https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/417/20818/Politica_globalidad_y_ciudadania_2021_Vol_7_No_14_Julio-Diciembre.pdf e69a0c955beba1ec885ccf9aa2033c98 PDF Text Text �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 http://revpoliticas.uanl.mx/ Crisis constitucional vs. crisis sanitaria: Estado, gobierno y derechos humanos durante la pandemia por COVID-19 en América Latina Constitutional crisis vs. health crisis: State, government and human rights during the COVID-19 pandemic in Latin America Irene, Spigno1; Fernando Gustavo, Ruz Dueñas2 Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 los gobiernos de todo el mundo implementaron medidas institucionales para contener la propagación del virus, atender a las personas enfermas y, al mismo tiempo, salvaguardar el sistema económico y garantizar la seguridad pública. Las acciones que se llevaron a cabo en Latinoamérica para solucionar las problemáticas derivadas de la contingencia sanitaria pueden analizarse a través de tres perspectivas distintas; a saber: aquella que tiene que ver con las cuestiones y mecanismos constitucionales existentes para enfrentar una situación de emergencia y su aplicación; aquella que tiene que ver con las acciones de los gobiernos en turno y que atienden a cuestiones administrativas o políticas; y aquellas que, relacionadas con los dos aspectos anteriores, engloban de manera general afectaciones a los derechos humanos. En el presente número de la Revista Científica Política, Globalidad y Ciudadanía, revista científica editada por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León se presentan once artículos que abordan la problemática derivada de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 desde una perspectiva de Estado, de Gobierno o de Derechos Humanos; y otros temas relevantes, y de actualidad, como lo son los delitos electorales, el derecho a la ciudad, los derechos de las mujeres, entre otros. Los textos expuestos en este número son el resultado de investigaciones rigurosas que aportan ideas importantes para la profundización del debate académico de cada uno de los temas. Con esto, la Revista Científica Política, Globalidad y Ciudadanía, continúa posicionándose como una referencia importante para la comunidad académica y científica, nacional e internacional, en aras de generar conocimiento útil para la comunidad universitaria. Conforme a todo lo anterior, Luis Fernando Vélez Gutiérrez, de la Universidad Sergio Arboleda (Colombia), presenta un trabajo que analiza el impacto de la pandemia causada por el COVID-19 en los 1 Academia Interamericana de Derechos Humanos - Universidad Autónoma de Coahuila, México. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1319-760X. Academia Interamericana de Derechos Humanos - Universidad Autónoma de Coahuila, México. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2024-3926. 2 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 http://revpoliticas.uanl.mx/ derechos de las víctimas y de los familiares de las personas desaparecidas, específicamente, en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por su parte, Víctor Manuel Vera García y Francisco Duarte Tello, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila y del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (México), respectivamente, examinan la forma en que las personas que profesan la religión católica hicieron frente a las restricciones de movilidad y de reunión implementadas por la pandemia ocasionada por el COVID19 para continuar practicando su religión. En el mismo sentido, María Gabriela Zapata Morán, Jorge Hipólito Berlanga Ramírez y Hugo Salazar Mata, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), colaboran con un artículo que recopila diferentes estrategias para llevar a cabo acciones paradiplomáticas en las universidades y el impacto que éstas tienen en la atracción de estudiantes extranjeros que ingresan a un posgrado, específicamente, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El estudio se realizó antes y durante la pandemia ocasionada por el COVID-19, lo que impacto en los resultados de este. En lo que hace a los textos sobre temas no necesariamente relacionados con la pandemia ocasionada por el COVID-19, pero de igual trascendencia y relevancia para los tiempos actuales, tenemos la participación de Sandy Elizabeth Martínez Lara, Gerardo Tamez González, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), y Francisco Anibal Ganga Contreras de la Universidad de Tarapacá (Chile), quienes analizan la relación entre el contexto cultural y las características de la “institución” como variables del proceso de aculturación y adaptación cultural en los estudiantes de educación superior que realizan una movilidad académica en el extranjero. Además, Yudith Caicedo Domínguez, Rocío Yépez, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD (Colombia), Guadalupe Hoyos Garcés, del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (Colombia), y Diana Karen Sandoval-Pinedo, de la Universidad de Guadalajara (México), presentan las experiencias más significativas relacionadas con los usos agroindustriales lícitos de la hoja de coca que las comunidades indígenas del departamento del Cauca, Colombia, han adoptado en el marco del postconflicto. Sobre temas sociales relacionados con el ejercicio de derechos, Cristian Rivas Castillo, de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Nicaragua), presenta un texto que estudia la configuración del Derecho Electoral nicaragüense, su delimitación conceptual, y la clasificación de los delitos electorales reconocidos por la legislación electoral. Asimismo, Claudia Guadalupe De la Fuente Morales y Fernando Méndez Sánchez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (México), respectivamente, proponen un estudio de la Ciudad de Puebla, Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 http://revpoliticas.uanl.mx/ analizando su fundación, y la manera en que la población ha sufrido una planificación territorial específica, de la que se desprenden, en términos de los autores, muchos de los problemas de violencia y conflictos sociales que se viven al interior de la Ciudad. Claudia y Fernando destacan, además, la necesidad de aplicar un protocolo para coadyuvar con el desarrollo del Derecho a la Ciudad en Puebla, que abarque tres aspectos: comunidad, delincuencia y ambiente. En cuanto a los derechos de las mujeres, Deniss Karina González Lozano y Yahaira Berenice Martínez-Pérez de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), presentan una investigación que analiza estos derechos en el Estado mexicano, desde una perspectiva que incluye los derechos humanos y la igualdad de género. Este estudio realiza un análisis reflexivo de la norma jurídica desde un abordaje crítico-jurídico. Una de las conclusiones de las autoras es que es necesario generar mecanismos de atención, con perspectiva de derechos humanos, para salvaguardar los derechos de las mujeres. Sobre la democracia y la ciudadanía, Ricardo Escutia Miranda y René Torres Ruiz, de la Universidad Iberoamericana (México), contribuyen con una investigación que contrasta el debate teórico de la democracia y la ciudadanía con la realidad del Estado mexicano. Los autores realizan un recorrido conceptual del debate teórico de la democracia y su relación con la ciudadanía con la finalidad de contraponer el discurso teórico con la realidad. Por último, pero no por eso menos importante, Roberto Treviño Ramos, Gustavo Daniel Ortiz Téllez, y Héctor Hugo Maldonado Salinas, todos de la de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), presentan un artículo resultado de una investigación cuyo objetivo en establecer las características del nuevo modelo de gestión judicial en Latinoamérica; y Borja García Vázquez, también de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), presenta un texto que se desprende una investigación que tiene como objetivo negar la originalidad del precariado como nueva clase social emergente, por medio de la exposición del concepto, confrontándolo a la noción de clase expuesta desde el marxismo, y las condiciones sociales existentes en la actualidad en la República Popular China. De todo lo dicho es posible concluir que esta edición de la Revista Científica Política, Globalidad y Ciudadanía es una publicación relevante para quien desee ahondar en cada uno de los temas tratados por las y los autores que formaron parte de esta. Esta edición concentro el trabajo de veintitrés autores que forman parte de once instituciones distintas de cuatro países diferentes; a saber: Chile, Colombia, Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 http://revpoliticas.uanl.mx/ Nicaragua y México. Con esto, se cumple una vez más, con el objetivo que persigue la Revista de difundir trabajos de investigación relevantes para la comunidad internacional que, además, versan sobre temas actuales. Para concluir, no queda más que agradecer a quienes hicieron posible, una vez más, la publicación de este número, que esperamos sirva para difundir el conocimiento, provocar nuevas investigaciones, y generar nuevos debates en torno a las ciencias sociales. Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 http://revpoliticas.uanl.mx/ Contexto cultural y características de la institución como estrategias de aculturación1 Cultural context and characteristics of the institution as acculturation strategies Sandy Elizabeth, Martínez-Lara2; Gerardo, Tamez-González3; Francisco Anibal, Ganga-Contreras4 RESUMEN Este artículo tiene por objetivo determinar la relación entre el contexto cultural y las características de la institución como variables del proceso de aculturación y adaptación cultural en los estudiantes de Educación Superior que realizan una movilidad académica en el extranjero. A través de una metodología mixta con estudios cualitativos y cuantitativos, mediante el uso de entrevistas semiestructuradas a profundidad aplicadas a expertos en temas de internacionalización de la Educación Superior; asimismo fueron aplicadas un total de 43 encuestas a estudiantes que realizaron una movilidad académica durante los años 2016-2017. Los principales resultados arrogaron relaciones importantes entre las variables debido a que el contexto cultural obtuvo un a=0.741, mientras que características de la institución a=0.813. Por otra parte, los expertos indican que los estudiantes deben de tener el mayor conocimiento previo posible sobre la cultura e institución del país receptor. Es así como se concluye que el contexto cultural y las características de la institución son factores estratégicos dentro del proceso de aculturación en estudiantes. Palabras claves: Aculturación, características de la institución, contexto cultural. …………………………………… Fecha de recibido: 20-09-2020 Fecha de aceptado: 02-12-2020 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoNoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional ABSTRACT This article aims to determine the relationship between the cultural context and the characteristics of the institution as variables in the process of acculturation and cultural adaptarion in Higher Education students did an academic mobility abroad. Through a mixed methodology with qualitative and quantitative studies, through the use of semistructured interviews applied to experts on issues of internationalization of Higher Education; likewise, a total of 43 surveys were applied to students who do an academic exchange during the years 2016-2017. The main results showed important relationships between the variables because the cultural context obtained a = .741, while characteristics of the institution a = .813. On the other hand, experts indicate that students should have as much previous knowledge about the culture and institution of the host country. This is how it is concluded that the cultural contex t and the characteristics of the institution are strategic factors within the acculturation process in students. Keywords: Acculturation, characteristics of the institution, cultural context. Cómo referenciar este artículo: Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. & Ganga-Contreras., F. A. (2021). Contexto cultural y características de la institución como estrategias de aculturación. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 7(14), 1-21. https://doi.org/10.29105/pgc7.14-1 Este artículo es producto del proyecto “Factores del proceso de aculturación que facilita el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León durante su intercambio académico en el extranjero”. Iniciado en 2016 y finalizado en 2019. 2 Doctora en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia, Univesidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México profesor investigador, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Email: sandy.martinezlr@uanl.edu.mx. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0294-9629 3 Doctor en Gerencia y Política Educativa Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México profesor titular de tiempo completo, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Email: gerardo.tamezg@uanl.mx. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2361-0691 4 Doctor en Administración, Universidad de Tarapacá, Chile profesor investigador, Email: ganga.francisco@gmail.com. Orcid: https://orcid.org/00000001-9325-6459 1 1 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. & Ganga-Contreras., F. A. 1.- INTRODUCCIÓN Actualmente, para el sector académico la globalización brinda un mayor acceso en los diferentes métodos y formas de estudio entre personas de diferentes naciones, dando como resultado el reto de la internacionalización. Ante esto, la movilidad académica se traduce como aquella actividad de cooperación e intercambio que realiza un estudiante para realizar o continuar sus estudios en una universidad en el extranjero. Asimismo, busca que los estudiantes conozcan y convivan con personas de diferente cultura, cuenten con procesos de enseñanza diferentes y tengan diversas técnicas de aprendizaje, con la finalidad, de que los estudiantes conozcan las costumbres y tradiciones de personas de una cultura distinta a la de ellos; es así como el proceso del intercambio académico brinda múltiples beneficios a los estudiantes. De acuerdo con, Ward, Bochner y Furnam (2001) afirma que el contacto entre individuos de diversas culturas resulta cada vez más común y frecuente. Tanto que las personas nacidas en una cultura a menudo buscan visitar sociedades diferentes a las suyas con el fin de trabajar, estudiar o ejercer algún tipo de influencia en el país extranjero. Asimismo, Church (2010) establece que debido al contacto cultural las locales muestra intereses de comunicación y socialización con los inmigrantes y estudiantes extranjeros. Al mismo tiempo, el autor evidencia que los estudiantes al llegar a una nueva sociedad manifiestan sentimientos de optimismo y entusiasmo. Sin embargo, estos son sustituidos por estrés y ansiedad; en gran parte a causa de los problemas que enfrentan los estudiantes día a día, entre ellos la ubicación, el traslado, el dinero y un ambiente poco familiar. No obstante, una que vez que los estudiantes superan estos problemas, alcanzan nuevamente los sentimientos de seguridad y bienestar en el entorno que se están desenvolviendo. Hechas las consideraciones anteriores, esta investigación tiene por objetivo determinar la relación entre el contexto cultural y las características de la institución como variables del proceso de aculturación y adaptación cultural en los estudiantes de Educación Superior que realizan una movilidad académica en el extranjero. A través de una metodología mixta con estudios cualitativos y cuantitativos, mediante el uso de entrevistas semiestructuradas a profundidad aplicadas a expertos en temas de internacionalización de la Educación Superior y con la aplicación de encuestas a estudiantes que realizan una movilidad académica al extranjero durante los años 2016-2017. 2 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. & Ganga-Contreras., F. A. Finalmente, los resultados indicaron una relación directa entre el contexto de la cultura y las características de la institución lo cual sirve como apoyo para las Instituciones de Educación Superior para el desarrollo de habilidades de adaptación y facilitar su estancia en el país extranjero. 2.- FUNDAMENTO TEÓRICO El contexto cultural como estrategia de aculturación De acuerdo con, Kroeber y Kluckhohon (2014) indican que definir el contexto cultural es tratar de dar una definición que tenga múltiples significados. Sin embargo, propone una definición que puede ser utilizada sin importar la localidad. Por lo tanto, contexto cultural es un modo y estilo de vida que tiene un pueblo en, es decir, la manera de pensar, sentir y crear de un grupo de personas en específico. De la misma manera, Geerts (2017) afirma que el contexto cultural puede abarcar dos principales enfoques, el primero desde una realidad mental, mientras que, el segundo, desde un contexto. Por otro lado, Garay y Fredy (2011) proponen al contexto cultural como un elemento imaginario que delimita una cosa. Dicho de otra manera, un lugar donde todos los individuos de una región comparten la misma cultura, celebran y practican las mismas costumbres y tradiciones, y cuentan con una forma de comunicación común. Asimismo, Forquín (2003) plantea una definición en particular, para el autor contexto cultura es una relación directa entre cultura y conocimiento. En donde, la cultura asume la elaboración de contenidos culturales que a su vez son transmitidos de generación en generación, mientras que, por otra parte, presenta el conflicto de interpretación en relación con la enseñanza y comunicación. En este mismo orden de ideas, Arango y Buelvas (2016) aseguran que el contexto cultural es todo el entorno físico, donde abarca los ámbitos políticos, históricos y culturales, con la finalidad de establecer un modo común de actuar entre la población. Sin embargo, Unamuno contrasta e incluye un nuevo término, es decir, el contexto cultural forma parte de la diversidad sociocultural y tiene una relación directa con la lingüística. Como sustento a lo anterior, Austin (2019) comenta que el contexto cultural tiene un lazo con lo sociológico, es el total de los conocimientos de una sociedad en que desarrollan, practican y guardan sus conocimientos, por esta razón, García, Hernández y Molina (2014) compone una definición que abarca estas observaciones, donde afirma que el contexto cultural este compuesto por diferentes entornos de los cuales abarca los aspectos sociales, humanos, lenguaje, conducta, política, religión y una forma de convivir en común. Contexto cultural y características de la institución como estrategias de aculturación 3 �Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. & Ganga-Contreras., F. A. De acuerdo con Oses (2014) el contexto de la cultura está conformado por cinco aspectos principales, los cuales son: el comportamiento de las relaciones que existen dentro de una cultura; los estilos de comunicación que se implementan más comúnmente; la percepción del espacio personal; las actitudes que se tienen frente al tiempo; y la manera de aprender dentro del mismo contexto cultural. Por tal motivo, el comportamiento dentro del país o zona receptora de cada uno de estos elementos determina el tipo de contexto en el que se desenvolverá el individuo. En relación con lo anterior, existen dos perspectivas que logran encasillar cada zona, país o región refiriéndose al aspecto cultural, mediante un contexto bajo y un contexto alto. Asimismo, Guzman y Burke (2003) establecieron una taxonomía con ocho factores que brindan herramientas para el desarrollo del proceso de adaptación cultural de acuerdo con el país receptor, es decir, estrategias que ayudan a los estudiantes a poder comprender el funcionamiento de la entidad local. Estos factores abarcan diversas dimensiones que forman parte del proceso de aculturación. Dicho lo anterior, esto factores son: el interés por temas académicos y no académicos; la importancia de comunicarse con personas de la cultura local, la manera de escribir y uso de la lengua local; la iniciativa para cooperar con otros estudiantes extranjeros; el interés por demostrar esfuerzo en el área académica; mantener la disciplina dentro y fura de la institución; la capacidad para hacer relaciones sociales y personales con personas locales y la capacidad del estudiante por ajustarse a las condiciones generales para vivir en el extranjero. En general, estos factores resultan oportunos debido a la importancia del conocimiento cultural del país receptor que los estudiantes deben de tener previo a realizar una movilidad académica en el extranjero. Por otra parte, Schweitzer, Buckley y Rossi (2002) presentan una serie de factores premigratorios que presentan los estudiantes internacionales. Dichos factores están relacionados con experiencias traumáticas de acuerdo con situaciones que presentaron las primeras semanas de estancia al país receptor. Es decir, los estudiantes presentan sentimientos de ansiedad, depresión, abuso de sustancias psicoactivas, separación, estrés postraumático y abandono. Igualmente, dichos sentimientos son superados una vez logran adaptarse a la nueva cultura y estilo de vida que tendrán durante su intercambio académico en el extranjero. Ante esto, para lograr un buen proceso de adaptación cultural en un nuevo país es necesario que los individuos modifiquen sus pensamientos y estén abiertos a tener contacto con una nueva cultura. Es 4 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. & Ganga-Contreras., F. A. decir, que desarrollen diversas habilidades, como escuchar y hablar en un segundo idioma. Asimismo, los individuos deben de presentar un proceso de acuerdo con las necesidades de los inmigrantes, dicho de otra forma, los estudiantes necesitan estar abiertos a las nuevas necesidades que presenten los individuos visitantes. Tales necesidades van relacionadas con el ocio, seguridad física, ámbito laboral y las relaciones interpersonales. Como resultado de estos cambios, se tendría un mejor aprovechamiento y adaptación entre las personas de una cultura diferente, así como con las personas de la cultura de acogida (Ferrer et al., 2014). Del mismo modo, los estudiantes pueden llegar a presentar otros factores cuando no tienen un buen proceso de adaptación; esto debido a que los estudiantes carecen de la capacidad de afrontar situaciones y problemas. Dicho de otro modo, algunos estudiantes no cuentan con las habilidades y conocimientos para enfrentar diversas situaciones. Los estudiantes necesitan desarrollar estás habilidades previamente a la movilidad o, en el mejor de los casos, durante las primeras semanas de su estancia. Sin embargo, existen casos en que los estudiantes no sabían que contaban con estas habilidades, sobre todo cuando tienen que enfrentarse a costumbres, contextos sociales y ambientes diferentes a los que está acostumbrado a vivir. En este mismo sentido, Lazarus, Valdés y Folkamn (2016) exponen a la capacidad de afrontamiento como otro factor de una mala adaptación. En tal sentido, la capacidad de afrontamiento es un proceso psicológico que es desarrollado cuando el individuo percibe alguna amenaza. En consecuencia, el afrontamiento corresponde a aquellos esfuerzos conductuales que son desarrollados por el individuo para evitar o reducir situaciones de amenaza o desafío que puedan perjudicar su bienestar. Cabe decir que las diferencias individuales y de personalidad, juegan un rol importante para el desarrollo en el medio social que se desenvolverán y en el país de acogida. En relación con este último aspecto, Benatuil y Laurita (2010) afirman que la adaptación cultural implica tres aspectos fundamentales, los cuales son enlistados a continuación: 1. Adaptación psicológica: es el nivel de satisfacción y aceptación que el individuo tiene ante el medio cultural nuevo. 2. Aprendizaje cultural: es el desarrollo de habilidades sociales para adaptarse a una cultura. Dicho de otra forma, las competencias que el individuo adquiere al estar en contacto con una cultura diferente a la suya. Contexto cultural y características de la institución como estrategias de aculturación 5 �Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. & Ganga-Contreras., F. A. 3. Aprendizaje de las conductas adecuadas: principalmente incluye la forma de comportamiento y cumplir con el código de conducta del país anfitrión. Por tal motivo, los estudiantes que realizan una movilidad académica deberán de contar con conocimientos previos sobre los aspectos culturales, sociales y políticos del país donde realizarán su movilidad académica; esto con la finalidad de poder desarrollar habilidades de interpretación y comunicación con la comunidad local y poder así tener un buen desempeño social y académico. La importancia de las Instituciones de Educación Superior en el extranjero. La internacionalización ha evolucionado hacia una estrategia integral (Hudzik, 2008), menciona que las Instituciones de Educación Superior deben de definir claramente sus enfoques y estrategias de internacionalización para sus programas o para su organización y servicio, es por eso importante que se apliquen estrategias dirigidas hacia una nueva generación, a largo plazo, multifuncional que considere las recomendadas por los organismos internacionales y los expertos para que las Instituciones de Educación Superior puedan cumplir con su misión y visión de su razón de ser. Para entender mejor los términos de internacionalización y globalización de la Instituciones de Educación Superior, se citaron el Marco teórico las opiniones de algunos expertos y de organismos nacionales einternacionales, los cuales exponen sus puntos de vista y sus recomendaciones sobre el tema en particular. La internacionalidad de Educación Superior es uno de los temas sobresalientes en los últimos años. De acuerdo con, Wit (2011) el tipo de universidad y el modo de operación de la universidad determinará el grado de internacionalidad de la institución. Es así como, el contexto educativo se vuelve un modelo importante de cooperación entre las universidades. Al mismo tiempo, los programas educativos de las múltiples universidades que existen en el mundo determinan a calidad de estudiantes que egresan de las mismas. Ante esto, las estrategias de internacionalización pueden varían entre una y otra, sin embargo, todos tienen un objetivo en común lograr la internacionalización. Asimismo, es importante mencionar que las realidad y prioridad de las instituciones cambian constantemente; esto debido a diversos factores entre los que destacan: el sistema de gobierno, el crecimiento económico del país, las tecnologías de información, la comunicación entre las diversas autoridades, por mencionar algunas. 6 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. & Ganga-Contreras., F. A. Es así como, Knight (2008) afirma que existen diversos niveles de internacionalidad de acuerdo con las necesidades de cada institución. Por tal motivo, los niveles cambian si lo que se busca es transformar a una institución para que sea más global, más intercultural, y sobre todo con nuevo y mejores métodos de enseñanza. Asimismo, existen otros niveles de internacionalización, como ejemplo cuando se busca que los alumnos que no realizan una movilidad logren obtener un grado internacional. Esto gracias a las acciones por parte de la escuela para ofrecer cursos, talleres o profesores internacionales, también conocido como internacionalización en casa. Por otra parte, la técnica es la más utilizada y son los intercambios académicos al extranjero, los cuales tienen la finalidad de brindar al estudiante la oportunidad de continuar sus estudios en el extranjero, al mismo tiempo, brinda nuevas técnicas de enseñanza y conocimiento de nuevas personas e intercambio de ideas entre alumnos y profesores de diferentes países. Modelos académicos relacionados con la movilidad estudiantil De acuerdo con, Arteaga y Cruz (2016) indican que las universidades tienen como finalidad la creación de nuevo conocimiento, nuevas ideas y nuevos métodos de aprendizaje. De igual manera, las instituciones de Educación Superior demuestran un gran interés por crear redes de conocimiento entre los ámbitos de investigación, docencia y estudio. Por otra parte, Casanova (2016) menciona que una institución de Educación Superior tiene por objetivo la creación y producción del conocimiento. Es decir, realizar difusión del conocimiento y la cultura. Sin embargo, Almarcha (2001) ve a las instituciones de Educación Superior como un factor directo del desarrollo económico y social. Es decir, un país que cuenta con universidades de prestigio tiende a tener una población preparada y dispuesta aprovechar los recursos para mejorar las condiciones y calidad de vida. Ante esto, Van der Molen (1999) menciona que, debido al desarrollo de múltiples modelos a lo largo de la historia, las instituciones de Educación Superior adoptan experiencias que sirven como guía entre las universidades. Dicho de otra manera, las instituciones de Educación Superior crean modelos que pueden servir como base para otras instituciones en diferentes países. Como resultado de esto, los modelos educativos son aplicados en diferentes partes del mundo adaptándose a las necesidades de cada uno. Por tal motivo, una de las siguientes demandas en las universidades es proporcionar una educación de calidad. Por consecuencia, la educación superior tiene por objetivo la formación de personas con competencias de aprendizaje autónomo y a su vez de conocimiento que le permita al estudiante desarrollarse en los ámbitos laboral, personal y académico. Contexto cultural y características de la institución como estrategias de aculturación 7 �Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. & Ganga-Contreras., F. A. En tal sentido, Cruz y Cruz (2008) analizan a la Educación Superior como una promotora de desarrollo, democracia y convivencia. Así como también, la Educación Superior debe ser flexible y diversificada en los diferentes programas educativos con los que cuenta. Al mismo tiempo, la Educación Superior ofrece posibilidades de crecimiento en los ámbitos, laborales, personales y sociales. Dicho de otra forma, la Educación Superior ofrece el desarrollo de capacidades para laborar dentro y fuera de la institución y aptitudes sociales que ayuden a tener una mejor convivencia con los demás. Asimismo, las instituciones de Educación superior otorgan una formación de calidad académica. A través de diferentes métodos de enseñanza, los cuales son factores fundamentales para el éxito o fracaso de esta. Es decir, una universidad que cuenta con un modelo educativo de calidad tiene con finalidad de que sus estudiantes serán personas preparadas y capaces de desarrollarse en el mundo laboral internacional. Esto, debido al aprendizaje y conocimiento adquirido durante su formación. Finalmente, las características de la institución para esta investigación son todos aquellos programas de calidad con las que cuentan las instituciones de Educación Superior. Es decir, los programas académicos, vinculación internacional, calidad de los profesores, oportunidades de servicio y prácticas profesionales. En suma, una educación brinda a los estudiantes oportunidades de aprendizaje académico, social y cultural que brinda una universidad en específico. 3.-MÉTODO Diseño De acuerdo con, Creswell y Miller (2000) una investigación cualitativa tiene como finalidad investigar las experiencias vividas de un grupo de individuos, a través, de la recopilación de datos no estructurados obtenidos de realizar entrevistas a profundidad. Como resultado, el investigador puede comprender e interpretar el significado de la información recopilada donde el grado de confiabilidad y autenticidad de los datos es considerablemente alto. Asimismo, Cadena et al (2017) indican que los métodos cuantitativos tienen una precisión para los procedimientos de medición a través de la selección subjetiva de indicadores. Es decir, utiliza la selección de conceptos también llamadas variables de medición. Las variables son aquellos conceptos que cumplen con ciertas características y cuenten con dos o más atributos de un evento en especial (Herrera et al, 2016). 8 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. & Ganga-Contreras., F. A. En consecuencia, las variables cuentan con diferentes formas de medición, dicho de otra manera, la forma en que un valor o una categoría le es asignado a una variable es conocido como medición. De acuerdo con, World Bank (2003) la investigación cuantitativa brinda datos de calidad que ayudan a la formulación de hipótesis, refuerza el diseño del cuestionario y amplía las conclusiones de la investigación. En este sentido, la hipótesis representa una posibilidad de comprobar lo planteado, es decir, la posibilidad de afirmar la existencia o la inexistencia de un fenómeno. Asimismo, la hipótesis mantiene una relación directa con el objetivo del estudio de la investigación (Inche et al, 2003). Ante esto, se plantea las siguientes hipótesis de investigación: H1: El contexto cultural se relaciona de una manera positiva con el proceso de aculturación. H2: Las características de la institución se relacionan de una manera positiva con el proceso de aculturación. Participantes En primera instancia, se procedió con las entrevistas a profundidad a expertos en material de internacionalización de la Educación Superior, en donde fueron contactados seis expertos de diversas universidades. En primer lugar, fue seleccionado un experto de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). En segundo lugar, fueron elegidos dos expertos procedentes la Universidad de Monterrey (UDEM). En tercer lugar, fueron seleccionados a tres expertos extranjeros procedentes de la Universidad de Santo Tomás en Chile, la Universidad de la Guajira en Colombia y la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Posteriormente, las encuestas fueron aplicadas a 43 estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León que realizaron un intercambio académico durante el periodo de 2016-2017. La tabla 1 muestra el perfil del encuestado. Contexto cultural y características de la institución como estrategias de aculturación 9 �Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. & Ganga-Contreras., F. A. Tabla 1: Perfil del encuestado. Variables Frecuencia Porcentaje Masculino 17 40% Femenino 26 60% 20 a 23 años 34 79% 24 a 27 años 05 12% 28 a 31 años 04 09% España 18 42% Francia 07 16% Chile 06 14% Colombia 03 07% Otros 09 21% Género Edad País Fuente: Elaboración propia (2021). Instrumentos El instrumento de medición para la metodología cualitativa fue realizado a través de una búsqueda de literatura en aquellas investigaciones en las que el tema principal fueran los siguientes temas: migración, movilidad académica, proceso de aculturación, modelos de aculturación, teorías sobre adaptación cultural, de los cuales destacan Austin (2019), Avendaño (2016), Benatuil et al (2016), Cruz et al (2008), Enríquez (2007), Fiocchi (2015), Granada (2003). Por su parte, los estudios encontrados mostraron una relación con diversos conceptos que son utilizados para la aculturación. Es decir, en su mayoría la aculturación cuenta con vínculo directo con la cultura, la institución, el contexto cultura y las aptitudes y capacidad con los que cuentan los estudiantes para realizar un intercambio al extranjero. Dicho lo anterior, se creó un guion de la entrevista conformado por un total 31 preguntas divididas por las dimensiones de estudio que son contexto cultural y características institucionales. Ahora bien, para el instrumento cuantitativo la encuesta quedó estructurada por 30 preguntas divididas de la siguiente manera: 4 ítems para los datos generales, 9 ítems para la variable contexto cultural y 17 ítems para la variable de características de la institución, información que fue recolectada de las investigaciones de Díaz et al (2013), Gaxiola et al (2011), Peralta et al (2006), Peña (2009), Salgado 10 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. & Ganga-Contreras., F. A. et al, (2012), por mencionar algunos. Asimismo, la encuesta utilizó una escala de medición tipo Likert en donde 1 es “nada importante” y 5 “muy importante”. Procedimiento En relación con lo que se ha presentado durante esta investigación, se presenta un marco referencial en apoyo a los procesos de aculturación y estrategias de aculturación que facilidad la adaptación cultural a las personas que motivos académicos o laborales cambian su lugar de residencia por un tiempo determinado. Ante esto, y para fines de esta investigación las variables establecidas son contexto cultural y características de la institución, mismas que sirvieron de referencia para la elaboración de los instrumentos de medición. Por su parte, las entrevistas a profundidad fueron aplicadas durante los meses de septiembre a octubre del 2020, mientras que las encuestas a estudiantes se aplicaron durante los meses de septiembre a noviembre 2020; ambos instrumentos fueron aplicados de manera electrónica a través de un formulario en Google Forms. Posteriormente, el análisis de resultados fue realizado mediante el uso de diversos softwares como lo es NVivo para los datos cualitativos, con el uso de la categorización e presentación de la información, mientras que, los datos cuantitativos fueron analizados en IBM SPSS con los cálculos estadísticos de Alfa de Cronbach, media, desviación estándar y correlaciones. 4.- RESULTADOS De acuerdo con, Serrano (2013) menciona que la codificación es una técnica para analizar los datos que han sido recolectados para su respectivo análisis. Para, Strauss y Corbin (2008) la codificación son los nombres que el investigador establece a los conceptos derivados de la codificación. Sin embargo, Monge (2015) afirma que la codificación es un proceso de análisis y conceptualización el cual requiere de un talento especial. Ante esto, los datos obtenidos en las entrevistas a profundidad fueron codificados para conocer su categorización y palabra asociada en el marco de las variables de investigación. La tabla 2 muestra la codificación del estudio. Contexto cultural y características de la institución como estrategias de aculturación 11 �Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. & Ganga-Contreras., F. A. Tabla 2: Codificación del estudio. Clave Factor Categoría Palabra asociada CA Características Situación personal Apego familiar, estado civil, apoyo general, fácil alumno psicológico, ingresos personales, edad, género, continuidad, emociones. Aptitudes Sociable, dedicado, responsable, dependencia, administración de necesidades, honestidad, alegría, respeto, empático, Estilo Vestimenta, aventurero, estatus social, emociones, redes sociales, edad, compañía, arriesgado, historial, educación, responsable, seguridad ID Idioma Conocimiento Dominio. Uso Practica e interacción, aprendizaje AC Características de la persona Introvertida, observación. Tipología de adaptación Separación, adaptación, integración, combinación Estrategias Convivencia, contacto, comunicación y amistad Conocimientos previos comunicación, referencias, conocimiento, código de conducta Aculturación Mecanismos Favorables de aculturación Aprendizaje intercultural, enriquecimiento, entorno, independencia, comunicación, tradiciones, ayuda. Limitantes Continuidades contextuales Religión, limitador, competencias, etnocéntrica. Características, aspectos generales, vital, similitud y diferencias. IS Institución Recursos Infraestructura, tecnología, recursos (financiero), cafetería, maestros. DPA Desarrollo personal y Condiciones internas Maestros, programas educativos, acceso, ambiente. Tiempo Duración del curso. Competencias adquiridas Trabajo en equipo, tolerancia e independencia. Beneficios Prestigio, internacionalización Efecto Aislamiento. Sentimientos Estrés, incertidumbre y retorno anticipado académico CCA Choque cultural académico Fuente: Elaboración propia (2021). 12 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. & Ganga-Contreras., F. A. Posteriormente, los resultados obtenidos fueron agrupados por factor y redactados con las respuestas obtenidas por parte de los expertos. A continuación, son mostrados los resultados obtenidos de las entrevistas a profundidad. Factor x1 Contexto de la otra cultura: en general todos los entrevistados, por un lado, señalan que es recomendable que los estudiantes conozcan y entiendan las características culturales del país al que van a ir, mientras que, por otro lado, señalan que no debería de existir similitud entre la cultura receptora y la cultura de origen. Puesto que, el intercambio brinda la experiencia de reconocer las diferencias culturales. Es decir, el estudiante logra obtener una visión global y empieza a entender a aquel que es diferente a él. Dando como resultado que la experiencia del intercambio resulte ser mas enriquecedora. Factor x2 Características de la institución: para los expertos el tema fundamental es que los estudiantes deben de empezar a familiarizarse con la institución, mediante un curso de inducción. Dicho de otra manera, la institución debe de realizar un curso para aquellos estudiantes extranjeros donde se les enseñe un mapa de la universidad, área de salones, biblioteca, laboratorios, comedor, administración para lograr así que los estudiantes se empiecen a familiarizar. Vale destacar, que los seis expertos coinciden en que la comunicación profesor alumno es importante para su orientación y tutoría. Sin embargo, mencionan que esto únicamente se presenta en aquellas culturas con son similares a las de México. Ahora bien, los estudiantes deben de tener el conocimiento de cuál es el plan de estudio que maneja la universidad en la que realizarán la movilidad. Asimismo, la selección de las asignaturas que llevará a lo largo del curso para poder así presentar un buen aprovechamiento académico. Otro punto es, los días feriados ayudan al estudiante para aprender más acerca de la cultura, inclusive para realizar algún viaje a alguna ciudad cercana. Así como también, el tiempo de duración del curso dependerá del proceso de adaptación. Los expertos a quienes se les hicieron la entrevista consideran que para que exista un proceso de adaptación necesita el curso ser mayor a los cuatro meses de estadía. Factor x3 Estrategias de aculturación: la información obtenida por parte de los expertos es que para los estudiantes es conveniente conservar las costumbres de su país de origen. Sin embargo, necesitan estar abiertos a aprender de las costumbres que ofrece el país. Es decir, los estudiantes tienen que estar dispuestos a querer adaptar su comportamiento de acuerdo con la situación cultural que se le esté presentando sin atentar contra sus propios conceptos o marcos de referencia. Ahora bien, los expertos realizan una lista de problemáticas que enfrenta un estudiante durante su movilidad las cuales son: organización de tiempo, adaptación al sistema educativo, adaptación a costumbres y tradiciones, Contexto cultural y características de la institución como estrategias de aculturación 13 �Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. & Ganga-Contreras., F. A. problemas académicos, problemas de seguridad, organización del presupuesto mensual, problemas de transporte o traslados, revalidación de créditos. Como resultado a esto, existen ciertos estudiantes que presentan una actitud de aislamiento. Por tal motivo, los expertos señalan que esto se debe principalmente a que el estudiante no estaba preparado para realizar la movilidad. Es por esa razón que, los estudiantes necesitan una preparación previa donde puedan escuchar recomendaciones que les sirvan al momento de encontrarse de movilidad. Factor x4 Aculturación: los expertos señalan ciertos factores que les puede ayudar a los estudiantes a presentar un buen proceso de adaptación. Dichos factores son: preparación previa, actitud del estudiante, actitud de apertura, actitud de la universidad de acogida, buena actitud por parte de los alumnos receptores, contar con un tutor, tener asesoría por parte de las universidades tanto receptora como de origen y finalmente que el alumno vaya convencido de querer realizar un intercambio. Asimismo, los expertos describen un perfil ideal de un estudiante que realice un intercambio el cual es: una persona con interés y curiosidad por aprender cosas nuevas, aquella persona que es capaz de observar lo que pasa a su alrededor, una persona que muestre empatía, tolerancia y respeto por aquel que es diferente, una persona que sea autónoma e independiente, responsable y que cuente con los requisitos académicos solicitados por parte de la institución. Posteriormente, los datos cuantitativos fueron procesados bajo las pruebas estadísticas Alfa de Cronbach y estadísticos descriptivos. De acuerdo con, Cortina (1993) menciona que la descripción del alfa es la función de la medida en que los elementos o ítems de una prueba tienen comunalidades elevadas y, por lo tanto, unicidad baja. Es decir, un alfa alta no significa unidimensionalidad. Sin embargo, cada vez que los ítems tengan comunalidades altas el alfa será alta, específicamente cuando el factor cuenta con un gran número de elementos o ítems. Asimismo, Cozby (2005) ha demostrado que un alfa mayor a 0.9 puede considerarse sospechosos debido a que los resultados tienden a mostrar bajas intercorrelaciones. Por tal motivo, los autores proponen que los valores aceptados no deberán ser menores de 0.50 y 0.60 para demostrar que los ítems tienen confiabilidad. En relación con lo anterior, el análisis fue realizado, en donde las variable contexto de la cultura mostró un resultado significativo para la investigación al obtener un a =.789, mientras que la variable características de la institución las pruebas arrojaron un a=.813; lo que significa que ambas variables 14 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. & Ganga-Contreras., F. A. juegan un papel importante dentro del proceso de aculturación, es decir, aquellos estudiantes que realicen un intercambio académico deben prestar atención en aspectos relacionados con los mismo. Por su parte, la tabla 3 muestra los resultados del alfa. Tabla 3: Alfa de Cronbach de las variables de investigación Constructo Estadística de fiabilidad Elementos Confiabilidad Alfa de Cronbach Contexto de la cultura .789 10 Aceptada Características de la institución .813 16 Aceptada Fuente: Elaboración propia. Datos: Datos obtenidos IBM SPSS. Posteriormente, fueron realizados el análisis de estadísticos descriptivos para cada una de las variables de investigación. Para la variable contexto de la cultura se incluyeron ítems que midieran la similitud entre las estructuras familiares, la religión como un factor que influye para realizar una movilidad, la manera de comunicación de la cultura receptora, la calidad y uso del servicio del transporte público, así como también, el grado de dificultad para comprender a la cultura receptora, e inclusive que el estudiante busque adaptar hábitos de la cultura como propios. Como resultado del análisis de los estadísticos descriptivos, los datos arrojaron que la calidad y uso del servicio del transporte público de la ciudad es el indicador con mayor importancia (M = 4.61, DE = .859). Por su parte, que el estudiante se sienta cómodo con la cultura receptora presentó niveles altos por arriba de la media teórica (M = 4.49, DE = .669). En lo que se refiere al indicador si la cultura receptora tiende a ser sociable los resultados indicaron niveles altos (M = 3.84, DE = .954). Por otro lado, el indicador que el estudiante adapte hábitos de la cultura receptora como propios presentó de igual manera niveles altos (M = 3.72, DE = .966). Asimismo, el indicador que mide la similitud entre las estructuras familiares mostró niveles altos por arriba de la media teórica (M = 2.88, DE = 1.090). En lo que se refiere al indicador sobre la religión como factor que influye para realizar una movilidad, los resultados arrojaron exactamente la media teórica (M = 2.50, DE = 1.195), lo que significa que los estudiantes toman en cuenta el tipo de transporte que van a utilizar durante su movilidad debido a que pueden presentar sentimientos de angustia, así como lo que menos toman en cuenta es la relación con la estructura familiar, debido a que el estudiante busca conocer y experimentar cosas nuevas. Finalmente, los indicadores del tipo/estilo de vestimenta de la cultura receptora y el grado de dificultad para comprender a la cultura receptora mostraron resultados por debajo de la media teórica (M Contexto cultural y características de la institución como estrategias de aculturación 15 �Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. & Ganga-Contreras., F. A. = 2.44, DE = 2.37), respectivamente. Esto resulta llamativo debido a que para el estudiante es importante que la ciudad donde realizará su movilidad cuenta con servicio de calidad para utilizar el transporte público. Por su parte, la tabla 4 muestra el resultado del análisis de los estadísticos descriptivos de la variable contexto de la cultura. Tabla 4: Estadísticos descriptivos variable contexto de la cultura ítems Mín. Máx. M DE % Estilos de aprendizaje que brinda la institución receptora 1 5 4.48 0.728 60.2 Calidad de los profesores 2 5 4.7 0.564 74.4 Facilidad para realizar los trámites académicos en la institución receptora 1 5 4.69 0.629 76.3 Actividades de bienvenida a los estudiantes extranjeros 1 5 4.03 1.097 44 Apoyo brindado por parte de la institución hacia los estudiantes extranjeros 2 5 4.73 0.571 78.2 Instalaciones de la universidad receptora 1 5 4.14 0.877 40.6 Duración del curso 1 5 4.26 0.945 51.9 Estándares de admisión 1 5 4.21 0.882 45.9 Proceso de revalidación de las materias 1 5 4.73 0.622 80.1 Fuente: Elaboración propia (2021). Datos: Datos obtenidos de SPSS. N = 266. Media teórica = 3. Es así como, la variable contexto de la cultura explica las características que los estudiantes buscan y deben conocer del país en donde realizarán la movilidad. Así mismo, los estudiantes aseguran que el uso del transporte público de la ciudad es una característica fundamental para lograr un buen proceso de adaptación. Por lo contrario, el tema de la religión que se practica en el país receptor resulta ser una característica que los estudiantes no toman con mucha importancia al momento de realizar una movilidad académica. Por su parte, la variable característica de la institución (ver tabla 5) busca conocer cuáles son las características que debe de tener la institución receptora para poder realizar su movilidad académica. Ante esto los resultados mostraron niveles por arriba de la media teórica. Se puede observar características significativas como lo son el proceso de revalidación (M = 4.73, DE = .622), el apoyo brindado por parte de la institución hacia los estudiantes extranjeros (M = 4.73, DE = .571), la calidad de los profesores (M = 4.70, DE = .564), la facilidad para realizar los trámites académicos en la institución receptora (M = 4.69, DE = .629), los estilos de aprendizaje que brinda la institución receptora (M = 4.48, 16 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. & Ganga-Contreras., F. A. DE = .728), la duración del curso (M = 4.26, DE = .945), los estándares de admisión (M = 4.21, DE = .882), las instalaciones de la universidad receptora (M = 4.14, DE = .877) y las actividades de bienvenida a los estudiantes extranjeros (M = 4.03, DE = 1.097), lo que significa que los estudiantes buscan que el proceso de revalidación sea claro y lo más directo posible para evitar así algún inconveniente con sus trámites administrativos y que estos puedan perjudicar su desempeño académico durante su movilidad. Tabla 5: Estadísticos descriptivos variable características de la institución ítems Estilos de aprendizaje que brinda la institución receptora Mín. Máx. M DE % 1 5 4.48 0.728 60.2 Calidad de los profesores 2 5 4.7 0.564 74.4 Facilidad para realizar los trámites académicos en la institución receptora 1 5 4.69 0.629 76.3 Actividades de bienvenida a los estudiantes extranjeros 1 5 4.03 1.097 Apoyo brindado por parte de la institución hacia los estudiantes extranjeros 2 5 4.73 0.571 78.2 Instalaciones de la universidad receptora 1 5 4.14 0.877 40.6 Duración del curso 1 5 4.26 0.945 51.9 Estándares de admisión 1 5 4.21 0.882 45.9 Proceso de revalidación de las materias 1 5 4.73 0.622 80.1 44 Fuente: Elaboración propia (2021). Datos: Datos obtenidos de SPSS. N= 266. Media teórica = 3 Por lo tanto, la variable característica de la institución afirma que los estudiantes buscan que durante el proceso de revalidación de materias cuenten con el apoyo por parte de la universidad, con la finalidad de no presentar problemas durante el proceso y puedan continuar con sus estudiantes. Sin embargo, los estudiantes no prestan mayor importancia a las instalaciones de la universidad debido a que buscan conocer y desarrollarse en un ambiente nuevo. Con lo anterior expuesto, se Comprueba la hipótesis formulada para esta investigación, en donde se encuentra una relación positiva entre el contexto cultural con el proceso de aculturación, esto debido a que los estudiantes buscan una relación relativa entre la cultura de origen y la receptora, así como tener lo mayores conocimientos previos posibles, con la finalidad de lograr una integración y comprensión del estilo de vida de la ciudad donde se realizará la movilidad. H1: El contexto cultural se relaciona de una manera positiva con el proceso de aculturación. Contexto cultural y características de la institución como estrategias de aculturación 17 �Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. & Ganga-Contreras., F. A. Posteriormente, la hipótesis dos se comprueba esto debido a que se muestra una relación positiva entre las características de la institución y el proceso de aculturación, lo que significa que los estudiantes al momento de llegar a la institución extranjera buscan tener los conocimientos necesarios para realizar su movilidad, tales como: procesos administrativos, ubicación, recorrido por las instalaciones, profesores, oferta educativa, programas, actividades extracurriculares. H2: Las características de la institución se relacionan de una manera positiva con el proceso 5.- CONCLUSIONES La movilidad académica resulta un factor importante para que los estudiantes, profesores e investigadores obtengan un intercambio de ideas y conocimiento con personas de otras culturas, con la finalidad, de conocer y aprender diferentes técnicas de aprendizaje. Es así como, esta investigación presentó un análisis sobre la relación entre el contexto cultural y las características de la institución como estrategias de aculturación, específicamente, en los estudiantes de Educación Superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León que realizaron un intercambio académico al extranjero, debido a que se busca contribuir en la creación de modelos de aculturación que sean de libre uso tanto para estudiantes como para las Instituciones de Educación Superior en apoyo a fomentar la movilidad entre sus estudiantes y profesores. Con respecto al contexto cultural, se concluye que es recomendable que los estudiantes conozcan y entiendan las características culturales del país receptor, así como motivar a los estudiantes a buscar instituciones educativas donde no exista una similitud cultural y educativa, esto con la finalidad de ampliar sus conocimientos y poder así poner en práctica las técnicas interculturales y de aculturación de los estudiantes. Por otra parte, las características de la institución juegan un papel fundamental para el desempeño académico el estudiante, en donde la inducción es importante para los estudiantes extranjeros, así como brindar el conocimiento académico y la ubicación de las instalaciones de esta; es decir, conocer sobre los planes de estudio, la oferta de unidades de aprendizaje y la duración de ciclo académico. Ante esto, es importante realizar propuestas de modelos que ayuden a establecer las estrategias de aculturación útiles para los estudiantes que realicen una movilidad, así como poder brindar información de calidad acerca de las diversas problemáticas que los estudiantes pueden al momento de llegar al país receptor. 18 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. & Ganga-Contreras., F. A. Asimismo, como futuras investigación se propone realizar estudios en donde se tome en cuenta el país receptor y poder así establecer un perfil de aculturación de acuerdo con la región geografía donde el estudiante realice su movilidad académica, esto con la finalidad de poder ayudar a los estudiantes y las Instituciones de Educación Superior a incrementar su movilidad académica. Finalmente, se contesta de una manera positiva la interrogante de investigación en donde el contexto cultural y las características de la institución se relacionan positivamente con el proceso de aculturación en estudiantes. REFERENCIAS. Almarcha, A. (2001). Misión de la universidad. Enseñanza superior competitiva: la globalización de los mercados Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, (93), 205-220. Austin, T.R. (20 mayo 2019). Para comprender el concepto de cultura. Recuperado de: http://www.estudiosindigenas.cl/educacion/compcult.pdf Arango, L., y Buelvas, J. (2016). 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Para lo cual y por tratarse de una situación inesperada y reciente, acude a información de medios de comunicación, documentos oficiales, observación empírica de lo que está ocurriendo al respecto, y refuerza el contenido con literatura académica. El escrito se enfoca en los efectos de la pandemia en Colombia, que bien puede ser los mismos de México y otros países de Latinoamérica. El artículo permite visualizar las deficiencias institucionales y violaciones a los derechos de las víctimas, durante la pandemia, pero también concluye en la necesidad de mejorar y aprovechar el uso de la tecnología para la brusquedad e identificación de los desaparecidos. Palabras claves: Derechos humanos, desparecidos, pandemia, tecnología y transición. ABSTRACT …………………………………… Fecha de recibido: 13-08-2020 Fecha de aceptado: 04-01-2021 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoNoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional The general aim of this article is to analyze the impact of the pandemic caused by Covid19 on the rights of the victims and relatives of the disappeared, in terms of truth, justice, reparation and the guarantee of non-repetition. The author makes a descriptive study to understand the problems posed by the pandemic, considering the historical and social context of the victims, and the political and institutional management by the Government. For which and because it is an unexpected and recent situation, he goes to information from the media, official documents, empirical observation of what is happening in this regard, and reinforces the content with academic literature. The writing focuses on the effects of the pandemic in Colombia, which may well be the same in Mexico and other Latin American countries. The article makes it possible to visualize the institutional deficiencies and violations of the rights of the victims during the pandemic, but it also concludes on the need to improve and take advantage of the use of technology for the search and identification of the disappeared. Keywords: Human rights, missing persons, pandemic, technology, transition. Cómo referenciar este artículo: Vélez-Gutiérrez., L., F. (2021). Covid-19, derechos de las familiares de los desaparecidos y tecnología. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 7(14), 22-43. https://doi.org/10.29105/pgc7.14-2 Este artículo es producto de la participación del autor, en junio del 2020, en el cicle de seminarios en línea AIDH “Los derechos humanos en los tiempos de la pandemia Covid-19”. VII Jornada. La protección de los derechos de las víctimas. 2 Universidad Sergio Arboleda, Colombia. Maestría en Ciencia Penal y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Máster en Delitos y Justicia Internacional por John Jay College of Criminal Justice. Profesor de la Universidad Sergio Arboleda. Email: luis.velez2@correo.usa.edu.co. Codigo ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5250-0179 1 22 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 http://revpoliticas.uanl.mx/ 1.- INTRODUCCIÓN En tiempos del Covid-19, la nueva normalidad nos exige una visión más cercana y amigable sobre el papel y los avances de los derechos humanos, en particular, frente al fortalecimiento y la visualización de la lucha de los derechos de las familias de las personas desaparecidas. Tarea que implica trabajar articuladamente en distintos ámbitos que permitan identificar los asuntos urgentes para atender en medio del confinamiento; definir los mecanismos institucionales y legales que deben garantizar la defensa a las víctimas de este delito aún en estas circunstancias; conocer las medidas que deben implementar los organismos del Estado para asegurar la debida protección de sus derechos durante la contingencia sanitaria y saber de las estrategias que se deben utilizar para reducir las posibles afectaciones a sus derechos fundamentales, por acción u omisión, durante y después de la pandemia, de parte del Estado y los particulares. Este escrito presenta un análisis juicioso, fácil y asequible a los familiares de las personas desaparecidas, sin importar su formación académica, jurídica o política sobre los pilares que deben mantenerse en pie en medio de la pandemia y posterior a ella, para continuar fortaleciendo la búsqueda de los seres queridos y lograr identificar a los responsables. Sobre todo, el uso de la virtualidad y la tecnología digital como herramienta que debe ser bien aprovechada y que llega para quedarse. En este sentido, la investigación comparte con el lector la experiencia colombiana que le permite una visión análoga o comparada, no solo con México, sino con otros países de Latinoamérica. Es un hecho que la pandemia a la que nos enfrentamos obligó a la población mundial a un confinamiento que exige, en lo posible, quedarse en los lugares de residencia; limita el derecho de locomoción, el derecho al trabajo, el entretenimiento, las reuniones. Incluso, limita el derecho a la búsqueda de los desaparecidos, el derecho a despedir a los cuerpos o restos óseos entregados con los ritos y las ceremonias que se acostumbra a hacer como parte del proceso de duelo. Todo ello, para evitar la propagación del Cobid-19 que, luego de un poco más de un año de aparecer ya había cobrado la vida de más de dos millones de personas en el mundo, según informe de la Universidad Johns Hopkinks (Coronavirus Resource Center, febrero 2021). Uno de los aspectos que más ha afectado a los familiares de las víctimas de desaparición forzada en medio de esta pandemia es el confinamiento que, se ha dado de diferentes maneras: obligatorio, inteligente, sectorizado y voluntario. Pero independientemente de su modelo, ha sido una estrategia 23 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vélez-Gutiérrez., L., F. mediante la cual los gobiernos han ejercido un control que incomoda a una parte de la población – sobre todo a la más vulnerable-, generando desconfianza institucional y despertado sentimientos encontrados. El hecho que el gobierno asuma la facultad de autorizar quien puede o no salir a la calle, ir a trabajar o abrir sus negocios, afecta gravemente el desarrollo económico, el equilibrio emocional y la tranquilidad ciudadana. También, molesta que sean los gobernantes de turno quienes definan que parte de la economía favorecen más que otra. Y que decir de la afectación que todas estas medidas implican en la agenda de búsqueda de los familiares de los desaparecidos, no solo en cuanto a la búsqueda en el territorio sino las reuniones entre los colectivos y las autoridades del Estado responsable de garantizarles el derecho la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. La pandemia generó un conflicto de intereses entre la necesidad de proteger la salud pública y el derecho a la igualdad y libre determinación. En este sentido, la Constitución Política de Colombia señala en el artículo 49 que, el Estado deberá garantizar la salud pública como un derecho fundamental, por lo tanto, le corresponde organizar, dirigir y reglamentar los temas de bienestar físico y mental de sus habitantes, quienes a su vez deberán procurar su propio cuidado y el de los demás. De otro lado, el Estado tiene la obligación de promover las condiciones reales y efectivas para garantizar la igualdad y la libre determinación de cada uno de los miembros de la sociedad, adoptado medidas en favor de los grupos más vulnerables, según los artículos 13 y 16 de la Ley Superior. Con esta orientación filosófica y social, la aplicación del uso alternativo del derecho a través una visión holística de la norma por parte de los operadores de justicia es importante para salir de la estrecha interpretación de la dogmática positiva y abrir espacios que permitan conocer y tener en cuenta la realidad (Vélez-Gutiérrez, L. 1996) que viven los familiares de las personas desaparecidas. El hecho es que, además, la pandemia no solamente ha limitado los derechos individuales de las personas, sino que “paralizó” al mundo en materia económica y social, y al mismo tiempo, permitió visibilizar las falencias en derechos humanos y las condiciones de desarrollo de los sectores más vulnerables de la sociedad, entre ellos, los derechos de los familiares de los desaparecidos que, en Colombia, mayoritariamente, corresponden a campesinos, sindicalistas, estudiantes y miembros de la población de sectores más marginalizados (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018). Con el Covid-19 y dentro de un contexto universal, sabemos que más de 7.700 millones de personas en el mundo (Organización de Naciones Unidas, 2020, diciembre) nos encontramos amenazados por una enfermedad infecciosa respiratoria que, ha demostrado su capacidad de daño a la 24 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vélez-Gutiérrez., L., F. humanidad. Convirtiéndose esta pandemia en una “guerra” en la que su enemigo para vencer no es el hombre mismo, pero que nos exige solidaridad universal y nos lleva a una reflexión para avanzar en el progreso y verdadero sentido de la humanidad. Este acontecimiento sobre la salud y supervivencia de la población mundial ha permitido un ejercicio de introspección en cuanto a sus prioridades, la fragilidad del ser y la necesidad de trabajar en una nueva normalidad basada en un acuerdo sobre lo fundamental que, se sostiene en la dignidad humana. Pareciera que el coronavirus nos lleva a la renovación de un nuevo contrato social para “encontrar una formar de asociación capaz de defender y proteger con toda la fuerza común la persona…” (Rousseau, Edición 2003). La parálisis que experimenta la población plantea otro dilema: proteger la salud pública y mantener la economía. El Covid-19, además de ser un enemigo de vida o muerte, es un enemigo en el ámbito económico. Adicionalmente, la pandemia, también es vista como una amenaza política utilizada para controlar la población y definir nuevas agendas públicas, según el grado de compromiso e interés de los gobernantes. La pregunta es si el confinamiento o distanciamiento social como parte de la estrategia para enfrenar la propagación del virus, se pueda convertir en una oportunidad para la violación de los derechos humanos de los familiares de las personas desaparecidas, en materia de justicia, verdad, reparación y no repetición. Parte de la política pública de los gobiernos durante la pandemia es vista como pluri ofensivas, principalmente en países en vía de desarrollo, pues han dejado a millones de personas sin trabajo o ingresos económicos; han llevado al cierre o quiebra de negocios; han limitado el derecho a la recreación; han incrementado las tensiones sociales y puesto en riesgo el bienestar de la población más vulnerable, entre ellas, los familiares de las víctimas de las personas desaparecidas. ¿Qué hacer, entonces? 2.- FUNDAMENTO TEÓRICO La base de este estudio se encuentra en el seguimiento cuidadoso de fuentes oficiales del gobierno, organización nacionales e internacionales, colectivos de familiares de los desaparecidos y medios de comunicación en relación con el impacto del Covid-19 en los derechos, la búsqueda e identificación de los desaparecidos. En el escrito se contrasta el desempeño de las autoridades frente a los reclamos de los familiares de los desaparecidos en materia de justicia, verdad, reparación y no repetición. Covid-19, derechos de las familiares de los desaparecidos y tecnología. 25 �Vélez-Gutiérrez., L., F. La “pandemia” del delito de desaparición forzada La antropóloga colombiana, Helka Alejandra Quevedo Hidalgo, afirma que: “La desaparición forzada arrebata a la víctima de la protección estatal y la deja a ella y su familia, inermes frente a un complejo conjunto de delitos como la privación ilegal de la libertad, la tortura, y la violencia sexual. Este tipo de desaparición provoca efectos nefastos en el tejido social” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014). Esta otra “pandemia” del delito de desaparición forzada, históricamente, empezó en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial con la Orden “nacht und nebel” - noche y niebla- emitida por el Mariscal de Campo WILHELM KEITEL, Jefe Supremo del Comando Central del Ejército alemán, en 1942, en la que pregonaba “Sed como la noche y la niebla, esfumados y desapareced”, por lo cual, los prisioneros deberían ser trasladados secretamente y desvanecieran sin dejar rastro, de manera que produzca un efecto intimidatorio y no se podrirá darse información sobre su paradero o su suerte (Botero, 1996). Conducta criminal que fue copiada por los gobiernos de los países latinoamericanos durante la época de la Guerra Fría, con fundamento en la doctrina de Seguridad Nacional, la necesidad de luchar en contra de los movimientos de izquierda y apelar a los sentimientos nacionalistas, como estrategias de “guerra sucia” en gobiernos democráticos y dictaduras. Al fin y al cabo, la práctica de la desaparición forzada se convirtió en una forma de criminalidad política que, tiene como ventajas no mostrar el cuerpo del delito, negar información e invisibiliza a las víctimas directas. Luego, con el paso del tiempo, esta forma de guerra fue adoptada por grupos al margen de la ley para intimidar y garantizar impunidad. Las cifras de desaparición forzada varían al interior de cada país, pues depende de la fuente, algunas veces es del Estado y otras vienen de organizaciones de la sociedad civil o los colectivos de las familiares de las víctimas. En Colombia, por ejemplo, se habla de cifras que superan los 80.000 desaparecidos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018) o en México, que suman más de 73.000 (Ordaz-Díaz, A. 2020, 13 de julio), citando la Secretaria de Gobernación. Lo cierto es que desde que esta pandemia criminal apareció en Latinoamérica, el número de los desaparecidos supera los 200.000 – un poco más de dos veces el número de espectadores que caben en el Estadio Azteca de México. Lo cierto, es que en Colombia el problema de la desaparición de personas sigue latente aún después de la firma del Acuerdo de Paz del 2016. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal 26 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vélez-Gutiérrez., L., F. y Ciencias Forenses (INMLyCF), en medio de la pandemia en el 2020 se reportaron 4.680 personas desaparecidas, de las cuales 1.579 eran menores de edad, aparecieron 811 vivos y 10 muertos, quedando 758 sin saber su paradero. En conclusión, uno de cada tres desaparecidos es menor de edad y cada día se reporta la desaparición de cuatro menor. Lo más grave es que, dentro de las causas más frecuentes de desaparición está el reclutamiento forzado de los grupos armados al margen de la ley, tanto en zonas urbanas como rurales, y el rapto relacionado con la trata de personas (Alvarado, A. & Ávila, C. (2021, 23 febrero). Hasta el momento en Colombia hay una deuda política, social, histórica y académica en la materia. En este sentido, vale la pena destacar el trabajo que han venido realizando los mexicanos, particularmente, la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, México, no solamente por el número de publicaciones, conferencia y foros nacionales e internacionales, sino que es la primera y única universidad en el mundo que tiene un programa de posgrado - especialización - sobre los derechos y garantías de las víctimas de desaparición, en el que se incluye historia de la desaparición de personas, normatividad nacional e internacional, protocolos de búsqueda e identificación, e investigación de delito de desaparición forzada, entre otros temas. El punto para destacar del programa es que cuenta con estudiantes de colectivos o familiares de víctimas de desaparición y funcionarios de la Fiscalía de Personas Desparecidas y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, entre otros. Urgencia y atención inmediata para las familias de los desaparecidos Uno de los primeros puntos para tener en cuenta por las familias de las personas desaparecidas en medio de la pandemia, es mantener la búsqueda con nuevas estrategias, pese a los riesgos de la salud. Es necesario exigir acciones urgentes por parte de los Estados, en favor de las familiares y organizaciones de la sociedad civil para evitar un retroceso en los avances y la defensa de sus derechos humanos. No se puede, bajo ningún pretexto, bajar la guardia en la búsqueda y en las investigaciones de los responsables de los delitos de desaparición forzada. El Estado deberá garantizar las medidas de bioseguridad y, junto con los familiares de las víctimas, aprovechar la virtualidad como una herramienta para empoderar y visibilizar con mayor fuerza la lucha por el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de repetición. El Covid-19 generó para los Estado el reto de garantizar la conectividad del mayor número posible de la población. Más aún cuando se sabe que la mayoría de las familias que buscan a sus seres Covid-19, derechos de las familiares de los desaparecidos y tecnología. 27 �Vélez-Gutiérrez., L., F. queridos hacen parte de los sectores menos favorecidos dentro de la sociedad. En Colombia, solo el 53% de los hogares tienen conexión a Internet y las más afectadas son las familias de las zonas rurales; afortunadamente, como parte de las acciones de emergencia tomadas durante la pandemia, el Gobierno colombiano firmó el Decreto 825 del 8 de junio de 2020, con el fin de impulsar mejor infraestructura para brindar cobertura de servicios de telecomunicaciones en las zonas rurales más alejadas del país (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2020). En tiempos de pandemia, el derecho al acceso al internet (conectividad) no solamente es una herramienta que impulsa la economía, sino que es un medio a través del cual se garantizan otros derechos humanos como la educación, el acceso a la justicia y a la verdad (Fuentes-Contreras E. 2020, abril 14). No tener acceso a internet agrava la falta de información sobre el paradero o identificación de los seres queridos, elemento que hace parte de la descripción del delito de desaparición forzada. En consecuencia, la ausencia de conectividad de la población más vulnerable y de la que hacen parte los familiares de los desaparecidos, es la primera violación a sus derechos fundamentales, en medio de la pandemia. El Estado está obligado a fortalecer la herramienta digital y garantizar las ayudas de bioseguridad de las familias, apoyando, principalmente, a las madres de los desaparecidos quienes están en la primera línea de búsqueda. En este contexto aplica muy bien el contenido del artículo 13 de la Constitución Nacional en el sentido que, el Estado tiene la obligación de promover las condiciones reales y efectivas para garantizar la igualdad de derechos, principalmente, de las personas menos favorecidas. De otro lado, la conectividad en medio de la pandemia facilita el apoyo psicológico y social de los miembros de las familias de los desaparecidos. Es importante que el gobierno provea a través del uso del internet programas de rehabilitación con procesos psicoterapéuticos para los familiares de los desaparecidos. Como lo señala el profesor de la Universidad Externado de Colombia, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, la meditación, sería uno de ellos, puesto que juega un papel fundamental en la reparación de los derechos vulnerados de las víctimas, y más cuando existe un duelo sin sanar por la ausencia y desconocimiento del paradero de los seres queridos. Informar e impulsar este tipo de alternativas, como parte de la aplicación de la ciencia contemplativa en la reparación de las víctimas, es una acción innovadora que debería estar en la agenda de una política pública, dentro de la concepción del Estado social de derecho que se encuentra vinculado a un concepto altruista, respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana (Gómez-Pavajeau, C. 2019). 28 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vélez-Gutiérrez., L., F. Con la conectividad, la pandemia produce menos efectos negativos. La pandemia no puede ser óbice para continuar con la búsqueda, y mucho menos, con las investigaciones penales que permitan identificar a los responsables de las desapariciones forzadas. Las redes sociales y el manejo de la información digital son poderosas herramientas para materializar el derecho a la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. Es obligación del Estado mantener informada a las familias de los desaparecidos sobre las acciones o avances de las investigaciones. En Colombia, este compromiso está consagrado en el literal e), artículo 11, del Código de Procedimiento Penal que les permite a las víctimas, desde el primer contacto con las autoridades, recibir información pertinente para la protección de sus derechos. Pero junto con esta obligacion, es necesario adaptar la legislación al uso de los mecanismos o plataformas digitales dentro de las instituciones oficiales, en particular, judiciales. El uso de plataformas se traduce en prácticas de buen gobierno, transparencia, rendición de cuentas y acercamiento a la sociedad civil. Contrario a lo que sucede con el mal gobierno que se caracteriza por la falta de responsabilidad en sus compromisos frente a la defensa del interés de la comunidad, el poco control político y administrativo de los funcionarios, el ocultamiento de información, y la debilidad institucional que no hace real y efectiva la aplicación de la ley en el Estado de Derecho (AguileraIzaguirre, G. 2021). Mecanismos institucionales y legales para las familias de los desaparecidos en Colombia Por muchos años, Colombia tuvo una Constitución Nacional centenaria (1886) que no respondía a la realidad y los cambios políticos, sociales y culturales. Hablar de la Constitución de 1886, es reconocer que esta Ley Superior carecía de los mecanismos institucionales y legales para proteger los derechos humanos. Se trataba de una Constitución excluyente y sin mecanismos de participación política, selectiva en la protección de los bienes jurídicos y que, de alguna manera, facilitó construir y mantener una subcultura de violencia marcada por graves problemas sociales, como la desigualdad. La Constitución de 1886 tuvo carácter conservador, rígido y poco innovador que, no permitió dar solución a los problemas del país, más allá de los de su época. Las graves violaciones de derechos humanos, como la desaparición forzada que en Colombia se empieza a documentar en 1977; la política de Seguridad Nacional con algunos agentes del Estado dispuestos a actuar al margen de la ley; el auge y crecimiento de los grupos guerrilleros; la aparición del paramilitarismo o autodefensas, la llegada del narcotráfico y la delincuencia común permitieron crear una “tormenta perfecta” para mostrarle al mundo un catálogo único en materia de criminalidad y organizaciones al margen de la ley. Colombia se mantuvo en un Estado de Derecho con una discapacidad Covid-19, derechos de las familiares de los desaparecidos y tecnología. 29 �Vélez-Gutiérrez., L., F. institucional y una sociedad con poca conciencia colectiva sobre la violencia a la que se acostumbró. Entre 1970 y 2015, ocurrió el mayor número de delitos de desaparición forzada, cometidos por miembros de grupos paramilitares, seguidos por la guerrilla, grupos armados no identificados y agentes del Estado, según el Observatorio de Memoria y Conflicto (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). Fue tal el nivel de violencia en Colombia que a finales de la segunda mitad del siglo XX empieza un proceso de conciliación y política institucional de lucha contra las graves violaciones de derechos fundamentales. Este proceso se inicia con la Constitución Política de 1991, producto de la Asamblea Nacional Constituyente que abrió espacios políticos, institucionales y sociales para la defensa de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario. Una nueva Constitución Política que nace en medio de un conflicto armando con raíces políticas y sociales que, en la década de 1980 y por culpa del narcotráfico se tiñó de más violencia y corrupción. La Constitución de 1991 permitió a los colombianos trabajar más allá del Estado de Derecho y empezar la construcción de un Estado Social de Derecho basado en una democracia participativa y pluralista, respeto a la dignidad humana, el reconocimiento de las diferencias, el fortalecimiento de la sociedad civil y la prevalencia del interés general. Es así, como se creó a través de la figura de la tutela un mecanismo procesal que permite reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos hayan sido vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Además, introdujo el derecho de petición para que toda persona pueda presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y tener una pronta respuesta. También, incluyó el bloque de constitucionalidad que permitió incorporar dentro de la Constitución a los tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por Colombia Junto a los anteriores mecanismos, la nueva Constitución abrió nuevos espacios institucionales para fortalecer la lucha por los derechos de las víctimas y los familiares de los desaparecidos, a través de organizaciones como la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación. Es necesario que en medio de la pandemia estos nuevos espacios se mantengan visibles y bien definirlos para empoderar el trabajo de las víctimas en el logro efectivo del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Para ello, es importante impulsar campañas de capacitación 30 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vélez-Gutiérrez., L., F. en el manejo de las herramientas digitales para las víctimas de delitos de lesa humanidad, como lo es la desaparición forzada de personas. Para resumirle al lector, los siguientes son los principales mecanismos institucionales y legales que requieren mayor visibilización, en medio de la pandemia, para la defensa de los derechos de las víctimas y familiares de los desaparecidos en Colombia (Cifuentes y Higuera 2014): Mecanismos Institucionales 1. La Fiscalía General de la Nación que tiene la facultad para investigar y acusar a los presuntos responsables de los delitos de desaparición forzada ante los jueces. Además, tiene como órgano adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que presta el apoyo científico-forense en la identificación de personas desaparecidas. 2. La Procuraduría General de la Nación que, junto con la Defensoría del Pueblo y las Personerías, conforman el Ministerio Público encargado de la defensa, promoción, protección y divulgación de los derechos humanos. Para los familiares de las personas desaparecidas, la Procuraduría General de la Nación cumple una función importante, toda vez que es la representante de la sociedad en los procesos penales; vela por la defensa del orden jurídico y garantía de los derechos fundamentales; procura el acceso a la justicia y la verdad; intervienen en los procesos y solicita pruebas; vigila las actuaciones de los miembros de la policía judicial, interviene en favor de los derechos de las víctimas y testigos, y ayuda en la gestión para la reparación. 3. La Defensoría del Pueblo que vela por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos; asiste y orienta legalmente, en forma gratuita, a los familiares de las personas desaparecidas para la defensa de sus derechos. Trabaja de cerca con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la educación y desarrollo de procesos de promoción, difusión y divulgación de los derechos humanos a fin de sensibilizar y visibilizar la problemática sobre el fenómeno de la desaparición forzada. En medio de la pandemia, la educación debe extenderse a las victimas para el manejo y utilización de las herramientas digitales. 4. Las Personerías Distritales y Municipales que son organismos de control y vigilancia que por su presencia territorial les corresponde recibir de primera mano las denuncias por graves violaciones de derecho humanos; intervienen en los procesos penales que se adelantan por el delito de desaparición forzada y procuran la efectiva aplicación de la justicia ante los jueces, quienes como autoridades judiciales les corresponde condenar a los responsables de los delitos de desaparición forzada y verificar el cumplimiento de las penas impuestas. Covid-19, derechos de las familiares de los desaparecidos y tecnología. 31 �Vélez-Gutiérrez., L., F. 5. La Corte Constitucional es como una “hija mayor” de la Constitución Política de 1991, comoquiera que tiene como tarea velar por la integridad y supremacía de la Carta Política, como parte del desarrollo del Estado Social de Derecho y la defensa de los derechos humanos de las víctimas y los familiares de los desaparecidos. 6. En este sentido, la Corte Constitucional se ha pronunciado en favor de los derechos de los familiares de las víctimas del delito de desaparición forzada. Con sus fallos ha contribuido en la integración a la legislación colombiana y los principios internacionales relacionados con el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, en favor de las víctimas y la lucha en contra de la desaparición forzada, tal como lo ha señalado en la Sentencia C-317/02. (2002, 02 de mayo), en la que reconoce los tratados internacionales de derechos humanos como parámetros mínimos de protección en esta materia. Mecanismos Legales 1. La acción de tutela es una facultad que tienen los familiares de los desaparecidos de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando están siendo vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad. Por ejemplo, cuando se revictimizan y no se le permite intervenir a los familiares en la investigación o búsqueda de sus seres queridos. Los fallos de los jueces que resuelven las acciones de tutela son de inmediato cumplimiento, según lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política. 2. El derecho de petición está relacionado con la facultad que tienen los familiares de las personas desaparecidas para solicitar, respetuosamente, información a las autoridades sobre temas de interés general o particular, como es el caso de la documentación sobre la investigación, búsqueda e identificación de los desaparecidos, en ejercicio al derecho a la verdad. El derecho de petición está contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política, reglamentado en la Ley 1755 de 2015. 3. La acción de cumplimento se refiere a la garantía constitucional que pueden ejercer los familiares de las personas desparecidas ante las autoridades judiciales competentes para que se ordene el cumplimiento de una norma o un acto administrativo. En este caso, podría ser por el incumplimiento a una orden de apoyo psicosocial, en materia de rehabilitación, en favor de los familiares de los desaparecidos. La acción de cumplimiento está consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política y reglamentada por la Ley 393 de 1997. 32 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vélez-Gutiérrez., L., F. 4. El Hábeas Corpus hace referencia al derecho fundamental de la libre locomoción de las personas cuando son privadas de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o su detención se prolongue ilegalmente. Este es un derecho que apunta a evitar que la persona salga del ámbito de protección del Estado, como uno de los elementos en la definición del delito de desaparición forzada. Este mecanismo busca evitar el ocultamiento o la negación de información sobre el paradero de las personas detenidas por agentes del Estado. El Habeas Corpus se anticipa a la práctica o intento de desaparición forzada de una persona en poder de las autoridades. Es del caso recordar que en Colombia este delito se encuentra tipificado en el artículo 165 del Código Penal y reza: El particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuarenta (540) meses, multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1333.33) a cuatro mil quinientos (4500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de ciento sesenta (160) a trescientos sesenta (360) meses. A la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquél, y realice la conducta descrita en el inciso anterior. La justicia transicional y el acuerdo de paz de 2016 en medio del covid-19 Colombia es uno de los países más desiguales del planeta, lo cual hace que sea, particularmente, difícil para un buen número de su población, con profundos problemas sociales de injusticias que afectan el desarrollo individual y colectivo, tal como lo sostiene la profesora Helena Pérez Niño, de la Universidad de Cambridge (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2019). En Latinoamérica, es el país que cuenta con las mayores brechas internas de desarrollo entre sus regiones, en temas que incluye género, salud, educación, seguridad, medio ambiente, actividad económica y bienestar, entre otras variantes, según el informe del Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica (Idere Latam) que, mide el desarrollo a nivel territorial desde una perspectiva multidimensiona (Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica, 2020). En el campo, el 30% de los campesinos está afectada por el desplazamiento forzado y despojo de tierras, y el 64% se encuentra en condiciones de pobreza (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015). Covid-19, derechos de las familiares de los desaparecidos y tecnología. 33 �Vélez-Gutiérrez., L., F. En un análisis de contexto, en materia de desplazamiento forzado, el Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno de la ONU, reveló que, en el 2019, cerca de 80.000.000 millones personas fueron víctimas de desplazamiento involuntario, debido a la guerra, violencia, persecución y otras emergencias, es decir, que afecta 1 de cada 97 habitantes del planeta (Organización de Naciones Unidas, 2020, 18 de junio). Colombia no ha sido ajena a este fenómeno, con el número de desplazados internos más grande del mundo - solo en la primera mitad del 2020 tuvo más de 19.000 nuevos desplazamientos forzados (Internal Displacement Monitoring Center, 2020). El país entró en un proceso de paz marcado por la aplicación de una justicia transicional sin antecedentes, con el fin de reducir la violencia y buscar la paz a través de mecanismos extraordinarios y alternativos (Vélez-Gutiérrez, L. 2015) que sientan las bases y preparar a la sociedad en la elaboración de herramientas políticas, jurídicas y sociales para proteger el derecho a la justicia, verdad, reparación y la garantía de no repetición, no solamente de las víctimas y familiares de los desaparecidos, sino también de la sociedad misma que se beneficia con el orden, la paz y la tranquilidad pública. Colombia se convirtió en el primer país en el mundo en aplicar justicia transicional durante el conflicto, no después del conflicto, y cuenta con una de las legislaciones internas más completas y desarrolladas en materia de derechos para las víctimas. Además, es actualmente un referente y laboratorio social y político para la comunidad internacional en materia de resolución de conflicto interno armado, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Ninguna de las generaciones de la población colombiana ha vivido en un país en paz. La falta se estrategias culturales, académicas y políticas en la resolución de conflictos, las diferencias y la intolerancia han construido una subcultura de violencia que, en palabras de Viktor E. Frankl, pareciera que la población colombiana se acostumbró a “cargar” el número 119.104, del autor del libro “El Hombre en Busca de Sentido” durante el tiempo que pasó en los campos de concentración e hizo de la violencia, el horror y las graves violaciones de derechos humanos, parte de la “normalidad” (Frankl, V. 1946). En consecuencia, los colombianos nos mantenemos en una fase de apatía, adormecimiento de las emociones y valores morales, en donde perdimos la sensibilidad por el sufrimiento de los familiares de las personas desaparecidas, comoquiera que, esa y otras graves violaciones de derecho humanos, se convirtieron en “parte del paisaje” de la Colombia violenta. Con la llegada del narcotráfico en la década de 1980, perdimos aún más la confianza para salir de esa subcultura de violencia y las graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, en medio de 34 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vélez-Gutiérrez., L., F. este panorama, luego de la Constitución Política de 1991, la llegada de las redes sociales y la información digital nació una nueva generación más consciente y comprometida con la construcción de una sociedad diferente, participativa, armónica, tolerante y pacífica. Luego de la nueva Constitución Política de 1991 que, abrió espacios democráticos y de participación social, ocurren tres eventos políticos y legales muy importantes en la construcción de es nuevo país y la búsqueda de la paz: 1) la expedición de la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz; 2) Ley 1448 de 2011, llamada la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; y 3) el Acuerdo de Paz de 2016, este último con rango constitucional, firmado entre el Gobierno nacional y la Guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). La Ley 975 de 2005 fue el primer antecedente de justicia transicional integral aplicada en Colombia (Vélez-Gutiérrez, L. 2015), con el ánimo de reincorporar a los llamados grupos paramilitares o autodefensas. El objetivo de esta ley fue garantizar el inicio de un proceso de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, particularmente, a los paramilitares, siempre y cuando garanticen a los familiares de las personas desparecidas el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Esta ley creó la Jurisdicción de Justicia y Paz, en la que se investigaron y sancionaron con penas alternativas de entre cinco (5) a ocho (8) años de cárcel a quienes entregaban las armas, se desmovilizaban y se sometieran a la justicia, con la condición de contribuir con la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. Es importante tener en cuenta que, a este proceso de desmovilización y desarme de las autodefensas le antecedieron otros acuerdos de paz alcanzados por el Gobierno colombiano con la guerrilla M-19, en 1990; la guerrilla Autodefensas Indígenas MAQL, EPL, en 1991; Milicias Campesinas del Monte de María, 1991; en 1991; Milicias Urbanas de Medellín, en 1994 (Centro Nacional de Memoria Historia, 2015). El otro evento trascendental para el actual proceso de paz en Colombia se dio con la aprobación de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierra que, creó un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas con el fin de proveer atención, asistencia y reparación integral a los familiares de las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado interno. Ley que ha servido de base de acciones legislativas en países como Covid-19, derechos de las familiares de los desaparecidos y tecnología. 35 �Vélez-Gutiérrez., L., F. México, para el reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas por graves violaciones de derechos humanos. Dentro de los mecanismos creados por la Ley 1448 de 2011 están la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de liderar acciones del Estado y la sociedad para atender y reparar a las víctimas, y contribuir a la inclusión social y la construcción de la Paz; el Registro Único de Víctimas que para principios del 2021 superaba las 9.000.000 de víctimas en el país; y la creación del Centro Nacional de Menoría Histórica (CNMH), como establecimiento público del orden nacional que busca recuperar, conservar, compilar y analizar el material documental, testimonial y demás fuentes de información sobre las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, y contribuir en identificar, esclarecer, conocer y entender las causas del conflicto y contribuir en evitar su repetición. El tercer evento político importante en la edificación de una esperanza para el país ocurrió en el 2016, con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), luego de un proceso de negociación que duró cuatro (4) años y que se realizó en la Habana, Cuba, con participación de países garantes como Noruega y Cuba, y facilitadores como Venezuela y Chile. El Acuerdo de Paz está compuesto por los siguientes seis (6) puntos: Punto uno: Reforma rural integral Punto dos: Participación política Punto tres: Fin del conflicto Punto cuatro: Solución al problema de las drogas Ilícitas Punto cinco: Víctimas. Punto seis: Implementación, verificación y refrendación Para las víctimas y los familiares de las personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, en el marco de la justicia transicional lo más importante es el punto quinto del Acuerdo de Paz, en el que se obliga constitucionalmente al Estado a la protección de sus derechos fundamentales. 36 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vélez-Gutiérrez., L., F. Con la aplicación de la justicia transicional en Colombia, se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), con un componente de carácter judicial llamada la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que, tiene como función conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016, y satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. Por su carácter transitorio, la JEP no podrá ser superior a 20 años. Adicionalmente, se crearon dos componentes más, pero estos de naturaleza no judicial: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y Reconciliación (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). La JEP, como componente judicial del sistema, cuenta con la Unidad de Investigación y Acusación que trabaja en la caracterización del fenómeno de desaparición forzada dentro del contexto del conflicto armado colombiano. Y hace parte de las reuniones para definir acciones con la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, representantes de las mesas de víctimas del nivel nacional, departamental y municipal y la delegación de víctimas en el exterior con familiares desaparecidos. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) es un mecanismo extrajudicial del SIVJRNR, para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación sobre el fenómeno del delito de desaparición forzada, además de otras graves violaciones de derechos humanos. La CEV trabaja en forma articulada con la JEP, la UBPD, muy de cerca con los familiares de las personas desaparecidas, los testigos y los perpetradores que suministran información relacionada con la ubicación de las personas desaparecidas y posible cómplices o responsables del delito. Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), tercer componente del SIVJRNR, tiene como misión la búsqueda humanitaria y extrajudicialmente de las personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado a fin de aliviar el sufrimiento de los que los buscan, y contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y la reparación, como aporte a la construcción de paz. Por su carácter extrajudicial, quienes contribuyan a la UBPD con información sobre la ubicación de los desaparecidos, no podrá ser judicializados, toda vez que se considera como un acto de carácter humanitario que queda por fuera de la acción punitiva del Estado, tal como lo señala la Corte Constitucional (Sentencia C-067/17. 2017, 20 de junio). Covid-19, derechos de las familiares de los desaparecidos y tecnología. 37 �Vélez-Gutiérrez., L., F. La UBPD trabaja, coordinadamente, con la JEP en temas relacionados con los sub-registros de los desaparecidos, la obtención, el cuidado de información y la protección de los lugares relacionados con la búsqueda e identificación de los restos óseos en cementerios y fosas comunes. Para ello, se pueden ordenar medidas cautelares a fin de asegurar la protección, el cuidado y la preservación de cuerpos sin identificar que podrían ser víctimas de desaparición forzada y que esperan ser entregados dignamente a sus familiares. Según el Ministerio del Interior en Colombia hay cerca de 26.400 cuerpos sin nombre o sin identificar, en 426 cementerios de los 1122 municipios del país (Canal Capital, 2020, 15 de mayo). En algunos lugares, los cuerpos fallecidos por coronavirus han sido mezclados con cuerpos sin nombre que podrían ser personas desaparecidas durante el conflicto armado o han sido movidos de sus osarios, bóvedas, morgues o fosas para dar espacio a los cuerpos víctimas del Covid-19. Situación que puso en evidencia la falta de infraestructura y el hacinamiento en los cementerios; el inadecuado manejo de los cuerpos sin identificar o identificados sin reclama; y los vacíos en el sistema de información y registro de los cuerpos sin identificar. Lo anterior, representa una grave violación al derecho a la verdad y satisfacían de los familiares de las personas desaparecidas. Por esa razón, el Gobierno tomó medidas para regular el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por Covid-19 (Ministerio de Salud y Protección Social 2020). La JEP debe trabajar articuladamente con la UBPD en temas relacionados con los subregistros de los desaparecidos, la obtención, el cuidado de información y la protección de los lugares relacionados con la búsqueda e identificación de los restos óseos en cementerios y fosas comunes. Para ello, puede acudir a las medidas cautelares para asegurar la protección, el cuidado y la preservación de cuerpos sin identificar que podrían ser víctimas de desaparición forzada y que esperan ser entregados dignamente a sus familiares. En este sentido, el Covid-19 agudizó el problema de los cementerios y fosas comunes en Colombia. Evitar violaciones a los derechos humanos en tiempos del covid-19 Podríamos pensar que, ante la pandemia, es una consecuencia lógica la vulneración de los derechos humanos de las familias de las personas desaparecidas. Sin embargo, aunque para algunos es cierto y 38 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vélez-Gutiérrez., L., F. para otros la pandemia es una oportunidad para fortalecer nuevas estrategias y herramientas de trabajo en la búsqueda e identificación de las víctimas de este delito de lesa humanidad. Es necesario tener en cuenta que la búsqueda de los desaparecidos no solamente se debe concentrar en el terreno. La desaparición de los seres queridos también se da en los expedientes judiciales compuestos por testimonios, informes de investigación y estudios forenses (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018). Los desaparecidos están en los archivos de la Policía Nacional, en las inspecciones de policía de veredas y municipios lejanos, en los órganos de investigación, en las oficinas de registro de identidad, en las bases de datos de los hospitales, centros carcelarios, y cementerios, entre otros. Es decir, que una buena cantidad de información de desaparecidos se encuentra traspapelada, extraviada o perdida en los anaqueles de las oficinas oficiales, como parte de la incompetencia y falta de compromiso de los servidores públicos, incluso, el olvido e indiferencia colectiva de la sociedad (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018). Ante este panorama, la pandemia sirve para reinventar las estrategias de búsqueda y evitar que los procesos de identificación se retrasen o paralicen. En medio de la pandemia, es necesario fortalecer el conocimiento y la utilización las herramientas digitales. Los siguientes son algunos de los beneficios del incremento en el uso de la tecnología para la lucha de los familiares de las personas desparecidas: Exige al Estado que facilite la virtualidad, fortalezca las plataformas, bases de datos, redes sociales y los expedientes digitales; alimente y articule las bases de datos institucionales con información sobre la búsqueda, identificación e investigación; amplié la comunican con los familiares, y promueva la capacitación virtual de sus funcionarios sobre el delito y la investigación de desaparición forzada. Además, es necesario tener en cuenta que el incremento en el uso de la tecnología rompe con la burocracia en las entidades oficiales porque permite más transparencia y rendición de cuentas, con respeto a los derechos humanos de los familiares. Herramientas o plataformas como Skype, Zoom, Microsoft Teams, GoToMeeting, Google Meet o WhatsApp permite mayor acceso a la justicia y la verdad, ya que facilitan reuniones virtuales entre los colectivos de las familias de los desaparecidos, las autoridades del Gobierno, entrevistas con testigos, potenciales colaboradores o informantes. Con la tecnología, el distanciamiento social, los toques de queda y las cuarentenas no impiden a las autoridades concentrarse en mejorar las bases de datos institucionales sobre las personas Covid-19, derechos de las familiares de los desaparecidos y tecnología. 39 �Vélez-Gutiérrez., L., F. desaparecidas. La digitalización y la sistematización de la información en medio de la pandemia permite que se canalicen más esfuerzos para nutrir, intercambiar, articular, organizar y analizar la información de las bases de datos sobre los desparecidos. En tiempo de pandemia es importante que los familiares de los desaparecidos incrementen las actividades en las redes sociales - Facebook, Instagram, Twitter, WhtasApp, Tiktok y otras - para visualizar la búsqueda, sensibilizar y llamar la atención de la sociedad frente a este grave fenómeno de la desaparición forzada, a través de mensajes y eventos sociales, académicos, artísticos, culturales o institucionales. Finalmente, permite ampliar la agenda de capacitación sobre derechos humanos a nivel local, nacional e internacional. El aprovechamiento de la tecnología en medio de la pandemia ayuda a los familiares de las personas desaparecidas a ampliar sus relaciones con medios de comunicación, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Además, que abre los canales de participación ciudadanía para presentar quejas o denunciar actos de corrupción o negligencia de los entes ejecutivos o judiciales que atienden temas relacionados con el fenómeno de desaparición forzada. 3.- MÉTODO La metodología utilizada en esta investigación corresponde a una revisión cualitativa que describe y busca entender los efectos del Covid-19 en el ejercicio de los derechos de las familias de los desaparecidos, el papel de las víctimas, el Estado y la sociedad en medio de la pandemia, y la importancia de fortalecer el uso de la tecnología de la información en la búsqueda e identificación de los desaparecidos, en momentos de distanciamiento social y límites a la libertad de movimiento y de reunión. Este trabajo investigativo se apoyó en un proceso inductivo-deductivo que incorpora experiencias del Gobierno y de los familiares de personas desaparecidas durante la pandemia, Además, de la recolección y el análisis de información obtenida durante el 2020, cuando empezó la pandemia, hasta los primeros meses del 2021, y se base en literatura procedente de libros, revistas, medios de comunicación, documentos oficiales, documentales de centros académicos y organizaciones no gubernamentales. Por lo tanto, esta es una propuesta de investigación metodológica multidimensional, abordada desde un enfoque analítico, sintético, crítico y empírico partiendo de la experiencia del autor que, no solamente evidencia la problemática desatada por el Covid-19, frente a los derechos de los familiares de 40 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vélez-Gutiérrez., L., F. las víctima de la desaparición forzada, sino que plantea soluciones alternativas fundas en un cambio de actitud y el uso de las herramientas tecnológicas que, se presentan ante la situación de pandemia como una oportunidad. 5.- CONCLUSIONES Este trabajo de investigación evidencia las dificultades a las que se han visto sometidas las familias de los desaparecidos en medio de la pandemia a causa del Covid-19, en materia de derechos humanos, particularmente, sobre el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Pero también, plantea la necesidad del Estado de reinventar y fortalecer las estrategias en la manera de búsqueda, identificación y lucha contra la impunidad por el delito desaparición forzada que, atenta contra la dignidad universal del ser humano. La pandemia se convirtió en un reto, no solamente para el Estado de naturaleza social y de derecho, sino en un desafío para las familias de los desaparecidos, en la medida en que las amenaza del Covid-19, el distanciamiento social y las restricciones de movilidad y de reunión podrían reduciré los esfuerzo para la localización de sus seres queridos. Sin embargo, las instituciones del Estado y los familiares de las personas desaparecidas deben aprovechar la época de pandemia para lanzar campañas de capacitación y ampliar el uso de las herramientas digitales. Es momento de explorar y fortalecer nuevas estrategias y herramientas en la búsqueda de los desaparecidos, y despertar la conciencia y mayor participación de la sociedad civil frente al fenómeno de la desaparición forzada, con el uso de las redes sociales. Tanto en Colombia, México y otros países latinoamericanos que sufren el flagelo de la desaparición forzada tiene una deuda política, social, histórica y académica con los familiares de los desaparecidos en la búsqueda de sus seres queridos, y el derecho a satisfacer la verdad, la justicia, le reparación y la garantía de no repetición. 6.- REFERENCIAS Aguilera-Izaguirre, G. (2021). Buen gobierno y derechos humanos en México. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166 Alvarado, A. y Ávila, C. (2021, 23 febrero). Cada día se reporta la desaparición de cuatro menores. El Tiempo, 1-12. Covid-19, derechos de las familiares de los desaparecidos y tecnología. 41 �Vélez-Gutiérrez., L., F. Botero, B. (1996). En busca de los desaparecidos. Análisis político – criminal de la conducta y su normatividad. Defensoría del Pueblo. Canal Capital. (2020, 15 de mayo). Unidad de Búsqueda de Desaparecidos crea una guía de manejo de cadáveres por COVID-19. https://conexioncapital.co/unidad-de-busqueda-de- desaparecidos-crea-una-guia-de-manejo-de-cadaveres-por-covid-19/. Centro Nacional de Memoria Histórica. (2014). Textos corporales de la crueldad. Memoria histórica y antropología forense. CNMH. Centro Nacional de Memoria Histórica. (2015), Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUC. CNMH. Centro Nacional de Memoria Histórica. (2015). Desmovilización y Reintegración Paramilitar. Panorama posacuerdo con las AUC. CNMH. Centro Nacional de Memoria Histórica. (2016), Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia. CNMH. 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Covid-19, derechos de las familiares de los desaparecidos y tecnología. 43 �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 http://revpoliticas.uanl.mx/ Usos agroindustriales de la hoja de coca en comunidades indígenas del departamento del Cauca, Colombia durante el postconflicto1 Agro-industrial uses of the coca leaf in indigenous communities of Cauca, Colombia in the post-conflict framework Yudith, Caicedo-Domínguez2; Guadalupe, Hoyos-Garcés3; Rocío, Yépez4; Diana Karen, Sandoval-Pinedo5; RESUMEN La investigación que se presenta a continuación tuvo el objetivo de plantear las experiencias más significativas relacionadas con los usos agroindustriales lícitos de la hoja de coca, que las comunidades indígenas del departamento del Cauca Colombia han adoptado en el marco del posconflicto. Se dieron a conocer casos exitosos como el generado a raíz de las actividades productivas que se establecieron a través de un proyecto desarrollado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Open Society Foundations, específicamente en la comunidad de Lerma, también el exitoso caso de Coca Nasa. En cuanto a la metodología de la investigación, está se realizó con enfoque cualitativo y exploratorio, como resultado, se encontró que en los últimos cinco años el departamento del Cauca Colombia ha presentado un crecimiento significativo del cultivo de coca, especialmente en los sectores habitados por comunidades indígenas y campesinas quienes han preservado el significado ancestral, alimenticio, medicinal y cultural de la coca. Por último, se concluyó que la agroindustria proveniente de la hoja de coca es viable en este territorio. Sin embargo, las comunidades se enfrentan a múltiples impedimentos para generar esta opción de desarrollo económico y productivo en la región, desde el contexto político y legal. Palabras claves: Agroindustrial, Cauca Colombia, comunidades indígenas, hoja de coca, postconflicto. ABSTRACT …………………………………… Fecha de recibido: 22-09-2020 Fecha de aceptado: 16-12-2020 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional The research presented below had the objective of presenting the most significant experiences related to the licit agroindustrial uses of the coca leaf, which the indigenous communities of the department of Cauca Colombia have adopted in the post-conflict framework. Successful cases such as the one generated as a result of the productive activities that were established through a project developed by the National Learning Service (SENA) and de Open Society Foundations, specifically in the community of Lerma, were also revealed of Coca Nasa. Regarding the research methodology, it was carried out with a qualitative and exploratory approach, as a result, it was found that in the last five years the department of Cauca Colombia has presented a significant growth of coca cultivation, especially in the sectors inhabited by indigenous and peasant communities who have preserved the ancestral, nutritional, medicinal, and cultural meaning of coca. Finally, it was concluded that the agro-industry from the coca leaf is viable in this territory. However, the communities face multiple impediments to generate this option for economic and productive development in the region, from the political and legal context. Keywords: Agroindustry, Cauca Colombia, coca leaf, communities indigenous, post-conflict. Cómo referenciar este artículo: Caicedo-Domínguez., Y.; Hoyos-Garcés., G.; Yépez., R.; Sandoval-Pinedo., D., K. (2021). Usos agroindustriales de la hoja de coca en comunidades indígenas del departamento del Cauca, Colombia durante el postconflicto. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 7(14), 44-62. https://doi.org/10.29105/pgc7.14-3 Este artículo es producto del proyecto de investigación “Usos agroindustriales de la hoja de coca como actividad productiva para las comunidades indígenas del departamento del Cauca Colombia en el marco del postconflicto”, financiado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Iniciado en 2017 y finalizado en 2019. 2 Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Colombia. Magister en Administración de Organizaciones por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Profesora Investigadora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Email: yudithcaicedo6@hotmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1061-5167 3 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Colombia. Especialista en Gerencia de Mercadeo por la Fundación Universitaria de Popayán, líder programa SER SENA regional Cauca Colombia, Email: lupehoyos55@gmail.com, Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3255-0643. 4 Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Colombia. Magister en educación superior por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Florida, Profesora Investigadora de Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Email: rocio.yepez@unad.edu.co, Orcid: https://orcid.org/00000002-2602-0590. 5 Universidad de Guadalajara, México. Estudiante de licenciatura en Derecho en la Universidad de Guadalajara. Email: karens_17@outlook.com, Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9601-7453. 1 44 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 http://revpoliticas.uanl.mx/ 1.- INTRODUCCIÓN El departamento del Cauca Colombia está situado en el suroeste de Colombia, siendo uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en el país, por lo que el postconflicto se presenta como un escenario coyuntural con oportunidades para el desarrollo productivo, y consecuentemente económico, a través de unidades de producción que han de permitir a las comunidades, aprovechar las riquezas agrícolas del departamento mediante la agroindustria netamente lícita. Es por lo anterior, y debido a las características climáticas, culturales y de suelos presentes en el Departamento del Cauca Colombia; que esta investigación se enfoca en el cultivo legal de la hoja de coca en este territorio, ya que todos estos factores hacen propicia su siembra, cultivo, crecimiento y posterior comercialización. En ese sentido y con el objetivo de identificar los usos agroindustriales de la coca como materia prima de diversos proyectos productivos alternativos, esta investigación plantea dar continuidad a la realizada por Avendaño, Galvis y Velasco (2017) desde el grupo de investigación Prometeo “Retos y desafíos de las actividades productivas en las comunidades indígenas del departamento del Cauca Colombia en el marco del postconflicto” en la cual, mediante el uso de herramientas prospectivas como el método DELPHI, se construyeron posibles escenarios a los que se enfrentarían las actividades productivas de las comunidades objeto de estudio, formulando también un plan estratégico y un plan de acción en el que se tuvieron en cuenta las estrategias, metas, objetivos, actores y un plan de seguimiento que sirviera a dicha población. Lo anterior, con el fin de hacer frente a los retos y desafíos que traería la firma de la paz y el fin del conflicto armado en Colombia, así como su contribución a las actividades productivas de las comunidades indígenas del departamento del Cauca Colombia. Se identificaron 8 programas estratégicos entre los cuales se encuentra los usos alternativos de la hoja de coca, programa que, a pesar de ser considerado un reto, conlleva a un escenario prometedor en pro del desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de estas comunidades. 2. FUNDAMENTO TEÓRICO De acuerdo con Rojas (2002): La coca está vinculada al género erythroxilum dentro el orden vegetal, la hoja de coca es cultivada originariamente en Perú, Colombia y Bolivia, aunque sus antecedentes milenarios permiten suponer que en algún momento fue conocida en casi todas las regiones de la América india. Se estima que existen aproximadamente alrededor de 250 variedades de coca. (p.35) 45 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Caicedo-Domínguez., Y.; Hoyos-Garcés., G.; Yépez., R.; Sandoval-Pinedo., D., K. Así mismo, la coca como la describe Ecu Red (2017): Es un arbusto de la familia de las Eritroxilàceas, originaria de las escarpadas estrabaciones de los Andes amazonicos, propia de Amèrica del Sur, con nutrientes medicinales y alimenticios. Sus cuatro variedames màs notables son “Lambram”, “Mollecoca”, “Fusiforme”, “ovoide” con hojas alternas a ovadas, enteras de estìpulas axiliares y de flores blanquecinas. Este arbusto se cultiva en las praderas de montañas o en terrazas de altiplanos, en clima tropical y subtropical (párr.3) La estructura biológica de la hoja de coca está compuesta de 14 principios activos, de uno de esos sale la cocaína. Los otros trece tienen otras posibilidades, tales como usos medicinales, alimenticios, aromáticos o para el trato de la tierra. Sin embargo, la alta rentabilidad en la comercialización de la cocaína ha generado una explotación desmedida de la hoja de coca y condenó de paso a toda la planta a estar en el listado de narcóticos. Este concepto erróneo castró las exploraciones de los componentes benéficos de la hoja de coca, pero existen innumerables investigaciones alrededor del mundo que dan cuenta de sus características benéficas y capacidades agroindustriales, incluso, el fundador de la medicina peruana, Hipólito Unanue ha escrito al respecto. De alguna manera, la prohibición y la persecución de la cocaína ha entorpecido el desarrollo de proyectos productivos que logren extraer todo el potencial de esta planta. (Molano, 2013). Respecto a las comunidades indígenas, la Universidad del Rosario (s.f.) menciona que: “son el grupo humano que vive de acuerdo con las formas de relación con el medio natural en el que se asentaron los diferentes grupos aborígenes desde antes de la conquista y la han conservado y dinamizado a lo largo de la historia” (párr.1) Adicionalmente, es importante mencionar que de acuerdo con los datos suministrados por el Sistema Nacional de Informaciòn Cultural [SINIC], en el Cauca Colombia se encuentran 8 etnias indìgenas: los yanaconas, los ingas, los kokonukos, los totoroes, los paéces, los guambiano, los eperara y los siapidara. Siendo los indìgenas paéces el grupo étnico més numeroso del departamento (SINIC, 2017). En cuanto al posconflicto, resulta complejo dar una definición exacta; sin embargo, según San Pedro (2006) se puede describir como: “el periodo de tiempo en el cual las hostilidades del pasado se 46 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Caicedo-Domínguez., Y.; Hoyos-Garcés., G.; Yépez., R.; Sandoval-Pinedo., D., K. han reducido al nivel necesario para que las actividades de reintegración y rehabilitación se puedan iniciar” (citado en Vargas, 2018, p.19). En ese sentido, se requiere principalmente el cese de violencia en el marco de un acuerdo de paz, en el que la sociedad logre superar el daño físico y mental, aprendiendo a olvidar, perdonar y sanar las heridas del pasado, en la práctica de acciones no solo políticas, sino sociales y académicas. El departamento del Cauca Colombia no ha sido ajeno al flagelo del conflicto armado, especialmente, se observan los efectos generados por la violencia en la población campesina, afrodescendiente y en las comunidades indígenas, quienes siguen solicitando medidas de protección especial, ya que históricamente se han encontrado en medio del fuego cruzado, en constantes abusos y violación a sus derechos humanos, convirtiéndolos en sociedades migrantes. Tal como lo manifiesta Ávila (2009): “En el Cauca Colombia han ejercido presencia, además, otros grupos guerrilleros ha habido una presencia histórica de diversos actores armados: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Movimiento Quintín Lame, el Movimiento Jaime Bateman Cayón, el Comando Ricardo Franco Frente-Sur, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Comando Pedro León Arboleda” (p.7). Adicionalmente, según Rangel (2008), desde el año 2005 se vienen presentando acciones de grupos emergentes y rearmados en el departamento del Cauca Colombia, grupos como los Rastrojos y las Águilas Negras se ubican en la zona. Además, este mismo estudio manifiesta que, la Organización Nueva Generación [ONG], otro grupo armado emergente, tiene también incidencia en la zona del Alto Patía en los municipios de Argelia, El Bordo, El Tambo y que, a su vez, los Rastrojos inciden en los municipios costeros de Guapi, Timbiquí y López de Micay, y se relacionan con la presencia del narcotráfico (p.8). Sumado a lo anterior, el conflicto armado se convirtió en una nube que por décadas escondió otros problemas medulares del departamento del Cauca Colombia y de Colombia, como la concentración de la propiedad rural en manos de hacendados e industriales, las concesiones mineras, la minería ilegal, los conflictos entre indígenas, afros y campesinos por la tierra, y los errores que cometió el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural [INCODER] a la hora de comprar y titular predios. Usos agroindustriales de la hoja de coca en comunidades indígenas del departamento del Cauca, Colombia durante el postconflicto. 47 �Caicedo-Domínguez., Y.; Hoyos-Garcés., G.; Yépez., R.; Sandoval-Pinedo., D., K. Con este panorama, a los campesinos, afrodescendientes e indígenas que trabajan habitan y laboran en el campo no solo les preocupa que las tierras más fértiles estén en pocas manos, sino que hasta las zonas hacia donde fueron desplazados, como los páramos y las montañas, han llegado los mineros legales e ilegales a contaminarles los ríos y arrebatarles la poca fertilidad a los suelos. En consecuencia, todo este contexto desencadenado no solo por el conflicto armado ha provocado que el desarrollo de las actividades productivas de las comunidades indígenas del departamento del Cauca Colombia se haya visto entorpecido, incluso después de firmar el acuerdo de paz con las FARC. Estado del arte Como lo relata De la Peña Begue (1971), en cuanto a la antigüedad del uso de la coca, una idea aproximada es dada por varios autores, al afirmar que en Perú se hallaron bolsas de coca en tumbas a las que, cuando menos se les atribuyen diez siglos. Afirmando tambien, que durante la Colonia el comercio de la coca fue uno de los negocios más lucrativos. Los españoles vieron en su cultivo una de las entradas más ricas del reino y lo aumentaron considerablemente. Pero en aquella época se desconocian sus efectos tóxitos. Este uso de la coca hace referencia al mambeo, a los rituales, usos medicinales y demás constumbres y tradiciones de las comunidades indigenas, de lo cual existe bibliografía abundante; ya que el tema ha sido de mucho interés para las ciencias humanas, como se puede analizar en A.G.I. (1573), Arboleda (1948), Fernandez de Piedrahita (1942) y en Pineda (1986), quienes coinciden en el papel fundamental de la hoja de coca en dichas comunidades. En cuanto a la temática especifica de usos agroindustriales de la hoja de coca, la bibliografía es escasa, esto tiene mucho que ver con el énfasis que históricamente se ha puesto en la producción, uso y distribución de la cocaína; temática de la cual se encuentra abundante bibliografía, entre ellos: estudios científicos, políticas públicas y memorias de eventos como los escritos por: Saignes (1988), Tovar (1999), Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito [UNODC] (2015), entre otros. Pese a lo anterior, los productos de la hoja de coca diferentes a la cocaína son presentados en congresos, encuentros, eventos de emprendimiento, artículos de periódico, revistas y publicaciones electrónicas; Sin embargo, es un tema muy poco tratado en bibliografía científica. La publicación colombiana más relacionada con la temática y con reconocimiento académico es la realizada por Troyano 48 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Caicedo-Domínguez., Y.; Hoyos-Garcés., G.; Yépez., R.; Sandoval-Pinedo., D., K. y Restrepo (2018), en la cual se presentan los horizontes de la industrialización de la hoja de coca con experiencias legales en Perú, Bolivia y algunas experiencias Colombianas. 3. MÉTODO Diseño La investigación realizada fue de carácter cualitativo, ya que como lo determina Hernández, Fernández y Baptista (2006), el enfoque cualitativo permite descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación, esto se requirió al realizar el estado del arte, el marco legal y estratégico mediante un proceso inductivo; así mismo, en el desarrollo del tercer objetivo, pues se realizó un acercamiento a las comunidades en el que se requirió analizar cada caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva general. Siguiendo la misma línea teórica, el tipo de investigación fue un estudio exploratorio, ya que se trata de un tema o problema de investigación poco conocido, incluyendo la identificación de posibles variables a estudiar en un futuro. Participantes De las 8 etnias indígenas identificadas por el Sistema Nacional de Informaciòn Cultural [SINIC] (2017) que se encuentran en el Departamento del Cauca Colombia, se eligieron las comunidades Páez y Yanaconas, debido a su arraigo cultural a la hoja de coca. Instrumentos Se utilizó la entrevista a líderes de las diferentes comunidades indígenas del departamento del Cauca Colombia para determinar sus apreciaciones y experiencias respecto a la temática y para la sistematización de experiencias que se están presentando actualmente respecto a los usos agroindustriales de la hoja de coca. La entrevista se realizó personalmente y fue semiestructurada. Procedimientos En el departamento del Cauca Colombia se encontraron experiencias significativas de productos derivados de la hoja de coca, como son; la empresa Coca Nasa, con 25 años de historia; el caso - Lerma, la experiencia en el Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA] y otras pequeñas unidades productivas. Estás experiencias se sistematizaron mediante fuentes primarias y fuentes secundarías. Usos agroindustriales de la hoja de coca en comunidades indígenas del departamento del Cauca, Colombia durante el postconflicto. 49 �Caicedo-Domínguez., Y.; Hoyos-Garcés., G.; Yépez., R.; Sandoval-Pinedo., D., K. 4. RESULTADOS Coca Nasa La empresa Coca Nasa constituye la experiencia más significativa y exitosa en producción y comercialización de productos alternativos agroindustriales de la hoja de coca del departamento del Cauca Colombia y del país, su lucha por permanecer en el mercado y por la defensa de sus productos y costumbres ancestrales lleva 25 años. Coca Nasa es una empresa creada por Fabiola Piñacue y el resguardo indígena de Calderas en Tierradentro Cauca Colombia, nace con el objetivo de cambiar la perspectiva negativa asociada a la hoja de coca y preservar la cultura, tradición étnica y uso de la planta como alimento, medicina, cosmovisión, rito y economía sostenible (Coca Nasa, 2019). Hasta el momento la empresa ha tenido que sortear grandes obstáculos, entre ellos las regulaciones del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos [INVIMA], la Dirección Nacional de Estupefacientes, entidades internacionales e incluso un litigio con la transnacional CocaCola Company por la bebida gaseosa Coca Sek, la empresa reclamaba los derechos de propiedad sobre la palabra Coca, situación que lograron resolver satisfactoriamente puesto que la palabra Coca está arraigada a las culturas indígenas desde hace miles de años (Coca Nasa, 2019). Actualmente Coca Nasa es la primera y única empresa de alimentos a base de hoja de coca en Colombia que cuenta con permiso para usar esta planta y registro sanitario de sus productos. (Coca Nasa, 2019) Tabla 1. Productos elaborados con hoja de coca Alimentos Bebidas Harina de Coca 250 gramos y 120 gramos Aguardiente de Coca Aceite de Coca Galletas de chocolate Vino de Coca Gel de Coca 60 ml y Aromática Coca y Manzanilla 120 ml Ron de Coca Pomada de Coca Aromática Coca y Menta Coca Sek (energética) Biogotas Aromática Ecoca (línea económica) Coca con Hoja de Coca entera Coca medicinal Aromáticas Aromática de Coca por 20 y por 60 sobres Coca Libre (coctel) Fuente: Coca Nasa (2019). 50 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Caicedo-Domínguez., Y.; Hoyos-Garcés., G.; Yépez., R.; Sandoval-Pinedo., D., K. Caso SENA En 2017, el SENA obtuvo el primer permiso en la historia de Colombia para realizar investigación científica con la hoja de coca, otorgado por el Fondo Nacional de Estupefacientes, permiso que da lugar a la compra local de hoja de coca por el SENA a comunidades autorizadas, que son las que la cultivan para usos tradicionales y al uso exclusivo de la planta para fines de investigación (Troyano y Restrepo, 2018). En el marco del programa del sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación [SENNOVA] del SENA, las investigadoras Dora Lucila Troyano y María del Socorro Anaya desarrollaron un proyecto de investigación cuyo resultado fue la producción tecnificada de abonos orgánicos sólidos y líquidos, a partir de la hoja de coca, para fertilización de cultivos transitorios. Las investigadoras desarrollaron un procedimiento para elaborar estos abonos, el cual fue sistematizado en una cartilla (Anaya y Troyano, 2017). Esta cartilla, es compartida como apoyo a la capacitación de los campesinos de los diferentes municipios del departamento del Cauca Colombia, con el fin de lograr que el material vegetal disponible en las zonas cocaleras sea aprovechado por las comunidades como materia prima para la elaboración de abonos. Lo anterior, teniendo en cuenta que la fórmula es más fácil y económica que las opciones de abonos químicos que se encuentran en el mercado y que su implementación garantizaría lograr una producción orgánica de los cultivos. La Ruta de la Coca en Lerma Lerma está ubicado al sur del departamento del Cauca Colombia y pertenece al municipio de Bolívar, se trata de un corregimiento muy golpeado por las nefastas consecuencias de la bonanza cocalera, de lo que dan fe algunos líderes entrevistados para esta investigación. En el año de 1983 el corregimiento se encontraba con los más altos niveles de homicidio y muertes violentas, correspondiente al 25% de una población que no superaba los 500 habitantes. Gracias a procesos comunitarios fuertes y continuos se generó un cambio y se logró la declaración por la asamblea departamental del municipio como Territorio de Convivencia y Paz (Corregimiento de Lerma, 2019). Entre los líderes que lograron estos procesos se encuentra Erney Ruiz, líder de la Escuela Agroambiental Arraigo y quien lidera los procesos de productos alternativos con hoja de coca, como la ruta de la coca, en alianza con el SENA, el apoyo de la investigadora Dora Troyano y la Open Society Foundations. Usos agroindustriales de la hoja de coca en comunidades indígenas del departamento del Cauca, Colombia durante el postconflicto. 51 �Caicedo-Domínguez., Y.; Hoyos-Garcés., G.; Yépez., R.; Sandoval-Pinedo., D., K. Actualmente, este proyecto cuenta con un grupo de alrededor de 20 campesinos, quienes venden la coca producida de manera orgánica a la Escuela Agroambiental Arraigo, para que sea transformada en los siguientes productos: o Galletas o Harina o Caucharina (pasaboca dulce en polvo) o Pomada o Tortas o Hojas secas Además, se creó una unidad productiva para implementar “la ruta de la coca”, se trata de una opción turística que se brinda a los visitantes en la cual se realizan caminatas ecológicas por charcos, cerros y un recorrido por la historia de la hoja de la coca, sus usos medicinales, nutricionales y sus características ancestrales y espirituales (El nuevo liberal, 2019). Por su parte, Erney Ruiz considera que la producción y comercialización de productos de hoja de coca trae múltiples ventajas, como ser amigable con el medio ambiente y generar una economía estable que permite unidad entre la ruralidad y lo urbano. Esto les ha permitido la resistencia en el territorio y autonomía “desde hace 15 años dejamos de ser jornaleros de otros, ahora no dependemos y damos trabajo, participación social con recursos propios”. Para Erney Ruiz, el camino correcto es seguir con el proyecto hasta convertirla en una empresa productora y comercializadora de productos agroindustriales basados en la hoja de coca, pero en la legalidad. Cabe resaltar, que este proyecto no cuenta hasta el momento con los permisos y el reconocimiento legal para la producción y comercialización de estos productos. En el departamento existen otras experiencias que generan productos de hoja de coca, pero realmente no son muy significativas. En la vereda Segovia de Inzá, se entrevistó a la señora Cilia Narváez quien, en compañía de su esposo, produce vino artesanal de coca usado principalmente para eventos especiales en la comunidad. Para la señora Cilia, esta pequeña unidad productiva le ha permitido generar ingresos para el estudio de sus hijos; sin embargo, ella manifestó que le gustaría tener una planta de producción y el registro del cabildo indígena para poder comercializar su producto libremente. 52 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Caicedo-Domínguez., Y.; Hoyos-Garcés., G.; Yépez., R.; Sandoval-Pinedo., D., K. Durante la investigación se realizaron entrevistas a líderes en comunidades indígenas en el municipio de Inza, Corinto y Toribio con el fin de identificar otras experiencias significativas de producción alternativa basada en hoja de coca, pero, sobre todo, para conocer el interés de estas comunidades en crear unidades productivas. El resultado encontrado fue, que el interés de las comunidades por este tipo de productos es muy bajo, debido a que siguen manteniendo un arraigo cultural a la coca enfocada en rituales y procesos medicinales, pero no como una opción productiva. Una de las razones encontradas, son los problemas a los que se tuvieron que enfrentar durante muchos años las comunidades, por mantener este tipo de cultivos. Otra razón importante es la adherencia a programas de sustitución. Contexto Jurídico Con el análisis propio de la legislación colombiana, el cultivo del arbusto de coca es prohibido, sin embargo, existen dos formas de trabajar la coca de una manera legal: 1. En la declaración segunda de la Ley 67 (1993) se dispone que: “el tratamiento que la Convención da al cultivo de la hoja de coca como infracción penal debe armonizarse con una política de desarrollo alternativo, tomando en cuenta los derechos de las comunidades indígenas involucradas y la protección del medio ambiente…” En la anterior declaración, se encuentra una notable desigualdad en cuanto al cultivo de coca, pues se especifica que solo las comunidades indígenas pueden realizar dicha actividad, dejando por fuera a personas mestizas que en muchos casos también realizan este tipo de cultivos con el fin de generar opciones lícitas que contribuyen al crecimiento y enriquecimiento de la cultura, el empleo y la aplicación de nuevas actividades en la sociedad. 2. Por otra parte, la Convención Única Sobre Estupefacientes (1961), señala en su artículo 27 que: “Es autorizado el uso de hojas de coca para la preparación de un agente saporífero (que da sabor) que no contenga ningún alcaloide y, en la medida necesaria para dicho uso, autorizar la producción, importación, exportación, el comercio y la posesión de dichas hojas” (p.33) Usos agroindustriales de la hoja de coca en comunidades indígenas del departamento del Cauca, Colombia durante el postconflicto. 53 �Caicedo-Domínguez., Y.; Hoyos-Garcés., G.; Yépez., R.; Sandoval-Pinedo., D., K. Adicionalmente, de acuerdo con Naciones Unidas (s.f.): “Las Partes suministrarán por separado previsiones e información estadística respecto de las hojas de coca para la preparación del agente saporífero, excepto en la medida en que las mismas hojas de coca se utilicen para la extracción de alcaloides y del agente saporífero y así se explique en la información estadística y en las previsiones” (p.35) Por otra parte, en atención a lo dispuesto por el artículo 3ro de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (1988), se hace mención al catálogo de conductas que pueden ser tipificadas como delitos penales, entre ellas “el cultivo del arbusto de coca […] con objeto de producir estupefacientes…” (p.3). En lo manifestado anteriormente, se plasma de forma implícita que mientras se cultive el arbusto de la hoja de coca con fines agroindustriales no se está incurriendo en ningún delito por no producir estupefacientes con ésta. Por los puntos expuestos anteriormente, es evidente que existe la normatividad que regula la siembra y cultivo de la coca para fines lícitos; de la misma forma, se puede observar que la divulgación de dichos preceptos no es la adecuada, pues aún persiste desinformación y temor en las comunidades respecto a la licitud con la que se puede trabajar esta planta. Adicionalmente, es alarmante que las autoridades desatiendan un tema tan importante como lo es el cultivo de la hoja de coca, teniendo en cuenta que hace parte de la flora nativa de Colombia, de las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas y campesinos del país, y finalmente, por sus múltiples utilidades alternativas, desde lo artesanal, económico e incluso gastronómico. En una de las declaraciones que el Gobierno presentó, mediante la Corte Constitucional Colombiana y el Control Previo de los Tratados Internacionales 1192 – 2012, al Congreso de la República, plasmó que: “Colombia entiende que el tratamiento que la Convención da al cultivo de la hoja de coca como infracción penal debe armonizarse con una política de desarrollo alternativo, tomando en cuenta los derechos de las comunidades indígenas involucradas y la protección del medio ambiente. En el mismo sentido Colombia entiende que el trato discriminatorio, inequitativo y restrictivo que se les da en los mercados internacionales a sus productos agrícolas de exportación, 54 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Caicedo-Domínguez., Y.; Hoyos-Garcés., G.; Yépez., R.; Sandoval-Pinedo., D., K. en nada contribuye al control de los cultivos ilícitos pues, por el contrario, es causa del deterioro social y ecológico en las zonas afectadas.” (Citado en Ceron y Arevalo, 2014, p.54) En ese orden de ideas, la solución al conflicto es la creación de sociedades mercantiles apegadas a las leyes que las regulan, para que una vez formadas (legalmente) puedan trabajar como empresa con los indígenas (como agentes productores de materia prima) y de esta forma, los beneficios serían tanto para la sociedad en general como para las comunidades. Lo anterior, debido a que se pone en evidencia la necesidad del trabajo en equipo de cada uno de los actores. Por lo anterior, Colombia, como Estado social de derecho y garante de los mismos, en su Constitución Política (1991) , manifiesta que: “Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad” (art. 38) Adicionalmente, entre los antecedentes que se pueden encontrar en el marco jurídico colombiano, respecto a la hoja de coca, se presenta en la siguiente línea del tiempo el resultado del trabajo de Troyano (2018), entrevistada para esta investigación Figura/Ilustración 1 Línea de tiempo Libre siembra de arbusto de coca, con ciertas restricciones. Represión al cultivo conservación de coca. Ley 11 de 1920 1920 1936 Código Penal de 1936 No penalizaba el cultivo de coca, ni el consumo de alcaloides y Ley 45 de 1946 1946 Establece un espacio de legalidad a los cultivos de coca en comunidades indígenas. Convención de la ONU de Viena 1988 1947 Decreto 0896 de 1947 Prohibió la utilización de la hoja de coca como moneda. 1988 1991 Convenio 169 de la OIT Establece protección a la cultura (costumbres y tradiciones) de los indígenas. Consumo de la hoja de coca como parte del patrimonio cultural inmaterial de los indígenas. Ley 397 de 1997 1997 2000 Código Penal de 2000 Establece sanciones para plantaciones del arbusto de coca (art. 375) Usos agroindustriales de la hoja de coca en comunidades indígenas del departamento del Cauca, Colombia durante el postconflicto. 55 �Caicedo-Domínguez., Y.; Hoyos-Garcés., G.; Yépez., R.; Sandoval-Pinedo., D., K. En la zona de Tierra dentro, se otorga permiso para utilizar la hoja de coca para aromáticas. Se informa: “Productos base de la coca, elaborados y comercializados por indígenas, no se podrán comercializar más en territorio nacional.” Resolución 001 de la Asociación de Cabildos Juan Tama. Inzá, Cauca Colombia. 2002 2006 Resolución 1478 del Ministerio de Protección Social En la lista de sustancias objeto de monopolio del Estado, se incluye la hoja de coca y derivados. Circular INVIMA V.C.M-601-0294-07 2007 2010 Derecho al Uso Ancestral de la hoja de coca. Corte Constitucional C-882 2011 NVIMA Alerta Sanitaria 001 Advierten a la población de no consumir ni comercializar productos que contengan coca. 2015 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Se decreta acción de nulidad frente a la alerta sanitaria 001 de 2010. Fuente: Troyano (2018). Además, un hecho importante a nivel internacional es el ocurrido hacia el año 2011, cuando Bolivia se retiró de la Convención de Viena, de la que fuera parte por más de cincuenta años y en el mismo año solicitó su readmisión, pero esta vez con la condición de que el acullicu (bola de hojas de coca que se mastica para extraer el jugo de las mismas) estuviera despenalizado, con dicha readmisión, señaló el Jefe de Estado Plurinacional, que se tiene como ventaja la “permisibilidad de cultivar la hoja de coca para usos tradicionales”. Al respecto, Contreras-Baspineiro (2013) señaló que: “Casi 50 años, la coca estuvo penalizada por decisiones políticas de los países desarrollados que son los que controlan las decisiones en el mundo, hoy Bolivia, tuvo la capacidad de escribir una digna página de dignidad, soberanía y justicia” (p.16). Lo que propone es un tema muy interesante, con lo cual se llegó a la interrogante de ¿quiénes son las personas que hacen mal uso de la coca y a quiénes no les conviene que se cultive? Sin embargo, la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (2015), señala que actualmente Bolivia produce 27.200 hectáreas de coca, siendo que la Ley 1008 (2006), reconoce 12 mil hectáreas de coca como lícitas, por lo que se pone en cuestión si en verdad el doble de lo permitido es necesario para cubrir los usos meramente tradicionales o medicinales. Y aunado a esto, Bolivia aún no cuenta con un estudio que determine la cantidad de cultivos de coca para usos tradicionales y alternativos, como si lo ha hecho Colombia. 56 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Caicedo-Domínguez., Y.; Hoyos-Garcés., G.; Yépez., R.; Sandoval-Pinedo., D., K. Discusión El departamento del Cauca Colombia es un departamento agrario, llamado “la despensa agraria de Colombia”, sin embargo, no es evidente la rentabilidad de esta actividad económica para las comunidades del departamento. Tanto así, que se pueden encontrar comunidades que viven la violencia exacerbada en el último año, campesinos pobres, y permanente descontento de las comunidades indígenas, al punto de cerrar las vías de acceso al departamento como última medida para solicitar al gobierno el cumplimiento de derechos ganados y de acuerdos realizados previamente. Otro aspecto evidente durante la investigación es la falta de agroindustria y de empresas productivas, pues es claro que se requiere la transformación de la riqueza agraria en productos que generen verdadero valor agregado, desarrollo empresarial y las tan anheladas fuentes de empleo. Además, se pone en evidencia el latente el abandono del estado, palpable en las vías de acceso y la baja rentabilidad en el cultivo de productos agrarios que contribuyen a la alta producción de la hoja de coca para fines ilícitos. El estudio motiva a fomentar y apoyar una agroindustria limpia, para que de una materia prima tan rica como la hoja de coca sea posible darle paso a la producción y comercialización de productos agroindustriales alternativos, que la legislación actual no permite y que tampoco están contemplados dentro de lo establecido en las políticas de postconflicto. Es lamentable que solamente las comunidades indígenas por su legislación especial y por el caso de Coca Nasa pueden pensar en la posibilidad de reivindicar a la hoja de coca a través de la gran cantidad de productos alimenticios y medicinales que se podrían desarrollar y es aún más preocupante que, según los resultados del estudio, se observa que las comunidades no están interesadas en producirlos, pues para ellos implica luchar contra los dueños del negocio de la cocaína, contra el paradigma social que aún no entiende la diferencia entre hoja de coca y la cocaína, y además contra el estado actual que prefiere la erradicación con glifosato por ser el camino más fácil, aunque sea también el más dañino para la comunidad. Las comunidades indígenas no están dispuestas a poner más muertos y tampoco a seguir sufriendo la discriminación y abandono estatal, pero lo que si es cierto es que no se van a desarraigar de la base de sus ritos, de su espiritualidad, del legado de sus ancestros y de los beneficios medicinales y nutricionales de esta planta, seguirán teniéndola solo para ellos, sin poderla compartir en el resto del territorio nacional y menos internacionalmente. Usos agroindustriales de la hoja de coca en comunidades indígenas del departamento del Cauca, Colombia durante el postconflicto. 57 �Caicedo-Domínguez., Y.; Hoyos-Garcés., G.; Yépez., R.; Sandoval-Pinedo., D., K. 5. CONCLUSIONES El trabajo investigo permite encontrar el arraigo histórico de la coca en las comunidades indígenas, su uso alimenticio, medicinal y cultural, así como el empleo de los principios activos de la coca y los productos derivados, con ello se identifican los usos agroindustriales de la hoja de Coca. Los casos expuestos demuestran la viabilidad de la agroindustria proveniente de la hoja de coca, teniendo en cuenta las características del cultivo, las condiciones para el proceso de producción, la diversidad en los productos y los estudios que avalan las riquezas de sus componentes. Si bien existen leyes que regulan el cultivo ilícito, tanto el gobierno nacional como diferentes países apoyan tanto las políticas como los programas de postconflicto, estos deberían ser tendientes a incentivar el uso medicinal y de productos de la coca, por parte de las comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado en Colombia. Pero contrario a lo anterior, el principal impedimento para generar esta opción de desarrollo económico y productivo de la región es el contexto político y legal, que no solamente juega con intereses del país sino con una gran presión internacional, factores que impiden contemplar esta alternativa en las políticas y programas del postconflicto. El trabajo investigativo que se ha realizado sobre la hoja de coca es altamente relevante, se encuentran estudios fundamentados y de gran rigurosidad metodológica que han logrado un proceso de reivindicación con esta planta tan arraigada a la cultura y costumbres de las comunidades indígenas de Colombia, Perú y Bolivia. Además, se ha logrado desviar la mirada del pequeño productor a la gran organización ilegal de la cocaína que es realmente donde está la causa del flagelo de violencia y degradación social de la que injustamente se culpó por mucho tiempo a “la mata que mata”. Con este cambio de paradigma se abren múltiples posibilidades, que pueden llevar al país a convertir lo que por años fue causa de desgracia, en una fuente de desarrollo rural, económico y productivo, pero sobre todo ayudará a favorecer a las comunidades indígenas que se encuentran actualmente en condiciones de vulnerabilidad. Casos exitosos como la empresa Coca Nasa en producción y comercialización de productos alternativos agroindustriales de la hoja de coca, permiten vislumbrar que con el apoyo en el plan de negocios y asesoría técnica y administrativa se puede mejorar tanto la comercialización como la expansión de la empresa. (recomendación) 58 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Caicedo-Domínguez., Y.; Hoyos-Garcés., G.; Yépez., R.; Sandoval-Pinedo., D., K. El estudio desarrollado cumple con los objetivos planteados y permite a futuro apoyar en la parte comercial y administrativa en el surgimiento de empresas agroindustriales con productos derivados de la coca, así como la conservación de la cultura indígena de las regiones del departamento del Cauca Colombia. REFERENCIAS Anaya, M., Troyano, D. (s.f.). 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Por medio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. 23 de agosto de 1993. DIARIO OFICIAL. 41.003. Ley 95 de 1936. Sobre el Código Penal. 24 de abril de 1936. DIARIO OFICIAL. 23316. Molano, A. (25 de agosto de 2013). Otras caras de la coca. El Espectador. https://www.elespectador.com/noticias/politica/otras-caras-de-coca-articulo-442394 Naciones Unidas (1988). Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas [Archivo PDF]. https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf Naciones Unidas (s.f.). Convención Única de 1961 Sobre Estupefacientes [Archivo PDF].. https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/1961-Convention/convention_1961_es.pdf Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito [UNODC] (2015). 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Desde el punto de vista de este derecho, se propuso un estudio de la Ciudad de Puebla, analizando su fundación, y la manera en que la población ha sufrido una planificación territorial muy específica, de la cual se desprenden ahora muchos de los problemas de violencia y conflictos sociales que se viven al interior de esta. Se utilizaron los métodos inductivo, histórico y analítico, recurriendo a instrumentos nacionales e internacionales, con especial énfasis en estos últimos. Dentro de las principales conclusiones que se obtuvieron se debe destacar la necesidad de aplicar un protocolo para coadyuvar con el desarrollo del Derecho a la Ciudad en Puebla, que abarque tres aspectos: comunidad, delincuencia y ambiente. Palabras claves: Derecho a la Ciudad, derechos económicos-sociales y culturales, Puebla de los Ángeles. ABSTRACT …………………………………… Fecha de recibido: 16-12-2020 Fecha de aceptado: 21-02-2021 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional The so-called Right to the City, starts from the premise that the population can recover the urban spaces that originally corresponded to them and make them part of their own culture again, independently of the interests of savage capitalism. From the point of view of this right, a study of the City of Puebla is proposed, showing how since its foundation, it has been part of an elite plan in which the population has been directed to a very specific territorial planning, of the which now give rise to many of the problems of violence and social conflicts that are experienced within it. Inductive, historical, and analytical methods were used, using national and international instruments, with special emphasis on the latter. Among the main conclusions reached, we should highlight the need to apply a protocol that contributes to the development of the Right to the City in Puebla, covering three aspects: community, crime and environment. Keywords: Economic-Social and Cultural Rights, Puebla de los Ángeles, right to the city. Cómo referenciar este artículo: De la Fuente., M., C., & Méndez., S., F. (2021). Perspectivas del Derecho a la Ciudad en Puebla. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 7(14), 84-102. https://doi.org/10.29105/pgc7.14-5 1 Este artículo es producto del proyecto de investigación Derecho a la Ciudad financiado por la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Iniciado en 2019 y finalizado en 2020. 2 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Doctora en Economía Política del Desarrollo, Profesora-investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Email: clausita_16@hotmail.com, Orcid: http://orcid.org/0000-0001-8254-4359. 3 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México. Doctor en Derecho, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Email: fms291077@gmail.com, Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9819-9593 84 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 http://revpoliticas.uanl.mx/ 1.- INTRODUCCIÓN El Derecho a la Ciudad, por su parte, establece en términos generales la prerrogativa de los habitantes de toda urbe sobre decidir y crear la ciudad, y hacer de esta un espacio común en el que todos tengan acceso a bienes y servicios, decidiendo por ellos y el beneficio colectivo, en lugar de intereses individuales que puedan verse más fácilmente reflejados por el peso del capital. La Ciudad de Puebla de los Ángeles, o Puebla de Zaragoza en la actualidad, presenta severos problemas que se ven agraviados por la falta de acceso de diversos sectores de la población, a una correcta distribución de servicios y atención de dichos problemas. Dos de ellos, típicos de todo núcleo urbano, pero particularmente acentuados en la Angelópolis, son probables derivaciones de no atender lo que hoy en día se conoce como Derecho a la Ciudad. Los contrastes son severos, especialmente en el acceso de áreas verdes que se encuentran localizados en zonas específicas de la urbe, que hacen que gran parte de la población que vive en zonas de notorio hacinamiento, tenga que trasladarse varios kilómetros para gozar de un poco de espacio libre y aire limpio. El problema de la delincuencia, por otra parte, no respeta ya zonas, además de que vecinos de diversas zonas y calles de la ciudad, opten por cerrar las mismas, impidiendo el derecho básico de tránsito, en un interés legítimo, pero no legalmente aplicado, de protegerse de la delincuencia. Por lo anteriormente señalado, cabe establecer la siguiente pregunta rectora: ¿Cómo puede establecerse un Derecho a la Ciudad en Puebla? Para responder a la pregunta rectora planteada, es necesario establecer como objetivo del presente estudio, el fundamentar mediante propuestas teóricas referentes al Derecho a la ciudad, la validez de implementar instrumentos sociales que mitiguen los problemas que afectan a la ciudad. Cabe señalar que el presente trabajo es solamente una primera aproximación teórica, siendo esta la primera parte de un proyecto a implementarse más adelante en convenio con instituciones de educación superior. Concepto y generalidades del Derecho a la Ciudad Henri Lefebvre define el Derecho a la ciudad como el “derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad, y hacer de esta un espacio privilegiado de lucha anticapitalista” (Molano, 2016, 4). En este sentido, es necesario señalar que su constructo ideológico fue inmediatamente de la mano con 85 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �De la Fuente., M., C., & Méndez., S., F. los Derechos Económicos y Sociales, ya que su propuesta se centró en los grupos vulnerables y su capacidad de crear y recuperar la ciudad. Algunos autores incluso señalan su propuesta como un nuevo humanismo; sin embargo, su teoría fue meramente “anticapitalista” que, si bien fue adecuada para los movimientos que observó en la Francia de su tiempo, ha sido ya superada por postulados de la corriente crítica, en la que lo económico es uno de muchos factores sociales que intervienen en la conducta y las relaciones entre los grupos que conforman a la sociedad. Ejemplo de las nuevas propuestas teóricas es el postulado de Laurence Costes (2014, 4) quien considera que la institucionalización del derecho a la ciudad es una oportunidad abierta para las luchas urbanas de retomar la protección de los derechos civiles y humanos, que se habían quedado exclusivamente en el discurso político. David Harvey, como otro teórico que aportó a la teoría del Derecho a la Ciudad, señaló que se debía basar en lo que denominó prácticas ciudadanas emergentes (Molano, 2016, 8). Edward Soja superó el proyecto teórico de Lefebvre, incluyendo nuevas dimensiones que no se mantienen en lo puramente urbano, sino en la manera en la que la clase, el género, la etnicidad y la cultura, provocan una diversidad de formas de experimentar la ciudad adicionando a la teoría del Derecho a la Ciudad una mirada “ecléctica” (Molano, 2016, 11). Por su parte, Patrice Mele señaló que los conflictos urbanos pueden ser calificados de luchas por la tierra y los servicios urbanos en oposición a proyectos públicos o a la autorización de ciertos usos urbanos. Al igual que en su momento Soja, Patrice Mele (2016, 128) acusó que la presencia de movimientos sociales como marchas o plantones, en la que los vecinos movilizados constituyen redes de militancia, son en realidad la expresión de reivindicar abusos sociales, ambientales y de acceso a servicios públicos que debía considerarse para preservan la calidad de vida. Pero pese a lo anterior, un elemento que se ha presentado como elusivo a los principales teóricos del Derecho a la Ciudad y que ha sido tratado de manera superficial, cuando en realidad es un factor preponderante y en el que también se conjugan los Derechos Sociales y Culturales, es el que se vincula con el Derecho a la Salud. En correspondencia con la salud, se encuentra un vínculo poco abordado desde la teoría, y aún más desde la práctica, que es la relación entre el incremento en la violencia y el decrecimiento de áreas verdes que se atenderá más adelante. 86 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �De la Fuente., M., C., & Méndez., S., F. En el ámbito internacional, es esencial señalar el fundamento normativo del Derecho a la Ciudad desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que abarca la creación de la Organización de las Naciones Unidas, con la respectiva Declaración Universal de los Derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, finalizando con la denominada Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Breve bosquejo de la evolución histórica del Derecho a la Ciudad El término de “Derecho a la Ciudad” apareció en 1968, cuando el francés Henri Lefebvre escribió el libro del mismo nombre tomando en cuenta el impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista, con la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital. Como contrapropuesta a este fenómeno, Lefebvre construye una propuesta política que parte de la ciudad para reivindicar la posibilidad que la gente volviera a ser dueña del espacio en el que habitaba, oponiéndose a los efectos del neoliberalismo, entre los que se podían señalar la privatización de los espacios urbanos, el uso mercantil de la ciudad, la predominancia de industrias y espacios comerciales, así como zonas residenciales con determinadas preferencias para gozar de servicios públicos de mejor calidad. El Derecho a la Ciudad propone una nueva perspectiva política, considerando que la urbe, particularmente en el siglo XX, dejó de pertenecer a la gente. Lefebvre aboga entonces por “rescatar el hombre como elemento principal, protagonista de la ciudad que él mismo ha construido”. El derecho a la ciudad es entonces restaurar el sentido de ciudad, instaurar la posibilidad del “buen vivir” para todos, y hacer de la ciudad “el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva” (Mathivet, 2009). Su propuesta tenía una poderosa influencia de corte socialista, recurriendo a autores tales como Engels y Marx, y recurriendo a instrumentos teóricos relativos a la acumulación del capital y los monopolios, pero aún más importante, partió de los mismo para el neologismo de las isotopías como tendencia a la uniformización y control capitalista del espacio que se opone conceptualmente a las heterotopías, es decir, las diversas maneras de ocupar el espacio en resistencia al capital (Molano, 2016). El siguiente paso en la maduración del concepto del Derecho a la Ciudad, lo dio David Harvey (2008), presionando los límites de las conceptualizaciones marxistas con su reivindicación de las prácticas ciudadanas insurgentes, que son resultado de la supresión de ideales de identidad urbana y pertenencia, en los que incluso la idea de que la ciudad pueda funcionar como cuerpo político colectivo, es poco probable. Derivado de ello, Harvey denuncia la existencia de movimientos sociales urbanos que Perspectivas del Derecho a la Ciudad en Puebla. 87 �De la Fuente., M., C., & Méndez., S., F. intentan superar el aislamiento y remodelar la ciudad con una imagen diferente de la promovida por los intereses neoliberales. Harvey considera que la expansión geográfica y la reorganización espacial de los intereses neoliberales, es la que crea nuevas instalaciones de capital fijo, como puertos, aeropuertos, carreteras e hidroeléctricas; y a medida que se expande geográficamente, el capital incrementa las dinámicas de construcción y destrucción espacial, lo que explica el incremento de la violencia y el despojo de personas de áreas urbanas y semiurbanas. Así, Harvey aspira a que las prácticas insurgentes de los sujetos sociales urbanos puedan permitir la creación de entornos no controlados por el capital, sino por el bien común, es decir, aquellas que ejemplifican la vida ya existente en plazas y jardines, basadas en la colaboración y que preceden a las teorías o paradigmas de ciudad tales como teatros comunitarios, huertos urbanos colectivos, mercados populares que se convierten en “metáforas vivas del concepto práctica ciudadana" (Gutiérrez, 2016). “Harvey plantea el derecho a la ciudad como una estación de paso […] en perspectiva de un orden socioespacial no capitalista” (Molano, 2016). Sería labor del geógrafo Edward Soja, el empujar el Derecho a la ciudad más allá de las conceptualizaciones puramente marxistas, incluyendo a las clases socioeconómicas, al género, a la etnicidad y las expresiones culturas, como factores que afectan la manera en la que se experimenta la ciudad; incluyó elementos y estudios de género, partiendo inicialmente del feminismo y propuso además, pasar de la teoría a la práctica a través de las universidades y servicios educativos (Soja, 2014, 211-215). Soja señala cómo el mundo está compuesto de “capas de organización macroespacial” resultado de lo económico, administrativo, cultural y político, en las que la dominación y el control social, han derivado en divisiones globales tales como las de primer y tercer mundo, que inciden en las actividades diarias de los individuos y colectividades, y que tarde o temprano pueden derivar en explosivos levantamientos sociales tales como los que se dieron en Los Ángeles en 1992 o en París en 2005; dichos disturbios, acusa Soja, surgen cuando la privación y las injusticias, enterradas bajo geografías irrumpen a la superficie, exponiendo estructuras de privilegios basados en la raza, la clase, el género y otras formas de discriminación y opresión social (Soja, 2014, 68-69). En este sentido, Molano (2016) señala sobre Soja que su teoría del Derecho a la Ciudad se basa en tres pilares: la construcción social del espacio, la ciudad entendida como posmetrópolis y las luchas por la justicia espacial y la democracia regional, en los que la difusión de una mayor sensibilidad hacia 88 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �De la Fuente., M., C., & Méndez., S., F. las cuestiones interculturales, de etnia y de género son el punto de partida para lograr una democratización del espacio urbano. Un paso fundamental en la construcción del Derecho a la Ciudad ha sido la elaboración de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad articulada por Habitat International Coalition (HIC). Un conjunto de movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil, comprometidas con las luchas sociales por ciudades justas, democráticas, humanas y sustentables, construyeron una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad que busca recoger los compromisos y medidas que deben ser asumidos por la sociedad civil, los gobiernos locales y nacionales, parlamentarios y organismos internacionales para que todas las personas vivan con dignidad en las ciudades (Mathivet, 2009). La Carta establece desde su primer artículo cinco puntos principales del Derecho a la Ciudad (UCLG, 2014): 1. Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones, preservando su memoria e identidad cultural. 2. La urbe es un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado que pertenece a todos sus habitantes. 3. Las ciudades y las autoridades deben buscar de manera progresiva la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, utilizando instrumentos legislativos. 4. Se considera urbe a "toda villa, aldea, capital, localidad, suburbio, ayuntamiento o pueblo que esté organizado institucionalmente como unidad local de gobierno de carácter Municipal o Metropolitano, tanto sea urbano, semirural o rural". 5. Se estima como ciudadanos y ciudadanas a "todas las personas que habiten en forma permanente o transitoria en las ciudades". 2.- FUNDAMENTO NORMATIVO La relación del Derecho a la Ciudad con los Derechos económicos, Sociales y Culturales (DESC) Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) están considerados como la segunda generación de Derechos Humanos que se ha ido incorporando en la normatividad a finales del siglo XX, su función principal es garantizar condiciones de vida dignas para todos, por lo que el valor principal que defiende es la igualdad. Los DESC son derechos relativos a las condiciones económicas y sociales que Perspectivas del Derecho a la Ciudad en Puebla. 89 �De la Fuente., M., C., & Méndez., S., F. buscan cubrir las necesidades básicas de las personas como son trabajo, educación, vivienda, seguridad social, salud, alimentación, medio ambiente sano, entre otros. En el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se encuentran tres normatividades base que proporcionan un marco común y que establecen obligaciones para el Estado, a saber, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Estos marcos ofrecen una herramienta esencial para la promoción y respeto de los Derechos Humanos (DDHH), que permitirán la conducción hacia la justicia, el bienestar social y la igualdad. Se debe destacar que el principio de progresividad es esencial para el goce de los DESC, todos los Estados deben utilizar sus recursos, medidas para lograr el respeto y la efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Artículo 2. 1. Cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights -OHCHR), 1966). Es inaceptable que, bajo esta premisa en lugar de avanzar se tenga un retroceso en la plena efectividad de los DESC y se observen personas sin empleos, sin seguridad social, viviendo en zonas de riesgo en un ambiente que no es sano, por lo que es “obligación de las autoridades para cumplir con los mínimos indispensables de estos derechos es ineludible” (Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 2019). En este sentido la relación entre los DESC y el Derecho a la Ciudad se da en torno a la vida colectiva, es buscar el pleno goce de derechos desde una visión integradora, para poder vivir dignamente, “el derecho a la ciudad es la posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda vivir dignamente, reconocerse como parte de ella, y donde se posibilite la distribución equitativa de diferentes tipos de recursos: trabajo, de salud, de educación, de vivienda, recursos simbólicos: participación, acceso a la información, etc.” (Mathivet, 2009). 90 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �De la Fuente., M., C., & Méndez., S., F. El Derecho a la Ciudad es considerado un derecho humano emergente, esto quiere decir que son derechos humanos nuevos o son reivindicaciones de los ya existentes; estos surgen en respuesta a las intensas transformaciones y la evolución de las sociedades, donde se observan nuevas necesidades humanas u otras necesidades que se han perdido de vista ante la indiferencia de los gobiernos y que es necesario se retomen. Incluso, se debe recordar que en la misma Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, en su artículo 1, inciso 2, se establece “El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos” (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2004); así, el Derecho a la Ciudad al ser relativamente reciente, sienta sus bases en los Derechos económicos, sociales y culturales, además incorpora la participación ciudadana y espacio público con una visión integral de los DDHH como factores preponderantes para alcanzar el bienestar y la justicia social. Así pues, la creación del Derecho a la ciudad se basa en el goce de los DESC. El PIDESC abarca el derecho a un trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias (artículo 6 y 7), derecho a la seguridad social (artículo 9) que incluye el derecho al seguro social, derecho a la protección y asistencia de la familia en especial a los niños (artículo 10), derecho a un nivel de vida adecuado, alimentación, vestido, vivienda adecuados (artículo 11), derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (artículo 12), derecho a la educación (artículo 13), derecho a participar de la vida cultural y derecho a beneficiarse del progreso científico (artículo 15). Es en estos donde radica gran parte de la propuesta realizada por autores como Lefebvre o Soja, quienes establecen como necesaria esa participación cultural, para consolidar la salud y la vivienda adecuada de los habitantes de la urbe. Dentro de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad se encuentran prácticamente los mismos derechos que en el PIDESC, aunque es más especifica en ciertos aspectos, por ejemplo, el derecho al “[…] agua potable, energía eléctrica, transporte público y otros servicios sociales […] “(Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2004). Con lo anterior se quiere destacar que el Derecho a la ciudad es el derecho a que se gocen de todos los demás derechos humanos, considerando la mejora continua en las condiciones de vida de las personas; personas que a través del tiempo han ido conquistando el cumplimiento de sus derechos. No obstante, el Derecho a la Ciudad abarca otros asuntos esenciales para el mejoramiento de la calidad de vida, por ejemplo, el derecho a un hábitat que facilite el tejido de las relaciones sociales, el derecho a sentirse parte de la ciudad (sentido de cohesión social y construcción colectiva), el derecho a Perspectivas del Derecho a la Ciudad en Puebla. 91 �De la Fuente., M., C., & Méndez., S., F. vivir dignamente en la ciudad, el derecho a la convivencia, el derecho al gobierno de la ciudad (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2004). Aunado a lo anterior y como se comentó en líneas anteriores, dentro del Derecho a la Ciudad se debe realizar un ejercicio pleno de la ciudadanía que significa que todas las personas tienen derecho a “las condiciones necesarias para su realización política, económica, cultural, social y ecológica, asumiendo el deber de la solidaridad” (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2004), tienen derecho a participar en la elaboración y puesta en práctica de las políticas publicas con la finalidad de que estas sean transparentes y exista eficacia en su implementación, en pocas palabras, que sean políticas que de verdad mejoren el nivel de vida de las personas por medio de la disminución de las necesidades más apremiantes y de la utilización adecuada de espacios públicos. Son 3 ejes los principales que se manejan como base en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad: El ejercicio pleno de la ciudadanía, es decir el ejercicio de todos los derechos humanos que aseguran el bienestar colectivo de los habitantes y la producción y gestión social del hábitat; la gestión democrática de la ciudad, a través de la participación de la sociedad de forma directa y participativa, en el planeamiento y gobierno de las ciudades, fortaleciendo las administraciones públicas a escala local, así como las organizaciones sociales; la función social de la propiedad y de la ciudad, siendo predominante el bien común sobre el derecho individual de propiedad, lo que implica el uso socialmente justo y ambientalmente sustentable del espacio urbano (Mathivet, 2009). Los Derechos económicos, sociales y culturales y el Derecho a la Ciudad son simbióticos, es urgente el respeto y goce de todos los derechos que abarcan; siendo necesaria la gestión de prácticas de prevención utilizando todos los recursos disponibles (principio de progresividad). Asimismo, se deben atender distintas problemáticas y obstáculos como son… llevar a cabo una adecuada armonización legislativa; la adopción de instrumentos internacionales que favorezcan el ejercicio de estos derechos […] es necesario se garantice que las instalaciones, bienes y servicios públicos se encuentren disponibles y sean accesibles (económicamente), adaptables (deben considerar las diferencias culturales, las barreras lingüísticas, las necesidades específicas e incluso prestar una asistencia adaptada), asequibles (algunos 92 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �De la Fuente., M., C., & Méndez., S., F. pueden ser incluso de acceso gratuito) y de buena calidad. Y se garantice que quienes viven en pobreza puedan acceder a ellos. (CNDH, 2019). La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) explicó que hablar de los DESCA impone pensar en la situación de pobreza en la que viven más de 50 millones de personas en México. Distintos órganos internacionales de supervisión como el Comité DESC y el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, ambos del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, han manifestado inquietudes sobre las condiciones laborales, la educación, las necesidades de vivienda, las tasas de mortalidad materna, el acceso a la seguridad social, la pobreza y el medio ambiente en México, subrayando los altos índices de población que no gozan de servicios de buena calidad en sus viviendas, que carecen de servicios de protección a la salud o bien que se encuentran en situación de pobreza (CNDH, 2019). La pobreza en México tiene como factores la insuficiencia del salario mínimo para proporcionar condiciones de vida digna, la alta proporción de trabajo informal, la discriminación en la contratación para personas jóvenes, personas con discapacidad, migrantes, entre otros (CNDH, 2019). Además, la pobreza como fenómeno multidimensional, reproduce patrones de exclusión social y discriminación que transgreden la dignidad de las personas, lo cual se ve reflejado también en las ciudades, en las que el acceso incluso a determinadas zonas y áreas verdes, requieren de un pago. Articulo II. Fracción 2.2. Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los(as) ciudadanos(as) deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental. Todos los(as) ciudadanos(as) tienen derecho a participar en la propiedad del territorio urbano dentro de parámetros democráticos, de justicia social y de condiciones ambientales sustentables. En la formulación e implementación de las políticas urbanas se debe promover el uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del espacio y el suelo urbano, en condiciones seguras y con equidad entre los géneros (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2004). Es importante señalar que hasta el momento la relación de áreas verdes como parte del Derecho a la Salud ha sido poco abordado en relación con su relevancia. Ciertamente han existido algunos estudios que han tenido poco impacto en la mayor parte de las ciudades, especialmente de países en vías de desarrollo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en un estudio realizado por diversos expertos en materia de higiene y de urbanización, señalaba la importancia de que la vivienda al interior de los Perspectivas del Derecho a la Ciudad en Puebla. 93 �De la Fuente., M., C., & Méndez., S., F. espacios urbanos no fuera considerada de manera exclusiva la construcción, ni labor exclusiva de arquitectos e ingenieros, sino de un conjunto más amplio de especialistas que hagan hincapié en las necesidades físicas y psicológicas de los individuos (OMS, 1965, 49). La OMS señala en relación con las colectividades urbanizadas: “la impresión de soledad (y tal vez monotonía) que se experimenta en ese medio puede dar lugar a estados de tensión nerviosa que conducen a la pasividad o a la delincuencia, a las neurosis o a las enfermedades psicosomáticas” (OMS, 1965, 51), remarcando entre sus principales beneficios la protección contra ruidos, polvo, humo, viento, frío y calor excesivos, entre otros, así como el desarrollo de actividades recreativas. Por tanto, el problema de que la misma colectividad no reclame sus espacios con las respectivas áreas verdes, puede ser un factor determinante en el incremento de la inseguridad. Cabe resaltar que la propuesta de la OMS se desarrolla en el mismo momento histórico que la propuesta de Lefebvre. La OMS, ha recomendado una extensión de entre doce a dieciséis metros cuadrados de áreas verdes por habitante en las ciudades, con la finalidad de evitar alteraciones de la salud. Por áreas verdes puede entenderse los espacios en donde predomina la vegetación y elementos naturales como lagunas, esteros y senderos no pavimentados (Ministerio de Medio Ambiente de Chile, 2014). Varios estudios, han avalado en los últimos años que el estrés y las enfermedades mentales tienen una importante relación con la falta de las denominadas áreas verdes, considerando que la depresión y los desórdenes en la salud mental pueden ascender al 15 % de la carga global de enfermedades después del año 2020. Otra problemática es el de la violencia: la tasa de homicidios, por ejemplo, es casi tres veces mayor que el promedio mundial por cada mil habitantes en urbes donde los espacios verdes son escasos (Martínez-Soto, 2016). Otros estudios, apuntan de manera fehaciente a que el establecimiento de mayor número de áreas verdes es un factor preponderante en la baja de actividades criminales y violencia en barrios y colonias, en los que, además, la presencia de árboles promueve una mayor interacción entre vecinos brindando una mayor sensación de comunidad (González). El Derecho a la Ciudad en el contexto poblano mexicano Para hacer referencia del Derecho a la Ciudad en el contexto de Puebla, es menester hacer una breve reflexión sobre el desarrollo histórico de dicha urbe, a fin de contextualizar los retos a los que se enfrenta un Derecho a la Ciudad en este particular punto del globo. 94 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �De la Fuente., M., C., & Méndez., S., F. Puebla de los Ángeles se asentó en el siglo XVI en un valle que originalmente llevaba por nombre Cuetlaxcoapan, que quiere decir “lugar dónde cambian de piel las víboras”. El valle se encontraba en ese momento despoblado, factor que fue ideal para los misioneros castellanos de la Orden de San Francisco, ya que era a su vez tabula rasa para una ciudad conforme al pensamiento milenarista de dichos religiosos; sin embargo, es muy importante subrayar que la fundación de Puebla y su elevación a la calidad de ciudad obedecieron a una tendencia jurídica, política y social de la época que fue la relativa a dividir los grupos indígenas de los castellanos (Salazar, 2019,51). Si dicha división y separación se realizó con base a una protección para los naturales, establecida desde la Segunda Audiencia con base en el resultado de la Junta de Burgos o si bien obedeció a cierta tendencia discriminatoria, es hasta hoy punto de controversia entre historiadores indianos. Puebla fue entonces, fundada como una República de españoles, es decir, solamente los castellanos, mestizos y negros, así como otros grupos mal denominados castas que no pertenecían a los indígenas podían vivir y asentarse en su interior. Por su parte, los indígenas se fueron estableciendo alrededor de la capital angelopolitana desde 1543, a fin de trabajar para los grupos de europeos que vivían dentro de la ciudad y ayudar en la construcción y edificación de la urbe, surgiendo así lo que posteriormente pasarían a ser Barrios como el Alto, en donde se asentaban tlaxcaltecas, Santiago para los cholultecas, San Pablo donde llegaron mexicas, y así otros tantos como Analco y San Baltazar entre otros habitados por indígenas. Cada uno de estos asentamientos podían elegir a sus propias autoridades y alcaldes indios que para el siglo XVI, llegaron a conformar un Cabildo Indígena que era presidido por el Alcalde Mayor de Puebla (Salazar, 2015, 27-28). Lo anterior fue un factor que contribuyó de manera importante a la estratificación social novohispana conforme a un criterio racial y de nobleza. Cabe señalar que tanto para los europeos como para los indígenas dicha estratificación no era algo extraño, ya que en ambos grupos se había practicado de manera previa a su encuentro durante siglos. Von Humboldt (1966) notó dicha estratificación en el capítulo VI de su obra Ensayo Político sobre el Reyno de la Nueva España. Ya en la época independiente, se buscó una mayor unanimidad cultural por parte de los líderes del movimiento insurgente, la cual no se obtuvo debido a las diversas corrientes de pensamiento que se conjugaron en el establecimiento de la República Mexicana. Puebla, se caracterizó por un apoyo muy marcado al conservadurismo, y con ello a una consideración muy marcada de las clases sociales. En cuanto a su contexto urbanístico, la Angelópolis se mantuvo durante los siglos XVI al XVII como una importante sede de comercio, sufriendo una decaída importante durante el gobierno de los Borbones. No Perspectivas del Derecho a la Ciudad en Puebla. 95 �De la Fuente., M., C., & Méndez., S., F. obstante, para los albores del siglo XX, Puebla era ya nuevamente una importante sede industrial gracias a las aportaciones del ferrocarril. Tras el periodo revolucionario, que dejó secuelas económicas de relevancia, la influencia de los hermanos Ávila Camacho impulsó a diversos empresarios, mientras eliminó sistemáticamente a líderes sindicales. Es justamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde se pueden apreciar con mayor claridad los matices que afectaron lo que en un futuro Lefebvre criticaría al consolidar su concepto del Derecho a la Ciudad. Los gobernadores poblanos comenzaron una serie de reformas en materia urbana reubicando a grupos sociales diversos ya fuera de manera directa o indirecta; ésta última al crear espacios modernos en los que el acceso a aguas y tuberías era posible, dejando antiguas construcciones y edificaciones sin dichos servicios a ser ocupados mediante renta a personas de escasos recursos. Los conflictos resultantes de una serie de desequilibrios económicos y de acceso a servicios, a la manera descrita por Soja, culminaron en explosiones sociales, particularmente en Puebla de grupo de estudiantes, en donde la sangre corrió de manera considerable en aulas y calles (Salazar, 2015). El establecimiento de empresas tales como Volkswagen e Hylsa derivaron en la creación de fuentes de trabajo, pero también en una innegable dependencia de dichas empresas, alrededor de las cuales se ancló gran parte del desarrollo urbano de Puebla. Situación peculiar fue un incremento en la demografía de la urbe tras el terremoto de 1985, por el cual varias personas se mudaron de la Ciudad de México hacia Puebla. Dos años después la ciudad es declarada patrimonio cultural de la humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Salazar 2015), lo que incrementó su popularidad como destino turístico, pero promovió que ciertos inmuebles donde habitaban personas de escasos recursos, no pudieran arreglarse a menos que se realizara por arquitectos expertos en preservar el patrimonio histórico, lo cual, por el costo de las reparaciones inmuebles provocó que muchos de ellos quedaran abandonados, o que se siga viviendo en los mismos en condiciones de poca salubridad e incluso peligrosas ante los embates de la naturaleza. No es sino hasta la segunda década del siglo XXI que Puebla considera el Derecho a la Ciudad, el cual comenzó a discutirse de manera un poco tardía en el año 2018, ya que en la Ciudad de México el proyecto se había discutido desde el año 2007, siendo presentado en el 2010 (Carta 2010). En Puebla se presentó finalmente el 30 de octubre de 2019 en medio de un entorno político cuestionable entre la administración estatal y la municipal (Puebla capital 2019). Cabe resaltar que, en ambos casos, las cartas 96 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �De la Fuente., M., C., & Méndez., S., F. de las que se habla siguen siendo un proyecto todavía por terminar de definirse y que ha quedado un poco más en el discurso. En relación con las áreas verdes como parte del Derecho a la Salud, según el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI, 2010) México ha ocupado el onceavo lugar a nivel mundial en número de habitantes, con un total de 112,336,538 personas que se contaron en el año 2010, de las cuales 5,779,829 se encontrarían localizados en el Estado de Puebla, siendo una estadística llamativa que por cada uno que fallece otros cuatro habitantes ocupan su lugar, con un promedio de vida de entre setenta a ochenta años de edad. El Estado de Puebla, cuenta con un total de 34, 251 kilómetros cuadrados de superficie de los cuales solo 1,658 kilómetros pertenecen a áreas urbanas; sin embargo, el mismo INEGI (2010) señala que para el año 2011, el Municipio de Puebla registraba una tasa nula de árboles plantados y de reforestación al interior de la Ciudad. De igual manera al interior de la Ciudad de Puebla se identifican sólo cuarenta y dos áreas verdes variables que van desde unos cuantos metros cuadrados hasta algunas hectáreas, siendo parches de vegetación aislados, sin corredores verdes y con un alineado de árboles muy escaso, por lo cual no se cumple con la función ambiental, por lo que se requiere del establecimiento de un sistema de gestión de las áreas verdes en Puebla que permita mejorar las condiciones de manejo del arbolado (Santacruz, 2014). En resumen, existen menos de cuatro metros cuadrados de áreas verdes por habitante, porcentaje muy por debajo de los nueve metros cuadrados señalados por la Organización Mundial de la Salud, provocando deterioro en la calidad del aire y de vida de los ciudadanos (Alfaro, 2012). La planeación urbana en México se basa en los postulados del arquitecto y diseñador urbano Charles-Édouard Jeanneret-Gris, mejor conocido como Le Corbusier, en los cuales se remarca la separación entre usos habitacionales, productivos, de servicios y recreativos y la circulación como principal función urbana, provocando una enorme fragmentación urbana, y que las áreas verdes, fueran fragmentadas, sin escala, forma y siempre implementadas de manera posterior al del desarrollo inmobiliario, es decir primero se construían casas, fábricas y comercios y hasta el final quedaban las áreas verdes incluso de manera accidental. Esto es una nueva ejemplificación de los señalamientos realizados por los diversos teóricos del Derecho a la Ciudad. Iniciando por Lefebvre, adquieren una contextualización real. Primero en las ciudades se ha tendido a conformar el espacio “útil” al necesario para la sociedad en conjunto independientemente del capital, la participación económica, el género, la raza, entre otros. Perspectivas del Derecho a la Ciudad en Puebla. 97 �De la Fuente., M., C., & Méndez., S., F. Los recientes acontecimientos en la capital angelopolitana, entre los que se cuentan las marchas de estudiantes en reclamo a mayor seguridad y resultado de las altas tasas delictivas que imperan no tan sólo en la Ciudad de Puebla, sino en prácticamente toda la entidad, son prueba plausible de que la mayor problemática que se vive actualmente al interior de la sociedad poblana es el de la inseguridad, de la cual se derivan otra gran cantidad de problemáticas y violaciones a los derechos humanos de todas y cada una de las generaciones hasta ahora teóricamente aceptadas. Situaciones como una doble o triple victimización de aquellos que han sufrido un acto delictivo, en especial de grupos vulnerables como son mujeres, niños, indígenas y migrantes en situación irregular, dan fe de los terribles acontecimientos que, en materia de seguridad se vive en Puebla. Del informe de enero 2020 del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Paz, perteneciente al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJEP), se puede determinar que entre homicidios, violaciones, feminicidios y robos con violencia, la Angelópolis es uno de los municipios con más alto índice delictivo de todo el país, lo que a su vez se refleja en abandono de la misma ciudad como espacio público por el temor a ser víctima de un delito y la desconfianza en las mismas autoridades, que deriva también en un círculo vicioso en el que la falta de denuncia incrementa la impunidad (CCSJEP, 2020). De todo lo anterior, y considerando la siempre interdependencia entre los Derechos Humanos, es necesario señalar que la inseguridad coarta a su vez la libertad física de la persona, además de que, a niveles institucionales, se observa a veces un preocupante decremento de la libertad de expresión, especialmente cuando se busca que no se sepan los verdaderos números que de la incidencia delictiva existen, derivando en informes contradictorios sobre el tamaño del problema. A nivel estatal, los principales problemas se encuentran en los municipios de Tehuacán, Huauchinango, San Martín Texmelucan y la misma ciudad capital (Proyecto Social Ciudadano, 2020). Cabe señalar que los principales grupos vulnerables son las mujeres, con altas tasas de violaciones y feminicidios de los cuáles el verdadero porcentaje es desconocido, ya que se sabe que en muchas ocasiones no se aplica el Protocolo de Investigación con perspectiva de Género, aplicando a las mujeres y niñas una violencia institucional con ello. Nada más al interior de la capital, los principales focos de alerta se ubican en Barrio de Santiago, Centro Histórico, San Manuel, Guadalupe Hidalgo, La Paz, Buenavista, Santa María, Bosques de San Sebastián, San Pablo Xochimehuacan y La Libertad, puntos 98 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �De la Fuente., M., C., & Méndez., S., F. urbanos que desgraciadamente en las últimas semanas han centrado la atención pública (Secretaría de seguridad Pública y Tránsito Municipal, 2020). Es necesario la aplicación de un protocolo que coadyuve en desarrollar un verdadero Derecho a la Ciudad en Puebla, para su realización es esencial dividir en dos etapas el desarrollo, la primera de indagación, evaluación y análisis, seguida de la instrumentación de actividades que permitan reconocer y aplicar un derecho a la ciudad conforme a las verdaderas necesidades de la población. En la etapa de indagación e investigación se debe recurrir a un método dialéctico, en el que se plantee como tesis la actual situación de la ciudad bajo tres aspectos principales: Comunidad. Con especial énfasis en Juntas auxiliares, barrios y finalmente colonias; historia desarrollo, tendencias a la unidad como grupo particular serán relevantes. Se deben buscar conectores de dichas comunidades con acciones de responsabilidad cívica, verificando denuncia y acciones de protección conjunta, así como el éxito de estos últimos y el grado en que dichas acciones violentan el marco normativo existente o los derechos de terceros. Un factor para considerar de manera secundaria es la injerencia de programas por parte de Empresas Socialmente responsables. Delincuencia. Se debe solicitar el apoyo de Organismos de participación ciudadana como el CCSJEP y en vinculación con Universidades realizar un análisis científico de la realidad de los delitos de trata de personas, secuestro y feminicidio, alejado de intereses políticos o posiciones partidistas. Factores ambientales. Con especial énfasis en el desarrollo de áreas verdes y espacios con posibilidad de ser recuperados por la comunidad para el esparcimiento. De igual manera es muy importante verificar el acceso al agua y relacionar todo lo anterior con grupos de edades y la identificación de estos con los espacios. En la segunda etapa, la instrumentación debe consistir en plantear la antítesis de los problemas ubicados en la etapa previa, mediante el reforzamiento mediante talleres a las comunidades de tres aspectos: la recuperación de espacios públicos y el incremento de áreas verdes, la protección comunitaria ante la delincuencia y la responsabilidad cívica en el que se fomente la cultura de la denuncia haciendo uso de los muchos instrumentos a distancia que actualmente existen pero que se desconocen. Perspectivas del Derecho a la Ciudad en Puebla. 99 �De la Fuente., M., C., & Méndez., S., F. 3.- MÉTODO Tal como se señaló en la introducción, el presente estudio utilizó una metodología, inductiva, histórica y sistémica, con base en un iuspositivismo. La técnica desarrollada fue exclusivamente documental. El presente trabajo es una primera aproximación teórica al problema, cuyas aplicaciones prácticas se analizarán en un momento posterior. 4.- CONCLUSIONES En la actualidad no es posible señalar todavía una ciencia analítica de la ciudad; sin embargo, para formar la misma se requiere de la práctica social reflejada en los esfuerzos de la colectividad. Para Lefebvre, la ciencia de la ciudad toma prestados sus métodos, enfoques y conceptos de las ciencias a las que denomina “fragmentarias”, es decir, las ciencias sociales que analizan de manera separada la realidad social y humana, pero señalando que debe realizarse mediante una sistematización y programación estratégica que considere a la ciudad como una realidad todavía no consumada y que ya ha superado a la “ciudad histórica”. Para ello es necesario analizarla, dividirla en sus partes y volver armarla, estudiando la misma más allá de un “objeto de consumo cultural” en el que lo “urbano” permanece en un estado de constante actualización y mutación (Kofman, Lebas y Lefebvre, 1996). Pero Lefebvre también advierte un grave problema en la cotidianeidad de la ciudad, y es que desde el siglo pasado la ausencia del humanismo clásico se encuentra más presente, abrazando un nihilismo en el que la cruel frase de que “Dios ha muerto”, pareciera tomar el alma de los miembros de la sociedad. Por tal motivo, el autor en comento remarca la necesidad de reforzar el humanismo. Es en las aportaciones de Soja y Mele donde se puede ubicar el elemento diferenciador de la propuesta puramente humanista (y anticapitalista) de Lefebvre, al señalar dos elementos básicos para instrumentar un derecho a la ciudad: La educación y las pequeñas comunidades. Es en este punto donde las grandes urbes han perdido la sensación de comunidad que otrora se tenían. El reforzamiento de dichos lazos a través de fomentarlos en los barrios y colonias puede coadyuvar, pero para ello es necesario programas en los cuales las mismas comunidades reclamen las áreas verdes, las cuiden y la protejan en conjunto. Pero para ello es necesario que las universidades, por ejemplo, realicen programas de orientación a vecinos de las áreas, partiendo que los mismos estudiantes se tornen parte de los medios sociales y urbanos con los que conviven y aportando algo más desde la perspectiva de cada disciplina en la que se forman. 100 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �De la Fuente., M., C., & Méndez., S., F. Con esto en mente, se podrá reforzar la militancia urbana que atienden los teóricos del Derecho a la Ciudad, incrementando una idea de civismo y de responsabilidad para con el entorno. De ahí, se podrá incluso establecer con ese sentido de comunidad, teatros, mercados y hortalizas urbanas que sean el sustento de una mejora en la calidad de vida, al menos en los ambientes donde se vive, disminuyendo la delincuencia y la violencia y permitiendo una mejor calidad de vida en ambientes mucho más limpios y agradables. REFERENCIAS Alfaro Alfaro, A. (21 de diciembre, 2012). Registra Puebla un déficit en Áreas Verdes (La Jornada de Oriente). http://goo.gl/zlKm4U Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2019). Informe anual de actividades 2019. http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40072 Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla – OCSEPAZ. (2020). Informe de Incidencia Delictiva. 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Derecho a la ciudad: qué es, de dónde surge y a quién va dirigido. https://www.uclg.org/en/media/news/derecho-la-ciudad-que-es-de-dondesurge-y-quien-va-dirigido 102 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 http://revpoliticas.uanl.mx/ Mujeres, Violencia e Igualdad: Una cuestión de Derechos Humanos1 Women's rights in the Mexican state, from a human rights perspective for gender equality Deniss Karina, González-Lozano2; Yahaira Berenice, Martínez-Pérez3 RESUMEN El presente trabajo es un producto de revisión documental que tuvo por objetivo analizar los derechos de las mujeres en el Estado mexicano desde una perspectiva de los derechos humanos para la igualdad de género. El estudio enfoca un análisis reflexivo a la norma jurídica desde un abordaje crítico jurídico. Se aplicó una metodología cualitativa desde el método exegético y dogmático partiendo del análisis documental. En el estudio se observa el marco teórico-jurídico de los derechos de las mujeres, así como la igualdad de género en el Estado Mexicano. En el estudio se observó que uno de los grupos que ha sufrido las graves consecuencias de la discriminación y de los cuales se han vulnerado sus derechos de manera arrasadora son las mujeres. Se concluye la necesidad de generar mecanismos de atención en perspectiva de derechos humanos para salvaguardar los derechos de las mujeres. Palabras claves: Derechos de las mujeres, derechos humanos, violencia contra la mujer, igualdad de género. ABSTRACT …………………………………… Fecha de recibido: 19-12-2020 Fecha de aceptado: 28-02-2021 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional This work is a product of a documentary review that aimed to analyze the rights of women in the Mexican State from a human rights perspective for gender equality. The study focuses a reflective analysis of the legal norm from a critical legal approach. A qualitative methodology was applied from the exegetical and dogmatic method starting from the documentary analysis. The study observes the theoretical-legal framework of women's rights, as well as gender equality in the Mexican State. The study observed that one of the groups that have suffered the serious consequences of discrimination and whose rights have been violated in a devastating way are women. The need to generate attention mechanisms from a human rights perspective to safeguard women's rights is concluded. Keywords: Gender equality, human rights, violence against women, women's rights. Cómo referenciar este artículo: González-Lozano., D., K., & Martínez-Pérez., Y., B. (2021). Mujeres, Violencia e Igualdad: Una cuestión de Derechos Humanos. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 7(14), 103-125. https://doi.org/10.29105/pgc7.14-6 Este artículo es derivado del proyecto de investigación “Proceso de atención restaurativo en casos de violencia contra la mujer”, cuenta con financiamiento de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 2 Doctora en Métodos Alternos de Solución de Conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. Docente de postgrado en Universidad Autónoma de Nuevo León. Email: dgonzalezlz@uanl.edu.mx; deniss_karina_g@hotmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3630-8501 3 Doctora en Métodos Alternos y Solución de Conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León. E-mail: yahairamtz@hotmail.com; ymartinezp@uanl.edu.mx. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4047-7298 1 103 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 http://revpoliticas.uanl.mx/ 1.- INTRODUCCIÓN En el presente artículo se establece un análisis de los derechos de la mujer en el estado mexicano desde la perspectiva de los derechos humanos para la igualdad de género. En este sentido, se plantea la necesidad de describir los derechos de las mujeres desde el enfoque garantista de los estándares internacionales y locales, a través de la metodología cualitativa desde la observación descriptiva y el método exegético. Por consiguiente, se advierte el corpus iuris en igualdad de género. Las garantías de las que todos los seres humanos gozamos son conocidas con el nombre de Derechos Humanos. Estos son inherentes desde nuestro nacimiento, sin importar raza, edad, posición económica o religión; son universales y deben ser respetados por todos los seres humanos. Estos derechos del hombre y las mujeres también reciben esta denominación por corresponder a los seres humanos por su propia naturaleza y se consideran fundamentales e innatos (De Pina Vara, 2004), esto quiere decir, que nadie puede ser arrebatados de ninguno de ellos, pero si pueden padecer la violación de ellos en el trascurso de su vida. La importancia de conocer el surgimiento y desarrollo de los Derechos Humanos a lo largo de la historia nos permite ubicar el esfuerzo que como humanidad hemos aplicado en para que hoy en día se puedan disfrutar, y a su vez seguir en la lucha para hacer valer todos y cada uno de nuestros derechos. Las Naciones Unidas, a través de diversos instrumentos internacionales han reconocido a la mujer como vulnerable en las sociedades; dicho organismo destaca la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer conocida por sus siglas CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres denominada Convención de Belém Do Pará, entre algunas por mencionar. Si bien las leyes adjetivas sustentan la salvaguarda de los derechos de las mujeres, existen datos que demuestran la constante violación a los derechos humanos que esta comunidad minoritaria padece (CNDI, 2018). Por lo tanto, se establece la necesidad de generar mecanismos de atención en perspectiva de derechos humanos para salvaguardar los derechos de las mujeres. 104 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �González-Lozano., D., K. & Martínez-Pérez., Y., B. 2.-FUNDAMENTO TEÓRICO Una visión general sobre derechos humanos. La importancia de los derechos humanos ha sido palpada por la sociedad y los organismos internacionales desde tiempos remotos, es por ello por lo que al hablar del origen de los derechos humanos se deben mencionar algunos de sus antecedentes con la finalidad de comprender su concepto en la actualidad. Cabe referir los primeros antecedentes en sistemas jurídicos, éstos se remontan desde el Derecho Romano y el Derecho Canónico, mismos que se posicionaron en Europa Continental y América Latina a partir del siglo XIII (Daza Gómez, Torres, & Barritia, 2006). Como ante sala, los Derechos Humanos marcan sus orígenes en el año 539 a. de C. cuando Ciro el Grande, con la conquista de Babilonia, liberó a los esclavos, declarando que toda persona era libre de escoger su religión sin ser perseguidos y estableció la igualdad racial. Estos decretos fueron grabados en un cilindro de barro cocido, conocido como Cilindro de Ciro, documento que se reconoce como el primer escrito de los derechos humanos del mundo (ONU, Organización de las Naciones Unidas, 2012). Por su parte la escuela estoica basándose en estos decretos ampliaron el concepto al hablar de una ley natural universal a la que se adhería todo hombre por el uso de su razón, partiendo de una concepción del cosmos como un todo ordenado, el humano ante su capacidad de raciocinio se ubica en un lugar único por su facultad de comprender la estructura, la unidad del todo y conocer así su papel dentro de ella. Destacando que al obrar con el todo gracias a la razón, el ser humano encuentra la felicidad y con ello el valor de la justicia (Guerrero Reyes, 2017). Si bien la filosofía estoica abre la puerta con la idea de la razón universal, por su parte, el cristianismo bajo su concepción espiritual sobre la idea de fraternidad humana amplia la idea de lo que es ¨justo¨ cómo orden objetivo ante su concepción de la búsqueda de justicia (López Moreno & López Arellano, 2015), otorgando al ser humano un valor superior, promulgando la igualdad por ser todos hijos de Dios logrando con ello el rechazo a todo acto de esclavitud para dar paso al establecimiento de valores morales tanto a nivel colectivo como del individuo mismo. Bajo esta perspectiva moral se destaca las contribuciones de Santo Tomás de Aquino al asentar que de existir un conflicto entre lo social y lo individual en relación con lo material, era necesario y justo que prevaleciera el bien común. Así, al mantener una buena conducta por medio de los hábitos Mujeres, Violencia e Igualdad: Una cuestión de Derechos Humanos. 105 �González-Lozano., D., K. & Martínez-Pérez., Y., B. beneficiosos para la persona y para los que lo rodean, se logra mantener la armonía del mundo, es decir, se logra así una virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido y justo, sobre poniendo así el derecho humano (Yon B., 2005). Con el avance de la sociedad hace su aparición otro punto clave en la historia de los Derechos Humanos, el Rey de Inglaterra en el año de 1215 firma el primer documento que reconoce los derechos de las personas, declarando en él, que nadie podría invalidarlos logrando con ello que los derechos de las personas fueron reconocidos y protegidos de los que estaban en el poder. Dicho documento es conocido como La Carta Magna, considerada como uno de los documentos legales más importantes por compilar de forma escrita, el conjunto de normas y principios que garantizaba el efectivo cumplimiento de los derechos humanos dentro de toda sociedad y convirtiéndolo el documento que marca el inicio de la democracia moderna (Unidos por los Derechos Humanos, 2019). A partir del acontecimiento antes mencionado una oleada de importantes momentos se destacan cuando se habla del desarrollo de los Derechos Humanos como: La Petición de los Derechos en 1628 como la Declaración de Libertades Civiles, La Declaración de la Independencia de Estados Unidos en 1776 que proclamaba el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789 en la época de la Revolución Francesa en el cual este documento de Francia establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, todos estos eventos enfocados con un solo fin, el reconocimiento de la igualdad entre los seres humanos. Ante todos los movimientos que se suscitaban tanto en Estados Unidos como en Europa, en 1864 se lleva a cabo la primera Convención de Ginebra para promover el cuidado de los heridos de guerra, en donde dieciséis países europeos y varios países de América se congregaron con el propósito de adoptar un convenio para el tratamiento de los soldados heridos en combate, en donde se obligaba a proveer atención médica sin discriminación a personal militar herido o enfermo y de respetar el trasponte y el equipo del personal médico con el signo distintivo de la cruz roja sobre fondo blanco (Herrero de la Fuente, 2014). Es así como la historia permite ver que estos acuerdos marcaron la ruptura radical con las formas de poder que se tenía sobre los pueblos, comenzando por establecerse la igualdad de derechos considerados ineludibles a la naturaleza del hombre, y dando como resultado las primeras Constituciones modernas estableciendo el modelo de democracia representativa, el gobierno de las leyes, la posibilidad 106 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �González-Lozano., D., K. & Martínez-Pérez., Y., B. de la alternancia en el poder y la administración de justicia en base a principios establecidos legalmente en el parlamento. Sin duda daba comienzo una nueva era de la sociedad occidental que con sus cambios permearía de manera profunda al mundo entero. La gran cantidad de afectados a consecuencia de los conflictos armados y la devastación que dejaba a su paso el término de la Segunda Guerra Mundial impulsa a los Estados alrededor del mundo a fundar en 1945 lo que hoy en día se conoce como la Organización de las Naciones Unidas –ONU-. Tras los estragos ocasionados por dicho acontecimiento y la preocupación de todas las naciones participantes generó en la comunidad internacional una inminente necesidad por plasmar en blanco y negro una carta de derechos que afirmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo, así nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), proclamados por la ONU en 1948. En este documento (DUDH) que al paso de los años se ha ratificado, que se reconoce y es aceptado internacionalmente se presentan al mundo los 30 artículos que declaran los derechos inherentes a todos los seres humanos con la finalidad de promover, proteger y conseguir: libertad, justicia y paz para todos por igual. Lo antes mencionado se deja asentado con el artículo 1 de dicha declaración que a la letra dice (ONU, 2019): ¨ Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¨ dejando claro la intención de prevalencia de los valores humanos como la bondad, la empatía, generosidad, responsabilidad, entre algunos por mencionar. Para reforzar lo antes mencionado dicha Declaración dentro de su articulado va de derechos más generales a más específicos y se acogen otros derechos personales y sociales más concretos, que se relacionan con la interacción de los individuos que conviven y trabajan en sociedad como ejemplo el Artículo 12 el cual menciona ¨Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. ¨ Bajo esta misma Declaración de Derechos, la lista se extiende con la finalidad de abarcar aspectos relacionados a los derechos de pensamiento, conciencia, religión o libertad política, como ejemplo el artículo 18 de dicha Declaración que dice: ¨Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como Mujeres, Violencia e Igualdad: Una cuestión de Derechos Humanos. 107 �González-Lozano., D., K. & Martínez-Pérez., Y., B. la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, […]¨. o bien el artículo 21 que manifiesta que: ¨1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Es así como se puede apreciar la intención de cuidar todos los aspectos de la vida de los individuos buscando con ello una convivencia pacífica y armoniosa entre las personas y extenderlo hasta las naciones del mundo. Los últimos artículos de la Declaración de Derechos Humanos se enfocan en derechos que abarcan derechos relacionados con las condiciones de vida, educación, la cultura, ciencia y la protección de las personas ante cualquier discriminación ante dicho documento. Si bien es verdad que los derechos humanos establecidos dentro de la DUDH son universales e inherentes a las personas, es de reconocer que no siempre se alcanzan a completar a lo largo del mundo entero, y que las naciones siguen esforzándose por alcanzar o preservar al menos los más esenciales, dejando una tarea continua para los dirigentes de los países en la búsqueda de una vida más justa e igualitaria para todos los habitantes del planeta. A partir de este acontecimiento, se destaca el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, organizaciones como la Organización de Estados Americanos –OEA, tratados y convenciones enfocadas a trabajar en favor de los grupos más vulnerables resaltando la Convención para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, entre otros. Ahora bien, al hablar de Derechos Humanos no solo es importante destacar los momentos claves que han marcado su curso durante la evolución humana, es necesario a su vez establecer la conceptualización cuando se habla de ellos. El buen entendimiento sobre el concepto de los Derechos Humanos permite establecer un marco de referencia ante un concepto que, si bien se considera universal, deja una tarea importante para todos aquellos que se dedican al estudio de estos, ya que es difícil encontrar una unanimidad en cuando a su definición. Una de las definiciones básicas cuando se habla de los Derechos Humanos es la proporcionada por la Organización de las Naciones Unidas la cual expresa que los Derechos Humanos (…) Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición (…) (ONU, 2012), es decir, corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna. 108 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �González-Lozano., D., K. & Martínez-Pérez., Y., B. Bajo este orden de ideas y ante el amplio cúmulo de definiciones del término, Peces-Barba citado por (González Valencia, 2006) hace su aportación definiendo a los derechos humanos como: La facultad que la norma atribuye de protección de la persona, en lo referente a la vida, a su libertad, a su participación política y social, o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo integral como persona, en una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los demás hombres, de los grupos sociales y del Estado en caso de infracción. Otros autores como Castán Tobeñas señala que los Derechos Humanos se pueden definir como: Aquellos derechos fundamentales de la persona humana –considerada en su aspecto individual como comunitario- que corresponde a éste por razón de su propia naturaleza (de esencia, a un mismo tiempo, corpórea, espiritual y social), y que deben ser reconocidos y respetados por todo poder y autoridad, y toda noma jurídica positiva, cediendo, no obstante, en su ejercicio ante las exigencias del bien común (Castán Tobeñas, 1976). En esta misma perspectiva hace sus aportaciones Burgoa al afirmar que ¨los derechos se traducen en imperativos éticos emanados de la naturaleza del hombre que se traduce en el respeto a su vida, dignidad y libertad, en su dimensión de persona” (Burgoa Orihuela, 1995). Es así como se destaca en ellos un mismo fin al momento de definir y conceptualizar los Derechos Humanos recalcando que su esencia es la protección y respeto de los aspectos fundamentales que permitan el desarrollo integral de una persona, emanando de su condición de su naturaleza humana. Sin embargo para autores como Pérez Luño (1984) pone énfasis en la necesidad de hacer una división entre los derechos humanos como: “Un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional” refiriéndose a que estos son los que posee una persona y que por ende el Estado debe respetar sin distinción ni discriminación alguna, y los derechos fundamentales como: “Aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar de una tutela reforzada” dándole el énfasis a que estos son aquellas facultades que posee una persona y que son reconocidos a través de un ordenamiento jurídico vigente, es decir, son reconocidos legalmente y protegidos a través de garantías procesales. Mujeres, Violencia e Igualdad: Una cuestión de Derechos Humanos. 109 �González-Lozano., D., K. & Martínez-Pérez., Y., B. Siguiendo este mismo orden de ideas, ONU Mujeres ha manifestado su interés de la participación de las mujeres para dirimir conflictos a través de procesos de negociación y conciliación, en busca de sensibilizar el desarrollo en los procesos de mediación con enfoque de género, bajo este mismo contexto, algunos autores reconocen la aplicación de los programas de justicia restaurativa con enfoque a las garantías internacionales de los derechos humanos (Sauceda Villeda & Martínez Pérez, 2018). Si bien no se puede decir que existe una decisión unánime ante una definición universal de los Derechos Humanos, se puede destacar que los autores concuerdan en que los Derechos Humanos revisten características que los singularizan y que son necesarios para comprender su importancia. En este mismo orden de ideas, según Carpizo (2011) las características de los Derechos Humanos son: Universalidad: significa que todo ser humano posee una serie de derechos con independencia del país en que haya nacido o habite. Historicidad: se refiere a tres aspectos diversos: a) La evolución de la civilización; b) Nuevos problemas, necesidades y retos, y c) El contexto social y cultural de cada país. Progresividad: implica que su concepción y protección nacional, regional e internacional se va ampliando irreversiblemente, tanto en lo que se refiere al número y contenido de ellos como a la eficacia de su control. Aspecto protector: se ampara a toda persona humana, incluso se ha llegado a sostener que los derechos humanos no deben proteger sólo a la persona, sino también a la comunidad nacional. Indivisibilidad: implica que todos los derechos forman una unidad. Eficacia directa: significa que los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales ratificados por un país, vinculan obligatoriamente a todos los poderes públicos —Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos constitucionales autónomos—, así como a autoridades, grupos y personas, y para ello, no es necesario que una ley desarrolle los alcances de ese derecho humano, aún en el supuesto de que la Constitución señale la existencia de esa ley. Por su parte, el multicitado organismo internacional reconoce los derechos humanos como universales e inalienables, es decir, son universales por el simple hecho de ser persona, pues todos los ciudadanos gozamos de ellos. Son inalienables ya que no pueden renunciarse o cederse. Menciona que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes por lo que se encuentran estrechamente 110 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �González-Lozano., D., K. & Martínez-Pérez., Y., B. relacionados, pero ninguno de ellos es más importante que otro y a su vez, ningún derecho tiene prioridad sobre el otro. Ahora bien, equitativo y no discriminativo, al referirse que todas las personas al nacer gozamos del derecho de igualdad y de la dignidad de los derechos, así como la no discriminación, misma que se contempla mediante la resolución 2106-A, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres (Naciones Unidas, 1965). Por lo tanto, se advierte que los derechos de las mujeres son iguales ante las normas jurídicas por lo que reconoce salvaguardar el respeto a la dignidad de todas las personas refiriéndonos a los que se integran en poblaciones minoritarias (Martínez Pérez, Sauceda Villeda, & Moreno Rodríguez, 2020). Contexto jurídico internacional y nacional de los derechos de las mujeres. Uno de los temas que hoy en día toma los escaparates tanto de organizaciones, gobiernos y sociedad son aquellos que están relacionados con las mujeres. Y como no ha de ser así, si es visiblemente la desventaja que existe hacia ellas en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Se advierte la diferencia que se da entre hombres y mujeres actualmente alrededor del mundo, que son constantes los esfuerzos por buscar la manera de estrechar los privilegios que preexisten entre ellos. Estos esfuerzos se ven reflejados en el ámbito de los Derechos Humanos, ya que la igualdad entre las mujeres y los hombres, así como lograr la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer forma parte de los derechos humanos fundamentales y sobre todo del interés del máximo organismo enfocado en mantener la paz, la seguridad del mundo y defender los derechos humanos: las Naciones Unidas. Como se ha venido mencionado en párrafos anteriores, desde la fundación de las Naciones Unidas, se ha buscado hacer hincapié en promulgar, proteger y promover la igualdad tanto de hombres como mujeres. Esto se puede ver reflejado en La Carta de las Naciones Unidas en 1945 que establece dentro de sus objetivos el interés por “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres” (Naciones Unidas, 2019). Mujeres, Violencia e Igualdad: Una cuestión de Derechos Humanos. 111 �González-Lozano., D., K. & Martínez-Pérez., Y., B. Así mismo, en el ordinal primero se reafirma dicho propósito al manifestar como principio” (…) el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión (…)” (Naciones Unidas, 2019). Po lo que se ha de destacar que durante la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 se dio un arduo debate acerca del uso del término “todos los hombres” por el uso de un término más neutro en cuanto al género, y fue así como se incorporó en su redacción el término “todos los seres humanos” y ¨todas las personas¨ dejando con ello en claro que dicho documento hace referencia tanto a hombres como mujeres por igual. (Naciones Unidas, 2014). En este parámetro cabe destacar diversos instrumentos internacionales de especial relevancia en la violencia contra la mujer, como la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer (1953), la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada (1957), la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio (1962), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres (1965), El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto de San José de Costa Rica (1969), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) (1979), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) (1994), las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra los Niños en el ámbito de la Prevención del Delito y la Justicia Penal (2014), sin dejar de mencionar, La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Aún y en el entendido de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, generaliza los sexos, cabe mencionar que destaca su universalidad e inclusión para todos los seres humanos, por lo que permite su validación como instrumento para los derechos humanos de las mujeres. El reconocimiento frente una necesidad de proteger a las mujeres como grupo vulnerable y víctimas de una sociedad que daba el privilegio a los hombres, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicita a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer la elaboración de una Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, la cual fue aprobada en 1967. Ante una realidad mundial sobre estrategias que favorecieran el hacer valer y promover los derechos universales de las mujeres, en 1979, nace el instrumento más importante sobre los derechos de las mujeres jurídicamente vinculante, nos referimos a la Convención sobre la Eliminación de Todas las 112 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �González-Lozano., D., K. & Martínez-Pérez., Y., B. Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW- el cual con el paso de los años en 1981 entra en vigor como tratado internacional. Dicha Convención forma el parteaguas de la defensa de los Derechos de las Mujeres en el mundo, ya que es el instrumento más completo y sólido que promueve sus derechos y recoge toda la normativa precedente respecto a los derechos de las mujeres en sus diversos ámbitos como legales, culturales, reproductivos y económicos, por mencionar algunos. En una breve descripción, la CEDAW consta de un preámbulo y 30 artículos. La fuerza que dicho instrumento representa para los derechos de las mujeres se aprecia desde su inicio, en donde en su primera parte da una definición clara y concisa sobre lo que significa “la discriminación contra la mujer”, y que a la letra dice en su artículo 1 (CEDAW, 1979): …toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. El articulado que se extiende dentro de dicha Convención en esta primera parte compromete a los Estados Partes a adoptar políticas y medidas legislativas para eliminar todas las formas de discriminación y con ello asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer. En su artículo 5, Los Estados Partes se comprometen a tomar medidas apropiadas para la modificación de los patrones socioculturales de conductas que contribuyan y perpetúen la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y así mismo garantizar la educación familiar bajo la comprensión de la maternidad como función social y dándole reconocimiento a la responsabilidad compartida de los hijos a ambos padres. En su segunda parte, la Convención se enfoca en su articulado del 7 al 9 en tomar todas las medidas apropiadas para la eliminación de la discriminación contra la mujer en cuanto a sus derechos civiles y políticos, dejando una referencia clara en cuanto a las condiciones de igualdad ante el voto, ocupación de cargo públicos, participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y todo lo relacionado con la adquisición, cambio o conservación de su nacionalidad. Mujeres, Violencia e Igualdad: Una cuestión de Derechos Humanos. 113 �González-Lozano., D., K. & Martínez-Pérez., Y., B. La tercera parte de dicha Convención hacer referencia en sus artículos del 10 al 14, a los derechos de las mujeres en el campo socioeconómico, educación y formación, al trabajo y maternidad, a la salud, al crédito y a las condiciones de las mujeres en las zonas rurales. La parte final que va desde su artículo 15 al 30 hace referencia a los mecanismos de aplicación por parte de la Convención para examinar y asegurar el completo ejercicio de lo acordado dentro de ella. Uno de los mecanismos adoptados para velar por la eficiencia y eficacia de dicha Convención, fue el establecimiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano encargado de vigilar su aplicación, hacer el estudio de los informes proporcionados por los Estados Miembros y devolverle a cada Estado Parte el resultado de su análisis con las recomendaciones inmediatas a ejecutar para enriquecer las medidas encaminadas a erradicar la discriminación en la vida de las mujeres. Dicho comité establece directrices en la presentación de informes específicos que en su conjunto constituyen estándares armonizados para la presentación de informes de conformidad con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Naciones Unidas, 2009). De esta manera, en el año 2018 México rindió su noveno informe ante la CEDAW manifestando los avances en las reformas legislativas y los progresos para erradicar la violencia de género que se ha vivido en nuestro país ante los feminicidios, con ello salvaguardar los derechos de las mujeres (Naciones Unidas, 2018). Sin embargo, plantea la carencia de mecanismos eficaces en la promoción de la igualdad de género, así como las constantes vulneraciones a los actos discriminatorios por motivos de sexo que viven las mujeres. Ahora bien, bajo esta misma idea acerca del reconocimiento de los derechos de las mujeres en el mundo, se deben resaltar acontecimientos que contribuyeron para que hoy en día se continué la lucha sobre los derechos universales de las mujeres. Con la finalidad de impulsar la importancia de las mujeres en el mundo, en 1975 se declara el Año Internacional de la Mujer, con la finalidad de llamar la atención sobre la igualdad entre mujeres y hombres y destacar su contribución al desarrollo y la paz del mundo. Ese mismo año se celebra en la Ciudad de México, la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer y años más tarde se da lugar a conferencias mundiales como la de Copenhague en 1980 y la de Nairobi en 1985. Sin embargo, no fue hasta 1993 cuando se logra elevar las cuestiones de género a la 114 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �González-Lozano., D., K. & Martínez-Pérez., Y., B. categoría de temas trasversales y se dejó de ver las problemáticas de las mujeres en el mundo como asuntos independientes de los países. A partir de aquí se da un giro a la visión de la defensa de los derechos de la mujer, dejando plasmada su importancia en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, al ser reconocida la violencia como una problemática social grave, logrando la compresión internacional de que esta problemática constituye una violación de sus derechos humanos y a su vez una forma de discriminación. Por último pero no menos importante otra de las plataformas que destaca en importancia al proteger los derechos universales de las mujeres a nivel internacional es la Organización de los Estados Americanos –OEA- la cual negoció la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres conocida como la Convención de Belém Do Pará (1994) en la cual se recalca el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Dicha Convención deja plasmados aquellos derechos que han de ser protegidos para todas las mujeres, los cuales se manifiestan en su artículo 4 que a la letra dice: Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a. el derecho a que se respete su vida; b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; c. el derecho a la libertad y a la seguridad personal; d. el derecho a no ser sometida a torturas; e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; h. el derecho a libertad de asociación; i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y Mujeres, Violencia e Igualdad: Una cuestión de Derechos Humanos. 115 �González-Lozano., D., K. & Martínez-Pérez., Y., B. j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Bajo esta visión, se demuestra la preocupación universal de reconocer los derechos de las mujeres a la luz de los derechos humanos en perspectiva de género con la finalidad de poder dar un trato justo ante un mundo diseñado y que es manejado bajo la tutela de los hombres, pero que sin duda con el paso de los años ha logrado tener poco a poco una apertura hacia los grupos más vulnerables, en donde se ubica a las mujeres. En atención al marco internacional, el estado mexicano ha externado su compromiso para erradicar la violencia contra la mujer y alcanzar la igualdad entre las mujeres y los hombres, por lo que integra un corpus iuris para salvaguardar los derechos de las mujeres, entre los cuales se destacan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes expedida en el año 2000, Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres (2006), la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2008), La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014), La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (2014), el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren a niñas, niños y adolescentes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2014), la Ley General de Víctimas (2017), La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, (2017), el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2020), el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género (2020). En este mismo orden de ideas, nuestro sistema jurídico Constitucional contempla el imperio de Derecho en la legalidad de ajustar la aplicación en la norma jurídica mediante el artículo 133 bajo la siguiente tesitura: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 116 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �González-Lozano., D., K. & Martínez-Pérez., Y., B. disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”. Por lo que, en el año 2011, se genera un paradigma de justicia con enfoque a los derechos humanos fortaleciendo los artículos 1º, 15, 18, entre algunos otros por mencionar. Por su parte el artículo primero reconoce a todas las personas como inherentes a los derechos humanos, garantizando los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Hace especial énfasis en el párrafo quinto a la no discriminación e igualdad de género de la siguiente manera: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Por su parte el ordinal 15 reconoce la no vulneración a los derechos humanos y a los instrumentos internacionales al referir que “No se autoriza la celebración de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. Ahora bien, el párrafo sexto del artículo 18 reconoce la igualdad de condición de los derechos humanos en justicia para adolescentes, refiriéndose como tal a niños, niñas y jóvenes hombres y mujeres. De esta manera, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos que están reconocidos en la referida Carta Magna y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, dejando sustentado con esto que los derechos humanos de las mujeres se encuentran garantizados de manera universal en todo el territorio nacional (ONU Mujeres, 2018). Queda manifiesto que, el respeto a los Derechos humanos no es de orden pasivo, toda vez que es obligación del Estado brindar a su población seguridad, paz y orden, así como implementar políticas públicas de enfoque de género que erradiquen, prevengan y mitiguen la violencia contra la mujer. Mujeres, Violencia e Igualdad: Una cuestión de Derechos Humanos. 117 �González-Lozano., D., K. & Martínez-Pérez., Y., B. Aportaciones en la igualdad de género. Caso México. Una de las problemáticas más graves por ser considerada una forma de discriminación y violación a los derechos humanos de las mujeres versa en la violencia ejercida hacia la mujer tanto en el ámbito público como en lo privado, lo que la convierte en la piedra angular no solo a nivel mundial, sino también para cada país (González Lozano & Sáenz López, 2018), que hace frente a ella, en donde México no es la excepción. La violencia contra la mujer es una problemática social que no reconoce estrato social, religión, educación o etnia, misma que causa consecuencias no solo a la mujeres que la padecen sino a sus hijos e hijas, generando con ello que las afectaciones permeen y dejen secuelas para todos, visualizando desde la violencia en el noviazgo (García Hidalgo & López Valdés, 2014; ONU, 2016; Navarro Góngora & Pereira Miragaia, 2000), (Miranda-Medina, Martínez Pérez, & Otros, 2019), (Sáenz López & González Lozano, 2016) Las organizaciones internacionales con el apoyo de sus diversas comisiones permiten apoyar a los Estados Partes a tener un aliado para el análisis y elaboración de sugerencias ante aquellas necesidades de mejora que cada uno como país debe realizar para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, dando a su vez el tiempo y la soberanía para que se ejerzan los avances de acuerdo a las normas y leyes nacionales en vigor de cada pueblo. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016), y la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM, 2006) son herramientas que utiliza la Nación con la finalidad de evidenciar la violencia contra la mujer y cuantificarla para así poder tomar las medidas necesarias para la instrumentación de mecanismos que permitan prevenir, sancionar y erradicar el problema en todo el país. Por su parte la ENDIREH 2016, deja como resultado que en México de las mujeres de 15 años y más, 66.1% han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor, alguna vez en su vida, 43.9% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o novio, a lo largo de su relación, y en relación a los espacios públicos o comunitarios, 34.3% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual, datos que de manera general son alarmantes. 118 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �González-Lozano., D., K. & Martínez-Pérez., Y., B. La ENVIM 2006 deja de manifiesto que en cuanto a la violencia contra la mujer el 33.3% de las mujeres encuestadas señalan que han vivido violencia en el último año de relación, 35% de las mujeres señalaron que han tenido más de una relación violenta y 60% de las mujeres encuestadas señalan que han tenido toda su vida. Ambas encuestas ponen de manifiesto que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado, sino que afecta a un importante número de mujeres, promoviendo con sus análisis de datos la importancia como problemática de carácter público y así formar parte de las prioridades del gobierno como parte de su plan de seguridad nacional y dar sustento a desarrollo de las políticas públicas para la prevención y atención del tema. Es importante hacer mención que aunado a los señalamientos recibidos por parte de organismos internacionales, esta problemática toma mayor importancia ya que casos particulares han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos –Corte IDH- y ha sentenciado al Estado Mexicano en referencia a violaciones a los derechos humanos de las mujeres en los casos de: González y otras (Campo Algodonero), caso Fernández Ortega y por último caso Rosendo Cantú (Gobierno de la República, 2014). El riesgo que vive la mujer en México es alarmante en la actualidad ya que el cuidado de su seguridad ha dejado mucho que desear, situación que se confirma al encontrar los siguientes dato: 28 de sus 32 entidades federativas, que equivalen al 56% del territorio nacional, se encuentra formalmente en Alerta de Violencia de Género contra la Mujer, destacando dentro de los estados de mayor preocupación Veracruz, Guerrero, Jalisco, Morelos y el Estado de México (Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 2019). En este sentido, ante la prevalencia de la impunidad y la agudización de la violencia contra las mujeres en México, el OCNF hace un llamado al Gobierno Federal para: El fortalecimiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) con los recursos humanos y materiales idóneos para cumplir de manera efectiva la encomienda de su creación. El desarrollo de mecanismos institucionales rectores a nivel federal que, de forma permanente y sistemática, realicen un verdadero ejercicio de planeación estratégica, monitoreo y evaluación de todas las AVG, y demás acciones que emprendan para garantizar y proteger los derechos de las mujeres en México. Mujeres, Violencia e Igualdad: Una cuestión de Derechos Humanos. 119 �González-Lozano., D., K. & Martínez-Pérez., Y., B. Actuar de manera integral, desde una perspectiva nacional, que también recupere las realidades estatales y municipales, para que se implementen acciones dirigidas a las particularidades de dichas problemáticas. Las instancias federales -particularmente la CONAVIM- se involucren y corresponsabilicen en cinco ejes estratégicos: Planear, Supervisar (monitorear y evaluar), Apoyar, Proponer y Coordinar las AVGM. Los datos anteriores dejan de manifiesto como el Derecho a la No Violencia contra la mujer se ve poco protegido hoy en México y que la garantía de sus derechos no ha sido una prioridad de Estado, poniendo en peligro la integridad de niñas y mujeres a lo largo y ancho de todo el país, dejando a la luz la falta de atención a la causa raíz de la violencia contra las mujeres en toda la nación, la carencia de implementación de mecanismos que vayan dirigidos a dar seguimiento a las medidas aplicadas y por consecuencia colocar a la violencia contra las mujeres como prioridad para las medidas de Seguridad Nacional de México. De lo anteriormente mencionado, se puede demostrar que el mismo estado mexicano ha sido señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por casos de violencia de género, cobra especial relevancia la sentencia conocida como González y otras “Campo Algodonero” (2019) y la sentencia emitida bajo el nombre “Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco” (2018). Respecto al caso Campo Algodonero se manifiesta la responsabilidad el Estado por la desaparición y ulterior muerte de tres jóvenes mujeres (González, Herrera y Ramos), se señala al estado mexicano responsable ante la carencia de medidas de protección y prevención en crímenes de mujeres, así como la existencia de patrón en violencia de género dejando en evidencia centenares de muertes en Cd. Juárez ante la indebida diligencia en las investigaciones; de manera colateral el Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México en perjuicio de Dios dada, Jiménez, Romero, Selvas, Rosales, Velasco, Cuevas, Méndez, Sánchez, Torres y Hernández Martínez ha determinado que las once mujeres detenidas fueron víctimas de actos de tortura, violencia física, sexual y psicológica, así como el incumplimiento característico del ius poenale del Estado ante estos hechos. Tras estas reflexiones, México ha señalado su preocupación ante las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres en lo referente al enfoque de género y la violación de sus derechos humanos, ya que impacta diferentes esferas de su vida, tanto en lo laboral, familiar, social, personal e institucional. 120 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �González-Lozano., D., K. & Martínez-Pérez., Y., B. Mediante informe ante la CEDAW (2018), plantea la persistencia de los patrones naturalizados en violencia de género, materializados en violencia física, sexual, económica y patrimonial; los estereotipos discriminatorios para definir responsabilidades entre mujeres y hombres; la escasa participación de la mujer en el ámbito público y privado; las constantes desapariciones forzadas que afectan a las mujeres, la falta de sensibilización por el Estado con las víctimas indirectas así como las obstaculizaciones en la aplicación a los mecanismos de alerta de género. En este contexto, nos encontramos ante el desafío de fomentar la participación de las mujeres en la vida pública, de implementar estrategias para coadyuvar en la igualdad sustantiva y con ello superar los estereotipos discriminatorios que sufren las mujeres en familia y sociedad. 3.-MÉTODO Diseño. En este trabajo de investigación se planteó un método descriptivo de enfoque cualitativo (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), donde a través del método exegético se interpretan compilaciones legislativas locales, nacionales e internacionales en las siguientes categorías: 1) los derechos de las mujeres, 2) los derechos humanos y 3) la igualdad de género. Instrumentos. El instrumento parte desde el análisis documental de estándares internacionales y legislación mexicana, también se consultaron diversos textos bibliográficos y casos de sentencia en violencia contra la mujer. Bajo este contexto, se analizó una reflexión crítica jurídica de carácter argumentativo con la finalidad de indagar los derechos de las mujeres a la luz de los derechos humanos para la igualdad de género. Posteriormente se plantean resultados y conclusiones. Procedimiento. En este trabajo de investigación se utiliza un diseño de investigación cualitativa, mediante la cual se lleva a cabo la revisión de textos y normas desde un análisis documental, partiendo desde la reflexión en la interpretación de la norma jurídica. Ésta se argumenta con el diseño metodológico del marco teórico, mediante el estudio de los estándares nacionales e internacionales, característica fundamental de la Mujeres, Violencia e Igualdad: Una cuestión de Derechos Humanos. 121 �González-Lozano., D., K. & Martínez-Pérez., Y., B. exégesis, sin dejar de mencionar diversas teorías relativas al fenómeno de estudio. Posteriormente se analizan los resultados y conclusiones. 4.-RESULTADOS De primera instancia, cabe referir que los derechos de las mujeres se encuentran sustentados desde el máximo órgano internacional y nacional, bajo este rubro la Carta Magna refiere los derechos de las mujeres en igualdad a los derechos humanos, es decir enmarca universales e inalienables, indivisibles e interdependientes equitativo y no discriminativo, por lo que se asume el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer. Se demostró que la mayoría de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, ratificaron a la CEDAW como un referente para definir los derechos humanos de las mujeres a nivel mundial, por lo que deja en evidencia que el instrumento más representativo para erradicar las formas de discriminación contra la mujer es la CEDAW, en él se promueve la igualdad de género mediante el acceso igualitario en los diferentes ámbitos políticos, sociales, culturales y económicos, señalando que los roles de cultura, así como los estereotipos influyen de manera negativa en actos discriminatorios y de violencia. Asimismo, en la compilación legislativa encontramos la igualdad sustantiva, al exigir marco jurídico aplicable en el respeto y salvaguarda de los derechos de las mujeres para la igualdad de género, sin embargo, en las sentencias de Caso Campo Algodonero y Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México se aduce la desigualdad de género en los ámbitos público y privado. De esta manera pone en acento la respuesta política por lo que se requiere implementar políticas públicas que integren mecanismos de atención con criterios de valoración en la igualdad y equidad entre las mujeres y hombres. 5.-CONCLUSIONES El surgimiento de los Derechos Humanos garantiza los derechos fundamentales y las libertades que gozan todos los seres humanos, incluidas las mujeres. Se concluye que estos derechos deben estar protegidos por las leyes y la sociedad sin distinción de sexo, raza, estatus social, cultural o religión. Sin embargo, hoy en día, las mujeres siguen sufriendo de discriminación y violencia tanto en el ámbito público y privado con cifras alarmantes al grado de ser una problemática de alto impacto para la sociedad expandida por toda la nación. 122 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �González-Lozano., D., K. & Martínez-Pérez., Y., B. Se identificó que el estado de emergencia que impera en México sobre la violencia de la que son víctimas las mujeres muestra la necesidad de dirigir el esfuerzo para generar instrumentos que permitan a los dirigentes del País el acertado desarrollo de políticas públicas enfocadas a garantizar la seguridad de las mujeres y a su vez profundizar en el conocimiento sobre el vínculo entre violencia contra las mujeres y la consecuencias de un pobre desarrollo humano derivado de la violación y discriminación de las que son víctimas. Si bien, es de reconocer que en México se ha logrado un avance en la normatividad que regula y garantiza el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, también es necesario destacar que continúa palpable la necesidad inmediata de armonizar las leyes estatales con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, así como mejorar la calidad del servicio de atención por parte de las autoridades para garantizar la protección de las víctimas de violencia. De manera específica en México, la situación que viven las mujeres recalca la vulneración de los derechos humanos en igualdad de género por lo que debemos considerar que poner fin a la violencia contra las mujeres es pieza clave para el logro de la igualdad de género y su empoderamiento, y que como resultado permitiría un país genuinamente camino al desarrollo. REFERENCIAS Burgoa Orihuela, I. (1995). Las garantías individuales. México: Porrúa. Carpizo, J. (2011). 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Para esto, se realiza un recorrido sobre el debate teórico de la democracia y su relación con la ciudadana, posteriormente se describe cómo se establecen y observan las categorías en la constitución política de la entidad, así como los derechos y obligaciones mexiquenses, con la finalidad de contraponer el discurso teórico con la realidad. Los resultados apuntan a la operacionalización de una democracia procesal con tendencia a lo que Robert Dahl denomina poliarquía, un gobierno de élites en competencia, que permite la representatividad, ciertos niveles de participación, oposición y alternancia, al tiempo que se desincentiva la participación política fuera de los procesos electorales. Palabras claves: Ciudadanía, poliarquía, élites políticas, estado de México, democracia subnacional. ABSTRACT …………………………………… Fecha de recibido: 27-12-2020 Fecha de aceptado: 04-02-2021 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional This article is the product of a qualitative research, where through process tracing and documentary analysis, the theoretical debate of democracy and citizenship is contrasted to the reality of the state of Mexico and the way in which these meanings operate, the objective is to identify how these categories are understood and put into practice. For this, a tour is made on the theoretical debate of democracy and its relationship with the citizen, later, it is described how the categories are established and observed in the political constitution of the entity, as well as the rights and obligations of Mexico, with the purpose to contrast the theoretical discourse with reality. The results point to the operationalization of a procedural democracy with a tendency to what Robert Dahl calls polyarchy, a government of competing elites, which allows representativeness, certain levels of participation, opposition and alternation, while discouraging political participation outside electoral processes. Keywords: Citizenship, polyarchy, political elites, state of Mexico, subnational democracy. Cómo referenciar este artículo: Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. (2021). Poliarquía y ciudadanía en el estado de México. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 7(14), 126-151. https://doi.org/10.29105/pgc7.14-7 El artículo es producto de la investigación doctoral en curso “El cambio político en el estado de México, 1996-2018” iniciada en 2019. Universidad Iberoamericana, México. Doctorante en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana. Correo: desmun_rem@hotmail.com. Código ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2766-9017. 3 Universidad Iberoamericana, México. Doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor-investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Correo: rene.torres@ibero.mx. Código ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7488-0149. 1 2 126 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 http://revpoliticas.uanl.mx/ 1.- INTRODUCCIÓN Desde 1925, el estado de México se ha caracterizado por ser una entidad gobernada por distintas élites políticas, que con sus dinámicas y formas de gobernar han permeado en lo institucional y en la ciudadanía, consolidando formas de hacer política que denotan la operacionalización de la democracia mediante ciertos derechos y responsabilidades, tanto de los agentes del Estado como de los ciudadanos. El presente trabajo se ubica en ese ámbito de interacción entre derechos y ciudadanía, con la intención de identificar la conceptualización y puesta en práctica de la democracia y la ciudadanía en la entidad mexiquense. Como tal, se realiza un recorrido por el debate teórico de la democracia y la ciudadanía, seguido, se consideran los lineamientos constitucionales sobre la democracia y la ciudadanía en el estado de México -gobierno subnacional-, con la intención de entender la forma en que se plantean desde lo legal en la entidad, y contraponer las posturas de la academia y de los lineamientos constitucionales, posterior a esto, se realiza una descripción contextual de la entidad, mismo que se contrapone a modo de análisis entre el debate teórico, la constitución y la realidad, para finalizar se plantean las conclusiones. Con la intención de cumplir estos propósitos, se responde a lo siguiente ¿cómo se definen la democracia y la ciudadanía en el estado de México? ¿En qué formas operan la democracia y la ciudadanía en la entidad? 2.-FUNDAMENTO TEÓRICO Democracia y ciudadanía Etimológicamente, la democracia proviene del griego demos “pueblo” y Kratos “poder o gobierno”, que apuntan al gobierno del pueblo, a la regla de la mayoría o al consenso colectivo entre ciudadanos, que implican relaciones entre la ciudadanía y la democracia. Para Charles Tilly (2010) y John Dunn (2014) los orígenes de la democracia se remontan a la organización política y de gobierno de la Politeia ateniense, misma que exigía por cuestión moral, la participación de los ciudadanos en el ágora para resolver los conflictos comunes, mediante el uso y derecho a la palabra (isegoría), la deliberación de acciones mediante el voto por mayoría; y la igualdad de derechos políticos entre los ciudadanos (isonomía), conformando una estructura social y política para 127 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. la vida cotidiana que sobresalía más allá del gobierno e influía tanto en la vida pública como privada, posibilitando que todos los considerados ciudadanos participaran en la asamblea y en los tribunales. Esta forma de participación política quedaba restringida a cuatro prerrequisitos sociales de nacimiento: 1. Consanguinidad o derecho de sangre: conocido como ius sanguinis otorga una nacionalidad y derechos a una persona, considerando una legislación con base en el origen de la patria familiar -por la sangre-. En este sentido, las personas mantenían una ciudadanía y los derechos según el lugar de origen de los padres, especialmente por la línea paterna. 2. Territorialidad o derecho de suelo: denominado ius soli La nacionalidad y los derechos de la persona se rigen por la legislación territorial del lugar de nacimiento, es decir, la ciudadanía, los deberes y libertades no se trasladaban territorialmente, creando variaciones entre los ciudadanos de uno u otro lugar, trastocando responsabilidades, libertades y derechos. 3. Riqueza y propiedades: el sujeto debía ser poseedor de bienes inmuebles, inmuebles, servidumbre y esclavos, contar con un reconocimiento social y estatus económico. 4. Libertad: el ciudadano, debía ser un apersona sin deudas, en pleno ejercicio de derechos y sin esclavitud. Estas condiciones se vinculan directamente a los hombres, excluyendo a quienes no cumplieran dichas consideraciones, agrupando a artesanos, comerciantes, campesinos, militares y políticos en la pertenencia condicionada al grupo, y a la participación del sujeto en el consejo, donde los más desfavorecidos social y económicamente quedaban excluidos y fuera de la toma de decisiones (Cruz, 1988; Dunn, 2014). Tampoco eran consideradas como ciudadanas y ciudadanos las mujeres y los metecos (extranjeros). Este régimen político inventado por los atenienses, llamado, en efecto, democracia (dēmokratía), se administraba “teniendo en mente el interés de los muchos —y no de los pocos—” (Dunn, 2014, pág. 42). Para el 322 a.C., la Politeia ateniense fue sustituida por regímenes monárquicos, republicanos o parlamentarios (Tilly, 2010), que imperaron en todas las naciones durante largo tiempo. Fue hasta finales del siglo XVIII —más de dos mil años después—, y como consecuencia de las reformas en el pensamiento y de libertades civiles ganadas a partir de la independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa; que se estableció como condición primaria de ciudadanía en los primeros 128 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. gobiernos democráticos de la modernidad occidental, que la mayoría de las personas tuvieran acceso a los mismos derechos y obligaciones (Przeworski, 1998); entre estos, la vida, la libertad y la riqueza, pero también el acceso al voto. La ideología política de la época difundió que todas las personas eran creadas en igualdad, y con la capacidad innata para tomar decisiones racionales e independientes, en todos los aspectos de la vida (moral, religioso, político, social y económico), sin importar condición económica, intelectual, social o de residencia (Tilly, 2010; Dunn, 2014). La autonomía de los sujetos para organizarse y su capacidad para autogobernarse instituyó un nuevo régimen político, donde todas las clases sociales podían elegir —sin recurrir a la violencia— a sus gobernantes, quienes debían fungir como representantes de los intereses sociales a través de los cargos de elección popular. Esta forma de entender y hacer política se concibió como democracia representativa, que, en el devenir histórico, según Marshall (1985) y Tilly (2010), desde su adopción como forma complementaria de gobernar, ha dotado a los sujetos de distintos derechos, entre estos: 1. Civiles: se instituyen a lo largo del siglo XVIII, buscando garantizar la libertad de las personas, limitando la intervención del Estado en la vida privada, y posibilitando la participación de todos en los asuntos públicos mediante el voto activo —ser votado para un puesto de elección— o pasivo —votar por un representante—. Entre estos derechos destacan el derecho a la vida, a la libertad, a la libertad ideológica y religiosa, a la libre expresión y organización, a la propiedad, al trabajo (Marshall, 1985). 2. Políticos: se consolidan durante el siglo XIX, dotando de igualdad política y legal a todos los sujetos. Sobresalen el derecho al voto, a la huelga, a la asociación (Marshall, 1985). 3. Sociales: se fundan entre el siglo XX y el XXI, fomentando la igualdad y solidaridad entre las personas, y ofreciendo las mismas oportunidades para el logro de una vida digna, al impulsar la acción del Estado en la garantía de dichas condiciones. Resaltan el derecho a la educación, a la salud, el trabajo, a una vivienda digna, a la paz, y a un ambiente limpio (Marshall, 1985). En este orden de ideas, expone Rubio (2007) la lucha constante por la igualdad de oportunidades, el reconocimiento de derechos y libertades, así como la búsqueda de la justicia social, especialmente de las clases menos favorecidas, han modificado paulatinamente la visión de la ciudadanía y su rol ante el Estado. Sin embargo, a pesar de brindar estas libertades o derechos, el resultado se tradujo en el repliegue del ciudadano de la vida política, en la tecnificación de la política y el disfrute del sujeto en lo privado. Poliarquía y ciudadanía en el estado de México. 129 �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. Por otro lado, las distintas oportunidades y derechos no llegan al mismo tiempo, ni en igualdad de condiciones a las sociedades que se dicen democráticas; incluso en la actualidad, con sociedades regularmente homogéneas, no todos los ciudadanos acceden a los mismos derechos (o libertades) y responsabilidades. Por su parte, Marshall (1985) considera que la ciudadanía se compone a partir de las obligaciones de los sujetos ante el Estado, mismos que instituyen un estilo de vida que se cultiva en las personas a partir de la educación. A su vez, Cañete (2018) expone que el deber de los agentes gubernamentales y el papel de la democracia es eliminar las desigualdades, los sistemas de explotación, la captación de recursos, la exclusión y el acaparamiento de oportunidades, instituyendo un Estado ético, que conceda al ciudadano libertades y responsabilidades, permitiéndole así el desarrollo de una vida digna y la participación política. Las distintas democracias actuales, agrupan un sistema económico y político, mediante los cuales se regulan las relaciones entre ciudadanos, el Estado y el mercado, con la intención de brindar las condiciones de vida digna, que, debido a su abstracción y aplicación, se entienden y aplican con particularidades. Ahora bien, Sartori define a la democracia como un sistema ético-político, en el que la autonomía de la mayoría confiere el poder a minorías en constante competencia mediante el mecanismo electoral (Sartori, 1988). En cambio, Robert Dahl (1999) la distingue en forma empírica, como una forma de gobierno ideal, a alcanzar mediante una administración pública llamada Poliarquía, donde el gobierno, compuesto por élites políticas (concepto que se aclara más adelante), representa a diversos grupos dentro de la comunidad, permitiendo la participación concurrida, la oposición partidista, la alternancia en el poder, el imperio de la libertad y de derechos, mediante un Estado normativo, con procesos electorales e instituciones que controlan y garantizan la reproducción de dicho sistema. En esta forma de gobierno, la representatividad es un elemento fundamental para facilitar la toma de decisiones a través de agentes del Estado que representan a los diferentes grupos poblacionales, e imponen políticas en un régimen donde el pueblo no gobierna, pero elige a quienes lo gobiernan (Pitkin, 1967). Sin embargo, Przeworski (1998) nos dice que la representatividad debe ser la manera en que los gobernantes actúan buscando el interés para la mayor parte de los ciudadanos, aunque en la práctica esta 130 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. forma de gobierno acumula el control en manos de unos pocos, quienes imponen decisiones e intereses de los gobernantes o grupos de interés sobre la población. La Poliarquía (que es una visión minimalista como forma democrática) tiende a sectorizar grupos, para conformar coaliciones que suelen descartar a minorías, sean débiles, rechazadas u odiadas, por lo que también se le concibe como el gobierno de las élites, formalizando la exclusión desde la legalidad y el Estado, con base en jerarquías económicas y políticas, así como con limites religiosos, étnicos, de sexo, de edad, ciudadanía o condición social (económica, cultural, espacial, intelectual) o estatus, que limitan la participación e inclusión de los sujetos (ciudadanos y no ciudadanos) tanto en programas sociales, apoyos gubernamentales, como en acciones políticas y actos de gobierno (Cañete, 2018). Para Przeworski (1998) otra forma de observar la democracia es interpretarla como un sistema de reglas que permiten elegir a los gobernantes a través de elecciones competitivas, donde los ciudadanos pueden deshacerse de los gobernantes en turno, sin el derramamiento de sangre, la democracia desde esta perspectiva implica una estrecha relación entre Estado y ciudadanía, a través del fortalecimiento de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones; pero también con el funcionamiento adecuado de las instituciones, ya que son estas las que reflejan la capacidad de la sociedad para autogobernarse. Si bien, las perspectivas mencionadas —cada una con sus características, libertades, derechos y obligaciones atribuibles a ciudadanos y al Estado— destacan el proceso electoral, la representatividad gubernamental y el voto como elemento central de la democracia, empero, expone Tilly (2010), constituyen una forma acotada y minimalista de la vida política, que permite la proliferación de las élites en espacios clave para la administración pública, así como la segregación y exclusión de minorías. En contrapunto, la visión sustantiva o maximizada de la democracia centra su atención en la ampliación de libertades y derechos. En este sentido, Cossío (2012) propone una democracia sustantiva que desde la práctica se sostiene en lo constitucional, presentando las siguientes peculiaridades: 1) Control del Estado y sus decisiones; 2) subordinación de los militares frente a la autoridad civil; 3) control del ejecutivo y la normatividad constitucional por otras instituciones de gobierno; 4) incertidumbre en los resultados electorales; 5) oposición política significativa; 6) posibilidad de alternancia partidista; 7) participación de grupos minoritarios —con independencia de intereses— en la toma de decisiones; 8) existencia de canales de participación política alternos a los partidos políticos; 9) amplio acceso a fuentes de información por los ciudadanos; 10) garantías de libertad de creencia, opinión, discusión, expresión, Poliarquía y ciudadanía en el estado de México. 131 �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. publicación, reunión y petición; 11) igualdad de los ciudadanos ante la ley; 12) protección efectiva de las libertades individuales y de grupo por la ley y las instituciones, 13) protección de ciudadanos en contra del exilio, detención arbitraria, tortura, intromisiones del Estado o fuerzas no estatales organizadas; y 14) garantía de no discriminación por condición social, económica, étnica o de preferencias. Dichos elementos, como características de la democracia, no son excluyentes, además coinciden con las mediciones de libertades y derechos que proponen Freedom House (mismo que se puede consultar en el Informe de la Libertad en el Mundo 2020), The Economist Intelligence Unit, o Latinobarómetro, que muestran a la democracia como uno de los mejores sistemas de gobierno, no el más eficiente o satisfactorio, lo que implica un progresivo deterioro de las democracias, por ejemplo, Bauman (2011) expone que las diferentes expresiones de violencia, desigualdad, vulnerabilidad, pobreza, y coacción de libertades que se presentan en las sociedades democráticas, son daños colaterales consecuencia de la inadecuada administración gubernamental. Por su parte Jacques Rancière (2012) explica que en lo que va del siglo XXI, la democracia se percibe como una forma oligárquica de gobierno a cargo de élites políticas y económicas, que en su separación con la sociedad, han creado un descontento generalizado y un odio a la democracia, debido a la poca estabilidad económica, la carencia del Estado de bienestar y el poco desarrollo del potencial individual al que acceden las personas, limitando no sólo la calidad de vida y las libertades al consumo, también la participación política a los procesos electorales. En este orden de ideas, Carlo Galli (2013), sostiene que existe un malestar en contra las instituciones políticas y la realidad social, el desencanto por la democracia es, por un lado, un malestar subjetivo del ciudadano con las promesas incumplidas del sistema, que llevan al sujeto y a la sociedad a la indiferencia política, a la desafección; y, por otro lado, un malestar objetivo estructural, que nace de la ineficiencia de las instituciones para mantener sus funciones, promesas y objetivos humanos, de libertad y dignidad igual para todos. Las ideas previas, no implican el desconocimiento de la democracia y el hecho de que ha dotado de libertades, derechos y responsabilidades a la población, que le permiten el desarrollo de una vida digna (Escutia-Miranda, 2020), al tiempo que imputa al Estado obligaciones que constituyen las libertades ciudadanas, la reproducción del sistema y sus instituciones, así como la circulación de actores o agentes en diferentes puestos de elección popular. 132 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. Por otro lado, Cossío (2012) argumenta que la democracia sólo funciona a plenitud cuando se fomenta y se practica en forma mixta (democracia minimalista y sustantiva). Contemplar formas elementales o minimalistas de entender y medir la democracia amplía el abanico de países que encajan en esta categoría, sin que éstos garanticen derechos o libertades; mientras que ese mismo abanico se reduce si la concepción es sólo sustantiva. Aunado a esto, todo gobierno, sea democrático o no, requiere de aparatos administrativos y humanos como conditio sine qua non para su desenvolvimiento. El aparato administrativo tiene la función de organizar, vigilar y hacer cumplir la normatividad, regular la convivencia social y las interacciones entre los sujetos, mediante el Estado y sus reglas; entendido éste como la organización que controla los principales (recursos y) medios coercitivos de un territorio, al ejercer prioridad y obtener reconocimiento sobre otras organizaciones (y sujetos) que pertenecen al mismo territorio (Tilly, 2010). En una democracia el aparato administrativo se compone por los agentes del Estado —clase política, servidores públicos—, los partidos políticos, las instituciones gubernamentales, las normativas y los sistemas electorales. Valdés (2016) explica que un sistema electoral es el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política. Las múltiples voluntades que en un momento determinado se expresan mediante la simple marca de cada elector en una boleta forman parte de un complejo proceso político regulado jurídicamente y que tiene como función establecer con claridad el o los triunfadores de la contienda, para conformar los poderes políticos de una nación, por estas cualidades, son los encargados de mediar las elecciones, hacer valer el voto y dar legalidad y legitimidad al gobierno en turno. El voto como elemento de la democracia, determina la voluntad colectiva concediendo a un candidato, partido o proyecto políticos, el poder de administrar sobre la mayoría, lo que repercute en la calidad de vida; al tiempo que dota de legalidad, legitimidad y certidumbre a la administración entrante. En este sentido, el voto es la herramienta por la cual se construye la democracia, constituyendo en sí un mecanismo por el cual compiten los partidos políticos y detentan cuotas de poder gubernamental. Ahora bien, refiriéndonos específicamente al sistema de partidos y su funcionamiento, podemos decir que el sistema de partido único y el sistema hegemónico (sistema que México adoptó durante largo tiempo) configuran regímenes no competitivos que pueden contener enclaves democráticos en la aplicación de políticas, derechos y responsabilidades, privilegiando libertades (Sartori, 2004). Poliarquía y ciudadanía en el estado de México. 133 �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. No obstante, a pesar de la existencia de normas, la oposición es limitada, sancionada o excluida en la competencia por el voto y los cargos públicos. Los otros sistemas de partidos —predominante, bipartidismo, pluralismo, atomización— corresponden a gobiernos donde el juego político permite la entrada de actores diferentes, mayor apertura a los partidos y la competencia por el voto, sin embargo, aunque presentan mayor apertura, pueden contener enclaves autoritarios, menguando los derechos de sus ciudadanos o con políticas discriminatorias. Ya nos referimos al aparato administrativo de un gobierno, ahora abordemos el aparato humano. Éste, en una democracia, reconoce y legitima las normatividades y las ejecuta en lo cotidiano, para Przeworski (1998) esto se logra a través de los derechos y obligaciones que el Estado otorga a los sujetos, mismos que deben ser válidos para toda la comunidad política —siempre y cuando sean capaces de ejercer esos derechos y obligaciones políticas—, configurando una condición de ciudadanía, que para ser efectiva requiere, por un lado, que el Estado aplique criterios universales en la normatividad; suministre la protección de los derechos y la provisión de condiciones sociales y económicas que garanticen la vida digna (educación, salud, seguridad material y personal, acceso a un ingreso suficiente, vivienda, alimentación, recreación, ocio y cultura). Por otro lado, del ciudadano se requiere que cumpla con prerrequisitos sociales, entre estos: un mínimo de edad, el reconocimiento de ciudadanía y nacionalidad, la participación en el cumplimiento de responsabilidades, el ejercicio de derechos —y su exigencia cuando no se implementan—, el voto activo o pasivo, así como el involucramiento formal en la toma de decisiones públicas (Przeworski, 1998). O´Donnell (1989), por su parte, plantea que sólo una ciudadanía integral, es decir, aquella que brinda un acceso pleno a los derechos civiles, políticos y sociales, puede garantizar la existencia de una verdadera democracia, y mientras el acceso o disfrute de los derechos sea parcial o no exista para sectores amplios de la población, la democracia será precaria y manipulable. Este complemento activo y reciproco entre ciudadanos y Estado, es categorizado por Guevara y Vincenzi (2017) como ciudadanía política, que considera el ejercicio efectivo de derechos, la inclusión de todos los sectores sociales sin discriminación, la intervención de los ciudadanos en las decisiones y procesos políticos, económicos, de desarrollo y la creación de espacios que amplíen los mecanismos de intervención del ciudadano, eliminando barreras sociales, culturales y económicas que impidan el pleno ejercicio de los derechos políticos, entre ellos, el voto activo y pasivo, el plebiscito y referéndum; el 134 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. acceso a desempeñar cualquier empleo, cargo o función en la administración pública; la asociación; la afiliación; demandar los servicios públicos, mismos que tienen cabida en los lineamientos constitucionales. Con estas atribuciones la democracia como forma de gobierno ha contribuido a mejorar ciertas condiciones de vida, pero también, bajo contextos específicos en agudizar las desigualdades socioeconómicas y la pobreza, esto debido a la configuración del sistema institucional, las propuestas legislativas, la forma de participación de las élites, el modelo económico neoliberal y la acumulación del poder en grupos o agentes. Cuando la democracia se limita a los procesos electorales (como suele ocurrir), se trastoca, permitiendo el privilegio de grupos, el establecimiento de proyectos políticos con enclaves autoritarios, mismos que favorecen la creación, el acomodo y la circulación de élites políticas. La idea implica que la vía a la democracia no existe en forma plena, los regímenes políticos suelen pasar de proyectos políticos autoritarios, dictatoriales o totalitarios, hacia gobiernos más o menos plurales y poliárquicos (o en sentido contrario), donde la sectorización en grupos de poder, suelen mitigar la seguridad personal, los derechos de propiedad, las libertades y la privacidad, al sobreponer el bien de las élites o de grupos políticos específicos sobre las libertades y los derechos de los gobernados (Cañete, 2018). La democracia y ciudadanía en el estado de México Para el estado de México, las interacciones entre el gobierno y los ciudadanos se plasman en los diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, misma que se ajusta a las disposiciones de la Constitución Política Federal, a la evolución de las materias originalmente reguladas por ella y a las circunstancias y exigencias de la dinámica social. Respecto a las obligaciones y derechos que esta otorga a los ciudadanos, así como las formas de interacción, estas se concentran en nueve títulos que aglomeran 150 artículos constitucionales, que podríamos resumir de la siguiente manera. El estado de México adopta la forma de un gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, residiendo su soberanía en el pueblo, quien la ejerce en su territorio mediante los poderes del estado, los ayuntamientos, la constitución federal y estatal. Del mismo modo, sostiene que las formas de interacción entre ciudadanos y Estado serán, entre otras, la igualdad de derechos, las libertades y las garantías constitucionales —federal y local— y los Poliarquía y ciudadanía en el estado de México. 135 �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. tratados internacionales de los cuales la entidad sea parte, así como las leyes locales que se establecen. La Carta Magna mexiquense prohíbe la discriminación y reconoce el derecho a la educación (en todos los niveles y modalidades), acceso a la ciencia y tecnología, libre manifestación de ideas, acceso a la información, alimentación adecuada, cuidado a la salud, y el derecho a la vida y la propiedad, entre otros aspectos relevantes. También se habla, por supuesto, del respeto al sufragio —como expresión de la soberanía popular— y cuidado de los procesos electorales, conforme a principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales recae en el Instituto Electoral del Estado de México ( IEEM), con la participación de partidos políticos, agentes del estado y ciudadanos. Igualmente, se considera el referéndum total o parcial en relación con las reformas constitucionales. Al mismo tiempo, se considera la participación de asociaciones civiles en actividades sociales, cívicas, económicas y culturales y la protección de los derechos humanos. Por lo demás, la constitución mexiquense reconoce la composición pluricultural y pluriétnica del estado sustentada en los pueblos indígenas —favorecidos con la educación básica bilingüe—. Finalmente, otro aspecto importante que la norma constitucional establece es la procuración del desarrollo integral con enfoque sustentable, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras. Asimismo, la constitución estatal fija la división de poderes y se instituyen sus funciones, facultades y obligaciones de cada uno. De igual forma, se reconoce al municipio de Toluca como cede de dichos poderes y capital de la entidad. 3.-MÉTODO La investigación parte de una perspectiva cualitativa, cuyo método fue el process tracing, el cual, busca obtener información de diferentes medios, sea a través del análisis documental en sus diferentes vertientes, triangulando con la información de fuentes primarias y secundarias -según lo requiera el estudio- para explorar procesos causales, como para analizar la toma de decisiones complejas, el desarrollo y comprobación de teorías, la demostración de hipótesis y la conjetura con base en pruebas (Molina, 2016). 136 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. El fin es determinar los elementos, mecanismos y acciones que intervienen o intervinieron en la formación de la realidad o coyuntura de estudio (Beach y Pedersen, 2013; Molina, 2016), como método de las Ciencias Sociales, es de gran valía cuando interesa ir más allá de una adecuada comprensión de las implicaciones de un fenómeno -caso(s) de estudio(s)- al poner atención en el por qué y no en el qué de las cosas (Vennesson, 2013; Bril-Mascarenhas et al. 2017). Este método se divide en tres tipos, perspectivas o entradas -distinciones cuyo origen radica en el enfoque deductivo-inductivo, teoría-práctica y cualitativos-cuantitativos-: 1) Evaluación de teoría theory testing-, 2) Creación de teorías -theory building-, y 3) Explicación amplia de resultados explaning outcome-. El tercer enfoque fue el requerido para la investigación, la finalidad de esta variante es explicar un resultado específico, por lo que su enfoque es de carácter netamente cualitativo, cuya explicación parte de momentos deductivos o inductivos, posibilitando el proceso de investigación, y la explicación del caso de estudio, su preocupación es identificar los mecanismos que enlazan causas a efectos, por lo anterior se puede aplicar a partir de entradas inductivas o deductivas. Para la investigación se utilizó el tipo explicación amplia de resultados -explaning outcome - con entrada inductiva, lo cual se resume en el cuadro 1. Cuadro 1. Entrada inductiva de Process Tracing de explaning outcome Momento inductivo 1 Recolección exploratoria de evidencia Identificación de hitos y elementos causales Trabajo de campo Narrativa causal preliminar Momento deductivo Momento inductivo 2 Identificación de hipótesis del Trabajo de campo investigador, y alternas Implicancias y Evaluación -reafirmación- de manifestaciones hipótesis y mecanismos causales en observables concordancia a la observación y la Diseño de evidencia empírica investigación Explicación del resultado Interacción entre elementos y el mecanismo causal Fuente: Elaboración propia (2021). Nota: con base en Beach y Pedersen (2013), Molina (2016), Aguirre (2017), Bril-Mascarenhas et al (2017). El enfoque inductivo-deductivo del process tracing busca indagar sobre las causas y efectos del fenómeno de estudio, identificando sus interacciones como elementos individuales (Bril-Mascarenhas, et al. 2017), motivo por el cual se plantea pertinente para entender qué es la democracia y la ciudadanía en el debate teórico, qué son la democracia y la ciudadanía en la entidad y cómo se ponen en praxis. Poliarquía y ciudadanía en el estado de México. 137 �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. Por lo anterior, siguiendo la intención del estudio, el método se plantea en el cuadro 2. Cuadro 2. Entrada inductiva de explaning outcome PT, democracia y ciudadanía en el estado de México Momento inductivo 1 Momento deductivo Debate teórico de la democracia y la ciudadanía Conceptualización de la democracia y la ciudadanía en el estado de México Narrativa causal preliminar Debate teórico Análisis documental Momento inductivo 2 Implicancias y manifestaciones observables de la democracia y la ciudadanía en la entidad Diagnóstico de eficiencia gubernamental e institucional Análisis documental sobre la entidad y las relaciones entre ciudadanos y gobierno Explicación del resultado Triangulación de la información Contraste entre el debate teórico, en concordancia a la observación y la evidencia empírica Narrativa del resultado, explicación de la interacción entre elementos y el mecanismo causal Fuente: Elaboración propia (2021). Nota: con base en Beach y Pedersen (2013), Molina (2016), Aguirre (2017), Bril-Mascarenhas, et al. (2017). Con la información contenida en los cuadros, el momento inductivo 1 se obtiene con el debate teórico respecto a la democracia y la ciudadanía, así como la conceptualización de las mismas en la entidad. El momento deductivo se obtuvo con datos descriptivos y estadísticos de relevancia, que permiten entender las dinámicas sociales, políticas y económicas mexiquenses, mismos que se abordan en el apartado "El estado de México: escenario de democratización". El momento inductivo 2 plantea lo encontrado al contraponer el debate teórico (momento inductivo 1) con la realidad mexiquense (momento deductivo). 4.-RESULTADOS El estado de México: escenario de democratización La etapa de la Revolución (1910-1917) y en especial la posrevolución (1917-1944) ocasionaron que los partidos políticos fueran instrumentos de los caudillos, quienes amparados en el discurso revolucionario desplegaron estrategias locales, profundizando el personalismo de la política y el deterioro de las organizaciones partidistas en la entidad, lo cual tuvo como consecuencia su limitada consolidación (Reveles y Sánchez, 2012). 138 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. Los clubes y partidos políticos contendían en las elecciones, pero los principios básicos de competencia y la libertad para elegir candidatos frecuentemente eran violados por los caudillos y líderes políticos, cumpliendo sólo con la formalidad de la elección, sin condiciones efectivas de democracia — aspiración de la Constitución local de 1917—, con un sufragio no generalizado y con el descarte de las masas en la vida interna de las instituciones políticas (Muñoz, 2018). Los partidos políticos tuvieron muchas restricciones para asentarse en la nueva institucionalidad con propósitos supuestamente democráticos, ya que se restringían las preferencias de los votantes, y se buscaba cuidar de los privilegios del aparato político en formación, lo que dejó un antecedente para la presencia del partido hegemónico. El predominio político en la entidad y la lucha de las élites políticas inició con el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que se empató con la representación ciudadana, las causas revolucionarias, la libertad y la igualdad, buscando hacer compromisos y dar certidumbre a la población mediante un programa de gobierno estable, coherente y que diera resultados; pero también bajo la búsqueda del control político, sin contemplar la lucha electoral o la competencia entre partidos (Maldonado, 2000). En 1921 Abundio Gómez Díaz se convierte en gobernador de la entidad para el período 19211925 mismo que con el apoyo de su hermano Filiberto, conformarían en 1925 un grupo político que respondería a la razón de los hermanos Gómez Díaz a través del PST. No fue hasta 1942, cuando por intervención presidencial (léase la presidencia del ejecutivo federal) se decide desplazar el control político de la entidad a actores políticos distintos, con la intención de crear un estado con certidumbre y estabilidad, tanto social, como política y económica, dando origen a una élite gobernante que mediante la circulación de sus miembros y su adaptación a la coyuntura han mantenido el control del ejecutivo estatal (Muñoz, 2018; Maldonado, 2000), tanto en miembros de dicha élite como en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En la actualidad, esta entidad se compone por 125 municipios que se dividen en 45 distritos electorales, constituyéndose en la entidad con mayor influencia política y electoral del país (INE, 2018). En el estado de México se concentran 11,404,743 personas con derecho a votar, conformando el padrón electoral más grande del país (IEEM, 2018). Tan sólo los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Toluca de Lerdo, concentran el 31.72% del total (INEGI, 2015a; IEEM, 2018). Poliarquía y ciudadanía en el estado de México. 139 �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. Aunado a esto, la entidad cuenta con municipios y localidades de alto y muy bajo desarrollo, mostrando grandes diferencias socioeconómicas y urbanas, entre las que sobresalen dos de las zonas metropolitanas más relevantes del país, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT). En conjunto estas dos zonas aportan el 9% al PIB nacional, convirtiéndose en la segunda economía más grande del país, sólo después de la Ciudad de México. A pesar de esto, se estima que el 53% de su población se encuentra en condiciones de pobreza, concentrándose ésta en zonas rurales. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2015b y 2017), y la Asociación Civil Semáforo Delictivo (2017), coinciden en que el estado de México se ubica en el décimo lugar (de 32) de las entidades con mayor presencia de corrupción en el servicio público, en el último lugar respecto a eficiencia gubernamental y atención a las necesidades poblacionales, en el espacio 22/32 en crecimiento económico; en el 7° conforme al avance y cobertura educativa, así como en el 13vo lugar respecto a las entidades más inseguras. Con esto, la democracia y su desarrollo en la entidad se observa en la siguiente forma, cuadro 3: Cuadro 3. Índice de Desarrollo Democrático IDD-Méx 2014-2018 México Estado de México IDD-Méx 2014 Valor Posición IDD-Méx 2015 Valor Posición IDD-Méx 2017 Valor Posición IDD-Méx 2018 Valor Posición Respeto de los derechos políticos y libertades civiles Calidad institucional y eficiencia política Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar Capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica IDD-Méx 4,275 26/32 3,356 18/32 -0,299 20/32 0,285 10/32 4,128 24° 5,005 26/32 3,774 15/32 -0,928 30/32 0,562 9/32 4,694 24° 4,903 23/32 2,025 27/32 -1,049 26/32 1,175 4/32 2,322 22° 5,015 16/32 2,306 25/32 -0,603 26/32 0,562 3/32 5,015 15° Fuente: Elaboración propia (2021) con base en el IDD-Méx. Nota: Respecto al 2016, se omite información debido a que no se publicaron resultados. Respecto a las tendencias político-electorales, “desde la década de los 90, los municipios conurbados al Distrito Federal (ahora Ciudad de México) han mantenido una orientación básicamente 140 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. opositora al PRI (hecho que no implica falta de alternancia)” (Padilla, 2007, pág. 80), creando el Corredor Azul (compuesto por los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Naucalpan, Huixquilucan, Zumpango), donde ha predominado el Partido Acción Nacional (PAN); y el Cinturón Amarillo donde prevalece el Partido de la Revolución Democrática (PRD) (Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tultitlán e Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cocotitlán, Tultepec, Tlatlaya, Amatepec, Zacazonapan). Por otro lado, tanto los municipios agrarios ubicados al sur del estado, en conjunto con los municipios de población indígena (norponiente del estado), se han orientado hacia gobiernos priistas (Cedillo, 2008; Reveles et al. 2012), la mayoría con alternancia. Asimismo, la participación electoral ha oscilado según el tipo de elección, entre el 40% y 54%, de 1987 a 2017, por un lado, debido al incremento poblacional, pero también, por un creciente interés de la sociedad en lo político, ver cuadros 4 y 5. Cuadro 4. Elecciones a la gubernatura del estado de México 2011 – 2017 Elección a gobernador del estado de México, 2011. CANDIDATO Elección a gobernador del estado de México, 2017. PARTIDO VOTOS % VOTO 3,018,588 61.97 1 1,020,857 20.96 3 PRI PVEM PANAL PRD PT CONVERGEN CIA PAN 598,045 4 SIN PARTIDO 11,100 1 2 LISTA NOMINAL NULOS PARTIDO VOTOS 1,955,347 33.56 2 PRI PVEM PES NA MORENA 1,871,542 30.78 12.28 3 PRD 1,084,571 17.84 0.22 4 PAN 682,520 11.27 5 INDEPENDIE NTE PT 130,100 2.15 65,471 1.08 10,555,669 178,813 PART. CIUDADANA CANDIDATO 6 46.15 LISTA NOMINAL NULOS % VOTO 11,312,917 PART. CIUDADANA 181,624 53.74% Fuente: Elaboración propia (2021) con base IEEM (2018). Nota: Se ordenan de acuerdo con el ganador de la elección y en orden descendente. La sociedad mexiquense actual responde a lógicas y valores distintos a los prevalecientes durante los años del presidencialismo y el sistema de partido hegemónico. La oferta política se difundía mediante los medios de comunicación (totalmente bajo la dominación estatal), la población tenía menor preparación profesional y la participación política se restringía al voto. Ahora, la composición de la ciudadanía y del electorado son mucho más diversos (Pérez de los Reyes, 2001). Poliarquía y ciudadanía en el estado de México. 141 �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. Cuadro 5. Elecciones municipales mexiquenses 1990-2018 Alcaldías ganadas por el PRI % Municipios con alternancia PAN PRD PVEM PT MORENA Otros partidos Total, de municipios 1990 117 1993 110 1996 72 2000 69 2003 68* 2006 55* 2009 97* 2012 93* 2015 85* 2018 20* 97 4 91 11 58 50 57 53 53 58 44 70 78 29 74 32 68 40 16 105 2 2 121 5 3 3 121 22 26 1 1 122 30 21 1 1 122 24 23 4 5 124 28 23 2 17 125 12 6 2 8 125 16 3 3 10 125 17 16 3 1 3 125 33 2 5 1 56 8 125 Fuente: Elaboración propia (2021). Nota: con base en Padilla Macayo (2007); Revelez Vázquez et al. (2012); IEEM (2018). * Años en que el PRI conforma coaliciones electorales para las elecciones municipales. De inicio, la ciudadanía siente poca atracción por los partidos políticos, ya que la polarización de estos y su actuar como oposición leal, sólo benefició a las élites políticas asegurándoles ingresos y puestos políticos que ni merecían ni desempeñaban con eficiencia. En cuanto al concepto oposición leal, se entiende como el compromiso de los partidos por llegar al poder únicamente por medio de elecciones, rechazando clara e incondicionalmente el uso de la violencia para obtener y retener el poder, pero manteniéndose al margen del partido dominante, es decir, adoptan las reglas del juego democrático representativo y las respetan (véase Linz, 1996, págs. 70-72). Por su parte, la perspectiva negativa que vive hoy en día el sistema de sistema de partidos mexiquense, lo sitúa en una crisis de credibilidad, derivada de la carencia de respuestas a las ingentes necesidades sociales y debido a las promesas incumplidas por parte de los gobernantes, al tiempo que aumentó la participación política por otros medios, como la movilización social, las protestas, la organización colectiva, alternativas donde los ciudadanos encuentran mejores respuestas (o por lo menos nuevas alternativas) a sus necesidades y exigencias. En la actualidad, los jóvenes se informan de lo político a través de redes sociales, y cada vez menos mediante la televisión o la radio. Esto es resultado de una fuerte crisis de credibilidad de los medios tradicionales. En su gran mayoría, la juventud mexiquense se mantuvo al margen del partido dominante o fuera de la esfera de influencia de los partidos políticos, buscando nuevas alternativas de 142 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. participación. Además, los jóvenes cuentan por lo general con mayor escolaridad y son más críticos frente a la realidad política y social de la entidad (Pérez de los Reyes, 2001). Lo anterior abre una brecha generacional cada vez más marcada entre las nuevas y viejas generaciones. Las primeras ya no se identifican en su formación cívica ni ética con una ideología política dominante (Pérez de los Reyes, 2001). A su vez, la población con mayor preparación se orienta básicamente hacia partidos opositores, mientras que los grupos de mayor edad son más críticos al momento de votar. Por las características antes mencionadas, el estado de México resulta de interés ya que esta entidad es considerada por analistas, expertos y medios de comunicación como el bastión político del PRI, cuya dominación político-electoral viene desde, por lo menos, 1942. Pero también, la joya de la corona gubernamental, aspecto que debe considerarse cuando se analiza al estado de México (y que lo hace muy relevante como caso de estudio), es que existen especialistas e intérpretes de la realidad política nacional, que consideran las elecciones de la entidad como un escenario donde puede apreciarse el panorama general de los resultados electorales a nivel federal, es decir, como un preludio de lo que puede acontecer en los comicios federales, o bien, es reflejo —en alguna medida— de la situación política nacional. Al tiempo, y de manera un tanto contradictoria, los procesos e instituciones electorales de la entidad permiten que ningún actor político tenga certidumbre sobre los resultados, debido a la alta competencia, el respeto al voto ciudadano, la existencia de un marco legal que protege las instituciones, la inclusión de nuevos actores a la arena política, la imparcialidad y búsqueda de transparencia de los comicios (Arzuaga-Magnoli et al. 2007; Méndez, 2007; Corona, 2012). Sin embargo, durante la jornada electoral, sean comicios para elegir alcaldes, diputados locales, gobernador, o para cargos federales, suelen denunciarse compra de votos, condicionamiento de programas sociales, intimidación para votar en un sentido u otro, manipulación de resultados, opacidad económica y carencia de legalidad en las campañas electorales. Son estas fuertes contradicciones en la entidad. Una democracia que no acaba de llegar y un sistema autoritario (y prácticas antidemocráticas) que no terminan por irse. Poliarquía y ciudadanía en el estado de México. 143 �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. Teoría y praxis mexiquense Los datos expuestos sobre la entidad permiten tener un panorama general sobre la apreciación de la democracia y la consolidación de la ciudadanía, en específico, se observa que son formas recientes en la política mexiquense —como nacional—, considerando que, en la entidad, 1942 marca el inicio de una relativa estabilidad política, social y económica. La implementación del régimen democrático, con sus implicaciones —interacciones entre Estado y ciudadanos, exclusión de no ciudadanos—, es relativamente temprana, implica un proceso de construcción, sujeto a la reconfiguración mediante el reconocimiento jurídico y social, lo que permite el reacomodo de élites políticas, el ajuste de derechos, la incorporación de nuevas libertades y obligaciones en la constitución local, la participación política a través de los partidos políticos, la consolidación de instituciones sólidas con apego a la legalidad, un sistema electoral a prueba y error, así como la inclusión de actores y medios alternativos de participación como las movilizaciones colectivas. Debido a esto, las variables de estudio —democracia y ciudadanía— están sujetas a las negociaciones y confrontaciones que entre los distintos actores, sean de la élite o la clase política, de los agentes del Estado, de los medios de difusión, de los ciudadanos, de organismos civiles organizados o del mercado, en la lucha y búsqueda de la justicia social; entendiendo esta última como la redistribución hacia los que menos tienen, función primaria del Estado de acuerdo con Marshall (1985), Przeworski (1998) y Rubio (2007). Sin embargo, dicha construcción, está sujeta a los valores e intereses colectivos. Respecto a la ciudadanía, el estado de México dota de libertades, derechos y responsabilidades —mediante la constitución política de la entidad— en igualdad de condiciones y cantidad a todos los sujetos residentes en su territorio, sin embargo, al estar sujeta a la constitución federal, los derechos y obligaciones se convierten en deberes ya que el artículo 4 de la constitución federal establece que es obligación de todos los ciudadanos preservar y exigir el cumplimiento de los derechos y principios otorgados por la constitución. En cuanto a los derechos que otorgan el disfrute de la vida digna en lo privado, se agrupan en el titulo segundo, que abarca del artículo 5 al 20: igualdad entre ciudadanos; prohibición de la discriminación; la educación —de calidad, laica, gratuita— atendiendo todos los tipos, modalidades y niveles educativos; acceso a la ciencia y tecnología; manifestación de ideas —salvaguardando los derechos de terceros—; acceso a la información —protegiendo la intimidad de la vida privada y la imagen 144 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. de las personas—; alimentación adecuada; cuidado de la salud; promoción de la actividad física y deportiva; respeto al honor; crédito y prestigio de los ciudadanos; derecho a la vida y la propiedad; respeto al sufragio —como expresión de la soberanía popular—; protección de los derechos humanos; procuración del desarrollo integral con enfoque sustentable, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras, entre otros. Además de que se otorgan en lo intrínseco derechos, libertades y garantías constitucionales establecidas en lo federal. Como se observa, este reconocimiento de derechos y obligaciones es resultado de la construcción paulatina de la ciudadanía, y su lucha por la igualdad, la justicia y la libertad, que han consolidado los derechos civiles, los derechos políticos y los sociales, tal como nos lo comenta Marshall (1985). En cuanto a la democracia, debido a la evidencia teórica y a los datos de la entidad, se infiere que prima una democracia procedimental, consolidada desde el reconocimiento constitucional, y con su ejercicio mediante un gobierno poliárquico, el cual según Dahl, está sujeto a la dirigencia de una élite política que permite la representatividad, la participación concurrida, la oposición partidista, la alternancia en el poder, el imperio de la libertad y de los derechos de los ciudadanos, empero, reduce la participación política a los procesos electorales y al voto; ya que es a través de las élites que se desincentiva —en cierta medida— el involucramiento ciudadano en lo político, minimizando la creación de alternativas políticas eficientes que resuelvan sus necesidades. Coincidimos con Baras (1991) cuando afirma que con la existencia de una elitización de la democracia o en una democracia de élites, hay un grado mínimo de participación política real, con frecuencia reducida al voto y limitada al proceso electoral; pero también, existe una insuficiente institucionalización y, sobre todo, una escasa organización del Estado, por lo cual su desempeño es ineficiente al tratarse de la atención al ciudadano y en la resolución de sus problemas y necesidades. De acuerdo con Arzuaga-Magnoni (et al. 2007) la permanencia de un grupo político en el poder implica que un sector en particular imponga sus resultados y neutralice a los demás, utilizando las instituciones en su favor, beneficiando al grupo dominante, y con la posibilidad de que todos salgan ganando mediante algún recurso extraordinario. En este sentido, la competencia electoral y el voto no eliminan el margen de acción de las élites, más bien, se vuelven más funcionales, en la medida en que reclaman para sí un espacio de dominio y un control sobre las instituciones políticas. Poliarquía y ciudadanía en el estado de México. 145 �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. Para González-Ulloa (2017), a pesar de tener un panorama favorable en la entidad, los procesos normativos, las condiciones socioeconómicas y las instituciones estatales, son insuficientes y no impactan favorablemente en la democracia, por lo que debe propiciarse un alto grado de desarrollo socioeconómico en toda la entidad, para crear un electorado más dinámico en sus preferencias, elecciones más competitivas, con alternativas políticas reales, donde todos los sujetos tengan acceso a oportunidades de vida digna y con calidad. Dicho panorama queda en evidencia con los resultados de eficiencia que muestra INEGI (2017) y Semáforo Delictivo respecto a la entidad, los cuales son bajos en relación con la eficiencia gubernamental y la resolución de las necesidades de la población. Por su parte, la alternancia y las preferencias políticas en la entidad, como el corredor azul o el cinturón amarillo, denotan la búsqueda de alternativas políticas, ya que cuando las élites políticas y los partidos tradicionales en el poder son desplazados, los nuevos actores políticos implementan procesos de innovación gubernamental, mejoras en la aplicación de programas redistributivos y, la creación de políticas que resuelven las necesidades reales de la población. El devenir histórico muestra que los cargos de representación popular a los que acceden las distintas opciones partidistas son cada vez mayores, configurando un tránsito de un sistema de partido hegemónico hacia un sistema de pluralismo extremo, donde existen partidos con distintas ideologías políticas (centro, derecha, izquierda) como la posibilidad de candidatos independientes de partidos políticos, lo que incrementa la posibilidad de alternancia e incentiva el juego democrático. 5.-CONCLUSIONES La democracia mexiquense se ha consolidado como una democracia poliárquica con base en lo electoral, la representatividad y el gobierno de élites que recirculan en los distintos cargos de elección popular, esto ha consolidado formas clientelares de hacer política, que reducen la participación política al proceso electoral, pero también, dota al ciudadano de derechos y obligaciones específicas que procuran la estabilidad social y la reproducción del sistema, sin la garantía del cumplimiento de dichos derechos, libertades y obligaciones. Un fenómeno multicausal, por un lado, debido a la insuficiencia institucional actual que no garantiza el estado de derecho, ni el acceso igualitario a oportunidades de desarrollo, por otro lado, a la escasa representatividad y limitada solución de las necesidades sociales por parte de los partidos 146 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. políticos, pero también por el repliegue de la sociedad a lo privado, el desconocimiento de lo legal, así como de formas alternas de participación política. Al tiempo, derivada de exigencias sociales, intereses colectivos, negociaciones políticas y a espacios de conciliación del gobierno con la sociedad, que dotaron a la constitución de 1995 de dichos enclaves democráticos, entre derechos, libertades y obligaciones para el ciudadano como del Estado. Llama la atención que la palabra democracia se menciona una ocasión en el párrafo 13 del artículo 11 de la constitución local, como tarea fundamental del instituto electoral del Estado de México, de igual forma, la palabra democratización aparece una ocasión en alusión al sistema estatal de planeación democrática, en el párrafo primero del artículo 139, en cambio el concepto democrática(o) se repite solo en seis ocasiones, en el artículo tercero y 18 como forma de gobierno, en el artículo 5 como base de los derechos y de la participación ciudadana, en el artículo 12 como forma de gobierno a través de la representatividad de los partidos y las instituciones electorales y en el artículo 139 tanto en el primer como segundo párrafo, en alusión al sistema de planeación democrática con base en planes y programas que fomenten el desarrollo. Por su parte, la palabra ciudadana(o), ciudadanía se repite a lo largo de los 150 artículos en alusión de los pobladores del estado, sus derechos, obligaciones y formas de interacción con los órganos de gobierno. Con lo anterior, a pesar de contemplar la democracia y la ciudadanía como formas elementales para la vida cotidiana, el gobierno y el desarrollo, no se precisan, ni se plantea postura o tipología alguna, contemplándose de forma ambigua en los lineamientos normativos de la entidad. Debido a esto y a los mecanismos en que opera la representatividad en la entidad, es posible identificar una democracia electoral con tintes poliárquicos, hecho derivado del proceso histórico de democratización nacional y local, que estuvo sujeto al presidencialismo, sin olvidar que los individuos de la élite y la clase política local fueron los más cercanos a dicho régimen gubernamental, insertándose en el gabinete oficial como en mandos medios del gobierno federal. Al consolidarse una democracia de élites mediante lo electoral, se favorece la aparición de grupos o facciones políticas que suelen imponer su beneficio, aún a costa de la población, acto contrario al principio democrático de la regla de la mayoría. Para evitar esto, tanto la clase política y los agentes del Poliarquía y ciudadanía en el estado de México. 147 �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. Estado deben constituirse como sujetos provenientes de distintas clases sociales, bajo un equilibrio social, donde se garantice la participación de todas las facciones sociales, y se evite la concentración del poder gubernamental en unos pocos -contrapesos y elementos de remoción de mandato-. Para consolidar una democracia más robusta en la entidad, se debe especificar en la constitución local el tipo de democracia y ciudadanía que se infieren a lo largo de sus diez títulos, al tiempo, las oportunidades de vida digna y de participación en lo político deben pasar de lo escrito a la realidad; con instituciones sólidas con autonomía, transversalidad y que no estén al margen del poder. Si bien la constitución local dota de diversos derechos y obligaciones, estos pierden efectividad en la práctica, dado que las instituciones son insuficientes, los marcos normativos están rebasados por la realidad y los agentes del estado limitados en sus funciones en el mejor caso, y en el otro, bajo desinformación de sus tareas. Tanto en la administración pública como en la ciudadanía, se deben inculcar las virtudes públicas, es decir, “la integridad, el patriotismo, la defensa de la libertad, la austeridad, la laboriosidad y la honestidad” (Rubio Carracedo, 2007, pág. 89). Si esto se lleva a cabo se podrán reducir los vicios públicos como la corrupción, la captura institucional y el acaparamiento de oportunidades y recursos, que consolidan los privilegios de unos pocos a costa de la mayoría. De igual manera, se deben incluir en la constitución política local, mecanismos de revocación de mandato, y contrapesos que permitan a la sociedad ejercer su soberanía en forma directa y activa. Por otro lado, aunque el ejecutivo estatal continúa bajo el partido clásico en el poder, las dinámicas sociales actuales evidencian apertura a la democratización local a través del gobierno dividido, la alternancia, el cambio de preferencias partidistas, una mayor información por medios alternativos, derivados de cambios institucionales tanto en la constitución como en las formas clásicas de hacer y entender la política en la entidad, así como de las exigencias sociales. Lo anterior implica un acercamiento de la sociedad hacia lo político y deja entrever el fortalecimiento de una incipiente ciudadanía activa, con mayor participación en la movilización colectiva, y en la exigencia de sus derechos, áreas para futuras investigaciones. 148 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Escutia-Miranda., R., & Torres-Ruiz., R. REFERENCIAS Aguirre, J. L. (2017). Mecanismos causales y process tracing una introducción, Revista SAAP, 11(1), 147-175, Argentina, Universidad Nacional de Cuyo. ISSN 1666-7883 Arzuaga-Magnoni, J., Espinoza Santiago, O. y Niño Martinez, J. J. (2007). Élites, alternancias y partidos políticos en el estado de México: entre la pluralidad, la búsqueda del voto y el debilitamiento institucional. Economía, Sociedad y Territorio EST, 7(25), 1-15. Baras, M. (1991). Las élites políticas, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 10, 9-24. Bauman, Z. 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Poliarquía y ciudadanía en el estado de México. 151 �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 http://revpoliticas.uanl.mx/ El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-191 The right of freedom to profess the Catholic faith in the face of restrictions of movement and assembly in the wake of COVID-19 Víctor M., Vera-García2; Francisco, Duarte-Tello3 RESUMEN El presente artículo es fruto de una investigación que se enfocó en analizar la forma en que los creyentes católicos comenzaron a vivir y continúan viviendo su fe a raíz de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. Tiene por objetivo pues, desentrañar si las medidas de restricción de movilidad y reunión dictadas por distintos gobiernos tuvieron en cuenta las expresiones religiosas y describir cómo los feligreses y autoridades católicas se adaptaron a dichas circunstancias. La técnica de investigación del trabajo es hermenéutica y el tipo de investigación cualitativo. Los hallazgos de la investigación muestran un cambio en la forma en que los fieles profesan la fe, acentuado por la pandemia y las restricciones de esta. Se han adaptado para el culto religioso las diversas herramientas que aportan medios audiovisuales, digitales y las redes sociales. Palabras claves: Derecho a la salud pública, derecho de libertad de culto, medidas de restricción, movilidad y reuniones, religión católica. ABSTRACT …………………………………… Fecha de recibido: 28-11-2020 Fecha de aceptado: 19-02-2021 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional This article is the result of research focused on analyzing the way in which Catholic believers began to live and continue to live their faith in the wake of the SARS-CoV-2 pandemic. It aims to unravel whether the mobility and assembly restriction measures dictated by different governments took into account religious expressions and to describe how Catholic parishioners and authorities adapted to such circumstances. The research technique of the work is hermeneutic, and the type of research is qualitative. The research findings show a change in the way worshippers profess their faith, accentuated by the pandemic and its restrictions. The various tools provided by audiovisual, digital and social media have been adapted for religious worship. Keywords: Catholic religion, mobility and assembly, restriction measures, right to profess faith, right to public health. Cómo referenciar este artículo: Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. (2021). El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 7(14), 152-180. https://doi.org/10.29105/pgc7.14-8 1 Este artículo es producto de un proyecto de investigación desarrollado por el interés particular de los autores, sin un financiamiento especifico, iniciado en 2020 y finalizado en 2021. 2 Academia Interamericana de Derechos Humanos, México. Especialista en Género y Derechos Humanos por la Academia Interamericana de Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma de Coahuila, auxiliar de investigación, Academia Interamericana de Derechos Humanos, Email: victorveragarcia90@gmail.com, Código ORCID: 0000-0002-9360-3067. 3 Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, México. Especialista en Derechos Políticos por Perspectiva Internacional y Comparada, Humanos por la Academia Interamericana de Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma de Coahuila, subdirector de indicadores y calidad, Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, Email: francisco.duarte@icai.org.mx, Código ORCID: 0000-0003-4772-2599. 152 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 http://revpoliticas.uanl.mx/ 1.- INTRODUCCIÓN La problemática planteada en el presente trabajo es el cuestionamiento de si los distintos gobiernos en el mundo tomaron en consideración las prácticas religiosas dentro de los distintos decretos de restricción de movilidad y reunión. Así mismo se plantea la interrogante de cómo los feligreses y autoridades religiosas respondieron a dichas restricciones. Por tanto, el objetivo que nos fijamos en el presente trabajo tiene un carácter descriptivo, el cual consiste en mostrar las distintas regulaciones para hacer frente a la pandemia, sus consideraciones en cuanto a las actividades religiosas y por último presentar un panorama sobre cómo se adaptaron las citadas actividades por parte de la población religiosa. Cabe señalar que el alcance de la presente investigación se limita a las situaciones observadas en relación con la religión católica, dejando si acaso como comentario las situaciones enfrentadas por otras denominaciones religiosas. Así mismo los países que se tomaron como referencia son aquellos que consideramos cuentan con una tradición católica importante, enfocándonos en países tanto latinoamericanos como europeos. La razón de que la investigación haya abarcado este tipo de países se debe en primer lugar a que buscábamos no sólo una tradición católica, sino una tradición que fuera similar en cuanto a vivencias y prácticas, cuestión que se cumple con el grupo de países estudiados debido a su relación histórica colonial con los países europeos (Ramírez Calzadilla, 2002, p. 215). Así mismo buscamos países cuyos sistemas constitucionales y jurídicos fueran de derecho continental, cuestión que también se cumple en los países de los cuales se habla en el presente artículo. A lo largo de la investigación nos topamos con distintas limitaciones como las barreras del lenguaje en ciertos países, como fue el caso de Alemania o Italia o la falta de dominio de las particularidades de cada sistema constitucional y jurídico pese a las similitudes que guardan de forma general. Sin embargo, la limitante que más pesó en el trabajo fue la falta de publicidad y difusión de las medidas tomadas por los países en torno a la situación del ejercicio de los derechos religiosos, pues estas cuestiones sólo se hacen evidentes si se realizan las búsquedas en lugares muy específicos o si se tiene conocimiento de ellas a través de otros trabajos doctrinales. Ahora bien, la razón para realizar la presente investigación es debido a que mucho se ha discutido sobre los distintos derechos que se han visto afectados a raíz de la pandemia provocada por el COVID19. Sin embargo, el derecho de culto es uno de los poco estudiados, siendo que en general el derecho a 153 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. la libertad de religión es poco estudiado y cuando se analiza, dichos análisis se enfocan más en la libertad de creencias y no tanto en la implicación del derecho sobre la realización de actividades religiosas. Antes de terminar con esta parte de la introducción cabe mencionar que a lo largo del texto se estarán utilizando de manera indistinta las siguientes expresiones: profesión de culto, profesión de fe, libertad religiosa y derecho de culto. Todas estas expresiones hacen referencia a un aspecto del derecho de libertad religiosa, el cual es poder participar en las actividades de culto. En el caso de la religión católica la actividad más común y recurrente es el de la celebración eucarística, mejor conocida como la misa. No obstante, se debe recordar que existen otro tipo de actividades de la fe católica como son el rezo de rosarios u otros rezos comunitarios, la realización de retiros espirituales y las celebraciones propias de fiestas específicas como la Cuaresma, la Pascua, el Adviento o la Navidad; celebraciones que tienen intrínsecamente un carácter comunitario. Una vez señalado lo anterior procedemos a hablar de los antecedentes en la introducción para posteriormente llegar al apartado del fundamento teórico. La libertad es uno de los mayores anhelos humanos, pues es una de las necesidades fundamentales de las personas y las sociedades que construyen. Por tanto, es uno de los primeros derechos consagrados en los ordenamientos jurídicos de los Estados nacientes y se ha mantenido como tal a lo largo de los distintos instrumentos de derechos fundamentales y humanos a lo largo del tiempo. Una de las vertientes del derecho de libertad, es el de la libertad de culto que ha adoptado distintas formas y ha sido respetado poco, nada o mucho en las distintas culturas humanas. El culto se ha dado a distintas fuerzas sobrenaturales o seres superiores que han variado conforme a espacios geográficos, la cultura de los creyentes, tradiciones y demás cualidades de cada seno social. Las religiones que nacen de las creencias y los cultos de dichas entidades son uno de los pilares fundamentales de la humanidad. Estas religiones han ayudado a justificar los desarrollos y sistemas de valores, así mismo han servido para justificar las limitaciones de la propia conducta humana. Dejar de lado a las religiones en la historia de la humanidad sería omitir un ámbito importante de nuestra evolución, debido a que las creencias religiosas han contribuido a dar forma a estructuras sociales desde la antigüedad. Si bien, muchos actos atroces de la humanidad se han generado por las mismas, no podemos negar que parte del desarrollo de nuestra conciencia se debe en gran medida a las creencias, que inclusive lograron formar un sistema jurídico que no sólo las protege, sino que establece las pautas y criterios para que, a pesar de la pluralidad cultural, exista un equilibrio dentro de la convivencia social. 154 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. Ahora bien, la religión como cualquier derecho debe observar ciertas condiciones de respeto de otros individuos, que puedan o no tener estas mismas prácticas. El desarrollo de espacios donde se puedan ejercitar las distintas prácticas de los creyentes ha sido una de las tareas fundamentales de cada gobierno. La sana convivencia y el sentido de comunidad al momento de practicar los distintos cultos sirven a las personas como parte fundamental de su libertad por lo que reprimirlas sería frenar el libre desarrollo de la personalidad de cada uno. El actual panorama de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 ha creado una situación problemática, pues debido a las limitaciones impuestas por los Estados a la libre circulación y la realización de actividades de carácter social, ha evitado que miles de devotos puedan acudir a sus templos o lugares de culto a fin de llevar a cabo sus ceremonias religiosas de forma ordinaria. Esto ha provocado que las personas e instituciones religiosas se planteen nuevas alternativas para practicar la profesión de la fe. Así pues, el propósito del presente ensayo es presentar una perspectiva general de las nuevas vivencias dentro del catolicismo generadas precisamente por la pandemia del COVID-19. En este documento se analizará primero cómo se ha vivido a lo largo de los años esta religión y después se presentará un panorama contemporáneo anterior a la situación del coronavirus. Posteriormente se hablará de la relación que existe entre el derecho de libertad de culto y las restricciones para salvaguardar otros derechos fundamentales como la salud pública. A continuación de eso se presentará un breve panorama comparado de las restricciones en algunos países europeos y latinoamericanos, y la relación de dichas restricciones con la libertad de culto. El ensayo continúa presentando las respuestas dadas a la situación de restricción de movilidad y reunión, tanto por parte de la Iglesia católica, como por parte de los fieles y autoridades dentro de distintos países. Para terminar, se presentan las reflexiones conclusivas de ambos autores. La vivencia de la religión en el tiempo: Un recuento general La religión católica es una de las confesiones de fe humanas más antiguas, y tiene una importancia tal que pudiéramos afirmar que es repaso obligatorio para cualquier análisis sociológico, histórico y jurídico de la sociedad occidental. Esta incluso ha moldeado el pensamiento jurídico en grandes etapas de la historia. En Latinoamérica y Europa esta fue el fundamento de gran parte de la conciencia de la población, logrando crear una cultura que por muchos años guío el diseño jurídico de diversos países. La Iglesia católica durante muchos siglos se constituyó como el poder más grande dentro de Europa. Así pues, durante los siglos V y XV la religión definió parte fundamental de las actividades de El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19. 155 �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. la población, gran parte de la población se componía de candidatos seleccionados al bautismo y estos eran preparados para dar un paso a ser evangelizados o convertidos a la fe. Durante la primera etapa de la Edad Media el bautismo de los niños se generalizó y por tanto las conversiones se realizaban en masa hacia los pueblos. Esto tuvo como consecuencia que la voluntad de los jefes de cada esfera social fuera la norma máxima y la inclusión de pastores laicos no eran los suficientes para corregir diversos errores que ocasionaban estos últimos. El analfabetismo era una característica principal de la población cristiana y de estos saldrían muchos de los sacerdotes que componían gran parte de las figuras de autoridad en la sociedad (De Pablo Maroto, 1997, pp. 121-185). Es importante señalar que la población, al desarrollarse con una influencia religiosa, trae como consecuencia un diseño social basado en ella. La Edad Media pese a todas sus aportaciones, constituyó uno de los episodios más atroces de la humanidad, sin embargo, autores cómo De Pablo señalan que, para otros, representó una forma de mirar la evolución humana. Esto debido a que precisamente el cambio de paradigmas establecidos antiguamente forjó un nuevo dogma que se incrustaba en la base primordial del Estado (De Pablo Maroto, 1997, 121-185). La religión católica inclusive forjó una de las etapas de la soberanía del Estado, en donde la figura de esta, representaba la máxima potestad, la cual posteriormente sería sobrepasada por la figura del rey que haría una contundente auto asignación al definirse a sí mismo como El Estado debido a su triunfo sobre la gran autoridad de la Iglesia y de los señores feudales que durante esta etapa constituían las voluntades máximas, minimizando la figura del rey y pasando significativamente por encima de ella (Tena Ramírez, 1978, pp. 39-43). Posteriormente dentro del siglo XIX la colonización de los países europeos en América generaría pequeñas sociedades que mezclarían parte de sus tradiciones culturales con la imposición del catolicismo. Esto produciría una nueva etapa de la humanidad en donde la imposición tanto del castellano, costumbres y religión, formarían un nuevo modelo social que no era completamente puro a comparación de los países católicos de Europa, pero que logró dar una nueva visión a la práctica de la religión. Examinar la historia principalmente de los países latinoamericanos es ver un reflejo del inicio del proceso evolutivo de la experiencia europea. Las colonias poco a poco lograrían realizar sus revoluciones y modificarían la potestad generada por sus colonos para lograr crear nuevos diseños de Estado (con bastantes fallas). Dichos Estados querían desapegarse de lo que sus antiguos conquistadores diseñaron, pero que al final solamente lograron ser un nuevo reflejo con diversas mutaciones de lo que ya había sucedido en el viejo continente. El arte, la cultura, las prácticas sociales, costumbres, política, economía, todo en América se basaba en la experiencia del catolicismo como pilar fundamental. Por muchos años el constitucionalismo 156 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. en América, estableció como religión única y oficial la católica. Incluso en la Constitución de 1824 de México se establecía en el artículo 3 a la religión católica, apostólica y romana como la religión de la nación mexicana. Además, el preámbulo de la constitución definía la creencia de que Dios era el “Supremo legislador” de la sociedad (Hernández Gaona 1993: 391). Con el paso del tiempo, a pesar de que la religión católica se convirtió en la fe predominante de América Latina, las distintas creencias se han vuelto más permitidas. La sociedad multi-religiosa provocada por la inmigración y misiones realizadas por la propia iglesia, trajo consigo el problema de reconocer la libre religión tanto en el aspecto individual como en el colectivo. El arraigo a las tradiciones y dogmas generó polémica en la transición del Estado plenamente católico al laico, las leyes poco a poco se fueron adaptando hasta cambiar aquellas costumbres legislativas y argumentativas que se centraban en la ideología generada por el catolicismo. La prohibición de preferencias sexuales distintas a la heterosexualidad, el rol de la mujer, inclusive el rol del propio hombre, estaban influenciados de manera constante por las ideas religiosas y ortodoxas heredadas por generaciones, sin embargo, las nuevas realidades, problemáticas y la nueva forma de ver al Estado generaron una conciencia más tolerante hacia estos (Osuchowska, 2014, 64-86). Gran parte de los Estados reconocieron el respeto de otras religiones y adecuaron su sistema al principio de laicidad, con la finalidad de no influir en la conciencia tanto individual como colectiva de la población y así permitir el libre desarrollo de la personalidad de cada una de las personas. En la actualidad el papel de la religiosidad representa parte de la evolución dentro de la modernización, haciendo que la concepción tradicional haya cambiado en gran parte de los países que se concebían como católicos. Esto permitió a la libertad de culto darles a los países una visión más integral y menos discriminatoria, creando así, una mayor convivencia y respeto hacia los demás. 2.- MÉTODO Diseño Para cumplir el objetivo del presente trabajo se empleó un diseño metodológico consistente en la recabación de documentos para su lectura y estudio. Este fue el único diseño metodológico seguido que corresponde con una técnica de investigación hermenéutica. Por tanto, las herramientas que los presentes empleamos fueron diversos documentos entre los cuales se encuentran libros de doctrina jurídica, artículos de divulgación científica y notas periodísticas que tuvieran relación con los temas propios de la El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19. 157 �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. investigación que son las medidas de restricción de movilidad y reunión, el derecho de libertad de culto y las respuestas de autoridades católicas y feligreses ante dichas medidas. De igual manera se consultaron sentencias emitidas por tribunales y decretos ejecutivos y legislativos de los países estudiados que tuvieran relación con los temas citados. Como ya se adelantaba en la introducción, los criterios de inclusión o exclusión fueron la búsqueda de países con una tradición religiosa católica. De igual forma nos enfocamos en países europeos y latinoamericanos debido a sus similitudes en cuanto a sus sistemas jurídicos, basados en el derecho continental. Instrumentos Para la presente investigación se utilizó un método de investigación hermenéutico únicamente. No se realizó un trabajo que implicara la realización de un método de investigación cuantitativo. Pese a que en el documento se mencionan algunas estadísticas, estas fueron incluidas con la intención de mostrar un panorama sistémico de la situación creada por la pandemia en los países estudiados. La razón de esto es debido a que la intención del trabajo es puramente descriptiva. Por otro lado, no se utilizó instrumento alguno más que la toma de notas para dividir las consultas realizadas por área temática y por países, agrupando sus similitudes y señalando sus diferencias. La confiabilidad de dicho instrumento es meramente aquel que puede atribuirse a la falibilidad humana, pues si bien se tuvo especial cuidado de no dejar de lado algún dato relevante o de desechar aquellos que pudieran ser innecesarios, la realidad es que los errores pueden estar ahí presentes. Además, en general el análisis de documentos puede caer en la subjetividad, pero se buscó de igual manera no dejarse llevar por prejuicios o ideales preconcebidos de los autores. Procedimientos Las fases de la investigación fueron sencillas. Primero se inició con la observación de la situación a través de noticias y posteriormente se procedió a la reunión de información por medio de artículos y libros; así mismo se consultaron diversos decretos ejecutivos y legales de los distintos países que han implementado medidas restrictivas de movilidad y reunión para hacer frente a la pandemia. Posteriormente se observó nuevamente a través de noticias y algún que otro documento oficial de las autoridades católicas la respuesta tanto de estas como de los feligreses respecto de las medidas de restricción. 158 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. 3.- DESARROLLO DEL TRABAJO La vivencia de la Fe católica en el siglo XXI antes del COVID-19. La religión católica si bien ya no es obligatoria dentro de los Estados, sigue teniendo una dominación considerable dentro de la población (El Annuarium Statisticum Ecclesiae, es un documento estadístico publicado por la Iglesia católica y en su versión del año 2017 estableció que en una población mundial de 7,408 millones, los católicos bautizados son 1,313 millones, lo que equivale al 17.7% de la población y distribuidos por continente estos son los porcentajes: 48.5% en América, 21.8% en Europa, 17.8% en África, 11.1% % en Asia y 0.8% en Oceanía.), principalmente en América siendo esta la mitad del total. Antes de la pandemia las rutinas en el ejercicio de la religión católica se organizaban conforme a un calendario semanal, distribuyendo las misas y otro tipo de actividades de los días, a donde acudían miles de creyentes. De igual forma, las tendencias de las prácticas religiosas en nuestro siglo variaron notablemente, los procesos religiosos al igual que costumbres sociales no se mantienen de la misma forma, por lo que los antiguos sacrificios realizados, en nuestros tiempos representan más una alegoría que un requisito real para practicar el catolicismo. El ejercicio de estas prácticas tuvieron que adecuarse al fenómeno de la globalización que logró no solamente darle una nueva visión a la institución de la religión, sino que también permitió que esta no se ahogara en un marco de tradiciones, ritos y costumbres antiguas que no se ajustaran a la realidad actual, así pues, el catolicismo obligatorio y recalcitrante que se metía en el desarrollo de la personalidad del individuo mutó, de tal forma que se volvió un componente en donde las personas por medio de su voluntad practican la religión. En el siglo XXI ciertas ceremonias siguen presentando de forma inconsciente una influencia del catolicismo que durante muchos años perduró. Los bautizos, las bodas, misas en honor a los difuntos, reuniones de carácter más social, retiros espirituales, son solo algunas pocas de las muchas de las actividades que los fieles realizan en su propia libertad y que llevan a cabo cotidianamente haciéndola parte elemental de su vida. Sin embargo, el catolicismo en el siglo XXI presenta un declive dentro de su ejercicio, la resistencia a la actualización de los preceptos católicos y el seguimiento de la escuela ortodoxa ha traído consigo la pérdida del interés que antaño atraía a miles de seguidores. En la Europa occidental el catolicismo se muestra desvitalizado y reemplazado por varios grupos carismáticos de carácter protestante. Por tanto, la iglesia al momento de la elección del titular de la “Santa Sede” prefirió con Francisco rejuvenecer los ideales del catolicismo a fin de ajustarse a las necesidades actuales y realidades de la sociedad (Moran, 2016, pp. 1-40). El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19. 159 �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. Esta necesidad de revitalizarse constituyó uno de los cambios más significativos por parte de la Iglesia católica, y cambió en gran parte el desarrollo de actividades de los creyentes. Así la religión Católica se convertiría en el siglo XXI tanto para los antiguos y nuevos fieles, en un escape a las diversas realidades que cada uno experimenta en su vida, es decir, la religión si la analizamos desde cierta perspectiva, sirve para fortalecer la estabilidad mental de las personas. Es así como este rejuvenecimiento que experimenta el catolicismo es de vital importancia pues deja atrás el relativismo moral de Benedicto XVI y da paso a una nueva cultura y prácticas impulsadas por el nuevo pontífice para atender a la concepción de la iglesia de los pobres, una especie de democracia que se centraría en el amor, simplicidad, intelectualidad, el perdón y dejar a un lado los señalamientos hacia grupos vulnerables que tenían un protagonismo nulo dentro del ejercicio de esta religión. Así la iglesia, se presenta como una especie de recinto reformador que puede atender a miles de personas, y por tanto ellas, pueden desenvolverse adecuadamente como si se tratara de una especie de terapia psicológica ante las adversidades de la vida cotidiana, de nueva cuenta, recordemos que la humanidad vive sumida en un campo rutinario que cada vez se deshumaniza más, las intensas jornadas de trabajo cansan la mente de cada uno de los y las trabajadoras tomando el control completo de sus días, por lo que las actividades en materia de culto, constituyen una salida y nueva esperanza para ellos (Moran, 2016, pp. 1-40). El derecho a profesar la fe y el derecho a la salud pública. La actual contingencia sanitaria ha traído consigo diversas problemáticas que, en su momento no se planteaban en la consciencia ni de la población ni de los titulares de los diversos poderes del Estado. Estas han quitado la venda de los ojos a miles de juristas que alrededor del mundo establecían su modelo como uno complejo y que se aterrizaba a las necesidades sociales, lo que claramente era más un espejismo que realidad. El derecho de profesar la fe es uno de los derechos fundamentales que ha colisionado con el derecho a la salud pública, y que ha dejado diversas interrogantes sobre cómo debe de actuar la comunidad creyente ante esta situación. Profesar la fe de forma libre, ha sido un proceso evolutivo que ha pasado por diferentes etapas. Si bien, las personas realizaban actos tendientes a expresar su religión, esta era condicionada, debido a que eran los propios gobernantes los que establecían que religión se tenía que seguir. La Paz de Augsburgo firmada el 25 de septiembre del año de 1555 durante la mitad del siglo XVI, trataría de 160 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. propulsar la libre religión, este acuerdo realizado entre católicos y confesionalitas, tendría como finalidad el poder alcanzar un grado mayor de paz religiosa, al reconocer el pluralismo religioso en aquel contexto histórico (Vera Urbano, 1983, 509-514). Si bien, este pluralismo se encontraba un tanto delimitado por la voluntad del señor feudal hacía sus súbditos, la intención era crear un ambiente de calma ante las constantes luchas por motivos de religión. Así pues, por medio de este tratado, los Estados se obligaban no sólo a respetar la religión de las personas a su cargo, sino que, además reconocían la existencia de otra cosmovisión religiosa diferente a la suya. Con lo anterior igual evitaban influir en ella, y crear cierto grado de diplomacia ante algún conflicto. En este sentido, el contexto es de vital importancia para delimitar una posible solución, en el presente supuesto, hablamos de una época, donde evidentemente la noción de libertad era más un ideal, sin embargo, este antecedente fue de vital importancia, puesto que como recordamos, la religión era uno de los mayores motivos de desplazamiento al igual que el comercio, por lo que la concurrencia de devotos en un mismo lugar era muy común, pues el ejercicio de profesión de la fe es en mayoría, un acto de índole colectiva, que si bien parte de una espiritualidad interna, se expresa en gran medida en conjunto con otras personas afines a ella. En el contexto de esta colisión de derechos, podemos tomar de referencia ciertos artículos y casos en los que esto se ha visto contrapuesto y como la argumentación en la interpretación de estos derechos recae mucho en el contexto del que se trate. En primer lugar, tendríamos la problemática que nace de analizar ciertas posturas en relación con la religión y la salud. En este sentido, algunas corrientes religiosas en Latinoamérica dan significado a los malestares percibidos hacia la persona desde esta perspectiva de la noción del espíritu, persona, estado de la psique y otros más. Por lo que la cura, según esta visión viene del espíritu, la psicología y el cuerpo. Por tanto, el someter enfermos a profesionales de la salud debe de ir en conjunto con un grupo de médicos y psiquiatras además de reintegrarlo a la comunidad religiosa (Giménez Béliveau et al. 2018, pp. 153-159). Dentro del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Convenio EDH) en el artículo 9 se establece la libertad de pensamiento, conciencia y religión y este establece los límites de su alcance, así como las restricciones. El artículo establece la prohibición de restringir este derecho por motivos que no sean óptimos para preservar principios fundamentales en la democracia del respectivo país, por lo que sí es permisible establecer restricciones que tengan como objetivo la protección de los principios de estas sociedades, y uno de estos principios es la salud pública. Por tanto, es válido según el Convenio establecer restricciones en este sentido, pues la legitimidad radica en entender que son necesarias las suspensiones de ciertos eventos de índole religiosa con motivo de preservar la salud pública. Considerando lo anterior, El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19. 161 �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. es factible que los Estados establezcan limitaciones, pero también lo es, fundamentar la decisión en un contexto adecuado, por tanto, la situación de emergencia actual y que ha cobrado miles de víctimas puede ser tomada como legítima ante el riesgo que conlleva permitir la realización de estos eventos en la salud de las personas. Como sabemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en conjunto con el Convenio EDH ha desarrollado el concepto de margen de apreciación amplio en cuanto a las limitaciones de ciertos derechos y los mantiene sujetos a tres fines distintos. El primero de ellos es que se encuentre previsto en una ley, el segundo que siga una finalidad legítima y el tercero que sea necesario en una sociedad democrática (Legg, 2012, 186). Teniendo estos tres supuestos, lo que queda es desarrollar la argumentación con base al contexto actual de la emergencia sanitaria, por tanto, el primer punto al hablar de la previsión en una ley sería válido puesto que casi todos los Estados en Europa dentro de sus finalidades primordiales es la protección al derecho de salud y más si se trata de una pandemia que afecta no solamente a la legalidad de una norma, sino que va más allá de ella al poner en peligro de contagio a miles de personas. En segundo lugar, la finalidad legítima, se ha ido estableciendo por el Tribunal el justificar dichas limitaciones en el sentido que de reconocer algún acto derivado de una comunidad o convicción religiosa que ponga en peligro la seguridad pública está plenamente justificada. Al final, entonces tendríamos la necesidad de la restricción o limitación en una sociedad democrática la cual se argumenta a favor de la libre religión al preservar el pluralismo, sin embargo, al tratarse de un riesgo potencial el practicar estas actividades pone seriamente en una situación vulnerable a las personas que convivan cerca de estas comunidades. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala dentro de su artículo 12 la libertad de conciencia y de religión, y en el mismo sentido que el Convenio EDH señala la prohibición de limitar este derecho excepto cuando se trate de una cuestión necesaria para proteger la seguridad, el orden y la salud. Por tanto, la legitimidad de dichas restricciones es válida al limitar el ejercicio de este derecho a fin de preservar la salud pública. En este sentido, el establecer el derecho a la salud como un límite a la libertad de religión sería completamente válido debido a las posiciones anteriormente descritas. Cabe señalar que estas restricciones van de la mano con las consideraciones de los Estados a fin de preservar la salud como lo puede ser el suspender ciertos eventos sociales, públicos y tomar la vía de dispositivos online como forma de llevarlas a cabo por lo que una restricción al acceso a estos medios no estaría justificada, debido a que el peligro potencial de contagios es por medio de vías presenciales y no de conexión remota. 162 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. Queda entonces la discusión más bien, de si los Estados deben de aportar medidas que contribuyan al ejercicio no presencial de estas comunidades y personas, debido a que como se dijo antes, este tipo de actividades conforman parte del libre desarrollo de la personalidad y determinación de cada una de las personas, sin contar el hecho de lo que esta fe representa para muchas otras, al ser un escape y medio terapéutico para sobrepasar las desgracias y conflictos del diario o bien, disfrutar de la esperanza que se deposita en ellos. Las medidas de restricción de movilidad y el derecho de profesar la fe: Breve panorama comparado. Ya se han presentado algunas consideraciones sobre lo que implica el derecho a profesar la fe y su relación con el derecho a la salud pública. Así pues, se concluyó que es completamente justificable limitar el derecho de culto en ciertos momentos de necesidad como el presentado por la pandemia. Ahora hablaremos sobre el impacto que han tenido las medidas de restricción de movilidad en el derecho que tienen las personas a profesar una religión. Como ya se anticipó en la introducción, profesar una religión no significa únicamente ser libre de tener una creencia determinada, sino que implica el derecho a practicar los ritos de culto y mostrar dichas creencias frente a terceros, como lo ha establecido el Tribunal Constitucional español (Trib. Const., sentencia núm. 177/199, 11 noviembre 2020: Fj 9). Ante el escenario de pandemia que se ha venido viviendo a nivel mundial, por lo menos desde el mes de febrero de 2020, casi todos los países del mundo han establecido medidas de restricción de movilidad y de reuniones grupales. La libertad de profesar una religión no sólo se vive en la intimidad, sino que es un acontecimiento social y público. Por tanto, las mencionadas restricciones han afectado también el citado derecho. De los decretos o acuerdos que se han emitido, algunos de ellos hablan expresamente de las prácticas religiosas y otros sólo lo dejan implícito al mencionar la prohibición de reuniones de manera general. Cabe señalar que, aunque el presente trabajo se enfoca en la vivencia de la fe católica, las restricciones corresponden a todas las denominaciones religiosas en general. A continuación, se señalan de forma breve las situaciones que algunos países europeos y latinoamericanos han enfrentado con el inicio de la pandemia, como cada uno respondió a la misma y cómo estas respuestas afectan el derecho de libertad de profesar la religión. Alemania En el país de Europa Central el primer caso de coronavirus se registró el 27 de enero del año 2020 en el estado federado de Baviera, en donde se ha registrado la mayor concentración de casos del virus. En El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19. 163 �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. Alemania al 13 de mayo del año en mención se habían registrado 7,634 muertes, de las cuales 2,209 fueron en Baviera. Todavía a marzo de 2021 los casos de coronavirus siguen siendo constantes e incluso van en aumento de unas semanas a otras, siendo, por ejemplo, que al 5 de marzo se habían registrado en el país 10,580 nuevos casos a comparación de los 9,997 de la semana pasada (The Local, 2021). Ahora bien, Alemania se encuentra en una situación intermedia entre la separación de la Iglesia y el Estado y lo que se denomina un Estado Eclesiástico. Esto se puede apreciar en el hecho de que en el país las denominaciones religiosas con mayor presencia e incluso aquellas que no tienen tanta, pero cuentan con una importancia tienen el estatus de corporaciones de derecho público (Berkman, 2020, p. 180). En Alemania se cuenta con la Ley de Prevención y Control de las Enfermedades Infecciosas en los Seres Humanos (Infektionsschutzgesetz - IfSG). Esta ley en su artículo 28 establece que la autoridad competente puede restringir o prohibir eventos públicos u otras reuniones de personas bajo ciertas condiciones. Ahora bien, esta ley federal debe ser implementada por cada Land alemán y así el 16 de marzo de 2020 el Gobierno Federal y los primeros ministros de los Länder promulgaron un acuerdo denominado Directrices para Frenar la Propagación del Coronavirus (The Federal Goverment, 2021). En la directriz número III de este acuerdo se nos dice específicamente, que además de otras reuniones de carácter recreativo o educativo, las reuniones en iglesias, mezquitas o sinagogas, así como las reuniones de otras comunidades religiosas, deben ser prohibidas. Las restricciones para poder acudir a los centros de culto trajeron consigo diversas demandas y acciones judiciales. Sin embargo, de todos los casos que fueron presentados a la Corte Constitucional Federal alemana, sólo uno de dichos casos prosperó. Este fue el de una asociación de mezquitas islámicas de Baja Sajonia, que se decidió en la sentencia 1 BvQ 44/20. En dicho asunto un feligrés musulmán solicitaba el poder acudir a su mezquita local los viernes durante el mes del Ramadán para poder realizar sus oraciones. A criterio del tribunal, el reglamento que impedía el acudir a los templos era inválida puesto que las autoridades deben de dar la posibilidad de revisar el caso concreto y determinar si en efecto se pueden llevar a cabo ciertas actividades con las medidas pertinentes. Por lo tanto, no es válido que la prohibición sea absoluta, como en el caso del reglamento reclamado, sino que estos documentos de restricciones deben tener la posibilidad de que en circunstancias particulares se pueda acudir a los templos (Tribunal Constitucional Federal, 1 BvQ 44/20, 29 abril 2020: párr. 16). Otros asuntos presentados en tribunales locales no llegaron a un estudio del fondo, pues se relacionaban con cuestiones de medidas provisionales. Diversos cuestionamientos se han presentado 164 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. sobre las restricciones, como el hecho de si valía o no la pena pronunciarse sobre la validez o no de las medidas si las organizaciones religiosas ya habían cancelado los servicios de culto. Al final, en cada una de las decisiones de los tribunales el consenso parece estar en salvaguardar el derecho a la salud limitando en la medida de lo posible las manifestaciones públicas religiosas (Berkman, 2020, pp. 185 y 186). España En España el primer caso registrado de COVID-19 se dio a conocer el 31 de enero de 2020 en la isla de La Gomera, nueve días después se dio a conocer otro caso en Palma y fue el 24 de febrero cuando se detectaron los primeros casos en la península en la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana (Arroyo, 2020a). Con el paso de los días los contagios sólo fueron aumentando hasta superar los 4200 casos positivos de entre los cuales 120 personas fallecieron de acuerdo con el Ministerio de Sanidad (Arroyo, 2020b); fue entonces que el gobierno decidió tomar medidas. El gobierno español promulgó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, “por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”. Con este estado de alarma se decretaba por quince días la restricción de casi todas las libertades de movimiento y producción económica, entre las restricciones se encontraban también prohibidas las reuniones públicas (Fernández Riquelme, 2020, p. 15). A la anterior declaración le siguieron otras que modificaban o prorrogaban la misma, a saber, y como lista más bien ejemplificativa antes que extensiva podemos mencionar: el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020; el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020; el Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020; el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020; y el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19. En lo que se refiere a cuestiones de culto el Real Decreto contempló las mismas en su artículo 11. Este artículo hablaba no sólo de las ceremonias religiosas, sino también las civiles y a diferencia de lo que se pueda pensar el mismo no prohibía dichas celebraciones, sólo las condiciona a las medidas de sanidad decretadas y que los asistentes respeten la sana distancia de al menos un metro. Así mismo, en el anexo de lugar que deberán permanecer cerrados no se citan templos religiosos, por los cuales estos El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19. 165 �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. en teoría podrían seguir siendo visitados, sin embargo, se debe entender que, de acuerdo con las otras estipulaciones del Real Decreto, las concurrencias a dichos lugares deberían ser menores. Cabe destacar que a pesar de que con posterioridad el gobierno español continuó emitiendo modificaciones a sus decretos para ajustarse a las situaciones ocasionadas por la pandemia hasta el momento la resolución inicial respecto a las ceremonias civiles, de culto y religiosas no ha cambiado, se deben seguir adoptando las medidas pertinentes al momento de realizar dichas ceremonias. Otros documentos destacados en relación con las restricciones de movimiento y la libertad religiosa son la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que en su artículo 5 autoriza nuevamente los velatorios y entierros con límite de personas que participen en dichas actividades. Por su parte en el artículo 6 se permite la asistencia a lugares de culto siempre y cuando no se supere un tercio del aforo del recinto y se sigan las medidas de higiene. A esta orden sigue la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, que en su artículo 9 establece reglas para cuando el aforo de un recinto de culto no estuviere claramente determinado. Por último, tenemos la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, que en su artículo 9 amplía la capacidad de asistencia al 50 por ciento del aforo del recinto de culto. Italia Italia fue el primer país europeo en confirmar un caso de COVID-19 en la ciudad de Codogno, Lombardía el día 21 de febrero de 2020. Con este primer caso confirmado se da por iniciada oficialmente la pandemia en Europa y así Italia se convirtió en uno de los países más golpeados por el nuevo tipo de coronavirus. A un año del inicio de la pandemia las autoridades han reportado que se tienen registrados al menos unos 2,800 millones de contagios y más de 95,000 fallecimientos. A febrero de 2021 se estima que la tasa de contagio diaria es de 636 casos por cada 100,000 habitantes. En el país se empezaron a tomar medidas para hacer frente a la pandemia desde el cinco de marzo cerrando centros educativos, el 8 de marzo se 166 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. decretó a toda la región de Lombardía y otras catorce provincias más como zonas rojas y finalmente el 9 de marzo Italia se convirtió en el primer país del mundo en confinar todo su territorio (Tori, 2021). El documento que puso a todo el país europeo en cuarentena fue el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 9 marzo 2020, que estipulaba en su artículo 1.2 que estaban prohibidas en todo el territorio nacional cualquier reunión de personas en lugares públicos o lugares abiertos al público. Ahora bien, dicho decreto sólo hace extensiva la restricción a toda la nación, pues es una ampliación de las disposiciones del Decreto-ley núm. 6, de 23 febrero 2020 y del Decreto del Consejo de Ministros de 8 marzo 2020. Es en este último decreto donde se establecen todas las medidas que restringen la movilidad y las reuniones. Los eventos de carácter religioso también están contemplados específicamente en el artículo 1.1.g), donde se decreta su suspensión, junto con otras actividades de la vida cotidiana de las personas. Por otro lado, el decreto citado señala también lo conducente en cuanto a la apertura de lugares de culto. En el artículo 1.1.i) se nos dice que dicha apertura estará condicionada a la adopción de medidas de seguridad como el evitar aglomeraciones de personas y respetar la sana distancia establecida de 1 metro. Finalmente, en dicho artículo se nos dice también que quedan suspendidas las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las funerarias. Brasil En Latinoamérica Brasil es el país que más ha sido golpeado por la pandemia, esto debido a la falta de una respuesta eficaz del gobierno para hacer frente a la situación desde que se confirmaron los primeros casos, según diversas opiniones (Gilbert, 2021; Royo Gual, 2021). De hecho, el país sudamericano es a marzo de 2021 el segundo país con más muertes registradas a causa del COVID-19, con una suma de 270,656 defunciones, sólo después de Estados Unidos. Se estima que el 21 por ciento de todas las muertes ocurridas en el mundo por la pandemia se encuentran registradas en este país (Redacción BBC News Mundo, 2021). En dicho país se decretó el 6 de febrero de 2020 la Ley 13,979, que establecía medidas preventivas para hacer frente a la emergencia de salud pública derivada de la pandemia que se empezaba a vivir. Dicha ley en su artículo 3 estableció cuales eran las posibles medidas que debían implementarse por parte de las autoridades en la esfera de sus competencias. Entre estas se encontraban el aislamiento, la cuarentena y la realización de exámenes médicos o cualquier otro procedimiento de naturaleza clínica El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19. 167 �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. para determinar o salvaguardar la salud de las personas. En la primera versión de esta ley no existía una disposición específica que hablara de las actividades religiosas, sin embargo, a la misma se le fueron adicionando nuevos artículos y disposiciones entre las cuales se hace referencia cuestiones religiosas. La Ley 14,019 de 2 julio 2020 modificó la primera a la que se hace referencia y adicionó el artículo 3-A, que decreta la obligatoriedad de usar cubrebocas para circular en espacios públicos y privados con vías de acceso públicas, así como en el transporte público. Además, en la fracción III de dicho artículo se establece el uso obligatorio del cubrebocas entre otros lugares, los templos religiosos. Por otro lado, la Ley 14,023 de 8 julio 2020 añade medidas para asegurar la salud de los profesionales considerados esenciales en el control de enfermedades y mantenimiento del orden público. Entre ellos se lista en el § 1, fracción XX a aquellos trabajadores de los servicios funerarios y autopsias, actividades que se encuentran relacionadas con el ámbito religioso. En las leyes anteriormente citadas no se habla específicamente de un confinamiento o restricción de reuniones obligatorios, sólo se enuncian las medidas que se pueden tomar para evitar la propagación de la pandemia, por tanto, se entiende que, al menos formalmente las actividades religiosas sólo están condicionadas al seguimiento de las medidas sanitarias de prevención. Colombia Muchos países latinoamericanos han sido golpeados por la pandemia de forma similar, Colombia es un país que debido a esta situación ha tenido que enfrentar una crisis política, económica, social y de salud sin precedentes. El primer caso se confirmó en una rueda de prensa el 6 de marzo de 2020, siendo la primera paciente una mujer joven que provenía de Europa. Sin embargo, mientras se anunciaba esto ya se conocía de otros casos de coronavirus en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cartagena y Huila. A marzo de 2021, en Colombia se tiene un registro de 2,314,154 personas contagiadas, una cifra muy similar a la de otros países latinoamericanos como México y Argentina. La cifra de personas fallecidas varía, pues en Colombia los decesos 61,498, han sido menos que los de México y un poco mayores que los de Argentina, por ejemplo (Semana, 2021). Para hacer frente a la pandemia en Colombia, se expidió el Decreto 457/2020, de 22 marzo 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, el cual regula las medidas de aislamiento del país durante la cuarentena decretada. En dicho decreto el artículo 1 estipula los horarios desde que 168 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. comienza el confinamiento hasta la tentativa fecha y hora en que finalizaría el mismo. Por su parte, el documento también señala en su artículo 3 que, para garantizar el derecho a la vida, las autoridades gubernamentales deberán permitir la circulación de las personas para realizar determinadas actividades. Entre dichas actividades destacan las señaladas por el apartado 9, que menciona las actividades funerarias, entierros y servicios fúnebres, así como el apartado 29 del mismo artículo que señala las actividades humanitarias y de ayuda espiritual. Como se señaló, en Colombia no se restringió la asistencia a los templos o recintos de culto, sin embargo, sí se decretaron medidas de sanidad que en realidad son recomendaciones. Estas se estipularon en un documento denominado Recomendaciones para la prevención y contención del coronavirus (Covid-19), en el sector religioso, emitido por la Mesa Nacional de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. En el citado documento se detallan las medidas que se deben de llevar a cabo durante las ceremonias religiosas, como evitar el tocamiento de manos entre personas, el uso del gel antibacterial, la desinfección de los instrumentos para los ritos o la evacuación rápida del recinto una vez finalizada la ceremonia. Cabe señalar que este documento, aunque es de carácter general tiene una inclinación implícita hacia las denominaciones cristianas. México En México, el primer caso positivo de COVID-19 se registró el 27 de febrero, por su parte el primer fallecimiento se registró el 18 de marzo, tres semanas después (Animal Político, 2020). Para dar respuesta al creciente número de contagios y de fallecimientos se publicó primero en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia” y el mismo día, de conformidad con dicho acuerdo la Secretaría de Salud decretó la Jornada Nacional de Sana Distancia, que se extendería hasta el 30 de mayo. Además de lo anterior cabe señalar que la Secretaría de Gobernación mediante el comunicado núm. 034/2020, de 31 marzo 2020 exhortaba a los centros de culto a suspender sus actividades (Gobierno de México, 2021). Tras el periodo establecido se dio inicio a lo que se denominó nueva normalidad, acompañada de un método de medición de riesgo en forma de semáforo epidemiológico, el cual maneja cuatro colores: rojo, naranja, amarillo y verde. Dicho semáforo empezó con todas las entidades del país en rojo, para posteriormente el 12 de junio señalar doce estados en color naranja. Dicho semáforo ha traído consigo El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19. 169 �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. críticas por parte de cierto sector poblacional y algunas autoridades de las entidades federativas. En un video publicado por el portal de noticias Animal Político se declaró que, de acuerdo con las estimaciones, en las próximas semanas a su publicación (20 de agosto) en México se rebasaría el número de muertes en 60 mil. Lo anterior tras sólo seis meses de pandemia (Animal Político, 2020). La Jornada Nacional de Sana Distancia no tuvo la fuerza que se buscaba para hacer frente a la pandemia por lo que algunas autoridades de las entidades federativas decidieron promulgar sus propios decretos de restricción de movilidad para hacer frente a la pandemia, como por ejemplo el estado de Veracruz que publicó un decreto de fecha 7 de mayo de 2020, denominado “Decreto por el que se determinan medidas temporales de inmediata aplicación para reducir la aglomeración y movilidad inusual derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz”. Otro ejemplo es el de Coahuila con el “decreto por el que se emiten las disposiciones relativas a la movilidad de las personas en el Estado de Coahuila de Zaragoza durante la contingencia COVID-19” del 22 de abril. Ahora bien, dentro de los múltiples folletos e información dada por parte de la Secretaría de Salud y del gobierno no se mencionó alguna medida relativa a ceremonias religiosas o de culto. En este sentido las medidas se limitaron a informar que se suspendían las actividades no esenciales que involucraran la congregación o movilidad de personas y que se sustituirán por actividades que promuevan la sana distancia (Secretaría de Salud, 2020). En este caso se puede entender que los ritos religiosos, incluidos los católicos son actividades no esenciales, así lo entendieron las autoridades que decretaron el cierre de los templos (Corpus Flores, 2020, p. 41). Las respuestas de los fieles: Entre acomodo y peticiones. Una vez visto cómo distintos Estados han respondido ante la pandemia del COVID-19 y la repercusión que las medidas tomadas han tenido sobre la libertad de culto, pasaremos a hablar sobre cómo se han vivido las restricciones por parte de las autoridades eclesiásticas y los feligreses. Primero que nada, hablaremos de la renovada religiosidad y las nuevas formas en que se está viviendo esta y posteriormente se hablará de casos en particular. Estos casos en particular son muestras tanto de la aceptación de las medidas restrictivas como de la disconformidad y desobediencia a las mismas. La religión es uno de los aspectos de la vida al que más recurren las personas cuando se enfrentan a experiencias dramáticas como el enfrentar peligros que amenazan la vida misma. La pandemia 170 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. provocada por el COVID-19 resulta ser una de esas experiencias dramáticas, por lo tanto, no resulta extraño corroborar que desde empezada la pandemia gran parte de la población haya acudido al consuelo que ofrecen las religiones, como la católica. Desde los primeros meses de la pandemia se ha detectado un incremento en la religiosidad en diversos países en el mundo. En una escala global se ha detectado un incremento del 50% de búsquedas en Google relacionadas con rezos a comparación de los días anteriores a la llegada del COVID-19. En una escala menor, un cuarto de la población adulta en Estados Unidos ha afirmado que su fe se ha incrementado debido a la pandemia de acuerdo con una encuesta del Pew Research Center. La situación cambia de acuerdo con los países pues mientras que en Italia se ha encontrado un incremento en la oración, en Países Bajos la cantidad de esta parece no haberse visto afectada (Molteni et al., 2021, p. 705). Por su parte, debido a la cancelación de las celebraciones eucarísticas o fiestas religiosas como las de la Pascua la vivencia personal de los fieles se modificó rotundamente. En este sentido la tecnología resultó ser un importante aliado pues fue a través de las transmisiones en facebook o en otras plataformas digitales, los fieles podían unirse a las oraciones del rosario o sintonizar la misa dominical desde sus casas. Por otro lado, grupos pastorales o diocesanos, sacerdotes y obispos crearon grupos de WhatsApp para vivir y compartir la fe (Rodríguez Olivera, 2020, 82). Cabe destacarse que, además, los tiempos que se dedican al culto se flexibilizaron; en segundo lugar, la incertidumbre provocada por la pandemia y todas sus repercusiones hacen más necesaria la comunicación con el ser divino; en tercero podemos señalar que los medios digitales ayudan a acercar al feligrés a figuras de liderazgo y así mismo, aunque parezca paradójico traen consigo la menor necesidad de intermediarios (Corpus Flores, 2020, pp. 44). Además, a través de entrevistas que se han realizado con personas practicantes de la fe católica se observa que muchas de ellas se han adaptado e incluso han encontrado mayor fuerza y unión familiar debido a la renovada religiosidad que se ha vivido a nivel mundial. También se han hecho más comunes las actividades de ayuda a los más necesitados (Rodríguez Olivera, 2020, pp. 88 y ss.). Ahora bien, la respuesta de las autoridades eclesiásticas fue en general acorde con las disposiciones que decretaron los gobiernos. De hecho, en Italia, el Papa Francisco anunció que las ceremonias relacionadas con la Pascua católica se realizarían en la Basílica de San Pablo como es acostumbrado, pero sin asistencia por parte de los fieles y que serían transmitidas a través de los medios digitales (San Martín, 2020). En el mismo país otros párrocos como Don Andrea Vena, sacerdote de la El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19. 171 �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. ciudad de Venecia han recurrido a prácticas creativas como subir a una camioneta y comenzar a bendecir a la población a través de un megáfono (Roberts y Stamouli, 2020). En Colombia por ejemplo la Conferencia Episcopal emitió un comunicado manifestando su apoyo a las medidas interpuestas por el gobierno. Pidiendo así a la comunidad que mantuviera la calma y a aquellos feligreses que presentaran síntomas se les conmino a que no asistieran a misa. Sacerdotes de Colombia señalaron que las medias son consideradas por la Iglesia como sabias y prudentes, así mismo han reiterado la importancia que tienen para los sacerdotes la dignidad y el cuidado de las personas (Redacción Vida, 2020). En Paraguay sucedió algo similar, pues hasta el 8 de 2020 los fieles católicos podían continuar acudiendo a las celebraciones eucarísticas, para lo cual la Conferencia Episcopal Paraguaya emitió un protocolo que contenía medidas de seguridad e higiene durante las celebraciones religiosas. Sin embargo, cuando en el país aumentaron los contagios y las restricciones de movilidad por parte del gobierno fueron más severas, la misma Iglesia hizo un llamado a los feligreses con el slogan “quédate en casa”, avocándose al uso de las redes sociales para continuar con su labor (Rodríguez Olivera, 2020, p. 83). En México hubo también un ambiente de cooperación de las autoridades religiosas con las disposiciones gubernamentales. La Conferencia del Episcopado Mexicano, por ejemplo, publicó el Comunicado COVID-19 Emergencia Sanitaria, de 16 marzo 2020 (Conferencia del Episcopado Mexicano, 2021), en donde se ordenaba a los obispos del país suspender encuentros de grupos numerosos y las celebraciones de las misas. Por otro lado, pide que se facilite en la medida de lo posible la transmisión de las misas a través de plataformas digitales y medios de comunicación públicos y privados. La labor de las autoridades eclesiásticas no sólo es de guía espiritual, sino que, debido a su fuerte influencia en las convicciones de sus feligreses, también tienen una labor de guías en lo que las personas deberían o no hacer. Las opiniones de los sacerdotes son muy importantes para muchos, por eso destaca en momentos más recientes de la pandemia la labor que se lleva a cabo en Filipinas para que la población acepte ser vacunada en contra del virus. No es extraño observar que muchas personas en el mundo tienen un recelo en contra de las vacunas. Se puede destacar, por ejemplo, el caso de Filipinas en donde aún se recuerda la controversia de la vacuna contra el dengue de 2018. En aquel momento se argumentó que la citada vacuna condujo a la muerte de más de cien personas. Es por eso por lo que, en el caso de las vacunas que se están 172 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. suministrando contra el COVID-19, la Iglesia católica ha decidido realizar una iniciativa de vacunación de sus miembros. Poniendo así el ejemplo y siguiendo ellos mismos el ejemplo del Papa Francisco que recibió la vacuna en enero de 2021, para incentivar la confianza de la población en las vacunas. Así pues, se considera que la colaboración entre los gobiernos y la Iglesia ayudará mucho no sólo en Filipinas, sino en otras partes del mundo a promover la necesidad de la vacunación, sobre todo en países con una influencia católica importante (Gopez, 2021, p. 1). Ahora bien, respecto a las manifestaciones de disconformidad o desobediencia de las medidas podemos mencionar algunos ejemplos. En Italia, en la parroquia de Santa María Mater Ecclesiae de via Solangai, en el barrio de Torrino, al sur de Roma, el sacerdote ha seguido celebrando misa. Lo que podría ser un problema de esta situación es que, en muchas de las celebraciones, aunque las personas mantienen las sanas distancias, al momento de la eucaristía, esto es la parte de la misa donde los fieles reciben el “cuerpo de Cristo”, el sacerdote no usa guantes o cubrebocas (Algañaraz, 2020). Si bien vemos que en algunos lugares la prohibición de las celebraciones religiosas no está del todo prohibida, este si deben de cumplir las medidas de seguridad decretadas. También ha habido situaciones interesantes en ciertos Estados que apelan a una fe colectiva para ser protegidos ante el coronavirus. Tal es el caso de Bolivia, cuya presidenta interina Jeanine Áñez solicitó la ayuda de Dios a través de un comunicado por la televisión y convocó al ayuno y oración por un día entero como forma de enfrentar la pandemia (El Economista, 2020). En algunos países tanto europeos como latinoamericanos se empezó a dar un pequeño movimiento de parte de reducidos grupos religiosos que exigían a las autoridades católicas, no al gobierno, la reapertura de los templos y la posibilidad de celebrar la misa. Destaca el movimiento en Europa de grupos de jóvenes austriacos, españoles, franceses y alemanes que a través de videos publicados en internet solicitaron a los obispos que les “devuelvan la Misa” (LifeSite News, 2020). Incluso algunos grupos políticos en España apoyaban las solicitudes de reapertura de templos (Rubin, 2020; Redacción Hispanidad, 2020). En Argentina, tres obispos opinaron sobre las solicitudes y las desestimaron como poco razonables, recordando a los feligreses que lo más importante en el momento era la procuración y cuidado de la salud de la población, en especial de la de riesgo (Religión Confidencial, 2020). Un suceso interesante se dio en abril y al parecer tuvo una especie de efecto dominó. Lo que aconteció fue que a través de redes sociales circuló un video donde se alegaba supuestamente la persecución policíaca por parte de la Guardia Civil en España, en contra de personas fuera de una iglesia. El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19. 173 �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. Aparentemente lo único que exigían las personas era poder acudir al templo y celebrar la misa. Este video fue utilizado por parte de grupos católicos concretos, tal vez en contra del gobierno, para señalar por una parte la intransigencia de las autoridades y por otra lo importante que es para ellos la celebración de la misa. Este video resultó al final ser sacado de contexto pues fue publicado el 14 octubre de 2019 cuando un grupo de personas quería entrar a la Basílica del Valle de los Caídos, donde estaban enterrados los restos del general Francisco Franco, algunos meses antes de que se diera en el mundo siquiera el primer caso de COVID-19 (Redacción Animal Político, 2020). No obstante, el video no tiene nada que ver con el acontecimiento de la pandemia, que parece que dio algunos frutos. Pese a que no viene a cuenta del presente ensayo resulta interesante y no está de más recordar lo importante que es la verificación de fake news en un contexto como el que nos encontramos para evitar situaciones alarmistas. Cabe decir que las anteriores situaciones son muy aisladas y los movimientos de rebeldía o de protesta en contra de las medidas de restricción, al menos en materia de profesión de fe y ceremonias religiosas, no tuvieron mucha convocatoria. La realidad mayoritaria fue, al contrario. Gracias a la comunicación eficiente entre autoridades y feligreses y sus representantes se pudo llevar a cabo la tradicional celebración de la Pasión en Iztapalapa en México, por ejemplo. Otra práctica que se modificó ante la situación fue la de las celebraciones, ya que muchos sacerdotes católicos han decidido celebrar misas a través de plataformas digitales (Corpus Flores, 2020, pp. 41 y 43). Tal es el caso, por mencionar un ejemplo, del papa Francisco que realizó diversas ceremonias durante la Pascua en el mes de abril y que aún sigue transmitiendo por medios digitales la celebración de la misa (Domènech, 2020; Vatican News, 2020). Por último, debido a la pandemia y las restricciones de movimiento y reunión que la misma trajo, se presentaron otros fenómenos sociales. Entre ellos se encuentra un nuevo concepto social denominado Hogar-Mundo. Este concepto ha tomado fuerza entre los nuevos puritanismos ligados a la religiosidad. En pocas palabras se refiere a una noción de que el ambiente hogareño, lo privado prima sobre lo público. Ya no se habla de llevar los valores familiares hacia afuera sino, una especie de hermetismo contra una “contaminación” del exterior (Gaytán Alcalá y Bernal, 2021). Por otro lado, la vivencia de la religiosidad entre las comunidades indígenas también representa un fenómeno digno de estudiarse aparte. Esto debido a las particularidades que para los pueblos indígenas representa su conexión con lo espiritual (Morayta Mendoza, 2021). 174 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. 4.- CONCLUSIONES A lo largo del presente artículo se observó como diversos gobiernos tomaron en consideración las prácticas y actividades religiosas al momento de determinar las actividades que se podían continuar realizando y cuáles actividades no eran indispensables. Algunos gobiernos se enfocaron de forma consciente a regular las reuniones y actividades religiosas, mientras que otros sólo enunciaron las restricciones sin mayores detalles. Algunos países incluso tomaron una postura de decreto de medidas que, aunque en apariencia neutras, se enfocan bastante en regular las prácticas desde un punto de vista cristiano católico, como en el caso colombiano. Estas regulaciones fueron recibidas por algunos académicos con cuestionamientos y se preguntaron si no había otra forma de tomar medidas menos restrictivas para el desarrollo de actividades religiosas y la profesión del culto. Por otro lado, las autoridades católicas recibieron con buen agrado las medidas y se adecuaron a ellas emitiendo sus propios comunicados y recomendaciones. Estas guías de actuación que coincidieron muchas veces con lo estipulado por los gobiernos fueron implementadas tanto por la máxima figura de autoridad católica, el Papa, hasta por las autoridades eclesiásticas de cada país. Por su parte la respuesta de los fieles también fue de aceptación y adaptación, puesto que, al no poder salir de sus domicilios, muchos recurrieron a otras alternativas para poder realizar sus prácticas religiosas. En cuanto a la adaptación y búsqueda de alternativas cabe señalar la importancia que tuvieron y siguen teniendo las tecnologías actuales. Como son las redes sociales y las transmisiones en vivo (streamings), así como las conferencias o reuniones virtuales a través de plataformas como Zoom (Gutiérrez y de la Torre, 2020). Ya antes de la pandemia se utilizaban este tipo de herramientas. Incluso las transmisiones televisivas y radiofónicas eran ya una realidad que la misma Iglesia incorporó en su actividad durante el Concilio Vaticano II en el año de 1959 (Navarrete Canales, 2005, pp. 321-ss.). Sin embargo, internet ha demostrado tener un impacto más inmediato e interactivo, por lo cual no es de extrañarse que se hayan fortalecido las plataformas que ya vienen cobrando fuerza en la vida secular de las personas. Ahora bien, también se observó en este trabajo que algunas figuras católicas decidieron no respetar las medidas y tomaron una actitud desafiante y de rebelión. Así mismo algunos feligreses decidieron protestar y exigieron que se les “regresara la misa”. Sin embargo, se debe reconocer que este tipo de manifestaciones son más anecdóticas que comunes y han sido pocas las personas o grupos que se han opuesto a las medidas. Se debe recordar que incluso hubo situaciones en donde circularon supuestas El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19. 175 �Vera-García., V., & Duarte-Tello., F. evidencias de manifestaciones reprimidas, las cuales terminaron siendo noticias falsas, como en el caso español. Por todo lo anterior consideramos que la problemática planteada con anterioridad fue resuelta y el objetivo del presente trabajo se cumplió. Esto es así debido a que se pudo apreciar el carácter adaptativo de la religión católica. Pues con el paso de los siglos y los años ha ido ajustándose a las necesidades de sus fieles sin comprometer o entender de forma distinta los principios sobre los cuales se ha fundado. Así mismo, lo estudiado nos demuestra que una parte significativa de la sociedad tiene un deseo importante de vivir y expresar su fe y que han sabido acomodar dicho deseo con la transformación de la sociedad empleando las herramientas que la modernidad trae consigo. Así pues, se nos muestra una idea de cómo podría evolucionar la vivencia de la religiosidad en los siguientes años. Ya que, tanto las personas como las autoridades han caído en la cuenta de que incluso a la distancia se pueden fortalecer los lazos de comunidad y en este caso de comunidad religiosa. REFERENCIAS Algañaraz, J. (2020, 27 abril). Polémica Coronavirus en Italia: dura pelea entre la Iglesia y el gobierno por las misas, que siguen prohibidas. 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El presente artículo es producto de una revisión documental cuyo objetivo consistió en establecer las características del nuevo modelo de gestión judicial en Latinoamérica. Se aplicó el método deductivo utilizando la técnica de investigación de revisión documental, el tipo de investigación es cualitativa, Como resultado de la investigación se consolida un marco literario-teórico científico, estableciendo ocho variables determinantes, las cuales fueron: eficacia, capacitación, tecnologías de información y comunicación, transparencia, especialización, unificación de criterios y la expedites. Palabras claves: Administración Pública, Comercio, Gestión Judicial, Inversión extranjera, Latinoamérica. ABSTRACT …………………………………… Fecha de recibido: 11-11-2020 Fecha de aceptado: 29-02-2021 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional Latin American countries have gradually begun to leave behind the traditional written commercial justice system, adopting an oral model similar to those used in AngloAmerican countries, which have the common law as a reference in order to increase security and certainty to its citizens and users, including foreign investors. The following paper is a product of a documentary review, whose objective seeks to establish the characteristics of the new model of judicial management in Latin America. The deductive method was applied using the documentary review research technique, the type of research is qualitative, as a result of the research, a scientific literary-theoretical framework is consolidated, establishing eight determining variables which were: efficacy, training, information and communication technologies, transparency, specialization, unification of criteria and expedites. Keywords: Commerce, Foreign investment, Judicial Management, Latin America, Public Administration Cómo referenciar este artículo: Treviño., R., R., Ortiz., T., G., & Maldonado., S., H. (2021). Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial latinoamericano. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 7(14), 181-205. https://doi.org/10.29105/pgc7.14-9 Este artículo es producto del proyecto “Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial para los negocios y la inversión en Nuevo León” Iniciado en 2016 y finalizado en 2020. 2 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. Doctor en filosofía con orientación en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesor titular de la Facultad de Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Correo: roberto_tr2003@yahoo.com.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8763-8557. 3 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. México. Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Correo: gustavo.ortiz.tellez@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4340-2232. 4 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. Maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctorante en filosofía con orientación en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Correo: hector.mldo@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0386-4253. 1 181 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 http://revpoliticas.uanl.mx/ 1.- INTRODUCCIÓN El presente estudio comprende un análisis de las características del nuevo método de administración de los juzgados orales mercantiles latinoamericanos denominado “Gestión Judicial”, el cual se enfoca en identificar los principales factores que permiten una mejora en los servicios y características que orbitan el desempeño de los casos judiciales. Un factor de suma importancia que es considerado en la inversión económica a nivel micro y macro es la eficacia en el desarrollo de los procesos judiciales del lugar donde se pretenda desarrollar el proyecto de inversión. Independientemente que los países y/o estados realicen políticas orientadas a atraer inversionistas a la entidad, en la mayoría de los casos estas políticas se ven opacadas en la medida de la eficiencia que su sistema judicial posee, alejando con ello a posibles inversores en la entidad. Así pues, el motivo de este análisis fue determinar las características esenciales que debe poseer este el nuevo modelo de trabajo para la justicia mercantil, para que este provea beneficios o ventajas que favorezcan o contribuyan a aumentar la realización de operaciones comerciales sometidos a la competencia de los juzgados orales mercantiles latinoamericanos, y mejorar la percepción del inversionista o de quien busque realizar negocios en Latinoamérica. Además de los factores generalmente considerados por los inversionistas son: el tamaño de mercado, los riesgos (políticos y económicos), la apertura comercial (a las importaciones y exportaciones), la estabilidad económica (volatilidad del tipo de cambio, inflación), las políticas comerciales (nivel de protecciones arancelarias, tasa de impuestos), y otras ventajas comparativas (disponibilidad de recursos naturales, mano de obra calificada, etc.) Según el Banco Mundial (2020) otro factor de suma importancia al desarrollar una inversión es la eficacia en el desarrollo de los procesos judiciales del lugar donde se pretenda realizar. Independientemente que los países y/o estados realicen políticas orientadas a atraer inversionistas, en la mayoría de los casos estas se ven limitadas en la medida de la eficiencia que su sistema judicial posee, alejando o atrayendo con ello a posibles inversores. Así pues, el motivo de este análisis es determinar las características esenciales de que debe esta investido el nuevo modelo de trabajo para la justicia mercantil oral, para que este provea los beneficios o ventajas que favorezcan o contribuyan a aumentar la realización de operaciones comerciales sometidos a la competencia de los juzgados mercantiles orales 182 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Treviño., R., R., Ortiz., T., G., & Maldonado., S., H. latinoamericanos, y mejorar la percepción del inversionista o de quien busque realizar negocios en Latinoamérica. Actualmente, en América latina no existen herramientas que midan la eficiencia operativa de las nuevas reglas de oralidad aplicadas a los asuntos de carácter comercial, esta investigación encuentra relevancia en ello, además la necesidad de este proyecto se justifica en razón de aglutinar evidencia teórica de los resultados prácticos de estos estructuras operativos, y describe a los posibles inversionistas las bondades de la solución de conflictos comerciales desahogados mediante modelos que operan bajo “gestión judicial” de aquellas inversiones que desafortunadamente caigan en incumplimiento de obligaciones, y justificar un elemento más para determinar la zona más ideal para realizar un inversión. La pregunta de investigación es: ¿Cuáles son las características relevantes de los modelos de gestión judicial que permiten mejorar la justicia mercantil para motivar las inversiones en Latinoamérica? Y como objetivo general: Identificar las características del nuevo modelo de gestión judicial en Latinoamérica. 2.-FUNDAMENTO TEÓRICO El desarrollo de la investigación inició con una búsqueda de documentos de investigación relacionados con el tema en bases de datos. Debido a que este modelo de Gestión Judicial es reciente, la literatura científica es escasa aún. Como resultado se encontró como antecedentes los trabajos de Linares (2008), Riego (2003) y Opazo (2014). Dichos trabajos si bien investigaban la gestión judicial, sus resultados estaban enfocados en diversos aspectos particulares. El trabajo de Linares (2008) estudió el panorama en el cual se ha desenvuelto América Latina en cuanto a las políticas públicas existentes y que poco a poco se han ido reformando para mejorar la eficacia del sistema de gestión judicial en general. Sin mencionar algún entorno o juzgado en específico, nos habla sobre la necesidad de todos los países de América Latina de reformar sus políticas, ya que el problema reside en que según su conclusión no existe un adecuado control ciudadano y parlamentario sobre la administración de las políticas públicas de justicia, en donde la falta de rendición de cuentas del Poder Judicial sobre el Legislativo trae como resultado una acumulación de poder en una sola persona, que en este caso sería el juez. Para Linares, la cuestión de la eficiencia y la rendición democrática de cuentas sigue siendo una cuenta pendiente en la gestión judicial. Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial… 183 �Treviño., R., R., Ortiz., T., G., & Maldonado., S., H. El trabajo de Riego (2003) fue un estudio comparativo entre los distintos juzgados en materia procesal penal entre los diversos países de América Latina antes y después de sus reformas en oralidad penal y el surgimiento de la gestión judicial de esa materia. En el estudio menciona sobre cómo la eficacia en los tribunales en materia procesal penal ha tenido frutos después de que al juez migrara del llamado principio inquisitivo, (en el cual el juez es el que lleva gran parte de la carga administrativa, así como la de investigación del caso al diverso modelo acusatorio. Lo anterior, según su dicho, traía como resultado una enorme carga de trabajo para el juez del modelo inquisitivo y propiciaba que se presentaran casos de anomalías debido a que los secretarios del juez, al no ser seleccionados por un organismo autónomo, sino por este mismo, permitían que se dieran con más frecuencia posibles actos de mala fe. Por último, el trabajo de Opazo (2014) fue una investigación que buscó evaluar el sistema judicial chileno en cuanto a la implementación de herramientas que le permita desenvolver sus funciones con eficiencia, esto debido a que en Chile se han implementado en los últimos años reformas para una mejoría en la gestión judicial en el país. En esta investigación el autor se dedica a estudiar las variables que han permitido un mejor funcionamiento en el Poder Judicial chileno, así como su mejoría con el paso de los años, además de utilizar literatura científica de otros países relacionados con el tema para respaldar todos los puntos que se tocan en su estudio. Características determinantes del nuevo modelo de gestión judicial latinoamericano La revisión de literatura que aborda las características determinantes del nuevo modelo de gestión judicial, dando como resultado siete características más destacables, y arrojaron resultados positivos siendo estas las variables asociadas a la eficacia, la capacitación, el uso de las tecnologías de la investigación (TIC), la transparencia, la especialización, la unificación de criterios y la expedites; variables que fueron las sobresalientes en artículos y tesis realizadas en Chile, El Perú, Colombia, Argentina, Washington D.C. y México, en donde se buscaron y analizaron las características bajo diferentes modelos, tanto en el procesal como el civil y el mercantil. Eficacia Los elementos que componen la variable de eficacia son: La experiencia de los jueces en la organización; la participación de la sociedad civil en los procesos de selección de los jueces; la transparencia en los procesos de selección de los jueces; cuántas causas terminan por cada causa que ingresa en los tribunales; la separación de poderes, el management (introducción de técnicas de dirección para las empresas); la 184 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Treviño., R., R., Ortiz., T., G., & Maldonado., S., H. apertura a los nuevos instrumentos traídos gracias a la globalización; y los avances lentos debido juristas reacios al cambio. La variable de Eficacia ha sido estudiada por las investigaciones de Linares (2008), Opazo (2014), Castro y García (2006), Riego (2003), Salazar (2014), Consentino (2009), Gregorio (2006), Vargas (2003), García (2012), Biebesheimer y Payne (2001), Binder (2000), Buscaglia (1997) y Baytelman y Duce (2003). Linares (2008) examinó la variable de la Eficacia realizando un estudio acerca del mal estado en el que se encontraban las instituciones en la República de Argentina. En el estudio analiza la forma en que todos los actos judiciales de cualquier materia (mercantil, civil o procesal) no podían seguir el debido proceso ni llegar a una resolución debido al mal manejo que tenían los jueces sobre la organización de sus tribunales. Esto, sumado a una incapacidad por parte del personal que ahí labora, daba como resultado una ineficacia sobre los procesos judiciales. Concluye que después de las reformas implementadas en 2001, las cuales introdujeron la participación de la sociedad civil en los procesos de selección de los jueces de dicho tribunal, alentaron la adopción de prácticas institucionales que mejoraron la transparencia del funcionamiento de la Corte Suprema y de todas las instituciones que dependían de la misma. Esto generó un precedente de lo que se terminó llamando “Gestión Judicial”, en la cual —en este caso— la sociedad civil, conformada por personas capacitadas, organizaba y dictaminaba la conformación de los jueces en los tribunales. Cabe destacar que estas reformas en un inicio modificaron la Corte Suprema, pero los resultados llevaron a transformar todo el sistema judicial con el paso de los años. El estudio de Opazo (2014) habla sobre las reformas llevadas a cabo en la gestión judicial del sistema chileno, en el cual aporta y habla sobre la importancia que tiene la eficacia en todos los casos judiciales. Este trabajo, además aportó un indicador para medir el volumen de eficiencia que tienen los diferentes juzgados sin importar la materia en la que se enfoquen, es así que para el investigador, la forma de medir qué tan eficiente son los juzgados es medir la cantidad de causas que llegan a término en los tribunales que las tramitan (como los de Familia y Letras del Trabajo), la cantidad de providencias y audiencias en los tribunales que sólo satisfacen requerimientos de parte (Juzgados de Garantía y Cobranza Laboral y Previsional), y la cantidad de audiencias de juicio en los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. El mismo indicador, pero ponderado en relación con el ingreso, dará lugar a la tasa de término (cuántas causas terminan por cada causa que ingresa). Una tasa de término igual a 1 indica equilibrio de ingresos y términos y, en consecuencia, estabilidad en el stock de causas o requerimientos pendientes; Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial… 185 �Treviño., R., R., Ortiz., T., G., & Maldonado., S., H. una tasa mayor a 1 indica disminución del stock; y menor que 1, un aumento del stock, es decir, mide las entradas y las salidas. El nivel de términos (casos concluidos) también se puede ponderar por dotación a efectos de medir la cantidad de términos por juez y/o por funcionario. Por último, los términos por juez se pueden confrontar con los ingresos por juez, y así obtener una tasa de término por juez. En el estudio de Castro y García (2006) utilizaron los indicadores anteriormente mencionados para poder medir los resultados de la reforma procesal civil en Chile, llegando a la conclusión de que aún faltaba mucho por hacer en cuanto a este ámbito, esto debido a que los resultados fueron desfavorables aún y con la reforma implementada en el país. El estudio de Salazar (2014) se enfocó en las reformas planteadas en el sistema judicial del Perú, en el cual llega a la conclusión de que la justicia peruana comenzó a tener eficiencia a partir de las reformas que trajeron como resultado la separación definitiva del Poder Judicial de los demás poderes del Estado peruano. El autor argumenta que sólo de esta manera cualquier país podría conseguir poseer eficacia y llegar a la justicia mediante el poder independiente, y que es de esta manera como la gestión judicial en el Perú ha podido sobresalir por encima de los países que no poseen este modo de operar. Esto también coincide con el estudio de García (2012), en la cual examinó las reformas llevadas a cabo en los juzgados chilenos para la materia familia, y una vez que se llevaron a cabo las reformas relacionadas con aspectos administrativos, aumentaron la eficacia en la gestión judicial. El estudio de Consentino (2009) consistió principalmente en proporcionar las herramientas con las cuales se podría llevar a cabo las reformas para conseguir una mejor gestión judicial en los sistemas de impartición de justicia que aún seguían con el modelo considerado por algunos autores como obsoleto. Entre las sugerencias que el autor propone usar están: el uso las tecnologías de la administración y el management de las organizaciones, y de la información y las comunicaciones; propone que a través del uso de estas herramientas, los países conseguirán una mejor gestión judicial. El estudio de Gregorio (2006), por su parte, realizó un análisis general de las reformas judiciales que han ocurrido en América Latina, dando a conocer además los resultados que obtuvieron los países que las implementaron. En él llegó a la conclusión que todos los avances en la gestión judicial se lograron gracias al proceso de la globalización, el cual trajo consigo numerosos tipos de tecnologías que facilitaron a los jueces llevar a cabo la gestión judicial, y que gracias a la implementación de estas tecnologías de la 186 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Treviño., R., R., Ortiz., T., G., & Maldonado., S., H. información, el propio sistema se vio obligado a implementar nuevos instrumentos, lo cual consiguió una total reforma del sistema judicial en muchos países de América Latina; todos estos cambios lograron una mayor eficacia en los casos en cualquier tipo de materia. El estudio de Vargas (2003) realizó un análisis de varios países de América Latina, que durante los años noventa implementaron reformas hacía la gestión judicial. En el estudio argumenta que estos cambios, a pesar de ser positivos, sí poseen una fuerte resistencia para algunas personas que denomina “de la vieja guardia”, las cuales son personas reacias al cambio, y por ende, ralentizan los efectos y los beneficios de las reformas judiciales, por lo cual, la estrategia de cambio de estructura no logra ser lo suficientemente amplia ni comprensiva, lo cual anula sus efectos a gran escala. Pero a pesar de lo anterior, si encuentra otras consecuencias que él denomina como positivas, como el hecho de que hoy en día gracias a esa transparencia y eficacia en los procesos es posible tratar con los jueces y ministros de cortes sobre temas que antes era imposible tocarlos, de tal manera que apoyándose de las conclusiones negativas y positivas de los estudios de Baytelman y Duce (2003) que analizó estos cambios en Chile, y los estudios de Biebesheimer y Payne (2001), Binder (2000) y Buscaglia (1997), cuyos estudios realizados con la intención de analizar la situación de las reformas en América Latina. Capacitación Los elementos que componen la variable capacitación son: La integración de organizaciones civiles en el sistema judicial; la integración de expertos; la restructuración de la organización judicial con los modelos actuales de la administración; la enseñanza a los jóvenes juristas sobre los principios básicos de la administración; la sensibilización de las personas; la existencia de canales de comunicación en la organización; el sistema de educación; la formación y desarrollo de recursos humanos en la formación de los juristas; el entrenamiento en otras ciencias; y las técnicas útiles para el mejoramiento de la Administración de Justicias. La variable de Capacitación ha sido estudiado principalmente en las investigaciones de: Salazar (2014), Consentino (2009), Palma (2017), Hernández (2017), Bielsa y Brenna (1996), Palma (2007), Duce (2004), Garavano y Luis (2002), Acuña y Gabriela (2001) y López (2005). Como se había mencionado anteriormente, el estudio de Salazar (2014) llegó a la conclusión de que el éxito del sistema judicial peruano fue por las reformas implementadas. Esta separación de poderes trajo consigo que el sistema judicial peruano integrará organizaciones civiles y expertos en la materia Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial… 187 �Treviño., R., R., Ortiz., T., G., & Maldonado., S., H. que pudieran servir como consultores y capacitadores de todos los individuos que, de alguna manera u otra, eran partícipes de la gestión judicial, esto para que siempre contaran con los principios básicos de lo que era la gestión judicial y cómo lograr la mayor eficacia posible en todos los casos en los que estuvieran involucrados estos individuos. En el estudio de Consentino (2009), como parte del cambio que la sociedad reclama y que espera de la gestión del poder judicial, este llega a la conclusión que se deben reformar tres piezas importantes dentro del aparato de gestión judicial; estos son: la organización, los integrantes y operadores de justicia, y la gestión, teniendo como factor en común que para que estas tres piezas funcionen perfectamente, es necesaria la capacitación de las personas que lo llevan a cabo para una eficacia en la gestión judicial. El estudio de Palma (2017) argumenta que la capacitación es criticada por los juristas, ya que ellos no están acostumbrados a recibir esta orientación al momento de organizarse, razón por la cual, la solución para no lidiar con este problema es que, desde principios de siglo, las escuelas juristas han comenzado a introducir estas ideas en los jóvenes estudiantes para revertir ese déficit carente de capacitación en la gestión judicial para lograr ese cambio cultural en la disciplina del derecho, coincidiendo con el estudio de Acuña y Gabriela (2001), el cual se dedicó a analizar como la capacitación impactó en América Latina, dando resultados favorables en países como Argentina, Brasil y Chile. El estudio Hernández (2017) argumenta que es necesario la sensibilización de las personas y las instituciones involucradas en los organismos jurisdiccionales, si no, no se podrá desarrollar de manera acertada el proceso de comunicación, información y capacitación en la población judicial. Esta podría ser una limitación en la eficiencia en la gestión del poder judicial. En el estudio de Bielsa y Brenna (1996) se evalúa la manera en la que está organizado el poder judicial. En el estudio argumentan que existen muchos indicadores que demuestran el poco aprecio de los representantes electos por el servicio de Justicia; entre estos indicadores tenemos la insuficiencia de las retribuciones y el acceso restringido, cuando no nulo, a la tecnología. Entre una gama muy amplia de desatenciones, las autoras concluyen que es necesario la apertura en la carrera que incluya ejes como sistemas de educación, formación y desarrollo de recursos humanos; de capacitación, formación complementaria y perfeccionamiento de los conocimientos jurídicos; de especialización y dominio de las técnicas judiciales; y de aprendizaje y entrenamiento en otras ciencias y técnicas útiles para el mejoramiento de la administración de justicia. 188 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Treviño., R., R., Ortiz., T., G., & Maldonado., S., H. Para el estudio de Palma (2007), la capacitación es el componente insustituible de todo proceso de reforma judicial al que se aspire a dar eficiencia; resultados exitosos sólo podrán producirse a partir de su óptima utilización por actores del sistema adecuadamente capacitados. El estudio de Duce (2004) analiza la antigua gestión de los tribunales en Chile y llega a la conclusión de que la estructura se caracterizaba por el hecho de que cada tribunal era una unidad de trabajo a cargo de un juez que contaba con el apoyo de un secretario abogado y de varios empleados administrativos de baja capacitación. Llegó a la conclusión de que una vez que se realizaron las reformas en la gestión del poder judicial, se logró un aumento en la eficacia gracias a que el personal comenzó a ser capacitado, algo en lo que antes carecía la mayoría de los administrativos. El estudio de Garavano y Luis (2002) analizó las necesidades que Argentina necesitaba para mejorar su gestión judicial. Concluyeron por medio de encuestas que la escasa capacitación era una de las grandes deficiencias con las que contaban los tribunales, razón por la cual era necesario reformar el sistema en este rubro, así como seguir aplicando encuestas a los usuarios para valorar la eficiencia y seguir mejorando con el tiempo la gestión judicial. El caso de México es muy particular como cuenta el estudio de López (2005). El problema de México fue que durante las décadas de los ochenta y noventa este no pudo reformar su sistema de recursos humanos en sus diferentes áreas debido a que otros problemas de índole económica y de corrupción se presentaron, razón por la cual México llegó tarde a las reformas de gestión en el poder judicial. Uso de las Tecnologías de información y comunicación Los elementos que componen la variable de las tecnologías de información y comunicación son: La implementación de las TIC en los trámites tanto para los inversionistas, como para los jueces y sus allegados; la complejidad del uso de las nuevas tecnologías; la resistencia al cambio de las personas formadas en la antigua gestión judicial; la formación tradicional de los abogados y de los jueces ajenos a las TIC; el nulo conocimiento de conceptos de informática, administración y toma de decisiones; las presiones y los aspectos comerciales que rodean la informatización; los aspectos comercialices electrónicos; el temor de compartir información electrónica de los juzgados a través de la red; la creación de las escuelas juristas virtuales para introducir las TIC en los jóvenes juristas en formación; y la importancia de la modernización los sistemas de los propios tribunales. Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial… 189 �Treviño., R., R., Ortiz., T., G., & Maldonado., S., H. La variable de uso de Tecnologías de Información y la Comunicación fue una variable destacada en los estudios de Salazar (2014), Consentino (2009), Gregorio (2006), Rodríguez (2013), Londoño (2010), Alonso (2009), Pineda (2007), Jiménez (2005), Bielsa y Brenna (1996), Dory (2009), Garavano y Palma (2002), Contini y Velicogna (2012) y Castells (1998). Desde la década de los ochenta comenzó el furor de introducir la tecnología en las organizaciones empresariales. “El ambiente en que se desenvolvían los gerentes sufrió cambios drásticos: la actividad empresarial cobró un carácter más global, se modificó dramáticamente la composición de la fuerza de trabajo, las nuevas tecnologías promovieron sus propios cambios y funcionaron como un acelerador del ritmo general de las transformaciones” según se menciona en el estudio de Bielsa y Brenna (1996). El estudio de Castells (1998) expone que la globalización obligará, a la larga, a que todas las naciones en sus tres poderes (si se trata de democracia) adoptarán las TIC en sus procedimientos, ya que es parte del crecimiento económico de los países. Continuando, el progreso de la tecnología con el tiempo se ha comenzado a integrar en todos los ámbitos del poder judicial. Según el estudio de Dory (2009), existe un eterno debate entre la no comprensión de los jueces y poderes judiciales en el uso de las TIC, mientras que el otro punto de vista es el hecho de que los tribunales procesan la información de diferente manera que en los demás ámbitos de la sociedad, por eso ha sido lenta la adaptación de las TIC´s en la administración judicial y en todo el poder judicial en sí. El estudio de Salazar (2014) analizó el sistema judicial del Estado del Perú, tomando como conclusión que las reformas implantadas habían tenido resultados positivos para el país. Además, otro punto de los que destaca es que la era de la globalización trajo consigo la implementación de las tecnologías en diversos rubros, tanto en el sector privado como el público, de esta manera, las TIC´s, también fueron utilizadas en la gestión judicial del Perú, y esto facilitó los trámites tanto para los inversionistas, como para los jueces y sus allegados. El estudio de Consentino (2009) se enfocó principalmente en dar ciertas sugerencias para que los países restantes que aún no habían reformado su sistema judicial lo hicieran bajo estas reglas, y de esta manera, ofrece una serie de recomendaciones entre las cuales destaca el uso de las TIC´s, que según su investigación, los países que las implementaron en sus modelos de gestión judicial facilitaron las operaciones para todos aquellos involucrados en esta temática. 190 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Treviño., R., R., Ortiz., T., G., & Maldonado., S., H. El estudio de Gregorio (2006) aborda los cambios que tienen los sistemas judiciales en América Latina en su gestión judicial, concluyendo en su estudio sobre algunos problemas a los que se han enfrentado los abogados y jueces debido a este cambio. Como puntos destacados tenemos: la complejidad de las nuevas tecnologías; su propia jerga; la resistencia al cambio; la formación tradicional de los abogados y de los jueces, que no incluye conocimientos de otras ciencias, en particular conceptos de información, administración, toma de decisiones, las presiones y los aspectos comerciales que rodean la informatización, algo en lo que también coincide el estudio de Rodríguez (2013), en el cual también argumenta que los juristas se resisten al cambio en cualquiera de sus ámbitos en los que estos laboren; esto supone la imposibilidad, en las condiciones actuales, de dar un marco jurídico apropiado al procedimiento electrónico que permita, por ejemplo, el desarrollo adecuado del expediente judicial, y de la desconfianza que esto provoca en las personas en el exterior como dentro de la administración al momento de utilizarlos. Por último, el estudio de Jiménez (2005) sigue esta línea argumental, el cual expone que es un hecho que el retraso tecnológico ha sido una constante en la administración de justicia en las últimas décadas por toda América Latina, todo esto por la desconfianza que los juristas creen que puede ocasionar involucrar a las tecnologías de la información en su administración judicial. Como parte de querer hacer evolucionar el ambiente en el cual se desenvuelven los juristas, ciertos países han emprendido acciones para acabar con la resistencia que comúnmente encuentran las tecnologías con los juristas, como por ejemplo, el estudio de Garavano y Palma (2002) se enfocó principalmente en analizar la escuela jurídica virtual en Argentina, la cual tiene por objetivo introducir desde el inicio de las carreras de los jóvenes juristas, las tecnologías de la información. En el estudio de Londoño (2010) se reconoce esta resistencia de los juristas en la introducción de las TIC´s en los ámbitos jurisdiccionales; sin embargo, no todo es negativo para el autor, ya que las TIC´s también están sirviendo de puente para entablar una gran cantidad de relaciones jurídicas que ignoran las distancias y desafían los parámetros tradicionales, lo cual está dando orientación a las instituciones del ámbito jurídico a tener que adaptarlas en su organización. En el estudio de Alonso (2009) se analiza cuáles son las demandas que exige la sociedad española ante la organización judicial, y uno de los puntos que destaca es la demanda de introducir las tecnologías de información como un instrumento facilitador que pueda agilizar los trámites y, de esta manera, Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial… 191 �Treviño., R., R., Ortiz., T., G., & Maldonado., S., H. resolver los problemas de la sociedad española, lo anterior puede influir en latinoamericana en relación a los lazos culturales e históricos existentes. El estudio de Pineda (2007) habla sobre cómo las tecnologías de información han penetrado en la ciencia del derecho, en particular en la administración y procuración de la justicia, lo que ocasiona una profunda modernización en sus sistemas, tanto de control social, fiscalización, recaudación y en los propios tribunales. Los beneficios que trae esta introducción de las tecnologías es que la actividad gubernamental, y de impartición de justicia, sea más eficiente, más pronta y expedita. El estudio de Contini y Velicogna (2012), por otro lado, hace un análisis de cómo las tecnologías de la información han estado implementándose en Europa en los últimos diez años, en los cuales ha tenido resultados positivos; sin embargo, concluye que el desarrollo de e-services en procedimientos judiciales tiene que enfrentar un nivel muy alto de complejidad en las áreas de regulación, organización, gobernanza y desarrollo. El entrelazamiento de tales factores lleva a un orden de complejidad que tiene muchos rasgos que son sustancialmente diferentes de ellos, de las otras innovaciones del sector judicial. Razón por la cual, el proceso de incorporación de las TIC en América Latina también debe de tener cierta paciencia para que puedan cumplirse en su totalidad las intenciones de la incorporación de las TIC. Transparencia Los elementos que componen la variable de transparencia son: La confianza en los individuos; la posibilidad de examinar el estado del caso; el seguimiento en los trámites; el sentimiento de cercanía con los jueces; el combate a la corrupción; la buena reputación; la atracción del país como posible foco de inversión; y el libre acceso a la información por parte de la sociedad civil, conocer el criterio jurídico que aplican los jueces para resolver los casos. El acercamiento de los estudiantes a la solución que los jueces dan a los temas trascendentes de la sociedad. La variable de transparencia ha sido principalmente estudiada en las investigaciones de Binder (2008), Salazar (2014), Vallejo (2013), Franco (2017), Buergentha (2017), Castillo (2013), Toledo (2014), Orme (2017), Ackerman (2001), y Mejía (2001). En su estudio, Binder (2008) habla sobre los cambios positivos que ha traído la transparencia al implementarla dentro de los cambios de la gestión judicial. La transparencia en su estudio provoca en la sociedad en general poder examinar el estado de un caso, darle seguimiento al mismo tiempo, y es así 192 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Treviño., R., R., Ortiz., T., G., & Maldonado., S., H. como los individuos poseen más confianza en todos sus casos judiciales, ya que hay más certidumbre sobre el desarrollo de los juicios. El estudio de Salazar (2014), dedicado a examinar las consecuencias en los países que reformaron su gestión del sistema judicial, arroja como una de sus conclusiones que la transparencia trae consigo confianza en los individuos involucrados en los casos y, al igual que Vargas (2003), está de acuerdo con que esta transparencia provoca que las personas puedan hablar con los jueces y ministros de temas que antes no se atrevían debido a la falta de transparencia previamente inexistente en estas instituciones. Además, coincide con los estudios de Ackerman (2001) y Mejía (2001), en los cuales, ambos estudios exponían sobre las graves fallas que tenía el sistema judicial peruano debido a la falta de transparencia y por la corrupción existente en todas las áreas de la administración judicial. El estudio de Vallejo (2013) habla sobre la carencia de transparencia en la gestión judicial mexicana, debido a que la mayoría de los estados de la República Mexicana siguen sin reformar las gestiones judiciales estatales; y, a pesar de que promueven la eficacia y la transparencia, esta no es posible de alcanzar debido a que no se tienen las herramientas adecuadas para ponerlas en práctica. Concluye que, si contamos con los instrumentos para ponerlas en práctica, será asimismo un mecanismo más para combatir la corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación. El estudio de Franco (2017) tiene como eje principal que la transparencia es un principio y un fin para la función jurisdiccional. Sin la transparencia nunca existirá una buena gestión judicial, razón por la cual para los Estados es sumamente necesario incluir la transparencia en las reformas judiciales que implementan para conseguir la buena reputación y que su país sea atractivo para invertir. Por otro lado, el estudio de Buergentha (2017) realizó una comparación entre los diversos sistemas jurídicos y su forma de organización entre algunos de los países de América Latina, de esta manera, comparando países que han implementado el Nuevo Sistema de Gestión Judicial (Argentina, Chile y Perú y Panamá) con otros que aún no reforman en su totalidad su sistema de gestión judicial (Ecuador y México). El autor concluye que el nuevo Sistema de Gestión Judicial trajo consigo transparencia en los países, lo que provocó que estos fueran un país más atractivo para los inversionistas, lo cual favoreció a los países que optaron por reformar su sistema de gestión judicial. El estudio de Castillo (2013) es un análisis más centrado en un sólo país; en este caso realizó un análisis de las reformas llevadas acabó en la República de Panamá, la cual trajo como resultado la Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial… 193 �Treviño., R., R., Ortiz., T., G., & Maldonado., S., H. independencia del Poder Judicial sobre los otros dos poderes; desde ese momento en adelante, la sociedad civil participó más, activamente, dentro de la gestión judicial, y lo que benefició al Poder Judicial fue el hecho de que se volvieron más transparentes con todos los casos que comenzaron a llevar a cabo bajo esta nueva gestión. El estudio de Toledo (2014) es una investigación realizada en Paraguay, en el cual se emitió un informe acerca de los problemas de corrupción por los cuales pasa el país. El estudio argumenta que a pesar de tener instituciones que luchan en contra de la expansión de la corrupción en los sistemas del país, es necesario la independencia del Poder Judicial, así como la realización de una reforma para cambiar el sistema de gestión judicial de Uruguay, siguiendo de esta manera el ejemplo de los demás países de América Latina, la cual parece tener resultados positivos por el momento. Desde una perspectiva más amplia, el estudio de Orme (2017) es un estudio que trata sobre la transparencia, en general, de los tres poderes. El autor da un repaso sobre la necesidad que tiene América Latina de reformarse en su totalidad para garantizar el libre acceso, y con ello, la transparencia en toda clase de instituciones. Especialización Los elementos que componen la variable de especialización son: La implementación de nuevos modelos basados en la separación de las actividades jurisdiccionales y administrativas; el entorno democrático garantizado; la abstinencia política de los jueces, el sistema jurídico modernizado; la calidad profesional; la disponibilidad social de conocimientos para la rápida dictaminación de la sentencia. La especialización es una variable estudiada principalmente por Palma (2017), Vergara (2015), Ubertone (2006), Ledesma (2017), Torres (2014), Mora (2005), Vargas, Peña y Correa (2001) y Lisa (2014). El estudio de Palma (2017) analiza desde un enfoque sistémico la modernización judicial en los países de la región latinoamericana, de esta manera es como el autor identifica dos corrientes: una basada en la capacitación en gestión para mejorar los modelos existentes, y la segunda es centrada en la implementación de nuevos modelos basados en la separación de las actividades jurisdiccionales y administrativas. El autor concluye que la segunda corriente es la recomendable para los países latinoamericanos ya que entre más independencia haya, se consigue que los individuos (administrativos) 194 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Treviño., R., R., Ortiz., T., G., & Maldonado., S., H. involucrados en la gestión judicial se especialicen; gracias a la especialización y gestión profesional de las tareas administrativas, se consigue una mayor eficacia, razón por la cual es recomendable que esta medida se lleve a cabo al reformarse el sistema de gestión judicial. El estudio de Vergara (2015) habla sobre la necesidad de que todos los modelos de justicia en América Latina deben ser democráticos y, sobre todo, modernos. Esta modernización se conseguirá a base de la especialización y por la tendencia a dictar sentencias de acuerdo a principios; y democrático, tanto por la abstinencia política de sus jueces como por la observancia de las genuinas fuentes de derecho al dictar sus sentencias, ya que como dice el estudio de Lisa (2014), argumenta que cuando la estructura institucional y la ideología de un poder judicial se anclan en el ideal del apoliticismo, produce jueces capacitados y poco dispuestos a defender los derechos fundamentales y un estado de derecho, razón por la cual la democracia es fundamental para tener una eficiente organización judicial. El estudio de Vargas, Peña, y Correa (2001) apoya la especialización, mencionando que gracias a usar este instrumento, a través de grupos pequeños, se ha conseguido un ahorro económico enorme, y sugiere su implementación en todas las áreas del poder judicial. Por otro lado, el estudio de Ubertone (2006) habla sobre la importancia que tienen tanto los jueces como los administrativos que en la era de la globalización, los individuos encargados de este ámbito estén especializados en sus tareas ya que para el autor la sociedad demanda que es necesario esta especialización para la mejora constante de la calidad profesional de quienes desempeñan funciones judiciales. En el estudio de Ledesma (2017) se aborda la problemática consistente en el que año con año son miles los casos que se deben de abordar por los jueces y sus secretarios, razón por la cual la gestión judicial se ve en la necesidad de responder con prontitud, creciente especialización y disponibilidad social de conocimientos sobre cómo llevar adelante organizaciones y su administración, y de esta manera, que los casos no se vean estancados por mucho tiempo. Por otro lado, el estudio de Torres (2014) aborda el tema de las reformas judiciales llevadas a cabo en Brasil, específicamente sobre los jueces, ministros y sus secretarios para una eficiente gestión judicial sobre los procesos que han llevado a cabo, llegando a la conclusión respecto que la especialización de los secretarios en los juzgados ayudó a agilizar los casos que se iban presentando durante el año, dando como resultado una eficaz gestión judicial. Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial… 195 �Treviño., R., R., Ortiz., T., G., & Maldonado., S., H. Unificación de criterios Los elementos que componen la variable de la unificación de criterios son: La agilidad en los procesos: la reducción de tiempos en los procesos; el aumento de la confianza en el sistema; la atenuación de la intervención de elementos extrajurídicos en las resoluciones judiciales; el ahorro económico tanto para los tribunales como para las personas que hace uso de los mismos; la disminución de barreras burocráticas; la prevención del daño antijurídico estatal; la eficaz defensa de los intereses estatales desde un ámbito técnico, organizacional y funcional de las instituciones encargadas de la defensa legal; la implementación de mecanismos alternos que solucionarán los conflictos entre la parte demandante y el Estado. La unificación de criterios es una variable principalmente estudiada por Mora (2018), Delgado y Díaz (2011), Salazar (2014), Jiménez (2006), Rodríguez (2013), Estrada y Gleidy (2015), Manjónm (2008) y Alvarez (1993). El estudio de Mora (2018) buscó proponer reformas para las juntas de los letrados de la administración de justicia. Entre las propuestas de las reformas que el autor sugiere, destaca la de desear la unificación de criterios en las juntas para una mejor agilidad en el ámbito procesal, y que esto se pueda expandir en los demás ámbitos del poder judicial, ya que esto reduce los tiempos de espera en los procesos que lleva día a día el poder judicial. El estudio de Delgado y Díaz (2011) buscó señalar cuáles son los beneficios destacables de la unificación de criterios en el ámbito judicial, concluyendo que son más los beneficios que pérdidas el hecho de tratar de unificar las diferentes labores que él mismo realiza. Señala que entre las utilidades prácticas positivas se tiene el aumento en la confianza en el sistema y la atenuación de la intervención de elementos extrajurídicos en las resoluciones judiciales, además de destacar los méritos de carácter económicos que benefician tanto a los tribunales como a las personas que hacen uso de estos instrumentos. El estudio de Salazar (2014) analiza la unificación de criterios del Estado peruano, en el cual ya fue implementada esta acción, sin embargo, en la investigación, recalca que los esfuerzos por unificar los criterios jurisdiccionales no han tenido los resultados deseados debido más que nada, por la burocracia que no permite que se realicen correctamente estas acciones, razón por la cual, a pesar de haber adoptado 196 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Treviño., R., R., Ortiz., T., G., & Maldonado., S., H. estos importantes acuerdos, no se pueden observar aún en la práctica judicial peruana, dejando en claro lo descuidado que está el poder judicial en Perú por la manera en que es abordada esa actividad. El estudio de Jiménez (2006) es más práctico que los anteriores estudios, ya que en este se analiza la unificación de criterios que realizó la administración judicial española en el municipio de Pamplona. En dicho municipio, se optó por unificar las solicitudes de documentación clínica que se recibían en todo el territorio; anteriormente, eran seis los centros que recibían esa documentación, los cuales unos eran más eficientes que otros, pero algunos destacaban más en otros ámbitos, debido a que cada uno contaba con diferentes personas especializadas hasta cierto nivel, de tal manera que, una vez que se unificaron los criterios y sólo un centro se dedica a recibirlos, los resultados fueron más eficientes debido a que todas las personas estaban capacitadas y especializadas en cierta tarea, lo que suma un punto importante a lo positivo que es la unificación de criterios y lo que podría ser si se aplica esto a toda la gestión judicial. En el estudio de Rodríguez (2013) se recalca que la unificación de criterios es algo que debe de realizarse en todas las administraciones judiciales de todos los países, esto debido a que la era de la digitalización permite una efectiva comunicación en la cual ya no es necesario que exista una diversificación de tareas, ya que la comunicación es más fácil y rápida, permitiendo que ciertas personas se ocupen sólo de ciertas tareas. Además, también recalca la necesaria unificación de algunos códigos como el civil y comercial, ya que con el paso del tiempo esto ha hecho que sean parecidos en algunos aspectos. En el estudio de Estrada y Gleidy (2015), ambos autores analizaron cuáles fueron los factores que tuvo que implementar el Estado colombiano en medio de la crisis judicial por la que atravesó el país en la década de los 2000. El Estado colombiano creó la Agencia Nacional Jurídica del Estado, y esta se encargó, primero, de buscar las causas por las cuales se había originado la crisis; tales causas fueron, en primer lugar, la insuficiencia de recursos financieros, logísticos y de personal para implementar y fortalecer medidas de prevención del daño antijurídico estatal, la ineficaz defensa de los intereses estatales, desde un ámbito técnico, organizacional y funcional, de las instituciones encargadas de la defensa legal, la no implementación de mecanismos alternos que solucionaran los conflictos entre la parte demandante y el Estado; y la no unificación de criterios jurídicos para defensa Estatal. Una vez que se comenzó a tratar de mejorar todos los aspectos mencionados anteriormente, el Poder Judicial logró conseguir una base sólida para su actuación en todos los procesos que le correspondía actuar. Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial… 197 �Treviño., R., R., Ortiz., T., G., & Maldonado., S., H. Otro ejemplo es el del estudio de Álvarez (1993), en la cual se analizó la experiencia de los juzgados de Buenos Aires, en los cuales el autor argumenta dos puntos muy importantes, el primero era que el número de casos generados por accidentes de tránsito era ampliamente mayoritario; y, como segundo punto, observó que los montos indemnizatorios otorgados en estos casos diferían significativamente de un juzgado a otro, aun cuando los casos eran parecidos. La solución a esto fue crear una sola base de datos otorgada por la Cámara de Apelaciones, que permite recuperar casos con sentencia firme por medio de los datos de la víctima o de los reclamantes. Además, se descubrió que el sistema desarrollado resultaba muy útil para apoyar el proceso de mediación. Este es uno de los casos más antiguos que existen de la unificación de criterios; es un precedente de las reformas judiciales que se aplicaron en los siguientes años. El estudio de Manjónm (2008) realizó una reflexión acerca de los diversos acuerdos y sugerencias en los cuales los magistrados celebran juntas en las que discuten y reflexionan sobre diversas sugerencias que podría plantear el Poder Judicial para obtener una mayor eficacia en todo su aparato judicial. Entre las diversas sugerencias que se hacen, la que más destaca es la de impulsar la unificación de criterios en todos los ámbitos del sistema judicial. Expedites Los elementos que componen la variable expedites son: Los mecanismos jurídicos a los que pueda acudir el individuo; la legitimidad democrática de los juzgadores, la reducción de cargas de trabajo; la modificación de la estructura orgánica; y las competencias de los tribunales. La variable Expedites fue una variable que se destacó en las investigaciones de Peñaranda (2010), Nieto (2007), Amunátegui (2011), Ruiz (2010), Vivianco (2008), Cipoletta (2009), Raynaud (2009) y Pineda (2007). Entendemos como expedito a algo “que carece de obstáculos, estorbos o inconvenientes” (William Collins Sons & Co, 2005). El estudio de Peñaranda (2010) analizó los principios procesales del amparo constitucional. Lo que destaca en su estudio es que, para él, el amparo es un claro ejemplo de cómo obtener una justicia en forma expedita, lo que es fundamental para todo el poder judicial, ya que la justicia en forma es algo que se incluye en la Carta Magna de la mayoría de las naciones. 198 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Treviño., R., R., Ortiz., T., G., & Maldonado., S., H. El estudio de Nieto (2007) argumenta, como pilar fundamental, que la justicia y la confianza pública en ella son fundamentales para construir una sociedad más equitativa, es por eso que, a lo largo de su estudio, analiza diferentes artículos para establecer cuáles son los temas que deben ser reformados en México, en los cuales tuvo como conclusión que los que más destacan en los debates de los juristas para reformar la administración judicial son: la legitimidad democrática de los juzgadores; la expedites en la impartición de justicia; la reducción de cargas de trabajo; la modificación de la estructura orgánica; y las competencias de los tribunales; entre otros. Como había mencionado anteriormente el estudio de Pineda (2007), la introducción de las tecnologías ha traído como beneficio, que, con el uso de esta, la actividad gubernamental y la de impartición de justicia puede ser expedita. El estudio de Amunátegui (2011) fue dedicado a analizar la historia del poder judicial en Chile durante el periodo comprendido de 1965 a 1973, dicho período está dividido en etapas: la primera es comprendida antes del socialismo y, la segunda, es una vez ya se había establecido el gobierno socialista de Salvador Allende. El autor destaca que, durante la etapa previa a Allende, la justicia chilena estaba desorganizada; fue hasta una vez que Chile iba camino al socialismo cuando el nuevo partido político en el poder decidió reformar toda una organización judicial, siendo más expedita, es decir, sin obstáculos a la hora de que pusiera en acción sus atribuciones. Todo esto decayó con la dictadura de Pinochet, después de la década de los setenta. Sin embargo, en la actualidad, el Poder Judicial actúa como un mecanismo muy importante después de los turbulentos cambios que le tocó vivir en el siglo XX. El estudio de Vivianco (2008) continúa analizando el caso chileno, argumentando que la justicia chilena en la actualidad ha demostrado ser más expedita que en el pasado, ya que después de la dictadura se retomaron estos enfoques, y, además, se incorporó fácilmente a la era digital, logrando que Chile sea un ejemplo exitoso en la reforma de la administración judicial. Por último, el estudio de Ruiz (2010) realizó un análisis de la administración de justicia enfocada en materia laboral y de seguridad social. El autor, en su estudio hace una crítica en el sentido que la investigación arrojó que México tiene enormes retrasos en reformar la administración de justicia, en especial enfocada en asuntos de carácter de seguridad social básica. Esto es un fenómeno común en toda América Latina, ya que los estudios de Cipoletta (2009) en Argentina, y Raynaud (2009) en Nicaragua, llegaron a las mismas conclusiones en sus respectivos países, lo que da resultado una administración de justicia poco expedita. Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial… 199 �Treviño., R., R., Ortiz., T., G., & Maldonado., S., H. 3.-MÉTODO En base a lo explicado por Creswell (1994), el propósito de este estudio secuencial es la elaboración de un marco teórico literario que permita identificar las principales características para la correcta y eficiente gestión judicial bajo el nuevo modelo de justicia oral. La investigación consistió en explorar teóricamente los diversos conceptos involucrados relacionados con la problemática, y subsiguientemente fue necesario respaldar las características determinantes necesarias para garantizar lo que es la gestión judicial ideal. La presente investigación es cualitativa no experimental, exploratoria y documental, el modelo de investigación propuesto estriba en la investigación exploratoria y descriptiva de las variables determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial, así como el estudio de los resultados alcanzados a la luz de cada uno. 4.-RESULTADOS En el contexto de la revisión de la literatura fueron identificados las siguientes características: eficacia, capacitación, uso de tecnologías de la información y comunicación, transparencia, especialización, unificación de criterios, y expedites (ver tabla 1) con el objetivo explorar las características determinantes en el nuevo modelo de gestión judicial oral en materia mercantil. Como se puede observar en la tabla anterior, se presenta de manera visual las características que determinan el Nuevo Modelo de Gestión Judicial, así como las investigaciones en las que dichas variables han sido abordadas en los respectivos países latinoamericanos, creando un marco literario/científico del cual se pueda identificar de manera inmediata dichas características. 200 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Treviño., R., R., Ortiz., T., G., & Maldonado., S., H. Tabla 1. Los factores determinantes de la nueva gestión judicial Característica Eficacia Autor Lugar Linares (2008) Opazo, (2014) Riego (2003) Salazar (2014) Chile, Perú, Colombia, México, Consentino (2009) Gregorio, (2006) Vargas (2003) Castro Argentina, Washington D.C y García (2006) García (2012) Biebesheimer y Payne (2001) Binder (2000) Buscaglia (1997) Baytelman y Duce (2003) Capacitación Salazar (2014) Consentino (2009) Palma (2017) Hernandez (2017), Bielsa y Brenna (1996) Palma (2007) Chile, Perú, Colombia, México, Washington D.C, Argentina, Brasil Duce (2004) Garavano y Luis (2002) Acuña y Gabriela (2001) López (2005) Uso de TIC Consentino (2009) Gregorio (2006) Rodríguez (2013) Argentina, Londoño (2010) Alonso (2009) Pineda (2007) Jiménez México, Europa. Colombia, España, (2005) Bielsa y Brenna (1996) Dory (2009) Contini y Velicogna (2012) Dory (2009) Garavano y Luis (2002) Castells (1998) Transparencia Binder (2008) Salazar (2014) Vallejo (2013) Franco Chile, Perú, Colombia, México, (2017) Buergentha (2017) Castillo (2013) Toledo (2014) Panamá, Uruguay Azoulay (2017) Ackerman, (2001) y Mejía (2001) Especialización Palma (2017) Vergara (2015) Ubertone (2006) Ledesma Chile, Perú, Colombia, México, (2017) Torres (2014) Mora (2005) Vargas, Peña, y Correa Argentina, Paraguay, España, Brasil (2001) Lisa (2014) Unificación de criterios Mora (2018) Delgado y Díaz (2011) Salazar (2014) España, Chile, Perú, Argentina, Jiménez, Colombia (2006) Rodriguez, (2013) Estrada y Gleidy (2015) Manjónm (2008) Álvarez (1993) Expedites Peñaranda (2010), Nieto, (2007) Amunátegui (2011), Ruiz España, México, Chile, Argentina, (2010) Vivianco (2008) Cipoletta (2009) Nicaragua Raynaud (2009) Pineda (2007) Fuente: Elaboración propia (2021). 5.-CONCLUSIÓN El propósito de esta investigación consistió en identificar y analizar las características que determinan el nuevo modelo de gestión judicial en la administración de justicia mercantil para los negocios y la inversión en Latinoamérica. Primeramente, se realizó un análisis de los principales conceptos y el funcionamiento de todo lo que conlleva este ámbito en particular. De la comprobación cualitativa Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial… 201 �Treviño., R., R., Ortiz., T., G., & Maldonado., S., H. Una vez contextualizada la situación, se dio paso al desarrollo de la investigación en la identificación de las principales características a través de la literatura científica. Se consolidó un marco conceptual de distintas variables en las cuales dentro del mismo se agruparon los diferentes estudios que identificaron características en común. Todo esto presentado en el capítulo “Características determinantes del nuevo modelo de gestión judicial”. De las limitaciones del estudio Para concluir esta investigación, es necesario puntualizar las limitaciones que se presentaron durante este estudio. La primera limitante fue la falta de información existente sobre este tema, razón por la cual se tuvo que investigar esta problemática en otros países tomando como referencia datos bibliográficos europeos. De las recomendaciones Esta investigación exhorta a interesados en el análisis de las características, ventajas y bondades de este tipo de modelos de impartición de justicia para que aporten nuevos estudios con datos cuantitativos de los diversos participantes para respaldar la fiabilidad de las características recolectadas en la literatura científica. REFERENCIAS Ackerman, R. (2001). Corrupción en el Poder Judicial Peruano: marco conceptual. Bioetica . Acuña, C., & Gabriela, A. (2001). La reforma judicial en América Latina: un estudio sobre las reformas judiciales en Argentina, Brasil,Chile y México .CLAD. Alonso, J. (2009). Las Tic en la Justicia del Futuro. Ariel. Alvarez, G. (1993). El enfoque empírico: un sistema de ayuda a la decisión judicial. En R. Guibourg (Ed.) 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Para ello se aplicó el método cualitativo de revisión documental de los trabajos del autor que acuñó el concepto de precariado, Guy Standing, oponiéndolo a escritos de Antonio Gramsci, Karl Marx, Louis Althusser, Mao Tse-Tung, y Slavoj Žižek, como representantes del marxismo; encontrándose que el empeoramiento de la situación de los trabajadores ha originado un fenómeno de precarización de sus condiciones de vida, concluyéndose que el precariado no es una nueva clase, sino la pauperización del proletariado. Palabras claves: Clase trabajadora, crisis económica, ecologismo, marxismo, precariado. ABSTRACT …………………………………… Fecha de recibido: 05-01-2021 Fecha de aceptado: 04-03-2021 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional This article is the product of a documentary review whose objective was to deny the originality of the precariat as a new emerging social class, by exposing the concept, confronting it with the notion of class exposed from Marxism, and the existing social conditions in the currently in the People's Republic of China. For this, the qualitative method of documentary review of the works of the author who coined the concept of precariat, Guy Standing, was applied, opposing it to the writings of Antonio Gramsci, Karl Marx, Louis Althusser, Mao Tse-Tung, and Slavoj Žižek, as representatives of the Marxism; finding that the worsening of the workers' situation has originated a phenomenon of precarious living conditions, concluding that the precariat is not a new class, but rather the impoverishment of the proletariat. Keywords: Economic crisis, environmentalism, Marxism, precariat, working class Cómo referenciar este artículo: García., V., B. (2021). Redefiniendo el precariado desde la perspectiva China. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 7(14), 206-232. https://doi.org/10.29105/pgc7.14-10 1 Artículo derivado del proyecto de investigación, la evolución del pensamiento socialdemócrata en Iberoamérica. Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. Doctor en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesor de Derecho Internacional público en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Email: borjagarcia131@gmail.com. Orcid: 0000-0003-0055-6917. 2 206 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 http://revpoliticas.uanl.mx/ 1.- INTRODUCCIÓN Guy Standing ha desarrollado en su trabajo académico el planteamiento del precariado, como una nueva clase social aún en vías de formación. Un supuesto que no merece tal posición si se contraponen sus fundamentos desde argumentos marxistas, y confrontando su hipótesis con las condiciones dadas en China (país heredero de esta tradición, hecho que motivó su elección como objeto de estudio al ser el principal Estado sucesor de esta escuela de pensamiento), desde las coordenadas del neoliberalismo, entendiendo como tal: un modelo doctrinal globalizante, destinado a lograr la construcción de un sistema organizativo, cuyo fin es garantizar la hegemonía de la democracia en lo político, el libre mercado en lo económico, y los Derechos Humanos en lo social. Para ello, el neoliberalismo se sirve de la difusión y adhesión a estos pilares (con independencia de las contradicciones que puedan darse entre ellos), ya sea por procedimientos voluntarios (mediante el fomento ofrecido desde las distintas instituciones y fondos internacionales) o por la fuerza (en los procesos de reconstrucción, tras contiendas bélicas o luchas intestinas). Todo ello lleva al progresivo debilitamiento de las estructuras estatales/públicas en favor de operadores privados (tendentes al monopolio), y a la homogeneización y aculturación de las personas a escala planetaria, a efectos de delimitar su acción por sus hábitos de consumo. Con el propósito de reformular la interpretación propuesta por Standing, se expone qué se entiende por precariado, el medio en que se desarrolla esta hipotética clase incipiente, cómo el neoliberalismo y la globalización han incidido en China, comprobando si pueden deducirse las condiciones del precariado en este país, explicando a continuación los argumentos que deben ser utilizados por la precarización de los trabajadores, como frentes de unión hacia la cuestión medioambiental y sanitaria, para concluir con las reflexiones finales. 2.- FUNDAMENTO TEÓRICO La clase social en Marx Guy Standing, artífice del neologismo precariado (como fusión del adjetivo precario y el nombre proletario) alude bajo esta denominación a una doble conceptualización, como grupo socio-económico, 207 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �García., V., B. justificando su empleo ante las nuevas relaciones de clase motivadas por la economía de mercado (Standing, 2011: 7). Debe indicarse que por clase social se comprende a: “grandes grupos de personas que se diferencian unas de otras por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por su relación (en la mayoría de los casos fijada y formulada en la ley) con los medios de producción, por su papel en la organización social del trabajo y, en consecuencia, por la magnitud de la parte de riqueza social de que disponen y el modo en que la obtienen” (Harnecker, 2020: 222-223). Marx no llegó a ofrecer una definición exacta del concepto de clase, dejando inconcluso con su muerte el capítulo destinado a resolver dicha incógnita, el cual ocupa el último apartado del volumen III de su obra culmen, El Capital. Su máxima descripción consistió en diferenciar grupos humanos conforme a la posición que ocupaban en el modo capitalista de producción, de acuerdo con la propiedad y forma de obtención de concretos réditos: asalariados (propietarios de fuerza de trabajo que obtienen un salario por su trabajo); capitalistas (propietarios de capital, que sustraen una ganancia de aquel); y terratenientes (propietarios de la tierra, que sustraen de ella una renta) (Marx, 2009:1123). Los asalariados, también denominados proletariado, supondrían el escalón inferior dentro del esquema de clases en las relaciones de producción. Al margen de esta división, se encontraría por debajo del proletariado el lumpenproletario, un estrato carente de conciencia de clase. Empleado para explicar históricamente la posición intermedia entre el hombre libre romano (plebeyo) y el esclavo (Marx, 1846), en su contexto social el lumpen representaba el “producto pasivo de la putrefacción de las capas más bajas” (Marx, 2018: 136), “una masa bien deslindada del proletariado industrial (…) rateros y delincuentes de todas clases, que viven de los despojos de la sociedad, gentes sin profesión fija, vagabundos, gens sans feu et sans aveu” (Marx, 1850), conformado por: “arruinados, con equívocos medios de vida y de equívoca procedencia, junto a vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidio, huidos de galeras, timadores, saltimbanquis, lazzaroni, carteristas y rateros, jugadores, alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos, organilleros, traperos, afiladores, caldereros, mendigos, en una palabra, toda es masa informe, difusa y 208 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �García., V., B. errante que los franceses llaman la bohème (…) hez, desecho y escoria de todas las clases” (Marx, 1852). Teniendo en cuenta los principios de que partía Marx para identificar una clase, conforme a su posición y conciencia de la misma, llevaron a Harnecker (2020) a exponer que: “Las clases sociales son grupos sociales antagónicos, en que uno se apropia del trabajo del otro a causa del lugar diferente que ocupan en la estructura económica de un modo de producción determinado, lugar que está determinado fundamentalmente por la forma específica en que se relaciona con los medios de producción” (222-223). El precariado y su mundo El precariado (embrión de una supuesta nueva clase social) conformado por aproximadamente una cuarta parte de la población adulta (Standing, 2011:24), sin que existan intereses comunes ni unidad material entre sus miembros (Standing, 2014a:12), se caracteriza por experimentar cuatro estados anímicos: ira, por el malogramiento de las opciones de movilidad social ascendente; anomia, causada por la impotencia de cambio de la realidad por sus integrantes; ansiedad, respondiendo a las circunstancias de continua inseguridad socio-laboral; y finalmente alienación, no en el sentido clásico del proletariado, de cumplimiento de las funciones para un propósito ajeno, sino adicionando un sentimiento de engaño, fruto de la constante exposición a la exhortación del pensamiento positivo por su trabajo realizado (Standing, 2011:19-21), el conocido mindfulness, empleado en la reducción de estrés para tratar la depresión en adolescentes y adultos jóvenes, con efectos moderados (Chi, Ai, Tingting, Peichao, Chi, 2018). Desde los parámetros descritos por Standing pueden distinguirse tres grupos, como componentes de esta supuesta nueva clase social en formación, que impiden su constitución como clase por sí misma: Primero, los excluidos del proletariado, hijos de trabajadores, con escasa formación educativa y privados de los servicios a que tenían acceso sus ascendientes (Standing, 2014b:11), convirtiéndose en el caldo de cultivo idóneo al populismo nacionalista (Standing, 2014a:13), es decir, los herederos repudiados por el Estado de bienestar postfordista, que ven amenazadas sus posibilidades de prosperidad social en los dirigentes políticos y en el exterior de sus países; Segundo, las minorías étnicas y los inmigrantes (denominados por el autor como nostálgicos, aunque nos oponemos a este apelativo en la medida que comparten ese sentimiento con los hijos de los Redefiniendo el precariado desde la perspectiva China. 209 �García., V., B. antiguos proletarios), poco visibles en el apartado político (Standing, 2014a:14), deducimos por su falta de integración, en la cual cabrían incorporar los descendientes de esos expatriados, que añoran un mundo idílico que nunca conocieron, y al que se aferran para construir sus relatos de oposición al sistema (como se ha visto con el fenómeno del yihadismo en Europa); Por último, una generación de profesionales surgidos de la academia, con alta cualificación, y con preparación suficiente para lograr prosperar frente a las frustraciones y privaciones a que son sometidos (Standing, 2014ª:13-14), con aspiraciones a mejorar la sociedad sobre los valores progresistas de la igualdad, la libertad y la sostenibilidad ecológica (Standing, 2014b:11), con opciones de convertirse en los portadores de la antorcha de la tradicional intelligentsia. A ellos podrían sumarse: los jóvenes frustrados en sus expectativas de vida (con tasas de desempleo superiores en hombres que en mujeres desde la crisis de 2008); adultos mayores que son despedidos de sus empleos a causa de la edad, viéndose forzados a encontrar trabajos temporales para no caer en la pobreza; demandantes de asistencia sociales del Estado; personas con necesidades especiales que no reciben dichas ayudas; y la población reclusa (que en países como China e India son empleados como mano de obra barata) (Standing, 2012: 596-597). En estas personas se aprecia que sus relaciones de trabajo se basan en situaciones laborales fluctuantes, convertidas en una constante nebulosa de incertidumbre temporal y volatilidad física del empleo, sin estar amparadas por condiciones garantes de las necesidades de reproducción, generando trabajo forzado y alienamiento a los que no puede oponerse el individuo (en un persistente desapoderamiento sobre sus aptitudes y gestión del tiempo material); originando una imposibilidad de satisfacer las expectativas de vida de las personas que se encuentran en esta situación de sometimiento, pese a disponer de una especialización educativa superior a las posibilidades de su hipotética acción productiva, aunque necesaria, en tanto opera como filtro de acceso a las opciones de empleo vacantes (Standing, 2014ª:8), en sintonía con la finalidad de conseguir trabajadores genéricos o “todo terreno”, que puedan ser desechados, sin conllevar dificultades a sus patronos (Bauman, 2012:22). Asimismo, la vida del precariado discurre en la búsqueda de obtención de trabajo, al cual debe destinar medios y tiempo equivalentes a los de una actividad laboral, tal y como formula Standing en la máxima “trabajo para buscar trabajo”, quedando excluido del mercado formal, y por extensión, del acceso a la cobertura adicional ofrecida desde las diversas regulaciones (Standing, 2014a:9). Uniéndose 210 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �García., V., B. a este grupo otras características como son la negación de derechos culturales, sociales y políticos, por carecer de residencia legal a causa de la concatenación de empleos flotantes (Standing, 2012: 591). El escenario en que transcurre el precariado, se delimita entre las coordenadas del agotamiento de la ilustración y sus propuestas quiméricas (Contreras Natera, 2015: 132). Un tiempo en el que la mutabilidad de las circunstancias impide la cristalización de nuevos elementos de guía para la toma de decisiones sociales, impidiendo planteamientos más allá del corto plazo; con la quiebra del poder del Estado-nación, frente al avance de fuerzas transnacionales y la incapacidad de las instituciones para intervenir a nivel global, llevando a un paulatino abandono de la acción interna de atención de su población, en favor de la acción externa (encuadrada en la competitividad internacional), que apareja un creciente proceso de vaciamiento de los organismos (a través de la externalización de servicios) y descrédito institucional, por el desamparo e inoperatividad que ofrece (Bauman, 2008:7-9); a la par, que aumenta la uniformidad global, en el proceso generador de desarraigo común “en nombre del desarrollo y del progreso” (Contreras Natera, 2015: 129). El precariado no es contrario a la política, pero se encuentra desconectado de ella por cuanto esta no es capaz de entender sus aspiraciones y necesidades (Standing, 2014b:12), lo que explica el crecimiento de la desafección ciudadana hacia los medios representativos tradicionales, y la procrastinación ante un mundo irreal, de aparente libertad ofrecida por el mercado, con infinitas posibilidades de consumo, pero solo para aquellos que gozan del Capital para intervenir en él; constituyendo una ficción alimentada por los aparatos ideológicos de esta sociedad consumista de productos, que no están al alcance del precariado, al no disponer ni de la capacidad de reproducir sus propias condiciones de producción, siendo así personas desechables por el sistema, en un retorno a la servidumbre. Los aspectos para alcanzar la consolidación de esta clase, son identificados por Standing en el reconocimiento público, la obtención de representación institucional, y una redistribución de los medios existentes para materializar las condiciones personales y laborales que permitan una sociedad sustentable, a través de la seguridad económica, el control sobre el tiempo, espacios de calidad, educación liberadora, conocimiento financiero y Capital (Standing, 2014b:12); pero en suma, todo ello no es sino un error, en la medida en que tales fines no conforman la identificación de las personas en precario como una nueva clase social, sino las condiciones para lograr que los parias laborales puedan ser reintegrados y autoidentificados en la clase trabajadora. Redefiniendo el precariado desde la perspectiva China. 211 �García., V., B. Neoliberalismo y globalización Althusser defendía dos tesis conjuntamente “1. No hay práctica sino por y bajo una ideología. 2. No hay ideología sino por el sujeto y para los sujetos” (Althusser, 2018:59). En el marco de la globalización, entendida tanto en el ámbito de interacción alcanzado por los países tras la disolución de la Unión Soviética (URSS), como por el desarrollo de las comunicaciones, que ha incrementado entre todos los Estados la interrelación en el plano ambiental y económico mundial (Kwan Chan, Peng, 2011:423), se ha consolidado una ideología hegemónica, el neoliberalismo. Marx ya explicaba como “mientras la burguesía de cada nación seguía manteniendo sus intereses nacionales aparte, la gran industria creaba una clase que en todas las naciones se movía por el mismo interés y en la que quedaba ya destruida toda nacionalidad” (Marx, 2017:93). Un grupo sin identificar, cosmopolita, trascendente a las fronteras, que no conoce más límites que los que le impone su Capital, y que es capaz de configurar las relaciones descendientes hacia su clase. El neoliberalismo ha tratado de formar un sistema cuyos postulados consisten en garantizar la libertad del individuo a su más alta expresión, mercados sin intervención gubernamental ni políticas discrecionales, así como reformas estructurales que permitan la máxima desregulación de los mismos (Hirai, 2015:9), hecho que ha demostrado como el mercado global daña a los débiles, y solo asegura movilidad a los altamente cualificados (Birdsall, 2006:433) o posicionados socialmente; aunque desde el plano formativo, las instituciones de educación superior mantienen vínculos de dependencia financiera y legitimadora de los Estados en cuyo territorio actúan, por ser mayormente pertenecientes al sector público (Marginson, Van Der Wende, 2009: 25). Igualmente, en el plano internacional, no es probable el desarrollo de un modelo análogo a la regulación y fiscalización de los mercados por los gobiernos nacionales (que ayudaría a conseguir la igualdad de oportunidades) (Birdsall, 2006:434); por lo que el componente formativo y de alta movilidad laboral, queda determinado por el factor nacional, y su restricción solo es evadida por aquellos pertenecientes a la clase hegemónica (los estertores de la élite industrial, y sus sucesores en este nuevo periodo postindustrial), perpetuándose en el marco de la globalización las rivalidades entre los trabajadores de distintas nacionalidades. El 25 de diciembre de 1991, fecha de desaparición de la URSS, constituye la derrota histórica del primer y único intento de creación de un modelo global y alternativo al capitalismo, conllevando el 212 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �García., V., B. retraimiento (cuando no la disolución) de pensamientos divergentes al neoliberalismo; el cual se alzó como sistema victorioso, sin más oposición ni límites que los de su propia capacidad de producción, y sin que su heredero ideológico, la República Popular China, haya ofrecido un sostén de pensamiento (y carezca de intención de hacerlo). Los Estados Unidos, en su convencimiento de superioridad de ideario, predicando su victoria de la guerra fría, ejercieron una política de libre comercio con China, en la certeza de que el crecimiento que llevaría aparejado, traería consigo una mejora de sus instituciones y la democracia al país (cosa que no ha sucedido) (Acemoglu, Robinson, 2012: 517). China, como apunta Žižek: “constituye hoy en día el Estado capitalista ideal: libertad para el capital, con el Estado llevando a cabo el trabajo sucio de controlar a los trabajadores”, en lo que resulta ser “una nueva clase de capitalismo: indiferencia hacia las consecuencias ecológicas, represión de los derechos laborales, todo subordinado al implacable impulso al desarrollo y a la conversión en la nueva superpotencia” (Žižek, 2013a:30). Su expansión económica es evidente, siendo el mayor exportador y tenedor de divisas del mundo (Ohashi, 2015:234), al ser en 2018 más del 15% del Producto Interior Bruto mundial (The World Bank, 2021a), y con el 18,34% de la población del planeta, sus hogares tienen un crecimiento anual de consumo de un 9,5% (The World Bank, 2021b), en un contexto de globalización, un proceso geoespacial de mayor convergencia e interdependencia de las esferas de acción mundiales y/o regionales (Marginson, Van Der Wende, 2009:19). Esto causa un aumento de la conectividad multinivel, donde no solo las empresas, sino especialmente los individuos, asisten a un constante flujo de (des)información, reduciendo las sensaciones de distanciamiento geográfico (aunque sean ficticias). El problema en torno a la globalización reside en quién dirige la economía global y fija sus intereses, resaltando la importancia que representa el elemento político y de poder (Birdsall, 2006:429) en la respuesta a esta controversia. Una problemática en la que se encuentra China, por su expansión comercial y el aumento de su presencia en todos los mercados. Desde que en 1978 Deng Xiaoping puso fin a las políticas aislacionistas (época en que el país representaba el 1% del comercio mundial) permitió entre otras cuestiones, las inversiones extranjeras, que se han incrementado exponencialmente en estas décadas a través del descenso arancelario, desde el 45% que fijaban en 1992, a menos del 7% en 2001, fecha la que el país ingresó en la Organización Redefiniendo el precariado desde la perspectiva China. 213 �García., V., B. Mundial del Comercio (logrando aumentar su presencia internacional), y en 2013 representar el 11% del comercio mundial (Irwin, 2015:202) consiguiendo que más de 500 millones de personas escapasen de la pobreza (Ohashi, 2015:239); pero con un aumento de la desigualdad, como constata la evolución del índice de Gini, del 32,2 en 1990 al 43,7 en 2010 (Banco Mundial, 2021). Todo ello sin olvidar la represión sistemática, cuyo punto álgido se alcanzó en el contexto de las manifestaciones de la plaza de Tiananmen en 1989, con alrededor de 5.000 heridos y 1.500 muertos (Tamames, Debasa, 2013), y más recientemente en las protestas de Hong Kong de 2019, que sin alcanzar las cotas del pasado siguen mostrando las demandas de mayor libertad de la población china. El país se ha organizado históricamente en torno al danwei, un término empleado para designar la integración espacial, del trabajo, la residencia y la vida social de la ciudadanía, efectuada por el Partido Comunista chino (Bjorklund, 1986:21), que sigue siendo la principal unidad de organización territorial y laboral de la población urbana (Xie, Wu, 2008:561-562), y que en opinión de Standing (2012: 594) al ser subvencionado por China, ha motivado el incremento de la oferta laboral mundial, el aumento en la desigualdad de ingresos, y una pérdida en la capacidad de negociación de los trabajadores de todo el mundo. Las reformas de Deng Xiaoping, conocidas como “las cuatro reformas” y “la apertura de puertas”, implementadas desde finales de la década de 1970, supuso el desmantelamiento de las políticas soviéticas y maoístas, y el comienzo de la economía de mercado en China (Ng, Warner, 2002:10), estableciendo el fin del conocido “tazón de arroz de hierro”, expresión con que se aludía al sistema garantizado por el Estado, de alimentación, pensiones, vivienda, atención sanitaria, educación, transporte y ocio, para los trabajadores y sus familias (Hughes, 1998:71). En este escenario habría que entender el precariado como la progenie no reconocida del neoliberalismo, fruto de un constante abaratamiento de la vida humana, que les dirige al desamparo, incumpliendo las reglas básicas de reproducción, pero sin que constituya una nueva clase, tratándose exclusivamente de trabajadores excluidos de las necesarias garantías sociales. En palabras de Marx, “El nivel mínimo de salario, y el único necesario, es lo requerido para mantener al obrero durante el trabajo. Y para que él pueda alimentar una familia y no se extinga la raza de los obreros” (Marx, 1844); pero el precariado es la devaluación del conjunto de mínimos vitales hasta el máximo posible (antes de producirse su supresión), cuya razón de ser responde al enfrentamiento internacional, entendible desde la dialéctica de Estados. 214 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �García., V., B. Esta afirmación es comprendida desde la exposición de Xin Meng, al sostener que: “sí China quiere convertirse en una superpotencia económica, su estructura industrial debe estar dominada por una industria de capital intensivo, de alta tecnología” de forma que “el crecimiento económico futuro se base en la innovación y la sofisticación tecnológica, y no en la mano de obra barata”, dejando de ser “la fábrica del mundo”, para convertirse en “el laboratorio del mundo” (Meng, 2014:380). Irónicamente, el país ya ha sido objeto de uno de los mayores experimentos sociales de la historia (si excluimos el sistema de casta que durante siglos rigió la India) a través de la política del hijo único. Esta campaña, que será recordada “como una de las lecciones más costosas de la formulación errónea de políticas públicas” (Feng, Gu, Cai, 2016:84), fue establecida en 1980 con la finalidad de reducir las altas tasas de natalidad del país y controlar el crecimiento demográfico, con el propósito de que no interfiriese en el desarrollo económico del país (Neuman, Schmitz, 2018); constatándose, durante el periodo que estuvo en vigor esta política, un descenso de nacimientos por cada 1.000 personas, de 33,4 que se registraban en 1979, a 4,95 en 2012 (Song, 2014:113), causando efectos en la sociedad. No obstante, a que el experimento finalizó en 2015, perdura la mentalidad de los padres a focalizar sus esfuerzos en tener solo un descendiente, para “que pueda ascender en la escala social o que al menos no decaiga en ella” (Fifield, 2019). Igualmente debe destacarse la realidad de los shidu, término chino que alude a los padres que han perdido a su único hijo, estimándose en 2010 que se encontraban en esta situación 2.412.600 familias (Song, 2014:113). Dichas personas deberán afrontar una vejez en soledad conviviendo con el sentimiento de pérdida, que les conduce al aislamiento y al progresivo deterioro de sus facultades mentales, detectándose frecuentemente la aparición de patrones autistas (Li, 2013: 551), sin omitir la discriminación laboral a la que se enfrentan los individuos con mayor edad, agudizado en China, que cuenta con una edad oficial de jubilación a partir de los 45 años en las mujeres, y de los 55 en el caso de los hombres, edad que es adelantada en las familias shidu (Song, 2014:114). En 2013 la nación tenía 770 millones de trabajadores, de los cuales el 72% provenía del ámbito rural (Meng, 2014:383), con un desempleo del 4,6%, idéntico al que mantenía en 2003, y superior al 2,7% que registraba en 1993 (The World Bank, 2021c) de una población total de 1.178 millones de Redefiniendo el precariado desde la perspectiva China. 215 �García., V., B. habitantes, frente a los 1.357 millones de 2013 (The World Bank, 2021d), lo que equivale a 62 millones de personas sin empleo en China. Además el país cuenta con una migración interna, que en 2014 era de 270 millones de desplazados del campo a la ciudad (Zhao, 2019), de los cuales un 60% se desempeña en trabajos precarios, desarrollando sus actividades en el plano de la economía informal, sin estar amparados por las regulaciones laborales, desempeñándose en sectores como la construcción, los servicios, el trabajo doméstico, cuidado de menores y el reciclaje (Swider, 2015:5), reflejándose la situación de millones de personas que migran aspirando a obtener un futuro. Se trata de los nacidos a partir de 1980, una generación rupturista con las condiciones de vida de sus padres, con educación secundaria en el 67,2% de sus integrantes, pertenecientes a familias pequeñas como consecuencia de la política del hijo único, a quienes no agradan el estado del empleo en las fábricas, junto a los bajos salarios, en comparación con el aumento de los costes de vida (Béja, 2011:3), generando malestar en la población, tal como acreditó en 2008 la universidad de Fudan, al realizar una encuesta a 30.000 migrantes de las principales ciudades del país, donde se obtuvo que solo el 7,6% estaba satisfecho con su vida en la ciudad (Milcent, 2010:35). Del mismo modo, no puede obviarse a los ciudadanos que se han ido del país en una diáspora, que en la década de 1980 era superior a 25 millones de personas, y a comienzos del siglo XXI, rondaba los 40 millones (Fleischer, 2012:72), llevando a algunos de sus integrantes, hijos de inmigrantes que no hablan el idioma chino al no haberlo aprendido, a reflexionar sobre lo “precaria, inestable y problemática formación de su identidad, su complejidad social y las repercusiones culturales” (Ang, 2013:18); y en otros casos siendo criticada la falta de profundidad de análisis, al tratar a la población china como un único grupo étnico, en detrimento de las minorías que lo conforman (como tibetanos e uigures) con fines de explotación política y de clase (Lo, 2013:173). La visión defendida por Antonio Gramsci, de implementación del utilitarismo en el mundo laboral, para conseguir el máximo rendimiento productivo a través de la organización de la vida individual y colectiva, permitiendo resolver las contradicciones “que no pueden dejar de existir”, a partir de la creación de “un nuevo conformismo desde abajo”, idea que asociaba a la autodisciplina como libertad individual (Gramsci, 2009:226-227), puede entenderse como el logro condicionado de la libertad del sujeto, en tanto este cumpla con el cometido que el sistema espera de sí mismo. Estas ideas parecen 216 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �García., V., B. haber sido recogidas por el neoliberalismo, pero en una vuelta del revés perversa que no espera del sujeto un sacrificio consciente en favor de la comunidad, sino inmolarse silenciosamente. Sirva de ejemplo que entre enero y agosto de 2010, en la fábrica Foxconn de Shenzhen donde se fabricaban teléfonos iPhone, se suicidaron 17 trabajadores cuyo salario en las líneas de montaje era de 1.000 yuanes al mes (Béja, 2011:3) (aproximadamente 140 dólares). Debido a la presión a que se ven sometidos los individuos en el país asiático, han proliferado las protestas laborales desde las 87.000 convocadas en 2005 (Lansdowne & Wu , 2009: 10), a 500 movilizaciones diarias (O´Brien & Deng, 2017: 180), lo que supone más de 182.000 protestas al año. De ellas destaca lo ocurrido en 2014 en la fábrica textil de Yue Yuen, donde aconteció la mayor huelga de la historia de China, tras hacerse público el impago del seguro social a los trabajadores (Estlund, 2017: 13) muchos de los cuales se desempeñaban en la empresa en condiciones de temporalidad por razón del seguro (Tapia, Elfström, & Roca-Servat, 2018: 194). Ya Marx defendía como “La demanda de hombres regula necesariamente la producción de hombres, como ocurre con cualquier otra mercancía. Si la oferta es mucho mayor que la demanda, una parte de los obreros se hunde en la mendicidad o muere por inanición” (Marx, 1844). Esta es la realidad a que se asiste en buena parte del mundo, y es la causa del aumento del precariado, la progresiva pérdida de oportunidades y el fracaso de expectativas (laborales y sociales), hasta sumir al individuo en una muerte en vida (cuando no a su supresión real), por la reducción de la humanidad a una concatenación de meros ajustes contables, de acuerdo a las conveniencias del sistema. Idea que era defendida por Gramsci al explicar la tarea educativa del Estado, como elemento capaz de adaptar los lineamientos morales de la masa popular a los requerimientos económicos de la producción, surgiendo así “los nuevos tipos de humanidad” (Gramsci, 1984:100); lo que explica la aparición del precariado no como una nueva clase, sino como la involución del proletariado (de acuerdo a las exigencias del sistema), a un estado de esclavitud invisible en el que el trabajador vive en un mundo panóptico. Una ruptura con el hombre-masa existente desde antes de la revolución industrial, y que en la actividad fabril surgía “sobre la base de la posición ocupada por la colectividad en el mundo de la producción”, correlativa a la existencia del “hombre representativo”, cuya función de liderazgo ha ido retrocediendo (Gramsci, 2009:225), hasta extinguirse en el estado del precariado. Una actividad, la del intelectual, que ha sido clave en el desarrollo de cualquier movimiento, pues como reconocía Mao TseRedefiniendo el precariado desde la perspectiva China. 217 �García., V., B. Tung en 1957, “la gigantesca y ardua causa de la construcción socialista de China requiere que la mayor cantidad posible de intelectuales se ponga a su servicio”, en un periodo en que se había “debilitado la labor ideológica y política entre los intelectuales y jóvenes estudiantes” (Tse-Tung, 2013:214), equivalente a la experimentada por el precariado, un proletariado desmemoriado tras haber sido deglutido y fagocitado por el sistema ideológico burgués, que ha neutralizado cualquier identidad de clase. Gramsci exponía como la burguesía es “capaz de absorber a toda la sociedad, asimilándola a su nivel cultural y económico”, llevándole a declarar que siendo así “hasta el punto de concebir el fin del Estado y del derecho por haber llegado a ser inútiles y haber agotado su tarea y haber sido absorbidos por la sociedad civil” (Gramsci, 2009:211). Por su parte Žižek define la postura de la clase media como un antagonismo puro, en la medida en que se autopercibe desde unas coordenadas de trabajo y moral, opuestas a “las grandes corporaciones, sin patria ni raíces, de un lado, y los excluidos y empobrecidos inmigrantes y habitantes de los guetos, por otro”, pero que enmascara el engaño de su supuesta imparcialidad social, desdibujando las líneas de clase (Žižek, 2008:22-23); hechos que explican la existencia del precariado, trabajadores sin garantías de protección ni unidad, cuyas mermadas condiciones materiales les recluyen en el conformismo y el individualismo, por causa de la acción constante del neoliberalismo y de la flaqueza de la intelectualidad y las fuerzas representativas. Una situación expuesta por Marx al decir que “la competencia aísla a los individuos, no sólo a los burgueses, sino aún más a los proletarios, enfrentándolos los unos con los otros, a pesar de que los aglutine” (Marx, 2017:94), lo que aclara la falta de disposición del precariado. La revolución que puede llegar: la cuestión medioambiental y sanitaria como elementos catalizadores de la lucha: “Los viejos dirigentes intelectuales y morales de la sociedad sienten que se les hunde el terreno bajo los pies, se dan cuenta que sus prédicas se han convertido (…) en algo ajeno a la realidad, en pura forma sin contenido (…) de aquí su desesperación y sus tendencias reaccionarias y conservadoras (…) piden al Estado que adopte medidas represivas, y se constituyen en grupo de resistencia apartado del proceso histórico real, aumentando de este modo la duración de la crisis, porque el ocaso de un modo de vivir y de pensar no puede producirse sin crisis. Por otro lado, los representantes del nuevo orden en gestación, 218 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �García., V., B. por odio racionalístico contra lo viejo, difunden utopías y planes descabellados” (Gramsci, 2009:226). En palabras de Standing “El precariado es una nueva clase social peligrosa en parte porque rechaza todas las viejas ideologías políticas predominantes y porque es intuitivamente transformador” (Standing, 2014a:15), pero cabría negar esta afirmación en tanto que el cambio no es concebible desde los parámetros de la desunión, y sin proyecto de futuro que pueda contraponerse a las circunstancias que se quieren modificar, como defendió (y demostró) Lenin desde su exposición en ¿Qué hacer? Al decir: “Sin teoría revolucionaria tampoco puede haber movimiento revolucionario”. La educación marxista es parte del currículo académico de los estudiantes escolares y universitarios del país, a fin de obtener personas cualificadas para la construcción del socialismo con características chinas (Australian Marxist Review, 2014), y la formación de líderes para el PCCh (Taber, 2018), logrando así el fomento de aplicaciones prácticas a dicha educación, como manifiesta su ministro en esta área (Qiuyan, 2017). La promoción gubernamental del acervo ideológico por medio de la enseñanza regulada, ha generado una contradicción interna propiciada por los propios estudiantes marxistas. Este hecho ha quedado visiblemente patente, por el arresto de aquellos universitarios que han fomentado huelgas y protestas en favor de las condiciones de trabajo de sus compatriotas (Yang, 2019). La ideología no es sino la representación de la relación presente de las personas con sus condiciones de existencia materiales (Althusser, 2018:52-53), y sin ideología, lo único que encontramos es un individuo al que le han despojado de su humanidad. En opinión de Althusser “los hombres que no tiene el conocimiento de las realidades políticas, económicas y sociales en las que deben cumplir las tareas que les asigna la división del trabajo, no pueden vivir sin guiarse por una cierta representación de su mundo y sus relaciones con él” (Althusser, 2018:120). Por lo que necesariamente el rechazo de las viejas ideologías a las que alude Standing, debería dar lugar a la cristalización de una genuina ideología originada en las especiales condiciones materiales de esta clase emergente. Cosa que no es concluyente por la propia divergencia de sus miembros, y tampoco se demuestra de acuerdo a lo ocurrido en China, donde se produce una contradicción entre el estudio y ánimo de puesta en práctica de la ideología por el gobierno, y el acallamiento de sus practicantes por las autoridades. Como defiende Žižek: Redefiniendo el precariado desde la perspectiva China. 219 �García., V., B. “mientras persista esta esencial despolitización de la esfera económica” y “cualquier discurso sobre la participación activa de los ciudadanos” quede “reducido a una cuestión cultural en torno a diferencias religiosas, sexuales, étnicas o de estilos de vida alternativos (…) no se podrá incidir en las decisiones de largo alcance que nos afectan a todos” (Žižek, 2008:110). Así, incumplida la máxima de Marx por la cual “Los diferentes individuos sólo forman una clase en cuanto se ven obligados a sostener una lucha común contra otra clase” (Marx, 2017:95), no puede concebirse el precariado como una clase original, sino los trabajadores pauperizados y desempleados como consecuencia de la liberación de los mercados y su globalización, que lleva a una competición aislacionista entre los individuos, y deshumanizadora entre los países, por ver quien consigue ofrecer más por menos. Una condición explicada por Standing (2008: 29), surgida de la flexibilización del mercado laboral en el plano de la generación de competitividad nacional, que provoca una facilitación de los despidos y la disminución de incentivos a la contratación, favoreciendo la generación de trabajo informal. Existe una relación “entre la aparición de movimientos sociales con las insuficiencias del orden institucional existente”, por lo que en un ámbito planetario “la decadencia de un orden político nacional/internacional y el surgimiento de un movimiento social mundial tiene relación de causa-efecto” (Iglesias, 2006:56), de forma que la identificación del precariado con una clase social, implicaría necesariamente una idea de proyecto común al cual no se adhiere; por el contrario, sus carencias materiales representadas por su propia situación de inseguridad, imposibilitan cualquier reacción coordinada, dejando a los trabajadores que se encuentran en estas condiciones a merced del sistema, ya sea por su explotación o por su supresión involuntaria como fuerza de trabajo. Este planteamiento se explica desde la posición defendida por Santiago Armesilla, a partir de la lectura crítica del texto “La dominación británica de la India”, escrito por Karl Marx en 1853, argumentando como el declive de la economía india no se debió exclusivamente por la instauración del capitalismo británico, sino por su tecnología de vapor y mecánica, ante las cuales eran incapaces de competir las técnicas tradicionales, provocando con ello “que muchos trabajadores y artesanos tradicionales emigraran de sus tradicionales lugares de residencia, o que murieran abocados a la mendicidad al haberse quedado sin trabajo” (Armesilla, 2017:115). 220 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �García., V., B. Más de siglo y medio después, para paliar estos efectos se alienta la responsabilidad social corporativa, un término sobre el que no existe consenso respecto a su descripción, al que se incorporan aspectos sociales en los que incide la mala actuación empresarial (como son los abusos de los derechos humanos y la degradación ambiental), pero sin que representen un resultado final en su negocio (por lo que podría interpretarse como planes de caridad o filantrópicos), buscando una mejora de las relaciones de la empresa con la sociedad (Adeyeye, 2012:7-8); mientras que en la realidad el hecho de que el mercado funcione correctamente, se debe precisamente a la posibilidad de dejar desatendidos a los débiles y pobres (Bridsall, 2006:432). Condición que como alerta Standing (2008:16), ante una situación de inseguridad económica personal, no debe esperarse un comportamiento socialmente responsable, por lo que las personas que se encuentren en estas circunstancias pueden reaccionar de formas adversas. Es lo ocurrido con los movimientos de protesta espontáneos, inadecuados para la obtención de cambios en el sistema, en tanto no converjan en “algo parecido a un partido”, un elemento de guía que permita la identificación y satisfacción de lo que realmente se quiere cambiar (Žižek, 2013b:189). En una sociedad como la china, que carece de una garantía legal para la libertad de expresión, la propensión a la protesta muestra el nivel de aceptación a admitirla como una forma legítima de actividad social (Su, Feng, 2013:47). A pesar de la ausencia de movimientos organizados, con unidad de discurso en la escena sociopolítica, es habitual que los movimientos de protesta empleen Internet como medio para dar publicidad a los abusos cometidos por el sistema, atrayendo así la atención de abogados, medios de comunicación y profesores universitarios (Béja, 2011:7). Con ello, el grado de éxito dependerá, en opinión de Yang Su y Shizheng Feng, de si en la protesta intervienen personas con vínculos con las autoridades, que les consienta escapar de la persecución estatal (Su, Feng, 2013:61), no habiéndose alcanzado avances por la actuación del gobierno, quien ha impedido la unidad y la creación de alianzas entre las protestas, cuyo único punto débil se presenta en el aumento de la desigualdad, aspecto que podría llegar a desbordar la capacidad de paralización de cualquier actuación reivindicativa (Su, Feng, 2013:62); en cuyo caso vendría a confirmar que la dinámica de cambio procedería del conjunto de la clase trabajadora pauperizada, o del liderazgo ofrecido por elementos dirigentes del propio sistema, por lo que al no producirse una ruptura en la dirección, solo se lograrían nuevas refundaciones del mismo. La propuesta de Standing al considerar a los jóvenes con altos estudios como la fuerza con capacidad de cambio (Standing, 2014b:11), coincidiría con el análisis efectuado por Žižek, al describir la figura de Bill Gates y su percepción por el público mayoritario “como un antiguo hacker que ha Redefiniendo el precariado desde la perspectiva China. 221 �García., V., B. triunfado, entendiendo por hacker al subversivo/marginal/anti-elitista que altera el funcionamiento normal de los grandes imperios burocráticos” subyaciendo el mensaje de conversión del “gamberro marginal y subversivo que se adueñó del poder y se presenta ahora como un respetable empresario” (Žižek, 2008:87); que podríamos hacer extensible a otras figuras como Jeff Bezos y Steve Jobs, fundadores de Amazon y Apple, respectivamente. Desde la perspectiva de la hegemonía de Gramsci: “en el sistema hegemónico existe democracia entre el grupo dirigente y los grupos dirigidos en la medida en que el desarrollo de la economía y por consiguiente de la legislación, que expresa tal desarrollo, favorece el pasaje (molecular) de los grupos dirigidos al grupo dirigente” (Gramsci, 1984:193). Podríamos encontrar un diálogo entre el planteamiento gramsciano y el definido por Laclau, atendiendo a la explicación de Žižek, a partir de la cual la sociedad se encuentra suspendida entre dos posiciones coincidentes, “una visión corporativa pura (…) donde cada parte ocupa su lugar correspondiente y la visión revolucionaria radical de antagonismo entre la sociedad y las fuerzas antisociales” (Žižek, 2004:98). Al identificar la deducible reacción adversa ante privaciones sociales, con los estallidos espontáneos multitudinarios, si las demandas de indignación no son capaces de condensarse en una estructura de partido (por las circunstancias a que nos somete el mercado), la concepción de la alta cualificación como contrafuerza de alteración del orden establecido, no es sino una reinterpretación del american way of life (vida, libertad y búsqueda de la felicidad), desde una perspectiva globalizada y neoliberal. Se entiende que todo es posible en el sistema mundial, y que el individuo capaz tiene la fuerza para cambiar las cosas, siendo él el modelo de revolucionario que produce el neoliberalismo, cuyas habilidades de transformación responden a las formas de producción postindustriales, que superan la tradicional estructura Estado-nación y la dinámica partido-sindicato. Es la ilusión de aparente cambio que se ofrece desde el ecologismo, descrito por Martha E. Gimenez, como “un término genérico y multifacético que se aplica a una serie de ideologías heterogéneas, cuyas perspectivas políticas, teóricas y prácticas, se trazan en la relación de las poblaciones humanas con la naturaleza” (Gimenez, 2000:292). Las protestas hoy, identificables desde los lineamientos de la lucha por la protección ambiental y contra el calentamiento global, crea 222 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �García., V., B. movimientos que encubren un aparente cambio para que todo siga igual, en una perversión del gatopardismo. En China es reconocida la importancia que desempeña en su economía la aparición y crecimiento de la clase media, por su capacidad de consumo y por sus implicaciones ecológicas ante el incremento de hogares que quieren aumentar su gasto (Hefele, Dittirch, 2011:58); por lo que confrontando este fenómeno al precariado, se extrae que no es sino una confusión de clase, donde la capacidad económica excluye la condición social, es decir, la precarización del trabajo genera unas condiciones de vida de clase baja, pero los mensajes dictados por el mercado y la obtención de un mayor consumo, implica una expansión de la mentalidad de clase media/burguesa e individualista, sin proyecto común. Para que se den posibilidades de un cambio real, debe generarse conciencia de la existencia mísera a que es sometido el individuo, empatizando con las idénticas circunstancias que deben experimentar sus congéneres. Pensemos en los problemas medioambientales, que de acuerdo con Sacristán, además de ser “problemas políticos, no ideológicos”, son a su vez “globales, internacionales”, sin que su solución sea posible desde posiciones nacionalistas (Sacristán, 2009:182); una situación que evidencia como el mercado no muestra los verdaderos costes sociales de la contaminación, puesto que las empresas no internalizan los efectos provocados en las comunidades polucionadas, como tampoco lo hacen los países respecto de sus emisiones territoriales de gases de efecto invernadero, que repercuten negativamente a escala mundial (Birdsall, 2006:431). Sacristán exponía que “un rasgo común a todos los marxismos es la crítica de esta sociedad y el intento de identificar racionalmente los factores y los agentes de una posible sociedad justa y emancipada”, espacio en que se enmarca la inquietud ante los problemas medioambientales (Sacristán, 2009:169), junto a los que deben ir asociados los sanitarios, por su intrínseca relación a la degradación de la vida. La importancia de la naturaleza radica en que sus límites materiales lo son también de la organización de las fuerzas y relaciones sociales, y productivas humanas (Gimenez, 2000:301). Si bien la acumulación de Capital (que requiere de una constante expansión de la división de la naturaleza y el trabajo), rompe con el ciclo natural, los monopolios agrícolas a gran escala se han vuelto hegemónicos por su promoción de la riqueza privada, a expensas de la pública, causando una ruptura en la fisiología de la expansión (Clark, Bellamy Foster, 2010:152-153). Redefiniendo el precariado desde la perspectiva China. 223 �García., V., B. Esta coyuntura debe abordarse desde el daño medioambiental provocado por la contaminación. En China a escala nacional, 5 millones y medio de hectáreas de suelo están contaminadas por acción de antiguas industrias pesadas (Li, Jiao, Xiao, Chen, Chang, 2015), denunciándose en 2011 la contaminación con metales pesados de 12 millones de toneladas de arroz (Mahr, 2011), alimento básico del pueblo, que tenía en 2017 un consumo anual de 126 kg por persona (Helgi Analytics, 2019). Se ha confirmado en China que el vertido de aguas residuales en áreas densamente pobladas ha contribuido al aumento de la tasa de cáncer, siendo la principal causa de muerte en el país (Ebenstein, 2012:200), habiéndose demostrado que el crecimiento económico de la nación, siempre va aparejado a la producción y a los cambios en la polución industrial urbana (Zheng, 2015:29), sin tener en cuenta el debido cuidado medioambiental y sanitario de la población. La apertura de China al libre mercado llevó a una precarización de la sanidad, como consecuencia de su privatización, ilustrando la situación el hecho de que en 2002, el 45% de la población urbana y el 79% de la población rural no tenían seguro médico, caso evidenciado durante el brote de la enfermedad SARS de 2003, que llegó a ser comparado en la comunidad internacional con el accidente de Chernobyl en la URSS (Li, Chen, Powers, 2012:630-631); y si bien hoy el seguro es obligatorio para los trabajadores de las áreas urbanas (en 2014 había 283 millones asegurados) no así queda cubierto el de sus familiares, siendo opcional para los residentes en las zonas urbanas (dando servicio a 314 millones de trabajadores autónomos, niños, estudiantes y personas de la tercera edad) (Fang, 2016), quedando excluidos de él los migrantes rurales (Milcent, 2010:45). Desde el sistema actual los problemas medioambientales son planteados con una óptica mercantilizadora, que trata de tasar los recursos naturales como capital natural, y el clima como un mercado de emisiones (Clark, Bellamy Foster, 2010:153), al igual que ocurre con la salud humana, de tal modo que la protección del medioambiente y la sanidad deben centralizarse como elementos catalizadores de la lucha, por el cambio total de las condiciones materiales del precariado. La máxima ofrecida por Manuel Sacristán, al decir que “los grupos revolucionarios tienen que ser ecologistas, y los ecologistas tienen que ser socialmente revolucionarios”, en tanto que “una práctica ecologista choca inmediatamente con el presente modo de producción” (Sacristán, 2009:171), demuestra por qué la teoría y práctica ambientalista debe confrontar los problemas generados por las condiciones materiales existentes en la sociedad, y no al margen de esta para alcanzar el cambio. 224 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �García., V., B. Sirva de ejemplo la explicación de Žižek sobre la unificación de fuerzas antagónicas polacas contra el comunismo soviético, en una alianza forjada desde planteamientos prepolíticos, basado en la mera condición de solidaridad entre seres humanos (Žižek, 2001:191), que retoma a partir de la pandemia mundial de 2020, de la enfermedad infecciosa COVID-19, donde ante una tragedia global que sobrepasa la perspectiva nacional, surge una solidaridad de igual magnitud para encontrar una solución, que lleva a reflexionar sobre las condiciones de nuestro sistema vigente en la búsqueda de un cambio radical, a través de la confianza mutua en las personas y la ciencia (Žižek, 2020). En opinión de Sacristán, “no hay antagonismo entre tecnología y ecologismo, sino entre tecnologías destructoras de las condiciones de vida de nuestra especie y tecnologías favorables a largo plazo a ésta”, pues “no se trata de adorar ignorantemente una naturaleza supuestamente inmutable y pura, buena en sí, sino de evitar que se vuelva invivible para nuestra especie” (Sacristán, 2009:176), por lo que al no existir contradicción, si se logra conjugar las ideas ambientalistas con la praxis tecnológica, puede conseguirse una refundación de los aparatos productores y reproductores, en la medida en que el precariado sea consciente de su existencia y abandone su estado de ignorancia, en una transición a su consolidación como clase madura y definida. Las condiciones que existen para el precariado, permiten sobrepasar las dificultades a las que aludía Sacristán, cuando consideraba que los movimientos ecologistas debían “hacer ver a la izquierda obrera que, por causa de los problemas ecológicos, algunos de sus intereses a corto plazo están entrando en conflicto con sus intereses a plazo medio y largo” (Sacristán, 2009:173), hechos a los que habría de sumarse la cuestión sanitaria, en la medida en que la acción de movilización del proletariado ha sido desmantelada y recluida a la defensa de los derechos que aún mantiene, mientras que el precariado, al nacer apartado del Estado de bienestar (y consumo), no cuenta con los limitantes a corto plazo, pues sus metas se encuentran en el medio y largo plazo en forma de alteración de la naturaleza, a fin de obtener las condiciones garantes de dignidad personal y sostenibilidad de su salud, y del medio ambiente. 3.-MÉTODO Diseño La presente investigación responde a una metodología cualitativa, por medio del análisis de los postulados del precariado expuestos por Standing, contrapuestos a autores marxistas que desarrollaron y defendieron la clase social del proletariado, a través de la interpretación de obras seleccionadas, con el Redefiniendo el precariado desde la perspectiva China. 225 �García., V., B. objetivo de negar la existencia del precariado como una nueva clase social emergente distinta de la clase trabajadora, lo que realmente es, pero pauperizada por las condiciones exigidas. Instrumentos Para la construcción del marco teórico-conceptual de la negación del precariado como nueva clase social emergente, se consultó el libro en que Standing definió qué es el precariado, cuatro (4) artículos de su autoría en los que desarrolla su trabajo, confrontándolo a los textos de Antonio Gramsci, Karl Marx, Louis Althusser, y Mao Tse-Tung, como exponentes del marxismo clásico, y Slavoj Žižek, por representar una fuente contemporánea de esta escuela de pensamiento. Procedimiento El sistema empleado ha consistido en la identificación de razonamientos e ideas, procedentes de Antonio Gramsci, Karl Marx, Louis Althusser, Mao Tse-Tung, y Slavoj Žižek, con el objetivo de interpretarlas y contraponerlas a la visión defendida por Standing, desde una posición crítica y justificada, argumentando por medio de publicaciones contemporáneas, en las que se manifiesta la contradicción de las condiciones materiales existentes actualmente en China. 4.- CONCLUSIONES Un fantasma recorre el mundo: el fantasma del precariado. Este espectro no es nuevo, como tampoco lo es su constitución como clase original, al carecer de conciencia de su propia existencia ni identificación entre los sujetos a ser considerados sus integrantes, sin que dispongan de un plan de acción común ni unos objetivos delimitados. Es el cúmulo de circunstancias superpuestas por el empeoramiento de las condiciones laborales y la desprotección de los trabajadores, el desarraigo provocado por las migraciones forzosas, y el conformismo ante unas circunstancias que sobrepasan las capacidades de un individuo desorganizado e indefenso ante los efectos de la globalización y la incapacidad de las instituciones nacionales. Es momento de asumir el fracaso en los planteamientos de defensa de los trabajadores, y dejar de buscar la salvación entre las cenizas de lo que pudo ser y no fue; pero sin negar la importancia que tiene la representación de la masa en el logro de objetivos, y la necesidad de recuperar la fuerza conjunta de partidos y sindicatos como elementos de liderazgo en la promoción del cambio de las circunstancias 226 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �García., V., B. materiales, por la mejora de las condiciones socio-laborales. Una situación que no oculta la estafa piramidal del sistema, residiendo el engaño sobre la explotación de los ejércitos de reserva, compuestos por la fuerza de trabajo escasamente remunerada o sencillamente sin remuneración, a cambio de una supuesta satisfacción personal por mor al trabajo, la auto realización y el pensamiento positivo, que no es sino el retorno de la servidumbre cuando no de la esclavitud, alimentada por el espejismo de la obtención futura de seguridad económica. El precariado es el sometimiento de la clase trabajadora, por su inducción al error de auto identificarse con las condiciones de vida burguesas, que los llevan a vivir en unas condiciones que no responden a sus necesidades materiales y que solo insuflan ánimo de obtención de complacencia por medios artificiosos. No obstante a su condición actual, el precariado, el estado a que se dirige el conjunto de la clase trabajadora en el presente, es la columna vertebral de la revolución postindustrial en ciernes, ya que este grupo no es sino el proletariado despojado de su identidad, incapaz de reconocerse como tal, falsamente auto convencido de adocenamiento, desubicado por la falta de refundación de un proyecto común y viable al que asirse, y por la carencia de medios con que afrontar el efecto narcótico de la fantasía consumista; que debe encontrar los medios en su falta de unidad, para lograr revertir la situación, por el shock que afronta con la catástrofe medioambiental, sanitaria, y económica, puesta de manifiesto en 2020 (con la pandemia de COVID-19), y converger a un frente común cuya resultante sea cambiar el sistema. REFERENCIAS Acemoglu, D. y Robinson, J. A. (2012). Por qué fracasan los países. Paidós. Adeyeye, A. O. (2012). 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Coronavirus is Kill Bill-esque blow to capitalism and could lead to reinvention of communism, Russia Today. https://www.rt.com/op-ed/481831-coronavirus-kill-bill- capitalism-communism/ 232 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 http://revpoliticas.uanl.mx/ La paradiplomacia universitaria, las transformaciones de las universidades ante el COVID 191 University paradiplomacy, the transformations of universities in the face of COVID 19 María Gabriela, Zapata-Morán2; Jorge Hipólito, Berlanga-Ramírez3, Hugo, Salazar-Mata4 RESUMEN El modelo de universidad pública y privada en México ha venido a transformarse con la llegada de la pandemia por el COVID-19. Las nuevas estrategias de la paradiplomacia universitaria crean un nuevo sistema universitario capaz de integrar estrategias digitales y relaciones interinstitucionales a distancia. El objetivo de este artículo es recopilar las diferentes estrategias que se implementan para llevar a cabo acciones paradiplomáticas en las universidades y el impacto que éstas tienen en la atracción de estudiantes extranjeros que ingresan a un Posgrado a la UANL. En un estudio realizado antes y durante la pandemia se realizó un instrumento cuantitativo para la recolección de datos a través de encuestas aplicadas a estudiantes extranjeros. El presente artículo es producto de una revisión documental y literaria en donde se encontró que el contraste de resultados indicó una transformación en la empresa universitaria y su internacionalización durante la pandemia. Los nuevos modelos universitarios traen consigo nuevas estrategias de paradiplomacia que permitan comprender la dimensión internacional de las universidades como actores locales. Palabras claves: COVID-19, Internacionalización de la educación superior, Paradiplomacia universitaria. ABSTRACT …………………………………… Fecha de recibido: 20-12-2020 Fecha de aceptado: 03-03-2021 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional The public and private university model in Mexico has been transformed with the arrival of the COVID-19 pandemic. The new strategies of university paradiplomacy create a new university system capable of integrating digital strategies and inter-institutional relations at a distance. The objective of this article is to compile the different strategies that are implemented to carry out paradiplomatic actions in universities and the impact they have on attracting foreign students who enter a Postgraduate degree at UANL. In a study carried out before and during the pandemic, a quantitative instrument was used to collect data through surveys applied to foreign students. This article is the product of a documentary and literary review where it was found that the contrast of results indicated a transformation in the university company and its internationalization during the pandemic. The new university models bring with them new paradiplomacy strategies that allow us to understand the international dimension of universities as local actors. Keywords: COVID-19, paradiplomacy. Internationalization of higher education, University Cómo referenciar este artículo: Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., & Salazar-Mata, H. (2021). La paradiplomacia universitaria, las transformaciones de las universidades ante el COVID 19. Revista Política Globalidad y Ciudadanía, 7(14), 233-253. https://doi.org/10.29105/pgc7.14-11 Este artículo es producto del proyecto “Las estrategias de Paradiplomacia Universitaria en la atracción de estudiantes extranjeros de Posgrado de la UANL”, financiado por el CONACYT. Iniciado en 2018 y finalizado en 2021. 2 Doctora en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. Email: gabrielazapmor15@gmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4386-084X. 3 Doctor en gerencia pública y política social por la Universidad de Baja California, Profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. Email: polo_rmz@hotmail.com Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4509-6830. 4 Doctor en Filosofía con orientación a la Gobernabilidad, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. Profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. Email: hugosalazarm@gmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6254-3436. 1 233 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 http://revpoliticas.uanl.mx/ 1.- INTRODUCCIÓN En un primer aparatado se explica a través de las palabras de Zeraoui que la Paradiplomacia, a diferencia de la diplomacia, que es exclusiva del poder político federal y no de entidades privadas, la paradiplomacia es una actividad reservada a los gobiernos intermedios, provincias o municipalidades y no a las instituciones privadas. La primera vez que apareció el termino fue en la década de los 80`s y los pioneros fueron Duchaceck y Soldatos desde entonces ha evolucionado a través del tiempo en diferentes concepciones. Además de incluir nuevos actores que no son necesariamente gobiernos locales o subnacionales si no que se integran nuevos participantes en el sistema internacional como las universidades o las escuelas de posgrado. Es por eso por lo que en los últimos años el mundo ha visto una creciente participación de los gobiernos regionales en el ámbito internacional, un fenómeno a veces conocido como paradiplomacia. Las razones radican tanto en cambios a nivel del sistema estatal e internacional, y en el plano político, así como el desarrollo económico dentro de las propias regiones (Farías, 2014). En el estudio realizado por Velázquez (2007) menciona que el incremento de las actividades paradiplomáticas se debe a que existe una mayor interdependencia económica y una creciente globalización. En este sentido, la participación de los actores no centrales en los asuntos internacionales se debe a la globalización que ha limitado paulatinamente la capacidad de los Estados centrales de satisfacer las necesidades de las regiones. En cuanto al porqué de la paradiplomacia universitaria y su concepción para el estudio de Ruiz Gutiérrez se define más bien la participación de diferentes actores y no solo limitados a los gobiernos no centrales, abarcando todos los actores que la ejecutan (empresas, universidades, organismos internacionales, etc.), busca responder a los cambios y necesidades globales y, dependiendo del rubro de cada actor, estos trabajan para ese fin común de integración y desarrollo; desarrollo del sector económico en el caso de las empresas, sector académico y cultural si hablamos de actores educativos y estos en conjunto a nivel macro trabajan por un desarrollo regional (Ruiz-Gutiérrez, 2017). Las universidades han recibido el impacto de la globalización, su participación en el escenario internacional depende en gran medida de sus estrategias, motivaciones y capacidades. Estas acciones 234 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., & Salazar-Mata, H. tienen un papel importante en el cambio institucional al interior de las universidades; sin embargo, también impactan en la región en donde se desarrollan. Los estudiantes de Posgrado internacionales buscan cada vez más la movilidad como referencia de calidad en sus estudios, una respuesta a la tendencia de la globalización. Las universidades tendrán que adaptarse a los cambios de este fenómeno internacional. La paradiplomacia universitaria En la paradiplomacia se toma entonces el sentido vital a través de la internacionalización de las universidades, puesto que estas relaciones internacionales paralelas del profesor, investigador y de la propia universidad fortalecen sus capacidades para el futuro. El papel que ejercen las universidades que se comportan como actores no tradicionales, es clave para fomentar el desarrollo socioeconómico de las regiones a las que pertenecen. Por otro lado, la Paradiplomacia ejerce un rol fundamental en la atracción de estudiantes extranjeros, pues sus estrategias de acción son usualmente dirigidas hacia ciudadanos globales. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas(ONU) la ciudadanía global se entiende como un tipo de ciudadano que trasciende el espacio de lo nacional, se sustrae de un ámbito identitario o territorial específico, y se integra a una ética global en constante desarrollo (ONU, 2016). Tabla 1. Total, de estudiantes extranjeros matriculados. Institución/periodo Total, de Total, de Total, de Total, de alumnos alumnos alumnos alumnos extranjeros extranjeros extranjeros extranjeros matriculados matriculados matriculados matriculados 2018-2019 2014-2015 2015-2016 2016-2017 UANL 1097 901 789 388 ITESM 5107 2381 5060 5137 UDEM 2338 1694 1853 523 Fuente: Tomado de Zapata-Morán con datos de las ANUIES, 2019. En este sentido los Posgrados como especialización y ampliación del conocimiento tienen un papel importante en la formación de los ciudadanos globales; aunque por un lado se presenta un La paradiplomacia universitaria, las transformaciones de las universidades ante el COVID 19. 235 �Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., & Salazar-Mata, H. fenómeno sin precedentes en cuanto a la cantidad de estudiantes que deciden continuar sus estudios de Posgrado en el Estado de Nuevo León, también es un hecho que no son los suficientes para la infraestructura y capacidad de la misma. En el estudio realizado por Zapata Morán (2021), se hace una relación entre la cantidad de estudiantes extranjeros que estudian en universidades del área metropolitana de Nuevo León y la cantidad de estudiantes de movilidad nacional que estudian en el extranjero. A través de esta investigación se pretende estudiar el máximo potencial a explotar de los posgrados, como receptores de estudiantes extranjeros, para fomentar la movilidad estudiantil y la cooperación internacional. Diversos estudios realizados por Sebastián (2005), Melissen (2005), Abdolalizadeh (2014), Albatch & De wit (2020) se han enfocado en analizar la relación existente entre la estructura de los sistemas educativos y los estudiantes. Algunos concluyeron que los sistemas escolares menos integrales, que dividieron a los estudiantes ósea que no promovían la multiculturalidad, son causantes de agrandar las desigualdades individuales entre los estudiantes y maestros. Es importante evaluar las estrategias llevadas a cabo por las Universidades estatales y este caso las llevadas a cabo por las escuelas de posgrado pues los estudiantes de este nivel buscan con más esfuerzo crear redes de colaboración con sus pares en el extranjero. Por lo que resulta importante analizarlo, pero no solo desde la perspectiva de los expertos, sino también de los estudiantes saber cuáles son las necesidades y los retos que los universitarios que se integran a un contexto internacional enfrentan y como atendiendo esas necesidades, las universidades encuentran áreas de oportunidad. La medición de la calidad en los servicios de movilidad prestados en las universidades, en este caso la Universidad Autónoma de Nuevo León, requiere de una búsqueda de más definiciones y categorías, pues para llegar a la estandarización internacional hay temas que están estrechamente vinculados a la Paradiplomacia universitaria. En la era de la globalización las universidades han demostrado a través de su estabilidad institucional, ser agentes de larga duración parecida incluso a la de los estados nacionales. Esto en gran medida por el papel que tienen en la formación de clases dirigentes y de técnicos y profesionales, convirtiéndolas en instituciones de larga duración. En este sentido se entiende que la hegemonía en la producción de conocimiento, así como la formación y educación de las elites dirigentes, lo que ubicó a las universidades en un contexto de acciones diplomáticas hacia el exterior en una posición destacada dentro del sistema de instituciones. Por lo tanto, 236 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., & Salazar-Mata, H. esta participación constante de las universidades las ubica como un nuevo actor en el sistema internacional capaz de ejercer diplomacia paralela a través de ciertas acciones como la internacionalización de la educación entre otras (Harispe, Herrero, & Araya, 2014). El posicionamiento a nivel local permite a las universidades mayor acceso a relaciones con otras, la cooperación internacional entre los centros universitarios no es un tema nuevo, desde la aparición de las tecnologías de la comunicación y las redes sociales. Los actores subnacionales también se encuentran entre aquellos actores que buscan la internacionalización, entonces la definición de paradiplomacia abarca tanto a los municipios que forman parte del gobierno de un Estado-nacional, como también a otras instituciones, de significativo peso cultural y académico-científico. (Harispe, Herrero, & Araya, 2014). En los últimos años el mundo ha visto una creciente participación de los gobiernos regionales en el ámbito internacional, un fenómeno a veces conocido como paradiplomacia. Las razones radican tanto en cambios a nivel del sistema estatal e internacional, y en el plano político, así como el desarrollo económico dentro de las propias regiones. El ciudadano como protagonista de la paradiplomacia: Los programas de intercambio El término paradiplomacia universitaria resulta relevante en un contexto actual centralizado, entre reducción de presupuestos y la corrupción que impera en las instituciones, la relevancia del término recae en la estructura pura de la paradiplomacia entendida como las acciones diplomáticas llevadas a cabo por organismos no centrales en las relaciones internacionales a través del establecimiento de contactos ad hoc con entidades privadas o públicas del extranjero, con el fin de promover asuntos socioeconómicos y culturales, así como cualquier otra dimensión externa de sus competencias constitucionales (Cornago, 2000). El papel del ciudadano en la paradiplomacia es primordial para aquellos que les preocupa su agenda de internacionalización pues el capital humano es esencial para que el proceso de internacionalización se lleve cabo exitosamente, de ahí la justificación del estudio de los estudiantes extranjeros de posgrado. En este sentido, Greogory menciona que su participación requiere una estrategia en donde estén involucrados ya sean actores estatales, sub-estatales o no estatales para formar una comprensión de las culturas, actitudes y comportamientos propios de una región o país, pues esto La paradiplomacia universitaria, las transformaciones de las universidades ante el COVID 19. 237 �Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., & Salazar-Mata, H. conlleva a la construcción y gestión relaciones, para contribuir en el pensamiento de las audiencias y fomentar acciones que permitan favorecer sus intereses y valores (Greogory, 2011). En este sentido los programas de intercambio capturan el interés de las élites académicas y crean conexiones de alto valor emocional, se le consideran estrellas de la paradiplomacia, pues permiten capturar la esencia de la sociedad civil a través del alumnado y sus docentes y experiencias en ambientes multiculturales, rodeados de libertad de pensamiento y conocimiento. Cada alumno tiene la oportunidad de elegir el programa, la universidad o el destino. Se pretende que la experiencia sea única, aun cuando se enmarque en las acciones destinadas a colectivos académicos, periodísticos o de otra naturaleza (Manheim, 1994). Existen varios ejemplos de integración regional a través de las universidades, uno de ellos ha sido el programa Erasmus establecido por medio de la Unión Europea, que ha dado becas y financiamiento a jóvenes europeos que pretenden convertirse en ciudadanos globales y además contribuir con relaciones públicas a sus universidades. Sin embargo, se encuentran algunas limitaciones para la medición de su desempeño pues son programas académicos de formación en el sentido amplio, pero también le consideran acciones que cuestan mucho en términos monetarios y de recurso humano y cuyo rendimiento es difícil de valorar. El término paradiplomacia universitaria resulta relevante en un contexto actual centralizado, entre reducción de presupuestos y la corrupción que impera en las instituciones, la relevancia del término recae en la estructura pura de la paradiplomacia entendida como las acciones diplomáticas llevadas a cabo por organismos no centrales en las relaciones internacionales a través del establecimiento de contactos ad hoc con entidades privadas o públicas del extranjero, con el fin de promover asuntos socioeconómicos y culturales, así como cualquier otra dimensión externa de sus competencias constitucionales (Cornago, 2000). Durante la crisis del COVID 19 se vislumbró que la situación de las instituciones de educación superior en cuanto su internacionalización sufriría una crisis sin precedentes, se tiene una oportunidad sin precedentes, ¿Qué se va a hacer con la internacionalización de la educación superior? ¿Cuáles serán las estrategias de paradiplomacia que impacten en el desarrollo institucional de las universidades? 238 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., & Salazar-Mata, H. El impacto del COVID-19 en la internacionalización de la universidad Recientemente, la internacionalización de la educación superior se ha visto profundamente afectada por las fuerzas gemelas de la pandemia de COVID -19 la política internacional. Si bien el resurgimiento del nacionalismo y la xenofobia en todo el mundo ya había arrojado dudas sobre la importancia de un sistema globalizado de educación superior, la pandemia solo se ha sumado al enigma al imponer restricciones al movimiento normal de personas dentro y entre las universidades del mundo. A corto plazo, está claro que la pandemia ha afectado cambios masivos en los patrones que hemos llegado a observar en la educación superior internacional. El enorme experimento de la educación en línea nos dejará a todos permanentemente cambiados. Estaríamos mucho más dispuestos a participar en proyectos educativos a distancia. El trabajo que hemos estado haciendo en esta área durante los últimos años se consideraría preparatorio para un giro más generalizado hacia la enseñanza, la educación y la transferencia de conocimientos en línea. Las universidades se involucrarán más en este dominio que antes (Harvard, 2020, pp. 1). Según el profesor Elliott (2020), podría ocurrir un posible aumento en el número de asociaciones entre universidades, y después del COVID-19, más personas en puestos administrativos podrán ver el valor de cultivar relaciones a nivel institucional. En este sentido, los acontecimientos del año 2020 han establecido la prioridad de invertir en salud, seguridad y la protección en el desarrollo, implementación y gestión de programas de intercambio internacional para la movilidad de estudiante y profesores. Los líderes de la educación internacional comparten las lecciones aprendidas y ofrecen consejos prácticos sobre evaluaciones de riesgos, planes de emergencia y protocolos. ¿Cómo se pueden integrar las necesidades de salud, seguridad y protección de los programas de educación internacional en las relaciones con los socios y los planes estratégicos institucionales para garantizar un regreso seguro al estudiar en el extranjero? Estrategias de Paradiplomacia Universitaria En cuanto a la UANL es parte de 45 organizaciones mundiales con la intención de fortalecer el proceso de internacionalización y cuenta con tres oficinas en el extranjero para fomentar la paradiplomacia, sin embargo la importancia de la paradiplomacia y la cooperación entre actores a nivel internacional no se ha incorporado de manera definitiva en las agendas gubernamentales ni tampoco en las políticas educativas de los gobiernos estatales de México, debido a la carencia de diversos elementos tales como La paradiplomacia universitaria, las transformaciones de las universidades ante el COVID 19. 239 �Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., & Salazar-Mata, H. recursos económicos, interés gubernamental, visión internacional y estrategia de vinculación internacional en materia de educación superior y en algunas ocasiones por la falta de compromiso de los lideres universitarios con la internacionalización, la poca información científica que se tiene al respecto, y modelos obsoletos de atención a estudiantes y profesores extranjeros (Waldman et al, 2018). Existen estrategias que integran a la paradiplomacia, como lo son: La internacionalización de la planta docente, el financiamiento, los servicios de atención a estudiantes extranjeros, la proyección internacional, y los procesos de internacionalización que lleva cabo la universidad. En este apartado se revisará el impacto que estas estrategias tienen en el ciudadano que interactúa con ellas de manera constante, en este caso el estudiante extranjero de posgrado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Las universidades en México han estado en una búsqueda constante de estrategias que les permita formar parte del sistema internacional. Esto se puede observar en la cantidad de estudiantes o profesores extranjeros, y la cantidad de publicaciones con autores de otros países, los convenios vigentes, las redes científicas y académicas, asociaciones, entre otros. La Universidad Autónoma de Nuevo León, se ha planteado estrategias y metas de internacionalización a través de sus planes de desarrollo institucional, en este sentido, En el año 2012, 597 estudiantes de la Universidad realizaron intercambio con otras instituciones: 27 con nacionales y 570 con internacionales, cifras que se vieron incrementadas para el 2018 con 853 estudiantes realizando intercambio hacia otras instituciones de educación superior: 69 nacionales y 784 internacionales. Mientras tanto, en el año 2012 la Universidad recibió a 301 estudiantes: 110 nacionales y 191 extranjeros, cantidad que también se vio incrementada en el 2018 con 700 estudiantes: 315 nacionales y 385 de otras partes del mundo (UANL, 2019). Cuando se habla de movilidad de estudiantes, se entiende como aquellos que están estudiando fuera del lugar de origen. En un panorama internacional, el uso regular de los términos como estudiantes en el extranjero y académicos internacionales y flujos de estudiantes internacionales se han traducido a todos los idiomas e incluso han sido usados como sinónimos cuando son referidos (Altbach P., 1991). De acuerdo con Gacel (2003) es necesario diseñar políticas de internacionalización que puedan contribuir a mejorar la calidad de la educación superior de manera que se puedan implementar cambios 240 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., & Salazar-Mata, H. que transformen el sistema educativo que pueda enfrentar los nuevos retos de la globalización; sin embargo, el panorama para México no es del todo favorable pues la polaridad en la distribución de riquezas, la corrupción y la falta de inversión en la educación, necesitan la evaluación constante de la academia y diseñar estrategias de manera que los beneficios de la internacionalización a través de la cooperación puedan ser un beneficio que llegue a todos como una vía para mejorar los índices de competitividad en México (Imco, 2011). Ahora bien, la internacionalización de la planta docente, la docencia son una parte fundamental de la paradiplomacia universitaria porque son parte de la movilidad académica y en otro porque son parte también de la calidad institucional en la internacionalización de la universidad a la que pertenecen. Los docentes y la educación de los docentes ocupan un lugar de privilegio en las agendas de las iniciativas internacionales, en los esfuerzos de la cooperación internacional y de los diseñadores de políticas nacionales. En muchos proyectos y programas dedicados a la reforma y el desarrollo educativos, las políticas o los estándares internacionales son producto de transferencias (Acedo, 2012). El incremento de la movilidad de estudiantes y docentes, a nivel de grado y posgrado, es una meta deseable para los sistemas universitarios. Esta movilidad se constituye en un notable transmisor de la cooperación interinstitucional, sin embargo, debe de ir acompañado de mecanismos de redes académicas que se den a sí mismas resultados y objetivos de manera estructurada (Larrea & Astur, 2017). Las estrategias de financiamiento que lleve a cabo la universidad se consideran importantes para su proceso de internacionalización, por ejemplo, El tema de la globalización y la interculturalidad ha dado parte al análisis de distintos elementos, de los cuales, uno ha sido como es el contacto del estudiante extranjero con su universidad receptora. Por lo que hace algunos años las universidades receptoras como es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México y la UANL tuvieron que reorganizar su administración y establecer una oficina de administración de estudiantes extranjeros para satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes extranjeros. Los costos ejercen una influencia significativa en la elección de los estudiantes de una institución de educación superior. Soo y Elliot (2010) también estudiaron la influencia del costo financiero de asistir a una universidad por parte de estudiantes internacionales; sin embargo, sus estudios mostraron una relación no significativa entre las tarifas cobradas por una institución y la opción de inscribirse en la institución. La investigación también ha demostrado que la elección de las universidades por parte de los estudiantes está influenciada por los atributos de la universidad. La paradiplomacia universitaria, las transformaciones de las universidades ante el COVID 19. 241 �Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., & Salazar-Mata, H. La reputación de una institución también es una consideración en la elección universitaria de un estudiante. Ming (2010) admite que la reputación de una institución es una poderosa influencia en los estudiantes potenciales. Dado el creciente número de instituciones de educación superior, los estudiantes son cada vez más críticos y analíticos en su selección de instituciones educativas. Por otra parte, la globalización y la internacionalización de la educación superior han aumentado significativamente la competitividad en las universidades. La competencia entre universidades se observa de manera visible en los rankings universitarios. Estos rankings inevitables y probablemente necesarios clasifican a las mejores universidades según su calidad y prestigio (Carrillo & Blanco, 2015). La comunicación de la proyección internacional se debe de fundamentar en los mismos parámetros de gestión que la comunicación de la proyección internacional. Por otro lado, la comunicación online o en páginas web debe ofrecer a los públicos extranjeros la promesa que la universidad ofrece, reforzándola y aumentándola en distintos idiomas con los recursos que tenga a su alcance (Carrillo & Blanco, 2015). La gestión de la proyección internacional de las universidades, las acerca a los públicos extranjeros, pues es una manera de recibir la atención necesaria que les ayude a satisfacer sus necesidades. Implica la implementación de información web y la traducción de sus contenidos. Se requiere una participación mucho más activa para reforzar las actividades de las universidades. Por otra parte, los servicios de atención de la escuela son una parte esencial de la calidad institucional que proyecte la universidad. La calidad institucional se entiende como el fortalecimiento de la capacidad de poner en práctica un sistema de calidad integral, efectivo y participativo para la ampliación de la oferta académica, los servicios administrativos y la planificación y la gestión (Miranda, 2004). Estudios anteriores demostraron el vínculo entre la calidad del servicio, la satisfacción de los estudiantes y la lealtad de los estudiantes, modelando las dinámicas existentes entre ellos (Teas & Agarwal, 2000) y (Agarwal & Teas, 2001). Dicho esto, la satisfacción de los estudiantes está doblemente vinculada a la calidad del servicio. En este contexto, las instituciones educativas deben monitorear activamente la calidad de los servicios que ofrecen y comprometerse con las mejoras continuas. En este sentido Dorweiler y Yakhou citados por Petruzzellis (2010) mencionan que los estudiantes se han vuelto más discriminatorios en su selección y más exigentes con las universidades que 242 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., & Salazar-Mata, H. eligen. Es importante, entonces, que las instituciones entiendan lo que los estudiantes desean y esperan de la institución que eligieron. El servicio de atención que los estudiantes experimentan, su burocracia y su nivel de complejidad afectan en gran medida la primera impresión del servicio y la decisión inicial de solicitar un curso, así como el nivel de satisfacción del estudiante. Un ejemplo de esto es, que casi dos tercios de los estudiantes de doctorado de los Estados Unidos aspiran a un puesto en un colegio o universidad. Aunque los estudiantes extranjeros esperan trabajar en un entorno académico, también aspiran a obtener relaciones duraderas con la universidad que los recibe a través de convenios con sus universidades de origen o redes académicas y de investigación internacionales (Altbach & Knight, 2006) 3.-MÉTODO Diseño El enfoque cuantitativo de la investigación pretende confirmar la relación de las variables propuestas en la primera fase del estudio cualitativo a través de la generación de una encuesta compuesta de 43 reactivos en el cual se buscó investigar las orientaciones cognoscitivas, afectivas y evaluativas de los estudiantes que se tenga como muestra, con el objetivo de medir las percepciones y sentimientos que tienen los estudiantes hacia las acciones paradiplomáticas de su universidad receptora, en este caso la UANL. Participantes De 88 estudiantes de posgrado que se encuentran actualmente inscritos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, se seleccionó una muestra de 72 estudiantes extranjeros, los cuales se segmentarán por zona a la que pertenece su país (América del Norte, Sudamérica, Europa, África y Asia) y por la rama del conocimiento al que pertenece su programa (Físico-matemáticas y ciencias de la tierra, Biología y química, Medicina y salud Humanidades, Sociales y Económicas, Biotecnología y agropecuarias e Ingeniería). Instrumentos Se operacionalizaron las variables, las dimensiones y los ítems, se establecieron los valores de la escala tipo Likert del 1 como Poco importante y 5 Muy importante. Después de revisarlo detenidamente, el La paradiplomacia universitaria, las transformaciones de las universidades ante el COVID 19. 243 �Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., & Salazar-Mata, H. instrumento se aplicó a una muestra no probabilística de 15 estudiantes provenientes de Sudamérica, Europa y África que se inscribieron a programas de posgrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el periodo abril a mayo del año 2019. El instrumento está compuesto de 43 reactivos, los cuales fueron respondidos a través de correo electrónico y personalmente. Se realizó una prueba de fiabilidad, con la cual se trataba de comprobar que el instrumento es confiable, la confiabilidad demostrada en los resultados indica que el instrumento es aceptable y puede ser utilizado para recopilación de datos. Se procedió a aplicar la encuesta a la muestra correspondiente en el periodo de febrero a octubre del año 2020. Procedimientos En una primera fase del estudio se realizó una recopilación de documentos y literatura que proporcionara una visión integral de las variables de estudio, después se realizo el instrumento cuantitativo de encuesta que se aplicó a 72 estudiantes provenientes de otro país que estudian un posgrado de la UANL. Se hizo un análisis de fiabilidad para proceder a la interpretación de estadísticos descriptivos proporcionados por el software SPSS, con los cuales se pretende comprender el orden de importancia de los ítems del instrumento. Finalmente se redactaron resultados y conclusiones. 4.-RESULTADOS Análisis de fiabilidad El tiempo y el costo de postularse a la escuela de posgrado es alto, por lo que los posibles solicitantes y afiliados deben limitar sus opciones. Además, se están comprometiendo un mínimo de un año por lo que se invierte ese tiempo, fondos y esfuerzo sustancial, una vez que se comprometen a un solo programa de posgrado. Por lo tanto, la elección de a cuál asistir debe ser considerada cuidadosamente y las opciones sopesadas (Joseph, 2010). El factor de interés en la investigación actual, en las escuelas de posgrado y para la universidad por igual, es comprender mejor cómo los estudiantes de posgrado llegan a su institución final de elección. Se compila y examina una lista de criterios de selección para programas de posgrado. En este sentido se encontró que la mayoría de los estudiantes, independientemente de su ciudadanía, tenían un objetivo a largo plazo de enseñar o un puesto de investigación en un entorno académico. 244 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., & Salazar-Mata, H. Se elaboró el instrumento de medición, se optó por la elaboración de una encuesta con escala tipo Likert, que de acuerdo Bertram (2008) las escalas llamadas Likert son una escala de respuesta psicométrica utilizada principalmente en los cuestionarios para obtener preferencias o grado de acuerdo con una declaración o conjunto de declaraciones. Las escalas de Likert son una técnica de escala no comparativa y son unidimensionales (solo miden un único rasgo) en naturaleza. Se les pide a los encuestados que indiquen su nivel de acuerdo con una declaración dada a través de una escala ordinal. “Únicamente, este tipo de instrumentos consten en una colección de ítems, la mitad manifestándose en una posición de acuerdo con la actitud a medir y la otra mitad en contra. Cada ítem está relacionado en una escala de valoración ordinal. Esta misma escala incorpora el punto medio neutral, así como los puntos a izquierda y derecha, originalmente de desacuerdo y de acuerdo, con opciones de respuesta numérica de 1 a 5. Esta escala de variables aparecía en horizontal, uniformemente espaciadas, al lado del ítem e incluía las etiquetas numéricas” (Matas, 2016, pp. 40). Tabla 2. Estrategias que impactan en la atracción de estudiantes extranjeros de la UANL Variable Media DE. Alfa de Cronbach Planta docente 3.02 1.22 .793 Oferta de Internacionalización 3.07 1.36 .909 Financiamiento 2.03 1.24 .762 Proyección internacional 3.67 .990 .902 Servicios de atención a estudiantes extranjeros 3.53 1.10 .809 Fuente: Elaboración propia, (2019). Consecuentemente se procedió a realizar el análisis descriptivo de la muestra para la determinación del grado de relevancia de las variables y sus ítems. La desviación estándar es la forma de dispersión más común, que señala que tan diversos están los datos en relación con la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. A continuación, se muestra el análisis por variable y el orden de relevancia para los entrevistados, lo que determinara el grado de importancia de cada uno de los ítems. La paradiplomacia universitaria, las transformaciones de las universidades ante el COVID 19. 245 �Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., & Salazar-Mata, H. En primera instancia en la variable de planta docente los estudiantes extranjeros de posgrado determinaron que el ítem con mayor relevancia es el conocimiento multicultural de los profesores (ME=4.37, DE=1,018), después impacto internacional de la producción académica de los profesores(ME=4.37, DE=.914), posteriormente en cuanto a relevancia la variable de participación de los profesores en redes académicas internacionales(DE=4.32 ME=.938) resultó ser importante, mientras que las variables accesibilidad de los profesores(DE=4.25 ME= 1.118) y Profesores especializados con algún título extranjero(ME=4.07, DE= 1.113) fueron las de menor importancia . Importancia Oferta de internacionalización En cuanto a la variable de oferta de internacionalización fueron generados indicadores que permitieran al estudiante medir en la toma de decisión la importancia de las estrategias de internacionalización de su escuela. En este sentido el ítem con mayor relevancia para los encuestados fue el de reconocimiento de la calidad educativa (ME=4.79, DE= .558). También se observa que las alianzas internacionales de la universidad (ME=4.59, DE= .599) resultó importante en el momento de tomar la decisión de asistir a una universidad; posteriormente el ítem reconocimiento de la universidad por evaluaciones internacionales (ME=4.56, DE=.712). Sitio web de la universidad (ME=4.49, DE= .791). Tabla 3. Descriptivos. Importancias de las variables oferta de internacionalización N. Mín. Máx. OI 1. Reconocimiento de la calidad educativa OI 2. Oportunidades de colaborar en investigaciones internacionales OI 3. Reconocimiento de la universidad por evaluaciones internacionales OI 4. Las alianzas internacionales de la universidad OI 5. Los convenios de cooperación de la universidad con organismos internacionales OI 6. Oferta de redes de investigación internacionales OI 7. La posibilidad de tener acceso a oficinas en el extranjero de la universidad OI 8. Sitio web de la universidad OI 9. Posibilidad de llevar cursos o actividades en plataforma digital OI 10. Disponibilidad de solicitud en línea N válido (según lista) Media. DE. 71 2 5 4,79 ,558 71 2 5 4,46 ,842 71 2 5 4,56 ,712 71 3 5 4,59 ,599 71 2 5 4,48 ,753 71 2 5 4,35 ,864 71 1 5 4,04 1,114 71 2 5 4,49 ,791 71 1 5 3,85 1,359 71 71 1 5 4,28 1,003 246 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., & Salazar-Mata, H. Fuente: Elaboración propia. (2020). Nota: Todas las variables independientes se midieron con escala tipo Likert con un rango teórico de variación de 1 (nada importante) a 5 (muy importante). Los convenios de cooperación de la universidad con organismos internacionales (ME=4.48, DE= .753); en grado de importancia sigue el ítem de oportunidades de colaborar en investigaciones internacionales (ME=4.46, DE= .842); seguido de oferta de redes de investigación internacionales (ME=4.35, DE=.864). Después el ítem disponibilidad de solicitud en línea (ME=4.28, DE= 1.003), y al final los ítems de la posibilidad de tener acceso a oficinas en el extranjero de la universidad (ME=4.04, DE= 1.114), posibilidad de llevar cursos o actividades en plataforma digital (ME=3.85, DE=1.359) que siguen estando por arriba de la media teórica. Respecto a la variable de financiamiento el ítem de mayor importancia para los estudiantes extranjeros de posgrado fue el de asistencia financiera (ME=4.75, DE=.691); seguido por el costo de colegiatura (ME=4.63, DE=.882). Por otro lado, los ítems costo de la renta de vivienda (ME= 4.39, DE= 1.049) y costo del transporte (ME= 4.17, DE= 1.207), también resultaron de importancia para los encuestados. El siguiente ítem medido en grado de importancia fue la disponibilidad de alojamiento seguro (ME= 4.11, DE= 1.337), seguido por oportunidades de trabajar durante el curso (ME= 3.52, DE= 1. 611), y en menor grado de importancia fue la disponibilidad de beca en país de origen (ME= 3.39, DE= 1.816). Tabla 4. Estadísticos descriptivos. Importancia de la variable Financiamiento N. Mín. Máx. Media. DE. FN 1. Asistencia financiera (becas) país receptor (México) 71 1 5 4,75 ,691 FN 2. Costo de colegiatura 71 1 5 4,63 ,882 FN 3. Oportunidad de trabajar durante el curso. 71 1 5 3,52 1,611 FN 4. Disponibilidad de alojamiento seguro 71 1 5 4,11 1,337 FN 5. Costo de la renta de vivienda. 71 1 5 4,39 1,049 FN 6. Costo del transporte 71 1 5 4,17 1,207 FN 7. Disponibilidad de beca / ayuda fina 71 1 5 3,39 1,816 N válido (según lista) 71 Fuente: Elaboración propia. (2020). Nota: Todas las variables independientes se midieron con escala tipo Likert con un rango teórico de variación de 1 (nada importante) a 5 (muy importante). La paradiplomacia universitaria, las transformaciones de las universidades ante el COVID 19. 247 �Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., & Salazar-Mata, H. La variable proyección internacional indicó que el ítem con mayor relevancia para los estudiantes extranjeros era la reputación de la escuela o facultad a nivel internacional (ME= 4.55 DE= .628),seguido por la reputación de la universidad a nivel internacional( ME= 4,51, DE= .734), señalando que es importante la promoción de escuelas o facultades incluso en un mismo grado de importancia que el nombre de la universidad; después le sigue, promoción en congresos internacionales( ME= 4,39 DE= .819), participación en ferias internacionales (ME= 4.31, DE= .838) como factor de importancia en la selección de los estudiantes extranjeros de posgrado. Le siguen en importancia los ítems la página web de la universidad (ME=4.15, DE= 1. 051), promoción en redes sociales (ME= 3.86, DE= 1.175), Los ítems de menor importancia para los entrevistados fueron acceso a las páginas web en diferentes idiomas (ME= 3.79, DE= 1.182), y marketing de los programas en páginas web (ME= 3.73, DE= 1.133). Tabla 5. Estadísticos descriptivos. Importancia Variable Proyección Internacional N. Mín. Máx. PI 1. Reputación de la Universidad/Facultad a nivel Media. DE. 71 2 5 4,51 ,734 71 3 5 4,55 ,628 PI. 3 participación en ferias internacionales 71 2 5 4,31 ,838 PI 4. Promoción en congresos internacionales 71 2 5 4,39 ,819 PI 5. Promoción en redes sociales 71 1 5 3,86 1,175 PI 6. La página web de la universidad 71 1 5 4,15 1,051 PI 7. Marketing de los programas en páginas web 71 1 5 3,73 1,133 PI 8. Acceso a las páginas web en diferentes idiomas 71 1 5 3,79 1,182 N válido (según lista) 71 internacional PI 2. Reputación de la escuela o facultad a nivel internacional Fuente: Elaboración propia. (2020). Nota: Todas las variables independientes se midieron con escala tipo Likert con un rango teórico de variación de 1 (nada importante) a 5 (muy importante). Uno de los servicios que les pareció más relevante fue la recepción de estudiantes a nivel internacional (ME= 4.69, DE= .689), la amabilidad de los servicios escolares de admisión (ME=4.55, DE=.842) y el Tiempo de respuesta de servicios escolares (ME= 4.35, DE= 1,016); por otro lado, son importantes también las oportunidades de gestionar o colaborar en proyectos internacionales (ME= 4.35, DE= .927), y un proceso de admisión simple (ME=4.30, DE= 1.006). En último lugar de importancia 248 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., & Salazar-Mata, H. resultan programas impartidos en idioma extranjero (ME= 3.76, DE= 1.292), esto se podría deber a que la gran mayoría de los encuestados son de países de habla hispana. Tabla 6. Estadísticos descriptivos. Importancia Variable Servicios de Atención N. Mín. Máx. Media DE. SE 1. Un proceso de admisión simple 71 1 5 4,30 1,006 SE 2. Tiempo de respuesta de Servicios escolares de admisión SE 3. Amabilidad de los servicios escolares de admisión SE 4. Oportunidades de gestionar o colaborar en proyectos internacionales SE 5. Recepción de estudiantes a nivel internacional SE 6. Programas impartidos en idioma extranjero N válido (según lista) 71 71 1 1 5 5 4,35 4,55 1,016 ,842 71 1 5 4,35 ,927 71 71 71 2 1 5 5 4,69 3,76 ,689 1,292 Fuente: Elaboración propia. (2020). Nota: Todas las variables independientes se midieron con escala tipo Likert con un rango teórico de variación de 1 (nada importante) a 5 (muy importante). Por último, en cuanto a la variable dependiente de intención de compra (intención de asistir a la UANL), el ítem de mayor relevancia fue: Yo planifiqué conscientemente asistir a mi universidad destino (M=4.41, DE= .855) y las probabilidades de que yo eligiera mi universidad destino eran altas (M= 4.27, DE= 1.203) indicando la importancia de la intención de tomar la decisión de asistir a una universidad (destino). En menor grado de importancia se encuentran los ítems, mi primera opción de destino fue la UANL (M= 4.20, DE= 1.203) y mi primera opción de universidad destino fue la universidad donde me encuentro actualmente (M= 4.14, DE= 1.175) indicando las distintas opciones que tienen los estudiantes en variedad de universidades con financiamiento. Tabla 7 Estadísticos descriptivos. Importancia Variable Intención de Asistir a la UANL N. Mín. Máx. Media DE. AS 1. Yo planifiqué conscientemente asistir a mi universidad destino AS 2. Mi primera opción de universidad destino fue la universidad donde me encuentro actualmente. AS 3. Las probabilidades de que yo eligiera mi universidad destino eran altas 71 1 5 4,41 ,855 71 1 5 4,14 1,175 71 1 5 4,27 1,014 AS 4. Mi primera opción de destino fue la UANL N válido (según lista) 71 71 1 5 4,20 1,203 Fuente: Elaboración propia, (2020). Nota: Todas las variables independientes se midieron con escala tipo Likert con un rango teórico de variación de 1 (nada importante) a 5 (muy importante). 5.- CONCLUSIONES La paradiplomacia universitaria, las transformaciones de las universidades ante el COVID 19. 249 �Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., & Salazar-Mata, H. Todo esto se debe a la separación que se ha tenido de los gobiernos, el sector productivo y las universidades, además de la reducción de presupuestos a la ciencia, la cultura y la tecnología; si bien el CONACYT como parte angular de la internacionalización de las universidades , ha tenido algunas reestructuras durante los últimos años, fue palpable el limitado presupuesto para la ciencia, la educación y la tecnología en los últimos años comenzando desde el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y más reciente y notorio durante la pandemia, donde se veían casos de retrasos en pagos y paros de múltiples facultades, como es el caso de la UNAM que mantiene uno de los estándares más altos de relaciones y convenios con otras universidades o centros educativos y de investigación, así como redes de maestros y estudiantes globales. Otro ítem relevante en el estudio “como supieron por primera vez de la universidad”, un 54, 5% contesto que fue a través de familiares o amigos, un 34.5% por Internet, 9.1% otro y 1.8% por redes sociales. Por lo que resulta de importancia la calidad del trato al estudiantes pues la comunicación de voz en voz de las experiencias vividas por los estudiantes (Word-of-Mouth Marketing) en el caso de la UANL es la principal forma de enterarse de la universidad. Seguido por el uso de internet por lo que se sugiere implementar uso de Big data, CRM, redes sociales más atractivas y páginas web más amigables para los estudiantes para una mayor interacción. En la variable proyección internacional, el ítem con mayor relevancia para los estudiantes extranjeros fue la reputación de la escuela o facultad a nivel internacional, seguido por la reputación de la universidad a nivel internacional, en el aspecto en que se debe trabajar más en la defensa constitucional de la universidad pública mexicana para poder acceder a una universidad multicultural y con intercambios académicos más significativos, así como el acceso de las facultades a más convenios macros y ferias universitarias internacionales, pues en cuanto a los encuestados se refiere es de mayor importancia la imagen de la facultad como es el caso de escuelas. Las estrategias de paradiplomacia medidas se sustentan en el que hacer institucional de la universidad, y las competencias que le permiten generarlas, en cuanto al impacto del COVID 19 se pudo encontrar un contraste en cuanto a la impartición de clases en línea y programas en idioma extranjero pues el instrumento se aplicó antes y durante la pandemia, permitiendo una medición de datos que resulta relevante en temporalidad. 250 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., & Salazar-Mata, H. Al comienzo de la crisis, estuvo en el supuesto que las realidades en la educación superior internacional de antes de la crisis probablemente se mantendrían, y que la educación superior volvería rápidamente a las rutinas normales, pero tal vez con menos estabilidad financiera que antes. En muchos países e instituciones. Con la crisis en evolución y más países y personas afectadas, esa opinión ya no puede sostenerse. En este contexto, se destaca la importancia de que los líderes de las escuelas de educación superior integren estrategias que permitan a las universidades contar con evaluaciones de riesgos, planes de emergencias y protocolos. En este sentido, las universidades podrían adaptar sus programas de educación internacional con estrategias paradiplomáticas con sus pares en el extranjero. REFERENCIAS Abdolalizadeh, M. (2014). Influential factor in international students’ college choice of a rural, regional university. Kentucky: ProQuest LLC. Acedo, C. (2012). Internacionalización de la educación docente. Perspectivas 42(1), 1-4. Altbach, P. G. (1991). Impact and adjustment: foreign students in comparative perspective. Higher Education, 21 (3), 305-323. Altbach , P. y Knight , J. (2006). Visión panorámica de la internacionalización en la educación superior: motivaciones y realidades. 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La paradiplomacia universitaria, las transformaciones de las universidades ante el COVID 19. 251 �Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., & Salazar-Mata, H. Elliot, M. (2021). What Is the Future of Higher Education’s Internationalization? Hardvard Press, recuperado de: https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/2020/08/future-of-higher-educationsinternationalization/ Farias, J. (2014). La paradiplomacia y la construcción de sus bases teóricas. CONfines 10(19), 159-164. Gacel, J. (2003). La internacionalización de las universidades mexicanas. ANUIES 35(1) 133-142. Greogory, B. (2011). American Public Diplomacy. The Hague Journal of Diplomacy 6, 351-372. Harispe, A. y Araya, J. (2014). “Nuevos actores subnacionales en el sistema internacional: municipios y universidades”. Ponencia presentada en el VII Congreso de Relaciones Internacionales del IRI, el I Congreso del CoFEI y el II Congreso de la FLAEI, Buenos Aires, Argentina, 26, 27 y 28 de noviembre de 2014. Hull, D. (1986). 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Entre los resultados se encontró que entre los factores protectores interno destaca la confianza en si mismos, consideran que la educación es muy importante entre los factores protectores externos y con respecto a la empatía confían en un mejor mañana. Se concluyó que, si bien es limitada la definición y medición de la resiliencia por la naturaleza dinámica y los múltiples factores de influencia del constructo, la población civil encuestada evidencia elementos característicos de la conducta resiliente posterior a haber sido afectados por el conflicto armado en su región. Palabras claves: Adultos, conflicto armado, resiliencia, Carmen de Bolívar. ABSTRACT …………………………………… Fecha de recibido: 15-12-2020 Fecha de aceptado: 29-02-2021 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional This article is the result of an investigation that aimed to measure the resilience of adult victims of the conflict in Carmen de Bolívar, Colombia. For this, a short, structured questionnaire of 32 items was applied where the variables internal protective factors, external protective factors and Empathy were evaluated. 156 adults from the geographical area studied participated. Among the results, it was found that among the internal protective factors, self-confidence stands out, they consider that education is very important among the external protective factors and with respect to empathy they trust in a better tomorrow. It was concluded that, although the definition and measurement of resilience is limited due to the dynamic nature and the multiple factors of influence of the construct, the civil population surveyed shows characteristic elements of resilient behavior after having been affected by the armed conflict in its region. Keywords: Adults, armed conflict, Carmen de Bolívar, resilience. Cómo referenciar este artículo: Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. (2021). Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia. Revista Política Globalidad y Ciudadanía, 7(14), 254-280. https://doi.org/10.29105/pgc7.14-12 Este artículo es producto del proyecto de investigación: “El Conflicto Armado En el Municipio El Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar, Colombia: una propuesta de medición de la resiliencia”. Iniciado en 2019 y finalizado en 2021. 2 Institución Universitaria ITSA, Colombia. Magister en Gerencia de sistemas de Gestión Integral por la Universidad Internacional Iberoamericana, Docente Catedrático en la Institución Universitaria ITSA. Email: albertoe.candanoza@gmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6555-0797. 3 Universidad Internacional Iberoamericana, México. Doctor en Estudios Sociales mención Economía Social por Universidad Metropolitana de México. Profesor Investigador en Universidad Internacional Iberoamericana. Email: marco.rojo@unini.edu.mx. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4862-8780 1 254 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. 1.- INTRODUCCIÓN Ante los episodios de violencia ocurridos en Colombia, frente al tema del conflicto armado, el proceso de paz con la guerrilla de las Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) y otros actores del conflicto, en la población del Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar. Resulta de especial interés realizar una medición de la resiliencia, para abordar el fenómeno desde sus diferentes dimensiones, facilitando la identificación de aquellos elementos que permiten desarrollar la capacidad de adaptación y afrontamiento ante situaciones violentas normalizadas en la cotidianidad. A partir de ahí, adoptar medidas que permitan contribuir al mejoramiento de la salud mental de los individuos, que son susceptibles al maltrato, la incapacidad de enfrentar y superar eventos traumáticos. El presente estudio surge de la necesidad de medir la resiliencia de la población sometida a diferentes sucesos traumáticos, ocasionados por las acciones violentas de los grupos armados al margen de la ley, con el fin de identificar la capacidad que tienen las personas afectadas para convivir con sus victimarios en esta época de post acuerdo. Es así, que la investigación permitirá direccionar la mirada hacia el foco de violencia en Colombia, especialmente en la región del Carmen de Bolívar, de la misma forma se pondrá en evidencia como esta sociedad se ha sobrepuesto a los muchos momentos de adversidad, terror, miedo y pánico generados por estos grupos armados. Debido a que no se cuenta con suficientes estudios de alcance nacional sobre el fenómeno de la resiliencia, sus estrategias de prevención y actuación con respecto a los acontecimientos causados por el conflicto armado en esa región. El presente trabajo es conveniente desarrollar, para afianzar un mayor conocimiento sobre la ocurrencia de cada tipo de situaciones ante el afrontamiento de esos eventos traumáticos, sus características y las necesidades de intervención. Por otra parte, permite ampliar los datos sobre la resiliencia en estos tipos de sucesos traumáticos, para contrastarlos con otros estudios similares y analizar las posibles variables según el género, nivel socioeconómico, la gestión de las entidades gubernamentales y el contexto. Así mismo, al ser la propuesta de la resiliencia una mirada que cambia los esfuerzos de los investigadores por analizar la realidad en la medida que centraliza su atención en la población sana a pesar de estar en un medio insano, para lo cual se hace necesario utilizar las herramientas teóricas de las ciencias humanas, tales como: la psicología, las ciencias sociales, la medicina y la política, entre otras. Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia. 255 �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. En la búsqueda y esclarecimiento de la capacidad que tiene un pueblo de superar la presión de la violencia, para volver a su estado inicial de paz tranquilidad y bienestar humano fortalecido. En este sentido, en la actualidad la resiliencia se reconoce como valiosa, por sus posibles aplicaciones en el área de la salud, la prevención y educación. Desde la política, por ejemplo: la resiliencia es un tema foco para potencializar a las poblaciones que muestran la fortaleza necesaria para afrontar infortunios que van desde desastres naturales, hasta desastres producidos por actividad antropogénica del hombre como las guerras, así como lo manifiestan algunos autores que han trabajado en resiliencia comunitaria, incrementando el apoyo humano y económico a programas destinados a este objetivo, con estrategias políticas encaminadas a mejorar la calidad de vida de dicha región. Esto implica, que la resiliencia aplicada a las comunidades sea diseñada como una forma de ofrecer afecto y apoyo, para ese grupo de personas que han sido violentadas por los grupos armados al margen de la ley, para que tengan la capacidad de desenvolverse, relacionarse y lo más importante que puedan crear vínculos más cercanos con los demás. Alguien resiliente se caracteriza por ser introspectivo, independiente y por mantener cierta distancia emocional para afrontar las dificultades (Suárez, 2002). La investigación aporta a las ciencias sociales en general, la percepción de los factores que caracterizan la población en situación de desplazamiento generado por la violencia y los eventos postraumáticos que dejó el conflicto armado en esta región. Un punto de partida en el que se puedan profundizar la comprensión de la resiliencia desde su propia mirada. En la actualidad se viven momentos de crisis complejas, una dinámica de cambios constante por lo cual se debe aprender a convivir con él. Por eso la reconstrucción de resiliencia es uno de los objetivos clave para las iniciativas de transición hacia otros movimientos sociales. Medir la resiliencia permite examinar las capacidades de recuperación ante las fatalidades, conocer las estrategias llevadas a cabo por los individuos para afrontar los riesgos, indagar sobre los factores causantes que explican su desarrollo saludable y finalmente formular estrategias más adecuadas de intervención para el fortalecimiento de las comunidades. El estudio aporta una unidad metodológica, para que en un futuro se realicen investigaciones que utilicen metodologías compatibles de manera que se posibilitaran análisis conjunto, comparaciones entre períodos temporales concretos y evaluaciones de las intervenciones que se realicen o se estuvieran llevando a cabo para la prevención y tratamiento de la resiliencia, la investigación es viable pues se dispone con los recursos para llevarlo a cabo en la Identificación de los niveles de resiliencia de la 256 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. población estudiada. Es dar un paso en la comprensión de su capacidad de recuperación, luego de los eventos desfavorables a los que han sido expuestos. El territorio colombiano se ha visto afectado por un conflicto armado interno de más de 60 años, producto de las desigualdades sociales y económicas, según la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas (2021), al 01 de enero de 2020 se tienen en el Registro Único de Víctimas -RUV 8.553.416 personas afectadas por algún tipo de violencia en el marco de este conflicto. En el departamento de Bolívar, cuya capital es la ciudad de Cartagena de indias, se registraron hasta la fecha 650.360 personas que suponen la población total del departamento, teniendo un referente de 24 % de personas afectadas en esta región, haciéndose necesario el estudio de diferentes alternativas que permitan a las víctimas superar las situaciones de violencia en el marco de la construcción de paz desde y para los territorios, (Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, 2021). Abordar la resiliencia en al marco del conflicto armado en Colombia, representa crear aportes prácticos que accedan adelantar en el diseño de estrategias que beneficien a las victimas desde un compromiso que retome sus características individuales y sociales, hacia la potenciación de esa participación activa entre el ser y el actuar, donde la pertenencia, la identidad, la motivación, la flexibilidad, la sociabilidad entro otros, crean eco en la reconstrucción individual y social de la resiliencia. Es un esfuerzo más, para crear nuevas incógnitas a la psicología, en particular a la psicología social, a la psicología social comunitaria y a la psicología del desarrollo, de allí su coyuntura disciplinaria. El beneficio innovador de conocimiento de la presente investigación se halla en el estudio del fenómeno de la violencia desde una perspectiva distinta como es la resiliencia, la cual se centra en descubrir los factores que median el impacto de los factores de riesgos en la salud mental. Y por último esta investigación permitió explorar resultados iniciales, que se convierten en la base para adelantar en el diseño de estrategias de promoción que ayuden a esta población adquirir instrumentos para afrontar situaciones y experiencias dolorosas vividas. 2.- FUNDAMENTO TEÓRICO No hay una precisión clara de los inicios sobre el tema de la resiliencia, diferentes autores plantean varios conceptos, pero no hay una exactitud al respeto, pero lo más aportante y es algo que hay que tener en cuenta el aporte de la resiliencia en el campo de la psicología. A la formación del concepto pretendiendo dar a conocer su campo de acción en la psicología, es decir, formas de pensamiento y actuación que lo Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia. 257 �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. elevan al estatus de constructo en una disciplina. Hoy en día se sabe que la gran importancia que tiene la medición de la resiliencia en casi todos los campos del medio de las ciencias humanas, quien se encarga de analizar el comportamiento del ser en diferentes circunstancias y su forma de reaccionar antes situaciones adversas. La medición de la resiliencia es de gran importancia para el análisis del comportamiento, desde que se estableció este concepto a la psicología se puede decir que existe determinada probabilidad de que algo será o que se practicarán determinadas conductas del individuo ante eventos adversos e implementar estrategias para enfrentarlas (Theis, 2007, p. 78). Una revisión histórica al concepto de Resiliencia Según Ardila (2008) El papel de la psicología para evitar que el círculo vicioso de la violencia continúe (y que vuelvan a aparecer los conflictos, al no haberse solucionado sus causas) puede ser decisivo. La psicología tiene importantes instrumentos conceptuales y prácticos para lograr que los grupos marginados se integren a la sociedad, que se desarrolle un sentido de pertenencia al país, que los colombianos crean en sí mismos y en su futuro. Implica dar empoderamiento a grupos marginados, desarrollar oportunidades laborales, educativas y de ascenso social, autoeficacia, perspectiva de futuro, motivación de logro y de afiliación, etc. (p. 194). Historialmente el término resiliencia constituye un amplio constructo teórico que tiene lugar en los inicios de los años cuarenta. Desde entonces, es posible vislumbrar un concepto basto y complejo que suscita hoy un gran interés, en quienes trabajan en el campo médico, social, psicológico y educativo. El cual ocasionó un cambio primordial de la perspectiva respecto a la posición pasiva, o solamente receptiva del paciente propio de la década de los 60: “en vez de estudiar las debilidades, las carencias y los medios de compensarlas, se empezó a investigar las fuerzas y cómo usarlas” (Theis, 2007, p. 78). El término comenzó a usarse desde los años cuarenta, pero tuvo su desarrollo y aplicaciones importantes en los años sesenta en el campo educativo, social, médico y psicológico, jugando un papel preponderante en el análisis activo y pasivo de los pacientes utilizando métodos aplicables en cada caso específico Así mismo Theis (2007), comenta que es importante resaltar la importancia que tiene identificar qué elementos ayudan a superar los problemas y situaciones adversas, esto ¿cómo nos convierte en personas resilientes?, es decir, individuos con capacidad para desenvolverse de manera positiva ante las adversidades. En un principio se pensó que se nacía siendo resiliente, pero después se observó que hay personas que ostentan estas capacidades, y otras no. Entonces, se detectó que se pueden aprender ciertas 258 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. actitudes que lleven a enfrentar positivamente circunstancias adversas. Por lo tanto, el análisis y la identificación de la resiliencia, permite descubrir diferentes elementos para implementar estrategias con el fin de ayudar a los pacientes a enfrentar efectivamente los diferentes episodios traumáticos. Puesto a que, se pensaba que las personas según su genética serian resilientes, pero se llegó a la conclusión que cada individuo reacciona diferentes en cada situación específica y que cada persona puede aprender según sus actitudes a enfrentarlas. Según Bascon (2012), la resiliencia se refiere a la “capacidad de los sujetos para sobreponerse a periodos de dolor emocional, Sé que un sujeto o grupo de personas manifiestan una resiliencia adecuada cuando pueden sobreponerse a contratiempos o incluso resultar fortalecidos por los mismos” (p. 91). La resistencia o la invulnerabilidad tiene que ver con la capacidad física que tiene una persona para sobrellevar durante un tiempo una determinada fuerza causada por algunos factores o elementos externos. Si se relaciona con el momento actual, si la fuerza ejercida de este fenómeno pandémico prevalece la capacidad de aguante de los seres humanos, pueden terminar rompiéndose, estableciendo su grado de nivel de la resistencia máxima (Bascon, 2012). Un aspecto importante del ser humano en el afrontamiento de situaciones críticas para el proceso de recuperación es la resiliencia, que se define como la capacidad que tienen las personas para hacer frente al dolor, a experiencias difíciles o traumáticas (Wilches, 2010). En estas circunstancias, sería la resiliencia la que daría la capacidad a este mismo ser humano de acoplarse y despuntar esta situación del fenómeno pandémico que está sufriendo, y que puede estar en su nivel máximo de resistencia. Esto quiere decir que, el ser resistentes es lo que hace resistir con relación a este medio; una nueva forma de vivir sin llegar a dañarse; y la resiliencia es la capacidad de recuperación cuando ha llegado a romper. La percepción de estrés elevada se asocia con los niveles de resiliencia, a mayor resiliencia menor nivel de estrés. Las personas que utilizan estrategias de afrontamiento centradas en la tarea manejan mejor el estrés, disminuyendo sus efectos negativos y aumentando el nivel de resiliencia. (Arrogante, Pérez y Aparicio, 2015; García, Salguero, Molinero, De la Vega Ruiz y Márquez, 2015; González y Artuch, 2015; Terzi, 2013). Según estudios de Mukashema y Mullet (2012), la expresión espontánea y genuina de los sentimientos (tanto de los agresores como de los agraviados) y el conocimiento de los hechos violentos, promueven los sentimientos de perdón y reconciliación en la persona que ha sido víctima. La violencia Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia. 259 �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. prolongada durante más de 50 años y su progresiva degradación han generado impactos y daños devastadores tanto para las víctimas, familiares, comunidades y organizaciones e instituciones públicas, como para el conjunto de la sociedad colombiana. Generando diversas realidades sociales, donde las víctimas han sentido un abandono por parte del estado. Como se mostró previamente la resiliencia implementada en el medio del conflicto y la violencia, permite reconocer la capacidad que tienen las víctimas del conflicto armado para superar las dificultades a las cuales han sido sometidas ya sea por grupos al margen de la ley o por acciones gubernamentales. Gracias a esta capacidad, las víctimas logran reconocer los riesgos de su condición (estigmatización, abandono, dependencia) para así adaptarse, recuperarse y reconstruirse gracias a su propia experiencia (Mukashema y Mullet, 2012). En una denominada segunda generación de estudios, el concepto de resiliencia es ampliado en dos líneas principales a saber: la resiliencia como proceso, y la resiliencia aplicada a programas de intervención social (García y Domínguez, 2013). Este énfasis, nace de la mano con las teorías ecológicas, permitiendo ver el proceso resiliente, como el producto de la interacción entre el micro, meso, exo y macrosistemas (Bronfenbrenner, 1981). Resaltando la importancia del entorno en el que el sujeto está inmerso, y las dinámicas que están en juego, desde el ambiente familiar, hasta la problemática económica del país. Teniendo en cuenta el apartado anterior, se puede decir que se deben promover acciones para contribuir a la inclusión social de la resiliencia, para que se fructifique la vitalidad, la capacidad y la energía para avanzar prontamente en el presente y construir con el apoyo de un proyecto de vida, se tiene que considerar y tomar acciones y características que promuevan la resiliencia y que este tema debiese ser prioritario no solo para los profesionales de la salud sino para todas aquellas personas que necesiten un seguimiento terapéutico (Bronfenbrenner, 1981; García y Domínguez, 2013). El dolor emocional y la tristeza son comunes en los individuos que han sufrido grandes fatalidades o traumas en sus vidas. De hecho, el camino hacia la resiliencia seguramente está lleno de impedimentos que pueden afectar nuestro estado emocional. La resiliencia no es una particularidad que la gente tiene o no tiene. Ella incluye conductas, pensamientos y acciones que logran ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona en el transcurso de su vida y en el entorno en que se desenvuelve. La resiliencia, por tanto, se construyó partiendo de las problemáticas de guerra, y de pobreza extrema, que curiosamente 260 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. son las condiciones que prevalecen en el contexto actual de Latinoamérica. Esta revisión del nacimiento del constructo permite avanzar hacia una reflexión más profunda, en la cual se pueda ver de dónde parten las maneras de delimitar la resiliencia (Rodríguez, 2018). En Latinoamérica debido a las brechas económicas, el contexto para gran parte de los infantes es bastante crítico, generando un alto riesgo estadístico de incidir en la delincuencia, drogadicción, violencia y demás. Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla (1997) en su revisión del estado del arte, señalan la importancia que tuvo el cambio de enfoque desde la mirada patológica, que promovía métodos asistencialistas a un enfoque basado en las condiciones que posibilitan un desarrollo más sano del sujeto, y que por lo tanto re-enrutaría la forma en la que se realizaban las intervenciones sociales, que permitan actuar preventivamente contra los efectos nocivos de la pobreza, la violencia, y demás factores de riesgo. Vale la pena aplicar la Resiliencia en la solución de problemas sociales, sobre todo en nuestra región Latinoamericana, la cual no está exenta de tantas dificultades de tipo social político y económico, que han heredado de los primeros colonizadores europeos, es parte de nuestras dificultades, inequidades, desigualdades, la falta de oportunidades, violación de los derechos humanos y tantas vicisitudes. Es importante de recalcar que, al aplicar la resiliencia en el análisis y solución de problemas sociales, destacar que para cada situación se presentan diferentes situaciones difícilmente repetibles, que acontecen en un momento y contexto específico. Y, por tanto, no se puede generalizar en otros contextos los resultados de una experiencia, dadas las características de cada caso. Así mismo, cada cultura desarrolla sus propias capacidades para enfrentar los problemas y la visión que tiene de ellos, considerando así, que no siempre una misma situación desencadena fatalmente un resultado negativo, sin excluir que una condición difícil aumenta el riesgo de que surja un problema determinado. (Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla 1992). En Colombia el Programa de Resiliencia de FAO, en el período 2017-2020, se inserta en este marco poniendo énfasis en los aspectos de construcción de resiliencia como concepto vertebrador fundamental en los escenarios de pos-acuerdo y de recurrencia de desastres naturales. Así mismo, recomienda que en el país ha sufrido los embates de la violencia de los grupos ilegales, los cuales se han especializado en la extracción de recursos minero-energéticos como oro, carbón, petróleo y ferroníquel, generando un gran impacto ambiental y estas actividades en un contexto de debilidad estatal, han originado conflictos de diferentes dimensiones. Teniendo en cuenta su aproximación conceptual, la resiliencia se convierte en un tema relevante en el trabajo con personas que han sido víctimas del conflicto Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia. 261 �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. armado, pues permitirá entre otros reconocer las diferentes formas como las poblaciones que han sido expuestas a situaciones de violencia y conflicto. Lo cual, asumen sus nuevas condiciones de vida, de reconocer su potencialidad de reparación, perdón y reconciliación. Los impactos del conflicto armado interno son complejos, de diverso orden, magnitud y naturaleza. Estos dependen de las características de los eventos violentos sufridos, el tipo de victimario, las modalidades de violencia, las particularidades y los perfiles de las víctimas, su edad, género, etnia, condición de discapacidad, experiencia organizativa, adscripciones políticas y religiosas, el tipo de apoyo recibido, las respuestas sociales frente a los hechos, las víctimas y las acciones u omisiones del Estado. La población civil de las regiones de los Montes de María específicamente de la población del Carmen de Bolívar, fueron afectadas por los enfrentamientos armados producida por grupos armados al margen de la ley, nuestro país aún se sigue estando expuesta a actos de violencia como homicidios, ataques directos, secuestros y reclutamientos forzados. Muchas personas se ven la necesidad de huir y renunciar a sus pertenencias. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013; Taylor, 2011). Las acciones que rememoran y enaltecen la memoria de las víctimas y concientizan a la sociedad civil sobre los sucesos ocurridos por el conflicto armado en el país. Asimismo, estas acciones hacen parte de las recopilaciones emprendidas por grupos y organizaciones de personas víctimas de la violencia, líderes, activistas, organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos, y comunidades indígenas y negras seleccionaron una multiplicidad valiosa de información referente a lo sucedido, para que la opinión pública tenga memoria y recuerde los hechos, que sucedieron en medio del conflicto (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013; Taylor, 2011). En este campo de estudio, hay que considerar que las personas generan estrategias de afrontamiento ante situaciones de amenaza, abordadas desde el campo de la salud mental y de la psicopatología en relación con el estrés, las emociones y la solución de problemas. Las estrategias de afrontamiento se definen como el conjunto de recursos y esfuerzos comportamentales y cognitivos orientados a resolver la situación amenazante o adversa, a reducir la respuesta emocional o a modificar la evaluación que se hace de dicha situación (Lazarus y Folkman, 1986). Según Lazarus y Folkman (1986), la violencia en Colombia ha sido constante y parece interminable, en este periodo de posconflicto prevalecen los enfrentamientos de los actores de conflicto, la violencia continua está entendida como una condición inherente a las relaciones humanas, también se 262 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. concibe como un problema de salud pública que afecta significativamente la salud mental de las personas implicadas. Algunas de las cifras exponen que hasta un 30% de las personas expuestas a violencia padecen síndrome de estrés postraumático y depresión, incluso se ha reportado un 100% en poblaciones con una afectación muy significativa (Larizgoitia et al., 2011). Resiliencia social En este análisis lo que se pretende expresar que algunas características representan un estado ideal de resiliencia– en otras palabras, una comunidad que exhibe todas las singularidades en todos los ejes (temas y componentes) habría alcanzado el nivel de seguridad más alto posible. sin embargo, como el estado ideal de resiliencia siempre estará fuera de nuestro alcance, las organizaciones necesitarán escoger aquellas características que les sean más relevantes a las comunidades, este punto permitirá ampliar dicha medición que se está proponiendo en este trabajo. Por otro lado, se hace necesario tener claro que la resiliencia no solo sirve para resolver cualquier tipo de problema y mejorar las condiciones de bienestar, sino un amplio espectro con respecto a la Vida. Según, la Real Academia Española (2021), este término, proviene del latín y se deriva del verbo resilio, el cual puede interpretarse como volver de un salto o volver atrás. Este vocablo ha conseguido adaptarse con gran contundencia en el mundo de las ciencias sociales y es hoy en día bastante utilizado dentro de la psicología. Analizando un poco la resultante de las concepciones de resiliencia, es incuestionable la cualidad de ser una capacidad, potencial o pericia. Es una forma de inteligencia a la que se puede llamar, en el marco de este análisis, como inteligencia resiliente. Ésta, es una expresión de la inteligencia total en el ser, que faculta al organismo vivo o persona humana para ubicarse, moverse y trascender los problemas que le traza la existencia, dentro de los escurridos términos vitales que le brinda el contexto, en un momento explícito de su historia vital; esto, gracias a una transformación de conciencia de una forma inferior en dificultades a otra de más alto orden y capacidad para subsistir y trascender. Las investigaciones con enfoque de resiliencia tienen sus orígenes desde los años setenta aproximadamente, inicialmente desde algunos países europeos. Posteriormente en algunos países de américa latina se ha “empezado a gestar la utilización del término en problemáticas endémicas de cada país (Vásquez, 2011). Existen en Colombia organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado, que son las encargadas de la reivindicar a las víctimas de crímenes cometidos por el Estado, sea por acción y omisión en acciones perpetradas por miembros de la fuerza pública, paramilitares u organizaciones al margen de la Ley. Así mismo, propenden por el mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes y sus comunidades; Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia. 263 �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. desempeñan un papel importante a estas comunidades afectadas por este flagelo. Estas organizaciones se congregan de manera estratégica y apoyan a las víctimas con recursos orientados al tratamiento psicológico, para la reconstrucción de su proyecto de vida. A estas instituciones pueden concurrir todas las víctimas en busca de auxilios del Estado y en donde pueden denunciar los hechos por los cuales fueron víctimas de cualquier tipo de conflicto armado en Colombia; en estas, encuentran apoyo emocional y un espacio para expresar su dolor sin caer en la discriminación o la indiferencia. En Colombia, con base en lo expresado por Vásquez (2011) el Instituto de Bienestar Familiar ICBF, es una entidad pública de carácter descentralizado, es la encargada de proteger los derechos de todos los niños; así mismo trabaja por la prevención y defensa integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias, a través de la atención integral a niños vulnerables en condiciones de amenaza. Esta entidad cumple la función de restablecer los derechos de los niños y adolescentes, víctimas del conflicto armado que se presenta en la Región de los Montes de María. En las indagaciones que se han realizado sobre trabajos e investigaciones en el tema de resiliencia, existe una gran cantidad de material importante sobre desplazamiento forzado, la violencia generalizada, maltrato, las situaciones de exclusión y precariedad de la población joven en contexto escolar, son temas propios de las problemáticas más frecuentemente exploradas a nivel social y político. Así mismo, la Real Academia de la Lengua (2016), afirma que resiliencia es: “la capacidad para recuperarse de una adversidad, superar situaciones de dolor y continuar la correspondiente proyección de cara al futuro” (párr. 2); este término se ha convertido en sí mismo en un área de mucho valor e interés, es un paradigma para la investigación y la intervención social, económica, política y psicológica de la región del Carmen de Bolívar. Los seres humanos tienen la capacidad de adaptarse a los cambios, todo de pendiente del factor carácter y personalidad individual y el entorno en que se desarrollan, es por eso por lo que el análisis de la resiliencia y sus resultados en estas circunstancias permitirán abordar la situación para posteriormente realizar las intervenciones correspondientes (RAE 2019). El conflicto armado interno en Colombia es un conflicto violento en el que se confirma una profunda diferencia cuantitativa y cualitativa entre los recursos militares, políticos y mediáticos de los combatientes comprometidos, y que por lo tanto exige a los bandos a utilizar formas atípicas, que rebasan el manido marco de la tradición militar recurrente. Entre estos medios se cuenta la guerra de guerrillas, la resistencia, toda clase de terrorismo, la contrainsurgencia, el terrorismo de Estado, la guerra sucia o la civil. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2010), manifiesta que: el Índice 264 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. de Riesgos de Victimización- IRV, asumirá el riesgo de victimización como la posibilidad de ocurrencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, en los municipios de Colombia. El ÍRV es una herramienta importante para el estudio de los diferentes escenarios de victimización en el marco del conflicto armado en Colombia, constituida para monitorear las diferentes causas y efectos, así como para contribuir en la definición de lineamientos de política inclinados a la prevención, protección y garantías de no repetición de tales actos. En la actualidad, algunos países se encuentran afectados por la guerra, esto probablemente se debe a diferentes elementos presentados en esos países; pero, son los civiles, quiénes son la parte más perturbada por estos inconvenientes. Así mismo, Ramírez, Hernández, Romero y Porras (2017), afirman que en el mundo existen 2.7 millones de víctimas, siendo la población adulta la gran mayoría de desplazados por los conflictos armados, debido a los intereses políticos internos de esos países. La peor parte de las situaciones adversas y traumáticas en los conflictos armados es la población civil quienes directa e indirectamente quedan en medio de los enfrentamientos bélicos, en su mayoría enfrentamientos políticos. A nivel mundial existe una taza de 2.7 millones, en su generalidad personas de la tercera edad (Ramírez et al, 2017). Es importante resaltar que la Organización Panamericana de la Salud (2002), define la violencia como: el uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otro sujeto, un grupo o comunidad, que cause o tenga mucha probabilidad de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. La violencia es a y sido siempre uno de nuestros mayores problemas que claramente atraviesa como sociedad reproduciéndose en todos los ámbitos de nuestra cotidianidad, manifestándose en todas sus formas. Todo este tipo de situaciones han venido ocurriendo en nuestro país y no cesaran mientras el estado no haga presencia territorial en regiones apartadas, sin siquiera suplir las necesidades de los pobladores en esos lugares, que la violencia trae consigo, donde imperan otros poderes llamados grupos armados al margen de la ley. Tales como; guerrillas ELN, paramilitares, bandas criminales - BACRIN, narcotraficantes, a esto se suman los disidentes de la FARC, quienes, a pesar de tener un proceso de paz vigente, aun hacen presencia conflictiva. En Colombia, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, (2013), citado por Ramírez et al. (2016), el conflicto armado interno inició en la década de los cincuenta (50) y sigue presente en muchas Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia. 265 �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. zonas del país, el cual se evidencia en los incesantes enfrentamientos militares de tropas legales e ilegales que ocurren a lo largo de nuestro territorio, el cual ha permitido afectaciones de todo tipo de habitantes. Así, en Colombia existen las dos (2) organizaciones al margen de la ley más longevas de América Latina, como son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las dos tradicionales guerrillas más antiguas de América Latina, como son las FARC y el ELN, a lo largo de estos tiempos se han sumado como actores del conflicto otro considerable número de grupos armados tales como paramilitares, cárteles de la droga, guerrillas urbanas o de reivindicación indígena, además de bandas criminales las cuales crean pánico y masacres afectando en su gran mayora a la población civil. Estos conflictos según Ramírez et al (2017), se vienen dando durante este período se han sumado grupos armados como los carteles de narcotraficantes, bandas de criminales, paramilitares, disidentes de la FARC (desertores que no se acogieron a los acuerdos de Paz) organizaciones urbanas al margen de la ley o de reivindicación indígena, las cuales el gobierno ha tratado de erradicar con políticas de dialogo y acciones militares, con el fin de apaciguar muchos episodios violentos. Estas estructuras operan en pequeños grupos dedicados a labores de inteligencia, extorsión, tráfico de armas, propaganda, apoyo a guerrilleros heridos, reclutamiento, ampliación de la organización y diversificación de las fuentes de ingreso el cual es una nueva estrategia urbana del grupo hoy político FARC. La presencia de milicianos infiltrados en las universidades públicas, a sus integrantes se les rotula con la palabra “milicianos” Son hombres y mujeres dedicados a la instrucción política de las comunidades. Con la frase de Guedán y Ramírez (2005), “Colombia ha sido y es un país abocado a la violencia endémica”. Expresan que el conflicto armado en Colombia trasciende desde su inicio independentista, los grandes líderes o también llamados próceres de la independencia entraron en disputas derivadas en los avances de la colonización, reyertas territoriales y la contraposición de sus ideales políticos, la complejidad de los antagonismos partidistas, los conflictos relacionados con la propiedad de las tierras, así el trasfondo de todas estas es prácticamente la debilidad del estado y su incapacidad para dotarse de medios suficientes para ejercer presencia y autoridad en buena parte del territorio nacional. A pesar de que se ha avanzado en ese propósito aún falta mucho por recorrer y la violencia continúa. Esta enfermedad de la violencia que padece el pueblo colombiano es de vieja data, heredada de la generación criolla, que tomó las riendas de nuestro país desde la independencia, las violaciones de los derechos humanos, la imposibilidad del estado de hacer presencia en lugares inhóspitos, territorios hoy 266 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. ocupados por las organizaciones al margen de la ley que crean violencia para ejercer su poder criminal (Guedán y Ramírez, 2005). La violencia en Colombia es muy compleja y contradictoria en algunos casos incomprensibles, pero de igual forma vislumbran nuevos desafíos y horizontes en materia de seguridad, pero por ahora mientras llegue a su fin esta violencia ha dejado más de 220.000 víctimas mortales, de las cuales 176.000 eran civiles. Aun cuando el estado ha tenido avances con respecto a la seguridad y al fortalecimiento de este, falta mucho por hacer, pasaran años para que en su totalidad se disminuyan los brotes de violencia, esto es un reto, por ahora el aumento de las víctimas por el posconflicto prevalecen (Ramos, 2017). Con relación al tema de las víctimas, según el Congreso de la República (2011), en su Ley 1448 de 2011, se consideran víctimas: Aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. De este modo, ha sido esta misma guerra la que ha arruinado los sueños de miles de personas, que entre las balas, se pierden sus ilusiones, sus sueños y sus expectativas de vida se disuelven y esfuman, como el humo originado por un arma de fuego en una noche violenta de algún campo colombiano, azotado por las balas, la muerte y lo peor, “la incapacidad e impotencia del Estado” que se evidencia en la cada vez más creciente población en situación de desplazamiento forzoso que en ciudades capitales de nuestro país. A su vez, se podría afirmar que las vicisitudes a los que han sido sometido las víctimas en Colombia, con base en lo expresado por el Congreso de la República (2013), en su Ley 1448 de 2011, están los homicidios realizados contra algunas comunidades para generar los desalojos y la perdida de sus tierras, a través de tortura, tratos crueles, brutales, indignos, sanguinarios, por medio de diferentes tipos de secuestros y extorsiones; también la desaparición forzosa, las tomas armadas de otras poblaciones, las matanzas indiscriminadas de civiles, el retiro obligado masivo de familias, los motines , las masacres y muertes, delitos contra la libertad, la integridad sexual y la violencia de género, las minas antipersonales, el reclutamiento de forzado de menores, y el despojo de sus tierras. Estos hechos victimizantes según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) citado por Ramírez et al. (2017), “se clasifican como delitos contra la vida, la libertad y la integridad, lo que ha conllevado a la crisis humanitaria y de derechos humanos, en varias regiones del país” (p.3). Por otra parte, los resultados del conflicto armado interno en Colombia son muy complicados, y de diversa Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia. 267 �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. naturaleza. Estos resultados dependen de las peculiaridades de los sucesos violentos generados, tales como: el tipo de victimario, las características de violencia, las peculiaridades y los aspectos de las víctimas, tales como: edad, género, etnia, situación de discapacidad, organización, posición política y religiosa, si ha recibido apoyo del gobierno, y del Estado (Ramírez, 2016). Medición de la Resiliencia Resulta prioritario identificar las posibles formas de medición y evaluación de este constructo, con la finalidad de medir el impacto y la eficacia de los programas de intervención. En tal sentido, en la actualidad, se disponen de varios métodos para lograrlo. Al respecto Luthar y Cushing (1999) definen la Resiliencia como "un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad" (p.543). Esta definición enmarca tres mecanismos fundamentales que deben estar presentes en el concepto de Resiliencia: 1. La noción de adversidad o amenaza al desarrollo humano, 2. La adaptación positiva de la adversidad, y 3. El proceso que considera la dinámica entre mecanismos emocionales, cognitivos y socioculturales. En resumen, las distintas definiciones de Resiliencia subrayan en características de los sujetos tales como: habilidad, adaptabilidad, baja susceptibilidad, enfrentamiento efectivo, capacidad, competencia, resistencia a la destrucción, conductas vitales positivas, temperamento especial y habilidades cognitivas, todas desarrolladas frente a circunstancias estresantes que les permiten superarlas. Aplicada en el entorno del conflicto y la violencia, la resiliencia se puede explicar, como la capacidad que tienen las comunidades para vencer las dificultades a las cuales han sido doblegados ya sea por grupos al margen de la ley o por acciones gubernamentales. Es importante resaltar el efecto que produce las situaciones adversas en los seres humanos, la resiliencia es una herramienta que todos los seres vivos tienen a su disposición, aunque de formas diferentes. Cada persona por razones netamente fisiológicas e individuales manifiesta formas diferentes de adaptación y de enfrentar situaciones conflictivas (Luthar y Cushing 1999). Según Del Solar (2020), nunca se debe dejar de intentar en la resiliencia, porque hay innumerables casos de éxito. No obstante, cabe resaltar que en situaciones extremas se genera una energía única y especial, que, canalizada correctamente, puede ser de gran ayuda para adaptarse y superar de manera eficiente situaciones similares. Esto permite discernir en la importancia que se asume analizar la resiliencia en el contexto cultural, otro motivo importante de análisis que como punto de investigación 268 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. se podría considerar más adelante en este estudio, es el aspecto cultural como base de los procesos de resiliencia. También se destaca que la Resiliencia se desarrolla en función de procesos sociales e intrapsíquicos; Generalmente se refiere al conflicto surgido entre dos tendencias opuestas dentro de uno mismo. Está en función de los procesos interaccionales entre las personas y estos, a su vez, contribuyen a la construcción del sistema intrapsíquico del ser humano. han realizado una descripción de ellos, los cuales se detallan a continuación: Medición de adversidad A través de este tipo de medición es posible diferenciar tres formas diferentes de medir la adversidad o el riesgo: Medición de riesgo a través de múltiples factores Este tipo de medición se caracteriza por medir diferentes factores en un solo instrumento. Generalmente el instrumento es una escala de eventos de vida negativos donde el individuo debe especificar aquellos eventos que han estado presentes, como, por ejemplo: Separación de los padres, enfermedad mental de los padres, experiencia de guerra, entre otros. Situaciones de vida específica. La naturaleza del riesgo está determinada por aquello que la sociedad, los individuos o los investigadores han considerado una situación de vida estresante. Por ejemplo, la experiencia de un desastre natural o la muerte de un familiar. Ambas situaciones han demostrado afectar al individuo haciéndole más vulnerable al estrés, por lo tanto, más vulnerable a otros factores de riesgo. La dificultad de considerar situaciones de vida como eventos estresantes para medir resiliencia, consiste en discriminar aquellos factores que tienen directa relación con el riesgo (factores proximales) versus aquellos factores que pueden estar mediando entre el riesgo y el resultado esperado (factores distales). Constelación de múltiples riesgos. Refleja las complejidades del mundo real ya que considera la interacción entre los factores provenientes de los niveles: Social, comunitario, familiar e individual simultáneamente y cómo esta interacción influencia el desarrollo humano y la superación de la Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia. 269 �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. adversidad. La constelación de múltiples riesgos es un mapeo de las fuentes de adversidad a las cuales se les asigna un puntaje determinado. Medición de adaptación positiva En este tipo de medición, las estrategias son similares a las utilizadas para medir la adversidad, lo que cambia es la forma en que se operacionaliza el constructo. Adaptación según factores múltiples. Este método mide la adaptación en base al logro de metas de acuerdo con la etapa del desarrollo de la persona. Se dice que son factores múltiples ya que se les pregunta a los profesores, padres y amigos, además de una prueba específica para medir la conducta que va a determinar la adaptación positiva. En cada comunidad el foco de lo que se definirá como adaptación positiva varía, pero lo importante es que está relacionado con la definición de riesgo. Ausencia de desajuste. Este tipo de medición se utiliza en investigaciones de resiliencia en personas con serios riesgos de psicopatología. Los instrumentos utilizados son generalmente cuestionarios clínicos para identificar desórdenes psiquiátricos. Aun cuando generalmente la resiliencia es asociada con la presencia de competencia a pesar de la adversidad, en este caso, el énfasis está en la superación de la adversidad y el no presentar sintomatología. Esta forma de medición es restringida a aquellos casos de extremo riesgo y generalmente en el área clínica. Constelación de adaptación: Es otra metodología de medición de la adaptación positiva que está basada en diferentes conductas o tipos de adaptación. Los índices elegidos tienen directa relación con el modelo teórico, que generalmente se basan en teorías del desarrollo. Este método incorpora puntajes de pruebas y escalas, más opiniones de otras personas. Por ejemplo, una adaptación positiva en la escuela se mide en función de la obtención de buenas calificaciones y adecuada disciplina en la clase, además de entrevistas a compañeros y padres. Medición del proceso de resiliencia En este caso se refiere a la unión crítica entre adversidad y adaptación positiva. Los dos modelos que intentan evaluar el proceso son: 270 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. Modelos basados en variables. Parte de un análisis estadístico que indaga las conexiones entre variables de riesgo o adversidad, resultados esperados y factores protectores que pueden compensar o proteger los efectos de riesgo. Este modelo permite replicar aquellos patrones o interacciones que demostraron ser exitosos en la adaptación resiliente. Modelo basado en individuos. Esta forma de medición compara individuos a lo largo del tiempo. Se pregunta que diferencia a niños resilientes de niños no resilientes a lo largo de su vida o en alguna área en particular. Este enfoque pretende capturar interacciones entre factores que ocurren en forma natural y plantear hipótesis respecto a qué fue lo que causó la diferencia en el resultado de la adaptación. Después de haber examinado los diferentes métodos para medir la resiliencia, es necesario revisar algunos de los instrumentos disponibles que existen en la comunidad científica. Resiliencia y Vulnerabilidad: medición de la vulnerabilidad. Es importante afirmar que se entra en controversia cuando se cuestiona la relación entre resiliencia y vulnerabilidad como sujeto a la medición la vulnerabilidad pone el acento en la sensibilidad a las perturbaciones, mientras que la resiliencia se ocupa de las diversas maneras en que un sujeto dado se prepara y responde a los escenarios de crisis y factores de estrés que amenazan su calidad de vida. (Adger, 2006; Folke, 2006). El hombre es vulnerable a las armas de fuego o a la potencia de un tsunami. A los desastres naturales, a los actos violentos, Sin embargo, al utilizar la dimensión “vulnerabilidad-invulnerabilidad” se convierte en una característica gradual. Todos los seres humanos son vulnerables ante un virus, pero las personas que tienen menos defensas en su organismo tienen más vulnerabilidad ante la infección. Se trata siempre de la relación entre un organismo y otro elemento, entre el sujeto y una situación. Los sujetos hipersensibles van a percibir las estimulaciones excesivas de su entorno como agresiones dolorosas. Esa vulnerabilidad se aplica también a la sensación de miedo o fobias cada persona tiene deferentes formas de percibir el miedo ante todo hay predisposiciones de eventos ocurridos en el pasado el cual queda fijado en el inconsciente. (Adger, 2006; Folke, 2006). Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia. 271 �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. 3.-MÉTODO Diseño Esta investigación responde a un diseño de tipo no experimental, ya que no se pretende manipular deliberadamente las variables independientes; es decir, se realiza una observación de situaciones ya existentes. En este caso, la variable violencia, situación que ya ha ocurrido y no es posible manipularla. El diseño no experimental observa fenómenos tal y como se dan en su contexto natural; no hay estímulos a los cuales se exponga a los sujetos de estudio, dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos (Hernández, Fernández y Baptista, 2017; Candanoza y Lechuga, 2015). Según la recolección de los datos de la presente investigación, el diseño adecuado para este estudio es transaccional- correlacional con el fin de describir relaciones entre las variables. En esta investigación, como se dijo, la relación será la capacidad de resiliencia que tiene la población para afrontar eventos catastróficos relacionados con el conflicto armado en Colombia específicamente el municipio del Carmen, departamento de Bolívar. La base epistemológica de la investigación es el enfoque empírico analítico que se basa en la percepción directa del objeto de investigación y del problema (Hernández et al., 2017). La investigación que en estos momentos está en curso se considera de corte mixto, porque sus fundamentos están enfocados en analizar la resiliencia de la sociedad colombiana ante el conflicto armado de las FARC y la firma de acuerdos de paz: el estudio de caso del municipio el Carmen, departamento de Bolívar, las investigaciones de tipo mixto se constituyen, día a día, en una excelente alternativa para abordar temáticas de investigación en el campo educativo (Hernández et al., 2017). Instrumentos El cuestionario de resiliencia para adolescentes y adultos (González y Valdez, 2010) es un instrumento de autoinforme que consta de 32 reactivos o preguntas, de opciones de respuesta tipo Likert, dividida en tres dimensiones: factores protectores internos (14 reactivos), factores protectores externos (11 reactivos) y factores de empatía (7 reactivos). La aplicación del instrumento se realizó de forma individual, con un límite de tiempo aproximado de 20 a 30 minutos. La instrucción consistió en colocar solo una X como respuesta por cada afirmación de acuerdo con lo que considere de sí mismo. El cuestionario fue calificado a partir de los siguientes valores que cada una de las opciones de respuesta tiene: 272 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. El valor de la opción Siempre es cinco (5), el valor de la opción, la mayoría de las veces es cuatro (4), el valor de la opción Indeciso es tres (3), el valor de la opción Algunas veces es (2), y el valor de la opción Nunca es (1). Los Factores protectores internos se identifican en los ítems: 17, 18, 20, 21, 24, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Total reactivos = 14. Los Factores protectores externos se identifican en los ítems: 1,4,5, 6, 10,11,12,13,14,15 y16. Total, reactivos = 11. Los Factores de Empatía se identifican en los ítems: 2, 3, 7, 8, 9, 19 y 22. Total reactivos = 7. Para obtener el valor para cada factor, se suma el valor de cada reactivo; el resultado de la suma total de los valores en cada factor se analiza en acuerdo de los siguientes niveles. Para conocer el nivel de resiliencia del individuo. Puntuación total para establecer el nivel resiliencia: mínima 32, máxima 160. De los cuales corresponde por indicación estricta del instrumento los siguientes niveles: resiliencia baja de 32 a 74 puntos, resiliencia moderada de 75 a 117 puntos y resiliencia alta de 118 a 160 puntos. En el análisis de los resultados se presentan los niveles obtenidos para cada factor. Participantes Se aplicó el cuestionario a 231 individuos del municipio del Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar en Colombia, contactándose con ellos por vía telefónica, y redes sociales teniendo en cuenta el cuestionario de resiliencia para adolescentes y adultos (González y Valdez, 2010). Los datos fueron registrados y procesados a través del software SurveyMonkey. Tabla 6. Ficha técnica de la investigación Universo Adultos habitantes de El Carmen de Bolívar Ámbito Regional (El Carmen de Bolívar, Colombia) Método de recogida de información Unidad muestral Adulto afectado por el conflicto armado residente del Carmen de Bolívar Tamaño de la muestra 231 Muestreo No probabilístico de conveniencia Trabajo de campo abril de 2021 Número de encuestas realizadas 231 Respuestas válidas 231 Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia. 273 �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. Fuente: Elaboración propia (2021). 4.- RESULTADOS Factores protectores internos El 82.53% de las respuestas dadas por los encuestados fue positiva, el 6.19% fueron neutras y el 11.27% fueron negativas. Como se muestra en el grafico el 46.63% de los encuestados en este factor están siempre presto a brindar lo mejor de sí ante las situaciones que se le presentan en el camino. Según Patterson (1988), los factores protectores pueden considerarse como los recursos que tiene una familia para enfrentar su desarrollo y eventos vitales. Son características, rasgos, habilidades, competencias, medios, tanto de los individuos de una familia, de la familia como unidad y de su comunidad. En este caso se analizaron los indicadores factores protectores internos los cuales permiten analizar o hacen refieren a atributos de la propia persona: estima, seguridad y confianza de sí mismo, facilidad para comunicarse. Ilustración 1. Factores protectores internos Fuente: Elaboración propia (2021). Factores protectores externos 274 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. El 85.96% de las respuestas dadas por los encuestados fueron positivas, el 5.26% fueron neutras y el 8.76% fueron negativos. En este factor se muestra que apresar que las personas están siempre con la oportunidad de dar lo mejor de sí mismo, también es de mucha relevancia que en un porcentaje alto la respuesta la mayoría de las veces aumentó en comparación a los factores protectores internos. Los factores externos se refieren a condiciones del medio que actúan reduciendo la probabilidad de daños: familia extendida, apoyo de un adulto significativo, o integración social y laboral. Ilustración 2. Factores protectores externos Fuente: Elaboración propia, (2020). Empatía El 86.67% de las respuestas dadas por los encuestados fueron positivas, el 5.92% fueron neutras y el 7.51% fueron negativas. Se puede afirmar que las personas en su gran mayoría en un 75% tienen mejores expectativas al futuro y tienen la confianza de que habrá un mejor mañana. Ilustración 3. Empatía Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia. 275 �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. Fuente: Elaboración propia, (2020). 5.- CONCLUSIONES En los apartados anteriores se ha podido comprender la resiliencia en adultos víctimas del conflicto en el Carmen de Bolívar, Colombia. En definitiva, sobre la base de los resultados obtenidos con la realización de las encuestas, se pueden enumerar algunas conclusiones generales: Las victimas que padecieron violencia sociopolítica tienen mayor probabilidad de sufrir trastornos, por tanto, el impacto de la violencia es significativo y requiere de un acompañamiento psicosocial para el restablecimiento de sus derechos humanos. En Colombia, el uso de la violencia y la lucha por el poder, inicialmente justificadas por a desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política, han marcado las dinámicas sociales y políticas, atenuadas por narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria. En este sentido, la población habitante del Carmen de Bolivar, se convirtió con el paso del tiempo en un grupo humano vulnerable por el conflicto armado en la región, entendiendo la vulnerabilidad como el estado de susceptibilidad al daño por exposición a tensiones asociadas con el cambio ambiental y social y por la ausencia de capacidad de adaptación. 276 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Candanoza-Henríquez., A., E., & Rojo-Gutiérrez., M., A. Así, las víctimas del conflicto armado requieren de un proceso de perdón y reconciliación que implica reemplazar las emociones negativas hacia un agresor por emociones positivas y olvidar el agravio. Allí aparece el constructor de la resiliencia, como un proceso en el que, a pesar de todos los pronósticos negativos, hay una reinvención del sujeto que se erige por encima de las extraordinarias circunstancias, el fenómeno rebasa la capacidad predictiva de las ciencias exactas y por tanto se requiere de una comprensión del constructo desde una mirada crítica y compleja, que aborde al sujeto desde una mirada trans e interdisciplinar. Finalmente, se puede afirmar que la presente investigación sirve como paso previo para futuras líneas de investigación, que incluyan una investigación empírica encaminada a profundizar en el conocimiento de otros factores protectores que influyen en la resiliencia. Siendo consciente de ello se considera oportuno dar continuidad a este estudio planteando como futuras líneas de trabajo el desarrollo de una investigación empírica sobre otras mediciones de la resiliencia, evaluación de la resiliencia en otras regiones geográficas y evaluación de la resiliencia en otros grupos etarios (Lechuga, 2019). REFERENCIAS Adger, W. N. (2006). Vulnerability. Global Environmental Change, 16 (3), 268-281. Ardila Ardila, R. (2008). Psicología de la paz. el papel de la psicología en la reconciliación nacional. Psychologia. Avances de la disciplina, 2 (1), 193-199. Arrogante, O.; Pérez, A. y Aparicio, E. (2015). Bienestar psicológico en enfermería: relaciones con resiliencia y afrontamiento. Enfermería Clínica, 25 (2), 73-80. Bascón Díaz, M. (2013). Conflictividad y Violencia de Género en Adolescentes. Un Estudio Discursivo del Ajuste Psicológico en Escenarios Socioculturales. Conflicto, género y ajuste psicosocial en adolescentes. Prisma Social, 11, 260-293. 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Title A name given to the resource Política, globalidad y ciudadanía Description An account of the resource Política, globalidad y ciudadanía, es una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional en el entorno local, nacional e internacional. Inicia en el 2015 y es publicada semestralmente y se mantiene activa. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Política, globalidad y ciudadanía Año de publicación El año cuando se publico 2021 Volumen Volumen de la revista 7 Número Número de la revista 14 Mes de publicación Mes cuando se publicó Julio-Diciembre Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Semestral Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Política, globalidad y ciudadanía, 2021, Vol 7, No 14, Julio-Diciembre Creator An entity primarily responsible for making the resource Tamez Garza, Gerardo, Director Subject The topic of the resource Ciencias sociales Ciencias políticas Relaciones internacionales Sociología Humanidaddes Sustentabilidad Description An account of the resource Política, globalidad y ciudadanía, es una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional en el entorno local, nacional e internacional. Inicia en el 2015 y es publicada semestralmente y se mantiene activa. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Garza Montemayor, Daniel, de la, Editor Responsable Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/07/2021 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource text/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2020227 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource Mul Relation A related resource https://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Monterrey, N.L., México Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores. Aculturación Agroindustria China Derecho a la ciudad Desaperecidos Hoja de coca Libertad de profesar Mujeres Poliarquia Resiliencia Violencia