https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/417/20817/Politica_globalidad_y_ciudadania_2021_Vol_7_No_13_Enero-Junio.pdf 2aa3ba5f3980d5dba5925b1fde5e93b0 PDF Text Text �Editorial Jorge Isaac Lechuga-Cardozo Editor Revista Política, Globalidad y Ciudadanía https://orcid.org/0000-0002-0999-5468 Como referenciar la editorial: Lechuga-Cardozo D. J. (2021). Editorial 7 (13). Revista Política, Globalidad y Ciudadania, 12-15. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/ RPGyC/article/view/183 En la actualidad, Latinoamérica experimenta una crisis sanitaria provocada por el COVID-19; crisis políticas en algunos de sus países derivada de movilizaciones populares e indígenas en contra de medidas económicas de corte neoliberal y de no sentirse representados por sus gobiernos; crisis económica provocada por la contracción de la demanda global y las cadenas de suministro; asimismo una crisis humanitaria por el movimiento masivo de las personas migrantes y refugiadas en búsqueda del mejoramiento de su calidad de vida. Por lo que los gobiernos tienen grandes desafíos para dar respuestas a medidas de salud, sociales, fiscales y monetarias. En el presente número de la Revista Científica Política, Globalidad y Ciudadanía, el lector tendrá acceso a diez artículos que ahondan sobre temáticas que son indispensables para la sociedad principalmente en lo que concierne a los ejes de gobierno, comunicación política, comercio exterior, métodos alternos de solución de conflictos, migración, emprendimiento y derecho. Corresponden a investigaciones que se han realizado de manera rigurosa y con una revisión exhaustiva que facilita el debate académico. De modo que la Revista Científica Política, Globalidad y Ciudadanía, revista científica editada por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, consiente de la necesidad del estudio y reflexión de las ciencias sociales, presenta a la comunidad académica-científica, nacional e internacional un nuevo número, en la que se pueden consultar investigaciones relacionadas con gobierno, comunicación política, comercio exterior, métodos alternos de solución de conflictos, migración y derecho. Como es el caso de la investigación desarrollada por Gustavo Aguil- �era Izaguirre, cuyo objetivo consistió en general analizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, en el contexto del desarrollo de un buen gobierno en México. El artículo presenta la gestión de los asuntos públicos es el proceso a través del cual las instituciones públicas dirigen los asuntos de interés general, administran los recursos públicos y garantizan la realización de los derechos humanos. Por su parte, Francisco Enríquez-Chávez y Marco Antonio Santana-Campas, presenta un artículo producto de una revisión bibliográfica con el objetivo de describir las afectaciones a los trabajadores por demora en los juicios laborales y la no aplicación de manera eficaz de los medios de solución de conflictos en trabajadores del Sur de Jalisco. Chávez y Santana concluyen que los estudiosos del derecho deben utilizar el conocimiento en otras ciencias para advertir qué esconden los conflictos y solucionarlos empoderando a las partes para que éstos logren mediante el diálogo y empatía, sin necesidad de los formalismos del procedimiento judicial que dificulten el acceso a la justicia. Con respecto a Comunicación Política, Metzli Sofía Jiménez Tovar, presenta un artículo de investigación cualitativa cuyo objetivo fue proponer el uso del análisis de discurso y sus resultados, como una forma de demostrar el efecto que tienen los discursos sobre los medios de comunicación, y por ende sus consecuencias en la sociedad, así como el impacto de los líderes de opinión. Jiménez concluyó que la cobertura mediática fue variable, y que la interpretación de los discursos sí puede brindar un panorama contextual de la realidad y los cambios que se generaron con el tiempo; que los discursos al final cumplen con su objetivo, que es generar acción y obtener una mayor cobertura mediática al convertir el cambio climático en un tema de interés público. Al mismo tiempo, Aleida Núñez García y Jorge Isaac Lechuga-Cardozo, en su artículo cuyo objetivo fue mostrar evidencia de la aplicación de medidas arancelarias y no arancelarias como la salvaguardia para la defensa comercial de la industria del acero en México, aunado a la importancia de la correcta clasificación arancelaria de los productos sensibles como el acero. Núñez y Lechuga concluyen que concluye que la correcta clasificación arancelaria de las mercancías en materia de acero permitirá cumplir las regulaciones y restricciones no arancelarias, el pago de contribuciones al comercio exterior, las diversas a estas, y el pago de cuotas compensatorias, en el caso que éstas últimas apliquen, lo que evitará consecuencias jurídicas y administrativas significativas �por la autoridad aduanera. Por otro lado, Araceli Castillo Caraveo en su artículo de revisión que tuvo por objetivo analizar el desarrollo de la mediación dirigida a las entidades federativas y su impulso en la mediación familiar. Castrillo propone indagar respecto a cómo se encuentra la justicia alternativa en la actualidad y de qué manera la contemplan actualmente, desde sus legislaciones especializadas hasta los números de asuntos que han resuelto en el último año, de modo que, se analizará conforme a las estadísticas y las legislaciones, aquellos avances que han tenido en la mediación familiar. Así pues, Carlos Franco Castellanos y Rubinia Teresa Sandoval Salazar, cuyo objetivo fue analizar las disposiciones normativas vinculadas con la mediación familiar en la Provincia del Chaco, Argentina y el Estado de Nuevo León, México. Franco y Sandoval concluyeron que la necesidad de incorporar cuestiones jurídicas y buenas prácticas en el ejercicio de la mediación familiar dentro del ordenamiento jurídico mexicano, sobre todo la concepción de la mediación prejudicial obligatoria en conflictos familiares con intervención de personas menores de edad. Al mismo tiempo, Yessica Elizabeth Llanes García y Tuur Ghys, presentan un artículo de investigación cualitativa cuyo objetivo fue evidenciar el acceso a la atención médica para los cientos de miles de migrantes que transitan por México para llegar a los Estados Unidos, que en teoría bajo el antiguo sistema estaba cubierto a través del Seguro Popular. Llanes y Ghys concluyeron sugiriendo mejorar el alcance (de información) a los migrantes. Igualmente, Javier Urbano Reyes, en su articulo cuyo objetivo fue identificar aquellos procesos que convergen como raíces comunes en la interacción y el fortalecimiento del narcotráfico y la movilidad migratoria. Realizó un análisis cualitativo bajo la premisa de que la atención de un asunto debe correr paralelamente con la gestión del otro, como fenómenos sinérgicos y no disociados. En cuanto al emprendimiento, María Angélica Cervantes Muñoz y María Erika Narváez Ferrín, cuyo artículo tuvo por objetivo identificar las cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, en un estudio cuantitativo a una muestra de quinientos diecinueve graduados encontraron que las cualidades emprendedoras deben incorporarse en los micro �currículos de los programas que ofertan aquellos cursos que fomenten la cultura emprendedora en toda la comunidad unadista. También, Karla Ninoska Pineda Gadea, en su artículo que tuvo por objetivo analizar las garantías de control de constitucionalidad en los juicios laborales en Nicaragua, para lograrlo se adopta el método analítico-sintético. Pineda encontró que Nicaragua no cuenta con un mecanismo que brinde acceso a la justicia constitucional en materia laboral y por ello las partes en los procesos laborales han iniciado una mala praxis del recurso de amparo, pretendiendo usarlo como una tercera instancia. Para finalizar, María de Otuzar, en su artículo que tuvo por objetivo analizar análisis las razones que llevaron a esta diferencia de trato en políticas de emergencia en Argentina. En primer lugar, se investigó sobre el uso del criterio restrictivo de ciudadanía moderna supuesto en políticas sociales “universalistas”. Otuzar concluyó que existe la necesidad de repensar modelos de pertenencia no circunscriptos a la nacionalidad e igualitarios, reconociendo los derechos de todo habitante y residente, y avanzando hacia nuevas concepciones post nacionales inclusivas y pluriculturales que permitan revertir la histórica vulneración de derechos humanos de migrantes. Por último, la edición cuenta con contribuciones internacionales de Argentina, Colombia, México y Nicaragua sobre temas actuales, en ellos se encuentra reflejado el compromiso de la Revista Científica Política Globalidad y Ciudadanía de difundir resultados de investigación de temas actualidad internacional. Es importante resaltar, que el presente número comprende el análisis y reflexiones de diversos asuntos de las ciencias sociales con el ánimo de contribuir a un debate con pares de diferentes instituciones y cooperar al desarrollo de nuevos conocimientos que generen aportación social. Por lo tanto, esperamos que los académicos que consulten esta edición puedan encontrar información que les sea de utilidad en sus propias investigaciones. �20 Buen gobierno y derechos humanos en México1 Good governance and human rights in Mexico Gustavo, Aguilera-Izaguirre2 Universidad Autónoma del Estado de México, México https://orcid.org/0000-0002-9817-6746 https://doi.org/10.29105/pgc7.13-1 ___________________________________________________________________________ RESUMEN El presente trabajo tiene como objetivo general analizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, en el contexto del desarrollo de un buen gobierno en México El presente artículo es una investigación de tipo cualitativo, parte de un diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico trasversal. Del análisis documental se observó que la gestión de los asuntos públicos es el proceso a través del cual las instituciones públicas dirigen los asuntos de interés general, administran los recursos públicos y garantizan la realización de los derechos humanos. La pregunta es: ¿a través del buen gobierno logran las instituciones encargadas de la gestión de los asuntos públicos garantizar eficazmente derechos humanos? Se concluye que la buena gestión de los asuntos públicos logra este resultado esencialmente mediante la eliminación de los abusos y la corrupción, y prestando la debida atención al Estado de derecho. El verdadero criterio que determina si la gestión de los asuntos públicos es “buena” consiste en el grado en que hace realidad las promesas de los derechos humanos: los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Palabras claves: Buen Gobierno, Derechos Humanos, Estado de Derecho ABSTRACT The general objective of this work is to analyze the full exercise of human rights, in the context of the development of good governance in Mexico This article is qualitative research, part of a non-experimental design, under a transverse documentary-bibliographic level. From the documentary analysis it was noted that the management of public affairs is the process through which public institutions direct matters of general interest, administer public resources and ensure the realization of human rights. The question is: Do the institutions responsible for the management of public affairs effectively guarantee human rights through good governance? It is concluded that good management of public affairs achieves this result essentially by eliminating abuses and corruption, and paying due attention to the rule of law. The real criterion that determines whether the management of public affairs is “good” is the degree to which the promises of human rights come true: civil, cultural, economic, political and social rights. Keywords: Good governance, human rights, rule of law. Recibido: 13 de Julio 2020 - Aceptado: 09 de Septiembre 2020 Cómo referenciar este artículo: Aguilera-Izaguirre, G. (2021). Buen gobierno y derechos humanos en México. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 20-40. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166. https:// doi.org/10.29105/pgc7.13-1 1 Este artículo es producto del proyecto “Calidad y Buen gobierno”, financiado por PROMEP. 2 Doctor por la Universidad de Salamanca, España, Profesor Investigador en la Universidad Autónoma del Estado de México, Correo: gaguilerai@uaemex.mx. Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional �Buen gobierno y derechos humanos en México. 21 1.- INTRODUCCION La gestión de los asuntos públicos es el proceso a través del cual las instituciones públicas dirigen los asuntos de interés general, administran los recursos públicos y garantizan la realización de los derechos humanos. La buena gestión de los asuntos públicos logra este resultado esencialmente mediante la eliminación de los abusos y la corrupción, y prestando la debida atención al Estado de derecho. El verdadero criterio que determina si la gestión de los asuntos públicos es “buena” consiste en el grado en que hace realidad las promesas de los derechos humanos: los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. La pregunta esencial es la siguiente: ¿logran las instituciones encargadas de la gestión de los asuntos públicos garantizar eficazmente el derecho a la salud, a la vivienda adecuada, a la alimentación suficiente, a la educación de buena calidad, a la buena administración de justicia y a la seguridad personal? (ONU, 2006). El servicio a los intereses generales define la esencia de la administración Pública y determina totalmente su estructura y su actividad. Como organización, la administración debe construirse de la manera más adecuada para alcanzar su fin. Además, los intereses perseguidos por la administración Pública no son, ni particulares, ni privados, solo de carácter general; y además la función de servicio ha de realizarse con objetividad, es decir, sin acepción de personas ni interferencias partidistas, sin favoritismos no discriminaciones (Sánchez, 2008). De lo anterior surge el calificativo que se le asigna a la administración pública en sus efectos que repercuten sobre los ciudadanos, al valorarla como buena o mala administración de acuerdo, a los efectos derivados de su función. 2.- FUNDAMENTO TEÓRICO Buen Gobierno El concepto de buen gobierno (good governance) se ha difundido ampliamente en la literatura sobre estudios del desarrollo desde principios de los años 90 a raíz de un estudio realizado por el Banco Mundial (World Bank, 1992) sobre la crisis y el crecimiento sostenido en el África Subsahariana [sic] y la importancia del menRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166 �Aguilera-Izaguirre, G. 22 cionado buen gobierno en el desarrollo económico. Según el estudio, el fracaso en muchos países africanos de las políticas de ajuste estructural se habría debido precisamente a la ausencia de aquél, esto es, al mal gobierno (poor governance) reinante, que habría dificultado las necesarias inversiones extranjeras. Este mal gobierno se caracteriza por problemas como: a) la falta de responsabilidad y de una rendición de cuentas de los poderes públicos; b) la falta de transparencia; c) la escasa capacidad de previsión de los políticos y funcionarios; y d) la ausencia del Estado de derecho (Alberdi, 2006 citado por Pérez de Armiño, 2005: s/p). Esto quiere decir, según Villoria (2011: 37), que debe existir un buen sistema nacional de integridad, cuyos pilares deben ser la voluntad política en el ejecutivo de prevenir y combatir la corrupción; un sector público competente, objetivo e imparcial, con adecuados sistemas de contratación y distribución de subvenciones; la existencia de un Parlamento activo en la promoción de buena gobernanza y en el combate a la corrupción; un eficaz sistema de auditoría y control contable y financiero; partidos políticos comprometidos con la lucha anticorrupción y que se financian limpiamente; un poder judicial independiente e imparcial, además de competente en la lucha anticorrupción; una defensoría del pueblo y/o [sic] varios sistemas de defensa del ciudadano frente a abusos y mal funcionamiento del servicio público; un organismo central en la detección e investigación de la corrupción, así como en la promoción de medidas de prevención de la misma; [...] y una sociedad civil bien informada e implicada en la lucha contra los abusos de los poderes públicos y privados. Las anteriores son acciones que han venido a reforzar la estrategia conducente a establecer un orden en la funcionalidad de los gobiernos y sus administraciones, como la actuación correcta de los funcionarios y los servidores públicos, la consolidación de la existencia de ciertos valores como el respeto al interés general y la honestidad, así como lograr la consolidación de los sistemas democráticos, en función del ciudadano. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166 �Buen gobierno y derechos humanos en México. 23 Diferentes Nociones acerca del Buen Gobierno, por parte de Organismos Internacionales. Diferentes organismos internacionales han procedido a llevar a cabo diversos programas a favor del buen gobierno en los países en desarrollo. Ahora bien, tal vez por su contenido netamente político, la noción de buen gobierno presenta significados no plenamente coincidentes para diferentes instancias, como, por ejemplo: Las instituciones ubicadas en el llamado Consenso de Washington (gobierno de los EE.UU., FMI (Fondo Monetario Internacional) y Banco Mundial), aunque con algunas diferencias, proponen agendas de buen gobierno centradas no tanto en el tipo de régimen político, sino más bien en determinadas características del proceso de gobernabilidad, como son la rendición de cuentas, la transparencia y el estado de derecho. Ahora bien, mientras el gobierno norteamericano suele hacer más hincapié en temas relacionados con la democracia y los derechos civiles, el FMI se ha centrado en la reducción de los gastos militares, en tanto que el Banco Mundial ha manejado una agenda más amplia y menos definida. Por su parte, el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) lo contempla con claves más ambiciosas, que guardan coherencia con su concepto del desarrollo humano. El PNUD interpreta el gobierno (governance) de un país como el ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa para manejar los asuntos de un país en todos los niveles a fin de que el Estado promueva la cohesión social, la integración y el bienestar de su población. Por tanto, el buen gobierno requiere la participación pública, para asegurar que las prioridades políticas, sociales y económicas estén basadas en un amplio consenso social, así como que las poblaciones más pobres y vulnerables puedan incidir directamente en el proceso político de toma de decisiones. El PNUD dispone de un programa de buen gobierno que se centra en las instituciones de gobierno, la gestión de los sectores públicos y privados, la descentralización, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos de países en transición a la economía de mercado. En definitiva, la concepción del buen gobierno Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166 �Aguilera-Izaguirre, G. 24 del PNUD es más amplia que otras, teniendo en cuenta elementos como los factores culturales, las particularidades nacionales, los liderazgos y la responsabilidad política, los procesos de participación social, así como la construcción de capacidades. El Programa de las Naciones Unidas para su Desarrollo propuso una serie de principios para definir las características de la buena gobernanza desde el punto de vista de las relaciones entre Estado y sociedad. Esos principios o características son: Estado de Derecho (imparcialidad), legitimidad y voz (participación y orientación para el consenso), transparencia y rendición de cuentas, rendimiento (capacidad de respuesta, eficacia, eficiencia), dirección (visión estratégica) y equidad (acceso universal, incluidas las minorías, a oportunidades de mantener y mejorar el bienestar propio). Por último, diferentes sectores y autores critican la noción de buen gobierno por la subjetividad que encierra la definición de qué países lo cumplen y cuáles no; así como, sobre todo, por entender que éste y otros criterios de condicionalidad política de la ayuda representan una violación de la soberanía de los países receptores. En otras palabras, lo ven como un mecanismo encubierto de los países occidentales para perpetuar su control político sobre los países pobres. Algunos autores añaden que la condicionalidad del buen gobierno se emplea como un argumento más para justificar los recortes de la ayuda internacional. En general, estos críticos defienden que el buen gobierno debería interpretarse más bien como la práctica de aquellos gobiernos que trata de maximizar los beneficios sociales de sus políticas (Alberdi, 2006 citado por Pérez de Armiño, 2005: s/p). En conclusión, la mayoría de los organismos internacionales, donantes de cooperación al desarrollo han insistido en la necesidad del buen gobierno en los países receptores; el cual se ha convertido en uno de los principales criterios políticos de condicionalidad para la concesión de aquélla. al considerarlo como un tipo de ejercicio del poder que garantiza el crecimiento económico, la democracia pluripartidista, la economía de mercado, el respeto a los derechos humanos, la reducción del gasto militar y, en algunos casos, la equidad socioeconómica. La Declaración del Milenio, del 13 de septiembre de 2000, señala en el punto 24 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166 �Buen gobierno y derechos humanos en México. 25 “No escatimaremos esfuerzo alguno por promover la democracia y fortalecer el imperio del derecho y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al desarrollo”; mientras que en el punto 25 Decidimos, por tanto, respetar y hacer valer plenamente la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esforzarnos por lograr la plena protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas en todos nuestros países (ONU, 2000: s/p). Otros de los aspectos señalados son: Aumentar en todos nuestros países la capacidad de aplicar los principios y las prácticas de la democracia y del respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías. Luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptar medidas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes, los trabajadores migratorios y sus familias. Eliminar los actos de racismo y xenofobia cada vez más frecuentes en muchas sociedades y promover una mayor armonía y tolerancia en todas las sociedades. Garantizar la libertad de los medios de difusión para cumplir su indispensable función y el derecho del público a la información (ONU, 2000: s/p). Es así que la Declaración del Milenio presenta para el siglo XXI una visión de un mundo pacífico, próspero y justo, que reafirma los propósitos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas; refleja el compromiso de los Estados Miembros de lograr la paz, la seguridad y el desarme; promover el desarrollo y la erradicación de la pobreza; proteger nuestro entorno común; defender los derechos humanos, la democracia y el buen gobierno; entre otras cosas (ONU, 2002: 1). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166 �Aguilera-Izaguirre, G. 26 Al analizar el papel del buen gobierno en la aplicación de la Declaración, es necesario prestar particular atención a los elementos básicos de la capacidad para gobernar, a saber, [sic] la capacidad institucional, la capacidad de formulación de políticas, la capacidad administrativa o de gestión, el perfeccionamiento de los recursos humanos y la suficiencia tecnológica. Una de las conclusiones principales que pueden extrapolarse de la Declaración y sus objetivos es que la capacidad del Estado en las esferas mencionadas es el factor primordial para su aplicación satisfactoria. Un gobierno democrático eficaz y una administración pública [sic] eficiente se cuentan, sin duda alguna, entre los elementos más importantes de la promoción del programa de desarrollo nacional de un país (ONU, 2002: 1 y 3). En marzo de 2006, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas emitió la resolución A/RES/60/34, en la cual se le pidió a la comunidad internacional que “preste más apoyo a las iniciativas nacionales en materia de Administración Pública, en particular las de los países en desarrollo […], y a las alianzas entre el sector público y el privado, a fin de proporcionar […] apoyo educacional, material y técnico y cooperación” (ONU, 2006: 2). Además, se le solicitó a los Estados Miembros que “respeten los principios de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley y la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de transparencia, rendición de cuentas y rechazo de la corrupción en todos los niveles y en todas sus formas, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” (ONU, 2006: 2).3 Ahora bien, Villoria (2016) refiere que los componentes axiológicos del buen gobierno son la efectividad, la profesionalidad y la imparcialidad, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. Para los efectos de este artículo, se analizarán algunos de éstos: a) La efectividad es entendida como la capacidad de producir objetivos deseados en la esfera social y económica a través de las actuaciones y los instrumentos gubernamentales centrados en la eficiencia y la economía. b) La profesionalidad se refiere a la forma en la que la burocracia debe desempeñar sus funciones con rigor técnico y jurídico y con estabilidad para servir objetivamente al interés general. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166 �Buen gobierno y derechos humanos en México. 27 c) La imparcialidad es una forma de actuación que no es alterada por cierto tipo de consideraciones, como las relaciones privilegiadas o las preferencias personales. d) La transparencia se define como el flujo incremental de la información oportuna y confiable de carácter económico, social y político, accesible a todos los actores relevantes. e) La rendición de cuentas se define como un proceso a través del cual los gobernantes, los representantes y los servidores públicos informan, responden, justifican sus actos, sus decisiones y sus planes de acción a los gobernados y se sujetan a las sanciones y las recompensas procedentes. f) La participación es un proceso social en el que intervienen de manera permanente los derechos y las responsabilidades, porque intenta dar a cada individuo un encargo en la medida que pueda comprometerse, donde en cada nivel habrá un interés y una capacidad para asumirlo de forma total o compartida. La participación debe ser vista como un medio para lograr una gestión eficiente, ya que crea una relación de mayor compromiso e integración al grupo (Burin, Istvan y Levin, 1998, citados por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2017: 2). La participación tiene un papel fundamental en las democracias, prueba de ello es que desde la teoría democrática tradicional se observa que los ciudadanos se interesan por la política y participan en ella, conocen los procesos de gobierno y las alternativas de solución que se proponen para enfrentar problemas públicos y votan con base en valores y principios (Conway, 1986 citada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2017: 3). Desde esta óptica, construir un derecho humano a la buena Administración Pública sólo requiere un cambio de paradigma interpretativo: una Administración Pública al servicio del ser humano. El derecho a la buena administración también se relaciona con lo que concierne a la ética y los buenos modales en el servicio público. Se ha observado que, además de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la cual figura la proclamación específica del derecho a una buena administración; también se han elaborado, por parte de organismos y Estados, códigos, cartas o instrumentos destinados a mejorar la conducta de quienes tienen la responsabilidad de prestar los servicios públicos. En Europa, por ejemplo, se expidió el llamado Código de Buena Conducta Administrativa para el Personal Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166 �Aguilera-Izaguirre, G. 28 de la Comisión Europea en sus Relaciones con el Público, con éste: la Comisión dio un importante paso concreto con vistas a la aplicación de dichos principios al adoptar, el 13 de septiembre de 2000, un código de buena conducta administrativa. Dicho código representa una valiosa guía para los funcionarios de la Comisión en sus relaciones con el público4 [...] El objetivo de este código consiste, por lo tanto, en reforzar los esfuerzos ya desplegados en este sentido, garantizando en toda circunstancia un servicio de calidad e informando al público de las normas de conducta que tiene derecho a esperar en sus relaciones con la Comisión. A estos efectos, el Código define los principios en [sic] que deben basarse las relaciones entre la Comisión y el público: legalidad, no discriminación, proporcionalidad de las medidas con los objetivos perseguidos y coherencia en el comportamiento administrativo (Kinnock, en la Comisión Europea, s/f: 1). Otro de los instrumentos en esta materia es el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, del 23 de junio de 2006, (CLAD,2006) el cual se aplicó a los presidentes de república, los vicepresidentes, los presidentes del gobierno o del Consejo de Ministros, los primeros ministros, los jefes del gabinete de ministros, los ministros, los secretarios de Estado o equivalentes y, en general, a todos los altos cargos del Poder Ejecutivo, tales como viceministros, subsecretarios, directores de entes públicos o directores generales. En éste, se establecieron, además de los principios y los valores, los principios básicos que guiarán la acción del buen gobierno: a. El respeto y reconocimiento de la dignidad de la persona humana. b. La búsqueda permanente del interés general. c. La aceptación explícita del gobierno del pueblo y la igualdad política de todos los ciudadanos y los pueblos. d. El respeto y promoción de las instituciones del Estado de Derecho y la justicia social. Los valores que guiarán la acción del buen gobierno son, especialmente: Objetividad, tolerancia, integridad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, dedicación al servicio, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, igualdad de género y protección de la diversidad étnica y cultural, así como del medio ambiente (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 2006: 3). En ellos se regirá, la definición de un buen gobierno, como “aquél que busca y Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166 �Buen gobierno y derechos humanos en México. 29 promueve el interés general, la participación ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, respetando todos los derechos humanos, los valores y procedimientos de la democracia y el Estado de Derecho”, así como “los tres tipos de reglas de conducta las vinculadas a: la naturaleza democrática del gobierno, a la ética gubernamental y a la gestión pública” (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 2006: 3 y 4). Otra de las definiciones de buen gobierno y que se vincula con la definición anterior es la señalada por (Castro, 2014: 248) en la que el buen gobierno es el adecuado y responsable ejercicio del poder y del cumplimiento de los deberes de función estatal, garantizando la realización de los derechos humanos y la protección del interés público, proveyendo marcos institucionales transparentes y participativos para el eficaz funcionamiento del aparato estatal en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, como medio para asegurar el desarrollo de todos los miembros de la sociedad en condiciones dignas y de igualdad. Derechos Humanos Los derechos humanos son el conjunto de derechos por los cuales se afirma la dignidad de la persona frente al Estado, es decir, son derechos públicos subjetivos que tienen la correlativa obligación las limitaciones, obligaciones o prestaciones que ha de servir el estado en favor del individuo. En su aspecto positivo son aquellos derechos reconocidos por el sistema jurídico de que se trate, en el caso de México serían los que se establecen en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, además de lo que se recogen en los pactos convenciones y tratados internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano. (Orozco, 20002). Los conceptos de derechos humanos, derechos fundamentales y garantías invaluables no son equivalentes, ni tampoco se pueden utilizar indistintamente. (Pérez Luño, 200I: 48) señala al respecto que: los derechos humanos son un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconoRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166 �Aguilera-Izaguirre, G. 30 cidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional; y los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, en mayor parte de los casos en su normatividad constitucional y que suelen gozar de una tutela reforzada. En cuanto a la garantía decimos que es el medio. En sentido moderno una garantía constitucional tiene por objeto reparar las violaciones que se hayan producido a los principios, valores o disposiciones fundamentales. Al respecto existe jurisprudencia en la que se señala que las garantías individuales no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional para salvaguardar éstos, es decir, constituye el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país para salvaguardar tales derechos. (Semanario Oficial de la Federación, 1996) Cuando hablamos de garantías jurídicas nos referimos a las disposiciones jurídicas que tienden hacer efectivas y tutelar la vigencia del derecho. Pero cuando nos referimos a las garantías de los derechos humanos, no solo nos referimos a los mecanismos jurídicos creados en la norma jurídica para su protección y defensa, sino a los aspectos económicos, sociales y culturales necesarios para lograr su eficacia. (Hernández, 2015) En este sentido, cuando abordamos lo relacionado a los derechos económicos, sociales y culturales como aquellos que están vinculados a la satisfacción de las necesidades básicas de las peronistas en ámbitos como el trabajo, la alimentación, la salud, la vivienda, la seguridad social, la educación, la cultura, el agua y el medio ambiente. Hubo un momento en el que se generó la idea equivocada de que cada categoría de derechos tenía una naturaleza jurídica distinta y enorme aun que mientras los derechos civiles y políticos si eran derechos humanos vinculantes y de realización inmediata por parte de los estados, los DESC eran derechos programáticos cuya realización no podía exigirse directamente a los estados y se encontraba condicionada a factores tales como la disposición de recursos económicos. Hoy en día esta distinción entre ambas categorías ha sido superada y se reconoce ampliamente la indivisibilidad y la interdependencia e interrelacionarse de todos los derechos humanos. (ACNUDH, 2010:) Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166 �Buen gobierno y derechos humanos en México. 31 Se debe entender que todos los derechos humanos implican para los estados las mismas obligaciones, que son de tres tipos: la obligación de respetar, que consiste en abstenerse de impedir u obstaculizar la realización de los derechos de las personas; la obligación de proteger, que consiste en adoptar las medidas para evitar que las terceras personas puedan restringir o anular los derechos humanos de otras personas y la obligación de realizar, la cual conste en adoptar las medidas positivas para garantizar que las personas puedan acceder al ejercicio de sus derechos humanos, aun y cuando no puedan hacerlo por sus propios medios y recursos. En general, las normas que establecen derechos humanos de carácter colectivo, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tienen el carácter de normas programáticas. Las normas programáticas son de existencia reciente en los diversos sistemas jurídicos y generalmente pretenden atender a la dinámica y a las necesidades sociales que el Estado debe cubrir como un de sus fines. Verificar la eficacia de estas normas y garantizar su cumplimiento de sus objetivos es hoy en día una de las tareas pendientes de mayor relevancia en el campo de los derechos humanos (Hernández, 2015). Los derechos humanos y el buen gobierno en México En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no recoge de forma explícita en su texto nor¬mativo el derecho a la buena administración o buen gobierno. Sin embargo, si se observan los principios constitucionales relativos a la actuación de los poderes públicos, se rastrean algunos de los rasgos esenciales de esta noción. En este sen¬tido, se puede corroborar cómo existe un paralelismo entre los objetivos que se proponen para el principio de la buena administración y aquellos compromisos constitucionales que tratan de materializar el modelo de Estado social y demo¬crático de derecho en México. Así, por ejemplo, si tenemos en cuenta que el derecho a la buena administración abarca principios como: participación, trasparencia, rendición de cuentas o accountability, eficacia y coherencia, las anteriores tienen su existencia normativa en nuestra Carta Magna. (Aguilera, 2018) Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166 �Aguilera-Izaguirre, G. 32 En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales que México ha ratificado y en las leyes de procedimiento administrativo, se encuentran contenidos los principios que sirven de garantía para el administrado dentro del procedimiento administrativo. Las normas jurídicas constitucionales y supranacionales, que son de jerarquía superior a cualquier otra norma del sistema jurídico, consagran principios jurídicos que a lo largo de la historia han ido tomando un protagonismo importante dentro del procedimiento administrativo, y que, en la actualidad, desconocerlos, resulta casi imposible. La finalidad del procedimiento administrativo consiste en el dictado de un acto administrativo y para llevar a cabo dicha finalidad, se deben respetar ciertos principios que tienen por objetivo que, dentro del menor tiempo posible y reuniendo la mayor cantidad de información, se pueda declararla voluntad de la administración pública. Incluso se puede afirmar que en el derecho mexicano existen algunos principios del derecho a la buena administración en otros derechos humanos fundamentales ya establecidos en nuestra constitución. Podemos deducir que el derecho a la buena administración forma parte integrante del resto de los derechos. Los artículos 6º de reciente reforma establece ya el derecho de acceso a la información; el art. 8º que encierra el derecho de petición (Instituto Federal del Acceso a la Información, 2004); el art.14º que consagra el principio de legalidad; el art. 16º el cual protege la libertad personal y la seguridad por medio de la legalidad, de la motivación y fundamento que se requiere para los actos de autoridad que causen molestia a los individuos en su persona, papeles y posesiones, de nuestra constitución, son un claro ejemplo de derecho que se encuentran establecidos de lo que conocemos ya como el derecho a la buena administración pública. (Aguilera,2018) En líneas anteriores mencionábamos que una característica distintiva de los derechos humanos es su reconocimiento en los ordenamientos jurídicos de la más alta jerarquía normativa de los Estados, esto es, en los Textos Fundamentales. El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma que logró la incorporación formal de los derechos humanos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Junto con otras dos Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166 �Buen gobierno y derechos humanos en México. 33 reformas, representan un conjunto muy relevante de reformas que tienen gran impacto en el sistema jurídico mexicano. Las reformas inciden sustancialmente en las instituciones sociales y estatales, y tocan aspectos jurídicos torales relacionados con la promoción, el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos de toda persona ubicada en territorio nacional. La reforma acompaña a la ocurrida en materia penal (DOF del 18 de junio de 2008) y en materia de amparo (DOF del 6 de junio de 2011). En México, el párrafo tercero de la Constitución obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, a observar las siguientes garantías… tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Por tal motivo el buen gobierno y los derechos humanos se vinculan y refuerzan entre sí, ya que, sin la existencia de un buen gobierno, los derechos humanos no pueden ser respetados y protegidos de manera sostenible. Para el ejercicio de los derechos humanos entonces, se requiere que exista un entorno propicio en el cual existan instituciones y marcos jurídicos apropiados, así como también, una administración responsable de satisfacer las necesidades de la población. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, 2008) llevo a cabo un estudio de prácticas de buen gobierno, y en él señaló que los vínculos entre el buen gobierno y los derechos humanos se dan en cuatro esferas: instituciones democráticas, prestación de servicios del Estado, Estado de derecho y medidas contra la corrupción. Se exponen distintas formas en que diversos agentes sociales e institucionales, desde grupos de mujeres o de minorías hasta los medios de información, la sociedad civil o los organismos del Estado, han llevado a cabo reformas en esos cuatro ámbitos. Cuando están orientadas por los valores de los derechos humanos, las reformas Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166 �Aguilera-Izaguirre, G. 34 de las instituciones democráticas con arreglo al buen gobierno crean vías para la participación de los ciudadanos en la formulación de políticas, sea por conducto de las instituciones estructuradas o mediante mecanismos informales de consulta. También establecen mecanismos para la inclusión de múltiples grupos sociales en los procesos de adopción de decisiones, especialmente a nivel local. Por último, pueden alentar a la sociedad civil y a las comunidades locales a formular y expresar sus posiciones sobre cuestiones importantes para ellas. En el ámbito de la prestación de servicios del Estado a la población, las reformas de la gobernanza promueven los derechos humanos cuando mejoran la capacidad del Estado para cumplir su responsabilidad de ofrecer bienes públicos indispensables para la protección de cierto número de derechos humanos, como el derecho a la educación, a la salud y a la alimentación. Las iniciativas de reforma pueden incluir mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, herramientas de política atentas a los aspectos culturales para garantizar que los servicios sean accesibles y aceptables para todos, y vías de participación ciudadana en la adopción de decisiones. En lo que se refiere al Estado de derecho, las iniciativas de gobernanza que tienen en cuenta los derechos humanos reforman la legislación y ayudan a las instituciones, desde los sistemas penales hasta los tribunales y los parlamentos, aplicar mejor esa legislación. Las iniciativas de gobernanza pueden incluir la promoción de reformas legales, la sensibilización del público sobre el marco jurídico nacional e internacional, y el aumento de la capacidad o la reforma de instituciones. Por último, las medidas contra la corrupción también forman parte del marco de la buena gobernanza. Aunque aún no se han estudiado en profundidad los vínculos entre la corrupción, las medidas anticorrupción y los derechos humanos, el movimiento contra la corrupción está acudiendo al ámbito de los derechos humanos para impulsar sus esfuerzos. Para combatir la corrupción, los esfuerzos de buen gobierno se apoyan en principios como la rendición de cuentas, la transparencia y la participación para dar forma a las medidas de lucha. Las iniciativas pueden incluir el establecimiento de instituciones como comisiones anticorrupción, la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166 �Buen gobierno y derechos humanos en México. 35 creación de mecanismos de intercambio de información y la vigilancia del uso de fondos públicos, y la aplicación de políticas por parte de los gobiernos. 3.- MÉTODO Diseño Esta investigación es de tipo cualitativo, no experimental, al ser utilizada como procedimiento metodológico que utiliza textos, discursos, para construir un conocimiento de la realidad social, llevando a cabo un proceso de construcción y comprobación teórica desde una perspectiva holística, pues se trata de comprender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno. La investigación cualitativa busca una aproximación a la realidad social a partir de la obtención de datos no cuantitativos. Para la realización del presente trabajo se empleó la técnica documental. Instrumentos Para la composición del marco teórico, se empleó la técnica de investigación documental, a través de una exhaustiva revisión de la bibliografía en relación con derechos humanos y al buen gobierno, en México y en otros países, así como también de organismos internacionales, motivo por el cual se analizaron fuentes internacionales y en virtud de ello se empleó el método comparativo, por medio del ejercicio de la lectura comprensiva en donde se analizaron con un enfoque crítico Procedimientos Se realizó una revisión y análisis compresivo, crítico y comparativo de las fuentes que están íntimamente relacionadas con el objeto de estudio, la cual es suficiente en materia de derechos humanos no así en cuanto al buen gobierno en México, motivo por el cual se analizaron fuentes internacionales y en virtud de ello un análisis comparativo. Posterior a ello se realizaron conclusiones. 4.- CONCLUSIONES Al principio de este documento señalábamos que el verdadero criterio que deterRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166 �Aguilera-Izaguirre, G. 36 mina si la gestión de los asuntos públicos es “buena” consiste en el grado en que hace realidad las promesas de los derechos humanos: los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. ¿La pregunta esencial que nos hacíamos era si el Estado ha logrado garantizar eficazmente los derechos humanos? A lo largo del presente trabajo establecimos que tanto el buen gobierno y de derechos humanos se fortalecen mutuamente y tienen en común, principios fundamentales, como lo son, la participación, rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad. De hecho, los derechos humanos requieren de un entorno favorable y propicio, en particular reglamentos, instituciones y procesos adecuados que encuadraran las medidas adoptadas por el Estado. Los derechos humanos proporcionan un conjunto de normas de desempeño con respecto a las cuales poda exigirse responsabilidad a los gobiernos y otros agentes. Al mismo tiempo, las políticas de buen gobierno deben hacer posible que las personas vivan con dignidad y libertad. Para que los derechos humanos, puedan respetarse y protegerse de manera sostenible requieren de la existencia de un buen gobierno en el Estado Mexicano. Se concluye que la buena gestión de los asuntos públicos logra este resultado esencialmente mediante la eliminación de los abusos y la corrupción, y prestando la debida atención al Estado de derecho. El verdadero criterio que determina si la gestión de los asuntos públicos es “buena” consiste en el grado en que hace realidad las promesas de los derechos humanos: los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. En la actualidad se siguen llevando a cabo acciones políticas, económicas, sociales, pero sobre todo jurídicas, a fin de que los derechos humanos sean realmente eficaces y garantizar por todas las vías posibles el cumplimiento de sus objetivos. En este sentido, en nuestro país México, como ya lo habíamos señalado en líneas anteriores y acorde a nuestra Ley Suprema “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” luego entonces, los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deberán de llevar a cabo todas las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento a los establecido en nuestra Constitución; por un lado el Poder Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166 �Buen gobierno y derechos humanos en México. 37 Ejecutivo deberá planear e implementar políticas públicas eficaces; el Poder Legislativo deberá de crear normas que establezcan procedimientos, competencias y responsabilidades y el Poder Judicial deberá fallar los casos que resuelve interpretando la norma de la forma que mejor potencié dichos derechos. Respecto de la autoridad administrativa (gobierno), destaca además la directriz contenida en el párrafo segundo del apartado A del artículo 26 constitucional, que ordena: “los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación”. REFERENCIAS ACNUDH (2008). Prácticas de buen gobierno para la protección de los derechos humanos. México: Oficina En México del alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos (ONU-DH México). ACNUDH (2010). Los derechos económicos, sociales y culturales: exigibles y justiciables preguntas y respuestas sobre los desc y el protocolo facultativo del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. México. Espacio de coordinación de organizaciones civiles sobre derechos económicos, sociales y culturales (espacio desc. México: plataforma interamericana de derechos humanos, democracia y desarrollo (pidhdd), Oficina en México del alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos (ONU-DH México). https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/PIDESClibro.pdf Aguilera, G. (2018). El derecho humano a la buena administración como prevención a la corrupción en México. Dignitas, XII (34), 117-143. Alberdi, J. (2006). Buen Gobierno. Citado Por Karlos Pérez De Armiño (Dir.), En diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo. Http://Www. Dicc.Hegoa.Ehu.Es/Listar/Mostrar/24. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166 �Aguilera-Izaguirre, G. 38 Burin, D.; Istvan, K. y Levin, L. (1998). Hacia una gestión participativa y eficaz. citados por el centro de estudios sociales y de opinión pública. En Contexto participación ciudadana, política y electoral en México: hacia la civil toma de decisiones. Http://Www5.Diputados. Gob.Mx/Index.Php/Camara/CentrosDe-Estudio/Cesop/Novedades/En-Contexto.-Participacion-CiudadanaPolitica-Y-Electoral-Enmexico-Hacia-La-Civil-Toma-De-Decisiones. Castro, A. (2014). Legalidad, buenas prácticas administrativas y eficacia en el sector público: un análisis desde la perspectiva jurídica del buen gobierno. buen gobierno y derechos humanos. Lima: Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo -CLAD (2006). Código Iberoamericano De Buen Gobierno. https://clad.org/wp-content/ uploads/2020/04/codigoiber-2.pdf. Conway, M. M. (1986). La Participación política en Estados Unidos, citada por el centro de estudios sociales y de opinión pública, En Contexto Participación Ciudadana, Política Y Electoral En México: Hacia La Civil Toma De Decisiones. Http://Www5.Diputados.Gob.Mx/Index.Php/ Camara/CentrosDe-Estudio/Cesop/Novedades/En-Contexto.-Participacion-CiudadanaPolitica-Y-Electoral-En-Mexico-Hacia-La-Civiltoma-De-Decisiones. Diario Oficial de la Federación – DOF (2011). Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México: Autor. Diario Oficial de la Federación – DOF (2008). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México: Autor. Hernández, A. (2015). Eficacia constitucional y derechos humanos. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166 �Buen gobierno y derechos humanos en México. 39 Instituto Federal de Acceso a La Información - IFAI (2004). El derecho de acceso a la información en México: un diagnóstico de la sociedad. México: Editorial Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones internacionales. Kinnock, N. (S/F). Código de buena conducta administrativa para el personal de la comisión europea en sus relaciones con el público (Comisión Europea). Http://Www.Eecp.Edu.Mx/Luis_Pablo/ Fyep/Ue.Pdf. Organización de las Naciones Unidas - ONU (2000). Declaración del milenio. https://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf. Organización de las Naciones Unidas - ONU (2002). El papel fundamental de la administración pública y el buen gobierno. En La aplicación de la declaración del milenio: ampliación de la capacidad institucional. Informe de la secretaría. Organización de las Naciones Unidas – ONU (2006). A/Res/60/34. Administración Pública Y Desarrollo. https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/60/34 Organización de las Naciones Unidas - ONU (2006). Conferencia de las Naciones Unidas sobre medidas anticorrupción, buen gobierno y derechos humanos. https://www2.ohchr.org/spanish/issues/development/governance/index.htm Orozco Henríquez, J. (2002). Los Derechos Humanos de los Mexicanos México. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pérez Luño, E. (2001). Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Madrid: Tecnos. Sánchez Morón, M. (2008). Derecho Administrativo, parte general. Madrid: Tecnos. Semanario Oficial de la Federación, (1996). Tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este órgano comparte, visible en la página 547, del Tomo IV, octubre de 1996, Novena Época, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: Garantías individuales. no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional para salvaguardar esto. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166 �Aguilera-Izaguirre, G. 40 Villoria, M. (2011). El empleo público en tiempos de incertidumbre: ¿continuidad o reforma? empleo público y código ético: la necesidad de reforzar los valores públicos de una institución cuestionada. Revista Aragonesa de Administración Pública, 13, 21 – 59. Villoria, M. (2016). Ética Pública y Buen Gobierno. Madrid: Tecnos. World Bank (1992). Governance and Development. Washington: Autor. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166 �41 Medios de solución de conflictos, herramienta para la construcción del acceso a la justicia1 Means of conflict resolution, tool for building access to justice Francisco, Enríquez-Chávez2 https://orcid.org/0000-0002-0291-1903 Universidad de Guadalajara, México https://doi.org/10.29105/pgc7.13-2 Marco Antonio, Santana-Campas3 https://orcid.org/0000-0002-6750-2713 Universidad de Guadalajara, México ___________________________________________________________________________ RESUMEN Los medios de solución de conflictos son una realidad desde hace años en México, pero no se ha logrado llegar a todos los sectores de la población obstaculizando el acceso a la justicia y por ende no se logra en totalidad la participación ciudadana para una construcción de la cultura de la paz. Objetivo: Describir las afectaciones a los trabajadores por demora en los juicios laborales y la no aplicación de manera eficaz de los medios de solución de conflictos en trabajadores del Sur de Jalisco. Método: investigación cualitativa, participantes: 30 personas que se encontraban dando seguimiento asuntos laborales ante la procuraduría del trabajo con sede en Zapotlán El Grande, Jalisco, México. Técnica de recolección de datos: entrevista semiestructurada exprofeso. Se encontraron principalmente afectaciones económicas, familiares y laborales principalmente. Los estudiosos del derecho deben utilizar el conocimiento en otras ciencias para advertir qué esconden los conflictos y solucionarlos empoderando a las partes para que éstos lo logren mediante el diálogo y empatía, sin necesidad de los formalismos del procedimiento judicial que dificulten el acceso a la justicia. Palabras claves: Acceso a la justicia, derecho laboral, medios de solución de conflictos. ABSTRACT The means of conflict resolution have been a reality for years in Mexico, but it has not been possible to reach all sectors of the population by hindering access to justice and therefore citizen participation for a construction of the culture of peace is not fully achieved. Objective: To describe the affectations on workers by delay in labor trials and the effective non-implementation of the means of conflict resolution in workers in South Jalisco. Method: qualitative research, participants: 30 people who were following up labor issues before the labor attorney’s office based in Zapotlán El Grande, Jalisco, Mexico. Data collection technique: ex profeso semi-structured interview. Mainly economic, family and labour impacts were found mainly. Law scholars should use knowledge in other sciences to warn what conflicts are hiding and to resolve them by empowering the parties to do so through dialogue and empathy, without the need for formalities in the judicial procedure that hinder access to justice. Keywords: Access to justice, labor law, means of conflict resolution. Recibido: 19 de Julio 2020 - Aceptado: 21 de Septiembre 2020 Cómo referenciar este artículo: Enríquez-Chávez, F. & Santana-Campas, M. A. (2021). Medios de solución de conflictos, herramienta para la construcción del acceso a la justicia. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 41-65. Recuperado de http:// revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168. https://doi.org/10.29105/pgc7.13-2 1 Este artículo es producto del proyecto “Curso de Verano 2019 de la Maestría en Derecho del Centro Universitario del Sur”, financiado por los autores a través de la beca CONACYT, siendo el posgrado parte del Programa de Posgrados de Calidad. Iniciado en 2018 y finalizado en 2019. 2 Maestro en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Email: francisco_ech@hotmail.com 3 Doctor en Psicología por la Universidad de Guadalajara, profesor de la Universidad Jesuita de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara. Email: mascampas@gmail.com Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional �Medios de solución de conflictos... 42 1.- INTRODUCCION La paz no solo es la ausencia de guerra, es ser justo, hacer las cosas con orden, es tranquilidad, para Ruiz (2014), “la perturbación, la alteración del orden, que puede ser a través de la violencia entendida en su más amplia expresión, se constituyen enemigos de la paz” (p. 220) Desde hace más de dos décadas, en México están reconocidos los métodos de solución de controversias, sin embargo, fue hasta la reforma constitucional de 2008 que empezaron a tomar más fuerza, empoderando a las partes para ellos mismos solucionar su problema mediante el diálogo, la empatía y la voluntad de resolverlo, al respecto, el criterio jurisprudencial menciona que: Los mecanismos alternativos de solución de controversias, se rescata la idea de que son las partes las dueñas de su propio problema (litigio) y, por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades, en las que el proceso es una más (Tesis Aislada, 2013, registro 2004630). Los conflictos siempre van a existir mientras existan las sociedades y más allá de verlo como la parte que se debe erradicar en las civilizaciones, se debe ver como la fuente de los acuerdos. El derecho nace justamente de los conflictos, de movimientos, de revoluciones. Actualmente las partes en conflicto no deben entenderse como dos entes que se obstruyen y se van a enfrentar y así evidentemente uno colisionar ante el derecho del otro. Además de ello, existen distintos obstáculos para acceder a la justicia, entre la demora de estos, la corrupción, la falta de recursos económicos para ostentar un juicio y malas asesorías judiciales. Sin embargo, uno de los graves problemas de México en cuestión de justicia, es la corrupción o cultura de corrupción que hemos creado los ciudadanos; en el mundo del litigio, los abogados mantienen un esquema donde buscan justificar con la premisa errónea de apoyar a los servidores públicos que laboran para Poder Judicial, el pagar a los actuarios, a los auxiliares, secretarios o jueces para que las notificaciones se realicen con más rapidez, para que el oficio que necesitan esté Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448.41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Enríquez-Chávez, F. & Santana-Campas, M. A. 43 primero que los demás, para que su expediente sea el de hasta arriba y los escritos que presenten sean los primeros en pasar y tengan una respuesta. Acciones que ya se ven como cotidianas, normalizadas e incluso como parte de la descripción de lo que es ser “buen litigante”, se han convertido en un requisito obligatorio para que los servidores de los juzgados hagan su trabajo, ya que, de lo contrario, los juicios avanzarán a un paso más lento de lo que ya son por la carga laboral existente en los juzgados (Jasso, comunicación personal, 11 de diciembre de 2018). Por lo que, apoyándose de la excesiva carga laboral en los juzgados o centros de impartición de justicia, los servidores públicos aprovechan para solicitar a los litigantes que, a cambio de dinero, sus asuntos serán los primeros en atenderse (Jasso, comunicación personal, 11 de diciembre de 2018). Es por esto que los Métodos Alternos de Solución de Conflictos deben tener un más impacto e importancia en la impartición de justicia en México, ya que con ellos, la posibilidad de terminar con los conflictos es un tiempo mínimo confrontado con el que se lleva en un procedimiento tradicional; además cuenta con otras ventajas como el empoderar a las partes en conflicto para que construyan la solución y con ello generar la sensación de satisfacción con el resultado, y haciendo a un lado la frustración de encontrarse con una sentencia donde uno gana y otro pierde. En el derecho laboral, los trabajadores que prestan su servicios físicos o intelectuales han generado el derecho a una prestación y que se les niega su pago, pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, donde reciben asesoría sobre los derechos que se han ganado, y que previo a que iniciar un juicio, se debe primero concluir la etapa de conciliación, misma que será presidida por la misma Procuraduría como prestador de ese servicio; para lo cual se citará al patrón y al trabajador para asistir y procurar una solución (Agraz, comunicación personal, 18 de octubre de 2018) Para evidenciar lo anterior, se realizó una entrevista a un funcionario de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el mismo refirió que “los trabajadores son los que económicamente ostentan un juicio, por ejemplo, a sacar copias, trasladarse a Ciudad Guzmán si vive fuera, estar al pendiente del expediente, trasladar Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Medios de solución de conflictos... 44 a testigos, pago de abogado si es particular” (Villalvazo, comunicación personal, 18 de octubre de 2018). De esta manera, cuando el trabajador acude a las oficinas de la Procuraduría, presenta su problema al Procurador, el cual tomando en consideración las particularidades del caso, puede enviar con entrega personal del mismo trabajador, un citatorio a su empleador para que ambos comparezcan a una cita conciliatoria, que debido a la carga de trabajo de esta dependencia, las conciliaciones se agendan entre una y dos semanas posteriores al de la emisión del citatorio, creando con esto un menoscabo al acceso y celeridad de la justicia. 2.- MARCO TEÓRICO Marco Jurídico La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es clara al enunciar que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma y que se tiene derecho a la administración de justicia por Tribunales creados para ello, de igual manera dispone que se preverán mecanismos alternos de solución de controversias (CPEUM, 1917, artículo 17). Dejando a un lado la idea de que únicamente se puede obtener justicia mediante la intervención de un Juez que decida por las partes y a través de un procedimiento prestablecido y riguroso. Las autoridades jurisdiccionales fueron creadas para impartir justicia de conformidad a lo que establezca la ley. Justicia que de acuerdo con lo señalado en nuestra Carta Magna debe ser gratuita, pronta, imparcial y se debe resolver en los plazos que la ley señale para tal efecto y en los Tribunales previamente establecidos, es decir, la Constitución debe asegurar a los ciudadanos el acceso a la justicia y el Estado tiene la obligación de aminorar o eliminar los obstáculos que aseguren ese acceso a la justicia en los términos establecidos y con la mayor prontitud posible. Si bien es cierto que, en los asuntos del orden civil, ya se encuentra establecido en el artículo 282 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, la conciliación, ésta no deja de ser parte dentro del procedimiento judicial, es entonces que antes de pensar en juzgados o tribunales, tanto los abogados como las personas deben considerar someter su conflicto a los medios de solución que Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448.41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Enríquez-Chávez, F. & Santana-Campas, M. A. 45 no son judiciales. Procedimiento alterno Si lo que una persona está reclamando son alimentos a su pareja para su o sus hijos, habrá de acudir a un abogado para que realice este trámite ante el juzgado correspondiente y a cambio de los honorarios respectivos. Tendrá que pasar por las etapas procesales necesarias y el tiempo que tarde la autoridad en decretar una resolución, por lo que las partes estando conscientes de sus derechos, sus obligaciones y a través de los métodos de solución de conflictos, podrán llegar a un acuerdo y en pocas semanas haber resuelto la controversia. En el caso laboral, si un empleado es separado de su fuente de trabajo, se estará despojando de su medio de subsistencia, para pagar alimentación, salud, vestido, educación, etcétera, para él y sus dependientes económicos, por lo que alargarlos, provoca un estado de indefensión al trabajador por no contar con lo indispensable para su subsistencia Al respecto Castillo dice: El Estado debe contar con una normatividad que incorpore disposiciones sustantivas y procedimentales que establezcan pautas y principios justos y en condiciones de igualdad. Así mismo, debe procurar para que los despachos judiciales sean suficientes para atender la demanda de conflictividad, que los procedimientos no sigan siendo cadenas tortuosas, demoradas y costosas para las partes, de manera que surja como regla general confianza en la norma y en la administración de justicia (Castillo, 2018, p. 6). El acceso a la justicia no exclusivamente significa que un Juez solucione un conflicto o controversia entre dos o más personas mediante un procedimiento preestablecido y emitiendo una sentencia, el término justicia, también se refiere a aquello que permite salvaguardar un derecho y lograr una solución sin necesidad de acudir a tribunales. Así pues, los medios alternos de solución de conflictos deberían tomar mayor partida en la justicia de nuestro país. En el derecho laboral Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Medios de solución de conflictos... 46 que es desde hace varias décadas quien ha solucionado conflictos con medios alternos a través de la conciliación (Natividad, 2015). Hernández, (2010) describe los pasos o las formas para desarrollar una audiencia conciliatoria, donde las partes se someten al procedimiento ante un tercero llamado conciliador; el conciliador debe ser un profesional que cuente con las herramientas y especializaciones necesarias para propiciar el diálogo entre las partes, fomentando comunicación asertiva y lograr que se expresen el sentir, generando empatía para que las partes entiendan las necesidades del otro, donde ellos mismos aporten las ideas que lleven a encontrar la solución del conflicto con ayuda del conciliador, quien habiendo escuchado el problema visto desde ambas partes, propone la forma en que termine la controversia, plasmando todo lo anterior en un convenio y que este tenga la calidad de sentencia ejecutoriada o en el caso de la materia laboral, la de laudo. De acuerdo con el artículo 530 fracción III de la Ley Federal del Trabajo, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, dentro de sus funciones propondrá a las partes soluciones para solucionar las controversias, autorizando en actas estos arreglos, es decir, la Procuraduría está facultada para hacer uso de los métodos alternos de solución de conflictos, a través de la conciliación para evitar los juicios laborales (Ley Federal del Trabajo, 1970, artículo, 530). En estos casos, el Procurador auxiliar fungirá como prestador del servicio, es decir, será el conciliador, sin embargo, el servicio está limitado a quienes son trabajadores, si una persona acude con el carácter de patrón, no podrá solicitar cita para una audiencia conciliatoria, si bien este patrón puede asesorarse con el representante patronal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se limita a justamente eso, la explicación de los derechos del trabajador y las obligaciones del patrón con su empleado, sin la posibilidad de solicitar la celebración de la sesión de conciliación. Además de lo anterior, el prestador de servicio debe ser imparcial y las reuniones, a pesar de ello, el Procurador, por su misma naturaleza y como su propio nombre lo dice “Defensa del Trabajo”, tiene una inclinación por defender al trabajador, tan es así que, si no se llega a una solución conciliatoria, el Procurador podrá parRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448.41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Enríquez-Chávez, F. & Santana-Campas, M. A. 47 ticipar en el juicio laboral como defensor de oficio del trabajador. Procedimiento conciliatorio Procuraduría de la Defensa del Trabajo En el Reglamento de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (2014) en su capítulo séptimo describe los procedimientos ante las Procuradurías, el cual es de la siguiente manera: I) El trabajador deberá acudir a las oficinas de la Procuraduría que le corresponda, donde se asesorará sobre el conflicto laboral que exponga, y en caso de ser procedente, el Procurador podrá girar citatorio tanto al trabajador como a la parte patronal para asistir a la audiencia conciliatoria. II) El trabajador y el patrón asisten a la cita: se informa el motivo de la misma y se propondrá soluciones para así evitar un juicio. Si se llega a ese arreglo, se redactan las actas correspondientes y el problema finaliza. III) El trabajador no acude a la cita: se redacta un acta de incomparecencia del trabajador y al ser el interesado, se considera que no tiene interés legal por el asunto. IV) El patrón no acude a la cita: se redacta un acta de incomparecencia de la fuente de trabajo y si no hay riesgo respecto de la prescripción de la acción, manda un segundo y último citatorio, el cual tiene que hacer llegar el trabajador (de igual forma que el primero). V) Las partes se presentan a la cita (primera o segunda): no llegan a un arreglo, se redacta el acta donde se plasma que asistieron ambas partes, pero no fue posible conseguir el arreglo. El Procurador propone al trabajador iniciar el juicio en contra del patrón. El trabajador podrá demandar contratando el abogado de su elección, sin embargo, deberá pagar honorarios y otros gastos como el de traslado del abogado si así fuera el caso. Derivado de lo anterior, La Rosa (2008) comenta Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Medios de solución de conflictos... 48 El asunto a tratar radica en si en condiciones de desigualdad real, el ciudadano común y corriente tiene la posibilidad de acceder a alguno de los mecanismos existentes permitiendo legítimamente determinar derechos y resolver su conflicto, con resultados que tengan validez ante terceros. Lo cual debiera significar que no solamente importen las vías judiciales sino aquellas otras formas que la Constitución Política y la legislación ordinaria reconoce (p. 105). De lo anterior la importancia que se debe dar a los medios de solución de conflictos y no tenerlos únicamente como alternativa, sino que sea la primera vía para resolver conflictos, otorgando el poder a las mismas partes de decidir cómo va a terminar el conflicto y teniendo la certeza de que su decisión tendrá la fuerza para hacerla valer en caso de incumplimiento. Al respecto, Bonilla menciona que: Entre los obstáculos que impiden o dificultan el acceso a los tribunales, sin duda está el de su fallida ubicación o delimitación geográfica. Un tribunal mal ubicado o que ejerce jurisdicción sobre un territorio no correctamente delimitado, ocasiona que los justiciables eroguen más gastos en la tramitación de sus asuntos, que los procesos sean más largos, que sus cargas de trabajo no sean proporcionales respecto a las de otros tribunales, que la comunidad se inconforme y que, incluso, los individuos opten por no acudir a él para resolver las controversias jurídicas. (Bonilla, 2017, p. 266) Así pues, que la garantía de tutela judicial deberá prever los obstáculos en cada territorio para que los ciudadanos accedan a la justicia, como lo menciona Bonilla, que: Puede sostenerse, en términos jurídicos, la existencia del principio de que los tribunales deben estar ubicados en los sitios de más fácil acceso para los justiciables, conforme al texto de los artículos 1o., 13, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estos preceptos hay directrices sobre la creación de tribunales y sobre la asignación de competencia territorial (Bonilla, 2017, p. 263). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448.41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Enríquez-Chávez, F. & Santana-Campas, M. A. 49 En el caso de las Juntas de Conciliación, el actuario no tiene presupuesto para trasladarse y realizar los emplazamientos y la fuente de trabajo que está en un municipio lejano (más de 50 kilómetros de donde se encuentra la autoridad laboral), el trabajador será quien solvente esos gastos, que al incluyen la gasolina del actuario, sus alimentos o en algunos casos las propinas que éstos exigen. Además de lo anterior, y considerando que El procedimiento para interponer una queja como trabajador consta de seis pasos, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo: presentación de la demanda, notificación al patrón de que es demandando, celebración de audiencia de conciliación, desahogo de pruebas, formulación y aprobación de la demanda y resolución. Este proceso debe llevar entre dos o tres meses (Guzmán, comunicado personal 18 de marzo de 2017). En este sentido, Ovalle (1996), refiere que más allá de las etapas y tiempos, se debe hacer una interpretación más amplia del proceso y acceso a la justicia a los trabajadores, y argumenta que: El derecho de acceso a la justicia no se limita a consignar la posibilidad meramente formal de acudir ante los tribunales para formular pretensiones o defenderse de ellas; sino que implica, además, el deber del Estado de remover todos aquellos obstáculos materiales que impidan o dificulten el acceso efectivo de las personas a los tribunales (Ovalle, 1996, p. 290). Además, pueden existir más obstáculos que prolongan los juicios y el acceso a la justicia, “en la realidad es muy distinto, puesto que los encargados de notificar en ocasiones no encuentran los domicilios o los patrones modifican su razón social. Estos son los motivos que suelen alargar la realización de las audiencias y como consecuencia la resolución de los conflictos” (Material transmitido por el Servicio Sindicado el pasado 18 de marzo de 2017). La notificación es difícil porque en algunos casos es complicado encontrar a las personas que ha de emplazarse; o por otro lado el buscarlos para la ejecución de las sentencias, cuando se busca para embargar, no se encuentra a la persona o ya no hay bienes en el domicilio. Cuando un trabajador ha conseguido que se termine el juicio, donde fue debidaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Medios de solución de conflictos... 50 mente notificado y se desahogaron todas las audiencias, se dictó laudo, y aunque sea favorable para el trabajador, se tiene que ejecutar, pudiendo también llevar mucho tiempo para que se efectúe, “el problema es ejecutar la resolución, ya sea obtener la reinstalación o el pago de salarios caídos. El tiempo que pueden tardar los patrones en atender esas resoluciones puede aumentar el proceso a más del doble” (Material transmitido por el Servicio Sindicado el pasado 18 de marzo, 2017). De lo anterior se desprende y se coincide que las instituciones de conciliación y mediadoras pueden y deben ser instrumentos para la construcción de paz social y promotoras de la participación ciudadana, considerando que al llegar a un acuerdo mediante la mediación la expectativa de cumplimiento de los acuerdos es alta puesto que se realiza en acuerdo de partes, además se tiene el veneficio de no judicializar los procesos y por ende la celeridad de los procesos y acceso a la justicia (De villa, 2012; García, 2007). Esto toma especial relevancia ante las transformaciones sociales en las últimas décadas y en especial en el mundo del trabajo, donde debe garantizarse el acceso a la justicia sin restricciones en igual de condiciones sin importar el nivel, cultural, económico, escolar, etcétera, es decir, a toda persona por igual se le debe garantizar un proceso y sentencias apegadas a derecho y en condiciones de igualdad (Maraniello, 2008; Padrón 2018). Siendo esto uno de los fines de la mediación y conciliación. Reforma laboral De conformidad con el artículo 590-E de la nueva reforma laboral (Oficio D.G.P.L. 64-II-7-685, 2019), “corresponde a los Centros de Mediación realizar la función conciliadora”, el cual concatenado con el artículo 684-B de la Ley Reformada (Oficio D.G.P.L. 64-II-7-685, 2019), establece que “los trabajadores y patrones deberán asistir al Centro de Conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación” siendo que con la Ley actual, el patrón no puede solicitar esta audiencia y solo el trabajador la consigue solicitarla mediRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448.41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Enríquez-Chávez, F. & Santana-Campas, M. A. 51 ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, dejando en posibilidad del patrón el solucionar el problema antes de que llegue a juicio. Además, la función del Procurador de la Defensa del Trabajo ya no será la de conciliar sino únicamente la de velar por los derechos del trabajador, pudiendo asistirlo en la audiencia conciliatoria. Una vez solicitada y notificada la audiencia conciliatoria previa al juicio y en caso de que solo en solicitante comparezca a la misma, el Centro de Conciliación levantará constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria, artículo 684-E fracción X (Oficio D.G.P.L. 64-II-7-685, 2019), a diferencia del procedimiento actual, donde la Procuraduría manda citar a la parte patronal mediante documento que el mismo trabajador por sus propios medios debe entregar y en el supuesto de inasistencia de la parte patronal, podrá enviar un segundo citatorio para llevar a cabo la audiencia, alargando más el proceso y saturando más la agenda de la misma Procuraduría. En el nuevo sistema laboral (Oficio D.G.P.L. 64-II-7-685, 2019), en el artículo 684-G, toma mayor seriedad a los métodos alternos al desvincular esta función dentro del procedimiento, estableciendo los requisitos y la forma en que se elegirán las personas que realicen esa labor, fomentando su adecuada aplicación y por lo tanto obteniendo mejores resultados, y de esta manera permitiendo que el tribunal laboral se enfoque únicamente en la función jurisdiccional. Dado lo anterior es que en esta investigación se planteó como objetivo principal: Describir las afectaciones a los trabajadores por demora en los juicios laborales y la no aplicación de manera eficaz de los medios de solución de conflictos en trabajadores del Sur de Jalisco. 3.- MÉTODO El artículo “Medios de solución de conflictos, herramienta para la construcción del acceso a la justicia”. Nace de las actividades de verano de la Maestría en Derecho del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, que se encuentra dentro de los Posgrados de Calidad del CONACYT. Buscó proyectar Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Medios de solución de conflictos... 52 datos acerca del acceso a la justicia y el papel que los métodos alternos de solución de conflictos juegan en este. Dado que se buscó describir las afectaciones económicas, familiares y laborales desde la perspectiva de los trabajadores es que se tomó la decisión de optar por la metodología cualitativa. Diseño En esta investigación no existió manipulación de variables, estas fueron observadas en su contexto natural, es por esto por lo que es una investigación no experimental, de tipo cualitativa descriptiva y transversal. Participantes Está se tomó de los trabajadores que acudieron durante el mes de abril a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en Zapotlán el Grande, Jalisco a fin de recibir asesoría o estaban llevando un juicio, por tanto, la selección de la muestra fue no probabilística y por conveniencia, es decir, el investigador principal, durante el periodo antes mencionado acudía a las oficinas de la Procuraduría para entrevistar a las personas. La muestra final fue de 30 trabajadores que aceptaron realizar la entrevista. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo con sede en Zapotlán el Grande, Jalisco, atiende a 28 municipios de la Zona sur de Jalisco y representa una superficie total aproximada de 5,650.60 km2 Instrumentos Una vez que se estableció el objetivo y tipo de investigación, se eligió la técnica de recolección de datos la entrevista semiestructurada, está se diseñó exprofeso para identificar las variables sociodemográficas, percepción de la autoridad, motivo por el acude al servicio y estado procesal en caso de haber iniciado juicio. Este consistió en 28 reactivos, el cual contuvo preguntas abiertas y cerradas con el objetivo de conocer la percepción desde los trabajadores sobre las variables de estudio. Al tratarse de una investigación cualitativa y de percepción de una población y contexto específicos, que no se busca generalizar los datos, sino que estos fueran Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448.41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Enríquez-Chávez, F. & Santana-Campas, M. A. 53 el detonador de reflexiones en torno a la mediación y solución de conflictos, no resultó necesario realizar las pruebas métricas del cuestionario. Procedimientos Una vez que se diseñó la investigación se solicitó el aval de la Junta Académica de la Maestría en Derecho del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, posterior se solicitó el permiso y apoyo del responsable de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en Zapotlán el Grande, Jalisco, una vez que se obtuvieron los permisos necesarios el investigador principal acudió a las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en Ciudad Guzmán, Jalisco, México, el periodo de aplicación fue del 16 al 23 de abril de 2019. Durante el periodo antes mencionado y en las instalaciones de la Procuraduría, se realizó contacto con los trabajadores que acudieron a servicio a dicha institución, al abordarlos se les explicó el objetivo de la investigación y se les invitaba a participar, a los que aceptaron se les dio a firmar el consentimiento informado y se procedía con la encuesta. Las encuestas se realizaron en un espacio donde garantizaba la confidencialidad de esta, asimismo, se realizó cara a cara y fue audio grabada, la muestra final fue de 30 trabajadores. Una vez que su tuvieron las 30 entrevistas, las respuestas a preguntas abiertas fueron transcritas a procesador de texto para realizar análisis de contenido, y las respuestas a las preguntas cerradas se capturaron en una base de datos para realizar análisis estadísticos descriptivos. Ética: Esta investigación se sometió a evaluación a la Junta Académica de la Maestría en Derecho, órgano colegiado encargado de vigilar la calidad de la investigación, el respeto a los derechos humanos en la investigación y garantía que las investigaciones respeten y garanticen los principios de la Declaración de Helsinki y las Recomendaciones para la Ciencia y los Investigadores científicos La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura (UNESCO). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Medios de solución de conflictos... 54 4.- CONCLUSIONES El objetivo principal de esta investigación fue el describir las afectaciones a los trabajadores por demora en los juicios laborales y la no aplicación de manera eficaz de los medios de solución de conflictos en trabajadores del Sur de Jalisco. Y como ya se mencionó en el apartado correspondiente, participaron 30 trabajadores que acudieron a las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en Ciudad Guzmán, Jalisco, México, a solicitar asesoría legal respecto a su situación laboral, de los cuales, tenían una edad de entre los 18 a los 65 años, 73 % de los encuestados fueron hombres y 27 % mujeres, del asunto por el que acudieron, 4 participantes tuvieron un accidente de trabajo, 7 renunciaron a su empleo y se les negó el finiquito y 19 fueron despedidos; el 57 % de los encuestados vivían en pareja (casados o unión libre), 37 % solteros y 6 % eran viudos o divorciados. De los trabajadores encuestados, el 53.3% refirió era el principal sustento de la familia y el 47% reporto que no era el principal sustento económico familiar. En cuanto a los ingresos mensuales, los encuestados reportaron que el 97 % percibía un salario entre $1,000 y $10,000 pesos mensuales; y solo 3.3% contaba con un salario entre $10,001 y $15,000. En la Tabla 1 se presentan los resultados sobre las afectaciones percibidas por los trabajadores al estar llevando un proceso en la instancia correspondiente. Tabla 1: Afectaciones principales durante el proceso Si No Económico n 14 % 47 n 0 % 0 Familiar Perdida de empelo No ha detectado No contesto 1 4 5 6 3 13 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 n se refiere al número de muestra y % al porcentaje absoluto Fuente: Elaboración propia, (2020). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448.41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Enríquez-Chávez, F. & Santana-Campas, M. A. 55 La percepción de las consecuencias que los encuestados al estar en el proceso son: 17 % no ha detectado consecuencias, 20 % no fue su deseo responder, 47 % tuvieron daño económico, 3 % descuidó asuntos familiares y 13 % se encontraron con la pérdida de empleo al solicitar constantes permisos para asistir a audiencias. En la tabla 2 se describen las respuestas a la pregunta de ¿Cuántas veces ha acudido a la procuraduría del trabajo? Tabla 2: ¿Cuántas veces ha acudido a la procuraduría del trabajo? Primera vez n 16 % 53 Segunda vez Tercera vez Cuarta vez 5 6 3 17 20 10 n se refiere al número de muestra y % al porcentaje absoluto Fuente: Elaboración propia, (2020). De los participantes, el 47 % de ellos habían viajado en dos o más ocasiones a la autoridad sin que en ninguno de los casos se haya solucionado el problema por el que acudieron. Asimismo, refirieron que los gastos económicos invertidos en traslados, asesorías y viáticos son recursos económicos que hubieras sido invertidos en alimentación de la familia, pago de deudas, reta de casa entre otros. Anudo a lo anterior, el 60% de los encuestados refirieron que tenían de 2 a 4 dependientes económicos y el 66.6% aun no encontraba un nuevo empleo por lo que en ocasiones se han visto en la necesidad de pedir préstamo para poder costear los gastos de los traslados a la procuraduría del trabajo. De los resultados anteriores se puede inferir que el perder el empleo no solo se ve afectado su ingreso familiar, sino que, además el llevar un proceso para hacer valer sus derechos también les genera un costo económico y familiar, cuando el acceso a la justicia es un derecho humano que se debe garantizar como medio para alcázar la paz y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Medios de solución de conflictos... 56 Discusión Se tienen muchas ventajas al no judicializar las controversias y ventilar los problemas en juicio, además de la rapidez y la economía es de gran importancia la finalidad, que se solucione el conflicto, De Villa menciona Una de las grandes ventajas de la mediación es que, en caso de llegar a un acuerdo, éste es totalmente construido por los mediados, por lo que el grado de cumplimiento voluntario de los convenios es muy alto. Y en caso de incumplimiento, que se da en la minoría de las veces, se puede solicitar la ejecución ante un juez (De Villa, 2012, p.22). Los medios alternos conjugan conocimientos de distintas profesiones, mediante una buena comunicación, orientando a las partes a construir la solución, entendiendo las conductas y conociendo los alcances jurídicos de las decisiones para que los acuerdos sean idóneos y legales, así como desarrollando habilidades de negociación. Es por ello por lo que Velásquez (2004) define “La conciliación ha sido definida como un mecanismo ágil de solución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con ayuda de un tercero neutral y calificado” (p.108). Así pues, que es necesario que exista una verdadera y profunda capacitación para que el prestador realmente esté calificado y no solo encuentre un negocio en la conciliación. Además de contar con reglas bien establecidas para llevar a cabo los medios de solución de conflictos, de la excelente preparación que deban tener los prestadores, la mediación también promueve que las personas se acerquen y decidan sobre sus conflictos, al respecto García (2007) dice La institución mediadora, conceptuándola como un instrumento de paz social en apoyo a la familia y de los intereses superiores de los niños, con capacidad de promover la participación ciudadana en la administración de justicia, pero con un importante reconocimiento como servicio social especializado (pp.89-90). La paz se genera mediante el diálogo, la empatía, comprendiendo al prójimo y Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448.41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Enríquez-Chávez, F. & Santana-Campas, M. A. 57 siendo solidario; estas mismas características se necesitan para lograr resolver un conflicto sin judicializarlo. Un profesionista bien capacitado para lograr la comunicación entre las personas en conflicto podrá propiciar la solución al conflicto con la sensación de certeza que genera paz en las personas al saberse con el problema resuelto y sin que el derecho de alguno de ellos haya sido aplastado por el del otro. Dado lo anterior, se infiere que, en la población de estudio para esta investigación, tiene dificultades para acceder a la justifica laboral, entre las dificultades se encontró la distancia entre su domicilio y la sede la procuraduría del trabajo, no contar con los recursos suficientes para traslados, viáticos, entre otros para acudir a las audiencias. Al respecto Maraniello (2008) considera que “no puede existir ningún tipo de restricciones al acceso a la justicia, ni sociales, ni culturales, ni económicas, donde todas las personas puedan obtener una sentencia en condiciones de igualdad. Todo ello como política económica del Estado” (p. 115). En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza que se respeten los derechos fundamentales de las personas, donde uno de ellos es el de que se la justicia sea accesible, gratuita, pronta e imparcial; es por ello por lo que el Estado está obligado a ofrecer justicia a sus gobernados mediante tribunales, y se debe asegurar de reducir los obstáculos que entorpezcan el alcance de este derecho fundamental. Los órganos encargados de la impartición de justicia se distribuyen por el Poder Judicial o en el caso de las Juntas de Conciliación y arbitraje, por el Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El acceso que pueda dar el Estado a los gobernados a la justicia va relacionado con los medios de que disponga y las posibilidades físicas, por lo cual se deben tomar las medidas necesarias para erradicar en lo posible, los obstáculos que evitan que los ciudadanos hagan valer sus derechos, en este sentido, la distancia entre los domicilios de los trabajares y centralización de las procuradurías es uno de los principales obstáculos para acceder a la justicia de la muestra estudiada en esta investigación. Hace falta mucho qué trabajar para poder tener condiciones justas para los traRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Medios de solución de conflictos... 58 bajadores y las condiciones laborales para formar una vida digna, para Padrón (2018) “una de las consecuencias más evidentes y profundas de las transformaciones desde las últimas décadas del siglo XX, que definen al mundo del trabajo, es el aumento inusitado y sostenido de la desigualdad social” (p. 9). Casal (2008) precisa en un sentido amplio que: ...el acceso a la justicia es un derecho consistente en la disponibilidad real de instrumentos judiciales o de otra índole previstos por el ordenamiento jurídico que permitan la protección de derechos o intereses o la resolución de conflictos, lo cual implica la posibilidad cierta de acudir a ante las instancias facultadas para cumplir esta función y de hallar en éstas, mediante el procedimiento debido, una solución jurídica a la situación planteada (p.133). En el caso derecho del trabajo, se han establecido lugares determinados donde se encuentran las Juntas de Conciliación y Arbitraje donde se asesora y accionan los derechos por: renuncias, despidos justificados e injustificados, etcétera, se manejen en salida alterna o se ventilan las demandas. Esta autoridad ejerce su jurisdicción en veintiocho municipios para el caso del Sur de Jalisco, mismo en el que las condiciones de distancia del domicilio del trabajador, deja como resultado que los trabajadores opten por no asesorarse o no iniciar el juicio puesto que el adeudo generado por sus derechos laborales no baste para mantener el juicio. Márquez (2008) considera que la conciliación: La conciliación no tiene en estricto sentido el carácter de actividad judicial ni da lugar a un proceso jurisdiccional, porque el conciliador, autoridad administrativa o judicial o particular, no intervienen para imponer a las partes la solución del conflicto en virtud de una decisión autónoma e innovadora. (Márquez, 2008, p. 67). En derecho laboral mexicano, tiene años utilizando los medios de solución de controversias a través de la conciliación, previo y durante los juicios. Hace falta trabajar más en ellos y el acercar la justicia a los trabajadores, trabajando en erradicar los obstáculos que impiden que los trabajadores reclamen sus derechos, Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448.41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Enríquez-Chávez, F. & Santana-Campas, M. A. 59 sin embargo, no hay que dejar de lado que, durante este tiempo, ha demostrado que la conciliación es efectiva para terminar con los conflictos entre empleado y empleador. De aquí que debemos trabajar para que todos los conflictos susceptibles de solucionar con conciliación, mediación, negociación o arbitraje se hagan con estos métodos y como primera instancia, quedando no como salida alterna, que es como se manejan dentro del mundo jurídico. Para Márquez y de Villa (2013), los medios Alternos: El tiempo ha demostrado que la mediación ha ido consolidándose, en proyectos sin duda exitosos, porque el equipo de promotores de la paz sigue creciendo a lo largo y ancho del país, con la convicción de que la mediación es una nueva profesión basada en la vocación de servicio hacia el prójimo y de que es un instrumento de paz (p.1591). Es así como se pueda contar con una alternativa para la solución de los conflictos laborales generados por la negativa del pago de liquidación o finiquito al finalizar la relación laboral, en los municipios que abarca la competencia de la Procuraduría y sin que el trabajador salga de su lugar de residencia, evitando el gasto y el tiempo que implica un juicio. Para los asuntos del orden civil, familiar, mercantil o penal, será de gran importancia también no solo enseñar a los profesionistas interesados en materia de medios de solución de controversias, sino también a los mentores que los guíen, porque de nada servirá tener excelentes prestadores del servicio de mediación cuando el mismo profesionista que lo instruyó, por cuestiones de ego, se resista a una solución no judicial para demostrar que sabe más o que puede más que el que fue su pupilo. Parra (2014) comenta que El aula es el espacio de aprendizaje que le brinda la oportunidad a cada estudiante de incorporar nuevos conocimientos y experiencias. Además, es un escenario de interacción para la función socializadora. El alumno aprende en la medida que el docente de aula, en su rol de mediador, promueve el aprendizaje significativo, a partir de experiencias de reflexión y aplicación de estrategias que le permitan la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Medios de solución de conflictos... 60 construcción del aprendizaje (p.178). La paz se logrará dialogando y alcanzando la justicia por voluntad y mérito propio, resolviendo los conflictos personales con acuerdos basados en el bienestar propio y el de la otra parte. Llevar a la práctica esta construcción de paz sin llegar a los juzgados será fundamental desde la enseñanza profesional. En la carrera de abogado, enseñan a ganar juicios, a empaparte de leyes, de pruebas y de todo lo necesario para contender y ganar, es desde las aulas que debemos enseñar a resolver problemas en vez de sembrar la idea de competir y ganar, ya que en muchas ocasiones lo que las personas necesitan no es una sentencia o dinero, sino un “perdón” de su contraparte. La adición de materias enfocadas en la sociología y psicología serán vitales para un abogado que va a tener formación como mediador o conciliador, logrando entender desde el lenguaje corporal, actitudes o emociones de las personas (programación neurolingüística), cuáles serán las técnicas para dar a cada uno lo que busca. Así, el abogado que memoriza leyes, procesos, formalismos, el que pondera derechos, dejará ser solamente un técnico jurídico y comprenderá las razones y por ende las soluciones a los problemas. Arboleda considera sobre la importancia de transmitir una formación inclinada por las soluciones no judiciales y con un sentido que inhiba la contienda “Hay que señalar la poca difusión de estos en las facultades de Derecho del país. Encontrando incluso que en algunas Universidades se estiman estos temas como asignaturas electivas o de segunda importancia, otorgándole preferencia a la formación tradicional y/o con una inclinación a la formación litigiosa, memorizando códigos y leyes” (Arboleda, 2017, p.83). De los resultados de las encuestas aplicadas se encontró que los principales asuntos fueron despidos, negativa de pago de finiquito y accidente de trabajo, asuntos que en principio no deberían llegar a las procuradurías atendiendo al principio de cultura de paz y cultura de legalidad por los actores (trabajador y empleador), además, una vez que los asuntos llegan a la Procuraduría y el trabajador se encuentra con la opacidad en las asesorías, procesos y diligencias, demora y tardanza en Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448.41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Enríquez-Chávez, F. & Santana-Campas, M. A. 61 entre citatorios, audiencias, resoluciones, etcétera, entonces, con esto se violan los principios constitucionales de acceso a la justicia sin ninguna restricción. 5.- CONCLUSIONES Mientras exista una sociedad, existirá el conflicto, por lo que lejos de considerarlos como la pieza que se debe borrar en los grupos sociales, deben considerarse como la fuente donde se generan acuerdos. El derecho nace precisamente de los conflictos. Las partes en desacuerdo no han de verse como dos personas que se estorban y que por tanto deban enfrentarse y para que finalmente uno de ellos ceda frente el derecho del otro. Deberá analizarse si la aplicación de los medios alternos de solución de conflictos es la adecuada en los órganos jurisdiccionales y si la misma autoridad que la realiza, sea la misma la que lleve el procedimiento que finalice en sentencia, no solo porque conocería de forma distinta la manera en que las partes ven el problema y podría generarse empatía por alguna de ellas, lo que haría caer a la autoridad en caer en distracción de su función. En los juzgados civiles de Ciudad Guzmán, Jalisco, es el mismo secretario de acuerdos quien previo a continuar con el procedimiento, lleva a cabo la cita conciliatoria de las partes, donde si bien es cierto la finalidad es la correcta, el que se realice la audiencia en su oficina, donde se encuentra su auxiliar, donde no se tiene la infraestructura adecuada y hay más expedientes sobre la mesa del trabajo pendiente, trabajando a puerta abierta para que otros abogados ingresan a revisar los libros, a hacer preguntas, contraviene lo que la doctrina establece para que pueda ser eficiente un procedimiento alternativo. Los Métodos de Solución de Conflictos han dado resultado, deben considerarse no como alternativa para terminar juicios, sino como la primera instancia para resolverlos sin necesidad de iniciar aquél. Sin embargo, hay que pulir no solo a las instituciones sino también a quienes participan en él, con la finalidad de armonizar todos los elementos para que funcionen de una mejor manera. Se puede tener a un excelente mediador dentro de los Juzgados, pero si la sesión se lleva a cabo en un escritorio lleno de expedientes, sillas viejas que no están estables y el entrar y Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Medios de solución de conflictos... 62 salir de abogados y otros servidores públicos, afectará completamente el resultado esperado. Por otro lado, se debe enfatizar en la preparación de los prestadores, en la neutralidad e imparcialidad que promueve este tipo de soluciones a conflictos, para que en conjunto con todo lo que significa realizar una buena mediación o conciliación, se logre solucionar los conflictos en el menor tiempo, con la menor molestia de los participantes y por lo tanto con menos consecuencias negativas en su vida cotidiana o su economía. REFERENCIAS Ackerman, M. (2007. El trabajo, los trabajadores y el derecho del trabajo. Revista de trabajo. V73, N. 3. p. 50-78. Recuperado de: https://juslaboris.tst.jus.br/ handle/20.500.12178/2378 Arboleda, A.P. (2017). Conciliación, mediación y emociones: Una mirada para la solución de los conflictos de familia. Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas. V. 17, N.33, pp. 81-96. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo. oa?id=100254730005 Bonilla, M. (2017). Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional. Tribunales, Territorio y Acceso a la Justicia. En Valadés D., Gutiérrez R. (Ed.). Ciudad de México (México): Instituto de Investigaciones Jurídicas. Canessa, M. (2009). Los derechos humanos laborales en el Derecho Internacional. Derecho PUCP, (63). Pp. 349-373. Disponible en: http://revistas.pucp.edu. pe/index.php/derechopucp/article/view/2984 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1, abril, 1970). Artículo 530 [Título Noveno]. Ley Federal del Trabajo. http://www.diputados.gob.mx/ LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf Casal, J. (2008). Los Derechos Humanos y su protección. Estudios sobre derechos humanos y derechos fundamentales. Caracas (Venezuela): Universidad Católica Andrés Bello. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448.41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Enríquez-Chávez, F. & Santana-Campas, M. A. 63 Castillo, C. & Bautista, M. (2018). Acceso a la Justicia Alternativa: Un Reto Complejo. Utopía y Praxis Latinoamericana. 23, (2). https://www.redalyc. org/jatsRepo/279/27957770012/27957770012.pdf Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [Const.] (1917). http:// www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf Cossío, J. R. (Ed.). (2017). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada III. Ciudad de México (México): Editorial Tirant Lo Blanch México. De Villa, J. C. (2012). La mediación en Guanajuato. Acta Universitaria. 22 (2), 19-23. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41623191003 García, L. (2007). La mediación familiar: una aproximación normativa. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C., 20, 78-96. https:// www.redalyc.org/articulo.oa?id=293222932005 Goldin, A. (2010). Los derechos sociales en el marco de las reformas laborales en América Latina. Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica. 2, 1311-1344. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3250316 Ibarra, R. (2004). La administración de justicia laboral federal en México. Distrito Federal, (México): Porrúa. La Rosa Calle, J. (2008). La jurisdicción alternativa como mecanismo de acceso a la justicia. URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 3, 104109. en: https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/104-109/1649 Los rezagos en justicia laboral (25 de marzo de 2017). El Universal. http://vlex. com/vid/rezagos-justicia-laboral-672101161 Maraniello, P. (2008). Las limitaciones económicas al acceso a la justicia. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C. 21, 98-118. http:// www.redalyc.org/articulo.oa?id=293222942007 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Medios de solución de conflictos... 64 Márquez, A. E. (2008). La conciliación como mecanismo de justicia restaurativa. Prolegómenos. Derechos y Valores, XI (22), 57-74. https://www.redalyc.org/ pdf/876/87602205.pdf Marquez, M. G. & De Villa, J. C. (2013). Medios alternos de solución de conflictos. Biblioteca jurídica virtual del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3568/15. pdf Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Ciudad de México, 19 de abril de 2019. Natividad, T. H. (2015). La justicia laboral mexicana ante los derechos humanos y la competitividad. Biblioteca jurídica virtual del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM. https://bliblio.juridicas.unam.mx/ Ovalle, J. (1996). Garantías Constitucionales del Proceso. Distrito Federal (México): Oxford University Press. Padrón, M. (2018). Apuntes introductorios para (re)pensar los estudios sobre mercados laborales desde el enfoque de derechos. Una aproximación desde el caso mexicano. En Padrón M., D’Angelo N., Mancini F. y Gandini L. (Ed.), Trabajo y derechos en México nuevas afectaciones a la ciudadanía laboral. (pp.1-34). Ciudad de México, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas. Parra, K. N. (2014). El docente y el uso de la mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Revista de Investigación, 38 (83), 155-180. https:// www.redalyc.org/articulo.oa?id=376140398009 Ruiz, V. (2014). Democracia y derechos humanos en México. Situación actual. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. México. https://www. codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/difus/democracia.pdf Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448.41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �Enríquez-Chávez, F. & Santana-Campas, M. A. 65 Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito. (Octubre 2013). Acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias, como derecho humano. Goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado.( Tesis aislada 2004630). https://sjf.scjn.gob.mx/ Velásquez, C. J. (2004). Conciliación de conflictos ambientales. Revista de Derecho, 21, 106-130. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85102105 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 41-65. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168 �66 El discurso y su influencia en los medios. Análisis de resultados del discurso ambientalista1 The discourse and its influence in the media. Analysis of environmental discourse results Metzli Sofía, Jiménez Tovar2 Universidad La Salle, México https://orcid.org/0000-0001-9640-6221 https://doi.org/10.29105/pgc7.13-3 ___________________________________________________________________________ RESUMEN El presente artículo es producto de una investigación que tuvo por objetivo proponer el uso del análisis de discurso y sus resultados, como una forma de demostrar el efecto que tienen los discursos sobre los medios de comunicación, y por ende sus consecuencias en la sociedad, así como el impacto de los líderes de opinión. Se aplicó el método hermenéutico, con las técnicas de investigación análisis de discurso y monitoreo de medios, el tipo de investigación es mixta. Se concluyó que la cobertura mediática fue variable, y que la interpretación de los discursos sí puede brindar un panorama contextual de la realidad y los cambios que se generaron con el tiempo; que los discursos al final cumplen con su objetivo, que es generar acción y obtener una mayor cobertura mediática al convertir el cambio climático en un tema de interés público. Palabras claves: Análisis de discurso, análisis de resultados, cambio climático, prensa ABSTRACT This article is the product of research aimed at proposing the use of speech analysis and its results, as a way of demonstrating the effect of speeches on the media, and thus their consequences on society, as well as the impact of opinion leaders. The hermeneutic method was applied, with the techniques of discourse analysis research and media monitoring, the type of research is mixed. It was concluded that media coverage was variable, and that the interpretation of speeches can provide a contextual picture of reality and the changes that were generated over time; that speeches in the end meet their goal, which is to generate action and gain greater media coverage by turning climate change into a public interest issue. Keywords: Climate change, discourse analysis, newspapers results analysis. Recibido: 11 de Abril 2020 - Aceptado: 15 de Junio 2020 Cómo referenciar este artículo: Jiménez Tovar, M. S. (2021). El discurso y su influencia en los medios. Análisis de resultados del discurso ambientalista. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 66-92. Recuperado de http:// revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167. https://doi.org/10.29105/pgc7.13-3 1 Este artículo es producto del proyecto terminal “El poder de la palabra. Análisis de resultados con base en la hermenéutica del discurso medioambiental”. Iniciado en 2019 y finalizado en 2020. 2 Licenciada en Ciencias de la comunicación por la Universidad de la Salle. Email: mj@lasallistas.org. Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional �El discurso y su influencia en los medios... 67 1.- INTRODUCCION El cambio climático es un problema que ha tomado relevancia en los últimos años en diferentes ámbitos, requiriendo con mayor urgencia soluciones que contrarresten las letales consecuencias que atentan contra cualquier forma de vida en el planeta. Por ende, al examinar información disponible sobre el tema, en específico de las múltiples dependencias de la ONU enfocadas en el medio ambiente, la premisa principal que permea es la “acción inmediata”. Una propuesta para lograr este objetivo es por medio del discurso, debido a su carácter generador de acción (Van Djik, 2012) porque “la palabra, aunque no sirve para representar ni para transmitir la realidad, es útil para persuadir a los hombres” (Hernández y García, 1994). Al unir una manera de comunicación de gran alcance como es el discurso, y la prensa, alias periódico, que es el medio de comunicación más longevo con un alcance igual de amplio y con trascendencia efectista, se podrían obtener resultados de gran impacto. Por ello el objetivo principal de este trabajo es conocer el alcance que tienen los discursos medioambientales enfocados en el cambio climático sobre los contenidos que se publican en diversos periódicos en el continente americano, respondiendo a la pregunta de investigación ¿se logró una mayor cobertura mediática acerca del cambio climático en el periodo entre el discurso de José Mujíca en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en 2012 y el discurso viral emitido por Greta Thunberg en el Parlamento Europeo en 2019? Con base en ello se determinó la influencia que los discursos, y en consecuencia los líderes de opinión tienen sobre la prensa; así como proponer un enfoque distinto de la metodología mixta que se empleará con el análisis de discurso y el mapeo de medios, los cuales aporten la información necesaria para realizar un análisis de resultados respecto a soluciones comunicativas que funjan como respuesta a problemáticas sociales. Una limitante es el carácter diacrónico de la investigación, ya que el período que se contempló para la recolección de notas informativas fue de 7 años, por lo que Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 68 la información disponible puede tener variables importantes que permeen los resultados debido al número impreciso de noticias que se han publicado a lo largo de ese plazo. Otra variable a considerar es el mapeo de medios, por su carácter cuantitativo omite aspectos cualitativos en el contenido de las notas informativas como la ideología del periódico y del periodista, las cuales llegan a transmitir diversas posturas sobre el tema, por ende no se genera una opinión unificada en la población; al igual este análisis despoja de individualidad a los emisores relegando su libre albedrío ya que “cada individuo o grupo social concibe de manera diferenciada el problema, esto en función de sus experiencias, información, conocimiento y contexto” (Arias y Rosales, 2019, p. 248). El interés principal de este trabajo es estudiar la creciente y compleja exposición de medios de comunicación a la que estamos sometidos los seres humanos como lo muestra IAB México (2017) en su estudio de consumo de medios. Los medios son constructores de la realidad, por ello, la información que se publica en el medio cobra relevancia en la vida de las personas, si se logra medir la cantidad de información transmitida se puede tener una aproximación de la posición que ocupan ciertos temas en la sociedad, esto se puede lograr examinando los siguientes factores: la proporción de noticias sobre la problemática; desde que temas o perspectivas se aborda: el lugar geográfico del periódico y el nombre del periódico en que se publican; los líderes de opinión o personalidades que se vinculen con el tema; el tipo de documento periodístico; y el idioma en que está presentado; estas variables fueron definidas por las categorías de información encontradas en la base de datos ProQuest, que fungió como instrumento del mapeo de medios. De acuerdo con Van Djik (2012) se puede medir la evolución de un acontecimiento social conforme el lenguaje empleado en los discursos, esta premisa fungió de base para el análisis de resultados. En general, los artículos o estudios disponibles respecto al análisis de discurso tienen como objetivo entender y ampliar el conocimiento respecto a la problemática social abordada, algunos estudios han intentado emplearlo como un análisis de resultados social, sin embargo, no se encuentran caracterizados como tal. Por ello Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 69 el alcance de este análisis es global, debido a diversos factores; el primero es la elección de los líderes, ya que apelan a diversas realidades, contextos y culturas, por un lado, se encuentra el exmandatario José Mujíca de Uruguay, y por otro está Greta Thunberg la joven activista sueca; y el segundo factor que amplia su alcance es el mapeo de medios, que abarca desde prensa con un efecto mundial hasta prensa de localidades específicas. 2.- FUNDAMENTO TEÓRICO Para poder entender y explicar el efecto del cambio climático, así como sus causas, se deben exponer ciertos conceptos básicos. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el módulo 1 de su diplomado “Introducción a la Ciencia del Cambio Climático”, (ONU, s.f.) se muestra que hay una diferencia entre clima y tiempo, los dos fenómenos ocurren en la atmósfera pero, si se suscita en un momento determinado es “tiempo”, este varía en un espacio temporal corto: en días, semanas, etc. que incluye la temperatura, la velocidad del viento, la humedad, la presión barométrica, entre otros componentes; por otro lado el “clima” es el promedio del estado del tiempo, que son períodos prolongados. La ONU (s.f.) expone que el clima es el estado del sistema climático que se compone por: la atmósfera, que es la envoltura gaseosa que rodea a la Tierra; la hidrósfera, parte de la Tierra que involucra las aguas en estado líquido tanto las superficiales como las subterráneas como los océanos, ríos, lagos, etc.; la criósfera, que es la capa que conforma el agua en estado sólido; superficie terrestre, es la capa más externa de la superficie sólida de la Tierra y de los océanos, que es donde se produce la actividad volcánica e influye en el clima; y la biósfera, que comprende a todos los organismos vivos así como los ecosistemas de la superficie terrestre y océanos. Todos estos elementos determinan e influyen en el estado y la dinámica del clima terrestre. Uno de los mecanismos más importantes del sistema climático es el efecto invernadero, este se genera a partir del desequilibrio entre la energía que recibe la Tierra por parte del Sol y la energía que se libera al espacio exterior, ya que es cada vez menor la cantidad de energía calórica que logra irradiarse al espacio por lo que se queda en la atmósfera a causa de los Gases de Efecto Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 70 Invernadero (GEI), los cuales se producen por un exceso de dióxido de carbono (CO2), esto aumenta la temperatura de la Tierra causando estragos irreversibles hacia cualquier forma de vida en el Planeta. El calentamiento global es un cambio climático que se ha investigado desde inicios del siglo XX por ser un variación en el clima sin influencias naturales, que ha ocurrido a una velocidad nunca antes vista en otro fenómeno climático registrado. Ya que su principal causa es el aumento de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, estos se han producido desde la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII, por estos componentes que absorben y emiten radiación térmica, se tiene una mayor cantidad de calor en la atmósfera que incrementa la temperatura global, las repercusiones que tiene este efecto se le denomina “Cambio Climático Antropogénico” que son las acciones provocadas por el hombre. (Oceana, s.f.) De acuerdo con Velázquez de Castro (Agosto 2012) son cuatros rasgos los que caracterizan la crisis ambiental: la globalidad de problemas ambientales que afectan a toda la Tierra sin haber sido generados por el planeta, sino por una pequeña parte de la población; rapidez o exponencialidad, a lo largo de la historia humana han existido múltiples cambios climáticos sin embargo ningún ha sido tan fulminante; el aumento de problemas ambientales que al final solo permite la acumulación de sustancias en los organismos; y la persistencia, los prolongados efectos secundarios de los impactos generados, ya que algunos pueden permanecer más de un siglo en el planeta. Por ello se requieren realizar acciones que ayuden a contrarrestar estos efectos, que informen la situación, y el discurso es uno de los elementos que puede aportar a esta causa porque como lo expone el lingüista Van Djik (1978) “a través del control de la mente se pueden controlar los actos, se tiene un poder increíble sobre la sociedad porque la gente va a hacer o no hacer lo que uno quiere que haga”. Los discursos realizan el “arte de persuadir por medio de la palabra” (Dahdah-Antar, 2019, p. 112) se busca impulsar un cambio, para ello es importante conocer Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 71 el funcionamiento y estructura de los discursos argumentativos. El filósofo Paul Ricoeur (1995) expone que el discurso es una expresión del lenguaje conformada por palabras, las cuales separadas entre sí no conforman nada, no tiene intención alguna, es la oración la que llega a significar algo. La oración es un conjunto de palabras, por ello, el discurso necesita un verbo y un nombre, según el autor, las cuales cuentan con una conexión que trasciende las palabras. Esta definición dota al receptor o interprete con una responsabilidad, y un poder, de darle un significado a las palabras, adaptarlas a su realidad, por lo que al momento de generar un análisis se debe tomar en cuenta no solo el lenguaje si no el contexto y la cultura en la que se elaboró el texto del discurso, así como el contexto en el que se emite. Pensamiento que respalda el lingüista Van Djik (2012) al exponer que las situaciones sociales, políticas y culturales influyen en la interpretación subjetiva, y afirmando que las situaciones sociales son constructos sociales que pueden influir en toda la conducta humana. Otro de los grandes exponentes del análisis de discurso es Foucault (1987), quien muestra y propone normas que rigen los discursos: el qué se dice, cómo y en qué circunstancia, que responden a tres motivos el poder, el peligro y la reducción de incertidumbre. Al entender los aspectos que definen y engloban al discurso la pregunta que surge es ¿con base en qué aspectos se puede generar un análisis del discurso? Por lo que Philips y Hardy (2002) presentan un esquema que expone las diversas vertientes a las que se puede dirigir un análisis de discurso: Categoriza las opciones de acuerdo con dos dimensiones clave: el nivel en el que se encuentra el enfoque del discurso ya sea en textos individuales o en el contexto que los rodea; el otro nivel es en el que se enfoca la investigación, si es en poder o ideología al contrario de la construcción social. De acuerdo con las 4 propuestas de análisis: análisis lingüístico social; estructuralismo interpretativo; análisis crítico del discurso; y análisis lingüístico del discurso. La mayoría tiene un interés sobre las relaciones de poder en los discursos, por ello la categoría que se adecua mejor al enfoque de la investigación es el análisis lingüístico social. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 72 Este tipo de análisis es constructivo y se basa en los textos. Los investigadores se enfocan en textos individuales relacionándolos marginalmente al contexto distante en el que se generaron o se exploran las dinámicas de poder en las que están implicados. Los estudios de este tipo se enfocan en los aspectos constructivos del texto, ayudan a entender no solo las micro dinámicas del discurso de decisiones individuales, sino que también ayuda en la comprensión de los fundamentos de la realidad social del discurso en la que se encuentran las relaciones. Al identificar el objetivo y enfoque del análisis de discurso, la aportación de la hermenéutica es con base en su carácter epistémico, el cual se entiende como “el estudio de la naturaleza del conocimiento y la justificación, en específico el estudio de sus características definitorias, sus condiciones sustantivas; y los limites del conocimiento y la justificación” (Audi, 2004) Al final el objetivo del epistemólogo es el de proveer de componentes definitorios del conocimiento, que favorezcan al análisis del conocimiento. El análisis estándar se compone por tres elementos: la justificación, la verdad, y la opinión o creencia. La justificación epistémica se limita a la aportación de evidencias, a aumentar la verdad y reducir la falsedad. Al entender las aportaciones y relevancia de las metodologías, se complementa con una teoría social, que refuerza la importancia de encausar los contenidos hacia un bien común por el poder mediático efectista. Esto por medio de una teoría que, para muchos pensadores, puede ser obsoleta sin embargo al observar nuestro entorno nos podemos dar cuenta que sigue en vigor, la Teoría de la Comunicación en dos pasos, para Paul Lazarsfeld et al. (1944), sociólogo austríaco, fundador del análisis sociológico norteamericano quien basó sus estudios en los efectos que causan los medios de comunicación los cuales en ocasiones alienan a la población, por medio de la teoría de la Comunicación de masas (Lazarsfeld, 2012), y una ramificación de esta teoría son los líderes de opinión creados por los medios, y deben tener características determinadas para que los receptores logren empatizar con los ideales o ideas que venden. El flujo de la comunicación en la teoría de dos pasos es que la información primero llega a los líderes de opinión Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 73 quienes influyen y la transmiten a las personas con las que se encuentran en contacto mediático. Los medios no cambian la forma de pensar sólo la refuerzan, esto lo hacen a través de líderes de opinión que son personas que se localizan en diferentes estratos sociales y ocupaciones, deben fungir como un modelo para otros e influenciar (Lazarsfeld, 2012, p. 142). Sin embargo, en este trabajo, se realiza una nueva propuesta de enfoque a la teoría, se plantea que ya no son los medios la única fuente de la información, al contrario, la iniciativa es que los hechos noticiosos ahora son dictaminados por los líderes de opinión, ellos son quienes manejan los contenidos, establecen qué, quién, cuándo y de qué se hablará. Con base en esto se seleccionó a las figuras públicas que sirvieron como objeto de estudio, Greta Thunberg y José Mujíca. Dentro de las diversas alternativas de medios de comunicación, se seleccionó la prensa por la estrecha relación que desde su nacimiento ha tenido con el poder, en 1850 el periodista F. Knight Hunt nombró su libro “El Cuarto Estado” dotando al periódico de un nuevo objetivo y término, el cual surgió a partir de la división de tres poderes gobernantes: ejecutivo, legislativo y judicial; siendo la prensa la que funja como un órgano fiscalizador del gobierno, ya que en general la prensa se encuentra privatizada, lo cual otorga cierta autonomía y desapego del Estado, independencia que le permite ser crítica de los gobernantes o acontecimientos que lo ameriten. La relevancia de este medio radica en el poder que tiene para expandir el conocimiento, en los primeros años posteriores a su concepción los empresarios lo percibieron como una ventana de oportunidad como publicidad o propaganda, siendo en la actualidad uno de sus principales ingresos. De igual forma al comienzo comentaban que los periódicos estimulaban en los lectores el escepticismo, ya que propició a que los lectores se empezarán a cuestionar la información porque les brindaba diferentes perspectivas de los acontecimientos, sin embargo, el aporte más grande que se le atribuye fue crear la opinión pública. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 74 3.- METODO Diseño El discurso es un indicio de la realidad social, de los pensamientos, no es un espejo o reflejo de la realidad, por lo que se seleccionó el análisis de discurso como metodología puesto que su relevancia recae en el poder de analizar el discurso como una forma de acción social, encausando el análisis en el contenido de las notas informativas para poder conocer el aporte que han tenido los discursos en el medio tradicional, la prensa. En primera instancia, se realizó la selección de los líderes de opinión y de los discursos con base en el aporte, popularidad, contexto y relevancia para, de esta manera, poder contrastar aquellos aspectos que coincidan, así como entender las diferencias particulares. En el análisis de discurso se empleo como base el modelo empleado en el artículo del sociólogo Alejandro Rico (2004) el cual realizó una caracterización de los elementos del discurso como: unidades temáticas, estructuras argumentativas, tópicas y marco teórico. Basándose en el estudio de la estructura interna del discurso. Para este trabajo se preseleccionaron unidades discursivas de análisis las cuales surgieron de los conceptos que involucran una problemática social y cambio climático, a su vez se agregaron conceptos puntuales de cada uno de los líderes seleccionados antes mencionados. Las unidades que se emplearon se dividieron en categorías y subcategorías, las categorías que de acuerdo con el análisis realizado permearon el discurso de Mujíca fueron: Economía, ecología, humanidad y tiempo. Por su parte las categorías de la joven activista Thunberg fueron: Política, medio ambiente y sociedad. Las subcategorías las conforman conceptos que deriven o se vinculen con las categorías principales tales como: desarrollo, sociedad, mercado, recursos naturales, entre otros. Para el monitoreo de medios se basó la metodología en un modelo empleado por Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 75 la Doctora en Sociología Maricarmen Cárdenas (2010) quien realizó un estudio sobre el calentamiento global y su tratamiento en los medios, en el cual el seguimiento de medios se realizó por medio de la base mediática diaria de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la cual dictaminó las categorías de noticias, y la clasificación general. Con ello está investigación versó sobre la base de datos ProQuest, quien a su vez dictaminó las categorías y clasificaciones de análisis. Con bases en las unidades de análisis que se encontraron en el discurso, estas se emplearán para dos análisis, el primero será un análisis comparativo entre los dos discursos puesto que por medio de las unidades se medirá la evolución del problema y se pueden analizar los cambios que se hayan suscitado durante los 7 años entre la emisión del discurso de José Mujíca y el discurso de Greta Thunberg. Y en segundo lugar, conforme a un análisis cuantitativo sincrónico de notas informativas se analizará el número de notas generadas y encontradas en la base de datos ProQuest que contengan la palabra “cambio climático” al ser el tema principal de este trabajo, el límite temporal del análisis de medios fue dictaminado por los discursos, en específico por el momento de su comunicación. Con el fin de obtener una contextualización más precisa y oportuna se elaboró una sub selección sincrónica de estas publicaciones noticiosas donde se analizarán a partir del día de la emisión de cada discurso diez meses antes y diez meses después, para tener un panorama lato sensu. La elección de 10 meses fue condicionada por la temporalidad del discurso emitido por Greta, a causa de ser contemporáneo a la investigación no concede llegar a una evaluación de 12 meses. Por consiguiente, se realizaron tres categorizaciones de las publicaciones en periódicos, la primera abarcó el número de publicaciones que tuvieran la palabra cambio climático y fue desde el 1 de septiembre de 2011 al 20 de junio de 2012 (día que se presentó el discurso de Mujíca) y del 20 de junio de 2012 al 20 de marzo de 2013. El mismo periodo se empleo para el discurso de Greta, diez meses, que corrieron del 1 de julio de 2018 al 17 de abril de 2019, día que se emitió el discurso, y del 17 de abril de 2019 al 31 de enero de 2020 que son 10 meses después. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 76 Participantes Se decidió abrir con el análisis del discurso del ex mandatario José Mujíca por el cargo de poder que logró al provenir de una infancia con bajos recursos y por la ideología que permeó su carrera política, y sigue permeando, en pro del medio ambiente, las personas de escasos recursos y el bienestar común, como lo muestra el diario El País (2018). La elección del discurso se debe a la relevancia que tuvo en la época que se emitió ya que funge como un hito porque no solo expuso la problemática medioambiental, sino que lo hizo por medio de una fuerte crítica al sistema económico y gobernante. Otro aspecto importante de resaltar para el análisis es la Conferencia en la que se propagó el discurso, la cual se dio a conocer con el acrónimo “Río+20”. En esta conferencia se creó el documento “El futuro que queremos” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2012), acuerdo que firmaron todos los países participantes, y sirvió como base para la creación de la Agenda 2030 y los reconocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) publicados en 2015 por la ONU. La inclusión de Greta Thunberg en el análisis es a causa de la apresurada fama e impacto mediático que logró la activista de acuerdo con el medio The Guardian (Belam, 2019), y el aporte que puede brindar al ser un individuo completamente ajeno a José Mujíca como en el nivel de estudio, el entorno social, el nivel de involucramiento que tienen con la política, la edad, etc. y de esta forma contrastar los aportes de cada uno. La selección del discurso, es por razón de que pese a no ser su primera aparición pública ni la más evocada, si fue la ponencia donde se le procedió a percibir con la relevancia y categoría de una líder de opinión, en ese momento se reconoció que no sería un personaje de una sola aparición, si no que se convertiría en una figura recurrente en eventos de gran magnitud efectista. Instrumentos Para el análisis de discurso se empleó el software Atlas.ti por su eficiencia en las investigaciones cualitativas. Dentro del programa se emplearon los recursos: contador de palabras, creación de unidades de investigación y nube de palabras. Estos Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 77 recursos facilitaron la comparación y análisis de los objetos de estudio. Para el mapeo de medios, se utilizó la base de datos ProQuest por la amplia cobertura de información dentro del World Wide Web, porque su funcionamiento radica en colaboraciones con múltiples organismos, asociaciones, instituciones, entre otros. De igual forma resultó el instrumento idóneo por la facilidad de categorización y filtración dentro de la plataforma, así como el respaldo académico internacional que dispone. Procedimientos Para empezar, se hizo la transcripción de los discursos, en el caso del discurso de Greta al ser emitido en el idioma inglés requirió adicionalmente una correcta traducción. Con base en las transcripciones se obtuvo un conteo general de palabras, después se realizó la concordancia para conocer las unidades básicas que se encontraron en el discurso, y en consecuencia se obtuvo una nube de palabras que ejemplifica las unidades con mayor recurrencia. Al tener el análisis de los dos discursos, en específico las nubes de palabras y conteo de unidades básicas, se tomó como base las unidades del discurso de José Mujíca y se hizo una comparación con las unidades básicas en el discurso de Greta, se observaron las unidades que se repetían y el número de ocasiones que se encontraron, con ello se refutó la hipótesis de si existía o no una evolución en la problemática social. Después se empleo el mapeo de medios, que mostró el número de documentos producidos que contienen la palabra “cambio climático” en el periodo seleccionado de cada líder de opinión, y en el periodo entre cada discurso. En el ciclo individual, primero se analizaron los datos del mes en el que se emitió el discurso, se ocupó ese número como base y se vio el crecimiento o decrecimiento de cobertura mediática de los meses delimitados. Por su parte, del periodo intermedio entre cada discurso a parte del análisis de datos de producción y cobertura mediática, también se realizó un análisis con el apoyo de las unidades básicas, ya que con el mapeo de medios existe una división que arrojó las temáticas con respecto al Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 78 cambio climático que se localizaron en los documentos, por lo que al tener los conceptos y sus respectivos datos de repetición, se contrastó con las unidades básicas y se obtuvo la medición de la influencia directa de los discursos sobre el contenido del medio. 4.- RESULTADOS En el análisis comparativo de los discursos con base en las unidades de análisis (Figura 1) podemos observar que las unidades de mayor relevancia en el discurso de José Mujíca son: gobierno, sociedad y vida; ya que son las 3 unidades con mayor número de menciones siendo la cantidad máxima 8. En el caso de Greta la unidad con mayor mención fue “destrucción” siendo 18 el número máximo, seguida de “actuar” con 14 repeticiones y “casa” con 12. Las unidades que se repitieron en los dos discursos son: - Acuerdo - Economía - Negación -Sociedad - Civilización - Futuro - Pasado - Tiempo - Contaminación - Globalización - Planeta - Destrucción - Medio ambiente - Política/políticos Puesto que el total de códigos en los discursos es de 50 en el caso de Mujíca y 49 en el caso de Greta, el promedio sería 49.5 siendo este nuestro universo, el número de conceptos que intersectan es 14 por lo que el porcentaje es de 28.28% de conceptos compartidos. En la Figura 1 podemos observar que las categorías están diferenciadas por color para una mejor identificación, conforme el número de subcategorías que conforman las categorías, podemos observar que la categoría, por consiguiente, el tema, con mayor peso es: “economía” en el discurso de José Mujíca y con Greta Thunberg “medio ambiente”. Con base en estos resultados se puede responder al objetivo específico de verificar si hubo una evolución o mejora, demostrando que no existió una mejora porque Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 79 el tema medioambiental pasó de un tercer a un primer plano; otros datos que respaldan esta conclusión son las unidades con mayor número de mención a causa de que en el 2012 con Mujíca los temas más relevantes estaban relacionados a las sociedades, mientras que las unidades en el 2019 con Greta develan el deterioro puesto que la unidad encontrada más veces fue “destrucción” seguida de “actuar”, haciendo alusión a la urgencia de realizar un cambio. Respecto al mapeo de medios, realizado con base en la información disponible en la base de datos ProQuest, de los 3 filtros temporales aplicados son: Filtro 1, los 20 meses del discurso de José Mujíca se dividieron en dos: • 10 meses anteriores al discurso (Filtro 1.1) • 10 meses posteriores, empezando el 21 de junio de 2012 (Filtro 1.2); Filtro 2, 20 meses del discurso de Greta Thunberg divididos en dos: • 10 meses anteriores al discurso empezando el 1 de julio de 2018 al 17 de abril de 2019 (Filtro 2.1) • los 10 meses posteriores, empezando el 18 de abril de 2019. (Filtro 2.2) Filtro 3, el periodo de latencia que abarca del 21 de junio de 2012 hasta el 17 de abril de 2019 El total de publicaciones en periódicos que se obtuvieron del Filtro 1.1 (Gráfico 1) fue de 1,290 publicaciones, siendo junio el mes con menor número de publicaciones 90, mes que se emitió el discurso y se llevo a cabo la Conferencia Río+20, y el mes que mostró la cantidad máxima fue diciembre de 2011 con 161. Respecto al Filtro 1.2, el total de notas publicadas en el periodo fue un total de 1,083, siendo el mes de junio el que presentó el menos número, como se muestra en el Gráfico 2, con 53 publicaciones, es importante recalcar que a comparación del Filtro 1.1, las 53 publicaciones respectan a los últimos 10 días del mes por lo que se presentó un incremento del 17.7% en la producción y publicación de documentos de ese mes, de acuerdo con la gráfica en los meses a posteriori hubo un incremento gradual Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 80 de noticias. Sin embargo, al comparar el total se muestra que la producción fue superior antes del discurso que después. Los resultados del Filtro 2.1 (Gráfico 3) arrojan que el número de publicaciones en ese periodo fue de 827 notas publicadas siendo los primeros 17 días de abril el número más bajo de publicaciones con una cantidad de 48, y febrero el más alto con 112. En el Gráfico 4 (Filtro 2.2) el total de publicaciones fue de 1,152, siendo los 13 días restantes de abril el mes con una menor cantidad, 41; y junio mostró el número máximo con 155 documentos. De acuerdo con los resultados, posterior al discurso, durante el mes de abril hubo un incremento del 11% de notas publicadas respecto al cambio climático. Y como se puede observar en los Gráficos 3 y 4 si existe una mayor producción de documentos a posteriori a la propagación del discurso ya que la cantidad a priori es de 827 menos a la cantidad a posteriori de 1,152, lo cual se refleja en un incremento de casi 40%. De acuerdo con el Filtro 3 (Gráfico 5) se puede observar un aumento gradual en la publicación de documentos, siendo el 2015 el año con mayor producción, sin embargo, de la misma manera la gráfica tendió a decrecer los años posteriores, hasta el 2019. Al completar la información de la Gráfica 5 con las Gráficas 1 y 4, decantando los datos a solo los años en los que se propagaron los discursos que son 2012 y 2019, en la primera mitad del 2012 (del 1 de enero al 20 de junio) el número de notas publicadas fue de 739 y la última mitad (del 21 de junio al 31 de diciembre) de 637, lo cual muestra que no hubo un incremento de producción de noticias con contenido del cambio climático, puesto que fue de 0.44%. En el caso de Greta Thunberg las notas publicadas del 1 de enero al 17 de abril de 2019 fueron 325, y los meses restantes desde el 18 de abril de 2019 al 31 de diciembre de 2012 fueron 1,006, lo cual demostró un crecimiento de apenas 0.26%, menor al porcentaje de José Mujíca. Sin embargo, al aumentar el periodo de análisis hasta el 31 de enero se muestra un incremento en 11%. Estos resultados confirman parcialmente la hipótesis, a causa de que, si existió un incremento durante los primeros 4 años posteriores al discurso de Mujíca, sin embargo, decreció gradualmente por que el efecto que tuvieron los discursos en Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 81 los medios fue limitado y condicionado, puesto que no fueron los únicos líderes de opinión o figuras públicas que abordaron el tema. El último análisis combina las unidades básicas de investigación (Figura 1) con los temas encontrados en las notas periodísticas del período 21 de junio de 2012 a 17 de abril de 2019 (Tabla 1), se ocupan solo las unidades con mayor número de repetición del discurso de José Mujíca, debido a que la periodicidad del filtro de los temas no incluye tiempo posterior al discurso de Greta, en los cuales se encontró que uno de los temas más encontrados es presidentes, similar a la unidad del discurso “gobierno” y “autoridades”. En temas se encontraron conceptos con un amplio número de repeticiones: partidos políticos, crecimiento económico, producto interno bruto (PIB) e impuestos, los cuales hacen referencia a la categoría con mayor relevancia de Mujíca la “economía” por lo que si existió un porcentaje de influencia en los periódicos. Figura 1: Unidades básicas obtenidas del análisis de discurso Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 82 Fuente: Elaboración propia en Atlas.ti (2020). Nota: Con base en las unidades se realizó el análisis comparativo de los discursos, así como las nubes de palabras. En el costado derecho muestra el número de veces encontradas en el discurso. Figura 2: Nube de palabras del discurso de José Mujíca Fuente: Elaboración propia en Atlas.ti (2020). En esta figura se ilustran las unidades de análisis encontradas en el discurso, siendo las palabras con mayor jerarquía visual aquellas que cuentan con una mayor recurrencia, definidas por la saturación de color y el tamaño de letra. Figura 3: Nube de palabras del discurso de Greta Thunberg. Fuente: Elaboración propia en Atlas.ti (2020). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 83 Se muestran ilustradas las unidades de análisis encontradas en el discurso, siendo las palabras con mayor jerarquía visual aquellas con mayor recurrencia, definidas por la saturación de color y el tamaño de letra. Gráfico 1: Cantidad de publicaciones mensuales con la palabra “cambio climático” anteriores al discurso de José Mujíca Fuente: Elaboración propia (2020). El gráfico muestra el número de publicaciones mensuales encontrados en ProQuest de acuerdo al filtro 1.1 de las categorizaciones temporales del análisis de resultados, siendo los 10 meses anteriores al discurso de José Mujica, esto permite observar el comportamiento de las publicaciones y percibir las transformaciones posteriores. Gráfico 2: Cantidad de publicaciones mensuales con la palabra “cambio climático” posteriores al discurso de José Mujíca. Fuente: Elaboración propia (2020). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 84 El gráfico muestra el número de publicaciones mensuales encontradas en ProQuest de acuerdo al filtro 1.2 de las categorizaciones temporales del análisis de resultados, siendo los 10 meses posteriores al discurso de José Mujica, esto permite observar el comportamiento de las publicaciones y el efecto sobre la prensa a causa del discurso. Gráfico 3: Cantidad de publicaciones mensuales con la palabra “cambio climático” anteriores al discurso de Greta Thunberg. Fuente: Elaboración propia (2020). El gráfico muestra el número de publicaciones mensuales encontradas en ProQuest de acuerdo al filtro 2.1 de las categorizaciones temporales del análisis de resultados, siendo los 10 meses anteriores al discurso de Greta Thunberg, esto permite observar el comportamiento de las publicaciones antes del discurso y mostrar la viscitud. Gráfico 4: Cantidad de publicaciones mensuales con la palabra “cambio climático” anteriores al discurso de Greta Thunberg. Fuente: Elaboración propia (2020). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 85 El gráfico muestra el número de publicaciones mensuales encontrados en ProQuest de acuerdo al filtro 2.2 de las categorizaciones temporales del análisis de resultados, siendo los 10 meses posteriores al discurso de Greta Thunberg, esto permite observar el comportamiento de las publicaciones, la evolución y comparar con la gráfica anterior. Gráfico 5: Filtro 3. Cantidad de publicaciones anuales con la palabra “cambio climático” entre la emisión discursos. Fuente: Elaboración propia (2020). El gráfico muestra el número de publicaciones mensuales encontradas en ProQuest de acuerdo al filtro 3 de las categorizaciones temporales del análisis de resultados, observando de manera general el comportamiento de las publicaciones, y la frecuencia de las mismas. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 86 Tabla 1: Conceptos encontrados en las publicaciones, adicionales a “cambio climático”. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Tema Cambio climático Emisiones presidentes calentamiento global protección del medio ambiente carbono campañas políticas estudios gas natural política de energía plan industrial de emisiones elecciones presidenciales políticas industria petrolera políticas medioambientales industria energética partidos políticos cuentas efecto invernadero nominaciones combustibles fósiles investigadores candidatos liderazgo primer ministro fuentes de energía alternativa industria automotriz carbón centrales eléctricas de carbón tuberías nivel del mar gases de efecto invernadero escuelas & universidades sequía Cuenta 2,136 663 631 533 528 492 446 445 285 284 273 250 249 231 228 219 219 213 202 195 187 177 170 167 159 142 140 135 132 130 128 127 121 120 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 87 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 acuerdos dióxido de carobono recesión ciudades crecimiento económico libros relaciones internacionales inversiones producto interno bruto (PIB) investigación editoriales leyes y regulaciones de armas de fuego redes sociales impuestos del medioambiente inundaciones ciencia primaries & asambleas hielo gobernadores especies en peligro de extinción y extintas acuerdo de París lluvia servicios públicos eléctricos litigación científicos políticas extranjeras clima legisladores tecnología limpia servicios diplomáticos y consulares tasas de impuestos presupuestos comida incendios forestales y de maleza contaminación del aire financiación seguridad nacional utilidades del gas natural 119 119 117 113 113 111 109 104 102 102 99 98 97 96 96 95 94 92 89 87 87 87 86 86 86 85 85 84 83 83 80 81 81 81 80 79 79 79 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 88 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 emisiones estandares cumbre de conferencias económicas infraestructura lider político agricultura tierra inmigración regulación precios vehículos eléctricos coperación comercio de emisiones decisiones de la corte federal industria de carbón eficiencia energética estudiantes subsidios intereses política de inmigración aliens ecosistemas bancos centrales costos hurracanes legislación abogados generales medioambientalistas 78 77 76 76 74 74 74 74 73 71 69 69 69 68 68 68 67 66 65 64 64 63 63 62 62 61 61 Fuente: Elaboración propia (2020). En esta tabla podemos observar los temas más localizados y recurrentes, de manera jerarquica, en las publicaciones encontradas de ProQuest en el periodo comprendido entre los dos discursos (7 años) del Filtro temporal 3, lo cual muestra la relación que tienen con “cambio climático”, esto favorece la comprensión del problema de forma general, y en el contraste con las unidades de análisis del discurso de José Mujíca, ya que por la temporalidad solo permite su contemplación, porque no abarca un periódo posterior al discurso de Greta Thunberg que permita Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 89 el análisis completo. 5.- CONCLUSIONES Una cantidad indefinida de factores intervienen en los procesos de investigación y análisis, por lo que proponer una respuesta única e incuestionable en el ámbito social no es factible. Por ejemplo, la base de datos muestra un sesgo hacia los medios estadounidenses por que la misma base proviene de Estados Unidos de América, condicionante que se debe tomar en cuenta. De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede inferir que ciertos discursos sí tienen un impacto relevante en la creación de notas informativas, lo que sí se puede concluir es que los discursos no son hechos aislados, tal vez los eventos seleccionados no tuvieron una gran repercusión en los medios, no obstante, si lograron posicionar la problemática medio ambiental en el interés público, preparando a la audiencia, y a los medios, para los discursos posteriores, que la información o acciones futuras enfocadas en la resolución del cambio climático sí logren el alcance que se requiere para generar un cambio. Demostrando de esta forma que los discursos se convierten en hechos noticiosos porque los medios producen el contenido que la gente consume por ello es importante entender que el aumento de notas informativas no fue iniciativa exclusiva de los medios, al contrario, el interés de la población aumento en paralelo y con ello se han incorporado adeptos y activistas en el tema. Con esto se puede decir que los discursos realmente cumplieron su objetivo, ya no son figuras publicas aisladas las que piden un cambio y toma de acciones, si no un grupo que aumenta día con día, de personas preocupadas y ocupadas por un mejor futuro. Demostrando de igual forma cómo la teoría de comunicación en dos pasos de Paul Lazarsfeld sigue estando vigente porque, al final, gracias a las noticias publicadas en los medios, en específico el periódico, surgirán más adeptos al tema, y más personas se interesarán en resolver la problemática. Esto a nivel profesional puede tener mayor impacto sobre las personas enfocadas en crear contenidos que sobre los mismos activistas medioambientales, ya que la repercusión puede aumentar al Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 90 mostrar información en un medio masivo a comparación del público segmentado de un activista, demostrando el poder tan valioso con el que cuentan los medios al tener un impacto global. En el caso del análisis de resultados, el lenguaje demuestra ser un reflejo de la realidad, al menos en el discurso, puesto que se pudo posicionar a partir del análisis comparativo y a partir de la comprensión del contexto del que provienen, la situación que se vive en los distintos momentos temporales en los que se crearon los discursos. El estudio y análisis de resultados que se generó al final, fungió como radiografía general de la situación, porque de este punto pueden surgir múltiples investigaciones que tengan un objeto de análisis más específico y delimitado, a causa de que existen diversos aspectos a considerar dentro de este artículo, como por ejemplo el matiz de las notas publicadas, porque el hecho de que contenga el concepto cambio climático no implica que sea una postura a favor, sino todo lo contrario; otro ejemplo sería el análisis por región; pero sobre todo una mayor detención en el contenido de las notas, fragmentar y analizar por completo la postura de los periódicos o medios más importantes y a partir de ello proponer cambios y soluciones. Sin embargo, la conclusión más importante que surge es la complejidad del problema medioambiental, que a pesar de lo que múltiples especialistas demuestren, no solo los científicos y políticos pueden generar un cambio, todos los ámbitos pueden y deben crear acciones al respecto, demostrando con este estudio la importancia del rol de la comunicación y las ventanas de oportunidad que se deben trabajar porque al final, el cambio está en todos. REFERENCIAS Arias, M. y Rosales, S. (2019). Educación ambiental y comunicación del Cambio Climático. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 24 (80), 247-269. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 91 Audi, R. (2014). Diccionario Akal de Filosofía, 2da edición. Madrid (España): Akal ediciones. Belam, M. (septiembre 26, 2019). Greta Thunberg: teenager on a global mission to ‘make a difference’ (The Guardian). https://www.theguardian.com/ environment/2019/sep/26/greta-thunberg-teenager-on-a-global-mission-tomake-a-difference Cárdenas, M. (2010). Calentamiento global y cambio climático: El tratamiento del problema en los medios de comunicación mexicanos 2008. Tesis Doctoral. Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España. Dahdah-Antar, S. (2019). El imperio retórico: Auge y Caída. Revista Política, Globalidad y Ciudadania, 5(9), 106 -123. http://revpoliticas.uanl.mx/index. php/RPGyC/article/view/111 El País. (agosto 14, 2018). Mujíca y su largo viaje en la política. (El País). https:// elpais.com/elpais/2018/08/13/album/1534153764_603271.html#foto_gal_1 Foucault, M. (1987). El orden del discurso. Barcelona, España: Tusquets. Hernández, J. y García, M. (1994). Historia breve de la retórica. (19 ed., p. 210212). Estudios de Literatura. IAB México. (marzo 2017). Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos. IAB México, Televisa Digital & Kantar Millwardbown, México, 9. Knight, F. (1850). The Fourth Estate: Contributions Towards a History of Newspapers, and of the Liberty of the Press. Australia: Wentworth Press. Lazarsfeld, P., Berelson, P., y Gaudet, H. (1944). The people’s choice: how the voter makes up his mind in a presidential campaign. Columbia: University Press, p. 151. Lazarsfeld, P. (2012). The Rise of Limited-Effects Theory en Baran, S. y Davis, D (Ed.). Mass Comunication Theory. Foundations, Fermet, and Future. (6º ed, p. 142-145). Wadsworth: Cengage Learning. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 92 Oceana. (S.f.). Gases de efecto invernadero. Washington, D.C, EU.: EU Funding Support. https://eu.oceana.org/es/node/46897 Organización de las Naciones Unidas. (S.f.). Introducción al cambio climático. https://unccelearn.org/course/view.php?id=13&page=overview Organización de las Naciones Unidas. (2012). El futuro que queremos. Río+20 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Río de Janeiro: Brasil. Phillips, N. y Hardy, C. (2002). Discourse Analysis: Investigating processes of Social Construction. Sage University Paper Series on Qualitative Research Methods. (Vol. 50). Sage. Rico, A. (2004). Análisis Sociolingüístico de los Discursos Ambientales sobre la Amazonía. Gestión y Ambiente. 7(2), 5-14. Ricoeur, P. (1995). Teoría de la interpretación: Discurso y excedente de sentido. México: Siglo XXI. Van Djik, T. (1978). La ciencia del texto. España: Paidós. Van Djik, T. (2012). Discurso y contexto. México: Editorial Gedisa. Velázquez De Castro, F. (agosto 2012). La crisis ambiental y la deuda ecológica. (Revista Crítica). http://www.revista-critica.com/la-revista/monografico/ analisis/283-la-crisis-ambiental-y-la-deuda-ecologica Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �66 El discurso y su influencia en los medios. Análisis de resultados del discurso ambientalista1 The discourse and its influence in the media. Analysis of environmental discourse results Metzli Sofía, Jiménez Tovar2 Universidad La Salle, México https://orcid.org/0000-0001-9640-6221 https://doi.org/10.29105/pgc7.13-3 ___________________________________________________________________________ RESUMEN El presente artículo es producto de una investigación que tuvo por objetivo proponer el uso del análisis de discurso y sus resultados, como una forma de demostrar el efecto que tienen los discursos sobre los medios de comunicación, y por ende sus consecuencias en la sociedad, así como el impacto de los líderes de opinión. Se aplicó el método hermenéutico, con las técnicas de investigación análisis de discurso y monitoreo de medios, el tipo de investigación es mixta. Se concluyó que la cobertura mediática fue variable, y que la interpretación de los discursos sí puede brindar un panorama contextual de la realidad y los cambios que se generaron con el tiempo; que los discursos al final cumplen con su objetivo, que es generar acción y obtener una mayor cobertura mediática al convertir el cambio climático en un tema de interés público. Palabras claves: Análisis de discurso, análisis de resultados, cambio climático, prensa ABSTRACT This article is the product of research aimed at proposing the use of speech analysis and its results, as a way of demonstrating the effect of speeches on the media, and thus their consequences on society, as well as the impact of opinion leaders. The hermeneutic method was applied, with the techniques of discourse analysis research and media monitoring, the type of research is mixed. It was concluded that media coverage was variable, and that the interpretation of speeches can provide a contextual picture of reality and the changes that were generated over time; that speeches in the end meet their goal, which is to generate action and gain greater media coverage by turning climate change into a public interest issue. Keywords: Climate change, discourse analysis, newspapers results analysis. Recibido: 11 de Abril 2020 - Aceptado: 15 de Junio 2020 Cómo referenciar este artículo: Jiménez Tovar, M. S. (2021). El discurso y su influencia en los medios. Análisis de resultados del discurso ambientalista. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 66-92. Recuperado de http:// revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167. https://doi.org/10.29105/pgc7.13-3 1 Este artículo es producto del proyecto terminal “El poder de la palabra. Análisis de resultados con base en la hermenéutica del discurso medioambiental”. Iniciado en 2019 y finalizado en 2020. 2 Licenciada en Ciencias de la comunicación por la Universidad de la Salle. Email: mj@lasallistas.org. Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional �El discurso y su influencia en los medios... 67 1.- INTRODUCCION El cambio climático es un problema que ha tomado relevancia en los últimos años en diferentes ámbitos, requiriendo con mayor urgencia soluciones que contrarresten las letales consecuencias que atentan contra cualquier forma de vida en el planeta. Por ende, al examinar información disponible sobre el tema, en específico de las múltiples dependencias de la ONU enfocadas en el medio ambiente, la premisa principal que permea es la “acción inmediata”. Una propuesta para lograr este objetivo es por medio del discurso, debido a su carácter generador de acción (Van Djik, 2012) porque “la palabra, aunque no sirve para representar ni para transmitir la realidad, es útil para persuadir a los hombres” (Hernández y García, 1994). Al unir una manera de comunicación de gran alcance como es el discurso, y la prensa, alias periódico, que es el medio de comunicación más longevo con un alcance igual de amplio y con trascendencia efectista, se podrían obtener resultados de gran impacto. Por ello el objetivo principal de este trabajo es conocer el alcance que tienen los discursos medioambientales enfocados en el cambio climático sobre los contenidos que se publican en diversos periódicos en el continente americano, respondiendo a la pregunta de investigación ¿se logró una mayor cobertura mediática acerca del cambio climático en el periodo entre el discurso de José Mujíca en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en 2012 y el discurso viral emitido por Greta Thunberg en el Parlamento Europeo en 2019? Con base en ello se determinó la influencia que los discursos, y en consecuencia los líderes de opinión tienen sobre la prensa; así como proponer un enfoque distinto de la metodología mixta que se empleará con el análisis de discurso y el mapeo de medios, los cuales aporten la información necesaria para realizar un análisis de resultados respecto a soluciones comunicativas que funjan como respuesta a problemáticas sociales. Una limitante es el carácter diacrónico de la investigación, ya que el período que se contempló para la recolección de notas informativas fue de 7 años, por lo que Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 68 la información disponible puede tener variables importantes que permeen los resultados debido al número impreciso de noticias que se han publicado a lo largo de ese plazo. Otra variable a considerar es el mapeo de medios, por su carácter cuantitativo omite aspectos cualitativos en el contenido de las notas informativas como la ideología del periódico y del periodista, las cuales llegan a transmitir diversas posturas sobre el tema, por ende no se genera una opinión unificada en la población; al igual este análisis despoja de individualidad a los emisores relegando su libre albedrío ya que “cada individuo o grupo social concibe de manera diferenciada el problema, esto en función de sus experiencias, información, conocimiento y contexto” (Arias y Rosales, 2019, p. 248). El interés principal de este trabajo es estudiar la creciente y compleja exposición de medios de comunicación a la que estamos sometidos los seres humanos como lo muestra IAB México (2017) en su estudio de consumo de medios. Los medios son constructores de la realidad, por ello, la información que se publica en el medio cobra relevancia en la vida de las personas, si se logra medir la cantidad de información transmitida se puede tener una aproximación de la posición que ocupan ciertos temas en la sociedad, esto se puede lograr examinando los siguientes factores: la proporción de noticias sobre la problemática; desde que temas o perspectivas se aborda: el lugar geográfico del periódico y el nombre del periódico en que se publican; los líderes de opinión o personalidades que se vinculen con el tema; el tipo de documento periodístico; y el idioma en que está presentado; estas variables fueron definidas por las categorías de información encontradas en la base de datos ProQuest, que fungió como instrumento del mapeo de medios. De acuerdo con Van Djik (2012) se puede medir la evolución de un acontecimiento social conforme el lenguaje empleado en los discursos, esta premisa fungió de base para el análisis de resultados. En general, los artículos o estudios disponibles respecto al análisis de discurso tienen como objetivo entender y ampliar el conocimiento respecto a la problemática social abordada, algunos estudios han intentado emplearlo como un análisis de resultados social, sin embargo, no se encuentran caracterizados como tal. Por ello Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 69 el alcance de este análisis es global, debido a diversos factores; el primero es la elección de los líderes, ya que apelan a diversas realidades, contextos y culturas, por un lado, se encuentra el exmandatario José Mujíca de Uruguay, y por otro está Greta Thunberg la joven activista sueca; y el segundo factor que amplia su alcance es el mapeo de medios, que abarca desde prensa con un efecto mundial hasta prensa de localidades específicas. 2.- FUNDAMENTO TEÓRICO Para poder entender y explicar el efecto del cambio climático, así como sus causas, se deben exponer ciertos conceptos básicos. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el módulo 1 de su diplomado “Introducción a la Ciencia del Cambio Climático”, (ONU, s.f.) se muestra que hay una diferencia entre clima y tiempo, los dos fenómenos ocurren en la atmósfera pero, si se suscita en un momento determinado es “tiempo”, este varía en un espacio temporal corto: en días, semanas, etc. que incluye la temperatura, la velocidad del viento, la humedad, la presión barométrica, entre otros componentes; por otro lado el “clima” es el promedio del estado del tiempo, que son períodos prolongados. La ONU (s.f.) expone que el clima es el estado del sistema climático que se compone por: la atmósfera, que es la envoltura gaseosa que rodea a la Tierra; la hidrósfera, parte de la Tierra que involucra las aguas en estado líquido tanto las superficiales como las subterráneas como los océanos, ríos, lagos, etc.; la criósfera, que es la capa que conforma el agua en estado sólido; superficie terrestre, es la capa más externa de la superficie sólida de la Tierra y de los océanos, que es donde se produce la actividad volcánica e influye en el clima; y la biósfera, que comprende a todos los organismos vivos así como los ecosistemas de la superficie terrestre y océanos. Todos estos elementos determinan e influyen en el estado y la dinámica del clima terrestre. Uno de los mecanismos más importantes del sistema climático es el efecto invernadero, este se genera a partir del desequilibrio entre la energía que recibe la Tierra por parte del Sol y la energía que se libera al espacio exterior, ya que es cada vez menor la cantidad de energía calórica que logra irradiarse al espacio por lo que se queda en la atmósfera a causa de los Gases de Efecto Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 70 Invernadero (GEI), los cuales se producen por un exceso de dióxido de carbono (CO2), esto aumenta la temperatura de la Tierra causando estragos irreversibles hacia cualquier forma de vida en el Planeta. El calentamiento global es un cambio climático que se ha investigado desde inicios del siglo XX por ser un variación en el clima sin influencias naturales, que ha ocurrido a una velocidad nunca antes vista en otro fenómeno climático registrado. Ya que su principal causa es el aumento de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, estos se han producido desde la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII, por estos componentes que absorben y emiten radiación térmica, se tiene una mayor cantidad de calor en la atmósfera que incrementa la temperatura global, las repercusiones que tiene este efecto se le denomina “Cambio Climático Antropogénico” que son las acciones provocadas por el hombre. (Oceana, s.f.) De acuerdo con Velázquez de Castro (Agosto 2012) son cuatros rasgos los que caracterizan la crisis ambiental: la globalidad de problemas ambientales que afectan a toda la Tierra sin haber sido generados por el planeta, sino por una pequeña parte de la población; rapidez o exponencialidad, a lo largo de la historia humana han existido múltiples cambios climáticos sin embargo ningún ha sido tan fulminante; el aumento de problemas ambientales que al final solo permite la acumulación de sustancias en los organismos; y la persistencia, los prolongados efectos secundarios de los impactos generados, ya que algunos pueden permanecer más de un siglo en el planeta. Por ello se requieren realizar acciones que ayuden a contrarrestar estos efectos, que informen la situación, y el discurso es uno de los elementos que puede aportar a esta causa porque como lo expone el lingüista Van Djik (1978) “a través del control de la mente se pueden controlar los actos, se tiene un poder increíble sobre la sociedad porque la gente va a hacer o no hacer lo que uno quiere que haga”. Los discursos realizan el “arte de persuadir por medio de la palabra” (Dahdah-Antar, 2019, p. 112) se busca impulsar un cambio, para ello es importante conocer Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 71 el funcionamiento y estructura de los discursos argumentativos. El filósofo Paul Ricoeur (1995) expone que el discurso es una expresión del lenguaje conformada por palabras, las cuales separadas entre sí no conforman nada, no tiene intención alguna, es la oración la que llega a significar algo. La oración es un conjunto de palabras, por ello, el discurso necesita un verbo y un nombre, según el autor, las cuales cuentan con una conexión que trasciende las palabras. Esta definición dota al receptor o interprete con una responsabilidad, y un poder, de darle un significado a las palabras, adaptarlas a su realidad, por lo que al momento de generar un análisis se debe tomar en cuenta no solo el lenguaje si no el contexto y la cultura en la que se elaboró el texto del discurso, así como el contexto en el que se emite. Pensamiento que respalda el lingüista Van Djik (2012) al exponer que las situaciones sociales, políticas y culturales influyen en la interpretación subjetiva, y afirmando que las situaciones sociales son constructos sociales que pueden influir en toda la conducta humana. Otro de los grandes exponentes del análisis de discurso es Foucault (1987), quien muestra y propone normas que rigen los discursos: el qué se dice, cómo y en qué circunstancia, que responden a tres motivos el poder, el peligro y la reducción de incertidumbre. Al entender los aspectos que definen y engloban al discurso la pregunta que surge es ¿con base en qué aspectos se puede generar un análisis del discurso? Por lo que Philips y Hardy (2002) presentan un esquema que expone las diversas vertientes a las que se puede dirigir un análisis de discurso: Categoriza las opciones de acuerdo con dos dimensiones clave: el nivel en el que se encuentra el enfoque del discurso ya sea en textos individuales o en el contexto que los rodea; el otro nivel es en el que se enfoca la investigación, si es en poder o ideología al contrario de la construcción social. De acuerdo con las 4 propuestas de análisis: análisis lingüístico social; estructuralismo interpretativo; análisis crítico del discurso; y análisis lingüístico del discurso. La mayoría tiene un interés sobre las relaciones de poder en los discursos, por ello la categoría que se adecua mejor al enfoque de la investigación es el análisis lingüístico social. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 72 Este tipo de análisis es constructivo y se basa en los textos. Los investigadores se enfocan en textos individuales relacionándolos marginalmente al contexto distante en el que se generaron o se exploran las dinámicas de poder en las que están implicados. Los estudios de este tipo se enfocan en los aspectos constructivos del texto, ayudan a entender no solo las micro dinámicas del discurso de decisiones individuales, sino que también ayuda en la comprensión de los fundamentos de la realidad social del discurso en la que se encuentran las relaciones. Al identificar el objetivo y enfoque del análisis de discurso, la aportación de la hermenéutica es con base en su carácter epistémico, el cual se entiende como “el estudio de la naturaleza del conocimiento y la justificación, en específico el estudio de sus características definitorias, sus condiciones sustantivas; y los limites del conocimiento y la justificación” (Audi, 2004) Al final el objetivo del epistemólogo es el de proveer de componentes definitorios del conocimiento, que favorezcan al análisis del conocimiento. El análisis estándar se compone por tres elementos: la justificación, la verdad, y la opinión o creencia. La justificación epistémica se limita a la aportación de evidencias, a aumentar la verdad y reducir la falsedad. Al entender las aportaciones y relevancia de las metodologías, se complementa con una teoría social, que refuerza la importancia de encausar los contenidos hacia un bien común por el poder mediático efectista. Esto por medio de una teoría que, para muchos pensadores, puede ser obsoleta sin embargo al observar nuestro entorno nos podemos dar cuenta que sigue en vigor, la Teoría de la Comunicación en dos pasos, para Paul Lazarsfeld et al. (1944), sociólogo austríaco, fundador del análisis sociológico norteamericano quien basó sus estudios en los efectos que causan los medios de comunicación los cuales en ocasiones alienan a la población, por medio de la teoría de la Comunicación de masas (Lazarsfeld, 2012), y una ramificación de esta teoría son los líderes de opinión creados por los medios, y deben tener características determinadas para que los receptores logren empatizar con los ideales o ideas que venden. El flujo de la comunicación en la teoría de dos pasos es que la información primero llega a los líderes de opinión Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 73 quienes influyen y la transmiten a las personas con las que se encuentran en contacto mediático. Los medios no cambian la forma de pensar sólo la refuerzan, esto lo hacen a través de líderes de opinión que son personas que se localizan en diferentes estratos sociales y ocupaciones, deben fungir como un modelo para otros e influenciar (Lazarsfeld, 2012, p. 142). Sin embargo, en este trabajo, se realiza una nueva propuesta de enfoque a la teoría, se plantea que ya no son los medios la única fuente de la información, al contrario, la iniciativa es que los hechos noticiosos ahora son dictaminados por los líderes de opinión, ellos son quienes manejan los contenidos, establecen qué, quién, cuándo y de qué se hablará. Con base en esto se seleccionó a las figuras públicas que sirvieron como objeto de estudio, Greta Thunberg y José Mujíca. Dentro de las diversas alternativas de medios de comunicación, se seleccionó la prensa por la estrecha relación que desde su nacimiento ha tenido con el poder, en 1850 el periodista F. Knight Hunt nombró su libro “El Cuarto Estado” dotando al periódico de un nuevo objetivo y término, el cual surgió a partir de la división de tres poderes gobernantes: ejecutivo, legislativo y judicial; siendo la prensa la que funja como un órgano fiscalizador del gobierno, ya que en general la prensa se encuentra privatizada, lo cual otorga cierta autonomía y desapego del Estado, independencia que le permite ser crítica de los gobernantes o acontecimientos que lo ameriten. La relevancia de este medio radica en el poder que tiene para expandir el conocimiento, en los primeros años posteriores a su concepción los empresarios lo percibieron como una ventana de oportunidad como publicidad o propaganda, siendo en la actualidad uno de sus principales ingresos. De igual forma al comienzo comentaban que los periódicos estimulaban en los lectores el escepticismo, ya que propició a que los lectores se empezarán a cuestionar la información porque les brindaba diferentes perspectivas de los acontecimientos, sin embargo, el aporte más grande que se le atribuye fue crear la opinión pública. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 74 3.- METODO Diseño El discurso es un indicio de la realidad social, de los pensamientos, no es un espejo o reflejo de la realidad, por lo que se seleccionó el análisis de discurso como metodología puesto que su relevancia recae en el poder de analizar el discurso como una forma de acción social, encausando el análisis en el contenido de las notas informativas para poder conocer el aporte que han tenido los discursos en el medio tradicional, la prensa. En primera instancia, se realizó la selección de los líderes de opinión y de los discursos con base en el aporte, popularidad, contexto y relevancia para, de esta manera, poder contrastar aquellos aspectos que coincidan, así como entender las diferencias particulares. En el análisis de discurso se empleo como base el modelo empleado en el artículo del sociólogo Alejandro Rico (2004) el cual realizó una caracterización de los elementos del discurso como: unidades temáticas, estructuras argumentativas, tópicas y marco teórico. Basándose en el estudio de la estructura interna del discurso. Para este trabajo se preseleccionaron unidades discursivas de análisis las cuales surgieron de los conceptos que involucran una problemática social y cambio climático, a su vez se agregaron conceptos puntuales de cada uno de los líderes seleccionados antes mencionados. Las unidades que se emplearon se dividieron en categorías y subcategorías, las categorías que de acuerdo con el análisis realizado permearon el discurso de Mujíca fueron: Economía, ecología, humanidad y tiempo. Por su parte las categorías de la joven activista Thunberg fueron: Política, medio ambiente y sociedad. Las subcategorías las conforman conceptos que deriven o se vinculen con las categorías principales tales como: desarrollo, sociedad, mercado, recursos naturales, entre otros. Para el monitoreo de medios se basó la metodología en un modelo empleado por Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 75 la Doctora en Sociología Maricarmen Cárdenas (2010) quien realizó un estudio sobre el calentamiento global y su tratamiento en los medios, en el cual el seguimiento de medios se realizó por medio de la base mediática diaria de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la cual dictaminó las categorías de noticias, y la clasificación general. Con ello está investigación versó sobre la base de datos ProQuest, quien a su vez dictaminó las categorías y clasificaciones de análisis. Con bases en las unidades de análisis que se encontraron en el discurso, estas se emplearán para dos análisis, el primero será un análisis comparativo entre los dos discursos puesto que por medio de las unidades se medirá la evolución del problema y se pueden analizar los cambios que se hayan suscitado durante los 7 años entre la emisión del discurso de José Mujíca y el discurso de Greta Thunberg. Y en segundo lugar, conforme a un análisis cuantitativo sincrónico de notas informativas se analizará el número de notas generadas y encontradas en la base de datos ProQuest que contengan la palabra “cambio climático” al ser el tema principal de este trabajo, el límite temporal del análisis de medios fue dictaminado por los discursos, en específico por el momento de su comunicación. Con el fin de obtener una contextualización más precisa y oportuna se elaboró una sub selección sincrónica de estas publicaciones noticiosas donde se analizarán a partir del día de la emisión de cada discurso diez meses antes y diez meses después, para tener un panorama lato sensu. La elección de 10 meses fue condicionada por la temporalidad del discurso emitido por Greta, a causa de ser contemporáneo a la investigación no concede llegar a una evaluación de 12 meses. Por consiguiente, se realizaron tres categorizaciones de las publicaciones en periódicos, la primera abarcó el número de publicaciones que tuvieran la palabra cambio climático y fue desde el 1 de septiembre de 2011 al 20 de junio de 2012 (día que se presentó el discurso de Mujíca) y del 20 de junio de 2012 al 20 de marzo de 2013. El mismo periodo se empleo para el discurso de Greta, diez meses, que corrieron del 1 de julio de 2018 al 17 de abril de 2019, día que se emitió el discurso, y del 17 de abril de 2019 al 31 de enero de 2020 que son 10 meses después. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 76 Participantes Se decidió abrir con el análisis del discurso del ex mandatario José Mujíca por el cargo de poder que logró al provenir de una infancia con bajos recursos y por la ideología que permeó su carrera política, y sigue permeando, en pro del medio ambiente, las personas de escasos recursos y el bienestar común, como lo muestra el diario El País (2018). La elección del discurso se debe a la relevancia que tuvo en la época que se emitió ya que funge como un hito porque no solo expuso la problemática medioambiental, sino que lo hizo por medio de una fuerte crítica al sistema económico y gobernante. Otro aspecto importante de resaltar para el análisis es la Conferencia en la que se propagó el discurso, la cual se dio a conocer con el acrónimo “Río+20”. En esta conferencia se creó el documento “El futuro que queremos” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2012), acuerdo que firmaron todos los países participantes, y sirvió como base para la creación de la Agenda 2030 y los reconocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) publicados en 2015 por la ONU. La inclusión de Greta Thunberg en el análisis es a causa de la apresurada fama e impacto mediático que logró la activista de acuerdo con el medio The Guardian (Belam, 2019), y el aporte que puede brindar al ser un individuo completamente ajeno a José Mujíca como en el nivel de estudio, el entorno social, el nivel de involucramiento que tienen con la política, la edad, etc. y de esta forma contrastar los aportes de cada uno. La selección del discurso, es por razón de que pese a no ser su primera aparición pública ni la más evocada, si fue la ponencia donde se le procedió a percibir con la relevancia y categoría de una líder de opinión, en ese momento se reconoció que no sería un personaje de una sola aparición, si no que se convertiría en una figura recurrente en eventos de gran magnitud efectista. Instrumentos Para el análisis de discurso se empleó el software Atlas.ti por su eficiencia en las investigaciones cualitativas. Dentro del programa se emplearon los recursos: contador de palabras, creación de unidades de investigación y nube de palabras. Estos Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 77 recursos facilitaron la comparación y análisis de los objetos de estudio. Para el mapeo de medios, se utilizó la base de datos ProQuest por la amplia cobertura de información dentro del World Wide Web, porque su funcionamiento radica en colaboraciones con múltiples organismos, asociaciones, instituciones, entre otros. De igual forma resultó el instrumento idóneo por la facilidad de categorización y filtración dentro de la plataforma, así como el respaldo académico internacional que dispone. Procedimientos Para empezar, se hizo la transcripción de los discursos, en el caso del discurso de Greta al ser emitido en el idioma inglés requirió adicionalmente una correcta traducción. Con base en las transcripciones se obtuvo un conteo general de palabras, después se realizó la concordancia para conocer las unidades básicas que se encontraron en el discurso, y en consecuencia se obtuvo una nube de palabras que ejemplifica las unidades con mayor recurrencia. Al tener el análisis de los dos discursos, en específico las nubes de palabras y conteo de unidades básicas, se tomó como base las unidades del discurso de José Mujíca y se hizo una comparación con las unidades básicas en el discurso de Greta, se observaron las unidades que se repetían y el número de ocasiones que se encontraron, con ello se refutó la hipótesis de si existía o no una evolución en la problemática social. Después se empleo el mapeo de medios, que mostró el número de documentos producidos que contienen la palabra “cambio climático” en el periodo seleccionado de cada líder de opinión, y en el periodo entre cada discurso. En el ciclo individual, primero se analizaron los datos del mes en el que se emitió el discurso, se ocupó ese número como base y se vio el crecimiento o decrecimiento de cobertura mediática de los meses delimitados. Por su parte, del periodo intermedio entre cada discurso a parte del análisis de datos de producción y cobertura mediática, también se realizó un análisis con el apoyo de las unidades básicas, ya que con el mapeo de medios existe una división que arrojó las temáticas con respecto al Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 78 cambio climático que se localizaron en los documentos, por lo que al tener los conceptos y sus respectivos datos de repetición, se contrastó con las unidades básicas y se obtuvo la medición de la influencia directa de los discursos sobre el contenido del medio. 4.- RESULTADOS En el análisis comparativo de los discursos con base en las unidades de análisis (Figura 1) podemos observar que las unidades de mayor relevancia en el discurso de José Mujíca son: gobierno, sociedad y vida; ya que son las 3 unidades con mayor número de menciones siendo la cantidad máxima 8. En el caso de Greta la unidad con mayor mención fue “destrucción” siendo 18 el número máximo, seguida de “actuar” con 14 repeticiones y “casa” con 12. Las unidades que se repitieron en los dos discursos son: - Acuerdo - Economía - Negación -Sociedad - Civilización - Futuro - Pasado - Tiempo - Contaminación - Globalización - Planeta - Destrucción - Medio ambiente - Política/políticos Puesto que el total de códigos en los discursos es de 50 en el caso de Mujíca y 49 en el caso de Greta, el promedio sería 49.5 siendo este nuestro universo, el número de conceptos que intersectan es 14 por lo que el porcentaje es de 28.28% de conceptos compartidos. En la Figura 1 podemos observar que las categorías están diferenciadas por color para una mejor identificación, conforme el número de subcategorías que conforman las categorías, podemos observar que la categoría, por consiguiente, el tema, con mayor peso es: “economía” en el discurso de José Mujíca y con Greta Thunberg “medio ambiente”. Con base en estos resultados se puede responder al objetivo específico de verificar si hubo una evolución o mejora, demostrando que no existió una mejora porque Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 79 el tema medioambiental pasó de un tercer a un primer plano; otros datos que respaldan esta conclusión son las unidades con mayor número de mención a causa de que en el 2012 con Mujíca los temas más relevantes estaban relacionados a las sociedades, mientras que las unidades en el 2019 con Greta develan el deterioro puesto que la unidad encontrada más veces fue “destrucción” seguida de “actuar”, haciendo alusión a la urgencia de realizar un cambio. Respecto al mapeo de medios, realizado con base en la información disponible en la base de datos ProQuest, de los 3 filtros temporales aplicados son: Filtro 1, los 20 meses del discurso de José Mujíca se dividieron en dos: • 10 meses anteriores al discurso (Filtro 1.1) • 10 meses posteriores, empezando el 21 de junio de 2012 (Filtro 1.2); Filtro 2, 20 meses del discurso de Greta Thunberg divididos en dos: • 10 meses anteriores al discurso empezando el 1 de julio de 2018 al 17 de abril de 2019 (Filtro 2.1) • los 10 meses posteriores, empezando el 18 de abril de 2019. (Filtro 2.2) Filtro 3, el periodo de latencia que abarca del 21 de junio de 2012 hasta el 17 de abril de 2019 El total de publicaciones en periódicos que se obtuvieron del Filtro 1.1 (Gráfico 1) fue de 1,290 publicaciones, siendo junio el mes con menor número de publicaciones 90, mes que se emitió el discurso y se llevo a cabo la Conferencia Río+20, y el mes que mostró la cantidad máxima fue diciembre de 2011 con 161. Respecto al Filtro 1.2, el total de notas publicadas en el periodo fue un total de 1,083, siendo el mes de junio el que presentó el menos número, como se muestra en el Gráfico 2, con 53 publicaciones, es importante recalcar que a comparación del Filtro 1.1, las 53 publicaciones respectan a los últimos 10 días del mes por lo que se presentó un incremento del 17.7% en la producción y publicación de documentos de ese mes, de acuerdo con la gráfica en los meses a posteriori hubo un incremento gradual Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 80 de noticias. Sin embargo, al comparar el total se muestra que la producción fue superior antes del discurso que después. Los resultados del Filtro 2.1 (Gráfico 3) arrojan que el número de publicaciones en ese periodo fue de 827 notas publicadas siendo los primeros 17 días de abril el número más bajo de publicaciones con una cantidad de 48, y febrero el más alto con 112. En el Gráfico 4 (Filtro 2.2) el total de publicaciones fue de 1,152, siendo los 13 días restantes de abril el mes con una menor cantidad, 41; y junio mostró el número máximo con 155 documentos. De acuerdo con los resultados, posterior al discurso, durante el mes de abril hubo un incremento del 11% de notas publicadas respecto al cambio climático. Y como se puede observar en los Gráficos 3 y 4 si existe una mayor producción de documentos a posteriori a la propagación del discurso ya que la cantidad a priori es de 827 menos a la cantidad a posteriori de 1,152, lo cual se refleja en un incremento de casi 40%. De acuerdo con el Filtro 3 (Gráfico 5) se puede observar un aumento gradual en la publicación de documentos, siendo el 2015 el año con mayor producción, sin embargo, de la misma manera la gráfica tendió a decrecer los años posteriores, hasta el 2019. Al completar la información de la Gráfica 5 con las Gráficas 1 y 4, decantando los datos a solo los años en los que se propagaron los discursos que son 2012 y 2019, en la primera mitad del 2012 (del 1 de enero al 20 de junio) el número de notas publicadas fue de 739 y la última mitad (del 21 de junio al 31 de diciembre) de 637, lo cual muestra que no hubo un incremento de producción de noticias con contenido del cambio climático, puesto que fue de 0.44%. En el caso de Greta Thunberg las notas publicadas del 1 de enero al 17 de abril de 2019 fueron 325, y los meses restantes desde el 18 de abril de 2019 al 31 de diciembre de 2012 fueron 1,006, lo cual demostró un crecimiento de apenas 0.26%, menor al porcentaje de José Mujíca. Sin embargo, al aumentar el periodo de análisis hasta el 31 de enero se muestra un incremento en 11%. Estos resultados confirman parcialmente la hipótesis, a causa de que, si existió un incremento durante los primeros 4 años posteriores al discurso de Mujíca, sin embargo, decreció gradualmente por que el efecto que tuvieron los discursos en Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 81 los medios fue limitado y condicionado, puesto que no fueron los únicos líderes de opinión o figuras públicas que abordaron el tema. El último análisis combina las unidades básicas de investigación (Figura 1) con los temas encontrados en las notas periodísticas del período 21 de junio de 2012 a 17 de abril de 2019 (Tabla 1), se ocupan solo las unidades con mayor número de repetición del discurso de José Mujíca, debido a que la periodicidad del filtro de los temas no incluye tiempo posterior al discurso de Greta, en los cuales se encontró que uno de los temas más encontrados es presidentes, similar a la unidad del discurso “gobierno” y “autoridades”. En temas se encontraron conceptos con un amplio número de repeticiones: partidos políticos, crecimiento económico, producto interno bruto (PIB) e impuestos, los cuales hacen referencia a la categoría con mayor relevancia de Mujíca la “economía” por lo que si existió un porcentaje de influencia en los periódicos. Figura 1: Unidades básicas obtenidas del análisis de discurso Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 82 Fuente: Elaboración propia en Atlas.ti (2020). Nota: Con base en las unidades se realizó el análisis comparativo de los discursos, así como las nubes de palabras. En el costado derecho muestra el número de veces encontradas en el discurso. Figura 2: Nube de palabras del discurso de José Mujíca Fuente: Elaboración propia en Atlas.ti (2020). En esta figura se ilustran las unidades de análisis encontradas en el discurso, siendo las palabras con mayor jerarquía visual aquellas que cuentan con una mayor recurrencia, definidas por la saturación de color y el tamaño de letra. Figura 3: Nube de palabras del discurso de Greta Thunberg. Fuente: Elaboración propia en Atlas.ti (2020). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 83 Se muestran ilustradas las unidades de análisis encontradas en el discurso, siendo las palabras con mayor jerarquía visual aquellas con mayor recurrencia, definidas por la saturación de color y el tamaño de letra. Gráfico 1: Cantidad de publicaciones mensuales con la palabra “cambio climático” anteriores al discurso de José Mujíca Fuente: Elaboración propia (2020). El gráfico muestra el número de publicaciones mensuales encontrados en ProQuest de acuerdo al filtro 1.1 de las categorizaciones temporales del análisis de resultados, siendo los 10 meses anteriores al discurso de José Mujica, esto permite observar el comportamiento de las publicaciones y percibir las transformaciones posteriores. Gráfico 2: Cantidad de publicaciones mensuales con la palabra “cambio climático” posteriores al discurso de José Mujíca. Fuente: Elaboración propia (2020). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 84 El gráfico muestra el número de publicaciones mensuales encontradas en ProQuest de acuerdo al filtro 1.2 de las categorizaciones temporales del análisis de resultados, siendo los 10 meses posteriores al discurso de José Mujica, esto permite observar el comportamiento de las publicaciones y el efecto sobre la prensa a causa del discurso. Gráfico 3: Cantidad de publicaciones mensuales con la palabra “cambio climático” anteriores al discurso de Greta Thunberg. Fuente: Elaboración propia (2020). El gráfico muestra el número de publicaciones mensuales encontradas en ProQuest de acuerdo al filtro 2.1 de las categorizaciones temporales del análisis de resultados, siendo los 10 meses anteriores al discurso de Greta Thunberg, esto permite observar el comportamiento de las publicaciones antes del discurso y mostrar la viscitud. Gráfico 4: Cantidad de publicaciones mensuales con la palabra “cambio climático” anteriores al discurso de Greta Thunberg. Fuente: Elaboración propia (2020). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 85 El gráfico muestra el número de publicaciones mensuales encontrados en ProQuest de acuerdo al filtro 2.2 de las categorizaciones temporales del análisis de resultados, siendo los 10 meses posteriores al discurso de Greta Thunberg, esto permite observar el comportamiento de las publicaciones, la evolución y comparar con la gráfica anterior. Gráfico 5: Filtro 3. Cantidad de publicaciones anuales con la palabra “cambio climático” entre la emisión discursos. Fuente: Elaboración propia (2020). El gráfico muestra el número de publicaciones mensuales encontradas en ProQuest de acuerdo al filtro 3 de las categorizaciones temporales del análisis de resultados, observando de manera general el comportamiento de las publicaciones, y la frecuencia de las mismas. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 86 Tabla 1: Conceptos encontrados en las publicaciones, adicionales a “cambio climático”. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Tema Cambio climático Emisiones presidentes calentamiento global protección del medio ambiente carbono campañas políticas estudios gas natural política de energía plan industrial de emisiones elecciones presidenciales políticas industria petrolera políticas medioambientales industria energética partidos políticos cuentas efecto invernadero nominaciones combustibles fósiles investigadores candidatos liderazgo primer ministro fuentes de energía alternativa industria automotriz carbón centrales eléctricas de carbón tuberías nivel del mar gases de efecto invernadero escuelas & universidades sequía Cuenta 2,136 663 631 533 528 492 446 445 285 284 273 250 249 231 228 219 219 213 202 195 187 177 170 167 159 142 140 135 132 130 128 127 121 120 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 87 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 acuerdos dióxido de carobono recesión ciudades crecimiento económico libros relaciones internacionales inversiones producto interno bruto (PIB) investigación editoriales leyes y regulaciones de armas de fuego redes sociales impuestos del medioambiente inundaciones ciencia primaries & asambleas hielo gobernadores especies en peligro de extinción y extintas acuerdo de París lluvia servicios públicos eléctricos litigación científicos políticas extranjeras clima legisladores tecnología limpia servicios diplomáticos y consulares tasas de impuestos presupuestos comida incendios forestales y de maleza contaminación del aire financiación seguridad nacional utilidades del gas natural 119 119 117 113 113 111 109 104 102 102 99 98 97 96 96 95 94 92 89 87 87 87 86 86 86 85 85 84 83 83 80 81 81 81 80 79 79 79 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 88 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 emisiones estandares cumbre de conferencias económicas infraestructura lider político agricultura tierra inmigración regulación precios vehículos eléctricos coperación comercio de emisiones decisiones de la corte federal industria de carbón eficiencia energética estudiantes subsidios intereses política de inmigración aliens ecosistemas bancos centrales costos hurracanes legislación abogados generales medioambientalistas 78 77 76 76 74 74 74 74 73 71 69 69 69 68 68 68 67 66 65 64 64 63 63 62 62 61 61 Fuente: Elaboración propia (2020). En esta tabla podemos observar los temas más localizados y recurrentes, de manera jerarquica, en las publicaciones encontradas de ProQuest en el periodo comprendido entre los dos discursos (7 años) del Filtro temporal 3, lo cual muestra la relación que tienen con “cambio climático”, esto favorece la comprensión del problema de forma general, y en el contraste con las unidades de análisis del discurso de José Mujíca, ya que por la temporalidad solo permite su contemplación, porque no abarca un periódo posterior al discurso de Greta Thunberg que permita Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 89 el análisis completo. 5.- CONCLUSIONES Una cantidad indefinida de factores intervienen en los procesos de investigación y análisis, por lo que proponer una respuesta única e incuestionable en el ámbito social no es factible. Por ejemplo, la base de datos muestra un sesgo hacia los medios estadounidenses por que la misma base proviene de Estados Unidos de América, condicionante que se debe tomar en cuenta. De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede inferir que ciertos discursos sí tienen un impacto relevante en la creación de notas informativas, lo que sí se puede concluir es que los discursos no son hechos aislados, tal vez los eventos seleccionados no tuvieron una gran repercusión en los medios, no obstante, si lograron posicionar la problemática medio ambiental en el interés público, preparando a la audiencia, y a los medios, para los discursos posteriores, que la información o acciones futuras enfocadas en la resolución del cambio climático sí logren el alcance que se requiere para generar un cambio. Demostrando de esta forma que los discursos se convierten en hechos noticiosos porque los medios producen el contenido que la gente consume por ello es importante entender que el aumento de notas informativas no fue iniciativa exclusiva de los medios, al contrario, el interés de la población aumento en paralelo y con ello se han incorporado adeptos y activistas en el tema. Con esto se puede decir que los discursos realmente cumplieron su objetivo, ya no son figuras publicas aisladas las que piden un cambio y toma de acciones, si no un grupo que aumenta día con día, de personas preocupadas y ocupadas por un mejor futuro. Demostrando de igual forma cómo la teoría de comunicación en dos pasos de Paul Lazarsfeld sigue estando vigente porque, al final, gracias a las noticias publicadas en los medios, en específico el periódico, surgirán más adeptos al tema, y más personas se interesarán en resolver la problemática. Esto a nivel profesional puede tener mayor impacto sobre las personas enfocadas en crear contenidos que sobre los mismos activistas medioambientales, ya que la repercusión puede aumentar al Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 90 mostrar información en un medio masivo a comparación del público segmentado de un activista, demostrando el poder tan valioso con el que cuentan los medios al tener un impacto global. En el caso del análisis de resultados, el lenguaje demuestra ser un reflejo de la realidad, al menos en el discurso, puesto que se pudo posicionar a partir del análisis comparativo y a partir de la comprensión del contexto del que provienen, la situación que se vive en los distintos momentos temporales en los que se crearon los discursos. El estudio y análisis de resultados que se generó al final, fungió como radiografía general de la situación, porque de este punto pueden surgir múltiples investigaciones que tengan un objeto de análisis más específico y delimitado, a causa de que existen diversos aspectos a considerar dentro de este artículo, como por ejemplo el matiz de las notas publicadas, porque el hecho de que contenga el concepto cambio climático no implica que sea una postura a favor, sino todo lo contrario; otro ejemplo sería el análisis por región; pero sobre todo una mayor detención en el contenido de las notas, fragmentar y analizar por completo la postura de los periódicos o medios más importantes y a partir de ello proponer cambios y soluciones. Sin embargo, la conclusión más importante que surge es la complejidad del problema medioambiental, que a pesar de lo que múltiples especialistas demuestren, no solo los científicos y políticos pueden generar un cambio, todos los ámbitos pueden y deben crear acciones al respecto, demostrando con este estudio la importancia del rol de la comunicación y las ventanas de oportunidad que se deben trabajar porque al final, el cambio está en todos. REFERENCIAS Arias, M. y Rosales, S. (2019). Educación ambiental y comunicación del Cambio Climático. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 24 (80), 247-269. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �El discurso y su influencia en los medios... 91 Audi, R. (2014). Diccionario Akal de Filosofía, 2da edición. Madrid (España): Akal ediciones. Belam, M. (septiembre 26, 2019). Greta Thunberg: teenager on a global mission to ‘make a difference’ (The Guardian). https://www.theguardian.com/ environment/2019/sep/26/greta-thunberg-teenager-on-a-global-mission-tomake-a-difference Cárdenas, M. (2010). Calentamiento global y cambio climático: El tratamiento del problema en los medios de comunicación mexicanos 2008. Tesis Doctoral. Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España. Dahdah-Antar, S. (2019). El imperio retórico: Auge y Caída. Revista Política, Globalidad y Ciudadania, 5(9), 106 -123. http://revpoliticas.uanl.mx/index. php/RPGyC/article/view/111 El País. (agosto 14, 2018). Mujíca y su largo viaje en la política. (El País). https:// elpais.com/elpais/2018/08/13/album/1534153764_603271.html#foto_gal_1 Foucault, M. (1987). El orden del discurso. Barcelona, España: Tusquets. Hernández, J. y García, M. (1994). Historia breve de la retórica. (19 ed., p. 210212). Estudios de Literatura. IAB México. (marzo 2017). Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos. IAB México, Televisa Digital & Kantar Millwardbown, México, 9. Knight, F. (1850). The Fourth Estate: Contributions Towards a History of Newspapers, and of the Liberty of the Press. Australia: Wentworth Press. Lazarsfeld, P., Berelson, P., y Gaudet, H. (1944). The people’s choice: how the voter makes up his mind in a presidential campaign. Columbia: University Press, p. 151. Lazarsfeld, P. (2012). The Rise of Limited-Effects Theory en Baran, S. y Davis, D (Ed.). Mass Comunication Theory. Foundations, Fermet, and Future. (6º ed, p. 142-145). Wadsworth: Cengage Learning. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �Jiménez Tovar, M. S. 92 Oceana. (S.f.). Gases de efecto invernadero. Washington, D.C, EU.: EU Funding Support. https://eu.oceana.org/es/node/46897 Organización de las Naciones Unidas. (S.f.). Introducción al cambio climático. https://unccelearn.org/course/view.php?id=13&page=overview Organización de las Naciones Unidas. (2012). El futuro que queremos. Río+20 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Río de Janeiro: Brasil. Phillips, N. y Hardy, C. (2002). Discourse Analysis: Investigating processes of Social Construction. Sage University Paper Series on Qualitative Research Methods. (Vol. 50). Sage. Rico, A. (2004). Análisis Sociolingüístico de los Discursos Ambientales sobre la Amazonía. Gestión y Ambiente. 7(2), 5-14. Ricoeur, P. (1995). Teoría de la interpretación: Discurso y excedente de sentido. México: Siglo XXI. Van Djik, T. (1978). La ciencia del texto. España: Paidós. Van Djik, T. (2012). Discurso y contexto. México: Editorial Gedisa. Velázquez De Castro, F. (agosto 2012). La crisis ambiental y la deuda ecológica. (Revista Crítica). http://www.revista-critica.com/la-revista/monografico/ analisis/283-la-crisis-ambiental-y-la-deuda-ecologica Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 66-92. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167 �93 La salvaguardia: El caso de la industria del acero en México1 Safeguarding: The Case of the Steel Industry in Mexico Aleida, Núñez-García2 Jorge Isaac, Lechuga-Cardozo3 https://orcid.org/0000-0002-2992-2688 https://orcid.org/0000-0002-0999-5468 Universidad Autónoma de Nuevo León, México https://doi.org/10.29105/pgc7.13-4 ___________________________________________________________________________ RESUMEN El objetivo de este artículo es mostrar evidencia de la aplicación de medidas arancelarias y no arancelarias como la salvaguardia para la defensa comercial de la industria del acero en México, aunado a la importancia de la correcta clasificación arancelaria de los productos sensibles como el acero. Se definió un estudio cuantitativo, no experimental, de tipo explicativo, se utilizó como técnica de investigación la minería de datos. Los resultados de dicho estudio indican que existe una caída en las importaciones de acero probablemente por la publicación que realizó la Secretaría de Economía sobre Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación para las mercancías originarias de América del Norte, en función de la salvaguardia del acero en México. Se concluye que la correcta clasificación arancelaria de las mercancías en materia de acero permitirá cumplir las regulaciones y restricciones no arancelarias, el pago de contribuciones al comercio exterior, las diversas a estas, y el pago de cuotas compensatorias, en el caso que éstas últimas apliquen, lo que evitará consecuencias jurídicas y administrativas significativas por la autoridad aduanera. Palabras claves: Acero, aduana, importaciones, procedimiento administrativo en materia aduanera, salvaguardia. ABSTRACT The objective of this Article is to show evidence of the application of tariffand non-tariff measures such as the safeguard for the trade defence of the steel industry in Mexico, coupled with the importance of the correct tariff classification of sensitive products such as steel. A quantitative, non-experimental, explanatory study was defined and data mining was used as a research technique. The results of this study indicate that there is a drop in steel imports probably due to the publication by the Secretariat of the Economy on Changes to the Tariff of the General Import and Export Taxes Act for goods originating in North America, depending on the safeguarding of steel in Mexico. It is concluded that the correct tariff classification of steel goods will enable non-tariff regulations and restrictions to be met, the payment of foreign trade contributions, the various to them, and the payment of countervailing fees, if they apply, which will avoid significant legal and administrative consequences by the customs authority. Keywords: Customs, imports, safeguard, steel. Recibido: 21 de Abril 2020 - Aceptado: 23 de Julio 2020 Cómo referenciar este artículo: Núñez-García, A. & Lechuga-Cardozo, J., I. (2021). La salvaguardia: El caso de la industria del acero en México. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 93-118. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/ RPGyC/article/view/169. https://doi.org/10.29105/pgc7.13-4 1 Artículo de investigación derivado del proyecto: “Factores que determinan la fiscalización aduanera de las importaciones de acero mexicanas”, financiado por la Universidad Autónoma de Nuevo León e iniciado el 22 de enero de 2019. 2 Doctorando en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia. Profesor Titular, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Nuevo León. Correo electrónico: aleida.nunezgr@uanl.edu.mx 3 Doctorando en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia. Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Nuevo León. Correo electrónico: jorge.lechugacrd@uanl.edu.mx. Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional �La salvaguardia: El caso de la industria del acero en México 94 1.- INTRODUCCION En México, la correcta clasificación arancelaria de las mercancías en el comercio internacional representa un importante aporte a la industria, debido a que por un lado es el resultado de un arancel que posteriormente se pagará al estado por su causación, y por otro lado servirá para controles estadísticos en los procesos de importación o de exportación de las mercancías (Martínez, Lopez y Ortíz, 2014, p.74). Ahora bien, con la apertura económica y, por ende, la internacionalización de la economía mexicana entre la década de los ochenta y noventa se establece un cambio de modelo económico, pasando de un modelo proteccionista a uno de libre mercado. En este sentido, en 1986 México ingresa formar parte del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio o GATT (Gómez, 2013). Como bien apuntan Martínez, Lopez y Ortíz (2014) por las dificultades de idiomas y la diversidad del lenguaje técnico en el mundo, surgió la necesidad de crear un lenguaje y código unificado en el ámbito internacional sobre el tratamiento de las mercancías de comercio internacional para su regulación. De tal manera, el principal instrumento utilizado para la clasificación de mercancías es el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA), el cual se ha venido usando desde 1988 en los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA); en éste se basan la mayoría de las tarifas arancelarías de los países miembros de estos organismos incluyendo México. El organismo encargado de estudiar mercancías, desarrollar técnicas aduaneras y otros asuntos arancelarios, además de su actualización constante es la Organización Mundial de Aduanas OMA. El SA posee un grado de complejidad que no es fácil aplicarlo ni interpretarlo, incluso por aquellos profesionistas de la materia. Los estudiantes, también se encuentran en esta problemática, dificultando su entendimiento y aplicación del marco regulatorio en el movimiento de mercancías. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �Núñez-García, A. & Lechuga-Cardozo, J., I. 95 En el presente artículo se revisa un caso de cómo en México se está clasificando arancelariamente el acero. Dichos aportes teóricos facilitan la explicación del fenómeno de la clasificación arancelaria con base en la interpretación y aplicación del SA y de su marco regulatorio. En este estudio se identifica como problema una debilidad en el comercio internacional de acero en México generada por la incorrecta clasificación arancelaria de las mercancías que incide en el levantamiento del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera PAMA a los actores del comercio exterior por la autoridad aduanera el Sistema de Administración Tributaria - SAT En este sentido, se plantea como pregunta problema: ¿Cómo debe ser la clasificación arancelaria del acero en México? De este modo, el objetivo del artículo es mostrar evidencia de la importancia de la correcta clasificación del acero en México con la finalidad de tomar conciencia para evitar el levantamiento de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera PAMA. Así, se realiza un estudio uni-variado en el que se identifican como variables la clasificación arancelaria, las importaciones de acero en México y el levantamiento de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera PAMA a las importaciones de acero en México. A partir de una investigación de enfoque cualitativo utilizando la técnica minería de datos, corresponde a un diseño no experimental, de corte trasversal o seccional, y alcanza un nivel analítico en el espacio geográfico de México. Antecedentes Postula Quiroga (2014) la primera importación en México fue en 1833, se trató de una maquina importada de ingeniería británica, ensamblada en Filadelfia, Estados Unidos para la fábrica de hilados de Esteban Anduño originario de Veracruz., no obstante, por problemas en su logística de transporte hasta 1835 fue hasta que la fábrica comenzó a hilar. Cabe anotar que en Nuevo León la primera textilera se fundó en 1854 con el Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �La salvaguardia: El caso de la industria del acero en México 96 nombre de La Fama, inicio la rama textil en la ciudad. Seguido se instalaron en la región, industria incluso de acero tales como: Compañía Minera, Fundidora y Afinadora de Monterrey S.A. en 1980, Gran Fundición Nacional Mexicana en 1890, Compañía Fundidora y Afinadora de Monterrey en 1900 (Quiroga, 2014,). Ahora bien, en 1962 las exportaciones tenían una mayor base industrial que incluía tubería de cobre y acero, lo que demuestra la capacidad de México como país exportador de artículos industriales, que le ha permitido hasta nuestros días competir en los mercados internacionales. En este sentido en 1960, el 19% del Producto interno bruto industrial de Nuevo León correspondía a metálicas básicas, con otras siete industrias le permitió al Estado desarrollar capacidad productiva suficiente para satisfacer la demanda nacional y exportar sus excedentes a otros mercados. La fundición, productos de acero y aluminio se encuentran entre las importantes industrias desarrolladas con capital nacional y extranjero. No obstante, fue hasta 1994 que se abandonó el modelo de sustitución de importaciones, de defensa a la producción nacional a través de desincentivar las importaciones con aranceles, precios oficiales, cupos y permisos, por el modelo de globalización económica y apertura comercial. Así la infraestructura de instalación de nuevas plantas industriales se complementó por empresas que se instalaron desde finales del siglo XIX y las que se multiplicaron en el período de desarrollo industrial más prolífico de la historia de México. Adicionalmente, factores como la segunda guerra mundial aunado a la vecindad con Estados Unidos, nación beligerante aliada, favoreció el surgimiento de la industria pesada en México y sobre todo en la región noreste. Cabe destacar, que, a partir de la apertura económica en México en 1986, a través de los tratados internacionales este país ha adquirido diversos compromisos en materia comercial en el marco multilateral, de modo que el país se ha visto en Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �Núñez-García, A. & Lechuga-Cardozo, J., I. 97 la necesidad de adecuar su infraestructura, formas de operación e instrumentos jurídicos para dar cumplimiento a los compromisos internacionales siguiendo principios de seguridad y previsibilidad para los sujetos del comercio exterior (Cancino y Ascar, 2017, p. 4). Finalmente, es importante desatacar que las investigaciones de prácticas desleales en México se remontan a 1994 con relación a una cuota compensatoria aplicada a la varilla corrugada proveniente de Brasil (Canacero, 2020). Investigaciones posteriores incluyen países como Rusia, Kazajstán, Bulgaria, Ucrania, Japón, China, Rumania, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, India, España, Portugal, Italia, Taipei chino y Corea del Sur incluyendo productos que la gama del acero que van desde placas de rollo hasta torres de viento. 2.- FUNDAMENTO TEÓRICO A continuación, se definen las variables la clasificación arancelaria, las importaciones de acero en México y el levantamiento de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera PAMA a las importaciones de acero en México a partir de la revisión de los principales autores en el tema. La clasificación Arancelaria de mercancías en México La Dirección Nacional de Aduanas (2020) entiende por clasificación arancelaria: La clasificación arancelaria es el sistema por el cual, todas las mercaderías son objeto de una clasificación en la Nomenclatura Arancelaria correspondiente, con base en el Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías, de modo tal que, todas y cada una de ellas pueden ser clasificadas en alguna partida arancelaria, con su correspondiente arancel de importación y exportación (Dirección Nacional de Aduanas, 2020). En este sentido comenta el Consultorio de Comercio Exterior de la Universidad Icesi (2009) es indispensable conocer las características que son relevantes para clasificar las mercancías en las nomenclaturas combinadas, especificando que la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �La salvaguardia: El caso de la industria del acero en México 98 clasificación de los productos naturales se ajusta a los reinos de la naturaleza y a su grado de elaboración, que la clasificación de los demás productos se hace atendiendo a la materia constitutiva o composición, su función, uso o destino para aquellas otras en que la supeditación a la materia desaparece (artículos complejos). Ahora bien, Mora (2016) apunta que a nivel internacional el recaudo de tributos a la importación puede plantear problemas para el pago del arancel, por lo que se da origen a un sistema internacional de valoración para las mercancías en Aduana, a lo que se denomina valor en aduanas de las mercancías, basada en una nomenclatura establecida por la Organización Mundial de Aduanas en 1934, esta clasificación de las mercancías conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos aceptado por todos los países participantes. Aquí es preciso resaltar, que, en materia de clasificación del acero, un producto es sensible debido a su tendencia a la subvaluación, que los importadores mexicanos, destaca Chaverra (2016) deben conocer la capacidad, idoneidad y experiencia de sus agentes aduanales para importar perfiles de acero, cuyo conocimiento, investigación, tecnología, y comunicaciones les permita prestar un servicio de óptima calidad. Pues su actualización en materia normativa debe ser constante que les permita entender, ahondar y promover sus beneficios arancelarios. Cabe resaltar en este punto, que la función de recaudo de la aduana reviste de importancia en la medida, en que los aranceles como instrumentos de política comercial que gravan los diferentes productos que transitan en el territorio aduanero nacional, contribuyen a la generación de dinero y patrimonio estatal que permiten proteger la rama industrial nacional, evitando que los productos importados afecten en los precios y costos de comercialización de los bienes nacionales. Por otro lado, el fin último de la aduana no será el recaudo de los aranceles, pues de existir un acuerdo comercial sobre las mercancías importadas, el arancel no es aplicable y por tanto pierde relevancia la función. En todo caso, si procede hacer una verificación de la clasificación arancelaria presentada por el importador y Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �Núñez-García, A. & Lechuga-Cardozo, J., I. 99 determinar si la declaración es pertinente y coincide con el producto que se está importando, para evitar cualquier acto de dolo o mala fe, se declare otro producto con menor gravamen pagando menos por un producto de mayor gravamen. Será entonces obligación de la autoridad la reglamentación de los aranceles para la clasificación, reconocimiento, aforo y valoración de mercancías objeto de importación. Finalmente, como explica Bascones (2008) el gran reto de la aduana en la actualidad es generar mecanismo de control adecuados y eficaces contra la lucha del comercio ilegal no alterando la dinámica del comercio legal internacional. Por ende, el rol de la aduana debe ser de facilitador del comercio exterior, en función de ello los instrumentos y medidas para el control aduanero deberán estar orientados a servir a los fines de simplificación aduanera (p.166). Las importaciones de acero en México La Secretaría de Economía (2012) destaca que la política arancelaria para el sector siderúrgico en México está orientada hacia las mercancías que se describen en los capítulos 72 Fundición, hierro y acero, y 73 Manufacturas de fundición, hierro y acero, de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. (p. 19) Es necesario destacar que México es el 14 productor de acero en el mundo, la intensidad de emisiones del acero en México está en un 29.5% por debajo del promedio mundial, asimismo, la producción anual de 2018 es de 20.2 millones de toneladas de acero líquido y, por último, el acero producido vía reciclaje de chatarra representa el 38% de la producción nacional (Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, 2018) Según Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (2019) en México los actores de la industria del acero se encuentran agrupados en: alto horno, horno eléctrico, laminadores, fabricantes de tubos, productores de materias prima y fundidores, comercializadores y servicios relacionados. Las principales entidades federativas productoras de acero líquido son Coahuila, Nuevo León Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �La salvaguardia: El caso de la industria del acero en México 100 y Michoacán. Las principales aduanas de importación de materias primas son Piedras Negras, Ciudad Juárez y Altamira mientras que de productos terminados Ensenada, Manzanillo y Tampico. Los principales productores de acero nacional son ArcelorMittal México, AHMSA y Deacero. En relación al comercio exterior los principales países proveedores de productos terminados de acero son Estados Unidos (34%), Corea del Sur (20%) y Japón (17%). Las exportaciones mexicanas de acero tienen como principales destino Estados Unidos (67%), Colombia (12%) y Canadá (5%). Con un consumo per cápita de 227 kg por año, una generación de empleos directos e indirectos de alrededor de 672 mil y aporta el 2.1% del PIB de México (Canacero, 2019). No obstante, en México a 2019 se renovó una salvaguardia las importaciones de acero, imponiendo un arancel de 15% a 186 clasificaciones de productos (fracciones arancelarias), la cual estará vigente a partir del 26 de marzo de 2019 y con una vigencia de 189 días naturales (Morales, 2019, a). Esta salvaguardia se explica al persistir la ausencia de condiciones para una competencia libre de distorsiones entre las industrias siderúrgicas de diferentes países, aunado a una caída en los precios y una desviación del comercio por el aumento de la oferta mundial del acero, resulta urgente y necesario establecer un aumento del impuesto general de importación para 186 fracciones arancelarias. (Diario Oficial de la Federación, 2019). Asimismo, se modificó el decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial, con el fin de incorporar, por la misma temporalidad, diversas fracciones arancelarias para evitar que el impuesto general de importación impacte a las cadenas productivas y se mantenga la competitividad en los sectores industriales más sensibles como lo son el eléctrico, el electrónico, el automotriz y el de autopartes (Morales, 2019, a). Seguido el 20 de septiembre de 2019, la Secretaría de Economía, anuncia terminar la salvaguardia que a la fecha opera con un 15% de arancel a la importación de 228 subpartidas de productos de acero. En el Diario Oficial de la Federación Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �Núñez-García, A. & Lechuga-Cardozo, J., I. 101 (2019, septiembre 20) se expone una eliminación gradual para 198 subpartidas que iniciaran el 22 de septiembre del 2021 y concluirán 22 de agosto del 2024. Adicionalmente, para las restantes 30 fracciones, se aplicará sólo una reducción arancelaria gradual, de modo que las tasas de impuestos a la importación se establecerán en forma permanentemente en 5% para 26 fracciones, en 7% para otras tres fracciones y en 3% para una fracción más (Morales, 2019, b). Agrega Morales (2019, b) una primera salvaguardia comenzó en octubre del 2015 y terminó en octubre del 2017, abarcando 97 fracciones de productos siderúrgicos (Diario Oficial de la Federación, 2015). Dicha salvaguardia fue originada por la crisis el mercado internacional del sector acerero, provocada por la reducción en el crecimiento de la demanda y la sobrecapacidad mundial. Posteriormente, entre junio del 2018 y marzo del 2019, se modificó la salvaguarda, por un periodo más de 180 días la última de ellas y cubriendo 186 fracciones de productos siderúrgicos (Diario Oficial de la Federación, 2018). Explica Morales (2019, b) todo ello fundamentado en que la Secretaría de Economía entre 2015-2019 realizo investigaciones por prácticas desleales de comercio exterior a diversos países y empresas, en la que se impusieron cuotas compensatorias a 76 fracciones arancelarias, por lo que se requiere implementar un esquema en el que se reestablezcan aranceles precedentes a 228 fracciones arancelarias como se hizo en el Diario Oficial de la Federación (2019, septiembre 20). Así en el plano internacional, en la reunión del Comité de Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio el 18 de noviembre de 2019, países miembros como Japón, Corea, Suiza, Australia, los Estados Unidos y China manifestaron su preocupación por el aumento 45 notificaciones de medidas de salvaguardia adoptadas por los Miembros de la OMC, a lo que la OMC se refiere como un número sin precedentes, en particular en el sector del acero. Dichos miembros, manifestaron la necesidad de asegurar que esas medidas estén en conformidad con el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC (Organización Mundial del Comercio, 2019). Por otro lado, el 7 de marzo de 2002 las Comunidades Europeas solicitaron la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �La salvaguardia: El caso de la industria del acero en México 102 celebración de consultas con los Estados Unidos con respecto a las medidas de salvaguardia definitivas que los Estados Unidos habían impuesto, con efecto a partir del 20 de marzo de 2002, en forma de un aumento de los derechos aplicados a las importaciones de determinadas láminas de acero, barras laminadas en caliente, barras acabadas en frío, barras de refuerzo, determinados tubos soldados de acero, accesorios al carbono y aleados, barras de acero inoxidable, varillas de acero inoxidable, productos de acero fundidos con estaño y alambre de acero inoxidable, y en forma de un contingente arancelario a las importaciones de desbastes. Las Comunidades Europeas consideraron que las medidas estadounidenses antes mencionadas infringían las obligaciones de los Estados Unidos en virtud de las disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias y del GATT. No obstante, fue hasta 4 de diciembre de 2004 que los Estados Unidos informaron a los Miembros de la OMC de que, que el presidente de los Estados Unidos había hecho pública una proclamación por la que se ponía fin a todas las medidas de salvaguardia objeto de la presente diferencia, de conformidad con el artículo 204 de la Ley de Comercio de 1974 (Organización Mundial del Comercio, 2003). En este sentido, se evidencia un malestar de la rama nacional de la industria del acero representada en la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero -Canacero por imponer salvaguardas y aumentar la cobertura a productos como viga, barras, perfiles, tubería y varillas, como medida de protección frente a la liberalización de las importaciones de acero (Morales, 2019, a). Que en 2010 inicio una solicitud de investigación por salvaguardias sobre las importaciones de tubería de acero con soldadura helicoidal ante la Secretaría de Economía cuyos implicados fueron India, China, Japón, Rusia, Iraq y Corea del Norte, no obstante, en marzo de 2012 la investigación concluye sin medidas de salvaguardia (DOF, 2010; DOF, 2012). En septiembre de 2019, se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de placa de acero en hoja originarias de la República Popular China (DOF, 2019). En noviembre de este mismo año la Secretaría de Economía emite un preliminar de la investigación antidumping Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �Núñez-García, A. & Lechuga-Cardozo, J., I. 103 sobre las importaciones de productos planos de acero inoxidable originarias de la República Popular China y del Taipéi Chino (DOF, 2019, noviembre 21). Sumado a esto en diciembre, la Secretaría de Economía da inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de cables de acero originarias de la República Popular China (DOF, 2019, diciembre 2). Acto seguido unos días después, Secretaría de Economía inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de tubería de acero al carbono con costura longitudinal recta originarias del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DOF, 2019, diciembre 10). A lo que se suma la misma investigación para Estados Unidos (DOF, y otra de discos de aluminio a la República popular de China (DOF,2020, marzo 27). Finalmente, el 13 de diciembre de 2019, luego de haber realizado la investigación antidumping, resuelve imponer a la República Popular China, cuota compensatoria a sus importaciones de tubería de acero sin costura por la suma de $1,568.92 dólares por tonelada métrica a partir del 8 de enero de 2019 (DOF, 2019, diciembre 13). La salvaguardia como instrumento de defensa comercial Al negociar acuerdos comerciales se establecen procedimientos para aplicar medidas para defender a los productores nacionales en caso de verse afectados por subsidios, dumping o mayor competitividad. Los instrumentos de defensa comercial son de carácter temporal y rigen de conformidad al acuerdo donde se interponen es decir ante organismos de integración económica como la OMC, TMEC o TLCUE, en este sentido existen formas para limitar el ingreso de mercancías que amenazan con dañar una rama productiva nacional, estos son: medidas antidumping, derechos compensatorios, y medidas de salvaguardias que son las de interés de este estudio (Lombana et al, 2013, 103). Las medidas de salvaguardia se toman para proteger a la rama nacional de un incremento repentino en las importaciones, el cual no podría ser anticipado por los históricos de importaciones del producto en cuestión. Al incrementar los Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �La salvaguardia: El caso de la industria del acero en México 104 volúmenes de importaciones los precios nacionales tienden a disminuir colocando en riesgo a la rama de producción nacional (Lombana et al, 2013, 104). Así, la salvaguardia consiste en elevar aranceles a uno o más productos, siempre que una industria se vea afectada negativamente por aumento repentino, importante e imprevisible de las importaciones en este caso de acero, con el fin de conceder un alivio temporal al reducir las importaciones y realizar los cambios necesarios (Opportimnes, 2019). El levantamiento del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera PAMA a las importaciones de acero en México Señala Mora (2016) la aduana es una entidad administrativa del estado encarda de las funciones propias del control de tráfico internacional de mercancías en las fronteras de México. Las funciones de recaudo de tributos, ejercicio de prohibiciones y restricciones y control de entrada y salida de mercancías de las fronteras permiten la puesta en práctica de la regulación local en el comercio internacional, de modo que se da un trato especifico a los bienes que son objeto del comercio, como el cobro de derechos llamados aranceles, medidas sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias según sea el caso (p.2). Por mandato de ley el SAT, en México ejerce control para la reducción del comercio ilícito y alcanzar estándares internacionales en buenas prácticas de comercio exterior. Por ello en coordinación con las administraciones tributarias y aduaneras intercambia información a fin de mitigar el fraude comercial, el contrabando, el narcotráfico y el lavado de dinero. Agrega Mejía et al (2017) en México a pesar de los planes de modernización de aduanas que implican estrategias orientadas a balancear la facilitación comercial y el control aduanero, este debe adaptarse al cambio constante ya que precisamente los infractores ajustan las formas de cometer ilícitos. No obstante, se observan cambios en el sistema de administración del riesgo que incide en el bienestar del funcionario de aduana como la del país. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �Núñez-García, A. & Lechuga-Cardozo, J., I. 105 El Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera PAMA consiste en un conjunto de actos previstos en la ley de aduanas mexicana que tienen por objeto determinar las contribuciones de comercio exterior omitidas e imponer las acciones según sea el caso. El acto preparatorio de mayor importancia en dicho procedimiento es el embargo precautorio de la mercancía, en el que queda a disposición de la autoridad aduanera en un recinto fiscalizado para su manejo, guarda y custodia, por tratarse de una mercancía irregular o con precios subvaluados. Dicho embargo puede ser sustituido con un depósito en cuenta aduanera de garantía que se tramita ante entidades bancarias o casas de bolsa (Opportimes, 2019, septiembre). Es definido por Apta CE (s.f., p.2) como: Conjunto de actos previstos en la Ley, ligados en forma sucesiva y que tiene la finalidad de emitir una resolución condenatoria o absolutoria, derivada de las incidencias detectadas por la autoridad aduanera en el ejercicio de sus facultades de comprobación en operaciones de comercio exterior, respetando la garantía de audiencia del particular al valorar las pruebas y analizar las argumentaciones que pretendan acreditar la legal introducción, posesión, tenencia o estancia de mercancía de procedencia extranjera en territorio nacional o la salida de éste de mercancía nacional. Ahora bien, señala Vallejo (2015) que el embargo precautorio de la mercancía es un procedimiento que agrede los derechos del particular, quien además de verse privado de su posesión, sufre perjuicios económicos, que se agravan con el transcurso del tiempo. Si bien el procedimiento está regulado por un suficiente marco jurídico que incluyen la ley de aduanas, reglamentos, el código fiscal de la federación y normas del manual de operación aduanera. Su trámite sigue siendo deficiente, confuso, disperso, contradictorio y omiso, que termina por obstaculizar la defensa del ciudadano. Aunado a ello la diversidad de jerarquía en las normas, pluralidad de criterios para su interpretación, instrucciones no uniformes para su aplicación y consecuente inseguridad jurídica del importador hacen de esta actividad un espacio para la arbitrariedad. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �La salvaguardia: El caso de la industria del acero en México 106 Aviso Automático de Importación de Productos Siderúrgicos Por disposición de la autoridad aduanera, en México se aplica el Aviso Automático de Importación de Productos Siderúrgicos (AAIPS) al importar productos de 146 fracciones arancelarias de los capítulos 72 y 73 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación - TIGIE para importaciones definitivas. Entre estos productos se encuentran tubos con y sin costura, placas en rollo, láminas roladas en frío y en caliente, planchón, barras de acero, alambrón, perfiles, entre otros. Así la presentación de aviso de importación y el certificado de molino de forma anexa, se realiza conforme a las directrices de la Ley de Comercio Exterior y su reglamento, y el acuerdo del 5 de diciembre de 2013 por el que se emiten reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, así como por sus reformas en fechas del 11 de agosto de 2014, el 29 de septiembre de 2015 y el 13 de abril de 2016 por Secretaría de Economía (Secretaría de Economía, 2020). Cabe resaltar que este aviso se hace de forma electrónica a través de la ventanilla única de comercio exterior – VUCE (Secretaría de Economía, 2016). En el certificado deberá incluir información como descripción detallada de la mercancía, en español, descripción, tipo de acero, tipo de recubrimiento, tipo de acabado, clave de identificación, trascripción total de los elementos químicos, tipo de presentación, accesorios y dimensiones del producto (Secretaría de Economía, 2016). 3.- MÉTODO Diseño La investigación en la que se origina este artículo se realizó desde un enfoque cuantitativo, con una metodología cuantitativa de tipo analítica y un diseño no experimental. Las variables trabajadas (la clasificación arancelaria, las importaciones de acero en México y el levantamiento de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera PAMA a las importaciones de acero en México) se analizaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �Núñez-García, A. & Lechuga-Cardozo, J., I. 107 ron a través de minería de datos en bases de datos como Trademap de la Cámara de Comercio Internacional y datos abiertos del Sistema de Administración Tributaria SAT. El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, pues de acuerdo con Mariñelarena, Errecalde y Castro (2017) la técnica de minería de textos hace posible la medición o evaluación de distintos constructos, a diferencia de la utilización de los tradicionales cuestionarios o encuestas (p. 73). El alcance establecido es el analítico o interpretativo, pretende encontrar pautas de relación internas en un evento para llegar a un conocimiento más profundo de este, que la mera descripción. Para ello se vale de las matrices de análisis, que proporcionan los criterios que permiten identificar esas pautas de relación. La investigación analítica intenta desentrañar lo que está más allá de lo evidente (Hurtado, 2010, p. 133). El diseño de investigación escogido es el transversal, porque el estudio que se busca hacer no tendrá un seguimiento en el tiempo y se efectuará en un periodo determinado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 154). Instrumentos Se realiza minería de datos a través de la información de fuentes secundarias como Trademap de la Cámara de Comercio Internacional y datos abiertos del Sistema de Administración Tributaria SAT entre el período 2010-2019. Procedimiento En relación a la comprensión del problema de la investigación se recopilan fuentEn relación a la comprensión del problema de la investigación se recopilan fuentes secundarias de documentos académicos. En el marco de referencia se definen las variables: la clasificación arancelaria, las importaciones de acero en México y el levantamiento de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera PAMA a las importaciones de acero en México. Asimismo, se analizan los conceptos básicos y su aplicación en el comercio exterior. Una vez recopilada y analizada Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �La salvaguardia: El caso de la industria del acero en México 108 la información se construye el documento objeto de este trabajo. Por último, se realizan las recomendaciones y conclusiones conforme a los objetivos trazados (Lechuga, Leyva y Núñez, 2019; Lechuga, Núñez y Leyva, 2019). 4.- RESULTADOS Las importaciones de acero en México En la ilustración 1 se observa un comportamiento incremental de la partida 7225 con caídas en 2013 y 2016, junto con las subpartidas 7210 y 7212 representan las de mayor importación en el renglón del acero en México, no obstante, estas dos últimas entre 2016-2019 experimentan un desplome al igual que el resto de sus subpartidas seguidoras. Ilustración 1: Importaciones Mexicanas 2010-209 de Fracciones Arancelarias Modificadas en DOF 25/03/2019 Fuente: Elaboración propia (2020), Nota: Trademap4 (2010-2019) importaciones en miles de dólares americanos subpartidas modificadas en el Diario Oficial de la Federación - DOF: 25/03/2019. Los principales proveedores en México de la partida 72 Fundición, hierro y acero son Estados Unidos siendo el líder y Japón su seguidor, entre 2016-2019 se observa un decrecimiento en algunos proveedores como China, Taipéi, Corea, Países Bajos y Canadá. 4 Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas por la Cámara de Comercio Internacional. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �Núñez-García, A. & Lechuga-Cardozo, J., I. 109 Ilustración 2: Importaciones mexicanas 2010-2019 de Partida 72 Fundición, hierro y acero por origen Fuente: Elaboración propia (2020), Nota: Trademap (2010-2019) importaciones en miles de dólares americanos Partida 72 Fundición, hierro y acero por diez principales exportadores. Con respecto a las importaciones de manufacturas de fundición, acero y hierro la ilustración 3 muestra que Estados Unidos y China son los principales proveedores para México en este renglón, seguidos de Japón que en 2017 experimentó un repunte de sus exportaciones hacia México. Ilustración 3: Importaciones mexicanas 2010-2019 de Partida 73 Manufacturas de fundición, hierro y acero por origen Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �La salvaguardia: El caso de la industria del acero en México 110 Fuente: Elaboración propia (2020), Nota: Trademap (2010-2019) importaciones en miles de dólares americanos Partida 72 Fundición, hierro y acero por diez principales exportadores. Se puede observar que el número de casos en el primer trimestre del 2019 fue superior al del 2020, uno de los factores que pudo incidir es el ajuste en la legislación aduanera emitida por la Secretaría de Economía en función de la salvaguardia del acero en México. El Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera PAMA en importaciones de acero en México Ilustración 4: Número de Casos Procedimiento Administrativo en materia aduanera Fuente: Elaboración propia (2020), Nota: Servicio de Administración Tributaria (2020). Las cifras dejan ver un descenso en el valor de las importaciones entre 2019-2020, probablemente motivado por el ajuste en la legislación aduanera emitida por la Secretaría de Economía en función de la salvaguardia del acero en México. Ilustración 5: Acumulado del valor de la mercancía embargada en millones de pesos mexicanos Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �Núñez-García, A. & Lechuga-Cardozo, J., I. 111 Fuente: Elaboración propia (2020), Nota: Servicio de Administración Tributaria (2020). 5.- CONCLUSIONES En los apartados anteriores se ha podido comprender el caso de salvaguardia en la industria del acero en México durante la última década aunado a la importancia de la correcta clasificación arancelaria de las mercancías en México. En definitiva, sobre la base de los resultados obtenidos con la realización de la minería de datos, se pueden enumerar algunas conclusiones generales: 1. El sistema aduanero mexicano ante la firma de mayor cantidad de acuerdos comerciales derivados de la apertura económica que vive México, requiere de una renovación en la fiscalización de las mercancías importadas, con especial importancia en actos de terrorismo, contrabando y narcotráfico en lo que es imprescindible la aplicación de la ley de aduanas. 2. En los últimos años se observa en México una actualización en materia legal de los procesos de importación, exportación, almacenaje y otros de comercio exterior con el objetivo de la facilitación del comercio, en el que procedimientos documentales han pasado a ser totalmente electrónicos que redundan en mayores niveles de eficiencia en el despacho aduanal (Tamez et al, 2017) 3. Es función del Sistema de Administración Tributaria SAT tener un comercio Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �La salvaguardia: El caso de la industria del acero en México 112 de acero en México leal, donde se procure erradicar prácticas desleales que dañen a los productores nacionales. El comercio internacional requiere que los exportadores declaren precios de exportación reales, no subvaluados o artificiales porque de esta manera causan daño a ramas nacionales como la del acero, en estas situaciones es deber de la autoridad aduanera defender la planta productiva nacional de dichas prácticas de comercio desleal (Tamez et al, 2017). 4. Es de suma importancia acatar de manera correcta las disposiciones legales en materia aduanera, con especial acentuación en la clasificación arancelaria, pues la inobservancia de la norma puede repercutir en las finanzas de empresas o ramas productoras como la del acero. Por tanto, es importante destacar el rol del sujeto operativo como del supervisor de comercio exterior en aplicar medidas preventivas que eviten sanciones de la autoridad como son los procedimientos administrativos en materia aduanera (Tamez et al, 2017, 301). Finalmente, podemos afirmar que la presente investigación sirve como paso previo para futuras líneas de investigación, que incluyan una investigación empírica encaminada a profundizar en el conocimiento las medidas arancelarias de defensa comercial en México. Siendo consciente de ello se considera oportuno dar continuidad a este estudio planteando como futuras líneas de trabajo el desarrollo de una investigación empírica sobre la incidencia de la clasificación arancelaria en las importaciones de acero en México que pueda facilitar datos cuantitativos y estadísticamente relevantes. REFERENCIAS Aplicaciones sobre tecnología avanzada- APTA CE (s.f.). Manual de Operación Aduanera. Octava Unidad Procedimientos Legales. México: Autor. Bascones, J. (2008). Operador económico autorizado cuando el control aduanero sirve a los fines de la facilitación. IUS ET VERITAS: Revista de la Asociación IUS ET VERITAS, 37, 154-167. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �Núñez-García, A. & Lechuga-Cardozo, J., I. 113 Cámara de Comercio Internacional - Trademap (2020). Estadísticas de importaciones mexicanas de Fundición, hierro, acero y sus manufacturas. https://www.trademap.org/Index.aspx Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero - Canacero (2020). Investigaciones de Prácticas de Comercio Desleal de Productos Siderúrgicos en México. México: Autor. Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero - Canacero (2019). Radiografía de la industria del acero en México 2019. México: Autor. Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero - Canacero (2018). El Acero en México. https://www.canacero.org.mx/aceroenmexico.php Cancino, R. y Ascar, R. (2017). El procedimiento administrativo en materia aduanera. Teoría y práctica. Chihuahua (México): Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Av. Chaverra Hincapie, E. (2016). Los procesos de importación en Colombia: Barreras y Retos. Un estudio de caso. En-Contexto Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad, 4(5), 139 – 154. Consultorio de Comercio Exterior, Universidad Icesi. (2009). Arancel. https:// www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2006/08/04/arancel/ Diario Oficial de la Federación México (2020, marzo 30). Resolución por la que se declara el inicio del procedimiento administrativo del examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de tubería de acero al carbono con costura longitudinal recta originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia. http://dof.gob.mx/ nota_detalle.php?codigo=5592544&fecha=30/04/2020 Diario Oficial de la Federación México (2020, marzo 27). Resolución Preliminar del procedimiento de investigación antidumping sobre las importaciones de discos de aluminio originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia. https://www.dof.gob.mx/nota_ detalle.php?codigo=5590598&fecha=27/03/2020 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �La salvaguardia: El caso de la industria del acero en México 114 Diario Oficial de la Federación México (2019, diciembre 13). Resolución final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de tubería de acero sin costura originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581851&fecha=13/12/2019 Diario Oficial de la Federación México (2019, diciembre 10). Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de tubería de acero al carbono con costura longitudinal recta originarias del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, independientemente del país de procedencia. https://www.dof.gob. mx/nota_detalle.php?codigo=5581386&fecha=10/12/2019 Diario Oficial de la Federación México (2019, diciembre 2). RESOLUCIÓN por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de cables de acero originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia. https://dof.gob. mx/nota_detalle.php?codigo=5580547&fecha=02/12/2019 Diario Oficial de la Federación México (2019, 27 de septiembre). Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de placa de acero en hoja originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia. http:// www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573754&fecha=27/09/2019 Diario Oficial de la Federación México (2019, noviembre 21). RESOLUCIÓN Preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de productos planos de acero inoxidable originarias de la República Popular China y del Taipéi Chino, independientemente del país de procedencia. https:// www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5579454&fecha=21/11/2019 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �Núñez-García, A. & Lechuga-Cardozo, J., I. 115 Diario Oficial de la Federación México (2019, 20 de septiembre). Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573163&fecha=20/09/2019 Diario Oficial de la Federación México (2019, 25 de marzo). Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle. php?codigo=5555007&fecha=25/03/2019 Diario Oficial de la Federación México (2018, 20 de junio). Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003, del Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de América del Norte y el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525036&fecha=05/06/2018 Diario Oficial de la Federación México (2015, 7 de octubre). DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle. php?codigo=5410812&fecha=07/10/2015 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �La salvaguardia: El caso de la industria del acero en México 116 Diario Oficial de la Federación México (2012, 28 de marzo). Resolución final de la investigación por salvaguardias sobre las importaciones de tubería de acero con soldadura helicoidal. Esta mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 7305.19.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. http://dof.gob.mx/nota_detalle. php?codigo=5241186&fecha=28/03/2012 Diario Oficial de la Federación México (2010, 2 de julio). Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación por salvaguardias sobre las importaciones de tubería de acero con soldadura helicoidal. Esta mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 7305.19.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150489&fecha=02/07/2010 Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (2020). Clasificación Arancelaria. https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/2531/8/innova.front/ clasificacion-arancelaria.html Gómez, A. (2013). ¿Cuál es el pasado y presente de la apertura comercial de México? Recuperado de: http://www.dineroenimagen.com/2013-05-27/20763 Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill. Hurtado, J. (2010). Guía para la comprensión holística de la ciencia. Caracas (Venezuela): Fundación Sypal, p. 133. Lechuga-Cardozo, J. I.; Leyva-Cordero, O., y Núñez-García, A. (2019). Internationalization strategy in the handicraft industry: the Galapa-Colombia case. Revista Academia & Negocios, 5(2), 99-106. Lechuga-Cardozo, J. I., Núñez-García, A., y Leyva-Cordero, O. (2019). Contexto Sociojurídico de la Lex mercatoria en Colombia. Revista Ciencia Jurídica y Política, (6), 42-56. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �Núñez-García, A. & Lechuga-Cardozo, J., I. 117 Lombana Coy, J.; Rozas Gutiérrez, S.; Corredor Velandia, C.; Silva Guerra, H.; Castellano Ramírez, A. Gonzales Ortiz, J. y Ortiz Velásquez, M. (2013). Negocios internacionales: fundamentos y estrategias. Barranquilla: Ecoe Ediciones-Universidad del Norte. Mariñelarena-Dondena, L.; Errecalde, M. L. y Castro Solano, A. (2017). Extracción de conocimiento con técnicas de minería de textos aplicadas a la psicología. Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 9 (2), 65-76. Martínez, M; López, I. y Ortiz, R. (2014). La aplicación del método deductivo en la clasificación arancelaria de mercancías de comercio internacional. http://www.ecorfan.org/handbooks/Ciencias%20Administrativas%20y%20 Sociales%20T_V/articulo_7.pdf Mejía, O.; Leyva, S.; Lacavex, M.; Novela, R. y Aranibar, M. (2017). Facilitación comercial y control aduanero en las principales aduanas de baja california. Revista Global de Negocios, 5 (3), 71-83. Mora Mendoza, L. F. (2016). Actividad de control, como función esencial de la aduana. (Tesis de Pregrado). Universidad Católica de Colombia, Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. Morales, R. (2019, a). México vuelve a aplicar aranceles al acero importado (El Economista). https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-vuelve-aaplicar-aranceles-a-acero-importado-20190325-0015.html Morales, R. (2019, b). Termina salvaguardia para importaciones de acero. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Termina-salvaguarda-paraimportaciones-de-acero-20190922-0097.html Opportimes (2019). Aduanas de México suben 5% los PAMAS en 2018: SAT. https://www.opportimes.com/aduanas-de-mexico-suben-5-los-pamas-en2018-sat/ Opportimes (2019, 23 de septiembre). México quita aranceles a 198 productos de acero. https://www.opportimes.com/mexico-quita-aranceles-a-198-productosde-acero/ Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �La salvaguardia: El caso de la industria del acero en México 118 Organización Mundial del Comercio (2019). Un Comité de la OMC examina un número sin precedentes de medidas de salvaguardia. https://www.wto.org/ spanish/news_s/news19_s/safe_18nov19_s.htm Organización Mundial del Comercio (2003). DS248: Estados Unidos — Medidas de salvaguardia definitivas sobre las importaciones de determinados productos de acero. https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds248_s.htm Quiroga Lam, J. M. (2014). El comercio exterior mexicano y el rol de COMCE Noreste. Monterrey: Editorial Monterrey. Secretaría de Economía (2020). Aviso Automático de Importación de Productos Siderúrgicos. http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/Acero/siderurgico.htm# Secretaría de Economía (2016). Aviso automático de importación de productos siderúrgicos. México: Autor. Tamez, G.; Núñez, A.; Flores, C. y Hernández, Y. (2017). Panorama general del comercio internacional. Monterrey: Ediciones de Laurel. Vallejo, V. (2015). Procedimiento administrativo en materia aduanera. México: Universidad Nacional Autónoma de México. https://archivos.juridicas.unam. mx/www/bjv/libros/8/3984/51.pdf Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169 �119 Mediación Familiar en México. Avances en Justicia alternativa para conflictos familiares1 Family Mediation in Mexico. Advances in alternative justice for family conflicts Araceli, Castillo Caraveo2 https://orcid.org/0000-0003-0826-0723 Universidad Autónoma de Guadalajara, México https://doi.org/10.29105/pgc7.13-5 ___________________________________________________________________________ RESUMEN El presente artículo es resultado de una revisión que tuvo por objetivo analizar el desarrollo de la mediación dirigida a las entidades federativas y su impulso en la mediación familiar, así como los avances que estas han tenido respecto a los desarrollos de este proceso de justicia alternativa a nivel nacional, por lo que para hacer propuestas en la materia, se necesita indagar respecto a cómo se encuentra este proceso alternativo en la actualidad y de qué manera la contemplan actualmente, desde sus legislaciones especializadas hasta los números de asuntos que han resuelto en el último año, de modo que, se analizará conforme a las estadísticas y las legislaciones, aquellos avances que han tenido en la mediación familia. Palabras claves: Conflicto familiar, familia, mediación, mediador, principios. ABSTRACT This article is the result of a review that aimed to analyze the development of mediation aimed at federal entities and their momentum in family mediation, as well as the progress they have made with regard to the developments of this alternative justice process at the national level, so to make proposals in this area, it is necessary to look into how this alternative process is currently and how it is currently contemplated, from its specialized laws to the numbers of issues that have been resolved in the last year, so that, it will be analyzed in accordance with the statistics and legislations, those advances that have had in family mediation. Keywords: Family, family conflict, mediation, mediator, principles. Recibido: 04 de Mayo 2020 - Aceptado: 29 de Julio 2020 Cómo referenciar este artículo: Castillo, C., A. (2021). Mediación Familiar en México. Avances en Justicia alternativa para conflictos familiares. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 119-149. Recuperado de http://revpoliticas. uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170. https://doi.org/10.29105/pgc7.13-5 1 Este artículo es producto del proyecto Mediaciòn familiar, financiado por la especialidad en derecho civil en la Universidad Autònoma de Guadalajara. Iniciado en Septiembre de 2020 y finalizado en Diciembre de 2020. 2 Maestrante en Derecho Procesal Civil y Mercantil por la Universidad Autónoma de Guadalajara Campus Tabasco, Código Orcid: 0000-00030826-0723. Email: araceli.cast86@gmail.com. Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional �Mediación Familiar en México... 120 1.- INTRODUCCION El presente trabajo tiene como objetivo llevar a cabo estudio cualitativo sobre los avances que ha tenido la mediación familiar en México, dado que este mecanismo alterno de solución de controversias es un método especializado que ayuda a solucionar los conflictos familiares de diversa índole y fue uno de los primeros en impulsar la resolución de las controversias sobre esta materia en México sin necesidad de llegar a las instancias judiciales. En ese sentido, se llevará a cabo un estudio partiendo de lo que son los conflictos familiares y como se clasifican, así como las opiniones de diversos doctrinarios especialistas en la materia, lo que dará un panorama claro de que son las controversias y la manera en cómo se pueden resolver. Seguidamente, se estudiarán los conceptos de mediación familiar, así como los principios que rigen estos procedimientos, tal como la confidencialidad, la igualdad, la imparcialidad, entre otras directrices clásicas de la mediación. Posteriormente, se podrá estudiarán los avances que la mediación familiar ha tenido a nivel nacional, así como la investigación que se haga de acuerdo con las estadísticas que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha hecho respecto al tema. Actualmente, en México, hay estados que no contemplan en sus legislaciones expresamente el mecanismo alterno de solución de conflictos con especialización en materia familiar, o bien hay entidades federativas que todavía no cuentan con mediadores especializados en la especialidad, o bien, órganos encargados específicamente de resolver conflictos alternos relacionados con familia, por lo tanto el objetivo principal de este trabajo es saber que estados lo contemplan y de qué manera lo expresan en sus legislaciones asimismo como se ha avanzado en la resolución de conflictos familiares a nivel nacional y cuantos son los asuntos que han terminado en convenio a través de una mediación. Sin embargo, cabe señalar la siguiente pregunta ¿cuáles son los avances que se ha hecho respecto a la mediación familiar a nivel nacional? En ese sentido, la mediación familiar empezó como un mecanismo alterno de solución de controRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Castillo, C., A. 121 versias iniciado en entidades federativas como en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), de modo que, se necesita saber cuál es la situación de las entidades federativas respecto a la implementación de estos mecanismos. 2.-FUNDAMENTO TEÓRICO Los conflictos familiares Los conflictos o controversias han existido desde tiempos de antaño, ya que en las guerras hasta en los conflictos más comunes entre las personas, han sido la fuente de diferentes problemas que traen aparejado desastrosas consecuencias en el entorno social, económico y en diferentes aristas de la convivencia, sin embargo, al originarse un conflicto, también se necesitan herramientas que ayuden a resolverlo, por lo que estos instrumentos deben ser utilizados de forma correcta y tener los conocimientos necesarios que ayuden a ejecutarlos en los términos que establecen las reglas o principios que rigen estas modalidades de solución de controversias. En ese sentido, el conflicto ha sido definido dentro de la doctrina especializada de diferentes maneras, así, un concepto comúnmente aceptado desde el latín, es la palabra conflictus que significa chocar, afligir o infligir, ya que tal como María Elina Funquen Alvarado (2003) señala el conflicto también significa desgracia, mala suerte, lo que puede también considerarse como algo aberrante o patológico, violencia, disfunción en general, o bien como una situación no animada para las personas que se encuentran inmiscuidas en él. La acepción original del conflicto da una idea de un choque, de una disfunción en algún entorno, lo que puede suscitarse dentro de diferentes entornos sociales, esa mala desgracia o mala suerte que hace referencia la autora, puede ser una situación que se genera a partir del desacuerdo que se suscita entre una o varias personas, o bien puede ser una consecuencia para algunas personas inmersas en el conflicto. Por lo tanto, dentro del entorno social se pueden originar estas situaciones anímicas que ocasionan molestias e incluso llegan a extremos como la violencia física Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Abril 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Mediación Familiar en México... 122 u otros tipos de violencia. De igual manera, es evidente que, si las controversias se originan en la sociedad, estas también se introducen hasta su base que es la familia. Así tal como, Martínez (2019) menciona, la familia es el origen de todas las relaciones sociales, definido como un grupo, un núcleo o célula de la sociedad que se compone por distintos individuos de forma indisoluble, en ese tenor, se puede considerar a la familia como una unidad social, plural y compleja y no solo como una simple unidad o individualidad. Cabe señalar que el origen de la familia es indisolublemente la base de la sociedad, es la que siembra las semillas para que las relaciones sociales se vayan forman y originando, formando una unidad plural y compleja como señala la autora, ya sea en una determinada situación geográfica, en un estado, en un país, o en un pueblo o villa pequeña, de modo que cuando estas conviven e interactúan entre ellos, se empiezan a crear las relaciones sociales, Por lo tanto, dentro de la familia hay un número incierto de individuos que forman una unidad y están unidos no solo por vínculos de afinidad, o consanguíneos, además, se encuentran los de tipo afectivo o emocional, y estos nexos son los que más unen a estos grupos, no obstante, se pueden presentar ocasiones en que a pesar de las relaciones entre ellos, empiezan a verse deterioradas por diversas causas, que van desde los desacuerdos en una herencia, un conflicto por divorcio, o hasta el extremo de llegar a una violencia intrafamiliar, de modo que esto genera un caos en la estabilidad del núcleo social y puede traer desastrosas consecuencias desconfigurando las estabilidades de otros núcleos sociales. En ese sentido, cuando se habla del tema sobre conflictos familiares, la doctrina especializada ha elaborado la tipología de estos, así, Iglesias (2018) menciona que los conflictos familiares se clasifican de la siguiente forma: Conflictos de Convivencia: este tipo de controversias se originan en la interacción de los diferentes miembros del círculo familiar, de modo que, dentro de este tipo se pueden subclasificar en conflictos intergeneracionales que se da entre padres e hijos causada por diferencias entre los valores y características de cada generación. Asimismo, se puede hablar de conflictos que surgen por la convivencia de personas que integran Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Castillo, C., A. 123 el componente familiar, tales como comunicación, respeto, reparto de tareas. Cabe señalar que los conflictos de convivencias y los conflictos de personas que integran el componente familiar se dan entre tíos, sobrinos, primos, es decir puede variar los roles de los participantes en la familia, de forma que, los participantes pueden ser en línea recta o colateral hasta el cuarto grado o más grados, siempre las controversias de este tipo se pueden originar entre familias lejanas o cercanas. Por otro lado, se encuentran los conflictos económicos familiares, que tratan del reparto de bienes o sostenimiento del hogar por parte de los miembros de la unidad familiar, este tipo de controversias abarcan la distribución de funciones y actividades, así como el reconocimiento y el valor que se otorga a cada integrante de la familia para el sustento del hogar (Iglesias, 2018, p.86). En ese orden de ideas, los conflictos económicos familiares tienen una peculiaridad muy importante, dado que la controversia está en el valor pecuniario, por lo tanto, pueden suscitarse casos en los cuales un miembro de la familia no aporte a los gastos del hogar donde el caso más común se presenta hipotéticamente cuando la madre o el padre no aportan a los gastos para los hijos o el sostenimiento para los gastos de la casa. Sin embargo, los casos de esta clasificación se reflejan en padres separados o excónyuges, donde alguno no quiere aportar a los gastos de los hijos cuando se trata de pensiones alimenticias o pensiones compensatorias, lo que sin duda alguna trae consigo conflictos que se pueden ir agravando conforme al tiempo. Por otro parte, se encuentran los conflictos de las familias reconstituidas, que son los que se crean a partir de la aparición de otros cónyuges, y otras aportaciones familiares como hijos de la nueva pareja, familia extensa, etcétera. De modo que, este tipo de conflictos se origina en las relaciones de nuevas parejas o bien entre los hijos de la primera pareja con la segunda cónyuge, empero, los conflictos pueden tener detrás de ellos diversos intereses o necesidades, uno de ellos puede ser que haya una molestia o no haya simpatía entre los mismas parejas, o bien, los hijos de la expareja con los de la segunda no tengan una buena relación, por lo Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Abril 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Mediación Familiar en México... 124 tanto va a depender del ambiente que reina y los antecedentes que se encuentren en ese tipo de relaciones. Por último, se encuentran los conflictos entre las familias acogedora y biológica, las cuales tienen contacto y convivencia, así, estos hechos producen nuevas necesidades y situaciones complejas que precisan mecanismos positivos, pacíficos e inclusivos para favorecer la resolución eficaz. (Iglesias, 2018, p.86) Por ende, dentro de la vida diaria se pueden originar conflictos familiares en sus diferentes modalidades, por lo que se debe contar con herramientas especializadas que ayuden a resolverlos sin la necesidad de llegar a instancias que agraven las relaciones familiares y los afectos que entre ellos existen. En ese sentido, los desacuerdos representan una serie de obstáculos que impiden la convivencia entre ese grupo, de manera que es necesario aprender a controlarlos y transformarlos a través de la mediación familiar. En ese orden de ideas como Ponce (2017) menciona la crisis familiar es parte del proceso conflictivo-evolutivo que se vive como seres humanos y grupos sociales, sin embargo, lo que verdaderamente importa es rescatar de esta etapa de crisis, la experiencia, resaltar lo positivo, y el replanteamiento de cada vida personal ó social sin desviarse de la plenitud y la paz. En efecto, lo que el autor ha mencionado como crisis familiar, es verdaderamente un proceso conflictivo evolutivo, donde de las experiencias familiares pueden ser reflejo para que aprendan a convivir. Por lo tanto, para vivir esas experiencias y conocer cómo se originan este tipo de conflictos, es necesario adentrarse en las técnicas y herramientas que ofrecen los mecanismos alternos de solución de controversias, en especial, en su vertiente familiar. La Mediación Familiar Tal Como Rodríguez (2010) menciona, la mediación familiar se configura dentro de un nuevo paradigma para la resolución de conflictos familiares, o bien, como una alternativa al sistema judicial adversarial o contradictorio ya que estos últiRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Castillo, C., A. 125 mos lejos de resolver los conflictos, contribuyen a agravarlos de forma cuantitativa y cualitativa aquellos procesos de crisis y ruptura familiar (p.103). De manera que, como Pérez (2008) señala la mediación es: Una estrategia de intervención que tiene como fin conseguir una salida pacífica a los conflictos generados en la convivencia familiar. En este proceso, las partes en disputa pretenden resolver sus diferencias negociando con la ayuda de una tercera persona, el mediador, quien facilita la búsqueda de soluciones, permaneciendo neutral y sin ejercer ningún tipo de poder en las decisiones que se adoptan. (p.940) En efecto, la mediación es un mecanismo alterno de solución de controversias donde participan dos o más partes y un mediador, quien es experto en usar técnicas y herramientas para transformar su conflicto familiar, por lo que estas de forma voluntaria someten su conflicto ante un experto, quien puede estar especializado y tener experiencia en el trabajo de diferentes conflictos familiares, como el caso de los cónyuges separados o bien, un grupo familiar que acuda de manera voluntaria a las sesiones que se brindan y puedan llegar a un acuerdo. En ese sentido, más específico es el concepto de Perrone (1999) quien define a la mediación familiar como una forma de ayudar en la gestión de conflictos y no precisamente en su resolución, en el que las partes son los padres que se separan y son orientados por terceros no implicados en el proceso conflictivo, asimismo colaborarán con las partes en la manera de buscar soluciones para los hijos, garantizando las responsabilidades parentales hasta finalizar el proceso ya sea con un acuerdo escrito el cual que debe ser homologado por el juez. No obstante, debe de tomarse en consideración, que la mediación no solo es un mecanismo que ayuda a llegar a un acuerdo, dado que más allá de esto, su objetivo principal es mejorar las relaciones rígidas que se originaron a partir del enfrentamiento que hubo entre las partes, de manera que, con las técnicas como el rapport, la escucha activa entre otras se ayuda a que estas puedan encontrar una mejor manera de resolver sus diferencias y volver a tener una buena convivencia. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Abril 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Mediación Familiar en México... 126 Así Valdivia (2019) menciona que la mediación familiar propicia el diálogo, la comprensión de las situaciones problemáticas, la madurez para anteponer los intereses colectivos sobre los intereses individuales asimismo genera un ambiente propicio para compartir y debatir ideas, así como propuestas que brinden confianza y que de igual forma permitan avanzar en la construcción de acuerdos y consensos. Por lo tanto, el rol del mediador se centra en las necesidades del sistema familiar, en cuanto promueve el ejercicio de los nuevos roles paterno-filiales, enfocando su interés en las necesidades de los padres e hijos, así, la mediación familiar representa una nueva visión de resolver los conflictos conyugales, y sus diferencias de una manera más humana en donde se revisará que el acuerdo celebrado por los mediados tenga el objetivo de ser factible para cumplimiento y duradero en el tiempo debido al factor temporal de la familia y su esencia. (González, 2020, p.77) No obstante, como Iglesias (2018) comenta el método habitual de los conflictos familiares es el sistema judicial, pero este sistema es un elemento que no está preparado para hacer resolución frente a determinados conflictos familiares, es decir: La discrepancia entre el conflicto surgido en el seno familiar y el instrumento que se utiliza para su gestión, mayoritariamente y como hemos visto anteriormente el Sistema Judicial, se presenta de muy diversas formas, siendo las más significativas una agudización del conflicto interpersonal de los adultos, un deterioro o ruptura de las relaciones parentales y una serie de incumplimientos de las medidas determinadas en la sentencia judicial. (p.82) Además, el sistema judicial no ha traído beneficios para la mejor convivencia de las familias, ya que en la práctica por ejemplo se puede notar como los padres de un hijo después de una separación no llevan una buena convivencia, asimismo los procedimientos jurisdiccionales traen aparejados gastos exorbitantes como los honorarios de los abogados, los gastos en gestión, entre otros. Sin embargo, la mediación familiar puede presentar diversas modalidades, ya que Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Castillo, C., A. 127 por un lado en la mayoría de las entidades federativas se encuentran establecidas dentro de los poderes judiciales locales o bien, se encuentran instituciones privadas consideradas como especialistas en este tipo de conflictos (mediadores privados), o bien bufetes legales donde los abogados empiezan a especializarse en esta materia. En ese sentido, Gorjón y Vázquez (2015) mencionan que la mediación permite el mejoramiento de las instancias judiciales y surge como un nuevo paradigma para contrarrestar los aspectos, ya que en la última década han influido para lo que se ha denominado una crisis de justicia. Este mismo autor menciona un listado de las deficiencias en la resolución de los conflictos en el sistema judicial y la necesidad de la mediación debido a: a) las instancias judiciales no se dan abasto; b) difícil acceso a la justicia; c) ignorancia y escaso conocimiento de los MASC; d) desconocimiento del rol de los abogados en la mediación; e) perspectiva de los demás profesionales. Cabe destacar que Gorjón se refiere a un elemento que considera como uno de los principales obstáculos para que no se desarrolle como el desconocimiento de los MASC y el desconocimiento del rol de los abogados en la mediación, a decir verdad muchos abogados vienen de la práctica del litigio donde sus casos los resuelven a través de juicios que se les presentan, de igual manera, los estudiantes pertenecientes a las facultades de leyes se integran en la práctica de lo que es el litigio, y los MASC los dejan como un procedimiento secundario, sin darle la debida importancia que tienen hoy en día. Sin embargo, debe considerarse que poco a poco los mecanismos alternos han venido integrándose de una manera paulatina en diversas ramas del derecho, aunque en algunas materias no se encuentre integrada en la ley de la materia, como es el caso del derecho administrativo, de modo que a través de los talleres o conferencias que se imparten han tenido repercusión muy importante en la práctica jurídica, hasta el punto de despertar ese interés en los abogados y los estudiantes de derecho. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Abril 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Mediación Familiar en México... 128 En ese orden de ideas, debe considerarse que este no es solo un procedimiento dirigido a todo aquel que tenga una formación jurídica, ya que de igual manera los psicólogos o trabajadores sociales son los perfiles que se necesitan para ocupar puestos en la mediación, dado que en un momento estos pueden tener un mejor talento que los abogados para poder desarrollar la justicia alternativa en cualquier materia, o bien pueden tener más experiencia dentro de la praxis para métodos de solución de conflictos. Por lo tanto, la mediación familiar a partir de lo que se comentó anteriormente, puede dividirse en judicial e intrajudicial, ya que, -de acuerdo con la doctrina-, la de tipo intrajudicial es aquella que tiene lugar en el marco de un proceso judicial a requerimiento de ambas partes, de una de ellas, o bien, por indicación del juez. Por su parte, la mediación extrajudicial es impulsada antes de iniciar el proceso de jurisdicción. Si bien es cierto, los mecanismos alternos no solamente pueden darse en los órganos que se encuentran adscritos a los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, de manera que, hoy en día existen despachos o buffettes legales que ya cuentan con una preparación o certificación para poder llevar a cabo lo que se conoce como una mediación privada, teniendo sus respectivos costos, y especialización en conciliación o mediación familiar. Por lo tanto, una de las ventajas es que muchos abogados prefieren resolver sus conflictos a través de los mecanismos alternos, debido a la rápida solución que se le da a los asuntos, y no se debe dejar de la lado el nacimiento de una buena relación que puede generar entre las partes al resolverse. Por un lado, Ortuño (2000) considera que la mediación intrajudicial es aquella que se desenvuelve dentro del ámbito de gestión de litigio en los tribunales, en cambio la de carácter extrajudicial es la que tiene lugar fuera del ámbito del proceso y sin alguna interferencia en el mismo, ya sea a la interposición de la demanda, o con posterioridad a la misma. Como se refleja, la mediación puede ser solicitada en cualquier momento por las Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Castillo, C., A. 129 partes ya sea durante el procedimiento o bien, antes de instaurarlo, de manera que, en la mayoría de las legislaciones de las entidades federativas se encuentran las condiciones por las cuales pueden someterse a los procedimientos de mecanismos alternos. Actualmente, en la mayoría de los poderes judiciales del fuero común, se les hace saber a las partes en los primeros acuerdos de admisión de demanda el hecho de que en todo momento tienen el derecho de acceder a los mecanismos alternos de solución de controversias, por lo que sí es su deseo el juez o secretario judicial los puede canalizar al área de conciliación o mediación en el momento en el cual lo requieran. Los principios en la mediación En todos los mecanismos alternos de solución de controversias hay principios que se deben garantizar para el buen desarrollo de estos procedimientos, así al salvaguardarse y respetarse estas directrices, la mediación o conciliación van encaminadas a tener éxito en la transformación de la controversia, por lo tanto, para saber cómo se desarrollan, es sumamente importante mencionar cada uno. Por un lado, se encuentra el principio de voluntariedad, que como Conforti (2018) señala, las personas físicas o jurídicas que participen en un proceso de mediación lo harán de manera voluntaria, tanto al inicio, como en la continuidad, y finalización del proceso el cual va a depender exclusivamente de la voluntad de las partes. En efecto, las partes al acudir a estos mecanismos tienen que considerar que lo están haciendo de manera voluntaria, por lo tanto, el acuerdo debe ser mutuo para poder someter su conflicto y transformarlo con la ayuda de un profesional. El profesional de la mediación o cualquier servidor público de alguna institución debe considerar que las partes siempre tienen la opción de poder acudir a algunos de los mecanismos alternos que oferta la ley, no obstante, para que esto suceda los funcionarios y los servidores públicos de algún órgano e institución deben estar preparados o capacitados para explicarles a las partes en qué consisten los mecanismos alternos de solución de controversias, y que de manera voluntaria pueden acudir a ellos, sin la necesidad de caer en lo que Gorjón menciona como Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Abril 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Mediación Familiar en México... 130 un desconocimiento de los MASC. Cabe señalar que no necesariamente los mediadores o los conciliadores son los únicos que tienen que hacerle saber a las partes lo que es el mecanismo, ya que de igual manera este conocimiento lo deben tener todos los servidores públicos, con la finalidad de hacerle saber a las partes que de manera voluntaria pueden acudir a un profesional que los ayude a resolver su disputa sin necesidad de llegar a otras instancias que lamentablemente van a agravando la situación en un futuro. Asimismo, se encuentra el principio de neutralidad, ya que tal como Conforti (2018) menciona, todos los actos dentro de la mediación se desarrollarán de manera que permitan a las partes por sí mismas lograr un acuerdo. En ese orden de ideas, el experto en mediación facilitará la comunicación entre las partes y garantizará la disposición de la información y el asesoramiento suficiente. Sin embargo, debe considerarse que cuando ocurran hechos que afecten la imparcialidad del mediador, este no podrá iniciar o bien, deberá abandonar la mediación en cualquier momento. De modo que, esas circunstancias pueden ser: a) todo tipo de relación personal, contractual o empresarial con alguna de las partes, b) intereses directos o indirectos en el resultado de la mediación; c) el mediador o miembro de una empresa u organización que hayan actuado anteriormente a favor de una de las partes en cualquier circunstancia, con excepción de la mediación. Por lo tanto, en una mediación o conciliación, el mediador no debe tener intereses ya que se rompen los objetivos de los mecanismos, además, la ética de este profesional se ve corrompida y puede llevar al fracaso del acuerdo entre las partes. Sin embargo, dentro de la selección de candidatos que aspiran a ocupar estos cargos dentro de las instituciones oficiales o en el poder judicial, tienen que pasar por una evaluación donde se les detecta que tan capaces son para el cargo, asimismo deben acreditar el control de confianza para medir si el candidato es un sujeto imparcial, entre otro tipo de evaluaciones que se aplican en estos exámenes. Por otro lado, se encuentra el principio de confidencialidad, que como Conforti (2018) comenta, este se extiende hasta el mediador, es decir, está protegido por Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Castillo, C., A. 131 el secreto profesional, abarcando a las instituciones de mediación y las partes intervinientes quienes no podrán revelar la información que obtengan derivada del procedimiento. Por lo tanto, la confidencialidad establece que los mediadores o las partes que participen en el procedimiento están obligados a declarar o aportar documentación en un procedimiento judicial, acerca de la información y documentación que deriva de un procedimiento alternativo de justicia. En ese sentido, la confidencialidad trae consigo muchas consecuencias, ya que al revelarse la información que las partes hacen saber al mediador, este puede incurrir en una responsabilidad administrativa hasta suspenderlo de su cargo y quitarle la respectiva licencia o certificación que lo legitima como un profesional en la mediación. Por lo tanto, debe considerarse el documento que firman las partes al signarlo, con la precaución de que no se revele por ningún motivo, lo que se toca dentro de la mediación, ya que así se cuenta con la seguridad de poner penalizarlo en caso de que la información que se revele sea objeto de una sanción. Sin embargo, hay excepciones cuando se debe dejar de lado la reserva en estos procedimientos, así Conforti (2018) advierte que cuando las partes han expresado su consentimiento de que el procedimiento no sea confidencial, o bien, cuando por resolución judicial los jueces de la jurisdicción penal lo soliciten. Por tal motivo, se pueden presentar ocasiones en que las partes implicadas hayan sido sujetos del delito de mayor gravedad de los que - en el caso de la mediación penal- la mediación en su respectiva la ley no tenga contemplados para poder resolverse a través de los mecanismos alternos de solución de controversias. De igual manera, se puede presentar el caso en el que los sujetos que fueron o son partes de la mediación o bien, están bajo la investigación o procesamiento de un delito, por lo que el juez de la jurisdicción correspondiente solicitará a los órganos de mediación, rendir los informes de lo que sucede con una o todas las partes que están implicadas en la mediación. No obstante, Gorjón (2017) menciona los rasgos característicos de confidencialidad en una mediación, así para el mencionado autor las características son las Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Abril 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Mediación Familiar en México... 132 siguientes: a) preservar la imagen de las partes dado que esto les proporciona una libertad y repele el efecto de la estigmatización en determinados conflictos, b) se garantiza la legal protección de la información, ya que este es un deber de custodia de los mediadores y de las partes en el proceso; c) genera reciprocidad ya que es una obligación para ambas partes, donde el incumplimiento daría un efecto negativo en el acuerdo que pretenden hacer; d) asimismo, es un procedimiento abreviado que garantiza el acceso a un número determinado de personas, protegiendo la información; e) es un procedimiento discreto, que evita los efectos sociales o económicos respecto de una empresa o de una persona, donde determinado número de personas puede tener acceso a la información; d) el proceso garantiza quien o quienes pueden tener acceso a determinada información; e) la obligación legal alcanza a determinadas profesiones con sus clientes como son los médicos o abogados, asimismo, el secreto profesional no debe usarse con fines personales; f) se origina una buena comunicación y apertura de las partes, en virtud de que la medición de calidad, otorga la seguridad para que las partes puedan mostrar sus verdaderos intereses: g) implica compromiso de reserva sobre determinadas circunstancias, h) se le considera como un puente de confianza entre el mediador para lograr la solución del conflicto. Por un lado, Gorjón enfatiza bien lo que es la estigmatización, es interesante saber que un proceso de mediación, las partes pueden tener la seguridad de que su información revelada no será dada a conocer por ningún motivo, ya que esta puede traer consigo información comprometedora o vergonzosa, lo que caería en un estigma o prejuicios por parte de la sociedad. Es muy común que los medios de comunicación tengan acceso a juicios de personalidades públicas, o bien el número de juicios que por ley deben estar publicados en sus respectivas páginas de Internet, lo que trae consigo también el nombre de las partes – a excepción de la información sobre menores de edad- así como los tipos de juicios en que las personas están implicadas. Por lo tanto, al estar información en sus manos, son expuestas a la opinión pública, lo que puede traer estigmatizaciones por parte de los mismos. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Castillo, C., A. 133 Sin embargo, la mediación permite tener un círculo cerrado donde solo las partes pueden estar implicadas, la ley es protectora en este sentido, no tiene la obligación de rendir cuentas en los mecanismos alternos de solución de controversias al público, lo que si pasa con los juicios en virtud de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de manera que, -en virtud del principio de confidencialidad-, las partes tienen la seguridad de que su caso no será expuesto a la opinión pública por ningún servidor público. En ese sentido, la mediación trae consigo uno de los principios más interesantes que es la confidencialidad, dado que se establece la finalidad de preservar la información delicada que se trata en los procesos de justicia alternativa, asimismo, las partes tienen intereses que no pueden ser revelados fuera de este proceso, dado que se pondrían en riesgo los procesos que se tienen en desarrollo y la confianza que las partes brindan a estos mecanismos alternos de solución de controversias y al profesional en mediación. Por otro lado, un principio muy conocido es la legalidad, el cual, ya que de acuerdo a Gorjón (2017), la mediación o conciliación se tienen que apegar a lo que dispone la ley, dado que, si un conflicto no se puede mediar, entonces se estaría transgrediendo el orden jurídico, así, para el mencionado autor, este principio da otra idea de los conflictos mediables en el momento de su gestión o transformación, de ahí, la importancia en que se elabore una tipología que establecen las normatividades correspondientes en la materia, variando de tiempo y espacio, así este autor menciona: Es por ello especialmente importante verificar la lex fori del lugar de la instrumentalización del procedimiento de gestión y trasformación del conflicto, así como del lugar en donde se pretenda ejecutar el acuerdo de mediación o conciliación o el laudo arbitral. (Gorjón, 2017, p.58.) Asimismo, hay que considerar que en ocasiones los profesionales de la mediación puede ser diversos profesionistas, desde abogados, psicólogos, trabajadores sociales, no obstante, debido a la formación de estos -que no forman parte del gremio Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Abril 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Mediación Familiar en México... 134 jurídico en algunos casos-, se puede suscitar el problema del desconocimiento de la ley, lo que sin duda atraería consecuencias para el desarrollo del procedimiento. De manera que, los abogados tienen una amplia ventaja para conocer cómo se clasifican los conflictos, así como la normatividad vigente en el entorno en el cual se encuentran, sin embargo, si un psicólogo o un trabajador social pretenden aspirar a ser un facilitador, tienen la obligación de estudiar la ley que rige la materia, tal es el ejemplo de algunos casos en violencia familiar donde hay estados que prohíben expresamente que un conflicto no se puede someter a una mediación familiar. Finalmente, se considera otro principio importante de la mediación, que es el principio de equidad, el cual trata de procurar el equilibrio en el momento de tomar las decisiones, por lo que esta directriz es un principio de interpretación según los intereses de las partes (Gorjón, 2017), Así, de acuerdo a De la Rosa (2010), la equidad pretende garantizar la información para que las partes tengan su derecho de seguir o abandonar el procedimiento en cualquier momento y puedan recurrir al sistema judicial o extrajudicial, ya sea cuando estas no estén satisfechas con el resultado o el desarrollo del mismo, y de igual manera se salvaguardan sus derechos, de modo que podrán disponer de un tiempo para decidir si aceptan o no la solución del caso que se proponen para resolver el conflicto. Este principio que se presenta es sumamente interesante en el momento de la práctica de la mediación, ya que algunas de las partes en un momento no pueden estar de acuerdo con la propuesta que les hace ver el experto, en virtud de que los intereses pueden verse afectados por este tipo de acuerdos. Sin embargo, lo interesante de estos mecanismos alternos es que ofrecen una modalidad de ganar-ganar, es decir, la mediación no pretende que una parte pierda menos que otra, o bien, que una sea más vencedora que la otra, de manera que, con las técnicas y métodos que utilice el experto, se podrá descubrir los intereses o necesidades de las partes, y en base a ellos, podrá darle forma a un acuerdo donde todos ganen, y todos vean satisfechas sus intereses y necesidades, y de igual manera, que mejore la relación entre los mismos. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Castillo, C., A. 135 La mediación familiar a nivel nacional En primer lugar, la mediación en México ha sido un paradigma sumamente novedoso en la forma de solucionar conflictos desde diferentes ámbitos, así en materia penal ha sido un recurso muy efectivo para resolver controversias en las diferentes etapas del sistema de Justicia Penal, así como en la justicia para adolescentes. Sin embargo, la mediación también ha alcanzado otras áreas, pero en el caso de la mediación familiar es uno de los métodos que más demanda tienen en la forma de solucionar conflictos. Por un lado, en opinión de Gorjón y Steele (2012) mencionan que la mediación familiar siempre ha estado presente en los códigos civiles a través de las audiencias o reuniones de avenencias, donde el juez en turno o el secretario exhortan a que las partes lleguen a un arreglo, de igual manera, pasa con los hijos, en el caso de los alimentos, etcétera, de modo que las partes se ponen de acuerdo y el juez sanciona. En efecto, es común que en la práctica, aún antes de que se conociera la mediación familiar como un mecanismo alterno, los secretarios judiciales siempre tuvieran esa facultad junto con el juez de proponer un arreglo para las partes, sin embargo, hoy en día existe lo que es el divorcio incausado, donde ya con más facilidad un cónyuge puede solicitar el divorcio sin necesidad del consentimiento de la otra parte, sin embargo aunque la ley permite evitar el conflicto por un lado, hay casos donde están de por medio los hijos, o bien los bienes, de manera que el conflicto se hace presente, y es ahí donde pueden entrar las habilidades del secretario para poder canalizarlos al área correspondiente y llegar a un convenio a través de la mediación. Antes los jueces o secretarios podían hacerles saber a las partes en la audiencia si les apetecía llegar a un arreglo enfocado en los hijos o bienes, lo que, aunque no se conocía explícitamente como una técnica especializada en mecanismos alternos de solución de controversias, ayudaba a que las partes evitaran todo un procedimiento costoso y tedioso como son los juicios de carácter familiar. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Abril 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Mediación Familiar en México... 136 Consecuentemente, por primera vez en México, la mediación familiar es introducida en 1986, a través de lo que se conoce como audiencia previa y de conciliación, pero posteriormente, el Consejo de la Judicatura Federal emitió una serie de acuerdos tal como el 16-26/2003, donde se aprobó la ejecución de etapas de un proyecto de justicia alternativa, que posteriormente a través del acuerdo 1947/2003 creó el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como el programa de Soluciones alternativas de controversias y las reglas de operación. Así, este Centro de Justicia Alternativa en la Ciudad de México, como menciona Gómez (2012) no contaba con una ley orgánica, pero posteriormente se emitieron leyes para regular la materia como la ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la cual se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de diciembre de 2007, entrando en Vigor el 8 de marzo de 2008. De manera que, los medios alternativos ya empezaban a hacer eco de su efectividad hasta elevarse a rango constitucional en el artículo 17 constitucional a través de la reforma de 2008. Por un lado, Gómez Frode (2012) menciona que los primeros asuntos en resolverse sobre conflictos familiares en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), fueron de la siguiente manera: Figura 1. Gráfica del tipo de asuntos familiares radicados del 1o. de septiembre de 2003 al 15 de diciembre de 2004 Fuente: Gómez Frode (2012). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Castillo, C., A. 137 De tal manera, se puede ver como los comienzos de la mediación familiar en México empezaban paulatinamente a dar resultados, sin embargo, a pesar de los bajos porcentajes que presentaban, se reflejaron grandes cambios en la manera de manejar los conflictos en esta materia. En ese sentido, en septiembre de 2003 -en lo que hoy es la ciudad de México-, se establecieron órganos como el Centro de Justicia Alternativa, el cual se encuentra bajo la dependencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, órgano que no contaba con una ley orgánica en ese entonces, sin embargo, de manera provisional se elaboró un acuerdo donde se estableció la normatividad para su operatividad. Por consiguiente, empezaron a transcurrir varios años para que se diera origen a la Ley de Justicia Alternativa del Distrito Federal, publicada en la gaceta oficial del Distrito Federal de 2007, entrando en vigor hasta el 2008. En ese tiempo, esto era una novedad de que estos mecanismos se empezaran implementar antes de acudir hasta las instancias judiciales, cabe señalar la recepción positiva que tuvieron estos estos métodos alternativos por parte de la población capitalina, dándose testimonios del personal que había trabajado en el Centro de Justicia Alternativa quienes comentaron que se había dado soluciones negociadas a sus conflictos, de igual mencionaron los cambios personales y las relaciones personales en ellos mismos. (Díaz, p.730) Si bien, los mecanismos alternos de solución de controversias te dan otro panorama de lo que son y de qué manera pueden resolverse los conflictos por una vía alternativa, sin necesidad de llegar a las instancias judiciales que suelen ser tediosas y agravan más las relaciones entre las personas. Las ventajas que traen consigo la implementación de estos mecanismos es efecto, que se mejoren las relaciones que hay entre las personas, lo que en el caso de la mediación familiar, hace que los mismos profesionales de la mediación, mejoren sus conductas conforme a la práctica de estos mecanismos. ¿Por qué mencionan que se empezaron a ver los cambios personales y las relaciones personales entre ellos mismos? Si bien es cierto el profesional de la mediRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Abril 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Mediación Familiar en México... 138 ación tiene que ser una persona capacitada para poder resolver el conflicto entre las personas así como imparcial, no obstante, al utilizar herramientas como la escucha activa, y otros ejercicios de mediación, desarrollan la empatía y otros valores, dándose un cambio personal y mejorando las relaciones con las personas que se rodean. Por consiguiente, otro de los estados que se dieron a la tarea de ponerse a la vanguardia con los mecanismos alternos de solución de controversias, fue el estado de Jalisco en el cual gestionó la tarea de implementar diversos foros de consulta ciudadana en diversos puntos de la entidad para el año 2004, participando en estos, la procuraduría general de justicia, la barra de abogados, juristas, académicos de universidades, con la finalidad de discutir la creación de una ley en la materia, además de que se le diera solución a los conflictos en materia civil, familiar, y algunos en materia penal, que posteriormente presentaron la iniciativa de un proyecto de Ley de Justicia Alternativa (Hernández y Casillas, 2015, p.123) Posteriormente, en Jalisco se fueron actualizando respecto a la justicia alternativa, ya que con los trabajos a las reformas del artículo 56 de la Constitución Política de su estado, se dieron avances en crear un órgano especializado en la impartición de justicia alternativa. En ese sentido, se crean las primeras sesiones en las cuales asignaron como directores a los Licenciados Jorge García Domínguez y Oscar Magallanes de la Rosa, en las direcciones de métodos alternativos y validación, así como director de acreditación, certificación, y evaluación. De manera que, Jalisco se puede considerar un estado avanzado en la materia que cuenta con la debida acreditación, certificación y evaluación para todo aquel candidato que aspire a obtener una vacante en el ejercicio de la mediación. Por otro lado, los avances que presenta la mediación familiar en sus primeros inicios se puede ver en el caso de Aguascalientes. Durante el periodo de 2007 a 2011 se reflejan la serie de convenios terminados a través de estos mecanismos, así el Centro de Mediación y Conciliación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Aguascalientes, se empezaron a resolver asuntos familiares a partir del Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Castillo, C., A. 139 año 2007 acrecentándose de la siguiente manera: en 2007 en el Centro de Mediación y Conciliación atendieron 225% más asuntos que en 2006, y se signaron 780 convenios de mediación de los cuales 61 eran familiares, por consiguiente en 2008 de los 35666 juicios nuevos, 7950 fueron familiares, no obstante el número de convenios que se elaboraron fueron 1253 en esta materia. Posteriormente, en 2009 fueron aumentando los juicios que resultaban en un total de 38,344, de los 7894 eran familiares, lográndose 2856 acuerdos de los cuales 1398 acuerdos eran en materia familiar. En 2010 hubo 3779 asuntos sometidos a mediación familiar, de los cuales se logró 1396 acuerdos en el mismo campo. Es importante mencionar que desde la reforma al artículo 17 constitucional en junio de 2008, la mayoría de los estados se empezaron a actualizar en materia familiar, de manera que las entidades federativas así como Aguascalientes, fueron incrementando de manera paulatina sus asuntos familiares por año, esto quiere decir que la población empezó a considerar los mecanismos alternos de solución de controversias como una salida alterna con un procedimiento eficaz y sencillo, a pesar de que fueron incrementándose los juicios, de igual manera empezaron a aumentar los asuntos en esta especialidad así como el número de convenios. Por un lado, otros estados de la república ya se habían adelantado respecto a la implementación de estos mecanismos como es el caso de Colima desde 2003, Coahuila 2005, Guanajuato desde 2003, Nuevo León en 2005 y Oaxaca desde 2004 entre otros. En el caso de Nuevo León, ya se contemplaba desde enero de 2005, mencionándose los elementos más importantes de la mediación como la obligatoriedad en materia civil y familiar, el uso de la cláusula compromisoria y el acuerdo compromisorio, las causales de nulidad de convenio entre otras. Cabe señalar que la ley se reformó el 28 de Junio de 2017, donde es claro que en los procesos contenciosos familiares, la mediación se debe agotar con la finalidad de garantizar los derechos de los menores, incapacitados y los derechos inherentes que provienen del matrimonio (art.43) Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Abril 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Mediación Familiar en México... 140 De manera que, el Estado de Nuevo León se ha puesto a la vanguardia, dado que ha establecido una obligación de poder agotar los mecanismos alternos de solución controversias en materia familiar antes de entrar en un juicio de ese carácter. De modo que, esta Entidad Federativa tiene más experiencia en la implementación de la justicia alternativa, lo que se puede reflejar en su reforma, estableciendo un deber de los servidores públicos y del juez en el auto de radicación, de considerar previamente los mecanismos. Sin embargo, en la actualidad, González (2020) elabora una lista sobre los estados que contemplan o no expresamente en cada una de sus leyes, la mediación familiar: Tabla 1.Entidades federativas que expresan la mediación familiar en sus legislaciones Fuente: González Martin (2020). Por un lado, se puede ver que tan solo tres estados hasta la actualidad contemRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Castillo, C., A. 141 plan la negativa de procedencia para la mediación en casos de violencia familiar, aunque hay autores quienes consideran la posibilidad de llevar a cabo este tipo de mecanismos alternos contemplando bases especializadas para la reconstrucción de este problema. La posibilidad de una mediación familiar aunque no se encuentre expresamente en los estados de la república, siempre es posible, dado que los órganos ya se encuentran instaurados, o bien existen legislaciones que tácitamente abren la posibilidad de acudir a lo que se conoce como justicia alternativa. Sin embargo, aunque esto no se encuentre contemplado dentro de las legislaciones, el derecho a los mecanismos alternos ya se considera un derecho humano universal de lo cual se infiere que toda persona tiene el derecho de solicitarlos en las instancias judiciales. Ahora bien, es interesante adentrarse como en la actualidad, el desarrollo de la mediación familiar se ha venido enfocando durante los últimos 4 años, lo que veremos a partir de las estadísticas que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha elaborado en sus informes respecto a los avances en los Censos de Impartición de Justicia Estatal por año. En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016) indica que durante el año 2015 se recibieron 164 244 solicitudes de acceso a través de los mecanismos alternos de solución de conflictos, donde 150, 475 fueron procedentes, mientras que 13 769 fueron desechadas. Asimismo, el 84.2 % de las solicitudes fue a través de la mediación y el 8% fueron de conciliación, de manera que en los expedientes abiertos el 39.5 % fueron en materia familiar (54515) 30 % en materia civil, 11.7% en materia mercantil (16 110) y 9.4% en penal (13 034), sin embargo, el resto de las materias forman 9.4 por ciento (13 027). Seguidamente, durante el año 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017) en su Censo Nacional de Impartición de Justicia 2017, menciono que ingresaron 156 899 asuntos en los centros de justicia alternativa de los cuales se presenta a continuación: Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Abril 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Mediación Familiar en México... 142 Figura 2. Número de asuntos que entraron a través de Justicia alternativa durante 2016 Fuente: Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal - INEGI (2017). Por otro lado, durante el año 2017, entraron un total de 158 120 asuntos de conflictos familiares a los centros de justicia alternativa o justicia especializada, por lo que se puede notar el crecimiento en los asuntos que se canalizan en las diferentes áreas, así el número de casos donde incremento fue nuevamente el área de mediación familiar a nivel nacional. Por lo tanto, se muestra del total de 158 120 asuntos, el porcentaje de casos por materia que entraron a los centros de justicia alternativa Figura 3. Asuntos ingresados por Materia a los centros de justicia especializado representados por porcentaje Fuente: Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal - INEGI (2018). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Castillo, C., A. 143 Por otro lado, el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2019 (INEGI) informó que durante el año 2018, los poderes judiciales de cada entidad federativa arrojaron un total de 176,682 expedientes que ingresaron a los órganos de justicia alternativa quedando distribuidos por materia de la siguiente manera: Figura 4.Asuntos por materia en los centros de justicia alternativa Fuente: Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal - INEGI (2017). De igual manera, se puede ver que cada año los casos de mediación familiar a nivel nacional han venido creciendo, lo que arroja resultados positivos en el número de crecimiento de este modelo de justicia que se ofrece en la modalidad extrajudicial e intrajudicial que se analizó en epígrafes anteriores. Los resultados positivos en relación a la consolidación de la mediación familiar como mecanismo alterno de solución de controversias, también se puede notar en el número de expedientes concluidos dentro del último censo de impartición de justicia estatal del INEGI 2019 analizado anteriormente, estableciendo que en ese año de los 176,682 expedientes ingresados a los centros de justicia alternativa en general, se concluyeron 158, 748 solucionándose a través de acuerdos reparatorios -en el caso de la materia penal- asimismo, se terminaron de forma anticipada sin lograr un acuerdo, y de igual manera se dieron como concluidos por cualquier otra causa (INEGI 2019) lo que sin duda alguna es un gran avance en la conclusión de los conflictos sometidos a través de este modelo de impartición de Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Abril 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Mediación Familiar en México... 144 justicia, incluyéndose la mediación familiar. De tal manera, la mediación familiar en México ha llegado a tener un gran avance respecto a la forma de desarrollo y el número de casos abiertos y concluidos por lo que es un gran indicador de que los mecanismos alternos de solución de controversias son la mejor opción para resolver sus conflictos familiares, sin la necesidad de llegar a la parte jurisdiccional. Por un lado, lo que se debe anticipar es que en materia familiar todavía falta mucho por hacer, eso se debe principalmente al número de asuntos que ingresan a las salas de mediación, si bien es cierto, no todos los asuntos logran resolverse, se debe recordar que aunque las estadísticas arrojen un gran volumen de asuntos en los centros de justicia alternativa, los acuerdos que se logran siguen siendo muy bajos, las razones por las que sucede esto, se debe a causa de muchos factores, como por ejemplo la falta de aptitud o desconocimiento del desarrollo de los mecanismos alternos por parte de mediadores, o bien, un incorrecto desarrollo de la mediación por parte del profesional. 3.-MÉTODO En el presente trabajo se hizo un diseño no experimental, donde se elaboró una revisión bibliográfica de la literatura especializada en mecanismos alternos de solución de controversias en materia familiar, por lo que también se hizo una exploración a las páginas especializadas en estadísticas como el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal donde se analizan las estadísticas de la justicia alternativa en conflictos familiares. Asimismo, este estudio aborda un método de carácter cualitativo donde se estudian cada una de las estadísticas mencionadas relativas a los avances que se han tenido a nivel nacional en mediación familiar, por lo que también se analiza cada uno de los gráficos que se ilustran. La muestra o población que se consideró en el presente trabajo, se enfocó en las entidades federativas que regulan -en sus respectivos poderes judiciales-, la mediación en materia familiar, por lo que se hizo una revisión de sus respectivas leyes, así como sus casos familiares que se encuentran sometidos en los órganos Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Castillo, C., A. 145 especializados en justicia alternativa. Por un lado, la presente investigación inicia con análisis pormenorizado de los conflictos familiares, después sobre los conceptos de mediación familiar, los principios en la justicia alternativa, y finalmente el análisis de las leyes y las estadísticas. Para poder analizar cómo se estructura la mediación familiar es necesario adentrarse dentro de la literatura especializada que se han encargado de construir conceptos específicos sobre este mecanismo, así como los principios la rigen. 4.-CONCLUSIONES En el presente trabajo se manejaron conceptos relativos a los conflictos familiares y la mediación familiar, los principios que rigen los conflictos familiares, un ejemplo de este último es el de confidencialidad, donde se considera como delicada la información que se vierte dentro de la mediación, dado que es de sumo cuidado para la partes que se encuentran inmiscuidos dentro de los procedimientos, de tal manera se considera el más importante para el desarrollo de los principios. Asimismo, aunque no se haya llegado a un concepto unánime en conflictos familiares, los mayoría de los autores están de acuerdo que dentro de este tipo de controversias se encuentran implicados casos de herencia, relaciones conyugales, patria potestad, alimentos, por lo que a nuestra consideración se necesita de expertos en la materia familiar para que puedan entender a las partes, asimismo se requiere la especialización de mediadores en esta área, para entender las necesidades e intereses de las personas que se someten a este tipo de procedimientos. Por otro lado, la mediación familiar ha tenido muchos avances respecto a la forma de darle impulso en la solución de los conflictos, sin embargo, cada vez son más el volumen de casos que se resuelven en las entidades federativas hasta la actualidad a través de la justicia alternativa en diferentes materias. Se reitera que aunque haya un gran cúmulo de asuntos dentro de los órganos especializados de mediación, los convenios que se hacen, siguen siendo bajos, se debe ver las razones Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Abril 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Mediación Familiar en México... 146 por las que sucede este fenómeno, enfocándose en el personal que se encuentran dentro de estas áreas. Sin embargo, se debe considerar que para este tipo de solución alterna de conflictos crezca, la capacitación es necesaria y no solo a los que aspiran a cargo de mediadores, se necesita que todo el personal de un juzgado familiar, desde los oficiales administrativos, hasta los jueces del fuero común se capaciten respecto a la mediación, de manera que, con la debida formación en justicia alternativa harán que en las primeras audiencias los jueces o el personal informen a las partes de que tratan estos procedimientos. Si bien es cierto, en los acuerdo de inicio se les hace saber a las partes la posibilidad de acudir a los mecanismos alternos de solución de controversias, pero no se les hace de su conocimiento de manera profunda de que tratan, como se desarrollan, que conflictos pueden ser sometidos ante los mecanismos alternos de solución de controversias, en que tiempo pueden resolverse, las falta de conocimiento por parte del personal produce que los mecanismos no se le den la debida importancia que tienen dentro del procedimiento judicial, así como antes de instaurarlo. Asimismo, al darle la información debida a las partes, en las audiencias podrán conocer este proceso y el número de juicios decrecerá, con las posibilidades de éxito en el desarrollo de estos procesos de justicia alternativa. A raíz de la reforma de 2008 al artículo 17 constitucional, todas las entidades federativas ya contemplan a la mediación como una opción para resolver los conflictos de carácter familiar, son pocos los estados que la contemplan expresamente, otros la hacen obligatoria de manera previa a los juicios, o bien otros la establecen expresamente en sus legislaciones. Sin embargo, los estados deben realizar estudios en entidades que conserven más experiencia en el medio de la justicia alternativa familiar, dado que en el caso de Nuevo León ya se lleva un adelanto en esta materia, o en ciudad de México, de modo que, son modelos a seguir para que se puedan considerar políticas públicas o reformas a sus legislaciones. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Castillo, C., A. 147 REFERENCIAS De la Rosa, F.E. (2010) Régimen Europeo de la Resolución Electrónica de Litigios (ODR) en la contratación Internacional de Consumo, en Garrido Carrillo, Francisco (Coord.) Valencia; Mediación y Arbitraje de Consumo Una perspectiva española, europea y comparada. (pp.165-223) Valencia. Tirant lo Blanch. Díaz, Miguel Luis (2009) “¿artículo 17 de la Constitución como opción al orden jurídico?”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, México, enero, 2009, Volumen 9. Pp.707-740. Franco Conforti O.D. (2018) La mediación, en Pérez Sauceda José Benito, Franco Conforti Oscar D y Zaragoza Huerta, D. Mediación Temas Selectos, (pp.1337) Ciudad de México: Editorial Tirant lo Blanch. Funquen Alvarado, M. E. Los conflictos y las formas alternativas de resolución, Tabula Rasa. Revista de Humanidades (1), 265-278 Gómez Frode Carina X (2012) la mediación en materia familiar. Por la generación de una cultura de paz y no de conflicto. Revista de Derecho Privado, (Edición Especial), 165-179. González Martin, N. (2020) Los medios alternos de solución de Conflictos en la legislación mexicana, en Sánchez Castañeda A, Márquez Gómez Daniel, Camarillo Cruz Beatriz, (Coords.) en Desafíos de los medios alternativos de solución de controversias en el derecho mexicano contemporáneo, México: Universidad Nacional Autónoma de México, defensoría de los derechos universitario. Gorjón Gómez. F.J. (2017) “Mediación su valor intangible y efectos operativos “Una visión integradora de los métodos alternos de solución de conflictos” Ciudad de México: Editorial Tirant lo Blanch. Gorjón Gómez, F.J. y Steele Garza J. G. (2012) Métodos Alternativos de Solución de Conflicto, México: Editorial Oxford. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Abril 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Mediación Familiar en México... 148 Gorjón Gómez, F. J. y Vázquez Gutiérrez, R.L. (2015) métodos alternos de solución de conflictos y su protagonismo en el nuevo contexto legal mexicano, retos y perspectivas, en Arellano Hernández F.P. y Cabello Tijerina P. A. (coords.) Retos y perspectivas de los MASC en México, (p.8-37) México, Editorial Tirant lo Blanch. Iglesias Ortuño E. (2018). Competencias para mediación en conflictos sociales, Ciudad de México: Editorial Tirant lo Blanch Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016). Censo de Impartición de Justicia Estatal 2016. https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2016/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017). Censo de Impartición de Justicia Estatal 2017. https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2017/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018). Censo de Impartición de Justicia Estatal 2018. https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2018/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2019). Censo de Impartición de Justicia Estatal, 2019. https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/ Martínez Tenorio, J. E. (2019). Derechos humanos, género, familia y sus cambios en el derecho de familia en México en Guzmán Avalos, A. y Valdés Martínez, M. C. Ciudad de México: Tirant lo Blanch. Ortuño Muñoz, P. (2000). La mediación familiar intrajudicial. Un reto para la práctica del derecho de familia. Revista de Derecho de Familia: doctrina, jurisprudencia, legislación, (7), 43-65 Perrone, L. (marzo de 1999). Seminario de mediación familiar. Universidad Pontificia de Salamanca, Instituto Superior de Ciencias de la Familia, Salamanca.Ponce Alburqueque, J. (2017). Familia, conflictos familiares y mediación. Madrid: Editorial Reus. Rodríguez Llamas, S. (2010). La mediación familiar en España. Fundamento, Concepto y modelos jurídicos. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �Castillo, C., A. 149 Pérez Contreras, M. (2008). Mediación familiar en el Distrito Federal. Un acercamiento al procedimiento y a su regulación. Boletín Mexicano de Derecho Comparado (60), 933-958 Serrano Pérez, D. (2015). Procuraduría Social del Estado de Jalisco: como agente pacificador Retos y Perspectivas de los MASC en México en Arellano Hernández, Francisca Patricia y Cabello Tijerina, Paris Alejandro (coords.) México: Editorial Tirant lo Blanch. Valdivia Salas, B.I. (2019). Derechos humanos, género, familia y sus cambios en el derecho de familia, en Guzmán Avalos A. y Valdés Martínez M.C. Construcción del Derecho de Familia, (pp.163-178) Ciudad de México: Editorial Tirant lo Blanch. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Abril 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 119-149. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170 �150 Mediación Familiar en clave comparada: Argentina y México1 Family Mediation in comparative key: Argentina and Mexico Carlos, Franco-Castellanos2 Universidad Autónoma de Nuevo León, México https://orcid.org/0000-0001-7153-4868 Rubinia Teresa, Sandoval-Salazar3 Universidad de Monterrey, México https://orcid.org/0000-0001-8970-6103 https://doi.org/10.29105/pgc7.13-6 ___________________________________________________________________________ RESUMEN El presente artículo, titulado: “Mediación Familiar en clave comparada: Argentina y México”, tuvo como objetivo analizar las disposiciones normativas vinculadas con la mediación familiar en la Provincia del Chaco, Argentina y el Estado de Nuevo León, México. Se siguió el enfoque cualitativo, basado en el estudio, análisis, crítica y comparación entre las legislaciones de ambos Estados y fuentes doctrinales obtenidas de vLex, Dialnet y Scopus para asegurar la veracidad de la información proporcionada. Se encontró que el diseño normativo previsto para la mediación familiar imposibilita que sea concebida como método para acceder a la justicia cotidiana, así como que carece de una regulación específica. Del estudio comparado, se concluyó la necesidad de incorporar cuestiones jurídicas y buenas prácticas en el ejercicio de la mediación familiar dentro del ordenamiento jurídico mexicano, sobre todo la concepción de la mediación prejudicial obligatoria en conflictos familiares con intervención de personas menores de edad. Palabras claves: conflicto, familia, mediación, niñez. ABSTRACT The following article, entitled: “Family Mediation in comparative key: Argentina and Mexico”, analyzed the juridical norms related to family mediation in the Chaco Province, Argentina and Nuevo Leon State, Mexico. It was used the qualitative approach, based on the study, analysis, critical view, and comparison between the legislations of both States and theoretical scientific investigations indexed in vLex, Dialnet and Scopus to ensure the accuracy of the information. It was found that the juridical design established for family mediation not only obstructs its conception as a method to access to daily justice, but also the lack of specific regulations makes difficult to work with. From the comparative study, it was concluded the necessity of introducing juridical proceedings and good practice in the familiar mediation professional activity in the Mexican juridical system, especially the conception of the mandatory prejudicial mediation in family conflicts with children involved. Keywords: childhood, conflict, family, mediation. Recibido: 09 de Mayo 2020 - Aceptado: 30 de Julio 2020 Cómo referenciar este artículo: Franco-Castellanos, C. & Sandoval-Salazar, R. T. (2021). Mediación Familiar en clave comparada: Argentina y México. Politica Globalidad y Ciudadanía, 150-181. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/ RPGyC/article/view/171. https://doi.org/10.29105/10.29105/pgc7.13-6 1 Artículo de revisión derivado del Proyecto de Investigación Doctoral en Métodos Alternos de Solución de Conflictos: “El interés superior de la niñez y la adolescencia en los casos de separación y/o divorcio: defensa de derechos a través de la mediación familiar”. 2 Máster Universitario en Bioética por la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. Doctorando en Métodos Alternos de Solución de Conflictos por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Correo electrónico: cfrancoc@uanl. edu.mx 3 Doctora en Métodos Alternos de Solución de Conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesora de Derecho Familiar en la Universidad de Monterrey. Correo electrónico: ruby_rd@hotmail.com. Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional �Mediación Familiar en clave comparada... 151 1.- INTRODUCCION En la actualidad, resulta tarea harto difícil abordar el tema de la mediación familiar, tomando en consideración el especial carácter de las relaciones jurídico-familiares y el contexto cambiante de las familias (Ramírez Huaroto, 2018). Así, en pleno siglo XXI, la familia tradicional ha cedido frente a otros modelos de familias. Adviértase además el impacto derivado de estudios científicos provenientes de la Bioética que han trastocado las vetustas estructuras familiares y jurídico-estatales ante el reconocimiento y la admisión de prácticas médicas que privilegian la voluntad procreacional frente al viejo principio romano «mater semper certa est». De tal suerte, la familia o, si se prefiere, las familias han cambiado, lo que deriva de su especial naturaleza como institución socio-jurídica básica o agente primario de socialización y, con ellas, ha evolucionado también el Derecho de Familia hacia el afianzamiento del principio de autonomía de la voluntad. Así, emerge la mediación familiar como cauce novedoso —si bien no nuevo— para la gestión constructiva de los conflictos surgidos en el seno de las familias, a la vez que la figura del mediador como un tercero neutral e imparcial que ayuda y guía a las partes conflictuadas en la búsqueda, la construcción y la proposición de opciones de solución a la controversia. En consecuencia, se va abandonando la otrora concepción occidental que evidencia a la vía judicial tradicional como el único cauce válido e idóneo para hacer valer los derechos subjetivos reconocidos o cumplir con las garantías jurídicas establecidas y se comienza a asumir el paradigma de «resolver nosotros mismos nuestros propios conflictos» a través de la mediación con base en los principios de unidad familiar y autonomía de la voluntad. Sobre la mediación familiar, múltiples han sido los estudios científicos que se han realizado y las perspectivas teóricas desde las cuales se ha abordado. Así, cabe destacar, entre otros, los trabajos de Rodríguez-Domínguez y Roustan (2015), Romero Ramírez (2016) y Merino Martín (2018), por cuanto vinculan interés superior de la niñez y la adolescencia con la mediación familiar, donde esta última se concibe como cauce para concretar/objetivar el primero. A partir del análisis Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Franco-Castellanos, C. & Sandoval-Salazar, R. T. 152 crítico de los procesos de mediación familiar en diferentes países, esbozan un modelo que potencia la participación directa de niñas, niños y adolescentes, enfatizando en los beneficios exponenciales que ello acarrea para alcanzar acuerdos viables y estables en los casos de separación y/o divorcio. Tales aportes tienen particular importancia en cuanto al derecho a un adecuado acceso a la justicia se refiere, sobre todo desde su perspectiva incluyente. También, conviene mencionar las investigaciones de Siller Hernández (2016) y Sandoval Salazar (2019) quienes abordan la mediación familiar desde perspectivas diversas. Así, Siller Hernández (2016) propone el empleo de este método de solución de conflictos (en lo adelante, MSC) como vía para reforzar la parentalidad tras un proceso de separación y/o divorcio, teniendo en cuenta su principal función: promover la cultura del diálogo. Por otra parte, Sandoval Salazar (2019) explaya un análisis crítico sobre la situación de este método en el Estado de Nuevo León y la necesidad de perfeccionamiento de la derivación judicial a mediación en los casos de divorcio, con el objetivo de resguardar los derechos subjetivos de los/las justiciables. En consecuencia, se ha concebido la mediación familiar como método adecuado para resolver conflictos derivados de la separación y/o del divorcio principalmente. Como es de apreciar, si bien existen estudios teóricos previos sobre el tema de la mediación familiar, al momento de la elaboración de este artículo y de la exhaustiva revisión bibliográfica efectuada, no se constataron investigaciones anteriores que analizaran, desde la perspectiva comparada, las disposiciones normativas argentina y mexicana y esbozaran propuestas tendentes a su perfeccionamiento. De tal suerte, ahí radica la novedad del artículo que se somete a valoración, análisis y crítica. Conforme al estado actual de los debates en torno a la mediación familiar, los autores consultados apuntan limitaciones e insuficiencias que coartan el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la justicia alternativa. Si bien este MSC ha ido evolucionando de forma paulatina, aún se constata la reticencia de la ciudadanía a su empleo como recurso cotidiano para acceder a la justicia, decantándose mayorRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Mediación Familiar en clave comparada... 153 mente por recurrir a la vía judicial tradicional, a la vez que la escasa cuando no nula participación que se les reserva a las personas menores de edad. Unido a lo anterior, existe poca aceptación y bajo porcentaje de derivaciones por parte de los órganos jurisdiccionales para iniciar un proceso de mediación en materia familiar. También, señalan la carencia de un procedimiento definido por Ley sobre cómo procede la designación de facilitador en supuestos de recusación y qué efectos tiene la excusación en el asunto en trámite. Además, cuestionan el valor jurídico que debe dárseles a los acuerdos, máxime cuando la justicia tradicional y la justicia alternativa gozan de igual dignidad y reconocimiento. Derivado de ello, téngase en cuenta que, durante el año 2018, los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas reportaron un total 176 682 expedientes ingresados a los órganos o centros de Justicia Alternativa a su cargo, siendo el 39.5% del total representativo de la materia familiar, según datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (2019). Ello indica que el 60.5% de los asuntos familiares fueron resueltos en vía judicial, ya sea por convenio (transacción aprobada en el orden jurisdiccional), ya sea por sentencia. De tal suerte, para revertir la situación actual es necesario indagar en otros ordenamientos jurídicos, a fin de adoptar políticas públicas y soluciones jurídicas que impulsen la cultura de paz como una opción para erradicar la violencia y los conflictos en México (Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 2019), sobre todo en el orden de las familias. Por tanto, el presente artículo tiene como objetivo analizar, desde la perspectiva jurídico-comparada, las disposiciones normativas vinculadas con la mediación familiar en la Provincia del Chaco, Argentina y el Estado de Nuevo León, México, para que sean formuladas propuestas tendentes al perfeccionamiento de este MSC dentro del ordenamiento jurídico mexicano. 2.- FUNDAMENTO TEÓRICO Mediación familiar en la Provincia del Chaco, Argentina: antecedentes y actual concepción normativa En Argentina, la Ley 24.573, “Mediación y Conciliación” (1995), y su Decreto Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Franco-Castellanos, C. & Sandoval-Salazar, R. T. 154 Reglamentario 91/1998 (1998) regularon —por primera vez— el sistema de mediación prejudicial obligatoria como requisito previo para incoar un proceso judicial y ceñido a la sesión informativa. Al respecto, cabe señalar que fue el primer país latinoamericano en establecer con carácter imperativo la mediación previa a todo juicio (Colerio & Rojas, 2005) como vía para descongestionar el sistema de administración de justicia colapsado a finales del siglo XX. Además, refrendó, entre sus fines, facilitar la comunicación directa de las partes en conflicto y propiciar su capacidad de consenso. Interesante resulta la provisional obligatoriedad de la mediación prevista en el artículo 30 de la Ley 24.573, “Mediación y Conciliación” (1995), ya que tal fórmula regiría por un período de cinco años contados a partir de su promulgación. Sin embargo, las causas negativas que entorpecían el adecuado acceso a la justicia y que motivaron su regulación fueron mitigadas de forma considerable y, lo que en sus inicios tuvo detractores, comenzó a legitimarse y aceptarse por los satisfactorios resultados obtenidos. El impacto fue tal que, con posterioridad, tales disposiciones normativas fueron derogadas por la Ley 26.589, “Mediación y Conciliación” (2010) y su Decreto Reglamentario 1467/2011 (2011) actualmente vigentes, siendo este último modificado por Decreto 2536/2015 (2015) que introdujo la cuestión referente a los honorarios de los servicios de mediación. Es menester señalar que las regulaciones in commento constituyen el marco normativo de la mediación en el país y, en lo esencial, mantuvieron el sistema de mediación prejudicial obligatoria nacido en el año 1995. Es de resaltar los resultados satisfactorios del sistema de mediación prejudicial obligatoria instaurado desde el año 1995 hasta hoy día. Muestra de ello es que, desde enero de 2019 hasta septiembre de 2020, la vía judicial ha conocido un total de 150 323 asuntos familiares para un 32.4%, lo que permite concluir que el 67.6% del resto fue tramitado y resuelto a través de mediación familiar (Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina, 2020). De ahí que sea necesario su estudio minucioso a partir de la alta efectividad de la mediación familiar y baja tasa de conflictos familiares encauzados en el orden jurisdiccional. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Mediación Familiar en clave comparada... 155 Si bien el presente artículo no desconoce las legislaciones que rigen la materia a nivel nacional, se centra en las pautas legales establecidas para la mediación familiar prejudicial obligatoria en la Provincia del Chaco, Argentina. Al respecto, es de destacar la Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria” (2009), que confiere a la Ley 1601-M, “Mediación” (2007) un carácter supletorio como norma marco. Interesa sobremanera el análisis de las previsiones jurídicas atinentes a las materias transigibles, los principios procesales/de actuación, así como el desarrollo del proceso de mediación y la situación de las personas menores de edad; aspectos que a continuación se estudian. ¿En qué asuntos familiares se puede acudir a la mediación? La determinación de la mediabilidad de un asunto pasa por el tamiz de los límites fijados para el proceso de mediación. Al respecto, conviene considerar, según Pelayo Lavín (2011, págs. 192-193), que se trate de derechos disponibles y que la materia tenga trascendencia jurídica para evitar confundir mediación familiar con terapia de familias. De tal suerte, es presupuesto para que el conflicto sea mediable que no contravenga el orden público (Artículo 2, segundo párrafo, Ley 1782C “Ley de Mediación Familiar Obligatoria”, 2009 en relación con Artículo 12, Ley 26.994, “Código Civil y Comercial de la Nación”, 2014) ni se vulnere una norma imperativa (Sánchez García, 2019, pág. 39). De particular trascendencia son las previsiones contenidas en los artículos 1 y 2 de la Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria” (2009), en cuanto al ámbito de aplicación y las materias susceptibles de someterse a mediación por dos razones. La primera de ellas se refiere a que instituye la obligatoriedad de la mediación familiar prejudicial en toda la jurisdicción de la Provincia del Chaco, de manera que previo a incoar proceso judicial las partes deberán acudir a mediación para resolver su disputa (Suáres, 2016). Unido a lo anterior, la segunda alude a los asuntos familiares que podrán ser gestionados a través de un proceso de mediación (Artículo 2, apartado 5), Ley 2950-M, “Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia del Chaco”, 2018), bajo el sistema de numerus apertus al contemplar el carácter meramente enunciativo de tales conflictos, quedando a disRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Franco-Castellanos, C. & Sandoval-Salazar, R. T. 156 crecionalidad de las partes la inclusión de cualquier otro conforme a sus intereses. Así, una de las materias susceptibles de ser gestionadas a través del proceso de mediación familiar se refiere a las cuestiones patrimoniales derivadas del estado de familia y la patria potestad. Al respecto, no resulta ocioso destacar, conforme prevé el artículo 4 de la Ley 1601-M, “Mediación” (2007) que rige con carácter supletorio, que las acciones de estado de familia, separación, divorcio, nulidad de matrimonio, filiación y patria potestad solo pueden ser resueltas en vía judicial. Sin embargo, deja a salvo los derechos vinculados con aquellas cuestiones patrimoniales derivadas de tales acciones, siempre que sean disponibles para las partes. Otra de las materias que contempla es la referida a los alimentos o las compensaciones económicas entre cónyuges, convivientes o parientes, entiéndanse incluidas todas las familias con independencia de su estructura y/o composición (Artículo 35, Constitución de la Provincia del Chaco 1957-1994, 1994). Asimismo, recuérdese que tal obligación incluye manutención, educación, vestimenta, esparcimiento, habitación, asistencias, gastos por enfermedad y para adquirir una profesión u oficio (Artículo 659, Ley 26.994, “Código Civil y Comercial de la Nación”, 2014). Es importante resaltar que, en el proceso de mediación familiar, no se determina si el acreedor alimentario tiene o no tal cualidad y, por tanto, se le reconoce el derecho a recibir los alimentos; sino que se enrumba hacia los términos y condiciones bajo los cuales el deudor alimentario ejecutará la obligación legal impuesta a favor de aquel, según las pautas para su fijación reguladas en los artículos 433, 442 y 525 del Código Civil y Comercial de la Nación (2014). También, se contempla dentro del catálogo de materias mediables el régimen de visitas y tenencia de las personas menores de edad, aunque siendo consecuentes con la concepción que les estima como personas-sujetos de derecho, lo correcto sería hablar de «cuidado personal» (Peluffo, 2015). Esta categoría hace referencia a los deberes y facultades de los/las progenitores/as en la educación y la crianza de las personas menores de edad, pudiendo ser unilateral o compartido —ya sea alternado, ya sea indistinto— (Artículos 648 al 653, Ley 26.994, “Código Civil y Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Mediación Familiar en clave comparada... 157 Comercial de la Nación”, 2014). La modalidad alterna posibilita que la persona menor de edad pase períodos de tiempo con cada uno de los progenitores; mientras que la indistinta persigue que ambos progenitores compartan las decisiones y distribuyan de modo equitativo a través del plan de parentalidad las labores de cuidado hacia el/la hijo/a menor de edad. De tal suerte, deberá estimularse la asunción del cuidado personal compartido e indistinto entre las partes en conflicto a través del proceso de mediación familiar en función del cumplimiento del interés superior de la niñez y la adolescencia, siempre que proceda. Como último supuesto, la normativa in commento señala la atribución de la vivienda conyugal. Así, una vez declarado disuelto el matrimonio o la unión convivencial según sea el caso, uno de los miembros de la pareja puede solicitar para sí la atribución de la vivienda familiar, se trate de un bien propio o ganancial (Artículos 443 y 526, Ley 26.994, “Código Civil y Comercial de la Nación”, 2014). En el ámbito de la mediación familiar, las partes de común acuerdo deberán decidir la procedencia de la solicitud, el plazo de duración y efectos del derecho (Artículos 444-445 y 526, Ley 26.994, “Código Civil y Comercial de la Nación”, 2014), sobre la base del principio de autonomía de la voluntad que rige la materia. Con base en una interpretación sistémica y atendiendo al listado no exhaustivo que ofrece la normativa in commento, bien pudieran incluirse además las controversias que versen sobre la administración y enajenación de bienes sin divorcio ante desacuerdo, así como la separación personal o separación de bienes sin divorcio en los supuestos del artículo 477 del Código Civil y Comercial de la Nación (2014). También, pudiera someterse cualquier conflicto vinculado con daños y perjuicios derivados de las relaciones de familia. Tales supuestos se sustentan en la concepción que de la mediación prima como proceso no adversarial, donde el tercero neutral facilita que las partes arriben a acuerdos que satisfagan sus necesidades e intereses (Artículo 1, segundo párrafo, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007) y, al no afectarse orden público ni violarse norma imperativa alguna, no existe óbice para que los mencionados asuntos sean resueltos a través del proceso de mediación familiar previsto. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Franco-Castellanos, C. & Sandoval-Salazar, R. T. 158 De novedosa puede catalogarse la previsión contenida en el último párrafo del artículo 2 de la Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria” (2009), por cuanto excluye del proceso de mediación asuntos en los que, con carácter previo o de forma simúltanea, alguna de las partes haya sido sujeto de violencia familiar. Al respecto, existe un debate teórico sobre la admisión o no del empleo de este método en tales supuestos. Sin embargo, es de señalar que, frente a estos casos, no se media la situación de violencia, sino las circunstancias que le rodean (Munuera Gómez & Blanco Larrieux, 2011, pág. 37) para lo cual la justicia restaurativa de familia resulta ser la vía de intervención adecuada (Ortuño Muñoz, 2018, págs. 115-116). Asimismo, se eximen a las partes de agotar el proceso de mediación regulado en esta normativa cuando arribaron a acuerdos sin intervención de un tercero, en cuyo supuesto solo requerirán su homologación judicial, previo cumplimiento de los requisitos de ley; solución acertada tomando en consideración que este método se sustenta en la autonomía de la voluntad. Principios procesales/de actuación Del análisis sistémico de las normas jurídicas contenidas en la Ley 1601-M, “Mediación” (2007) y la Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria” (2009), la mediación familiar prejudicial obligatoria en la Provincia del Chaco se rige por los siguientes principios: 1. Voluntariedad: se refiere a que los participantes son libres de permanecer o retirarse del proceso de mediación familiar cuando lo crean oportuno, sin prever ningún tipo de sanción para ello. Asimismo, con fundamento en este principio, deciden si arriban o no a acuerdos, de manera que el hecho de someter su conflicto al método en examen no les obliga a agotar el proceso y, mucho menos, culminar con un acuerdo (Artículo 14, Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria”, 2009 en relación con Artículos 1 y 26, tercer párrafo, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007). Es importante resaltar además que, dada la naturaleza personalísima de los asuntos familiares, las partes deberán concurrir personalmente a cada una de las sesiones, haciéndose acompañar por asistencia letrada, de lo contrario se les tendrá por no comparecidas, salvo que Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Mediación Familiar en clave comparada... 159 acuerden nueva fecha para subsanar la falta (Artículos 8, segundo párrafo, 18, cuarto párrafo, 21, segundo párrafo, y 23, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007 en relación con Artículo 19, Ley 26.589, “Mediación y Conciliación”, 2010). Además, interesa lo referente a la intervención de terceros que, tratándose de la materia familiar, pudieran verse afectados por la decisión que eventualmente tomen las partes involucradas. Bajo esta cualidad, pudieran intervenir, entre otras, las personas menores de edad, cuya participación podrá darse de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, aunque siempre con previo consentimiento de los progenitores (Cobas Cobiella, 2020). Es en este punto donde el principio de voluntariedad se entronca con el interés superior de la niñez y la adolescencia en el contexto de la mediación familiar. 2. Confidencialidad: ordena que la información que sea brindada por los participantes en conflicto durante el desarrollo de las sesiones conjuntas o privadas no podrá ser divulgada a terceras personas o utilizada para fines distintos a los que se siguen con la mediación familiar (Artículos 3, 4 y 5, Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los Mediadores”, 2007 en relación con Artículo 8, párrafos primero y tercero, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007). Interesante resulta el deber de confidencialidad cuando la normativa lo hace extensivo a mediadores, partes involucradas, asistencia letrada, terceros y el personal del propio Centro de Mediación, sea durante o después de culminado el proceso de mediación familiar (Artículo 6, Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los Mediadores”, 2007). Es de resaltar que la confidencialidad no requiere acuerdo expreso de las partes (Artículo 8, Ley 26.589, “Mediación y Conciliación”, 2010). Si bien las disposiciones vinculadas con la mediación familiar de la Provincia del Chaco no prevén las circunstancias bajo las cuales podrá darse el cese del deber de confidencialidad, en este sentido deberá observarse lo establecido por la Ley 26.589, “Mediación y Conciliación” (2010) que rige con carácter general, específicamente en su artículo 9, cuando ordena que podrá tener lugar por dispensa expresa de todas las partes intervinientes o, se tenga conocimiento de la comisión o posible ejecución de un delito (Artículo 26, cuarto párrafo, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Franco-Castellanos, C. & Sandoval-Salazar, R. T. 160 3. Consideración especial de los intereses de las personas menores de edad, mayores dependientes o con discapacidad: si bien se trata de una obligación que las partes en conflicto deben satisfacer durante el proceso de mediación familiar, también se hace extensiva al mediador que lo conduce (Artículo 13, Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los Mediadores”, 2007). Lo anterior, se sustenta en el hecho de que el mediador deberá estimular que las partes en conflicto antepongan el interés superior de la niñez o de las personas en especial situación de vulnerabilidad frente al interés personal de cada uno de los sujetos intervinientes. Luego, cabe preguntarse: ¿cómo ha de proceder el mediador si las partes no respetan los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad dentro del núcleo familiar? Si bien la normativa sobre mediación familiar de la Provincia del Chaco no se pronuncia al respecto, puede manejarse el criterio de que deberá operar la terminación anticipada del proceso, por cuanto se estaría vulnerando una norma de orden público y ello obstaculizaría su continuidad. 4. Neutralidad: está referido a que el mediador deberá evitar emitir juicios u opiniones que puedan influir en las consideraciones a que las partes arriben (Artículo 7, Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los Mediadores”, 2007). Esto se sustenta en que el mediador no propone, no sugiere ni recomienda (Ortuño Muñoz, 2018), solo sirve de puente de comunicación entre las partes que son quienes, en definitiva, están llamadas a resolver por sí mismas el conflicto, bajo la asistencia de un tercero neutral. 5. Imparcialidad: se concreta en que la actuación del mediador debe evidenciar el mismo trato para las partes involucradas quienes deben percibir que se trata de una persona libre de prejuicios o favoritismos, ya sea en apariencia, palabra o acción (Artículos 7 y 8, Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los Mediadores”, 2007). Además, deberá evitar cualquier situación que le genere dependencia con alguna de las partes, afectando el ejercicio de sus funciones en la gestión del conflicto (Artículos 9 y 11, Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los Mediadores”, 2007). En caso contrario, vendría obligado a excusarse del asunto concreto. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Mediación Familiar en clave comparada... 161 6. Independencia: se refiere a la obligación que se le impone al mediador de poner en conocimiento de las partes cualquier circunstancia o hecho que pueda afectar o poner en dudas su independencia (Artículo 10, Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los Mediadores”, 2007). En este sentido, siempre que el mediador efectúe las declaraciones que sean procedentes sin contener reserva alguna o que, conteniéndola, las partes no lo hayan objetado, se entiende que será confirmado en su encargo. 7. Honestidad: está referida a la obligación del mediador de excusarse de conducir un proceso de mediación familiar por falta de aptitudes suficientes o poca preparación técnica, según el contenido de la disputa y la naturaleza del proceso (Artículos 17 y 18, Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los Mediadores”, 2007). En tal caso, se ha previsto que el mediador se excuse de efectuar la labor de acercamiento de las partes, bajo el fundamento del artículo 9, inciso j), del Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los Mediadores” (2007), alegando motivos de decoro o delicadeza. 8. Equidad: está encaminada hacia el cabal entendimiento y comprensión de los contenidos y los alcances de los acuerdos a que arriben las partes dentro del proceso de mediación familiar, así como de las consecuencias jurídicas en que incurrirían si incumplieran lo convenido (Artículo 12, Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los Mediadores”, 2007). De tal suerte, cuando el mediador perciba desequilibrios de poder entre las partes en conflicto, procurará a través de sus intervenciones equilibrar las relaciones y balancear el proceso (Artículo 7, inciso c), Ley 26.589, “Mediación y Conciliación”, 2010). 9. Legalidad: se sustenta en que durante el desarrollo del proceso de mediación familiar se garantice un adecuado acceso a la justicia y el debido proceso, así como que los acuerdos a que se arriben, si fuera el caso, respeten el orden público y las normas imperativas (Artículo 12, Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los Mediadores”, 2007). Para ello, se ha previsto además que este convenio sea homologado ante el Juez cuando incluye la intervención de personas menores de edad, dando previa vista a los Ministerios Públicos que correspondan (Artículo 11, Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar ObligaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Franco-Castellanos, C. & Sandoval-Salazar, R. T. 162 toria”, 2009). 10. Flexibilidad: viene encaminada hacia la facultad que se les reconoce a las partes y al propio mediador de decidir la forma en que se llevará a cabo el proceso de mediación familiar, la celeridad del procedimiento en función del avance de las negociaciones y el cumplimiento del plazo fijado, si así fue acordado (Artículos 14 y 15, Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los Mediadores”, 2007). De lo contrario, deberá estarse al plazo de hasta sesenta días contados a partir de la última notificación al requerido o al tercero en su caso para realizar el proceso en examen (Artículo 25, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007 en relación con Artículo 14, Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria”, 2009). Desarrollo del proceso de mediación familiar De novedoso puede calificarse el proceso de mediación familiar prejudicial obligatorio en Argentina, principalmente por el cúmulo de opciones que ofrece al/a la justiciable para ejercer un adecuado derecho de acceso a la justicia, dando preeminencia a la resolución consensuada de los conflictos en la materia que se examina (Suáres, 2016; Artículo 2, apartado 5), Ley 2950-M, “Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia del Chaco”, 2018). En este sentido, cabe resaltar la obligatoriedad de la etapa prejudicial que, conforme al artículo 58 de la normativa procesal vigente —Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia (2018)—, podrá ser cumplida bien ante la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes cuando involucre sus intereses o comprometa sus derechos fundamentales, bien ante Centro Público o Privado de Mediación. ¿Cómo es el trámite ante la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes? Es válido resaltar que se trata de un proceso que goza de celeridad, toda vez que presentada la solicitud ante la Mesa de Entradas de este Ministerio Público, se citará a las partes y demás interesados a una audiencia que se verificará dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se presentó el trámite (Artículo 60, Ley 2950-M, “Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia del Chaco”, Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Mediación Familiar en clave comparada... 163 2018). Al respecto, es importante mencionar que en esta audiencia podrá participar la niña, el niño o adolescente en calidad de tercero que pueda verse afectado eventualmente por el acuerdo a que arriben las partes (Artículo 40, Ley 2950-M, “Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia del Chaco”, 2018), aunque en virtud de los principios de imparcialidad y neutralidad viene obligado el asesor a resguardar los intereses de las personas en situación de vulnerabilidad (Artículo 59, apartado 4), Ley 2950-M, “Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia del Chaco”, 2018). Durante esta audiencia, el asesor escuchará a las partes y, luego a la niña, al niño o adolescente según su edad y grado de madurez para conocer su percepción sobre el conflicto, cómo lo ha vivido, cómo se ha sentido, cuál es su opinión al respecto y cómo se imagina a su familia de cara al futuro (Artículos 24, apartados 1) y 4), Ley 2950-M, “Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia del Chaco”, 2018). Tal práctica resulta de vital trascendencia, sobre todo si se persigue la resolución consensuada del conflicto. No debe olvidarse que la participación de las personas menores de edad dentro del proceso de mediación familiar lejos de entorpecer la solución facilita la cultura del diálogo entre las partes y estimula la capacidad de consenso de los sujetos involucrados (Cobas Cobiella, 2020), teniendo en cuenta la naturaleza del conflicto y la personalidad de quienes intervienen. Por otra parte, merece apuntar que si alguna de las partes no comparece ni acredita justa causa, se levanta acta contemplando tal circunstancia, dejando expedita la vía judicial. Es de señalar que la incomparecencia injustificada debe ser especialmente valorada en el proceso, aunque la normativa no dispone consecuencias jurídicas para quien cometió la falta, lo que exige revisión. No obstante, quienes suscriben, estiman que es de aplicación lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 26.589, “Mediación y Conciliación” (2010) y, por tanto, la parte incompareciente deberá abonar multa con monto equivalente al cinco porciento (5%) del sueldo básico de un juez de primera instancia si se ejercitara la acción ante órgano jurisdiccional. Caso contrario que justifique su incomparecencia, el asesor podrá Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Franco-Castellanos, C. & Sandoval-Salazar, R. T. 164 fijar fecha para nueva audiencia (Artículo 61, Ley 2950-M, “Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia del Chaco”, 2018). En cuanto al acuerdo «total» se refiere, la normativa procesal que se comenta dispone que podrá ser homologado ante el juez. Sin embargo, dado el caso de que la etapa prejudicial se lleve a cabo ante la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes, no se requerirá el trámite de vista previa, con lo cual el acuerdo a que arriben las partes nace con un voto de legitimidad a partir de las funciones que tiene asignadas este Ministerio Público como garante del principio del interés superior de la niñez y la adolescencia (Artículos 22 y 24, apartado 2), Ley 2950-M, “Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia del Chaco”, 2018). Del análisis de esta institución, es válido referir que la normativa no contempla qué efectos tendrá el convenio labrado en tal caso. Sin embargo, haciendo una interpretación sistémica, pudiera inducirse que se está en el supuesto previsto en el artículo 496, apartado 1), del Código Procesal Civil y Comercial (2017), referido a que los acuerdos homologados gozan de la autoridad de cosa juzgada y, por tanto, siguen los trámites establecidos para la ejecución de sentencias. Por otra parte, la Ley 1601-M, “Mediación” (2007), supletoria de la Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria” (2009), en su artículo 2, distingue la mediación familiar y la forma en que se desarrolla, según sea extrajudicial o judicial, lo que tiene trascendencia en cuanto a las pautas a seguir y la elección del mediador. Ahora bien, con independencia de la modalidad que se siga, el primer paso se centra en la presentación de una solicitud de mediación ante la Mesa de Entradas y Salidas del Juzgado del Menor de Edad y Familia que, por turno, corresponda (Artículo 3, Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria”, 2009). En el caso de la mediación familiar extrajudicial, entendida como aquella que tiene lugar sin que se haya promovido demanda ante órgano jurisdiccional, se rige por las siguientes pautas: a) mediador inscripto en el Registro de Mediadores Familiares a cargo del Superior Tribunal de Justicia y en posesión de título universitario (Artículo 2, segundo párrafo, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007); b) asisRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Mediación Familiar en clave comparada... 165 tencia letrada opcional, salvo que el acuerdo deba ser homologado judicialmente como ocurre en los casos en que hay personas menores de edad involucradas (Artículo 3, segundo párrafo, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007) y, c) la retribución del mediador será la que convengan las partes en conflicto. De tal suerte, no contiene presupuestos especiales, sino que se está ante requerimientos mínimos para satisfacer una demanda de justicia. Unido a lo anterior, otro aspecto interesante es el que se refiere a la designación del mediador que puede ser efectuada, bien por la parte solicitante, bien por la parte invitada. La única condición que deberá cumplirse es que se encuentre matriculado en el Registro de Mediadores Familiares. En términos generales, el procedimiento de designación del mediador familiar podrá efectuarse por acuerdo expreso de las partes (Artículos 39 y 40, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007 en relación con Artículo 14, Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria”, 2009), o sea, ambas partes de consuno eligen al mediador que atenderá su conflicto a través de convenio escrito, lo que refuerza la autonomía de la voluntad como presupuesto del proceso. Otra variante se refiere a la designación por sorteo cuando existe desacuerdo entre las partes respecto a la figura del mediador o aquel designado se haya excusado o haya sido recusado, el que se formaliza ante la Mesa Única Informatizada, previa notificación de la naturaleza del conflicto y los datos de las partes intervinientes. Así, será sorteado un mediador titular y un suplente (Artículo 21 en relación con Artículo 17, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007). También, procede en virtud de propuesta del requirente al requerido, el que deberá seleccionar al mediador de un listado elaborado a tales efectos. Aspectos todos que merecen valoración. En lo que a la mediación familiar judicial se refiere, valga resaltar que es aquella que tiene lugar dentro de un proceso en trámite ante el órgano jurisdiccional. De tal suerte, cualquiera de las partes o el Asesor de Niñas, Niños y Adolescentes puede solicitar que el asunto sea derivado a mediación antes de que recaiga sentencia firme, salvo que lo disponga el juez por resolución fundada durante la sustanciación del proceso y por considerarlo conveniente para los intereses de las Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Franco-Castellanos, C. & Sandoval-Salazar, R. T. 166 partes (Artículo 322, Ley 2.559, “Código Procesal Civil y Comercial”, 2017). Tal solicitud será notificada a la otra parte para que la apruebe o rechace, dado caso que la derivación procede solo si las partes prestan su consentimiento expreso o tácito de someterse a mediación, entendiéndose en este sentido el silencio como aceptación (Artículo 20, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007 en relación con Artículo 8, Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria”, 2009). Lo anterior, precisamente se sustenta en la voluntariedad que debe primar en la mediación familiar. Una vez dispuesta la derivación judicial a mediación familiar y aceptada por las partes en conflicto, se les citará a audiencia a la que deberán concurrir personalmente. De lo contrario, se tendrá por fracasada, salvo causa justificada y seguirá el proceso judicial por sus trámites ordinarios. Aquí las partes propondrán al mediador o a los mediadores que serán designados para el asunto en cuestión, a partir de la lista acompañada al escrito de notificación de audiencia (Artículos 20 y 21, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007). En caso de desacuerdo entre las partes, se procederá a la designación por sorteo ya explicada. Ahora bien, es de destacar que las mediaciones familiares en procesos judiciales serán realizadas por mediador registrado que sea abogado de formación, sin perjuicio de que se auxilie de otro mediador registrado de formación distinta (Artículo 2, párrafo tercero, Ley 1601M, “Mediación”, 2007). Al respecto, cabe cuestionarse cuál es el fundamento del legislador para adoptar tal previsión si, en definitiva, los acuerdos en ambas modalidades de intervención (extrajudicial y judicial) requieren homologación por parte del juez actuante cuando están inmiscuidos derechos de personas menores de edad y los mediadores matriculados en el Registro de Mediadores Familiares. Con ello, tal distinción carece de lógica. Para el caso en que se hubiere incoado proceso judicial en materia familiar de forma directa, el juez previo a la radicación del asunto someterá a las partes a mediación prejudicial (Artículo 3, Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria”, 2009), dado su carácter obligatorio y preferente. Sobre los plazos de prescripción y caducidad, quedan suspendidos a partir de la fecha de notificación al Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Mediación Familiar en clave comparada... 167 requerido o parte invitada cuando media acuerdo de las partes o a propuesta del requirente o parte solicitante en torno a la designación del mediador. Cuando se designa mediador por sorteo, la suspensión se produce en el momento en que la autoridad judicial formaliza la designación (Artículo 9, Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria”, 2009). Con ello, el legislador quiso dejar a salvo las posibles acciones y derechos que el/la justiciable quisiera hacer valer en la vía pertinente en caso de que la mediación familiar resulte infructuosa, dotándole de seguridad jurídica y garantizando un debido proceso (Agüero, 2020). Otro aspecto medular es la admisión de la co-mediación, prevista en el artículo 6 de la Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria” (2009). Esta previsión posibilita la intervención de expertos o consultores en el tema específico objeto de conflicto, ofreciendo un abanico de alternativas al momento de generar y evaluar las posibles opciones de solución a la controversia de las partes (Veracierto, 2015). Para su designación, se seguirá el procedimiento establecido para la designación de mediadores y, como requisito esencial, deberán estar matriculados en el Registro de Mediadores Familiares, por tratarse de materia especializada; lo que resulta acertado. Interesante resulta la regulación de las causales de excusación y recusación, así como el procedimiento a seguir en tales casos, distinguiendo según se trate de mediación familiar extrajudicial o judicial. En el primer supuesto, al mediador le serían de aplicación las causales generales de excusación previstas en el artículo 9 del Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los Mediadores” (2007), limitándose a señalar el carácter subsistente de la declaración que pudiera efectuarse por quien gestiona el conflicto y el proceso continuaría por los cauces establecidos en los artículos 17 y 18, de la Ley 1601-M, “Mediación” (2007) referentes a citación a audiencia, notificación y designación de mediador. Por lo contrario, en el segundo supuesto, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 30 de la normativa que se comenta sobre las causales de excusación donde el mediador designado deberá excusarse atendiendo a los casos regulados para los jueces en el artículo 29 y siguientes, de la Ley 2.559, “Código Procesal Civil y Comercial” (2017), Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Franco-Castellanos, C. & Sandoval-Salazar, R. T. 168 pudiendo además se recusados con o sin expresión de causa. De estar en desacuerdo el mediador, será el juez que derivó el asunto quien resuelva lo que proceda. Solución jurídica que se evidencia acertada a partir de la propia sistemática que sigue la normativa. Finalmente, en cuanto al acuerdo «total o parcial» de mediación familiar se refiere, tanto en la modalidad extrajudicial como en la variante judicial se deberá dar previa vista al Asesor de Niñas, Niños y Adolescentes para la homologación judicial si se afectan derechos de personas menores de edad (Artículo 9, Ley 1782C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria”, 2009 en relación con Artículo 27, párrafo cuarto, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007), siendo ejecutable por vía de ejecución de sentencia ante incumplimiento donde el juez podrá aplicar multa a favor de la otra parte. En los casos en que no requiere homologación, se configura como título ejecutivo que goza de presunción de legitimidad y, por tanto, se ejecuta mediante procedimiento de juicio ejecutivo (Artículo 520, apartado 2), Ley 2.559, “Código Procesal Civil y Comercial”, 2017 en relación con Artículo 27, párrafo tercero, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007), lo que resulta acertado. Mediación familiar en el Estado de Nuevo León, México: algunas reflexiones desde la academia y la práctica profesional En el Estado de Nuevo Léon, México, la mediación familiar ha seguido iguales cauces que los previstos para otros MSC, a pesar de la autonomía del Derecho de Familia (Pérez Fuentes, 2018) y la necesaria especificidad que exige el ejercicio de este método en el ámbito de las relaciones familiares. Lo anterior, se sustenta en que las partes no solo aparecen vinculadas por el conflicto en sí, sino también por complejos lazos de parentesco (Gorjón Gómez & Vázquez Gutiérrez, 2015). A continuación, se analizará esta figura a la luz de las diferentes disposiciones normativas que la regulan en la actualidad, con la finalidad de dectectar las principales falencias de que adolece el ordenamiento jurídico y efectuar propuestas tendentes a su perfeccionamiento. Al respecto, es de señalar que actualmente los MSC, entiéndase incluida la meRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Mediación Familiar en clave comparada... 169 diación familiar objeto de estudio, se rigen por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos —en lo adelante, CPEUM— (1917), la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León —en lo adelante, CPELSNL— (1917), la Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias para el Estado de Nuevo León —en lo adelante, LMASCNL— (2016) y su Reglamento —en lo adelante, RLMASCNL— (2017), así como el Código Civil para el Estado de Nuevo León —en lo adelante, CCNL— (1935) y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León —en lo adelante, CPCNL— (1973). Estas dos últimas disposiciones normativas se aplican respecto a los asuntos de orden familiar y ejecución de sentencias, según sea pertinente. Del análisis de las vigentes normativas que integran el ordenamiento jurídico mexicano vinculadas con la mediación familiar, se extraña la promulgación de una Ley que rija la materia a nivel federal o estatal o, inclusive, siendo de carácter general contemple aspectos específicos en el ámbito de las familias. Una revisión detallada de las normas jurídicas contenidas en las legislaciones referenciadas en este epígrafe revela la insuficencia normativa existente de cara al ejercicio de la mediación familiar hoy día, muchas veces por las «innecesarias» exigencias burocráticas, otras por la presencia de supuestos que la ley no prevé o la «aparente dependencia» de la mediación familiar a la mediación o los MSC, cuando no la desconfianza ante lo nuevo o lo desconocido. Sin embargo, quienes ejercen en lo cotidiano la mediación familiar desempeñan una loable labor que merece ser destacada toda vez que, dentro de los múltiples ámbitos de aplicación de los MSC, representa el más complejo y resulta ser el más efectivo desde lo práctico. Ahora bien, conviene mencionar que la mediación familiar goza de reconocimiento constitucional no solo a nivel federal (Artículo 17, CPEUM, ref. 15-09-2017, 1917), sino también estatal (Artículo 16, párrafo tercero, CPELSNL, ref. 27-112020, 1917). Si bien son las propias partes quienes legitiman el método en examen y el procedimiento que se sigue cuando deciden someter de forma voluntaria su conflicto a mediación, es indiscutible que su consagración en el magno texto y la reafirmación del derecho de acceso a la justicia alternativa constituyen un valor Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Franco-Castellanos, C. & Sandoval-Salazar, R. T. 170 añadido en pos de la culturización de los MSC en la sociedad, aunque ello no es suficiente. Particular consideración merece prima facie la cuestión atinente a que la LMASCNL (2016) no establece un catálogo de los conflictos familiares que pudieran ser sometidos a mediación. En este sentido, solo se limita a disponer que el asunto podrá ventilarse a través de este método, siempre que no altere el orden público, no contravenga disposición legal expresa o derechos de terceros. Así, en su artículo 4 (LMASCNL, 2016), plantea que los derechos y obligaciones pecuniarios de las personas menores de edad, así como los asuntos familiares en ejecución de sentencia podrán ser resueltos a través de la mediación familiar, siguiendo lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. De tal suerte, sería conveniente identificar los conflictos familiares que pueden someterse a este proceso, así como las excepciones que pudieran existir. Si se realiza una interpretación sistémica del ordenamiento jurídico que rige los MSC, inmediatamente se constata lo ordenado en el artículo 962 del CPCNL (1973) que establece los asuntos exceptuados de someterse a arbitraje. Sin embargo, quienes suscriben consideran que mutatis mutandi es de aplicación a la mediación familiar. Así, enuncia los conflictos que no podrán atenderse a través de la justicia alternativa, a saber: 1) el derecho de recibir alimentos, 2) los divorcios, salvo la separación de bienes y las cuestiones patrimoniales derivadas, 3) la nulidad del matrimonio, 4) las acciones referidas al estado civil de las personas y 5) los demás que prohíba expresamente la ley. En consecuencia, parte de una formulación negativa que exige una labor interpretativa en orden a determinar la mediabilidad del conflicto según su naturaleza bajo el sistema de numerus apertus, o sea, el listado que ofrece tiene carácter enunciativo y la posible inclusión de cualquier otro tipo de conflicto requiere valorarse caso a caso, lo que merece revisión. Unido a lo anterior, surge la interrogante respecto a si es posible mediar en casos de violencia familiar o, planteada de otro modo, en un conflicto familiar que ha adquirido cotas de violencia es procedente mediar. Al respecto, la doctrina no Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Mediación Familiar en clave comparada... 171 tiene un criterio unánime y la LMASCNL (2016) no se pronuncia en este sentido, aunque en su artículo 4, remite a otros ordenamientos que pudieran ser de aplicación. En consecuencia, el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León (2013) establece que no podrá optarse por la mediación, salvo que se acredite que la víctima está en condiciones de tomar decisiones. Con ello, lejos de limitar el acceso a la justicia como pudiera alegarse se persigue garantizar la igualdad y autodeterminación de las partes dentro del proceso que es, en definitiva, el pilar sobre el que se sustenta. Otro aspecto importante en el análisis que se realiza es el referente a los principios sobre los cuales se estructura la mediación familiar. De la interpretación sistémica de lo dispuesto en el artículo 5 de la LMASCNL (2016) y el artículo 32 de su Reglamento (2017), se establecen como mandatos de optimización del proceso los siguientes: confidencialidad, equidad, flexibilidad, honestidad, independencia, imparcialidad, neutralidad, voluntariedad, legalidad, consentimiento informado, oralidad y transparencia; los cuales en su mayoría fueron analizados con anterioridad. Sin embargo, es de señalar que, tratándose de una normativa que prevé la mediación en diferentes ámbitos, incluido el familiar, no contempla el interés superior de la niñez como parámetro de obligada observancia en la materia aunque, del artículo 4 de la CPEUM (1917), se extiende a todos los órdenes jurídicos. Por otra parte, si bien ordena quiénes deben resguardar el deber de confidencialidad del asunto durante el desarrollo de la mediación, no hace referencia sobre qué ocurrirá una vez culminado el proceso; lo que merece revisión. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla el proceso de mediación familiar? A diferencia de la legislación procesal familiar argentina, no se prevé una etapa prejudicial obligatoria, lo que representa la principal falencia del proceso y acentúa la concepción «alterna» que prima de la mediación familiar y los MSC (Gorjón-Gómez, 2020), amén de que la justicia tradicional y la justicia alternativa gozan de igual dignidad y reconocimiento (Tesis: III.2o.C.6 K (10a.), 2013). Así, conforme al artículo 13 de la LMASCML (2016) y al artículo 33 del RLMASCNL (2017), se puede dar inicio al proceso a partir de la derivación judicial o administrativa, soRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Franco-Castellanos, C. & Sandoval-Salazar, R. T. 172 licitud de una o ambas partes o de tercero ajeno a la controversia y, por existencia de cláusula compromisoria o acuerdo de mecanismo alternativo. Sin embargo, tales previsiones resultan insuficientes, ya que el desconocimiento y la desconfianza hacia el sistema se hacen patentes cuando las partes recurren en lo cotidiano a la vía judicial. En cuanto a la derivación judicial prevista en el segundo párrafo del artículo 43 de la LMASCNL (2016), instituye la obligación del juez de darles vista a las partes en conflicto en el auto de radicación del asunto, acompañando la lista de los Centros Públicos o Privados de Mediación y de los facilitadores privados certificados vigentes. Interesante es la dualidad procesal familiar generada en los artículos 987 y 1052 del CPCNL (1973), según se trate de un juicio familiar ordinario u oral, lo que trasciende a la forma en que se realiza la invitación a los MSC, en particular la mediación familiar. Así, el engranaje establecido es poco enérgico, causal, ya que los jueces se limitan a enunciar el derecho que tienen las partes de acudir a mediación familiar para gestionar su conflicto y preguntar si es su voluntad participar en el proceso de mediación vía escrita o en la audiencia preliminar a partir de la naturaleza del juicio incoado (Sandoval Salazar, 2019). La realidad y la experiencia comparada demuestran que es necesaria una preparación mínima en el tema de los MSC para brindar una información suficiente y pertinente al/a la justiciable (Ortuño Muñoz, 2018), con lo cual se estimularía en lo cotidiano el acceso a la justicia alternativa. En cuanto a la designación del facilitador familiar así denominado por la LMASCNL (2016), se prevé el procedimiento a seguir en sus artículos 16 y 17, donde será elegido por el Instituto o las partes y, en caso de desacuerdo de las partes, lo designará el Instituto. Pero ello se ha establecido para los supuestos en que el trámite lo solicitan directamente las partes en conflicto, nada se dispone respecto a la designación de co-facilitador o cuando ha operado una derivación judicial, aunque en este último caso según el segundo párrafo ad finem del artículo 43 de la propia Ley pudieran ser de aplicación directa tales normas jurídicas. Vinculado con lo anterior, destaca la excusación regulada en los artículos 7, 37, apartado VI, y 38, Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Mediación Familiar en clave comparada... 173 así como la recusación en el artículo 21, apartado IV, de la LMASCNL (2016). Sin embargo, no señala efectos de la excusación y la recusación ni quién resuelve ante inconformidad del facilitador respecto a la recusación, lo que merece revisión. Del análisis del artículo 43 en relación con el artículo 15, párrafo segundo, de la LMASCNL (2016), resalta la importancia de que se garanticen los derechos de las personas menores de edad en el proceso de mediación familiar. No obstante, ordena que comparecerán por medio de quien ejerza la patria potestad o la tutela, dejando su intervención personal a juicio del facilitador si ello fuera útil. Grosso modo, tal previsión establece la representación como regla general y, la inclusión como excepción, cuando debiera ser lo contrario. En este sentido, cabe preguntarse si es recomendable en un proceso de mediación familiar donde se deciden cuestiones que involucran derechos de niñas, niños y adolescentes que sean los progenitores en conflicto quienes representen sus intereses, a pesar de tener derecho a ser escuchados y que su opinión sea tomada en cuenta. Sin embargo, no prevé la normativa en qué etapa podrán intervenir si llegaran a ser invitados ni bajo qué condiciones se producirá la intervención. Al igual que la legislación argentina, se admite la co-mediación (Artículo 2.VII, LMASCNL, 2016), con la salvedad de que no señala el procedimiento a seguir en la designación de co-facilitador ni estipula en qué etapa del proceso de mediación familiar intervendrá si fuera el caso, aspectos que merecen revisión. Es de resaltar que la solicitud de proceso de mediación tiene trascendencia, por cuanto suspende los plazos de prescripción y caducidad (Artículos 25 y 43, LMASCNL, 2016), lo que salvaguarda las acciones o los derechos de las partes en caso de que no se arribe a acuerdo o este sea parcial. En cuanto a los acuerdos, requerirán homologación por el juez o sanción por el Director del Instituto para surtir efectos de cosa juzgada o sentencia ejecutoriada, según deriven de un proceso jurisdiccional o se haya interesado mediación previo a incoar demanda (Artículos 27 y 28, LMASCNL, 2016), aunque siempre que se trate de menores o incapaces habrá que darle vista al Ministerio Público (Artículo 30, párrafo segundo, LMASCNL, 2016). En caso de incumplimiento, Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Franco-Castellanos, C. & Sandoval-Salazar, R. T. 174 procederá la ejecución forzosa de lo pactado por la vía de apremio, aunque no se prevé sanción alguna para quien viene obligado como acontece en la legislación argentina, lo que merece revisión. Propuestas de perfeccionamiento de la mediación familiar de lege data y de lege ferenda Con base en la problemática planteada y el análisis jurídico-comparado, se efectúan las siguientes propuestas para el perfeccionamiento de la mediación familiar y su ejercicio en Nuevo León desde la academia y la práctica profesional: - Al amparo de lo previsto en el artículo 43, párrafo primero, en relación con el artículo 10.I de la LMASCNL (2016), pudiera establecerse la mediación prejudicial obligatoria por la especial naturaleza de los conflictos familiares que se dirimen y los intereses en juego. En este sentido, además sería conveniente establecer un catálogo de conflictos familiares susceptibles de gestionarse a través de la mediación familiar, así como sus respectivas excepciones bajo el sistema de numerus apertus. También, se torna imperioso que los facilitadores y co-facilitadores se especialicen en mediación familiar a partir de las peculiaridades propias de este ámbito de actuación, lo que deberá ser requisito para su ejercicio. Sería necesario fijar legalmente un plazo de duración del proceso de mediación, salvo que las partes convengan lo contrario. - En cuanto a los principios que rigen la mediación familiar, sería necesario reflexionar sobre los alcances del deber de confidencialidad, puesto que deberá resguardarse durante y después del proceso a diferencia de la actual previsión contenida en el artículo 5.I de la LMASCNL (2016). Por otro lado, sería procedente incorporar de forma expresa y congruente el interés superior de la niñez. Así, deberá estimularse como regla general la participación directa de las personas menores de edad en el proceso de mediación familiar, siempre que se aborden cuestiones que les atañen y; la representación de sus intereses por los progenitores en conflicto solo operará como excepción: contrario a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15 de la LMASCNL (2016). Con ello, se potencia su auRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Mediación Familiar en clave comparada... 175 tonomía progresiva y se les reafirma como sujetos de derecho. Unido a lo anterior, en caso de conflictos que versen sobre derechos de personas menores de edad, las partes deberán acudir a la mediación con asistencia letrada, so pena de tenerse por no comparecidas. Promuévase el ejercicio de la co-mediación, auxiliándose de un co-facilitador especializado en mediación familiar y formado en psicología infantil para atender lenguaje. - En los casos de derivación judicial, sería conveniente citar a las partes a una audiencia previa radicación del asunto donde se les explique qué es la mediación familiar, sus características, utilidad y si es su voluntad resolver su conflicto a través de este método. Con la diligencia de notificación de audiencia, se acompañará lista actualizada de Centros de Mediación y facilitadores privados certificados vigentes para que efectúen su designación en el acto, si a ello accedieran. - Para la designación del facilitador y/o el co-facilitador familiar, son las partes quienes siempre deberán elegirlo(s) y, solo en su defecto y por desacuerdo, lo hará el juez o el Instituto, ya sea mediación judicial o extrajudicial. Con ello, se preserva la voluntariedad y la transparencia del proceso. En su caso, se dispondrá que el co-facilitador familiar intervenga desde el inicio del proceso. Vinculado con lo anterior, sería preciso que se presenten como efectos de la excusación y la recusación: la designación de nuevo facilitador familiar. Y, para el caso de que el facilitador no esté de acuerdo con la recusación planteada por alguna de las partes, resolverá el juez o el director del Centro Privado o del Instituto, según el asunto haya sido derivado judicialmente o no. - Como regla general, el acuerdo de mediación pudiera concebirse como título ejecutivo y, solo requerirá homologación judicial si involucrara derechos de personas menores de edad previa vista al Ministerio Público que corresponda. En el primer caso, regirían las reglas previstas para el proceso ejecutivo (Artículos 646. III y siguientes, CPCNL, 1973), mientras que en el segundo supuesto, transcurriría por los cauces establecidos para la ejecución de sentencias (Artículo 461, bis, bis I, CPCNL, 1973). Ante su incumplimiento o inejecución voluntaria, el obligado será multado por el juez actuante que conozca del asunto en la cuantía Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Franco-Castellanos, C. & Sandoval-Salazar, R. T. 176 que a tal efecto se disponga. 3.- MÉTODO Diseño El presente artículo siguió un enfoque cualitativo, cuyo propósito se ciñó a indagar sobre la mediación familiar en los ordenamientos jurídicos de la Provincia del Chaco, Argentina y el Estado de Nuevo León, México. En este sentido, se empleó el método exegético-analítico para la revisión de los textos legales que regulan la figura in commento desde una perspectiva comparada. Instrumentos Para el abordaje del análisis jurídico-comparado de la mediación familiar en Argentina y México, se consultaron un total de diecinueve (19) disposiciones normativas para determinar las características del diseño instrumentado en cada ordenamiento, así como un total de veintitrés (23) artículos científicos, tesis y documentos publicados en su mayoría entre 2015 y 2020. Procedimiento De los documentos doctrinales y normativos, se identificaron los aspectos medulares sobre los que se sustentó el análisis comparado de la mediación familiar (conflictos familiares mediables, principios y proceso). Con posterioridad, se procedió a integrar de forma ordenada y coherente las ideas, exponiendo áreas de oportunidad que requieren revisión a efectos de su perfeccionamiento. 4.- CONCLUSIONES En Argentina y México, se reconoce que la mediación familiar es un proceso voluntario que permite que las partes, guiadas por un tercero neutral e imparcial, autogestionen su conflicto y propongan soluciones que satisfagan las necesidades y los intereses de los miembros de la familia, en particular se ponderen los derechos de niñas, niños y adolescentes. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Mediación Familiar en clave comparada... 177 En la Provincia del Chaco, Argentina, el diseño de la mediación familiar previsto instituye su obligatoriedad antes de incoar proceso judicial en materia familiar, además de contar con una ley especial que contempla, entre otros, un catálogo de conflictos mediables, principios a observar, procedimiento de designación de mediadores y co-mediadores, procedimiento y efectos de la excusación y recusación, que permite darle mayor operatividad y accesibilidad a la mediación familiar en el ámbito pre-jurídico y jurídico. En Nuevo León, México, la mediación familiar presenta insuficiencias y limitaciones que coartan el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la justicia para lo cotidiano, sobre todo porque el diseño establecido se asienta en la voluntariedad del proceso, siendo el primer obstáculo para un efectivo acceso a la justicia, por lo cual es importante romper la barrera de la voluntariedad, obligando a las partes a informarse sobre los MSC y, así cumplir con el mandato constitucional de privilegiar a la justicia de los MSC dentro del entorno jurídico mexicano. Urge el perfeccionamiento de la mediación familiar, instituyéndose su obligatoriedad para los conflictos surgidos en el seno de las familias, así como promulgar una normativa adjetiva que permita materializar y desarrollar un protocolo de actuación sobre la co-mediación familiar que posibilite la participación directa de las personas menores de edad, siempre que sea posible, velando por su interés superior y propiciando el diálogo y el entendimiento familiar en búsqueda de una nueva unidad familiar por medio de una «justicia cotidiana». REFERENCIAS Agüero, E. E. (2020). La mediación prejudicial obligatoria en el proceso civil y acceso a la justicia en la Provincia de La Rioja. Anuario de Derecho Procesal, 12-35. Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco. (22 de Noviembre de 2007). Ley No. 1601-M, “Mediación”. Chaco, Argentina: Boletín Oficial. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Franco-Castellanos, C. & Sandoval-Salazar, R. T. 178 Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco. (22 de Noviembre de 2007). Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los Mediadores”. Chaco, Argentina: Boletín Oficial. Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco. (18 de Noviembre de 2009). Ley No. 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria”. Chaco, Argentina: Boletín Oficial. Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco. (8 de Marzo de 2017). Ley 2.559, “Código Procesal Civil y Comercial”. Chaco, Argentina: Boletin Oficial. Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco. (26 de Diciembre de 2018). Ley 2950-M, “Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia del Chaco”. Chaco, Argentina: Boletín Oficial. Cobas Cobiella, M. E. (2020). Menores y mediación en el ámbito familiar. Actualidad Jurídica Iberoamericana, 734-769. Colerio, J. P. y Rojas, J. A. (2005). Mediación obligatoria y audiencia preliminar. Argentina: Rubinzal-Culzoni Editores. Congreso Constituyente. (5 de Febrero de 1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ref. 15-09-2017. México: Diario Oficial de la Federación. Congreso Constituyente. (16 de Diciembre de 1917). Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, ref. 27-11-2020. Nuevo León, México: Periódico Oficial del Estado. Convención Constituyente. (7 de Diciembre de 1994). Constitución de la Provincia del Chaco 1957-1994. Chaco, Argentina: Boletín Oficial. Gorjón Gómez, F. J. y Vázquez Gutiérrez, R. L. (2015). Métodos alternos de solución de conflictos y su protagonismo en el nuevo contexto legal mexicano, retos y perspectivas. En F. P. Arellano Hernández, & P. A. Cabello Tijerina, Retos y perspectivas de los MASC en México (págs. 23-52). México: Tirant lo Blanch. Gorjón-Gómez, F. (2020). La mediación como política de bienestar. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 67-83. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Mediación Familiar en clave comparada... 179 Honorable Congreso de la Nación Argentina. (27 de Octubre de 1995). Ley 24.573, “Mediación y Conciliación”. Buenos Aires: Boletín Oficial. Honorable Congreso de la Nación Argentina. (6 de Mayo de 2010). Ley 26.589, “Mediación y Conciliación”. Buenos Aires, Argentina: Boletín Oficial. Honorable Congreso de la Nación Argentina. (8 de Octubre de 2014). Ley 26.994, “Código Civil y Comercial de la Nación”. Buenos Aires, Argentina: Boletín Oficial. Honorable Congreso del Estado. (6 de Julio de 1935). Código Civil para el Estado de Nuevo León, ref. 18-10-2019. Nuevo León, México: Periódico Oficial del Estado. Honorable Congreso del Estado. (3 de Febrero de 1973). Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, ref. 08-01-2018. Nuevo León, México: Periódico Oficial del Estado. Honorable Congreso del Estado. (7 de Diciembre de 2013). Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, ref. 11-12-2019. Nuevo León, México: Periódico Oficial del Estado. Honorable Congreso del Estado. (13 de Diciembre de 2016). Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias para el Estado de Nuevo León, ref. 28-06-2017. Monterrey, Nuevo León, México: Periódico Oficial del Estado. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (13 de Diciembre de 2019). Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2019. Presentación de resultados generales. Recuperado el 11 de Noviembre de 2020, de INEGIInforma: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnije/2019/ doc/cnije_2019_resultados.pdf Merino Martín, B. (2018). La inclusión de los menores en el proceso de mediación familiar ante una separación o divorcio (Tesis de Fin de Grado en Trabajo Social). España: Universidad de Valladolid. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (5 de Octubre de 2020). Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina. Recuperado el 12 de Noviembre de 2020, de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación: http://datos.jus.gob.ar/pages/justicia-civil Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Franco-Castellanos, C. & Sandoval-Salazar, R. T. 180 Munuera Gómez, P. y Blanco Larrieux, M. E. (2011). Una mirada hacia mediar o no mediar en casos de violencia: Sara Cobb. Revista de Mediación, 32-37. Ortuño Muñoz, P. (2018). Justicia sin jueces. Barcelona: Ariel. Pelayo Lavín, M. (2011). La mediación como vía complementaria de resolución de conflictos (Tesis Doctoral). España: Universidad de Salamanca. Peluffo, C. (12 de Mayo de 2015). El cuidado personal de los hijos menores y los nuevos lineamientos según el Código Civil y Comercial de la Nación. Recuperado el 3 de Diciembre de 2020, de DPI Diario: http://www. pensamientocivil.com.ar/system/files/2015/05/Doctrina1229.pdf Pérez Fuentes, G. M. (2018). La dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad en el Derecho de Familia en México: principales criterios jurisprudenciales. Revista Boliviana de Derecho, 144-173. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. (4 de Abril de 2017). Reglamento de la Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias para el Estado de Nuevo León, ref. 27-10-2017. Nuevo León, México: Boletín Oficial del Estado. Poder Ejecutivo Nacional. (29 de Enero de 1998). Decreto 91/1998, “Reglamentación de la Ley 24.573 de Mediación y Conciliación”. Buenos Aires, Argentina: Boletín Oficial. Poder Ejecutivo Nacional. (28 de Septiembre de 2011). Decreto 1467/2011, “Reglamento de la Ley 26.589”. Buenos Aires, Argentina: Boletín Oficial. Poder Ejecutivo Nacional. (30 de Noviembre de 2015). Modificativo del Decreto 1467/2011. Buenos Aires, Argentina: Boletín Oficial. Recuperado el 3 de Diciembre de 2020, de http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ anexos/255000-259999/255741/norma.htm Presidencia de la República. (12 de Julio de 2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Ciudad de México, México: Diario Oficial de la Federación. Ramírez Huaroto, B. M. (2018). Las familias desde los estándares de la jurisprudencia interamericana: una mirada comparada de la legislación argentina y peruana. Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, 317-339. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �Mediación Familiar en clave comparada... 181 Rodríguez-Domínguez, C., & Roustan, M. (2015). Inclusión/Focalización de menores en mediación familiar: revisión de estudios y propuestas futuras. Papeles del Psicólogo, 198-206. Romero Ramírez, J. (2016). El papel que ocupan los menores en la mediación familiar (Tesis de Maestría). España: Universidad de Valladolid. Sánchez García, A. (2019). Esquemas de mediación y arbitraje. México: Tirant lo Blanch. Sandoval Salazar, R. T. (2019). Mediación intrajudicial en los juicios familiares de los primeros cuatro distritos judiciales en Nuevo León (Tesis Doctoral). México: Universidad Autónoma de Nuevo León. Siller Hernández, M. (2016). Mediación familiar en beneficio de la parentalidad (Tesis Doctoral). México: Universidad Autónoma de Nuevo León. Suáres, M. (2016). Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnicas (Novena ed.). Buenos Aires: Paidós. Tribunales Colegiados del Circuito. (Octubre de 2013). Tesis: III.2o.C.6 K (10a.). México: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Veracierto, P. A. (2015). Co-mediación familiar a distancia. Una experiencia innovadora y su desarrollo actual. En M. C. Klein, & P. E. Porzio, La mediación en el Patrocinio Jurídico de la Facultad de Derecho UBA (págs. 51-66). Buenos Aires: Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171 �182 Barriers to access healthcare for Middle American Migrants during transit in Mexico1 Barreras de acceso a atención médica para Migrantes Centroamericanos durante su tránsito por México Yessica Elizabet, Llanes-García2 https://orcid.org/0000-0003-1750-8057 Tuur, Ghys3 https://orcid.org/0000-0003-4582-5578 Universidad Autónoma de Nuevo León, México https://doi.org/10.29105/10.29105/pgc7.13-7 ________________________________________________________________ ABSTRACT This paper draws attention to a little discussed aspect of access to healthcare for the hundreds of thousands of migrants that transit through Mexico to reach the United States, which in theory under the old system was covered via Seguro Popular. To inform future debates on the right to health of migrants, this paper analyses semi structured interviews of thirty-one transit migrants in Monterrey to understand the different barriers to healthcare that migrants faced under the former system. The results cover access to information, economic access, physical access, and discrimination. The paper concludes that these barriers are significant, with access to information standing out as the largest challenge. Our policy recommendations mainly center around improving the (information) outreach to migrants. Keywords: accessibility, healthcare, migration, Seguro Popular, transit. RESUMEN Este documento dirige la atención a un aspecto poco discutido del acceso a la atención médica para los cientos de miles de migrantes que transitan por México para llegar a los Estados Unidos, que en teoría bajo el antiguo sistema estaba cubierto a través del Seguro Popular. Para informar debates futuros sobre el derecho a la salud de los migrantes, este documento analiza entrevistas semiestructuradas de 31 migrantes en tránsito en Monterrey para comprender las diferentes barreras a la atención médica que enfrentaron los migrantes bajo el sistema anterior. Los resultados abarcan el acceso a la información, el acceso económico, el acceso físico y la discriminación. El documento concluye que estas barreras son importantes, destacando el acceso a la información como el mayor desafío. Nuestras recomendaciones de política se centran en mejorar el alcance (de información) a los migrantes. Palabras claves: accesibilidad, atención médica, migración, Seguro Popular, tránsito. Recibido: 22 de Mayo 2020 - Aceptado: 16 de Julio 2020 Cómo referenciar este artículo: Llanes-García, Y., L. & Ghys, T. (2021). Barriers to access healthcare for Middle American Migrants during transit in Mexico. Politica Globalidad y Ciudadanía, 182-204. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/ index.php/RPGyC/article/view/172. https://doi.org/10.29105/10.29105/pgc7.13-7 1 The results presented in this document are part of the research project on Accessibility to Seguro Popular of Centro American transmigrants in the metropolitan area of Monterrey, initiated at the Universidad Autónoma de Nuevo León in Mexico. 2 Maestrante en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Email: yessica.llanesga@uanl.edu.mx. 3 Doctor en Sociología por Universiteit Antwerpen, Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Email: tuur.ghys@uanl.edu.mx Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional �Barriers to access healthcare for Middle American Migrants... 183 1.- INTRODUCCION The so called ‘Fourth Transformation’ of Mexican public life that started December 2018 came with a questioning of practically every public institution by either civil society, the opposition or the government itself. One highly debated change was in the field of healthcare for the most vulnerable, with the change from the Seguro Popular coverage program to the more encompassing Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). In this paper we draw attention to the little discussed aspect of access to healthcare for the hundreds of thousands of migrants that transit through Mexico to reach the United States, which in theory under the old system was covered via Seguro Popular. To inform future debates on the right to health of migrants, this paper analyses interviews of transmigrants in Monterrey to understand the different barriers to healthcare that migrants faced under the former system. Our results show that these barriers are significant, with access to information standing out as the largest challenge. In the next section we will discuss the relevance of the right to health in the Mexican context of transmigration, followed by a brief description of the policy context. Next, we outline our analytical framework and methodology. Next the empirical data is laid out in the results section, followed by a concluding discussion. 2.- THEORICAL FRAMEWORK Middle American migration context in Mexico The relevance of studying the interplay of access to healthcare and migration in Mexico becomes clear when we consider both the volume of migration and the vulnerability of migrants. In the last decade the historically high number of emigrates from Mexico to the U.S. has decreased, while the number of people from the ‘Northern Triangle’ of Middle America (Honduras, Guatemala and El Salvador) that migrate through Mexico surged (Dominguez, Rietig, 2015; International crisis group, 2016). From the total of migrants presented to migration authorities between January and December 2020, more than the 90% were from the Northern Triangle (Secretaría De Gobernación, Subsecretaría De Derechos Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �Llanes-García, Y., L. & Ghys, T. 184 Humanos, Población Y Migración, Unidad De Política Migratoria, Registro E Identidad De Personas, 2020). Of these, 44.9% were from Honduras, 36.2% from Guatemala and 10.2% from El Salvador. While this varies per year, and currently decreased due to Covid19 and changes in enforcement (Puiz, 2020), during its peak an estimated 500.000 irregular migrants tried to cross Mexico annually (Médecins Sans Frontières, 2017). These so-called transit migrants will “likely spend months crossing Mexico before they reach the Northern border. This journey is not always unidirectional or continuous” (Frank-Vitale, 2020, p. 59). Although the destination of most of these Central American migrants is the United States, many remain in Mexico because they do not have sufficient resources to cross the northern border, or due to the impossibility of returning to their countries of origin (Cohn et al., cited by Universidad Iberoamericana, 2020). Additionally, during Covid19 period the United States and Guatemala reinforced their borders and migrants were stuck and unable to move north or south (Arriola Vega & Coraza de los Santos, 2020). According to information from the Instituto Nacional de Migración, (2020) on April 2020, more than 21,000 migrants were stranded in Mexico as a result of the measures taken against Covid19. This implies migrants remain more time in Mexico and make its transit longer than they expected. This volume of migrants has its own profile, for example, a major part of migrants who transit through Mexico are men, but the number of female migrants has been constantly rising. The number of female migrants apprehended by authorities rose from 13 % in fiscal year 2012 to 25 % in 2017, most of them from the Northern Triangle (Enrique Gómez Ramírez, 2018, p. 114). In relation with age, a report of Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (2019) indicates that age group with most migrants is from 18 to 60 years old; ages considered productive in workspaces. In the last decades, the number of children who migrate has also increased, on the report, from the total of 26,382 surveyed migrants, 3975 were children and teenagers. Those characteristics come with specific health necessities which should be considered on the access to healthcare. The healthcare needs of middle American Migrants in transit in Mexico Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �Barriers to access healthcare for Middle American Migrants... 185 The process of (irregular) migration exposes people to various health risks, and even under the best of conditions, the process “involves a series of events that can be highly traumatizing and that can place migrants at risk” (Carballo, Nerurkar, 2001, p.557). These optimal conditions are not present in Mexico, which on the contrary has been described as a ‘death zone’ (Kron, 2016) for migrants. Migrants in transit are exposed to a broad spectrum of extreme health threats, including rape, assault, kidnapping, robbery, police abuse, torture, amongst others (Quiroz, 2014; Redodem, 2018; International Crisis group, 2016; Slack, 2019). To this we must add the various environmental factors (dehydration, animals, injury during transport) that come with the journey. Besides the dangers of the journey, the fact that they are (irregular) migrants creates additional vulnerability. For example in some cases they do not seek help when it is needed out of fear of detention (Médecins Sans Frontières, 2019) or because they do not know how to access healthcare. The migrant’s health vulnerability includes factors such as the unawareness of, deficit or absence of rights; the process of migratory grief; the lack of social and/or family support; difficulty accessing preventive resources and ignorance of the local health system (Ros Collado, Ollé Rodríguez, 2016). Based on studies in shelters in Guadalajara (Dignidad y Justicia en el Camino, A.C., 2016), San Luis Potosi and Coahuila (Leyva-Flores, et all., 2015), one could estimate that while there is local variance around half the migrants experience some type of health problem during transit. Given both volume and the vulnerability of this population, it is pertinent to study how their access to healthcare is institutionalized in Mexico. Mexican policy context of the right to health for migrants In this section we briefly review some of the legal obligations of Mexico under international and national law towards migrants regarding health, before discussing how this is institutionalized. To start, article 25 of the Universal Declaration of Human Rights states that “Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being” (United Nations, 1948). This was specified in binding international law under the International Covenant on Economic, Social and Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �Llanes-García, Y., L. & Ghys, T. 186 Cultural Rights in article 12, which states “the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health” (United Nations, 1966). These principles have been repeating in a large number of reports, pacts, interpretations and other ‘soft law’ documents of international organizations recognized by Mexico. The latest of these is the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (United Nations, 2018), which has among its objectives to provide access to basic services for migrants, including healthcare. Mexico historically suffered from an inconsistency with international obligations because its internal laws allowed for migrants to be neglected in their right to healthcare. While migrants could buy healthcare services, they were not incorporated in any health system. An opening was made with the constitutional reform in 2011, which states that the constitutional human rights would apply to all persons, not just nationals (Collí Ek, 2012). Around the same time, the new Ley de Migración (2011) explicitly stated that migrants have the right to receive medical care. The rights were only institutionalized in 2014 when migrants gained access to the public health insurance Seguro Popular (Leyva et al, 2015). The original objective of Seguro Popular was to offer financial protection to the population without social security protection (Flamand, 2014). It was designed in 2003 to finance health services divided into a set of basic interventions of first and second level (ambulatory attention and hospitals) and a high cost set for third level attention which is covered by the Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (Marie Knaul et al., 2013). With this incorporation, migrants could regardless of their legal status access health coverage for ninety days, which at the end of its existence covered 294 actions of attention, 633 medicament codes and 37 specific supplies (Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 2019). 3.- METHODOLOGY, SAMPLE PERIOD AND DATA USED Mexico is notorious for its gab between the formal recognition and the actual enjoyment of human rights (Ghys, 2019). Health is no exception to this, as SánRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �Barriers to access healthcare for Middle American Migrants... 187 chez-Torres (2017) remarks there is a difference between offering a service and people being able to use this. Therefore, this research aims to study the accessibility to healthcare, Seguro Popular, by analyzing the perspective of transit migrants in the metropolitan area of Monterrey. Before outlining the methodology, we will briefly discuss the analytical framework on accessibility. We will conceptualize accessibility to healthcare in line with the human rightsbased approach of the World Health Organization, which divides it into four overlapping dimensions: Information accessibility, physical accessibility, economic accessibility (affordability) and non-discrimination (World Health Organization, 2017). Information accessibility “includes the right to seek, receive and impart information and ideas concerning health issues” (Office of the High Commissioner for Human Rights, 2000, p.4). It is not only necessary that the Mexican state extents Seguro Popular to migrants, but it must also promote the right by offering migrants all the information they need to enjoy it. The Reglamento De La Ley General De Salud En Materia De Protección Social En Salud (Estados Unidos Mexicanos, 2014) establishes that the individual states will be responsible for performing promotional actions for the incorporation and affiliation of beneficiaries, as well as for informing beneficiaries about their rights and obligations. Physical accessibility is understood as “the availability of good health services within reasonable reach of those who need them (…) and other aspects of service organization and delivery that allow people to obtain the services when they need them” (Evans, Hsua, & Boermaa, 2013, p.1). In relation with Seguro Popular, it refers to the physical accessibility of the affiliation process as well as the medical attention from health providers, medicines or auxiliary services. Legally, this responsibility also falls on the state regime, either directly through the “Servicios Estatales de Salud”, or indirectly through the establishments for the medical care of others federative entities or institutions of the National Health System. In Nuevo León, outreach campaigns aside, one can approach Seguro Popular via 14 affiliation centers, 24 affiliation ‘totems’ that work via video call, or by redirection Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �Llanes-García, Y., L. & Ghys, T. 188 via civil organization or municipal services (personal communication with head of affiliation Seguro Popular N.L., 2019). Economic accessibility refers to the ability to pay for services without financial hardship, considering not only the price of the health services but also indirect and opportunity costs (Evans, Hsua, & Boermaa, 2013). The mechanism for guaranteeing this is the Sistema de Protección en Salud, by which the states grants access to medical-surgical services, pharmacists and hospital without disbursement at the time of use (Catálogo Universal de Servicios de Salud, 2019). Even if Seguro Popular technically does not have costs to affiliate or acquire certain medical services, there could be undirected costs migrants face as barriers to access, such as for example transport. Finally, non-discrimination indicates that “health facilities, goods and services must be accessible to all, especially the most vulnerable or marginalized sections of the population, in law and in fact, without discrimination on any of the prohibited grounds” (Office of the High Commissioner for Human Rights, 2000, p.4). Legally healthcare is a right for everyone without distinctions, but in fact this experience can vary. Since this is a ‘social’ barrier, it is necessary to study the actual interaction of migrants with the healthcare system rather than the legal structure. Our empirical study is based on interviews with transit migrants encountered in Monterrey, Nuevo León. The Northern city of Monterrey is one of the last big stops on the eastern migration route where migrants can pause and possibly work before moving into border territory. Approaching migrants late in their journey has two advantages for data collection: first, it allows us to still talk to migrants in transit, whom are able to express their experiences better than after arriving (Frank-Vitale, 2020). Second, they have had sufficient time to experience both health risks and medical services. All interviews took place between March and June 2019 in Monterrey. They were conducted in the street, in places which migrants frequent such as avenues where they sell things or ask for money, or around places they go for assistance like Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �Barriers to access healthcare for Middle American Migrants... 189 streets near churches or shelters. We did not do them in an institutional surrounding (like a shelter), since this would give us a broader sample of migrants (still including, but not limited to shelter visitors), as those inside the shelter system might be above average informed regarding their rights. Additionally, it allowed for more privacy on the migrants end to conduct the interview without authority figures around. In total 31 interviews were done, 29 of them to men and 2 to women. The discrepancy between sexes can only be partly explained by the demographical composition of the population (in 2017 men outnumbered woman 1 to 4, see Gómez, 2018). It also resulted from the lack of disposition women showed for interviews (all conducted by a woman) when they are part of groups or among their own family, often preferring to let the men talk. This thus accounts for a slight bias in our results to under covering female health risks. The profile of the interviewees is further explained in the results section. Approximately a third part of the interviewed migrants were in groups or with their family at the moment of the interview, the rest was alone. The interviews were semi-structured (Rubin & Rubin, 2005), allowing the researcher to cover lists of themes, but it also allows participants to discuss those in a way that suits them, and they may discuss themes or issues not initially identified by the researcher (Dew, 2007). In this way, an inductive approach can be used to learn about the barrier’s transmigrants face through the description of their perception of accessibility and in relation to the health problems they face. The anonymous interviews started by asking for personal information about country of origin, age, and medical necessities they have had. From there onwards, questions relate to the four overlapping dimensions of accessibility established earlier. Quotes in this text are all translations from Spanish by the authors. It is important to indicate that even if the research was intended to focus on Seguro Popular, the interview was designed in a flexible way for migrants who did not have experience with the program. This was done by asking about the four overlapping dimensions of accessibility in relation with their experience to healthcare in general, Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �Llanes-García, Y., L. & Ghys, T. 190 only turning to Seguro Popular in case they encountered it. This turned out to be crucial, as the results in the next section indicate that most migrants did not have any contact or in many cases even knowledge of the program. In what follows both summaries and quotations from these interviews will be used to explain the results. 4.- RESULTS The results will be shared in three parts: the first part will discuss the profile and health needs of migrants; the second part discusses the accessibility to healthcare in general and the third part shares results on Seguro Popular. To contextualize the following results, we must share one conclusion up front: the migrants of our sample overwhelmingly did not use Seguro Popular, matter of fact only one out of thirty-one interviewees used it. Profile and medical needs Graph 1. Country of origin of interviewed migrants Source: Own elaboration, (2019). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �Barriers to access healthcare for Middle American Migrants... 191 Amongst the 29 men and 2 women interviewed, the average age was 33, with a minimum of 19 years and a maximum of 64 years old. All interviewed migrants were from the Northern Triangle’ of Central America, the majority was from Honduras (26), and the rest was from El Salvador (4) y Guatemala (1). Considering a slight underrepresentation of Guatemalan migrants, it is common across studies and government data to find Hondurans to be the largest group, followed by either El Salvadorians or Guatemalans, depending on the study and year (compare Hernandez, Mora, 2018; ECLAC, 2018; Instituto Nacional de Migración, 2019). Eighty-seven percent of the interviewed has experienced medical necessities on the road. More than a half mentioned to have general discomfort, which includes common ailments such as flu, fever and pain. The second most recurrent health problem was “road accidents”, with falling from trains as the most mentioned road accident (many Migrants ride on cargo trains). And the third one was related to pre and postnatal care, with two births on the road and a case of a transmigrant pregnant woman. Other health problems included gastrointestinal disorders, allergies, laboral accidents, asthma and injuries caused by violence. From the total of people (n27) who declared they had a medical necessity at least once on the trip, 25.9% did not receive any kind of medical attention (see graph 1). Migrants who declared to have received medical attention, most frequently indicated shelters as their health care provider. Note that while shelters might in some cases have (visiting) medical staff, they are not technically healthcare services. Private hospitals were the second most mentioned health care provider, followed by public hospitals. Other health care providers mentioned were: Cruz Verde/ Roja, IMSS, Grupo Beta, inside Churches, Seguridad Civil, Caritas, DIF (family services), Centro de Salud (Seguro Popular) and Brigada Estadio (a temporal medical brigade in a stadium). Noteworthy is that the majority (63%) of medical help experiences was with non-governmental actors, either private hospitals or civil organizations and charities. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �Llanes-García, Y., L. & Ghys, T. 192 Graph 2. Migrants who declared has had a medical necessity. Source: Own elaboration, (2019). Accessibility of general healthcare We start with the information dimension of accessibility, since the first step in using ones right to health is knowing or even believing one actually has it (see Ros, Ollé, 2016). Various interviewed migrants declared uncertainty related to their right to health, as many believe it is their right (morally), but do not really know if within Mexico it legally is. For example: “I think everyone has right to healthcare, regardless the country, but I do not know how it works here” (Interview, migrant). Some feel more certain that they have no right to health because of their irregular migratory condition, attributing the help they received to the benevolence: “No, we are usurping a country, it (healthcare) is not a right. We would had the right if we were residents, in that case, it would be a right, but now God just touches their hearth and they help us, even if we do not have the right” (Interview, migrant). Less than one fifth of the interviewed migrants are aware of their right to health, regardless of if their practical experiences affirmed or contradicted this. Consider the following experiences: Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �Barriers to access healthcare for Middle American Migrants... 193 “I have gone to see the doctors and they tell me I have the right; they do not ask me for money because they tell me it is my right, I can see the doctor at any time” (Interview, migrant). “Yes, I know I have the right, but it is not in that way, they do not give you attention if you are not Mexican” (interview, migrant). We conclude that most migrants do not consider themselves as right-holders that both know and believe they could enter the health system, instead seeing the (free) help they receive as charity. Lack of information on how to access healthcare showed up as a common barrier in the interviews. Migrants often declared they had medical necessities and did not receive health attentions because they do not know where to go. Consider the following experience: “I have partners from Honduras who are sick, they are in Sendero and have children but there is nobody who gives them medical attention, they do not know where to go” (Interview, migrant). Regarding sources of information on healthcare, the two most mentioned sources of (mis)information were shelters and asking Mexican people on the street, some examples: “I knew about them (medical centers) because I went to a shelter for migrants” (Interview, migrant). “I asked mexican people where I could receive medical attention. They told me ´go to hospital #6, maybe there they could help you´ and I went to the hospital but there was no result” (Interview, migrant). The direct providers of healthcare were also mentioned as an information source, for example the one migrant that has had access to Seguro Popular declared that a ‘Centro de Salud’ (which forms part of the same state health network) gave her information about the program. The least common sources were media and miRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �Llanes-García, Y., L. & Ghys, T. 194 gration authorities. One migrant in our sample declared that migration authorities gave him maps and information about his rights in Mexico when he entered via the frontier. In many cases, migrants did not recognize (or trust) official sources of healthcare information, as in this example: “Not really, for security, we look for police or someone from a shelter, but for health, no” (interview migrant). In general, we conclude that there is a clear lack of information, as well as much disinformation among migrants. Our results suggest that physical accessibility is partly linked to information, as various migrants didn’t know where medical facilities are in the places they passed through. A different problem is that they take dangerous migratory routes that are far away from population centers (thus healthcare) to avoid persecution by police forces. Consider the trouble of the following migrant that tried to avoid migration police by traveling through desolate land: “I fell in Querétaro, in the desert, on the mountain, I could stay there injured (if it had been more serious), because there was nobody to help me (...) In that place there was no one, we were passing thought Hidalgo, and that place is desertic” (interview, migrant). Experiences of lack of physical access to healthcare in migratory routes makes that migrants take their own precautions, bringing medicines with them from their origin countries. It is important to remark that migratory routes are not just dangerous for being abandoned, but also because they expose migrants to violence. While elaborating on this topic would stray too far from the objective of this paper, our data contains many testimonies regarding the wide spectrum of dangers discussed in the theory section, including multiple accounts of violence by police forces. In terms of economic accessibility, it is important to point out that migrants can still access healthcare by paying for it (unless they get discriminated, see next section) even if they have no health coverage. Consider the following example: “Someone can buy medicine, a medical consult can be paid in any place, it does not matter if someone is not from here (...) there are pharmacies like Farmacias Benavides” (Interview, migrant). However, it is at least equally frequent that miRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �Barriers to access healthcare for Middle American Migrants... 195 grants have difficulties to afford medical attention; one example: “Sometimes, we do not have money to go to a public hospital” (interview, migrant). Some organizations, like the Cruz Roja or Cruz Verde make exceptions and give medical attention to people without money, although our data contains contradictory experiences of this actually being true in practice. While Seguro Popular is the official institution that should mediate these economical barriers, other intermediate actors (such as shelters) also play a role in providing access, as the following quotes indicates: “Sometimes I arrived at shelters and they gave me pills because I did not have money, I have not entered to a hospital in Mexico because I do not have money” (Interview, migrant). But those shelters which some migrants consider as a support for healthcare access, other migrants see as risk places. Consider the following conversation: “I do not like to enter to migrant shelters (...) because sometimes there are people who are ´mareros´ and I do not trust them. - Do you consider that a pharmacy is a safer place for healthcare? Yes, do you have the economic resources or the facility to access to this service? A little bit. Could it be difficult? Yes, it could be a little difficult, but I think it would be safer” (Interview, migrant, interviewer in italics). We conclude that economical barriers do exist for most (but not all) migrants, underlying their vulnerability when not covered by healthcare mediators like Seguro Popular or INSABI. Even if migrants can find and afford help, this does not mean they will receive it. Our interviewees frequently recounted being denied medical care because of their immigration status or being treated differently because of their appearance. Two of the many examples: “Sometimes it is difficult if they attend us, sometimes it is fast, it depends of the people’s hearth, there are many racist people, some of them do not like to see us, they see us badly, other people are not like that, maybe we arrive earlier than Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �Llanes-García, Y., L. & Ghys, T. 196 others to a place but they give preferences to their co-nationals, people from here” (interview, migrant). “When you go to the pharmacy, they do not want to attend you, even if you have money, sometimes the doctors do not want (...) In Saltillo, Coahuila (...) Farmacias Similares, how they call them, one of these pharmacies (...) They ask me about my documents, where I came from, it is obvious I am not from here, I do not have Mexican documents” (interview, migrant). Besides not receiving medical attention, some migrants felt mistreated because of their vulnerable position: “In Tabasco, a doctor treated me badly, he said that he would make a call, he would take me to Migration authorities. He lowered my pants, he told me ‘Do you know what? You can get out here, it is easy to take my phone and call migration’ (...) Yes, it was for a consult (that he lowered her pants), I was not good of health. I got out crying. (...) I was pregnant with a girl and he told me ‘Go back to your country, you come even pregnant’, he said ‘your daughter could have Down syndrome’, he said my daughter could have a big head and I went like crazy. I said we do not have anything to do here, my daughter was born healthy, thanks God (...) in Honduras” (interview, migrant). Interviewed migrants declared to suffer discrimination in private as well as public facilities, as there are a wide range of actors who discriminate. This lead some of our interviewees to avoid seeking professional medical attention and instead attempt self-medication. Fear and distrust were frequented on interviews as barriers to healthcare access, sometimes because of previous experiences of discrimination and sometimes because of what migrants hear about the risks in Mexico from others. For example, this is a response from a migrant to the question if they sought medical attention: “No, because I am afraid of the major part of people (...) they have told me how Mexico is, being kidnapped, tortured, that is why I am afraid of everyone” (interview, migrant). Although some (including the migrant quoted above) mistrust shelters, they are still most named as mediators that arRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �Barriers to access healthcare for Middle American Migrants... 197 range medical appointments and fair treatment for migrants. Access to Seguro Popular All interviewees were asked about Seguro Popular if they know it and if they have had access to it. Out of our 31 cases, just one person has had access to Seguro Popular. This concerned a 27-year-old woman from Honduras and her family, who happened to have walked into a health facility (‘centro de salud’) of the Seguro Popular network and signed up to the program there. Her experience in terms of treatment and economic accessibility was overall positive. Out of the total interviewed migrants, nineteen had never heard about Seguro Popular (64%), indicating a sizeable information barrier to accessing a program. The migrants that did declare to know Seguro Popular did not necessarily have correct and complete information about the program. There are various examples of cases in which they know what Seguro Popular is, but they do not know they have the right to access under their irregular status: “Yes, I have heard about it. (...) They said it benefits people who do not have resources. (...) I really do not know how to get access” (Interview, migrant). “Yes, I have heard (...) they do not attend you if you do not have documents (...) having a baby in this country, they can help you, if not, they do not help you, it is the only way in which they help you” (Interview, migrant). “I have heard (about Seguro Popular), but just a little bit, I have not paid attention because I do not have opportunity (...) I have heard they can help you if you become a citizen from here” (interview, migrant). In total only three people (including the woman that accessed it) had correct information about how the program worked. In general migrants that knew of the existence of the program obtained their (mis)information from listening to others, with only one migrant indicating they learned via media. The predominance of unofficial over official information might indicate migrants look less for official Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �Llanes-García, Y., L. & Ghys, T. 198 sources, as some indicate mistrusting the government. 5.- CONCLUSIONS Our general conclusion is that the migrants in our sample did not have information about their right to access to healthcare, and to Seguro Popular. Even if migrants have received healthcare, they see it as charitable actions and not as their right. This turns migrants into passive recipients instead of active participants in their own care. We will first elaborate on this conclusion, before making policy recommendations and addressing current evolutions and future research. The consequences for evaluating the role of programs like Seguro Popular or their successors are double. On the one hand, it is hard to make a case that they succeed in guaranteeing the enjoyment of human rights of migrants in Mexico. It is an obligation of the authorities to promote the right to health and the mechanisms migrants can use to make it effective, in this case, the right migrants to access to Seguro Popular. Still, our results show that authorities are not a frequent source of information for migrants, instead, migrants obtain information from what they hear on the streets or from shelters. On the other hand, our limited sample contained frequent testimonies of discrimination and problems with economical accessibility when migrants try to access to healthcare services, even if it is their recognized right to have medical attention from private, social or public providers. Seguro Popular (and now INSABI) is a mechanism the Mexican state has to guarantee migrants the access to healthcare without distinctions because of their migratory situation, race, origin country or any other reason. Programs like these can make an important difference, but it is essential to ensure Seguro Popular personal is trained to attend migrant cases considering their situation of vulnerability. In order to improve the future accessibility of healthcare beyond the now defunct Seguro Popular, of which the successor still offers a comparable ninety day access to migrants, we offer three general policy recommendations. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �Barriers to access healthcare for Middle American Migrants... 199 A) Extent the network. While governments tolerate shelters and frequently have informal agreements with them, in the case of Nuevo León there was no formal relation with shelters of the region. However, our empirical evidence indicated that these are one of the main sources of information as well as mediation between migrants and healthcare services. Establishing and reinforcing the relation between shelters and affiliation departments of systems like INSABI, could improve the access to correct and opportune information about programs and rights. The cooperation between government and civil organizations in health concerns has been remarked before by the “Comisión Nacional de los Derechos Humanos” (2019), when it established the importance of civil organization participation in topics like the prevention of HIV. B) Make information campaigns in key points. Our research indicates that fear, distrust and the fact migrants do not know the surroundings impede their approach to public institutions or social organizations. This agrees with a report done by Doctors of the World (2016) in which it is said that restricting movement constitutes a barrier in seeking access to healthcare and it could be caused by the fear of being arrested. For that reason, it is important to maintain programs like “Seguro en tu camino” and bring information to migrants in key points they frequent. Even if the overall government policy became slightly more outreach based over the past year (Puiz, 2020), more must be done to bring information to migrants as early as possible. In conjunction with the previous point, this can be done in collaboration with actors that are (more) trusted. C) Training courses regarding transit migrants in public health facilities. In order to avoid cases of discrimination, it is necessary that the staff of both healthcare systems like INSABI and (public) hospitals is made aware of both the rights and needs of the hundreds of thousands of people who migrate across Mexico. This starts with staff on all levels being aware of the right to accessibility migrants have via the program. Yet it would be useful to also spread awareness of the situation of vulnerability and the particular health risks migrants face. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �Llanes-García, Y., L. & Ghys, T. 200 This recommendation agrees with the World Health Organizations suggestion to “conduct sensitization/awareness trainings, with health care providers and other government officials, about the health needs of migrants and the services available for appropriate referral, considering intercultural differences” (Pan American Health Organization & World Health Organization, 2019, p. 12). In terms of further research, our study highlights the role of information in organizing orderly and safe migration. While some have questioned the effectiveness of information campaigns (for example Hiskey et al., 2016), they usually do so from the perspective of deterrence. Yet once on the road information becomes key, not just about generalized conditions, but about routes, preventive measures, and sources of (medical) aid. Future research on the accessibility of the new health system should consider the role information about rights plays with both migrants and service providers. REFERENCIAS Carballo, M. & Nerurkar, A. (2001). Migration, Refugees, and Health Risks. Emerging Infectious Diseases, 7(7), 556-560. Collí Ek,V.M. (2012). Improving Human Rights in Mexico: Constitutional Reforms, International Standards, and New Requirements for Judges. Human Rights Brief, 20(1), 7-14. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2019). Comunicado de Prensa DGC/135/19. https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/ Com_2019_135.pdf Comisión Nacional de Protección Social en Salud. (2019). Catálogo Universal de Servicios de Salud. http://www.documentos.seguropopular.gob.mx/dgss/ CAUSES_2019_Publicaci%C3%B3n.pdf Dew, K. (2007). A health researcher’s guide to qualitative methodologies. Australiana and New Zealand Journal of Public Health, 31(5), 433-437. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �Barriers to access healthcare for Middle American Migrants... 201 Dignidad y Justicia en el camino A.C. (2016). Transit migration through the Guadalajara Metropolitan Area: actors, challenges and perspectives from experience FM4 Paso Libre. El Colegio de la Frontera Norte, A.C. & Prometeo Editores S.A. de C.V. Doctors of the World. (2016). International Network 2016 Observatory Report: Access to healthcare for people facing multiple vulnerabilities in health in 31 cities in 12 countries. https://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2016/11/ observatory-report2016_en-mdm-international.pdf Dominguez, R. & Rietig, V. (2015). Migrants deported from the United States and Mexico to the Northern Triangle. A statistical and Socioeconomic profile. Migration Policy Institute. ECLAC (2018). Atlas of migration in Northern Central America. ECLAC. Estados Unidos Mexicanos (2014). Reglamento De La Ley General De Salud En Materia De Protección Social En Salud. Diario Oficial de la Federación, México, 17 de Diciembre de 2014. Evans, D.B., Hsua, J. & Boermaa, T. (2013). Universal health coverage and universal Access. Bull World Health Organ, 91, 546–546. Flamand, L. (2014). Seguro Popular y Federalismo en México: Un análisis de política pública. Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ghys, T. (2019). Spectacular and systematic human rights abuse in Mexico. Política, Globalidad y Ciudadanía, 5(9), 17-24. Gómez Ramírez, E. (2018). Migration from Central America. http://www.europarl. europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628299/EPRS_BRI(2018)628299_ EN.pdf Hernandez, R. & Mora, J. (2018). El drama continua. Perfiles de la migration en tránsito y el desplacamiento forzado en Mexico. In: REDOREM (2018). Procesos Migratorias en México: Nuevos rostros, mismas dinámicas. REDODEM. Hiskey, J., Cordova, A., Orcés, D. & Malone, M. (2016). Understanding the Central American Refugee Crisis: Why They Are Fleeing and How U.S. Policies are Failing to Deter Them. American Immigration Council. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �Llanes-García, Y., L. & Ghys, T. 202 Instituto Nacional de Migración. (2020). Tema Migratorio 140420. https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio140420/#:~:text=Varados%2021%20mil%20migrantes%20en%20 M%C3%A9xico%20por%20la%20pandemia&text=De%20acuerdo%20 con%20las%20estad%C3%ADsticas,cuentan%20a%209%20mil%20 personas. Leyva Flores, R., Infante, C., Serván-Mori, E., Quintino, F. & Silverman-Retana, O. (2015). Acceso a servicios de salud para los migrantes centroamericanos en tránsito por México. CANAMID Policy Brief Series, PB05. CIESAS: Guadalajara Frank-Vitale, A. (2020). Stuck in motion: inhabiting the space of transit of central American migration. The Journal of Latin-American and Caribbean Anthropology, 25(1). Instituto Nacional de Migración (2019). Boletín No. 179/2019: Población migrante hondureña, en porcentaje, la más atendida por el Instituto Nacional de Migración. https://www.gob.mx/inm/prensa/poblacion-migrante-hondurenaen-porcentaje-la-mas-atendida-por-el-instituto-nacional-de-migracion International Crisis Group (2016). Easy prey: criminal violence and central American migrants. Brussels: International crisis group. Knaul, F.M., González-Pier, E., Gómez-Dantés, O., García-Junco, D., ArreolaOrnelas, H., Barraza-Lloréns, M., Sandoval, R., Caballero, F, HernándezÁvila, M., Juan, M., Kershenobich, D., Nigenda, G., Ruelas, E., Sepúlveda, J., Tapia, R., Soberón, G., Chertorivski, S. & Frenk, J. (2013). Hacia la cobertura universal en salud: protección social para todos en México. Salud pública de México, 55(2), 207- 235. Kron, S. (2016). Nacimos de la nada: border struggles and maternal politics in Mexico. Citizenship studies, 20(5), 579-594. Leyva Flores, R., Infante, C., Serván-Mori, E., Quintino, F., & Silverman-Retana, O. (2015). Acceso a servicios de salud para los migrantes centroamericanos en tránsito por México. https://xiiireuniondemografica.colmex.mx/images/ resumen-extenso/RE_12.14.4.pdf Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �Barriers to access healthcare for Middle American Migrants... 203 Médecins Sans Frontières. (2017). Forced to flee Central America’s Northern Triangle: A Neglected Humanitarian Crisis. http://urbanspaces.msf.org/wpcontent/uploads/2019/03/forced-to-flee-central-americas-northern-triangle_a-neglected-humanitarian-crisis.pdf Médecins Sans Frontières. (2019). Migration policies that kill. https://www.msf. org/migration-policies-kill-mexico Office of the High Commissioner for Human Rights. (2000). CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12). https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf Pan American Health Organization & World Health Organization. (2019). Guidance Document On Migration And Health. https://www.paho.org/ hq/index.php?option=com_docman&view=download&slug=guidancedocument-on-migration-and-health&Itemid=270&lang=en Puiz, A. (2020). One Year after the U.S. Mexico Agreement. Reshaping Mexico’s Migration Policies. Migration Policy Institute. Quiroz, Y. (2014). Transmigración de centroamericanos por México: su vulnerabilidad y sus derechos humanos. El Colegio de la Frontera Norte. Ramos García, J.M., Barrachina Lisón, C. & Ramos, J.E. (2020). The southern border of Mexico: Problems and challenges of national security and its different dimensions. Política, Globalidad y Ciudadanía, 6(12), 102-127. Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes - REDODEM (2019). Migraciones en México: fronteras, omisiones y transgresiones Informe 2019. https://redodem.org/wp-content/uploads/2020/09/REDODEM_ Informe_2019.pdf Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes REDODEM (2018). Procesos Migratorias en México: Nuevos rostros, mismas dinámicas. http://redodem.org/wp-content/uploads/2019/09/REDODEMInforme-2018.pdf Ros Collado, M. & Ollé Rodríguez, C. (2016). Acceso y utilización de los servicios de salud: atención al paciente inmigrante, dificultades y posibles soluciones. In López Fernández, F.J. Gestión Pública de la Salud. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �Llanes-García, Y., L. & Ghys, T. 204 Rubin, H.J. & Rubin, I.S. (2005). Qualitative interviewing. The art of hearing data (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc. Sánchez-Torres, D.A. (2017). Accesibilidad a los servicios de salud: debate teórico sobre determinantes e implicaciones en la política pública de salud. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 55(1), 82-88. Slack, J. (2019). Deported to death. How drug violence is changing migration on the US-Mexico border. University of California Press. Secretaría De Gobernación, Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas. (2020). Síntesis 2020. Estadísticas Migratorias. http://portales.segob.gob. mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Sintesis_Graficas/ Sintesis_2020.pdf United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. United Nations. https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ United Nations. (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. United Nations. https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ cescr.aspx United Nations. (2018). Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. United Nationos. https://www.iom.int/global-compact-migration Universidad Iberoamericana Ciudad de México. (2020). Posicionamiento sobre el contexto migratorio en México. https://ibero.mx/sites/default/files/posicionamiento_migratorio_1.pdf World Health Organization. (2017). Human rights and health. https://www.who. int/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172 �205 Movilidad migratoria y tráfico de drogas. Exclusión y pobreza como espacios de convergencia1 Migratory mobility and drug trafficking. Exclusion and poverty as spaces of convergence Javier, Urbano Reyes2 Universidad Iberoamericana, México https://orcid.org/0000-0001-9833-767X https://doi.org/10.29105/pgc7.13-8 ___________________________________________________________________________ RESUMEN El presente artículo tiene como objetivo identificar aquellos procesos que convergen como raíces comunes en la interacción y el fortalecimiento del narcotráfico y la movilidad migratoria. Estos dos asuntos no nacen en épocas contemporáneas, pero sí adquieren las características y el impacto socioeconómico en el sistema de naciones a la par de la reafirmación de las consecuencias del modelo económico vigente. Se pretende, por boca de sus afectados directos, reconocer el impacto de estos dos fenómenos en el debilitamiento del tejido social a la par de la consolidación de actores paralelos al Estado, quienes en buena medida se constituyen en competidores sociales de la política pública estatal, de ahí la necesidad de proponer estrategias de gestión de estas dos problemáticas desde una perspectiva integral, bajo la premisa de que la atención de un asunto debe correr paralelamente con la gestión del otro, como fenómenos sinérgicos y no disociados. A tales efectos, se ha partido de un análisis cualitativo basado en la búsqueda de fuentes documentaleCs y estadísticas sobre movilidad migratoria y pobreza entre otros, a la par de la organización y sistematización de testimonios de vida, que dan sustento y un papel relevante a la experiencia de los actores. Palabras claves: Exclusión, migración, narcotráfico, pobreza, política pública ABSTRACT The purpose of this article is to identify those processes that converge as common roots in the interaction and strengthening of drug trafficking and migratory mobility. These two issues were not born in contemporary times, but they do acquire the characteristics and socioeconomic impact on the system of nations at the same time as the reaffirmation of the consequences of the current economic model. The aim is to recognize, through those directly affected, the impact of these two phenomena on the weakening of the social fabric at the same time as the consolidation of actors parallel to the State, who to a large extent become social competitors of State public policy, hence the need to propose strategies for managing these two problems from an integral perspective, under the premise that attention to one issue must run parallel to the management of the other, as synergistic and not dissociated phenomena. To this end, a qualitative analysis based on the search for documentary sources and statistics on migratory mobility and poverty, among others, has been used as a starting point, along with the organization and systematization of life testimonies, which give support and a relevant role to the experience of the actors. Keywords: Drug trafficking, exclusion, migration, poverty, public policy. Recibido: 01 de Junio 2020 - Aceptado: 03 de Agosto 2020 Cómo referenciar este artículo: Urbano Reyes, J. (2021). Movilidad migratoria y tráfico de drogas. Exclusión y pobreza como espacios de convergencia. Politica Globalidad y Ciudadanía, 205-229. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index. php/RPGyC/article/view/178. https://doi.org/10.29105/pgc7.13-8 1 Este artículo nace de las investigaciones realizadas en el contexto de la línea de investigación “Migración en tránsito, comunidades de origen e integración”, de la Maestría en Estudios sobre Migración, adscrita al Departamento de Estudios Internacionales (DEI) de la Universidad Iberoamericana (UIA), Campus Ciudad de México. 2 Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Correo electrónico: javier.urbano@ ibero.mx Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional �Movilidad migratoria y tráfico de drogas 206 1.- INTRODUCCION Existen severas confusiones con relación a dos fenómenos sociales de nuestro tiempo: la movilidad migratoria y el tráfico de drogas. Se trata de dos asuntos en apariencia distintos en su origen, inconexos en sus dinámicas, con objetivos y medios de reproducción en principio ajenos, pero que en realidad interactúan y se refuerzan mutuamente. En el caso de la migración, los diversos equívocos sobre este fenómeno son variados. Para comenzar, no hay un consenso sobre su definición conceptual y apenas hay algunos intentos por definir sus variables (Urbano, 2015). Por citar ejemplo, en la expresión de ilegal, que ha dado pie a la construcción de una idea del migrante como un sujeto no elegible para la protección de las normas jurídicas, pues para muchos actores sociales la condición de ilegalidad se asume no como un tipo jurídico que delimita los derechos que corresponden a la persona no nacional, sino como una expresión no jurídica que tolera e incluso auspicia el diseño de acciones de exclusión social (Crepeau, Nakache, 2009). Appadurai (2001) explica que […] las migraciones en masa (ya sean voluntarias o forzadas) no son un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad. Pero cuando las yuxtaponemos con la velocidad del flujo de imágenes, guiones y sensaciones vehiculizados por los medios de comunicación masiva, tenemos como resultado un nuevo orden de inestabilidad en la producción de las subjetividades modernas (pp. 19-20). Y, por supuesto, la asociación de la migración con la delincuencia, la inseguridad, la inestabilidad económica e incluso la instrumentalización de tales equívocos (Carrino, 2009) como recurso político-electoral que ha permitido la emergencia de movimientos extremistas que están en auge gracias a la explotación de una imagen que dota al extranjero (especialmente el no regular) del papel de enemigo de una nación imaginada, pues, como menciona Appadurai (2006): Ninguna nación moderna, por más benigno que sea su sistema político, por más elocuentes que sean sus voces públicas respecto a las virtudes de la tolerancia, Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Urbano Reyes, J. 207 el multiculturalismo y la inclusión, está libre de la idea de que su soberanía nacional se halla construida sobre una suerte de genio étnico (p. 16). En otras palabras, la migración no pertenece al espacio natural del diseño de la política pública. Es un proceso (el flujo migratorio) que se interpreta desde las élites políticas como ajeno a la responsabilidad interna y el actor (el migrante) se pretende identificar como inconexo a las políticas de atención, protección e integración. La migración pertenece a los ciclos económicos y a las dinámicas sociales desde el principio de los tiempos de la humanidad. Cada economía, de renta alta, media o baja, tiene en su devenir la presencia de los inmigrantes, ya sea en su carácter de naciones de origen, tránsito o recepción. No hay una sola nación que ayer u hoy pueda negar un papel relevante a las poblaciones en movimiento. Poblar o perecer, postulaban algunos países como estrategia de sobrevivencia; atraer inmigrantes para sostener el aparato de guerra en la primera y la segunda guerras mundiales (Geronimi, 2004); vincularse a los migrantes, pues de ellos dependen cifras millonarias en dólares de remesas que sostienen economías enteras, pues los datos más conservadores ubican montos por encima de los 600,000 millones de dólares anuales, la mayor de los cuales se transfieren de las naciones ricas a las naciones pobres, en dirección opuesta a la movilidad migratoria (Migration and Remittances, 2018); la inmigración como recurso para diferir el envejecimiento de naciones que sufren para mantener un equilibrio demográfico endógeno o la captación de talento (Bailey y Mulder, 2017) que no se formó en el país de recepción, pero que sí es explotado a partir de esquemas flexibles en los países huéspedes en detrimento de las naciones que los capacitaron. Ahora bien, la inmigración que invoca la mayor preocupación en el sistema global es aquella que se desplaza en condiciones de graves desventajas sociales: comunidades perseguidas por las guerras, por la inestabilidad política, por sus posiciones ideológicas o por su pertenencia a ciertos grupos, es la inmigración expulsada por la exclusión y la pobreza y que transita, a su pesar, en contra de las normas regulares y sujeta a toda clase de vejaciones y peligros. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Movilidad migratoria y tráfico de drogas 208 En el caso del tráfico de drogas, las confusiones son incluso más preocupantes. Asumido como un problema ajeno, se le vincula con la violencia, la inestabilidad, la corrupción o la impunidad (Bergman, 2016). Un equívoco frecuente se relaciona con las confusiones que trae su enunciación. En el caso de México, uno de los referentes de análisis más importantes a nivel global, la política pública en la materia se instrumentaliza desde una lectura securitaria pues diseña acciones de represión contra el crimen organizado transnacional que produce, transporta y distribuye drogas ilegales, y al mismo tiempo reduce a una mínima expresión los medios para prevenir el uso de drogas y atender la farmacodependencia. Son dos procesos diferenciados que en la política pública son definidos como asuntos de competencia de una estrategia única, de ahí la criminalización no sólo del tráfico, sino del consumo: “El narcotráfico es un problema típico de crimen organizado, vinculado con corrupción del Estado y sus instituciones. Las drogas son un problema de salud pública, de marginación social, de exclusión y de desigualdad de ingresos. Mientras el narcotráfico cuestiona al Estado, las drogas cuestionan a la sociedad” (Emmerich, 2015). El narcotráfico como delito transnacional tiene características básicas: no tiene metas políticas; tiene una estructura jerárquica y una membresía limitada; es una actividad continuada; usa la violencia, la amenaza de la violencia y el soborno; tiene una división clara de trabajo; es monopólico y está regido por reglas específicas, además de que ha alcanzado una dimensión transnacional que le permite tener la capacidad de penetrar al Estado (Chabat, 2005). Estas características juegan un papel relevante en las localidades depauperadas, ya que reconfiguran roles y prácticas sociales que fortalecen la capacidad de los narcotraficantes, pues éstos dominan dos espacios clave: un territorio y un espacio comunitario. Por ello, estas “conquistas” dotan al narcotráfico de la capacidad de constituirse en un competidor social del Estado. El tráfico de drogas es anterior al inicio del proceso de globalización. Sin embargo, en sus dimensiones actuales es —al igual que la movilidad migratoria— un Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Urbano Reyes, J. 209 fenómeno hijo de la modernización de los procesos productivos, de la apertura de fronteras, de los avances técnicos, científicos e incluso de las guerras. Hasta aquí una primera conexión entre traslado de drogas y migración. La apertura de fronteras tuvo entre sus diversos impactos el tráfico legal e ilegal en masa del opio, que allanó el camino a la movilidad de la heroína, la cocaína, la morfina y la cafeína, dinámica que se consolidó con la irrupción de una industria farmacéutica que se apropió de una buena parte del proceso productivo que antes estaba en manos de la industria artesanal (Cardinale, 2018). Una segunda conexión entre estos dos fenómenos se identifica en el diseño de las políticas públicas. Por ejemplo, en la operación de las estrategias de orden restrictivo en los Estados Unidos, la llamada Ley Harrison postulaba tres premisas básicas que buscaban argumentar contra el consumo de drogas. La primera, de orden puritano, estima las drogas como riesgo a los valores familiares; la segunda, defendía la necesidad de velar por la salud pública y la tercera, define las drogas como una amenaza (Castles, 2010) originada fuera de las fronteras nacionales (Castles, 2014), de ahí que son los extranjeros los portadores de tal riesgo: “Los actores clandestinos transnacionales han sido redefinidos como nuevas amenazas de naturaleza estratégica, justificando con ello un incremento de los controles de frontera y de los poderes de policía vinculados a ellos” (Campesi, 2012). En cierta medida, la correlación entre la migración y las drogas es difusa en las primeras décadas del siglo XIX en que se busca armonizar un estándar a nivel nacional, especialmente por la preocupación derivada de la falsificación de las medicinas (US Pharmacopeia en 1820); la Food and Drugs Act hacia 1907 que sostenía la necesaria colaboración de los responsable de estas áreas; las modificaciones en la regulación de la calidad de alimentos y manufactura de drogas (Federal Food, Drug and Cosmetic Act de 1938 o la Dangerous Drugs Act de 1920 (Seddon, 2010). La Primera y Segunda Guerras Mundiales darán un cambio sustancial a la regulación de las drogas, especialmente por su uso evidente entre los militares en estos estos conflictos (Kamiensky, 2016). En realidad, el vínculo entre la migración y el tráfico de drogas parece consolidarse con el inicio del siglo Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Movilidad migratoria y tráfico de drogas 210 XXI, especialmente con el fortalecimiento de las estrategias de contención fronteriza y la narrativa de la securitización, en los años posteriores al evento terrorista de las Torres Gemelas de Nueva York. La tercera correlación viene de la democratización de la producción y el consumo de las drogas. La compañía Merck comercializa hacia el primer tercio del siglo XIX la morfina, que, junto a la invención de la jeringa y la aguja hipodérmica, permitieron su uso masivo por parte de miles de soldados durante la Guerra de Secesión en los Estados Unidos. La producción de la heroína (diseñada por la empresa Bayer), era mucho más potente que la morfina y fue libremente adquirida hasta la primera década del siglo XX, tiempo durante el cual generó decenas de miles de farmacodependientes. La legislación posterior en la Unión Americana trató de restringir, desde el prohibicionismo, un mercado consolidado, sólido y una demanda consistente, que fue satisfecha por dos procesos: por un lado, la internacionalización de la producción de drogas (Luna-Fabritius, 2014), en este sentido se entiende la internacionalización al proceso en el cual se diversifica la producción, innovación y diseño de nuevas sustancias. Por ejemplo, entre fines del siglo XIX y principios del XX en Alemania se crearon diversos centros de investigación que literalmente diseñaron drogas, más allá de las que se encontraban en la naturaleza y la consolidación de Estados Unidos como el primer productor global de drogas químicas (61% del total global), seguido muy por detrás por Suiza (8%), Alemania (6%); 5% del Reino Unido o el 3.5% de Francia (Courtwright, 2001). Por otro lado, la creación de un mercado clandestino operado, entre otros, por ciertas comunidades de inmigrantes italianos que aprovecharon la situación para convertirse en importantes proveedores de la droga ilegal. Aquí la inmigración de grupos específicos es uno de los dinamizadores de la producción, distribución y consumo. Una cuarta correlación viene de la propia naturaleza del tráfico de drogas. La estructura de intercambio, traslado, producción y consumo se origina regularmente desde un territorio específico, caracterizado por cierta identidad nacional/ Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Urbano Reyes, J. 211 regional/local. Las mafias se identifican en el mundo por su nacionalidad y por su ubicación regional (Cártel de Cali, Cártel de Sinaloa, etc.) y esa estructura criminal interactúa con otras de características similares estableciéndose en su vínculo una relación entre nacionalidades, las cuales operarán sus negocios en diferentes partes del mundo desde una identidad local/regional/nacional, por lo que la migración —todo fenómeno social tiene efectos negativos— es el proceso que da sentido operativo a la movilidad de drogas. Por supuesto, las diásporas, los enclaves productivos de los inmigrados y las propias redes migratorias juegan un papel decisivo. Sin embargo, y a pesar de estas comunidades, la migración y el tráfico de drogas se ponderan como fenómenos externos a una política territorializada y endogámica. Al ser problemas o amenazas exógenas, en amplios grupos sociales, políticos y de otra índole, existe una percepción de que no existe responsabilidad o compromiso moral (Bauman, 2016) en su atención. Y ahí radica precisamente el problema, falla o intencionalidad de la acción estatal: presentar estas dos agendas como asuntos que no caben en un supuesto de diseño integral e integrado de política pública, lo que a su vez habilitará a ésta para dotarle de características securitarias al migrante y al narco, con las consecuencias ya conocidas. Un acercamiento a la realidad de la migración y el narcotráfico. Una visión desde el ser humano Más allá de sus interacciones —que no de sus motivaciones u objetivos— la migración y el tráfico de drogas parecen convivir como fenómenos que convergen, pero quizá la representación más evidente de su conexión sea el costo humano que supone su propia dinámica. En estos espacios convergen seres humanos expulsados del bienestar (Sassen, 2015). No son excluidos, esto es, personas que el sistema ignora en la distribución de bienes. Ellos son expulsados, personas que en algún momento pertenecieron a una dinámica en la distribución de bienes y cuya expulsión fue el resultado del agotamiento de sus medios para sostener su pertenencia a dicho espacio de bienestar. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Movilidad migratoria y tráfico de drogas 212 Nótese el proceso en la siguiente crónica registrada en trabajo de campo en el estado de Tabasco en 2015. Se trata de un joven no mayor de 16 años; él debería estar en la escuela, viviendo los dilemas emocionales de un joven promedio, procesando las decepciones amorosas de la juventud, afirmando sus lealtades con los hermanos, los padres, los amigos del aula o de la calle. Pero su realidad es otra: es un halcón, un vigía de narcotraficantes que tiene bajo su responsabilidad la vigilancia de los operativos de seguridad; este halcón avisa a los jefes de plaza de la llegada, salida o tránsito de las fuerzas del Estado. En otro testimonio recabado en 2017 en un camino hacia la zona purépecha en el estado de Michoacán se recabaron datos que dan cuenta de la gravedad de este fenómeno: de 3000 a 5000 pesos por semana recibe otro joven por este empleo (250 dólares); por supuesto ya abandonó la escuela, y todo indica que su perspectiva de vida será no mayor a cinco años a partir de su ingreso al crimen organizado. En un testimonio recabado en junio de 2019 en una zona agrícola en el estado de Michoacán se oye decir a un joven de la localidad: “Prefiero vivir cinco años chingón (muy bien) que 20 o 30 años en la mierda” es una expresión común entre los jóvenes de esta comunidad, la mayor parte de ellos surgidos de familias disfuncionales en las cuales prima la violencia intrafamiliar, las agresiones sexuales, la semiesclavitud o, simple y llanamente, de donde hay ausencia de incentivos para salir adelante que eviten que este joven termine desvinculado o separado de la red familiar, situación idónea para que la otra familia (el crimen organizado) lo integre a su dinámica. Posiblemente las razones de su deserción o expulsión sean más simples y, por ello, más dramáticas. En este sentido, el rompimiento del tejido familiar es un proceso lógico derivado de la falta de opciones de progreso. Algunas de las dinámicas descritas a continuación corresponden a trabajos de campo realizados en Oaxaca, Puebla y Veracruz en 2017 y 2018 y que muestran una misma lógica. El padre no tiene trabajo, la madre es un ama de casa que nunca ha pertenecido al mundo laboral; viven en una comunidad alejada de los centros de desarrollo, ignorada por décadas por los políticos y por las políticas de la caridad. La falta de fertiliRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Urbano Reyes, J. 213 zantes y los efectos del cambio climático tienen efectos devastadores en el sector agrícola de subsistencia, aunque esto no es privativo del campo; esta situación les deja una cantidad ínfima de la cosecha, que regularmente es para autoconsumo. Sus perspectivas de vida son casi nulas a menos de que opten por dos salidas igualmente riesgosas: migrar hacia los Estados Unidos buscando que la suerte les permita pasar a trabajar y con ello salvar a la familia del hambre, o integrarse al único empleo seguro que se oferta en el pueblo: transportista de droga, halcón, sicario, enganche de mujeres para la prostitución o una amplia variedad de labores que ofrece el único proveedor de bienes en el pueblo: el crimen organizado. Signo y síntoma de los problemas del Estado y de la política pública: el crimen organizado se constituye en un competidor social de la política pública de desarrollo. El narco provee de libretas, mochilas, arregla espacios educativos, celebra fiestas infantiles en las cuales los infantes del pueblo ven por primera vez un juguete nuevo que les pertenece; y en retribución la comunidad le dota al narco de legitimidad, de cobijo, de protección, por eso se vuelve complicado para las fuerzas de seguridad (aquellas que sí quieren atrapar al delincuente) dar con estas personas: ellos, los señores del narco, son posiblemente la única alternativa de movilidad social (Emmerich, 2011), de protección, de seguridad, de pertenencia e incluso de poder. Esta situación se asienta y florece sobre la base de un negocio boyante, en plenitud y con un poder corruptor proporcional a sus dimensiones globales. El informe Mundial de Drogas 2018 indica que en el año 2016 se incautaron 87 toneladas de opiáceos farmacéuticos, responsables de 76% de las muertes vinculadas al consumo de drogas psicoactivas; la producción mundial de cocaína alcanzó en ese mismo año la escalofriante cifra de 1,410 toneladas; de opiáceos la cifra alcanzada entre 2016 y 2017 fue de 10,500 toneladas, además de que se tiene registro de consumidores de marihuana por arriba de los 192 millones que afirmaron haber consumido esta droga al menos una vez en el año 2016, ello sin contar con una cifra global en aumento: 275 millones de personas (5.6% de la población mundial) que afirma haber consumido drogas por lo menos una vez al año. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Movilidad migratoria y tráfico de drogas 214 2.- FUNDAMENTO TEÓRICO Ponderación de las dimensiones y los impactos de la droga en el mundo. La vulnerabilidad o riesgo de caer en el consumo de drogas es muy alto en las edades tempranas de los jóvenes, especialmente entre los 12 y 14 años; de los 15 a los 17 y de los 18 a los 25 según las Naciones Unidas en su informe global sobre lucha contra las drogas. Estas edades se corresponden casi a la perfección en lo que se refiere a los riesgos de establecer un vínculo “laboral” entre los jóvenes y el crimen organizado. Exactamente la misma edad en que los potenciales migrantes deciden acometer la experiencia de la movilidad. El otro mundo, el de los migrantes, tiene exactamente el mismo origen: la exclusión, la expulsión o la desestructuración de las redes familiares y comunitarias, de su espacio vital. En los migrantes se distingue el fenómeno más injusto que pueda ocurrir a un ser humano: la generación de un proceso de triple exclusión (Urbano, 2015), que se puede resumir de la siguiente forma: en su nación de origen la exclusión nace de la violencia, la pobreza, la mala gestión de los cambios generados por el cambio climático; la segunda exclusión se verifica en su tránsito, en el cual padece la desprotección del Estado y la agresión del crimen organizado, entre otros. La tercera exclusión se identifica en el país de acogida, donde el inmigrado inicia la lucha por su integración. Mientras eso sucede, padecerá las consecuencias de su indocumentalidad: explotación, desprecio, semiesclavitud, racismo, xenofobia (Zapata-Barrero, 2009). Desde esta perspectiva, el migrante internacional sufre una triple exclusión, una triple expulsión, y se le integra en un mundo paralelo, un mundo en el cual la transición entre la figura de ilegal y la de ciudadano de plenos derechos se pospone indefinidamente y este espacio temporal convoca a los interesados en la explotación del inmigrado (Ruiz López, 2001) para aprovechar, valga el juego de palabras, las ventajas de su desventaja social. Pero esta explotación no es sólo responsabilidad ni autoría del Estado. De hecho, es posiblemente la ciudadanía la que someta a las mayores agresiones a estos Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Urbano Reyes, J. 215 seres humanos. Pensemos en la apacible señora que, sentada en los últimos días de agosto de 2019 a las afueras de su comercio, ubicado en la zona de tránsito en Tierra Blanca, Veracruz, mira pasar cotidianamente a cientos de migrantes, especialmente de Tegucigalpa, San Pedro Sula o Comayagua en Honduras. Muchos pasan a este comercio a comprar agua, a proveerse de alimentos o medicinas. Durante los trabajos de campo que se realizaron a bordo de la bestia en 2017 en la ruta migratoria de Tenosique, Tabasco a Coatzacoalcos, Veracruz, se pudieron detectar situaciones de explotación hormiga. Una persona, que normalmente cobra a los ciudadanos nacionales 10 a 15 pesos (50-60 centavos de dólar) por agua, a los migrantes se las cobra a 60 (2.5 a 3 dólares); o el taxista que traslada a personas nacionales por una ruta de 30 kilómetros al precio de 20 pesos (90 centavos de dólar) y que al migrante le cobra 200 pesos (8-9 dólares). Todos y cada uno de ellos establecen una relación de subordinación en perjuicio del migrante, lo que supone que tal persona estará sujeta al oportunismo de una ciudadanía que, en sus acciones, reproduce la exclusión que el Estado instrumentaliza en sus estrategias de contención y represión (Márquez Covarrubias, 2012). El migrante es un mercado, es una fuente de plusvalía, y estos beneficios sólo son posibles bajo la condición de que transiten en la irregularidad. Dicho de otra forma, la clandestinización de su viaje es requisito ineludible para su explotación. Signo y síntoma. La estilización del desprecio por la vida. En los dos casos, tanto en el caso del narcotráfico como en el caso de la movilidad migratoria internacional, opera una valoración de las más graves consecuencias para las poblaciones migrantes y aquellas vinculadas al narcotráfico: la estética de la violencia o la estética de la explotación: La violencia empieza en las cosas y se prolonga a las personas, en una realidad social en la que todo se transmuta en objetos y estos en potenciales mercancías. No están desvinculadas las formas de consumos conspicuos que generan islas de desechos y las formas de la violencia que producen fosas comunes (en las que yacen cuerpos desprovistos de nombre y biografía) (Inclán, 2018). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Movilidad migratoria y tráfico de drogas 216 El narco ha establecido una estrategia de dominio de las rutas de movilidad migratoria. El acecho de las fuerzas de seguridad le ha obligado a diversificar el negocio para diversificar riesgos. La ruta migratoria es un espacio idóneo para lograr este objetivo. Cobrar el derecho de paso de los traficantes de personas, establecer estrategias conjuntas para aumentar el negocio; secuestrar a migrantes para pedir dinero a cambio de su libertad o de su vida tienen, si cabe, un agravante: la estética determina el grado de utilidad del propio migrante. Valga un ejemplo: para un narcotraficante vinculado a la trata (CNDH, 2019), una mujer de baja estatura, morena, con sobrepeso, es una persona que sólo puede ser usada para labores de limpieza o trabajos de ese perfil; para el mismo narcotraficante, una mujer con un cuerpo estético, sin sobrepeso, de cierta nacionalidad, supone la posibilidad de una explotación más diversificada: trata, explotación sexual, etc. Para una y para otra se establece un costo, un tabulador diferenciado y una temporalidad de explotación y plusvalía distinto. La estética en este caso determina el destino de cada una de las mujeres captadas. Su cuerpo es valorado de tal forma que se establece algo que podemos denominar un itinerario de uso y un tiempo de rentabilidad. Para el hombre migrante, con sus diferentes modalidades, la estética de la violencia opera de la misma forma, pero con una diversificación menos “atractiva” para su explotación. Frecuentemente su “uso” se refiere al reclutamiento para formar parte del crimen organizado, como una especie de salida laboral, dadas las dificultades crecientes para cruzar la frontera del país de destino. Otra salida es su integración en la logística del transporte de la droga en zonas fronterizas, esto es, obligarlos a pasar la droga por zonas no vigiladas a cambio de un paso relativamente seguro. Algunos de estos jóvenes migrantes refieren la necesidad de ponerse la alfombra: colocarse, literalmente, partes de una alfombra en la suela de los zapatos a fin de no dejar huella en la zona desértica y pasar la droga sin interferencias. El migrante no es un narcotraficante, el narcotraficante no coincide con la lógica ni con los objetivos de los y las migrantes. Sin embargo, se cruzan en sus caminos, en la ruta de desplazamiento; son ajenos en sus motivaciones, pero coinciden en Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Urbano Reyes, J. 217 la instrumentalización de sus cuerpos, en la rentabilización de sus frustraciones y en el aprovechamiento de su clandestinidad: “La exclusión de la diferencia constituye la negación de lo humano y, por ende, la deshumanización de la vida sobre las consignas del odio y el repudio” (Arcila y Vargas, 2017). Evidencia de la convergencia de caminos entre el narcotráfico y la movilidad migratoria El testimonio se documentó en el año 2017 y corresponde a una persona inmigrada en México reconocida como refugiada. Se trata de una mujer en El Salvador, madre soltera, abandonada por la pareja luego del segundo embarazo. Ella —casi analfabeta, trabajadora del hogar y con dos hijos de nueve y 13 años— es abordada en su hogar por miembros de una de las maras que extorsionan, secuestran y trafican con drogas en el país y que dominan literalmente esta comunidad salvadoreña. Se le invita a integrar a su hijo mayor a la clica, la familia de las maras. Es el tiempo del joven de 13 años. La madre se niega a entregar a su hijo y como respuesta recibe una amenaza: “mañana regresamos por él, si no lo entregas lo matamos”, reza el aviso. Se cumple el día y los mareros regresan al hogar de la madre. Ella sigue insistiendo en no entregar a su hijo. Frente a ella el adolescente es ejecutado. Nuevo aviso a la madre: “mañana venimos por el niño. Si no lo entregas los matamos a los dos…” frente a este escenario de terror, la madre opta por una opción apenas diferente a la de la violencia ejercida por los mareros: enviar a su hijo solo o con alguien apenas conocido a la frontera con México para que trate de salvar su vida mientras ella se esconde en algún lugar alejado de su casa, pues debe cuidar las pocas pertenencias de su patrimonio. El jovencito de nueve años es enviado en el autobús con apenas el equivalente a 20 dólares y sin ninguna red de protección. La exposición a los traficantes, secuestradores o tratantes es alta. En esta correlación perversa entre el narcotráfico y la migración, el crimen organizado es el responsable del agravamiento del fenómeno de los niños no acompañados. Sólo entre enero y abril de 2019, Unicef identificó a 15,500 niños no acompañados, muchos de ellos desplazados por los mismos motivos que los de la familia descrita anteRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Movilidad migratoria y tráfico de drogas 218 riormente. El otro lado del proceso. Una celebración en uno de los muchos pueblos de la sierra de Michoacán. Hay más de 1,000 personas congregadas en la plaza cívica; la mayor parte son niños menores de 12 años; hay más mujeres que hombres, quienes se encuentran en las labores agrícolas. No falta nada: comida, juguetes, despensas para las amas de casa, todo ello cortesía del patrón. A la par de los juguetes, mochilas, libretas, lápices, loncheras. El patrón pensó en todo aquello que fortalece la lealtad de los pobladores, que toca su itinerario de vida: comida, salud, educación, diversión. La crónica y el testimonio de vida que se presenta corresponden al diálogo con dos jóvenes de la purépecha michoacana entre 2014 y 2015. Los más jóvenes han migrado, los más viejos están en el campo, las mujeres y los niños son lo único que queda del tejido social que sostenía a las familias tradicionales. Todo ese entramado social ha sido sustituido por una lealtad condicionada a la prebenda o la amenaza; las prácticas sociales están definitivamente asociadas a la migración, producción y distribución de la droga y a la transferencia de remesas: “cuando sea grande quiero ser narco”, “cuando termine la primaria me voy para el norte”. La migración o la pertenencia al crimen organizado son las únicas dos alternativas de movilidad social en los jóvenes de primaria. El Estado y su política pública no aparecen, salvo en las épocas en las que se requiere su voto para preservar en el poder al partido en turno. Disociar la correlación entre migración y tráfico de drogas, dotarle de adjetivos y valores cuya idea general es definir a estos asuntos como externos y ajenos al supuesto del diseño de política de desarrollo, eximir a la sociedad y a la política pública de la responsabilidad por su atención para colocar estos temas en la agenda securitaria es el terreno propicio que permite el ejercicio de diferentes tipos de violencia, entre ellas las del crimen organizado. Ahí la intencionalidad estatal. Por supuesto, un camino alternativo vendría de la construcción de una valoración Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Urbano Reyes, J. 219 integral y no disociada en el diseño de las políticas de desarrollo en ambos casos: Atender a las normas y estándares internacionales, especialmente los que se originan de la Agenda 2030 sobre desarrollo sustentable e integrarlos a la política de desarrollo local. El gobierno de este país ha aceptado los términos de la Agenda sobre Desarrollo Sustentable y por ello las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales tienen herramientas para negociar con el centro una posible ampliación de medios para dar seguimiento a la operatividad de tales compromisos. En materia de política educativa se requiere un retorno a las materias de formación cívica en un contexto global, que integren la materia migratoria (tolerancia, diversidad) y de tráfico de drogas (salud, integración) para que los niños y los jóvenes del futuro sean formados en el reconocimiento de la migración como un asunto natural de la evolución de la sociedad y consideren el problema de las drogas como un asunto de responsabilidad compartida. Por esto, una primera estrategia corresponde a iniciativas de orden legislativo que rediseñen el itinerario formativo de los alumnos. Se trata de estrategias de largo plazo. El narcotráfico está tan imbricado en el funcionamiento del sistema de naciones que ya no se entiende su funcionamiento sin la aquiescencia, falla o intencionalidad de los actores directamente asociados, entre ellos obviamente el Estado. De la misma forma la migración, cuya dinámica contemporánea no se puede analizar sin la modulación que le ha impreso la política migratoria estatal desde hace por lo menos un siglo. Ambos fenómenos requieren dos estrategias en apariencia discordantes, pero profundamente complementarios: que el Estado retome la iniciativa en la restauración del tejido social desde la premisa de la recuperación del territorio, es decir, volver a la localidad. Algunas de las acciones más urgentes pasan por un nuevo pacto fiscal que reconozca la vulnerabilidad diferenciada ente estados ante estos retos; el fortalecimiento de los criterios de políticas de desarrollo anclados al índice de movilidad migratoria; la recuperación de las iniciativas educativas en aquellas zonas azotadas por el narco; la renovación de los acuerdos bilaterales de movilidad migratoria (Guatemala y Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Movilidad migratoria y tráfico de drogas 220 Canadá) para ampliar su cobertura; por el otro lado, que se fortalezcan los mecanismos de vigilancia que permitan verificar el cumplimiento de la integración de tales asuntos en la agenda de desarrollo social (Agenda 2030), es decir, internacionalizar las herramientas de vigilancia de las políticas locales de desarrollo. En otras palabras, desecuritizar la migración y el tráfico de drogas. 3.- DISEÑO La presente investigación parte de una estrategia de orden comparativa. Se define la comunidad y la sincronía de los procesos que intervienen en el desarrollo y evolución de los fenómenos de referencia; su utilizan dos herramientas esenciales: el acervo documental (estadísticas, análisis, informes) y se busca darle coherencia y sincronía a partir de la presentación de experiencias de vida. No hay criterios de exclusión ni de inclusión pues la investigación no tiene poblaciones focales. Diseño En la presente investigación hay trabajo de campo en el marco de proyectos de organización social y emprendimiento. Su solidez se origina en proyectos sustentados en un marco lógico y en organización participativa. Derivado de estas herramientas de intervención y gestoría, se logran acumular experiencias de vida de los actores locales. A tal efecto, debe resaltarse que tales testimonios no son ex profeso para la investigación, sino son resultado de otras iniciativas sociales que han sido usadas para fortalecer el proyecto presente. Las entrevistas fueron realizadas en la comunidad de La Patrona, en el estado de Veracruz, durante labores de apoyo en la estancia gestionada por el colectivo Las Patronas; en el Albergue La 72, en Tenosique, estado de Tabasco; en el albergue Casa Tochán en la Ciudad de México, además de testimonios recabados durante el viaje en el tren de carga llamado La bestia, realizado por el autor. Todos estos eventos se realizaron en diversos años, que van desde 2004 y hasta 2019. Instrumentos La técnica es esencialmente documental, no hay entrevistas sino testimonios pues Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Urbano Reyes, J. 221 la investigación no pretende la elaboración de estudios basados en entrevistas; el trabajo de campo es sólo complementario y derivado de otras experiencias; se ha usado para dar sentido y coherencia desde una perspectiva social y local, a dos fenómenos inicialmente interpretados como ajenos en sus dinámicas. Procedimientos Las fases de trabajo en la presenta investigación son básicas: a) organización y diseño del proyecto; b) estructuración; c) búsqueda y organización de la documentación; d) sistematización de la información acopiada; e) análisis y redacción; f) organización de resultados. Se reitera que los testimonios de vida son resultado de proyectos precedentes pero que han sido utilizados para complementar los análisis. 4.- CONCLUSIONES La movilidad migratoria y el tráfico de drogas son fenómenos inconexos, vista la intencionalidad de los actores centrales (migrantes y narcos), pero a la vez se construyen sólidos vínculos y sincronías, que se consolidan sobre la base de los resultados de una política de gestión estatal que clandestiniza a la movilidad migratoria, lo que dota a este fenómeno de la condición de riesgo o amenaza. Esta misma dinámica opera para la política de lucha contra el narcotráfico y es precisamente en este proceso en que convergen tales fenómenos: la ilegalidad como expresión de rechazo desde una lectura punitiva (narcotráfico) y de ilegalización como expresión que justifica la restricción de derechos y el rechazo social (migración). México como una de las naciones más afectadas por ambos fenómenos, sufre de esta asincronía en el diseño de la política pública en ambas materias. Tanto la política de prevención, atención y reducción de la farmacodependencia, como la política de gestión de fronteras, acompañamiento, protección y desarrollo asociado a la migración se manifiestan en tiempos y objetivos profundamente diferenciados. En segundo lugar, la localidad es el espacio en que se verifica en su sentido instrumental esta correlación. La pobreza, la exclusión, el racismo y la violencia entre Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Movilidad migratoria y tráfico de drogas 222 otros marcan una dinámica en que emergen los incentivos a la movilidad humana, a la vez que dicha situación se vuelve terreno fértil para la aparición del narcotráfico como un competidor social de la política pública. La vulnerabilidad social provee materia al narcotraficante (personas desempleadas, violentadas, excluidas) para fortalecer su presencia en la localidad. El migrante potencial o el que ha emprendido el proyecto de movilidad, se constituyen en dos pilares básicos para su fortalecimiento. Algunos estados en esta situación son aquellos que se ubican en el circuito de movilidad migratoria en el Golfo de México como Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, entre otros. Por este circuito transitan poblaciones migrantes cuyo perfil es en términos generales: de origen campesino, jóvenes en plena edad productiva e integrados recientemente a una red migratoria entre algunas de las características más importantes. Ciertamente en este proceso de sincronía en que el migrante aparece como objeto de explotación se identifica claramente la idea de adiaforización (Bauman, 2016) en que la sociedad y la política pública se eximen de responsabilidad por el bienestar y la vida de los y las migrantes, dejando espacio abierto para que otros actores hagan uso de su vulnerabilidad, ejerciendo sobre ellos la violencia sobre sus cuerpos, fuente de alta rentabilidad para el narcotráfico. Acometer una nueva gestión sobre estos dos fenómenos sociales equivale a darles un sentido de eventos sincrónicos, correlacionados, cuya primera acción sería la recuperación del territorio, en que la localidad sea recuperada como espacio de fortalecimiento de las políticas de desarrollo, dando énfasis al criterio de alta intensidad migratoria. Las políticas de incentivo fiscal, de descentralización, capacitación y certificación serían instrumentos pertinentes a la situación, especialmente porque en el México existen estados cuya migración es apenas marginal, en tanto que en otras hay una verdadera sangría de poblaciones. Por ejemplo, Guanajuato, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, Guerrero o Puebla se resaltan por ser los primeros expulsores de migrantes, estados para los cuales se requieren políticas de atención prioritaria. Del lado opuesto, entidades como Baja California, Quintana Roo o Baja California Sur, tienen índices residuales de movilidad migratoria, Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Urbano Reyes, J. 223 para las cuales no se requiere una política migratoria amplia En muchas de ellas convergen la alta migración con la presencia del narcotráfico. Otra vertiente de atención a estas problemáticas descansa en la sincronía entre la política de desarrollo local, la migración y los criterios planteados por las convenciones internacionales en materia de migración. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable ha marcado una ruta de trabajo en que el migrante ha sido reconocido como actor relevante en los procesos de desarrollo global. Aterrizar dicha agenda en las políticas de desarrollo local es estratégico por dos razones: por un lado, que se trabaja desde estándares internacionales y, en segundo lugar, que se diseña una política de desarrollo local sujeta de revisión internacional. Adicionalmente, es necesario que futuras investigaciones acometan el diseño de criterios de intervención en las localidades invadidas por el narcotráfico y que a su vez tienen altas tasas de movilidad migratoria. Los niveles de tensión identificados en estos espacios obligan a una presencia más sólida y consistente del Estado, pero dando menos peso a las acciones de securitización y confrontación, y más a las políticas de desarrollo. De la misma forma, será de la mayor relevancia el estudio sobre un itinerario de retorno, es decir, las acciones que permitirían que los jóvenes, la población más afectada por el reclutamiento del narcotráfico, retornaran a una vida social digna. Las becas o la transferencia monetaria son ineficientes si antes no se mejoran las condiciones socioeconómicas de la localidad, además de quitar el papel de competidor social al crimen organizado, proceso que ciertamente debe medirse por décadas y no por sexenios. En el comienzo de la segunda década del siglo XXI, el sistema de naciones ha visto aparecer la expresión pandemia en un sentido global. Durante décadas asociada a las regiones pobres y valorada como síntoma de los problemas propios del subdesarrollo, la pandemia del Covid-19 ha venido a democratizar aunque sea momentáneamente, la incertidumbre, el miedo y la inestabilidad en naciones ricas y pobres por igual. Es cierto que después esa igualdad ha dado paso a la ratificación de las diferencias de capacidad a través de las estrategias de acaparamiento de vacunas y del fortalecimiento del papel de las empresas transnacionales Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Movilidad migratoria y tráfico de drogas 224 dedicadas a la investigación contra el virus en las naciones hegemónicas, en tanto las regiones atrasadas quedan a la espera de un reparto de las vacunas que desde un principio se establece como profundamente inequitativo, propio de la asimetría de poderes entre estados. En este escenario de pandemia global se abre paso, como en otros momentos históricos, la construcción de una necesidad de cierre de fronteras. Razones, pretextos o coyunturas, la política de restricción es un patrón de comportamiento de los países de tránsito o recepción que nada extraña, salvo que ahora el objeto de la paranoia sea el Covid-19 como en otros momentos lo ha sido el terrorismo, las crisis económicas, los conflictos fronterizos o la inestabilidad interna de los estados de origen, entre otros muchos. Por ello, debemos ser cautos a fin de no apresurar resultados sobre un presunto agravamiento de los problemas de la movilidad migratoria. En todo caso debemos cuestionarnos sobre el Covid-19 como parte de los factores que han venido a legitimar ante la opinión pública de los países receptores, las acciones de rechazo a los y las inmigrantes. Además, no debemos olvidar que hacia el exterior las herramientas de protección como el refugio ya estaban en crisis antes de la pandemia, además de que las muertes se habían elevado exponencialmente en el Mediterráneo desde la crisis de Libia y Siria, años antes del Covid-19. En realidad, la pandemia, más que agravar la situación de los flujos migratorios, ha venido a ratificar las políticas de retracción de fronteras y de una baja de los movimientos migratorios, situación que va a cambiar a partir del cambio de narrativa en política migratoria de parte de la administración Biden, además de la pérdida de poder de fuerzas de extrema derecha en países referentes que en su momento han liderado las políticas de criminalización de las poblaciones inmigradas. Los y las migrantes viven cotidianamente en graves problema de exclusión, violencia y explotación; en todo caso lo que ha cambiado es la razón de su rechazo, no las graves condiciones estructurales que propician su movilidad misma. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Urbano Reyes, J. 225 Lo mismo sucede con el narcotráfico. Como todo negocio organizado, con seguridad estará buscando diversificar sus riesgos, tratando de identificar fuentes alternas de ingresos, pero entre tanto, el tráfico y la trata son mercados prósperos que aumentan sus ingresos paralelamente al cierre de las fronteras, es decir, la retracción derivada del Covid tiene efectos en el aumento del costo de traficar migrantes. El virus al parecer le concede nuevas ventanas de oportunidad a uno de los negocios más boyantes del crimen transnacional. Hemos de ratificar: gestionar a la movilidad migratorias sin enfrentar adecuadamente al tráfico de drogas desde la dimensión de la salud, la prevención, y por supuesto la seguridad, es el escenario ideal para el mantenimiento de la prosperidad de ambos mercados, en detrimento de la integridad de los y las migrantes internacionales. REFERENCIAS Almanza Avendaño, A. M., Gómez San Luis, A. H., Guzmán González, D. N., y Cruz Montes, J. A. (2018). Representaciones sociales acerca del narcotráfico en adolescentes de Tamaulipas. Región y sociedad, año 30 (72), 1-24. http:// www.scielo.org.mx/pdf/regsoc/v30n72/1870-3925-regsoc-30-72-00002.pdf Anuario de Migración y Remesas 2020, Fundación BBVA Bancomer, Conapo, Inami, 2020. Appadurai, A. (2007). El rechazo de las minorías. Ensayo sobre la geografía de la furia. Tusquets. Appadurai, A. (2001). Modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización. Trilce, Fondo de Cultura Económica. Arcila Rojas, C. y Vargas Zuluaga, N. M. (2017). El cuerpo en relato de muerte; memorias de vida y otros recuerdos de la violencia. En J. L. Ramírez Torres y H. Cardona Rodas (Eds.), Narrativas corporales de la violencia y estéticas del dolor (p. 10-19). La Cifra ediciones. Bailey, A. y Mulder, C. H. (2017). Highly skilled migration between the Global North and South: gender, life courses and institutions. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43(16), 2689-2703. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Movilidad migratoria y tráfico de drogas 226 Bauman, Z. (2016). Extraños llamando a la puerta. Paidós. Bergman, M. (2016). Drogas, narcotráfico y poder en América Latina. Fondo de Cultura Económica. Bosch, A. (2010). Los violentos años veinte. Gánsters, prohibición y cambios socio-políticos en el primer tercio del siglo xx en Estados Unidos. En C. Rubio Pobes (Coord.), La historia a través del cine: Estados Unidos, una mirada a su imaginario colectivo (pp. 51-81). Universidad de Valencia. DialnetLosViolentosAnosVeinte-3891674.pdf Camhaji, E. (14 de octubre, 2019). Éramos niños jugando a ser sicarios: los hijos de la violencia en México (El País). https://elpais.com/internacional/2019/10/15/ mexico/1571096538_312293.html Campesi, G. (2012). Migraciones, seguridad y confines en la teoría social contemporánea. Revista Crítica Penal y Poder, 3, 1-20. Cardinale, M. E. (febrero, 2018). El narcotráfico en la historia de las relaciones internacionales contemporáneas. Relaciones Internacionales (37), 95-120. Carrino, L. (2009). Perlas y piratas. Crítica de la cooperación al desarrollo y nuevo multilateralismo. Icaria. Castles, S. (Julio, 2010). Migración irregular: causas, tipos y dimensiones regionales. Migración y Desarrollo, 7 (15), 49-80. Castles, S. (2014). Las fuerzas tras la migración global. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 59 (20), 235-259. Chabat, J. (septiembre, 2005). Narcotráfico y Estado: El discreto encanto de la corrupción (Letras Libre). https://www.letraslibres.com/mexico/narcotraficoy-estado-el-discreto-encanto-la-corrupcion Cisneros, J. L. (julio-agosto 2014). Niños y jóvenes sicarios: una batalla cruzada por la pobreza. El Cotidiano, (186), 7-18. https://www.redalyc.org/ pdf/325/32531428002.pdf Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Urbano Reyes, J. 227 Comisión Nacional de Derechos Humanos (2019). Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019. https://www.cndh.org.mx/sites/ default/files/documentos/2019-07/DIAGNOSTICO-TDP-2019-RE_0.pdf Courtwright, D. (2001). Forces of Habit. Drugs and the Making of the Modern World. Cambridge. Harvard University Press. Crépeau, F., Nakache, D. y Atak, I. (2009). Les migrations internationales contemporaines. Une dynamique complexe au coeur de la globalisation. Les Presses de l’Université de Montréal. Emmerich, N. (2015). Una teoría política para el narcotráfico. Instituto de Altos Estudios Nacionales, Centro de Seguridad y Defensa. Emmerich, N. (2011). Cruce de fuego: niños, niñas y adolescentes en el narcotráfico mexicano. Universidad de Belgrado. 274_Emmerich.pdf Encinas Garza, J. L. (2016). Jóvenes sicarios: La generación desechable: vivir rápido y morir joven. Ciencia UANL, 19(80). http://cienciauanl.uanl. mx/?p=6037 Geronimi, E. (2004). Acuerdos bilaterales de migración de mano de obra: modo de empleo, Organización Internacional del Trabajo (OIT). Harrison Narcotics Tax Act (1914). Public Acts of the Sixty­Third Congress of the United States. https://www.naabt.org/documents/Harrison_Narcotics_Tax_ Act_1914.pdf Inclán, D. (2019). La lógica de la violencia y la cultura de la crueldad. Las mutaciones sociales en tiempos de crisis civilizatoria. Revista De Teoría Crítica, 10, 179-197. Janssen, W. (1981). Outline of the History of U. S. Drug Regulation and Labeling. Food, Drug, Cosmetic Law Journal, 36(8), 420-441 Kamiensky, L. (2016). Shooting Up, A short history of drugs and war. Oxford University Press. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Movilidad migratoria y tráfico de drogas 228 Kontxi, G. (2001). Antecedentes históricos, situación actual y tendencias de consumo. Osasunaz, (4), 139-158. Luna-Fabritius, A. (septiembre-diciembre de 2015). Modernidad y drogas desde una perspectiva histórica. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, LX (225), 21-44. Martínez, C. (2018). Aumenta 132% migración infantil (Instituto Nacional de Migración). https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/aumenta-132migracion-infantil/ Márquez Covarrubias, H. (2012). El mundo al revés. La migración como como fuente de desarrollo. Porrúa. Morales Oyarvide, C. (2011). La guerra contra el narcotráfico en México. Debilidad del Estado, orden local y fracaso de una estrategia. Aposta, Revista de Ciencias Sociales, (50), 1-35. Consultada en https://www.redalyc.org/ pdf/4959/495950246005.pdf Ovalle Marroquin, L. P. (2010). Narcotráfico y poder. Campo de lucha por la legitimidad. Athenea Digital, (17), 77-94. https://atheneadigital.net/article/ view/n17-ovalle Red por los Derechos de la Infancia en México (2019). Entre la invisibilidad y la violencia. Desafíos del nuevo gobierno para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en México, Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Balance anual 2019. Balance Anual (derechosinfancia.org. mx) Ruiz López, B. y Ruiz Vieytez, E. J. (2001). Las políticas de inmigración: la legitimación de la exclusión. Universidad de Deusto. Sassen, S. (2015). Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global (1ª reimpr.). Katz. Seddon, Toby, (2010), A history of drugs. Drugs and freedom in the liberal age (1st. ed). Routledge eds. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �Urbano Reyes, J. 229 United Nations (2019). World Drug Report 2019. https://wdr.unodc.org/wdr2019/ United Nations (2019). Revision of World Population Prospects 2019. https:// population.un.org/wpp/ Urbano Reyes, J. (2015). Manual de buenas prácticas en la atención a grupos en situación de vulnerabilidad en tránsito migratorio por México. Mujeres, niñas, niños y población LGBTTTI. Laboratorio de Investigación Social (LIS) FICSAC, Universidad Iberoamericana. Urbano Reyes, J. (2015). Migración internacional en el siglo XXI. Cuatro debates sobre un fenómeno en constante cambio. Universidad Iberoamericana. Zapata-Barrero, R. (2009). Fundamentos de los discursos políticos en torno a la inmigración. Trotta. World Bank Group (2018). Migration and remittances. Recent developments and Outlook. Migration and development brief 29, World Bank Group, KNOMAD. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 205-229. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/178 �230 Cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia1 Entrepreneurial qualities of the graduate from the Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia María Angélica, Cervantes Muñoz2 Universidad de Cundinamarca https://orcid.org/0000-0002-2843-7779 María Erika, Narváez-Ferrín3 Universidad Nacional Abierta y a Distancia http://orcid.org/0000-0002-8931-5775 Colombia https://doi.org/10.29105/pgc7.13-9 ________________________________________________________________ RESUMEN El presente artículo busca identificar las cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, con lo cual se podrán crear los cursos que promuevan el desarrollo integral y las capacidades de las personas orientándolos hacia un mundo productivo que dé cuenta de la aplicación de la Ley 1014 de 2006 para fortalecer el emprendimiento en el país. A partir de un estudio con alcance exploratorio, descriptivo y correlacional con enfoque cuantitativo, luego de establecer las cinco (05) variables clave: Iniciativa, Creatividad, Tolerancia al riesgo, Perseverancia y Planeación. Se diseña un instrumento tipo cuestionario de 15 preguntas y cuatro (4) criterios de evaluación cada una. Se aplica a una muestra de 519 graduados de las 5 escuelas durante el año 2014 al 2018. Al finalizar el estudio queda de manifiesto que estas deben incorporar en los microcurrículos de los programas que ofertan aquellos cursos que fomenten la cultura emprendedora en toda la comunidad unadista. Lo anterior, teniendo en cuenta que la universidad expresa en el marco teológico que se debe contribuir a la educación para todos a través de la modalidad abierta y a distancia mediante el desarrollo del espíritu emprendedor en el marco de una sociedad global y de conocimiento. Palabras claves: Emprendedor, Espíritu emprendedor, Formación, Perfil. ABSTRACT This article seeks to identify the entrepreneurial qualities of the graduate of the National Open and Distance University UNAD, with which it will be possible to create courses that promote the integral development and capacities of people, orienting them towards a productive world that accounts for the application of Law 1014 of 2006 to strengthen entrepreneurship in the country. From a study with an exploratory, descriptive and correlational scope with a quantitative approach, after establishing the five (05) key variables: Initiative, Creativity, Risk Tolerance, Perseverance and Planning. A questionnaire-type instrument is designed with 15 questions and four (4) evaluation criteria each. Which is applied to a sample of 519 graduates of the 5 schools during the year 2014 to 2018. At the end of the study it is clear that these should incorporate in the micro-curricula of the programs that offer those courses that promote the entrepreneurial culture in the entire Unadista community The above, taking into account that the university expresses in the theological framework that it must contribute to education for all through the open and distance modality through the development of the entrepreneurial spirit within the framework of a global and knowledgeable society. Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurial spirit, Professional training Recibido: 07 de Junio 2020 - Aceptado: 02 de Agosto 2020 Cómo referenciar este artículo: Cervantes Muñoz, M. A. & Narváez-Ferrrin, M. E. (2021). Cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia. Politica Globalidad y Ciudadanía, 230-257. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/ index.php/RPGyC/article/view/179. https://doi.org/10.29105/pgc7.13-9 1 Este artículo es producto del proyecto: Identificación de las características personales emprendedoras de los estudiantes y egresados de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, financiado por Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD. Iniciado en 2014 y finalizado en 2018. 2 Magister en Administración, Universidad Nacional de Colombia, coordinadora de posgrados, Universidad de Cundinamarca, Email: mcervantes@ucundinamarca.edu.co 3 Magister en Administración de Organizaciones, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Docente ocasional, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Email: maría.narvaez@unad.edu.co Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional �Cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional... 231 1.- INTRODUCCION Colombia es un territorio dotado con una extraordinaria belleza natural y una amplia diversidad biológica y cultural, sin embargo, los avances logrados en el campo económico, en los sistemas políticos y jurídicos, como la mayoría de los países en vía de desarrollo tiene que enfrentar un escollo social expresado en el desempleo principal obstáculo de la economía y motor de la pobreza, la desigualdad, la marginalidad, la exclusión social y la pérdida de valores humanos fundamentales. Con una población de 48 millones 258 mil 494 habitantes millones de habitantes, el desempleo en Colombia según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2019) tuvo niveles preocupantes en los últimos 5 años, lo que ha sumado al subempleo, la informalidad y la escasez de empresas, la alta oferta de mano de obra e incapaz de absober la totalidad de la fuerza laboral que se genera cada año. Ver la tabla 1. Tabla 1: Nivel de desempleo en Colombia Nota: Elaborado a partir de datos obtenidos del DANE (2019) Teniendo en cuenta que el Estado, no tienen la capacidad de subsidiar el desempleo como sí lo pueden hacer algunos países europeos, la única alternativa para garantizar a la población el acceso a los recursos necesarios para su sustento, es tratar de convertir al asalariado en empresario pasando de empleado a empleador, generador de un ingreso decente que le permita mejorar su calidad de vida. Los gobiernos han entendido muy bien la importancia del emprendimiento, tanRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cervantes Muñoz, M. A. & Narváez-Ferrrin, M. E. 232 to así, que han iniciado programas de apoyo a los emprendedores mediante la promulgación de diferentes leyes y decretos dedicadas exclusivamente a promover la creación de empresas entre profesionales, y entre quienes tengan conocimiento específico suficiente para poder ofertar un producto o un servicio, ayudarles en su propósito de crear su propia unidad productiva. La aplicación de la Ley 1014 de 2006 tiene por objeto el fortalecimiento de las capacidades emprendedoras en el país, de allí que los centros de estudio juegan un papel fundamental en ello y una de las mejores formas de contribuir a estas metas es identificar las cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD y a partir de esto impulsar la creación de ramos académicos para potenciar las cualidades productivas de sus graduados, siendo este el objetivo principal del estudio. 2.- FUNDAMENTO TEÓRICO Espíritu Empresarial Varela (2001) define que el proceso de formación de empresas, pieza básica del desarrollo socioeconómico de una comunidad, tiene como uno de los pilares fundamentales al hombre o la mujer con espíritu empresarial, conocidos tradicionalmente como empresarios. El espíritu empresarial desempeña un papel fundamental en todo proceso de desarrollo humano y social, este espíritu emprendedor ha sido el responsable de sacar al ser humano de su estado primitivo, proporcionándole fuego y herramientas para hacer su trabajo más fácil. Además, ha sido responsable de la creación de las grandes culturas que han existido a lo largo de la historia y de todo el desarrollo que se ha heredado de ellas. Ha sido responsable también de los grandes movimientos religiosos, artísticos y científicos, venciendo así sistemas políticos que trataron por años de acabar este espíritu empresarial existente en los seres humanos. Entonces, este elemento es un reto para el desarrollo de cada persona que busca por naturaleza la independencia, es un proceso puramente humano que se hace Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional... 233 más fuerte dependiendo del grado en que cada persona decida asimilarlo, convirtiéndolo en un estilo de vida para cumplir logros. Este espíritu empresarial, tiene su importancia como se ha dicho anteriormente, desde mucho tiempo atrás debido a que las actividades de una población y los valores de una sociedad han sido modelados básicamente por la capacidad de esta para crear empleo. En el caso de América Latina, éste fenómeno se dio con una mayor intensidad desde la década de los años 40, en la cual la mayoría de estos países iniciaron el proceso de industrialización creando así demandas por empleo. Estas demandas crearon dificultades que han sido permanentes a lo largo de la historia. Los gobiernos latinoamericanos adoptaron no solo el papel de medir los índices de desempleo, sino en muchos casos el papel de solucionadores del problema, y crearon empleos burocráticos que originaron déficit fiscal, endeudamiento, inflación, recesión, y todos sus derivados, y desempleo. Solo a finales del siglo XX, los países en vía de desarrollo entendieron que no es posible que los estados solos asuman la responsabilidad de generar pleno empleo por lo cual se hizo necesario la privatización de las empresas. Los Estados y sus sociedades han llegado al convencimiento de que deben estimular cada día más las iniciativas privadas por medio de programas de apoyo y que todos aquellos que tengan capacidad de defenderse por sí mismos deben ser entusiasmados y apoyados para que lo hagan implantando medios educacionales y reformas administrativas. Para el gobierno es mucho más fácil encontrar diferentes soluciones para disminuir el desempleo, a medida que se vayan creando más empresas privadas, que contribuyan a la generación de empleo en el país, pues está demostrando que los procesos de creación de empleo están más asociados a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Según Koontz y Weihrich, (2007), con frecuencia se piensa que el espíritu emprendedor se limita solo a la administración de empresas pequeñas, pero algunos autores coinciden que se extiende a todo tamaño de empresas, y que son los empresarios los encargados de iniciar cambios para aprovechar oportunidades tratando siempre de mejorar la situación. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cervantes Muñoz, M. A. & Narváez-Ferrrin, M. E. 234 En conclusión, el espíritu empresarial brinda unas pautas para que las personas cuenten con los valores principales, que les permitan desarrollar sus capacidades y puedan innovar en cuanto a la realización de propuestas, llevando a cabo proyectos empresariales, creando así oportunidades de desarrollo social y logrando expandir sus metas. Emprendimiento El emprendimiento tiene sus orígenes en el inicio de la historia de la humanidad, puesto que ésta en toda su historia ha luchado por superarse, por encontrar mejores formas de hacer las cosas y mejorar su calidad de vida. El emprendimiento es algo innato en la humanidad, algo que siempre ha estado presente en el hombre, aunque claro está que el emprendimiento no se ha desarrollado en todos los hombres. Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas décadas este concepto se ha vuelto de suma importancia, ante la necesidad de superar los constantes y crecientes problemas económicos de las distintas sociedades. Es tan popular y necesario el emprendimiento que ya se habla de la cultura del emprendimiento como lo expresa la Ley 1014 de 2006 como una manera de pensar y actuar, orientada hacia la creación de riqueza, a través del aprovechamiento de oportunidades, del desarrollo de una visión global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión de un riesgo calculado cuyo resultado es la creación de valor que beneficia a los emprendedores, la empresa, la economía y la sociedad. Es el conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que comparte un grupo de personas hacia el emprendimiento, que surgen en la interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos y establece una identidad entre sus miembros y lo identifica y diferencia de otro grupo. En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud que genera un impulso Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional... 235 hacia el mejoramiento personal a través de la planeación y ejecución de proyectos con impacto económico y social; es el deseo por avanzar y/o evolucionar de un estado actual a uno mejor a través de la sumatoria de logros. Características del emprendedor exitoso Son muchos los estudios que analizan las características del emprendedor notable, pero todas al final establecen similitudes que permiten comprender las razones que repercuten en el éxito o fracaso de las iniciativas que adelanten, a continuación, se presenta un resumen elaborado a partir de los autores más sobresalientes, así mismo se establece el referente unadista. Ver tabla 2. Tabla 2: Característica del emprendedor exitoso Nota: Elaboración propia (2019). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cervantes Muñoz, M. A. & Narváez-Ferrrin, M. E. 236 Políticas públicas para el fomento a la cultura del emprendimiento El gobierno colombiano ha desarrollado leyes y reglamentaciones para el fomento de la cultura del emprendimiento, el desarrollo del espíritu emprendedor y el fortalecimiento empresarial, siendo las más representativas las que se muestran a continuación en la tabla 3: Tabla 3: Reglamentaciones para el fomento del emprendimiento en Colombia Nota: Elaboración propia (2019) La formación para el emprendimiento se instaura oficialmente en Colombia con la promulgación de la Ley 1014 de 2006, la cual estableció que en todos los estamentos educativos del país en niveles de educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación básica secundaria y la educación media, se dé una catedra de emprendimiento obligatoria, la cual debe desarrollar en los estudiantes del sistema formal y no formal, competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales en articulación con el sector productivo. Así mismo la citada Ley menciona que en esta formación para el emprendimiento se debe de propender por el desarrollo de estrategias pedagógicas y didácticas para incorporar teoría, práctica, ciencia y tecnología, a fin Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional... 237 de que los estudiantes puedas crear su propia empresa o puedan llegar a ser intraemprendedores desde sus puestos de trabajo. Formación para el emprendimiento en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia La “formación para el emprendimiento” en la UNAD es un planteamiento más complejo que el convencional adoptado en diferentes instituciones de educación superior que se preocupan por “formar en emprendimiento”, en este sentido el propósito de formación debe ser abordado de manera holística, sistémica e interrelacional. Ver figura 1. Figura 1: Esquema formación para el emprendimiento unadista Fuente: Elaboración propia (2019) De la conjunción del saber, el entorno y el ser humano, se determinan los pensamientos, creencias y expectativas del sujeto; con los cuales éste determina la selección de una trayectoria de vida, donde el ser humano se evalúa desde tres aspectos (ibid): La autoeficacia. Se define como los juicios de los individuos sobre su capacidad para organizar y tomar trayectorias de acción. Fundamentada en aspectos aptitudinales para realizar determinada actividad donde también esta influenciada por Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cervantes Muñoz, M. A. & Narváez-Ferrrin, M. E. 238 patrones comportamentales como la persistencia y las características del entorno. Expectativas de resultados. Se define con relación a los resultados esperados por el ser humano, y los cuales puede ser representados por el mismo de tres formas, en la expectativa de resultados tangibles, sociales y de autosatisfacción (Osorio F & Pereira F, 2011), en este aspecto serían: interrelaciones, características individuales y del entorno. Los objetivos. Son la representación simbólica de resultados esperados y la reacción valorativa de acuerdo a sus estándares internos, los cuales son de carácter conductual y surgen de su interacción con el entrono y las características propias del ser humano. La universidad debe educar para el “emprendimiento empresarial”, esto significa no sólo enseñar a formar empresas – elemento fundamental sin duda – sino que debe ser entendido y trabajado desde un sentido amplio, actitudinal, de desarrollo de competencias, habilidades y destrezas que permitan una mayor generación y aprovechamiento de las oportunidades que brinda el mercado. Este nuevo enfoque requiere de una gran voluntad de las autoridades universitarias y de tener una amplia visión del nuevo entorno en el que se mueven los centros de formación superior, ya que a la fecha no ha sido explotada como una excelente estrategia de diferenciación. López, G., Carreño, F., Alarcón, F. & Reinoso, V. (2017). Caracterización Universidad Nacional Abierta y a Distancia La institución que hoy se conoce como Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), tiene antecedentes históricos y legitimidad social en el contexto universitario colombiano, fue creada mediante la Ley 52 del 7 de julio de 1981 por el Congreso de la República como la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá (UNISUR) con el carácter de establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional, con el fin de orientar todos sus esfuerzos para responder a las necesidades, intereses y problemas reales del país, especialmente de aquellos que afectan a los sectores populares, marginados de la ciencia, la técnica y la cultura, lo cual constituye un principio de realidad. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional... 239 La modalidad abierta y a distancia, para la época, significó la promoción y organización de las comunidades regionales una innovación educativa y a la vez, el cambio de paradigma en algunas instituciones de educación superior, con relación a la orientación de sus esfuerzos hacia la producción de mediaciones pedagógicas y la formación de mediadores, para acompañar el aprendizaje significativo, autodirigido, autónomo y colaborativo de los estudiantes en la nueva modalidad. Mediante el Decreto 2770 de agosto 16 de 2006, se le otorgó a la UNAD la condición de Universidad como ente Universitario Autónomo del orden nacional, con régimen especial en los términos de la Ley 30 de 1992, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera; patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, vinculado al Ministerio de Educación Nacional (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2014). Actualmente cuenta con una amplia oferta de bachillerato, educación continuada, programas de pregrado y posgrado, lo que sumando a más de 60 centros de atención le permite hacer presencia a nivel nacional vinculando a más 130 mil estudiantes. 3.- MÉTODO Diseño El estudio tuvo un alcance exploratorio, ya que hasta el momento no existen documentados estudios realizados sobre la problemática abordada, así mismo descriptivo y correlacional al encontrar la relación de causalidad entre las variables clave del modelo de éxito de un emprendedor. El enfoque cuantitativo Participantes Se emplea el método de muestreo probabilístico aleatorio simple, porque se basa en el principio de equiprobabilidad, es decir, que todos los elementos del universo registrados en la oficina de registro y control de la UNAD en el año 2018 de la UNAD, tendrán la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cervantes Muñoz, M. A. & Narváez-Ferrrin, M. E. 240 muestra, la cual se extrae a partir del universo a partir de una formula estadística resumido en la tabla 4: Tabla 4: Graduados graduados por escuelas periodo 2018 Nota: Elaborado a partir de informe de Registro y Control (2019). Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula estadística y que se resume en la tabla 5. Tabla 5: Tamaño de la muestra graduados por escuelas Nota: Elaboración propia (2019). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional... 241 Instrumentos y procedimiento Se aplicó el instrumento tipo encuesta que consta de consta de una sección de datos básicos y 15 preguntas con 4 ítems (Nunca, casi nunca, Casi siempre y Siempre) donde se indaga sobre la prevalencia de las 5 variables como factores de éxito más relevantes en el emprendedor, las cuales fueron seleccionadas como concordantes o repitentes entre los autores Filión (1996), Alfaro & Gomez (1999) y las planteadas por la UNAD (2019) que son: Iniciativa, Creatividad, Tolerancia al riesgo, Perseverancia y Planeación. El cuestionario se envía a través de correo electrónico y una vez obtenidas las respuestas, se analizaron y se procesaron en el paquete estadístico “Statistic Program for Social Sciences” SPSS versión 22. 4.- RESULTADOS Se realizó el procesamiento de la información encontrándose los siguientes resultados: De las 519 personas encuestadas, el 57,4 % eran mujeres y el 42,6% eran hombres, de los cuales el 44,6% pertenece al estrato tres, el 35,6% al estrato dos y el 8,8 % al estrato uno. Ver figura 2. Figura 2: Sexo y estrato socioeconómico Fuente: Elaboración propia (2019). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cervantes Muñoz, M. A. & Narváez-Ferrrin, M. E. 242 En el procesamiento de las variables escuela-edad se obtiene que en las escuelas el 29,5% de los encuestados se encuentran en el rango de los 35 a los 42 años, seguido por el 27,9% que se encuentra en el rango de los 26 a los 34 años y por el 22,3% que se encuentra en el rango de los 42 a los 49 años. Ver figura 3. Figura 3: Rango edad Fuente: Elaboración propia (2019) Abordando las cinco (05) características objeto de estudio se tienen los siguientes resultados, las cuales fueron seleccionadas por las opiniones de los expertos en las sesiones de grupo para validar los instrumentos de recolección de información y la revisión de las diferentes fuentes de información donde se destacan por ser muy recurrentes en diferentes estudios relacionados con el tema: Iniciativa Se interrogó a los participantes: ¿Desde niño me ha gustado participar en actividades que me permitan obtener algún beneficio económico?, encontrándose que los graduados de ECACEN tiene los mejores resultados, el 12,6 % respondieron la mejor opción que es siempre, seguido por la ECSAH y ECBTI con un 9,1 % y 8,1% respectivamente. Ver figura 4. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional... 243 Figura 4 : Respuesta encuestados sobre actividades con beneficio económico Fuente: Elaboración propia (2019) Figura 5: Retos que generan riesgo Fuente: Elaboración propia (2019). Cuando se consultó a los encuestados: ¿Me siento conforme con lo que tengo porque considero que los retos generan riesgos innecesarios?, encontrándose que la ECACEN tiene los mejores resultados donde el 17,3 % de los graduados Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cervantes Muñoz, M. A. & Narváez-Ferrrin, M. E. 244 optaron por la mejor opción de respuesta que es nunca, seguido por la ECSAH con un 15,5 % y por ECBTI con un 9,8%. Ver figura 5. El tercer interrogante en esta categoría fue ¿He querido alguna vez generar mis propios ingresos y ser independiente?, encontrándose que al igual que en la anterior pregunta la ECACEN tiene los mejores resultados donde el 18,8% de los graduados selecciono la mejor opción que es siempre, seguido por la ECSAH con un 16,3 % y por ECBTI con un 12,6. Ver figura 6. Figura 6: Actividad como independiente Fuente: Elaboración propia (2019). Se puede concluir que los graduados de ECACEN son lo que tienen la característica iniciativa más desarrollada, seguido por ECSAH y por ECBTI. Creatividad Se preguntó a los graduados: ¿Me incomoda cuando me piden realizar las cosas de otra manera?, encontrándose que la ECACEN tiene los mejores resultados donde el 13,9% de los graduados seleccionaron la mejor opción de respuesta que es nunca, seguido por la ECSAH con un 11,5 % y por la ECBTI con un 7,0 %. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional... 245 Ver figura 7. Figura 7: Incomodidad para realizar actividades de otra manera Fuente: Elaboración propia (2019). El segundo interrogante formulado esta categoría fue ¿Cuándo se me presenta un problema construyo soluciones poco comunes?, encontrándose que la ECSAH tiene los mejores resultados donde el 4,4 % de los graduados optaron por la mejor opción de respuesta que es siempre, seguido por la ECBTI con un 4,3% y por la ECACEN con un 3,8%. Ver figura 8. El segundo interrogante formulado esta categoría fue ¿Cuándo se me presenta un problema construyo soluciones poco comunes?, encontrándose que la ECSAH tiene los mejores resultados donde el 4,4 % de los graduados optaron por la mejor opción de respuesta que es siempre, seguido por la ECBTI con un 4,3% y por la ECACEN con un 3,8%. Ver figura 8. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cervantes Muñoz, M. A. & Narváez-Ferrrin, M. E. 246 Figura 8: Construccón de soluciones poco comunes Fuente: Elaboración propia (2019). Se formuló una pregunta más: ¿Se me ocurren muchas ideas para realizar una tarea o labor encomendada?, encontrándose que al igual que en la anterior pregunta la ECACEN tiene los mejores resultados donde el 12,8% de los graduados selecciono la mejor opción que es siempre, seguido por la ECSAH con un 12,4% y por la ECBTI con un 9,2%. Ver figura 9. Figura 9: Varias ideas para realizar las tareas Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional... 247 Fuente: Elaboración propia (2019). Se puede concluir que los graduados de la ECACEN son lo que tienen la característica creatividad más desarrollada, seguido por la ECSAH y la ECBTI. Tolerancia al riesgo El interrogante formulado fue: ¿Me gustaría practicar un deporte extremo?, encontrándose que la ECSAH tiene los mejores resultados donde el 4,7% de los graduados seleccionaron la mejor opción de respuesta que es siempre, seguido por la ECACEN con un 4,5% y por la ECBTI con un 4,0%. Ver figura 10. Figura 10: Práctica de deporte extremo Fuente: Elaboración propia (2019). También se pregunta: ¿He emprendido retos que me han dado satisfacciones personales importantes?, encontrándose que la ECACEN tiene los mejores resultados donde el 17,6% de los graduados optaron por la mejor opción de respuesta que es siempre, seguido por la ECSAH con un 16,6% y por la ECBTI con un 8,8%. Ver figura 11. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cervantes Muñoz, M. A. & Narváez-Ferrrin, M. E. 248 Figura 11: Satisfacción por los retos emprendidos Fuente: Elaboración propia (2019). Los encuestados responden al interrogante: ¿Cuando alguien me pide prestado dinero, prefiero no hacerlo así me ofrezca pagarme intereses?, encontrándose que al igual que en la anterior pregunta la ECACEN tiene los mejores resultados donde el 6,9% de los graduados selecciono la mejor opción que es nunca, seguido por la ECSAH con un 5,4% y por la ECBTI con un 3,0%.. Ver figura 12. Figura 12: Prestamo de dinero Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional... 249 Fuente: Elaboración propia (2019). Se puede concluir que los graduados de la ECACEN son lo que tienen la característica tolerancia al riesgo más desarrollada, seguido por la ECSAH y la ECBTI. Perseverancia El interrogante formulado fue: ¿Cuándo emprendo una actividad y se presentan demasiadas dificultades tiendo a abandonarla? encontrándose que la ECACEN tiene los mejores resultados donde el 13,6% de los graduados seleccionaron la mejor opción de respuesta que es nunca, seguido por la ECSAH con un 13,0% y por la ECBTI con un 7,4%. Ver figura 13. Figura 13: Respuesta ante dificultades Fuente: Elaboración propia (2019). El segundo interrogante formulado: ¿Cuándo tomo una decisión la defiendo con firmeza, si de ella depende alcanzar mis propósitos?, encontrándose que la ECACEN tiene los mejores resultados donde el 16,3% de los graduados optaron por la mejor opción de respuesta que es siempre, seguido por la ECSAH con un 12,2% y por la ECBTI con un 8,2%. Ver figura 14. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cervantes Muñoz, M. A. & Narváez-Ferrrin, M. E. 250 Figura 14: Incomodidad para realizar actividades de otra manera Fuente: Elaboración propia (2019). La tercera pregunta fue: ¿Me empeño en lograr mis objetivos sin importarme si con ellos obtengo reconocimiento de otros? encontrándose que al igual que en la anterior pregunta la ECACEN tiene los mejores resultados donde el 14,8% de los graduados selecciono la mejor opción que es siempre, seguido por la ECSAH con un 12,2% y por la ECBTI con un 9,1%. Ver figura 15. Figura 15: Logro de objetivos Fuente: Elaboración propia (2019). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional... 251 Se puede concluir que los graduados de la ECACEN son lo que tienen la característica perseverancia más desarrollada, seguido por la ECSAH y la ECBTI. Planeación El interrogante formulado fue ¿En mi trabajo hago una lista de tareas y realizo primero las más importantes? encontrándose que la ECACEN tiene los mejores resultados donde el 17,2% de los graduados seleccionaron la mejor opción de respuesta que es siempre, seguido por la ECSAH con un 13,0% y por la ECBTI con un 9,5%. Ver figura 16. Figura 16: Planificación del trabajo Fuente: Elaboración propia (2019). El segundo interrogante formulado esta categoría fue ¿En mi vida personal me propongo metas a corto, mediano y largo plazo?, encontrándose que la ECACEN tiene los mejores resultados donde el 18,5% de los graduados optaron por la mejor opción de respuesta que es siempre, seguido por la ECSAH con un 18,0% y por la ECBTI con un 12,2%. Ver figura 17. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cervantes Muñoz, M. A. & Narváez-Ferrrin, M. E. 252 Figura 17: Metas personales Fuente: Elaboración propia (2019). El tercer interrogante en esta categoría fue ¿Considero que hacer un análisis detallado de los problemas es una pérdida de tiempo?, encontrándose que al igual que en la anterior pregunta la ECACEN tiene los mejores resultados donde el 22,4% de los graduados selecciono la mejor opción que es nunca, seguido por la ECSAH con un 21,0% y por la ECBTI con un 13,0%. Ver figura 18. Figura 18: Análisis de los problemas Fuente: Elaboración propia (2019). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional... 253 Se puede concluir que los graduados de la ECACEN son lo que tienen la característica planeación más desarrollada, seguido por la ECSAH y la ECBTI. 5.-CONCLUSIONES Los resultados muestran diferencias significativas entre los graduados de cada una de las escuelas o estamentos frente al desarrollo competencia y la manifestación de las características emprendedoras en el cual sobresalen quienes proceden de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios-ECACEN, seguidos por Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y Escuela de Ciencias Básicas-ECSAH, Tecnologías e Ingenieras-ECBTI, por lo cual es necesario incorporar en los microcurrículos temáticas relacionadas con las 5 variables más relevantes del perfil emprendedor exitoso, enmarcados en la ley 1014 del 2006 y el PAPS como hoja de ruta de la UNAD, que dé cuenta de una formación integral y fortalezca el ecosistema emprendedor colombiano como política pública. Si bien es cierto que en Colombia existe una normatividad en temas de emprendimiento, se evidencia que los lineamientos para la generación de una cultura emprendedora desde el Ministerio de Educación Nacional Colombiano solo se tienen para los niveles de educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, En lo que respecta a las Instituciones de Educación Superior la formación en emprendimiento se maneja de manera autónoma acorde con los requisitos de cada programa de pregrado y posgrado establecido por sus propias disciplinas, llegando a desarrollar cursos que ya se han visto por los estudiantes en niveles anteriores. De ello que para el caso de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- existan diferencias en el perfil emprendedor de sus graduados. La formación de emprendedores y nuevas empresas es una prioridad cuando se trata de promover el desarrollo económico y social de los países, por ello es necesario determinar cuál es su contribución a estos objetivos (Zamora-Boza, 2017). El emprendimiento significa mucho más que comenzar con un nuevo negocio, Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cervantes Muñoz, M. A. & Narváez-Ferrrin, M. E. 254 es la oportunidad de convertir a las personas en entes más creativos, proactivos e innovadores, cualidades que todos deberíamos tener en el ADN, independientemente de la elección de su profesión (Iturbide, 2019) y que como lo expresa Ramos (2018) se requiere de otras competencias que son necesarias para formar un perfil de egreso adecuado como lo es el empren¬dimiento, manejo de estadísticas financieras, capacidad de negociación y diplomacia, solución de conflic¬tos, responsabilidad social, reglas de operación de programas, innovación y liderazgo. Ahora bien, existen limitaciones en el contexto para el desarrollo a plenitud de las características emprendedoras, las cuales son significativamente influenciada por los recursos relacionados a capital financiero, humano, social y conocimiento, tal como lo reseña Lechuga (2018), pues es allí también debe apuntar la implementación de la norma para que tenga impacto positivo en el largo plazo y como lo expresa Ramos (2018) algunas otras competencias que son necesarias para formar un perfil de egreso adecuado como lo es el emprendimiento, manejo de estadísticas financieras, capacidad de negociación y diplomacia, solución de conflictos, responsabilidad social, reglas de operación de programas, innovación y liderazgo. Para autores como Patiño, Ruiz & Pitre-Redondo (2017) el caracterizar las cualidades de emprendimiento en las personas, se debe considerar que esto varía de un individuo a otro, no obstante, estas destrezas pueden aprenderse y para tal fin, es necesario involucrar diversos actores lo que permitirá incorporar no solo un concepto sino todos los necesarios para adherir el perfil emprendedor que como lo expresa Ramos (2018 Algunas otras competencias que son necesarias para formar un perfil de egreso adecuado son el empren¬dimiento, manejo de estadísticas financieras, capacidad de negociación y diplomacia, solución de conflic¬tos, responsabilidad social, reglas de operación de programas, innovación y liderazgo.. A nivel global, el emprendimiento ha sido analizado y estudiado porque es innegable el impacto de este en la sociedad y su desarrollo. Orientar de forma adecuada esta dinámica productiva, no solo beneficia aspectos como la formación académica y la generación de empleo, adicionalmente, beneficia todos los aspectos asoRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional... 255 ciados a las dinámicas dispuestas para impulsar el desarrollo global en tiempos de competitividad De igual forma el Global Entrepreneurship Monitor (2019) que miden la dinámica de la actividad empresarial en Colombia, las condiciones estructurales de desarrollo de la actividad empresarial no han mejorado sustantivamente en los últimos años, por lo que es importante que se asigne recursos que permitan la formación en educación empresarial de maestros y profesores, se estimule una mayor oferta de educación empresarial en todos los niveles, se dé más valoración a la cultura empresarial dentro de las instituciones educativas, se desarrolle las competencias empresariales como la creatividad, la innovación y el espíritu empresarial de las personas en todos los niveles del sistema educativo e impulsar las iniciativas empresariales de los jóvenes estudiantes, desde temprana edad, a través de concursos, ferias, visitas a empresas y visitas de empresarios. Finalmente es necesario mencionar el congreso de Colombia (2020) promulga la Ley 2069 arraigada a la realidad regional con el propósito de fortalecer el emprendimiento sostenible que propicie el bienestar y la equidad en las comunidades. REFERENCIAS Alfaro, J. y Gómez, J. (1999). Perfil del emprendedor exitoso en Venezuela. http:// www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-27242013000100007&script=sci_ arttext Bornstein, D. (2009). Cómo cambiar el mundo. L´Hospitalet: Ed. Debate. Congreso De Colombia. (2006). Ley 1014: De Fomento a la Cultura del Emprendimiento. Congreso De Colombia. (2020). Ley 2069: Fortalecimiento al emprendimiento en Colombia. https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%20 2069%20DEL%2031%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cervantes Muñoz, M. A. & Narváez-Ferrrin, M. E. 256 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. (2019). Demografía y Población. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/ demografia-y-poblacion Druker, P. (1974). Management, Tasks, Responsibilities, Practices. Harper and Row. Filion, J. (1996). Documento didáctico. Escuela de Altos Estudios Comerciales (HEC). Librería universitaria Copec, Ecole des HEC, Québec, Montreal, Canadá. Formichella, M. (2004). El concepto de emprendimiento y su relación con la educación, el empleo y el desarrollo local. Ed. Rivadavia. Iturbide, L. (2019). La importancia del emprendimiento. https://www.eluniversal. com.mx/cartera/la-importancia-del-emprendimiento Global Entrepreneurship Monitor Colombia (2019). Dinámica de la actividad empresarial en Colombia. https://www.gemconsortium.org/file/ open?fileId=50496 Koontz Harold, H. y Weihrich, H. (2007). Elementos de Administración. Lechuga, J. (2018). Wood industry in Colombia: key resources for export performance. Revista Academia & Negocios RAN, 4 (1), 15-23. López, G., Carreño, F., Alarcón, F. y Reinoso, V. (2017). El emprendimiento en el sistema universitario. Didasc@ lia: Didáctica y Educación, 8(1), 163-178. Patiño, D., Ruiz, A. y Pitre-Arredondo, R. (2017). El emprendimiento en Colombia, una respuesta a los retos de competitividad y desarrollo sostenible. Revista Espacios; https://www.revistaespacios.com/a18v39n14/a18v39n14p24.pdf Ramos, L. (2018). Las Competencias de egreso y su relación con el mercado laboral en el área de las Ciencias Políticas. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 4(8), 56-74; http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/ article/view/103 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �Cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional... 257 Varela, R. (2001). Innovación empresarial: Arte y ciencia en la creación de empresas. Pearson Educación de Colombia Ltda. Schumpeter, J. (1950). Can Capitalism Survive? Harper and Row. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. (2014). Proyecto Académico Pedagógico Solidario. http://thumano.unad.edu.co/portal/documentos/ induccion/PAP%20SOLIDARIO%20UNAD.pdf Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD. (2019). https://www.unad. edu.co/ Zamora-Boza, C. (2017). Importancia del Emprendimiento en la Economía: Caso Ecuador. Revista Espacios. http://www.revistaespacios.com/a18v39n07/ a18v39n0 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179 �258 Garantía de control de constitucionalidad en los juicios laborales en Nicaragua1 Guarantee of constitutional control in labor trials in Nicaragua Karla Ninoska, Pineda-Gadea2 Universidad Politécnica de Nicaragua, Nicaragua https://orcid.org/0000-0001-6046-1886 https://doi.org/10.29105/pgc7.13-10 ________________________________________________________________ RESUMEN El presente artículo es parte de una investigación con el mismo título que tuvo como objetivo analizar las garantías de control de constitucionalidad en los juicios laborales en Nicaragua, para lograrlo se adopta el método analítico-sintético. se dilucidó la norma jurídica, doctrina e instituciones en materia de amparo laboral, que parten de lo general a lo particular en un orden histórico-evolutivo. De igual manera, se consideró ineludible el método de análisis de casos; ambos métodos se complementan y permiten el enriquecimiento de la investigación, en la que se encontró que Nicaragua no cuenta con un mecanismo que brinde acceso a la justicia constitucional en materia laboral y por ello las partes en los procesos laborales han iniciado una mala praxis del recurso de amparo, pretendiendo usarlo como una tercera instancia. La principal recomendación que se efectúa es la elaboración de criterios que guíen a la sala constitucional y a los tribunales de apelaciones a poner límites y definir criterios claros sobre los cuales los litigantes puedan alegar las violaciones constitucionales. Palabras claves: Acceso a la justicia, derecho laboral, justicia constitucional, tutela de derechos. ABSTRACT This article is part of an investigation with the same title that aimed to analyze the guarantees of constitutionality control in labor trials in Nicaragua, to achieve this the analytical-synthetic method is adopted. the legal norm, doctrine and institutions on labour protection were diluted, which generally start from the particular in a historical-evolutive order. Similarly, the method of case analysis was considered inescapable; some methods complement and allow the enrichment of the investigation, in which Nicaragua was found not to have a mechanism that provides access to constitutional justice in labor matters and therefore the parties to the labor processes have initiated malpractice of the amparo appeal, seeking to use it as a third instance. The main recommendation is the development of criteria that guide the constitutional chamber and appeals courts to set limits and define clear criteria on which litigants can allege constitutional violations. Keywords: Access to justice, constitutional justice, labor law, protection of rights. Recibido: 17 de Junio 2020 - Aceptado: 22 de Agosto 2020 Cómo referenciar este artículo: Pineda-Gadea, K., N. (2021). CGarantía de control de constitucionalidad en los juicios laborales en Nicaragua. Politica Globalidad y Ciudadanía, 258-286. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/ article/view/181. https://doi.org/10.29105/pgc7.13-10 1 Este artículo es producto de la tesis realizada para obtener el grado de doctor en el programa de doctorado nuevas tendencias del siglo XXI de la Universidad Politécnica de Nicaragua. Iniciado en 2018 y finalizado en 2020 2 Doctora en Derecho por la Universidad Politécnica de Nicaragua, Docente de grado y posgrado en la Universidad Politécnica de Nicaragua. Email: Kpinedag@hotmail.com Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional �Garantía de control de constitucionalidad... 259 1.- INTRODUCCION Colombia eLa justicia constitucional es un elemento esencial de todo Estado de Derecho, por lo cual, el acceso a los mecanismos que aseguren un control constitucional de las peticiones que los ciudadanos pongan en conocimiento de los jueces y magistrados es una conditio sinequanon para el correcto desenvolvimiento de las relaciones tanto entre los ciudadanos como las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos. El derecho laboral, es una rama del derecho de corte social, por lo cual debemos de tener en cuenta su extrema sensibilidad, pues regula una de las partes más importantes de las relaciones de una sociedad, por ello es por lo que nos planteamos la siguiente cuestión ¿Cuáles son las garantías de control de constitucionalidad en los juicios laborales en Nicaragua? En este estudio a través del análisis realizado a la materia, desde la teoría, doctrina y normativa jurídica, se encontró que en Nicaragua existe un evidente vacío legal que limita el control constitucional en los procesos en materia laboral al no existir una tercera instancia como en los demás procesos judiciales. Para este trabajo se ha planteado como objetivo general analizar las garantías de control de constitucionalidad en los juicios laborales en Nicaragua y como objetivos específicos entre otros. los siguientes: a. Identificar el actual ordenamiento jurídico de Nicaragua y los tratados internaciones sobre los recursos y las garantías constitucionales en materia laboral. b. Examinar cómo funciona el Recurso de Amparo en materia laboral en Nicaragua, a través del análisis de casos en Sentencias de Amparo interpuestas en contra del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. c. Describir el desarrollo teórico y doctrinal de las garantías del control constitucional. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Pineda-Gadea, K., N. 260 2.- FUNDAMENTO TEÓRICO Control Constitucional. Como tal el control constitucional según Castillo Guido (2012), “es el mecanismo jurídico por el cual para asegurar el cumplimiento de las normas más constitucionales se invalidan las normas de rango inferior que no se hayan dictado de conformidad con aquellas” (p. 179). El control constitucional es, además, aquel que realiza el Poder Judicial del ejercicio del Poder del Estado, sus autoridades y funcionarios. De la misma manera Castillo Guido (2012), continúa ahondando en cuanto: El control de constitucionalidad tiene como fundamento el principio de supremacía constitucional, esto es que la Constitución de un país es la norma de mayor jerarquía a la cual deben sujetarse las de valor inferior, entendiéndose. por tales a las leyes dictadas por el parlamento, los decretos y demás resoluciones dados por el poder Ejecutivo o por Entidades autárquicas y las sentencias y demás resoluciones de los jueces (Castillo Guido, 2012). El control constitucionalidad, es necesario para evitar que normas u actos puedan entrar en conflicto con la norma máxima y como forma de fiscalización de las actuaciones de los jueces y magistrados en la aplicación de las leyes ordinarias. Tipos de Controles Constitucionales. La mera existencia de una justicia constitucional nos hace inferir que deben existir formas o manifestaciones, de cómo esta justicia constitucional se vuelve una realidad material y es por medio de determinados mecanismos que se crean. En palabras del maestro Brewer-Carías (2011): A los efectos de asegurarse que, en el Estado Constitucional de Derecho, los órganos superiores de justicia puedan asumir el rol esencial de interpretar la Constitución y de ejercer el control de la constitucionalidad de los actos estatales, en el mundo contemporáneo y de acuerdo a las peculiaridades de cada Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Garantía de control de constitucionalidad... 261 país y de cada sistema constitucional, se ha venido estableciendo una variedad de sistemas de justicia constitucional, los cuales siempre se pueden clasificar tomando en cuenta lo que se haya dispuesto en relación con el o los órganos judiciales o de otra índole constitucional llamados a ejercer tal control de la constitucionalidad (p. 304). Es decir, sea cual fuere el sistema de justicia constitucional, cuando la potestad de ejercer el control de la constitucionalidad se atribuye a los órganos judiciales, éstos pueden ser o todos los jueces que integran el Poder Judicial o un solo órgano de este u otro órgano separado del Poder Judicial al cual se atribuyen la Jurisdicción Constitucional. De allí la clásica distinción de los sistemas de justicia constitucional según el método de control que se ejerce; en general existen tres tipos de controles constitucionales, Concentrado, difuso y Mixto. El Sistema Concentrado se le denomina también sistema austríaco, europeo o kelseniano. Según García de Enterría (1984) y Castillo Guido (2012): En este modelo se confiere en forma exclusiva el control de constitucionalidad de las normas a un organismo judicial especializado, denominado Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional o Sala Constitucional, que tiene el monopolio de esa jurisdicción, lo que los convierte en un “Legislador Negativo” (p. 182). De la misma manera para Cevallo (2002) “el sistema de control constitucional concentrado es aquel en que existe un solo órgano especializado, el Tribunal Constitucional, el que tiene la competencia para decidir en última y definitiva instancia los asuntos de constitucionalidad, de forma autónoma e imparcial” (p.24). En América Latina generalmente le ha correspondido a la Corte Suprema de Justicia la jurisdicción constitucional en el control normativo tanto abstracto, como de los casos concretos, cuando decimos abstracto es porque los casos a resolver a todos los jueces no suponen una controversia jurídica entre las partes, en este caso el operador de la justicia se limita a declarar los efectos generales, cuando la ley se contrapone a la ley fundamental, previo a estudio de la cuestión o acción de inconRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Pineda-Gadea, K., N. 262 stitucionalidad. En el modelo converge el control abstracto o directo de inconstitucionalidad y el control incidental, indirecto o concreto de inconstitucionalidad. Sistema Difuso: En el sistema difuso o americano, la justicia constitucional afirma Highton (s.f) es aquella que: Se confía al conjunto del aparato jurisdiccional y no se distingue de la justicia ordinaria, en la medida que todos los litigios, cualquiera que sea su naturaleza, los juzgan los mismos jueces o tribunales de manera general en idénticas condiciones; es decir que los asuntos constitucionales pueden hallarse presente en todos los casos o litis que les ocupa y no precisan de un tratamiento específico, debido a que en este sistema no existe un contencioso constitucional, ya que no se distingue entre los casos presentado ante un mismo juez (p. 109). En resumidas cuentas, lo aborda Pérez Tremps (1999) arguyendo que “el principio de supremacía constitucional lleva a que cualquier órgano judicial puede inaplicar una norma con fuerza de ley si se opone a la Constitución”. El modelo mixto de control de constitucionalidad de las normas es el resultado de la aplicación combinada de las dos instituciones, es decir, del modelo concentrado y del modelo difuso, en la constitucionalidad de las normas que se contrapongan a la Constitución Política, para garantizar el principio de supremacía constitucional, configurado por el sistema político jurídico en la Constitución, por medio de instrumentos de control que permitan la aplicación del modelo, al respecto tenemos a García Belaunde (1999) quien nos expone que: En el sistema mixto los órganos de la justicia ordinaria y el Tribunal Constitucional, comparten las funciones de control de constitucionalidad y las acciones de tutela; en otras palabras, un sistema será mixto cuando se produce una mezcla de elementos constitutivos de los dos modelos clásicos, que dan lugar a un tercero, que no es lo que son los dos anteriores, pero tampoco algo enteramente autóctono y original. En rigor, por ser de notorio conocimiento, se tendría que señalar que la mayoría Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Garantía de control de constitucionalidad... 263 de los países latinoamericanos tienen un sistema mixto de supervigilancia constitucional, salvo excepciones como Uruguay, Paraguay y Cuba, pues actualmente los países combinan los elementos de un sistema con los del otro, encomendando en tribunales constitucionales esta labor desde la premisa erga omnes, pero a su vez en la justicia ordinaria como garantes en casos concretos. La aplicación de este sistema es el que impera en América Latina, y es el cual se encuentra asentado en Nicaragua, por disposición constitucional en los artículos 187, 188, 189 y 190 inclusive de la carta magna (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2014). El modelo de control constitucional en Nicaragua. Para Pérez Tremps (1999) el vigente sistema de control constitucional nicaragüense, modificado por la reforma de 1995 al crear la Sala de lo Constitucional en el seno de la Corte Suprema (artículo 163) Posee una naturaleza mixta por cuanto combina elementos de distintos modelos. Por una parte, la inexistencia de una jurisdicción constitucional ad hoc se combina con la atribución, parcial, de competencias en la materia a un órgano específico en el seno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional; y esa atribución es parcial por cuanto el Pleno de la Corte Suprema mantiene la competencia de enjuiciar la constitucionalidad de las normas con fuerza de ley (artículo 163, p. 11) Pero, por otra parte, todos los órganos judiciales tienen la posibilidad de apreciar la inconstitucionalidad de normas que deben aplicar (artículos. 20 y ss. de la Ley de Amparo (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2008) [en lo sucesivo LA] y artículo. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nicaragua (Asamblea Nacional de Nicaragua, 1998) [en lo sucesivo LOPJ]). Debe destacarse, asimismo, que la reforma de 1995 ha reforzado las competencias de la Corte Suprema ya que, además de mantener su competencia para conocer de los recursos de inconstitucionalidad y amparo, le ha otorgado nuevas competencias típicamente ejercidas por los tribunales constitucionales; es el caso de su potestad para resolver, en Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Pineda-Gadea, K., N. 264 Pleno, los conflictos de competencia y constitucionalidad entre los poderes del Estado (artículo 163 de la Constitución Política de Nicaragua), y, a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, los conflictos de constitucionalidad entre el Gobierno central y los gobiernos municipales y de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe (artículo 164 numeral 13 de la Constitución Política de Nicaragua). El modelo tradicional, que en algún sentido podría verse como cercano al mexicano, se ha visto modificado con la creación de una Sala al modo costarricense y con el reforzamiento de competencias. No obstante, y frente a lo que sucede en el caso de Costa Rica, el Pleno ha mantenido la competencia de control de constitucionalidad de normas y de conflictos entre poderes, lo que, en cierto sentido, puede suponer una mejora técnica respecto del citado modelo costarricense. En conclusión, el modelo de control constitucional nicaragüense puede calificarse como mixto entre el sistema difuso y el concentrado, aunque con tendencia a reforzar los elementos propios de este último. Ahora bien, continúa exponiendo, Pérez Tremps (1999) “el principio de supremacía constitucional lleva a que cualquier órgano judicial puede inaplicar una norma con fuerza de ley si se opone a la Constitución” (p. 15). Así se ha entendido tradicionalmente en Nicaragua, aunque estadísticamente son muy pocos los casos en los que los órganos judiciales han hecho uso de esta facultad/obligación. Por otra parte, LOPJ, como ya se dijo, prevé expresamente esta técnica de control difuso de constitucionalidad al disponer su art. 5.1: Cuando en un caso sometido a su conocimiento, la Autoridad Judicial considere en su sentencia que una norma, de cuya validez depende el fallo, es contraria a la Constitución Política, debe declarar su inaplicabilidad para el caso concreto. En caso de que una de las partes haya alegado la inconstitucionalidad de una norma, la autoridad judicial deberá pronunciarse necesariamente sobre el punto, acogiendo o rechazando la pretensión. No existe, límite alguno a esta facultad de los órganos judiciales, de manera que la puede ejercitar cualquiera de ellos y en cualquier tipo de proceso, y tanto de oficio Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Garantía de control de constitucionalidad... 265 como a instancia de parte, exigiéndose exclusivamente la relevancia de la norma para la resolución del asunto. En principio, los efectos son los típicos del control incidental: inaplicación de la norma contraria a la Constitución con efectos Inter partes. Ahora bien, la Ley de Amparo y la LOPJ abren vías para el control de las decisiones así adoptadas e, incluso, para extender los efectos del caso concreto erga omnes. La forma de llevar a cabo esa revisión extensiva es el control casacional al que las decisiones judiciales pueden verse sometidas; la cuestión será objeto, entonces, de análisis de la Corte Suprema, que, si confirma el juicio de inconstitucionalidad, declarará, a partir de la fecha de la sentencia, la inaplicabilidad de la norma no sólo en el caso concreto, sino con efectos generales (art. 22 en relación con los artículos. 21 y 18 de la Ley de Amparo [Asamblea Nacional de Nicaragua, 2008]). Esta previsión se completa aún con otra que permite revisar las decisiones judiciales de inaplicación de una norma con fuerza de ley por inconstitucional incluso cuando no existe posibilidad de interponer el recurso de casación. En estos supuestos, según el artículo 21 de la Ley de Amparo (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2008) y 5.2 de la LOPJ, el órgano judicial que haya estimado que una ley es inconstitucional debe remitir a la Corte Suprema de Justicia su decisión para que ésta la ratifique o no en ese punto concreto y con los efectos generales previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2008). Y en este sentido finaliza Pérez Tremps (1999) afirmando que: En nuestro caso país, Nicaragua, la Ley de Amparo no sólo prevé la posibilidad de control incidental por parte de cualquier juez o tribunal, sino que ocupa un precepto, el artículo 20, en regular el control incidental por la propia Corte Suprema. En efecto, el citado precepto establece que “la parte recurrente de un recurso de casación o de amparo podrá alegar la inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento que se le haya aplicado”. Ello, contra lo que pudiera parecer, no supone la apertura de la legitimación procesal para impugnar leyes a cualquier Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Pineda-Gadea, K., N. 266 persona física o jurídica ya que, como se verá, dicha legitimación existe ya en el recurso de inconstitucionalidad; esta previsión del artículo 20 de la LA, más que un instrumento de ampliación de la legitimación, es una institución coherente con la posibilidad de que cualquier órgano judicial controle ad casum la constitucionalidad de las leyes; lo que hace es referirse a ese control incidental por parte de la Corte Suprema, de forma similar al que puede realizar cualquier órgano jurisdiccional. La única diferencia es que, al mismo tiempo, asegura la revisión del juicio de constitucionalidad realizado por el juez a-quo que dictó la sentencia impugnada y que dio lugar al recurso del que conoce la Corte Suprema (Poder Judicial de Nicaragua. Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 13/1997). Los efectos de las decisiones de la Corte en este supuesto son los generales previstos en el artículo 18 de la propia LA, además de los que produzca para el caso concreto, entre otros, la casación anulación de la sentencia dictada en la vía previa judicial. Castro y Calderón (2010) nos ilustra que: La justicia constitucional nicaragüense al fin y al cabo; se caracteriza por estar compuesta de una serie de instrumentos de protección jurisdiccional de la Constitución, dispersos en diversas normas (Constitución, Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de la Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso–Administrativo) y en la que intervienen distintos órganos del Poder Judicial tanto de forma individual como colegiada (por ejemplo, jueces, magistrados de los Tribunales de Apelaciones y magistrados de la Corte Suprema de Justicia). Dicha situación permite reflexionar en relación con la necesidad de agrupar todos los instrumentos de protección jurisdiccional de la Constitución en un solo cuerpo normativo y en un único órgano especializado de control de constitucionalidad. (p. 483 y 484) Estos son los argumentos que han de tomarse en cuenta y por los cuales se han planteado reformas a la LA, pero sobre todo en 2018 la derogación de esta y la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Garantía de control de constitucionalidad... 267 promulgación de la Ley de Justicia Constitucional que, a su vez de actualizar según las nuevas tendencias y experiencias comparadas de esta materia, la nueva ley viene a crear un nuevo escenario el cual planteamos en el apartado que continua. La nueva ley de Justicia Constitucional En la Gaceta, Diario Oficial, Número 247 del jueves 20 del mes de diciembre del año 2018, se aprobó la novísima Ley de Justicia Constitucional (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2018), misma que contempla el recurso de amparo el capítulo IV de los artículos 43 al 60 y le regula. Al respecto, la ley establece que el amparo tiene por objeto la protección de los derechos y garantías contenidos en la Constitución Política y que procede en contra de toda disposición, acto o resolución, y en general, en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario o funcionaria, autoridad o agente de estos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política; esta definición es la misma que ya contemplaba la Ley de Amparo. Según Arríen Somarriba y López Hurtado (2017) “lo nuevo que trae esta Ley, es una nueva jurisdicción, la contencioso-administrativa y explica que tiene competencia cuando se trate de actos que violen o puedan violar derechos contenidos en leyes que violentan el principio de legalidad”. De esta manera por primera vez en la historia jurídica nicaragüense, una Ley Constitucional hace una división entre la Justicia Constitucional que vela por el principio de constitucionalidad y los derechos y garantías en ella contemplados y la Justicia Contenciosa-Administrativa que vela por los derechos establecidos en la legislación secundaria y el principio de legalidad. Sobre el objeto se observa que el amparo cumple una doble función tutelar, que protege objetivamente el texto de la Constitución, es decir, la supremacía constitucional, esto se expuso en la parte general, ya que todos los instrumentos de control constitucional juegan este rol y acá se reconoce que protege subjetivamente los derechos y garantías constitucionales; se interpreta a su vez todos los derechos Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Pineda-Gadea, K., N. 268 y garantías, individuales y colectivos, derechos de todas las generaciones y grupos humanos reconocidos en la Carta Magna. Es decir que esta dualidad proteccionista del amparo es la que define la Constitución Política de Nicaragua, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, la doctrina mayoritaria a nivel internacional y nacional, así como la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. En este punto cabe mencionar que Nicaragua recepciona el Derecho Internacional, que incluye el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por medio de un bloque que constitucionalidad conformada por lo que esgrime la carta magna en los artículos 5 y 46, que reconocen la vigencia y aplicación de los tratados de Derechos Humanos y sobre todo les da rango constitucional. Cumple además el amparo su papel de proteger los derechos de forma reactiva, es decir, cuando han ocurrido las violaciones y de forma preventiva, procurando evitar que se den actos o resoluciones que lesionen derechos. La Ley de Justicia Constitucional, visto desde su parte objetiva, al igual que la Ley de Amparo y la Constitución no establecen ninguna restricción o límite al amparo repitiéndose lo mismo que dice la Constitución. Luego en la parte de las improcedencias, si se establecen límites, pareciera ser que se sigue conservando una aparente contradicción en el texto de la Ley, en donde por un lado tiene una misión amplia de protección del amparo y en otra tiene una misión restrictiva cuando se habla de las improcedencias. Sobre este punto es que nos detendremos a efectuar un análisis más intensivo, ya que se vincula tajantemente sobre el contenido que hemos venido desarrollando; y es que, la nueva Ley de Justicia Constitucional, lejos de superar los vacíos de la Ley de Amparo, ya que anteriormente se establecía la improcedencia del Amparo contra las resoluciones de las autoridades judiciales en asuntos de su competencia, situación contraproducente teniendo en cuenta que en el génesis de esta institución jurídica del amparo como afirma Burgoa Orihuela (1943): “que el recurso de amparo en su nacimiento histórico procedía contra los actos de las autoridades Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Garantía de control de constitucionalidad... 269 judiciales”. Si bien existe tan limitación en la legislación en la práctica jurídica nicaragüense, se obra en el sentido que argumentar los recursos de amparo desde la óptica de las violaciones procesales o al debido proceso por las actuaciones por fuera del ámbito de las competencias o en abuso de estas, procurando que en la misma se toquen cuestiones de fondo del asunto, esto es avalado por la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional cuando afirman: El Recurso de Amparo en contra de resoluciones judiciales no es una regla general en la institución del amparo, sino que se admite como una excepción por ministerio de ley (ope legis), según el artículo 51 numeral 1) de la Ley de Amparo, limitada única y exclusivamente para aquellos asuntos en donde el judicial ha obrado con absoluta displicencia en contra de las normas que regulan la competencia. (Poder Judicial de Nicaragua, Sala de lo Constitucional de la Corte suprema de Justicia. Sentencia No. 253/2008). En cuanto a los límites actuales, la situación que nos crea la nueva Ley de Justicia Constitucional (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2018), en su artículo 52 establece las improcedencias de este recurso siendo la primera que se enuncia “1. Contra las resoluciones judiciales, salvo si presentaren evidente violación de derechos constitucionales”, vemos que la redacción de la Ley no es coherente con la Constitución y consigo misma, ya que, en el objeto del recurso, en el artículo 43, nos dice “tiene por objeto la protección de los derechos y garantías contenidos en la Constitución Política”, entonces prima facie entendemos que no podemos ampararnos en contra de las resoluciones judiciales, igual que ocurría con la ley de amparo, pero la diferencia es que se elimina lo que probablemente sea un criterio que si bien es cerrado, como es, limitar el amparo en materia judicial a cuestiones de competencia pero que deja la apertura para el acceso en materia laboral a esta justicia especializada. Es decir se nos entrega un paradigma más abierto pero que al carecer la ley de la definición y alcance de lo que significa una “evidente violación de Derechos conRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Pineda-Gadea, K., N. 270 stitucionales”, deja el recurso a merced de una discrecionalidad excesiva, la cual es nociva para el Estado de Derecho, esta situación puede ser tajantemente más notoria en materia laboral respecto a otras materias del derecho, y es que producto de esta discrecionalidad la justicia constitucional puede ser usada para favorecer los intereses de alguna de las partes, teniendo situaciones en las que un caso particular fue considerado como amparable por esa evidente violación a los derechos, y otro similar no lo fue, siendo la única diferencia el recurrente. Esta situación ya se daba con la ley de Amparo y la reforma, con la aprobación de la Ley de Justicia Constitucional vino a coadyuvar a que al derecho laboral se le deje en un ambiente donde la norma se aplica de forma subjetiva, lo que puede acarrear precedentes judiciales que en lugar de hacer progresar el derecho lo estanquen, ya que las demás materias gozan de otro recurso que le permite alcanzar estas instancias como es la casación, que por ley no existe en materia laboral. Por otro lado, hay que considerar que se debería de agregar en el objeto del recurso de amparo, el proteger los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que ha suscrito y ratificado el Estado de Nicaragua o al menos los señalados en los artículos 46, 60 y 71 de la Constitución Política (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2014). Juicio de Amparo en Materia Laboral. El juicio de Amparo en materia laboral en la legislación nicaragüense, procedimentalmente se rige conforme a los lineamientos generales del juicio de amparo, aunque doctrinariamente, en el ejercicio práctico y en su espíritu, es una tendencia moderna, que surge a partir de una interpretación del artículo 51 de la ley de amparo(Asamblea Nacional de Nicaragua, 2008), la cual prohíbe el Amparo sobre cuestiones relativas al ámbito de competencia judicial, esta tendencia radica en que la Ley de Amparo, a fin de garantizar elementales Principios Constitucionales, como son los de Seguridad Jurídica (artículo 25 numeral 2 de la Constitución Política de Nicaragua [en lo sucesivo Cn] [Asamblea Nacional de Nicaragua, 2014]). y la Cosa Juzgada (artículo 34 numeral 10) Cn (Asamblea Nacional de Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Garantía de control de constitucionalidad... 271 Nicaragua, 2014)., coherente con ellos, su artículo 51 numeral 1 establezca que: “No procede el Recurso de Amparo: 1) Contra las resoluciones de los funcionarios judiciales en asuntos de su competencia”. Esto no implica que no puedan ser recurribles por la vía del Recurso de Amparo aquellas resoluciones judiciales que están fuera de la competencia del Judicial; por cuanto esta no es una regla general en la institución del amparo, sino que se admite como una excepción por ministerio de ley (ope legis), según el artículo 51 numeral 1) de la Ley de Amparo (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2008), limitada única y exclusivamente para aquellos asuntos en donde el judicial ha obrado con absoluta displicencia en contra de las normas que regulan la competencia como en el caso de autos, en donde es clara y evidente la violación de dicha figura procesal y con ello uno de los más elementales derechos constitucionales como es el Debido Proceso, por lo que hace al Principio de Exclusividad de Juez Legal, o de Juez Natural contenido en el artículo 34 Cn (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2014); que dice: Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes garantías mínimas: 2) A ser juzgado sin dilaciones por Tribunal Competente establecido en la Ley. No hay fuero atractivo. Nadie puede sustraerse de su juez competente, ni llevado a jurisdicción de excepción. Disposición que a su vez es recogida en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Asamblea Nacional de Nicaragua, 1998), que dice: “Los Juzgados y Tribunales ejercen su competencia exclusivamente en los casos que le sea atribuida por esta u otra Ley”, garantías constitucionales que deben tutelarse en favor del recurrente”. Este apartado se centró en el análisis particular de los precedentes judiciales en los que se hizo uso del recurso de amparo contra resoluciones judiciales, específicamente aquellas sentencias de Amparo en contra de las sentencias del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Para el análisis de cada caso en concreto se ha optado por usar el modelo de análiRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Pineda-Gadea, K., N. 272 sis empleado por el doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas en su obra Análisis de casos electorales relevantes siglo XXI, utilizando la siguiente estructura:1.Problemática Jurídica; 2.- Introducción; 3.- Litis y 4.- Argumentación Jurídica. Para efectos de este trabajo se analizaron las sentencias dictadas por la Sala de Lo Constitucional en los siguientes casos de recursos de amparo, interpuestos en contra de sentencias dictadas por el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones (en lo sucesivo TNLA), en el texto de la tesis se expusieron 18 sentencias de recursos de amparo, que para efectos de este articulo nos limitamos a tres las cuales son: Caso Hernández Export y compañía Limitada. a.- Problemática Jurídica: La presente causa gira en torno a la discusión sobre la existencia o no de una relación laboral -mismo que fue declarado así por las autoridades laborales que conocieron tanto en primera como segunda instancia-, ya que alega el recurrente se trataba la misma de un vínculo de carácter mercantil y que al declarar lo contrario las autoridades laborales sobrepasaron la esfera de sus competencias y atentaron conta los principios de legalidad, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, igualdad ante la ley y debido proceso. El caso se resolvió mediante sentencia No. 359 del veinte del mes de noviembre del año dos mil diecinueve de las una de la tarde. Misma en la que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declara con lugar el recurso de amparo interpuesto, en consecuencia, se revoca la citada sentencia No 302-2019 y en su lugar se declara la inexistencia de relación laboral entre entidad denominada Hernández, Hernández, Export y Compañía Limitada y El Señor Armando José Gutiérrez Herrera. b.- Introducción: Por sentencia No. 59-2018 del veintidós del mes de agosto del año dos mil dieciocho de las nueve y cuarenta minutos de la mañana, la jueza de distrito del trabajo y de la seguridad social, circunscripción norte, declaró con lugar parcialmente la demanda presentada por el señor Armando José Gutiérrez Herrera en contra de la empresa Hernández Hernández, Export y Compañía limitada; empresa a la que se le obligo a pagar una suma de dinero en concepto de Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Garantía de control de constitucionalidad... 273 prestaciones sociales. Ambas partes recurrieron de apelación la sentencia de primera instancia, los Honorables Magistrados del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones mediante sentencia No. 302-2019 del tres de mayo del año dos mil diecinueve de las nueve y treinta minutos, declararon con lugar parcialmente el recurso interpuesto por la parte actora y adicionaron una cantidad de dinero a la ya mandada a pagar por la juez de primera instancia. c.- Litis: La parte recurrente alegó violentado los artículos 5 párrafo primero, 25 numeral 2, 27, 34 numerales 4 y 8, 130, 160, 182 y 183 CN. Caso Bernard Vogel a.- Problemática Jurídica: Del contenido de fondo desarrollado en la sentencia, se desprende que el principal tópico, consistía en la pertinencia del recurso de amparo en contra de las sentencias judiciales, y sobre si el recurrente se había personado en tiempo y forma ante la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El presente caso se resolvió mediante sentencia del día dos del mes de julio del año dos mil dieciocho de las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana, donde se declara sin lugar el recurso de Amparo interpuesto en contra de los Magistrados del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones y del Juez Tercero de Distrito del Trabajo y la Seguridad Social. b.- Introducción: Que el Juzgado Tercero de Distrito del Trabajo y la Seguridad Social de la Circunscripción Managua, mediante sentencia definitiva No. 175 de las ocho y diecisiete minutos de la mañana del veintidós del mes de julio del año dos mil dieciséis, en la cual declaró con lugar la demanda interpuesta por el recurrente en contra de la empresa Ecoplanet Bamboo Nicaragua Sociedad Anónima, dicha sentencia fue recurrida de Apelación ante el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, órgano que dictó sentencia No. 721/2017 dictada a las doce y cincuenta y cinco minutos de la tarde del veintisiete del mes de junio del Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Pineda-Gadea, K., N. 274 año dos mil diecisiete, donde se declaraba sin lugar dicho recurso de apelación y en consecuencia se confirmaba la sentencia recurrida, no habiendo quedado conforme el ahora recurrente, presentó a las once y cuatro minutos de la mañana del veintiocho del mes de julio del año dos mil diecisiete interpuso recurso de amparo el licenciado Donald Alemán Mena quien es apoderado especial del Señor Bernardt Joe Vogel Machado; mediante auto de la una y un minutos de la tarde del nueve de agosto del año dos mil diecisiete, la Sala Civil Número Dos del Tribunal de Apelaciones resolvió darle tramite al recurso de amparo interpuesto y en ese sentido ordenó a los funcionarios recurridos rendir informe del caso y a su vez se le previno al recurrente que debía personarse ante la Sala de lo Constitucional de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia dentro de tres días hábiles a partir de la notificación. c.- Litis: la Litis de este caso tiene dos partes la expresada con anterioridad que es la que versa en el contenido de la sentencia y es la pertinencia del recurso de amparo en contra de las sentencias judiciales y si el recurrente se personó ante la sala de lo constitucional en tiempo y forma; luego de ello lo alegado por el recurrente lo cual no fue desarrollado en el fondo de la sentencia por lo cual la sala no entra a conocer dichos alegatos, a tal punto que ni los expresa solamente se hace mención que el recurrente alega que le fueron violentados los artículos 5, 182, y 183 de la Constitución Política, es decir, alegó que las resoluciones de las cuales se ha estado haciendo referencia tanto del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones y del Juzgado Tercero de Distrito del Trabajo y de la Seguridad, violenta los principios de la nación nicaragüense (artículo 5 CN), principio de supremacía constitucional (artículo 182 CN), principio de legalidad (artículo 183 CN).Caso DISNORTE-DISSUR a.- Problemática Jurídica: El caso sub judice nos pone en frente el debate de la legalidad de las actuaciones tanto del juez de primera instancia como del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones en el sentido que si su fundamentación y camino lógico jurídico fue el acertado para que ambos órganos ordenaran el Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Garantía de control de constitucionalidad... 275 reintegro de dos trabajadores, la empresa siendo la recurrente alega que este hecho fue una extralimitación de las funciones de ambos órganos jurisdiccionales y que su fundamentación carecía de validez-. El caso se resolvió mediante sentencia 138/2016 del dos de marzo del año dos mil dieciséis. Las diez y cuarenta y seis minutos de la mañana. b.- Introducción: Los señores Jacqueline Ivette Chavarría y Hollman Amílcar Castro Soza, fueron empleados de la empresa recurrente, quienes laboraban en el sector norte de la zona de concesión de las Distribuidoras de Energía. Que en el año dos mil once, se planteó la necesidad de externalizar algunos procesos de trabajo y lugares en donde las distribuidoras tienen presencia, por lo que se requirió entre otros lugares, externalizar el área de órdenes de servicio, lectura y cobro de Jinotega y Matiguás, por lo que se hizo necesaria la cesantía de aquellos trabajadores que laboraban en dichas áreas, resultando afectados los señores Jacqueline Ivette Chavarría y Hollman Amílcar Castro Soza; para lo cual se les ofreció un plan de retiro adicional al establecido en la ley; sin embargo, ellos no aceptaron. Ante este hecho, en base a las Cláusulas 74 y 75 del Convenio Colectivo, se convocó a Comisión Laboral de primera instancia y al no haber acuerdo entre las partes, se procedió a convocar a Comisión Laboral de segunda instancia, en donde tampoco se llegó a acuerdo, debido a que los dirigentes sindicales alegaron que los señores Jacqueline Ivette Chavarría y Hollman Amílcar Castro Soza, gozaban de fuero sindical y que no podían ser despedidos sin justa causa. El veinticuatro de junio de dos mil once las empresas DISNORTE-DISSUR procedieron a cancelar los contratos de trabajo de ambos trabajadores, en base al artículo 45 del Código del Trabajo. No estando conforme los señores Jacqueline Ivette Chavarría y Hollman Amílcar Castro Soza, a través de su representante legal, Licenciada Claudia del Socorro Espinoza Jarquín, el quince de julio de dos mil once, procedieron a interponer Demanda Laboral con Acción de Reintegro, argumentando que de conformidad con la Cláusula 77 del Convenio Colectivo, el despido había sido Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Pineda-Gadea, K., N. 276 ilegal en virtud de gozar de fuero sindical; y piden el reintegro laboral así como el pago de los salarios ordinarios dejados de percibir hasta su efectivo reintegro y beneficios sociales económicos, etc. Mediante auto de las doce y cincuenta y nueve minutos de la tarde del cuatro de agosto de dos mil once, se admite la demanda, se concede el término legal para contestarla y se cita a las partes a trámite conciliatorio. Al respecto, el recurrente en su contestación alegó que nunca se comprobó que los señores Jacqueline Ivette Chavarria y Hollman Amilcar Castro Soza gozaran de fuero sindical pues el artículo 234 del Código del Trabajo de la República de Nicaragua, dispone que el Fuero Sindical lo podrán poseer un máximo de trece miembros del Sindicato. el Juzgado Séptimo de Distrito del Trabajo y de la Seguridad Social de Managua, cuyo titular sobre este caso dictó la Sentencia No. 53 de las diez y cuarenta minutos de la mañana del uno de octubre de dos mil catorce, notificada el día catorce del mismo mes y año, en la que resolvió ha Lugar a la demanda laboral con acción de reintegro y pago de salarios dejados de percibir interpuesta desde el momento de su despido hasta su efectivo reintegro. Por no serle satisfactoria dicha resolución judicial, DISNORTE–DISSUR a través de su representante legal, el veintidós de octubre de dos mil catorce, interpuso Recurso de Apelación, mismo que fue admitido a trámite en ambos efectos y remite las diligencias al Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones de Managua, quien dictó la Sentencia No. 811/2015 de las doce y diez minutos de la tarde del cinco de noviembre de dos mil quince, notificada a la una y cuarenta minutos de la tarde del catorce de diciembre del mismo año, la cual resolvió No Ha Lugar al Recurso de Apelación y ratifica la Sentencia No. 53 antes referida.En este sentido, el Apoderado Especial de DISNORTE-DISSUR, en cuanto al fondo del asunto argumenta que los artículos 231, 232, 233 y 234 del Código del Trabajo de la República de Nicaragua, si bien es cierto establecen que el Fuero Sindical es el derecho de que gozan los miembros de las directivas sindicales a no ser sancionados ni despedidos sin mediar causa justa, y que el máximo número de personas protegidas por el fuero sindical será de trece (13) Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Garantía de control de constitucionalidad... 277 miembros; nueve de las juntas directivas sindicales y cuatro de los seccionales o comités sindicales; no obstante, la Constancia emitida el veinte de junio de dos mil once, por el Director de Asociaciones Sindicales del Ministerio del Trabajo, expresa que los señores Jacqueline Ivette Chavarria y Hollman Amilcar Castro Soza, eran miembros del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Matagalga y Jinotega, pero no demostraron gozar de fuero sindical, razón por la cual la empresa Distribuidora de Electricidad los despidió aplicándoles lo que mandata el artículo 45 del Código del Trabajo, como un derecho potestativos de todo empleador. Por su parte la parte trabajadora alega una cláusula del convenio colectivo donde afirman que la empresa reconoce fuero sindical a todos los miembros de la junta directiva del sindicato. c.- Litis: Alega se le han infringido los derechos constitucionales contenidos en los artículos 25, 34 numeral 2) y 8); 130, 160, 166 y 183 de la Constitución Política de Nicaragua. Comentarios generales a las sentencias analizadas Habiendo finalizado el análisis de cada una de las sentencias que se expusieron, se han observado algunas cuestiones puntuales que son de especial atención para este estudio. Es de destacar que en efecto existe una dualidad de criterios en las sentencias principalmente para la extralimitación de funciones por parte de las autoridades recurridas; en este punto hemos de notar que en ocasiones la sala alega que si la autoridad resuelve conforme a derecho y a las pruebas aportadas un asunto que por su competencia le está atribuido a conocer y pronunciarse (Caso Bernardt Vogel), pero en otro caso (Hernandez Export y compañía Limitada) podemos observar que aun cuando lo que entra a conocer la sala es competencia exclusiva de los órganos judiciales recurridos, como es o no la declaratoria de la existencia o no de la relación laboral. Estos fallos constituyen un precedente muy riesgoso, pues la sala que los emitió es especializada en derecho constitucional no en laboral, y está decidiendo cuestiones de fondo, lo que atenta contra la autonomía del derecho del trabajo, la especialización e inclusive contra los derechos tanto de los empleadores como de los trabajadores. Lo antes dicho podemos Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Pineda-Gadea, K., N. 278 apreciarlo en el Caso Disnorte – Dissur, en el que la sala constitucional desconoce todo lo relativo al derecho a la negociación colectiva, sus efectos y alcances contradiciendo todo lo que establecen el artículo 88 de la constitución política de Nicaragua, el principio fundamental III, articulo 17 literal o y r, 208 literal b, y el capítulo II del Título IX que corresponde de los artículos 235 al 242, inclusive, que trata sobre la convención colectiva y lo que establece el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949, toda vez que consiente un despido de trabajadores donde hay un convenio colectivo que concede fuero sindical ampliado, siendo los trabajadores despedidos efectivamente cubiertos por el fuero. 3.- MÉTODO Diseño Por el tipo de naturaleza de la investigación, el presente estudio adopta el método analítico-sintético, que para Rodríguez y Pérez (2017), mencionan que el análisis y la síntesis se complementan en el proceso de investigación. El análisis consiste en la descomposición de todo el conocimiento existente, con la finalidad de reconstruir y sintetizar los componentes analizados. Por otra parte, el método analítico-sintético, reúne los elementos de la investigación deductiva y la histórica jurídica, con el objeto de responder a la consumación de la propuesta estudiada. De esta forma se puede establecer que el trabajo realizado cumple con la propuesta metodológica de Rodríguez y Pérez (2017), ya que se dilucidó la norma jurídica, doctrina e instituciones en materia de amparo laboral, que parten de lo general a lo particular en un orden histórico-evolutivo. De igual manera, se consideró ineludible el método de análisis de casos que propone Covarrubias (2013), en su libro “Análisis de Casos Electorales Relevantes Siglo XXI”. Ambos métodos se complementan y consienten el enriquecimiento de la investigación. Instrumentos Se ha determinado que la técnica de investigación es el medio para cumplir el Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Garantía de control de constitucionalidad... 279 método de la investigación. Sin duda, la técnica idónea del presente estudio corresponde a la investigación documental. Que para Rizo (2015) la investigación documental es caracterizada por el acopio de información mediante la selección, lectura, anotación y crítica de los materiales que describimos al referirnos a las colecciones de las bibliotecas, libros, series de publicaciones, documentos en sentido estricto, microformas y materiales similares. Se ha optado por esta técnica e instrumento, ya que es la que nos facilita el análisis sistémico de toda la doctrina recopilada pero también la que nos permitió poder analizar los casos judiciales, en la cual usamos la matriz de análisis que usa el doctor Covarrubias. Procedimientos Se estimó el uso de 3 auxiliares clásicos de la técnica de investigación documental que plantea Galbán (2006), y estos son: La bibliográfica que comprende de libros o epistolarios; la hemerográfica que comprende de diarios, periódicos, revistas y demás publicaciones periódicas; y el audio gráfico que comprende en grabaciones, cintas o discos. Se consideró la clasificación de documentos en los entornos virtuales que sintetiza Galbán (2006) y tipifica como: textuales, hipertextuales, multimediales, e hipermediales. Tuvimos tres momentos, la recopilación propiamente dicha de la información, la discriminación y síntesis de la información y por último el esbozo del análisis de lo encontrado. 4.- CONCLUSIONES Después de haber analizado toda la teoría del amparo, la evolución de la misma en Nicaragua, el criterio al respecto de los organismos de la comunidad internacional y las legislaciones de otros países, encontramos que en materia laboral existe un evidente vacío, puesto que en Nicaragua todos los procesos excepto la materia laboral tienen una tercera instancia llamada casación, por medio de la cual los procesos llegan a conocimiento de la corte suprema de justicia, al no existir esta tercera vía en materia laboral, las partes en un proceso pierden esa posibilidad del control de constitucionalidad concentrado quedando a sus disposición únicamente Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Pineda-Gadea, K., N. 280 el control constitucional difuso que ejercen los jueces y magistrados de lo laboral, siendo este el principal problema. Aunado a ello partimos de premisas estadísticas como las proporcionadas por el TNLA, donde vemos el incremento de los casos recurridos por casación en contra de las sentencias del TNLA, siendo una de las principales repercusiones el tiempo de demora, que afecta al trabajador para poder recibir lo que en derecho le corresponde lo cual es preocupante dado el alza en la cantidad da causas recurridas de amparo, exponiendo al trabajador al ejercicio de un recurso que en estos momentos no es ni adecuado ni efectivo; por ello es que pretendemos esbozar las siguientes conclusiones: 1. Que existe dualidad de criterios al momento de la aplicación de la jurisprudencia. 2. Que esta dualidad, en su mayor parte existe, producto de la falta de caracterización de lo que debe considerarse una violación constitucional per se. 3. Que la falta de criterios de aplicación se presta a la subjetividad de apreciación por parte de la sala de lo constitucional, quienes, para dos casos de la misma naturaleza con alegatos del mismo tipo, en el estudio realizado se ha encontrado contradictorios entre sí. 4. Que desde la ley de amparo se acarrea dicha omisión, misma que no se subsanó en la nueva Ley de justicia constitucional, a pesar de que si establece la posibilidad de recurrir de amparo las sentencias judiciales cuando violentan derechos fundamentales no se establece los criterios para determinar cuáles son esas violaciones, lo que en la realidad jurídica nicaragüense se han prestado a malas prácticas. 5. La Subjetividad con la que se ha venido aplicando la jurisprudencia, tiene un peligroso componente ya que se puede prestar a cometer arbitrariedades para favorecer en determinadas circunstancias a uno de los litigantes. 6. Que se transgrede el principio de seguridad jurídica, la sala de lo constitucioRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Garantía de control de constitucionalidad... 281 nal al tocar el fondo del asunto entra en el razonamiento, por ejemplo, que si existe o no relación laboral en el caso que se presenta, lo que evidentemente es competencia exclusiva de los Juzgados laborales y del Tribunal Laboral de Apelaciones. 7. La regulación del acceso a la justicia constitucional en contra de las sentencias del TNLA, es una necesidad que surge en virtud de las obligaciones internacionales que el Estado de Nicaragua ha contraído con la comunidad internacional, especialmente con la comunidad americana, basado especialmente en lo que establecen los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en lo sucesivo CADH), en cuanto al respeto de los derechos humanos, en este caso de la parte trabajadora, y de adoptar acciones de legislación interna a fin de garantizar los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la misma convención internacional, a saber una tutela judicial efectiva y un recurso eficaz. Por lo cual es indispensable que se regule claramente el amparo o se cree la casación laboral. Recomendaciones. En virtud de los hallazgos que se han reflejado en las conclusiones, se hace una propuesta para realizarse en dos momentos, es decir, una de manera inmediata y otra a mediano plazo, que se debería implementar después de un plazo prudencial de valoración de la aplicación de la ley de justicia constitucional, que ha sido recientemente aprobada, en conjunto con la propuesta que a corto plazo se proponen. De acuerdo con los momentos de aplicación antes referidos, se formulan las siguientes: Corto plazo: 1. Creación de una comisión especial de la CSJ integrada por especialistas en materia de derecho del trabajo, para crear los criterios que determinen en qué casos se podría alegar que existen violaciones constitucionales en materia laboral. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Pineda-Gadea, K., N. 282 2. Estos criterios pueden incorporarse a la norma, de forma directa a través de una reforma a la ley de justicia constitucional, o bien por medio de reforma al Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y la Ley Orgánica del Poder Judicial, creando y permitiendo el recurso de casación en material laboral y que los criterios referidos puedan plasmarse en las reformas como causales para recurrir en esta vía casacional. 3. En el caso que se decida por la incorporación de estos criterios a la Ley de Justicia Constitucional; una vez que la comisión establezca los criterios de determinación y aplicación del amparo en contra de las sentencias dictadas por el tribunal nacional laboral de apelaciones (pensando que dichos criterios pueden ser aplicables al amparo en general), deberá capacitar a los magistrados de las salas civiles de los tribunales de apelaciones de las diferentes circunscripciones territoriales, ya que de acuerdo con la ley ellos son los encargados de efectuar el control del cumplimiento de los requisitos 4. La sala de lo constitucional deberá tener un asesor experto en materia laboral, porque las sentencias dictadas por la sala en su gran mayoría se contradicen con los criterios ya establecidos por el tribunal y que son los que se manejan a nivel internacional. 5. Que los funcionarios públicos se empoderen más de las facultades del control difuso de constitucionalidad, establecido en el artículo 190 numeral 3, y apliquen en todo caso el control constitucional. 6. En caso de que se decida reformar el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y la Ley Orgánica del Poder Judicial, creado la casación laboral, los criterios de determinación deberían ser las causales para poder acceder a esta vía. Por ende, crear una sala de lo laboral en la Corte Suprema de Justicia. 7. La creación/unificación de los criterios de apreciación en cuanto al dictamen de lo que debe considerarse como violación constitucional, el cual se sugiere aborde los siguientes puntos: Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Garantía de control de constitucionalidad... 283 a. Cuando se trate de alegaciones efectuadas dentro del proceso especial de tutela de la libertad sindical y otros derechos fundamentales. b. Cuando se trate de violaciones al debido proceso legal y al derecho a la defensa, siempre y cuando los hechos que se aleguen como constitutivos de la violación sean por mala práctica del judicial en el desarrollo del proceso, ejemplo, i. Omisión en la celebración de etapas en el proceso, ii. Omisión en la tramitación y resolución de recursos o remedios de impugnación, alegados oportunamente por la parte perjudicada. c. Cuando se alegue extralimitación de funciones por parte de los funcionarios públicos, por ejemplo, que la autoridad laboral declare la existencia de una deuda civil o retenciones alimentarias en sus fallos. 8. En caso de aceptarse el establecimiento de un recurso de casación, deben definirse criterios de fondo y de forma. Dentro de los criterios de forma proponemos, entre otros los siguientes: i. Al agotamiento del recurso de apelación ante el TNLA. ii. Que el proceso sea de cuantía indeterminada (tutela de los derechos fundamentales o pretensiones colectivas) y en caso de cuantías determinadas debería establecer la Corte el monto mínimo para poder acceder a dicha vía, como forma de poder establecer un filtro y que los casos que por cuantía puedan determinar un verdadero daño a la estabilidad socioeconómica sean los que conozca la sala en casación y no se sature de procesos de cualquier índole (en cuanto a la forma). Como consideración se sugiere que esta cuantía no sea inferior a los diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en córdobas. iii. En cuanto a las causales de fondo se estiman como tales las esgrimidas en el numeral 7 de estas recomendaciones. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Pineda-Gadea, K., N. 284 Mediano plazo: 1. Reforma a la ley de justicia constitucional, en el sentido de anexar al capítulo de amparo la categorización de lo que debe entenderse como una violación constitucional, a fin de que los órganos judiciales que tienen incidencia en la tramitación y resolución del amparo tengan un asidero legal aumentando por la doctrina y criterios jurisprudenciales bien establecidos que delimiten que tipo de escenarios pueden considerarse violaciones susceptibles de ser evacuadas bajo este recurso. 2. Reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de crear la casación laboral. 3. Reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de estandarizar el criterio sobre determinadas instituciones de derecho que tienen grises dentro de la jurisprudencia nacional del TNLA, a fin de que pueda ser una medida paliativa al mal uso de los recursos ordinarios, pero sobre todo de los extraordinarios. REFERENCIAS Arellano García, C. (2014). Práctiva forense del juicio de amparo (17a. ed.). Editorial Parrúa. Arríen Somarriba, J. y López Hurtado, C. (2017). Reseñas históricas y tratamiento jurídico del amparo en Nicaragua. A propósito de la nueva Ley de Justicia constitucional, Dikê: Revista de Investigación en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica, 21, 55-77. Asamblea Nacional de Nicaragua (1998). Ley N° 260. Ley Orgánica del Poder Judicial. La Gaceta No. 137 del 23 julio 1998. Asamblea Nacional de Nicaragua (2008). Ley N° 49. Ley de Amparo. La Gaceta, Diario Oficial No. 212 del 4 de noviembre del 2008 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Garantía de control de constitucionalidad... 285 Asamblea Nacional de Nicaragua (2014) Constitución Política de Nicaragua. La Gaceta, Diario Oficial No. 32 del 18 de febrero de 2014. Asamblea Nacional de Nicaragua (2018). Ley N° 983. Ley de Justicia Constitucional. La Gaceta, Diario Oficial N°. 247 de 20 de diciembre de 2018 Brewer Carías, A. (2011). El sistema de justicia constitucional en la República Dominicana y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Estudios Constitucionales, 9 (1), 303 -337. Burgoa Orihuela, I. (1943). El Juicio de Amparo. Porrúa. Castillo Guido, O. (2012). Manual De Derecho Constitucional: Concordancias con la constitución política de Nicaragua y sus reformas (1 ed.). PAVSA. Castro Rivera, E. y Calderón Marenco, M. (2010). La necesidad de una Ley de Justicia Constitucional en Nicaragua. I. Escobar Fornos, S. Cuarezma Terán, Libro homenaje al profesor Héctor Fix–Zamudio. INEJ-IIDC. Cevallo, B. O. (2002). El Sistema de Control Concentrado y el Constitucionalismo en el Ecuador. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. Número 6 (2002), 21-31. Covarrubias Dueñas, J. (2013). Análisis de casos electorales relevantes siglo XXI. Tirant lo Blanch. Galbán, S.E. (2006). La enseñanza reflexiva de la didáctica en la formación de pedagogos. (Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona). Dialnet. https:// dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=131910 García Belaúnde, D. (1999): “De la jurisdicción constitucional al derecho procesal constitucional”, Anuario iberoamericano de justicia constitucional (Nº 3), pp. 121-156. García de Enterría, E. (1984). La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Civitas. Highton, E. I. (s.f.). Sistema Concentrado y Difuso del Control de constitucionalidad. UNAM. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Pineda-Gadea, K., N. 286 Poder Judicial de Nicaragua, Sala de lo Constitucional de la Corte suprema de Justicia: Sentencia 13/1997. Poder Judicial de Nicaragua, Sala de lo Constitucional de la Corte suprema de Justicia: Sentencia. 253/2008. Pérez Tremps, P. (1999). La Justicia Constitucional En Nicaragua. Estudios Políticos Nueva Época, (106), 9-27. Quiroga León, A. (1987). La justicia Contitucional. Revista Derecho PUCP, 41, 323-351. Rizo Maradiaga, J. (2015). Técnicas de Investigación Documental. https:// repositorio.unan.edu.ni/12168/1/100795.pdf Rodríguez Jiménez, A.; Pérez, J. y Alipio, O. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. Revista Escuela de Administración de Negocios, 82, 1-26. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 258-286. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �287 Ciudadanía y derechos humanos de migrantes latinoamericanos en el contexto de emergencia sanitaria por COVID 19 en Argentina1 Citizenship and human rights of Latin American migrants in the context of health care emergency for COVID 19 in Argentina María Graciela, De Ortúzar2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Argentina https://orcid.org/0000-0002-4566-4535 https://doi.org/10.29105/pgc7.13-11 ________________________________________________________________ RESUMEN En el contexto de emergencia por COVID 19 en Argentina, los migrantes latinoamericanos han sido excluidos, en su mayoría, del Ingreso Familiar de Emergencia brindado por el Estado ante el cierre de fronteras y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. El objetivo del presente trabajo consistió en el análisis crítico de las razones que llevaron a esta diferencia de trato en políticas de emergencia en Argentina. En primer lugar, se (I) investigó sobre el uso del criterio restrictivo de ciudadanía moderna supuesto en políticas sociales “universalistas”, analizando la concepción de igualdad subyace a las mismas. En segundo lugar, se (II) profundizó el estudio de cómo los cambios recientes en políticas de migraciones, a partir del DNU 70/2017, llevaron a la precarización e irregularidad de situación en la que se encontraban los migrantes previamente a la emergencia por COVID 19. Aplicando una metodología multidimensional, se abordaron elementos conceptuales-filosóficos, normativos y empíricos. A modo de conclusión general, se planteó la necesidad de repensar modelos de pertenencia no circunscriptos a la nacionalidad e igualitarios, reconociendo los derechos de todo habitante y residente, y avanzando hacia nuevas concepciones post nacionales inclusivas y pluriculturales que permitan revertir la histórica vulneración de derechos humanos de migrantes. Palabras claves: ciudadanía, derechos humanos, discriminación, migración, políticas sociales. ABSTRACT In the context of the emergency caused by COVID 19 in Argentina, Latin American migrants have, for the most part, been excluded from the State’s Emergency Family Income in the face of the closing of borders and Preventive and Compulsory Social Isolation. The objective of this paper was the critical analysis of the reasons that led to this difference in treatment in emergency policies in Argentina. First, (I) it was studied the use of the supposed restrictive criterion of modern citizenship in “universalist” social policies, and also the conception of equality underlies them. In the second place, (II) it was deepened how the recent changes in migration policies, from the DNU 70/2017, led to the precariousness and irregularity of the situation in which the migrants were previously in the emergency by COVID 19 was deepened. Applying a multidimensional methodology, conceptual-philosophical, normative and empirical elements were addressed. By way of general conclusion, the need was raised to rethink models of belonging not limited to nationality and egalitarian, recognizing the rights of every inhabitant and resident, and moving towards new inclusive and multicultural post-national conceptions that can reverse the historical violation of migrants’ human rights. Keywords: citizenship, discrimination, human rights, migrants, social policies. Recibido: 20 de Julio 2020 - Aceptado: 14 de Septiembre 2020 Cómo referenciar este artículo: De Ortúzar, M. G. (2021). Ciudadanía y derechos humanos de migrantes latinoamericanos en el contexto de emergencia sanitaria por COVID 19 en Argentina. Politica Globalidad y Ciudadanía, 287-313. Recuperado de http://revpoliticas. uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/182. https://doi.org/10.29105/pgc7.13-11 1 Este trabajo fue realizado en el marco de los siguientes proyectos: 1. PIP “El derecho humano a la salud de migrantes regionales en Argentina”, 2019-2020, en carácter de Investigadora Independiente, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas –CONICET-, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata -UNLP y 2. PIP Tetra-anual SECYT H866, “Bioética y Derecho a la salud.”, 2018-2021, UNLP, en carácter de directora. 2 Doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de La Plata; Investigadora Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina. Email: mariagracieladeortuzar@gmail.com. Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional �Ciudadanía y derechos humanos de migrantes... 288 1.- INTRODUCCION ColoLos migrantes, aquellas personas que han debido dejar su país de origen y residen en un país diferente, son considerados por la Organización Internacional para las Migraciones -OIM- como personas particularmente “vulnerables” (iom.int). En este grupo se incluye a los indocumentados que se desplazan de manera irregular, los menores, las mujeres embarazadas, las personas enfermas, las víctimas de violencia y las víctimas de tráfico de personas. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud señala la importancia de garantizar a todos los migrantes el acceso a sus derechos humanos, resaltando especialmente que la misma situación de migración constituye un determinante social global de la salud (OMS, 2007, pp. 6-10). En Argentina, a nivel nacional, la Ley de Migraciones Nro. 25.871 (2003) reconoce al migrante como sujeto de derecho (artic.4) cito: “el derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad (el subrayado es nuestro)”. Entre los derechos sociales de migrantes reconocidos por la citada ley, se destacan el derecho igualitario a servicios sociales, plasmado en el art. 6, cito: “se asegura el acceso igualitario a las personas inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular a lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. De esta manera, el Estado es garante del acceso de quienes migran a sus derechos fundamentales” (el subrayado es nuestro). Bajo dicho marco, el tema general que nos ocupa en el presente trabajo es la protección de los derechos humanos de migrantes latinoamericanos en Argentina. Específicamente, proponemos analizar aquí si existió discriminación en el caso particular de Ingreso Familiar de Emergencia -IFE- hacia los migrantes durante la pandemia por COVID 19; analizando cuáles fueron los mecanismos que operaron en la profundización de las múltiples desigualdades que sufren los migrantes y Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �De Ortúzar, M. G. 289 explicitando las razones que llevaron al retroceso de la atención de sus derechos fundamentales en políticas públicas. La encuesta de migrantes mostró que alrededor del 80% de este grupo de personas no accedieron al IFE, siendo mayormente perjudicados los migrantes con menor tiempo de residencia en el país y, por lo tanto, sin redes de apoyo consolidadas. En consecuencia, “el 77 % de los migrantes se encontró en una situación precaria de abandono: el 58% dejó de percibir un salario o ingreso debido a las condiciones informales de trabajo en las cuáles se encontraban (26,5% trabajo informal, 28.3% esporádico, 17,2 % no trabajaba). (Véase Encuesta ENMA; CONICET, 2020). Ante estos hechos, esto es ante la clara ausencia de políticas inclusivas hacia migrantes en el contexto de emergencia, nos interesa poner en cuestión los requisitos restrictivos de las políticas sociales en Argentina: ¿constituye el criterio restrictivo de ciudadanía, subyacente en la distribución de subsidios sociales en emergencia, una política acorde al marco inclusivo migratorio?; ¿cuál es entonces el criterio de igualdad implícito en las políticas distributivas igualitarias y universales?; ¿responde su marginación a una cuestión preexistente de dispositivos y políticas de control que modificaron nuestra ley de migraciones, produciendo el viraje de políticas de derechos humanos hacia políticas de seguridad?, ¿continúan vigentes estos dispositivos de control?, ¿qué políticas se proponen para la protección de migrantes en nuestro país?. Analizar las razones que llevaron a la citada marginación de los migrantes en Argentina, nos conduce, en primer lugar (I), a estudiar críticamente la concepción moderna de ciudadanía en la cual se basó la restricción del acceso igualitario a los beneficios/servicios sociales de los migrantes (IFE); investigando qué concepción de igualdad subyace al uso de éste criterio restrictivo en políticas sociales y sanitarias “universalistas e igualitarias”. En segundo lugar (II), se indagará cómo los cambios recientes en políticas de migraciones, a partir del DNU 70/2017, llevaron a la precarización e irregularidad de situación en la que se encontraban los migrantes previamente a la emergencia Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Ciudadanía y derechos humanos de migrantes... 290 por COVID 19. En términos generales, la pandemia ha permitido visibilizar los graves problemas estructurales de inclusión de migrantes, especialmente afrodescendientes y latinoamericanos, al igual que poblaciones originarias. Existen razones históricas y estructurales, evidenciadas desde el inicio de la creación del Estado argentino: inclusivo con los migrantes blancos europeos; genocida y discriminador con las comunidades indígenas y migrantes latinoamericanos (Plan Nacional contra la discriminación, 2014). De acuerdo con Jelin y Grimson (2016), el análisis histórico de las políticas emanadas desde el Estado argentino y el análisis histórico de las mismas leyes de migraciones, evidencian contradicciones entre políticas de regulación y seguridad y políticas de derechos humanos. Al respecto, nuestro aporte se centra en desenmascarar los mecanismos discriminatorios que impiden el acceso a derechos humanos de migrantes, esclareciendo criterios y mostrando las citadas tensiones, conflictos y/o retrocesos de sus derechos en el contexto de pandemia en Argentina. En otras palabras, consideramos que el presente análisis crítico sobre los modelos de pertenencia nos permitirá revisar los criterios distributivos para no circunscribir políticas sociales a la nacionalidad y reconocer los derechos de todo habitante y residente, de acuerdo al espíritu de nuestra Constitución Nacional Argentina y nuestra ley de migraciones 25.871/2003. 2.- FUNDAMENTO TEÓRICO La creciente globalización e interdependencia entre las Naciones del mundo cuestionó el mismo concepto de Estado-Nación (Habermas, 1999; Offe, 1990), exigiéndose la ampliación de su significado y la inclusión de nuevos derechos. Considerar los avances históricos de los esquemas de integración latinoamericana, y las problemáticas comunes de migraciones limítrofes que aqueja a todos los Estados, conlleva cuestionar el concepto de ciudadanía nacional a partir de las transformaciones que sufrieron las mismas fronteras nacionales, pensadas como fijas e inmutables, y a partir de los procesos de descolonización en los países del Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �De Ortúzar, M. G. 291 Tercer Mundo; el flujo creciente de migraciones; el reconocimiento de la diversidad cultural; y el surgimiento de los mismos modelos de integración, como la Comunidad Económica Europea –CEE-; el Mercado Común del Sur –MERCOSUR-, el Pacto Andino, entre otros. Al respecto, Habermas (1996) resalta que dichos esquemas de integración supranacionales (por ejemplo la CEE), como así también las mismas empresas supraestatales o multinacionales, dejan de lado el papel del Estado Nación, en tanto éste no puede resolver los problemas fuera de sus fronteras. Surge entonces la ciudadanía postnacional como una alternativa intermedia entre un obsoleto concepto de ciudadanía nacional y un quimérico ideal de la ciudadanía cosmopolita. De acuerdo al citado autor, la idea de esta ciudadanía postnacional se encuentra representada en la ciudadanía europea defendiendo la ampliación de derechos, como el derecho al voto de los migrantes, y superando la histórica condición discriminatoria asociada a clases sociales, propiedades, varones y nacionales. El ejemplo paradigmático de ruptura de la ciudadanía tradicional para la ampliación de derechos lo constituye el sufragio universal conquistado por las mujeres, el cual rompe con la citada concepción excluyente de ciudadanía moderna vinculada con la nacional, pero también con las categorías de varones, blancos y propietarios, cito: “Aquel que tiene derecho a voto en esta legislación se llama ciudadano; la única cualidad exigida por ello, aparte de la cualidad natural (no ser niño ni mujer), es esta: que uno sea su propio señor y, por tanto, que tenga alguna propiedad que le mantenga”. (Kant, I, TP, Ak. VIII 295; 1986 34). En América Latina, el MERCOSUR; el Programa Patria Grande, los Estados pluriculturales, multiétnicos, las reformas constitucionales profundas, como las realizadas en Ecuador y Bolivia, llevaron al reconociendo de la plurinacionalidad, los derechos colectivos, comunitarios, democráticos, con participación y representación política de comunidades indígenas, autonomías descentralizadas y diversidad de lenguas y culturas en un mismo territorio. Desde nuestra tierra latinoamericana se proclama la ciudadanía pluricultural o pluriciudadanía, los Estados pluriculturales, multiétnicos, con reformas constitucionales profundas, Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Ciudadanía y derechos humanos de migrantes... 292 como las realizadas en Ecuador y Bolivia. Rescatamos aquí esta nueva concepción, acompañada por organizaciones de mujeres feministas comunitarias, defensoras de derechos plurinacionales, por su aporte en la crítica al Estado Nación y a la ciudadanía nacional, y su propuesta pluricultural. Estos avances han permitido el reconocimiento de pueblos indígenas, como el pueblo Qom. Recientemente asistimos al resarcimiento integral por el genocidio cometido hace un siglo por el mismo Estado Nacional el 19 de julio de 1924, en lo que se conoce como la Masacre de Napalpi. En dicha masacre fueron asesinadas 1500 personas Qom (niños, ancianos, mujeres y hombres). A través de un inédito y pormenorizado fallo (elaborado por las Juezas María Denogens y Rocío Alcalá de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco); fueron reconocidos los derechos colectivos de esta comunidad aborigen, exigiendo la reparación integral y económica del daño cometido (inclusión en la historia argentina de los relatos del hecho, monumentos, difusión histórico, 375 millones de pesos calculados en base a salario mínimo repartidos en la comunidad, mesa de diálogo, plan de infraestructura, entre otros). Este avance en el reconocimiento implica un avance en la concepción de justicia e igualdad, la cual no sólo se limita al aspecto distributivo sino también al reconocimiento y a la participación de las comunidades, mostrando sus múltiples dimensiones (Fraser, 1997). Como hemos anticipado, la ley de Migraciones de Argentina Nro. 25871/2003 constituyó, en su momento, un ejemplo paradigmático en lo que respecta a la defensa del derecho a migrar como derecho humano, reconociendo el derecho a migrar como un derecho inalienable de la persona sobre las bases de igualdad y universalidad. Desde el mismo espíritu de inclusión e integración, a partir del Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, y el Programa Patria Grande (2006-2010), se promovió la regularización documentaria migratoria de las personas de países vecinos que residían en Argentina, continuado por programas territoriales (2010-2016) de inserción e integración de extranjeros del MERCOSUR que residían de forma irRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �De Ortúzar, M. G. 293 regular (Dirección Nacional de Migraciones, 2010, 2). El objetivo del Programa Patria Grande fue no criminalizar al migrante y transformar la lógica excluyente del Estado (Domentech, 2011), llevando adelante una descentralización operativa territorial por convenios con municipios, y habilitando la importante participación de asociaciones civiles, entre las cuáles se resalta las mismas organizaciones de migrantes, partícipes activos de la política pública. Más allá de esta interesante propuesta, congruente con el avance de las concepciones de justicia mencionadas anteriormente (distributiva, reconocimiento y participativa); surgen nuevas concepciones de ciudadanía trasnacional (Baribock, 1994), ciudadanía multicultural, planteando el reconocimiento del respeto de las diferentes necesidades de cada grupo y fomentando la igualdad por la diversidad cultural propia de sociedades complejas (Kymlicka, 1996). Sin embargo, las múltiples asimetrías regionales que existen entre nuestros países, el debilitamiento de los órganos supranacionales latinoamericanos (Pacto Andino) frente al avance de esquemas meramente comercialistas de integración (MERCOSUR), y el nuevo uso del Estado para intereses privados por gobiernos neoconservadores, volvió cada vez más lejano el sueño de un genuino esquema de integración latinoamericano (Parlamentos Supranacionales), y, con ello, disipó de nuestro horizonte la posibilidad de conformar una ciudadanía latinoamericana supranacional. Pensar la ciudadanía desde una dimensión de integración latinoamericana constituye un ejemplo de concepción inclusiva. Lamentablemente, las conquistas de los nuevos derechos no son lineales, existiendo claros retrocesos en lo que hace a los derechos sociales de los migrantes en Argentina. Un ejemplo de este retroceso lo constituyó el DNU 70/2017, el cual reinstauró las políticas selectivas de inmigración y profundizó las situaciones de irregularidad del migrante y consiguiente aumento de la vulnerabilidad social. Dicho decreto, emanado del Poder Ejecutivo, modificó la mencionada ley de migraciones 25.871 para habilitar políticas diferenciadas y selectivas, que permita el control y la vigilancia policial del migrante, políticas que nos remonta a las viejas leyes restrictivas de migrantes (Avellaneda y Videla), las cuáles discriminan a los Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Ciudadanía y derechos humanos de migrantes... 294 migrantes de países limítrofes. Dicha política selectiva nos remite a la misma formación del Estado-nación, a fines del s. XIX y principios del XX, más precisamente a la primera ley inmigratoria de la Argentina, conocida “Ley Avellaneda” (1876), la cual tuvo por objetivo principal atraer a los migrantes blancos para contribuir a poblar todo el territorio. La ley Avellaneda alentaba una inmigración europea y moralmente capaz de adaptarse al país y de trabajar para su desarrollo; excluyendo a las personas provenientes de países limítrofes. La migración es una parte clave del proyecto político liberal blanco y europeizado. En la misma línea, la citada Ley Videla Nro. 22.439 (1981), en su artículo 2 establece que “el Poder Ejecutivo, de acuerdo con las necesidades poblacionales de la República, promoverá la inmigración de extranjeros cuyas características culturales permitan su adecuada integración en la sociedad argentina”. En el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional de la Dictadura, esta ley representa el poder de vigilancia, control y persecución (Para la ampliación de este punto véase de Ortúzar, 2020, b). Como veremos más adelante en el apartado 4.2 cuando analicemos el DNU 70/2017; este giro político en migraciones, centrado en políticas de seguridad y control, reforzaría las concepciones nacionalistas propias de la doctrina de seguridad nacional, con dispositivos vigentes hasta el presente, contrarios al respeto de los derechos humanos de los migrantes. 3.- MÉTODO La propuesta metodológica de la presente investigación tiene un ámbito multidimensional, abordando elementos conceptuales, normativos y empíricos. En primer lugar, se trata de fijar una postura teórica práctica conceptual, consistente en el análisis crítico documental de leyes y decretos de migraciones (Ley 25871/2003 y DNU 70/2017) que hacen a los derechos de migrantes, conjuntamente con el análisis histórico del concepto filosófico de ciudadanía y la concepción de igualdad subyacente al decreto de emergencia sobre política social (IFE). En segundo lugar, dicho marco conceptual y normativo de derechos humanos de migrantes, como así también las políticas de emergencia para los mismos, serán confrontados Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �De Ortúzar, M. G. 295 con las evidencias empíricas que reflejan la situación social de discriminación de migrantes a través de encuestas cualitativas realizadas durante la pandemia -2020- por equipos del CONICET de la Red de Investigación Orientada a Solución de Problemas, Área Derechos Humanos, Migración y Asilo (RIOSP, DDHH, CONICET, Encuesta ENMA, 2020 y Encuesta de Mujeres, CONICET; 2020). 4.- RESULTADOS El criterio restrictivo de ciudadanía del IFE en emergencia sanitaria La propuesta del Estado argentino en el contexto social de emergencia por pandemia se centró en un Ingreso Familiar de Emergencia- IFE-. Dicha medida preventiva fue aplicada para compensar las consecuencias económicas y sociales del Aislamiento Social Obligatorio y Preventivo (ASOP, Decreto 297/2020) que obligó al cese de la jornada laboral de los migrantes y al cierre de fronteras. EL IFE constituyó una ayuda para salvar la situación precaria de trabajadores informales, de casas particulares y monotributistas; siendo cobrado sólo por un integrante del grupo familiar y priorizando a la mujer. Entre los requisitos del mismo se encuentra: “ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a dos años (certificada)” (Véase www.anses.gob.ar). La solicitud del IFE durante la pandemia sólo podía realizarse a través de internet, constituyendo éste medio una barrera más para su acceso. Ahora bien, uno podría comenzar preguntando cómo, si es el Estado el que debe velar por el acceso a derechos básicos de los migrantes (Ley de Migraciones 25871/2003, art.6), se invierte la responsabilidad del cuidado dejando librada a la capacidad del migrante la solicitud del trámite electrónico en momentos de emergencia. El diseño de toda política social debe ser pensado para los particulares, especialmente si se trata de grupos con derechos vulnerados, procurando que éstos puedan acceder a los beneficios. En segundo lugar, el requisito del DNI o residencia legal se presenta como una traba o filtro innecesario, en tanto el DNI es un derecho y no una obligación de las personas (migrantes o nacionales). Este no puede ser requerido para condicionar el acceso a la atención de la salud (Art. 8, Ley de migraciones), o el Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Ciudadanía y derechos humanos de migrantes... 296 acceso a la educación, siendo ambos derechos de migrantes. Como contraparte, el Estado argentino tiene la obligación de arbitrar las medidas para que las personas migrantes estén en situación regular (art. 17, Ley de Migraciones). La responsabilidad del cuidado aquí no es individual, sino social. Sin embargo, la introducción del concepto moderno de ciudadanía, subyacente en los requisitos de acceso al IFE, generó claramente criterios asimétricos entre nacionales y migrantes. Recordemos que, de acuerdo a la ley de migraciones, en su artic. 6, se establece que el acceso a derechos exige igual trato entre nacionales y migrantes: “se asegura el acceso igualitario a las personas inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular a lo referido a servicios sociales…”. Para ilustrar esta situación de asimetría de trato, una encuesta realizada con mujeres migrantes en pandemia (Bidaseca et. al.; 2020) mostró que el requisito de nacionalidad y/o naturalización del IFE excluyó a la mayoría de las mujeres migrantes (sólo el 12,3% recibe el IFE –ingreso familiar de emergencia, el 12,3% percibe la AUH –asignación universal por hijos- y el 79,7% no recibe ningún subsidio). La ASOP afectó el acceso al trabajo del 71% (296) de migrantes, dadas las condiciones de flexibilización y vulneración de derechos en las que se encontraban: “Más de un 10% (42) de las personas manifestaron haber sido suspendidas de sus fuentes de trabajo. Si se estudia al grupo de personas desempleadas (296) según género, edad y situación migratoria, se observa que el 66% (195) de estas personas fueron mujeres de entre 30 y 59 años de edad que se encontraban tramitando su residencia temporaria. En contraparte sólo un 25% (100) de los encuestados se encuentra actualmente percibiendo un ingreso. Un 22,2% de las mujeres trans/ travesti recibe el IFE mientras que un 66,7% no reciben ningún subsidio. En el caso de las mujeres mestizas, el 20% recibe el IFE, y un 5,9% la AUH mientras que un 74,1% no recibe ningún subsidio. De las afrodescendientes, el 17,2% recibe el IFE y un 10,3% la AUH, un 70,7% no recibe ningún subsidio. De las originarias, un 28,7% recibe el IFE, un 20,3% la AUH y un 58,7% no recibe ningún subsidio” (Bidaseca.et. al; 2020). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �De Ortúzar, M. G. 297 Resulta paradójico que una medida de emergencia, tendiente a atender una situación excepcional, discrimine a migrantes en pandemia. ¿Puede ser la ciudadanía un criterio excluyente en políticas sociales de emergencia? ¿Qué principios de igualdad y universalidad se aplican entonces?. Analizando las relaciones entre políticas sociales y políticas de migraciones, encontramos conflictos entre las mismas y contradicciones internas centradas en la deliberada exclusión del no ciudadano. La ciudadanía es definida aquí “desde criterios territoriales y vinculada a la nacionalidad y a la soberanía de los Estados; limitando a la comunidad política de modo excluyente” (Marshall, 1992). Por lo tanto, las políticas sociales son pensadas para sujetos nacionales, blancos, propietarios, ciudadanos plenos; desconociendo las necesidades de las personas de carne y hueso que habitan nuestro suelo. Esto es, a pesar del supuesto universalismo, las políticas sociales se dirigen, contradictoriamente, a un ciudadano blanco y propietario, discriminando al resto de las personas y/o grupos vulnerables cuyas necesidades urgentes continúan sin ser satisfechas por parte del Estado, el cual, cabe subrayar, es y debe ser garante de las mismas. Dicho universalismo se reproduce tanto en la Cobertura Universal de la Salud (CUS, 2016) como en la Asignación Universal por Hijos (AUH, Decreto 1602/09). Ambas políticas fueron diseñadas para excluir a migrantes sin DNI, sin domicilio fijo, trabajo formal y estable. A nivel operativo, quedan también fuera del acceso las personas que no se encuentren alfabetizadas digitalmente (es importante señalar que son excluidos, consecuentemente, comunidades indígenas, indocumentados y demás destinatarios reales, con necesidades urgentes y derechos históricamente vulnerados). En nombre de la universalidad e igualdad se discrimina a los migrantes, exigiéndoles DNI o pago de seguros de salud, y excluyéndolo del derecho a la salud. Detengámonos brevemente a analizar estas políticas sociales precedentes del IFE, denominadas “universalistas e igualitarias”. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Ciudadanía y derechos humanos de migrantes... 298 4.1.a)- Cobertura Universal de la Salud- CUSEn nuestro país, Argentina, rige un sistema mixto de salud (sector público, sector privado y obras sociales), siendo los hospitales (públicos) el emblema tradicional de atención igualitaria. Estos han cobijado históricamente a todas las personas que requerían atención sanitaria, y muy especialmente a aquellas que no gozaban de obra social o posibilidades de pago en el mercado (seguro privado), incluyendo a los migrantes y extranjeros. La justificación del citado acceso igualitario parte de la premisa que considera a la salud como un bien público y no como un bien comercial. Desde el 2016, se impone la CUS a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 908/2016, en un contexto de emergencia, proponiéndose: (I.1) Identificación, nominalización y documentación (electrónica) de beneficiarios de la Cobertura Universal de Salud; (I.2) Fortalecimiento y modernización del sector público de salud; (I.3) Desarrollo, equipamiento y puesta en valor de efectores públicos de salud (el subrayado es mío). El Estado se convierte así en un instrumento que permite transferir poder al sector privado en pos de que éste sistema público-privado sea “más eficiente y de calidad”. Claramente, este sistema no es para todos. La equidad queda fuera de esta estrategia, aun cuando se usa contradictoriamente el término “cobertura universal” para legitimar la misma y permitir la libre disponibilidad de fondos públicos en pos de garantizar la facturación de prestaciones de salud de alta calidad y la imprescindible informatización del sistema sanitario para excluir a quienes no tienen seguros. Es en dicho marco que los migrantes son excluidos de la salud. Un ejemplo de ello lo encontramos en la ley 6.116/2018 de la Provincia de Jujuy -aprobada sin debate público, sin reglamentar-, la cual plantea un tratamiento diferencial en el acceso a la salud de los extranjeros y migrantes, creando el Sistema Provincial de Seguro de Salud Para Extranjeros. Este sistema: 1. impone el cobro de un “seguro provincial de salud” a aquellas personas que requieran el servicio médico público provincial y no cuenten con una residencia permanente; 2.faculta al Poder Ejecutivo a establecer las autorizaciones, modalidades, excepciones, nomencladores y valores de las prestaciones del seguro proRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �De Ortúzar, M. G. 299 vincial de salud (Art. 2); 3. se atribuye la facultad de limitar el acceso a la salud pública en función de la situación de residencia en la provincia, no en el país. Es decir que distingue entre residentes permanentes y temporarios; y, determina su alcance a personas extranjeras que permanezcan en el territorio de Jujuy en forma transitoria (art. 3). La citada ley provincial contradice nuestra Ley Nacional de Migraciones Nro. 25871, la cual en su artículo 8 garantiza que todas las personas migrantes deben recibir atención de la salud independientemente de su estatus migratorio y en igualdad de condiciones que los nacionales. También contradice nuestra Constitución Nacional (art. 75) la cual recoge la normativa internacional sobre derechos humanos y resguarda el derecho a la salud de todos/todas. Por lo tanto, la ley 6.116 de Jujuy, enmarcada en la CUS; ha sido denunciada por inconstitucional y regresiva al atentar contra la protección de derechos humanos de los migrantes reconocidos en la normativa nacional e internacional. También es discriminatoria porque interfiere en el derecho a la salud pública, asistencia médica, seguridad y servicios sociales distinguiendo por raza, color y origen nacional o étnico (Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial). (Para la ampliación de la exclusión de migrantes de la cobertura universal véase de Ortúzar, 2018; de Ortúzar, 2020, a y b). 4.1.b). Asignación universal por hijos: el antecedente directo del IFE El requisito de ciudadanía y/o residencia mayor a dos años del IFE repite los criterios de las políticas sociales universalistas, ejemplificadas a través de la AUH: “(i) que el “menor” sea “argentino, hijo de argentino nativo o por opción, naturalizado o residente, con residencia legal en el país no inferior a TRES (3) años previos a la solicitud”; (ii) “acreditar la identidad del titular del beneficio y del menor, mediante Documento Nacional de Identidad”; (iii) “Acreditar el vínculo entre la persona que percibirá el beneficio y el menor, mediante la presentación de las partidas correspondientes y en los casos de adopción, tutelas y curatelas los testimonios judiciales pertinentes”. En el caso de la AUH, si bien algunos migrantes asentados en el país hace más de cinco años reciben la asignación, encontramos que la mayoría de las personas migrantes no han realizado la soRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Ciudadanía y derechos humanos de migrantes... 300 licitud de las mismas por desconocer sus derechos de recibirlas. Esta situación pone en evidencia sus derechos vulnerados, incumpliendo el Estado con la obligación de protección del acceso a derechos básicos de migrantes. Por otra parte, estas contradicciones y conflictos se encuentran presentes en la aplicación de la misma ley de migraciones, cuando se discrimina en el acceso a pensiones (ej. discapacidad) y subsidios (ej. niñez) entre nacionales y migrantes, a pesar de la igualdad de derechos reconocida por la citada ley. Las normas que regulan las pensiones no contributivas otorgadas por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación exigen para las pensiones por invalidez 20 años de residencia regular en el país, 40 años para las pensiones por vejez y 15 años para la pensión que se otorga a las madres de siete o más hijos. Las políticas sociales llamadas “universalistas” establecen una diferencia de trato injustificada entre migrantes y nacionales, discriminando a los primeros e incumpliendo con la atención igualitaria de sus derechos. En el caso del IFE; el sesgo discriminatorio presente en el requisito de naturalización o residencia legal no inferior a dos años, y/o la exigencia del DNI para condicionar el acceso a subsidios sociales de emergencia, equivale a ignorar las múltiples desigualdades que atraviesan los migrantes ante el cierre de frontera en pandemia y su precaria situación laboral, contribuyendo, una vez más, a su estigmatización y exclusión. 4.1.c) El Ingreso Familiar de emergencia: ¿ciudadano o habitante/residente? Como hemos anticipado, el análisis de este problema específico del no acceso a IFE de migrantes nos introduce en un complejo mundo de contradicciones y conflictos en políticas sociales que se presentan como igualitarias y universalistas, pero restringen cada vez más el acceso a derechos humanos de grupos históricamente vulnerados, violando los principios de nuestra constitución nacional: igualdad de derechos a todos sus habitantes. Recordemos que en Argentina, los grupos históricamente excluidos de ésta concepción nacional de ciudadanía política son: 1.las comunidades indígenas y descendientes que reclaman el respeto de sus cosmovisiones, como así también su doble identidad para defender su pertenencia Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �De Ortúzar, M. G. 301 indígena y territorial (Ej. grupos indígenas que reclaman el derecho a la libre determinación de la autonomía); y, 2. los grupos migrantes, diferenciados por país de origen y de recepción, entre los cuáles se encuentran una mayoría de migrantes latinoamericanos con rasgos fenotípicos indígenas y afrodescendientes (Plan Nacional contra la discriminación, 2014). Según Segato (2007), en su análisis de la construcción del Estado Nación en Argentina: “El estado moderno desarrolló una concepción determinada de la ciudadanía que fagocitó las diferencias en pos de un proyecto de unidad y homogeneidad poblacional. La racionalización del poder implicó, en términos funcionales y organizativos del poder político, la creación de ciertas identidades nacionales homogéneas que no son otra cosa que el ideario de un grupo dominante que en algún momento de la historia de la sociedad travistió sus intereses en la idea de una voluntad general. Este modelo monocultural, con un fuerte carácter homogeneizante de la diversidad identitaria, difícilmente pueda ser concebido como una práctica de política democrática inclusiva. Si el requisito de ciudadanía nacional, exigido acríticamente por el gobierno para acceder al IFE en el contexto de ASOP y el cierre de fronteras por COVID, reproduce la discriminación sufrida por los migrantes en los últimos años en políticas sociales y sanitarias precedentes; entonces es necesario repensar los modelos de ciudadanía como requisitos de derechos básicos. No obstante, a pesar de la crítica de este concepto moderno de ciudadanía y el avance en el reconocimiento de nuevas concepciones de ciudadanía centradas en derechos humanos, conviven en nuestro país modelos de políticas públicas, uno centrado en el marco general de la ley migratoria y del respeto de derechos humanos, promoviendo políticas inclusivas y el respeto a una concepción pluricultural de ciudadanía; y otro modelo de migraciones basado en políticas de seguridad, con un concepto nacionalista y excluyente de ciudadanía. Este nuevo viraje hacia políticas de seguridad y control en migraciones ocasiona serios daños en las condiciones sociales y el respeto de derechos de los migrantes latinoamericanos. He aquí la necesidad de analizar, seguidamente en la segunda parte, este punto de inflexión. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Ciudadanía y derechos humanos de migrantes... 302 Análisis de los cambios normativos en políticas de migraciones en Argentina: sobre la necesidad de desarticular mecanismos discriminatorios a nivel operativo La situación de irregularidad de los migrantes se encontró agravada, previamente a la pandemia, debido a cambios recientes en políticas de migraciones, pasándose del paradigma de derechos humanos hacia el viejo paradigma centrado en la seguridad (DNU 70/2017). Dichos dispositivos, impuestos para el control de migrantes, obstaculizaron los trámites de residencia y/o ciudadanía. Las razones dadas para la imposición de este DNU parten, en primer lugar, de un dato falso, como comprueba posteriormente el Informe de la Comisión Penitenciaria Argentina. Este Decreto de Necesidad de Urgencia sostiene, para su creación, que la población carcelaria de migrantes ha aumentado hasta alcanzar en el 2016 al 21,35% de la población carcelaria total. Cito: “Que ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a siete (7) años de tramitación. Que, a su vez, la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del servicio penitenciario federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el veintiuno coma treinta y cinco por ciento (21,35%) de la población carcelaria total”. Los números citados son falsos, la población carcelaria migrante no se ha incrementado. Por el contrario, ha permanecido estable desde hace más de 10 años. De los 2.000.000 de personas privadas de la libertad solo el 5% son migrantes (4.400 personas). Los extranjeros detenidos en cárceles federales y provinciales son un 6% del total. Como he formulado anteriormente, cabe preguntarse si los rasgos fenotípicos de los migrantes latinoamericanos, o los rasgos afrodescendientes de los senegaleses, constituyen la razón para esta persecución, control, vigilancia, represión, y deportación del migrante asociado al delincuente. El Decreto de Necesidad y Urgencia -DNU- Nro.70/2017 estaba destinado a dar un giro político Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �De Ortúzar, M. G. 303 radical en migraciones. Este DNU habilitó procedimientos de detención y deportación express sin proceso judicial a: Quienes hayan cometido fallas administrativas en la acreditación del trámite de ingreso (grupos vulnerables que ingresan por un lugar limítrofe no habilitado); Quienes hayan resistido a la autoridad en el contexto de una marcha o una represión por venta callejera ambulante (Ej. trabajadores senegaleses); Quienes hayan cometido delitos menores; sin importar -en todos estos casos- el derecho de unión familiar o la protección de los menores y adolescentes. (DNU 70/2017). Como puede observarse, las causales de deportación se han ampliado, sin ser el objetivo de estas luchas el crimen organizado (nuestra ley de migraciones ya permitía la deportación de migrantes en casos de narcotraficantes, no siendo necesarios los cambios realizados para ampliar las causales de deportaciones express). El poder de policía nos recuerda la Doctrina de Seguridad Nacional de la Dictadura, con su Ley Videla, centrada en la distinción entre ilegalidad por ingreso y por permanencia; la negación de derechos sociales a los migrantes; la obligación de denuncia administrativa de los migrantes irregulares (en salud, en educación, administración, registro civil, empresas, escribanos etc.); la expulsión y prohibición de reingresar al país de manera permanente; la pena de prisión; la imposibilidad del recurso judicial, entre otros. En lo que respecta al tema que nos ocupa, el requisito de nacionalidad del IFE; el DNU cambió el modo de acceso a la nacionalidad argentina, proponiendo que, en lugar de exigir que la persona solicitante acredite más de dos años de residencia en el país, se pida una evaluación por un juez federal, una vez que se demuestre que esa residencia es “legal” (CELS, 2017). Este hecho, sumado a los dispositivos electrónicos para la tramitación del turno implementados a través del nuevo sistema RADEX, impide la tramitación del DNI del migrante y/o residencia. En síntesis, el retroceso en el acceso a los derechos sociales de los migrantes Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Ciudadanía y derechos humanos de migrantes... 304 desde la aplicación del DNU 70/2017 dificultó la regularización de su situación legal/documentaria, profundizando la desigualdad económica-social, étnica y de género de los/las migrantes, y permitiendo una mayor flexibilidad laboral y condiciones para su explotación. Como resultado de las políticas de control aplicadas en los últimos cuatro años, los derechos sociales de los migrantes latinoamericanos y afrodescendientes fueron vulnerados. En emergencia sanitaria por COVID (2020), dicha situación fue especialmente agravada debido a que: 1. la no regularización previa de trámites -residencia y DNI- por el miedo de ser deportados o encarcelados, imposibilitó su acceso al Ingreso Familiar de Emergencia -IFE-. Por lo tanto, como han denunciado las Organizaciones migrantes, la falta de documentación que acredite la residencia de más de dos años en el país se origina a partir de una extensión en los plazos burocráticos establecidos durante la gestión del gobierno anterior, 2. la situación de irregularidad las obligó a trabajar en la economía informal por falta de documentos (“trabajo precario”), sin acceso a seguros sociales, colocándolos en un lugar vulnerable ante la medida del ASOP (pérdida de trabajo); 3. la implementación del DNU 70/2017 fue acompañado con la instalación de creencias xenófobas y racistas que llevaron a las restricciones en el acceso a la salud, dado que en la práctica esto generó en la solicitud del DNI para la atención de la salud, y en algunas provincias, como hemos analizado precedentemente, el pago de un seguro para el acceso a la salud. Ambos puntos son contrarios a la ley de migraciones y al respeto por el derecho a la salud garantizado por la CN y la citada ley. En consecuencia, las desigualdades y la situación de vulneración de derechos en la que se encontraban los migrantes en pandemia son preexistentes, y responden a los cambios normativos en las políticas de migraciones, me refiero al Decreto de Necesidad y Urgencia –DNU -70/2017. El citado DNU criminaliza a los migrantes, obstaculizando la posibilidad de los mismos de regularizar su situación Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �De Ortúzar, M. G. 305 de residencia y ciudadanía por: 1) imponer un sistema electrónico de solicitud de trámites–RADEX- que excluye de su acceso a los migrantes (por falta de acceso a TICs, alfabetización digital, costos, entre otras razones), aumentando así el número de indocumentados y facilitando las condiciones para su explotación laboral; 2) por exigir la evaluación de un juez federal para demostrar la legalidad de la residencia mayor de dos años (CELS, 2017). La exclusión de los migrantes de sus derechos y su situación social ha sido agravada en los últimos años a partir de giros normativos en políticas de migraciones. En la apelación a la nacionalidad y las políticas de control subyacen creencias xenófobas y racistas hacia los migrantes. En marzo de 2018 el citado DNU 70/2017 fue declarado inconstitucional por el poder judicial. En el 2021 fue derogado por ser contrario los derechos de las personas migrantes. Los jueces/zas consideraron que el DNU “no solo constituye una apropiación de facultades legislativas sin causa constitucional que la legitime, sino que también recoge en su articulado soluciones que son incompatibles con estándares constitucionales y de derechos humanos que forman parte de las condiciones de vigencia de los instrumentos internacionales en la materia” (CELS, 2017). Nuestra Constitución Nacional establece una apertura hacia la llegada de inmigrantes y otorga igualdad de derechos y obligaciones a personas nativas y extranjeras. En su artículo 20 expresa: “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión y no están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias”. La ley de migraciones Nro. 25871/2003 reconoce a la migración como un derecho humano esencial que debe ser garantizado por el Estado, protegiendo a los migrantes del acceso a beneficios sociales, educación, salud y trabajos formalizados, como así también el derecho a la salud irrestricto a todos los migrantes. Las nuevas normativas en migraciones condujeron a negar el acceso de extranjeros y migrantes a los derechos sociales que gozan los ciudadanos, discriminando, y derivando en la vulnerabilidad jurídica de los inmigrantes (no acceden a los tres tipos de derechos ciudadanos: civiles, políticos y sociales (Kymlicka y Wayne, Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Ciudadanía y derechos humanos de migrantes... 306 1997; Pereyra, 2005). Como consecuencia, se profundiza la exclusión económica, social y política del grupo de migrantes latinoamericanos (Pizarro 2009). Sin embargo, las medidas tomadas en pandemia, como el IFE, parten de un criterio arbitrario que no se cuestiona: el requisito restrictivo de la nacionalidad, estableciendo así un criterio para la asimetría social. Desde el Instituto Nacional contra la Discriminación – INADI- de Argentina se apela a recordar el principio de la no discriminación, así como la solidaridad y hermandad entre los pueblos, como una herramienta valiosa para enfrentar la situación social frente a esta pandemia. La Comisión Económica para América Latina y El Caribe –CEPAL_alerta que la pandemia ha generado la mayor contracción de la actividad económica de la historia de la región, con la consiguiente profundización de las desigualdades (CEPAL, 2020). Esta restricción jurídica, en íntima relación con la desigualdad socioeconómica y con las relaciones de poder que ésta supone, genera también una desigualdad en la dimensión racial, étnica y epistémica y de género. Pensar en la exclusión de derechos de mujeres migrantes latinoamericanas y afrodescendientes (extranjeras residentes) por no satisfacer el criterio restrictivo de la nacionalidad (tramitación del DNI) o naturalización de la misma (más de dos años de residencia formalmente legalizados), en un país con una ley de migración inclusiva y con tratados regionales de integración latinoamericana (MERCOSUR), y en una sociedad contemporánea caracterizada por la diversidad cultural y las migraciones trasnacionales, es un hecho discriminatorio. Asistimos a una época donde el racismo recrudece en el mundo al mismo tiempo que se cierran las fronteras y se agitan políticas de seguridad. El peligro es su extremo eugenésico, ejemplificado en la triple discriminación de las mujeres migrantes mexicanas a las que se practicaron histerectomías forzosas -sin su consentimiento- en Estados Unidos (ICE, Georgia, 2020). Nuestro país, en Argentina, no está libre del racismo, evidenciando creencias xenófobas hacia las personas con rasgos fenotípicos indígenas y afrodescendientes. Ejemplo de ello son los dichos del gobernador de Salta, sobre los cuáles se expresa el Instituto Nacional contra la Discriminación. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �De Ortúzar, M. G. 307 En este sentido, el Área Migrantes y Refugiados/as del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) expresa su preocupación por los dichos recientes del gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, quien afirmó: “Esta pandemia nos sirve para controlar pero por sobre todas las cosas para contener y para priorizar a los argentinos… La caridad bien entendida empieza por casa. La gente ingresa masivamente por el río que ha bajado, por Salvador Mazza, por Hito Uno, por distintos lugares. Me dicen que hoy día gracias a Dios van a empezar a llegar los efectivos militares a Aguas Blancas a acompañar a la Policía y a la gendarmería en forma coordinada, a ayudar a que no sigan ingresando gente que es de otro país y que lamentablemente lo están pasando mal (mal como Jujuy) no tienen servicios de atención, hay gente que se está muriendo en las calles, en sus casas” (Sáenz pide aumentar controles en la frontera contra extranjeros que ingresan a cobrar el IFE, 2020,10 de agosto). Como funcionario, Sáenz debe asumir la responsabilidad de conocer y respetar las leyes vigentes: Ley 23.592 (de Actos Discriminatorios), Ley 25.871 (de Migraciones) y el Decreto Nº1086/05 (Plan Nacional contra la Discriminación), normativa que reconoce y garantiza los derechos de las personas migrantes. Por ejemplo, el artículo 34 de la Ley 25.871, que expresa: “Se podrá autorizar la entrada al país de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en la ley y su reglamentación, cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por la Argentina” . O el fragmento del capítulo III del Plan Nacional contra la Discriminación, que señala: (…) la migración de los países limítrofes ha sido muy relevante y continúa desde los propios orígenes de nuestro país. Su rechazo se construye sobre la base del ideario racista afirmando que dichos migrantes son los responsables de nuestras privaciones, desestimando las consecuencias de un modelo distributivo que concentra la riqueza en un sector minoritario de la población (…). Este tipo de discurso contribuye a la formación y sostenimiento de un estereotipo discriminador, transfiriendo a las colectividades migrantes la propia frustración social: se seleccionan víctimas, se las presenta como victimarios y se desvían así las distintas responsabilidades (INADI, 2005)”. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Ciudadanía y derechos humanos de migrantes... 308 5.- CONCLUSIONES En el contexto de cierre de fronteras y aislamiento obligatorio por pandemia; el gobierno de Argentina propuso el Ingreso Familiar de Emergencia- IFE- destinado a trabajadores informales, de casas particulares y monotributistas. El requisito de naturalización o residencia legal no inferior a dos años excluye a una gran mayoría de los migrantes, muy especialmente si tenemos en cuenta el giro reciente en políticas de control y seguridad y los cambios en los sistemas informáticos de tramitaciones de residencias (RADEX) que desalentaron a los migrantes a la regularización de su situación. El carácter excluyente y discriminatorio de la medida adoptada del IFE es contrario al respeto los derechos humanos de migrantes, afectando al 75% de los mismos debido a que no reportan ningún ingreso en ese período, y evidenciado la grave situación de emergencia y necesidades de insumos básicos que los atraviesa. Sin embargo, la situación social precaria de los migrantes no es fruto del gobierno actual ni consecuencia directa de las políticas sociales aplicadas en pandemia, si bien éstas no contemplaron a los migrantes. El análisis crítico de los cambios normativos en políticas de migraciones (2017) mostró las históricas tensiones representadas por (a) una concepción amplia inclusiva y pluricultural de ciudadanía, centrada en Derechos Humanos, y (b) una concepción de ciudadanía moderna nacionalista, homogeneizante y excluyente. Por una parte, (a) en lo que respeta a las legislaciones, desde el 2003 nuestro país cuenta con la ley de migraciones Nro. 25871, modelo ejemplar e inclusivo de migración, reconociendo sus derechos sociales y su derecho a voto y participación. Por la otra (b), encontramos cambios profundos recientes y giros hacia políticas excluyentes (securitistas) impuestas a través del DNU 70/2017, decreto dirigido hacia migrantes latinoamericanos descendientes de comunidades originarias y afrodescendientes. El retroceso en el acceso a los derechos sociales de los migrantes desde la aplicación del DNU 70/2017 dificultó la regularización de su situación legal/documentaria, profundizando la desigualdad económica-social, étnica y de género Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �De Ortúzar, M. G. 309 de los/las migrantes, y permitiendo una mayor flexibilidad laboral y condiciones para su explotación. Como corolario de las políticas de control aplicadas en los últimos cuatro años los derechos sociales de los migrantes latinoamericanos y afrodescendientes fueron vulnerados durante la pandemia. En emergencia sanitaria por COVID (2020), dicha situación fue agravada debido a: 1. la falta de documentación (por extensión en los plazos burocráticos anteriores); 2. su condición irregular (economía informal); 3. las creencias xenófobas y racistas que llevaron a las restricciones en el acceso a la salud, dado que en la práctica esto generó la solicitud del DNI para la atención de la salud, y en algunas provincias el pago de un seguro para el acceso a la salud, ambos puntos contrarios a la ley de migraciones y al respeto por el derecho a la salud garantizado por la CN y la citada ley. En lo que respecta al gobierno actual, si bien éste no diseñó nuevas políticas tendientes a excluir a migrantes, continúo aplicando viejos criterios restrictivos nacionalistas y métodos informáticos –RADEX- que se venían utilizando en políticas anteriores de control (2017), sin innovar, criticar o darle un giro político a esta situación. En este sentido, el requisito de la IFE es discriminatorio en la medida en que -bajo el citado contexto de emergencia sanitaria y desde el actual gobierno-se reutiliza el criterio de nacionalidad moderna, colocando a la población migrante en un lugar de objeto de exclusión, control y expulsión; convirtiéndola en portadora de estigmas, amenazas a la civilización, la seguridad y la homogeneidad de las naciones. El derecho a la salud no es simplemente un deber humanitario sino de un derecho humano reconocido en nuestra Constitución Nacional y en la ley de migraciones, artículo 8: “no se puede negar o restringir en ningún caso el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a aquellas personas extranjeras que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Paradójicamente, debido a la premura de la emergencia sanitaria, las políticas sociales “universalistas” continuaron con su sentido excluyente, marginando a Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Ciudadanía y derechos humanos de migrantes... 310 los grupos que históricamente han visto más vulnerados sus derechos. Esto constituyó un retroceso en el avance de derechos humanos y concepciones pluriculturales de ciudadanía, llevadas adelante por el Programa Patria Grande (centrado en la ciudadanía del MERCOSUR y países asociados). Recordemos aquí que este programa constituyó un hito superador de la concepción nacionalista moderna, implementado durante el gobierno de Néstor Kirchner. La reconsideración de este programa sería una señal de aliento para estos grupos de migrantes que habitan nuestra Argentina, siendo imprescindible resguardar sus derechos humanos, como lo es el derecho a la salud. Rescatamos aquí esta nueva concepción de ciudadanía, acompañada por organizaciones de mujeres feministas defensoras de derechos plurinacionales, por su aporte en la crítica al Estado Nación y a la ciudadanía nacional, y su propuesta pluricultural, pensada como un horizonte a seguir a largo plazo. Asimismo, acordamos en avanzar en una concepción de igualdad que no se centre sólo en el acceso distributivo, sino en el reconocimiento y la participación de la comunidad (Fraser, 2017), como fue posible bajo el Programa Patria Grande. Por último, nuestra Constitución Nacional resalta el concepto de habitante y no el de nacionalidad a la hora de conferir derechos. Por ello, nuestra propuesta, para el diseño de políticas sociales, es repensar los modelos de pertenencia de modo de no circunscribirlos a la nacionalidad, en pos del reconocimiento de los derechos de todo habitante y residente. Al respecto, la Convención Americana de DDHH reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana y justifican su protección internacional. En este mundo interdependiente, caracterizado por el flujo de migraciones transnacionales y la diversidad cultural, se hace necesario avanzar hacia nuevas concepciones de ciudadanía inclusivas y pluriculturales, que permitan revertir la histórica vulneración de derechos económicos, sociales, y culturales de migrantes latinoamericanos. Defendamos, entonces, el reconocimiento efectivo de la igualdad de derechos para los inmigrantes, incluyendo los derechos políticos, propugnando que las diferencias culturales, nacionales, étnicas que muchas veces se traRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �De Ortúzar, M. G. 311 ducen en intolerancia social, no se conviertan en una incompatibilidad jurídica y política. REFERENCIAS Asignación Universal por Hijos –AUH-, véase: https://www.anses.gob.ar/ asignacion-universal-por-hijo (consultada diciembre 2020) Bidaseca, K., Aragão, M., Guimarães, C., Brighenti, M. y Ruggero, R. (2020). Diagnóstico de la situación de las mujeres rurales y urbanas, y disidencias en el contexto de COVID-19. RIOSP-CONICET- IDAES-UNSAM, Recuperado de: https:/www.conicet.gov.ar/como-impacta-la-pandemia-en-mujeresrurales-y-urbanas-y-disidencias/ (visitado diciembre 2020) CELS. (2017). Migrantes en jaque: una reforma migratoria fuera de la ley. Recuperado de https://www.cels.org.ar/web/2017/01/migrantes-en-jaqueuna-reforma-migratoria-fuera-de-la-ley/ Cobertura Universal Salud -CUS- Decreto 908/2016, véase: Decreto 908/2016: Cobertura Universal de Salud | Consenso Salud (consultado diciembre 2020) De Ortúzar, M. G. (202, a) “¿Migrantes “vulnerables”? Políticas de migración y derecho a la salud en Argentina”, Revista Cadernos de Campo, UNESPFCLAr, Número Monográfico Nº 30: Vidas vulneráveis: ser migrante em tempos de conservadorismo na América Latina. Submissões: 6/03/2020 a 31/08/2020 A publicarse: junio/julio 2021 (En prensa) De Ortúzar, M. G. (2020,b) “Justicia social y derecho a la salud de migrantes latinoamericanos en una Argentina con legados neoconservadores”, Resistances. Journal of the Philosophy of History 1 (2):135-147 (2020) De Ortúzar, M. G. (2018) “Cobertura Universal de Salud -CUS- vs. Derecho a la Salud, Un análisis ético y político sobre lo “universal” en salud en “tiempos de restauración conservadora”, en RevIISE - Revista de Ciencias Sociales y Humanas, vol 12, (2018), p.p.103-116, http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/ reviise/article/view/279 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �Ciudadanía y derechos humanos de migrantes... 312 DNM. (2010). Patria grande: Programa nacional de normalización documentaria migratoria. Informe estadístico. Dirección Nacional de Migraciones. Recuperado de http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/estadisticas/Patria_ Grande.pdf Domentech, E. (2011). La “nueva política migratoria” en la Argentina: paradojas del programa Patria Grande. En C. Pizarro (Coord.) Migraciones internacionales contemporáneas. Estudios para el debate (pp. 119-142). Buenos Aires: CICCUS. ENMA –Encuesta Nacional a Migrantes en Argentina., RIOSP, CONICET, 15 de Octubre al 15 de Noviembre de 2020, https://www.conicet.gov.ar FRASER, N. (1997). Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Uniandes.” Revista de Estudios Sociales, (2), 150–151. https://doi.org/10.74 40/res2.1998.29 Grimson, A. (2003). La Nación después del (de) constructivismo. (Nueva Sociedad). https://nuso.org/articulo/la-nacion-despues-del-de-constructivismo-laexperiencia-argentina-y-sus-fantasmas/ Habermas, J. (1999). La inclusión del otro. Estudios de teoría política. Paidós. Habermas, J. (2000). La constelación posnacional. Paidós. Habermas, J. (2007). Identidades nacionales y posnacionales. Tecnos. INADI (2005) Hacia un plan nacional contra la discriminación: la discriminación en Argentina - 1a ed. - Buenos Aires: Inadi, 2005. INADI (2020), Documento titulado “Prejuicios discriminatorios hacia la población migrante en tiempos de COVID-19”, Área Migrantes y Refugiados/ as del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) Jelin, E. y Grimson, A. (2006). Migraciones regionales hacia la Argentina. Diferencia. Desigualdad. Derechos. Prometeo Libros. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 �De Ortúzar, M. G. 313 Jelin, E.; Grimson, A. y Zamberlin, N. (2006,b). “¿Servicio?, ¿Derecho?, ¿Amenaza? La llegada de inmigrantes de países limítrofes a los servicios públicos de salud”, en Elizabeth Jelin, dir., Salud y migración regional. Ciudadanía, discriminación y comunicación intercultural, Buenos Aires, Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). Kant, I. (1986). Teoría y práctica. Tecnos. Karasik, G. y Yufra, L. (2019). Extranjería y acotamiento del derecho a la salud en una provincia de frontera: iniciativas legislativas y debates sociales en Jujuy, 1ª ed.- San Salvador de Jujuy: Tiraxi Ediciones. Karasik, G.A. (2005). Etnicidad, cultura y clases sociales. Procesos de formación histórica de la conciencia colectiva en Jujuy, 1970-2003. Tesis de Doctorado (Area Historia), inédita, UNT, San Miguel de Tucumán Kymlicka, W. (2003). Estados multiculturales y ciudadanos interculturales. R. Zariquiey, (ed.), Realidad multilingüe y desafío intercultural. Ciudadanía, política y educación (pp.47- 68). Universidad Católica del Perú. Kymlicka, W. y Norman, N. (1997). El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía. Agora, 7, 5-42 LEY DE MIGRACIONES NRO. 25.871 (2003) OFFE C. (1990) “La política social y la teoría del Estado (1976)”. En: Economía Social Contradicciones en el Estado de Bienestar. Editorial Alianza, Madrid OIM –Organización Internacional para Migraciones, véase https://www.iom.int/ es, Términos fundamentales sobre migración | Organización Internacional para las Migraciones (iom.int) (Consultado diciembre de 2020) OMS – Organización Mundial para la Salud-; Consejo Ejecutivo EB122/11 122ª reunión 20 de diciembre de 2007, pp. 6-10 PLAN NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, 2014, véase: Nuevo Plan Nacional contra la Discriminación | Argentina.gob.ar Roldán, C. (2013). Ni virtuosas ni ciudadanas: inconsistencias prácticas en la teoría de Kant. Ideas y valores, 62 (1), 185-203. Segato, R. (2007). La Nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas de identidad. Prometeo. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Política, globalidad y ciudadanía Description An account of the resource Política, globalidad y ciudadanía, es una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional en el entorno local, nacional e internacional. Inicia en el 2015 y es publicada semestralmente y se mantiene activa. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Política, globalidad y ciudadanía Año de publicación El año cuando se publico 2021 Volumen Volumen de la revista 7 Número Número de la revista 13 Mes de publicación Mes cuando se publicó Enero-Junio Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Semestral Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Política, globalidad y ciudadanía, 2021, Vol 7, No 13, Enero-Junio Creator An entity primarily responsible for making the resource Tamez Garza, Gerardo, Director Subject The topic of the resource Ciencias sociales Ciencias políticas Relaciones internacionales Sociología Humanidaddes Sustentabilidad Description An account of the resource Política, globalidad y ciudadanía, es una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional en el entorno local, nacional e internacional. Inicia en el 2015 y es publicada semestralmente y se mantiene activa. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Garza Montemayor, Daniel, de la, Editor Responsable Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/01/2021 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource text/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2020226 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource Mul Relation A related resource https://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Monterrey, N.L., México Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores. Acceso a la justicia Atención médica Buen gobierno COVID 19 Discurso ambientalista Industria del acero Juicios laborales Mediacion familiar Movilidad migratoria Solucion de conflictos Trafico de drogas