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�Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448
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Editorial
Editorial
Jorge Isaac, Lechuga-Cardozo1
En la actualidad, el mundo experimenta dos crisis fundamentalmente causadas por la pandemia y la
guerra. Por un lado, la pandemia impactó las economías, el virus continúa propagándose y evolucionando
en nuevas variantes, produciendo nuevos trastornos y atenuando la divergencia entre países ricos y
pobres. Por el otro, el conflicto entre Rusia y Ucrania que ha impactado en la economía ucraniana ha
estado acompañada de ondas sísmicas en la región y ha originado el desplazamiento de millones de
inocentes. En este sentido, los gobiernos tienen grandes desafíos para salvaguardar la paz mundial y dar
respuesta a la agenda 2030 (Georgieva, 2022; Lechuga y Leyva, 2019).
En el presente número de la Revista Científica Política, Globalidad y Ciudadanía, el lector tendrá
acceso a diez artículos que ahondan sobre temáticas que son indispensables para la sociedad
principalmente en lo que concierne a los ejes de gobierno, feminismo, seguridad y defensa, política
educativa, género y sistemas políticos. Corresponden a investigaciones que se han realizado de manera
rigurosa y con una revisión exhaustiva que facilita el debate académico.
De modo que la Revista Científica Política, Globalidad y Ciudadanía, revista científica editada
por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, consiente de la necesidad del estudio y reflexión de las ciencias sociales, presenta a la comunidad
académica-científica, nacional e internacional un nuevo número, en la que se pueden consultar
investigaciones relacionadas con gobierno, feminismo, seguridad y defensa, política educativa, género y
sistemas políticos. Como es el caso de la investigación desarrollada por el Doctor Samuel Alejandro
García Sepúlveda y Alejandro, Ramírez Viveros, cuyo objetivo consistió en analizar mediante
indicadores propuestos por organizaciones internacionales los retos y oportunidades de la zona, con el
fin de identificar y evaluar las propuestas de movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible en
Nuevo León. El artículo presenta estrategias de movilidad, así como hace referencia a la necesidad de un
Plan Estatal de Desarrollo -PED y el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, los cuales
1
Editor de la revista Política, Globalidad y Ciudadanía. Email: revista.politicas@uanl.mx. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0999-5468.
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establecen la visión, los mecanismos, las políticas y los programas que se proyectan implementar en
Nuevo León.
A partir de una profunda revisión bibliográfica dentro de los estudios de género y los estudios
políticos y de movimientos sociales, Paola Viviana Pila Guzmán y Olga Nelly Estrada Esparza abordan
el ciberactivismo feminista. El análisis realizado por ambas las lleva a afirmar que es posible observar
un resurgimiento del movimiento feminista en una cuarta ola marcada por las transformaciones
tecnológicas, el cual se vale de ellas para su accionar ciberactivista y la irrupción en las agendas políticas
latinoamericanas y mundiales
Por su parte, Faiver Coronado Camero y William Sierra Gutiérrez, presentan un artículo producto
de una revisión bibliográfica con el objetivo de construir a través de la historia un análisis de las nuevas
formas de guerra vistas desde un contexto omnidimensional, hasta la nueva visión cognitiva. Coronado
y Sierra concluyen que dentro de esta nueva evolución de los conflictos abordaremos, los postulados que
en el año 1999 aparecen con una nueva aproximación al estudio de la guerra de la mano de los coroneles
del Ejército de la República Popular de China Qiao Liang y Wang Xiangsui, quienes introdujeron un
nuevo concepto, no sólo en el ámbito estadounidense, sino en toda la esfera mundial: la Guerra Irrestricta.
Con respecto a Gobierno, Margarita Rodelo, Jorge Mejía, Habid Vásquez y Hugo Salazar,
presentan un artículo de investigación cuantitativa cuyo objetivo fue analizar los avances en materia de
control disciplinario pasando por un análisis de la percepción de la sociedad civil frente a dicho control
y finalmente los factores de incidencia que ejerce el control disciplinario a través de sus agentes en el
nivel territorial. Rodelo, Mejía, Vásquez y Salazar concluyen que la prestación de los servicios y el
ejercicio del control por parte de órganos disciplinarios no cuenta como una buena percepción de los
usuarios debido a la corrupción y otros factores que dejan ver la ineficiencia de este tipo de instituciones
institución.
Al mismo tiempo, Wisem Mahi en su artículo cuyo objetivo fue realizar una guía analítica para
el discurso periodístico sobre el día del referéndum ilegal en Cataluña, el 1 de octubre de 2017 y analizar
cuatro imágenes de dos periódicos nacionales de España. Mahi concluye que la fotografía en la prensa
puede reemplazar el texto periodístico y ayuda a la comprensión y asimilación del contenido de la noticia
de ahí se transforma en un discurso apto, representativo de los problemas de la actualidad.
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�Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 16, julio - diciembre 2022 | ISSN 2395-8448
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Por otro lado, Tuur Ghys y Pieter Cools en su artículo de investigación cuantitativa que tuvo por
objetivo explorar la factibilidad del seguro de desempleo en Nuevo León, México. Ghys y Cools
proponen un modelo de seguro de desempleo adaptado al contexto, basándose en conocimientos de un
estudio de literatura, una encuesta de opinión pública y un cálculo de costos.
Así pues, Luis Alberto Pérez Bonfante y Michelle Castrillón Córdoba, en artículo cuyo objetivo
fue examinar la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad del Valle durante el
periodo 2015-2018, a través de un ejercicio de evaluación de procesos. Pérez y Castrillón concluyeron
que el programa no alcanza las metas planificadas y en la Universidad del Valle se presenta un acierto
en términos de motivación, oportunidad y financiamiento con situaciones emocionales y académicas
adversas.
Al mismo tiempo, Gina Morales-Acosta, Sandra Gámez Hoyos y Xumara Galleguillos Velaverde,
presentan un artículo de investigación cualitativa cuyo objetivo fue describir la dimensión política del
Índice de inclusión que refieren las educadoras de párvulos sobre Necesidades Educativas Especiales de
un jardín particular de Iquique, Chile. Morales-Acosta, Gámez Hoyos y Galleguillos Velaverde presentan
elementos de la gestión inclusiva del jardín que aportan a disminuir barreras de exclusión en la primera
infancia y proyecta acciones concretas que se podrían implementar de forma escalonada como parte de
un programa global de atención integral.
Igualmente, Suyai García-Gualda, en su artículo cuyo objetivo fue indagar en la noción de justicia
de géneros y, a partir de allí, reflexionar sobre las políticas de estado orientadas a tal fin. García-Gualda
concluyó que se trata de una experiencia que puede ser entendida como una buena práctica en el camino
hacia la igualdad y la justicia de géneros en el país.
En cuanto a sistemas políticos, Borja García, cuyo artículo tuvo por objetivo identificar los
elementos que dan sustento al modelo ideológico promovido por el Partido Comunista de China, por
medio de la revisión documental del discurso de sus líderes. García presenta cómo se ha originado un
sistema teórico que es flexible y adaptable, fundado en un partido único de ideología marxista que
defiende la coexistencia con el capitalismo, la apertura económica para la obtención de inversión
extranjera, la integración de los distintos estratos sociales y la reducción de la desigualdad entre ello.
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Por último, la edición cuenta con contribuciones internacionales de Argelia, Argentina, Bélgica,
Chile, Colombia, España y México sobre temas actuales, en ellos se encuentra reflejado el compromiso
de la Revista Científica Política Globalidad y Ciudadanía por difundir resultados de investigación de
temas actualidad internacional. Es importante resaltar, que el presente número comprende el análisis y
reflexiones de diversos asuntos de las ciencias sociales con el ánimo de contribuir a un debate con pares
de diferentes instituciones y cooperar al desarrollo de nuevos conocimientos que generen aportación
social. Por lo tanto, esperamos que los académicos que consulten esta edición puedan encontrar
información que les sea de utilidad en sus propias investigaciones.
REFERENCIAS
Georgieva, K. (2022). Una crisis tras otra: Cómo puede responder el mundo.
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/14/sp041422-curtain-raiser-sm2022
Lechuga-Cardozo, J. I., & Leyva-Cordero, O. (2019). Escenarios 2020 del Orden Mundial. Análisis
desde
la
Prospectiva
Estratégica.
ÁNFORA,
27(48),
137–161.
https://doi.org/10.30854/anf.v27.n48.2020.672
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Movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible:
Caso Nuevo León
Urban mobility as a way for sustainable development: Case of Nuevo León
Samuel Alejandro, García Sepúlveda1; Alejandro, Ramírez Viveros2.
RESUMEN
La movilidad urbana se encuentra cada vez más presente al momento de abordar estrategias
para un desarrollo sostenible dentro de las manchas urbanas. Por lo que es necesario generar
estrategias para plantear una planeación urbana de acuerdo con las necesidades reales de la
población. Siendo de suma importancia la movilidad para una digna y buena calidad de vida
para los ciudadanos. Es así, que la promoción para el cumplimiento de los objetivos para el
desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas ha permitido un nuevo impulso
para abordar los conceptos de sostenibilidad en los sistemas de transporte urbano, desde un
enfoque de competencias ciudadanas que se involucren en tal desarrollo. Analizar el área
metropolitana de Nuevo León resulta pertinente en este sentido al tener un rezago de años con
respecto a la cultura vial y la movilidad urbana. Por lo que el objetivo del presente artículo es
analizar mediante indicadores propuestos por organizaciones internacionales los retos y
oportunidades de la zona, con el fin de identificar y evaluar las propuestas de movilidad urbana
como vía para el desarrollo sostenible en Nuevo León. Para el presente estudio se lleva a cabo
una investigación de corte cualitativo, realizada a partir de un análisis documental y
bibliográfico.
Palabras claves: Agenda 2030, competencias ciudadanas, desarrollo sostenible, movilidad
urbana.
ABSTRACT
……………………………………
Fecha de recibido: 30/06/2022
Fecha de revisado: 13/07/2022
Fecha de aceptado: 07/09/2022
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4.0
Internacional
Urban mobility is increasingly present when addressing strategies for sustainable development
within urban areas. Therefore, it is necessary to generate strategies to propose urban planning
according to the real needs of the population. Mobility is of the utmost importance for a decent
and good quality of life for citizens. Thus, the promotion for the fulfillment of the objectives
for the sustainable development of the Agenda 2030 of the United Nations has allowed a new
impetus to address the concepts of sustainability in urban transport systems, from a focus of
citizen competences that are involved in such development. Analyzing the metropolitan area of
Nuevo León is pertinent in this sense, since it is years behind with respect to road culture and
urban mobility. Therefore, the objective of this article is to analyze, through indicators proposed
by international organizations, the challenges and opportunities of the area, in order to identify
and evaluate proposals for urban mobility as a way for sustainable development in Nuevo León.
For the present study, a qualitative investigation is carried out, carried out from a documentary
and bibliographical analysis.
Keywords: Citizen Competencies, Sustainable Development, Urban Mobility, 2030 Agenda.
Cómo referenciar este artículo:
García Sepúlveda, S., A. & Ramírez Viveros, A. (2023). Movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible: Caso Nuevo León.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 9(17), 01-19. https://doi.org/10.29105/pgc9.17-10
1
Doctor en Política Pública y Administración Pública, Doctor en Derecho Fiscal y Doctor en Constitucional y Gobernabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León,
Monterrey, Nuevo León, México. Maestría en Derecho Público y Licenciatura en Derecho y Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ITESM.
Email samuel.garciaspl@uanl.edu.mx. Orcid: orcid.org/0000-0002-5839-5637.
2
Doctorado en Filosofía con orientación en Ciencias Políticas. Maestría en Ciencias Políticas. Licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León,
Monterrey, Nuevo León, México. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, UANL. Correo: aramirezvr@uanl.edu.mx. ORCID: orcid.org/00000003-1559-2021
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1. - INTRODUCCIÓN
La movilidad urbana ha sido uno de los principales problemas en la zona metropolitana de Monterrey
(ZMM) que se ha dificultado con el paso de los años, pues el desarrollo social ha evolucionado, y con
ello han llegado nuevos retos y prioridades, como lo es la sostenibilidad, que incorpora recursos naturales
y medio ambiente. De esta manera, se abre camino para la formación de soluciones, y al mismo tiempo
involucra la participación de distintos actores entre los que destacan: gobierno y la sociedad civil. Bajo
este contexto, el presente estudio analiza mediante una serie de indicadores, cuáles son los retos como
las oportunidades que se tienen dentro de la ZMM. Estos indicadores se encuentran basados en el
cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y datos estadísticos
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En este sentido, se considera que el papel de la ciudadanía es imprescindible para los resultados
exigibles de la movilidad urbana, pues es importante tomar en cuenta a la sociedad civil como un actor
fundamental para la realización de soluciones y estudiarlo como un representante activo y capaz de
coadyuvar a la satisfacción de las necesidades de la sociedad a la que pertenecen. Además, es necesario
contemplar la adopción de nuevas prácticas para formular soluciones precisas y acordes a las
problemáticas comunes y de esta forma, trabajar siempre en beneficio de la mejora de calidad de vida,
pues las distintas motivaciones de las partes pueden ser replicadas con otros actores sociales, así como
en diversos subcentros de los municipios y específicamente de la ZMM para fortalecer el esfuerzo de
resiliencia y progresar hacia una ciudad congruente y ad hoc con el nuevo orden sostenible (Soto &
Gómez, 2020).
La importancia de esta investigación radica en analizar mediante indicadores propuestos por
organizaciones internacionales los retos y oportunidades de la zona, con el fin de identificar y evaluar las
propuestas de movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible en Nuevo León. Es necesario
entender la forma en que la ciudadanía puede cooperar para solucionar problemáticas, fomentando la
gobernanza, y de esta forma, contribuir con distintos actores y organizaciones para el cumplimiento de
objetivos a distintos niveles. Por consiguiente, es necesario crear nuevas políticas públicas que sean
capaces de complacer a la población, al mismo tiempo que se ejecutan recomendaciones y lineamientos
establecidos por parte de distintas organizaciones internacionales.
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2.-FUNDAMENTO TEÓRICO
Movilidad Urbana Sostenible
La European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans (2019), menciona que un plan de movilidad
urbana sostenible puede ser entendido como un plan estratégicamente planeado y establecido para
complacer las urgencias de movilidad de los individuos y empresas dentro de ciudades y su entorno para
mejorar la calidad de vida. Además, está basado en prácticas de planificación, mientras contempla
fundamentos de evaluación, participación e integración basados en siete distintos principios.
La Planificación de la Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) es un enfoque integrado y
estratégico para emprender eficazmente las complicaciones del transporte urbano. Dentro de sus
objetivos principales, se encuentra perfeccionar la calidad de vida y la accesibilidad logrando cambios
notables hacia movilidades sostenibles. Como componentes clave, requiere de evaluaciones exhaustivas
tanto de la situación actual, como de las futuras tendencias. Así también, conlleva conducir una visión
común respaldada por objetivos estratégicos y distintas medidas como de infraestructura, regulatorias,
financieras, promocionales y técnicas para lograr dichos objetivos. Dicha implementación tiene que ser
acompañada y seguida por una evaluación sistemática.
Al contrario de otros enfoques tradicionales, como lo es una gestión pública tradicional, sin un
ciclo congruente de política pública o sin intereses prospectivos a largo plazo. Este tipo de planificación
se enfoca en la participación de la población y las partes interesadas, principalmente en la coordinación
de políticas entre distintos sectores (especialmente transporte, desarrollo económico, medio ambiente,
energía, seguridad, salud, uso del suelo, medio ambiente, desarrollo económico, política social, salud,
seguridad y energía) y una amplia cooperación entre distintos niveles de gobierno y con actores privados.
Asimismo, este concepto enfatiza la necesidad de cubrir cada uno de los aspectos de la movilidad (tanto
de bienes como de personas), servicios y modos de integrarla, y planificar para toda el “área urbana
funcional”, en vez de un solo municipio dentro de sus límites administrativos. Los principios a los que
se refiere son los siguientes.
Movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible: Caso Nuevo León.
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Plan de movilidad sostenible en el “área urbana funcional”
Las ciudades se encuentran conectadas con su entorno debido a los flujos diarios de personas y bienes,
esto quiere decir que el alcance geográfico para la PMUS debe estar basado en el “área urbana funcional”.
Esta planificación de personas y bienes es un importante criterio para que un plan sea relevante y
completo.
La PMUS busca como objetivo perfeccionar la accesibilidad y suministrar movilidades de alta
calidad y sostenible para toda el área urbana funcional, de esta manera, se puede decir que un sistema de
transporte sostenible debe cumplir con lo siguiente:
Ser accesible y satisfacer las necesidades de movilidad de cada uno de los usuarios.
Equilibrar y responder a las diferentes demandas de movilidad, así como de los servicios de
transporte de los residentes, comercios e industria.
Orientar desarrollos equilibrados y mejorar la integración de diversos medios de transporte.
Cumplir con los requisitos de sustentabilidad y equilibrar las necesidades.
Optimizar la rentabilidad y eficiencia.
Cooperar a través de las fronteras institucionales
El desarrollo e implementación de la PMUS debe basarse en altos niveles de cooperación, coordinación
y consulta entre los diversos niveles de gobierno, así como entre las distintas instituciones (y en cada uno
de sus departamentos) dentro del área de planificación. Asimismo, la European Platform on Sustainable
Urban Mobility Plans (2019) también menciona que la PMUS debe basarse en:
Cooperación que garantice la consistencia y complementariedad de la PMUS con planes y
políticas en sectores que estén relacionados con el transporte.
Cercano intercambio con autoridades concernientes en los diferentes niveles gubernamentales
(por ejemplo, municipio, región, distrito, aglomeración, y estado).
Cooperación con proveedores de servicios de transporte público y privado.
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Involucrar a los ciudadanos y las partes interesadas
Una PMUS está centrado en la satisfacción de necesidades de movilidad de los individuos del área
funcional urbana, como en residentes y visitantes, así como de las empresas e instituciones que se
encuentran allí radicadas. Este modelo, es congruente con enfoques transparentes y participativos, e
involucra de forma activa a la población y diversas partes interesadas a lo largo del desarrollo e
implementación de la PMUS. Además, es importante mencionar que la planificación participativa es uno
de los requisitos previos que permite que las personas se apropien de la PMUS y de las políticas que se
promueven; de esta manera, la participación temprana incrementa las probabilidades de aceptación y
apoyo del público, minimizando riesgos políticos y facilitando su implementación (European Platform
on Sustainable Urban Mobility Plans, 2019).
Evaluar el desempeño actual y futuro
La PMUS se basa en evaluaciones exhaustivas sobre el desempeño futuro y de los sistemas de transporte
en áreas urbanas funcionales. Proporciona una revisión integral de la situación existente y establece una
línea de base contra la cual se puede medir el progreso. Por esto, el proceso de la PMUS logra identificar
objetivos y metas, aunque ambiciosas y principalmente realistas, ya que son consistentes con la visión
que fue establecida para después definir indicadores de desempeño para cada uno de ellos. Este análisis
también incluye una revisión de los recursos actuales y las capacidades de la configuración institucional
para la planificación y la implementación (European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans,
2019).
Definir una visión a largo plazo y un plan de implementación claro
A su vez la PMUS está basado en visiones a largo plazo que permitan el desarrollo de movilidad y
transporte para toda el área urbana funcional. Asimismo, incluye servicios e infraestructura y contiene
un plan para la implementación a corto plazo de metas y objetivos e incluye un presupuesto y cronograma
de implementación, así como asignaciones claras sobre responsabilidades y un resumen de recursos que
fueron necesarios (European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans, 2019).
Movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible: Caso Nuevo León.
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�García Sepúlveda, S., A. & Ramírez Viveros, A.
Desarrollar todos los modos de transporte de forma integrada
Fomenta el desarrollo integrado y equilibrado de cada uno de los modos de transporte relevantes al mismo
tiempo que prioriza soluciones de movilidad sostenible; presenta conjuntos integrados de medidas que
permiten mejorar la seguridad, calidad, rentabilidad y accesibilidad de los sistemas de movilidad.
Además, aborda cada una de las formas de movilidad colectiva, movilidad activa (caminar y andar en
bicicleta); intermodalidad y movilidad puerta a puerta; carretera segura; vehículos en movimiento y
estacionarios; entrega de fletes y servicios; logística; administración de movilidad; y sistemas
Inteligentes de Transporte (ITS).
Organizar el seguimiento y la evaluación
La implementación debe ser monitoreada de forma cercana; el desarrollo dirigido a los objetivos del plan
predispuesto, así como al cumplimiento de metas se evalúa de forma periódica en función de cada uno
de los indicadores de desempeño elegidos. Se requieren medidas apropiadas para asegurar el acceso
oportuno a las estadísticas y datos pertinentes. La evaluación y el monitoreo continuos de la ejecución
de las medidas sugieren la revisión de objetivos y acciones correctivas dentro de su propia
implementación. Los informes de seguimiento que se comparten y comunican tanto a los ciudadanos
como a las partes interesadas informan acerca de su progreso en la implementación y desarrollo de dicho
plan (European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans, 2019).
Asegurar la calidad
De la misma manera la PMUS es pieza clave para el progreso de las áreas urbanas y cuenta con
mecanismos para garantizar la calidad profesional, como lo es la validación de su cumplimiento con los
requisitos del concepto, asimismo, refleja esfuerzos necesarios. La garantía de alta calidad de datos y de
la administración de riesgos en su implementación requiere atenciones específicas. Estos cometidos
pueden ser delegados a revisores externos de calidad o de alguna otra institución gubernamental, al
mismo tiempo que puede facilitarse a través del uso de diversas herramientas, tal como la Herramienta
de Autoevaluación.
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Los Objetivos para el Desarrollo de la Agenda 2030
En el 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre del Desarrollo Sostenible, y fue prevista como una
gran oportunidad para que las naciones tengan la posibilidad de emprender nuevos caminos que permitan
incrementar su calidad de vida. Esta agenda cuenta con diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible, los
cuales son distintas estrategias planificadas por el mismo organismo, en conjunto con distintos Estados
y líderes mundiales, el cual, adoptaron una serie de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger
el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible
(Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020).
Cada uno de los diecisiete objetivos plantea respuestas sistémicas a una visión interrelacionada y
global del desarrollo sostenible que hace frente a problemáticas como la desigualdad, pobreza,
degradación ambiental, consumo no sostenible, reforzamiento de capacidades por parte de las
instituciones institucionales, y procesos novedosos de solidaridad global (Gómez, 2018). De esta manera,
se puede afirmar que los Objetos de Desarrollo Sostenible -ODS representan una nueva visión hacia el
resto del mundo que pretende acabar con las desigualdades e incrementar el bienestar social a través de
ciertas estrategias que facilitan la convivencia humana y la relación entre las instituciones e individuos
para llegar a un bienestar común y cumplir con propósitos internacionales.
Si bien los objetivos están orientados principalmente hacia los Estado-Nación, también los
gobiernos locales juegan un papel muy importante para el logro de dichos objetivos. En este caso, Nuevo
León al ser uno de los Estados más importantes de México respecto a industria productiva y
competitividad, los objetivos marcan una pauta elemental para su continuo desarrollo, en este caso la
movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible es fundamental. Ahora, de los diecisiete
objetivos para el desarrollo sostenible, tres marcan una pauta para el fomento de una movilidad urbana,
desarrollándolos a continuación:
Objetivo 11: Lograr que todas las ciudades y asentamientos humanos sean seguros, sostenibles
inclusivos y resilientes
Las áreas metropolitanas y ciudades son centros de crecimiento económico, debido a que su contribución
es aproximadamente del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. En cuanto a la emisión de
carbono mundial representan alrededor del 70% y más del 60 % del uso de recursos (ONU, 2020).
Aunado a esto, la ONU (2020) menciona que la desigualdad es causa de grandes preocupaciones, ya que
Movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible: Caso Nuevo León.
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existen aproximadamente 828 millones de habitantes que viven en comunidades marginadas y esta cifra
continúa incrementando.
Tanto los niveles de consumo de energía, como los de contaminación dentro de zonas urbanas
también son alarmantes, pues aún y cuando las ciudades abarcan solamente el 3% de la superficie
terrestre, representan entre 60% y 80% del consumo energético y en cuanto a emisiones de carbono el
75% (ONU, 2020). La contaminación del aire es ocasionada por la industria, tráfico, quema de residuos,
formación de energía, y la constante utilización de combustibles domésticos, lo cual ha constituido una
grave amenaza para la salud de los ciudadanos y para los esfuerzos por detener el cambio climático,
además, la mínima porción de espacios verdes ayuda al empeoramiento de estos problemas (Pacto
Mundial, 2021).
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Es bien sabido que el cambio climático está afectando cada una de las naciones y ha logrado alterar
economías nacionales, lo que provoca la afectación a diferentes vidas. Por otra parte, aún y cuando se
estimaba que las emisiones de gases de efecto invernadero cayeran en el año 2020 aproximadamente un
6% por las restricciones del COVID-19, esta es solamente una mejora temporal, pues el cambio climático
no pausará, por lo que resulta imprescindible contemplar medidas urgentes para atacar la emergencia
climática y la pandemia con el propósito de salvar vidas y medios de subsistencia (ONU, 2020).
El ODS 13 tiene la intención de presentar al cambio climático como una situación sustancial ante
los planes, estrategias y políticas de las naciones, sociedad civil y empresas, mejorando las respuestas a
los problemas que crea, y promocionar la sensibilización y educación de la ciudadanía con relación al
fenómeno.
Asimismo, se insiste a los países a la contribución económica para cumplir los objetivos de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y a la cooperación con los países
en desarrollo para incrementar y mejorar su capacidad de gestión del cambio climático, priorizando
problemáticas generadas en jóvenes, mujeres y comunidades marginadas (Pacto Mundial, 2021).
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Objetivo 16: Promover sociedades inclusivas y pacificas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y crear instituciones inclusivas, responsables y eficaces en todos los
niveles
Para lograr los ODS, las sociedades pacíficas, inclusivas y justas resultan imprescindibles, pues las
personas de todo el mundo no deben temer a ninguna forma de violencia y deben sentirse seguras durante
toda su vida. En este sentido y con el objetivo de avanzar en la ejecución de los ODS, se necesitan de
instituciones públicas inclusivas y eficaces que permitan proporcionar educación de calidad, asistencia
sanitaria, aplicar una serie de políticas económicas justas y proporcionar protección medioambiental
(ONU, 2020).
Para lograr la culminación de valores es fundamental que el gobierno trabaje de la mano de la
sociedad civil y practiquen soluciones duraderas capaces de reducir la violencia, además de hacer justicia,
combatir de manera eficaz la corrupción y garantizar la participación inclusiva. Las instituciones locales
y nacionales tienen que evidenciar resultados y prestar servicios básicos de forma equitativa y sin
sobornos (ONU, 2020).
Gobierno abierto para la movilidad urbana
El gobierno abierto conlleva a que una vez abierto ciertos canales, los individuos se encontrarán
predispuestos a la participación constante, además de ejecutar papeles que potencialmente se les reconoce
y atribuye de manera discursiva. Así, la participación social suele ser expresada a través de diversas
maneras organizativas, más que a través de una actuación solitaria de ciertos ciudadanos motivados por
alguna causa individual, pues existe una motivación para cumplir con un bien comunitario (Oszlak,
2013).
Uno de los ejemplos que mejor representa al gobierno abierto en cuestión ciudadana es el
Ayuntamiento de Jaca, ubicado en España, ya que elaboraron una PMUS, a través de una sucesión de
participación ciudadana. Por lo cual, el objetivo de este plan constituye una herramienta capaz de
transformar la ciudad y está dirigido a favorecer desplazamientos en bicicleta y a pie, mejorar la
accesibilidad, crear espacios urbanos de convivencia ciudadana y hacer mayormente saludable la forma
de movilidad dentro del entorno urbano (Gobierno de Aragón, 2015).
Movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible: Caso Nuevo León.
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�García Sepúlveda, S., A. & Ramírez Viveros, A.
De esta forma, se convirtió en una de las ciudades pioneras en aplicar este tipo de medidas, y aún
y cuando con anterioridad, recibió severas críticas, demostró de manera paulatina que la visión para una
nueva movilidad sostenible era necesaria y acertada. Para que esto fuera posible, se realizó una nueva
señalética y un entramado de vías que permite la circulación segura y posible para todos (Gobierno de
Aragón, 2015).
Competencias ciudadanas para el desarrollo sostenible
De acuerdo con Montoya (2008), las competencias ciudadanas pueden ser entendidas como la totalidad
de las habilidades cognitivas, conocimientos, emociones y comunicación que entrelazados entre sí,
posibilitan el actuar ciudadano constructivo en la sociedad democrática. Asimismo, menciona que estas
competencias permiten tanto la convivencia entre los individuos como el desempeño adecuado en
sociedad, además de permitir el ejercicio ciudadano y su actuar tomando como base los principios
concertados por la sociedad y que son validados a nivel universal. En este sentido, también posibilitan el
aporte hacia las instituciones, seguimiento hacia intereses colectivos, el cumplimiento y satisfacción de
los deberes, así como la defensa de derechos.
De esta forma, las competencias ciudadanas surgen para impulsar a la ciudadanía a poner en
práctica lo que saben sobre sus derechos y problemáticas sociales, y así obtener o usar los medios
necesarios que les ayuden a solucionar sus conflictos. Es decir, les permite desarrollar las habilidades
necesarias para la construcción de una mejor sociedad que tenga como fin el bienestar colectivo. Respecto
a la sustentabilidad, Chambueta (2021) realizó una investigación que demuestra que una educación que
fomente el desarrollo de competencias ciudadanas puede tener un impacto positivo en el comportamiento
humano en el ámbito ambiental. Asimismo, a través de la implementación de estrategias pedagógicas
basadas en competencias ciudadanas se demostraron cambios de paradigma frente a comportamientos y
acciones que directa o indirectamente perjudican el ecosistema.
Retos y oportunidades para la movilidad urbana en Nuevo León
Es importante mencionar que la situación de movilidad en México es una problemática muy grave y se
debe atender de inmediato, pues en comparación con las necesidades viales ocasionadas debido al
incremento de la población, se ha presentado un atraso de significativo de 45 años, lo que se refleja en
pocas estrategias de movilidad y seguridad vial. Lo anterior, desencadena una cifra mayor a 400 mil
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individuos, los cuales han quedado con alguna discapacidad al padecer accidentes vehiculares.
Asimismo, existen estadísticas que reflejan que más de 3,700 personas a nivel internacional mueren en
la vialidad día con día, mientras que, en México, una persona muere cada 40 minutos debido a accidentes
de tránsito (Martínez, 2022). En el caso de Nuevo León, según datos del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), en el 2019 el número de accidentes de tránsito registrados ascendió a 64 mil 58,
con lo que la entidad se ubicó como líder nacional en este renglón, una cifra que casi triplica al segundo
lugar, obtenido por el estado de Chihuahua.
Son distintas las razones por la que se presentas dichas cifras, uno de ellas así como lo puntualiza
la titular de Movac, asociación que persigue, precisamente, reducir los percances viales, es el de entender
que hay una ausencia de señalamientos, no hay una infraestructura segura para todos los usuarios. Por lo
que el reto para las autoridades es el de destinar verdaderamente recursos a corregir este problema e
impulsar las iniciativas y proyectos que se necesitan, aunque éstas muchas veces no son populares. En el
caso de Guadalajara y la Ciudad de México se ha logrado mejorar la seguridad para todos los usuarios
debido a que se les ha dado opciones de moverse distintas al automóvil.
De manera general, la ZMM evidencia dificultades de movilidad, las cuales se asocian a
deficiencias de planificación y desarrollo urbano, y se realizan 11.3 millones de viajes al día
(TRANSCONSULT, 2020). Aunado a esto, la movilidad en el área metropolitana de Monterrey presenta
rezagos en cada una de sus vertientes. Entre los que se encuentran extensos tiempos de recorrido
ocasionados del crecimiento expansivo, mínima oferta de transporte público, escasez de conectividad,
congestionamiento vial, insuficiente cobertura de infraestructura para movilidades activas, entre otros
(Molina, et al., 2019).
De esta manera, se puede destacar que a pesar de que la ZMM es un área sumamente activa, y
que cuenta con una gran cantidad de viajes, sigue teniendo muchas problemáticas que dificultan un
tránsito fluido y eficaz, pues debido también al crecimiento que ha tenido la ciudad, esto ha complicado
su situación en vez de resolverla, pues debe existir una vialidad que permita la incorporación de todos y
que sea eficiente en cuestiones de tiempo y dinero.
En este sentido, Molina, et al. (2019), mencionan una serie de acciones a considerar debido a la
gran cantidad de áreas de oportunidad con las que cuenta la ZMM:
Ampliar las redes de transporte de gran capacidad, como lo son Ecovía y Metrorrey.
Movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible: Caso Nuevo León.
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Enlazar la movilidad y el desarrollo urbano.
Transformación en calles a través de la adecuación vial para incluir infraestructura ciclista y
mejorar las infraestructuras peatonales, tomando en cuenta la accesibilidad universal como lo
son las rampas y otros dispositivos como semáforos peatonales y auditivos, asimismo,
también resulta importante la designación de carriles preferentes para transporte público.
Sin embargo, es fundamental destacar que cada una de estas acciones tienen que estar
encaminadas paralelamente de programas adecuados para la sustitución de unidades, así como también
de la renovación de la flota, la cual repercute de forma positiva en la calidad del aire de la ZMM.
Por otro lado, también es importante mencionar que las zonas en donde se concentran oficinas,
industrias y equipamientos son las que requieren de diversas acciones que mejoren de forma notable la
circulación en la ciudad, por lo cual se propone trabajar junto a las industrias para la realización de un
plan de movilidad laboral enfocado en los siguientes aspectos (Molina, et al., 2019):
1. Dotar de bici-estacionamientos masivos dentro de instalaciones laborales.
2. Implementar transportes internos para empleados.
3. Crear entornos seguros que permitan mejorar la infraestructura peatonal e incrementando la
seguridad.
4. Escalonamiento de horarios de trabajo.
Ahora bien, la movilidad en áreas metropolitanas subraya la importancia de sistemas integrados
de movilidad eficiente y seguro. En este marco, surgió el Programa Integral de Movilidad Urbana
Sustentable (PIMUS) del ZMM, el cual se enfoca en Agenda 2030 de la ONU, más específicamente en
el ODS once que contempla mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades. También incluye
realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión
urbana de manera que sea participativa e inclusiva” (TRANSCONSULT, 2020).
3.-MÉTODO
La metodología que fue utilizada para la presente investigación es de carácter cualitativo y no
experimental, ya que se llevó a cabo un análisis documental de la información que fue recaudada a lo
largo del estudio, con la finalidad de analizar bajo esta premisa los indicadores propuestos por
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�García Sepúlveda, S., A. & Ramírez Viveros, A.
organizaciones, con el fin de identificar y evaluar las propuestas de movilidad urbana como vía para el
desarrollo sostenible y lograr una comprensión completa de los datos expuestos.
Para ejecutar el análisis documental, se necesitó primeramente de la recopilación de diversas
fuentes bibliográficas; este análisis tiene la capacidad de representar la información dentro de diversos
documentos estructurados y a la vez reducir cada uno de los datos descriptivos físicos y de contenido en
un esquema inequívoco. En este sentido, es importante porque además de ayudar a la construcción del
marco referencial teórico, permite conocer en mayor medida aspectos históricos, contextuales,
normativos, entre otros, que se encuentren relacionados de alguna manera con el tema de investigación
(Gómez, et al., 2012).
Una vez planteado el problema de investigación, se procedió a realizar la recopilación de fuentes
bibliográficas para definir los conceptos básicos a través del marco teórico y posteriormente, ejecutar el
análisis de la información, todo esto con la intención de cumplir con los objetivos del presente estudio,
una vez que el análisis fue finalizado, se construyeron los resultados y las conclusiones.
4.-RESULTADOS
Indicadores de movilidad sostenible en la ZMM
En la actualidad las ciudades y zonas metropolitanas han cobrado un papel importante cuando se discute
el desarrollo sostenible. Se reconoce a los asentamientos humanos como motores del desarrollo el cual
define los intercambios económicos, políticos y sociales. Una parte fundamental es el Estado y el acceso
a servicios como la movilidad y la infraestructura.
A nivel internacional los temas de la movilidad generan más sentido en el crecimiento de las
ciudades lo que ha generado iniciativas mundiales para la organización y planeación de las ciudades, en
especial en Latinoamérica, donde los problemas de movilidad van de la mano de la segregación social y
la violencia. En este sentido, existen diferentes indicadores internacionales que miden su calidad y
eficiencia, por ejemplo, los indicadores propuestos por la ONU dentro de los ODS de los asentamientos
urbanos como parte de la agenda 2030, los cuales miden lo siguiente:
Tasa de mortalidad por lesiones ocasionadas por accidentes de tráfico.
Movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible: Caso Nuevo León.
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Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km de una carretera transitable todo
el año.
Proporción de la población que tiene acceso conveniente al transporte público, desglosada por
sexo, edad y personas con discapacidad.
Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de residencia.
Por otra parte, existen otros programas de movilidad urbana sostenible como el de Ciudades
Emergentes y Sostenibles (CES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los indicadores que
destacan para la implementación de un modelo de movilidad urbana se encuentran muestran los
siguientes (ver ilustración 1):
Ilustración 1: indicadores para la movilidad urbana sostenible
Infraestructura de
transporte
equilibrado
Transporte limpio
Transporte seguro
Transporte
planificado y
administrado
Congestión
reducida
Demanda
equilibrada
Transporte
económico
Fuente: programas de Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES) y del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
El programa menciona como antecedente, que las ciudades de América Latina han atravesado la
mayor ola de crecimiento urbano de la historia, siendo la segunda región más urbanizada del mundo. Por
ende, se presenta el reto de movilidad buscando una manera eficiente, económica y segura. Según el BID,
la congestión representa de un 2% a un 4% del PIB por las pérdidas de tiempo y productividad. La región
tiene un promedio de 170 autos por cada mil habitantes, y se espera que esta cifra vaya subiendo hasta
los 500 autos. Por ello, urge recuperar el espacio público y apostar por un desarrollo sostenible, siendo
la movilidad como una prioridad en la agenda pública. Un buen sistema de transporte público es uno de
los pilares fundamentales para atacar la desigualdad social, conectando a personas y oportunidades,
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privilegiando a aquellos con menores niveles de renta, aportando también a la reducción de gases de
efecto invernadero.
Para abordar el tema en el área metropolitana de Monterrey, se realizó una recopilación de datos
partiendo el estudio en los datos encontrados por indicador del periodo del 2107 al 2020 en donde se
analizan el desarrollo de indicadores de movilidad urbana sostenible de la ZMM, en la siguiente tabla se
muestra el indicador 3.6.1 de los ODS de la agenda 2030 el cual corresponde al objetivo 3 de salud y
bienestar.
Tabla 1.
Indicadores de movilidad Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS
Indicador
2017
Accidentes viales
77,620
2018
Accidentes viales
80,863
2019
Accidentes viales
76,930
2020
Accidentes viales
64,058
3.6.1 Tasa de mortalidad por
lesiones debidas a accidentes de
tráfico
Heridos:
7,325
Muertes:
237
Heridos:
6,379
Muertes:
249
Heridos:
5,903
Muertes:
219
Heridos:
4,306
Muertes:
223
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2021).
Como se observa en la tabla el porcentaje más alto de accidentes consta del año 2018 y se presenta
una disminución en los años próximos. Se puede apreciar también una disminución en los heridos por
accidentes viales desde el 2017 al 2020 así como un descenso en la mortalidad desde el año 2018.
El elemento primordial es un aumento en el registro de vehículos y una disminución de pasajeros
de transporte público, lo que refleja la crisis de vialidad de la ZMM, en el aumento del parque vehicular
a partir de la mala calidad del transporte público. Por lo que incorporar nuevas estrategias de movilidad
parece indispensable para cumplir con indicadores de movilidad urbana sostenible.
Competencias ciudadanas en Nuevo León, en búsqueda de movilidad urbana digna
Debido a las problemáticas tan preocupantes que se han presenciado en la Zona Metropolitana de
Monterrey (ZMM), el desarrollo democrático se ha visto afectado, por lo que las competencias
ciudadanas han sido un instrumento de gran ayuda, pues hay que recordar que este concepto radica en
los ejes del conocimiento y en la capacidad de actuación (Murillo & Castañeda, 2007).
Movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible: Caso Nuevo León.
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Asimismo, es importante tomar en cuenta que estas competencias ayudan al establecimiento de
valores tales como la convivencia y la paz, la pluralidad, pero, sobre todo, y en lo que va encaminado
este estudio, a la participación ciudadana y responsabilidad democrática. Pues si bien es importante una
mejor convivencia, el desarrollo moral de los ciudadanos resulta imprescindible para la realización de
acciones que demuestren preocupación y la búsqueda del bien común.
En este sentido, el Estado de Nuevo León ha sido testigo de un instrumento que conlleva la
utilización de competencias ciudadanas, el cual es la organización de la sociedad civil “¿Cómo Vamos
Nuevo León?”. Esta organización trabaja sobre los ejes de evaluar, debatir y mejorar, a través de la
generación de análisis y datos accesibles acerca de las problemáticas a las que se ve enfrentado Nuevo
León y su área metropolitana (Cómo Vamos Nuevo León, s.f.). Además, también involucran activamente
a la ciudadanía en las evaluaciones que realizan con el propósito de identificar los retos dentro de diversas
áreas tales como la movilidad, salud, servicios públicos, economía, desarrollo urbano, entre otros, y de
esta manera, generar una mayor exigencia por parte de los ciudadanos, para mejorar el debate, el
involucramiento entre individuos y su participación.
En este sentido, el Gobierno de Nuevo León desarrollo un documento ejecutivo del Programa
Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS-ZMM). El cual es un instrumento de planeación, que
vincula el desarrollo urbano con la movilidad, que define de manera precisa las acciones y proyectos de
forma priorizada y eslabonada para ser implementados en una secuencia de corto y mediano plazo, pero
con una visión sustentable de largo plazo, el cual contiene el Programa de Movilidad de la zona
metropolitana de Monterrey al 2040.
Por tanto, la movilidad puede ser estudiada a través de porcentajes que reflejen el estado de la
infraestructura, los sucesos de tránsito, los gastos financieros que ocasiona y logra recaudar el sistema de
movilidad, las rutas de los diferentes transportes públicos tales como Transmetro, Metrobús y Metrorrey,
los accidentes viales que ocurren y el índice de mortalidad, la cantidad de unidades que existen y cuál es
la operación que llevan a cabo todos los días de la semana. De esta forma, se busca crear una estrategia
de movilidad efectiva que permita la creación de un sistema integrado de transporte público que este
satisfaciendo las necesidades de la población. Mientras se atienden problemáticas relacionadas a la
congestión vehicular, el índice de mortalidad y de accidentes diarios, las tarifas del transporte, los tiempos
de espera de pasajeros y la calidad del aire.
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5.-CONCLUSIONES
A manera de conclusión, se puede afirmar que se pueden efectuar estrategias efectivas de movilidad así
como se establece en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) y el Programa Integral de Movilidad Urbana
Sustentable, los cuales establecen la visión, los mecanismos, las políticas y los programas que se estarán
implementando, por lo que su objetivo general es el de ampliar y mejorar la oferta y operación de los
sistemas de movilidad en el Estado, articulando cadenas de viaje sostenibles, asequibles e incluyentes,
mediante los siguientes resultados específicos:
Desarrollar infraestructura para la movilidad no motorizada: incorporar ciclovías, sistemas de
bicicleta pública y vehículos de movilidad personal, para mejorar la conectividad y experiencia
del transporte público sustentable.
Resolver puntos de conflicto vial, modernizando la infraestructura y equipamiento urbano de los
espacios abiertos y favoreciendo la seguridad vial.
Promover la conectividad peatonal incluyente y segura.
Promover el derecho del uso pacífico de la vía pública, adoptando medidas para garantizar la
inclusión, funcionalidad y movilidad sustentable de la vía pública.
Reestructurar y aumentar la oferta de transporte público de manera integrada y que sea amigable
con el medio ambiente, para lograr una mayor eficiencia, accesibilidad y asequibilidad. Regenerar
el sistema de transporte Ecovía y conectarlo con las líneas de transporte masivo.
Mejorar la interconexión carretera y las vialidades entre y dentro de las regiones del estado para
potenciar un desarrollo regional y urbano más equilibrado.
Mejorar la operación de la red vial mediante la implementación de sistemas de control de tránsito.
Realizar acciones de vinculación con la academia, sociedad civil y sector privado para la
elaboración de instrumentos de planeación y regulatorios.
Incrementar la cooperación con las autoridades municipales para brindar mantenimiento a las
calles y avenidas que se encuentran en malas condiciones.
Impulsar la coordinación metropolitana para la reconstrucción de caminos en el sur.
A través de las competencias ciudadanas que logran ser de mucha utilidad con los reportes y los
índices que presentan; de esta forma, se complementa la relación entre los individuos y el gobierno, pues
debido a estas prácticas es que se logra promover la accesibilidad y la cobertura de datos, para
incrementar el nivel de calidad en los sistemas de transporte público urbano en la ZMM.
Movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible: Caso Nuevo León.
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En cuanto a los resultados de los indicadores en la ZMM se concluye la urgencia de estrategias
para incrementar el uso del transporte público por parte de los ciudadanos para evitar el aumento de
vehículos, que a su vez contribuye a la disminución de la calidad en las horas de transportación, así como
en la calidad del aire de las ciudades y zonas metropolitanas.
Por último, es necesaria la implementación de más programas de cultura vial al conocer la
cantidad de muertes por accidente de tráfico, lo cual repercute en la movilidad del día a día de los
habitantes de la ZMM. Además, es imprescindible la ampliación y mejoramiento de rutas de transporte
urbano, asegurar convenios con empresas la transportación en masa de sus empleados y por supuesto la
construcción de las líneas de metro que conectan la ZMM. Pues el déficit de estas para la cantidad de
población muestra el retraso en el cual se encuentra la zona urbana, a partir de la participación ciudadana
y estrategias concretas y orientadas a la planeación urbana se puede lograr los ODS.
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Aproximación
al
ciberactivismo
Latinoamérica en el siglo XXI1
feminista
en
Approach to Feminist cyberactivism in Latin America in the XXI century
Paola Viviana, Pila Guzmán2; Olga Nelly, Estrada Esparza3
RESUMEN
El propósito de este trabajo es dar a conocer las principales tendencias latinoamericanas
del ciberactivismo feminista a partir de una profunda revisión bibliográfica sobre esta
importante temática dentro de los estudios de género, los estudios políticos y de
movimiento sociales. Con base en una primera aproximación teórica al ciberactivismo, se
analizaron las diferencias entre los conceptos de ciberactivismo feminista y el
ciberfeminismo. A partir de ello se ubicaron las conexiones históricas entre este activismo
digital, de redes y el movimiento feminista contemporáneo. Posterior se caracterizaron las
principales tendencias de la agenda ciberactivista feminista de la última década y sus
principales banderas de lucha y posicionamiento político. Entre las principales
conclusiones, se puede observar un resurgimiento del movimiento feminista en una cuarta
ola marcada por las transformaciones tecnológicas, el cual se vale de ellas para su accionar
ciberactivista y la irrupción en las agendas políticas latinoamericanas y mundiales.
Palabras claves: ciberactivismo feminista, ciberfeminismo, feminismo, Latinoamérica,
redes sociales.
ABSTRACT
……………………………………
Fecha de recibido: 25/6/2022
Fecha de revisado: 10/7/2022
Fecha de aceptado: 7/11/2022
Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional
The purpose of this work is to present the main Latin American trends of feminist
cyberactivism from a deep bibliographic review on this important issue within the gender,
political and social movement studies. Based on a first theoretical approach to
cyberactivism, the differences between the concepts of feminist cyberactivism and
cyberfeminism were analyzed. From this point, the historical connections were located
between this digital and network activism and the contemporary feminist movement.
Later, the main trends of the feminist cyberactivist agenda of the last decade and its main
flags of struggle and political positioning were characterized. Among the main
conclusions, we can see a resurgence of the feminist movement is observed in a fourth
wave marked by technological transformations, which uses them for their cyberactivist
actions and the irruption in the Latin American and worldwide political agendas.
Keywords: feminist cyberactivism, cyberfeminism, feminism, Latin America, social
networks.
Cómo referenciar este artículo:
Pila Guzmán., P., V. & Estrada Esparza., O., N. (2023). Aproximación al ciberactivismo feminista en
Latinoamérica en el siglo XXI. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 9(17), 20-41.
https://doi.org/10.29105/pgc9.17-1
Este artículo es producto del proyecto de investigación de tesis de Doctorado “Factores que influyen en la implementación de las políticas públicas de inclusión económica de las
mujeres en el Ecuador”. Iniciado en 2019 y actualmente en proceso.
2
Magister en Desarrollo Local y Territorial por FLACSO Ecuador. Estudiante de Doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México.
Integrante de la Red de Politólogas. Email: paolapilaguzman@gmail.com Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3443-6836.
3
Doctora en Humanidades con especialidad en Estudios de Género y Discurso Político por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Profesora e Investigadora de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, México. Email: olganellye@yahoo.com Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3400-569X.
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1.- INTRODUCCIÓN
En los últimos veinte años el mundo ha vivido una revolución científica y tecnológica que ha tenido
como consecuencia la transformación de las relaciones humanas a nivel microsocial y macrosocial. Estos
cambios rápidos se han dado gracias a saltos cualitativos y cuantitativos dentro de la industria
tecnológica, sobre todo en el campo de las telecomunicaciones y con énfasis en las diferentes plataformas
de redes sociales. Si bien existen avances de carácter científico muy complejos y fuera del alcance de las
masas, herramientas tales como los teléfonos inteligentes o smart phones, las redes sociales y las
plataformas digitales se han convertido en espacios habitados por las personas y especialmente la
juventud. Esto ha traído como efecto un aumento en la convivencia virtual, es decir, las relaciones
sociales, económicas, culturales, educativas y políticas se han asentado en el ciberespacio y más ahora
en medio de la pandemia del COVID-19.
El gran impacto, aceptación y alcance que han tenido las nuevas tecnologías de la comunicación
en la última década, ha generado complejos procesos de interacción humana, social, económica, cultural
y política, permeando las fronteras offline para inscribirse dentro del espacio ciber: sin fronteras, sin
tiempo, en red, horizontal, poscuerpo y posgénero (Binder, 2019). En este sentido, la presencia de
mujeres como actoras sociales y la lucha por el reconocimiento de sus demandas y particularidades, se
evidencia en el desarrollo de nuevas estrategias de acción en el ciberespacio (Aguilar – Forero, 2017;
Battocchio, 2014; Betancourt, 2012; Cortez y Garzón, 2017; De Ugarte, 2007; Rueda, 2013).
En Latinoamérica, el feminismo como movimiento social histórico ha intensificado sus discursos
contra la violencia de género, sobre todo contra la violencia sexual, el femicidio y la prohibición del
aborto. Las luchas latinoamericanas contemporáneas se han vuelto visibles a través del accionar colectivo
por medio de las redes sociales y las herramientas comunicacionales, ya que estas han sido impulso y
soporte a una cuarta ola feminista a nivel mundial y regional. El ciberactivismo de los grupos feministas
ha posicionado una agenda ligada a la conciencia social crítica frente a la desigualdad y la violencia que
viven las mujeres, sobre todo en contextos como los del sur global.
En este marco, el presente artículo tiene como objetivo conocer las principales tendencias del
ciberactivismo feminista en América Latina en la última década; para ello, en primera instancia se
considera necesaria la reconstrucción del concepto de ciberactivismo y sus implicaciones tecnológicas y
sociales. En un segundo momento se analizan las confluencias y las divergencias entre el ciberfeminismo
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�Pila Guzmán., P., V. & Estrada Esparza., O., N.
y el ciberactivismo feminista. En un tercer apartado se indaga en cómo la cuarta ola y el ciberactivismo
feministas se han convertido en aliados inseparables para la transformación social a través de un discurso
pro-mujeres, pro-diversidad y de alto a la violencia de género en la región. Finalmente, en el cuarto
apartado se intenta reconstruir la agenda ciberfeminista latinoamericana de la última década, sobre todo
con base en las experiencias de México y Argentina, así como sus proyecciones a futuro. Como uno de
los principales hallazgos, se identifica al ciberactivismo como una nueva forma de participación política
masiva, la ciber-ciudadanía y al feminismo como un movimiento social renovado que aprovecha la
virtualidad como un territorio de lucha en el marco de las reivindicaciones de la cuarta ola feminista,
deviniendo en el ciberactivismo feminista.
2.FUNDAMENTO TEÓRICO
Aproximación conceptual al ciberactivismo
Siguiendo a Castells (2009) con el surgimiento y avance del internet, emerge una nueva forma de
comunicación caracterizada por la intensiva capacidad de enviar y recibir mensajes en tiempo real o en
tiempo concreto. En palabras de Gómez Díaz de León (2018), el desarrollo extraordinario de las
telecomunicaciones y la información digital, son una ventana para la interacción ciudadana, ya que
proporciona mayores espacios de comunicación, reflexión, organización e intervención en los asuntos
públicos. En esta misma línea Cortez y Garzón (2017) plantean que el desarrollo de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), tuvieron como efecto la aparición de medios de comunicación
no convencionales, los cuales permiten la expresión de la sociedad y de las organizaciones en su objeto
de manifestar y difundir de forma masiva sus mensajes, lo que se denomina ciberactivismo.
Para De Ugarte (2007), el ciberactivismo son aquellas estrategias que persiguen cambios en la
agenda pública a través de la difusión de un determinado mensaje y su propagación de forma verbal,
multiplicado por los medios de comunicación y publicación electrónica personal. Es por ello que existen
dos momentos de su puesta en escena: el primero que es la propagación de una idea y, en segundo lugar,
la creación del debate social virtual. En esta misma línea, Rheingold (como se citó en Betancourt, 2012)
entiende a los ciber activistas o multitudes inteligentes como un fenómeno del nuevo régimen tecnosocial que está formado por personas capaces de actuar conjuntamente a pesar de no conocerse y además
encontrarse en diferentes lugares del mundo. Estas nuevas formas de conexión han dado lugar a códigos
de organización, acción social, cultural y política antes no conocidas y que ahora se apoyan en las
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tecnologías. El ciberactivismo es por lo tanto una forma de organización colectiva, de protesta pacífica
y denuncia constante que a través de su accionar define temas de la agenda pública, cuyo posicionamiento
depende del impulso masivo, la presión y la fuerza que ejerce un movimiento transfronterizo (Battocchio
2014).
El uso y la apropiación de diversas tecnologías digitales, la creatividad político-cultural basada
en la invención de lenguajes expresivos y otras maneras de incidencia que potencian la acción colectiva
son la base del ciberactivismo (Aguilar – Forero, 2017). Para Rueda (2013) este puede ser entendido
como una serie de dispositivos con potencialidad para la expansión de la subjetividad, la toma de la
palabra y del ejercicio ciudadano, o ciber ciudadanía, donde en general, pero no de forma exclusiva, las
generaciones jóvenes se relacionan y crean escenarios posibles de y para la acción común, lo que
evidencia su carácter evidentemente político (Cortéz y Garzón, 2017; Rueda, 2013).
A juicio de Battocchio (2014) las estrategias del ciberactivismo se hacen visibles en el uso de la
red y la telefonía móvil, por la practicidad y la inmediatez de la reproducción masiva de contenidos,
donde el objetivo es difundir un mensaje valiéndose de las nuevas tecnologías y las ventajas que estas
prestan en tanto velocidad, viralidad, horizontalidad, atemporalidad, desterritorialización, etc. Con este
accionar se hacen visibles problemáticas que a la par se transforman en debates masivos y entran en la
agenda gracias a la participación colectiva (De la Garza – Montemayor, Peña – Ramos y Recuerdo –
López, 2019; Fernández y Paniagua, 2012).
Como lo hace notar Fernández (2012), el ciberactivismo es sinónimo de la protesta electrónica,
e-protest o netactivismo, entendido como la acción política no convencional del cual forman parte los
bloqueos, las campañas, concentraciones, reivindicaciones, sabotajes, marchas y la desobediencia civil,
propias de los nuevos movimientos sociales como feministas, ecologistas, pacifistas o alternativos. Cabe
anotar que en la actualidad las estrategias de activismo en la red también han sido y son usadas por grupos
que no siempre defienden valores positivos o con base en los derechos humanos (Castells, 2001).
Por lo tanto, esta estrategia digital es producto del empoderamiento ciudadano y la puesta en
evidencia de su criticidad e indignación, que ha encontrado un canal para colectivizar las luchas
individuales y situadas en demandas colectivas e internacionales. Entre las potencialidades del uso del
ciberactivismo por parte de los nuevos movimientos sociales, se plantean: la visibilización internacional
de las carencias como estrategia efectiva y de gran impacto y la capacidad de convertirse en contrapeso
de los Estados por su imposibilidad de luchar contra las plataformas puesto que trascienden sus
Aproximación al ciberactivismo feminista en Latinoamérica en el siglo XXI.
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capacidades (Soengas y Assif, 2017). En esta última idea se puede identificar la diferencia entre el
activismo digital y la participación, pues esta última utiliza las nuevas tecnologías para posicionar ideas,
en contraste con el primero que nace y se propaga por internet y redes de comunicación móvil pudiendo
consolidarse posteriormente en espacios físicos (González, Becerra y Yánez, 2016).
En este punto, siguiendo a Denning (2001), es necesario diferenciar al ciberactivismo de otras
acciones que están en el espectro de actividades que emplean el internet como herramienta para influir
en la política: hackativismo o desobediencia civil electrónica (electronic civil desobedience) y el
ciberterrorismo o ciberguerra. En el caso del hackativismo consiste en la combinación del activismo con
el hacking y se expresa en el hackeo de páginas, el bombardeo con correos electrónicos, la alternación
de contenidos de páginas web y la transmisión de virus para romper ordenadores o destruir sistemas
(cracking). El ciberterrorismo se da por la convergencia entre el ciberespacio y el terrorismo. Estas dos
se diferencian del ciberactivismo en la medida en que este último usa el internet de forma no destructiva
en función de una causa u objetivo.
Una tercera diferenciación se da entre ciberactivismo y tecno-política, dos categorías que pueden
ser parte de un mismo fenómeno, pero que se construyen con base en características diferentes. En
palabras de Toret (2013), la tecno-política es la capacidad colectiva de las multitudes conectadas a través
de las redes de hacer un uso táctico de las herramientas digitales para la organización comunicación y
acción. Hace por lo tanto alusión a la creación de una estructura arquitectónica, la cual toma el significado
de la plaza, la calle, el lugar de encuentro de las diversas manifestaciones virtuales. Un ejemplo de ello
son las etiquetas o en inglés hashtag, que se asume como el lugar común del sentimiento, el sentido de
la acción colectiva. El ciberactivismo puede consolidar estrategias tecno-políticas cuando irrumpe en los
diálogos y debates sobre determinados temas, creando nichos para la creación de nuevos problemas
públicos que deben ser atendidos, rompiendo con el statu quo.
Finalmente, como se ha revisado el ciberactivismo es una herramienta ante el colapso de los
sistemas políticos tradicionales, irrumpe a través de una revuelta de la imaginación y presenta nuevas
narrativas ante las dominantes. En palabras de Sierra – Caballero (2018) las nuevas formas de protesta a
través del ciberactivismo son interrupciones a la lógica de acumulación de información y de dominio de
los Estados y los medios de comunicación, definiendo a una oposición que es una interferencia directa a
la repetición jerárquica y centralizada de las ideas.
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Feminismo, ciberfeminismo y ciberactivismo feminista
Al profundizar en el tema del ciberactivismo feminista y el ciberfeminismo aparecen tres corrientes que
necesariamente deben ser contempladas. Una primera hace alusión al ciberfeminismo desde la
concepción del desarrollo artístico con las propuestas del pos-cuerpo y pos-género, evidenciadas por
ejemplo en la obra del colectivo australiano Matrix VNS: Manifiesto Ciberfeminista para el siglo XXI.
Paralelo y con una misma línea argumentativa, el activismo feminista asentado en la manifestación
virtual del cuerpo fue conceptualizado por Donna Haraway en Manifiesto Cyborg de 1984 (Sádaba y
Barranquero, 2019). El ciberfeminismo del pos-cuerpo parte de la premisa de una constante
representación mediada por las pantallas y el arte como mediador de dicha fantasía representativa. En
este marco, el internet y las prácticas creativas artísticas aparecen como mecanismo para la construcción
crítica de una identidad y una subjetividad, que se aprovecha de la red como un espacio para este proceso
de liberación del cuerpo, concibiéndolo como un territorio ciborg y posgénero (Zafra, 2018).
Una segunda entrada para la comprensión del ciberfeminismo se da desde los estudios tecnosociales feministas o denominados también como estudios de la ciencia, la tecnología y el feminismo.
Las autoras más representativas son Sandra Harding y Sadie Plant. Esta última en su libro Ceros + unos.
Mujeres digitales + la nueva tecnocultura (1998) realiza una crítica a la negación que se hace desde la
historia de la tecnología a la importancia de la mujer en su desarrollo. Se ejemplifica y argumenta esta
aseveración a partir de la importancia de Ada Lovelace, una matemática del siglo XIX, a quien poco se
reconoce por el trabajo sobre la calculadora y el desarrollo del primer algoritmo destinado a ser procesado
por una máquina (Plant, 1998). Por lo tanto, el ciberfeminismo desde esta corriente está orientado a la
crítica feminista de la invisibilización de las mujeres dentro del mundo de la tecnología, a la denuncia de
patrones patriarcales y masculinistas en los cuales ha sido creada, narrada y reconocida la ciencia y la
informática, planteando una necesaria interpretación de ésta en términos de relaciones de poder
(González, 2001).
Esta crítica feminista a las relaciones entre tecnología, poder y mujeres ha sido denominado por
Fernández y Wilding (2006) como nuevo feminismo. Actualmente existen varios colectivos
ciberfeministas que realizan sus propios encuentros de programadoras o hackatones, desarrolladoras de
softwares con enfoque feminista, grupos y asociaciones de científicas de datos y analistas que comparten
información y conocimientos y se consideran a sí mismas ciberfeministas por su aporte para transformar
Aproximación al ciberactivismo feminista en Latinoamérica en el siglo XXI.
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las estructuras profundamente machistas de la tecnología (Binder, 2019). Algunos ejemplos son: En
Redadas (Nicaragua), Luchadoras (México), PyLadies (Latinoamérica), Girls in Tech (Chile, Argentina,
Colombia, Brasil), Laboratoria (Perú), Geek Girls (El Salvador), Epic Queen (México), así también
Ciberfeministaslatam que agrupa a varios colectivos de la región (Benítez – Eyzaguirre, 2019).
La tercera corriente tiene que ver con el uso de redes sociales y espacios virtuales para la
manifestación de las demandas del movimiento feminista. Siguiendo a Moliní (2020) la incorporación al
ciberespacio y el uso de las redes desde una perspectiva ciberactivista feminista es un fenómeno reciente
para el movimiento; sin embargo, a mediados de la década pasada ya se hablaba de un ciberfeminismo
social (de Miguel y Boix, 2013)
Este ciberactivismo feminista tiene que ver con la conexión de los movimientos antiglobalización
y antineoliberales y los grupos de defensa de derechos humanos, quienes establecieron puentes con los
movimientos sociales tradicionales y el feminismo, promulgando un uso estratégico de las tecnologías y
el internet para el logro de la transformación social. De acuerdo con Sosa, Galarza y Castro (2019) el
feminismo actual ha asumido la acción comunicativa como uno de sus ejes fundamentales de
reivindicación, así como una línea discursiva propia ante las transformaciones sociales y su impacto
sobre las sujetos mujeres, estos nuevos embates, demandas y entornos son parte de lo que ha sido
considerado como la Cuarta Ola Feminista (Cobo, 2019).
En palabras de Zafra (2018), el ciberactivismo feminista a nivel global basa sus acciones en una
estructura horizontal como la del internet, que representa un poder des-jerarquizado por su
funcionamiento en red, lo cual favorece la desaparición de límites entre lo público y lo privado mientras
vuelve visible y politiza aquello que antes era silenciado. Siguiendo a esta misma autora, ahora las
voceras son las que antes estaban silenciadas y generalmente no organizadas, por lo tanto, el activismo
en redes posibilita y promueve el posicionamiento entre individuos y entre iguales, reconociendo que las
mujeres jóvenes son quienes generalmente están en mejores condiciones para este accionar debido a su
cercanía con la tecnología.
Entre los insumos más usados por el ciberactivismo feminista se destacan las redes sociales, las
cuales han demostrado ser una herramienta notable y significativa para el activismo ciudadano, pudiendo
ser plataformas para la difusión de mensajes de carácter institucional, político o publicitario a bajos costos
(Sádaba y Barranquero, 2019). Tanto grupos feministas organizados offline como online son usuarios
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asiduos de estas herramientas para comunicar y posicionar sus demandas. Así también, las instituciones
más formales como la cooperación internacional, instancias estatales y organismos de derechos de las
mujeres usan las redes como medios de difusión y debate para la generación de problemas públicos y el
establecimiento de una agenda, creando una vida cívica online (Bennett, 2007). En palabras de Zafra
(2018) los mayores logros y movilizaciones del feminismo actual no han sido por las formas de
representación, sino gracias a la potencia de la alianza entre mujeres y feministas en internet.
Entre las críticas desde el propio ciberactivismo feminista y el ciberfeminismo al uso de las redes
y la virtualidad como territorio para el debate político, existen posturas de contradicción. Siguiendo a
Reverter y Medina (2020), a pesar de la tendencia a considerar al internet como una herramienta
democratizadora de la información, el ciberespacio no está libre de elementos que sostienen un sistema
inequitativo. El uso indiscriminado de campañas de marketing denominadas como “feministas” por
grandes empresas, o la mercantilización del empoderamiento de las mujeres a través del consumo, son
solo dos ejemplos del uso de las plataformas de manera hegemónica y sin crítica.
El ciberfeminismo también comprende que la tecnología es otro espacio en el cual las mujeres
han sido relegadas y donde los roles de género siguen marcando las pautas de comportamiento para
quienes se relacionan en él, dejando por mucho alejado el paradigma del poscuerpo y posgénero (Binder,
2019). Entre otras críticas también se identifica la brecha digital entre hombres y mujeres, la falta de
acceso a internet, la diferente calidad del servicio, la contraste en el acceso entre la población de países
industrializados y países pobres, entre la población urbana y rural y la intermediación de las condiciones
de género, raza, clase e identidad (Benítez-Eyzaguirre, 2019; Rovetto, 2015; Zafra, 2018).
El ciberfeminismo y el ciberactivismo feminista por lo tanto pueden ser comprendidos como una
forma de acción política feminista, con sus diferencias por las formas de activismo desarrollado en cada
una. Sin embargo, dentro de la virtualidad pueden juntarse muchas veces a través del desarrollo de
tecnologías, plataformas, aplicaciones, hackatones y el encuentro con las usuarias que desde una misma
perspectiva feminista hace uso de dichas tecnologías. Tanto el ciberactivismo feminista o ciberfeminismo
social y el ciberfeminismo comparten el mismo punto de partida: hay que evitar que se reproduzca el
sistema patriarcal en el ámbito digital (Benítez – Eizaguirre, 2019).
Una cuarta ola feminista - ciberactivista
Aproximación al ciberactivismo feminista en Latinoamérica en el siglo XXI.
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Siguiendo a Varela (2019), las tres primeras olas del feminismo transcurrieron entre los siglos XVIII y
XX. La primera ola tiene como principal característica la denuncia social de las mujeres ante el
desconocimiento de sus derechos en plena ilustración europea, así la vindicación de su presencia en todos
los ámbitos fue la principal propuesta. La segunda ola estuvo marcada por la presencia del discurso
sufragista y los derechos políticos de las mujeres del siglo XIX; su epicentro se ubicó en Inglaterra como
en Estados Unidos, teniendo efectos evidentes en el resto del mundo, incluyendo a Latinoamérica (Rodas,
2009). Así también, la tercera ola del feminismo tuvo sus inicios en la posteridad de la segunda guerra
mundial y las grandes temáticas abordadas fueron aquellas relativas a la reinserción de las mujeres en la
domesticidad de lo privado (Friedan 1965), el aparecimiento de las propuestas del feminismo radical, el
feminismo de la diferencia y feminismo institucional (Varela, 2019).
Una cuarta ola feminista, en la perspectiva de Cobo (2019), se pone de manifiesto a partir de la
conversión del feminismo en un movimiento de masas, evidenciando así su capacidad para crear
significantes sociales comunes, en este caso, la necesidad de justicia para las mujeres en todos los
rincones del planeta. En palabras de Varela (2020), el fenómeno de la cuarta ola feminista es producto
del hartazgo de millones de mujeres en el mundo que han reaccionado frente a la opresión, la
discriminación y la violencia generalizada. El fenómeno mundial del feminismo de la cuarta ola se da en
un contexto de crisis civilizatoria global (García, 2018). Para las autoras antes mencionadas, esta nueva
ola llega alimentada por la herencia histórica feminista, las redes sociales y la toma de conciencia de las
nuevas generaciones, mostrando la fortaleza y la vigorosidad de un movimiento que ha tomado una forma
diversa, intergeneracional y globalizada.
En palabras de Díaz – Romero (2019) y García (2018), la cuarta ola feminista cuestiona el sistema
de dominación conformado por el patriarcado, el Estado y el capitalismo en su forma neoliberal que
directamente asesina a buena parte de los sectores sociales por el simple hecho de ser mujeres o parte de
las identidades sexuales disidentes. Además, pone en entredicho los dispositivos que gobiernan la
sexualidad, la división sexual del trabajo y la reproducción, cuestionando el orden establecido y
reaccionando con nuevas y diversas estrategias de denuncia y posicionamiento político.
Icart (2020) define a la cuarta ola feminista como un feminismo de mayorías, Un feminismo del
99%, en el cual se conectan activistas antirracistas, ecologistas, trabajadoras y trabajadores, así como
emigrantes, lo cual permite el desarrollo de una ética radical y transformadora, donde mujeres y hombres
vivan en una sociedad con alta moral para disminuir la desigualdad, la violencia de género y sobre todo
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generar un carácter donde reinen los valores humanos, como lo proponía Cortina (1986). En este sentido,
un nuevo feminismo aparece con nuevas características, que lo diferencian de las tres olas anteriores.
Una de ellas es la presencia de mujeres muy jóvenes y que solamente de manera posterior a las
movilizaciones se integran a organizaciones feministas, dejando atrás aquel feminismo ilustrado propio
de las olas previas (Icart, 2020; Varela, 2020).
Otra característica es el papel fundamental de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Su uso
estratégico para la difusión de mensajes, debates y el ejercicio de presión política, muestran la disposición
de las feministas para mantener un movimiento global que remueva los cimientos patriarcales (Cobo,
2019) y corrobore en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y transnacional (Icart, 2020).
Una tercera característica es la crítica al neoliberalismo como modelo económico, político y social,
haciendo hincapié en los problemas estructurales como la feminización de la pobreza, la precariedad del
trabajo de las mujeres, la violencia de género, el racismo, etc. (Varela, 2020). Juntas estas tres
características constituyen un aparataje para la emergencia de discursos para la resistencia y deviene
directamente en una transformación profunda de hacer activismo y política por parte de un movimiento
social renovado y a la vez con conciencia histórica.
Como muestra la literatura, la cuarta ola feminista y el ciberactivismo feminista van de la mano,
pues el movimiento social internacional ha fraguado y se ha fortalecido como actor político en medio de
otros procesos que lo alimentaron. Siguiendo Varela (2020), se pueden mencionar varios ejemplos de
este movimiento: ya en el año 2010 en Grecia se escuchó la consigna Ni una sola durante la crisis en
medio de las movilizaciones frente a las políticas de austeridad. En el mismo año en El Cairo durante las
revueltas desencadenadas en la denominada Primavera Árabe, se conoció a nivel internacional el caso de
“la chica del sujetador azul” que sumó a miles de mujeres en las plazas de Egipto para rechazar los abusos
contra las mujeres. En la India, las movilizaciones anti-violación y la campaña #Direnkadin (mujeres que
resisten) en el 2012. En Latinoamérica, en el año 2011, en Chile y Colombia se desarrollaron las
movilizaciones por el derecho a la educación pública. En México el movimiento #YoSoy132. En
Ecuador, en el año 2012 tuvo lugar la gran Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos
encabezada por indígenas y campesinos (Ortiz, 2016). En otros rincones del planeta como en Madrid, se
dio el movimiento 15M y, en Estados Unidos el movimiento Occupy Wall Street también en 2011. Lo
común de todos estos eventos es su crítica al statu quo, la convocatoria a través de mensajería y redes
sociales y la fuerte presencia de las mujeres.
Aproximación al ciberactivismo feminista en Latinoamérica en el siglo XXI.
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El movimiento feminista transitó de manera protagónica a través de estos sucesos, adquiriendo y
reforzando habilidades sobre el uso de las redes y el ciberespacio para efectos de acciones políticas y
despliegues offline. Los aprendizajes y los frutos se pueden ver en los procesos de movilización
autónomos desarrollados a nivel mundial por la despenalización del aborto, la erradicación de los
femicidios, contra la violencia de género, contra el acoso sexual, por la dignidad laboral de las mujeres,
contra el patriarcado, contra el Estado cómplice de las violencias hacia las mujeres y la población
LGBTIQ y muchas otras consignas viralizadas en el mundo con etiquetas tales como #Sevaacaer,
#NiUnaMenos, #VivasNosQueremos, #YoSiTeCreo, #NoNosCallamos, #SomosTuManada, #MeToo
(García, 2018). Las nuevas agendas feministas se han consolidado gracias a las innovadoras estrategias
de autoorganización y articulación a través de las redes sociales, de allí que se identifiquen inéditas
formas de movilización política, alimentadas por el discurso del “¡no más!” (Díaz – Romero, 2019).
Agenda del ciberactivismo feminista latinoamericano
En el mes de julio del año 2014 se activó en México la colectiva feminista denominada Mujeres
Grabando Resistencia, quienes a través de una campaña de difusión masiva vía Facebook puso en
evidencia la situación de emergencia en la cual se encuentran las mujeres en este país ante la ola de
femicidios, violencia y la prohibición simbólica del uso de los espacios públicos ante las amenazas. La
campaña gráfica denominada #VivasNosQueremos tuvo acogida no solo a nivel nacional, sino también
en varios países latinoamericanos e incluso en Europa (Rovetto, 2015).
Siguiendo a Laudano (2018a) las movilizaciones más importantes de los últimos años a nivel
regional impulsadas por el ciberactivismo feminista estuvieron marcadas por las demandas a los Estados
para responder ante los femicidios y las desapariciones. Las campañas argentinas #NiUnaMenos en el
año 2015 y #Yoparo8M y #MujeresEnHuelga en el año 2017 fueron eventos emblemáticos en los niveles
tanto online como offline. Estos eventos tuvieron fuertes repercusiones en los años posteriores y podrían
considerarse, junto con la campaña #VivasNosQueremos, como el parteaguas para una nueva tendencia
en el ciberactivismo de los grupos feministas latinoamericanos.
Como ya se ha planteado, el activismo en redes no implica simplemente la puesta en la escena
virtual de un tema, sino también, el debate público y su posicionamiento para que ese tema sea incluido
en la agenda política (Battocchio, 2014; De Ugarte, 2007; Fernández y Paniagua, 2012), lo cual involucra
una planificación organizada, tanto a través de las redes como por fuera de ellas.
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La campaña mexicana #VivasNosQueremos estuvo sostenida por el colectivo impulsor y otros
varios que se sumaron a la iniciativa por alrededor de siete meses. En el mes de febrero de 2015 los
colectivos difundían los logros obtenidos a partir de su posicionamiento tanto a nivel virtual como en las
calles y plazas, mostrando murales colectivos, así como imágenes producidas con programas
informáticos. La acción iniciada en México tendría varias réplicas a nivel internacional en el mismo año
y en años posteriores. En Argentina tuvo su cúspide el 25 de noviembre de 2015, Día internacional de la
no violencia contra las mujeres (Laudano, 2017). Con base en Araúz (2018), en el caso de Ecuador,
#VivasNosQueremosEc se posiciona en redes el 25 de noviembre de 2017 a través de la convocatoria a
una marcha por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pasando de ser un espacio de
civismo online (Bennett, 2007) a consolidarse como una estrategia tecnopolítica (Toret, 2013) con
efectos en la agenda pública por la presión tanto online como offline.
La campaña argentina #NiUnaMenos del año 2015 tuvo alrededor de 23 días de gestación, esto a
partir del femicidio de una adolescente de 14 años y un primer twitt producto de la indignación de una
periodista, lo cual llevó a grandes movilizaciones en las calles, la viralización y tendencia en las redes
Facebook y Twitter y una serie de tácticas y e-tácticas para el posicionamiento de la problemática a nivel
nacional e internacional. El impacto de esta manifestación tuvo como resultado que alrededor de 400.000
personas se congregaran y demandaran atención ante los sucesos de violencia de género y femicidio en
toda Argentina el 3 de junio del mismo año (Laudano, 2018a; Rosales, 2018).
Las características sui géneris de esta campaña hizo que tenga acogida en grandes y diversos
grupos de la población, entre ellos artistas, candidatas y candidatos en campaña, organizaciones
tradicionales del movimiento de mujeres, etc., que se sumaron a la petición de una declaración de
emergencia social en materia de violencia contra las mujeres en todo el territorio argentino, sumando
además la demanda histórica de una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Rovetto, 2015). Este
último tema tomó fuerza a partir de esta fecha para posteriormente posicionarse por sí solo dentro de la
agenda pública nacional y regional con la denominada Marea Verde. A nivel internacional, la campaña
#NiUnaMenos tuvo gran acogida, sobre todo por la e-táctica del marco diseñado para las fotografías de
Facebook, el cual fue utilizado en países como El Salvador, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Chile y México
en el contexto de indignación y paralelas movilizaciones contra el femicidio (Terzian, 2017).
El 8 de marzo de 2017, Día internacional de la Mujer, el llamado #8M, tuvo como antecedente
las movilizaciones del 25 de noviembre por el Día internacional de la no violencia contra las mujeres,
donde se empezó a convocar para un gran paro internacional en diversos países de Latinoamérica y del
Aproximación al ciberactivismo feminista en Latinoamérica en el siglo XXI.
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mundo. En Argentina, país que fue el epicentro de la iniciativa en la región, la organización duró
alrededor de cuatro meses. Varios fueron los impulsos internacionales que recibieron el movimiento
feminista y de mujeres a nivel regional, entre ellos el Paro de las mujeres en Polonia por la pretensión de
la penalización del aborto en todos los casos, esto sumado a la Marcha de las Mujeres en Washington
contra Donald Trump en enero de 2017. Como resultado, se dieron alrededor de 600 manifestaciones
simultáneas de mujeres organizadas en los cinco continentes con una intensa participación en redes
sociales con la etiqueta #YoParo8M que rápidamente fue tendencia en Twitter (Laudano, 2018a). Más
de 55 países alrededor del mundo se habían sumado al Paro Internacional de las Mujeres bajo el lema “la
solidaridad como arma”, con el cual las mujeres y las feministas reivindicaban su carácter de sujeto
político internacional con plena legitimidad en la coyuntura actual.
El paro estuvo convocado con el objetivo de cesar las labores de las mujeres, sin embargo; una
de las principales demandas de visibilización se marcó en la especificación del paro en el cuidado y el
trabajo no remunerado dentro de los hogares para evidenciar la importancia de estas actividades
generalmente realizadas por las mujeres (Laudano, 2017). El Paro Internacional de las Mujeres del año
2017 solo fue el primero; luego, en los años 2018, 2019 y 2020, las réplicas abarcaron muchos más países
y se abrieron paso no solo en las ciudades capitales, sino que se generalizaron en los territorios. Siguiendo
a Acosta y Lassi (2020), la lucha por la igualdad de derechos ahora se manifiesta año tras año bajo las
etiquetas, #NosotrasParamos, #HuelgaFeminista, #ParoInternacionalDeMujeres, #WomenStrike,
#IWD2020 que se comparten en plataformas digitales como Twitter, Facebook e Instagram y que son la
base de las consignas para la convocatoria de concentraciones, marchas y demás acciones del movimiento
feminista. Es necesario en este punto recordar que uno de los últimos recursos que utilizaron las mujeres
antes de la pandemia del COVID-19 y que paralizó a casi todo el mundo fue el potente #YoParo8M, el
cual fue estratégico para ejercer la fuerza discursiva y reconstruir una representación acorde a las mujeres
independientes y empoderadas del siglo XXI.
Sobre las campañas por el derecho al Aborto, el año 2018 trajo consigo una gran movilización a
nivel regional por este tema. En Argentina, las mujeres feministas y no feministas estuvieron en las calles
recuperando la memoria de las Madres de Plaza de Mayo a través del símbolo del pañuelo, pero esta vez,
el pañuelo era de color verde y las redes sociales mostraban tendencias, trending topic, de corazones del
mismo color con las etiquetas #AbortoLegal #AbortoLegalYa. La histórica reivindicación feminista
ligada a la soberanía del cuerpo y a libertad de decidir, estaba nuevamente en la escena pública del
continente (Felitti y Ramírez, 2020).
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La campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue lanzada en 2005 y desde
entonces está presente en las reivindicaciones feministas a nivel continental (Felitti y Ramírez, 2020). El
inicio de la Marea Verde, como se autodenomina el movimiento pro-legalización del aborto, se da en el
contexto de movilizaciones feministas en Argentina a partir del año 2015. Sin embargo, lo que finalmente
detonó la indignación de las mujeres fue un twit publicado en la cuenta de un famoso actor en el mes de
enero del año 2018. En el texto el sujeto felicitaba a su expareja por realizarse como mujer al ser madre.
Ante dicha ecuación mujer igual a madre, otra famosa respondió con un twitt en el cual afirmaba haberse
realizado un aborto. Junto con ella, muchas mujeres, desde diversos territorios, edades y contextos, se
sumaron con testimonios, teniendo como respuesta el apoyo del movimiento, pero también el rechazo
por parte de otros grupos (Laudano, 2018b).
En las redes Twitter y Facebook, el tema del aborto fue tendencia alrededor de dos días y este
fue, en palabras de Laudano (2018b), el hito inaugural de una viralización y mediatización de discusiones
sobre la legalización del aborto en Argentina y en muchos países de América Latina. Para el mes de
febrero, la etiqueta #AbortoLegalYa había marcado un récord en Twitter al posicionarse como tendencia
por cuarta vez consecutiva en el año 2018. Esta avalancha virtual tuvo un eco muy fuerte y generó la
movilización de las feministas a nivel regional, llevando los debates online a las calles, donde se podían
ver verdaderas marchas de color verde (una marea verde), con miles de mujeres que apostaban por el
derecho a decidir. El movimiento feminista latinoamericano y especialmente el argentino, recibió con
agrado la aprobación de la legislación a favor del derecho al aborto por parte del Estado argentino en el
mes de diciembre del año 2020, sin embargo, en la mayoría de los países de la región sigue penado por
la ley, por lo que la marea mantiene su vigencia y optimismo ante la posibilidad de alcanzar este derecho.
Todas estas movilizaciones y discursos han servido para ilustrar algunos mecanismos de
resistencia y luchas por el reconocimiento de las mujeres como sujetos sociales con autoridad. Las
feministas de la cuarta ola y las ciberactivistas feministas han acudido a mostrar una imagen de mujeres
empoderadas ante los gobiernos ausentes y los Estados decadentes que, ante sus demandas por una vida
libre de violencia, no han sabido dar respuesta (Estrada, 2012).
Las campañas analizadas, si bien son las más conocidas, no son las únicas que se manejan dentro
de la agenda del ciberactivismo feminista latinoamericano. De acuerdo con Acosta (2020) las temáticas
que concentran la atención en redes como Twitter, Facebook e Instagram, están relacionadas con el
femicidio, el aborto y la autonomía corporal, la espiritualidad femenina, la despatologización del cuerpo
femenino y del ciclo menstrual, esta última temática conocida como ciberactivismo Menstrual, con
Aproximación al ciberactivismo feminista en Latinoamérica en el siglo XXI.
33
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mucha presencia en México. Así también, Franco – Migues (2019) apunta que las redes sociales suelen
ser usadas por las familias de mujeres desaparecidas, sin que esto se considere parte del ciberactivismo
feminista, está dirigido hacia objetivos como la denuncia pública de la violencia machista, que suelen
tener eco en movilizaciones virtuales a gran escala.
Para Gómez y Lozano (2019) el ciberactivismo desde un enfoque feminista implica también la
oportunidad de la recuperación de la memoria histórica, la geografía y la cultura latinoamericana,
haciendo una crítica al feminismo hegemónico occidental a partir del uso de la lengua propia, las
historias, referentes, símbolos y discursos autóctonos, denunciando la heteronormatividad y las
relaciones con el colonialismo a través de las redes. En este marco, los discursos que se realizan a través
de los medios de comunicación y las redes sociales son generadores de opinión, ya que proporcionan
narrativas con cierta intencionalidad de persuadir o dirigir nuevas formas de ver e interpretar al mundo
que nos rodea (Estrada y Herrera, 2018). Es por ello que, el uso y ocupación estratégica de las tecnologías,
además de su progresiva co-construcción tecnosocial con conocimientos ancestrales, espiritualidad
femenina, contenidos exclusivos para mujeres, lenguaje incluyente, denuncia de contenidos violentos y
misóginos, coadyuban para el empoderamiento como agentes de las y los usuarios. Se puede constatar
que las tecnologías y las redes sociales han dado una visión más amplia a las mujeres que las usan y las
ha empoderado con instrumentos de reflexión y redes de apoyo solidario. Se observa que participan a
través de narrativas, discursos, ciberactivismo y que pueden incursionar en la política, en lo artístico y
accionar sus habilidades a la distancia y pertenecer a una colectiva transfronteriza, intercultural y/o de
resistencia contra las violencias de género (Estrada y Zarate, 2018).
Por otro lado, Fernández (2016) señala que el ciberactivismo feminista tiene como objetivo
analizar y discutir los temas que afectan a las mujeres, entre los cuáles está la trata de personas para la
explotación sexual, los Derechos Sexuales y Reproductivos, el aborto, la violencia de género y el
femicidio, las mujeres en el conflicto armado y las perspectivas de paz y no violencia. Es decir, que, para
esta autora, el activismo feminista en redes se trata de la vida y la muerte de las mujeres.
Finalmente, para Benítez – Eyzaguirre (2019), entre las prioridades del ciberactivismo feminista
está la creación de una comunidad, de debates y la convergencia sobre temáticas de tecnología, el uso
estratégico de las TIC y el fortalecimiento del movimiento social y la investigación sobre las prácticas y
las políticas feministas. El activismo desde el espacio y en el espacio ciber, busca la plena participación
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de las mujeres en la sociedad del conocimiento a fin de garantizar la integración y el respeto de los
derechos humanos en el internet.
3. MÉTODO
Diseño
Este artículo se basa en la revisión de literatura especializada sobre el ciberactivismo feminista en
América Latina. Esta revisión ha sido extensa, selectiva y de carácter transversal, identificando
específicamente artículos de difusión académica sobre la temática en la región. Este estudio por lo tanto
responde a un diseño exploratorio, no experimental y de naturaleza cualitativa.
Instrumentos
Este artículo aplicó un análisis documental – bibliográfico con el soporte de herramientas tales como
fichas bibliográficas y mapas conceptuales. El trabajo realizado tuvo como punto de partida la búsqueda
exhaustiva de literatura contemporánea y sobre todo actualizada sobre ciberactivismo, ciberfeminismo y
ciberactivismo feminista en Latinoamérica. La muestra de documentos analizados permitió reconstruir
un panorama del fenómeno en la región, diferenciar conceptos y ampliar el análisis hacia la identificación
de una agenda de movimientos sociales ciberactivistas feministas.
Procedimiento
El procedimiento realizado inició con la identificación de literatura especializada sobre ciberactivismo
feminista y temas relativos tales como ciberactivismo y ciberfeminismo, tomando como referencia
discusiones actualizadas y artículos vanguardistas a nivel latinoamericano. La búsqueda de material
bibliográfico se realizó a través de bases de datos especializadas en Ciencias Sociales y Políticas. La
revisión de la bibliografía se realizó a través de la construcción de un adecuado mapa temático y posterior
elaboración de fichas bibliográficas y mapas conceptuales, lo que permitió contar con información
organizada y específica de acuerdo con los supuestos teóricos plasmados en los documentos. Con base
en esta descarga de información en herramientas de estudio, se procedió al análisis y elaboración
organizada del presente artículo.
4. CONCLUSIONES
Aproximación al ciberactivismo feminista en Latinoamérica en el siglo XXI.
35
�Pila Guzmán., P., V. & Estrada Esparza., O., N.
A partir de lo expuesto en este trabajo, se puede advertir que con el surgimiento de nuevos medios de
comunicación masiva gracias al desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), la sociedad y las organizaciones sociales cuentan con formas no convencionales de comunicación
y masificación de sus mensajes. Por lo tanto, surge así el ciberactivismo en un contexto en el cual los
antiguos movimientos sociales se renuevan ante el colapso de los sistemas políticos tradicionales
(Battocchio 2014; Rheingold 2002 en Betancourt, 2012) y promueven su participación a través del uso
de redes sociales y otras herramientas digitales (Castells, 2009; Cortez y Garzón, 2017).
El ciberactivismo es eminentemente político (Cortéz y Garzón, 2017; Rueda, 2013) y se define
por el uso y apropiación de las tecnologías digitales, la creatividad con el lenguaje y otras formas de
expresión que potencian el accionar colectivo (Aguilar-Forero, 2017; Battocchio 2014; Fernández y
Paniagua, 2012; Toret, 2013). El objetivo del accionar ciberactivista es la generación de cambios en la
agenda pública a través de la protesta electrónica, la difusión de contenidos y la viralización de los
mensajes. Su estrategia de denuncia es constante y sus efectos dependen del impulso masivo, la
inmediatez, la presión y la fuerza de un movimiento horizontal y transfronterizo, es por ello que su
impacto puede ser local, regional o incluso global (Battocchio 2014; De Ugarte, 2007; Fernández y
Paniagua, 2012). El ciberactivismo y sus dispositivos para la acción son entornos para la expansión de la
subjetividad, el debate y la vivencia en sí de la ciudadanía, de la ciberciudadanía (Rueda, 2013).
A partir de este marco teórico, el feminismo y el espacio ciber se han encontrado de diversas
maneras, tres específicamente: el ciberfeminismo del poscuerpo y el posgénero; el ciberfeminismo crítico
a la invisibilización de las mujeres en el mundo de la tecnología; y el ciberactivismo feminista o
ciberfeminismo social. Este estudio ha basado su análisis en la tercera corriente, ya que permite la
inmersión dentro del entramado político de las propuestas del movimiento social feminista a nivel
latinoamericano en su ejercicio de ciberciudadanía a través del uso de las tecnologías y el internet para
el posicionamiento de ideas y propuestas de transformación social.
La cuarta ola y el ciberactivismo feministas emergen en un mismo contexto histórico que aparece
a partir de la significación generalizada de la necesidad de justicia para las mujeres. Las características
de la cuarta ola están dadas por un renovado movimiento feminista tanto en el nivel ideológico – político,
así como su reconstitución con mujeres cada vez más jóvenes; la revolución tecnológica y
comunicacional que representa el internet y las redes sociales y su uso estratégico. Así también una crítica
directa al modelo económico neoliberal que permea el espacio público y privado de los sujetos y muestra
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la emergencia común y estrechamente relacionada entre las nuevas generaciones y una nueva y radical
forma de ver el mundo y su necesidad de transformarlo.
La efervescencia de la movilización social en la última década ha sido el caldo de cultivo para el
surgimiento y perfeccionamiento del ciberactivismo en general y particularmente del ciberactivismo
feminista. Esta forma de activismo se muestra como heredera de las experiencias de la Primavera Árabe,
de las mujeres en resistencia en la India, las movilizaciones estudiantiles e indígenas en Latinoamérica,
las afrentas al Estado en Grecia, en Madrid y en Estado Unidos y un sinnúmero de otros eventos que se
forjaron en medio de la emergencia del uso de las herramientas tecnológicas con objetivos políticos. Las
feministas siempre presentes, supieron aprovechar las experiencias y las perfeccionaron, producto de ello
son las masivas movilizaciones offline, el posicionamiento de varios debates a nivel online y su irrupción
en las agendas públicas a nivel global.
En el contexto latinoamericano, la agenda del ciberactivismo ha estado muy activa, sobre todo a
partir del año 2014 con las campañas #VivasNosQueremos, en el año 2015 con la campaña
#NiUnaMenos y #YoParo8M y el momento quizá de más fervor, en el año 2018, con la campaña por la
despenalización del aborto #AbortoLegalYa. Todas estas campañas accionadas a través de la difusión
permanente en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram tuvieron impactos a nivel regional e
incluso internacional. Si bien las etiquetas fueron tendencia algunos días, las campañas no han finalizado,
pues han logrado trascender la temporalidad y la espacialidad, siendo banderas permanentes del
movimiento feminista contemporáneo.
El feminismo, en su devenir, se ha restructurado y adaptado a las nuevas tendencias de la tecno
política. Si se toman en cuenta los datos sobre la situación de las mujeres en la región, se entiende
claramente por qué la cuarta ola feminista ha logrado tanta acogida y se ha convertido en un movimiento
de masas. La débil legislación de algunos Estados para la atención de las problemáticas específicas de
las mujeres y de los grupos más vulnerables, así como la apatía social ante la violencia machista, han
devenido en una crisis estructural, la cual ha calado en la conciencia ciudadana y ha sido el germen para
una nueva activación de la masa crítica latinoamericana que pugna por una transformación en todos los
niveles.
Si bien el feminismo de la cuarta ola se presenta como un feminismo del 99% en sus demandas,
el ciberfeminismo, que es su brazo de acción tecno política, no necesariamente integra a ese porcentaje
de la población. Las críticas al ciberactivismo feminista, evidenciadas desde el mismo movimiento,
Aproximación al ciberactivismo feminista en Latinoamérica en el siglo XXI.
37
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reconocen una disparidad en las posibilidades de uso y aprovechamiento de la tecnología, pues existen
brechas que no han sido mitigadas y que mantienen las desigualdades en un universo de mujeres diversas
por su etnia, su clase, su territorio, su educación, su género, etc.
A partir de esta revisión bibliográfica, se ve la necesidad de avanzar en el análisis de algunas
temáticas para contar con más recursos para la discusión sobre el ciberactivismo feminista
latinoamericano. Entre los pendientes, queda incursionar en lo que fueron las multitudinarias marchas
por el 8 de marzo y el Paro Internacional de las Mujeres el 9 de marzo del 2020. Otro tópico por abordar
es el impacto de la cuarentena obligatoria por el COVID-19 en las estrategias de activismo en redes y,
además, contar con datos primarios para contrastar desde los discursos y vivencias de las ciberactivistas
feministas, la teoría aquí presentada.
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Analysis of the new forms of war seen from an omnidimensional context to the new
cognitive vision
Faiver, Coronado Camero 2; William, Sierra Gutiérrez3
RESUMEN
El presente artículo, parte del estudio que busca construir a través de la historia un análisis de
las nuevas formas de guerra vistas desde un contexto omnidimensional, hasta la nueva visión
cognitiva, en su metodología, buscó con un estudio de tipo cualitativo, la construcción de
conocimientos con la revisión de la historia y el contexto de estudio, profundiza en la
conceptualización de guerra irrestricta y definiciones que inciden directamente en las acciones
de inteligencia de las fuerzas militares partiendo de una perspectiva global. Como resultado, es
importante abordar la historia, sin ser indiferentes a la realidad de Colombia y el contexto global
los nuevos cambios: la dificultad para tomar de decisiones y abordar lo prioritario para poder
desplegar una Fuerza Militares Conjuntas con las capacidades necesarias que sean eficaces,
profesionales y rápidamente adaptables. Las Fuerzas Militares en América latina no están
predestinadas a triunfar sin más en el campo de batalla. a la lucha insurgente y terrorista de
diferentes actores de crimen organizado, requieren medios y métodos adecuados en todos los
campos dentro del contexto de la defensa y seguridad Nacional de la mano con una voluntad
política firme y definida en concordancia con los intereses nacionales de los estados. Se puede
concluir que, dentro de esta nueva evolución de los conflictos abordaremos, los postulados que
en el año 1999 aparecen con una nueva aproximación al estudio de la guerra de la mano de los
coroneles del Ejército de la República Popular de China Qiao Liang y Wang Xiangsui, quienes
introdujeron un nuevo concepto, no sólo en el ámbito estadounidense, sino en toda la esfera
mundial: la Guerra Irrestricta.
Palabras claves: Capacidades, estratégicos, guerra irrestricta, seguridad, tecnológicos.
ABSTRACT
……………………………………
Fecha de recibido: 30/06/2022
Fecha de revisado: 15/07/2022
Fecha de aceptado: 12/11/2022
Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional
The present article, part of the study that seeks to construct through history an analysis of the
new forms of war seen from an omnidimensional context to the new cognitive vision, in its
methodology, sought with a qualitative type of study, the construction of knowledge with the
review of history and the context of study, delves into the conceptualization of unrestricted war
and definitions that directly affect the intelligence actions of military forces from a global
perspective. As a result, it is important to address history, without being indifferent to the reality
of Colombia and the global context the new changes: the difficulty to make decisions and
address the priority to deploy a Joint Military Force with the necessary skills that are effective
professional and quickly adaptable. Military forces in Latin America are not predestined to
triumph on the battlefield. To the insurgent and terrorist struggle of different actors of organized
crime, require appropriate means and methods in all fields within the context of defense and
national security in hand with a firm and defined political will in accordance with the national
interest of the states. It can be concluded that, within this new evolution of conflicts, we will
address the postulates that appear in 1999 with a new approach to the study of war by Chinese
People’s Republic Army colonels Qiao Liang and Wang Xiangsui, who introduced a new
concept, not only in the United States but throughout the world: the Unrestricted War.
Keywords: Capabilities, strategic, security, technological, unrestricted war.
Cómo referenciar este artículo:
Coronado Camero., F. & Sierra Gutiérrez., W. (2023). Análisis de las nuevas formas de la guerra vistas desde un contexto omnidimensional
hasta la nueva visión cognitiva. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 9(17), 42-59. https://doi.org/10.29105/pgc9.17-2
Este artículo es producto del proyecto “Generación Pitita ¿Acción colectiva o política tradicional de oposición?”, financiado por FLACSO – Ecuador. Iniciado en 2020 y finalizado
en 2021.
2
Magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Docente Investigador del Departamento de
Estrategia en la Escuela Superior de Guerra. Email: Faiver.coronadoc@esdegue.edu.co. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3327-8386.
3
Magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Profesor – Investigador en el Centro de estudios
Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales – CSEDN de la Escuela Superior de Guerra. Email: william.sierra@esdegue.edu.co Orcid: https://orcid.org/0000-0002-06407907.
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42 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/
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1.- INTRODUCCIÓN
El presente capitulo busca de manera clara determinar el contexto de las guerras irrestrictas,
omnidimensionales y multimodales dentro de las reglas que tienen las nuevas guerras, por lo que
demandarán exigencias de los contendientes frente a los recursos y herramientas necesarias para batallar.
No solamente demandarán, como en el pasado, que se pueden analizar todas las formas ingeniosas para
conquistar la victoria en el campo de batalla. Incluso, ellas impondrán exigencias que significarán que
los combatientes estén inadecuadamente preparados, o sentirán como si estuvieran en la oscuridad: la
guerra será combatida y ganada más allá del campo de batalla; la lucha por la victoria tendrá lugar más
allá del campo de batalla.
Cuando hablamos de lo militar en esta era tecnológicamente integrada, existen realmente más
facetas a considerar en la actualidad, una abundancia de recursos aprovechables (incluyendo todos los
recursos materiales e inmateriales), de modo que no importa que limites los militares enfrenten, siempre
hay un medio que pueda sobrepasar aquellos limites, muchos más medios de los que provenían del
ambiente de guerras de cuarta generación. De esta forma, las exigencias para los militares modernos con
respecto a ir más allá de sus maneras de pensar también implican ser más rigurosos, mejor dotados y
lógicamente como factor determinante mejor entrenados.
No obstante, hablar de la guerra irrestricta, trae una conceptualización que va teniendo una
evolución con el paso de los años, construyendo un panorama que a través de un análisis histórico,
omnidimensional y multimodal, es posible construir la conceptualización que las fuerzas armadas han
desarrollado con el paso de los años, por lo tanto, es un concepto que no es nuevo, pero, se ha convertido
en una necesidad para el desarrollo de la inteligencia militar para poder enfrentar nuevos paradigmas en
la guerra, sobre todo, con el cumplimiento de los objetivos en los que se ha implementado una idea traída
del occidente, pasando por Norteamérica y llegando a América Latina con un concepto clave que permite
cambiar el uso de la fuerza y transformarlo en una realidad que permita cumplir las metas al aprovechar
los recursos tecnológicos, contextuales, políticos, sociales, económicos, entre otros que generen un
panorama positivo para la victoria en escenarios de guerra.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
A lo largo de la historia, la guerra ha traído diferentes momentos que, a nivel global, han dado un
panorama donde es necesario analizar los conflictos desde una perspectiva basada en la inteligencia, es
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importante partir de la cuarta generación que para Acuña y Barreno (2018), inicia con la guerra fría,
convirtiéndose en un conflicto de grandes potencias bélicas, dejando a un lado las guerras convencionales
que han amenazado a la humanidad con estrategias y conducción alineadas a los intereses de todo un
Estado. No obstante, el objetivo de la guerra es derrotar al adversario, convirtiéndose para Merino (2020),
en un concepto denominado guerra de cuarta generación o guerras irrestrictas, porque parte del
aprovechamiento de recursos para obtener los resultados esperados.
La palabra guerra, para la Hernández y Romero (2019), proviene del antiguo germánico werra –
y no del latín Bellum-, lo que da origen a la aceptación sajona war, cuyo significado es pelear, disputar
o desorden. Para Clausewitz (1999), la guerra es definida como una disputa o duelo que se amplía como
un acto de fuerza que es llevada a cabo para obligar al(los) oponente(s) a acatar nuestra voluntad. Lo que
parte de los principios de guerra, de Foch (1920), como un concepto que subyace de la tensión y
contingencia que se abstrae de una serie de principios generales que enfrentan a otros utilizando los
medios necesarios.
De este modo, se puede observar que, el estudio de la guerra, subyace de la modificación desde
lo irrestricto que, en la actualidad, parte de la base de hacer la guerra, sin fines bélicos, sino con el uso
de estrategias políticas, sociales, inteligencia militar y la búsqueda de la confusión lógico-epistémica, lo
que debate de manera paradójica el esencialismo y tajante sentido del belicismo y es evolucionado frente
a dinámicas psicológicas, coyunturales y contextuales en el enfrentamiento intelectual.
La guerra irrestricta, para los oficiales Liang y Xiangsui (1999), se observa como principio
general la puesta en marcha de acciones que utilizan todos los frentes el uso de medios no letales de
modo sutil, lento y sistemático. Es decir, es una táctica híbrida que, a lo largo de la historia, ha convertido
la percepción de la guerra, sobre todo con la presencia de grupos armados como guerrillas u
organizaciones ilegales.
Hablar de guerra irrestricta, ayuda a comprender muchos aspectos que rodean las decisiones y
acciones políticas, económicas, ambientales, legales, financieras, entre otras que dominan al mundo
moderno, teniendo en cuenta que, existen desafíos que, desde lo contextual, traen un panorama
supranacional, para Ramírez (2019), busca rodear la geopolítica nacional, regional y mundial en la
búsqueda de garantizar su principal pilar, la defensa del Estado y su seguridad.
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De acuerdo a lo anterior, desde la perspectiva militar, es necesario establecer un concepto
coherente de guerra que alenté esfuerzos militares en la búsqueda de cumplir los objetivos disminuyendo
en lo posible el daño con un desarrollo tipificado de la guerra que para las últimas generaciones va
evolucionando aprovechando las tecnologías, así como la guerra cibernética, caótica, financiera, de
recursos, entre otras modalidades que para Acuña y Barreno (2018), traen un escenario que se expande
de acuerdo a diferentes dinámicas culturales, políticas, sociales, diplomáticas y se extiende por el aire, el
internet y el agua y otros aspectos que en la esfera de la guerra, garantizan victorias.
La guerra puede ser vista desde lo holístico, porque va adoptando elementos que la sociedad
contemporánea ha adaptado en su realidad en ámbitos de la vida de los países o grupos involucrados
donde las acciones no militares, pueden tener mayor incidencia, por lo cual los dos coroneles chinos
Liang y Xiangui (1999), catalogan como un concepto de guerra del mundo occidental al adoptar la
inteligencia como una dinámica más relevante que la guerra armada, al utilizar fuerzas no letales e
imponer al enemigo los propios intereses.
De este modo, la guerra no se define por sus medios y mucho menos por una restricción al ejército
por la violencia que utiliza medios sangrientos, así como el empleo del potencial bélico, sino el uso de
otros medios que ofrecen las nuevas herramientas tecnológicas que ofrece la era de la comunicación y el
empleo de nuevas estrategias que no atenten físicamente con los diferentes actores. Sin embargo, la
evolución de los armamentos y las herramientas mobiliarias, pueden impactar sobre la estrategias, pero,
con el desarrollo de la industrialización, va tomando lugar el fortalecimiento de nuevos procesos que van
ya de la mano de intereses corporativos, lo que se convierte para Dagnino (2010), en un complejo MilitalIndustrial, porque da acceso a decisiones que surgen a partir de la Revolución de Asuntos Militares
(RAM), para usar la tecnología como una variable predominante que se impone ante las necesidades de
asegurar la derrota del enemigo sin entrar en implicaciones bélicas.
De acuerdo a lo anterior, para Faundes (2011), las acciones psicológicas no son novedosas ni
excepcionales, parten de la historia en la búsqueda de confundir al enemigo y facilitar la historia militar
partiendo del conocimiento y manejo de la información necesaria en el momento adecuado. Es decir, el
control de la información en la era de las Tecnologías de la información y la Comunicación (TICs), no
se alejan del uso de las fuerzas de inteligencia para el cumplimiento de las misiones y de los objetivos,
porque el mundo actual comprende como nunca la sistematización de ideas que coordinen acciones
multidisciplinares que impacten sobre el enemigo con mayor magnitud que el uso de la fuerza bruta.
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Es de esta forma que, con una visión política realista, un panorama omnidimensional y
multimodal, conlleva a todas las acciones militares a un único resultado, siendo el cumplimiento de los
objetivos, donde el uso de la fuerza ya no tiene cabida dentro de la guerra inteligente, porque existen
actores internacionales que también están sujetos a los intereses propios y son fijados a partir de las
necesidades geoestratégicas y geopolíticas, a partir del siglo XX, para Marín (2015), el ejército Nazi con
el ministro Joseph Göebbels comandado por Adolf Hittler, movilizaba las masas a través de la radio
como un invento innovador que al ser manejado de manera correcta, permitía un manejo eficiente de la
comunicación. Del mismo modo, la manipulación mediática, que para Chomsky (1983), es una
herramienta que utiliza los medios informativos en contextos de conflictos para poder distraer, crear
problemas, ofrecer soluciones y mantener al público en ignorancia para que vayan acorde a los ideales.
Del mismo modo,
Así las mismas, poder confundir al enemigo desde la perspectiva de Chomsky (1983), analizar la
estrategia en el marco del conflicto armado con el uso de la comunicación, permite dinamizar
sobre la “noticia” en condiciones de guerra una táctica que genera una dominancia con influencia
social y política sobre los hechos. Es decir, la articulación de información enfocada en el
desarrollo de una estrategia, trae consigo un proceso de cambio que se transforma y reconstruye
el panorama político-social para enfrentar a los grupos armados que inciden en el malestar de un
país, así como en Colombia, donde existen actores armados que se encuentran constantemente
informados.
Sin embargo, para Liang y Xiangsui (1999), la primera regla que tiene la guerra irrestricta, es que
no hay reglas, es decir, nada está prohibido, porque hay diferentes formas de concebirlo con sinergia y
que no afectan la vulnerabilidad de los países. De acuerdo a lo anterior, analizando el ataque del 11 de
septiembre de 2001, se pueden analizar efectos negativos en la seguridad de EE.UU, donde comienza a
tener una confianza tecnológica para poder establecer un sistema que permita definir las verdaderas
amenazas y poder avanzar en la concepción de guerra irrestricta, es decir, para Ramírez (2019), el cambio
desde lo moderno a lo irrestricto, se convierte en un método sutil con un alcance sustantivo y que trae
nuevos pensamientos estratégicos que enfrentan con una guerra irrestricta acciones clave para el juego
de la guerra.
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Antes de determinar las consecuencias que conlleva el uso de todos los medios posibles en las
guerras, es necesario comprender por qué los poderes principales de un ejército radican en los recursos
y en los costos que conlleva al momento de obtener vehículos, herramientas y aspectos políticos que
permitirán obtener una victoria. No obstante, desde la perspectiva de los países desarrollados, existe
cierto límite frente a la guerra irrestricta, teniendo en cuenta que, es esencial el uso de la ciencia y la
tecnología en este ámbito para poder analizar desde un amplio espectro, las amenazas potenciales para
el país, porque en este momento, la acción militar no solo es en objetivos estratégicos, sino que también
acepta los riesgos presentados en un mundo globalizado.
Se puede analizar la perspectiva de Liang y Xiangsui (1999, define que la Guerra Irrestricta, no
tiene límites, e incluye múltiples opciones, donde prima el valor estratégico sobre el valor táctico, es
decir: los estados dependen de los objetivos que más les permitan influir, ya sea tecnológica, económica,
cultural, social, políticamente. o religiosamente, Otros países, ganando así un gran poder para influir o
imponer sus políticas. Esto significa que la guerra no se limita a la conquista de la economía, los recursos
naturales y financieros, las fuentes de ingresos o los mercados internacionales del Estado, y no se limita
a metas menores que no permiten alcanzar el poder o la dominación de un área específica.
Abordaje sobre las guerras irrestrictas, omnidimensionales y multimodales
Porque se da la guerra irrestricta en América latina
Las causas de la llegada de la guerra irrestricta empiezan con el concepto de “ir más allá de los límites”,
sobrepasando todos los tetros de operaciones presentes en los estados de América latina y ajustándose a
las leyes de la confrontación armada y no armada cuando se lleva a cabo la guerra con combinaciones.
De este modo, obtenemos un concepto completo, un método de guerra completamente nuevo
denominado” la guerra combinada y modificada que va más allá de los límites de las partes (“pian zheng
shi chao xian zuhe zhan” 0252 2973 1709 6389 7098 4809 0678 2069).
En términos de la teoría, “ir más allá de los límites” no debería implicar ningún tipo de
restricciones, ir más allá de todo. Pero en realidad, superar límites irrestrictamente es imposible de lograr.
Cualquier superación de límites sólo puede ser hecho con ciertas restricciones. Esto es, “ir más allá de
los límites” seguramente no equivale al “sin límites”, solamente a la expansión de “limitado”. Esto es, ir
más allá de los límites intrínsecos de una cierta área o dirección, y combinar oportunidades y medios en
más áreas o en más direcciones, de modo a alcanzar un objetivo propuesto. Estos comportamientos van
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de la mano con las corrientes ideológicas que vienen haciendo carrera en los países del continente
americano los cuales plantean unos escenarios bélicos en donde mediante la combinación de todas las
formas de lucha han tratado de homogenizar fuerzas enfrentando el poder legítimo de los estados
representados en sus fuerzas armadas mediante la utilización de métodos subversivos generando todo un
coctel de nuevas amenazas a la legitimidad y al orden social y lógicamente a la seguridad nacional desde
el inicio de la pandemia COVID-19 se viene desarrollando y ejecutando la denominada “revolución
Molecular disipada” Esta no es más que la definición de “ guerra combinada que va más allá de los
límites.”
Con el método de guerra irrestricta “más allá de los límites” cuya principal característica, en su
propósito más relevante es armar y mezclar juntos más medios para generar un escenario de
confrontación en un espectro más amplio que el propio problema. Por ejemplo, cuando la seguridad
nacional es amenazada, la respuesta no es simplemente una cuestión de seleccionar los medios para
confrontar a las fuerzas legitimas del estado militarmente, pero más bien es una cuestión de disipar la
crisis a través del empleo de “combinaciones supranacionales.”
Es así como en Chile y Argentina se ha dado una importación de colectivos revolucionarios de
carácter bélico terrorista los cuales se han constituido en actores principales de criminalidad generando
las condiciones de inestabilidad a la seguridad lo cual propicia un estado final deseado para los intereses
de las corrientes revolucionarias de izquierda, que buscan a toda consta sembrar el caos y la zozobra y
así mediante la intimidación ganar adeptos restando toda la legitimidad del estado y subvirtiendo el orden
ya que con apoyo económico internacional se hacen legítimos a la luz del ambiente internacional
amparados en los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En síntesis, mediante la
adopción de esta importante estrategia de lucha lograran cumplir sus propósitos ideológicos
expansionistas de izquierda en todo el continente.
Quizás no mucha gente se haya dado cuenta, pero los factores descriptos anteriormente nos
conducen hacia una era de transformación en la cual los grandes poderes políticos están cediendo a la
política supranacional. La principal característica de esta era es que es transicional: muchos indicadores
de ello están surgiendo, y muchos procesos recién están comenzando. El poder nacional es una parte
principal, y el poder de las organizaciones supranacionales, multinacionales y no estatales son la otra
parte fundamental, y el veredicto sobre el cual se jugará el rol principal en el escenario internacional
todavía está por ser mostrado.
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Por otro lado, las grandes potencias todavía desempeñan un papel dominante. En particular, la
gran potencia mundial, los Estados Unidos, y las grandes potencias económicas como Japón y Alemania,
y el naciente poder de China, y la creciente búsqueda de la hegemonía del poder de Rusia, están todos
intentando ejercer sus propias influencias en la situación general. Por otro lado, existen grandes potencias
con visión de futuro que ya han empezado claramente a pedir prestado el poder de los jugadores
supranacionales, multinacionales y no estatales para redoblar y expandir sus propias influencias. Se
dieron cuenta que no pueden alcanzar sus objetivos confiando solamente en su propio poder militarizado.
De acuerdo a lo anterior, la guerra irrestricta, convirtiéndose en una dimensión que modifica el
modelo bélico, se ejemplifica a través de la historia, lo que puede ser determinado con la evidencia
empírica en América Latina, así se clarifica con la economía local de países como Venezuela, siendo
víctimas de bloqueo de bienes, donde EE.UU sanciona a sus funcionarios, el castigo a los productos de
exportación a Ecuador; o al hablar del bloqueo comercial de Cuba que históricamente ha traído un
acercamiento a la guerra irrestricta no avisada, sino actuada, y el incremento del precio del petróleo, son
el ejemplo claro de facetas de la guerra irrestricta en los países que son afectados sin el uso de métodos
militares, sino con la puesta en marcha de acciones que entorpecen el buen funcionamiento del enemigo.
No obstante, el internet trajo nuevas dinámicas sobre la ciberseguridad, porque prioriza las vías
diplomáticas como principales elementos político-estratégicos que se abren a un panorama de mandos
políticos y militares que ha evolucionado con el paso de los años y se acuña a una consecuencia irrestricta
que va de acuerdo a los intereses desde lo social y tecnológico.
En países del medio oriente, para Acuña y Barreno (2018), no se puede olvidar las intenciones de
China de querer disputar el dominio global con los EE. UU, empleando una guerra, considerada como
una prudente, discreta y comprometida con una lucha constante de sus propios intereses. Del mismo
modo, en su marco estructural, se puede observar la influencia que tienen las diferentes batallas políticas
y sociales que, no requieren el uso de armas, ni amenazas, ni la letalidad de los asesinatos, sino, una
dimensión estratégica que no provoque muertes físicas, sino que debiliten la voluntad de lucha y actitud
de combate definitivamente.
Es decir, el uso de la ciberguerra, es una derivación de la guerra irrestricta, porque tampoco
provoca aparentemente la muerte física, sino la devastación de los recursos, logística, mando y
administración de un ejército, grupo o enemigo. Por lo tanto, cuando este menos se lo espere, es posible
vulnerar sus defensas, sin utilizar métodos convencionales bélicos, ya eso no atenta contra los derechos
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humanos y permite enfrentar con inteligencia los intereses de una nación aprovechando el mundo virtual
y mejorando los escenarios.
La expansión y Conceptos de las guerras irrestrictas, omnidimencionales y multimodales
La expansión del dominio de la guerra es una consecuencia necesaria del siempre creciente ámbito de la
actividad humana, y los dos están entrelazados. La comprensión de la humanidad de este fenómeno
siempre se ha quedado atrás del mismo. Aunque desde hace tanto tiempo como Cao Gui (héroe del
periodo de la primavera y otoño) y tan recientemente como Collins (John M. Collins, autor de Gran
Estrategia: Principios y Prácticas) han existido quienes poseen visión de futuro con una capacidad de
entendimiento superior, quienes en diversos grados señalaron las relaciones mutuamente restrictivas
entre los varios dominios de la guerra, hasta ahora la mayoría de las personas involucradas en la guerra
consideraron todos los dominios no militares como siendo accesorios para servir las necesidades
militares. La estrechez de su campo de visión y su dificultad de su manera de pensar restricta al desarrollo
de la batalla en el campo y los cambios en la estrategia y tácticas dentro del mismo dominio.
También, de Kutuzov incendiando Moscú (antes de abandonarla en 1812), sin piedad destruyendo
más de la mitad del país en la estrategia de fortalecer los trabajos de defensa y dejando los campos en
ruinas como su manera de enfrentar a Napoleón; al bombardeo masivo de Dresden y la destrucción de
Hiroshima y Nagasaki, causando un sin número de víctimas civiles en la búsqueda de una victoria militar
absoluta; a las proposiciones estratégicas de “la retaliación masiva” y “la destrucción mutuamente
asegurada;” ninguno de estos rompió este molde.
Ahora es tiempo de corregir ese error de tendencia. La gran fusión de las tecnologías está
presionando a los dominios de la política, de la economía, de lo bélico, de la cultura, de la diplomacia, y
de la religión a que se superpongan. Los puntos de conexión están listos, y la tendencia hacia la
emergencia de varios dominios está muy claro.
A partir de lo anterior, es importante analizar que, esto la influencia de la gran tendencia de la
concientización los derechos humanos sobre la moralidad de la guerra. Todas estas cosas están haciendo
más y más inútil la idea obsoleta de confinar a la guerra en el dominio militar y utilizar el número de
víctimas como medio para la intensidad de una guerra. La guerra está ahora escapando a los límites de
la masacre sangrienta, y está exhibiendo una tendencia hacia el bajo número de víctimas, o incluso hacia
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ninguna víctima, a pesar de su alta intensidad. Esto pone en contexto la importancia de la información y
el conocimiento para ganar la guerra, guerra financiera, guerra comercial, y otras formas enteramente
nuevas de guerra, nuevas áreas que han surgido en el dominio de las guerras. En este sentido, no existe
en la actualidad ningún dominio donde la guerra no se pueda ser utilizada, y casi no hay ningún dominio
que no tenga un patrón de guerra ofensivo basado en lo bélico.
De acuerdo a lo anterior, para Marín (2015), el proceso informativo no es independiente de la
sociedad en la que se desarrolla simultáneamente, lo que condiciona las dinámicas de las relaciones de
poder, al igual que los conflictos existentes entre los diversos actores que participan. En este sentido, la
suprema objetividad frente a los juicios de valor es, por lo menos, una tarea difícil. Bourdieu resume
claramente el fenómeno que se produce con la participación del sistema informativo en la esfera pública.
Por lo cual, es posible analizar la influencia que tiene el dominio de la información como una
magnitud en la vida pública que genera poder político y da una dinámica legítima que accede a hechos
susceptibles como fuentes de fusión masivas que se materializan en un discurso oficial que difiere del
poder estatal dentro de los monopolios informativos, por lo que el rol de la política, también se adentra
en un panorama que evalúa y considera los hechos que reproducen esquemas de la sociedad que
garantizan el mantenimiento del statu qui político-económico y de forma simbólica, así la guerra se
transforma en un proceso basado en la inteligencia y la dominación al enemigo.
Combinaciones Supra- Dominio (Chao Lingyu Zuhe 6389 7325 1008 4809 0678)
(Combinaciones Más Allá del Dominio del Campo de Batalla) “Dominio” es un concepto derivado del
concepto de territorio y utilizado para delinear el ámbito de las actividades humanas. Visto en este
sentido, el dominio de la guerra es la demarcación del ámbito de lo que es abarcado por la guerra.
Conjuntamente con el concepto de “combinaciones supranacionales”, la idea de “combinaciones supra
dominio” que proponemos también es una forma abreviada. Para ser exactos, estos términos deberían ser
seguidos con las palabras “de acciones en guerra” si queremos dar el significado total de la intención de
estos conceptos que estamos construyendo y empleando. Esto es para dejar claro la cuestión de visualizar
que “supra combinaciones” implica movido por pensamientos más allá de los límites confinados al
ámbito de la guerra y sus acciones conexas.
De acuerdo a lo anterior, se pueden considerar los principios a continuación para ver qué pueden
aportar a la “guerra combinada más allá de los límites”, lo que trae consigo una Omnidireccionalidad que
va enfocada en factores que guardan estricta relación con la victoria en la guerra.
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Omnidireccionalidad: observación y diseño de 360 grados
Uso combinado de todos los factores relacionados
Es necesario reconocer el concepto de la Omnidireccionalidad o el diseño de 360° desde una perspectiva
militar, porque se convierte es el punto de partida de la ideología de la “guerra sin restricciones” y es una
portada (Fugai Mian 6010 5556 7240) para esta ideología. Como principio general de guerra, los
requisitos básicos que le impone al que emprende una guerra es dar una consideración global a todos los
factores relacionados con esta guerra en particular y, al observar el campo de batalla, o el campo de
batalla potencial, diseñar planes, tomar medidas y combinar el uso de todos los recursos de guerra que
pueden movilizarse a fin de tener una visión de campo sin puntos ciegos, un concepto que no esté limitado
por obstáculos y una orientación sin ángulos ciegos.
La Omnidireccionalidad, es un principio muy sólido que se aplica a tanto a la guerra en sí como
a cada uno de los niveles de la guerra combinada más allá de los límites, en el nivel de política de guerra,
se aplica al uso combinado de la potencia de combate de toda una nación para el cumplimiento de los
objetivos, hasta llegar a la potencia de combate supranacional, en una confrontación intercontinental o
mundial.
En el nivel estratégico, se aplica al uso combinado en la guerra de recursos nacionales
relacionados con objetivos militares. En el nivel operacional, se aplica al uso combinado en un campo
de batalla designado de distintos tipos de medidas y, principalmente a un ejército o fuerza de esa escala,
a fin de lograr los objetivos de la campaña. En el nivel táctico, se aplica al uso combinado de distintos
tipos de armas, equipos y métodos de combate, y principalmente a una unidad o fuerza de esa escala, a
fin de ejecutar una misión designada en una batalla. Se debe tener en cuenta que todas las combinaciones
mencionadas también deben incluir combinaciones que se entrecruzan en sus respectivos niveles.
Del mismo modo, la guerra “multimodal” es otra forma de decir múltiples esferas y múltiples
fuerzas. No está relacionado con la definición de dimensión en el sentido matemático o físico. La
“coordinación multimodal” se refiere a la coordinación y cooperación entre distintas fuerzas en distintas
esferas a fin de cumplir un objetivo. A simple vista, esta definición no es nueva. Encontramos
explicaciones similares en muchos tratados académicos de estudiosos de la guerra, tanto obsoletos como
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recién publicados. La única diferencia entre esta explicación y otras similares es, y esto es una gran
diferencia, la introducción directa, no indirecta, de factores no militares y no bélicos en la esfera bélica.
El entorno y contexto en la guerra irrestricta
El entorno de seguridad en la actualidad es aún más complejo, Estas cosas dejan claro que la guerra no
es una actividad solamente confinada a la esfera militar, y que el curso de cualquier guerra puede cambiar,
o sus resultados decididos por factores políticos, económicos, diplomáticos, culturales, tecnológicos u
otros factores no militares en las que hay una incidencia directa para reconocer su importancia.
Desde el contexto militar, no sólo en América latina si se rompen los diversos tipos de límites de
los modelos de pensamiento, pueden presentarse dominios que son afectados completamente por la
guerra y convirtiéndose en cartas hábilmente usadas en expertas manos, y de ese modo, se llegan a utilizar
la estrategia más allá de los límites y tácticas para combinar con todos los recursos de la guerra, puede
haber la posibilidad de que tengamos confianza en la consecución de todos los propósitos trazados para
obtener la victoria en la guerra. Combinaciones Supra-Medios (Chao Shouduan Zuhe 6389 2087 3008
4809 0678) (Combinación de Todos los Medios Disponibles, Militares y No-Militares, para Llevar a
Cabo Operaciones) Durante una guerra entre dos países, durante el combate y la matanza por dos
ejércitos, por lo cual, existen diferentes cuestionamientos que pueden ser analizados de acuerdo con el
contexto teniendo en cuenta diferentes preguntas.
¿Es necesario utilizar medios especiales para hacer la guerra psicológica dirigida a los familiares
en la retaguardia?
¿Mientras se protege la seguridad financiera de un país, puede el asesinato por motivos políticos
ser usado para enfrentar a los especuladores financieros?
¿Pueden los “paros” quirúrgicos ser llevados a cabo sin una declaración de guerra contra áreas
que son fuente de drogas u otras mercaderías de contrabando?
¿Pueden los fondos especiales ser creados para ejercer influencia sobre los gobiernos y
legislaturas de otros países por medio de presión de intereses?
¿Y podría el comprar o el obtener control de las acciones ser utilizado para transformar a los
medios de comunicación de otro país en herramientas de comunicación de Guerra?
Análisis de las nuevas formas de la guerra vistas desde un contexto omnidimensional hasta la nueva visión cognitiva.
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Además de la justificación del uso de los medios, esto es, si ellos están de acuerdo con las reglas
generales de moralidad, una forma de poder llegar al fondo del problema dinamizando las debidas
herramientas y los elementos que faciliten el manejo de la información y la comunicación.
La realidad de la información cambiante y los intereses entrelazados expanden continuamente el
significado de la guerra. Además, es probable que cualquier país que desempeñe un papel decisivo
amenace a otros países, y no solo por medios militares. Usar un método resultará en una eficiencia cada
vez menor.
Los beneficios de usar una combinación de diferentes tipos de medios serán cada vez más claros.
Esto abrió la puerta a los trajes de gran tamaño y su uso en el combate cuerpo a cuerpo o cuerpo a cuerpo.
Una guerra ilimitada puede entenderse como una guerra combinada para superar las principales áreas,
los métodos militares y militares, donde todos los tamaños deben tomarse en seguridad nacional y cuando
continúe un objetivo político.
Camino de la violencia general. En el sentido más amplio. Esto significa que sufre de eficiencia
militar para factores ilimitados para varios testigos en seguridad, con cruce fronterizo, gracias a una
combinación de supranacional, supra-mediática y de dominio, permite el control de los adversarios.
Por otro lado, la seguridad latinoamericana enfrenta amenazas militares principalmente de actores
no gubernamentales, que pueden romper las acciones equivalentes a los comportamientos militares, y
obligan a cualquier país o más país para cumplir con sus beneficios o requisitos. Los actores no
gubernamentales van más allá de las disposiciones del régimen o la jurisdicción en la que se encuentre
el país, lo que en Colombia pueden ser reconocidos como grupos armados ilegales, así como las
guerrillas, paramilitares, entre otros enemigos de la soberanía del Estado y sus intereses.
Leyes y derechos internacionales Se creó como otras formas de estrategias para controlar las
armas y evitar la guerra. y la guerra, va más allá de un conflicto, sino que se convierte en un
enfrentamiento de capacidades y un proceso a mediano y largo plazo que demuestra niveles de
efectividad que revelan una racionalidad contundente frente a lo convencional que da mayor poder a la
infraestructura tecnológico-industrial, que al proclive de voluntades desde lo bélico al efectuar un
enfrentamiento que aproveche lo científico-tecnológico y productivo para enfrentar las debilidades del
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enemigo con táctica, estrategia y la no repercusión de terceros a través del uso de la violencia física con
implicaciones químicas, en la salud del oponente, entre otros.
3.- MÉTODO
El presente estudio tiene un enfoque cualitativo en la búsqueda de analizar a través de la construcción de
conocimientos describir el entorno actual a partir de la historia donde la guerra sea vista desde un
contexto omnidimensional hasta una nueva visión cognitiva con una visión ambivalente.
De acuerdo con lo anterior, se realiza un estudio de tipo descriptivo con un diseño no
experimental, porque analiza la muestra en un solo momento con un diseño no experimental, porque no
se manipularán datos, sino que se tomará a partir de un momento en el tiempo el desarrollo histórico del
concepto y cómo se visiona la guerra irrestricta en la actualidad con una visión cognitiva.
Para obtener la información, se realizó un análisis del contexto frente a diferentes temáticas que
inciden a nivel global y en Colombia dentro del desarrollo de la guerra irrestricta, consolidando un
concepto omnidimensional y multimodal llevado a un proceso de 360° donde toda acción retorna en la
búsqueda de lo mismo, pero con el uso de otros medios que permiten cumplir los objetivos con el
aprovechamiento de los recursos contextuales para vencer.
No obstante, se realiza un abordaje desde lo internacional, hacia el contexto nacional, se tiene en
cuenta la conceptualización teórica y a través de un análisis documental, se concibe el concepto a partir
de dos capítulos enfocados en diferentes perspectivas, la primera, un Abordaje sobre las guerras
irrestrictas, omnidimensionales y multimodales; la segunda Omnidireccionalidad: observación y diseño
de 360 grados.
4.- CONCLUSIONES
Estudiar la guerra, desde una perspectiva narrativa, se estructura desde el análisis de diferentes actores,
así como los aliados del ejército y los grupos a los que estos se enfrentan, cuya definición requiere poner
un punto de partida que, desde lo histórico, es posible reconocer los elementos que componen el conflicto
en el contexto en el que se busca reconocer las dinámicas sociales, así como en Colombia, donde el
conflicto armado, se convirtió en un fenómeno que requiere profundidad de estudio y tiene diferentes
características que condicionan al país a una naturaleza compleja.
Análisis de las nuevas formas de la guerra vistas desde un contexto omnidimensional hasta la nueva visión cognitiva.
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Sin embargo, intervenir en la guerra desde una perspectiva militar, trae consigo un proceso de
lucha con la que se compone la guerra, lo que incluye la imposición de los intereses de orden nacional e
institucional y destinan los recursos necesarios que obedecen a unos objetivos que mejoren las
posibilidades de generar acciones con las que el uso de opciones estratégicas, se convierte en una
necesidad, donde es incluida la incidencia política, económicos, diplomáticos, culturales, culturales y
psicológicos, en el extranjeros, mar, aire, electricidad y electrónica, e interacciones entre todos los
factores, han dificultado alcanzar el nivel de servicio de dominio en todos los lados. Después de que
quiera una victoria en futuras batallas, debe preparar este escenario completo para este escenario, están
dispuestos a afectar la guerra a cada vida de los países relevantes, se puede hacer en un área dominante
de la acción no militar.
No obstante, existen múltiples factores que inciden en el éxito de una operación militar, teniendo
en cuenta que, en el siglo XXI, hay herramientas cuyo uso cobra sentido frente al aprovechamiento de la
tecnología, avances en la táctica y estrategia militar, entre otros aspectos relevantes en los que es posible
reconocer de qué manera se ha desarrollado el conflicto y las estrategias utilizadas.
Actualmente, frente a un cambio permanente en el entorno donde los conductores y los
conductores políticos pueden probar la transición de la guerra, en este asunto, asociados con una
cotización ilimitada, utilizando la idea del pasado y contemporáneo, para combinarlos con nuevos y
Tecnologías realistas para el mundo posmoderno, que ha podido explicar la guerra de peine y la guerra
en su realidad geopolítica. Sin embargo, en este contexto, todas las teorías deben estudiarse en las
estrategias, su plataforma de enseñanza debe centrarse en el conocimiento histórico y la experiencia, para
crear una filosofía y estrategia.
Especialmente, dependiendo de ese tiempo. Las actitudes afectan al estado. De hecho, un país no
estratégico puede ser dirigido al fracaso o emule otras formas. Durante la guerra y en la guerra militar
virtual, principalmente un hogar súper nacional, no puede derrotar la tierra; No hay manera de ser usado
en la guerra, y no se pueden usar áreas y métodos combinados. Las posibilidades para la aplicación de
las tendencias de la globalización en la palabra "exceder". Esta palabra es suficiente para actuar para usar
de 10.000 maneras, pero nos importan ser diez mil modos que se utilizan para ilustrarse exactamente con
la expresión externa".
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Desde la perspectiva teórica de Liang y Xiangsui (1999), se puede concluir que, al referirse al
creciente número de tratados internacionales que restringen la carrera armamentista y la proliferación de
armamentos; Así, el mayor poder de intervención de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales
e internacionales en las guerras locales y los conflictos regionales ha reducido relativamente la amenaza
militar a la seguridad nacional.
Por el contrario, respondiendo al objetivo del presente estudio que buscó analizar las nuevas
formas de la guerra vistas desde un contexto omnidimensional hasta la nueva visión cognitiva, es
necesario reconocer el progreso tecnológico aumentará la posibilidad de adoptar medidas no militares
que atenten contra la seguridad nacional y la comunidad internacional, que ya se encuentra en desventaja
frente a las amenazas no militares. Este último es tan destructivo como la guerra. (hasta que carezca de
las limitaciones necesarias y efectivas), es decir, el aprovechamiento del componente tecnológico, se
hace un aspecto fundamental para poder relacionar la guerra irrestricta como algo omnidimensional,
porque compone estrategias que hacen posible desarrollar planes donde intervienen estrategias que antes,
con la tecnología del siglo XX, no era posible implementar, así como el uso de las tecnologías de la
información, el aprovechamiento de las telecomunicaciones, el bloqueo de la comunicación enemiga,
entre otros factores mediante los cuales, pueden ser aprovechados para poder en marcha una guerra
irrestricta que logre darle facilidades a la inteligencia militar para poder tener una batalla utilizando
nuevas herramientas tecnológicas.
No obstante, las estrategias no militares, también pueden tener una alta probabilidad de éxito
desde una perspectiva holística, porque se adapta al uso de las mejores estrategias y su aprovechamiento
dentro del escenario militarizado sin enfrentamiento, ni poniendo en riesgo la vida de ninguno de los
bandos, es decir, la comunicación se convirtió en un elemento importante para la implementación de una
táctica o estrategia, pero, se convierte en una faceta omnidimensional, porque apunta al uso muchas
competencias que buscan obtener éxito en una operación militar, pero, compone la tecnología, el
aprovechamiento de los recursos naturales, el contexto,
Cuando aparecen los primeros países, la mayoría de ellos fueron firmados por guerras con acero
y derramamiento de sangre. De la misma manera, al pasar del estado del país a la globalización, el trauma
no puede evitarse entre los principales beneficios. La diferencia es que existen dificultades para poderse
liberar la guerra no son espadas, y por esta razón, nuestros antepasados son siempre una solución a las
Análisis de las nuevas formas de la guerra vistas desde un contexto omnidimensional hasta la nueva visión cognitiva.
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fuerzas armadas, como la elección de una elección final. Uno de los medios políticos o económicos o
diplomáticos tiene suficiente poder para reemplazar los medios militares.
De acuerdo a lo anterior, el presente estudio es la primera parte de un abordaje que busca el
reconocimiento de las nuevas guerras, así como la guerra irrestricta, lo que analiza el contexto
omnidimensional con una visión cognitiva que permita la generación de investigación científica, teniendo
en cuenta que en Colombia, al ser un escenario golpeado por el conflicto armado, requiere implementar
la construcción de nuevos conocimientos que se enfoquen en el aprovechamiento de las nuevas
tecnologías para la confrontación con el menor número de bajas posibles, por lo cual, la guerra irrestricta
y la multidimensionalidad de la inteligencia militar, incide directamente en la toma de decisiones donde
la vida prevalezca y el uso de armamento no sea la primera opción en el conflicto armado. No obstante,
se recomienda el desarrollo de nuevos estudios desde diferentes contextos desde lo global y nacional para
poder enfrentar el conflicto desde una perspectiva omnidimensional.
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Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y
garantías públicas del control disciplinario1
Critical analysis of compliance with State objectives and public guarantees of disciplinary
control
Margarita, Rodelo Garcia2; Jorge, Mejía Turizo3; Habid Junior, Vásquez Torres4; Hugo, Salazar Mata5
RESUMEN
El presente artículo se deriva de una investigación que estableció como objeto central
analizar los avances en materia de control disciplinario pasando por un análisis de la
percepción de la sociedad civil frente a dicho control y finalmente los factores de
incidencia que ejerce el control disciplinario a través de sus agentes en el nivel territorial.
Para el cumplimiento de tal objeto se acudió a un método analítico-sistemático, con
enfoque cuantitativo, realizando un análisis comparativo de indicadores sociales, y el
análisis de indicadores de gestión de la procuraduría provincial de Barranquilla, pasando
por el análisis normatividad interna, así como distintas fuentes de carácter doctrinal sobre
la materia del estudio en concreto. En cuanto a los hallazgos se concluye que los servicios
prestados y el ejercicio del control del órgano disciplinarios no cuenta como una buena
percepción de los usuarios debido a la corrupción y otros factores que dejan ver la
ineficiencia de este tipo de instituciones institución.
Palabras claves: control disciplinario, fines del Estado, garantías públicas.
ABSTRACT
……………………………………
Fecha de recibido: 03/07/2022
Fecha de revisado: 20/07/2022
Fecha de aceptado: 15/11/2022
Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional
The present article is derived from research that established as a central objective to
analyze the advances in disciplinary control by going through an analysis of the perception
of civil society against such control and finally the factors of incidence that exerts the
disciplinary control through its agents at the territorial level. For the fulfillment of this
objective, we used an analytical – systematical method, with a quantitative approach,
conducting a comparative analysis of social indicators of the Barranquilla provincial
attorney’s office, going through the internal normative analysis, as well as different
sources of doctrinal character about the study in concrete. As for the findings, it is
concluded that the services provided and the exercise of control by the disciplinary body
does not count as a good perception of users due to corruption and other factors that reveal
the inefficiency of this type of institution.
Keywords: Disciplinary control, public guarantees, state fines.
Cómo referenciar este artículo:
Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. & Salazar Mata., H. (2023). Análisis crítico sobre cumplimiento
de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 9(17),
60-88. https://doi.org/10.29105/pgc9.17-3
El presente artículo se deriva del trabajo “Fines Estatales y garantías públicas en el control disciplinario de Colombia” desarrollado en colaboración por los autores como
investigadores de sus respectivas instituciones.
2
Escuela de Policía “Antonio Nariño”, Colombia. Doctorante en Derecho de la Universitat Rovira i Virgili. Docente Corporación Universitaria Rafael Núñez. Correo
electrónico: margaritarosa.rodelo@estudiants.urv.cat. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9901-7632.
3
Escuela de Policía “Antonio Nariño”, Colombia. Doctor en Derecho, Ciencia política y Criminología por la Universitat de València. Profesor e investigador asociado de
Minciencias Email: mejiaturizo@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7870-2905.
4
Escuela de Policía “Antonio Nariño”, Colombia Máster en Docencia e Investigación Universitaria por la Universidad Sergio Arboleda. Jefe Grupo de Investigación de la
Escuela de Policía “Antonio Nariño”. Correo electrónico: habid.vasquez1248@correo.policia.gov.co Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2429-3452
5
Doctor en ciencia política, Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Docente tiempo completo Universidad Autónoma Nuevo León, México. Correo Electrónico:
hugosalazarm@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6254-3436.
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1.- INTRODUCCIÓN
Por mandato constitucional la Procuraduría General de la Nación colombiana tiene la preferencia de la
función disciplinar, persiguiendo el alcance del bien común o interés general, en consecuencia, cumplir
con la garantía de la función pública y los fines esenciales del estado. En el artículo 118 de la Constitución
Política colombiana se refleja el deber del ministerio Publico de vigilar la conducta oficial de aquellos
que desempeña función pública, se establece como mandato constitucional según el artículo 279 de la
constitución que es mediante una ley como se determinara las estructuras que sostiene la procuraduría
General de la Nación, logrando su materialización en virtud de la ley 734 de 2002, posteriormente
reemplazado por la ley 1952 del 2019 y 2094 del 2021. (Esta última dotó de función jurisdiccional a la
procuraduría general de la Nación, para remarcar que su actividad disciplinaria no es meramente
administrativa).
Así pues, La Procuraduría General de la Nación es el órgano que encarna la defensa de los
intereses generales se convierte en que ente que simboliza a los ciudadanos ante el Estado, esta tiene
autonomía, financiera, presupuestal y administrativa, tal como lo deja ver el Estatuto Orgánico del
Presupuesto Nacional. Esta figura constitucional tiene como objetivo principal custodiar de forma
concreta el buen funcionamiento del aparato Estatal acorde con las funciones descritas en la Constitución
y la Ley dada a los servidores públicos, estos objetivos los cumple en la implementación de tres aspectos
misionales principales, el primero de ellos es su función preventiva, la función intervención y por último
la función disciplinaria (Procuraduria General de La Nación, s.f.).
Sin embargo, la percepción general de la sociedad civil, conforme se expone cotidianamente en
los medios de comunicación y algunas redes sociales, es que en poco o nada contribuye el control
disciplinario a la consecución de tales metas reflejando una mala la percepción ciudadana, así como una
baja percepción en la lucha contra la corrupción. De estar fundada tal percepción, urgiría una revaluación
autocritica en los fines y medios en manos de los órganos de control disciplinario a nivel departamental.
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2.-FUNDAMENTO TEÓRICO
Una mirada al control disciplinario en Colombia
En vista de la necesidad del Estado por tener un control sobre los bienes y funcionarios basado en el
equilibrio de poderes se crea distintos tipos de controles, en Colombia es posible hablar de dos tipos de
control Disciplinario, un control netamente administrativo y otro por su parte Jurisdiccional.
Autores como Rincón Cárdenas (2014), plantean que al hablar de derecho disciplinario se debe
observa que este es un compendio de normas sustanciales y procesales donde los servidores públicos
deben una obediencia al Estado bajo los valores éticos y morales que se expresaran en la eficiencia de
cada actuar de los funcionarios permitiendo un excelente mantenimiento de la columna Estatal, ello
implica prestar el mejor servicio y calidad que denote un funcionamiento correcto de todos los servicios
que se encuentra bajo su responsabilidad (pág. 5). En igual sentido, se expresan Vanegas Puerta (2021)
y Martel Robaina (2022) sobre la condición disciplinante del Estado.
El primer control se encuentra bajo el mando de la Procuraduría General de la Nación, quien está
encargada de velar por los intereses del pueblo, es la entidad representante a los ciudadanos colombianos,
a todos aquellos que hacen parte del territorio ante lo que conocemos como Estado, constitucionalmente
se le delego la función de máximo organismo del Ministerio Público, se encuentra constituida por la
Defensoría del Pueblo y las personerías.
Esta institución no hace parte de las ramas del poder publica tiene una indecencia sobre la cual
descansa la vigilancia del proceder de la burocracia Estatal, esto es, sobre los servidores públicos. Así
mismo, tiene por objetivo primordial el ejercicio de la función tanto de intervención como disciplinaria,
lo que constituye iniciar, impulsar y fallar todas las investigaciones que resultaren como faltad leves,
graves o gravísimas de los servidores públicos, sin dejar de lado los particulares que cumplen funciones
públicas o que se encargan del manejo de los recursos estatales tal como lo señala el Código Único
Disciplinario o Ley 734 de 2002(Ley 734, 2002. Articulo 256), en su articulado 256 numerales 3 y
suevamente 6, como también se refleja en la ley 270/96 en su articulado 112 y la ley 1123/2007.
El presente texto, analiza el control disciplinario desde la perspectiva administrativa, y en
concreto en la Procuraduría General de la Nación. En muchas ocasiones existen diversos factores que
alterar la visión que se tiene sobre la debida administración y la vigilancia ejercida por los entes de control
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�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. & Salazar Mata., H.
bajo su papel, tales como la corrupción, los nexos con el crimen, entre otros factores, esto presenta un
panorama donde es la corrupción uno de esos factores que corroen las sociedades y produce que los
administrados es decir el ciudadano pierda la confianza en el Estado y sus funcionarios lo que genera un
falta de empatía que termina alejando al ciudadano de sus propios funcionarios. Esto en alguna forma se
observa en la medida que se erosiona esa legitimidad que debe ejercer el Estado limitando sus procesos
y su desarrollo, por la poca estabilidad jurídica y económica que proporciona el país, estos efectos
globales se traducen en una tasa de inversión del 12,3%, lo contrario en país con menos corrupción en
cuyo caso es del 21,3%. Al analizar estas cifras es preocupante la situación y pone en el papel el actuar
de estos entes que fueron creados por la constitución colombiana precisamente para evitar los efectos
que produce la corrupción entre otros (Fernández Angarita, 2009, pág. 9).
Antecedentes del control disciplinario administrativo en Colombia.
Inicialmente se aborda el viejo debate que gira entorno entre identificar si el derecho disciplinario es
autónomo o no. Al respecto algunos autores afirman que el Derecho disciplinario se cuenta como una
disciplina autónoma e independiente de otras áreas del Derecho tales como el penal, entre otras ciencias
jurídicas entre las que se encuentran el Derecho administrativo y el Derecho laboral (Fernández Córdoba
y Parodi, 2013; Berrocal, Mejía y Villamizar, 2018). El ejercicio de vigilancia y control de actuar
disciplinar se predica de la independencia del derecho disciplinario aun del derecho penal pues tiene sus
propias categorías dogmáticas, es preciso decir que la ilicitud disciplinaria y las medidas en materia
disciplinaria su esencia reposa en la carrera del servidor público (Acevedo Magaldi & Rodelo Garcia,
2020).
En Colombia el control disciplinario surge en 1819 mucho de antes de ser constituida la República
de Colombia, solo hasta 1830 es donde parte la constitucionalización del Ministerio Público tal como da
cuenta el artículo 100 de Constitución de Colombia de 1830, donde expone que ejercicio del Ministerio
Público se encuentra en cabeza por la Procuraduría de la Nación, en suma parte por el Procurador de la
Nación, teniendo este las competencias para defender a la nación en las instancias judiciales y velar por
el efectivo orden y obediencia a la leyes (Forero Salcedo, 2003)
Con la entrada en vigor de la Constitución de 1886, el Ministerio Público se encontraba liderado
por el gobierno. (Constitución Política de Colombia de 1886. Artículo 142), con funciones expresas y
amplias de velar por la correcta aplicación de la ley tanto en el campo administrativo como judicial ya
que correspondía en ese momento al Ministerio Público la defensa del interés de nacional, en procura de
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.
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ejecutar las leyes, las sentencias judiciales y todas aquellas disposiciones del carácter administrativo, los
que implica necesariamente la inspección sobre la conducta de los servidores públicos y la eminente
persecución de los delitos que ponga en riesgo aquel orden nacional que tanto se buscaba con las
constitución de 1986, en el artículo 1 (Constitución Política de Colombia, 1986). A posteriori en 1913 se
reglamente la ley 130 de ese mismo año desarrollando la competencia del Ministerio Público respecto de
los Tribunales Supremos Administrativos que paso hacer un solo fiscal ante el Consejo de Estado
mediante la ley 60 de 1914.
El papel determínate para el Ministerio Público se logra durante el mandato presidencia de
Alfonso López Pumarejo, en la que se realizó una reorientación y organización de la Procuraduría
General de la Nación, tal como se observa en la historia descrita en página oficial, en esta se encuentra
los avances en materia de estructura interna, para aquella época se crean varias dependencia, ejemplo: la
dirección de negocios administrativo, la sección en lo referente a negocios penales y de carácter civil,
entre otros. En igual sentido se atribuyen funciones al procurador para intervenir en las empresas cuyas
funciones den cuenta del interés general y se mantiene el mando de poder de corrección y el poder
disciplinar (Procuraduria General de la Nación, s.f.) .
Con el decreto 01/84 se le asignan funciones expresas al Ministerio Público emanadas de la
constitución colombiana para velar por los derechos y garantías de la carta magna. Es decir, le da
competencia al Ministerio Público para vigilar tanto la eficacia como la eficiencia de las acciones de la
administración.
Por su parte ya en 1990 se establece la ley 4° de 1990, esta entra a exponer el andamiaje estructural
de la procuraduría General de Nación, fijando las funciones propias a sus dependencias, pero a las luces
de la nueva constitución de 1991 con la restructuración Ministerio Público, se dicta una nueva ley que
deroga la anterior.
Con la constitución de 1991 se busca contrarrestar el fenómeno de la corrupción impulsando el
fortalecimiento de los órganos de control se reorganizó y restructuró cambiando desde sus bases. En la
nueva constitución de 1991 en su Título X se desarrolla el mandato constitucional impuesto para esta
institución, se habla de aspectos como las funciones, el ministerio público como principal órgano para
hacer de forma efectiva y eficiente la función del control fiscal y el control previo, pues era evidente que
hasta ese momento este control no era del todo eficiente ya que se observa el obstáculo en el que este
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control se convirtió en una coadministración que truncaba los proceso generando mayor gasto y
permitiendo la corrupción (Rincón Cárdenas , 2014, pág. 5) .
Por último, el Ministerio Público en cabeza del procurador como supremo director, instituido por
la constitución sufre una reforma estructural que deroga todas las anteriores con el decreto 262 del 2000.
En el 2011 ya entrado en vigor la ley 1437/2011, reciente código de procedimiento administrativo y de
lo contencioso administrativo, en este se quiere lograr un fortalecimiento en entre la administración y su
administrados, como también las garantizar los derechos y libertades de estos, con ello se busca logra
una mayor eficacia y celeridad en los procesos, evitar que congestionamientos en la vía judicial con la
mediación del Ministerio Público como garante al debido proceso, el derecho de petición, que comportan
un rango dentro de los derechos fundamentales en Colombia. Teniendo en dentro de sus funciones la
prevención y preferentemente la función disciplinaria Tal como los expresa Malagón Pinzón (2017), en
cuenta la primera es de reciente creación a partir de la Constitución de 1991 y la segunda se encuentra
situada en el siglo XIX (p. 21).
A día de hoy se introduce un nuevo código disciplinario Ley 1952 de 2019, que inmediatamente
fue modificado el por la ley 2094 de 2021, este en su parte sustancial no muestra ningunos cambios
profundos, siguen siendo los mismo principios rectores, y la potestades disciplinaria según el artículo 3
de la ley 1952/2019 se encuentra en bajo la Procuraduría General de la Nación, quien tiene la preferencia
en cuentito al control disciplinario, en igual sentido la ley 2094/2021, mantienen la postad disciplinaria,
sin embargo pone en peligro aspectos de la democracia en cuanto permite que la procuraduría podrá
sancionar a los funcionarios aun aquellos que su escogencia es únicamente de la expresión popular, a
partir del carácter jurisdiccional de que se encuentra investida para vigilar el comportamiento sobre las
conductas de aquellos que ejercer un servicio o función pública, lo preocupante se atribuye al apartado
de la ley que deja en claro la imposición de sanciones e inhabilitar a los funcionarios de elección popular
(Ley 1952, 2019).
Por su parte Ley 1952 de 2019, mantiene la clasificación en cuento a las faltas, las diferencias
surgen ya en el tilo V de las faltas y sanciones disciplinarias, pues se da una supresión en cuanto se refiere
a los criterios super puesto para establecer la gravedad o levedad en cuanto al grado de culpabilidad en
donde se concebía una falta gravísima cometida con culpa grave como una falta grave (Ámbito Jurídico,
2019). En vista que la clasificación de la sanción se da un fenómeno en particular y es la supresión de la
amonestación escrita para faltas leves culposas (Ámbito Jurídico, 2019) siendo este uno de los cambios
con mayor connotación.
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.
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�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. & Salazar Mata., H.
Esta nueva Ley de 2021 cambia la indagación pareciéndose un poco más a la Ley 734 de 2002
anterior a la ley 1952 de 2019 donde indica que esta será de 6 meses según el artículo 208(ley 2094 de
2021. Artículo 208). Se introduce también una diferencia entre el funcionario que instruye será diferente
al que va a entrar a juzgar un funcionario como lo expresa la norma, imparcial, autónomo quien debe
actuar bajo la obediencia a la norma, dando un barniz de supuesta independencia a un derecho
disciplinario que es característicamente inquisitivo.
Fines esenciales del estado y garantías públicas del control disciplinario administrativo.
Con concepciones clara en cuanto a la función pública, basado en principio de la eficiencia de la
administración inmersa en la Constitución del 91 donde se establece la finalidad del Estado social de
derecho en el país, según lo definió su propia Constitución Política de 1991 en el artículo 2, se centra en
el servicio a la sociedad permitiendo garantizar los principios y derechos emanados del documento
constitucional para facilitar la participación de la población en la medida que estas afectan la vida. La
administración pocita entre otras (Constitucion Politica de Colombia, 1991) coloca como base
fundamental del Estado social las garantías de los derechos y principios constitucionales para todos los
ciudadanos, propendiendo por el correcto funcionamiento de la administración pública es decir que son
los funcionarios quienes debe cumplir por velar por el cumplimiento de tales fines. (Franco y Manotas,
2021)
El control disciplinario toma el carácter sancionatorio y administrativo en la constitución del 91
en artículo 124. El consejo de Estado hace mención a la potestad disciplinaria aludiendo que esta
constituye una modalidad de los poderes sancionatorios del Estado y en ese sentido se comprende como
la necesidad que deriva del Estafo sancionador que busca garantizar y en ese mismo sentido materializar
los principios del Estado social de derechos en la concesión del respetos por los derechos, las garantías
emanadas de la carta constitucional y finalmente la consecución de los fines esenciales del Estado
enmarcados dentro la carta magna que entra a defender la existencia misma de las autoridades(Consejo
Estado, Sección segunda. Sentencia 11 julio de 2013)
Considerando la relación disciplinaria que deviene entre el servidor público se fundamenta en la
relación de subordinación que deriva entre los funcionarios y la administración pública tal como lo señala
el Consejo de Estado que toma el concepto de la Corte Constitucional indicando establece un nexo en la
medida que existe el cumplimiento del ejercicio del deber o en otros casos de la prohibición, en ese caso
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el funcionario una vez cometa un comportamiento fuera de sus funciones, esto es, una extralimitación o
viole los régimen establecidos en la ley para inhabilidades o incompatibilidades va tener una
consecuencia, una sanción provista en la ley porque es suma parte su funciones derivan de la
normatividad y la prevalencia del orden constitucionales que permita dar cumplimiento a los fines
establecidos como mandato lo que implica que servidor publica asume un compromiso de acatar tales
preceptos establecidos en el orden normativo más allá de una simple ley si no de cumplimiento de la
carta fundamental (Consejo de Estado, Seccion Segunda, Sentencia 11 de Julio, 2013).
Es menester indicar que la Constitución Política nos deja ver dentro las funciones del Procurador
General del Nación la protección de los derechos humanos tal como lo demuestra el artículo 277 y no
solo la protección de los derechos humanos si no el compromiso de que estos se cumplan de forma
efectiva. Por ello según el informe de la procuraduría año 2014, se establecieron algunos aspectos
importante para la protección y proposición de los derechos fundamentales, encaminados al
cumplimiento del artículo 277 constitucional, buscando garantizar la eficacia y eficiencia al lograr
intervenir en los actos de interés general, para minimizar la impunidad y en gran medida cumplir con
estos preceptos constitucionales que ha bien buscan alinearse bajo el bloque de constitucionalidad con
los convenios y tratados en materia de derechos humanos en la búsqueda misma de procura por garantizar
los derechos consagrados en la carta como fundamentales (Procuraduría General de la Nación, 2014).
Según lo ha reiterado la Corte Constitucional, tribunal llamado a vigilar la integridad de la
Constitución Política, la naturaleza y finalidad del derecho disciplinario es connatural a la organización
política y es decisivamente necesaria dentro del Estado de Derecho, ya que tiene como fin la garantía del
eficiente mover y el mantenimiento del correcto ejercer de la administración pública promoviendo que
la función pública se despliegue así y por la comunidad, promoviendo la protección de todos los derecho
y libertadas para el pueblo colombiano (sentencia C-280, 1996)
Una parte sustancial de los cometidos del Estado Social de Derecho es, al menos en teoría,
responsabilidad de la Administración, que se centra la eficacia y eficiencia de la administrativa, porque
ello implica que puede observarse en hechos (sentencia C-341, 1996).
Según el máximo tribunal constitucional, lo que obliga estrictamente a la necesidad de adecuar
de todos los agentes estatales bajo las premisas de la eficacia, la eficiencia y la moralidad administrativa,
para cumplimiento el conveniente funcionamiento de los servicios del Estado, teniendo presente el
correcto manejo y la preservación del patrimonio público, es obvio que al conseguir estos acuerdos la
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.
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buena imagen de la administración será diferente y permitirá el alcance del principio de legitimidad y
credibilidad frente a la comunidad (Sentencia C-341, 1996).
La dimensión de esta aspiración traslada en todos los funcionarios públicos el peso de conducirse
bajo el mandato de la constitución asegurando el cumplimiento de los fines y deberes del Estado, en
efecto garantizar la protección de las personas que residente en territorio nacional en cada aspecto
descrito en la constitución vida, honra, bienes, creencias entre otros derechos y libertades (Gómez
Pavajeau, 2011).
Tal como fue concebido y se halla planteado actualmente en nuestro ordenamiento jurídico, el
control disciplinario es un instrumento de orden jurídico para la realización de los fines del Estado fines
del Estado. Al respecto la Corte Constitucional ha manifestado que las tareas Estatales responden a una
vocación de servir que se evidencia a partir de los elementos constitutivos dentro del Estado Social de
Derecho desarrollado a través por las políticas estatales, la planeación y en suma parte la ejecución y
control de todo orden ( Sentencia C-1193, 2008) y en ese sentido sigue diciendo la Corte Constitucional
que toda norma del derecho disciplinario debe obedece las categorías de prevención y corrección., en la
medida que cumple de forma eficiente con los fines, principios y propósitos en el orden constitucional y
legal, por su puesto como se precisó la alta corporación también sostiene la importancia de estos
preceptos en la medida que se cumplen con los tratados internacionales (Sentencia C-1193, 2008) .
Es así como se pretende que el control disciplinario sea un instrumento para el logro de las
finalidades del Estado, principalmente a través de la disuasión que dimana del poder represivo y
sancionatorio que ejerce o puede ejercer sobre sus destinatarios, aplicable en todo caso de
desconocimiento de los principios que rigen el estamento de la función administrativa, enumerados
dentro del artículo 209 de la Constitución Política (Roa Salguer, 2009).
La sentencia C-708/1999, bajo la ponencia del magistrado Álvaro Tafur Galvis, plasma que la
función disciplinaria es un elemento esencial dentro de la organización del Estado y por su fuera poco
implica la verdadera realización de los fines esenciales del Estado, de manera que el cumplimiento de
los deberes y responsabilidades de los servidores estatales debe estar atada a la ética profesional del
servidor, ello involucra una extrita obediencia a los valores y principios que orienta el ejercicio de la
administración pública y que se encuentran ligados eminentemente a la función pública tales como la
eficacia, eficiencia y moralidad (Sentencia C-708, 1999).
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Bajo esta óptica cualquier distanciamiento del fin principal para el cual se estableció el servicio
al Estado, así como la comunidad en cuanto lo plasma la Constitución, la ley y el reglamento (Reales
Vega & Berrocal Duran, 2019), da pie para una responsabilidad pública en materia disciplinaria por
ejercer una extralimitación o incluso la falta de cumplimiento en marcada en una dentro del ejercicio de
sus funciones.
En un Estado social derecho se deber dar por su parte el cumplimiento de sus principios y valores
enmarcados en la constitución, pero con la delegación de funciones propiamente del Estado a los
particulares es donde el comportamiento de los funcionarios como de los bienes sufre detrimento en un
Estado que básicamente ha dejado en manos de particulares muchas tareas que le corresponde , en la
búsqueda de lograr una mayor eficiencia para alcanzar fines sociales pero que se ha visto envuelto en
medio de escándalos y detrimento al patrimonio, lo que no se hace extraño es hallar en el derecho
disciplinario muchos particulares que cumplen funciones públicas o incluso un derecho disciplinario que
va más allá de las categorías del derecho penal (Maya Villazón, 2008), es así como se requiere de
instrumentos legales que hablen a favor de los postulados bajo las garantías del Estado Social de derecho
(Maya Villazón, 2008)
En la realidad actual el control disciplinario se enfrenta a otros restos, descritos por la historia de
hoy como lo son: el conflicto armado, la firma de los acuerdos de paz, la ilegalidad, la corrupción y la
insurgencia, la protección de derechos de los líderes sociales, todos estos retos descritos dentro del
informe de la Procuraduría General de la Nación sostiene que esta institución se enfrentarse a retos como
el post conflicto posterior a la firma de los acuerdos de paz con la FARC-EP en la búsqueda de lograr la
paz estable y duradera, esto enfrenta la consecución de la paz total, siendo este compromiso complejo
ya que no solo se observa el hecho de los acuerdos si no las dinámicas crecientes en la constitución de
organizaciones armadas al margen de la ley con un carácter ilegal que en la actualidad se encuentran
permeadas del narcotráfico y el enriquecimiento ilícito, que afecta principalmente a las zonas que
enfrenta este flagelo. No se puede desconocer que a su vez afecta la tercera generación de derechos
humanos enfrenado problemáticas medioambientales y amenazando la existencia del ser humanos
(Procuraduría General de la Nación, 2018). Esta situación se vuelve compleja en la medida que los lideres
sociales y ambientales cada día exponen sus vidas por la defensa de los territorios, otras de las
problemáticas que se debe atender es la corrupción que en gran medida socaban el patrimonio de todos
los colombianos y por ende las pocas probabilidades de inversión social y el establecimiento de los
derechos de los ciudadanos (Procuraduría General de la Nación, 2018). Todo esto que permita de alguna
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.
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forma recuperar la confianza de los ciudadanos colombianos, para superar algunos aspectos de la
polarización y estigma de la corrupción, en tal sentido plantear un avance hacia una sociedad que pueda
ver los acuerdos y finalización de los conflictos para alcanzar una paz en medio de las diferencias,
rescatar los preceptos constitucionales que nos definen como país plurietnico y multicultural tal como lo
menciona Miranda rescatado del informe de la procuraduría. (Procuraduría General de la Nación, 2018)
3.-MÉTODO
El tema objeto de estudio es novedoso en cuanto se da por sentado que el solo ejercicio del control
disciplinario a cargo de la Procuraduría General de la Nación contribuye al logro de los cometidos de la
función administrativa y la garantía de la Función Pública, sin que se conozcan bien los mecanismos que
hacen esto posible, esto es el nexo de causalidad, ni aun en qué medida ello es cierto. De esta manera un
análisis exploratorio de la verdadera incidencia del control disciplinario, pasando por el modo en que
opera tal influencia, constituye un enfoque inédito en el campo de la investigación jurídica.
Esta investigación, busca dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Tiene el ejercicio del control
disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación a nivel del departamento del Atlántico
una real incidencia en el logro de los fines esenciales del Estado y la garantía de la Función pública? De
esta forma se busca arrojar luces sobre esta cuestión, y con ese fin versa sobre el grado de incidencia real
(mucha, poca o nula), que la actividad del control disciplinar es ejercida por la Procuraduría General de
la Nación, a través de sus agentes en el nivel territorial, tiene en el logro de los fines estatales y la garantía
de la función pública en el marco del territorio que comprende el departamento del Atlántico.
En el ámbito local no es ajeno a tales cuestionamientos, y aunque se da por sentado que el solo
ejercicio del control disciplinario en mando de la Procuraduría General de la Nación debería contribuir a
la garantía de la función Pública, el grueso de los asociados desconoce los mecanismos que hacen esto
posible, ni aun en qué grado ello es cierto.
En tal sentido, Como objetivo principal se realizó un análisis exploratorio sobre la percepción de
la sociedad civil frente a dicho control y finalmente los factores de incidencia que ejerce el control
disciplinario a través de sus agentes en el nivel territorial de la verdadera incidencia del control
disciplinario, en el logro de los fines esenciales del Estado y la garantía de la función pública.
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Utilizando un método analítico-sistemático, realizando un análisis comparativo de indicadores
sociales, y el análisis de indicadores de la gestión de la procuraduría general de la Nación y los
provinciales del departamento del Atlántico, basado en la observación de la normatividad de carácter
interno, el análisis de la jurisprudencia en la materia, las fuentes auxiliares como la doctrina para dar una
conclusión general. En cuanto a la técnica usada se extiende a la interpretación de documentos, bases de
datos y el uso de las Tics, las redes y otras fuentes en el entendido que permite orientar los fundamentos
teóricos-prácticos para el análisis científico.
4.-RESULTADOS
Mediante el Decreto 262 de 2000, se organiza la procuraduría en su nivel territorial quedo bajo las figuras
de procuradurías regionales y provinciales. Para el propósito señalado, teniendo en cuenta los aspectos
que devienen del decreto en cuestión, la Procuraduría General de la Nación ejecuta sus funciones en los
territorios se ve reflejado en las procuradurías regionales y provinciales, el progreso de la presente
investigación se focalizará en el ámbito de los municipios en los que las procuradurías Provincial de
Barranquilla y Regional del Atlántico ejercen competencia territorial, especialmente en el distrito de
Barranquilla.
La función de control disciplinario, de manera preferente a cargo de la Procuraduría General de
la Nación, persigue el cumplimiento de los intereses generales del Estado a través de la garantía de la
función pública (ley 734 de 2002, articulo 22). Sin embargo, la percepción general de la sociedad civil,
que se expone cotidianamente a través de los medios de comunicación masiva y redes sociales, es que
en poco o nada contribuye el control disciplinario a la consecución de tales metas, ni en la lucha contra
la corrupción. De estar fundada tal percepción, urgiría una revaluación autocritica en los fines y medios
en manos de los órganos de control disciplinario a nivel departamental, regresar la confiabilidad en los
entes y funcionarios del Estado. Los constantes de cambio de la norma Disciplinaria en menos de un año
dan muestra de la inestabilidad jurídica que siente la población en materia disciplinaria que tiene
constitucionalmente una gran responsabilidad.
Para nadie es un secreto la difícil fase que atraviesa el país en torno a la corrupción y el distrito
de Barranquilla nos está fuera de ello. Como parte de la metodología se arrojaron los siguientes resultados
en distrito en torno a la eficacia de la Procuraduría provincial, regional y judicial, de acuerdo la encuesta
de percepción realizada a 100 usuarios del departamento del Atlántico en año 2019, que permitirá
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.
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comparar la gestión a gestión del 2018, pero se analizará desde 2013 hasta el informe 2018. Se observó
en la encuetas:
Figura 1.
¿Cree usted que la procuraduría ha velado por el cumplimiento del derecho de petición?
SI
NO
NO CONOCE
5%
30%
65%
Fuente: Elaboración propia (2021).
La primera pregunta realizada muestra la percepción de las personas en cuanto al cumplimiento
de los derechos de petición, arrojando que un 65% de las personas encuestadas indica que la procuraduría
no está velando el cumplimiento del derecho de petición, por su parte el 30% dice que si se está viendo
dicho cumplimiento y finalmente el 5% desconoce el tema, hasta este punto se puede observar que es
alto el nivel de percepción de cumplimiento de la Procuraduría para la ciudadanía, derivado del nivel de
eficacia y eficiencia que refleja la institución a la hora de las respuestas emitidas por la institución así
como el tiempo de contestación de la misma, ahora más tarde se observará qué pasa con los informes
presentados por la procuraduría en contraste con esta información presentada.
Figura 2.
¿Está de acuerdo con la conciliación extrajudicial para poder demandar?
NO
SI
NO CONOCE
11%
25%
64%
Fuente: Elaboración propia (2021)
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Es uno de los requisitos que se estableció mediante la ley 1448 de 2011. La conciliación
extrajuicio por su parte como uno de los MASC, esto es, Mecanismo Alternativo de Solución de Conflicto
o controversias, este se encuentra regulado en el articulado 138, 140 y 141 del Código Administrativo
(CPACA), para efectos del quehacer administrativo, estos mecanismos permiten dar solución a los
conflictos entre el Estado y los particulares, en gran medida están diseñados para descongestionar la
operación de la administración de justicia y se ejecutan como requisito dentro del procedimiento de tal
forma que se convierte en obligatorio para poder demandar, es decir fue establecido como un requisito
de probabilidad para el acceso a la justicia, en miras de cualquier presentación de demanda administrativa
de acuerdo con los medios de control establecidos por ley (Nulidad, nulidad y restablecimiento del
derecho, reparación directa, etc). Según la percepción ciudadana no es un requisito eficiente puesto que
los tiempos para las audiencias son tardíos y generalmente las instituciones de carácter público no
concilian con los particulares, generando un trámite eminentemente innecesario en la percepción
ciudadana con un 65% para las personas encuestadas, lo implica un mayor esfuerzo en la cobertura de
funcionarios para las audiencias de conciliación.
Figura 3.
¿Está conforme con el tiempo de cita para realización de la conciliación extra juicio?
NO
SI
NO CONOCE
11%
17%
72%
Fuente: Elaboración propia (2021)
La anterior gráfica nos muestra que los ciudadanos encuestados no se encuentran en agrado con
el mecanismo de conciliación extra juicio, ahora en esta grafica nos presenta el panorama que da
respuesta a uno de los factores por los cuales las personas no estás de acuerdo con dicho trámite, debido
a los largos tiempos de espera establecidos para surtir o llevar a cabo las audiencias, claro este factor va
muy ligado a la falta de infraestructura en el departamento del Atlántico y la falta de personal para atender
dichas audiencias, debido a que una persona debe esperar hasta uno y dos meses para la ejecución de la
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.
73
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audiencia de conciliación. Así los ciudadanos se encuentran en desacuerdo con un 72% del tiempo que
debe esperar para el desarrollo o ejecución de la audiencia de conciliación.
Figura 4.
¿Conoce los medios de comunicación de la procuraduría?
SI
NO
NO CONOCE
5%
40%
55%
Fuente: Elaboración propia (2021).
La procuraduría en los últimos años ha hecho un esfuerzo por mejorar su imagen y una mayor
transparencia, producto de ello viene dándose una utilización de canales digitales para la comunicación
con ciudadano, que permita cambiar dicha imagen y generar un mayor contacto con la ciudadanía, en ese
orden de idea los ciudadanos encantados en 55% de estos indica que si conocen los medios digitales de
transmisión de la información como los son Facebook, Twitter y otros medios masivos de comunicación
como la televisión.
Figura 5.
¿Cree usted que la procuraduría sirve a la comunidad y la ciudadanía?
SI
NO
NO CONOCE
10%
45%
45%
Fuente: Elaboración propia (2021)
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Los ciudadanos hasta este punto de las cuentas se mantienen en un porcentaje estable en cuanto
a la pregunta realizada si en realidad este órgano de control creado por la constitución sirve a la
comunidad y general al ciudadano, un porcentaje muy bajo con 10% desconoce o no sabe si realmente
la procuraduría sirve a la ciudadanía.
Figura 6.
¿Cree usted que los índices de corrupción han bajado?
SI
NO
NO CONOCE
5%
35%
60%
Fuente: Elaboración propia (2021)
Desde la constitución del 91 donde se promulgo a la procuraduría es la cabeza visible mediante
mando constitucional del ministerio público y quien ejerce de manera preferente el control disciplinario,
se ha venido actuando en contra de la corrupción en Colombia, sin embargo la percepción de las personas
respecto de la corrupción en las diferentes instituciones del estado sigue siendo muy alta, en el
departamento que fue el foco de estudio se encontró que las personas piensan que la corrupción es mucha
y que el ente de control aún tienen deficiencias para tener una verdadera efectividad, la cuentas arroja
con 60% de la población que los índices de corrupción no han bajado, mientras que por su parte el 35%
sostiene lo contrario.
Figura 7.
¿Cree usted que es eficiente la procuraduría?
SI
NO
NO CONOCE
7%
40%
53%
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.
75
�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. & Salazar Mata., H.
Fuente: Elaboración propia (2021)
Según la percepción de las personas es muy baja la eficiencia de la procuraduría general de la
nación con un 53% de la ciudadanía encuestada, esto nos deja ver que se debe hacer un trabajo constante
de muestra de informes por parte de dicho ente para comparar en números reales cual es esa eficiencia
que la institución viene adelantando al interior de esta.
Figura 8.
¿Cree usted que la ejecución de la función disciplinaria por parte de la Procuraduría General de
Nación índice positivamente para conseguir el lograr de los fines esenciales del Estado?
SI
NO
NO CONOCE
20%
42%
38%
Fuente: Elaboración propia (2021)
Mientras que el análisis del informe de gestión del año 2013 expone cual ha venido siendo el
desempeño de la institución frente a los fines Estatales, en igual sentido el análisis se centra en la
eficiencia y eficacia, como un instrumento importante la institucionalidad ha usado el Sistema Integral
de Prevención que este de forma interna tiene para dar respuestas a nivel territorial a cada uno de los
ciudadanos que han interpuestos recursos, peticiones quejas o reclamos ante este organismo, en sentido
se buscado establecer lasos de confianza entre el ciudadano y el establecimiento al dar respuesta eficiente
y eficaz a los requerimientos en busca de la protección y garantía de los derechos. En ese entendido
durante este el laxo del año 2013 ejemplo se recibieron 147.885 casos en cuanto a la materia preventiva,
es preocupante que en esa cifra particularmente 27.5000 casos sean reclamaciones propias del
desplazamiento forzado, y otras 16.408 tienen correlación con decisiones des aspectos judiciales y
administrativas y por ultimo las 10.495 son propias de aspectos pensionales (Procuraduría General de la
Nación, 2014).
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Tabla 1.
Quejas y denuncias cuidadanas año 2013
NIVEL
QUEJAS Y DENUNCIA DE LA
CUIDADANIA
CENTRAL
DISTRITALES
REGIONALES
PROVINCIALES
TOTAL
No.
%
No.
%
No.
%
No.
%
No.
%
1.675
17,60%
2.333
10.6%
7.938
22,60%
6.273
14,30%
18.219
16,50%
RECIBIDAS EN 2013
7.861
82,40% 19.598 89,40% 27.191 77,40%
37.453
85,70%
92.103
83,50%
TOTAL, QUEJAS
9.536
100
21.931
100
35.129
100
43.726
100
110.322
100
2.057
26,10%
868
5,10%
5.435
20,80%
8.172
20,90%
16.532
18,40%
125
1,60%
88
0,50%
292
1,10%
791
2,00%
1.296
1,40%
0
0,00%
11
0,10%
48
0,20%
67
0,20%
126
0,10%
42,80% 13.854 82,00% 15.433 59,10%
21.381
54,80%
54.041
60,10%
228
2,90%
66
0,40%
1.026
3,90%
1.032
2,60%
2.352
2,60%
1.895
24,10%
1.207
7,10%
2.266
8,70%
5.467
14,00%
10.835
12,10%
201
2,60%
795
4,70%
1.599
6,10%
2.127
5,40%
4.722
5,30%
82,60% 16.889 77,00% 26.099 74,30%
39.037
89,30%
89.904
81,50%
QUEJAS Y DENUNCIAS AL INICIO
DEL 2013
QUEJAS PRESENTADAS Y DENUNCIAS EN EL AÑO 2013
QUEJAS
Y
Apertura
DENUNCIAS
de
Investigación
preliminar
Procedimiento ordinario
Procedimiento Espacial, esto es
verbal.
Traslado por Competencia
Acumulación
Auto Interlocutorio
Archivo
Quejas Atendidas en 2013
3.373
7.879
Fuente: Procuraduría General de la Nación (2014). Nota: Información tomada de Él Informe de gestión
2013 muestra el número de denuncias y quejas presentas durante el año 2013.
El año 2013, se da una apertura en cuanto a las quejas presentadas de 18.21, posteriormente se da
un aumento de 92.103, que finaliza en el año con un global de 110.332 quejas presentadas y denuncias
por diligenciar. De estas quejas y denuncias presentas se dio atención a personal de 89.904, esto presenta
el 81,5% del global, sin embargo, se encuentran por resolver o tramitar 20.418.
En la siguiente tabla se da cuenta de los tramites que se llevan a cabo en el nivel central, así como
también en las procuradurías en los territorios en lo que respecta a los indicadores que tiene un carácter
preliminar durante el periodo del 2013:
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.
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�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. & Salazar Mata., H.
Tabla 2.
Indicadores preliminares disciplinarias-2013
INDAGACIONES
NIVEL
PREMILIRES
CENTRAL
DISCIPLINARIAS
No.
%
DISTRITALES
No.
%
REGIONALES
No.
%
PROVINCIALES
No.
%
No.
TOTAL
%
2.761
57,30%
460
34,60%
5.997
52,50%
9.968
55,00%
19.186
53,70%
2.057
42,70%
868
65,40%
5.435
47,50%
8.172
45,00%
16.532
46,30%
4.818
100
1.328
100
11.432
100
18.140
100
35.718
100%
767
23,30%
157
14,10%
988
15,60%
2.268
23,60%
4.180
20,50%
17
0,50%
11
1,00%
110
1,70%
274
2,90%
412
2,00%
698
21,20%
79
7,10%
1.869
29,50%
1.252
13,00%
3.898
19,20%
115
3,50%
56
5,00%
196
3,10%
265
2,80%
632
3,10%
Con Acumulación
1.642
50,00%
801
71,90%
3.062
48,30%
5.411
56,30%
10.916
53,60%
Con Prescripción
48
1,50%
10
0,90%
115
1,80%
144
1,50%
317
1,60%
3.287
68,20%
1.114
83,90%
6.340
55,50%
9.614
53,00%
20.355
57,00%
1.531
31,80%
214
16,10%
5.092
44,50%
8.526
47,00%
15.363
43,00%
INDAGACIONES
PREMILIRES
INICIANDO
EL PERIODO 2013
INDIGACIONES
PRELIMINARES ACEPTAS
EN PERIODO 2013
TOTAL,
INDAGACIONES
PRELIMINARES
Con
procedimientos
INDAGACIONES PRELIMINARES TERMINADAS 2013
Ordinarios
Con
Procedimiento
ordinario
Con
Procedimiento
Espaecial(Verbal)
Con
traslado
por
Competencia
INDAGACIONES
TERMINADAS
EN
2013
Quejas
Atendidas
2013
en
Fuente: Procuraduría General de la Nación (2014). Nota: Información tomada de Él Informe de gestión
2013.
Para el 2014, la procuraduría General de la Nación dando observancia a esas funciones que tiene
de manera preventiva, de servicio a la comunidad, en consecuencia, hay que vigilar por la garantía de los
derechos en el marco del Estado social de derecho, en la medida que se cumplan los principios
constitucionales respetando el ejercicio de los derechos y el reconocimiento de los deberes, en esa medida
se presenta dentro de los análisis del informe de gestión de la institucionalidad, unos resultados al
finalizar el año 2013, en primera medida se presenta por parte de la ciudadanía 141.923 solicitudes,
dentro
de
estas
solucionaron
alrededor
de
111.919,
esto
es,
78,9%.
78 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/
�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. & Salazar Mata., H.
Igualmente, de 22.439 asuntos preventivos en gestión, se clausuro con un No de 17.228, que responde a
un 76,8%.” (Procuraduría General de la Nación, 2014).
Según el informe se indica la realización del seguimiento en torno a la protección y garantía de
los Derechos Humanos en el marco de los preceptos constitucionales, habida cuenta que los procesos de
restitución de víctimas y pertenecientes al conflicto armado requieren un carácter de mayor compromiso,
así mismo se desarrolla un álgido seguimiento a las personas de especial protección constitucional, los
grupos poblacionales respetando las derechos de las minorías, la población LGTBI, los NNJA, los
asuntos pertenecientes al medio ambiente, temas agrarios, seguridad social, que en esa medida permitan
fortalecer aspectos de la gestión pública en todos los niveles tanto nacional como territorial (Procuraduría
General de la Nación, 2014). Sin embargo, la percepción de la ciudadanía en temas de corrupción,
pobreza y conflicto armado presta otra sensación frente a este panorama (Procuraduría General de la
Nación, 2014).
En el laxo perteneciente al año 2013 se presentan un numero de 116.906 en quejas y denuncias
con relación a las faltas disciplinarias cometidas por los servidores públicos, así como también de los
particulares que en alguna forma cumple funciones públicas de los cuales fueron resultas un total de
96.721, que apuntan a un 82,7% (Procuraduría General de la Nación, 2014).
En búsqueda de mejorar factores de corrupción el país este año se dieron un total de 1.236
sanciones en la primera y la única instancia, en igual sentido quedaron en firmes 632 sanciones, esta lista
la encabezan alcaldes, concejales de los cuales 179 alcaldes y 173 son concejales perteneciendo en su
totalidad a un 56% de las sanciones impuestas.
Por su parte en cuanto al 2015 a 2016 se refiere, se enarca como un periodo donde se logró una
efectividad del 87,5% mostrado en el informe de gestión 2015, se lograron diversos avances en cuanto
al desarrollo de los resultados, se tramitaron para este periodo 164.381 solicitudes, de las que se dieron
respuesta 143.791, esto nos permite obtener del informe un aumento en el rango correspondiente al 10%
en comparación con el año inmediatamente anterior, el cual corresponde al 76,8%. Como un plan para
mejorar los resultados se realizaron 6.785 visitas, de los cuales resultaron 95.022 peticiones, aunado a
ello fueron mostrados alrededor 10.825 informes y por último en cuento los documentos de análisis se
recibieron un total de 8.600.
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.
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�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. & Salazar Mata., H.
Para el ente de control es importante los aspectos de capacitación y formación de los funcionarios
y ciudadanos por ellos se llevaron a cabo 3.906 capacitaciones en materia preventiva beneficiando a
70.330 asistentes.
De otro lado las sanciones y faltas disciplinaria en las que inciden por lo general el servidor
público y más un el particular que ejerce la función pública se puede observar que entre quejas y
denuncias se presenta en la vigencia 2015 un total de 107.979 de las cuales 89.861 se llevaron a ejecución
esto deja a la institución en un 83,2% de cumplimiento respecto a ese punto. Por su parte en el mismo
informe presente que el correspondiente al 47% es decir 42.263, se presenta en remisión bajo el concepto
de competencia de carácter externa, luego se mira un el 13.313 de remisión apuntando al concepto de
competencia interna, que hacer parte de los procesos que fueron enviados a distintas dependencias de la
institución, este corresponde al 14.8%. Luego se advierte en cuanto a la terminación con autos
inhibitorios se tiene un total de 12.148 pertenecientes al 13,5%, por su parte en el análisis se visualiza
los últimos puntos que tiene que ver con el archivo, iniciación de la indagación preliminar y la apertura
de la investigación de carácter disciplinar ordinaria que corresponde en el orden a 4.213, 16.991, 867
respectivamente y por ultima en el proceso especial, esto es el verbal, se tiene 65 que sería el 0.1%.
Durante el año 2015 se describe que se levantaron 1.632 pliegos de cargos de estos 892 perecen al proceso
ordinario y 740 hacen parte del proceso especial verbal (Procuraduria General de la Nación, 2016)
Para los años entre 2017-2018, el Procurador General de la Nación se compromete con la defensa
de los derechos humanos y el hecho de buscar la garantía de la justicia como parte del Estado social de
derecho, en la medida que el Estado asume la responsabilidad de responder a las necesidades de sus
ciudadanos. Esto permite que dentro del Estado social derecho las minorías sean respetadas y valoradas,
teniendo presente la observancia de los territorios menos favorecidos, de las poblaciones históricamente
vulneradas para conseguir una verdadera equidad en medio de tanta desigualdad y lograr una justicia
social que en definitiva es el fin o la naturaleza del Estado social de derecho, donde sus ciudadanos
reclaman por una confianza en sus gobernantes, por el respeto de la función pública, permitiendo cumplir
esos tan anhelados fines del Estado como el bien común y el interés general por encima de sus
individuales, en si rescatar el carácter de servicio de los funcionarios, preceptos que constituyen el Estado
y se orientan en esos fines del derecho mismo (Procuraduria General de la Nación, 2016)o.
80 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/
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En cuanto a buen gobierno, es importante reseñar que se hace alusión a la capacidad de los entes
gubernamentales para atender y resolver las demandas y necesidades ciudadanas, en términos de
resultados y satisfacción (Aguilera Izaguirre, 2020)
Para esta vigencia se busca mantenar la eficacia y efeciencia, trabajando bajo el plan estrategico
institucional, se proponen entonces 21 metas según el inofmre de desgion presantado para el 2018,
permitiendo un avance de 85% a pesar de encontrarse bajo la viegencia de la ley de garantias. Se
atendieron alrededor de 83.694 tramitandose de forma inmediata en 2017 y 2018. El siguiente cuadro
muestra las estadisticas para este perioro:
Figura 9.
Estadisticas sobre atencion al usuario 2017-2018.
Fuente: Procuraduría General de la Nación, Informe de gestión 2017-2018 (2019)
Mientras en la función disciplinaria se muestra que se recibieron alrededor de 184.024 quejas
valoradas en los meses de enero del año 2017 y diciembre del año 2018, de estas 33.891 quejas (18.41%)
se convirtieron en el fundamento que diera pie para activar los procesos disciplinarios, siendo 100.095
quejas direccionadas internamente o remitidas a la oficina del control interno disciplinario, o en su
defecto enviadas por efectos de competencia a otras entidades externa, de las cuales se presentaron
17.871 autos inhibitorio, algunos sin éxito porque no se demuestra la existencia del hecho, esto es, que
el imputado no corresponde a la comisión de los mismos, en este caso no se puede dar inicio a la
existencia de responsabilidad por es evidente que no existen pruebas para demostrar tales hechos
(Berdugo y Cadrazco, 2013). El restante correspondió a acumulaciones y archivo, iniciando un total
9.777 investigaciones (Procuraduría General de la Nación, 2018).
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.
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�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. & Salazar Mata., H.
Ya para el 2018 -2019, se presentaron 58.549 perteneciente a la atención brindada a los
ciudadanos dando contestación a 58.091, esa cifra deja a la institución en 99,2% de cumplimiento
demostrado su mejoría y eficacia, solo el 2,60% fue remitido por temas de competencia que
correspondiente a la totalidad de 1.523. En esa media se propone disminuir la vulneración de los
derechos, en la medida que los ciudadanos resuelven sus inquietudes, permitiendo la prevención, como
respuesta a las solicitudes planteadas se produjeron una totalidad de 1.976 actos preventivos para
minorizar tales vulneraciones de derecho, reflejándose en el 3,3%, de estos se divide en 303 para
cuestiones ordinarias y 1.673 en los asuntos de carácter abreviado, en ese orden de ideas el actuar de la
Procuraduría va está encaminado hacer una trazabilidad que permite un seguimiento de las acciones
ejecutadas por las entidades involucradas (Procuraduría General de la Nación, 2018).
El informe de este periodo respecto de la función preventiva dice que se resolvieron 314.831
procesos, de estos se efectuaron 115.029 (36%) requerimientos, el 20% asuntos abreviados resueltos que
corresponde a 63.302 y 58.091 que sería un 18% de la atención a público solucionada (Procuraduría
General de la Nación, 2018).
Tabla 3.
Función preventiva 2018-2019 del nivel Nacional
Atenciones de público resueltas (escena de ubicación en la función preventiva)
Asuntos abreviados resueltos (escena de atenuación de la acción preventiva)
58.091
63.302
Asuntos ordinarios resueltos (escena de atenuación constante de la acción preventiva)
11.057
Casos preventivos resueltos (escena de adelanto de la acción preventiva)
Acciones en materia constitucional para la protección de derechos
Inspecciones preventivas
Requerimientos efectuados
Contestación a las distintas peticiones
Eventos de capacitación
3.248
330
11.29
115.029
52.484
1.772
Funcionarios
particulares
públicos
,
Fuente: (Procuraduria General de la Nación, 2020).
5.-CONCLUSIONES
De los anteriores resultados se concluye que, si bien en los principios y valores de las constitución están
consagrados como fines esenciales al servicio a la comunidad basados en un Estado social de derecho
que tiene primacía en los derechos colectivos, es evidente que los ciudadanos no cuenta como una buena
percepción de instituciones que hacen parte de la estructura del Estado tal como la Procuraduría General
de la Nación, factores que profundizan las respuestas de los usuarios son la corrupción, la percepción de
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inestabilidad, los largos tiempos de espera, entre otros factores que dejan ver la ineficiencia de la
institución, de un total de 100 usuarios el 65% indica que no se ha velado por el cumplimiento de los
derechos de petición, mientras que los informes de gestión muestran avaneces en el tema, sin embargo
en cuanto a materias como la conciliación extrajudicial como requisito del procedimiento para acceso a
la justicia los usuarios consideran en 64% que no debe darse este requisito y la inconformidad va dirigida
a los tiempos de respuesta para realización de estos mecanismos, esto plantea y hace evidente la eficacia
en cuanto a la prestación de los servicios brindados por la institución, ya que la demora en los tiempo
para obtener una cita y que lleve la audiencia de conciliación es muy largo y las personas deben esperar
un mes mínimo porque las agendas están copadas, por su parte se demuestra que no se conocen los
canales virtuales o estos son poco utilizados como el Facebook, Twitter etc., el común de los usuarios
indica que la procuraduría si sirve a la comunidad en ejercicio de la defensa de los derechos y el control
disciplinario pero que sin embargo no ven efectivo en los procesos y los archivos por parte de la entidad
son muchos, esto también se ve reflejado en los informes de gestión presentados en los últimos años, por
último el nivel de corrupción es un factor determinante a la hora de observar la eficiencia y eficacia en
los procesos ya que el común de los usuarios en 60%
indica que los niveles de corrupción según su
percepción no han bajado.
La creencia en cuanto a la eficacia de la institución se observa en un nivel alto en un 53% debido
a factores como los medios de comunicación y la constante información actual por redes sociales.
Analizando por último el ejercicio de la procuraduría dentro el desempeño de los fines estatales se
encuentra por debajo del 50% según el nivel de percepción, sin embargo los resultados expuestos por la
institución en los últimos 5 años dan muestras del avance de la misma en cumplimiento del mandato
constitucional, si bien es cierto la percepción institucional es un factor importante los resultados
mostrados dan cuenta de importantes avances pero se observan aun en los resultados oficiales mostrados
por la institución y sus estadísticas en el distrito de Barranquilla, como en toda Colombia existe un mal
generalizado, en temas de corrupción y de atención al usuario.
El panorama expuesto envuelve una serie de implicaciones teóricas y prácticas, que deben ser
afrontadas y estudiadas teóricamente a la luz de la ética pública y en su dimensión práctica desde el
análisis del correcto y eficiente funcionamiento de la administración de justicia. En ese sentido, conlleva
formular una serie de postulados de buen comportamiento y servicio que se establezcan como principios
esenciales de funcionamiento de la entidad y que posteriormente se puedan convertir en protocolos
aplicables y verificables en la práctica real del adestramiento de las ocupaciones misionales de la
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.
83
�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. & Salazar Mata., H.
Procuraduría General y que, a su vez, ello se observa en la consolidación de unos indicadores claros que
den cuenta del cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
Se responde a las preguntas hecha ¿Tiene el ejercicio del control disciplinario por parte de la
Procuraduría General de la Nación a nivel del departamento del Atlántico una real incidencia en el logro
de los fines esenciales del Estado y la garantía de la Función pública? El grado de incidencia presentado
es poco la comunidad ha generalizado que pese a que los funcionarios en muchas ocasiones cumplen con
todo el protocolo la mayoría de los funcionarios tienen un poca eficiencia y celeridad, que no permite
ver reflejado tales fines.
La polarización existente en el país, el post conflicto y la obligación de resguardar los derechos
humanos son retos con los que hoy se enfrenta la institución, una institución que muchas veces no cuenta
con las capacidades en infraestructura, en capacitación de sus funcionarios para la atención de los
ciudadanos que hoy por hoy se encuentran inconforme con la gestión realizada por la institución, en
cuanto de percepción a las personerías demuestras que los factores más comunes que entorpecen las
investigaciones en la corrupción se observan en la siguiente figura que hace parte de la encuesta de
percepción del ministerio público emitido por la procuraduría en la que se observaran los derivaciones
corresponden a la tabulación y escrutinio de 177 personerías, que dieron respuesta a la encuesta de
percepción, 5 de las cuales son regionales y otras 10 que pertenecen al nivel provincial, es así como se
logra establecer la inconformidad en los temas de corrupción.
Figura 10.
Actos de corrupción que dificulta su investigación: Personería
Particpaciòn indebida en polìtica
Acaso laboral
Extralimitacòn de funciones
Falta de superviciòn
Violaciòn del debido proceso
Contratos de prestacion de servicio
Clientelismo
Uso indebido de informaciòn
Pculado
Direccionamiento de Procesos contractuales
Celebracion indevida de contrato
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente: Procuraduría General de la Nación (2019). Nota: Los anteriores resultados son una
respuesta de la tabulación y estudios de 177 personerías, que replicaron la encuesta de percepción.
Una corrupción que permea todas las esferas en nuestro país y que hoy desde la misma institución
se debe hacer un trabajo arduo para cambiar este panorama de cara a la ciudadanía que exige un control
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�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. & Salazar Mata., H.
disciplinario con funcionarios eficaces y eficientes en la gestión y como lo muestra la figura de los actos
de corrupción que mayor mente dificultan las investigaciones tiene que ver con la celebración de
contratos y el tráfico de influencia como ha quedado demostrado. (ver por ejemplo Mejía, Ahumada y
Coavas, 2020). Por su parte en la muestra que corresponde a las procuradurías regionales se encontraron
que los actos de mayor corrupción corresponden a la dirección de procesos contractuales:
Figura 11.
Actos de corrupción que dificultan la investigación su investigación: Procuradurías Regionales.
Fuente: Procuraduría General de la Nación, (2019). Nota: Los siguientes resultados corresponden a la
tabulación y análisis de 5 procuradurías regionales, que contestaron la encuesta de percepción.
Por último, en lo que respecta al análisis de las diez procuradurías del ente provincial, que dieron
respuesta a la encuesta de percepción se observa los siguientes datos:
Figura 12
Actos de corrupción que dificultan la investigación su investigación: Procuradurías provinciales.
Fuente: Procuraduría General de la Nación, (2019) Nota: Los siguientes resultados dan
respuesta luego de tabular y analizar 5 procuradurías en el nivel regionales, resultantes de la encuesta
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.
85
�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. & Salazar Mata., H.
para nivel de percepción. Esto muestra que al igual que las procuradurías regionales las procuradurías
provisionales reflejan que los mayores actos de corrupción que discutan las investigaciones tienen que
ver con los direccionamientos de los procesos contractuales.
Lo que implica un compromiso con la comunidad para el desarrollo efectivo de los fines
esenciales del Estado de Derecho asumiendo los principios de celeridad y eficacia hoy en día en día han
perdido confiabilidad en la ciudadanía requiriendo el desarrollo de una legislación acorde con el
momento histórico que vive el país, pero también el desarrollo de políticas públicas orientadas al
cumplimiento estructural y técnico de la función pública. Pero también requiere de un cambio en las
condiciones sociopolíticas y culturales en la región caribe particularmente en el Atlántico erradicando la
normalización de la corrupción.
Finalmente, fue posible dar respuestas a los interrogantes y objetivos de investigación en cuanto
se realizó un análisis exploratorio sobre la percepción de la sociedad civil frente al control disciplinario,
con los resultados expuestos en apartados anteriores y de los cuales se sintetiza que existe cierta sensación
de que la corrupción y la ineficiencia sus factores que aún deber ser afrontados. De igual forma fue
posible develar los factores de incidencia que ejerce el control disciplinario a través de sus agentes en el
nivel territorial y su relación con la consecución de los fines esenciales del Estado y garantía de la función
pública. Estos factos que se han profundizado aún más debido a la inestabilidad por los cambios
constantes de la normatividad en materia del derecho disciplinario pues se hace evidente que en menos
de un año de estar vigente la ley 1952 de 2019 fue modificada por la ley 2094 de 2021.
Ahora bien, estos resultados sirven de insumos para un abordaje parcial de la función de
disciplinar que realizar el Estado, pero quedan muchos aspectos como las causas preminentes de la
corrupción y de los niveles de eficiencia, así como los impactos de estos fenómenos o también el análisis
del rendimiento en términos operativos y cumplimiento de fines estatales, por lo que es menester
continuar con más investigaciones desde los sectores institucionales y académicos, investigaciones que
deben ser estructuradas la luz no solo de correlaciones empíricas, sino tratar de establecer, relaciones de
causalidad.
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Conflicto Cataluña-España: ACD de fotografías emitidas
el 1-O en Cataluña1
Catalonia – Spain Conflict: ACD of photographs issued on 1-0 in Catalonia
Wisem, Mahi2;
RESUMEN
El presente artículo ha pretendido realizar una guía analítica para el discurso periodístico
sobre el día del referéndum ilegal en Cataluña, el 1 de octubre de 2017 y analizar cuatro
imágenes de dos periódicos nacionales de España. Se aplicó el método de análisis crítico
del discurso del lingüista neerlandés Teun Van Dijk, con el fin de confirmar la hipótesis
que dice que la fotografía en la prensa es representadora de la identidad nacional de un
pueblo, con la técnica de análisis discursivo el tipo de investigación es descriptivo. Se ha
pretendido aquí destacar cuatro fotografías de los diarios El País y eldiario.es capturadas
durante el día de la celebración del referéndum ilegal en Cataluña, el 1-O. Las cuatro
imágenes representativas del propósito planteado anteriormente, pertenecientes a dos
diarios españoles, uno tradicional y otro digital. Se encontró que las imágenes que se han
circulado en los medios acerca del proceso catalán han servido para dar una
contextualización social del evento. Se ha concluido que la fotografía en la prensa puede
reemplazar el texto periodístico y ayuda a la comprensión y asimilación del contenido de
la noticia de ahí se transforma en un discurso apto, representativo de los problemas de la
actualidad.
Palabras claves: Análisis crítico del discurso, cargas policiales, el fotoperiodismo, el
referéndum catalán, identidad nacional.
ABSTRACT
……………………………………
Fecha de recibido: 06/07/2022
Fecha de revisado: 25/07/2022
Fecha de aceptado: 22/11/2022
Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional
This article aimed to produce an analytical guide for the journalistic discourse on the day
of the illegal referendum in Catalonia, on October 1st, 2017, and analyze four images of
two national newspapers in Spain. The method of critical analysis of the speech of the
Dutch linguist Teun Van Dijk was applied, to confirm the hypothesis that the photograph
in the press represents the national identity of a people, with the technique of discursive
analysis the type of research is descriptive. It has been intended here to highlight four
photographs of the newspaper “El País” and “eldiario” captured during the day of the
illegal referendum in Catalonia, the 1-0. The four representative images of the purpose
raised above, belonging to two Spanish newspapers, one traditional and the other digital.
It was founded that the images that have been circulated in the media about the Catalan
process have served to give a social contextualization of the event.
Keywords: Critical analysis of speech, polices charges, photojournalism, the Catalan
referendum, national identity.
Cómo referenciar este artículo:
Mahi., W. (2023). Conflicto Cataluña-España: ACD de fotografías emitidas el 1-O en Cataluña. Revista Política, Globalidad
y Ciudadanía, 9(17), 89-107. https://doi.org/10.29105/pgc9.17-4
Este artículo es producto del proyecto “Conflicto Cataluña-España: ACD de fotografías emitidas el 1-O en Cataluña”.
Doctora en civilización española contemporánea por la Universidad de Abou Bakr Belkaid-Tlemcen. Profesora de la Universidad Tlemcen. Correo: wisem.mahi@univtlemcen.dz ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4952-3457
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1.- INTRODUCCIÓN
El ser humano está expuesto a diario a todo tipo de mensajes, signos, simboles e imágenes en una
sociedad que impone una cierta inclinación ideológica.
Igualmente, la imagen se impone en nuestra vida diaria como herramienta de difusión de los
eventos mundiales, ya que vivimos en un mundo interconectado y globalizado, nos llegan las noticias a
nuestra pantalla y en tiempo real. De modo que, las imágenes pueden ser utilizadas como medio de
propaganda, difusión de ideas conforme a los intereses de las entidades que las fomentan, de ahí se
convierten en herramientas fundamentales del discurso. (Sartori& Sontag 2006, p. 28)
La fotografía tiene un estatus muy importante en el seno de los medios de comunicación de masas,
pues, como foco preferente, atrae al espectador y lo deja enganchado porque aporta algo que lo motiva
(Esquinadura, 1995, p. 17). Junto con el texto informativo pone más énfasis en la materia de transmisión
de un hecho de actualidad. Consiste más bien en capturar lo que realmente se entiende de la realidad y la
verdad de un acontecimiento determinado (Fabregat, 2014, p. 9). Si bien, la fotografía consiste en una
herramienta que ayuda al fotógrafo a experimentar sus inquietudes artísticas (Vills, 2008, pp. 9-10).
John Ingledew (2013) dice que todo el mundo puede tener acceso a la fotografía, por lo que los
fotógrafos la captan y la reproducen conforme con su propio gusto e interés. Es más, una sola imagen es
capaz de contar historias y llegar a interesantes direcciones. Viene respaldada por múltiples aspectos de
comunicación; periodismo, publicidad, internet y revistas, para expresar visiones y experimentar la
esencia de las cosas, evocar e inspirar contando la vida, alimentar la imaginación (Ingledew, 2013).
Por tanto, el nacimiento de la fotografía se remonta al año1829, lo que coincide con la primera
era industrial, la aparición de la máquina a vapor que ha facilitado la comunicación a lugares lejanos y
también con el desarrollo de las ciencias. Por eso, la necesidad de la información iba a ser necesaria y la
prensa aprovechaba los desarrollos de la era industrial. En aquel entonces, se produjo la revolución de
los transportes para amplificar la difusión de los periódicos entre la masa y la mejora de técnicas de
impresión. En 1844, surgió el telégrafo eléctrico por Morse en Estados Unidos para fomentar la difusión
de noticias entre Europa y América, ayudando, más tarde, en el desarrollo de agencias de prensa: se fundó
la agencia Navas en París creada en 1835, monopolizando las noticias en el interior y fuera del país,
luego en 1849 la agencia Wolff en Berlín, Reuter en Londres en 1851 y la Associated press en Nueva
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�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. & Salazar Mata., H.
York con la colaboración de 06 periódicos. Todo ello y más favoreció el surgimiento de la fotografía
(Fabregat, 2014, pp. 10-13).
Igualmente, los antecedentes de la fotografía se remontan al siglo XIX con las fotos de guerra,
las primeras imágenes desarrolladas para revivir tales acontecimientos. Desde luego, en plena guerra de
secesión de EE. UU en 1863, las fotos resultaron ser más directas y realistas debido a que los fotógrafos
eran autónomos en términos económicos y técnicos, con el uso de unas cámaras pequeñas. Sin embargo,
con el paso del tiempo, se empieza a deducir que lo real no es aquello que exhibe la imagen sino la
interpretación del receptor al respecto. Mejor dicho, somos lo que interpretamos, dejamos un impacto en
la imagen, gracias a nuestras propias experiencias y conocimientos previos (Villaseñor, 2018, p. 6).
En España, durante la proclamación de la II República, apareció la prensa ilustrada, con la ayuda
del reporterismo gráfico, de modo que aparecieron las dos revistas Cruz y Raya y Nueva Cultura y otras
como Estampa o Crónica. De hecho, Michel Frizot recalca que la Guerra Civil española promocionaba
el desarrollo del fotoperiodismo (alcalde, 2017, pp. 55-56).
En tiempo de Dictadura en España había resaltado aquella imagen que revienta las virtudes y la
figura del caudillo Franco y su régimen. Pese a la censura impuesta, varios periodistas lograron transmitir
mensajes entre líneas y con doble sentido (Vills, 2008, p. 14-15).
A raíz de esto, se ha optado por hacer un ACD de la fotografía en la prensa, en donde se
evidencia la diferenciación entre “nosotros” y “ellos”, o sea entre dos partes conflictivas.
Basándonos en la perspectiva analítica de Teun Van Dijk en su estudio sobre los textos escritos.
Entonces, a través de este presente se apuesta por la fotografía en la prensa. Por eso, se ha
escogido a solo dos diarios como puntos de referencia. Primero, el diario El país, encabeza el
ranking de los diarios mejor posicionados en España y es de mayor alcance después del diario
Marca. Es un diario de inclinación izquierdista, social demócrata, y por ser moderado cuenta con
una audiencia próxima a los 751.000 lectores que comprende el periodo entre enero y noviembre
de 2021 (Orús, 2022). Y en los años 2018 y 2019 encabeza la lista de los diarios digitales más
leídos en España. Cuando el segundo diario de análisis, el diario.es consiste en el cuarto medio
digital más leído en España según el Informe anual del Reuters Institute de la Universidad de
Oxford. Ya que, en España, a diferencia de otros países, los ciudadanos dan credibilidad a los
medios digitales que en la prensa de papel o las televisiones (Eldiario.es, 2018).
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Las cuatro fotografías que se ha seleccionado responden perfectamente al interés analítico, por
tener más impacto -a ojos de un autor no español- lo que ayuda a saber la repercusión de tales imágenes
a nivel internacional.
Por ello, se pretende realizar los siguientes objetivos:
Conocer el tratamiento mediático de los dos diarios de referencia ante la celebración de un
referéndum considerado ilegal por el Estado español.
Comparar cualitativamente entre los dos diarios con la intención de indagar las similitudes y
divergencias entre las líneas informativas que se ha seguido.
Indagar una posible repercusión mediática que habrá a nivel internacional.
Ver la naturaleza de las imágenes que se ha tenido entre manos, si son entendibles o inescrutables,
que necesitan una explicación más allá de la imagen misma.
Probar que las cuatro muestras objeto de análisis albergan prácticas discriminatorias.
Y para lograr todos estos objetivos se requiere elaborar un cuadro de análisis de contenido y
forma, incluyendo a variables para extraer conclusiones de reflexión cualitativa.
Los estudios que han tenido una orientación aproximativa al análisis planteado; La fotografía en
la prensa: análisis comparativo del tratamiento de las imágenes de los terremotos de Haití (2010) y de
Japón (2011) en la prensa española de Jessica Fernández Vázquez de Universidad de Vigo. Y, El análisis
cualitativo de la foto de prensa Revista Latina de Comunicación Social (2004) de Carlos Abreu,
Laboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social Canarias.
2.-FUNDAMENTO TEÓRICO
El poder en los medios
Por un lado, hablar de la noción del poder requiere hablar del control sobre la mente de las personas y
sus actos, privándole de su libertad de acción. Es el control mental efectuado por el poder moderno por
parte de los grupos que tienen acceso al discurso público y que poseen la hegemonía social y política.
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Cuando los grupos dominados tienen acceso limitado al poder. Por ejemplo, un mecánico, un hombre
con poca ilustración, repara coches en la calle domina la conversación cotidiana de su familia, amigos,
clientes, es decir, en el discurso que puede controlar, puede también tener acceso a la televisión, la radio,
los periódicos, pero en estos no puede participar activamente. En cambio, las élites, profesores, directores
de empresas y otros más tienen acceso a muchos textos diferentes, es más, determinan quién debe hablar,
sobre qué y en qué momento. Se traduce también como acceso privilegiado a recursos sociales
concretizado en el dinero, el estatus, la fama, el conocimiento y la fuerza, e incluso obtener la información
de exclusiva (Van Dijk, 1994, p.6).
Si bien, nuestra mente controla nuestras acciones, capaz de influir en aquellas de los demás, sobre
todo, por los textos y el habla, por eso, el discurso puede controlar las acciones del individuo mediante
la persuasión y la manipulación. Cada uno en su terreno, los maestros controlan el discurso educativo
institucional, los abogados el discurso legal, los periodistas el discurso mediático y los políticos el
discurso de la planificación, un control muy poderoso que influye en otros discursos, por lo que, pueden
decidir sobre los posibles actos de habla de una ocasión concreta; como un profesor puede exigir una
respuesta directa de su estudiante en vez de una historia personal también los editores pueden decidir qué
asuntos noticiables deben tratar y cubrir. Esto significa que mucha gente interpreta el mundo adaptando
la percepción que adoptan las élites o los poderosos, actuándose de acuerdo con los intereses y los deseos
de la clase hegemónica o los dominantes.
Contextualización del Proceso Catalán
Durante el siglo XIX, la identidad nacional española era una fuerza ideológica y política tan activa,
producto de las élites conservadoras, católicas, republicanas y en gran medida, liberales, que fomentaron
el nacionalismo cultual influenciado por el historicismo nacionalista y el romanticismo. En el mismo
sentido, España del siglo XIX era un compendio de regiones mal integradas, ya que, los problemas de
debilidad financiera, fragmentación social y económica, dejaron aparecer otras identidades periféricas
frente a un nacionalismo español en agonía. Es el llamado fenómeno de doble patriotismo al que alude
Josep María Fradera, en donde son compatibles la fidelidad política a un estado, por un lado, y la adhesión
a una patria regional y diferenciada por otro (Vidal-quadras, 2006, pp. 42-54).
Desde luego, la nación homogénea empieza a extinguirse, abriendo paso al llamado fenómeno,
naciones sin Estado. Territorios como Cataluña, País Vasco, Quebec, Escocia, Flandes y otros más han
aparecido como movimientos nacionalistas dentro de unos países democráticos e industrializados. Es
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.
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decir, el nacionalismo ha sido y sigue siendo el origen de los grandes cambios históricos, capaz de causar
el daño como favorecer la libertad. En España, el nacionalismo está ocupando la política española, a raíz
de la violencia etarra en el País Vasco y debido también al peso económico y social de la comunidad
catalana.
El factor mayoritario del despertar de este fenómeno nacionalista periférico, específicamente en
Cataluña y en el País Vasco, proviene de la ola europea de matiz revolucionaria en países como Hungría,
Bosnia y Croacia bajo el Imperio Austrohúngaro, el imperio ruso con Finlandia, Ucrania, las Repúblicas
bálticas, etc. Otro factor también nacional, es el empeño contundente de la intelectualidad catalana en
forjar su identidad mediante el empuje de la lengua y cultura propias. Y también por el descontento de
las colonias americanas españolas en pedir su independencia de España (Vidal-quadras, 2006, p. 43).
Por tanto, el debate acerca el tema del nacionalismo atormentó la vida pública española hace más
de un siglo y la misma Constitución de 1978 no ha podido apaciguarlo_ destacado como proyecto político
desde la promulgación del Texto Constitucional en 1978_. De ahí los nacionalismos catalanes y vascos
han tenido una presentación constante en el seno del Parlamento Europeo. En Cataluña, el partido
encabezado por Jordi Pujol Convergencia i Unió -CiU gobernó unos diecinueve años a partir de la
aprobación del Estatuto de autonomía. Mientras en el País Vasco, fue el Partido Nacionalista Vasco PNV quien dirigió la comunidad vasca con ayuda de los socialistas y los demás partidos nacionalistas
tras la aprobación del Estatuto de Guernica. En cambio, el Bloque Nacionalista Gallego nunca ha podido
gobernar en esta comunidad autónoma (Vidal-quadras, 2006, pp. 49-50).
Desde luego, en Cataluña, hay una polarización de opiniones, una mitad que está a favor de la
independencia y la construcción de un Estado independiente de España y una República catalana, y la
otra mitad no quiere deshacerse de su condición de españoles y lo ve compatible con su propia identidad
catalana, mientras considera que la separación va a costar mucho para Cataluña, ante la imposibilidad de
lograr un reconocimiento internacional, lo que supondría su salida inmediata de la zona del euro (Borrell,
2015, pp. 312-314).
Nada más estallarse la crisis catalana, en otoño del 2017, se ha resucitado el espíritu nacional. Por
temor de una súbita desaparición de la nación española, muchos españoles comprometieron en alzar la
bandera española, mostrándose afines al constitucionalismo y a la unidad de España. En el mismo
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Barcelona, se convocaron dos manifestaciones en la calle, los días 8 y 28 de octubre del mismo año, a
favor del texto constitucional español.
La situación se puso más tensa en plena reunión extraordinaria, y ante el pleno del Parlament se
aprobó la ley del referéndum el 6 de septiembre del mismo año. La tramitación de la ley que pretendía
dar protección legal a la consulta convocada el 1 de octubre, pasadas doce horas por causa de la bronca
entre los miembros ,72 de votos a favor y 11 abstenciones. Al mismo día, se ha firmado un decreto por
el president y los consejeros, para la convocación del referéndum (Borrell, 2015).
También, hay otros factores por los cuales los independentistas quieren la secesión, la
globalización y todo lo que conlleva de la gobernanza internacional y el libre comercio, algo que dejó
claro a las regiones con identidad a optar por la independencia. Pero, el proceso llevado por las
autoridades catalanas desde los años ochenta consistía en manejar la televisión regional (TV3) y el
adoctrinamiento en las escuelas para liderar la construcción de una identidad nacional diferenciada
(Borrell, 2015, p. 12).
Entonces, fue Escocia a su negociación con Londres la precursora en negociar con el centro para
emprender su proceso independentista. Sin olvidar, la política de austeridad de la UE ayudó mucho en
difundir las reivindicaciones y los populismos de rebelión, al imponer más control sobre el gasto público.
Conforme con el socialista Josep Borrel, los independentistas se resbalarán en:
1. Argumentos políticos: Cataluña es una entidad política, tiene soberanía que le permite decidir
su futuro democráticamente, así, una declaración de independencia será reconocida por las
Naciones Unidades y los países democráticos como EE. UU. Pase lo que pase, Cataluña es muy
significativa en la UE, y ésa no se atrevería a exigir su salida, habrá que encontrar una solución
política. No hay otra alternativa que la vía separatista, el Estado con su recurso ante el Estatuto
ha cerrado todas las vías al diálogo, por eso Cataluña nunca podría encajar en España. En cambio,
una Cataluña independiente podrá tener una vida digna igual a los países escandinavos. Además,
su identidad nacional estará a salvo al defenderla del Estado opresor (Borrell, 2015, p. 315).
2. Argumentos económicos: Cataluña está padeciendo el mayor expolio fiscal. La situación tuvo
gran intensidad, cuando la Generalitat presionó al Estado para efectuar una balanza fiscal de su
territorio respecto a la Administración central, lo que es habitual en los países federales. El Estado
se abstuvo de hacerlo desde 2005 para no saber exactamente cuánto aporta Cataluña al Estado.
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.
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Dicen que, si Cataluña fuera independiente gozaría de unos 16 millones de euros adicionales, lo
que igualaría a 8% de su PIB. Con esta cantidad podría evitar los recortes presupuestarios que se
les impone las políticas de austeridad y así la Generalitat deshiciera de una parte de sus deudas.
El principio de cordialidad según el artículo 206.5 del Estatuto de Autonomía consiste en que las
transferencias interterritoriales deben ser limitadas para evitar que los territorios ricos sean pobres. El
caso es que Cataluña al transferir lo que le debe a Hacienda Central y los demás territorios, acabaría
retrocediendo en el ranking. Y para terminar con esta precariedad, habría que adoptar el mismo sistema
foral del País Vasco y Navarra, era el llamado “pacto fiscal” propuesto por Artur Mas y que fue rechazado
por el Gobierno español.
Análisis Crítico del Discurso
En la década de 1970, se fundamenta la Lingüística Crítica dentro el marco de la lingüística anglosajona
con la aportación de Fowler y otros autores (1983) en Lenguaje y Control, y la de Kress y Hodge (1979)
en Language as Ideology, obras que determinan que los recursos formales de la lengua, las selecciones
léxicas y las estructuras sintácticas tienen matices ideológicos a la hora de usar la lengua, incluido el
análisis del discurso para superar las propuestas oracionales predominantes. En el libro de Mak Halliday
An Introduction to Functional Grammar (1994), plantea el plano léxico-gramatical como dimensión de
análisis del discurso y herramienta que vincula el lenguaje con ideologías.
Van Dijk, uno de los máximos pioneros de la teoría del Análisis Crítico del Discurso, cuyos
aportes se ven influenciados por la línea inglesa de Halliday en Inglaterra, la línea sociolingüística, la
línea neo-marxista desde Adorno hasta Habermas de la Escuela de Frankfurt, la línea feminista que
aborda el tema de desigualdades entre hombres y mujeres en el lenguaje y la comunicación, la línea de
Basil Bernstein, muy conocido en Hispanoamérica, en cuya obra Codes and Control (1971) refleja un
análisis sistemático del lenguaje en relación con la noción de control (Armando, 2014, p. 2). Así como
los estudios de análisis de discurso que se realizaron en Francia bajo la influencia de Foucault y Pêcheux,
luego Bourdieu; los de Habermas en Alemania y en el Reino Unido con los Estudios Culturales y el
trabajo de Stuart Hall y otros (Van Dijk, 2004, p. 7). Se efectúan igualmente los estudios críticos de los
discursos de la actualidad que tienen que ver con los abusos del poder, en donde se detectan
desigualdades, racismo y discriminación de los demás (Van Dijk, 1994, pp. 1-2). Trabajos que necesitan
denunciar estas actitudes, tomando una postura crítica a favor de las personas oprimidas. Además, estudia
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�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. & Salazar Mata., H.
cómo el poder se perpetúa gracias a las instituciones y los grupos que permiten tal dominación de
desigualdad e injusticia. En este sentido, se interesa de analizar cómo los discursos de abusos de poder
producen y reproducen por el texto y el habla.
Van Dijk trabajó sobre la psicología y la gramática del texto también, el procesamiento textual, a
fines de 1960 y principios de 1970 se dedicó a la teoría literaria particularmente lo concerniente al
lenguaje literario. Toma una perspectiva más crítica desde 1980, ocupándose más bien del racismo
discursivo, la ideología, el conocimiento, las noticias en la prensa y el contexto. Gracias a su estancia en
países subdesarrollados, Van Dijk se ha motivado a trabajar en problemas de matiz social y político, tal
como el racismo, la forma en que este se reproduzca y se legitime a través el texto y el habla. Por ello,
empieza escribiendo artículos en relación con la prensa, las noticias como discurso, los debates
parlamentarios, los debates de las élites entre tantos (Meersohn, 2005, p. 288).
El ACD no es un mero método de análisis, sino un movimiento, actitud que tiene su punto de
mira los problemas sociales. Mejor dicho, es un posicionamiento y planteamiento para estudiar el texto
y el habla. En ello, cualquier método es aceptable, puede ser la retórica, la gramática, la pragmática o
también de los métodos psicológicos, estudiar la memoria, la comprensión del discurso, la
argumentación, etc.
Por tanto, el discurso es una poderosa arma que se usa para manipular y persuadir la sociedad en
donde se determina quienes son los “malos” y quienes los “buenos”. La relación entre los otros y
“nosotros”, tiende a excluir socialmente los débiles por quienes sienten que son parte de una identidad
superior (Elizalde y Gomes, 2010).
Obviamente, el discurso contemporáneo condicionado por la globalización y las nuevas
tecnologías está cargado de efectos semióticos, es decir, el discurso es conjunto de modos semióticos que
dan a la imagen, el color, la escritura. Así que estos recursos semióticos construyen la realidad social y
permiten desentrañar las irregularidades en los acontecimientos. Por su parte, los medios de
comunicación masivos han inspirado a los estudios críticos para analizar el mensaje e imágenes sexistas,
racistas y estereotipadas a nivel textual y semiótico (Fowler et al, 1979).
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.
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Aplicación metodológica
El ACD se preocupa por delatar las condiciones discursivas en que se practica el abuso del poder por
parte de las élites o las clases dominantes, es más, se interesa por las estrategias discursivas de control
mental y el modo en que se reproducen, expresan y representan (Browne et al, 2011, p. 27).
Así que, se ha optado por el método crítico cualitativo por su capacidad de descifrar lo que parece
implícito y explícito en un discurso periodístico, lo que importa de un mensaje, su contenido y la
intención de su emisión. Conforme con el teórico neerlandés Teun Van Dijk: “Los medios son
actualmente la fuente más influyente de tendencias racistas, prejuicios y racismo.” (Browne et al, 2011,
p. 27)
Ilustración 1.
Diseño metodológico de la muestra de análisis
Fuente: Elaboración propia (2018). Nota: Con base a Browne et al (2011, p. 30).
1. El significado global ataja los temas más relevantes en una noticia, de qué se trata, cómo se
habla, busca los temas abordados de dicha noticia. Van Dijk sugiere dividirlo en tres clases: la
inmigración, la construcción de identidad, el crimen y la violencia. Sencillamente, se estudian los
significados que se presentan en el texto.
Entonces, en el segundo nivel local, se busca saber el significado concreto de las palabras, su
representación de manera positiva o negativa y, también se indaga la posibilidad de prevalecer el
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“nosotros” en detrimento de “ellos”, etc. Se clasifica en dos significados e informaciones: evidentes y
ocultos.
2. Plano formal/texto-contexto: se indaga los aparatos ideológicos formales del discurso en
materia de la construcción de la realidad y la manera en cómo se percibe. Pues, indaga los efectos que
desencadena la noticia en el público, buscar las imágenes mentales, estereotipos, prejuicios.
En el nivel contextual, son las representaciones mentales los objetos de estudio. Se basa más bien
en los antecedentes históricos, políticos, económicos y sociales, es decir, la relación entre la cultura y el
discurso (Sartori et al, 2011, p. 32). Además, se interesa por descubrir de dónde provienen estas
estructuras mentales (Elizalde y Gomes, 2010, p. 6).
Estructuras formales sutiles: en esta categoría investiga las construcciones que se relacionan con
las estructuras mentales negativas (Sartori et al, 2011, p. 30).
Ejemplo de aplicación metodológica
La presente metodología analiza los aspectos más relevantes de la construcción noticiosa, lo cual
permite llegar a conclusiones relacionadas a la forma en la que se trabajan los contenidos periodísticos.
Por tanto, los periodistas usan elementos léxicos positivos, proporcionando muchos detalles sobre las
buenas acciones, valiéndose de metáforas e hipérboles positivas mientras hablando poco minimizando
las malas acciones.
Basándose en las cuatro fotografías de los diarios El País y eldiario.es que se desarrollan el 01 de
octubre de 2017 en plena celebración del referéndum ilegal en Cataluña. Con el objetivo de aplicar la
metodología de ACD en las mismas, llevando a cabo la meta de confirmar lo que podría representar una
fotografía de la prensa de los rasgos identitarios y nacionalistas de una población.
Así que, El País nació en un momento de cambio político el día 4 de mayo de 1976, seis meses
después de la muerte del general Franco, con la intención de llevar adelante un periodismo independiente
con matiz liberal, defensor de la democracia española (Zerbitzua, 2009, pp. 177).
Eldiario.es, diario de prensa digital fundado en 2012 por el mismo director de Publico, Ignacio
Escolar, es de inclinación de izquierdistas.
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.
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Figura 1.
Cargas en el Eixample de Barcelona. Los agentes han utilizado porras y pelotas de goma para abrirse
paso en la salida del colegio electoral Ramón Llull
Fuente: El País (2017).
1. Plano significado/texto
Nivel temático de significado global: en esta fotografía emitida el 01 de octubre de 2017, se muestra la
labor de las cargas policiales contra los votantes, en su esfuerzo para impedir a que se voten en el
referéndum. Una confrontación entre dos partes, una que ataca y otra que resiste.
Nivel de significado local
-Explícito y directo: los votantes están tirados por el suelo, sin confrontación ninguna, cuando los policías
están dando palizas a los primeros para frenar su avance.
-Implícito e indirecto: los votantes con las manos y los brazos extendidos apelándoles fachas, dan a
provocar a los agentes con el símbolo de fascismo, como lo afirma el abogado catalán Ramón de Vecian
Battle en un tuit del 21 octubre de 2017.
2. Plano formal/ texto-contexto
-Estructuras formales sutiles: los manifestantes logran trasmitir una imagen pacífica e invisible, parecen
tranquilos con ningún signo de violencia, mientras los policías se ven como los malvados, a ojos del
mundo serían los violadores de los derechos y las libertades humanas de los votantes.
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-Nivel contextual: el 01 de octubre de 2017, celebración del referéndum ilegal, la gente sale en contra
del impedimento del Gobierno central, reclamando su libertad de votar y decidir su futuro, los policías
al impedir la votación agravaron la situación, provocando más rechazo e indignación.
Figura 2.
Varias personas muestran claveles a los policías que rodean el centro de votación de Sant Juliá de
Ramis.
Fuente: El País (2017).
1. Plano significado/texto
Nivel temático de significado global: en esta fotografía, los manifestantes ofrecen claveles rojos a los
policías en muestra de su deseo de establecer la paz.
Nivel de significado local
-Explícito y directo: los claveles rojos son símbolo de amor y admiración a las personas que queremos,
aquí los manifestantes trasmiten sus deseos de no querer enfrentarse.
-Implícito e indirecto: la imagen tiene dos sentidos, intentar acercarse a los policías con las estrategias
más pacíficas que existen para dejarles votar. La misma imagen muestra el lado humano y pacífico de
los votantes y violento de los policías.
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.
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2. Plano formal/ texto-contexto
-Estructuras formales sutiles: los claveles, símbolo de reconciliación entre las dos partes, no son dirigidas
para ser ofrecidas a los policías sino quieren dar a entender que ellos no pretenden luchar. Con el lema
somos los buenos y vosotros sois los representantes del mal.
-Nivel contextual: los manifestantes de este día, luchando con todo, lograron entender que la mejor
manera de conseguir votar era mostrar a los policías que son gente de paz. En referencia a la revolución
del 25 de abril del 1974 en Portugal que suponía el fin de la dictadura Salazarista y la instalación del
Estado Nuevo y la Democracia.
Figura 3.
Votantes de un colegio electoral de Girona forcejean con agentes antidisturbios de la Policía Nacional
que acudieron a clausurar el centro e incautarse de las urnas.
Fuente: El País (2017)
1. Plano significado/texto
Nivel temático de significado global: la gente está intentando afrontarse a los policías, se ven más
resistentes en contra de los votantes, se trata de su deseo ardiente de refrendar el futuro de Cataluña.
Nivel de significado local
-Explícito y directo: los votantes parecen una mayoría que utiliza sus manos para detener y arrinconar a
los policías, perseveran utilizando sus manos en apelar a los policías fachas.
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-Implícito e indirecto: los manifestantes en este día se empeñan en no mostrarse asustados frente a las
cargas policiales contra sus votos. Extienden sus manos y sus dos brazos, confirmando lo que suelen
tildar los policías de fachas.
-Estructuras formales sutiles: el discurso que sobresale aquí es el deseo de los votantes a la confrontación,
gente que intenta provocar a los policías con simbología.
-Nivel contextual: votantes que apoyan la celebración del referéndum y ve que los agentes del Gobierno
central lo están estropeando todo con su ofensiva.
Figura 4.
Un hombre cae al suelo delante de cargas policiales en el escolán Mediterráneo de la Barcelona
Fuente: El País (2017).
1. Plano significado/texto
Nivel temático de significado global: en esta fotografía, pretenden mostrar al mundo que los votantes
están viviendo sus peores días, aquí tenemos a un hombre tirado en el suelo sin que nadie lo presta la
menor atención.
Nivel de significado local
-Explícito y directo: un hombre está llorando su dolor que no encuentra a nadie que sujeta su mano.
-Implícito e indirecto: podría ser el mensaje aquí, que para quien intenta afrontarse los agentes del
Gobierno central de debería asumir las consecuencias de sus actos. En el mismo contexto, está mostrando
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.
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el lado menos humanitario de los cuerpos de policía, cuando alguien está sufriendo y no lo hacen caso
sino siguen con su labor que es cumplir la ley.
-Estructuras formales sutiles: hay un montón de cuerpos de policía en contra de un hombre que ha optado
por la vía ilegal del referéndum, él no podrá enfrentarse solo. Pues la gente que apoya el independentismo
es minoritaria.
- Nivel contextual: el hombre se encuentra en un estado patético solo en el suelo, la policía lo está dando
de espalda, llora su dolor solo.
3.- MÉTODO Y RESULTADOS
Esta investigación es de carácter hermenéutico y su enfoque es cualitativo. Basándose en la metodología
de investigación aplicada que se divide en 4 niveles y en torno a dos planos, se ha inspirado en la
dicotomía de ACD de su pionero Van Dijk, con su empeño de denunciar las diferentes prácticas de abuso
de poder. En este caso, se trata de ver el impacto que produce las imágenes objeto de análisis en la
audiencia.
Así que, las cuatro fotografías de los dos diarios que han sido analizadas, tienen un mensaje
común, mostrar el lado inhumano de la policía, cuerpos que enfrentan a la gente con violencia, ésta que
planta cara dura para no mostrarse miedosa, se resiste ante los ataques de la otra parte. Con el apoyo de
sus manos, se enfrentan a los agentes, imitando los símbolos fascistas para provocarles. De hecho, los
dos diarios se ponen de acuerdo en que los ciudadanos que quieren votar son gente pacífica, nacionalista,
inocente que se empeña para conseguir su derecho de votar su futuro de construir una República
independiente catalana. La carga emocional de estas imágenes contribuyó en moldear una imagen
violenta de los cuerpos de policía golpeando a inocentes. Lo que refuerza el concepto del único pueblo
planteado en el relato separatista. Por eso, se enfatiza más el sufrimiento de la ciudadana por la dureza
del Gobierno central. Se trata más bien de apelar a la parte emocional de los electores, mostrando que el
villano es España y el bienhechor son los separatistas catalanes.
4.-CONCLUSIONES
Los medios de comunicación son capaces de liderar la opinión pública y articular la realidad política,
como herramienta en manos de las clases dominantes, pueden contar unos imaginarios individuales y
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colectivos, reflejan la realidad, influyen en ella y la condicionan. Por ser unidireccional, el mensaje
periodístico hace a veces que los espectadores interpreten el mensaje a su manera. Dice Dolores Comas
D’Argemir que las personas a la hora de consumir una información ya tienen conocimientos previos,
unos valores y puntos de vista, es decir, una concepción previa de la realidad en su mente, fruto de
experiencias pasadas (D'Argemir, 2008, p. 16).
Y para controlar la esfera pública, los medios constituyen lo que llama Sampedro “las identidades
mediáticas” (Sampedro Blanco, 2004, p. 10); son identidades públicas que van formándose a medida de
la intersección con los demás. Igualmente, lo que no aparece en los medios permanece enmudecido para
no decir marginalizado. Es más, los medios son capaces de dar voz a las identidades minoritarias
otorgándolas un espacio idílico para expresarse, intersecarse y ser trasmitidas. Dice Luis Gasset los
medios contribuyen a delimitar y encerrar a una nación de su comunidad vital, a la hora de excluir las
personas que son diferentes por el mero hecho de no compartir las mismas ideologías. El caso catalán,
con tan solo un 50 % a favor de la independencia se ha proclamado la República catalana. Por tanto, los
grupos hegemónicos con un discurso identitario incitan a los grupos dominados a adjuntarse con sus filas,
de lo contrario estos grupos perjudicados optarían por aislarse en su núcleo, es lo que llama la socióloga
alemana Elisabeth Noelle Neumann (1995) la espiral del silencio: consiste en indagar cómo los medios
influyen en la opinión pública y en su propia voluntad.
Desde luego, el nacionalismo es la relación que establece entre la unidad nacional y la política,
ser nacionalista significa sentir irritación por ver su derecho nacionalista violado y satisfacción al verlo
cumplido. Se siente tan apegado a la nación, de modo que es prohibido saltar los límites étnicos (Gellner,
2008, p. 43). En el mismo sentido, en una fotografía podría transmitir la identidad nacional de un pueblo
determinado, las fotografías capturadas y publicadas en periódicos a propósito de la celebración del
referéndum ilegal en Cataluña que tuvo lugar el 01 de octubre de 2017, son muestras de difusión de este
tipo de prácticas que puede reflejar la fotografía en la prensa. En contraparte, la prensa pretendía
continuadamente proyectar luz sobre un problema que tiene un grupo de la población, pero en la misma
información no solían aparecer rasgos que hablan de las necesidades materiales y sus derechos legales
frente a los demás grupos (Gellner, 2008, p. 66). Como alternativa, hay que ajustar la noticia y el
contenido informativo a la realidad conforme con los intereses esenciales del ser humano y su capacidad
intelectual. Se trata más bien de proporcionar un tipo de verdad necesaria y contextualizada y adaptar el
lenguaje y los modos discursivos a las necesidades del espectador (Alcalde, 2017, p. 59).
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.
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En el mismo contexto, las fotografías han acertado en transmitir una imagen nacionalista que el
propio texto no ha logrado mostrar. Aquí, se desarrollan dos tipos de nacionalismo, uno español
constitucional y otro catalán en su versión más radical y separatista, el primero considera el segundo
como amenaza para unidad de España y el segundo lo considera un nacionalismo heredero del
franquismo. El País, un diario moderado, progresista, está tomando la cuestión catalana con cierta
moderación, mientras eldiario.es se ha conocido por trasmitir una imagen veraz de la verdad y de los
acontecimientos producidos en aquel entonces. Pero, conforme a las fotografías de cada diario, los dos
están tomando partido de la ciudadanía.
Por consiguiente, los resultados de esta investigación serán un punto de partida que convendría
complementar con futuros estudios y contribuciones relacionados de la misma temática, tan escasamente
explorada en ciencias de información. Con lo que, se contempla su chequeo y mejora gradual, con base
precisamente en su aplicación empírica. Por ejemplo, sería interesante indagar publicaciones de las
fotografías que publican en prensa y medios digitales, y su circulación en redes sociales (Facebook,
Twitter, Instagram…) para comprobar si se siguen los mismos criterios de selección y jerarquización de
contenidos y también el grado de impacto que podrían generar en la ciudadanía. Entonces, podrían
complementarse y enriquecerse por otros procedimientos metodológicos, bien de tipo cuantitativo o
cualitativo, tales como entrevistas, encuestas.
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�Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448
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Exploring the feasibility of Unemployment Insurance in
Nuevo León1
Explorando la factibilidad del Seguro de Desempleo en Nuevo León
Tuur, Ghys2; Pieter, Cools3;
RESUMEN
This paper explores the feasibility of unemployment insurance in Nuevo
León, Mexico. It starts by exploring the policy context, in which we pay
special attention to societal challenges such as robotization that can
revitalize the debate on a social policy that was historically absent from
the Mexican welfare state. The paper proposes a model of unemployment
insurance adapted to this context, drawing on insights from a literature
study, a public opinion survey and a cost calculation. The innovative
feature of this model is adaptability, where key variables change along
with the situation on the labor market.
Palabras claves: Robotization, social policy, unemployment insurance,
unemployment.
ABSTRACT
……………………………………
Fecha de recibido: 09/07/2022
Fecha de revisado: 24/07/2022
Fecha de aceptado: 21/11/2022
Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional
Este artículo explora la factibilidad del seguro de desempleo en Nuevo
León, México. Comienza explorando el contexto político, en el que
prestamos especial atención a desafíos sociales como la robotización que
puede revitalizar el debate sobre una política social históricamente
ausente del estado de bienestar mexicano. El documento propone un
modelo de seguro de desempleo adaptado a este contexto, basándose en
conocimientos de un estudio de literatura, una encuesta de opinión
pública y un cálculo de costos. La característica innovadora de este
modelo es la adaptabilidad, donde las variables clave cambian junto con
la situación en el mercado laboral.
Keywords: Desempleo, política social, robotización, seguro de
desempleo.
Cómo referenciar este artículo:
Ghys, T. & Cools., P. (2023). Exploring the feasibility of Unemployment Insurance in Nuevo León. Revista Política,
Globalidad y Ciudadanía, 9(17), 108-127. https://doi.org/10.29105/pgc9.17-5
1
The results presented in this document are part of the research project S.O.S Robots, of network Nuevo León 4.0
Doctor en Sociología por Universiteit Antwerpen, Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, México. Email: tuur.ghys@uanl.edu.mx Orcid: 0000-0003-4582-5578
3
Doctor en Sociología por Universiteit Antwerpen, profesor invitado en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, Universiteit Antwerpen, Bélgica.
Email: pieter.cools@uantwerpen.be .Orcid: 0000-0002-8037-3645.
2
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1. - INTRODUCCIÓN
This paper discusses the feasibility of introducing unemployment insurance in the Mexican state of
Nuevo León in the context of new societal challenges such as robotization. While Mexico is one of the
countries with higher GDP in Latin America, historically it did not follow the pattern of implementing
unemployment insurance like other countries did when they could afford to do so (Velásquez, 2016, p.
97). Mexico did not implement an unemployment insurance (from here also referred to as UI) during the
rise of the welfare state in the 20th century, nor during the ‘pink wave’ (which bypassed Mexico) of
socialist reform in early 21st century. This is consistent with a broader trend of Mexico underspending
on social policy relative to its needs (Cecchissi, Filgueira, Robles, 2014; Valencia, Foust, Tetreault, 2012;
Economic Commission for Latin America and the Caribbean - ECLAC, 2019). Although the political
debate is still ongoing, UI is not included in the first wave of social policies (universal pensions, youth
employment programs, etc. of the so called ‘Fourth Transformation’ that started in 2018.
Given Mexico missed the boat on organized solidarity with the unemployed before, this paper
aims to explore the feasibility of such policies in the context of new emerging societal risks. While the
global pandemic spurred debates on income compensation around the world, our focus will be on the
challenge of robotization. This new wave in industrial development is conceptually different in so far
that unlike mere tools, robots replace specific human capacities (talking, analyzing…) with a certain
degree of autonomy. The potential broad impact of these developments threatens a rise in structural
unemployment, even in regions with traditionally low unemployment, such as Nuevo León. This paper
uses a mixture of theoretical and empirical insights to develop a model of UI that can adapt to such
unpredictable economic scenarios.
In what follows we will first further explain the design and method of this study. Next, in our
theoretical part we will discuss both robotization and unemployment insurance in more detail. This is
followed by the results of a street survey. The exposed insights will be used to construct an innovative
conceptual model of UI, which at the end will be subjected to a brief cost-analysis before drawing
conclusions on the feasibility of implementing this model.
2. - THEORICAL FRAMEWORK
The challenge of robots and other societal disruptions
The 21st century brings a new social challenge to Mexico: the threat of sustained replacement of human
labor by robots and artificial intelligence, amplified by a global pandemic. The process that we call
‘robotization’(often also called automatization) refers to the current development and implementation of
advanced robotics and artificial intelligence in all aspects of our economy (Johannessen, 2018). This
development is sometimes referred to as the ‘fourth industrial revolution’, implying that robotics and
A.I. will cause a similar disruption as the steam engine, electricity and computers did. We consider
robotization to conceptually consist of technologies aimed at a) replacing specific human functions (such
109 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/
�Ghys, T. & Cools., P.
as speech, navigation, analysis, etc.); b) doing so with a degree of independence (see Ghys et al. 2021).
A qualitative difference with earlier advancements in machines is that these are often not ‘tools’ used by
humans to perform tasks but replace the human herself: the self-driving taxi doesn’t have a second driver.
Various authors have warned of the societal and economic impact of robotization, especially
when related to the labor market (Rifkin, 1995; Brynolfsson and McAfee’s, 2014; Johannessen, 2018;
Oppenheimer, 2018). A much-debated subject is the extend of this problem, in which commentators are
divided between more optimistic and pessimistic views. A common method of estimating is based on
estimations of experts on the possibility of automating occupations and the presence of capacities that
robots cannot do. Frey and Osborne (2013) were amongst the first to make such a meta-estimation and
wrote that 47% of jobs in the U.S. could be lost to automation. Arntz et al. (2016) gave a more
conservative estimate of 9% job loss in the U.S., using variations within jobs and conservative
estimations of what robots could do. One of the most comprehensive studies is that of Nedelkoska and
Quitini (2018), which both covers 32 OECD countries (but not Mexico) and it takes into account
evolutions in machine learning. They estimate that globally roughly 14% of jobs are at high risk (<70%)
of being automated, while 32% have a risk higher than 50 percent. Formulated differently, the median
job has 48% chance of being automatized (Nedelkoska, Quintini, 2018 p. 48). While this does hit lowskill manufacturing jobs hard, robotization also affects the service sector, and few professions are
immune to it (Nedelkoska, Quintini, 2018). While the risk might be uneven, it is thus more even than
with other industrial revolutions (Standing, 2017, pp. 105-106).
There are no calculations for Mexico, but the Mexican economy shares various risk factors such
a being historical manufacturing industries (Nedelkoska, Quintini, 2018) or having less educational
attainment (Compare OECD, 2022) with high-risk countries. A survey by Boston Consulting Group
(Küpper et al, 2019) indicates that 87% of Mexican companies plan to adopt advanced robotics in the
next three years. They found that despite expected growth in productivity, 51% of companies expect an
absolute reduction in their number of workers in the next five years because of this.
Even if one would reason that the impact of robotization would be like that of previous disruptions
(see Autor, 2015), guiding this process towards a non-catastrophic outcome still requires active policy
interventions. Ghys et al. (2021) sketch a spectrum of policy responses to robotization in the Mexican
context, distinguishing between preventive, mediating and compensating responses. The first group is
aimed at avoiding the replacement of humans by machines, such as halting investment in robots or taxing
them, to promoting labor intense sectors. The second mediates the effects of automation, by preventing
the loss of jobs to lead to long term unemployment. This includes re-education, as well as work time
reduction, the promotion of cooperatives or de-populating the labor market by lowering pension ages.
The final group of solutions focuses on compensating people for the loss of income, such as universal
basic income and bolstering UI. Notice that UI is thus an incomplete solution aimed at compensating the
consequences of such societal dislocations, and by itself does not cure them.
110 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/
�Ghys, T. & Cools., P.
Before turning to this specific policy, we want to briefly discuss the relation to the current
Covid19 pandemic. One direct relation is that early evidence in other countries suggests that the
pandemic itself increased the rate of automated job replacement in the economy (Leduc, Liu, 2020; Sedik,
Yoo, 2021), enhancing the dynamics described above. Furthermore, pandemics pose a similarly
unpredictable and non-cyclical challenge to the labor market unlike the ones typically faced by late 20th
welfare states. In that sense, just like robotization the current health crisis poses a new context to re-open
debates on social protection, potentially adding to the momentum for introducing UI in previously hostile
contexts. Early evidence from the U.S. indicates that the pandemic bolstered support for safety-net
programs such as unemployment insurance (Rees-Jones et al, 2020). Hence, we argue that the current
developments in terms of robotization and the pandemic strengthen both the need and public support for
developing a model of UI in Mexico.
Unemployment Insurance in Mexico: the missing leg of the welfare state?
Unemployment insurance generally refers to programs that pays individuals a monthly amount in the
months after losing their (formal) work. The extend, duration, access criteria and funding methods for
this program can vary strongly between countries. In most cases, these workers have previously
contributed to the fund that pays them. Additionally, individuals are typically required to cooperate in
job searching or participate in any vocational program the government offers them. This public policy is
part of the social insurance pillar of the welfare state (Garland, 2014), in which people build up an
insurance against misfortune through work. Social insurance should not be confused with social
assistance, which is aimed at helping people based on their current needs (rather than risks) without
contribution criteria.
Besides being a human right, UI programs are popular worldwide because they fulfill three
functions: 1) to cushion the impact of job loss on the incomes of working families; preventing poverty
or downwards social mobility; 2) to act as a macroeconomic stabilizer of household demand during crisis;
3) Improving labor markets by giving the unemployed opportunities to match their skills and employment
(see Vodopivec, 2013; Van Breugel, 2016; Velásquez, 2016; Abramo, Cecchini, Morales, 2019). UI also
hands governments a tool to promote formal work with both a ‘carrot’ (inclusion in the insurance) and a
‘stick’ (the risk of being kicked off).
A common misconception about UI, is that this would only work in richer Northern countries,
which ignores that social protection programs were adopted in many developing countries (Vodopivec,
2013). Latin America has seen a significant increase in welfare policies over the past decades (Cecchissi,
Filgueira, Robles, 2014; Abramo, Cecchini, Morales, 2019). This expansion of social policy which in
most countries happened in the early 20th century was overall successful in reducing poverty. More
recent data by ECLAC (2019) confirms that Mexico has been unsuccessful in reducing poverty and
inequality largely because they spend less on social programs. Unemployment insurance can be found in
amongst others Argentina, Brazil, Chile, Uruguay and Equador (Velásquez, 2016, p. 87). While the
policy is feasible in comparable or even economically weaker countries than Mexico, one of the
Exploring the feasibility of Unemployment Insurance in Nuevo León.
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�Ghys, T. & Cools., P.
challenges of the Latin context are the high rates of informal labor. Given many people don’t have access
to social security in general, they are also excluded from this insurance, limiting it’s potential to reduce
inequalities.
If we zoom in to the Mexican level, we see that unemployment insurance does not exist as a
national policy. The closest policy is severance pay, where workers can argue for a one-off payment
when they get fired. If we stretch the concept of UI to the limit, there also exists a provision to once every
five years convert social security savings into a single month’s payment in case of unemployment longer
than 46 days (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 2021). UI in a recognizable form
does exist on a state level in Mexico City. The ‘Seguro de Desempleo’ started in 2007, only covering
people who involuntarily lost their job in the formal sector. It has since expanded to include different
other groups and risks such losing your livelihood due to natural disasters and the Covid19 pandemic. It
is open to people between 18 and 67 who have worked 8 months in the formal sector, and in 2021 would
pay people 2,724 peso per month for six months every two years (Gobierno de la Ciudad de Mexico,
2021). Note that this variant is funded through the general budget instead of social security contributions
(hence it is technically not an insurance model).
The absence of unemployment insurance on a federal level does not mean it was never attempted
or discussed. The Peña Nieto government proposed it as part of a set of social reforms in 2013, responding
to pressure from international organizations and to the increased vulnerability of low pay workers after
legal changes made short term contracts more flexible (Velásquez, 2016, p. 105). The initiative never
passed the senate for political reasons, but the design also showed certain flaws (see Bensusán, 2014).
One of them is coverage, since the eligibility requirements were extremely strict: one had to first have
paid for 24 months, and one could only use this one every five years after a 45-day waiting period.
Additionally, it did not include funding for employment and training promotion. Finally, the program
was financed through the housing and pension fund that workers contributed to - essentially a reshuffling
of social rights rather than redistribution. The above factors, combined with the low benefits paid, made
the design a misfit for the objective of protecting workers (Velásquez, 2016, p. 106).
Recently, the issue became politicized again, interestingly by both representatives of opposition
and majority parties. At the time of writing the concept is discussed in the labor commission of the senate.
Note that while this policy concept is seen as feasibly by key legislators in the majority, it is not part of
the official government program, making its future unpredictable. In Nuevo León the policy has not been
proposed nor enacted by officials.
3. - METHODOLOGY, SAMPLE PERIOD AND DATA USED
The objective of this study is both do discuss the importance and feasibility of introducing unemployment
insurance to Nuevo León, and to present a model for doing so. In most countries UI is implemented on
a national scale (due to better risk and resource pooling), thus our state-delineation requires justification.
While this social policy indeed works better on a federal scale, now of writing the only precedent in
112 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/
�Ghys, T. & Cools., P.
Mexico is its implementation on a state level in Mexico City. Nuevo León offers an interesting case,
since it is an industrialized region with below average levels of informal labor and poverty (making it
more feasible to implement).
Methodologically, the argument in this paper draws on three types of information: a literature
study, a survey of citizens of Nuevo León, and a simplified cost analysis.
The literature study is aimed at laying the theoretical groundwork and focusses on a) the
implementation of unemployment insurance in a Latin context; b) the impact of automatization (and to
a lesser extent the pandemic) on unemployment and relevant policy responses. Besides providing
theoretical and conceptual background, the objective of this study was to better understand how UI would
be feasible and which design choices should be made to adapt such a model to the needs, possibilities,
and particularities of this specific policy context.
Empirical data was collected in a street survey with 366 citizens regarding their views on
unemployment insurance and robotization. As we will detail later, we consider public opinion a key
variable in the feasibility of social policy and use this data in the development of our model. The survey
was collected during fall and winter of 2019, the last semester before the Covid19 pandemic. While the
age of the data has some limitations due to the changed policy context since the pandemic, it is unclear
whether this has a profound impact on the public opinion on UI.
The surveys were conducted in Monterrey, reaching a public of urban residents and visitors. The
bulk of the surveys were performed on the central square of Macroplaza: a large public square with street
vendors and parks that borders on both a nightlife district, popular shopping streets, museums, and the
local congress. In addition, a small number of surveys were performed near other common spaces such
as Fundidora Park. Our survey did not include questions on the socio-economic status of respondents,
but we explicitly chose locations that would give us the best opportunity of encountering all socioeconomic classes and represent the general electorate. The surveys were collected by a team of both male
and female interviewers. The survey consisted of fourteen questions (in Spanish), included both closed
and open questions. The collected data was cleaned and analyzed via SPSS statistics. For questions that
all 366 surveys were valid, this gave us a confidence interval of 5.12% at a 95% confidence level.
After discussing the literature and the findings of our survey, we will present a brief cost analysis
of the proposed model for Nuevo León. This discussing will be limited to the payment of benefits itself
for a stable population over a one-year period. Besides informing discussions on the feasibility, this helps
to demonstrate the functioning of the model. The exact calculation and uncertainties will be detailed
later. It is important to note ahead that the need for protection against unemployment is inherently
unpredictable (with unemployment rate, take-up rate and duration as an uncontrollable variables) and
that many of the variables could only be roughly estimated without national precedents. However,
keeping Bardach’s (2001) advise in mind that while one can always find reasons not to engage in
projections because it will always be incomplete, we should do it regardless to contribute to the debate
implementing UI in Nuevo León.
Exploring the feasibility of Unemployment Insurance in Nuevo León.
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�Ghys, T. & Cools., P.
4. - RESULTS
Criteria for a feasible operationalization
How to implement such a policy in the specific Northern Mexican context of Nuevo León? Considering
the insights from our literature study and the discussion above, we propose three general criteria to guide
the policy analysis and design, which we will later use to develop our model: effectiveness, societal
support and adaptability.
Effectiveness
Our first criterion is that UI must be effective in compensating for unemployment. In the past many
Mexican social policies and policy proposals related to unemployment have fallen short of protecting
people from poverty, either because the compensated too little, were extremely limited in duration or
only covered a fraction of the population (Valencia et al., 2012).
Since UI replaces and not supplements employment, the UI should be conceived as sufficient by
itself, as one cannot both claim to be unemployed and generate income from work (Cecchissi, Filgueira,
Robles, 2014). A glance at the CONEVAL income poverty line helps to envision this more clearly.
CONEVAL offers two lines: one for normal poverty and one for extreme poverty. They are both tied to
the cost of a basic of goods, with one being the absolute minimum and the other including other goods
and services required for dignified societal participation. In November 2021, the extreme poverty line
stood at $1.447 pesos per month (all numbers in this section are expressed in pesos) for the countryside,
and $1.879 in cities, while relative poverty meant having less than $2.761 per month in rural areas and
$3.898 in urban ones (CONEVAL, 2021). UI should thus at a minimum be above the urban extreme
poverty line to be effective given Nuevo León’s predominantly urban population.
Additionally, effectiveness also means that the insurance should cover a sufficiently large number
of people to have a macro-economic impact and cannot be limited to for example only state workers or
people replaced by robots. UI typically only covers people with formal employment (who pay taxes),
which excludes over half the workforce in Mexico (55.6% in October 2021 according to INEGI, 2021),
however Nuevo León normally has the lowest rate of informality. While informality is an important
caveat when considering the feasibility of this policy in relation to other alternatives, including the entire
population would fundamentally change the character of the policy (and its cost) and will thus not be
considered here.
Relation to popular support and opinion
It is hard to separate the feasibility of a social policy from the popular support it can sustain. This is
especially true for policies that are built on solidarity: “Sustaining generous welfare states over long
timescales requires the support of electorates” (Horton & Gregory, 2010, p. 270). This doesn’t not mean
that both policies and policy makers cannot challenge or shape popular attitudes but taking them into
114 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/
�Ghys, T. & Cools., P.
account can be an asset in policy design. For this reason, we have included a survey of citizen attitudes
towards both UI and its main variables in our research.
Unemployment insurance is sensitive to popular opinion for two reasons: stigma against
unemployment and the need for reciprocity. Poor and unemployed people face stigmas and are often seen
as undeserving of help, which can hinder poverty reduction (Royce, 2018; Gans, 1995). For UI the stigma
of laziness is relevant, given we are dealing with people who are not working: “In designing and
implementing inclusive social and labour policies, one key element is the deconstruction of the idea that
laziness is the main cause of poverty” (Abramo, Cecchini, Morales, 2019, p. 28). While sociology has a
long history of debunking such stigma’s, this has implications for how generous the design can be if it
wants to be politically feasible.
The solidarity that social insurance schemes require is also related to the concept of reciprocity,
implying that those receiving benefits should contribute or cooperate in some way (Horton and Gregory,
2010, p. 272). This includes making some form of financial contribution to the insurance fund or the
state, which even in low amounts helps workers to claim ownership of the program and their rights within
it. For this reason, coverage for the informal contributions is difficult to image, unless (informal) workers
would be allowed to voluntarily sign up for this. Another form of reciprocity relates to things people
should do while receiving benefits, which at a minimum would include making efforts to ‘get off’ the
program and reintegrate into the labor market. But we could interpret this demonstration of good will
and merit in a broader sense and include for example engaging in (re)training activities, care for others
or volunteer work.
A last important factor that influences support are considerations of fairness and self-interest. The
latter implies that social policies with a broad coverage create more people with an interest in maintaining
them and reduces the risk of stigmatization. As mentioned earlier, one ‘advantage’ of re-approaching the
discussion on UI in the context of robotization and pandemics, is that both policies threaten broad layers
of society and thus could generate more solidarity.
Adaptability to an uncertain future
Earlier we already demonstrated that the context of new societal challenges can influence the feasibility
of different policy designs. A distinctive characteristic of large societal challenges like robotization or
pandemics is their unpredictability. UI is intended to provide social security in the context of both
‘normal’ structural unemployment and cyclical downturns of the labor market. It also provides for
macroeconomic stability in the case of crisis. With automatization, we have a process that a) is hard to
estimate in terms of outcomes, b) might have either permanent or at least mid/long-term consequences
in terms of employability. As we saw, new globalized risks like virus outbreaks are similar in this regard
and can reinforce the automation dynamic.
The total amount of job loss from robotization is hard to estimate, and the question remains how
much the loss of roughly half the current jobs translates into actual unemployment. Besides the possibility
Exploring the feasibility of Unemployment Insurance in Nuevo León.
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�Ghys, T. & Cools., P.
of new jobs or other economic changes, that largely depends on which other policy measures are taken
to contain or mediate the consequences. Yet as robotization causes people’s skill sets to become obsolete,
we might face a more permanent type of replacement. Even if one is optimistic, at least on the short to
mid-term a persisting problem of unemployment can develop.
This scenario in which there is little prospect of jobs questions the design of UI in various ways:
First, in terms of financial sustainability, as we need to consider the possibility of a linear (not cyclical)
expansion of the number of beneficiaries. Second, in terms of effectiveness, since for example a sixmonth coverage is a limited compensation in a context with structural high unemployment. Third, in
terms of reciprocity, it makes little sense to require people to look work that doesn’t exist, other types of
merit must be included (study, care, etc.).
Introducing unemployment insurance in a 21st century context of robotization and similar
challenges would thus ideally ask for an UI that works in various degrees of escalation, including a long
term ‘doom’ scenario. At the same time, the policy must be introduced in today’s economy, considering
the previous two criteria. We will forward a model aimed to meet these criteria, after considering the
data from out survey.
Survey of public opinion
In this part we present the results of a street survey of 366 citizens of Nuevo León during fall and winter
2019. Bear in mind that this was the last semester before the Covid19 pandemic, and for example price
inflation must be considered when interpreting these results.
The first part of the survey was concerned with the context of robotization. The survey opened
(before reflecting on this issue during other questions) with the question if people are worried that robots
and artificial intelligence will cause an increase in unemployment. A small majority of 58.7% responded
affirmative to this question (N366), indicating this is a concern of a sizable part of the electorate. Next,
we asked if they considered that a robot could do their job, either fully or partially. Of the 366
respondents, 13.9% answered completely, 55,2% partially and 30.9% deemed their job to be
irreplaceable. We can thus conclude that sizable majority acknowledges that replacement is possible for
them, although not everyone sees this as an immediate danger.
Moving to the question of responsibility, we asked citizens who they considered most responsible
for preventing poverty if robotization does lead to increases in unemployment. People hold companies
as the prime responsible (47,9%), followed by the government (38,8%) and in last instance individuals
(13,7%). Conversely, almost seventy percent (69,1%) of respondents think that individuals carry the least
responsibility, followed by 16.9% absolving the government and 13.9% companies. This stands in
contrast to the common conservative imaginaries of Nuevo León citizens surrounding poverty, where
individuals are often blamed (see Inzunza, 2018).
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The survey next moved to the central topic of unemployment insurance itself. Respondents were
asked if when individuals lost their work due to robotization, they should receive temporal replacement
income. Support for such measures turns out to be broad, as 86,9% answered positive to this question
(N366).
Interestingly, an even larger part agreed when asked at the end of the survey if this should also
be given to people who lost their job due to other causes than robotization - in other words: general UI.
Out of our sample of N366, 91,5% of respondents thought that all workers should be protected, while
only 8.5% objected. The fact that the number is slightly higher than those who initially agreed to
compensation for robotization might be explained by the fact that this question came at the end of the
survey. Even if the difference is less than our margin of error (5.12%), some individuals could have
changed their mind after better understanding what UI was.
Next, we will discuss questions pertaining to the policy design. First is the question on if a
temporal support existed, how much money would be sufficient for them. Notice that the question is
framed in a personal sense, to avoid stereotypes about other groups and stimulate actual estimates of
what citizens think is sufficient. All answers were converted during data cleaning to a month amount
(assuming four weeks and 30 days per month). Given this was an open question, the number of valid
responses was N319. The survey showed a wide range of responses, from 1.200 to 150.000 Mexican
pesos per month (an earnest response). The mean response was 9506 pesos, while the median was 7000
pesos. The most frequent answer was 5000 pesos, with 17,2% of respondents giving this estimation.
Other relevant (but not computable) answers included people who answered their current wage or a
certain percentage of it.
To contextualize this data, we will compare it to some income lines at the time, which since have
all risen due to inflation or policy change. We observe that people indicated amounts that are both much
higher than the federal (urban) poverty line, minimum wage, or most federal cash transfers. The universal
minimum pension was 1275 pesos in 2019 (it has risen annually since then), while 99,7% of respondents
named a higher amount. To elaborate, 98,7% of respondents wanted an amount higher than the urban
extreme poverty line (1561 peso in September 2019, see CONEVAL 2021), while 88,7% expected more
than the urban income poverty line (3091 pesos in September 2019). This validates our feasibility criteria
of sufficiency, although this can partly be explained by the higher income in Nuevo León. The
expectation is in line with a role for UI to provide social security (keeping one in position), rather than
absolute poverty alleviation.
Our survey also asked respondents how many months they think one should be able to receive
this support. A total of N349 answers were processed, with 17 people either not answering or not
answering with a concrete number of months. Of those 17, we must note that 12 answered some variant
of an indefinite term or ‘until they find a job’, which would increase the average. Of the remaining N349,
the average amount of months was 6.97, while the median was 4 months. This difference comes from
some outliners on the high-end, including one person who pleaded for 20 years. The most frequent answer
Exploring the feasibility of Unemployment Insurance in Nuevo León.
117
�Ghys, T. & Cools., P.
was 3 months (28,1%), closely followed by 6 months (24,6%) and 12 months (14.9%). This outcome is
like the range of six months used in Mexico City.
Finally, we polled respondents about reciprocity and adaptability. For the first, we asked if people
using this program should be conditioned to undertake any type of activity while receiving money. Of
the N366 responses, 83,1% prefers that people are required to do activity while receiving benefits, while
16,9% don’t think this is necessary. This validates our earlier estimation that citizens do care about
including some form of reciprocity.
Lastly, we asked if a compensation system was in place, should that system increase the support
if the problem worsens. The question does not specify if this refers to the benefits, duration (it was asked
after introducing both) and whole new components, as it is a probe for the general principle of an adaptive
design. Breaking it down into more specific questions would have complicated the survey with
technicalities. Of the N366 responses, 69,4% of respondents indicated that more should be done if the
problem worsens, while 30,6% answered no.
The survey of Nuevo León citizens proved to be a valuable addition to our analysis. Even if the
topic of robots is not politicized in Nuevo León, most respondents show concern and feel vulnerable to
replacement. Additionally, they tend to not individualize this problem, but look for larger actors such as
companies and governments for compensation. The most important finding is that there is widespread
support amongst voters for compensation systems such as UI, as well as for expanding such efforts if the
problem worsens. The responses confirm the concerns forwarded earlier in our analysis regarding
sufficiency and reciprocity.
Conceptualizing a feasible model of adaptable unemployment insurance
In this part we present a proposal for an adaptive model of unemployment insurance that is adjusted to
the context of robotization, and the criteria established before. We will first elaborate on the general logic
of the model, before discussing certain policy choices. The resulting conceptual model will be budgeted
in the final part of the paper before the conclusion.
We cannot predict the exact trajectory and impact of robotization, which could range from a
period of adaptation to societal breakdown. It is thus hard to design an optimal policy configuration for
all scenarios. An example is the duration of the support: one can argue that a short duration is best to
keep the work incentive if opportunities are available, while a longer duration is needed to protect people
in a scenario were there simply not sufficient jobs.
The main innovative design feature will thus be flexibility. We propose a model of unemployment
insurance that is adaptable in its design structure to different labor market scenarios. It will consist of
different ‘tiers’ in which the program can function, which each consist of a certain configuration of key
parameters. The core variable that decides the ‘tier’ is the level of unemployment, which in turn will
impact the income compensation, duration, reciprocity requirements and funding. This allows UI to adapt
118 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/
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its role, moving from an additional temporary protection layer focused on labor market reactivation in
the present economy, to a societal survival mechanism in crisis scenarios of persistent unemployment.
Given the gaps between the tiers are quite large, it will still provide a relatively stable and predictable
structure.
The proposed UI will be a mandatory scheme that covers all adults from age eighteen to age sixtyfour and eleven months (the starting age of the universal pension). The replacement income would be
claimable after a minimum of two years of formal work cumulated over the career (not in one contract).
For many young people this will in practice raise the application age to twenty.
The insurance only covers formal sector workers or (potentially more broadly) workers who have
social security. This is the standard configuration in almost all countries, although we must be conscious
this excludes large groups of people in Mexico’s case. While this is ethically undesirable, in terms of
administrative complexity (it would require heavy monitoring to include informal work), funding and
popular support, this is politically the most feasible option. We suggest exploring the option of a restricted
version for informal workers.
Operationalization of adaptable unemployment insurance
The following discusses some of the policy choices that we consider feasible in our conceptualization of
unemployment insurance in Nuevo León. Table 1 gives a visual overview.
The first column reflects
the gravity of the situation on the labor market, which determines the tiers in which the model operates.
In times where there is no economic crisis, this could also serve as a very loose proxy of the impact of
robotization. This leads to three tiers. The first reflects the ‘normal’ situation of unemployment that
remains under five percent. The second reflects a strained situation with between five and ten percent
unemployment. The third reflects a deep employment crisis, with unemployment between ten and twenty
five percent.
Financial compensation
The second column deals with the financial compensation. It should be noted that we propose exploring
the option of giving the beneficiary both a crash transfer and healthcare coverage. The logic is that the
benefit decreases in generosity if the unemployment rate goes up. In the first tier the UI starts with the
‘full’ benefit (X). In the second it becomes regressive, which means that each month it pays less until
half the original sum is reached by the end of the maximum period. In tier three the unemployment
insurance starts at this minimum.
This choice has drawbacks, for example that people’s financial need could increase over time as
they drain other resources. We primarily consider this feasible for budgetary sustainability since the
system will have to cover more people. A secondary consideration is that this forms an incentive to keep
attempting entry to the labor market, which balances the increased generosity in time (discussed in next
section). Third is that this justifies a higher payment in the ‘normal’ situation, which is in line with our
criteria of effectiveness.
Exploring the feasibility of Unemployment Insurance in Nuevo León.
119
�Ghys, T. & Cools., P.
Regarding the payment, we suggest following the example of Mexico City of having a fixed sum
for all beneficiaries instead of a percentage of the previous wage. Administratively this seems the most
straightforward option in a country with massive income inequality, where costs would become very
unpredictable if high wages needed to be considered (also forcing the program to fully rely on
contributions for funding). While not included in our calculation for the sake of simplicity, we advise
exploring the option of allowing a variation of rate X depending on the family composition of the
beneficiary. For example, the UI could allocate a 1,3. (X) benefit rate for people with dependent children.
For the range of the payment, we propose that the starting value X is above the federal (urban)
income poverty line (effectiveness criteria), since this social program is intended to protect from poverty.
The minimum value that X regresses to in the other tiers should be above the (urban) absolute poverty
line to guarantee survival.
Table 1.
Model of tiered unemployment insurance
Unemployment
Amount paid
Logic: decreases
Duration
Logic: increases
Requirements
Logic: broadens
< 5%
Tier 1: current situation
Flat amount X
(f.e. 5000 peso)
Y months
(f.e. 6 months)
Job search
5 – 10%
Tier 2: strained situation
Regressive from
X to ½ X over time
2.(Y) months
(f.e. 12 months)
Job search
Education
10 – 25%
Tier 3: employment crisis
½X
(≥ extreme poverty)
4.(Y) months
(f.e. two years)
Job search
Education
Volunteering
Source: Own elaboration (2021).
Duration
The logic is that the that maximum period to receive help increases if the labor market situation gets
worse. This is part of the internal balance of our model, in which payment gradually decreases but the
duration expands. The reasoning behind it is threefold. First, reintegration into the labor market becomes
less realistic for all citizens if unemployment would increase. Second, as the crisis deepens, the concern
for work incentive becomes less relevant, and gets internally compensated by the regression in the
payment over time. Third, as the chances of a smooth transition to new jobs decrease, more and deeper
efforts of retraining are required, which should be accompanied with sufficient time. Note that it becomes
longer but not indefinite, implying that UI is not a final solution, and the state does not give up on the
right to work.
120 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/
�Ghys, T. & Cools., P.
We propose that the duration Y doubles with each new tier. If (re)training is supposed to be part
of this policy, this duration cannot be too short. A trimester (4 months) would be the smallest common
educational unit. We suggest the duration of 6 months as the basic value of Y, in line with how it works
in Mexico City and following the average (6.9) response of the survey. This means that if the economic
situation does not change, the UI would only last a relatively short duration. In tier two the maximum
duration would be 12 months, in tier three 24 months.
The last related topic is the maximum usage: when can people reapply to UI after having used it
before. One could follow the example of Mexico City where this is once every two years, requiring
people to have worked in between, thus including notions of merit and contribution.
Activity requirements
The survey indicated that most respondents think people should do ‘something’ in return. The general
logic of the model is that the activities one can do to signal reciprocity or societal value should broaden
over time. In our example, initially the requirement is to find work, while it broadens in later tiers to
training, care and volunteer work. The argument is that the chance of finding work realistically decreases
as the unemployment rate goes up, generating demand for other ways of expressing good will.
Additionally, when beneficiaries are given more time, they can engage in larger commitments such as
extensive training programs.
The minimum requirement is that people search for and are willing to accept work. Training is
added in the second tier. One could argue that this should be available since the start, yet the time
restraints make this harder. The care for others is added as an example of a different approach to societal
merit and life purpose. Given this is harder to evaluate and requires longer time commitments, it is
reserved for a crisis scenario. Finally, we have the option of volunteer work. This option often a popular
alternative in the public imaginary, yet there are reasons for not making it available earlier. If the work
is substantial and not charitable, people are doing labor that potentially could be real jobs like maintaining
public parks. This potential perverse effects on the labor market should be reserved for situations in
which human labor in these jobs is rendered uncompetitive. This would Also force people due to real
work but still count as unemployed.
Funding
Given that the choice for funding mechanisms is largely political, we limit ourselves to a general outline
of principles and considerations. The policy is open to three sources of funding: the state (general
revenue), contributions from workers based on their wages and a tax on companies. The proposed logic
is using a combination of sources, with the first two sources staying (proportionally) stable and the tax
on companies increasing if their efforts in robotization lead to more unemployment. The argument is that
those responsible for furthering robotization are increasingly held responsible for the compensation of
the effects this has on society. Our survey indicates that more citizens consider companies to be the prime
Exploring the feasibility of Unemployment Insurance in Nuevo León.
121
�Ghys, T. & Cools., P.
responsible for compensating increases in unemployment due to robotization. A second argument is that
such a forecasted tax increase might also be an incentive to avoid or contain human replacement.
Looking at the individual sources of funding, the part carried by the state should at a minimum
cover the extra overhead costs not covered by other sources. It would be technically possible for the state
to fund a much larger part (or all) of the unemployment insurance, as is the case in Mexico City.
However, in this scenario the lack of a specific income source poses certain hard budgetary limits. For
example, in Mexico City the program is only budgeted to cover 4.8% or 14,450 people out of the
unemployed target population (Gobierno de la ciudad de México, 2021).
Mandatory contributions for formal workers can be integrated to give a sense of ownership and
reciprocity and is the standard form of funding in many European countries, where it is calculated as a
(progressive) percentage of their wage and paid automatically via their employers. In the Mexican
context it is more feasible if this contribution is small in comparison to the other types of funding. This
to a) avoid pressure on wages; b) maintain electoral support; and c) acknowledge that the workers carry
the least responsibility for robotization of the three actors.
The funding through companies itself can take different forms. The ‘classic’ form in many welfare
states is that the employer’s contribution to unemployment insurance is part of their social security
contributions for workers – essentially an alternative take on worker contributions. An alternative would
be to create a special tax that is not directly part of payroll contributions. A solidarity tax on profits would
be the most straightforward path, although inventive taxing that are more directly related to robots (either
on a company or sectoral level) should be investigated.
Cost estimate
In this part we explore a cost analysis of the proposed model. Our purpose is merely to contribute to the
discussion of the feasibility of this policy, and the following is to be seen as a rough starting point.
Important limitations are that: a) the analysis will be for the costs of a static unemployed population in a
single year. This means that they hypothetically all apply at the same time, and no cases from the previous
year are carried over; b) the analysis is limited to the cost of the payouts, not related services, or overhead
costs. As a reference for the latter, we refer to the example of Mexico City which budgets 5% of the total
cost. Our calculation will be cautious and err towards overestimation when deciding variables. We will
first show how each tier works individually, and later show how the costs will evolve across them if
unemployment rises.
The key controllable variable is the base compensation level (X) in our model. We will both
calculate this for a conservative and a ‘popular’ (following the survey) variant. In the conservative
estimate, X is one peso above the urban poverty line of November 2021 (3.898+1 peso), while for ½ X
we use 1950 peso, which is above the absolute urban poverty line of 1.879 peso. In the ‘popular’ variant,
we take X to be the median of our survey (7000 peso).
122 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/
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Another key variable with be the time spend (Y), which is unpredictable as it depends on when
the beneficiaries find work. We will first work with three ranges: an unrealistic minimum (all one month),
a realistic middle (half of Y), and an unrealistic maximum (all take maximum time). It must be noted that
although an exact number can’t be given for Nuevo León (the data works with ranges, see INEGI, 2021),
if we take the average of the ranges and round ‘more than a year’ down to 12 months, the average time
would be slightly over 2.4 months. Given the policy pays per month, it would thus be in line with our
‘realistic’ middle of 3 months for tier one.
For the initial calculation of the tiers, we will first use the third trimester of 2021 unemployment
rate of 4.619% (reflecting the pandemic), or 132.416 people for tier 1 of the model (0-5% unemployment)
and take a middle number of 7.5% for tier two (5-10%), and 17.5% for tier 3 (10-25%). In a later
calculation more intervals will be given.
The last estimation is of the number of clients. Due to lack of data, we must start from the
unrealistic assumption that all are eligible (and not quit voluntarily or committed fraud). Even in this
scenario, not everyone would apply to this policy. Given there is no national president, we will take the
unemployment take up rate of 73% of the U.S. (Auray, Fuller, 2020).
For Tier one this results in 96.663 beneficiaries, likely a large overestimation of the roll-out costs
of the program in NL (Mexico City budgeted this for 4.8%), since this program has existed for decades
in the U.S. The calculation for tier one is in table 2.
Table 2.
Cost calculation of first tier
Base amount
Conservative: 3899
Popular: 7000
Min time (1 month)
376.889.037 $
676.641.000 $
Mid time (3 months)
1.130.667.111 $
2.029.923.000 $
Max time (6 months)
2.261.334.222 $
4.059.846.000 $
Source: Own elaboration (2021).
In tier two, there are more beneficiaries (156.956) and larger timespans, but the payment becomes
regressive to around half the original number. This can best be done percentage wise to even out the
relative loss as time goes on and people have less savings. If we take a 0.06 percentage change per month,
for a conservative payment that means a regression from 3899 to 1974 over 12 months: and for the
popular variant from 7000 to 3544 over 12 months. This creates the following cost calculation rounded
for readability to 1 peso, see table 3.
Table 4.
Cost calculation second tier.
Base amount
Conservative: 3899
Popular: 7000
Min time (1 month)
611.971.444 $
1.098.692.000 $
Exploring the feasibility of Unemployment Insurance in Nuevo León.
Mid time (6 months)
3.163.178.216 $
5.678.956.879 $
Max time (12 months)
5.345.356.318 $
9.596.694.786 $
123
�Ghys, T. & Cools., P.
Source: Own elaboration (2021).
The calculation for tier three is like the first one and starts from half the original payment given
to 366.230 people. Our middle time range is likely an overestimation, as the duration of unemployment
does not necessarily increase at the same rate as its volume. See table 5:
Table 5.
Cost calculation third tier
Base amount
Conservative: 1950
Popular: 3500
Min time (1 month)
714.148.500 $
1.281.805.000 $
Mid time (12 months)
8.569.782.000 $
15.381.660.000 $
Max time (24 months)
17.139.564.000 $
30.763.320.000 $
Source: Own elaboration (2021).
Having established the basic functioning of each tier, we can now show the variation of two
uncontrollable variables: unemployment rate and take-up rate, which allows us the see how the adaptive
model controls costs. For the second we will add a version with a 50% take up rate which is representative
for an implementation scenario. In the following calculation we will only include the ‘realistic’ duration
variable, using 3 months for tier one, and using two ranges in tier II (3-6 months) and III (6-12 months),
as we are uncertain how much the average duration would increase. Table 6 will show the rounded
conservative (3899-peso base) cost at 1% intervals of the unemployment rate, using the population of the
unemployment numbers for the third semester of 2021 (INEGI, 2021) as a base with 1% representing
28668 people.
Table 6.
Evolution annual costs. Tier I in green, Tier II in orange, Tier III in red.
Unemployment
2%
3 %
4 %
5 %
6 %
7 %
8 %
9 %
10 %
11 %
12 %
13 %
14 %
15 %
Annual cost at 73% take up rate
489.577.935
734.371.815
979.167.567
1.151.981.716 - 2.018.798.913
1.382.382.463 - 2.530.566.756
1.612.772.201 - 2.952.314.447
1.843.172.947 - 3.374.082.291
2.073.573.694 - 3.797.865.463
2.448.529.200 - 4.897.058.400
2.693.386.800 - 5.386.773.600
2.938.244.400 - 5.876.488.800
3.183.090.300 - 6.366.180.600
3.427.947.900 - 6.855.895.800
3.672.805.500 - 7.345.611.000
Annual cost at 50% take up rate
335.329.596
502.994.394
670.659.192
789.030.081
- 1.444.385.578
946.836.097
- 1.733.262.693
1.104.642.113 - 2.022.139.809
1.262.448.129 - 2.311.016.924
1.420.254.145 - 2.599.894.040
1.677.078.000 - 3.354.156.000
1.844.785.800 - 3.689.571.600
2.012.493.600 - 4.024.987.200
2.180.201.400 - 4.360.402.800
2.347.909.200 - 4.695.818.400
2.515.617.000 - 5.031.234.000
Source: Own elaboration (2021).
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�Ghys, T. & Cools., P.
This analysis shows us that the adaptability of the model offers a relatively smooth increase in
costs when unemployment rises, while allowing more people to stay in the program for a longer period.
Notice the jump between tiers from 9 to 10 percent. The cost for a six-month average unemployment
(second range of 9% and first of 10% onwards) drops until 13% unemployment. This also shows how in
the conservative variant the objective of the policy changes from poverty prevention to survival, with is
avoided in the popular variant.
5. - CONCLUSIONS
This paper explored the feasibility of unemployment insurance in Nuevo León in the context of new
societal challenges such a robotization, using a mixture of literature study, a survey and cost calculation.
Our general conclusion is that UI is politically feasible, given the policy design and marketing are adapted
to the context. This requires a design that protects from poverty while keeping costs and administrative
complexity manageable, while positioning the policy in a way that captures popular support. We
proposed a model of UI that is adaptable to the labor market, offering a relatively smooth cost transition
while helping increasing numbers of people.
Exact costs are hard to estimate due to many variables as well as incomplete data, and are likely
to err towards over estimation, given the assumed high rates of take up and full eligibility. Still, our
conservative estimation is that if our conservative model was implemented during the pandemic (4-5%
unemployment) it would have an annual cost of around one billion pesos. It could operate at roughly half
of that cost under favorable economic conditions. If the unemployment rate would double, that cost
would go up to roughly three billion pesos while helping people for a much longer duration. The policy
does lose much of its protective capacity as the crisis increases, with the alternative of a more generous
model, that would have a cost of roughly two billion pesos during the recent pandemic crisis operating
at full capacity.
To further the discussion more research would be required. New surveys that capture public
sentiment after the Covid19 experience would complete the understanding of popular support. The cost
calculation would also benefit from more accurate estimates regarding the duration of unemployment in
escalated scenarios, as well as of benefits and pay-back effects. Finally, depending on how political actors
estimate the feasibility of different funding options and more accurate data on the state’s finances after
the current crisis, the fiscal consequences of this policy could be estimated. While the costs are
manageable, some form of additional tax is likely needed.
To conclude, our analysis leads us to believe that the adaptation of unemployment insurance is
due, and new societal challenges both provide the need and opportunity to politicize this issue. While a
federal rollout would be preferable and fill a gap in the social policy landscape, state level implementation
in the industrial context of Nuevo León is feasible. However, we must be aware that its function is to
protect against short-term social degradation, not to tackle the root causes of a precarious labor market.
In the case of robotization, unemployment insurance offers a realistic but incomplete solution, and is best
Exploring the feasibility of Unemployment Insurance in Nuevo León.
125
�Ghys, T. & Cools., P.
envisioned as part of a broader response (see Ghys et al., 2021). Additionally, like most social security
programs this still assumes formal unemployment, which limits its redistributive effect.
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Evaluación de procesos de la implementación del programa
Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle1
Process evaluation of the implementation of the Ser Pilo Paga program at the Universidad
del Valle
Luis Alberto, Pérez Bonfante2; Michelle, Castrillón Córdoba3;
RESUMEN
El presente artículo examinó la implementación del programa Ser Pilo Paga en
la Universidad del Valle durante el periodo 2015-2018, a través de un ejercicio
de evaluación de procesos. Esta investigación siguió un enfoque interpretativo
apoyado en diversas técnicas, como análisis documental, entrevista
semiestructurada y análisis descriptivo. La aplicación de la metodología generó
resultados en dos niveles, el primero relacionado con la lógica del programa y el
segundo, con la población beneficiaria, desde la perspectivas cuantitativa y
cualitativa. Entre las conclusiones se encuentra que el programa no alcanzó las
metas planificadas y, en el caso de la Universidad del Valle se presenta un acierto
en términos de motivación, oportunidad y financiamiento con situaciones
emocionales y académicas adversas.
Palabras claves: educación superior, evaluación de procesos, Ser Pilo Paga,
Universidad del Valle
ABSTRACT
……………………………………
Fecha de recibido: 25/06/2022
Fecha de revisado: 10/07/2022
Fecha de aceptado: 07/11/2022
Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional
This article examined the implementation of the Ser Pilo Paga program at the
Universidad del Valle during the period 2015-2018, through a process of
evaluation exercise. This research followed an interpretative approach supported
by various techniques, such as documentary analysis, semi-structured interview,
and descriptive analysis. The application of the methodology generated results at
two levels the first related to the logic of the program and the second, with the
beneficiary population, from a quantitative and qualitative perspective. Among
the conclusions is that the program did not reach the planned goals, and, in the
case of the Universidad Del Valle, a success is presented in terms of motivation,
opportunity and funding with adverse emotional and academic situations.
Keywords: Higher education, process evaluation, Ser Pilo Paga, Universidad del
Valle.
Cómo referenciar este artículo:
Pérez Bonfante, L., A. & Castrillón Córdoba, M. (2023). Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo
Paga en la Universidad del Valle. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 9(17), 128-156.
https://doi.org/10.29105/pgc9.17-6
Este artículo es producto del proyecto “Análisis del acceso a la educación superior a través del programa Ser Pilo Paga en la Universidad del Valle 2015-2018”. Trabajo de grado,
iniciado en feb 2020 y finalizado en enero de 2021.
2
Doctor en ciencias sociales por FLACSO (Buenos Aires-Argentina). Docente Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle,
Colombia. Correo electrónico: luis.alberto.perez@correounivalle.edu.co. ORCID: 0000-0001-7095-3577
3
Magister en Políticas Públicas y Economista por la Universidad del Valle, Colombia. Analista, Alcaldía de Santiago de Cali. Correo electrónico:
michelle.castrillon@correounivalle.edu.co. ORCID: 0000-0003-2467-8361.
1
128 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/
�Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/
1. - INTRODUCCIÓN
El acceso a la educación superior para jóvenes con bajos ingresos, en diferentes países de América Latina,
es afectado por aspectos asociados con el desempeño académico, la finalización o grado de la educación
media y el nivel de educativo alcanzado por sus madres (Ferreyra et al., 2017). A fin de aumentar el
acceso a la educación superior por parte de estos jóvenes, el Ministerio de Educación Nacional (MEN)
de Colombia creó en el 2014, el programa Ser Pilo Paga (SPP en adelante) con el propósito de lograr una
educación superior inclusiva, convirtiéndose en una de las estrategias para avanzar en la meta de “ser el
país más educado de América Latina en el 2025”. No obstante, este tipo de alternativas, pensadas con un
enfoque de financiación a la demanda, en las que se asignan créditos educativos focalizados, siguen la
misma línea de las políticas diseñadas en años anteriores y cuyos avances en materia de reducción de la
brecha de acceso han sido mínimos (Mora y Múnera, 2019; Castrillón, 2020).
Es por esto, que se hace necesario visibilizar cuáles fueron las implicaciones que generó el
programa SPP sobre el acceso a la educación superior y principalmente sobre sus beneficiarios, así como
identificar si la implementación, operatividad y demás dinámicas internas en el funcionamiento del
programa, tal y como fue planteada permitió generar el valor propuesto desde su formulación.
En este sentido, el presente artículo realiza una evaluación de procesos alrededor de la
implementación del programa SPP en la Universidad del Valle durante el periodo 2015 - 2018. Para esto
se plantearon tres objetivos: i) construir las cadenas de valor y entrega del programa SPP durante las
cuatro cohortes ofertada, ii) identificar los cambios presentados y sus incidencias en los resultados del
programa y iii) Analizar la implementación del programa SPP en la Universidad del Valle durante su
vigencia. La hipótesis de esta investigación consiste en que los cambios en la implementación del
programa SPP fueron insuficientes. En el caso de la Universidad del Valle, además de no aumentar la
cobertura en la población objeto del programa, se presentan efectos emocionales negativos en los
beneficiarios.
2.-FUNDAMENTO TEÓRICO
En los últimos años, el acceso a la educación superior por parte de personas con escasos recursos
económicos ha aumentado en Colombia y en diferentes países de América Latina. Sin embargo, los
jóvenes con mayores ingresos siguen presentado mayores probabilidades para acceder a este nivel de
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educación (Ferreyra, Avitabile, et al, 2017; Álvarez, 2019; Laajaj, Moya y Sánchez, 2018; Corredor,
Álvarez y Maldonado, 2019), al punto de que solo el 10% de las personas de estrato socioeconómico 1 hogares con menores recursos económicos- del país logran acceder a la educación superior, una vez
finalizada su educación media y después de presentada la prueba Saber 11, cuando más del 50% de los
jóvenes pertenecientes a estratos 5 y 6 acceden a este nivel educativo (Ferreyra, Avitabile, et al, 2017;
Londoño, Rodríguez y Sánchez, 2017).
En este contexto, el programa SPP se concibe como una política de acceso a la educación superior
que consiste en la asignación de créditos-beca condonables para que estudiantes con mejores resultados
en las pruebas Saber 11 (evaluación de competencias a estudiantes de último grado de educación media)
con bajos ingresos económicos, puedan ingresar a universidades con la distinción de acreditación de alta
calidad (DNP, 2016). Lo anterior, con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad que persisten en
el acceso, pues como la literatura ha demostrado, la educación superior representa uno de los principales
medios que impulsa la movilidad de los individuos a través del desarrollo de conocimientos, habilidades
y capacidades futuras (Blau y Duncan, 1967; Becker y Tomes, 1986; Nina y Grillo, 2000; Guerrero,
2020, Viáfara, 2006; Malagón, 2006; Blanco et al, 2008 Vivas, 2008).
Respecto a la revisión de programas o políticas públicas implementados por el Gobierno en el
sistema de educación superior, con miras a aumentar la movilidad social de los más desventajados, a
partir del análisis de los antecedentes de las apuestas en materia de educación del Plan Nacional de
Desarrollo 2014 - 2010, Mora (2015) afirma que estas terminan siendo un esfuerzo de masificación de
la educación superior que configura un modelo segmentado y jerárquico reproduciendo la desigualdad
ya existente.
Pineda y Celis (2017) realizan un análisis de la universidad alrededor de los créditos educativos
SPP y los rankings universitarios Mide. A través de la implementación de una técnica documental,
muestran como la adopción de las reformas realizadas a la educación superior están orientadas a un
modelo de universidad corporativa que funciona bajo una lógica mercantilista.
Ramos y Parra (2017), siguiendo criterios como cobertura, equidad e igualdad, y articulación
discursiva, evidencian que el programa SPP genera un bajo impacto en la cobertura, además de que la
forma en la que fue diseñado aborda elementos de exclusión donde estudiantes con un desempeño
académico más bajo quedan fuera del programa.
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En este sentido, el presente artículo realiza una evaluación de procesos que consiste en analizar
la dinámica interna de los organismos de ejecución de una política, programa o proyecto, sus
instrumentos de política, sus mecanismos de prestación de servicios, sus procedimientos de gestión y los
vínculos que existen entre todos estos componentes (OCDE, 2002). En detalle, el análisis se centra en
los cambios adjudicados al programa durante su implementación, las percepciones de los beneficiarios
frente a los mismos, además de las implicaciones en los resultados esperados, enfocándose
específicamente en la Universidad del Valle. Este análisis complementa otras investigaciones sobre el
programa en materia de financiación (Cocoma, 2017; Mora y Múnera, 2019), de cobertura (Londoño,
Rodríguez y Sánchez, 2017; Mora y Múnera, 2018, Laajaj, Moya y Sánchez, 2018), de formulación
(Castro, 2016; Bayona y Coba, 2019) y en la centralización como una externalidad del programa.
Por su parte, La Universidad del Valle, universidad en la que centra esta investigación, está
ubicada en el Valle de Cauca, el departamento con mayor número de Instituciones de Educación Superior
Públicas (IES-P) en el 2015, según cifras del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación
Superior. Sin embargo, en 2017, la tasa de cobertura bruta en educación superior fue del 43.9%, cifra
muy inferior al promedio nacional de 52.8%. Particularmente, la Universidad del Valle alcanzó el mayor
nivel de cobertura de departamento, 20.3% del total de matriculados en 2017. Además, según datos del
Anuario Estadístico de la misma universidad, tiene en promedio 25,453 estudiantes por semestre, de los
cuales el 64% y 88% pertenecen a estratos socioeconómicos 1 y 2 en la ciudad de Cali y sedes regionales,
respectivamente (Universidad del Valle, 2018). Finalmente, la universidad cuenta con el nivel más alto
de calidad y la mayor oferta académica de programas del sur occidente colombiano (Universidad del
Valle, 2018).
3.-MÉTODO
Con el fin de llevar a cabo la evaluación de procesos aquí propuesta, el análisis se concentró en la
dinámica de los organismos implicados en la ejecución del programa, los mecanismos y procesos internos
que se generaron a lo largo de las cuatro convocatorias del programa y por tanto en sus beneficiarios,
brindando inicialmente un contexto general de los cambios presentados, para pasar a la experiencia
evidenciada en el caso de la Universidad del Valle.
A partir del planteamiento de los objetivos, se buscó determinar la lógica con la que el programa
fue diseñado, señalando en primera instancia la cadena de valor que da cuenta de la relación secuencial
Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.
131
�Pérez Bonfante, L., A. & Castrillón Córdoba, M.
y lógica entre insumos, actividades, productos y resultados a partir de la cual se asigna valor público
durante el proceso de transformación total que se deriva de la implementación de una política pública o
programa (DNP, 2014a) y en segunda instancia, la cadena de entrega que especifica los actores
(instituciones o personas) y las relaciones que se establecen entre ellos, a fin de que sea implementada
una actividad o un proceso de un sistema (DNP, 2012). Finalmente, conocer la experiencia de los
encargados de la implementación del programa y beneficiarios del mismo en la Universidad del Valle.
En este sentido, para el desarrollo del primer y segundo objetivo de esta investigación, se utiliza
el análisis documental como técnica de investigación cualitativa siguiendo la metodología planteada por
Sandoval (2002) que se despliega en cinco etapas alrededor de la temática relacionada con el problema
de investigación que van desde el rastreo de documentos disponibles, su clasificación, selección, lectura
en profundidad y cruzada para identificar patrones, tendencias y construir una síntesis comprensiva del
tema analizado.
Para este fin, se revisan fuentes secundarias entre las cuales se encuentran documentos
académicos y normativos relacionados con el programa (reglamentos operativos, PND 2014-2018,
CONPES 3880 de 2016 y 3914 de 2018, evaluaciones de impacto en el corto plazo).
Por otro lado, para la realización del tercer objetivo, se hace un análisis descriptivo de datos
secundarios de corte transversal provenientes de la encuesta de caracterización socioeconómica aplicada
por la Universidad del Valle a sus estudiantes en primer semestre. En detalle, los datos corresponden a
variables relacionadas con la identificación personal, situación socioeconómica, datos del hogar e
intereses académicos de 705 estudiantes beneficiarios de SPP entre el 2015 y 2018.
Además, cómo parte del desarrollo del proyecto del cual se deriva la presente investigación, se
llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas por conveniencia a la responsable del área de ingreso de
aspirantes a la Universidad del Valle y a estudiantes beneficiarios del programa, con el fin de explorar la
experiencia de implementar el programa SPP en dicha institución. En el caso de los estudiantes
beneficiarios, se contactaron a 732 estudiantes beneficiarios del programa SPP. Sin embargo, esta solo
fue aplicada a un total de 15 estudiantes, toda vez que se alcanzó el criterio de saturación, frente a la
densidad y autenticidad de la información obtenida. Los estudiantes se encontraban distribuidos de la
siguiente forma:
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Tabla 1.
Descripción de estudiantes entrevistados
Estudiante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Cohorte de
ingreso SPP
2015
2016
2015
2016
2016
2016
2016
2018
2017
2018
2018
2015
2016
2018
2017
Facultad
Sexo
Ciencias de la administración
Salud
Ciencias de la administración
Ciencias naturales y exactas
Ciencias sociales y económicas
Educación y pedagogía
Ciencias sociales y económicas
ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Artes Integradas
Artes Integradas
Ciencias naturales y exactas
Salud
Humanidades
M
F
F
M
M
F
F
F
F
M
M
F
M
F
M
Edad
(años)
26
20
22
21
21
21
20
19
19
19
20
22
21
19
20
Municipio de
procedencia
Dagua
Jamundí
Briceño
Ipiales
Cali
San Agustín
Cartago
Palmira
Sandoná
Unión
Sevilla
Cali
Pasto
Cali
Cali
Departamento
Valle
Valle
Nariño
Nariño
Valle
Huila
Valle
Valle
Nariño
Nariño
Valle
Valle
Nariño
Valle
Valle
Nota: Elaboración propia (2020).
Siguiendo la metodología de Castrillon (2020), el muestreo aplicado fue por conveniencia y bola
de nieve. Por tanto, se buscó la participación de todas las cohortes de ingreso de SPP y de las facultades
de la Universidad. Por otro lado, con el fin de mantener el anonimato de los entrevistados, los nombres
en los fragmentos presentados en la sección de resultados fueron cambiados.
4.-RESULTADOS
En los siguientes numerales de este acápite, se detallan los resultados logrados mediante la
implementación de la metodología y el análisis aquí propuestos en dos niveles: el primero de orden
general, asociado con la lógica del programa y el segundo de carácter específico que señala los resultados
obtenidos en la Universidad del Valle.
Ser Pilo Paga: Estrategia para el acceso a la educación superior
A través de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018:
Todos por un nuevo país, en el que se define la educación como uno de los tres pilares fundamentales
por ser un factor determinante en la propuesta de movilidad social planteada en este periodo de gobierno,
se fijan metas en educación inicial, media y superior asociadas con temas como la obligatoriedad de la
educación hasta el grado once y la gratuidad en las instituciones públicas en este nivel, la articulación de
Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.
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los diferentes niveles, el aumento de la cobertura en la educación superior y el fortalecimiento de la
infraestructura educativa.
En vista que se continúa presentado una gran proporción de jóvenes de bajos recursos (estratos
1, 2 y 3) que no ingresan a la educación superior pese a su buen desempeño académico y en concordancia
con el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”, segundo semestre del año 2014, el MEN
pone en marcha el programa SPP, programa de crédito condonable, administrado por el ICETEX,
dirigido a población de escasos recursos y con buen desempeño académico medido por las pruebas Saber
11 (Álvarez, 2019).
Figura 1.
Cadena de valor programa Ser Pilo Paga
Insumos
Procesos
Productos
Resultados
Impactos
• Recursos
financieros
por
3.320.047 millones de pesos
para creación de un fondo de
financiamiento a la demanda
• Creditos 100% condonables
• Administración del fondo por
parte del ICETEX
• Gestión del programa por
parte del Ministerio
de
Educacion Nacional.
• Cruces entre los puntajes
obtenidos en las pruebas de
Estado con las bases de los
clasificados según Sisbén,
para definir beneficiarios del
crédito condonable.
• Proceso de entrega y
verificación de documentos
para su posterior legalización,
a través de las universidades.
• Convenios MEN - ICETEX
• Convocatorias claras para
encontrar beneficiarios
• Financiación del 100% del
valor de la matrícula para la
duración total del programa
académico
de
pregrado
seleccionado
por
el
beneficiario cualquiera que
este fuera.
• Entrega de subsidio de
sostenimiento de acuerdo con
la ciudad o municipio de
origen del beneficiario
• Aumento de la cobertura en
educación superior de calidad
en 10%
• Creación de 400 mil nuevos
cupos en
instituciones o
programas de pregrado con
acreditación de alta calidad.
(financiados con recursos
públicos)
• Aumento en el acceso a
educación superior de la
población más vulnerable.
• Reduccion de la brecha de
desigualdad en el acceso a la
educación superior
Nota: Elaboración propia con base en Castrillón (2020), PND 2014-2018, CONPES 3880 y Reglamento
operativo SPP, 2015.
Para comprender la lógica con la que fue diseñado el programa y cómo se implementaría, se
construyen la cadena de valor y la cadena de entrega que se relacionan en las figuras 1 y 2
respectivamente, complementando lo expuesto en el CONPES 3880 de 2016 y el reglamento operativo
expedido por el MEN y el ICETEX en 2015.
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Figura 2.
Cadena de entrega programa Ser Pilo Paga
1. El ICFES debe realizar los cruces
entre los puntajes obtenidos en las
pruebas de Estado con las bases de
los clasificados según Sisbén para
definir quienes pueden ser
beneficiados por los créditos
4. El Icetex hará seguimiento a los
beneficiarios dentro de las
universidades y los programas
educativos a los que pertenezcan
para hacer el desembolso oportuno
de los recursos por concepto de
renovación para cada periodo
académico
7. Adjudicación de subsidios y
créditos educativos, y desembolso
de los recursos para matrícula y
sostenimiento a las instituciones de
educación superior y a los
beneficiarios, según corresponda.
2. El Ministerio de Educación
Nacional deberá firmar convenios
con el Icetex para definir las
obligaciones de las partes
5. El MEN y el Icetex, deberá lanzar
convocatorias para encontrar
beneficiarios de los créditos
condonables.
Las convocatorias deberán tener en
cuenta el límite de beneficiarios que
se pueden atender según los
recursos aprobados y gestionados
mediante las vigencias futuras.
8. Ejecución de procesos de
condonación de créditos educativos
cuando los beneficiarios cumplan
los requisitos previstos, según el
tipo de población objetivo.
3. Ministerio se compromete a girar
los recursos que permitan el
funcionamiento de los fondos, su
administración y la atención de
quienes resulten beneficiarios
después de realizar los procesos de
convocatoria.
6. Verificación del cumplimiento de
requisitos y selección de los
beneficiarios, según se tenga
previsto para cada grupo de
población objetivo.
9. Ejecución de procesos de cobro
de cartera frente a los beneficiarios
que no cumplan los requisitos de
condonación de sus créditos
educativos.
Nota: Elaboración propia con base en Castrillón (2020) e información descrita en Reglamentos
Operativos SPP
De acuerdo con lo expuesto por Castrillón (2020), para el funcionamiento y continuidad del
programa SPP, entre 2016 y 2018 se implementaron una serie de acciones desde planeación nacional y
el Gobierno, dada la relevancia que se le otorgó al programa como parte fundamental del Pilar
“Educación”. Entre estas acciones se resaltan las siguientes:
Creación del CONPES 3880 en 2016 con el objetivo de “garantizar los recursos para el
financiamiento de las cohortes de estudiantes del programa SPP y de doce fondos de créditos condonables
administrados por el ICETEX” a través de vigencias futuras.
En 2017, radicación de un proyecto de ley con miras a convertir el programa SPP en política de
estado (Proyecto de Ley 275 de 2017), aprobado en primer debate por la Cámara de representantes. Este
fue archivado por tránsito de legislatura.
Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.
135
�Pérez Bonfante, L., A. & Castrillón Córdoba, M.
En 2018, se radica un nuevo proyecto de ley que busca convertir el programa SPP en una
estrategia de largo plazo con el objetivo de incentivar al mérito académico de la población de condiciones
socioeconómicas desfavorables (Proyecto de Ley 022 de 2018). No obstante, este no es aprobado en
primer debate debido a la decisión del de Gobierno entrante de finalizar el programa por la insuficiencia
de recurso presupuesta, “al reconocer que el 50% de ellos no podrían continuar siendo destinados al
acceso a la educación superior de una población de apenas 40.000 estudiantes” (Castrillón, 2020, 12).
Programa Ser Pilo Paga: su implementación a través de las cuatro cohortes ofertadas por el programa
De acuerdo con lo expuesto en el PND 2014-2018, a través del programa SPP se procuraba fomentar el
ingreso a la educación superior de personas con bajos recursos socioeconómicos, pero al mismo tiempo
con mérito académico (Álvarez, 2019; Laajaj, Moya y Sánchez, 2018). La meta era lograr un aumento
en la cobertura de 10 puntos porcentuales (57% en total) y aportar a la creación de 400.000 nuevos cupos
en instituciones o programas profesionales con acreditación de alta calidad; en detalle, al final del periodo
del PND se esperaba dar cobertura a 40.000 jóvenes (DNP, 2014b). Así, según cifras entregadas por el
DNP, la primera convocatoria del programa (2014-2015) benefició a 10.141 jóvenes, la segunda (20152016) a 12.715 estudiantes, la tercera (2016-2017) a 8.759 y, por último, la cuarta (2017-2018) benefició
a 8.029 jóvenes (CONPES 3914, 2018).
Ahora bien, para la implementación del programa en cada una de estas cohortes, el gobierno
nacional expidió un reglamento operativo diferente, con el propósito de especificar el procedimiento a
seguir para otorgar los créditos-beca del programa SPP y garantizar la permanencia en los mismos. Con
base a estos reglamentos y tomando como punto de partida la cadena de entrega presentada y la primera
cohorte, a continuación, se exponen los cambios identificados en los procedimientos internos durante la
ejecución de las cuatro cohortes.
En la primera cohorte, la adjudicación del crédito condonable del programa SPP se realiza
siguiendo la cadena de entrega esbozada en la figura 2, teniendo en cuenta los siguientes requisitos
mínimos para los aspirantes:
Haber realizado la prueba de estado de la educación media- SABER 11 el 3 de agosto de
2014.
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Haber obtenido un puntaje igual o superior a 310 en el examen de estado de la educación
media – Prueba SABER 11.
Haber sido admitido en una institución de educación superior con acreditación de alta
calidad o el programa con este mismo reconocimiento.
Estar registrado en la versión III del Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) con corte al 19 de septiembre de 2014,
dentro de los puntos de corte establecidos por área de la siguiente forma:
Tabla 2.
Puntaje máximo de SISBEN por área
No.
Puntaje máximo para
Área
participar 2014
14 ciudades, son las 14 principales ciudades sin sus áreas metropolitanas,
1
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué,
57,21
Pereira, Villavicencio, Pasto, Montería, Manizales y Santa Marta.
2
3
Resto Urbano: es la zona urbana diferente a las 14 principales ciudades, los
centros poblados y la zona rural dispersa de las 14 principales ciudades
Rural
56,32
40,75
Fuente: MEN – ICETEX (2015). Nota: Elaborada con datos provenientes del Reglamento operativo SPP
“créditos condonables para la excelencia en la educación superior” MEN – ICETEX, 2015
El proceso en el que se enmarca, en principio, la adjudicación y ejecución del crédito condenable
SSP contempla las siguientes etapas, subprocesos y participantes, que a su vez refleja el desarrollo del
mismo.
Tabla 3. Descripción de Etapas del crédito condonable Ser Pilo Paga
Etapa
Adjudicación de los créditos
condonables:
Subproceso
Participante
Convocatoria
ICETEX - MEN
Verificación de requisitos
ICETEX
Criterios de adjudicación
Junta administradora
Publicación
ICETEX
Legalización (pagaré y carta de instrucciones)
IES - beneficiario
Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.
137
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Etapa
Subproceso
Participante
Desembolso del crédito
Desembolso de matrícula.
IES
condonable
Desembolso de sostenimiento.
Beneficiario
Renovación del crédito y
actualización de datos
semestre a semestre
Renovación del crédito al iniciar un nuevo periodo
académico.
Beneficiario
Actualización permanente la información de datos
básicos
Certificación de graduación del beneficiario.
Condonación del crédito
IES
Recuperación de cartera en el caso de los que no
ICETEX
cumplan con los requisitos de condonación.
Fuente: MEN – ICETEX (2015). Nota: Elaborada con datos provenientes del Reglamento operativo SPP
“créditos condonables para la excelencia en la educación superior” MEN – ICETEX, 2015
Tabla 4.
Descripción de cambios presentados durante la implementación del programa Ser Pilo Paga por
cohorte
Ser Pilo Paga 2 (2015)
Se hace mayor énfasis en las garantías de los recursos y del MEN como garante y gestor.
Se aclara cuál deberá ser el valor por girar por los costos asociados a las IES públicas por cada estudiante beneficiario.
Ajustes en el subsidio de sostenimiento de beneficiarios que se desplazan del lugar de residencia de su núcleo familiar
(4 salarios mínimos mensuales legales vigentes y se realizará en dos desembolsos durante el semestre).
Ajustes en las funciones del MEN e ICETEX con relación al seguimiento y legalización del crédito condonable,
respectivamente. Además, mayor asesoría y asistencia técnica a los beneficiarios, los funcionarios de las IES y la
comunidad universitaria.
Solicitud de remisión a la IES de un plan de gestión con proyectos para garantizar la permanencia estudiantil de los
beneficiarios del programa ante el ICETEX.
Se incluye como requisito el hecho de ser colombiano. El puntaje mínimo de las pruebas Saber 11 aumenta a 318,
mientras los puntajes máximos del SISBEN se mantienen.
Manifestación de cumplimiento del “Código de Honor del Pilo”, a través del cual asume las responsabilidades que
le son adjudicadas como beneficiario del programa.
Ser Pilo Paga 3 (2016)
Ser Pilo Paga 4 (2018)
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Se adicionan a los montos financiables por el MEN, el valor del
Aumenta el puntaje mínimo en las Pruebas
cupo que hace referencia al valor a girar por los costos asociados
SABER 11 a 348 puntos.
a las IES públicas por cada beneficiario del programa.
Aumenta el puntaje mínimo en las pruebas SABER 11 a 342
puntos.
Se asigna un nuevo costo de cupo a reconocer por
estudiantes en IES pública para la vigencia 2018.
Se asignan puntajes especiales para estudiantes
Aumentan la cantidad de documentos requeridos al beneficiario
de la zona de Mocoa (Pilos por Mocoa) debido al
para la legalización del crédito condonable.
Estado de Emergencia social y ecológica
Se fortalecen aspectos de la cadena de entrega correspondientes a
declarado en este municipio. También se asignan
la etapa de desembolso del crédito y la condonación de este, etapas
requisitos especiales a la zona Pacifico (todos
en las que:
somos PAZcifico) con el fin de promover el
Se inicia la implementación de una tarjeta recargable que es
desarrollo del litoral pacífico a través de
asignada a los beneficiarios para el desembolso del apoyo de
oportunidades de acceso a la educación superior.
sostenimiento.
El crédito se adjudica de manera inmediata a los
Aumentan las obligaciones de los beneficiarios. Se describe de
estudiantes, una vez salgan los resultados de las
forma detallada el procedimiento a seguir para solicitar la
Pruebas Saber 11. Lo único que debe hacer el
suspensión temporal de sus estudios.
beneficiario es diligenciar el formulario de
Se especifican las condiciones que rigen la composición de las
aceptación del crédito una vez cumpla con los
cuotas a pagar al ICETEX mensualmente, en el caso de quienes
requisitos de SPP.
no cumplan con los requisitos de condonación.
Fuente: Elaboración propia (2020). Nota: Elaborada con datos provenientes de Reglamentos operativos SPP y Mora y
Múnera (2019).
De acuerdo con lo expuesto en la Tabla 4, se puede evidenciar que los primeros cambios
realizados buscan precisar la población beneficiaria, el reglamento se vuelve más específico en términos
de los requisitos mínimos y se establecen más obligaciones para los beneficiarios de una cohorte a otra.
Es en la tercera cohorte, año 2016, donde se hacen evidentes los problemas de financiamiento y, por
tanto, se presentan ajustes orientados a obtener respaldo para la financiación y sostenimiento del
programa, además de cambios enfocados principalmente en la etapa de adjudicación del crédito.
Por último, en la cohorte cuatro se hace necesario establecer la fuente y administración del fondo
para financiar el acceso y permanencia de los beneficiarios, a fin de dar continuidad al programa y lograr
40.000 cupos. Se termina por modificar la cadena de entrega en la etapa de adjudicación, agilizando el
procedimiento para los beneficiarios y ajustando las brechas en los costos de cupos entre IES privadas y
públicas.
Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.
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�Pérez Bonfante, L., A. & Castrillón Córdoba, M.
De acuerdo con los resultados de la evaluación de impacto de corto plazo realizada al programa
en el año 2016, un año y medio después de iniciada su implementación, encontró que el programa ha
mostrado resultados bastante positivos en el corto plazo en términos de acceso y permanencia en
educación superior. Los resultados de este estudio encontraron que el programa incrementa la
probabilidad de acceso a una IES acreditada en cerca de 31,8%, y disminuye la probabilidad de ausentarse
después del primer semestre en cerca de 7 puntos porcentuales (Álvarez et al, 2017).
Sin embargo, pese a los resultados derivados de esta evaluación, la implementación al finalizar
el periodo 2014-2018, no alcanza los productos esperados en términos de tasa de cobertura y cantidad de
cupos, pues se esperaba generar 400.000 cupos nuevos para población de escasos recursos de los cuales
se generaron 40.000.
Pese a la implementación de cambios durante la vigencia del programa, 2015-2018, la
financiación mantuvo una orientación a la demanda, lo cual soporta resultados de orden individual
(Arrubla y Uribe, 2015). Al mismo tiempo, Corredor, Álvarez y Maldonado (2019) indican la presencia
de barreras de orden simbólico en los estudiantes durante el desarrollo del programa que no fueron tenidas
en cuenta.
Ser Pilo Paga en la Universidad del Valle.
El programa SPP en la Universidad del Valle inició su implementación en el año 2015 con los primeros
admitidos beneficiarios del programa, pertenecientes a la cohorte 1 y quienes siguieron el procedimiento
expuesto en la cadena de entrega. Por su parte, los últimos beneficiarios SPP, debido a la suspensión del
programa, fueron admitidos para el segundo semestre del 2018 y el procedimiento que siguieron difiere
de la cadena de entrega inicial en los cambios resaltados en el apartado anterior.
A continuación, se describen las cifras reportadas por la Universidad del Valle para el programa
SPP durante las cuatro cohortes (2015-2018), entre las cuales se analizan las variables asociadas con las
características sociodemográficas y de contexto de los estudiantes admitidos. Seguidamente, se exponen
experiencias de los beneficiarios y de la implementación de estos procedimientos a cargo de la oficina
responsable en la universidad.
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Por un lado, la admisión de estudiantes pertenecientes al programa SPP a la Universidad del Valle
durante el periodo 2015 a 2018 no fue en aumento, resultado contradictorio teniendo en cuenta que es la
institución de mayor alta calidad y oferta académica, la población objeto de universidad es de escasos
recursos (estratos 1 y 2) y los valores de las matrículas según SPP, son más bajos que en el ámbito
privado. En el primero, 120 estudiantes (17%), en el segundo 358 (51%), en el tercero 111 (16%) y el
ultimo 116 (16%).
De otro lado, según datos de la encuesta de caracterización socioeconómica aplicada por la
Universidad del Valle, la distribución regional de estudiantes del programa SPP durante el periodo 2015
a 2018 se concentra en dos departamentos, Valle del Cauca: 48,9% y Nariño: 32,6%. El restante 18,5%
corresponde a jóvenes procedentes de otros 16 departamentos de Colombia como Bolívar, Putumayo,
Norte de Santander y Bogotá.
Según lo observado en la figura 3, los estudiantes pertenecientes al programa SPP en la
Universidad del Valle, durante la vigencia 2015 a 2018, son en su mayoría de sexo masculino en cada
unca de las cohortes; los años inicial y final es donde especialmente se destaca la dominación (25,0% y
22,4%, respectivamente). Estas cifras evidencian la brecha en el acceso entre hombres y mujeres.
Figura 3.
Distribución de estudiantes beneficiarios de Ser Pilo Paga admitidos por sexo y cohorte 2015-2018.
62.5%
70.00%
60.00%
50.00%
61.2%
58.6%
48.6%
51.4%
41.4%
37.5%
38.8%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
SPP1
SPP2
FEMENINO
SPP3
SPP4
MASCULINO
Nota: Elaboración propia (2020) con datos provenientes de la encuesta de caracterización
socioeconómica aplicada por la Universidad del Valle entre el 2015 y 2018.
Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.
141
�Pérez Bonfante, L., A. & Castrillón Córdoba, M.
Figura 4.
Distribución de admitidos por etnia 2015-2018
8.94%
0.85%
3.69%
86.52%
BLANCO, MESTIZO
INDIGENA
NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLOMBIANO(A)
OTRO
Nota: Elaboración propia (2020) con datos provenientes de la encuesta de caracterización
socioeconómica aplicada por la Universidad del Valle entre el 2015 y 2018.
En términos de tipo de autorreconocimiento étnico, según se observa en la figura 4, el tipo de
etnia que predomina es blanca o mestiza (86,52%). Las etnias negra, mulata, afrocolombiana e indígena,
de mayor presencia en la región del pacífico colombiano, alcanzan el 12,63%. En el caso de la
Universidad del Valle, el programa SPP asiste marginalmente el acceso de las etnias menos favorecidas
de la región.
Figura 5.
Distribución según nivel educativo de padres y madres de admitidos 2015-2018
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Bachillerato Bachillerato
completo
incompleto
No tuvo
escuela
Postgrado
Primaria
completa
Primaria
incompleta
Tecnólogo o Tecnólogo o
Universitario Universitario
técnico
técnico
completo
incompleto
completo
incompleto
Padre
28.65%
12.91%
5.53%
1.28%
11.35%
16.45%
9.22%
1.70%
11.21%
1.70%
Madre
30.92%
13.62%
1.13%
1.84%
11.91%
13.76%
11.91%
2.70%
9.50%
2.70%
Nota: Elaboración propia (2020) con datos provenientes de la encuesta de caracterización
socioeconómica aplicada por la Universidad del Valle entre el 2015 y 2018.
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Por su parte, el nivel educativo de madres y padres de estudiantes del programa SPP en la
Universidad del Valle, durante la vigencia 2015 a 2018 observado en la figura 5, señala que padres y
madres alcanzan tasas del 21,7% y 23,2%, respectivamente en estudios superiores. Por tanto, la mayoría
de los beneficiarios del programa SPP en este caso, provienen de hogares sin estudios superiores.
Figura 6.
Motivo de elección de la universidad de admitidos 2015-2018
11.67%
10.83%
3.33%
74.17%
El prestigio y reconocimiento con que cuenta
Ser la única universidad que ofrece esta carrera
La riqueza cultural que ofrece
Su bajo costo de matricula
Nota: Elaboración propia (2020) con datos provenientes de la encuesta de caracterización
socioeconómica aplicada por la Universidad del Valle entre el 2015 y 2018.
Finalmente, de acuerdo con la figura 6, los tres principales motivos de elección de Universidad
del Valle por estudiantes del programa SPP son el prestigio y reconocimiento de la institución (74,17%),
la única institución en ofrecer el programa de estudios (11,67%) y el bajo costo de la matrícula (10,83%)
que tienen los estudios en la Universidad del Valle. En este caso, se confirma lo expuesto por Álvarez
(2019) y Laajaj, Moya y Sánchez (2018) sobre la elección de instituciones con mayor reconocimiento y
valor de los estudios, respectivamente.
Percepciones de la implementación del programa SPP en la Universidad del Valle
Teniendo en cuenta la descripción de los procedimientos realizados en el apartado anterior, las
principales razones operacionales que resaltan por su influencia sobre los resultados, se relacionan con
los requisitos de selección y la financiación (procedencia y montos a financiar). Así, por ejemplo, la jefa
del área de registro académico de la Universidad del Valle resalta las limitaciones que presentan los
Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.
143
�Pérez Bonfante, L., A. & Castrillón Córdoba, M.
criterios de selección de los beneficiarios del programa, donde se han evidenciado casos en los que la
asignación del crédito se da a quienes cuentan con mejores condiciones en términos de ingresos:
(…) Entonces son cosas que uno dice que no están bien, no digo que sea la mayoría pero el filtro
me parece que no fue bien dado, porque, yo lo dije en una reunión con el Ministerio alguna vez,
eso deben plantearlo para colegios, para las estratos de los colegios porque difícilmente, la niñita
que llegaba en la Prado, que registró la habitación en Ciudad Bolívar, que fueron a hacerle la
visita domiciliaria, y ella allí tenía ropa, tenía todo, cuánto, o sea cuánto le cuesta alquilar una
habitación en Ciudad Bolívar y la van a buscarla y la niña está en la universidad entonces
difícilmente esa persona va a estudiar en colegios estratos 1 y 2 (…) (Funcionaria Universidad
del Valle)
Los criterios que maneja el programa también pueden estar dejando por fuera a jóvenes que por
sus condiciones también necesitan de apoyo del Estado para acceder a la educación superior, como lo
señala la misma funcionaria:
(…) y finalmente también pues se hace excluyente desde que si por ejemplo el papá es un taxista
que con mucho esfuerzo paga su EPS no tiene derecho porque puede pagar supuestamente su
EPS, las empleadas de servicio doméstico que quien las vincula tiene la obligación de pagar la
EPS, los hijos de ella no pueden acceder porque supuestamente pertenecen a una mejor familia
porque tienen EPS, o sea, ya de entrada el servicio de la EPS lo clasifican como si fuera una cosa
demasiado ostentosa, entonces esas son las cosas que uno ve que pasan y que finalmente (...)
(Funcionaria Universidad del Valle).
Respecto a la financiación del programa, parece no haberse tenido en cuenta en su formulación,
aspectos como la fuente de sus recursos, su destinación final, los sobre costos y por ende el respaldo para
su sostenimiento y continuidad. Además de la exclusión de gran parte de la población objetivo que se
pudo haber generado por no utilizar de forma eficiente los recursos ya disponibles. Por ejemplo, en su
implementación, el paso de una cohorte a la otra terminó ascendiendo a un monto equivalente a 3.320.047
millones de pesos, recursos con los que, en otras condiciones, se atendería a una cantidad de jóvenes
mucho mayor a la beneficiada inicialmente por SPP (Martínez, 2018).
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En línea con lo expuesto, la jefa del área de registro académico de la Universidad del Valle expone
lo siguiente:
(…) Lo último que leí hace como un mes era que la deuda que había era insostenible y tiene que
serlo porque cómo le vas a financiar tantos millones a una persona que de entrada no sabes cómo
los va a pagar. Entonces no hay garantías del recurso como tal, entonces digamos que me pareció
siempre que fue una política muy al azar muy a la carrera (…) (funcionaria Universidad del
Valle).
Esto también pudo verse reflejado en las causas de la suspensión del programa, pues en ultimas
los recursos que garantizaban el desarrollo de las cuatro cohortes del programa durante el periodo
académico de cada una de ellas consideradas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2018-2021, pese a
que fueron aprobados por el CONFIS en 2016 y 2017, el programa termina estando desfinanciado por
alrededor de 2 billones de pesos, razón por la cual el Ministerio de Educación Nacional del nuevo
gobierno en cabeza de Iván Duque Márquez, decide suspender el programa y reemplazarlo por uno nuevo
(Generación E) (El Tiempo, 2018; Semana, 2018).
En términos de procedimiento, en el caso de los Pilos que se suman como aspirantes a la
Universidad del Valle y que incluso podría extenderse a otras, las implicaciones que tiene la financiación
por parte de SPP a futuro en caso de no cumplir con las condiciones de condonación termina por alejar
a los beneficiarios de acceder al mismo programa, como lo expone la funcionaria de la Universidad del
Valle entrevistada.
(…) nosotros aquí ¿qué teníamos? a mucha gente inscrita de Pilo, mucha gente admitida y
finalmente los pilos que quedaban y se registraban todo su proceso para hacerse beneficiarios del
programa eran muchos menos (…) porque (…) te liquidan en el recibo de matrícula financiera
con un recibo de servicios públicos entonces pagas en promedio $300.000, con eso hace tu familia
el esfuerzo y lo paga y no hace todo el proceso de deuda y de complejidad que puede tener el
programa Pilo. Que tiene otros beneficios y que les dan algunas cosas, ¡sí! Pero también es el
temor a la deuda (…) pero también es exponerse a tener que explicar, a tener que demostrar a
tener que ir, a tener que venir y que de pronto si ya eres profesional, pensando positivamente, que
la persona de verdad logre fuera del tiempo, (…) pues se queda con una deuda, ahí bloqueada
extendida por mucho tiempo posiblemente (...) (funcionaria Universidad del Valle).
Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.
145
�Pérez Bonfante, L., A. & Castrillón Córdoba, M.
Ahora bien, siguiendo los resultados expuestos por Castrillon (2020), proyecto del cual se deriva
la presente investigación, para los aspirantes SPP resulta ser, en muchos casos, la única oportunidad para
acceder a la una institución de educación superior con acreditación de alta calidad, dejando de lado la
estructura de costes de matrícula y sostenimiento que es una de las principales barreras de entrada a la
educación (Vivas, 2008). Sin embargo, las condiciones de condonabilidad, además de alejar a
beneficiarios de acceder al programa como lo menciona la funcionaria de la universidad, terminan por
limitar la elección de carrera o institución debido a la posibilidad de no cumplir con los tiempos, ya sea
por rendimiento académico, no compatibilidad con la carrera elegida o por aspectos emocionales.
Para muchos beneficiarios, la primera opción de universidad para realizar sus estudios era una
institución privada de alto prestigio porque “me decían, váyase a lo mejor, apunte a una universidad
privada, a la de los Andes en Bogotá” (Anderson, 21 años, segunda cohorte) o porque “profesores de mi
colegio decían que, si me iban a pagar todo, pues que fuera una cara”. (Andrés, 20 años, tercera cohorte.
Fragmento de entrevista Castrillon, 2020, p85))
No obstante, surgen otros aspectos que superan el ámbito económico o de costos para ingresar y
mantenerse en el programa académico elegido. Estos tienen que ver con el desempeño académico y las
habilidades socioemocionales al enfrentarse a las exigencias propias de cada curso y el riesgo latente de
no lograr condonar el crédito en caso de atrasarse académicamente. Por tanto, algunas de las elecciones
de universidad o de programa académico, que en un inicio fueron vocacionales, se modificaron al pensar
en la magnitud de la deuda en caso de graduarse en el tiempo acordado, como es el caso de Ana quien
paso de estar en una universidad privada a una pública:
(…) la verdad por problemas personales y complicados con mi familia que afectaron mi
rendimiento académico y ese semestre fue un poco catastrófico, mi último semestre allá, a pesar
de que no me fue tan, tan mal empecé a considerarlo y a decir, ¡no! son 17 millones, yo no me
puedo dar ese lujo de tener esos bajones de tirarse materias o de hacer tales o tales cosas porque
son 17 millones y de cuánto podría ser la deuda. (Ana, 19 años, tercera cohorte)
Además de cambiar de carrera por tratar de correr menos riesgos, pues al cambiar de universidad,
los semestres ya vistos eran descontados del acuerdo inicial del crédito pactado a un tiempo específico:
146 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/
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Algo a lo que yo estoy sometida en este momento es que tu ingresas a una universidad y cuando
ingresas tienes el compromiso, le dices al Icetex yo necesito ayuda por tal número de semestres
que están en el pensum (…) porque se supone que eres buen estudiante y vas a sacar la carrera es
ese tiempo y si pasa alguna otra cosa debes de sacar un crédito para poder terminar la carrera y
no incumplirle al Icetex que te da dos años de prórroga para llevar el diploma y que la deuda sea
condonada (…) aunque a mí me gusta mucho mecánica (…) yo debo tener mucho cuidado con
mis tiempos y pues industrial es como que me da mucha más probabilidad para graduarme a
tiempo. (Ana, 19 años, tercera cohorte)
De acuerdo con lo expuesto por diferentes beneficiarios entrevistados, uno de los aspectos de
mayor reconocimiento es el apoyo de sostenimiento, que hacía parte de los beneficios del programa, para
facilitar el desarrollo de la formación alivianando los costos económicos de permanecer en la universidad.
Lo anterior debido a que evita, en cierta medida, que la calidad de sus estudios se vea afectada por dedicar
tiempo a la generación de recursos propios.
(…) El programa si me ha facilitado muchas cosas, entre ellas pues no tengo que preocuparme
por estar pidiendo todo el tiempo a mis papás el apoyo económico, a pesar de que ellos están
dispuestos a hacerlo, pero si me da como esa tranquilidad de que no les tengo que estar pidiendo
para todo, para las fotocopias, para los almuerzos, para los pasajes. (Martha, 19 años, segunda
cohorte)
(…) De alguna manera sí ha servido, digámoslo así, la ayuda económica para estudiar lo que
estoy estudiando. No porque acá (en la universidad) se maneje en el tema del dinero sino porque
me facilitó dedicarme mucho más de lleno pues a la academia como tal. (Julieth, 21 años, segunda
cohorte)
(…) Antes de ingresar a la universidad, justo antes, yo estaba trabajando construcción con mi
papá (…) si no hubiera estado en el programa no me hubiera podido dar la oportunidad de
empezar en un trabajo, como uno llama de oficina, o semi profesional porque una monitoria no
me hubiese dado el dinero que yo necesitada en ese momento para cubrir gastos entonces si, como
yo tenía esa facilidad del apoyo económico del programa yo podía dedicarme a un trabajo en el
que no ganara mucho pero adquiriera experiencia relacionada con lo que ya estaba estudiando.
(Jose, 26 años, primera cohorte)
Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.
147
�Pérez Bonfante, L., A. & Castrillón Córdoba, M.
Por otro lado, se hacen evidentes factores relacionados con la credibilidad en las capacidades
propias, como parte del proceso de formación, toda vez que identifican algunas debilidades que pueden
estar ligadas a los contextos en los que se formaron. Esto, en algunos casos, los lleva a esforzarse mucho
más a fin de permanecer en la universidad o nivelarse, como lo cuentan Martha y Aura, para quienes
estar en la universidad significó un esfuerzo adicional y la necesidad de acompañamiento, que se
complementaron con la idea de continuar su proceso formativo.
(…) En la universidad, digamos que trasnochaba demasiado porque sentía que no iba a ser capaz
y que miraba una cosa y decía no puede ser así de fácil, eso tiene que tener algo, investigaba, me
iba con dudas, o sea, fue terrible. (Aura, 22 años, primera cohorte)
(…) Me encontré con compañeros que vienen de colegios donde la formación académica es
mucho mejor, entonces yo en ocasiones me sentía como en desventaja sobre todo en las áreas
básicas, yo sentía que tenía muchos huecos, o sea que había muchos temas que ellos manejaban
bien y que yo no por el hecho de pues haber estudiado en un colegio con el nivel académico no
tan bueno. (Martha, 19 años, cuarta cohorte)
Se presentan también dificultades asociadas con la naturaleza científica del programa académico
en el que se encuentran matriculados por ser considerados complicados. Esto, conjugado con los términos
de condonación de SPP termina generando inestabilidad emocional con el fin de cumplir con los tiempos
que cubre el programa SPP. Según cuenta Edward, el poder estar al día para graduarse en el tiempo
acordado, trajo consigo episodios de depresión para él y para sus compañeros de SPP.
(…) Yo le he comentado eso a varios profesores y les he comentado que yo realmente no quiero
graduarme rápido por capricho sino porque lo necesito, es en serio que lo necesito, entonces es
eso, más que todo como una presión bastante jodida (…) Me toco matricular unas materias, todas,
sobre todo en quinto semestre que es el más duro, fue cuando me toco matricular tres laboratorios
y más que nada tres materias teóricas (..) que son super enredadas. Entonces yo soy el único que
como que ahoritica va al día en todo, pero pues eso me ha costado la salud mental y eso es algo
que no es justificable. (Edward, 21 años, segunda cohorte)
De esta forma, aspectos propios del programa SPP, específicamente los asociados con la
condonación del crédito – beca, intervienen en la participación de la formación, ejerciendo una presión
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mayor sobre el desempeño académico y que de acuerdo con el contexto de cada uno puede terminar
afectando su libre desarrollo durante el proceso educativo. En el caso de Edward se generó inestabilidad
emocional; para Julieth el pensar constantemente en la deuda desviaba su atención del proceso de
formación y para Andrés, la presión en ese sentido se convierte en una condición propia de los
beneficiarios del programa:
(…) Pero pues sí está la carga de que bueno, van pasando los años, los semestres y ya te tienes
que graduar, tienes que estar, tengo que estar pendiente. Entonces es como que, bueno sí, uno
tiene que entrar con el propósito de graduarse en los 5 años, pero ya empiezas a ver el tiempo y
eso también carga presión (…) ese tema de que me tengo que graduar porque si no me voy a
quedar con una deuda no me permite ya concentrarme en lo que verdaderamente importante
como: bueno, sentémonos a pensar el trabajo de grado (Julieth, 21 años, segunda cohorte)
(…) Siento que hay más presión, por esto de que si no cumplimos tenemos que pagar, entonces
personalmente siento que es otra forma de recibir presión a parte de la que genera la universidad,
como que tengo que graduarme en 5 años, no porque la gente lo espere sino porque sino tengo
que buscar esa plata y luego deberle al Icetex, eso es un cambio respecto a los estudiantes que no
hacen parte del programa. (Andrés, 20 años, tercera cohorte)
Las decisiones que tomaron los aspirantes también se vieron influenciadas por SPP al tener la
posibilidad de ser beneficiarios. En algunos de los casos inició incluso antes de presentar las pruebas
Saber 11, debido a que era uno de los requisitos para acceder a SPP, además de ser parte del proceso de
admisión de muchas universidades. Así, por ejemplo, de acuerdo con los hallazgos de investigaciones
sobre el programa, como las realizadas por Londoño, Rodríguez y Sánchez (2017) y Laajaj, Moya y
Sánchez (2018), SPP logró estimular un mayor desempeño académico que se evidenció finalmente en
los resultados de las pruebas Saber 11. A continuación, algunas experiencias de los estudiantes:
Yo digo que SPP impulso a que todo el mundo se esforzara más, en cierta forma todos intentaron
abrirte ellos ojos y decirte, bueno, ahí hay una oportunidad para que puedas ingresar a la
universidad y que te costeen todo, entonces como que esfuérzate para obtener un buen puntaje en
el Icfes (…) (Ana, 19 años, tercera cohorte)
(…) pues en el pueblo no se esperaba mucho con respecto a la educación superior, o sea no se vio
esa motivación, pero cuando ya se dijo que SPP, que ser pilo si pagaba, entonces ya empezó a ver
Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.
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esa motivación y el nivel del colegio también subió. Entonces yo pienso que fue más como esa
motivación que daba el programa SPP, entonces ya como que los muchachos pues empezaban a
motivarse más para concentrarse en el Icfes y no solamente porque había que hacerlo entonces si
se empezaron a interesar más en lo que es la educación superior. (Juliana, 22 años, primera
cohorte)
(…) del colegio siempre nos habían dicho que buscáramos la mayor facilidad o que sacáramos
un buen Icfes y bueno, como eso. Que buscáramos como cooperativas que nos financiaran, pero
no tenía idea (…) antes del programa, tal vez no hubiera llegado a esta universidad. Hubiera
escogido una ciudad más pequeña, en este caso en el Cauca, de pronto la de Popayán por el
contexto y la situación económica. (Julieth, 21 años, segunda cohorte)
(…) Estaría trabajando, ya estaría graduada, sería técnica de algo, estaría trabajando en algún
lugar y ya. O sea, siento que no tendría tanta expectativa (…) Porque cuando vienes de una familia
que te ha dicho solo estas pequeñitas son tus posibilidades, no hay más, afuera no hay nada.
Digamos que el hecho que alguien te diga: tienes esta gran oportunidad pues si te abre como la
mente y te invita a soñar (Aura, 22 años, primera cohorte)
Respecto al proceso especificado en la cadena de entrega y las etapas de asignación del crédito del
programa SPP, especialmente en las primeras cohortes, algunos beneficiarios percibieron desorden,
reprocesos, tramites excesivos o algunos obstáculos para poder acceder o renovar el crédito, como se
expresa en los siguientes fragmentos:
Un poco desordenado diría que es el proceso, en físico era las primeras veces luego un tiempo en
el que había que hacer renovación de crédito y enviar notas por correo y eso me gustaba más,
pero luego volvieron a hacer el proceso en físico, cambiaban las áreas a las que se debían entregar
los documentos, en ese tiempo yo me ponía en modo rutina, en automático, solo sabía que tenía
que llevar los documentos (Anderson, 21 años, segunda cohorte)
(…) siento que debería de haber más acompañamiento, pero del programa (…) ahora me parece
que era un trámite muy largo, en su momento sentí que todo fue muy encima, como que nadie me
avisó que tenía que hacer, que había que hacer tantos tramites, conseguir tantos papeles sin que
nadie te avisara, además no saber si es verdad, yo no sabía si era de verdad, verdad (...) El
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acompañamiento no fue tan cercano en esos momentos de los tramites. (Karen, 20 años, segunda
cohorte)
(..) el único inconveniente que llegué a tener en términos administrativos fue cuando estaba de
intercambio porque no estaba en Colombia, entonces no podía renovar el crédito, tuve que enviar,
o sea se pasaron las fechas, y cuando yo llegué aquí tuve que hacer una carta, enviar fotocopias
del pasaporte, de lo que estaba estudiando y fue un poquito, como mmmm... no vi tanta ayuda de
parte de ellos como para poder continuar en el programa, fueron muy reacios. (Jose, 26 años,
primera cohorte)
Estás situaciones fueron repetitivas e hicieron parte de modificaciones realizadas en el procedimiento de
asignación o renovación del crédito al implementar herramientas digitales:
(…) siento que se han hecho como más amigables, en el sentido que ya no tenemos que ir, imprimir
cosas, hacer las filas y eso, si no que nos los están recibiendo por correo y están siendo mucho más
hábiles, porque antes se demoraba mucho la renovación del crédito. Uno iba y llevaba los documentos y
tenía que esperar dos semanas a que ellos lo enviaran al Icetex o no sé cuál era el trámite, pero se
demoraba mucho. En cambio, ahora yo envié el correo como a las 8:00 am y a las 2:00 pm ya me aparecía
en la página como renovado (Karen, 20 años, segunda cohorte)
Al recoger las diversas percepciones sobre la implementación del programa SPP en la
Universidad del Valle, según los estudiantes entrevistados, representó una gran motivación y oportunidad
para el ingreso a la educación superior. Sin embargo, en algunos casos, las reglas del programa limitaron
sus decisiones o las modificaron, terminaron por ejercer una presión mayor sobre el desempeño
académico con efectos en los ámbitos social y emocional.
5-CONCLUSIONES
De acuerdo con el enfoque abordado desde la evaluación de procesos y resultados empíricos del
Programa SPP durante el periodo 2014-2018 se tiene, en el ámbito general, un desarrollo no homogéneo
en la cadena de valor (resultados e insumos insuficientes: cupos y recursos) y la cadena de entrega (pasos
3: recursos para el fondeo del programa SPP). Particularmente, en dicho periodo se tienen cambios en
los procedimientos de la cadena de entrega que precisan la operatividad del programa SPP y concluyen
con la no continuidad de este por causa de carencia de recursos económicos, el aumento sistemático del
Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.
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puntaje para la admisión de jóvenes en las Pruebas Saber 11 (de 310 puntos en 2014-2015 a 348 puntos
en 2017-2018), la necesidad de incluir el uso de vigencias futuras (cohorte 2016-2017) y la definición
del reglamento operativo de la cohorte 2017-2018, entre otros.
En términos de la composición y caracterización de los beneficiarios de SPP en la Universidad
del Valle, la distribución en concentra principalmente en dos departamentos, Valle del Cauca y Nariño,
además predomina la participación de hombres y de poblaciones no pertenecientes a grupos éticos. Esto
hace evidente la brecha de género y etnia existente en el acceso, pues los beneficiarios de grupos étnico
representan menos del 15% del total. También se identifica que la mayoría de los beneficiarios del
programa SPP en este caso, provienen de hogares sin estudios superiores.
Pese a las mejoras que pudo presentar el programa en cada cohorte al tratar de solucionar los
aspectos que terminaron por afectar su financiación, los productos o metas planteados no pudieron ser
alcanzados en su totalidad. Es el caso del ajuste realizado para controlar la externalidad de que los
recursos llegaron a IES privadas con altos costos por semestre (Mora y Múnera, 2019), en el que se
establecieron los costos por cupo en IES públicas. Esto logró aumentar en cierta medida los bajos valores
que se les reconocieron a las IES públicas en la primera cohorte del programa. Sin embargo, no logra
aumentar la cobertura en la medida esperada, pues termina creando solo 40.000 cupos, pasando de
generar 12.715 cupos en la segunda cohorte (2015-2016) a 8.029 en la cuarta (2017-2018) presentado
una tasa decreciente en la cantidad de cupos generados.
En el caso de la Universidad del Valle, periodo 2015-2018, la cobertura alcanza el 1.77% del total
nacional (705 de 39.644 beneficiarios), los cuales provienen de 18 departamentos, aunque con especial
representación de la zona pacífica (87.66%). Asimismo, los resultados señalan una participación
mayoritaria de hombres (58.4% en promedio) sobre mujeres y de la etnia blanca/mestiza sobre la negra
(8.94%) e indígena (3.69%). Además, se reconoce falencias en la cadena de entrega, tales como selección
de beneficiarios ligados con las condiciones socioeconómicas (pasos 1 y 6) y cobro de cartera (paso 9) y
desafíos como la consideración de enfoques de sexo y etnia para poblaciones tradicionalmente
marginadas.
La implementación del programa SPP en la Universidad del Valle, se convierte en un factor de
motivación, oportunidad y financiamiento de los estudios superiores para los jóvenes de estratos 1 y 2
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�Pérez Bonfante, L., A. & Castrillón Córdoba, M.
beneficiarios. Sin embargo, el programa generó situaciones de orden académico y emocional negativas
(estrés, frustración y depresión) en los participantes.
En suma, la investigación realizada expone aciertos y desafíos desde el enfoque de evaluación de
procesos en políticas y programas gubernamentales del sector de la educación, específicamente los
similares al programa SPP, al analizar componentes de su cadena de valor y los procedimientos de su
cadena de entrega. En el primer caso se reconoce el logro de la fijación de criterios para el aumento de
cobertura de jóvenes en la educación superior y en el segundo, la necesidad de incluir enfoques de génerosexo y etnia, así como mejor planificación de recursos económicos y mayor rigurosidad en los
procedimientos para avanzar en el cierre de brechas del acceso a la educación superior, en la búsqueda
de una sociedad menos desigual.
Finalmente, esta investigación se concentró en una universidad pública del sur occidente
colombiano, por lo que los resultados podrían ser complementados con otras investigaciones que
incluyan instituciones de carácter privado o nacional, por ejemplo. No obstante, en nuevos trabajos sería
posible observar comparaciones entre poblaciones beneficiarias y no beneficiarias de programas públicos
del gobierno nacional en un ejercicio de evaluación de impacto.
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Una mirada a la gestión inclusiva en la primera infancia:
Dimensión Política del Índice de Inclusión1
A look at inclusive management in early childhood: Political Dimension of the Inclusion
Index
Gina, Morales-Acosta2; Sandra, Gámez-Hoyos3; Xumara, Galleguillos-Velaverde4;
RESUMEN
El estudio tuvo como objetivo describir la dimensión política del Índice de inclusión que
refieren las educadoras de párvulos sobre Necesidades Educativas Especiales de un jardín
particular de Iquique, Chile. Se considera el índice una guía para docentes y equipos
educativos ante dos tareas interdependientes: primero repensar cuáles son los valores que
mueven su acción y los responsables de su puesta en práctica; segundo, iniciar y sostener
procesos de mejora e innovación educativa. Investigación de corte cualitativo etnográfico
de un caso escolar con alcance exploratorio-descriptivo. Muestra intencionada de tres
docentes de educación parvularia a quienes se aplicó cuestionario de la Dimensión B
Elaborar políticas inclusivas de traducción y adaptación del índice para España de Booth
y Ainscow (2002b). Los resultados del proceso revelan elementos de la gestión inclusiva
del jardín que aportan a disminuir barreras de exclusión en la primera infancia y proyecta
acciones concretas que se podrían implementar de forma escalonada como parte de un
programa global de atención integral. Además, de elementos facilitadores de currículo y
didáctica inclusivos.
Palabras claves: Índice de inclusión, necesidades educativas especiales, primera infancia
ABSTRACT
……………………………………
Fecha de recibido: 28/06/2022
Fecha de revisado: 18/07/2022
Fecha de aceptado: 15/11/2022
Esta obra está bajo una licencia de
Creativa Commons ReconocimientoNoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional
The study aimed to describe the political dimension of the Inclusion Index referred to by
preschool educators on Special Educational Needs of a particular garden in Iquique, Chile.
The index is considered a guide for teachers and educational teams in face of two
independent tasks: first to rethink the value that drive their action and those responsible
for its implementation; second, to initiate and sustain processes of educational
improvement and innovation. Qualitative ethnographic research of a school case with
exploratory -descriptive scope. Intentional sample of three pre-school teachers to who
Dimension B questionnaire was applied Elaborate inclusive policies of translation and
adaptation of the index for Spain of Booth and Ainscow (2002b). The results of the
process reveal elements of inclusive management of the garden that contribute to reduce
barriers of exclusion in early childhood and projects concrete actions that could be
implemented in a phased manner as part of a comprehensive care program. In addition,
inclusive curriculum and learning enablers.
Keywords: Early childhood, educational management, index [for inclusion].
Cómo referenciar este artículo:
Morales-Acosta, G., Gámez-Hoyos, S. & Galleguillos-Velaverde, X. (2023). Una mirada a la gestión inclusiva en la primera
infancia: Dimensión Política del Índice de Inclusión. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 9(17), 157-177.
https://doi.org/10.29105/pgc9.17-07
1
Este artículo de revisión hizo parte de los requisitos de tesis de Sandra Gámez Hoyos y Xumara Galleguillos, para optar al título de Magíster en Educación con mención en Gestión
Inclusiva, Universidad Santo Tomás, Chile. Se presenta para publicación por gestión de la docente Gina Morales-Acosta con apoyo del Laboratorio Virtual de Comunicación y
Lenguaje.
2
Doctora en Educación Intercultural, Universidad Santiago de Chile, Docente Universidad Sek, Chile, correo electrónico agafano@yahoo.com y Código ORCID.
https://orcid.org/0000-0002-2573-1235
3
Magíster de Educación Mención en Gestión Inclusiva, Universidad Santo Tomás, Chile, correo electrónico sandra.gamezhoyos@gmail.com y Código ORCID.
https://orcid.org/0000-0002-9793-2589
4
Magíster de Educación Mención en Gestión Inclusiva, Universidad Santo Tomás, Chile, correo electrónico xumarag@gmail.com y Código ORCID. https://orcid.org/00000002-7869-4132
157 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/
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1. - INTRODUCCIÓN
La educación se caracteriza por el desarrollo de hábitos y la adquisición de actitudes para la vida adulta,
una gran parte de las habilidades sociales se adquieren en la escuela (Redondo, 2019). Este enfoque ha
sido socializado a nivel mundial por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, 2004),
considerando que durante el desarrollo infantil: [“los niños y las niñas experimentan rápidos y profundos
cambios, pues se pasa de estar dotado de las capacidades elementales para la sobrevivencia y de una
amplia gama de potencialidades a dominar complejas habilidades físicas, emocionales, psíquicas,
cognitivas y sociales”] (p.1). El seguimiento y buen desarrollo de estos cambios han sido de especial
interés de organismos internacionales que propenden por el aseguramiento de la calidad de vida, el
desarrollo social y la educación inclusiva.
Otro organismo es la Unesco que con la “Declaración Mundial sobre Educación para Todos”
marcó un hito al enfocar la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para todos los niños y las
niñas sin discriminaciones de pertenencia étnica, de género o discapacidad, entre otras, de modo que
pudieran ser parte activa de la sociedad y desarrollar un sentido de pertenencia y estar mejor preparados
para la vida en la comunidad como futuros ciudadanos (Unesco, 1992). En este marco dar cuenta de los
valores que mueven la gestión educativa inclusiva y los responsables en la primera infancia, así como de
iniciar y sostener procesos de mejora e innovación educativa son tareas que contribuyen a asegurar una
educación de calidad.
El ingreso de la diversidad a la escuela requiere claridad entre los profesores y asistentes
educativos sobre sus respectivos roles y responsabilidades contenidas en la Ley Nº.19.464 bajo la
modalidad de paradocencia (Está en relación con el adjetivo paradocente de origen chileno que se incluyó
en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su 23a edición de 2014, bajo la
definición de “que trabaja como auxiliar de los docentes”), definida como “aquella de nivel técnico,
complementaria a la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanzaaprendizaje” (Mineduc, 2008). Es decir, asumir cómo educar y garantizar la participación en el contexto
escolar a estudiantes con discapacidad o Necesidades Educativas Especiales.
Los docentes regulares se enfrentan a la falta de experticia o escasos conocimientos en inclusión
y se cuestionan la formación recibida y orientación de las instituciones para la práctica profesional
(Chiqui y Ureta, 2019). De hecho, la demanda de inclusión presenta desafíos para los docentes de primera
158 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/
�Morales-Acosta, G., Gámez-Hoyos, S. & Galleguillos-Velaverde, X.
infancia que no cuentan con tiempos específicos asignados dentro de la carga horaria. Por tanto, la gestión
inclusiva requiere apoyos educativos multilaterales para su incorporación en la agenda curricular. No
obstante, aunque se dispone de recursos de aprendizaje para el área escolar en el país, es insuficiente,
especialmente porque las instituciones entran en una lista de espera para la adjudicación de nuevo
personal que – eventualmente – pueda entrar en jornada.
La disponibilidad de apoyos adecuados básicos para estudiantes con NEE no se encuentra
asegurada en las instituciones, cada año se requiere hacer solicitud dentro de los presupuestos de
asignación en cada escuela (Rapanta, et.al., 2021). Lo anterior muestra un panorama para cada
organización educativa que representa desafíos, además de los propios del sistema educativo, y que cada
escolar también tiene. La capacidad de resolución de cada institución se relaciona con la gestión
educativa orientada en políticas y los beneficios que representa organizar recursos en pos de una
enseñanza y aprendizaje inclusivos en la primera infancia,
La gestión educativa de las instituciones orienta sobre decidir qué se quiere fortalecer para iniciar
o seguir incluyendo y cómo se hará. La primera parte del proceso no solo implica exponer el problema a
resolver sobre facilitadores y barreras de aprendizaje en la institución, sino realizar el seguimiento para
asegurar que se esté instaurando adecuadamente (Asterhan, et.al., 2020). Al respecto el Índice de
inclusión se presenta como una herramienta complementaria para la formación integral, entendida como
[“un conjunto de procesos orientados a aumentar la participación de los estudiantes en la cultura, los
currículos y las comunidades de las escuelas”] (Matusov, et.al., 2018). De este modo, se interrelaciona
la formación inicial con las categorías de cultura, políticas y prácticas escolares para su valoración y
gestión a partir de las posibilidades y recursos propios.
En Chile, para el índice no se identifican adaptaciones como en otros países de América Latina,
el Ministerio de Educación ha orientado el uso de la versión en español (Escobar, 2022), (Según presenta
en la página web https://especial.mineduc.cl/documentacion/documento-escuela-mundo-diversidad/.
Se reconoce la iniciativa de SENADIS con el Índice de Inclusión Municipal en Discapacidad
(IMDIS) en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI) y que cuenta con ocho
dimensiones, cinco factores y 203 indicadores). Con el índice las escuelas pueden responder a
cuestionamientos como ¿con qué recursos de cultura, políticas y prácticas escolares cuenta la institución
para la inclusión educativa?, ¿qué se podría mejorar para aumentar el aprendizaje y la participación de
estudiantes con NEE? y ¿cómo se podría mejorar? Así, el primer interrogante busca una autoevaluación,
Una mirada a la gestión inclusiva en la primera infancia: Dimensión Política del Índice de Inclusión.
159
�Morales-Acosta, G., Gámez-Hoyos, S. & Galleguillos-Velaverde, X.
el segundo priorizar y el tercero llevar a la práctica acciones de mejora en el marco de la gestión educativa
(Murillo, et.al., 2020).
Gestión que genera capacidades institucionales que se alinean con postulados de Educación para
Todos[as]. A la vez que con políticas públicas de educación en primera infancia para asegurar a niños y
niñas con o sin NEE el acceso, permanencia y logro escolar dentro de establecimientos educativos (Coto,
2013; Elías, 2015). Entonces, considerar las problemáticas de inclusión y la pertinencia de soluciones
situadas según las características de cada institución responde a criterios de aprendizaje y participación
interdisciplinarios y transversales encaminados al marco referencial del Índice de inclusión. Así como
en los propósitos de la educación inclusiva de construir una plataforma de acceso equitativo que rechace
cualquier tipo de exclusión educativa y que potencie la participación y el liderazgo, propendan el
desarrollo de las fortalezas y habilidades para la vida (Duran y Climent, 2017).
En cuanto a la estructura del índice, en las dimensiones cultura, políticas y prácticas, este trabajo
profundiza en las condiciones de la escuela para el desarrollo de políticas inclusivas, al considerar que la
manera en que la escuela toma decisiones de organizar procesos educativos y de responder a las
demandas políticas de orden nacional es la puerta de entrada para la inclusión. En tanto que considerar
las dimensiones de cultura y prácticas inclusivas, en conjunto con las políticas, es viable cuando la
institución se reconoce como inclusiva o en proceso de serlo. En este sentido profundizar en la dimensión
política describe condiciones iniciales de la escuela para acoger estudiantes con NEE.
El visibilizar la problemática de exclusión y la apuesta por la inclusión con la comunidad
educativa desde el primer ciclo escolar, permite ampliar el panorama de intervención y acción
institucional conduce a fortalecer las políticas inclusivas para trascender las barreras de aprendizaje,
acceso y participación (Sanchez, 2019). Es decir, que la escuela tiene recursos para dar respuesta a la
inclusión en la medida que transversalice la diversidad a todas sus políticas – decisiones – y sobre todo
en la formación inicial donde tienen lugar bases importantes para el desarrollo infantil.
En Chile niñas y niños pueden asistir al preescolar de forma gratuita e ingresan de 4 a 5 años al
primer y segundo nivel de transición de la educación parvularia, según lo reglamentado en el Decreto
Nº1126 (Mineduc, 2017). La cobertura de educación parvularia, que va del nacimiento a los seis años,
cobija casi 13.000 establecimientos (incluye sala cunas y jardines infantiles) de los cuales el 11% son
privados sin financiamiento estatal (Mineduc, 2020). La educación parvularia es opcional, sin embargo,
160 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/
�Morales-Acosta, G., Gámez-Hoyos, S. & Galleguillos-Velaverde, X.
todos los niños deben ingresar a la escuela en el grado equivalente a sus competencias y rango de edad.
La educación primaria contempla un periodo de ocho años y la secundaria o estudio medio son cuatro
años, para un total de doce años escolares. A partir del año 1965 la educación obligatoria se consideraba
entre los 6 y los 13 años. En el año 2003 se aprobó una nueva ley que extendió la edad hasta los 18 años.
La tasa de alfabetización de Chile era del 96,4% en el 2017, siendo una de las más altas en
América Latina, aunque con una disminución con relación al 2015 de 0,5% (INE, 2019). De discapacidad
(Senadis, 2016) Para agostó de 2019 se tuvo matrícula en transición de primero y segundo de 473,761
niños y niñas. Sin embargo, la cobertura en general sólo alcanzó el 56%, es decir que de toda la población
infantil en edad de asistir a educación parvularia solo un poco más de la mitad lo hace concentrándose la
mayor parte en los grados de transición, con un porcentaje por encima del 93%. (Mineduc, 2019).
Se estima que un total de 148.029 escolares con NEE asisten a educación parvularia en Chile. De
los cuales 141.281 tienen registro por Trastorno Específico del Lenguaje, 4.891 por discapacidad
intelectual y el resto se distribuye entre discapacidad visual (95), auditiva (57), múltiple (125), autismo
(808), trastornos motores (107) y Programa de Integración Escolar (49). Se calcula que del total de la
matrícula por NEE 6.157 tienen 6 años o más. Con relación al número de establecimientos que ofrecen
atención a NEE se reconocen 1.269 Escuelas de Lenguaje con 119.465 niños y niñas; 315 Escuelas
Especiales con 10.705 y; escuelas con párvulo con 17.862 (Mineduc, 2019).
De acuerdo con lo descrito la presente investigación busca dar cuenta de ¿cuáles son los
elementos de la dimensión política del Índice de inclusión que refieren educadoras de párvulos para la
primera infancia con Necesidades Educativas Especiales (NEE) de un Jardín Particular de Iquique en
Chile? De modo que pueda orientar sobre recursos de los que disponen y una posible proyección para la
inclusión educativa en la primera infancia.
2.-FUNDAMENTO TEÓRICO
Primera infancia con Necesidades Educativas Especiales y Educación Inicial.
La primera infancia se acota a los primeros ocho años de vida de todo ser humano. Se considera que al
tercer año la población infantil muestra en 2.5 veces más, un cerebro activo que los adultos. La
experiencia de aprendizaje de diversas áreas en la primera infancia hace que el número de conexiones
cerebrales de los niños se fortalezca y que la conexión de las neuronas sea mayor con la estimulación
Una mirada a la gestión inclusiva en la primera infancia: Dimensión Política del Índice de Inclusión.
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continua del entorno (Benavidez y Flores, 2019). En este sentido, el entorno de aprendizaje que desafía
y motiva a los niños es la primera preparación y se da con la educación inicial.
La experiencia social de la vida escolar a temprana edad, ayuda al desarrollo mental, emocional
y cognitivo (Crespo, et.al., 2017)). Entre las actividades que ofrece el entorno se destaca el juego del que
aprenden habilidades sociales, junto con la forma de tratar con los demás y desarrollar sus propios valores
(Piaget, 1981; Salamanca, 2012). La adquisición y desarrollo de habilidades lingüísticas también se ve
favorecida ante una educación inicial en la primera infancia que brinda vocabulario de aprendizaje, que
es la base de la alfabetización (Bouchard et. al. 2011; Guarneros y Vega, 2013).
Entonces, la educación inicial inclusiva ofrece un entorno de experiencias beneficiosas para el
crecimiento y desarrollo integral que ha comenzado desde casa, en transición a la escuela (Gallego,
2019).
Aspectos como clasificar una clase, comprender comportamientos y potenciales de cada
estudiante son constitutivos de los procesos de organización del sistema escolar inclusivo. En esto se
busca realzar la importancia del monitoreo y la evaluación sistemáticos para conocer el progreso de
todos los estudiantes, además de conocer cómo hacen para tomar medidas prácticas activas, en el aula y
más allá, para satisfacer las necesidades educativas de manera efectiva, propiciar la empatía y la
comprensión en una sociedad diversa que se recrea en la escuela , el hogar y los estudiantes siguen
siendo un tejido social estratégico para el desarrollo de una vida escolar satisfactoria.
Se estima que la inclusión debe estar basada en la igualdad de oportunidades como indicador de
desarrollo independiente de las variables demográficas, sexo, edad, origen étnico, condición física,
sensorial o cognitiva, para aprender y adquirir experiencias en todas las dimensiones de la vida. Por ende,
los docentes están llamados a instar los procesos de inclusión, sensibilizar a la comunidad académica y
desarrollar un interés perfectible en acciones de planeación, clasificación y medición (Gallego, 2019).
La inclusión se puede lograr cambiando estrategias en la escuela que reconozcan a toda la
comunidad escolar en la diversidad existente del ser humano. Considerando lo anterior, las comunidades
se vuelven inclusivas al educar colectivamente, derecho humano básico y vehículo para la inclusión
social y el cambio a otras escalas (Rodrigo, et. al., 2022). Así, la escuela es el lugar que proporciona un
entorno comunitario para niñas, niños y jóvenes de modo que desarrollen no sólo su conocimiento, sino
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que construyan relaciones sociales en diversidad. Lo que implica un sistema educativo que trabaje
continuamente en aumentar la participación y eliminar la exclusión de todos los aspectos de la educación
de una manera que haga que el estudiante no se sienta diferente de cualquier otro estudiante y que
garantice el rendimiento académico (Rodrigo, et. al., 2022).
La educación como un derecho humano, es resultado de una historicidad que dio paso a la
inclusión de forma paralela a la evolución de los sistemas sociales y psicológicos, transición evolutiva
que recoge tres etapas: segregación, integración e inclusión (Sanchez, 2019). Etapas que coexisten en el
sistema educativo chileno, considerando ésta como una conceptualización y que a la vez debe ser una
práctica constante y perfectible. Por tanto, se busca enfatizar en los derechos de los estudiantes, como
sus necesidades para una educación libre de discriminación y segregación. La educación inclusiva es una
sucesión de pasos que lleva consigo la premisa de participación, rechazando cualquier tipo de exclusión
educativa y reclama el aprendizaje en igualdad de oportunidades (Hernández, 2004).
La inclusión ha resultado tener efectos positivos para escolares con discapacidad,
[en áreas tales como alcanzar la meta del programa de educación individualizada (Hunt, Goetz y Anderson, 1986),
mejorar la comunicación y las habilidades sociales (Jenkins, Odom y Speltz, 1989), aumentar las interacciones
positivas con los compañeros (Lord y Hopkins, 1986), mayores resultados educativos (Slavin, 1990) y el ajuste
postescolar (Piuma, 1989). Los efectos positivos en los niños sin discapacidades incluyen el desarrollo de actitudes
y percepciones positivas de las personas con discapacidades (Voeltz, 1982) y la mejora del estatus social con
compañeros sin discapacidades (Sasso y Rude, 1988)]. (Bennett et. al. 1997:116. Traducción de autoras).
La tercera ventaja, es que los costos de inclusión son menores con el tiempo, en comparación con
la enseñanza segregada de estudiantes con discapacidad en la educación especial con compañeros de
características similares (Gómez, 2019).
Los nuevos procesos de enseñanza - aprendizaje que demanda la sociedad contemporánea genera
un reto para las instituciones educativas, porque involucra aspectos externos abiertos que necesitan filtros
y vigilancia, tal como, ocurre con el uso no planeado de la tecnología desde temprana edad; aspecto que
se contrapone a la dimensión política del Índice de Inclusión. Los riesgos de los dispositivos tecnológicos
influyen en las barreras de aprendizaje y participación que se generan en el sistema educativo como tal.
Asimismo, se presentan barreras en los procesos sustanciales de las instituciones educativas. Es decir, en
las políticas educativas externas a las instituciones y que rigen la manera de interpretar la inclusión y
hacer los lineamientos internos (Manso, et.al., 2019).
Una mirada a la gestión inclusiva en la primera infancia: Dimensión Política del Índice de Inclusión.
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En ese sentido, los lineamientos de la gestión inclusiva en la primera infancia se presentan como
facilitadores el proceso de admisión a las escuelas de lenguaje con el Decreto Nº1300 (Mineduc, 2002)
que definió el ingreso, planes y programas para niñas y niños con Trastorno Específico de Lenguaje
(TEL). Además, la Ley de Inclusión Escolar Nº20.845 (Mineduc, 2015) supuso un fin al financiamiento
compartido, garantiza procesos de admisión no discriminatorios en los establecimientos, impulsó
programas de promoción de la convivencia y buen trato. Estos avances encuentran respaldado en cuerpos
legales que sancionan la discriminación y la violencia, y promueven la gestión de la convivencia y la
formación ciudadana en el sistema escolar.
Por su parte, el Decreto Nº83 (Mineduc, 2015) aprobó criterios y orientaciones de adecuación
curricular para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de educación parvularia y educación
básica. Con este último decreto se promueve a partir de la primera infancia la diversificación de la
enseñanza favoreciendo con ello el aprendizaje y participación, permitiendo a aquellos con discapacidad
acceder y progresar en los aprendizajes del currículo nacional en igualdad de oportunidades. Con en
mención, también se derogan los decretos que aprobaban planes de estudio por déficit (Decretos exentos
Nº 89, de 1990; Nº 637, de 1994; Nº86, de 1990; Nº87, de 1990; Nº1.398, de 2006). Ante lo cual se
propuso un cambio gradual de planes y programas para ofrecer una educación escolar pertinente y
relevante, considerando la diversidad de las necesidades educativas (incluyendo aquellas que implican
apoyos más específicos), en un constante trabajo colaborativo entre los docentes y distintos profesionales,
con las familias y la comunidad.
Índice de inclusión
El Índice de inclusión (Soto, 2018) como herramienta de apoyo en la educación inicial tiene el objeto de
ayudar a mejorar el aprendizaje y la participación, para servir de guía a través de preguntas orientadoras
que permiten caracterizar los siguientes procesos cognitivos. En primer lugar, para repensar cuáles son
los valores que mueven su acción y sobre aquellos que la ejecutan. En segundo término, para iniciar y
sostener procesos de mejora e innovación. El índice puede ser utilizado de muchas maneras distintas y
en ello reside, precisamente, su enorme riqueza y funcionalidad. Por un lado, es exhaustivo en su
escrutinio de los múltiples aspectos que configuran las culturas, las políticas y las prácticas escolares con
valores inclusivos de las dimensiones del Índice de inclusión.
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La dimensión de políticas del Índice de inclusión aborda la participación y aprendizaje en cuanto
a: desarrollar una escuela para todos y organizar apoyos para atender la diversidad. Esto tiene que ver en
que la inclusión atraviese todos los procesos de desarrollo y ocupe un lugar central en la escuela de
manera que mejore el aprendizaje y participación de todos y no con foco en la infancia con NEE, Booth
y Ainscow (2002) indican que apoyo se refiere a:
[“todas las actividades que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la
diversidad del alumnado. Todas las modalidades de apoyo se agrupan dentro de un único marco
y se conciben desde la perspectiva de los alumnos y su desarrollo y no desde la perspectiva de la
escuela o de las estructuras administrativas”] (p.62).
Esto implica que la capacidad de aprender se encuentra orientada a la atención y la manera de
apropiar contenidos escolares con o sin discapacidad, o NEE. Por ende, la adaptación en el cuestionario
se debió al escaso tiempo administrativo que disponen los docentes de 193 a 124 preguntas en la categoría
del índice de educación infantil.
3.-MÉTODO
Investigación cualitativa etnográfica de un estudio de caso escolar (Sampieri,2018). Se tuvo en cuenta
el enfoque interpretativo que se da a través de las construcciones de conocimiento, tales como el
análisis, los procesos, los significados compartidos, las herramientas y documentos, entre otros,
dirigidos a la producción de una comprensión del contexto y el proceso por el que se influye y se ve
influido a fin de buscar mejoras concretas de manera directa en lo educativo (Clavijo, 2020). En
consonancia la etnografía educativa tiene por objeto la descripción de contextos educativos, la
interpretación de estos para llegar a su comprensión, la difusión de los hallazgos, y, en último término,
la mejora de la realidad educativa (Ochoa, 2019). Es decir, que se precisa delimitar la escuela como
contexto educativo y caracterizarlo, particularizar, como objetivo principal.
Por ende, la selección de un estudio de caso escolar como escenario de investigación permite
visibilizar, entre muchos procesos, la gestión inclusiva. El caso es especialmente útil en situaciones donde
se busca mejoras que están siendo estudiadas y son críticas a fin de lograr una solución concreta y eficaz
o simplemente un aporte investigativo para el análisis (Soto, 2018). Es decir, comprender problemas
prácticos a partir de la experiencia de los actores y el contexto de la acción es crítica. Entonces, los
Una mirada a la gestión inclusiva en la primera infancia: Dimensión Política del Índice de Inclusión.
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“estudios de caso proporcionan el vehículo principal de la investigación en la tradición interpretativa”
(Ochoa, 2019).
El estudio de caso es un jardín infantil particular subvencionado del sector sur, Iquique, Chile. El
jardín es reconocido por el Ministerio de Educación y cuenta con todos los niveles de educación
parvularia.
La fuente de datos fue primaria, incluyó informantes clave con muestra intencionada de tres
docentes mujeres, entre 28 y 45 años, auxiliares de educación parvularia y formación técnica. Al
momento de la encuesta se desempeñaban en los niveles de sala cuna menor, sala cuna mayor y transición
uno (prekínder). La técnica de recogida de datos fue la encuesta descriptiva y se tuvo como instrumento
el cuestionario de la Dimensión B Elaborar políticas inclusivas de la adaptación a educación infantil del
índice (Booth y Kingston, 2007). Index para la Inclusión: Desarrollo del juego, el aprendizaje y la
participación en Educación Infantil. Traducción y adaptación a España de González-Gil, Gómez-Vela, y
Jenaro.
El cuestionario consta de dos secciones de seis y nueve indicadores respectivamente, con un total
de 193 preguntas. En este trabajo no se retomó el primer indicador de la sección uno y el indicador nueve
de la sección dos, además se excluyeron preguntas de otros indicadores. El cuestionario fue
autoadministrado con diligenciamiento escrito individual, las docentes respondieron un total de 124
preguntas en tres secciones de trabajo de una hora cada una aproximadamente. En la siguiente Tabla 1
se muestran las preguntas excluidas por indicador y sección.
Fue necesario gestionar la participación en el estudio para el uso de tiempo asignado por el jardín
infantil a lo administrativo en la jornada laboral. Las educadoras expresaron necesitar un horario
protegido o disponible para realizar actividades extracurriculares, lo que reiteraron a lo largo de su
participación en el estudio.
El análisis para la presentación de resultados consistió en transcribir las respuestas de los tres
cuestionarios en una matriz con las preguntas y hacer una correlación de respuestas y la posterior
descripción de cada indicador a partir de las percepciones docentes. Posteriormente se hizo la
identificación de barreras y facilitadores por indicador.
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Se identificó que de las 124 preguntas sólo hubo respuesta descriptiva, entre las respuestas
consideradas no descriptivas estuvo el uso de: si, no, siempre, existe, no del todo, suficientes, podría
mejorar, por lo general, puede ser; combinaciones de estas o frases que retomaron o reelaborar la pregunta
a la que se respondía sin agregar información nueva que diera cuenta del proceso en el jardín. (Tabla 1
y 2).
Distribución para el análisis de contenido
Tabla 1.
Desarrollar una escuela para todos
Código
Descripción
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
B.1.6
Se ayuda a todo miembro nuevo del profesorado a adaptarse al centro.
La escuela intenta admitir a todo el alumnado de su localidad.
La escuela hace que sus instalaciones sean físicamente accesibles para todos.
Cuando el alumnado accede a la escuela por primera vez se le ayuda a adaptarse.
La escuela organiza los grupos de aprendizaje de forma que todo el alumnado se
sienta valorado.
Fuente: Booth y Kingston ( 2007). Nota: Elaboración propia a partir de reporte de la categoría de la
Dimensión B Elaborar políticas inclusivas
Tabla 2.
Organizar el apoyo para atender a la diversidad
Código
Descripción
B.2.1
B.2.2
Se coordinan todas las formas de apoyo.
Las actividades de desarrollo profesional del personal de la escuela les ayudan a dar
respuesta a la diversidad del alumnado.
B.2.3
Las políticas relacionadas con las “necesidades especiales” son políticas de
inclusión.
B.2.4
La evaluación de las necesidades educativas especiales y los apoyos se utilizan para
reducir las barreras al aprendizaje y la participación de todo el alumnado.
B.2.5
El apoyo a los alumnos que aprenden castellano como segunda lengua se coordina
con otros tipos de apoyo pedagógico.
B.2.6
Las políticas de apoyo psicológico se vinculan con las medidas de desarrollo del
currículum y de apoyo pedagógico.
B.2.7
Se han reducido las prácticas de expulsión por motivos de disciplina.
B.2.8
Se ha reducido el ausentismo escolar.
B.2.9
Se han reducido las conductas de intimidación o abuso de poder.
Fuente: Booth y Kingston (2007). Nota: Elaboración propia a partir de reporte de la categoría de la
Dimensión B Elaborar políticas inclusivas
De acuerdo con lo anterior el análisis se concentró en los indicadores y las respectivas preguntas
que tuvieron respuestas descriptivas, las cuales se concentraron en las docentes uno y dos, la docente tres
Una mirada a la gestión inclusiva en la primera infancia: Dimensión Política del Índice de Inclusión.
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se tuvo en cuenta para ver sí estaba en acuerdo o no con lo descrito al haber expresado la existencia o no
del proceso en el jardín.
4.-RESULTADOS
Los resultados muestran las condiciones políticas del jardín infantil a partir de la percepción de tres
docentes de párvulos, así como las barreras y facilitadores de políticas inclusivas identificadas. Los
resultados se presentan según la estructura de la Dimensión B Elaborar políticas inclusivas siguiendo las
secciones e indicadores.
Desarrollo de una escuela para todos
La primera y segunda categoría se organizan en la estructura del texto así: pregunta y transcripción de la
encuesta en el corpus para el análisis de contenido.
¿Se pregunta a los profesionales nuevos, si necesitan información adicional y sí se les proporciona?
“Si, el profesional nuevo requiere información adicional o algún aspecto sobre su trabajo que no
le quede claro, se le proporciona la información” (P16 - Encuesta - D01)
“Siempre han estado disponibles para aclarar dudas y brindar ayuda cuando así se le requiera”
(P16 - Encuesta - D02)
Las educadoras de párvulos refieren que cuentan con el apoyo de los colegas, los cuales
comparten conocimientos o experiencias. Esta actitud se considera un elemento facilitador, en cuanto al
manejo de la primera infancia.
¿Se ponen más obstáculos de acceso al centro a determinados niños, por ejemplo, los que tienen
discapacidad?
“No se pone obstáculos para el ingreso de párvulos con discapacidad, pero se debe consultar
minuciosamente su discapacidad, que limitaciones tiene en donde se pueda ver comprometida su
salud en su estadía en el jardín. Ejemplo síndrome de Down con problemas de cardiopatías” (P22
Encuesta - D01). “El jardín tiene una sola rampla [rampa], por lo tanto, podría mejorar en eso”
(P22 Encuesta - D03)
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La barrera de aprendizaje para párvulos con NEE se identifica en la encuesta las creencias sobre
la discapacidad, prima una situación clínica, para un proceso escolar con relación al aprendizaje. Se
devela la falta de accesibilidad en la estructura de la planta física.
¿Existe un proyecto para aumentar la accesibilidad física del centro?
“No, en el momento no se cuenta con ningún proyecto para hacerle modificaciones físicas al
centro” (P26 Encuesta - D01).
“Hasta el momento no se cuenta con ningún proyecto para eso” (P26 Encuesta - D01)
Se requiere la gestión para la inclusión en la educación ante la barrera para la participación, en
una posible demanda orientada a la accesibilidad en la organización, que permita el ingreso, permanencia
y egreso de la primera infancia, según la Ley de inclusión vigente en el país, la cual permitiría a los
padres y/o apoderados escoger el plan educativo para el hijo/a.
¿Se preocupan los profesionales por la accesibilidad de todos los elementos del centro: pasillos, aseos,
jardines, áreas de juego, ¿comedores y otras zonas comunes?
“Sí, el centro esta adaptados para que los niños puedan trasladarse con facilidad” (P 29 Encuesta
- D01)
La docente refiere sobre los niños con patrones y engramas del desarrollo motor, como elementos
facilitadores para la primera infancia en la movilidad dentro de la institución, es decir, en el momento se
encuentra adecuada para niños y niñas sin Necesidades Educativas Especiales.
¿Se consulta a las personas con discapacidad sobre la accesibilidad del centro?
“En el momento no hay ninguna persona trabajando con discapacidad” (P30 Encuesta - D01)
“No del todo” (P30 Encuesta - D02)
La docente refiere que no se encuentra inclusión laboral en su institución (comunidad educativa)
que se refiere a los asistentes de la educación, padres, docentes y directivos.
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¿Se es consciente de que los edificios inaccesibles son una barrera para muchas personas mayores?
“Sí, se es consciente que son inaccesibles” (P32 Encuesta - D01)
“[...] de todas maneras, es una barrera” (P32 Encuesta - D02)
En este ítem se aborda en el factor actitudinal en parte a la familia, en que los adultos mayores pueden
acompañar en diferentes actividades a los estudiantes dentro del establecimiento.
¿El espacio físico permite a los padres maniobrar con sillas y cochecitos de niños?
“Si, solo por algunos lugares, aunque no hay ramplas [rampas]” (P34 Encuesta - D01)
“Algunos sectores sí y en otros falta acceso ya que es una casa pequeña, y los espacios son
reducidos” (P34 Encuesta - D02)
Se encuentra como una barrera en el proceso de inclusión, dado que el centro no está adecuado
arquitectónicamente para recibir a la comunidad educativa de forma plena, en la accesibilidad que se
encuentra restringida a la entrada.
¿La política de apoyos para la inclusión es evidente para quienes visitan el centro desde servicios
externos?
“No, en realidad la escuela no cuenta con redes de apoyo para esos aspectos” (P66 Encuesta D01)
“Los profesionales trabajan con las herramientas entregadas para la mejora en la atención de los
niños” (P66 Encuesta - D02)
El centro no cuenta con redes de apoyo externas en la comunidad, en cuanto a la inclusión que propendan
hacia aprendizajes y participación. En los apoyos de la gestión educativa que se requiere para la
diversidad.
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Organización del apoyo para atender a la diversidad
En la segunda categoría organizar apoyos para la diversidad, las educadoras de párvulos indican la
necesidad de una formación continua para organizar los apoyos con respecto a la inclusión, que permitan
la formación y participación de niños con Necesidades Educativas Especiales a través de diversas
metodologías como las TICS, recopiladas en las siguientes formas.
¿Las actividades de formación continua ayudan a los profesionales a responder a la diversidad de niños?
“En estos momentos no contamos con las herramientas necesarias” (P 76 Encuesta - D01).
Se precisan en los recursos institucionales, la gestión en la inclusión para la educación, para apoyos y
desarrollo de las herramientas pedagógicas y didácticas. Lo anterior puede ser una barrera en el
aprendizaje porque no se extrapola en la planificación.
¿Los profesionales utilizan TICS de apoyo al aprendizaje, como cámaras de vídeo, grabadoras y
ordenadores?
“Si para poder lograr mayores beneficios en los párvulos” (P 84 Encuesta - D01).
“Siempre se está apoyando el aprendizaje con estas TICS” (P84 Encuesta - D02).
Las educadoras de párvulos refieren como elementos facilitadores de aprendizaje en las adecuaciones
curriculares, a través del apoyo de la tecnología como un factor importante para la primera infancia con
Necesidades Educativas Especiales.
¿Se considera que el etiquetaje de los niños como “Necesidades Educativas Especiales” puede llevar a
su devaluación y segregación?
“No al contrario se tratan de integrar a todos los niños por igual” (P90 Encuesta - D01)
“Se trabaja de igual manera que todos, pero nos enfocamos detalladamente en la manera de
desenvolverse durante la experiencia” (P90 Encuesta - D02)
Las educadoras de párvulos refieren que tener el niño en etiqueta le beneficia como un elemento
facilitador en el área del conocimiento. Para la gestión en procesos de inclusión según leyes del país el
Una mirada a la gestión inclusiva en la primera infancia: Dimensión Política del Índice de Inclusión.
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etiquetado de estudiantes con requerimientos especiales de educación, sirven para poder acceder a los
recursos y beneficios en la educación.
¿Se considera a los niños con NEE con intereses, conocimientos y habilidades diferentes más que como
un grupo homogéneo?
“No todos los niños son iguales solo sus ritmos de aprendizaje son diferentes” (P90 Encuesta D01).
“Nos enfocamos cuidadosamente en su desarrollo, pero de igual manera se considera dentro del
grupo curso” (P90 Encuesta - D02).
Refieren como un elemento facilitador, desde el elemento actitudinal, el reconocer las diferencias en la
primera infancia en el aula para la realización de las actividades que se generan a nivel grupal.
¿Es posible proporcionar apoyos sin acudir al etiquetado?
“Si, no solo porque algunos niños y niñas necesiten trabajar con profesionales de apoyo la
sociedad debería de etiquetarlos” (P98 Encuesta - D01)
Según la declaración universal de los niños y niñas en el tercer principio indica “el derecho a un
nombre y una nacionalidad desde su nacimiento”. Por lo anterior en contextos escolares se deberían hacer
referencia por el nombre [propio] y al asignarle una etiqueta en el diagnóstico (autista, Sordo, entre otros);
como una construcción social lingüística que le otorga a la niña o niño un identificador, es decir, no se
prioriza el nombre del estudiante sino el diagnóstico como un diferenciador personal.
Lo anterior podría ser considerado como una barrera con estudiantes con NEE en las creencias,
actitudes y planificación del docente para el proceso de enseñanza aprendizaje.
¿Los servicios externos de apoyo contribuyen a la planificación de actividades para reducir las barreras
para el juego, el aprendizaje y la participación?
“No, se realiza en el establecimiento” (P105 Encuesta - D2)
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Es importante el juego para disminuir las barreras en el aprendizaje y participación en la primera infancia
con NEE, se requerirán el considerar adecuaciones propias de la región en construcción de una ciudad
accesible mediante el apoyo de ayudas técnicas.
¿Los profesionales entienden que a veces la timidez se debe a un bajo dominio del idioma mayoritario?
“Si y eso puede jugar en contra de los niños y niñas si no se refuerza” (P115 Encuesta - D01)
En el jardín infantil hay una gran variedad de etnias y consigo una gran variedad de idiomas es
por eso por lo que las educadoras de párvulos refuerzan el castellano como puente comunicativo y las
familias con la lengua de origen en bilingüismo construido.
¿Hay intérpretes de lengua de señas o de cualquier otro idioma para apoyar a aquellos que lo necesitan?
“No, ya que hasta el momento no existe ningún niño que lo necesito y/o requiera” (P120 Encuesta
- D02)
La inclusión debe de considerar que el docente maneje antes del ingreso de estudiantes con NEE,
herramientas comunicativas básicas como son: la lengua de señas chilena, el braille e instrucciones en
lengua de pueblos originarios y lenguas extranjeras.
Se precisa la consideración de elementos culturales en la inmersión lingüística, que se origina por
el manejo de una lengua (monolingüe) en transición a una segunda lengua (bilingüismo) que permita
considerar en el jardín infantil en el currículo el manejo de material didáctico de textos bilingües y
accesibles para la enseñanza aprendizaje, es decir, el aprendizaje está ligado con el lenguaje.
¿Los profesionales continúan intentando aumentar la participación en el juego, el aprendizaje y las
relaciones de un niño, aunque su conducta sea problemática?
“Se trata de buscar diferentes estrategias para poder ayudar a corregir la conducta del niños o
niña” (P127 Encuesta - D01)
“Siempre se prioriza el juego” (P127 Encuesta - D02)
Las profesoras indican la importancia del juego, como elementos facilitadores a través del juego
que permitan a los estudiantes mejorar su participación y el aprendizaje para minimizar las barreras.
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¿El apoyo que se ofrece a un niño para resolver conflictos implica la reflexión sobre la manera de
mejorar el juego, el aprendizaje y la participación de todos?
“Si la idea es que los párvulos se puedan adaptar a todo tipo de diversidad” (P 133 Encuesta D01)
“Si, se trata siempre de hacer maneras menos agresivas para solucionar sus conflictos” (P 133
Encuesta - D02)
Las educadoras de párvulos del jardín infantil presentan estrategias mediadas con el lenguaje para
la resolución de conflictos con los pares, en modelamiento de conductas sociales para una convivencia
pacífica.
Las anteriores categorías de mejorar el centro para todos y organizar apoyos para la diversidad,
el Índice de inclusión develó en esta investigación, que algunas estrategias sobre la gestión inclusiva en
pos de disminuir las barreras y facilitar el aprendizaje, no están ampliamente implementadas para
fortalecer el ingreso, permanencia y egreso de la primera infancia con NEE.
5.-CONCLUSIONES
La diversidad, en su abordaje pleno depende de la visión del sujeto [docente] en su propio marco de
referencia y vivencias. En perspectiva de una educación inclusiva no solo es contar con la infraestructura
que demanda el Ministerio de Educación para la atención de la primera infancia para estructurar el
aprendizaje y conocimiento, si se segregan y limitan el ingreso infantes de párvulos con limitaciones en
su lenguaje, secundarios en orientaciones que definen la ley.
El Índice de inclusión alienta a la comunidad educativa a reflexionar sobre las relaciones de la
primera infancia y la NEE. Atendiendo cuidadosamente las repercusiones de los valores inclusivos para
mejorar el centro para todos [todas], como un lugar de acogida de diferentes etnias, lenguas y culturas de
las cuales docentes y párvulos pueden conocer y aprender de manera recíproca. En pos de disminuir
barreras y fomentar elementos facilitadores dentro del aula. La diversidad en las adecuaciones inclusivas
en el área curricular y didáctica a través de la gestión inclusiva, para bajar las directrices a la comunidad
educativa, se deben considerar el formar equipo de trabajo para la variedad de actividades implementadas
de manera consensuada en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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�Morales-Acosta, G., Gámez-Hoyos, S. & Galleguillos-Velaverde, X.
Se cuenta de forma positiva desde el quehacer docente con la iniciativa y disposición para trabajar
con todos los niños y niñas para su aprendizaje. Esto significa completar proyectos y/o ejecutar tareas
cotidianas.
Contar con la organización de apoyos para la diversidad, la participación y el aprendizaje, en los
jardines infantiles se vivencian en las aulas la diversidad, las mismas que existen dentro de la sociedad,
deriva esto a la consideración de adecuaciones curriculares de las necesidades y capacidades de cada
infante, como una respuesta a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
El reconocimiento de la diferencia precisa contar con profesionales de apoyo cualificados para el
ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes e incluir dentro de los presupuestos institucionales una
estrategia a ser implementada en el jardín infantil, como un apoyo de las herramientas pedagógicas y
didácticas. Es relevante consensuar acciones a seguir [capacitaciones, talleres, profesionalizaciones] para
ser perfectible sobre el manejo de la información orientada por el índice y capacitaciones entre pares de
novato/ experto que permitan transferencia de conocimiento y retroalimentación con a los actores de la
colectividad escolar.
Estas transferencias indican la necesidad de una gestión inclusiva con la comunidad escolar de
forma previa al ingreso de los estudiantes, su permanencia y posterior egreso, reconociendo el trabajo de
las educadoras de párvulos en la parte actitudinal al asignarles la labor de entregar a los niños las
herramientas pedagógicas para desenvolverse en contextos sociales diversos.
Se debe formar al equipo docente involucrado con la primera infancia con NEE, para alcanzar los
objetivos propuestos de la inclusión según las orientaciones del index en la institución, basados en el
diálogo actividades de forma equitativa y prioritaria, forma paralela considerar espacios para la reflexión
docente sobre la inclusión que abarcan soluciones que pueden ser en la adecuación de la infraestructura
o recursos digitales.
Finalmente, en la dimensión de política del Índice de inclusión, que permita en la práctica la
continuidad de los procesos en la institución con mejoras, reflejadas en acciones concretas de
capacitaciones para llevar el currículum a una didáctica inclusiva para la enseñanza – aprendizaje y la
posterior instalación en la innovación las prácticas educativas de forma escalonada en el jardín infantil.
Ese es el desafío, considerar toda la diversidad de las NEE en la primera infancia.
Una mirada a la gestión inclusiva en la primera infancia: Dimensión Política del Índice de Inclusión.
175
�Morales-Acosta, G., Gámez-Hoyos, S. & Galleguillos-Velaverde, X.
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Políticas públicas para la justicia de géneros e igualdad en
Argentina1
Public policies for gender justice and equality in Argentina
Suyai, García-Gualda2;
RESUMEN
El presente artículo es producto de una investigación cualitativa-teórica en la que
se persigue como objetivo indagar en la noción de justicia de géneros y, a partir
de allí, reflexionar sobre las políticas de estado orientadas a tal fin.
Específicamente, en este escrito se analiza una política pública para la igualdad:
la creación del Cuerpo de Abogadas-os para víctimas de violencia de género. El
período de análisis abarca desde 2015, año en el que se sancionó la norma que
da origen a la política analizada, hasta 2021. A partir de un exhaustivo proceso
de relevamiento y procesamiento documental se concluye que se trata de una
experiencia que puede ser entendida como una buena práctica en el camino hacia
la igualdad y la justicia de géneros en el país. Por ello, se argumenta la necesidad
de problematizar y avanzar con esta política desde una perspectiva feminista
interseccional e intercultural capaz de atender a las múltiples desigualdades que
afectan a las mujeres y disidencias.
Palabras claves: Justicia social, política pública, violencia de género.
ABSTRACT
……………………………………
Fecha de recibido: 01/07/2022
Fecha de revisado: 21/07/2022
Fecha de aceptado: 18/11/2022
Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional
The present article is the product of a qualitative-theoretical investigation in
which the objective is to investigate the notion of gender justice and, from there,
to reflect on state policies oriented to this end. Specifically, this paper analyzes
a public policy for equality: Cuerpo de Abogadas-os para victims of gender
violence. The analysis period spans from 2015, the year in which the norm that
gives rise to the analyzed policy was enacted, until 2021. From an exhaustive
process of disclosure and documental processing, it is concluded that this is an
experience that can be understood as a good practice on the way to equality and
gender justice in the country. Therefore, the need to problematize and advance
this policy is argued from an intersectional and intercultural feminist perspective
capable of addressing the multiple inequalities that affect women and dissidents.
Keywords: Gender violence, public policy, social justice.
Cómo referenciar este artículo:
García-Gualda, S. (2023). Políticas públicas para la justicia de géneros e igualdad en Argentina. Revista Política, Globalidad
y Ciudadanía, 9(17), 178-199. https://doi.org/10.29105/pgc9.17-08
Este artículo es producto del proyecto “Igualdad, reconocimiento y anti-meritocracia en el socialismo contemporáneo” (PIP-CONICET), iniciado en 2021 y actualmente en curso
Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (IPEHCS-CONICET/UNCo), Argentina. Doctora en Ciencias Sociales (UNCuyo),
suyaigarciagualda@conicet.gov.ar ORCID https://orcid.org/0000-0003-2856-1582
1
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1. - INTRODUCCIÓN
Iniciados los años dos mil en Argentina se sancionaron una serie de leyes tendientes a reparar la
desigualdad de género que padecen las mujeres y disidencias. En este contexto, el año 2015 marcó un
punto de inflexión en lo que refiere a las demandas por acceso a la justicia por parte de las mujeres y
disidencias; instalándose con vehemencia la problemática de la violencia de género no sólo en la
agenda mediática, sino también en la de gobierno. La marcha convocada el 3 de junio de 2015 a través
de redes sociales bajo la consigna #NiUnaMenos, como respuesta a una serie de femicidios, movilizó
a más de medio millón de personas a lo largo de todo el país. La masividad de esta convocatoria
permitió visibilizar los históricos reclamos por reconocimiento que sostienen las organizaciones de
mujeres, feministas y de las disidencias; y fue, sin duda, un parteaguas para que la agenda de los
feminismos adquiriera centralidad en el debate público (Serquis, Moisset et al., 2021). Sin perder de
vista que vivir una vida libre de violencias es un derecho humano, se logró instalar la consigna: el
Estado es responsable (Carola, 2018). A partir de allí, se comenzaron a requerir y gestionar acciones
concretas y comprometidas por parte de los organismos estatales en todos los niveles de jurisdicción.
En consonancia con las disposiciones de la Ley N° 26.485/2009 y con el fin de efectivizar el
ejercicio y goce de los derechos consagrados en ésta y otras normas relacionadas con la problemática
de la violencia de género, en 2015 al calor de múltiples reivindicaciones feministas, en Argentina se
sancionó la Ley N° 27.210 que da origen al “Cuerpo de Abogadas y Abogados para víctimas de
violencia de género” (en adelante, el Cuerpo). Dicho Cuerpo está dedicado a brindar patrocinio jurídico
gratuito e integral a personas que atraviesan situaciones de violencia por razón de género u orientación
sexual. La finalidad de la institución de este organismo ha sido garantizar el derecho de acceso a la
justicia, la reparación y, de este modo, evitar la revictimización común en los procesos judiciales; por
esta razón, es integrado por profesionales capacitados en perspectiva de género. A su vez, esta política
contempla la posibilidad de ejecutar acciones coordinadas de manera intersectorial e interjurisdiccional, como también de desarrollar tareas de capacitación (y formación) y difusión de los
servicios de patrocino jurídico existentes en distintas jurisdicciones del país (Rodríguez Enríquez y
Pautassi, 2016, p. 27).
Es importante señalar que, desde su creación, se considera la coordinación del Cuerpo con
profesionales de salud mental y, también, se planea contar con asesoramiento socioeconómico para la
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�García-Gualda, S.
búsqueda de propuestas alternativas que faciliten el empoderamiento y la autonomía de las personas
denunciantes. En los últimos meses del año 2021 este Cuerpo pasó de la órbita del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos a la del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y desde dicha
cartera se anunció, también, la puesta en marcha del Programa Acercar Derechos, el cual tiene como
principal finalidad fortalecer el acceso a derechos y al sistema de administración de justicia a las
mujeres y disidencias en situación de violencia, desde una perspectiva intercultural e interseccional
capaz de brindar un efectivo acompañamiento integral a lo largo de todo el país. Por todo lo dicho, a
partir de una estrategia metodológica cualitativa, en este artículo se propone un análisis teórico
feminista e interseccional de esta política, entendida como una política para la igualdad que ha
significado una valiosa experiencia a favor de la justicia de géneros.
2.-FUNDAMENTO TEÓRICO
Para comenzar es necesario realizar una serie de consideraciones teóricas, ya que hacen al argumento
general del texto y, de alguna manera, sientan el posicionamiento teórico-metodológico-epistémico y
político que se imprime en estas páginas. En este sentido, es importante aclarar que, si bien las
principales exponentes que se toman como referentes teóricos para la realización de este trabajo hacen
referencia al concepto de justicia de género en singular, se entiende como una apuesta epistemológica
y política hablar de géneros en plural. De esta forma, como ya se ha dicho en trabajos anteriores, se
logra cierto cuestionamiento y/o problematización de la mirada binaria-dicotómica del género
(consustancial a la modernidad occidental). Así, pensar en términos de géneros en plural abre el
diálogo a otras identidades que rompen con el cisgenerismo y la heteronorma.
En esta misma línea, es importante propiciar análisis críticos y geo-situados sensibles a las
diferencias e incluso capaces de hacerse eco de los numerosos debates teóricos que dicha noción ha
generado al interior de los propios feminismos. Por tanto, de acuerdo con la antropóloga mexicana
Lagarde (1996), todas las culturas elaboran sus propias cosmovisiones sobre los géneros y, por tanto,
cada grupo cultural y sociedad tienen formas particulares de entenderlos. Situarse en este punto de
partida posibilita dar un importante paso a favor de la interculturalidad e interseccionalidad y, así, en
términos de Young (1990), poner fin al imperialismo cultural que oprime a las mujeres y disidencias.
En relación a esto, en el presente escrito se entiende que la interculturalidad supone no solo el
reconocimiento de las diferencias, sino también la construcción de relaciones sociales y modos de vida
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�García-Gualda, S.
más equitativos y justos (Walsh, 2008; Tubino, 2019). Por todo lo aquí expuesto, a lo largo del escrito
se utiliza el término justicia de géneros, en plural.
Justicia de género-s: reconocimiento, redistribución y participación
El punto inicial radica en admitir que la justicia de géneros debe ser pensada-abordada-analizada de
manera situada, es decir, con la vista puesta en el contexto político, cultural e institucional. Sin duda,
esta noción remite de manera casi directa a la de ciudadanía, temática arduamente explorada y
problematizada desde la filosofía y teoría política liberal (y occidental). Los feminismos en América
Latina han colaborado notoriamente en la ampliación y complejización de los debates en torno a la
ciudadanía, con especial atención en la realidad que atraviesan las mujeres y disidencias en territorios
que han sido, históricamente, signados por procesos de conquista, colonización y despojo. De hecho,
como admite Molyneux (2007), las organizaciones de mujeres y los feminismos de la región
latinoamericana tienen una larga trayectoria de lucha por los derechos de ciudadanía, los cuales se
remontan al s. XIX e incluso antes (Bareiro y Torres, 2010; Bareiro y Soto, 2014; Vargas Valente,
2021; etc.). Esta autora afirma que la enmarañada historia política regional ha hecho que las demandas
y reivindicaciones de las mujeres por sus derechos de ciudadanía se enmarquen en un amplio arco
ideológico-político que va desde el “igualitarismo socialista hasta el maternalismo conservador”
(Molyneux, 2007, p. 48).
En este sentido, como sostiene Fraser (2008), a partir de la crisis y, posterior, ocaso de los
llamados socialismos reales y, más aún, cuando el modelo neoliberal tomó protagonismo, emergieron
en el escenario político nuevos movimientos sociales que centraron sus reivindicaciones en cuestiones
afines al reconocimiento de las diferencias. Incluso, se puede ver cómo en este escenario algunas
renombradas feministas latinoamericanas y caribeñas lograron una significativa presencia en distintas
áreas de la política a nivel internacional e incluso nacional. En este mismo marco, comenzó a debatirse
al interior del movimiento la noción de diferencia, ya que las mujeres empobrecidas y racializadas
comenzaron a cuestionar la idea de “mujer” que se promovía desde diferentes organismos y estamentos
de gobierno. Los debates y tensiones entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia
sintetizan y anteceden, de algún modo, las discusiones que se retoman en este trabajo. El primero, se
orientaba hacia la búsqueda de la emancipación de las mujeres y la igualdad de derechos y ciudadanía
entre varones y mujeres (Varela, 2019); mientras el segundo, se centraba en el cuestionamiento
profundo al androcentrismo y reivindicaba las diferencias como paradigma político.
Políticas públicas para la justicia de géneros e igualdad en Argentina.
181
�García-Gualda, S.
Durante años, esta división-confrontación se expuso de manera categórica. Por un lado, se
hallaban quienes afirmaban que la injusticia de géneros es producto del sexismo y la mala distribución;
por lo que promovían la redistribución e igual participación como mecanismo para alcanzar la equidad.
Y, por otro, aquellas que encontraban en el androcentrismo el origen primero del sexismo, por tanto,
promovían el reconocimiento y revaluación de las diferencias entre varones y mujeres (Fraser cit. en
García Gualda, 2021). A posteriori, como sostiene Cobo (cit. en Varela, 2019), comenzó un periodo
de autoanálisis y crítica del feminismo, momento en el que se comenzó a visualizar la impostergable
necesidad de atender a cómo se imbrican las cuestiones de género con las económicas, raciales,
territoriales, etcétera. En este marco, la interseccionalidad como herramienta teórica-metodológica y
política mostró su capacidad de dar cuenta de la “percepción cruzada de las relaciones de poder”
(Viveros Vigoya, 2016, p. 2) y cobró centralidad, tanto en el ámbito académico como activista. Cabe
señalar que este debate al interior de los feminismos llegó en un momento en el que las políticas de
reconocimiento y de la identidad se instalaron e incluso, como afirman algunos/as autores/as,
desplazaron a los debates sobre la distribución y redistribución económica.
Según el planteo teórico de Fraser (2015), la justicia de géneros es un concepto complejo que
debiera cumplir con un compuesto de siete principios normativos, a saber: (1) la anti-pobreza, es decir,
la asistencia social con el ánimo de prevenir y erradicar la pobreza; (2) la anti-explotación, a fin de
evitar la explotación de los sectores y sujetos no aventajados de la sociedad; (3) la igualdad de renta
entre varones y mujeres; (4) la igualdad en el tiempo de ocio, lo cual supone la distribución equitativa
de las tareas de cuidado; (5) la igualdad de respeto entre varones y mujeres, lo cual incluye el
reconocimiento del trabajo de las mujeres no remunerado y de su condición de personas; (6) la antimarginación, para garantizar la participación activa de las mujeres en la vida social y política; (7) y el
principio anti-androcentrista, que implica poner fin al androcentrismo institucionalizado. Así, para la
citada pensadora la justicia de géneros supone el cumplimiento de todos estos postulados o principios
normativos. De este modo, se observa la necesidad de articular políticas de redistribución y
reconocimiento y participación/representación, ya que la desigualdad de géneros responde a la división
sexual del trabajo y a un orden de estatus profundamente androcéntrico (García Gualda, 2021).
Es posible afirmar que si bien las mujeres y disidencias han alcanzado un importante grado de
reconocimiento; aún hoy perdura la desigual distribución de la riqueza y de las oportunidades que
obtura el ejercicio de una ciudadanía plena por parte de estas sujetas. Es decir, a pesar de los avances
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�García-Gualda, S.
consagrados, muchas mujeres y disidencias todavía experimentan lo que la politóloga Bareiro (2010)
ha definido como ciudadanía restringida. Entendiendo a esta como la imposibilidad-dificultad en el
ejercicio de los derechos que formalmente les han sido otorgados, en tanto ciudadanas de un estado de
derecho (Bareiro, 2010, p. 24). Y, aunque, en América Latina los feminismos lograron con esfuerzo
instalar temas en agenda e impulsar reformas jurídicas a favor de las mujeres, todavía existen barreras
que obstaculizan la consolidación de sociedades con justicia de géneros. Un claro ejemplo de ello,
como advierte Molyneux (2007), han sido los avances legislativos en materia de violencia doméstica
y sexual, los cuales han logrado llamar la atención sobre la necesidad de capacitar y sensibilizar en
géneros a las fuerzas policiales y a los/as/es agentes judiciales.
Por esta razón, como propone Lister (1997), es preciso debatir la igualdad diferenciada, o sea
articular políticas capaces de reconocer las diferencias sin resignar el principio de la igualdad como
meta. Retomando la obra de Fraser (2008), se requiere una mirada trifocal de la justicia social y de
géneros capaz de articular dimensiones clave como el reconocimiento, la redistribución y la paridad
participativa. Es por ello que resulta necesario pensar a la ciudadanía de manera multidimensional
(incorporándose aspectos sociales, políticos, económicos, culturales), por lo que se debe apostar por
políticas orientadas a superar la exclusión social y económica y, también, que sean capaces de
garantizar la participación activa de las personas en la vida política y en las políticas públicas. En
palabras de Lister (2012), es menester regenerizar la ciudadanía y, para ello, se deben incorporar los
derechos individuales y la participación política, como también analizar la relación entre ambos.
En Argentina, como en otros países, el sistema de administración de justicia a diario reproduce
en su accionar numerosas formas de estigmatización y exclusión que impiden la plena ciudadanía de
las mujeres y disidencias. En general, los corpus normativos se sustentan sobre supuestos
androcéntricos que se replican en los procesos judiciales y tribunales, más aún en aquellos que atienden
situaciones de violencia por razón de género. La violencia contra las mujeres y disidencias configura
una forma de vulneración a los derechos humanos, por lo cual debe ser una prioridad para los gobiernos
que apuestan por sociedades igualitarias y justas. Por todo lo dicho, en adelante se analiza una política
de estado que ha resultado vital y positiva en este sentido.
3.-MÉTODO
En términos estrictamente metodológicos, en este artículo se presenta un análisis crítico de la política
seleccionada (el Cuerpo de Abogadas-os para víctimas de violencia de género), a partir de los aportes
Políticas públicas para la justicia de géneros e igualdad en Argentina.
183
�García-Gualda, S.
teóricos de autoras feministas dedicadas a los debates en torno a la justicia social y de géneros, como
es el caso de la norteamericana Fraser (2008). Asimismo, en este documento se asume una perspectiva
interseccional atenta a las múltiples formas de desigualdad que afectan y se imprimen en las vidas y
experiencias de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género y, desde dicho enfoque,
se intenta reflexionar sobre los avances-fortalezas y pendientes-debilidades de la política en cuestión.
En cuanto a las técnicas de construcción de datos, es posible decir que se ha realizado un
riguroso proceso de relevamiento y sistematización de información proveniente de diferentes
organismos públicos. El periodo de análisis ha sido 2015-2021, partiéndose del año de creación del
órgano que se analiza. Para el procesamiento de la información se tomó como referencia la matriz
propuesta por Benavente y Valdés Barrientos (2014) para el análisis de las políticas sensibles al género.
Por tanto, a continuación, se exponen y profundizan algunos de los principales ejes o puntos nodales
de dicho esquema.
4.- RESULTADOS
Violencia de género un problema público
En los últimos tiempos el abordaje de la violencia contra las mujeres y disidencias ha tenido un visible
impulso en diferentes países de América Latina, sobre todo en lo referido a medidas legislativas y
programáticas para su implementación (Rodríguez Enriquez y Pautassi, 2016). En Argentina desde el
2009 se cuenta con la Ley Nacional 26.485, norma que procura generar políticas y mecanismos para
afrontar la violencia de género contra las mujeres. Según lo establecido en esta Ley, es el Estado el
responsable de asistir, proteger y garantizar justicia a las personas en situación de violencia y, también,
le competen tareas asistenciales y de prevención y educación sobre todos los tipos y modalidades de
violencia (Mendizábal Bermúdez y Bonino, 2019, p. 10).
Lo cierto es que, como asevera Juan Méndez (2000), es en el campo de la administración de
justicia donde se define la vigencia de los derechos fundamentales, es decir, es el espacio en el que se
evidencia si las libertades, derechos y garantías enunciadas son o no aplicadas como corresponde. En
términos del mencionado autor, el sistema de administración de justicia es en última instancia el área
en el que la ciudadanía advierte de hecho si sus derechos son verdaderamente respetados y
garantizados. De esto se desprende la importancia de facilitar y propiciar, no solo el acceso a la justicia,
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�García-Gualda, S.
sino también un acceso efectivo a la misma (Méndez, 2000, p. 3). En Argentina, pese a los avances
legislativos, todavía perdura una brecha entre la dimensión -y gravedad- de las situaciones de violencia
y las respuestas dadas por los organismos estatales, tanto en el ámbito judicial como en la esfera de las
políticas públicas (Rodríguez Enríquez y Pautassi, 2016).
Los datos recogidos por La Casa del Encuentro muestran que durante 2008 cada 40 horas fue
asesinada una mujer; mientras que, en 2014, cada 30 horas. De estos datos se desprende que entre 2008
y 2015 un total de 1617 menores de edad perdieron a su madre. Es más, el total de casos de violencia
contra las mujeres (de 14 años y más) informados al INDEC entre 2013 y 2018, por parte de los
organismos públicos que registran casos de violencia contra las mujeres por razones de género, fue de
576.360. A su vez, en 2015 solamente el 5% de las denuncias por violencia de género fueron elevadas
a juicio (Expte. S-2587/15, p. 6). Existen numerosas barreras que lesionan el derecho humano de
acceder y obtener justicia. En efecto el servicio de justicia debe caracterizarse, según Méndez (2000),
por la continuidad; la adaptación; la igualdad; la gratuidad y la celeridad. Justamente, estos últimos
principios son los que mayormente se ven vulnerados, es decir, los que suponen mayores dificultades
y obturan un adecuado y eficaz acceso a la justicia.
No es menor señalar, aunque sea a modo de paréntesis, que este cuadro de situación extremadamente preocupante- empeoró en tiempos de pandemia. Según datos no oficiales, extraídos
del Registro Nacional de Femicidios de Mumalá, se estiman 329 muertes violentas de mujeres en 2020,
lo que significa que aproximadamente cada 29 horas se le quitó la vida a una mujer en Argentina. Cabe
subrayar, también, que las medidas gubernamentales adoptadas con el fin de aplanar la curva de
contagios hicieron que muchas mujeres y niñas se vean confinadas con sus agresores e imposibilitadas
de pedir ayuda y, mucho más, de realizar las denuncias pertinentes. El resultado fue un crecimiento
exponencial de la violencia por razón de género durante 2020 y 2021, la cual afectó notablemente a
los sectores más desaventajados de la sociedad. Esto se sumó, y no es menor, a la caída de los ingresos
económicos y al empeoramiento generalizado de las condiciones de subsistencia.
Todo esto deja en evidencia la imperiosa necesidad de contar con servicios públicos de
patrocinio jurídico especializado en estas temáticas para fortalecer los reclamos ante la justicia y, de
este modo, exigir el pleno reconocimiento de los derechos consagrados en el corpus legal vigente. En
este sentido, el Cuerpo buscó no solo garantizar el acceso al sistema de administración de justicia, lo
cual es fundamental para afrontar la desigualdad de géneros, sino también evitar la revictimización de
Políticas públicas para la justicia de géneros e igualdad en Argentina.
185
�García-Gualda, S.
las personas denunciantes. Pues, como dice Méndez (2000, p. 3), si los/as/es agentes judiciales no se
encuentran capacitados, las instituciones jurisdiccionales no lograrán cumplir su misión. Por ello, la
creación de un Cuerpo de estas características ha sido una política tendiente a la protección integral de
las mujeres -y disidencias- capaz de atender no sólo a la falta de reconocimiento, sino también a la
desigualdad redistributiva que, en muchos casos, actúa como barrera-obstáculo para el acceso a la
justicia y a una vida libre de todo tipo de violencias.
Los antecedentes
Los antecedentes considerados en la elaboración de esta política incluyeron, en primer lugar, a la Ley
N°26.485 (2009) (y sus modificatorias); pues esta norma es el marco específico en el cual se inscribe
el Cuerpo con el fin de efectivizar el ejercicio y goce de los derechos consagrados en ésta y otras
normas relacionadas a la problemática. Cabe agregar como antecedente a los organismos e
instrumentos internacionales firmados y ratificados por Argentina, entre los que se destacan: la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento
legal incorporado a la Constitución Nacional en el año 1985; y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Belém do Pará (1994), ratificada a través
de la Ley N° 24.632 en el año 1996. También, importa decir que tanto la Convención Belém do Pará
como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirman la obligación de los Estados de
actuar con debida diligencia y connotación especial en casos de violencia contra las mujeres
(Mendizábal Bermúdez y Bonino, 2019). Además, debe contemplarse el corpus legal, nacional e
internacional, en materia de niñez y adolescencia e identidad de género.
Se considera, también, como antecedentes de esta política a los diferentes servicios públicos
de protección, atención y litigio, entre ellos: la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, creada en 2006 con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia a las personas
que, afectadas por hechos de violencia doméstica, se encuentran en situación de especial
vulnerabilidad; el Programa de Patrocinio de la Comisión de Temáticas de Género de la Defensoría
General de la Nación, creada a mediados de 2007 con la misión de favorecer la implementación de
estrategias de defensa con perspectiva de género, en particular en los casos vinculados a mujeres
víctimas de violencia o en conflicto de la ley penal; los Centros Integrales de la Mujer del Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires; el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia Sexual; y, también,
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cabe mencionar a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas
que funciona desde 2014 en la órbita del Ministerio Público Fiscal.
A todo esto, se debe añadir la experiencia de las Comisarías de la Mujer y de la Niñez y
Adolescencia; las Oficinas de la Mujer y las casas de acogida o refugios para víctimas de violencia
que funcionan en las diferentes provincias argentinas y el importante rol detentado por los cuerpos de
abogadas/os de diferentes jurisdicciones. Igualmente es preciso destacar como antecedente el accionar
y los servicios de asesoramiento y patrocinio llevados adelante por diferentes organizaciones del tercer
sector, como es el caso de La Casa del Encuentro; Equipo Latinoamericano de Justicia y Género; la
Asociación de Prevención de la Violencia Familiar; entre muchas otras experiencias que involucran,
también, a espacios feministas dedicados al asesoramiento y acompañamiento legal para víctimas
como el servicio Socorro Violeta (Neuquén).
Alianzas y negociaciones políticas
Respecto al origen de esta política, resulta pertinente hacer referencia a los diversos y múltiples actores
sociales y políticos que se movilizaron para lograr la sanción de la norma que dio origen al Cuerpo;
entre los que se destacan los movimientos-organizaciones de mujeres y feminismos que hicieron
posible la masiva marcha #Niunamenos, hecho histórico que impulsó la creación del Cuerpo de
abogadas-os. Esta movilización fue, como ya se dijo, una marcha multitudinaria desarrollada en junio
de 2015 en diferentes ciudades de Argentina. La convocatoria iniciada en redes sociales, y replicada
en ciertos medios de comunicación masiva, tuvo como fin decir ¡Basta! a la violencia de género que
se traducía en numerosos femicidios de mujeres y niñas; el caso más emblemático en dicho contexto
fue el asesinato por razón de género de Chiara Páez, a lo que se sumó la comprobación del femicidio
de Daiana García y la conmemoración de la desaparición de Florencia Penachi (Bianco, 2021). El
objetivo central era requerir una concreta intervención del Estado para que se instrumenten los
mecanismos necesarios a fin de garantizar los derechos de todas las mujeres y disidencias a una vida
libre de todo tipo de violencia.
Si bien en Argentina se había avanzado en normativa considerada de vanguardia en materia de
género, la presencia pública de las organizaciones sociales y feministas en las calles produjo
importantes transformaciones en las estructuras gubernamentales que hasta entonces mantenían cierta
pasividad a la sombra de la Ley 26.485 (2009). Los organismos públicos encargados de promover la
igualdad de género -muchos surgidos como resultado de compromisos asumidos en diferentes
Políticas públicas para la justicia de géneros e igualdad en Argentina.
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�García-Gualda, S.
instrumentos internacionales y de la iniciativa de organizaciones que impulsaron la creación de dichos
espacios- se vieron en la obligación de comenzar a gestionar articulaciones con los tres poderes del
Estado y otros espacios políticos comprometidos con la temática. De hecho, el proyecto de ley que dio
origen a la norma de creación del Cuerpo fue firmado por representantes de diferentes bloques
políticos, oficialistas y opositores. Esto demuestra que el contexto de ebullición social y política
favoreció el compromiso y voluntad de diferentes fuerzas partidarias.
El Expediente S-2587/15 que dio inicio al tratamiento de la Ley 27.210/15 fue ingresado por
la Cámara de Senadores de la Nación el 28 de agosto de 2015. Y, como se dijo antes, si bien lo firmaron
representantes de diferentes partidos políticos, el autor del proyecto pertenecía al bloque oficialista de
aquel entonces. El expediente fue tratado en la comisión de Presupuesto y Hacienda y, luego, en la de
Justicia y Asuntos Penales; producto del debate y tratamiento en el Senado fue aprobado -el 7 de
octubre- con modificaciones y, posteriormente, girado a la Cámara de Diputados de la Nación. En la
Cámara baja pasó por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y por la de Justicia para, finalmente,
ser tratado -sobre tablas- y sancionada el 4 de noviembre del mismo año. De este modo, el 25 de
noviembre de 2015, Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fue
promulgada por el Poder Ejecutivo la Ley 27.210 y publicada el 26 de noviembre en el Boletín Oficial.
La masividad de las marchas y los reclamos sociales, impulsados en buena parte por los medios
de comunicación masiva, favorecieron el cuestionamiento público de la falta de políticas estatales
dirigidas a abordar la violencia de género. Estas expresiones fueron las que dieron el puntapié para la
modificación y creación de normas específicas vinculadas a la temática, entre ellas la creación del
Cuerpo; ley de carácter federal que supuso la adhesión de las provincias, por lo tanto, requirió del
compromiso de legisladores, gobernadores y autoridades judiciales de las diferentes jurisdicciones.
Este no es un tema menor, puesto que da cuenta de la necesidad de diseñar políticas públicas con
enfoque intersectorial, interseccional e intercultural capaces de abordar las desigualdades y violencias
por razones de género de manera integral.
Importa señalar que si bien se concretaron servicios gratuitos de patrocinio jurídico y
asesoramiento legal y se capacitaron a los/as/es operadores jurídicos (Curso TAg), recién en 2019 se
presentó formalmente el Cuerpo y se elaboró un Protocolo de Actuación capaz de definir sus
competencias y alcances, diferenciándolo del Centro de Asistencia a las víctimas de delitos (Ley N°
27.372, 2017). En el acto oficial de presentación del Cuerpo se anunciaron una serie de mecanismos
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de coordinación y cooperación entre el la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, el Instituto Nacional
de las Mujeres (INAM), el Poder Judicial, los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa y demás
organismos y entidades de la sociedad civil, para ampliar el beneficio. A modo de acompañamiento se
hicieron eco del anuncio las integrantes de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, la
Federación de Colegios de Abogados, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia
de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también funcionarios/as/es de
diferentes partidos políticos, embajadores/as y representantes de organizaciones no gubernamentales
nacionales e internacionales (como UNICEF).
El Cuerpo se mantuvo con ciertas alteraciones debido a la pandemia COVID- 19 y con los
impactos propios de un cambio de gobierno. En ese sentido, cabe decir que durante los primeros meses
de gobierno de la actual gestión se trabajó de forma interinstitucional e integral con el Plan Nacional
de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) y la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia -SENNAF, entre otros. En el difícil contexto de ASPO - Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio y DISPO - Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, durante
2020 se realizaron numerosas reuniones para garantizar la intervención coordinada a escala nacional,
provincial y municipal, algunas de los organismos que participaron de dichos encuentros fueron: el
INADI, Línea 137, CAJs, etc. También se trabajó en conjunto con la Iniciativa Spotlight impulsada
por la Unión Europea y las Naciones Unidas. A fin de territorializar la asistencia para responder ante
la demanda de acceso efectivo a la justicia por parte de las mujeres y disidencias, en junio de 2021 se
anunciaron cambios estructurales que afectaron de manera directa al funcionamiento del Cuerpo; esto
necesariamente implica la consolidación de nuevas alianzas y acuerdos estratégicos entre diferentes
actores.
Avances y pendientes
En el Protocolo de Actuación se estableció la dedicación exclusiva del Cuerpo al asesoramiento y
patrocinio en casos de abuso sexual y violencia doméstica (en todos sus tipos: económica, física,
psicológica, sexual y simbólica); excluyéndose tipos y modalidades de violencia como la trata de
personas con fines de explotación sexual, por tratarse de un delito federal. En 2020, con motivo de la
pandemia COVID-19, se amplió el criterio de selección de casos, contemplándose: violencia
doméstica, abuso sexual de niños/as/es y adolescentes hasta 18 años y con 18 años que transiten
Políticas públicas para la justicia de géneros e igualdad en Argentina.
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embarazos forzados (situaciones en las que se prevé el acompañamiento en los casos de ILE, si así se
requiere), femicidios y transfemicidios.
En lo que hace a la estructura y a los/as/es agentes responsables de esta política, la normativa
que dio origen al Cuerpo prevé su composición de la siguiente manera: a. Director/a/e Ejecutivo con
rango y jerarquía de subsecretario de Estado, designado por el Poder Ejecutivo nacional; b. Comisión
Interdisciplinaria Asesora para el abordaje integral de la violencia de género, conformada por
profesionales de las áreas del derecho, la salud y las ciencias sociales. Se especifica, también, que
los/as/es integrantes del Cuerpo revisten dentro del Agrupamiento Especializado del Sistema Nacional
de Empleo Público según lo previsto en el decreto 2.098/2008 y sus modificatorios. Los/as/es
profesionales deberán ingresar a un Registro a través de concursos de antecedentes y oposición. Lo
previsto en principio en la norma sufrió algunas leves modificaciones a raíz de los cambios de gobierno
que se sucedieron en diciembre de 2015 y de 2019. Durante el 2019, tras presentarse oficialmente el
Cuerpo, se dio a conocer que la Red de Centros de Acceso a la Justicia -CAJs sería la encargada de
entrevistar a las víctimas y derivar los casos al Cuerpo.
En 2020, según el Informe final: Acuerdo UNICEF-PNUD. Cuerpo de abogadas y abogados
para víctimas de violencia de género, el Cuerpo se encontraba bajo la órbita de la Subsecretaría de
Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en cumplimiento
con las obligaciones asumidas en el marco del Acuerdo suscripto entre el Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de fecha 2
de mayo de 2019 y su posterior enmienda suscripta el 16 de julio del 2020. En 2020 se contaba con un
total de 26 profesionales patrocinantes en 13 provincias. En este mismo año, se creó el Área Psicosocial
conformada por equipo de trabajo interdisciplinario con el objetivo de brindar acompañamiento a
personas en situación de violencia de género y abuso sexual contra niños/as/es y/o adolescentes.En
junio de 2021, con motivo del sexto aniversario de la primera marcha #Niunamenos, se anunció la
creación del Programa Acercar Derechos (dentro del área de la Secretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género) y el traspaso del Cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de
violencia de género a la órbita del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación
(MMGyD).
En lo que hace a la relación entre el sistema político, el sistema administrativo y la sociedad
civil interesa marcar que se observaron serias dificultades en el proceso de implementación de esta
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política pública; pues se trata de una propuesta que necesariamente requiere de la voluntad política y
el compromiso sostenido en el tiempo de todas las partes intervinientes, lo cual debe trascender a las
gestiones de gobierno. Esta no es una práctica frecuente en el escenario político argentino, por lo que
muchas veces se ven obturadas las posibilidades reales de efectivizar transformaciones estructurales
tendientes a superar la desigualdad de género. La escasa información oficial que existe sobre el
funcionamiento y el desempeño del Cuerpo, desde su génesis hasta la actualidad, da cuenta de la falta
de sistematización y organización por parte de las autoridades competentes. Asimismo, el vacío
instrumental y la exigua cantidad de casos ingresados que caracterizó al período que va desde la
sanción de la Ley en 2015 hasta finales de 2019, visibiliza la poca anuencia del entonces gobierno
nacional con la igualdad de género.
El reciente traspaso de órbita de actuación del Cuerpo puede implicar una mayor
complejización de su funcionamiento y una promesa para la justicia de géneros. Al menos en anuncios
recientes las autoridades se han comprometido con la ampliación del Registro de profesionales
patrocinantes y con mayor presupuesto. A su vez, las autoridades nacionales en sus discursos y
pronunciamientos públicos comenzaron a reconocer la necesidad de incorporar enfoques
interseccionales e interculturales, aunque, se debe decir que no termina de quedar claro cuáles son las
estrategias concretas -e intersectoriales/interinstitucionales- que aplicarán para el abordaje
interdisciplinario a lo largo de todo el territorio nacional, considerándose el carácter federal de esta
política. De hecho, no son pocos los sectores y organizaciones sociales que todavía demandan que se
garantice la igualdad en el acceso a la justicia, la celeridad en los procesos judiciales y mayor
adaptación del sistema a ciertas necesidades específicas; tal es el caso de las mujeres originarias de los
distintos pueblos y naciones indígenas (distribuidos de norte a sur).
Información y difusión
En lo que refiere a la información es necesario resaltar que, dentro de las funciones del Cuerpo, según
la Ley 27.210 (2015), se contempla la difusión de los servicios de patrocinio jurídico y asesoramiento
legal y, también, el fomento de la producción y difusión de informes. En este sentido, resulta muy
dificultoso hallar información oficial correspondiente a los períodos 2015-2019 y 2019-2022. Sin
embargo, es importante indicar que durante 2018 se realizó el primer curso de capacitación para
turores/as del Curso virtual de Transformación Actitudinal en género (TAg); los/as/es tutores fueron
responsables del acompañamiento durante la primera –y segunda- cohorte de aspirantes para ser
Políticas públicas para la justicia de géneros e igualdad en Argentina.
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incorporados al Registro de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género. Esta actividad
fue difundida en algunos portales y medios de comunicación, aunque no tuvo una cobertura de
relevancia. En 2019 se anunció la puesta en funcionamiento del Cuerpo, pero no hubo una estrategia
comunicacional efectiva y capaz de llegar a todo el país, más aún a los sectores de mayor
vulnerabilidad social y, en especial, a quienes atravesaban situaciones de violencia. Falencia que
todavía se advierte en relación con todos los dispositivos orientados a la temática.
En el Informe final: Acuerdo UNICEF-PNUD (2020) se detalla la composición del Cuerpo, las
capacitaciones realizadas, la cantidad de casos ingresados, los acuerdos interinstitucionales, entre otros
datos significativos. De acuerdo con lo informado, con motivo del incremento de violencia contra las
mujeres y niñas a raíz de las medidas de aislamiento y confinamiento aplicadas con motivo del
COVID-19, el Cuerpo realizó, en conjunto con los CAJs, una serie de Protocolos en ASPO. Además,
se formuló un resumen de las Reglas para el Patrocinio Jurídico de Víctimas de Violencia de Género:
abuso sexual contra niñas/os/es y adolescentes; se otorgaron los certificados del Curso TAG de 2019;
se distribuyeron las credenciales para las abogadas y abogados del Registro; se procedió a actualizar
la información de la web Argentina.gob.ar; se estableció el Protocolo de articulación con el Área
Psicosocial; se actualizaron las Reglas de Actuación para el patrocinio de víctimas de violencia de
género: abuso sexual contra niñas/os y adolescentes; se elaboraron documentos de Mesas de expertas
(Femicidio, Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes y violencia domestica), etcétera. También,
en el marco de la Iniciativa Spotlight, se realizó una mesa de conversación titulada: “Promoviendo el
acceso a justicia: herramientas para el fortalecimiento del patrocinio jurídico de mujeres en situación
de violencia por motivos de género”.
Sostenibilidad y evaluación
En cuanto a la sostenibilidad se advierte que la Ley 27.210 (2015) no establece la cantidad de recursos
humanos que deben afectarse al Cuerpo, como tampoco el número de personal administrativo y si se
ha previsto presupuestariamente su creación. En el período 2015-2019 no hubo información suficiente
que muestre el desempeño de la política, pues las autoridades se tomaron casi cuatro años para poner
en funcionamiento al Cuerpo. De hecho, en 2019 fueron ingresados menos de 90 casos (de los cuales
alrededor del 9% fueron asignados a las abogadas contratadas con el aporte de fondos de UNICEF),
mientras que en 2020 se puedo atender más de 200 casos (de los cuales alrededor de una centena fueron
derivados a las abogadas contratadas por UNICEF para su patrocinio jurídico gratuito) y durante los
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primeros meses de 2021 ingresaron más de un centenar de casos (Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, 2021).
A posteriori del cambio de autoridades producido en diciembre de 2019 y el período de
transición hasta que la Subsecretaría asumiera la gestión del Cuerpo, en mayo de 2020, se
implementaron diversas acciones destinadas a fortalecer y ampliar esta política. En ese marco, en el
mes de julio se incorporó, a través de contratos PNUD, una segunda abogada en las ciudades de
Neuquén y La Plata, permitiendo que nuevos casos de violencia doméstica y abusos sexual contra
niños/as/es y/o adolescentes ingresen al patrocinio jurídico gratuito, servicio que había sido
interrumpido en los meses de noviembre y diciembre de 2019, por haber llegado al cupo de casos y
causas que les profesionales tienen por contrato (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2020).
En el último período de 2021, el Cuerpo tenía más de un profesional en cada provincia en las
que interviene, a excepción de Catamarca donde sólo se contaba con una abogada contratada. Aquí
importa señalar que la selección de las regiones para comenzar la implementación del Cuerpo (NOA
y NEA) se basó en un diagnóstico de “necesidades jurídicas insatisfechas”. Es importante aclarar que
se consideró a la provincia de Neuquén debido a compromisos internacionales asumidos ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con motivo del afamado y trágico caso de Ivana
Rosales. En cuanto a su composición, en términos estrictamente cuantitativos, se puede decir que en
2019 el Cuerpo contaba con 13 profesionales -12 abogadas y 1 abogado-5 y en 2020 el Registro
aumentó a un total de 26 profesionales patrocinantes en 13 provincias.
Por otro lado, en lo que refiere a la evaluación y el control de esta política es preciso indicar
que en 2019 se comunicó la puesta en funcionamiento de un software de gestión de casos llamado
“Sistema de Gestión Integral para Casos de Violencia de Género”, el cual tiene como finalidad el
monitoreo y seguimiento de los casos. A su vez, se creó el Observatorio de Políticas de Género en el
ámbito de la SIGEN. El principal objetivo del ente es el relevamiento y análisis de datos, como así la
generación de información vinculada al cumplimiento de políticas públicas en materia de perspectiva
e igualdad de género y oportunidades. Por último, es menester agregar que la Corte Suprema de
Justicia, a través de la Oficina de la Mujer, lleva adelante el Registro Nacional de Femicidios de la
Justicia Argentina.
Políticas públicas para la justicia de géneros e igualdad en Argentina.
193
�García-Gualda, S.
Políticas para la igualdad y justicia de géneros
La creación del Cuerpo ha significado un sustancial avance hacia la justicia e igualdad de géneros al
garantizar el derecho al acceso a la justicia y a vivir una vida libre de violencia. Pese a ello, se observan
grandes dificultades en su aplicación. En este sentido, es preciso tener presente que se trata de leyes y
políticas nacionales a las que cada provincia debe adherir e implementar de acuerdo con el sistema
federal (Anzorena, 2015). En términos generales, estas dificultades en la implementación dejan ver la
falta de articulación que todavía existe entre reconocimiento y redistribución. De hecho, la norma que
dio vida al Cuerpo contemplaba no sólo el patrocinio legal gratuito, sino el asesoramiento psicosocial
y económico -y la articulación intersectorial- para colaborar con la autonomía y empoderamiento de
las personas denunciantes. Estos aspectos fueron nulos o sub-ejecutados durante los primeros cuatro
años, desconociéndose la importancia de la reparación ante estas situaciones de extrema gravedad y
clara violación a los derechos humanos.
A pesar de que las organizaciones de la sociedad civil (especialmente feministas y de mujeres)
han detentado un rol protagónico y activo al momento de la creación del Cuerpo, se les ha dado poco
espacio de participación en lo que refiere a la evaluación y el control de gestión de esta política. En
este sentido, es importante tener presente la tercera dimensión que hace a la justicia de géneros, en
términos de Fraser (2008): la representación. La participación política, social y comunitaria es
fundamental para un enfoque de derechos que tenga en consideración a los destinatarias/os/es en tanto
titulares de derechos capaces de influir y participar democráticamente en la elaboración e
implementación de las políticas de estado. Por tanto, todavía se presenta como un desafío consolidar
la transversalización de la perspectiva de género en esta política desde una mirada o abordaje
interseccional y, sobre todo, intercultural. Abordaje que supere la mera declaración de principios, la
letra muerta en planes y programas que luego no se llevan a la práctica de manera efectiva, eficaz y
eficiente.
Ha quedado en evidencia la necesidad de contar con información detallada y precisa sobre el
funcionamiento del Cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia, para lo cual es
menester que los portales digitales y otros medios del MMGyD actualicen los datos y garanticen que
la información sea pública. En este sentido, se debe colaborar también con los organismos encargados
de realizar registros estadísticos sobre violencia de género y femicidios, con el ánimo de consolidar un
sistema integral capaz de mostrar la realidad de distintos sectores desaventajados; un ejemplo es la
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�García-Gualda, S.
carencia de estadísticas oficiales sobre femicidios indígenas, ya que los datos no se hallan
desagregados por pertenencia étnica. Esto permitiría no sólo identificar las áreas sociodemográficas
que requieren mayor cobertura de servicios de patrocinio letrado, prevención y atención, sino también
facilitaría la posterior elaboración de políticas sociales, sanitarias, educativas y económicas a favor de
la igualdad y justicia de géneros.
En relación con esto, es importante mejorar los canales de difusión de los espacios en los que
se desempeña el Cuerpo en las diferentes provincias, desplegar estrategias comunicacionales que
atiendan a la realidad y necesidades específicas de la población objetivo, teniendo en consideración la
extensión geográfica del país, a fin de alcanzar no solo a los principales centros urbanos, sino también
a espacios rurales comúnmente segregados. Planificar políticas de género desde un abordaje
interseccional obliga a contemplar no sólo la dimensión del reconocimiento de derechos, sino también
el reconocimiento de las diferencias y la necesidad de velar por una justa y equitativa redistribución
de recursos y oportunidades. La información es central para que las personas en situaciones de
violencia puedan acceder de manera temprana y rápida a los servicios especializados, los cuales deben
dar respuesta con celeridad. En este sentido, es muy importante que se avance en la aplicación de la
Ley Micaela en todos los niveles del Poder Judicial, aunque, se sabe que es un tema que ha despertado
controversias y duras resistencias por parte de los/as/es funcionarios/as/es judiciales, sobre todo en
los/as/es de mayor rango. Cabe aclarar que dicha norma establece la capacitación obligatoria en género
de todos los/as/es agentes del Estado.
Por otra parte, se requiere aplicar un abordaje intercultural tanto en los servicios de patrocinio
como en el asesoramiento y acompañamiento integral de las personas en situación de violencia. En
este sentido, el Programa Acercar Derechos prevé este tipo de intervención, pero no hay certezas sobre
la capacidad de efectivizarse en el territorio. Esto pone en relieve la necesidad de pasar de los
enunciados a la acción sistematizada y coordinada intersectorialmente; y, para ello, es fundamental
considerar las necesidades y demandas específicas y diferenciales de distintos grupos de mujeres y
disidencias como el caso de mujeres rurales, migrantes e indígenas. Trabajar de manera eficaz y de
acuerdo con la normativa vigente en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas,
afrodescendientes y de la población migrante es una tarea por delante; por ejemplo, en lo que refiere
al derecho a los servicios de traducción en los procesos judiciales.
Políticas públicas para la justicia de géneros e igualdad en Argentina.
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A todo lo antes dicho, se agrega la imperiosa urgencia de dotar de mayor presupuesto al Cuerpo,
ampliar el Registro y sostener los canales de formación y capacitación continua de los profesionales
afectados a su funcionamiento. Se espera, en este sentido, que los últimos anuncios de las autoridades
nacionales se efectivicen y sean acompañados por los gobiernos y efectores judiciales de las diferentes
jurisdicciones del país. Por último, vale insistir en la importancia de crear sistemas de control (y
elaborar indicadores) de gestión que involucren a distintos actores de la sociedad civil y hagan parte a
las mujeres y disidencias como sujetos/as/es de derecho en el marco de una sociedad democrática que
se proyecta como equitativa, igualitaria y justa.
5.- CONCLUSIONES
En este trabajo se analiza una política pública originada en un momento de elevada efervescencia social
y política, de hartazgo generalizado por la impunidad y la pasividad de los organismos públicos ante
aberrantes hechos de violencia. Es sabido que a partir de #Niunamenos no solo se consolidaron nuevos
espacios de activismo, sino que se desplegaron debates en el escenario público que hasta entonces
estaban pausados (como el aborto). Todo esto expone, tal como afirma Guzmán (2001), que la
construcción de problemas públicos y la confección de las agendas son producto o consecuencia de
complejos procesos socio-políticos, cuya comprensión remite a la conformación de sujetos sociales; a
la elaboración de nuevos marcos interpretativos de la realidad; a las relaciones de poder entre distintos
actores sociales; y al establecimiento de diferentes alianzas, negociaciones y estrategias políticas.
La creación del Cuerpo en respuesta a las demandas de numerosos sectores por el cumplimiento
de la normativa vigente, ha dado cuenta de las profundas transformaciones que se han sucedido en las
últimas décadas: pasando de feminismos que negaban al Estado como interlocutor válido a
movimientos que demandan mayor intervención estatal frente a la desigualdad y violencia de género,
sobre todo después del retorno de la democracia. En este marco, los avances en relación al
reconocimiento de derechos para las mujeres han sido notables; aunque, es innegable que se
desplazaron del debate y la arena de actuación a las políticas redistributivas. Cabe agregar que, a lo
largo de décadas, ha predominado una visión estereotipada de las personas destinatarias de las políticas
para la igualdad de géneros, lo cual resulta sumamente contraproducente.
Por esto, hoy en día se requiere avanzar hacia un enfoque interseccional crítico e intercultural
que trascienda la mera declaración de principios y se traduzca en acciones concretas que atiendan a la
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desigualdad de género en toda su complejidad. Cabe decir que la interseccionalidad del género atiende
o busca atender a la percepción imbricada de las relaciones y estructuras de poder (Viveros Vigoya,
2016; Busquier y Parra, 2020; Barria Oyarzo, 2021); mientras que la interculturalidad hace foco en
posibilidad de establecer un diálogo de saberes atento (y crítico) a dichas relaciones asimétricas de
poder (Walsh, 2008; Estermann, 2015; Tubino, 2019). En la actualidad, cae cierto manto de duda sobre
los lineamientos de las políticas de gobierno que se nutren de la perspectiva interseccional; una
sospecha que se abre a partir de la masificación del término y su correspondiente vaciamiento político
(Parra, 2020). A su vez, en lo que hace a la interculturalidad, como señala Estermann (2014), se observa
un proceso de cooptación por parte del modelo hegemónico (monocultural y globalizador) en sentido
de un imperialismo cultural occidental que lo coloca a la par de los discursos multiculturales
dominantes en décadas pasadas.
Indudablemente, la violencia contra las mujeres, LGBTI+ e infancias, es un problema público
que logró instalarse en las agendas institucionales debido a la gravedad que detenta. Pese a ello, todavía
queda mucho camino por desandar. Es más, aún se observa cierta tendencia a percibir a la perspectiva
de géneros como una técnica, es decir, pensar al género como un componente o variable a tener en
cuenta, lo que se traduce en un entendimiento superficial de los/as/es agentes intervinientes. En este
sentido, la propuesta el Curso TAg ha sido una herramienta súper importante e innovadora; puesto que
no se trata de un curso de formación académica, sino de un proceso que tiene como misión la
sensibilización. En sintonía con esto, es importante insistir en la relevancia que tiene avanzar con el
cumplimiento de la Ley Micaela en todos los poderes y niveles del Estado, a fin de garantizar la
transversalidad de esta perspectiva.
Para cerrar, y con motivo del traspaso del Cuerpo a la órbita del MMGyD, surgen interrogantes
sobre si existe o no cierta tendencia a departamentalizar –y burocratizar- las problemáticas de género.
Esto reabre las históricas controversias de los feminismos acerca del rol del Estado para superar la
desigualdad y alcanzar la justicia de géneros. Por consiguiente, desde algunos espacios se cuestiona la
legitimidad y el beneficio político del ingreso de feministas a esos lugares de poder (Bonder, 1999).
Más allá de estas discusiones, y sin perder de vista las tres dimensiones claves de la justicia de géneros
que identifica Fraser (2008), reaparece en el escenario político la necesidad de generar instancias de
mayor participación al momento de diseñar, ejecutar y evaluar las políticas de estado, como el Cuerpo;
solo así se logrará efectivizar el acceso a derechos y avanzar hacia una sociedad democrática,
igualitaria, intercultural y justa.
Políticas públicas para la justicia de géneros e igualdad en Argentina.
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Elementos clave del socialismo con características chinas:
desarrollo intelectual hasta el mandato de Xi Jinping
Key elements of socialism with Chinese characteristics: intellectual development up to Xi
Jinping’s presidency
Borja, García-Vázquez1;
RESUMEN
El socialismo con características chinas es un cuerpo doctrinal conformado por el aporte
ideológico de los dirigentes políticos de República Popular China desde Mao Zedong
hasta Xi Jinping, en un compendio intelectual flexible, que sin olvidar sus raíces ha sabido
adaptarse a las nuevas necesidades del país, combinando elementos del saber tradicional
chino, presentando una interpretación del marxismo-leninismo netamente original. Este
artículo tiene por finalidad identificar los elementos que dan sustento al modelo ideológico
promovido por el Partido Comunista de China, por medio de la revisión documental del
discurso de sus líderes, de acuerdo a lo contenido en los volúmenes publicados por la
Editorial Lenguas Extranjeras, que en conclusión muestra cómo se ha originado un
sistema teórico que es flexible y adaptable, fundado en un partido único de ideología
marxista que defiende la coexistencia con el capitalismo, la apertura económica para la
obtención de inversión extranjera, la integración de los distintos estratos sociales y la
reducción de la desigualdad entre ellos, como medio con el que vertebrar la actividad de
esta institución, que ostenta su primacía como guía del pueblo de la China continental.
Palabras claves: Partido Comunista de China, socialismo con características chinas,
socialismo del siglo XXI.
ABSTRACT
……………………………………
Fecha de recibido: 15/06/2022
Fecha de revisado: 01/07/2022
Fecha de aceptado: 28/10/2022
Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional
The doctrinal body of socialism with Chinese characteristics is made up of the ideological
contribution of the political leaders of the People's Republic of China from Mao Zedong
to Xi Jinping, in a flexible intellectual compendium, which without forgetting its roots has
been able to adapt to the new needs of the country, combining elements of traditional
Chinese knowledge, presenting a completely original interpretation of MarxismLeninism. The purpose of this article is to expose and identify the elements that support
the ideological model promoted by the Communist Party of China, through the
documentary review of the speech of its leaders, according to what is contained in the
volumes published by Foreign Languages Press, that together has originated a theoretical
system that is flexible and adaptable, founded on a single party of Marxist ideology, which
defends coexistence with capitalism, economic opening to obtain foreign investment, the
integration of the different social strata and the reduction of inequality between them, as
a means with which to structure the activity of this institution, which holds its primacy as
a guide to Chinese society.
Keywords: Communist party of China, socialism of the 21st century, socialism with
Chinese characteristics.
Cómo referenciar este artículo:
García-Vázquez, B. (2023). Elementos clave del socialismo con características chinas: desarrollo intelectual hasta el mandato de Xi Jinping.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 9(17), 200-223. https://doi.org/10.29105/pgc9.17-09
1
Doctor en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Responsable Académico del Grado en Derecho en Centro de Estudios
Garrigues, España. Email: borjagarcia131@gmail.com. Orcid: Orcid.org/0000-0003-0055-6917
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1. - INTRODUCCIÓN
Socialismo con Características Chinas
Con una historia aproximada de 4.500 años y una amplia variedad étnica y regional, las transformaciones
vividas en China, sus movimientos revolucionarios y las nuevas tecnologías, hacen que sea un país
complejo y múltiple (Lin, 2015, p. 15-16). Por estas razones, interpretar República Popular China -en
adelante RPCh-, el Partido Comunista de China -en lo sucesivo PCCh-, y su guía basada en el marxismo
como elementos estancos e inamovibles, constituiría un error si no se tratase de empatizar con la
mentalidad del país. Es la idea sostenida por Borón (2006: 38) quien rehúsa ver el marxismo como un
cuerpo teórico acabado, muerto y arcaico, opuesto al efecto negativo causado por la imposición doctrinal
de la inefabilidad soviética, y su descrédito desde 1991, con la disolución de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas -en lo ulterior, URSS-.
Este abrupto final permite recuperar la teoría de la sociedad oriental, por la que se estimaba que
los países de esta región alcanzarían el socialismo por vías y medios diferentes a los del resto del mundo;
contradiciendo así la doctrina general soviética, que preconizaba el socialismo como fruto de un proceso
universal y unidireccional de procesión de etapas en pos de este destino final (Brodersen, 1963: 162).
Si limitamos el marxismo a la creatividad escrita por Marx y Engels, efectivamente el sistema ha
evolucionado materialmente desde la redacción de sus trabajos, a nivel social y tecnológico; y habrían
de considerarse obsoletas estas doctrinas, y declinar cualquier posición que se denomine continuadora
de esta corriente de pensamiento. Por el contrario, si se concibe el marxismo como un sistema inspirado
en el pensamiento de Marx, pero inacabado ante el constante desarrollo de las denominadas fuerzas
productivas, y el inconcluso logro de la consumación del comunismo, evidentemente China se entendería
como un país socialista.
Junto a la comprensión del marxismo como un sistema filosófico que ofrece una concepción del
mundo, debe integrarse la visión del marxismo como una corriente política destinada a lograr la
emancipación del individuo. En opinión de Arendt (2020: 96), “su contribución más explosiva, y sin
duda la más original”, fue comprender la incompatibilidad entre pobreza y libertad, permitiendo
interpretar las revoluciones no como levantamientos destinados a satisfacer únicamente necesidades
materiales, sino como procesos consagrados a obtener la libertad.
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Así, el marxismo se configura como un plan de gobierno a través de la aplicación de su doctrina,
fundada en el método dialéctico (la oposición de tesis sobre hechos materiales, y no pensamientos
basados en el razonamiento subjetivo, cuya confrontación permite avanzar el conocimiento hacia la
verdad de los hechos, en paralelo al propio movimiento constante de la realidad) y una sociología propia
(destinada a estudiar las relaciones de la sociedad, determinadas por la relación de los individuos respecto
de los propietarios de los medios de producción), para acabar con las posibles clases sociales y cualquier
grado de explotación entre las personas.
En el pensamiento marxista, la historia obedece a una constante propiciada por la acción creadora
de los conflictos surgidos de los antagonismos, y las contradicciones dadas en toda sociedad (Borón,
2006, p.43); mientras que las relaciones internacionales no responden a una única concepción, como
consecuencia de la disparidad de perspectivas políticas (Castells Mendivil, 1977, p.93), realidad
corroborada en la Guerra Fría con las continuas fricciones entre la URSS y RPCh.
Ante la posición dogmática que sustentaron un gran número de regímenes del socialismo
realmente existente, el propio pensamiento de Mao Zedong incluyó una cláusula de revisión de todo
cuerpo doctrinal al final de su trabajo “De la práctica”, escrito en 1937, en el que exhortaba al lector a
desarrollar una constante en su vida: descubrir la verdad por medio de la práctica, y a través de ella,
comprobar y desarrollar la verdad, empleando la razón y la revolución para transformar el mundo
objetivo y subjetivo (Mao, 1937b).
El mejoramiento continuo y la búsqueda de la verdad podrían verse como el elemento que da
cabida a la especial flexibilidad del socialismo chino, cuyos cambios responderían así a la visión marxista
contenida por el PCCh. Un constante cambio apreciado en las políticas de Mao, que rechazó en 1956 el
principio estalinista de intensificar la lucha de clases en tanto que se desarrollaba la revolución, para
volver a reestablecerlo en 1957 con motivo de su campaña anti derechista (Li, 2010, p. 115).
Como defendía Poulantzas (2005, p.16-19) en las obras clásicas marxistas no se contiene una
teoría general del Estado, no por incapacidad, sino porque no es posible su existencia, ya que la ausencia
de reglas comunes sobre las transformaciones de los modos de producción, imposibilita explicar “la
transición de un Estado a otro”, del capitalismo al socialismo. Este razonamiento impediría analizar
China dentro del proceso evolutivo de los sistemas políticos del resto del mundo, no siendo posible
tampoco el empleo de términos y conceptos genuinamente occidentales, como la democracia.
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En el contexto de la lucha contra Japón, Mao Zedong, entrevistado por el periodista británico
James Bertram, definía la democracia como el gobierno centralista surgido de la alianza de campesinos,
trabajadores y pequeña burguesía, que permitiría al pueblo organizarse, entrenarse y armarse libremente
para la autodefensa (Mao, 1937c). Mao propugnaba un modelo propio de Estado, genuinamente chino,
distinto de las democracias parlamentarias de occidente, y de la dictadura del proletariado defendida por
la URSS.
Su idea sustentaba el liderazgo del PCCh sobre el proletariado como motor de la revolución
socialista (Mao, 1937a), mediante la subordinación del individuo al Partido (Mao, 1938). A su vez,
concebía la libertad de los miembros del mismo para expresar libremente sus iniciativas, fomentando la
creatividad, su puesta en práctica y la asunción de responsabilidad por sus integrantes, lo que era visto
un acto de democracia (Mao, 1938). Por ello, Mao había advertido que como consecuencia del proceso
revolucionario surgiría en China una nueva república democrática, distinta del modelo estadounidenseeuropeo y de la auspiciada por la URSS, dadas las especiales características de los países coloniales
(Mao, 1940).
Así, acabada la guerra contra Japón y finalizada la guerra civil china, Mao propuso un sistema de
“dictadura democrática popular”, que permitiría al país transitar desde su posición eminentemente
agrícola hasta convertirse en una sociedad plenamente industrializada, bajo el liderazgo de la alianza del
proletariado y el campesinado, con el que alcanzar la unidad, la democracia, la paz y una sociedad
socialista (Mao, 1948).
Estas ideas forman parte del denominado “pensamiento de Mao Tse-Tung” donde a través de la
práctica del pensamiento marxista adaptado a la realidad china, pretendía conseguir la revolución y el
triunfo del socialismo con la creación del PCCh y el Ejército Popular de Liberación (Xiaome, 2018,
p.149). Un proceso de lucha para obtener un Estado socialista, a través de “industria, agricultura, ciencia
y cultura modernas” (Mao, 1957).
Fue a partir de los últimos años de la guerra sino-japonesa, cuando comienza el movimiento
ideológico de Yan´an, a partir de dos trabajos de Mao Zedong publicados en 1942, “Rectifiquemos el
estilo de trabajo del Partido” y “Oponeros a los escritos estereotipados del Partido”, en los que a través
de la crítica al burocratismo comienza a desarrollarse un marxismo distanciado del modelo soviético, el
conocido maoísmo.
Elementos clave del socialismo con características chinas: desarrollo intelectual hasta el mandato de Xi Jinping.
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El maoísmo representa la adecuación del marxismo a las condiciones autóctonas de China,
atendiendo a la base eminentemente agrícola de la nación, priorizando el espíritu revolucionario del
campesinado como principal fuerza de cambio; siendo las masas de agricultores el sostén que permitió
el triunfo de las fuerzas comunistas en el periodo de la Guerra civil china, y presentó un modelo guía que
fue seguido en todo el mundo por diferentes movimientos de liberación nacional.
Con posterioridad, su pensamiento fue llevado al extremo durante la Revolución Cultural, un
periodo en el que, para combatir las posibles contradicciones entre la dirección y las masas, se
implementó la política de la revolución ininterrumpida, con que sostener la crítica constante para evitar
el revisionismo, el burocratismo y las tendencias derechistas.
Tras el fallecimiento de Mao, y no obstante a los desmanes cometidos en sus últimos años de
gobierno, en el periodo de la Revolución cultural entre 1966 y 1976 su pensamiento se mantuvo como
uno de los fundamentos del cuerpo ideológico del PCCh, habiéndose enriquecido con los sucesivos
aportes de sus sucesores, constituyendo en la actualidad los elementos de guía del Partido, de acuerdo
con lo reconocido en el preámbulo de la Constitución vigente hoy en RPCh:
Nosotros, el pueblo chino de todos los grupos étnicos, continuaremos, bajo la dirección del
Partido Comunista de China y la guía del marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong,
la teoría de Deng Xiaoping, la teoría de la triple representatividad, la perspectiva científica del
desarrollo, y Pensamiento de Xi Jinping sobre el Socialismo con peculiaridades chinas para la
nueva era, para defender la dictadura democrática popular, mantener el camino socialista.
(Congreso Nacional Popular de República Popular China, 2019)
A fin de distinguir aquellos elementos clave que componen el socialismo con características
chinas, se exponen los principales aspectos identificados en los discursos pronunciados por los sucesores
de Mao Tse-Tung, explicando las líneas maestras del pensamiento correspondiente a cada gobierno,
desde su fallecimiento hasta el presente mandato de Xi Jinping, finalizando con el apartado de
conclusiones.
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2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Deng Xiaoping, el reformador y padre del socialismo con características chinas
La década de 1970 supuso una transición entre el Estado chino revolucionario y aislado construido por
Mao Zedong -tras la supresión de sus colaboradores, la conocida como “banda de los cuatro”-, y su
paulatina moderación y aperturismo al exterior debido a las políticas reformadoras de Deng Xiaoping,
las cuales, de acuerdo con Márdero Jiménez (2017, p. 855) pueden sintetizarse en el comercio, la
recepción de inversiones extranjeras y el impulso del sector privado.
El objetivo era lograr la modernización del país con la separación de poderes entre las
instituciones del Estado y el PCCh, y establecer un mercado socialista basado en la propiedad pública
(Xiaomei, 2018, p.148). Para ello se pusieron en práctica las cuatro modernizaciones planeadas por el
primer ministro Zhou Enlai -agricultura, ciencia y tecnología, defensa, e industria-, dirigidas por los
cuatro principios planteados por Deng Xiaoping: la defensa de la dictadura del proletariado, bajo el
liderazgo del PCCh, manteniendo como elementos guía el pensamiento de Marx, Lenin y Mao, con el
objetivo último de sostener la vía socialista (Bregolat, 2008, p. 36).
El planteamiento fundamental de toda la línea de pensamiento de Deng Xiaoping, estaba dirigida
principalmente a tratar de responder qué es el socialismo y cómo se construye una sociedad acorde a este
sistema (Xiaomei, 2018, p. 150), dejando conscientemente las políticas del periodo revolucionario
previo, en favor de la modernización a semejanza de Taiwán (Mansilla, 1986, p. 376), evitando los
dogmatismos que lastraban al país.
Así lo defendió veladamente en 1977, al argumentar como era “inaceptable trasplantar lo que dijo
el camarada Mao Zedong sobre un problema determinado a otro lugar distinto y lo que dijo bajo
determinadas condiciones a otras condiciones distintas” (Deng, 1984); aunque a posteriori criticó
expresamente los errores cometidos por Mao al final de su mandato: “Lamentablemente, en la noche de
su vida, particularmente durante la Revolución Cultural, cometió errores -y no fueron menores- que
trajeron muchas desgracias a nuestro Partido, a nuestro Estado y a nuestro pueblo” (Deng, 1980).
En todo caso, pese al reconocimiento expreso a los errores cometidos por Mao, restó importancia
a los mismos, repartiendo las culpas entre sus colaboradores, explicando a continuación desde el
marxismo, cómo el socialismo es una primera etapa que abarca un largo periodo de tiempo, destinada a
Elementos clave del socialismo con características chinas: desarrollo intelectual hasta el mandato de Xi Jinping.
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que converjan los intereses colectivos e individuales, para desarrollar la producción y transitar
posteriormente al comunismo donde los intereses respondan a las necesidades a satisfacer (Deng, 1980).
La síntesis de la visión socialista de Deng Xiaoping puede formularse a través de sus distintas
manifestaciones públicas. En su discurso “Construir una civilización socialista con unos altos estándares
materiales, culturales e ideológicos” pronunciado el 29 de abril de 1983, enmarcado en pleno proceso de
reformas, se cimentan las ideas de progreso que marcarían a China hasta la fecha: un Estado socialista,
guiado por un partido que sigue con devoción el marxismo con el propósito de lograr el desarrollo de las
fuerzas productivas para conseguir el perfeccionamiento de los niveles de vida de la población (Deng,
1985, p. 16).
La acuñación del concepto “socialismo con características chinas” se encuentra en un discurso
dado por Deng el 30 de junio de 1984, que sirvió para denominar todo el pensamiento de su era. En él,
defendía cómo el marxismo había permitido a China levantarse de las agresiones y humillaciones que
había sufrido del extranjero desde las guerras del opio (Deng, 1985, p. 35), percibiendo en el socialismo
el sistema que permitiría al país conseguir una distribución igualitaria, a la par que evitaría la polarización
de la sociedad, mientras se configuraba la capacidad productiva durante las siguientes tres décadas
(Deng, 1985, p. 37).
Por este motivo se planeaba la apertura económica a la recepción de capitales extranjeros, siendo
estos la raíz sobre los que se desarrollaría el socialismo en el país, requiriéndose a tal fin, la flexibilidad
y el aprendizaje durante su proceso de creación:
nuestra economía socialista es tan grande que puede absorber decenas de miles de millones de
fondos extranjeros sin afectar a los fundamentos de nuestra economía (…) la inversión extranjera
servirá a la construcción del socialismo en nuestro país (…) debemos acumular experiencia e
intentar nuevas soluciones a los problemas que surjan (Deng, 1985, p. 39).
Deng planteaba así la primera etapa de construcción del socialismo en China, con la finalidad de
obtener mejores condiciones educativas y materiales para la población en el año 2000, y cuadruplicar el
producto interior bruto en un plazo de 30 a 50 años (Deng, 1985, p. 60).
A su vez, en un ejercicio tendente a garantizar la juventud de los gobernantes, Deng defendió
cómo los dirigentes de mayor edad debían ir cediendo el testigo a los jóvenes, más capaces por su
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�García-Vázquez, B.
flexibilidad y cualificación que los veteranos del Partido, con la finalidad de poder darles un lugar desde
el que aportar su conocimiento (Deng, 1985, p. 63); e igualmente, con intención de acabar con los
paternalismos en el seno del PCCh, criticados por Deng al generar situaciones de vasallaje que impedían
la creación de una democracia socialista (Deng, 1984, p. 357).
Otro elemento al que prestó atención Deng Xiaoping fue la coexistencia con el capitalismo en el
mismo territorio chino, bajo la acuñación del concepto “Un país, dos sistemas” en alusión a la
problemática existente en los territorios de la ciudad de Hong Kong y la isla de Taiwán. Para él RPCh
debía mantener el socialismo, al igual que Taiwán y Hong Kong estaban obligados a continuar con el
capitalismo, para no poner en peligro el conjunto de la economía del país (Deng, 1984, p. 41).
En síntesis, atendiendo a la explicación de Lin Chun, el socialismo se construye (opuesto al
capitalismo, basado en la producción con ánimo de lucro) como el sistema que fundamenta su producción
en las necesidades (Lin, 2006, p. 84), para acabar con todo tipo de explotación, y males sociales como
son la alienación, el analfabetismo y el hambre (Deng, 1984, p. 117), donde el medio para lograrlo sería
a través de un Estado que permita alcanzar la igualdad (Deng, 1984, p. 103), el bien común de acuerdo
con la máxima “a cada cual según su trabajo” (Deng, 1984, p. 84), y en último término suprimir las clases
y la burocracia propugnando la autogestión (Deng, 1984, p. 103).
La política de Deng Xiaoping emplea el capitalismo (en una versión controlada ampliamente por
el PCCh), como método para obtener la expansión del socialismo y una vez alcanzado, conseguir la
transformación al comunismo. Considerando el pensamiento de Deng Xiaoping, centralizado en los
aspectos económicos, sus políticas de renovación podrían interpretarse en un triple sentido:
Primero, como medio de mejorar el bienestar de la sociedad china, al pensar que no es posible el
socialismo mientras exista la penosidad en el trabajo fruto de la explotación; entendiendo está en el
sentido amplio expuesto por Douglass C. North y Roger LeRoy Miller: “no recibir una paga suficiente
por lo que se vende” y “tener que pagar demasiado por lo que se compra” (North y LeRoy, 1976, p. 158).
Así, la política del PCCh tendría que estar dirigida a mitigar esta brecha, consiguiendo la paridad entre
ambas y suprimiendo finalmente la explotación.
Segundo, como forma de lucha contra su sistema antagónico, el capitalismo burgués. Este punto
coincidiría con la propuesta de Wallerstein, recogida por Lin (2006, p. 44), por la cual el único medio
posible de cambiar el sistema es sobrecargándolo, lo que llevaría a la desaparición del capitalismo.
Elementos clave del socialismo con características chinas: desarrollo intelectual hasta el mandato de Xi Jinping.
207
�García-Vázquez, B.
Tercero, como vía para mantener actualizada la religión comunista, si es que es entendida como
tal, de acuerdo con la crítica efectuada por Losurdo (2021, p. 224) “por dolorosa que sea”, de ver el
comunismo “como una religión de evasión”. Partiendo del supuesto religioso, si utilizamos el criterio de
Rudolph Bultmann sobre la necesidad de desmitologización y olvido de las cosmologías antiguas (en
referencia al Nuevo testamento, que podría hacerse extensible al marxismo) si se quiere que la religión
tenga sentido ante la evolución y los cambios sociales (Caputo, 2005, p. 105), la forma que tiene el PCCh
de mantener con vitalidad su dirección a través del marxismo-leninismo, es desacralizando sus dogmas
(relativos a una época cuyos procesos de producción han sido ya superados), y adaptándolos al devenir
de los tiempos sin incurrir en anacronismos.
Pese a su denominación comunista, los cambios económicos experimentados en las últimas
décadas hacen ver a este país como una economía capitalista. Con la apertura económica de 1979, se
produjo la decepción generalizada de la población, al presenciar que el nuevo sistema producía mayor
bienestar que durante el régimen de Mao, lo que llevó a solicitar mayor libertad para el pueblo, dando
lugar a las manifestaciones de Pekín de mayo de 1989, y a la posterior masacre ocurrida en la plaza de
Tiananmen, que desde el extranjero fueron percibidas como una contradicción a los principios del PCCh,
al defender su poder antes que atender a las demandas de la ciudadanía (Fernández Bermejo, 2010, p.
107-108), mientras que desde el interior fueron identificadas como fuerzas conspiradoras contra el país.
Los intelectuales chinos de mediados de 1980, pedían mayor libertad para el pueblo y la creación
de un Estado moderno, reposicionando sus aspiraciones en 1990 hacia la promoción del nacionalismo
(Jilin, 2018, p. 22). La búsqueda de mayor democracia por la población china se saldó con unos 1.500
muertos y 5.000 heridos en las inmediaciones de la plaza de Tiananmen, un “trauma político” que afectó
a la economía del país, sin que ello alterase el continuismo del PCCh, a diferencia de su homólogo ruso
frente a las reformas de Mijail Gorbachov (Tamames y Debasa, 2013).
La triple representatividad de Jiang Zemin
El secretario general del PCCh entre 1989 y 2002, y presidente del gobierno entre 1993 y 2003, Jiang
Zemin, constituye el representante de la etapa posterior del pensamiento oficial del régimen chino,
acuñado bajo la formulación oficial de la denominada “Triple Representatividad” (Xiaomei 2018, p.
150). Esta renovación política modificó elementos que habían sido centrales desde tiempos de Mao,
como el concepto de dictadura del proletariado o la lucha de clases (Bregolat, 2008, p. 50).
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�García-Vázquez, B.
El pensamiento de Jiang Zemin se ubica alrededor de cuál es la función que desempeña el PCCh,
considerándolo un modelo de representación del bien común, la cultura y las fuerzas productivas de la
sociedad china (Xiaomei, 2018, p. 151). En él se dejó de hablar de clases sociales, sustituyéndolo por
estratos sociales, lo que dio al régimen chino una mayor flexibilidad, permitiendo la inserción en el PCCh
de empresarios surgidos de las reformas económicas (Bregolat, 2008, p. 50-51).
Con esto hubo una ruptura con la doctrina marxista, que sostenía que el motor de la historia
siempre ha sido la lucha de clases, tal y como contemplaba el Manifest der Kommunistischen Partei, al
defender la célebre premisa grabada en las bases de esta corriente de pensamiento, por la cual “Die
Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen” (Marx, 1848).
El concepto de clases fue recogido de un borrador de Marx, quien esperaba redactar su versión
definitiva cuando se diesen los cambios sociales que él preveía, y que fue publicado póstumamente por
Engels al final del libro tercero de El Capital (Marx, 2009ª, p. 10); en el que Marx, expuso un bosquejo
de tres clases conforme al origen de su fuente de ingresos, basada en su método de producción:
asalariados, del salario adquirido de su fuerza de trabajo; capitalistas, de las ganancias obtenidas de su
capital; y terratenientes, de las rentas recabadas de la propiedad de sus tierras (Marx, 2009b, p. 11231124).
En cualquier caso, la clasificación de Marx se muestra incompleta, reconociendo el propio autor,
cómo la existencia de infinitos intereses y posiciones dentro de las clases anteriores, provoca la
interminable aparición de estas (Marx, 2009b: 1124). Frente a ellos, a través de diversos escritos
encontramos el lumpenproletariado o el proletariado andrajoso, cuyas condiciones de vida le mantienen
ajeno a la revolución (Marx, 1848) y que Marx identificaba con lo que los franceses denominaban la
bohéme, es decir:
Neben zerrütteten Roués -Wüstlingen- mit zweideutigen Subsistenzmitteln und von zweideutiger
Herkunft, neben verkommenen und abenteuernden Ablegern der Bourgeoisie Vagabunden,
entlassene Soldaten, entlassene Zuchthaussträflinge, entlaufene Galeerensklaven, Gauner,
Gaukler,
Lazzaroni,
Bordellhalter,
Taschendiebe,
Lastträger,
Literaten,
Taschenspieler,
Orgeldreher,
Spieler,
Maquereaus
Lumpensammler,
-Zuhälter-,
Scherenschleifer,
Kesselflicker, Bettler, kurz, die ganze unbestimmte, aufgelöste, hin- und hergeworfene Masse, die
die Franzosen la bohème nennen. (Marx, 1852)
Elementos clave del socialismo con características chinas: desarrollo intelectual hasta el mandato de Xi Jinping.
209
�García-Vázquez, B.
Atendiendo a los grupos expuestos, se observa cómo la clasificación de las clases responde, desde
la esfera jurídica, a la propiedad que tiene el individuo sobre los medios de producción, siendo este el
elemento condicionante del resto de relaciones sociales, contrarios por la disparidad de estados que
llevarán a la lucha de los individuos por la incompatibilidad de intereses existentes (Roll, 1955, p. 266267).
La clasificación por estratos de Jiang Zemin provocó una evolución social del PCCh, y una
restitución histórica con los efectos nocivos que arrastraba el país desde la Revolución Cultural. Previo
a estos incidentes la nación se había desarrollado bajo la idea del “frente unido”, razón por la que los
miembros de la burguesía habían sido respetados, gracias a la ayuda prestada a la causa revolucionaria
(Lin, 2006, p. 112).
Por este motivo, la maniobra de Jiang Zemin buscaba retornar a esa unidad, en beneficio del
conjunto de China, teniendo por meta unificar a todos los estratos sociales del país, para lograr un país
fuerte y próspero (Bregolat, 2008, p. 53). Esta era una de las claves de su política, por la cual el PCCh
representaba a la cultura china, los intereses principales de su pueblo y sus empresarios (Rodríguez, 2006,
p. 168).
En conjunto, esta política estaba destinada a conseguir que el PCCh, “la piedra angular del
sistema” (Jiang, 2002, p. 14) se mantuviese como vanguardia social, no exclusivamente de la clase
trabajadora, sino de toda la población (Jiang, 2002, p. 7), canalizando el entusiasmo y las iniciativas de
emprendimiento (Jiang, 2002, p. 20), mientras se producía la apertura y consolidación de la economía de
mercado socialista (Jiang, 2002, p. 7).
Jiang Zemin mantenía la posición de internacionalización y desarrollo iniciado por Deng
Xiaoping, junto con un retorno al tradicionalismo marxista-leninista. Asimismo, su pensamiento
rescataba las ideas de Lenin en su obra “¿Qué hacer?”, donde no solo bastaba autodenominarse
vanguardia, sino que era necesario que se obrase como tal, para lo que era necesario exactamente una
política de vanguardia, cumpliendo con la máxima leninista por la cual no puede haber un movimiento
revolucionario sino hay teoría revolucionaria (Lenin, 2010, p. 40).
El PCCh debía ser la vanguardia del pueblo y del propio Partido (Jiang, 2002, p. 25) pero
adaptándose a los nuevos tiempos, defendiendo la posición expuesta por Deng Xiaoping al decir que:
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�García-Vázquez, B.
Si un partido, un país o una nación se apega a los dogmas, actuando por un pensamiento
anquilosado, y es superado por la superstición, no podrá nunca avanzar, morirá su esperanza de
vida, y tanto el partido como el país estarán condenados (…) solo emancipando la mente,
perseverando en la búsqueda de la verdad a partir de los hechos, actuando de acuerdo a la realidad
y vinculando la teoría con la práctica, nuestro impulso de modernización socialista podrá
funcionar sin problemas, y las teorías de nuestro partido, basadas en el marxismo-leninismo y el
pensamiento de Mao, podrán desarrollarse sin problemas. (Jiang, 2002, p. 27-28)
No bastaba con que el Partido constituyese el elemento de control del Estado, sino que debía
cumplir eficazmente librándose de los dogmas que se lo impidiesen. Una dinámica continuista y agravada
hasta la actualidad.
La Concepción Científica del Desarrollo de Hu Jintao
Hi Jintao es el creador del pensamiento denominado Desarrollo Científico, generado durante su etapa
como secretario general del PCCh -2002 a 2012- y presidente del gobierno de RPCh -2003 a 2013-,
presentado como vía reflexiva con la que buscar solución a las contradicciones internas generadas en el
país debido a su éxito económico, con lo que perseguía conseguir “una sociedad moderadamente
próspera” (Xiaomei 2018, p. 151).
La política de Hu Jintao, al igual que ocurrió con Jiang Zemin, se apoyó en la labor de profesores
universitarios como Wang Huning (académico de la Universidad de Fudan) y Li Jinru (miembro de la
Academia de Ciencias Sociales de Shanghai), que acuñaron la triple representatividad y otros eslóganes
para el PCCh (Noesselt, 2016, p. 174). Tras la elección de Hu Jintao, la idea de la triple representatividad
-un concepto originalmente elitista-, comenzó a ser aplicada de forma populista al cambiar el énfasis
entorno a las fuerzas productivas sociales en favor de la expresión de los intereses generales de la
población (Duchâtel y Godement, 2009, p. 8); fundándose en la obtención del crecimiento económico,
pero no a cualquier precio. Su objetivo principal era ayudar a los desfavorecidos y lograr una sociedad
próspera y armoniosa para el año 2020 (Bregolat, 2008, p. 148-149).
Se trataba de no agrandar la brecha social existente en China para que pudiese continuar el avance
del país, deteniendo el crecimiento de las diferencias y la ineficiencia que estas podían crear. Asimismo,
Hu Jintao amplió en 2005 el concepto de “sociedad armoniosa” a “mundo armonioso”, siendo la primera
manifestación de las aspiraciones de RPCh a la gobernanza global (Gottwald, 2016, p. 128). Esta visión
Elementos clave del socialismo con características chinas: desarrollo intelectual hasta el mandato de Xi Jinping.
211
�García-Vázquez, B.
encajaría con la postura que mantenía en el siglo XIX Proudhon, quien consideraba que el uso pleno de
las capacidades de una sociedad exclusivamente podía darse cuando están en equilibrio todas las fuerzas
que la componen (Roll, 1955, p. 250).
Gráfico 1.
Evolución demográfica china 1990-2015.
1600
1400
Población en millones
1200
1135
1178
1218
1253
1280
1304
1325
1338
1357
1371
26
10
2013
2015
1000
800
751
667
508
600
504
406
400
241
196
150
200
0
1990
1993
1996
1999
2002
2005
Población china en situación de pobreza
2008
2010
Población total
Fuente: Información obtenida del Banco Mundial (2022).
Desde 1990 prácticamente 800 millones de personas han abandonado la pobreza. En 2009, más de
825.000 personas disponían de media 1,5 millones de dólares, y unas 51.000 contaban con 14,7 millones
de dólares (Bloomberg News, 2009), a finales de 2011 el país tenía 7.905 multimillonarios (un 78% más
que en los cuatro años anteriores) (Burn-Murdoch, 2012) y en 2017, 55 personas se convirtieron en
archimillonarias (The New York Times, 2018).
Su población ha aumentado hasta los 1.400 millones en 2018, al igual que ha ocurrido con el PCCh, que
ha visto crecer sus filas en las últimas décadas, en la siguiente proporción:
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�García-Vázquez, B.
Gráfico 2.
2500
80
1936
2000
1989
2048
2114
73.0
66.0
1512
1510
70
60
1600
58.0
1500
50
51.0
1249
46.0
1026
40
39.7
1000
30
35.0
28.0
544
Miembros del PCCh (millones de personas)
Delegados del PCCh (miles de personas)
Evolución del PCCh (1945-2007).
20
22.0
500
10
10.7
0
1.2
0
7ºCongreso 8ºCongreso 9ºCongreso 10ºCongreso 11ºCongreso 12ºCongreso 13ºCongreso 14ºCongreso 15ºCongreso 16ºCongreso 17ºCongreso
(1945)
(1956)
(1969)
(1973)
(1977)
(1982)
(1987)
(1992)
(1997)
(2002)
(2007)
Delegados
Miembros
Fuente: Información obtenida de la página web del periódico del PCCh.
El crecimiento del número de miembros del PCCh es reflejo del aumento demográfico experimentado
por China durante todo el siglo XX, que pasó de una población aproximada de 667 millones en 1960,
primer año del que hay registro en la cuantificación realizada por el Banco Mundial (2022) a algo más
de 943 millones en 1977, 1.318 millones en 2007, y 1.393 millones en 2018.
Por otra parte, se considera que el liderazgo del PCCh, tradicionalmente en poder de ingenieros, se ha
flexibilizado, descentralizado en la figura de otros profesionales, principalmente abogados,
emprendedores y aquellos que han estudiado en universidades extranjeras, como medio para ampliar la
capacidad de guía del Partido (Duchâtel y Godement, 2009, p. 7). Por ello, la concepción científica del
desarrollo estaba concentrada en el crecimiento coordinado y sostenible del bienestar de la población, a
través de la indiscutible dirección del PCCh, con la inclusión de nuevos perfiles profesionales en la
cúpula de este.
A pesar de la presencia omnímoda del PCCh, se estaba produciendo una despolitización de la ciudadanía,
fundamentalmente entre los jóvenes, que estaba llevando a un vacío ideológico, aunque sin que ello
Elementos clave del socialismo con características chinas: desarrollo intelectual hasta el mandato de Xi Jinping.
213
�García-Vázquez, B.
supusiese una pérdida de apoyo hacia el gobierno, temido y admirado, pese a sus imperfecciones
(Tamames y Debasa, 2013). Como resultado de esta situación, Hu Jintao proclamó en marzo de 2006,
en un acto de paternalismo estatal, la nueva moral del Partido conocida en español como “Ocho honores
y ocho deshonras”, con la finalidad de dotar de una guía ética a la sociedad por medio de las siguientes
máximas:
1. Ama el país; No hagas daño.
2. Sirve a la gente; no perjudiques.
3. Sigue a la ciencia; rechaza la ignorancia.
4. Se diligente; no indolente
5. Estemos unidos, ayudémonos unos a otros; no hagas ganancias a expensas de otros.
6. Sé honesto y confiable; No niegues la ética para obtener ganancias.
7. Sé disciplinado y respetuoso de la ley; No seas caótico y anárquico.
8. Vive con sencillez, lucha duro; no te ciegues por lujos y placeres (Xinhua, 2006).
Las peculiaridades chinas de Hu Jintao pueden resumirse a partir de su informe presentado en el
dieciocho Congreso Nacional del PCCh, donde si bien pudo reconocerse la senda teórica de sus
predecesores y la preminencia del Partido en el conjunto del país, estructuró la vía destinada a la
consecución del socialismo sobre cuatro principios fundamentales: 1) desarrollo y emancipación de las
fuerzas productivas de la sociedad; 2) construcción de una civilización ecológica socialista, una cultura
avanzada, una economía de mercado y una política democrática; y 3) promoción del desarrollo humano,
con la finalidad de conseguir la prosperidad común de toda la población china, con el propósito de crear
un país socialista armonioso, civilizado, democrático, moderno, poderoso y próspero (Hu, 2012).
El socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época de Xi Jinping
Xi Jinping, considerado como el político más poderoso que conoce RPCh desde Mao Zedong, es un
continuador de las reformas iniciadas por Deng Xiaoping (Márdero Jiménez, 2017, p. 857). El 15 de
noviembre en el marco del dieciocho Comité Central del PCCh, fue nombrado su secretario general y
presidente de la Comisión Militar Central del Partido (Wong, 2012), siendo elegido el 14 de marzo de
2013 a su vez como presidente de RPCh, durante la celebración de la doce Asamblea Popular China
(Buckley, 2013).
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�García-Vázquez, B.
El ascenso de Xi Jinping marca una nueva etapa en la política de su país, dando continuidad a la
tradición del PCCh, apoyado por su defensa a ultranza del mismo. Si bien el Partido se limita al liderazgo
ideológico, político y organizativo, es percibido como el rector de la sociedad, de acuerdo con lo
expresado durante el diecinueve Congreso del PCCh: “Partido, gobierno, militares, civiles, académicos;
este, oeste, sur, norte y centro, el partido dirige todo" (Tiezzi, 2019).
Se podría creer que trata de continuar el pensamiento de Jiang Zemin, readaptado en lo que se ha
denominado “las tres responsabilidades de la dirigencia”, es decir, el PCCh es el encargado de dirigir al
conjunto de la nación, el pueblo y el Partido, siendo a su vez responsable ante los mismos (Navarrete,
2013, p. 49); pero su origen se remonta a las ideas de influencia maoísta y soviética, de control a través
de relaciones de dominación (Trevaskes, 2019, p. 254).
Bajo esta premisa se da una ruptura del proceso de separación entre el Partido y las instituciones
de gobierno, que venía siendo alentado por los predecesores de Xi Jinping, dándose una reversión dirigida
a la reunificación (Stephan y Muscat, 2018); siendo un retorno al tradicionalismo marxista-leninista,
donde el Partido representa el centro de todo el sistema, sin que exista nada por encima del mismo.
De acuerdo con la última versión de los Estatutos del PCCh, aprobados en el diecinueve Congreso
del PCCh, celebrado en Beijing el 24 de octubre de 2017, se establece un triple campo de acción: 1) El
PCCh es vanguardia de la clase obrera y el pueblo chino; 2) Representa el núcleo dirigente de la causa
del socialismo; 3) Su propósito superior es la consecución del comunismo, que solo será posible si la
sociedad se desarrolla en su plenitud (Xinhua, 2017).
El PCCh sigue indudablemente liderando la sociedad, guardián y constructor del ideal socialista
impulsado por la economía diseñada por Deng Xiaoping, favorecido por el proceso de deslocalización
de la industria occidental de las últimas décadas, que ya había advertido Lenin ante la descarga del trabajo
agrícola e industrial de occidente en otros países, como vía a alcanzar “la emancipación económica y,
más tarde, política de las razas de color” (Lenin, 2016, p. 143), y por el apoyo a un eficaz sistema de
control de la población potenciado por los adelantos tecnológicos, sirviendo de ejemplo los dos millones
de cámaras de vigilancia instalados en la ciudad de Chongqing, donde hay una cámara por cada seis
personas (Campbell, 2019).
Ante los cambios productivos y el desarrollo social, Xi Jinping ha promovido la disciplina del
Partido, recriminando los denominados “cuatro hábitos malsanos” -burocracia, derroche, formalismo y
Elementos clave del socialismo con características chinas: desarrollo intelectual hasta el mandato de Xi Jinping.
215
�García-Vázquez, B.
hedonismo-, buscando la pureza del mismo, para ser en todo momento marxista (Xi, 2017); lo que podría
interpretarse como una actualización del movimiento contra los tres males identificados por Mao en 1952
-burocracia, corrupción y despilfarro-, contra los pequeños y grandes tigres, calificativo con que se
apodaba a los delincuentes -depredadores- del erario público, y que es empleado en la actualidad en los
discursos de Xi Jinping.
El diecinueve Congreso permitió presentar la idea del presidente Xi para la consecución del
socialismo a partir de 2020, distinguiéndose dos etapas: la primera, hasta 2035, estará centrada en
perfeccionar el pensamiento de Hu Jintao, en virtud de la creación de una sociedad que consiga ser
moderadamente próspera; la segunda, hasta 2050, más ambigua, está planeada para convertir China en
un país avanzado, próspero y democrático (Xiaomei 2018, p. 152).
Xi Jinping es consciente que el gran problema que afronta su país -y la interpretación autóctona
del socialismo- es la contradicción existente entre las exigencias de su población demandando mejores
niveles de vida ante un crecimiento desequilibrado (Xi, 2017). No puede consolidarse el proyecto chino
si no se consigue dar solución a la disparidad existente entre los multimillonarios, beneficiados por el
aperturismo económico, y las personas que se encuentran como mano de obra en condiciones de cuasi
esclavitud.
Consecuente con esta realidad, Xi Jinping proclamó “las cuatro conciencias” que ha de cumplir
el PCCh, para reforzar su capacidad de administración “sobre la política, los intereses generales, el núcleo
dirigente y el alineamiento”; y complementariamente “las cuatro integralidades”: consumar la
construcción de una sociedad modestamente acomodada; profundización de la reforma; gobernar el país
de acuerdo con la ley; y conseguir una disciplina rigurosa en el PCCh (Xi, 2017).
Para alcanzar estas metas, en el marco del XIX Congreso se expusieron “las cuatro convicciones”
-camino, teoría, sistema y cultura- que ha de mantener el PCCh en la vía socialista (Xi, 2017).
Garantizando estas líneas de pensamiento en el Partido, se pretende evitar el abandono de las doctrinas
marxistas, sin degenerar en la osificación ideológica, con el compromiso para conseguir la culminación
del socialismo chino.
Aunque la mayor parte de la población china considera el comunismo como el nombre del partido
de gobierno y no como un ideal que alcanzar (Westad, 2019: 91), si se es consecuente con el pensamiento
216 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/
�García-Vázquez, B.
sostenido por los principales líderes del PCCh, tendría que replantearse la visión internacional respecto
de la política china como verdaderamente socialista.
RPCh ha mantenido e incrementado progresivamente los lineamientos de Deng Xiaoping,
encontrándonos hoy con la política del “desarrollo pacífico”, formalizada durante el gobierno de Hu
Jintao, el 22 de diciembre de 2005 (Rocha Pino, 2006, p. 694), con el propósito de explicar el crecimiento
de China, como una oportunidad pacífica y no amenazante para la comunidad internacional, sin que ello
supusiese una renuncia a los derechos y responsabilidades del país asiático como nueva potencia mundial
(Rocha Pino, 2006, p. 706).
Su origen se remonta al Tratado de Panchsheel, firmado el 29 de abril de 1954 entre RPCh y la
República de India, en el que se establecieron los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica, destinados
a garantizar la paz entre ambos países por la disputa territorial del Himalaya, por medio de la formulación
de 5 principios: (1) respeto mutuo por la soberanía e integridad territorial de cada Estado; (2) no agresión
entre países; (3) no injerencia en los asuntos internos de cada uno; (4) beneficio e igualdad mutuo, y; (5)
coexistencia pacífica.
Xi Jinping sustentó esta vía desde antes de ser presidente de China, como se pudo apreciar durante
su etapa de vicepresidente en una visita efectuada a México en 2009, en la que dio muestras de la postura
que tenía respecto de la posición que ocupa su país en el mundo:
En medio de la crisis financiera internacional, China pudo resolver el problema de alimentar a
sus 1.300 millones de personas, siendo esta nuestra mayor contribución a la humanidad (…)
algunos extranjeros, con sus estómagos llenos y sin nada mejor que hacer nos señalan con el dedo
(…) primero, China no exporta revolución; segundo, no exporta hambre y pobreza (Blanchard,
2012) ni causa dolores de cabeza (Moore, 2009); y tercero, no te hace perder el tiempo. Entonces
¿qué más se puede decir?. (Blanchard, 2012)
En el seno del PCCh se ha exhortado al empleo del marxismo como elemento de guía por el
propio Xi Jinping (Observatorio de la política china, 2013), como expresó durante el 200º aniversario del
natalicio de Karl Marx, al abogar por la necesidad de continuar aprendiendo de su pensamiento
(Observatorio de la política china, 2018); pero en la realidad social se ha originado una situación
contradictoria (aunque minoritaria) con la detención de estudiantes chinos autodenominados marxistas y
Elementos clave del socialismo con características chinas: desarrollo intelectual hasta el mandato de Xi Jinping.
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maoístas, que han apoyado protestas por la mejora de condiciones laborales de obreros en la ciudad de
Huizhou (Hernández, 2018).
El Partido y su dirección mantienen el ideal de culminación de una nueva sociedad, la socialista,
pero en su propia percepción, sin permitir la irrupción de cualquier doctrina que contradiga su posición.
Reconociendo la falta de experiencia de comprensión de funcionamiento de un gobierno por Marx y
Engels, la incapacidad de abordar esta cuestión por Lenin (dada su pronta defunción pocos años después
de la revolución de octubre) y los errores cometidos por la URSS, ha hecho que el PCCh, en opinión de
Xi Jinping (2014), haya acumulado una vasta experiencia (aprendiendo de los errores del pasado)
mejorando su capacidad de gobierno mediante las reformas y el aperturismo.
Como decía Mao Zedong, “las cosas se desarrollan sin cesar” refiriéndose a cómo China había
cambiado entre 1911 y 1956, agregando que “al cabo de otros 45 años, esto es, para el año 2001, a
comienzos del siglo XXI, China habrá experimentado cambios aún mayores. Será un poderoso país
industrial socialista” (Mao, 1977); como efectivamente demostró el ingreso del país a la Organización
Mundial del Comercio ese mismo año.
Ahora bien, en el caso de tomar por cierto el convencimiento actual, si China se haya hoy en la
denominada primera etapa del socialismo, teniendo en cuenta su proyección centenaria, Bregolat (2008,
p. 33) sitúa hipotéticamente el final de esta etapa en torno a 2050; y si posteriormente fuese continuada
por un ciclo intermedio y avanzado, el establecimiento del comunismo sería entre los años 2300 o 2400.
De acuerdo con esta reflexión, se trata de un plan a muy largo plazo, difícil de garantizar y de
cumplir, demasiado alejado como para considerarlo creíble, no solo por su amplitud cronológica, sino
porque China no es el único país que conforma un mundo en el que la mayoría de los actores
internacionales no comparten sus aspiraciones futuras.
3.-MÉTODO
Diseño
La investigación ha empleado una metodología cualitativa, por medio del análisis del discurso de los
dirigentes comunistas, sucesores de Mao Zedong: Deng Xiaoping, el iniciador de las reformas
económicas y el aperturismo internacional de RPCh; Jiang Zemin, un punto de transición entre la anterior
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política comunista ante la nueva era capitalista; Hu Jintao, un líder moderado; y Xi Jinping, que ha
logrado eclipsar a sus predecesores. La interpretación de sus escritos, contenidos en las obras
seleccionadas de estos mandatarios, se ha practicado con la finalidad de delimitar los aspectos centrales
que han configurado cada periodo de evolución del socialismo en las diferentes presidencias de RPCh.
Instrumentos
Para la construcción de la base de datos, se han consultado las obras seleccionadas de los principales
dirigentes chinos que sucedieron a Mao Zedong en la posición de máximo director del Estado chino, que
han sido publicadas por la editorial Lenguas Extranjeras, como exponentes de la construcción de esta
interpretación genuinamente original del socialismo adaptado a las características de RPCh, unido a la
labor de reconocidos especialistas en la materia.
Procedimiento
El sistema empleado ha respondido a la revisión documental de los cuatro lideres de RPCh posteriores a
Mao Zedong, con el propósito de identificar aquellas ideas y razonamientos expresados por los dirigentes
chinos, empleando como sustento interpretativo el aporte académico, con el objetivo de exponer los
elementos sobre los cuales se ha construido el socialismo con características chinas, como cuerpo
ideológico del PCCh.
4.-CONCLUSIONES
El pragmatismo concebido por Deng Xiaoping con su máxima destinada a primar la eficacia de cazar
ratones de un gato, antes de juzgar cuestiones banales como el color de su pelaje, ha impregnado el PCCh,
logrando una dictadura formada por un cuerpo ideológico flexible y mutable de acuerdo a las exigencias,
pero crítico con su pasado sin caer en revisionismos; con lemas que van surgiendo para explicar los
cambios de dirección política con la elección de cada nuevo dirigente, aunando la ideología derivada del
pensamiento de Marx, Lenin y Mao, sin incurrir en fundamentalismos, y sumando a ellos el diálogo con
el pensamiento tradicional chino, atendiendo a la propia naturaleza social del país, fundado en unos
valores de mérito, orden y armonía, sin que ello obstaculice el convencimiento de sus líderes por la
defensa a establecer el comunismo en China, y garantizar sus intereses nacionales en el mundo.
Los éxitos económicos alcanzados y la disminución de la pobreza, podrían hacer pensar
erróneamente que el PCCh olvidaría sus principios y perdería su objetivo final, hasta modificar su
Elementos clave del socialismo con características chinas: desarrollo intelectual hasta el mandato de Xi Jinping.
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estructura interna, con cambios políticos que le condujesen a una transición hacia la creación de una
democracia parlamentaria. Esta situación está lejos de producirse, por las contradicciones que se dan al
defender desde el Partido el estudio del marxismo, la represión de cualquier elemento discordante con
los axiomas y la interpretación oficial, y por el desinterés y despolitización de la sociedad china, salvo
por la élite en el gobierno, que vela por la misión de sus predecesores.
Jiang Zemin alteró la línea oficial, alejándose de conceptos clave del marxismo, huyendo de
cualquier posición cuya rigidez se interpretase como dogma, con la misión de favorecer la incorporación
de sectores que tradicionalmente quedaron excluidos de la vida política china, como ocurría con los
empresarios, al objeto de representar las nuevas condiciones del país asiático. Con Hu Jintao, el Partido
comenzó a ver cambios entre sus líderes, algunos de los cuales provenían del mundo del emprendimiento.
A su vez, consciente de los cambios económicos y el desarrollo que vivía la población, temía la irrupción
de notorias desigualdades en un sistema que pretendía no dejar a nadie atrás, razón por la que abogaba
por las mejoras equilibradas y sostenidas, sin permitir que todo acto destinado al crecimiento estuviese
legitimado. Xi Jinping ha mantenido una línea continuista sobre el particular, con campañas destinadas
a combatir los excesos del personal al servicio del sistema, sin olvidar nunca que la meta última del
Partido es la consecución del socialismo.
Nunca ocurrió un fin de la historia como vaticinó Fukuyama con la desaparición de la URSS.
Actualmente nos encontramos en un periodo de nueva guerra fría con características chinas, determinada
por la ambigüedad y la practicidad en su fundamentación discursiva frente a los valores promovidos por
el rival geopolítico que representa EE. UU., con unos resultados económicos visibles desde RPCh, que
presentan en conjunto una alternativa de modelo político al American Way of Life en forma de Chinese
Way of Life.
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Política, globalidad y ciudadanía, es una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional en el entorno local, nacional e internacional. Inicia en el 2015 y es publicada semestralmente y se mantiene activa.
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