la Nación y con ello la
creación de nuevas leyes de ámbito local y Nacional que protegen los derechos fundamentales
de los vulnerables. Bajo este contexto, cabe mencionar la Ley de los derechos de las personas
adultas mayores (2002), Ley de Seguridad Nacional (2005), Ley General de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia (2007), Ley General para la inclusión de las personas con
discapacidad (2011), Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (2014), el
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (2014), Ley General
de Víctimas (2017), Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (2018), entre algunas
por mencionar.
Con el objeto de velar por la protección de los derechos humanos y el respeto a las garantías
individuales, se expide la Ley de Seguridad Nacional (H. Congreso de la Unión, 2005). Y
en atención a los Protocolos Internacionales establecidos por la Organización de la Naciones
Unidas donde el Estado Mexicano forma parte, objetos de estudio en el apartado anterior, se
expiden la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (H. Congreso de
la Unión, 2007), donde se establecen los principios y modalidades para garantizar el desarrollo
a una vida libre de violencia.
Ahora bien, en protección de los menores de 18 años la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (H. Congreso de la Unión, 2014), contempla los principios del interés superior del menor, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, igualdad sustantiva, principio pro persona, autonomía progresiva, la no discriminación, la inclusión,
además de garantizar la protección y respeto a los derechos humanos. La normativa jurídica en
el artículo 4 describe la discriminación múltiple en los menores de la siguiente manera:
Discriminación Múltiple: La situación de vulnerabilidad específica en la que se encuentran
niñas, niños y adolescentes que, al ser discriminados por tener simultáneamente diversas
condiciones, ven anulados o menoscabados sus derechos…
Ahora bien, la discriminación múltiple también es conocida como discriminación interseccional (Martínez Fernando, 2008), de tal forma se entiende como aquella que sufre una persona
con varios motivos discriminatorios. Sin embargo, algunos autores (Schieck &amp; Lawson, 2011),
establecen diferencia entre los conceptos “discriminación múltiple”, “doble discriminación”,
“triple discriminación”, “discriminación compuesta”, “discriminación interseccional”. Cabe
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mencionar que la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Convención de los
Derechos de las personas con discapacidad, establece que las mujeres y niñas con discapacidad
son más vulnerables al estar sujetas a “múltiples formas de discriminación”.
Cabe advertir que, en el Estado Mexicano, no se encuentra contemplada de manera expresa
por la Carta Magna la discriminación múltiple, sin embargo, se interpreta dentro artículo 1º.
Constitucional. En este sentido, es necesario realizar un análisis profundo de cada uno de los
conceptos y contribuir en el fortalecimiento de la creación de nuevas normas jurídicas.
Ahora bien, La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contempla como grupos
vulnerables a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas en situación de pobreza, personas
con discapacidad comunidades indígenas y comunidades lésbico, gay, bisexual, transexual,
transgénero, travesti o intersexual (LGBTTT) (Lara Espinosa, 2015). Ante este contexto, la
Ley General de Víctimas numeral 5 párrafo décimo reconoce la necesidad de dar una atención
especializada a los grupos vulnerables y lo establece de la siguiente manera (H. Congreso de la
Unión, 2017):
Enfoque diferencial y especializado. - Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de
su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros,
en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que
responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.
De las reflexiones descritas en este apartado podemos entender que la situación vulnerable
tiene relación con la situación de desventaja, y que incluso podemos encontrar una doble
vulnerabilidad cuando en un grupo colectivo integra a su vez a una persona en situación de
desventaja. Nuevamente se evidencia la necesidad de establecer un instrumento jurídico de
carácter descriptivo y coadyuvar en el corpus iuris de los vulnerables, en función de atender a
los grupos débiles y proteger sus derechos humanos.
Los derechos procesales en los grupos vulnerables.
Los Derechos fundamentales se encuentran fundamentados en los Tratados Internacionales, así como en la Constitución Mexicana, donde se determina la protección de igualdad en
distintos sectores minoritarios de las comunidades, para tal efecto el principio de igualdad
se entiende en dos vertientes, la primera incurre a la igualdad procesal de jure y la siguiente
refiere a la no discriminación.
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Ahora bien, la terminología observa grandes desafíos ya que, aunque se considera la
existencia de suficientes mecanismos jurídicos de especial protección para los grupos débiles y
vulnerables imperan actos de discriminación en la vida diaria (Comisión Nacional de Derechos
Humanos, 2018). Se deja en evidencia que no se encuentran protegidas en sus derechos. Dentro
de este contexto, se debe establecer el concepto de Derechos Humanos. Al respecto, el Instituto
Interamericano de los Derechos Humanos (IIDH), establece la siguiente concepción:
Exigencias elementales que puede plantear cualquier ser humano por el hecho de serlo y
que tienen que ser satisfechas porque se refieren a unas necesidades básicas, cuya satisfacción es indispensable para que puedan desarrollarse como seres humanos. Son unos
derechos tan básicos que sin ellos resulta difícil llevar una vida digna. Son universales,
prioritarios e innegociables.
Los derechos humanos protegen circunstancias, sentidos, momentos que se consideran
fundamentales para las personas. Para algunos autores, las principales características es que
los derechos fundamentales son absolutos, universales e inalienables (Álvarez Gálvez, 2014).
Es importante remarcar que los derechos humanos de observancia en los procesos jurídicos
que atiende grupos vulnerables requieren una vía procesal tuitiva urgente. Así los reconoce el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos: “A los Estados les corresponde garantizar
todos los derechos de sus habitantes por medio de un sistema de garantías judiciales conocido
como justicia constitucional”. Siguiendo este orden de ideas, el Estado Mexicano establece el
control de Convencionalidad y el control de Constitucionalidad en función de salvaguardar el
régimen jurídico que acontece los derechos fundamentales de los grupos débiles y personas en
vulnerabilidad.
Ahora bien, la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que los derechos
humanos son universales, inalienables, irrenunciables, intransferibles, imprescriptibles, e
indivisibles. Así mismo, el multicitado artículo 1º. de la Constitución asume la obligación
de respetar los derechos a través de los principios de Universalidad, Interdependencia,
Indivisibilidad y Progresividad que a continuación se describen.
Principio de Universalidad.
Este principio sustenta la aplicación de los derechos humanos urbi et orbi a todas las personas
por igual sin ninguna distinción ni discriminación, así lo establece el párrafo quinto del artículo 1º. Constitucional:
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas.
Se traduce a que todas las personas sin importar su edad, raza, preferencia sexual o nacionalidad
son titulares de los derechos fundamentales, no obstante, la experiencia empírica establece que
para lograr la igualdad deben considerarse las situaciones que atañen a las personas. Desde este
punto de vista, González Amuchastegui (2004), considera dos vertientes, integra la primera
como paradigma moral de validez universal y la segunda reconoce la condición de sujeto
universal.
Principio de Interdependencia e Indivisibilidad.
El principio de interdependencia también es conocido como indivisibilidad, es decir que el goce
de un derecho vincula a los demás derechos fundamentales, civiles, económicos, sociales y
culturales, sin jerarquía entre ellos. De tal manera, ninguno de los derechos es más importantes
que otros, tampoco debe considerarse como elementos aislados, contrario sensu deben
considerase como un conjunto parte esencial de un todo (Comisión Nacional de Derechos
Humanos, 2018).
Siguiendo este orden de ideas, el principio de indivisibilidad manifiesta que ningún derecho
puede prescindirse de ningún otro derecho, esto es, no pueden ser jerarquizados o divididos,
así en las poblaciones vulnerables se consolidan el respeto a las garantías, la protección de los
derechos fundamentales y la exigibilidad de ellos al Estado para su aplicación.
Principio de Progresividad.
El principio de progresividad solicita que la actuación del Estado proceda en el cumplimiento
de los derechos de una manera expedita y eficaz, con la finalidad de satisfacer los derechos
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Deben cumplirse de manera gradual, con
las herramientas posibles, necesarias y oportunas, de manera constante y continua en miras de
evitar obstaculizar el proceso de las personas vulnerables.
Cabe mencionar que es responsabilidad de toda la ciudadanía contribuir en el desarrollo de un
proceso judicial en protección a los derechos humanos.
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Teorías constitucionales de los derechos fundamentales.
El autor García Máynez, refiere el Derecho como el conjunto de normas jurídicas coercitivas de
carácter atributivo que en determinado país o época se declaran obligatorios (García Máynez,
2009). Recalcamos el ius poenale y ius piniendi característico en el Derecho positivo.
Por su parte, el Derecho Constitucional “se refiere a la Constitución su valor y eficacia”;
entonces, el Constituyente se encarga de estructurar la mejor ingeniería que se puede establecer
para su organización procesal y generar por parte del Estado las normas especiales. Por ello
compete al Constituyente establecer en forma correcta las beses generales para que no ocurra
el desorden, confusión, caos o desgobierno, en la parte que corresponda a crear un aparto de
justica completo (Prieto Sanchís, 2018).
Por lo que efectivamente, la inclusión de un Derecho Constitucional significa no sólo la
creación normativa realizada por la Ley o Norma Superior creada por el legislador, sino que es
necesario que tome como base valores morales.
Así, el Derecho procesal nace de las exigencias sociales, entendido éste como un conjunto
de reglas que establecen los requisitos y los efectos de aquél, y esa regulación se da por el lado
de la forma, o derecho formal, siendo tales normas sub especie de la norma jurídica, constando
así tal derecho de normas y mandatos concretos, autónomos o complementarios, el cual debiera
llamarse derecho instrumental (Carnelutti, 2007), determina que a juicio del legislador serán
imperativas.
De tal manera, las exigencias sociales y mundiales establecen nuevas formas de resolver los
conflictos sociales, donde específicamente en temas de sujetos débiles y vulnerables se somete
al escrutinio del impulso social por grupos que exigen igualdad ante la ley para obtener esa
justicia en libertad de obstáculos procesales, porque no sólo se trata de un derecho general,
sino de un derecho “instrumental” en el que se establezcan mecanismos que coadyuven en las
circunstancias específicas de los sujetos procesales.
En México el debido proceso y los derechos humanos como se ha reconocido internacionalmente se fusionan a través de las garantías individuales, de esta manera, la igualdad, la libertad, la audiencia, la defensa, el juicio justo, y la protección de los derechos se elevan al rango
derechos fundamentales. Refiere el carácter universal la protección a tales derechos, con una
aplicación vinculante internacionalmente a que se adopte la protección más amplia en pro de
las personas bajo el criterio pro homine que se establece en el referido artículo 1º. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
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A fin de completar un marco idóneo de derecho de los sujetos débiles y vulnerables en el
ámbito procesal en el Estado Mexicano, se considera necesario el conocimiento y aplicación en
la ingería estructural de las normas procesales, nos referimos a la Teoría Iusnaturalista, la Teoría
del Bloque Constitucional o de derecho humanos del autor Héctor Fix Zamudio, del derecho
natural y su moral que no se puede desligar en su teoría Iusnaturalista o de Derechos Humanos
del autor Norberto Bobbio, la Teoría del Garantismo de Luigi Ferrajoli, involucrada con la
Tutela Judicial. Con ello se busca hacer efectivo los derechos procesales ante la desigualdad en
el valor que la población vulnerable exige.
La teoría Iusnaturalista.
En primer orden cabe mencionar que “la teoría iusnaturalista” del autor Norberto Bobbio,
afirma literalmente “la superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo”, (Bobbio,
2015), siendo sostenida ésta superioridad que distinguen tres formas típicas de iusnaturalismo; el
escolástico, el racionalista moderno y el Hobbesiano; siendo de aplicación desde la interpretación
para el legislador, desde el derecho natural que dictamina respecto del racionalismo moderno
como dictamina rectae razón.
La teoría de Hobbes o criterio Hobbesiano que aduce el derecho natural queda reducido a
una única norma, por ende el derecho natural es el fundamento o sostén de todo el orden jurídico
positivo; que se refiere a que entonces el derecho natural debe obedecer a principios éticos, que
debe tomar el legislador como “sujeto humano”, el cual debe emitir sus reglas procesales que
se positiven como derecho; éste último según la conocida exposición de Santo Tomás, procede
de lo que es natural por conclusionem o determinationem” (Bobbio, 2015).
En este contexto, retomamos la teoría de Bobbio en presente artículo dado que es de interés
al presente estudio, ya que se pondera el derecho natural, razón previa al establecimiento de
normas y tutela de cierta forma los derechos y valores naturales, acertando de una manera clara
ante el derecho igualitario y humano, aunque parezca que supera la norma positiva, dando así
un juicio real de valor acorde a las condiciones humanas de las personas.
Por ello, la Teoría iusnaturalista robustece el tema de estudio al considerar procesos
humanitarios y otorgar juicios valorativos en la escala de valores hacia la población vulnerable
(Vigo, 2016).

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La teoría del Bloque Constitucional.
La teoría del Bloque Constitucional referida por los autores Héctor Fix Zamudio y Salvador
Valencia Carmona, en su libro “Las Reformas en Derechos Humanos, Procesos Colectivos y
Amparo como nuevo paradigma constitucional” conocida así en el Derecho Supra Nacional,
como “cláusula de interpretación de los derechos humanos”, se asume una teoría ad hoc a los
derecho humanos, en virtud de garantizar los derechos procesales de los grupos vulnerables
en virtud de que los criterios de interpretación son a la luz del Derecho comparado o supra
nacionales (Fix-Zamudio &amp; Valencia Carmona, 2013).
Siguiendo este orden de ideas, el Bloque de Constitucionalidad detalla la aplicación
obligatoria de aplicar las normas, principios o reglas, Tratados de Derechos Humanos, y otros
Tratados Internacionales, los cuales no se encuentran consagrados en la Constitución Política,
mismos que deben que ser tomados en consideración al aplicarse en algún proceso o la tutela
judicial o jurisdiccional, con el objetivo de que sea efectiva.
De tal manera, se busca fortalecer el pleno ejercicio de los derechos de los adultos mayores,
niños, niñas y adolescentes, mujeres y pueblos indígenas desde otros distintos ámbitos sociales,
mediante programas políticos y sociales que fomenten su desarrollo pleno, la igualdad, la no
discriminación, la independencia, así como la independencia.
El reconocimiento de la existencia de un bloque de constitucionalidad implica identificar
todas las normas integrando principios, reglas y valores que materialmente son constitucionales.
La teoría Garantista.
La Teoría del Garantismo del autor Luigi Ferrajoli, en su libro Principia Iuris, Teoría del Derecho, en cuyas páginas aborda el tema del “garantismo” sustenta la protección que realizan
las normas secundarias a la luz de la protección de los derechos humanos. Refiere la garantía
primaria señalando la obligación de prestación y obligación del derecho a la acción abstracta
en el derecho de petición y la obligación en su caso de prohibición de algún acto, para referirse también a la garantía secundaria como la anulación o condena dispuestas en la garantía de
anulabilidad (Ferrajoli, 2011).
Ahora bien, se consideran garantías primarias aquellos mecanismos de salvaguarda que establece el Estado a través de los órganos competentes en protección de la vida, la libertad y los derechos. Se reconoce como garantías secundarias aquellas que protegen los derechos (Ferrajoli,
2011), es decir, la exigencia de parte del Estado a constituir garantías en protección los intereses
y necesidades de los sujetos débiles. Bajo este contexto, cabe referir la obligación del Estado en
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la creación de normas instrumentales que tutelen los derechos fundamentales mediante el establecimiento jurídico de las garantías primarias y secundarias a favor de los grupos vulnerables.
La teoría de tutela judicial efectiva.
El derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho que tienen las partes de participar
en el proceso a través de los órganos jurisdiccionales (Marinoni, 2007) (Salinas Garza , 2016),
de ahí la obligación del Estado en materialización efectiva de los derechos fundamentales.
De tal forma, es importante que se tutelen efectivamente los derechos, ante la herramienta de
los medios de defensa, del debido proceso y de la sentencia razonada, ello es que las partes
débiles o vulnerables puedan defender en forma igualitarias sus derechos, dando con ello inclusión de un modelo procesal publicista otorgando a los juzgadores un papel más activo, y el juez
asuma la tutela ante el proceso adjetivo (Salinas Garza , 2016).
Dicha Teoría compagina con la mencionada teoría del garantismo de Ferrajoli, donde el Estado
debe tutelar los derechos e intereses sociales y asumir en el Derecho procesal la necesidad de
incluir en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los Grupos Débiles y
Vulnerables y posteriormente asentarlos en las leyes instrumentales.
3.- MÉTODO
Diseño
El proyecto de estudio se desarrolló con un enfoque cualitativo (Hernández Sampieri, Fernández Collado, &amp; Baptista Lucio, 2014), de análisis de discurso a través de la heurística (Cárcamo Vásquez, 2005), en la que se interpretan las tres categorías: a) derechos procesales, b) los
grupos vulnerables y, c) las normativas nacionales e Internacionales, a través de la reflexión a
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
Instrumentos
En la elaboración del sustento teórico y legal que integra los derechos procesales, los grupos
vulnerables y las normativas nacionales e internacionales, se consultaron diversos textos bibliográficos, se incluyen los tratados Internacionales que fundamentan los derechos esenciales
de los sujetos vulnerables. También se analizaron Leyes y Protocolos de índole nacional y
universal, así como el Seminario Judicial de la Federación del estado mexicano. Se utiliza un
análisis crítico valorativo de carácter argumentativo, cuya finalidad es indagar la norma jurídica
(Álvarez Undurraga, 2014),
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Procedimiento
En la determinación del problema de investigación parte desde un análisis de tipo reflexivo y
analítico jurídico. Se sustenta a través de la creación de un marco teórico y legal conformado
por Tratados Internacionales vinculantes al Estado Mexicano. Bajo este contexto, se realiza una
análisis de discurso en el estudio de textos legales en cuanto existen discrepancias en el significado de las normas jurídicas nos encontramos en la tarea de descubrir la intención del legislador
(García Máynez, 2009), característica esencial de los secuaces de la exégesis. Posteriormente se
analizan los resultados y las conclusiones.
4.- RESULTADOS
De primer contexto, respecto a los derechos procesales se encontró que la función jurisdiccional se encuentra regulada en la Constitución, sin embargo, se entiende dentro de un esquema
subjetivo, ya que impone la necesidad de acudir ante el órgano jurisdiccional para la exigencia
de los derechos. Atendiendo el marco jurídico internacional, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos establece el respeto a los derechos fundamentales a través de los principios
de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad, en este sentido, los derechos humanos se utilizan para dirimir cualquier tema que involucra la protección a la dignidad
humana, esto es a los grupos débiles y personas vulnerables.
En cuanto a los grupos vulnerables encontramos que la norma nacional carece de una
definición clara y precisa de esta población, ya que el artículo 1º. Constitucional únicamente
refiere el concepto de “igualdad” vinculándose al término de “discriminación”; delimitando
a “origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales y el estado civil”.
Así mismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos asume una diversidad de
derechos individuales entre ellos refiere el derecho de igualdad entre hombre y mujeres y el derecho de igualdad ante la Ley. Sin embargo, partiendo de las cualidades especiales de los sujetos
que participan en los procesos judiciales se debe igualar al corpus iuris por sus condiciones
específicas, estableciendo en contexto de sujetos procesales con igualdad de armas, apoyados
en una sistemática jurídica ad hoc a las condiciones de los sujetos de estudio.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, reconoce la obligación de los
Estados de no discriminar, pero no conceptúa definición de vulnerable o grupos vulnerables.
Así mismo, se encontró que existen discrepancias en los diversos conceptos de discriminación,
tales como “discriminación múltiple”, “doble discriminación”, “triple discriminación”, “disRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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criminación compuesta”, “discriminación interseccional”. Por lo tanto, no se debe delimitar
únicamente la noción de discriminación, entonces le corresponde al Estado establecer las condiciones necesarias en el goce y disfrute de una vida digna y plena en los derechos humanos.
5.- CONCLUSIONES
En cuanto a los derechos procesales el precepto constitucional referido en el artículo 1º. requiere
fortalecer la descripción legal, ya que no reconoce de manera formal una relación de derechos
fundamentales en las minorías lato sensu lo deja a la interpretación, entendiendo la integración
en grupos minoritarios tales como grupos étnicos, religiosos, culturales, los inmigrantes,
refugiados, tribus y pueblos indígenas.
En la cúspide de los derechos procesales establecidos por las Naciones Unidas se distingue
el common law en los grupos vulnerables. Sin embargo, es importante delimitar las nociones
de vulnerabilidad directa y vulnerabilidad indirecta para efectos de fortalecer el marco
Constitucional, en virtud de homologar la definición de sujetos vulnerables y grupos vulnerables.
En nuestro vértice más inminente se reconoció como valores de los derechos fundamentales
la dignidad, libertad e igualdad. Se observó la existencia de un proceso en el cual a todos los
sujetos de derecho en las Leyes adjetivas se conceden la misma normativa jurídica de defensa
en el debido proceso, ya que “el núcleo duro” lleva implícito ciertas garantías que aplican a
cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional y son las que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento. Empero, es
necesario continuar con la creación de nuevas técnicas procesales para efectos de coadyuvar
con el derecho procesal en los grupos vulnerables.
Se concluye que existe la necesidad de generar un protocolo para la atención de derechos
procesales en los grupos vulnerables en protección de los derechos humanos. Así mismo, se
propone generar nuevos estudios de jurisdicción constitucional a favor de los sujetos débiles y
en vulnerabilidad.
REFERENCIAS
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México, ISSN 2395-8448. 225-245. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/155

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Politica Editorial
Misión.
• Somos una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento
de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a
través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la
construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional
en el entorno local, nacional e internacional.
Visión.
• Ser para el 2024 una revista de referencia para el mundo académico por su periodicidad,
calidad científica, citación en bases de datos de impacto, aceptada en bases bibliográficas
con comité científico de selección (BBCS).
Objeto y alcance de la revista.
• Revista Política, Globalidad y Ciudadanía es una revista científica de Ciencias Sociales,
Políticas y Relaciones Internacionales que impulsa el intercambio, la difusión y la transferencia del conocimiento en el campo, con énfasis en el área de Política; para ello, toma
como referente la realidad política de América Latina y el mundo. Se fundamenta en la
calidad de la producción científica, con base en la sistematicidad y el rigor, utiliza en su
proceso de revisión por pares la metodología doble ciego (Double Blind Review), publica artículos originales resultados de proyectos de investigación y revisiones bibliográficas bajo los lineamientos de las normas de publicaciones de la American Psychological
Association (APA) sexta edición.
• Revista Política, Globalidad y Ciudadanía acoge las buenas prácticas del Comité de Ética en Publicación (COPE, por sus siglas en inglés Committe on Publication Ethics), se
edita semestralmente enero-junio, julio-diciembre y circula desde el año 20015, bajo el
patrocinio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en formato electrónico en Open
Access. Divulga sus trabajos en los idiomas español e inglés y está dirigida a la comunidad científica en Política; en especial, a investigadores y docentes que se ocupen del
campo de la ciencia política y las relaciones internacionales.

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México, ISSN 2395-8448. 1-263. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/15

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Líneas Temáticas.

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Cuerpos Académicos
Administración Pública
Comercio y Negocios Internacionales
Comunicación Política
Estudios Regionales Internacionales
Gestión y Política Educativa
Gestión Energética y sustentabilidad
Gobernanza Universitaria
Participación Ciudadana y DDHH

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Subáreas Scopus
Ciencias Políticas
Ciencias Políticas y Relacones
Internacionales
Sociología y Ciencias Políticas

Proceso de gestión editorial.
• Postulación y recepción del artículo: Esta etapa inicia con el envío del artículo por parte
del autor a través de la plataforma del OJS (Open Journal Sistems). El autor debe enviar
el artículo en formato Word, junto con su hoja de vida. Una vez el artículo es postulado,
se hace de forma automática la recepción del artículo y el acuse de recibido.
Revisión Editorial previa:
• Los editores en un periodo máximo de 72 horas a partir de la recepción evaluarán los
artículos postulados y determinarán si estos se encuentran dentro del alcance de la revista. En esta fase se hace una revisión de la calidad editorial y la contribución al conocimiento del artículo postulado. Se revisa su estructura (forma y contenido), verificando
que se cumpla con la norma de publicación de la American Psychological Association
(APA). Si el artículo postulado no cumple con los criterios editoriales establecidos se le
notificará al autor la decisión editorial, si por el contrario el articulo supera la etapa de
revisión previa pasa inmediatamente a revisión por pares.
Revisión por Pares:
• Esta evaluación se realiza bajo la modalidad del método doble ciego, es decir, el artículo
será enviado en completo anonimato. En esta etapa se designan dos revisores expertos
en la temática, para que, con base en las políticas editoriales, y teniendo en cuenta un
formato de evaluación analicen el articulo asignado. Los revisores tendrán un periodo de
tiempo de quince (15) días para realizar su respectiva revisión. Una vez los evaluadores
emiten su concepto se le comunica al autor principal. Si el articulo no fue aceptado por
los pares se le comunica de manera sutil al autor principal. Si el artículo fue aceptado
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con algunas sugerencias, se le envía al autor la evaluación anónima para que realice los
respectivos ajustes.
Revisión Editorial (después de pares): El editor verificará detalladamente que los autores
hayan realizado las correcciones sugeridas por los pares.
Revisión de estilo: Una vez el editor haya verificado que las correcciones se han realizado, se procederá a enviar a corrección de estilo. En esta etapa, el corrector se encargará
aspectos de redacción y estilo del texto.
Traducción: Después de la corrección de estilo, el artículo se envía a un experto en segundo idioma para que haga la respectiva traducción del resumen y las palabras clave.
Diagramación (Edición): Esta etapa busca garantizar la apariencia estética del artículo
adecuando los espacios, la tipografía y los colores.
Revisión final del editor: El editor otorga la aprobación definitiva.
Publicación: Los artículos se encuentran en la etapa final del proceso, listos para ser
publicados.
Tipo de artículos aceptados. Los autores pueden postular a Revista Política, Globalidad
y Ciudadanía tres tipos de artículos: Originales resultados de proyectos de investigación
científica y tecnológica, revisiones bibliográficas y reseñas.
Artículos de investigación científica y tecnológica: Documentos que presentan de manera, detallada, los resultados originales de proyectos de investigación terminada. La estructura contiene título, resumen, abstract, introducción, método, resultados, discusión, conclusiones y referencias. Debe presentar 30 referencias, preferiblemente, citando a otros
artículos de revistas científicas, los cuales deben estar citados al interior del documento.
Un artículo científico es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación.
Artículos de Revisión: Documentos resultantes de una investigación donde se analizan,
sistematizan e integran los hallazgos de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica
de por lo menos 50 referencias.
Reseñas: Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema particular.

Funciones del Comité Editorial y Científico.
• Para su operación, la revista cuenta con un comité editorial y un comité científico conformado por investigadores nacionales e internacionales. El papel de estos comités es
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trazar la política y la estrategia de la revista con el fin de lograr un posicionamiento significativo en la comunidad científica de las Ciencias Políticas y velar por la calidad de
los trabajos en ella publicados.
Comité Editorial.
• Es el órgano compuesto por docente-investigadores reconocidos en el área de ciencias
políticas y relaciones internacionales, con afiliación institucional en México y amplia
trayectoria investigativa. Su función en primera instancia consiste en asesorar al editor-jefe y coeditor en la gestión editorial de la revista, además de evaluar el desempeño
de ésta y formular recomendaciones para mejorarla.
Sus funciones están enfocadas a:
• Diseñar la política editorial en conjunto con el editor-jefe
• Velar por el cumplimiento de todos los procesos editoriales para garantizar el rigor y el
valor científico de los artículos publicados
• Asesorar en la planificación estratégica de la revista
• Apoyar en la asignación de árbitros
• Verificar y aprobar los números publicados en las ediciones de la revista
• Aprobar las líneas temáticas
• Realizar convocatorias para la postulación de artículos
• Promocionar la revista en eventos, conferencias y espacios de difusión
• Proponer temáticas de números especiales
• Sugerir bases de datos para la indexación de la revista.
Comité Científico.
• Es el cuerpo de investigadores reconocidos en el campo de las ciencias políticas y relaciones internacionales, con afiliación institucional extranjera que tiene la función de
garantizar la credibilidad de la revista. Además, es el encargado de evaluar permanentemente la calidad científica del contenido publicado y asesorar al comité editorial en
cuanto a la actualización de los lineamientos y políticas editoriales con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de las publicaciones. Son funciones de este comité:
• Participar junto con el comité editorial en la formulación de la política editorial
• Asesorar al comité editorial en el establecimiento de los criterios de calidad
• Invitar a miembros reconocidos de instituciones internacionales a que publiquen sus
artículos en la revista
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Promocionar la revista en eventos, conferencias y espacios de difusión.

Política de acceso abierto
• Revista Política, Globalidad y Ciudadanía proporciona acceso abierto inmediato a su
contenido, sobre el principio de que la investigación libremente disponible para el público apoya un mayor intercambio global de conocimientos. La revista está autorizada en
el marco de la Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Derivadas 4.0
– México, que permite a terceros descargar las obras y compartirlas con otros, siempre
que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden
utilizar comercialmente. Se deja en claro, que los autores no asumen ningún costo por
el proceso editorial de sus artículos ni su publicación. Todos los costos editoriales son
asumidos por la Universidad Autónoma de Nuevo León como institución editora.
Copyright.
• El copyright de Revista Política, Globalidad y Ciudadanía pertenece a la Coordinación
de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
• Para la reproducción del material publicado en esta revista se deberá solicitar autorización a la Coordinación de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
• Dirección: Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales, Praga y Trieste s/n Col. Residencial Las Torres, Monterrey,
Nuevo León, México. C.P. 64930. http://www.facpoliticas.uanl.mx/
• E-mail: revista.politicas@uanl.mx; revistapoliticas.uanl@gmail.com; publica.policas@
uanl.mx
• Una vez aceptado un artículo para su publicación, el autor (es) traspasa los derechos de
copyright a la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía.
Frecuencia de publicación.
• La Revista Política, Globalidad y Ciudadanía publica de manera semestral, de enero a
junio y de julio a diciembre.
Declaración de conflictos de interés
• Los autores no evidenciaran conflictos producto de relación con cualquier tipo de institución o asociación comercial o de otra índole, en relación con lo divulgado en el artícuRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No.12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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lo. Es decir, dar conceptos negativos o juzgar de manera muy positiva lo publicado por
intereses personales, competencias académicas, pasión intelectual.
Los autores que postulen artículos de investigación, artículos de revisión, y reseñas a la
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, deben garantizar que sus procedimientos y
metodologías se ajustan a los códigos éticos de publicación cuya garantía constará por
escrito en el formato aceptación o compromiso de cesión de derechos patrimoniales de
autor y declaración de conflictos de intereses, el cual se solicitará conjuntamente con el
envío del artículo para su revisión preliminar, haciendo plenamente responsable al o los
autores de prácticas poco éticas, discriminatorias, ofensivas, agresivas, etcétera; en las
que hayan podido incurrir dentro de la investigación de donde deriva el artículo.
Del mismo modo el autor está obligado a informar los conflictos de interés que pueda
tener su trabajo en caso de que los tenga. La persona que haga el envío del manuscrito
para publicación será identificada como el garante del trabajo en su totalidad y con él se
establecerán las comunicaciones relacionadas con el proceso de edición.

Normas de ética en investigación.
• Revista Política, Globalidad y Ciudadanía acoge las buenas prácticas del Comité de ética en Publicación (COPE, por sus siglas en inglés, Committe on Publication Ethics), el
cual se encarga de la ética y moral de las publicaciones científicas. La revista toma como
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proceso de gestión editorial estableciendo una guía ética para el editor, los autores y los
revisores.
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• El equipo editorial debe realizar sus funciones editoriales basadas en las buenas prácticas de edición científica fomentando la transparencia, la originalidad, la integridad y la
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manipulación de datos, publicación redundante o duplicada.
Editor
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en la validez del trabajo y en la importancia que tenga para los lectores; por lo tanto, se
hace libre de expresar de forma crítica pero responsable y respetuosa sus impresiones
derivadas de la revisión de los artículos.
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Las decisiones de aceptar o rechazar un artículo para publicación deben ser objetivas y
basarse únicamente en la importancia, originalidad y claridad del objeto de estudio.
Debe sostener una comunicación cordial y respetuosa con los miembros del equipo editorial, comités científicos y editorial, autores y revisores.
Debe fomentar un comportamiento responsable y disuadir de las malas prácticas editoriales.
Debe actuar como garante de la confidencialidad de la información contenida en los
manuscritos recibidos y en los comentarios de evaluación.
Debe proporcionar información actualizada sobre los criterios de autoría siguiendo las
normas éticas internacionales en publicación.
Debe tomar medidas correctivas en caso de plagio u otra mala conducta.
Debe informar a los autores si el artículo será admitido a proceso de evaluación por
pares.
Podrá retirar artículos publicados en caso de una mala práctica comprobada.

Autores
• Los autores deben tener un compromiso con el desarrollo ético y responsable de sus
investigaciones.
• Sus trabajos de investigaciones deben ser producción propia, inédita y original. No deben tener plagio ni auto plagio.
• Deben proporcionar de forma correcta sus datos personales
• Los artículos deben ser coherentes con el contenido del trabajo, es decir, el problema de
investigación identificado debe corresponder con los objetivos del artículo, la metodología, los resultados y las conclusiones.
• Deberán enviar de forma transparente y original toda la documentación requerida por el
equipo editorial
• Deben proporcionar el uso de permisos si se utilizó recursos de otros autores (imágenes,
etc.).
• Deben confirmar que la propuesta del manuscrito no ha sido enviada a otra revista.
• Se comprometen a declarar cualquier posible conflicto de interés.

Revisores
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Las decisiones de los revisores deben estar fundamentadas en el rigor y la calidad científica.
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• Revista Política, Globalidad y Ciudadanía is a scientific journal on Political Science and
International Relations (Social Sciences) that promotes the exchange, dissemination and
transfer of knowledge in the field, with emphasis on the area of Politics; for this purpose,
it is based on the political reality of Latin America and the rest of world. It relies on the
quality of scientific production considering systematics and rigor; it uses the Double
Blind Review methodology in its peer review process; it publishes original articles, results of research projects and literature reviews under the guidelines of the publishing
standards of the American Psychological Association (APA), sixth edition.
• Revista Política, Globalidad y Ciudadanía welcomes the good practices of the Committee on Publication Ethics; it is edited semi-annually, January-June and July-December,
and it is distributed since 2015 under the support of the Universidad Autonoma de Nuevo
León , in electronic format in Open Access. It spreads its work in Spanish and English
and it is addressed to the scientific community in Politics, mainly to researchers and
teachers who deal with the field of Political Science and international Relations.

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 1-263. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/15

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Líneas Temáticas.
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• Political Science and Interna• Political Communication
tional Relations
• International Regional Studies
• Sociology and Political Science
• Educational Management and Politics
• Energy Management and Sustainability
• University Governance
• Citizen Participation and Human
Rights
Editorial Management Process.
• Application and Reception of an Article: This stage begins with the submission of the
article by the author through the Open Journal Systems (OJS) platform. The author must
send the article in Word format, along with his curriculum vitae. Once the article is applied, the reception of the article and the acknowledgment of receipt are automatically
made.
Prior Editorial Review:
• Editors will evaluate the applied articles and determine if they are within the scope of the
journal in a maximum of 72 hours from receipt. In this phase, a review of the editorial
quality and the contribution to the knowledge of the applied article is made. Its structure
(form and content) is reviewed, verifying that the publishing standard of the American Psychological Association (APA) is complied with. If the applied article does not
comply with the established editorial criteria, the author will be notified of the editorial
decision; if, on the contrary, the article exceeds the prior review stage, it is immediately
reviewed by peers.
Peer Review:
• This evaluation is done under the modality of double-blind method, that is, the article
will be sent in complete anonymity. In this stage, two reviewers’ experts in the subject,
based on the editorial policies, and taking into account an evaluation format, analyze
the assigned article. The reviewers will have a period of fifteen (15) days to carry out
their corresponding review. Once the evaluators issue their concept, the main author is
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informed. If the article is not accepted by the peers, the main author is communicated
subtly. If the article is accepted with some suggestions, the anonymous evaluation is sent
to the author to make the corresponding adjustments.
Editorial Review (after pairs): The editor will verify thoroughly that the authors have
made the corrections suggested by the peer.
Style Review: Once the editor has verified that the corrections have been made, the article will be sent to style correction. In this stage, the proofreader will be responsible for
checking aspects of writing composition and text style.
Translation: After the style correction, the article is sent to an expert in the second language in order to translate the abstract and the keywords.
Layout (Edition): This stage seeks to guarantee the aesthetic appearance of the article
adapting spaces, typography and colors.
Final Editor Review: The publisher grants final approval.
Publication: The articles are in the final stage of the process and they are ready to be
published.

Type of Accepted Articles.
The authors can apply three types of articles to Revista Política, Globalidad y Ciudadanía:
Original containing results of scientific and technological research projects, literature reviews
and reviews.
• Scientific and Technological Research Articles: Documents that include thorough original results of completed research projects. The structure contains title, summary, abstract, introduction, method, results, discussion, conclusions and references. It must submit 30 references preferably quoting other articles from scientific journals, which must
be mentioned within the document. A scientific article is a written and published report
that describes original research results.
• Review Articles: Resulting documents from research that analyze, systematize and integrate the findings of published or unpublished research on a field in science and technology in order to justify for progress and developmental trends. It features a careful
literature review of at least 50 references.
• Reviews: Resulting document from the critical review of literature on a particular topic.
Fnctions of the Publishing and Scientific Committee.
• For its operation, the journal has a publishing committee and a scientific one made up of
national and international researchers. The role of these committees is to draw the policy
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and strategy of the journal in order to achieve a significant position in the scientific community of Political Science and to ensure the quality of the work it publishes.
Publishing Committee.
• It is the body made up of renowned teachers-researchers in the area of Political Science
and International Relations, with institutional affiliation in Mexico and extensive research experience. Its function in the first instance consists of advising the editor-in-chief
and co-editor in the editorial management of the journal, as well as evaluating its performance and formulating recommendations to improve it. Its functions are focused on:
•
Suggesting databases for indexing the journal
•
Designing the editorial policy working with the editor-in-chief
•
Ensuring compliance with all editorial processes to guarantee the scientific rig		
or and value of published articles
•
Advising on the strategic planning of the journal
•
Supporting the allocation of arbitrators
•
Verifying and approving the issues published in the editions of the journal
•
Approving the main topics
•
Making calls for the submission of articles
•
Promoting the journal in events, conferences and diffusion spaces
•
Proposing topics for special issues
•
Suggesting databases for indexing the journal.
Scientific Committee.
• It is the group of renowned researchers in the field of Political Science and International
Relations , with foreign institutional affiliation that has the function of guaranteeing the
credibility of the journal. In addition, it is in charge of permanently evaluating the scientific quality of the published content and advising the editorial committee regarding
the updating of guidelines and editorial policies in order to contribute to the continuous
improvement of publications. The functions of this committee are:
•
To participate along with the publishing committee in the formulation of edito		
rial policy,
•
To advise the editorial committee in the establishment of quality criteria,
•
To invite renowned members of international institutions to publish their arti
		
cles in the journal, and
•
To promote journal in events, conferences and dissemination spaces.
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Open Access Policy.
• Revista Política, Globalidad y Ciudadanía provides immediate open access to its content, on the principle that research freely available supports a greater global exchange
of knowledge. The journal is authorized under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives 4.0 - Mexico License, which allows third parties to download the works and share them with others, provided their authorship is acknowledged,
but they cannot be changed, nor can they be used commercially. It is clear that authors
do not assume any cost for the editorial process of their articles or their publication. All
editorial costs are assumed by the Universidad Autonoma de Nuevo Leon as a publishing
institution.
Copyright.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía copyright belongs to the Research Coordination of the School of Political Science and International Relations of the Universidad
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For reproduction of the material published in this journal, authorization must be requested
to the Research Coordination of the School of Political Science and International Relations of the Universidad Autonoma de Nuevo Leon.
Address: Universidad Autonoma de Nuevo Leon, School of Political Science and International Relations, Praga &amp; Trieste, Col. Residencial las Torres, Monterrey, Nuevo León,
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E-mail: revista.politicas@uanl.mx; revistapoliticas.uanl@gmail.com; publica.policas@
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Once an article has been accepted for publication, the author (s) transfers the copyright to
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Frequency of Publication.
• Revista Política, Globalidad y Ciudadanía is published semi-annually, January to June
and July to December.
Declaration of Conflict of Interest
• The authors will not evidence conflicts arising from any type of commercial or other
institutional association, in relation to what it is disclosed in the article. That is, giving
negative concepts or judging in a very positive way what it is published due to personal
interests, academic competences, or intellectual passion.
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Globalidad y Ciudadanía, must guarantee that their procedures and methodologies conform to the ethical publishing codes whose guarantee will be included in the format acceptance or commitment of assignment of patrimonial rights of author and declaration of
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In the same way, the author is obliged to report any conflict of interest that his work may
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He/she must act as guarantor of the confidentiality of the information contained in the
manuscripts received and in the evaluation comments.
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Authors
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• Their research work must be produced by themselves, unpublished and original. They
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problem must correspond to the objectives, the methodology, the results and the conclusions of the article.
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              <text>El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores.</text>
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