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                  <text>Mo 5, N,jm. 1, Mayo - Ocl~Ofe. 2015.

ISSN : 2007-3100

REVISTA DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

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�El uso del patrimonio edificado: Entre el valor de cambio y el valor de uso

El uso del patrimonio edificado:
Entre el valor de cambio y el valor de uso
The use of the built heritage:
Among the exchange value and use value

Dayanna Berenice Chávez Guerrero
Carlos Leal Iga

Resumen

E

ste trabajo da cuenta del
interés mostrado hacia los
nuevos usos destinados al
patrimonio cultural edificado y que
influyen en su conservación. Ello
surge debido al dilema presentado en la mayoría de los inmuebles
abandonados con valores históricos-artísticos que se intentan rehabilitar para fines comerciales o
turísticos con el propósito de ‘salvaguarda’ y ‘mantenimiento’ del
patrimonio, desvirtuando el uso
original o la línea de compatibilización al edificio, anteponiendo el
valor de cambio por el valor de uso.
El caso de estudio es el Palacio de
la Música, edificio madrileño que
permanece cerrado actualmente y
cuyo uso se pretende cambiar para
fines comerciales. La metodología aplicada se divide en tres partes: la documentación respecto al
edificio, identificar la evolución de
los usos que ha tenido a través del
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tiempo, y finalmente indagar en la
legislación y permisibilidad para
cambios de uso. Lo anterior ayudó a conocer las características de
los valores que se toman o no en
cuenta para comprobar la hipótesis
que propone el uso cultural como
el adecuado para la puesta en uso
del edificio.
Palabras clave: patrimonio, valor
de uso, valor de cambio, políticas
de conservación, memoria colectiva.
Abstract:
This paper presents the interest
shown towards new uses for the
cultural built heritage, which has
influence in its conservation. This
arises due to the dilemma presented in most of the abandoned buildings with historical-artistic values
that are subject to rehabilitation
plans for commercial or tourist
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purposes, with the idea of “preservation” and “maintenance” of
heritage buildings, detracting them
from their original use or their correspondent compatibility building
zonation, setting the exchange value before its use value. The case
study is the Palacio de la Música, a
building in Madrid that is currently
closed and is intended to change its
use for commercial purposes. The
methodology is divided into three
parts: the documentation regar-

ding the building, identification of
the temporal evolution of its uses,
and inquiry of the current regulations for use changes. The above
helped to know the characteristics
of the values that are or not taken
into account, to test the hypothesis
that proposes the cultural use as
suitable for commissioning the use
of the building.
Keywords: Heritage, Use value, Exchange value, Conservation Policy,
Collective Memory

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�El uso del patrimonio edificado: Entre el valor de cambio y el valor de uso

El uso del patrimonio edificado:
Entre el valor de cambio y el valor de uso
The use of the built heritage:
Among the exchange value and use value

Dayanna Berenice Chávez Guerrero1
Carlos Leal Iga2

Introducción

L

a utilización del patrimonio,
así como la sociedad, son
temporalmente cambiantes y
es necesario responder a sus diferentes necesidades civiles de cada
época. En contraste, la arquitectura se ha distinguido por su voluntad
de permanencia (Prieto, J., 2011),
es decir, la forma física permanece
en el tiempo, como lo describe Josep Muntañola Thornberg (2003):
“el espacio construido es el tiempo condensado”. Sin embargo, la
conservación del patrimonio no se
debe limitar solo a aspectos físicos,
sino que, de manera conjunta a
su uso y función, aspire a llegar a
protegerlo. Bajo estos dos criterios
podemos decir que tan importante

es la conservación física del edificio
como la calidad de los usos que se
desarrollan dentro suyo. Cuando
se pone énfasis en conservar solo
el exterior, se cae en el mero “fachadismo” —acciones de respetar
la fachada—, ya que se destruye el
interior edificado dándole un uso
muy diferente, quedando una imagen aislada y divorciada del nuevo
interior voluntariamente ajeno al
edificio (Capitel, 1983, en Gómez,
T., I. Tort y M. Martínez, 2012).
Lo anterior lleva a una discordia
entre el valor de uso y el valor de
cambio, el mantener o ajustarse
a los cambios de las necesidades
actuales, lo cual puede llevar a un
empuje especulativo o detener el
desarrollo. La preocupación de los
usos y el vínculo que posee con el

1. Licenciada en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Estudiante de la
Maestría en Ciencias de la Arquitectura con Orientación en Asuntos Urbanos. Facultad de Arquitectura UANL. Correo electrónico: dayanna_bere@hotmail.com
2. Doctor en Filosofía con Orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos. Profesor e investigador de
la Facultad de Arquitectura de la UANL. Correo electrónico: carlos.lealig@uanl.edu.mx

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patrimonio para su conservación es
el interés de este estudio. Para esto,
desde una relación complementaria entre uso y cambio, el patrimonio debe procurarse y disponer de
mecanismos que le permitan compatibilizar ambas necesidades. Así,
se analiza la normativa que influye
en el patrimonio y cómo hace posible el otorgar los cambios.
Esta investigación proporciona
una aproximación a la situación
actual del patrimonio edificado del
Palacio de la Música, construido
en la Gran Vía de Madrid, España,
destacando sus valores culturales y
de uso, la forma de protección del
inmueble y la susceptibilidad de
cambio con sus limitaciones y ventajas.
Como supuesto, afirmamos que
hay ocasiones en que los inmuebles, a pesar de no estar catalogados o no tener algún grado de protección, se distinguen por contener
valores intrínsecos en función de
sus cualidades como parte viva de
la construcción de la cultura de la
ciudad y que forman parte de la
memoria colectiva de la sociedad,
los cuales no son considerados
dentro de los valores de protección. Debido a ello se propone que
el uso cultural que distinguió al Palacio de la Música durante años es
el adecuado para su puesta en uso
según la hipótesis planteada.

Estado del arte del patrimonio y
su protección
Al hablar de patrimonio se hace
referencia al valor de algo. Según
diccionarios, es lo que se recibe
como herencia y se puede transmitir, así que no solamente es el pasado de lo que un grupo de personas
identifica, sino también el futuro.
Según Cecilia Bákula Budge (2007),
es la sociedad, a manera de agente
activo, quien configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos que desea
valorar, que asumen como propios
y los que de manera natural se van
convirtiendo en referente. Si es valorado, será porque se considera
importante.
La protección es la manera formal como se conserva el patrimonio, el marco legal que plantea los
mecanismos normativos y de gestión (Leal, C., 2010). La intención
de proteger es para conservar y
que sea conocido por las siguientes
generaciones, sin embargo, diversos estudios sobre el patrimonio
han demostrado que el proteger
no garantiza el conservar (Leal,
C., 2010). A nivel internacional, la
Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco) y el Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), entre otros, son los
encargados de la protección y con-

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servación del patrimonio.
En el contexto español y mexicano, el Estado cumple la función
activa en las políticas de protección
del patrimonio mediante la promulgación de leyes y normas administrativas de regulación y gestión
del patrimonio.
Magdalena Krebs y Klaus Schmidt-Hebbel (1999), quienes observaron diversas tipologías en las
políticas de la protección del patrimonio cultural en diversos países,
proponen las siguientes categorías:
—Definición del patrimonio
cultural.
—Intervención pública directa a través de la propiedad pública del patrimonio
y el gasto en su adquisición,
mantenimiento y gestión.
—Limitaciones legales al derecho de propiedad privada
de patrimonio cultural.
—Incentivos
económicos
del Estado al incremento del
patrimonio cultural y a su
protección por el sector privado.
Patrimonio cultural o bien cultural
es un término contemporáneo derivado del concepto de monumento (Mercado, E., 2011). La Unesco
(1972) considera patrimonio cultural:
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a todas aquellas obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos
o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos,
que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de
vista histórico, estético, etnológico o antropológico.

El contexto al que nos remitiremos abarca al concepto de
patrimonio edificado o arquitectónico inmerso dentro del
patrimonio cultural, refiriéndose específicamente a las obras
de arquitectura que tienen relación con la identidad y la memoria de un lugar (Mancillas, A.,
2007), y que están revestidas de
valor historico, artistico o cultural. En nuestros tiempos parece
que flaquea la conciencia de
identidad, en tanto existe una
reacción o alarma hacia la pérdida de valores de la sociedad
actual moderna y consumista
(Díaz, M., 2009). Actualmente
se ha escuchado que la gente no
cuida o no valora su patrimonio,
pero habría que preguntarse si
se identifican ellos con su patrimonio.

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En este sentido, ha surgido
en Madrid un despertar de la
ciudadanía por el interés de conservar edificios con valor histórico en estado de deterioro y total
abandono —ya sean públicos o
privados— que, de seguir así,
son vulnerables a ser destinados
a lo que las autoridades decidan
o, en determinado caso, a desaparecer. La preocupación ha
sido mostrada por asociaciones
civiles, destacando Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP)3
, que entró en defensa del Palacio de la Música elaborando un
informe sobre el edificio para
mostrar la importancia de sus
valores culturales. El edificio
fue construido en 1926, alojando una gran sala de conciertos
y posteriormente sala de cine,
cuyos propietarios, según informes de prensa, pretenden cambiar su uso cultural a comercial.
No se puede negar que el edificio posee valor histórico y artístico por sí solo, sin embargo,
si se llegase a realizar el cambio
a comercial, se perdería el uso

cultural dedicado como espacio de fomento a este rubro, así
como también desaparecerían
cualidades espaciales únicas, en
especial la sala de conciertos.
En resumen, si se realizan modificaciones, romperían con el pasado cultural característico, de
modo que no se podría apreciar
su excelencia original.
Ante esto, es conveniente que
las autoridades competentes y
la sociedad sean conscientes del
valor cultural que representa tal
monumento y la importancia de
seguir siendo útil para el fomento de la cultura, así como también reconsiderar valores que
son necesarios preservar y que
forman parte de la memoria colectiva. Javier Marcos Arévalo
(2012) menciona respecto a la
memoria colectiva que: “sólo
retiene del pasado lo que aún
queda vivo de él o es capaz de
vivir en la conciencia del grupo
que la mantiene”, por lo que habría que rescatar o identificar
las cualidades o factores que
influyeron o permanecen en la

3. Asociación no lucrativa que tiene como finalidad la defensa del patrimonio histórico, artístico y
natural de la Comunidad de Madrid. http://madridciudadaniaypatrimonio.org/

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memoria de las personas que
sean compatibles con el presente. Esto es: una relación pasadopresente-futuro, en la cual el
inmueble se encuentra ubicado
en un presente con situaciones
diferentes a lo que protagonizó
en su tiempo, para mediante la
memoria colectiva vincularlo
con el pasado para situarlo en
un contexto actual y proyectarlo
hacia el futuro.
Entre lo público y lo privado
Existe un panorama importante
lleno de contrastes con respecto
a la intervención en los inmuebles
de carácter público y privado. La
dimensión de lo público frente a
lo privado está relacionada con la
propiedad o a la gestión de bienes
culturales (Krebs, M. y K. SchmidtHebbel, 2002).
En general, los bienes culturales
son bienes públicos que deben estar al alcance del disfrute de la sociedad. Sin embargo, los de propiedad privada plantean la paradoja
de ser bienes públicos que no están
dispuestos al disfrute comunitario
absoluto (Mercado, E., 2011). Los
bienes públicos están dedicados
a diversos usos, como oficinas administrativas, museos, bibliotecas,
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escuelas, hospitales, etcétera.
En la actualidad, algunos bienes culturales permanecen transformados y adaptados a nuevas
situaciones; por lo regular, son los
de propiedad privada los más intervenidos. Aunado a una falta de
protección, aplicación de la ley o
transformaciones en las políticas
de gobierno, se propician cambios
que intentan revalorar los edificios
que en algunos casos desfavorecen
al patrimonio. Por citar algunos
ejemplos, tenemos al cine Avenida —de propiedad privada— que
se encuentra a un costado del Palacio de la Música, sobre la Gran
Vía, construido en los años veinte
del siglo pasado, el cual está protegido en su fachada y su vestíbulo por el Plan General de Ordenacion Urbana de Madrid (PGOUM)
(Ayuntamiento de Madrid, 1997),
y tras su cierre años después, cambió de uso cultural a comercial alojando una tienda de ropa (figuras 1
y 2), otorgándole con ello otro giro
completamente diferente al de su
época, respetando por parte de la
normativa los valores protegidos,
pues aunque no mantiene su uso
original, el edificio está activo físicamente y puede ser visitado por
el público en general. Por otro lado,
tenemos al frontón Beti-Jai, un edificio construido en 1893 para la
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práctica de pelota vasca, declarado
Bien de Interés Cultural (BIC)4. Este
presenta un fuerte estado de deterioro; no se ha restaurado ni rehabilitado, y se llega a plantear que a

causa de las restricciones y limitaciones que el reglamento establece
para conservarlo se ha detenido
el desarrollo de nuevos proyectos
(Hernández, M., 2014).

Figura 1. Fachada del antes cine Avenida. Fuente:
tomada del libro Madrid cosmopolita (2009).

Figura 2. Interior de la tienda H&amp;M antes cine
Avenida. Fuente: elaboración propia.

Limitaciones legales

ción más importante que se ha de
cumplir por parte del propietario
(Fariña, J., 2014a). El artículo 36.1
de la Ley de Protección del Patrimonio Histórico Español menciona

Cuando un inmueble es declarado BIC, el deber de ‘conservación’
del patrimonio trata de la obliga-

4. Bien de Interés General (BIC) es una figura jurídica de protección del patrimonio histórico español
otorgado a cualquier inmueble y objeto mueble de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico que haya sido declarado como tal por la administración
competente.

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que este deber corresponde a los
propietarios, poseedores y titulares de derechos reales de todos los
bienes que integran el patrimonio
histórico y no solo a los declarados
o inventariados; además del deber
de conservación, se tendrá que
mantener el bien en condiciones
adecuadas: deberán ser “conservados, mantenidos y custodiados”,
sin aclarar las actuaciones a realizar (Fariña, J., 2014a).
De la misma manera en México, la Ley Federal de Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos
e Históricos, de 1972, incluye restricciones a los propietarios de
inmuebles artísticos e históricos,
imponiéndoles la obligación de su
conservación, así como de solicitar
a las autoridades federales competentes a realizar cualquier intervención en sus propiedades (Mercado,
E., 2011). Pese al interés público
manifestado en la legislación, el Estado no asume los costos de la conservación del patrimonio edificado
privado, al menos en el caso de
que el propietario demuestre que
no puede pagar el mantenimiento
del inmueble (Leal, C., 2010); cabe
señalar que en raras ocasiones se
lleva a cabo esto último.

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Valoración cultural y de uso
La valoración del bien cultural es
imprescindible en el campo patrimonial. “El valor es una cualidad
añadida que los individuos atribuyen a ciertos objetos que los hace
merecedores de aprecio”, señalan
Josep Ballart, Josep Fullola y M. del
Ángels Petit (1996). Cuando la sociedad se da cuenta de las riquezas
patrimoniales que se tienen en la
ciudad, que son propias y definen
una época en la historia, es cuando
se comienza a valorar lo que queda
y lo que significó en su momento.
Eugenio Mercado López (2011)
menciona que como la valoración
social del patrimonio es escasa, orilla a que propicie su degradación,
de modo que van desapareciendo
los valores culturales y formas de
vida locales. Los referidos Josep Ballart, Josep Fullola y M. del Ángels
Petit (1996) identifican tres tipos
de valor del patrimonio:
—Valor de uso: es la utilidad
del edificio, sirve para saber
qué hacer con él y satisfacer
necesidades, materiales o de
conocimiento.
—Un valor formal: responde
al hecho y el mérito que representan.
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—Un valor simbólico-significativo: es la consideración
que se tiene a los testimonios de ideas, hechos y situaciones del pasado.
El valor de uso o utilidad forma
parte importante en una obra arquitectónica, ya que al momento
de diseñarlo se está pensando en
la función que tendrá el edificio. El
patrimonio está en lo que significa,
algo más allá de la forma: la idea
que lo generó, los usos y funciones
para los que se creó, el contexto en
el que se originó (Arévalo, J., 2012).
En el caso del patrimonio cultural
edificado, muchas de las actividades para las que fueron concebidas
ya no son factibles en la actualidad
y se han modificado a usos contemporáneos; sobre esto Jordi Padró
Werner y Manuel Miró Alaix (2002)
afirman que resulta impostergable
destacar el sentido utilitario del
patrimonio, es decir, que lejos de
entenderlo en su valor intrínseco,
la sociedad debe considerarlo útil y
necesario. En este mismo sentido,
determinados usos del pasado se
desechan cuando dejan de ser funcionalmente útiles o se consideran
simbólicamente irrelevantes para
la comunidad (Arévalo, J., 2012);
por consiguiente, si la gente deja
de identificarles valor y utilidad al
inmueble, este desaparecerá, insis-

ten Jordi Padró Werner y Manuel
Miró Alaix (2002).
En las antiguas civilizaciones,
Ana María Macarrón Miguel (2012)
explica que cuando los bienes no
servían para un determinado fin,
eran destruidos o reciclados e incluso sustituidos por otros; en
cambio, en otras culturas sucedía
lo contrario: los estimaban porque
eran procedentes de su pasado y se
consideraban reliquias de sagrada
antigüedad, independientemente
de la finalidad a la que estuvieran
destinadas.
El valor de uso puede considerarse una cuestión importante para
su rehabilitación; a pesar de esto,
el uso, dentro de una cultura de la
conservación, se considera por tanto un medio, con sus limitaciones,
pero no un fin en sí mismo (Leal,
C., 2010), ya que resultaría perverso anteponer el uso del edificio
otorgándole mayor importancia,
que al fin mismo de conservación
del inmueble. Ello debido a que se
puede conservar un edificio en pie
sin ningún uso, pero en cuanto al
patrimonio edificado no es posible
tener un uso por sí solo, sin un edificio que lo contenga.
Valor de cambio y valor de uso
De acuerdo con Javier Marcos Arévalo (2012), el valor que se vincu-

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�El uso del patrimonio edificado: Entre el valor de cambio y el valor de uso

la casi inseparable al valor de uso,
es el valor de cambio. El valor de
uso —identidad— remite a funciones interiores de la comunidad en
relación con la memoria colectiva.
El valor de cambio —mercado— se
refiere las funciones exteriores, los
usos turísticos, por ejemplo (Arévalo, J., 2012). Este es el dilema de los
últimos tiempos: la comercialización del patrimonio. Dicho suceso
lo podemos observar en la Gran Vía
madrileña, que ha transformado su
identidad castiza en puesto cosmopolita (Baker, E., 2009), convocando dos discursos en dilema: el identitario —patrimonio de uso— y el
productivista
—patrimonio de
consumo— (Arévalo, J., 2012).
Josep Ballart, Josep Fullola y M.
del Ángels Petit (1996) y Juan Francisco Noguera Giménez (2002) afirman y han probado que: “la mejor
cosa que puede hacerse para conservar un edificio histórico es usarlo”. En este sentido, Miguel Ángel
Troitiño Vinuesa (2003) menciona
que el “buen uso del patrimonio”
es la mejor garantía para su conservación. Resulta importante poner en claro si la razón de la puesta
en uso de los bienes patrimoniales
insertos en una sociedad consumista —inclinados hacia intereses
políticos y económicos— derivan
en la preocupación por una intención equivocada de conservación,
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en donde las preguntas a responder sean: ¿hacia dónde y a quienes
se dirige la utilidad del patrimonio
con estas acciones? Muchas veces
también, como menciona Olivier
Mongin (2006), se intenta museificar y turistificar el patrimonio para
—paradójicamente— “salvarlo”.
La normativa respecto al uso
El patrimonio está atravesado por
la acción de tres agentes: el sector
privado, el Estado y movimientos
sociales. Sin embargo, el gobierno
es el indicado para regular los cambios de usos que se generan en el
patrimonio.
Eugenio Mercado López (2011)
menciona que la capacidad de los
inmuebles para alojar nuevas funciones distintas de las originales
genera efectos diferenciados de
la actuación pública sobre el patrimonio edificado privado; de allí
que sea necesaria una mayor intervención pública para lograr la
permanencia de las características
originales. De lo contrario, como
menciona el autor, si no se interviene debidamente en estos inmuebles con valor cultural tenderán a
modificarse o perderse los valores
que se consideran importantes.
Queda a consideración de los administrativos conceder o denegar
los cambios de usos que se solici21

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tan; frecuentemente no se estudian a fondo las consecuencias que
puedan originar, ya que puede o no
estar establecida la compatibilidad
de usos en el plan de ordenación, y
aun así pasar por alto tal normativa.
Es hasta la Carta de Venecia
(1964) donde se manifiesta acerca
de darle al patrimonio una función
útil para la sociedad; también en
ella nos habla de la adaptación a
usos contemporáneos. Sin embargo, en una sociedad globalizada,
la cultura, como escribió David J.
Greenwood (1992, en Arévalo,
J., 2012), se ha convertido en una
mercancía.
Jordi Padró Werner y Manuel
Miró Alaix (2002) mencionan que
la preocupación por el uso social
del patrimonio debería ser determinante en cualquier debate o decisión sobre una intervención para
la puesta en valor del patrimonio
cultural. Es necesario ser conscientes del presente y los cambios que
se generan en el contexto, adaptándolos física y socialmente a fin
de encontrar un equilibrio.
Metodología
La metodología empleada en el
proceso de la investigación se basa
en tres puntos principales. El primero se refiere a documentar y re-

cabar la información necesaria de
la bibliografía disponible respecto
al caso de estudio: Palacio de la
Música y el contexto en que se inserta.
El segundo en identificar la evolución de los usos que ha tenido a
través del tiempo, analizando los
valores de uso cultural que el Palacio de la Música ha detentado.
Y, por último, indagar en la legislación que protege al inmueble,
identificando los valores a proteger
que destaca el PGOUM de Madrid
en relación con el Palacio de la
Música, con miras a conocer las características de los valores que se
toman o no en cuenta, para comprobar el supuesto que indica que
el uso cultural es el adecuado para
la nueva puesta en uso del edificio.
Revisión documental y bibliografía
del caso de estudio
Como parte del proceso de documentación, se acudió a bibliotecas
consultando información y libros
que relatan la historia de la Gran
Vía, ya que era necesario reconocer el contexto donde se ubica el
edificio. De igual manera, se visitaron páginas de internet del Ayuntamiento de Madrid para la revisión
de reglamentos y leyes que protegen al inmueble, a la vez que se

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�El uso del patrimonio edificado: Entre el valor de cambio y el valor de uso

consultaron notas de prensa y opinión de la sociedad y de expertos.
Se revisó el informe del Palacio de
la Música creado por la asociación
MCyP, el cual extiende la calidad
artística del inmueble, sus valores
arquitectónicos, así como por su
hecho cultural.

Caso de estudio
Madrid no fue una ciudad ajena a
procesos de cambio: en el siglo XX
se puso a trabajar para aumentar la
vivienda, ampliar la red viaria, modificar espacios urbanos para los
tranvías públicos e instalar redes
de electricidad y telégrafo (Baker,
E., 2009). El 2 de mayo en 1910, Alfonso XIII inauguró las obras de ensanche que dan paso a la creación
de la Gran Vía (figura 3).

Figura 3. Segundo tramo creación de la Gran Vía. Fuente: tomada del libro La Gran Vía de Madrid
(2010).

El Palacio de la Música se encuentra ubicado en la Gran Vía con el
número 35, posee grandes valores
arquitectónicos, históricos y culturales para Madrid. Se diseñó bajo
la dirección del arquitecto Secundino de Zuazo Ugalde como sala de
conciertos (figura 4) y reconvirtió
en cine por encargo de la Sociedad
Anónima General de EspectácuAño 5, Núm. 1, mayo - octubre, 2015, ISSN: 2007-3100

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los (SAGE) en 1924; se inauguró el
13 de noviembre de 1926 bajo el
nombre provisional de Olimpia; a
partir de 1928 empezó a ser conocido como Palacio de la Música. La
expresión arquitectónica del edificio es un estilo clasicista en su fachada; su interior es de decoración
barroca, inspirada en el Hospital de
la Caridad de Sevilla (figuras 5 y 6).
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Figura 4. Planta baja del Palacio de la Música. Fuente: Archivo de la Villa del Ayuntamiento de Madrid
(1924), en el informe del Palacio de la Música de MCyP (2014).

Figuras 5 y 6. Interiores de Palacio de la Música al momento de su cierre en 2008.
Fuente: Ángel Baltanás, en el informe del Palacio de la Música de MCyP (2014).

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�El uso del patrimonio edificado: Entre el valor de cambio y el valor de uso

Hay que destacar que el edificio
se considera casi único en Europa
por su doble función como cine y
sala de conciertos; durante décadas tuvo un uso cultural hasta su
cierre en 2008, y hasta la fecha
permanece cerrado. Durante sus
82 años de existencia, pasó por distintas etapas respecto a sus usos,
destacando el cinematográfico en
sus últimas décadas (figura 7); está
catalogado por el PGOUM en Nivel
(1), que establecía que los edificios
singulares protegidos solo podían
hacerse valer como salas de proyección. Sin embargo, en 2005 se

aprobó una reforma que autoriza el
cambio del uso cultural por otro uso
comercial e inmobiliario, siempre y
cuando se respete la estructura.
La influencia del contexto físico
de la Gran Vía se ha visto afectada
por la presión del consumismo. A
pesar de que el tramo que se encuentra favorecido como área cultural, las realidades son otras; según noticias de prensa, en el año
2000 (Palomo, A., 2013) existían
13 cines en la Gran Vía, ahora solo
quedan tres edificios activos relacionados con el tema de la cultura:
el cine Callao, el edificio de la Prensa y Capitol.

Figura 7. El Palacio de la Música en 2008. Fuente: Servicio histórico COAM, en el informe del Palacio
de la Música de MCyP (2014).

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Meses después de su cierre, el Palacio de la Música fue adquirido a
Filmófono, SA, por la Fundación
Cajamadrid, con el fin de rehabilitarlo a su uso original como sala de
conciertos. Sin embargo, debido a
problemas financieros se paralizó
la rehabilitación en 2012 (figura 8).

Según medios de comunicación, se
dice que el Palacio de la Música se
planea a la venta para convertirlo
en un centro destinado al comercio de ropa por parte de la marca
Mango, cambiando su uso cultural
a comercial.

Figura 8. Palacio de la Música, situación 2014. Fuente: elaboración propia.

Esto generó una alerta ante la sociedad, levantando su voz hacia la
defensa del edificio para que siga
conservando su uso cultural, no
obstante que el local se encuentra cerrado; en la memoria de los
habitantes de Madrid permanece
el hecho de que el edificio fue una

referencia de valores culturales
pasados debido a su uso de ocio
y recreación. Se ha manifestado el
apoyo masivo de la ciudadanía con
respecto a conservar el uso cultural
mediante la estrategia del levantamiento de firmas en internet en
oposición al cambio. Aunado a su

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�El uso del patrimonio edificado: Entre el valor de cambio y el valor de uso

defensa, el 21 de marzo de 2013 se
presentó una solicitud de incoación
como BIC a la Dirección General de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, por parte de la
organización MCyP, por el “hecho
cultural” que el edificio representa.
El Palacio de la Música está en
peligro de convertirse en un producto o mercancía si se cambia de
uso cultural a comercial, por lo que
se apoya que el edificio posee un
gran potencial para seguir siendo
utilizado para la cultura; es necesario pues identificar si los valores de
uso y culturales pesan más que los
valores como producto, en el contexto y las circunstancias en las que
se desarrolla.
En resumen, entre las características que posee el inmueble
y son importantes de destacar, se
encuentran:
—El Palacio de la Música no
es considerado un BIC.
—Está catalogado con protección Integral de Nivel 1 en
el PGOUM en 1997.
—En 2005 se tramitó una
modificación del PGOUM
para autorizar en las salas cinematográficas el cambio de
uso cultural a comercial.
—El 21 de marzo de 2013 se
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realizó una solicitud de incoación como BIC por parte
MCyP.
Análisis de la evolución de los usos
que el palacio ha tenido a través
del tiempo
Según el informe de MCyP, realizado por Vicente Patón Jiménez y Alberto Tellería Bartolomé (2014), se
analiza la evolución que ha tenido
el Palacio de la Música a través del
tiempo. Comenzadas sus obras en
1924, en diciembre de 1925 se produjo el hundimiento de la cubierta
por un error en los cálculos de la
entidad constructora que realizó la
techumbre, después de lo cual:
—Tras la reconstrucción de
la cubierta, abre sus puertas
el 13 de noviembre de 1926,
con un primer concierto inaugural interpretado por la
Orquesta del Palacio de la
Música y al día siguiente con
una premier cinematográfica, La venus americana, destacando así el uso mixto de
sala de conciertos y proyecciones cinematográficas.
—En 1929 se convirtió en
una de las salas pioneras en
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la implantación del cine sonoro en España.
—Tras un incendio el 22 de
noviembre de 1932 que destruyó el escenario con su
ábside acústico, reabrió sus
puertas, renovada definitivamente solo para uso cinematográfico.
—En 1936 son muy escasas
las actividades documentadas durante la Guerra Civil,
cuando el Palacio de la Música pasó a ser gestionado por
la Unión General de Trabajadores, que mantuvo la sala
en actividad, combinando
en su programación algunos
espectáculos en vivo.
—Hasta 1939 recupera su
uso habitual de sala de conciertos y cinematógrafo.
—Una nueva etapa cultural
se inicia en 1944 y hasta la
reapertura del Teatro Real
en 1966, el Palacio de la Música se convirtió en sede de
la recién creada Orquesta
Nacional de España (ONE).
—Además hay que citar el
uso de la sala para acoger
varias galas de los premios
cinematográficos de la revista Triunfo.
—En 1961 se firman los planos para convertir la fallida
sala de fiestas del sótano en

un teatro experimental con
400 localidades, bautizado
Teatro Club 323, el que desde su apertura el siguiente
año acogió numerosas representaciones de obras clásicas y modernas.
—Las funciones Teatro Club
del sótano se realizaron hasta 1982, cuando se ejecutó
la transformación del mismo
en sala cinematográfica.
—1966-2008: última etapa
en activo.
—El 30 de mayo de 2008 se
programó el cierre definitivo
del Palacio de la Música.
Como se puede observar, a lo largo del tiempo el edificio ha acogido actividades diversas dirigidas a
usos culturales como el auditorio
para la música, teatro, salas cinematográficas, sala de exposiciones,
etcétera. Es por ello que se pretende que se sigan utilizando los
mismos tipos de uso, debido a los
sucesos culturales que lo han marcado y le han otorgado significado.
Legislación que protege al inmueble, identificando valores a proteger
Como se mencionó, el Palacio de
la Música no es un BIC, por consi-

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�El uso del patrimonio edificado: Entre el valor de cambio y el valor de uso

guiente no está protegido por la
Ley del Patrimonio Histórico Español. Sin embargo, como lo explica
José Fariña Tojo (2014a), en el artículo 20 de esta ley se hace mención a la legislación urbanística, la
cual se refiere a la obligación por
parte del municipio, cuando se
encontrasen conjuntos históricos,
sitios históricos o zonas arqueológicas, de redactar un plan especial
de protección del área afectada.
Por otro lado, existen instrumentos o planes de ordenación
territorial como el Plan Regional de
Estrategia Regional, que “establece
los elementos básicos para la organización y estructura del conjunto
del territorio de la Comunidad de
Madrid”. Desde el punto de vista de
protección del patrimonio, identifica: “conjuntos de interés y cultural
sujetos a protección”. En esta cuestión, la normativa de protección
del patrimonio histórico español y
los planes de urbanismo coinciden
(Fariña, J., 2014b).
En los planes de urbanismo,
donde se muestra la protección a
las zonas de interés cultural, está
inserto el Palacio de la Música, defendido no por ser un BIC, sino por
estar situado en un tipo de suelo
que debe ser conservado. Desde el
punto de vista urbanístico, se considera una catalogación inscrita en
un registro público de carácter adAño 5, Núm. 1, mayo - octubre, 2015, ISSN: 2007-3100

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ministrativo que se llevará en cada
comisión de urbanismo. Dicha catalogación o grado de protección
constituyen el marco inicial de referencia para pactar proyectos de
intervención. El uso de los terrenos
y construcciones vendrá determinado en el PGOUM, en el artículo
2.2.2 correspondiente a los planeamientos de las distintas clases y categorías de suelo.
El palacio está catalogado en el
PGOUM de 1997 con protección Integral Nivel 1 (N-1), de uso terciario de tipo recreativo-espectáculo.
Los edificios con N-1 de protección se consideran protegidos de
forma global, debiendo mantener
las características arquitectónicas,
los volúmenes, formas y elementos decorativos. El N-1 asimismo
se divide en dos grados: integral y
singular. El integral incluye edificios
de gran calidad que representan
importantes valores arquitectónicos y ambientales. En este mismo
reglamento, el palacio está incluido
en el uso exclusivo de cine, donde
menciona expresamente que “es
obligatorio mantener el uso de cine
porque se considera una actividad
prioritaria para la vida cultural de
la ciudad al estar situado en el área
cultural de la Gran Vía”. Enseguida
se incluye la ficha que se encuentra
dentro de la revisión del PGOUM
con sus indicaciones respecto a lo
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que habrá de considerarse:
Ficha de condiciones específicas:
Justificación: Es obligatorio
mantener el uso de cine porque se considera una actividad prioritaria para la vida
de la ciudad y estar el cine
situado en el Área Cultural
Preferente de Gran Vía.
Objetivo: Ayudar al mantenimiento de un uso correcto, respetando el resto de la
normativa y condiciones de
catalogación.
Instrumentos de planeamiento: Si no se pudiera
materializar ese aprovechamiento se redactaría un plan
especial que estudiase las
posibles compensaciones.
Condiciones de uso: Uso cinematográfico. En el incremento de edificabilidad, el
uso será de cine o complementarios a este.
Asimismo, los elementos y las superficies que la ley protege del palacio son estas:

Superficies protegidas: Espacios públicos, fachadas.
Elementos protegidos: todos impacto: marquesina
metálica, techo vestíbulo,
puerta de acceso, de aluminio todos (Revisión del
Plan General de Ordenacion
Urbana de Madrid, s/f).

En 2005 se tramitó una modificación del PGOUM para autorizar, en
las salas cinematográficas, el cambio de uso cultural a comercial:
Las salas incluidas en el Catálogo de Edificios protegidos podrán solicitar el cambio de uso
mediante la tramitación de un
plan especial que deberá acreditar el respeto a la decoración
y demás elementos catalogados5.

Ante esto, se crea un manifiesto
por parte de asociaciones de vecinos para la salvaguarda de los cines donde expresan su rechazo a la
modificación del PGOUM.
El 21 de marzo de 2013 se realizó una solicitud de incoación como

5. Artículo 4.10.4 del Compendio de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenacion Urbana
de Madrid: “Los planes especiales que desarrollen el Plan General en materia de protección del patrimonio y que afecten a edificios o elementos catalogados, se justifican por la necesidad de dar solución
a los complejos problemas que se presentan al regular con normas de carácter general la gran cantidad
de casos particulares que aparecen en un campo de elementos tan variado y complejo” (Ayuntamiento
de Madrid, 1997: 178).

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�El uso del patrimonio edificado: Entre el valor de cambio y el valor de uso

BIC por parte de MCyP, arguyendo
que es la única forma de valorar,
proteger y de que se reconozca el
carácter monumental del Palacio
de la Música. A la fecha no se tiene
aún respuesta por parte del Ayuntamiento.
A continuación se mencionan la
justificación de valores que manifiesta el Plan General, ajustándolo
a los valores que posee el Palacio
de la Música:
—Valores históricos-artísticos: el edificio forma parte
de un conjunto de época
cinematográfica reconocido
entre los más importantes
de Europa.
—Valor artístico: obra arquitectura clasicista 1926; auditorio de conciertos de música clásica.
—Valor urbanístico: en
menos de ocho años se
produjo un espacio urbano
reducido de concentración
de salas de cine; se encuentra dentro de la zona del ensanche en Gran Vía.
—Valor de imagen o paisajístico: forma parte del conjunto de obras realizadas en
la época de los siglos XlX y
XX.
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—Valor de identidad: recientemente los habitantes de la
ciudad han mostrado interés
por el edificio.
Conclusiones
Tras el análisis de los tres puntos destacados anteriormente,
se puede comprobar que hay un
fuerte potencial en los usos culturales que se han llevado a cabo
en el edificio; asimismo, se observa cómo la ley de protección en el
PGOUM favorece el uso cultural
protegiéndolo. En el mismo sentido, se puede decir que el supuesto
de que el uso cultural sigue siendo
conveniente para la puesta en uso
del edificio es factible; también debería de considerarse nuevamente
en el plan de su protección, en este
caso especialmente para este edificio. Muchas veces se dice que el
patrimonio se tiene que adaptar
a las nuevas necesidades contemporáneas, pero ante la pérdida
de grandes obras arquitectónicas
como algunos cines y teatros en
Madrid, es indispensable tratar de
proteger esta actividad cultural y
así conservar el edificio. Una de las
limitaciones es que aún no ha sido
considerado un BIC; ello influye en
su conservación porque representa
una mayor libertad de cambiarlo,
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12/06/2015 01:48:43 p.m.

�Dayanna Berenice Chávez Guerrero / Carlos Leal Iga

debido a que también es de propiedad privada.
Esta incoación tendría que reconsiderarse, ya que muchas veces,
como se expuso en los ejemplos,
la misma protección puede que limite o atrase la rehabilitación de
dichos inmuebles. Resulta conveniente enfatizar que el Estado debe
de intervenir y apoyar para que se
siga conservando la actividad que
lo caracterizó durante épocas, y no
permitir que se realicen más cambios de este tipo. Uno de los factores que favorece este objetivo es
que se encuentra en una zona destinada a uso cultural, y aunque muchas veces se ha pasado por alto tal
protección, es indispensable frenar
dichos cambios. Aun y a pesar que
no resulte costeable su puesta en
uso, se necesitan de alguna forma
encontrar programas de financiamiento para que el edificio sea utilizado de una manera adecuada y
atienda a las necesidades culturales de la sociedad local.
Se concluye y se extiende que
al cambiar el uso cultural a comercial resultaría una gran destrucción
contra la configuración interior
del edificio, pero sobre todo una
pérdida de los valores de uso que
entraña, impidiendo apreciar y disfrutar en su totalidad lo que un día
dio sentido al edificio: sus actividades culturales.

Junto con Toni Puig (2011),
creemos que la cultura es la vía
más adecuada para la transformación de las ciudades; y coincidimos del todo con él cuando afirma
que quienes apuesten por la cultura como forma cívica y no como
espectáculo, tienen más posibilidades de futuro y ocuparán un lugar relevante en el mundo.

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Recibido: 10 de mayo de 2015
Aceptado: 21 de mayo de 2015

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�Segregación socioespacial en el área metropolitana de Monterrey (AMM):
forma urbana y rol de la seguridad

Segregación socioespacial en el área
metropolitana de Monterrey (AMM):
forma urbana y rol de la seguridad

Socio-spatial segregation in the metropolitan area
of Monterrey:
Urban form and security
Roxana Alcalá Alí
Carlos Estuardo Aparicio Moreno

Resumen

E

n este artículo se analizan
los motivos del surgimiento
de distintas formas urbanas
en las que la segregación social se
materializa. Al ser una de las ciudades más grandes de México, el
Área Metropolitana de Monterrey
(ÁMM) no está exenta de este fenómeno. El hecho que refuerza la
división —tanto funcional como
espacial— de la ciudad es la industrialización. Dado que el verdadero desarrollo de Monterrey se dio
gracias a su proceso de industrialización a principios del siglo pasado, la ciudad comenzó a presentar
marcados casos de autosegregación. Hasta la fecha, en Monterrey
y su área metropolitana es posible
observar distintos casos en que tal
fenómeno se manifiesta. En el presente artículo se analiza la situaAño 5, Núm. 1, mayo - octubre, 2015, ISSN: 2007-3100

revista realidades 16x21_2015_1.indd 35

ción actual de tres de dichos casos
y la forma en que la seguridad ha
sido un fuerte factor de influencia.
Abstract
This article analyzes the reasons for
the emergence of different urban
forms in which the social segregation materializes itself. Being one
of the biggest cities in Mexico, the
Metropolitan Area of Monterrey
isn’t the exception of this phenomenon. The fact that reinforces
the division, functional or spatial,
of the city is the industrialization.
Due to the fact that the real development of Monterrey had place
thanks to its process of industrialization at the beginning of the
last century, important cases of
auto-segregation began to appear
in the city. Until this day, in Monte35

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�Roxana Alcalá Alí / Carlos Estuardo Aparicio Moreno

rrey and its Metropolitan Area, it is
possible to observe different cases
in which this phenomenon exists.
This article analyzes the present situation of three of these cases and
the way in which security has been
a strong factor of influence.

Palabras clave: segregación socioespacial, seguridad, muro de seguridad, fraccionamiento privado,
rejas.
Key words: Socio-spatial segregation, security, security wall, gated
community, fence.

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�Segregación socioespacial en el área metropolitana de Monterrey (AMM):
forma urbana y rol de la seguridad

Segregación socioespacial en el área
metropolitana de Monterrey (AMM):
forma urbana y rol de la seguridad

Socio-spatial segregation in the metropolitan area
of Monterrey:
Urban form and security
Roxana Alcalá Alí6
Carlos Estuardo Aparicio Moreno7

Introducción

U

no de los principales fenómenos que es posible observar en las ciudades de
América Latina es la cada vez más
evidente fragmentación de su tejido urbano, lo que significa también
una fragmentación de la sociedad.
Existen elementos físicos como los
muros y rejas alrededor de barrios
y barreras en calles que van de la
mano con esta manifestación.
Uno de los motivos por el que
la gente decide recluirse voluntariamente hoy en día obedece a la
llamada “obsesión por la seguri-

dad”. Las gated communities, conocidas también como barrios o
fraccionamientos privados, son zonas residenciales con una conformación tipo enclave y vigilancia, en
las cuales se prohíbe la entrada a
personas no residentes. Desde mediados de los años setenta del siglo
XX, estos barrios se han propagado
por toda Latinoamérica como una
visible consecuencia de la marcada
diferenciación social, fragmentando con ello el espacio urbano (Coy,
M., 2004).
Además de la seguridad personal, estas formas de segregación
buscan un confort social —aisla-

6. Licenciada en Arquitectura y estudiante de Maestría en Asuntos Urbanos, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
7. Doctor en Ciencias Sociales con Orientación en Desarrollo Sustentable por el Instituto de Investigaciones Sociales, y Profesor Investigador de la Facultad de Arquitectura, de la Universidad Autónoma
de Nuevo León.
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miento de grupos sociales distintos
al propio—. Así, un nuevo tipo de
gobernanza urbana se produce: las
personas que optan por vivir en un
fraccionamiento privado manifiestan un malestar colectivo por la
pérdida de control sobre el medio
ambiente urbano y efectúan acciones colectivas de privatización para
asegurar su seguridad (Capron, G.,
2012).
En cuestión de vivienda, la gestión privada ha logrado gran parte
de su éxito debido a la incapacidad
de los gobiernos locales públicos
para responder a ciertas expectativas que los ciudadanos poseen sobre su ambiente residencial (Charmes, E., 2011).
Al tratarse de la tercera área
metropolitana más grande de México y estar conformada por uno de
los municipios más ricos de Latinoamérica, el ÁMM no se encuentra
exenta de esta tendencia.
Solo durante las administraciones municipales del periodo
2003-2006, en Monterrey se aprobó la construcción de 170 fraccionamientos privados (Saucedo, T.,
2006). En 2009, adicionalmente,
en algunas zonas de la ciudad el
gobierno municipal adoptó medidas de “blindaje” como respuesta a
la fuerte ola de violencia que vivía
el país. Una de estas medidas es el

cierre de calles por medio de rejas
que se observa en colonias como
Anáhuac y El Roble, en el municipio
de San Nicolás de los Garza. ¿Hasta
qué punto funcionan estas formas
urbanas como representación de la
segregación social o como reflejos
de un deseo de seguridad?
Polisemia del concepto de segregación
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la raíz
etimológica de la palabra “segregar” viene del latín segregare y, de
manera general, significa separar o
apartar (Real Academia Española,
2001). Desde el punto de vista de
la sociología, el fenómeno segregativo se define como “la ausencia de
interacción entre diferentes grupos
sociales” (Paula, J., 2004). Por otra
parte, la segregación espacial hace
referencia a la geografía, la ocupación del espacio y otros factores
que determinan la distribución de
la población en algún lugar. Es por
ello que algunos autores como Yves
Grafmeyer (1996) sostienen que la
segregación “debe ser considerada
a la vez como un hecho social de
distanciamiento y como una separación física”.

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�Segregación socioespacial en el área metropolitana de Monterrey (AMM):
forma urbana y rol de la seguridad

Formas urbanas de la segregación
social
Actualmente, cuando un muro no
forma parte de una residencia o
de una prisión se trata de un instrumento de control, de exclusión
o de prohibición (Quétel, C., 2012).
Estas divisiones materiales en el
espacio geográfico se construyen,
por lo general, con el propósito de
mantener la seguridad en uno o en
los dos espacios generados, de allí
que comúnmente se les denomine
“muros de seguridad”. La fragmentación espacial creada por estas
divisiones materiales deviene una
notoria fragmentación social, especialmente observable en las ciudades actuales de Latinoamérica.
Por otra parte, las gated communities, conocidas también como
fraccionamientos privados, son
zonas residenciales con una conformación tipo enclave y vigilancia
en las cuales se prohíbe la entrada
a personas no residentes (Coy, M.,
2004).
En ciudades de América Latina existe un fenómeno particular:
los vecinos privatizan de facto las
zonas residenciales al colocar por
cuenta propia controles de acceso.
Debido a que las calles y parques
son, en la mayoría de los países,
bienes del dominio público de uso
común, estas prácticas son ilegales
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a todas luces. Sin embargo, debido
a la incapacidad de las autoridades
para proveer seguridad, muchas
veces aquéllas toleran esta práctica
ilegal de privatización del espacio
público.
Hay también casos contrarios
en los que, debido a situaciones
extremas, las autoridades encuentran el cierre de ciertas zonas como
una medida de protección. No obstante, el efecto que estas nuevas
barreras físicas generan en los habitantes no siempre resulta positivo.
Los muros y vallas existen en
distintas formas, tamaños, dimensiones y variedad de materiales.
Estos límites de propiedad son
creados con distintos propósitos:
a veces para mantenernos dentro
o fuera, otras para prevenir que
otros entren a nuestra propiedad.
Los muros y vallas no solo son barreras físicas, también pueden ser
cognitivas. A veces construidas por
individuos, a veces construidas
por el mismo gobierno, estas barreras se convierten en símbolos
de exclusión y miedo, tanto para
quienes las construyen como para
quienes permanecen fuera (Brunn,
S., 2004).
Autosegregación y segregación residencial
Al hablar de autosegregación, se
hace referencia a un tipo de segre39

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gación voluntariamente aceptada
por ciertos grupos sociales que desean apartarse del resto de la población. Dicha separación social se
hace visible en el espacio urbano
en forma de fraccionamientos residenciales privados, calles cerradas o
clústeres, así como muros de seguridad vigilados (Salgado, A., 2002).
Si bien es cierto que la división
social se refleja en la materialidad y
representaciones de la ciudad desde mucho antes de la era industrial
—incluso es posible citar ejemplos
de la antigüedad como en las insulae romanas—, el nacimiento de la
ciudad industrial es el hecho que
refuerza la división funcional y espacial de la ciudad, lo cual se puede observar en la dicotomía entre
dos tipos de barrio. Por una parte,
los barrios obreros, populares o
proletarios se crearon cerca de la
zona industrial de las ciudades. Por
otro lado se encontraban las clases
sociales de la burguesía, las cuales
evitaban la concentración de fábricas y población obrera al instalarse
en espacios protegidos e inaccesibles a la población trabajadora
debido a los elevados precios de
alquiler (Madoré, F., 2004).
En el caso de Monterrey, este
proceso se da a principios del siglo XX. Con el establecimiento de
grandes industrias en la periferia,
como la Cervecería Cuauhtémoc al

norte de la ciudad, la Gran Fundición Nacional Mexicana al noreste
y la Fundidora de Fierro y Acero de
Monterrey al oriente, la traza urbana ortogonal del primer cuadro
de la ciudad se rompe y surgen los
primeros barrios obreros en colindancia con las referidas industrias.
Por el contrario, las clases de mayor nivel socioeconómico se asentaron en colonias exclusivas, como
la Roma al sureste de la ciudad en
1928; el Obispado al poniente en
1930; y la del Valle al suroeste,
en el municipio de San Pedro Garza García, en 1940 (Aparicio, C.,
2012).
La vivienda es, sin lugar a dudas, la expresión más importante
de la segregación urbana debido
a que es una manifestación objetiva de las condiciones de vida de
la población (Salgado, A., 2002).
Comúnmente se piensa que la
autosegregación en condominios
o fraccionamientos privados corresponde únicamente a las clases
sociales superiores, sin embargo,
en los últimos años también se ha
convertido en el deseo de las clases
sociales de nivel medio.
Rol de la seguridad
En América Latina, el aislamiento
y cierre residencial han cambiado
de amplitud durante las últimas

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forma urbana y rol de la seguridad

.-

"\
1_ _; Límite de la audad de fundadón

•
•

NI.ideos de fundación colonial
Área urbana consolidada

•

S1ti0 de fUndación

Asea urbana no consolidada
Plaza, área verde, cemenlerlo (+)
•

lndustnas

- -

Vías de ferrocarril
Probables rutas de acceso

-

Rutas de acceso
Río Santa Catanna

Imagen 1. Localización de las primeras grandes industrias en Monterrey y colonias exclusivas. Fuente:
Reyes (2007), anotaciones de Roxana Alcalá Alí.

tres décadas a causa del desarrollo
alcanzado por el mercado privado
de la seguridad. La difusión de productos inmobiliarios que poseen
algún servicio específico de seguridad va de la mano con la difusión
de las formas aisladas y cerradas
de residencia. En México, dicha difusión de la seguridad surge durante la segunda mitad de la década
de los ochenta del siglo pasado y se
ve fuertemente reforzada durante
los noventa.
Por otra parte, existen procesos de adopción de dispositivos de
seguridad que no necesariamente
corresponden a la producción de
espacios cerrados. Por ejemplo, el
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caso de las calles en que se instala algún tipo de acceso sin llegar al
cierre total o situaciones en que,
por contribución voluntaria de los
vecinos, se contrata a un vigilante
que cuide la entrada y salida de
personas. En lo que toca a México,
las empresas de seguridad privada poseen patrullas que circulan a
horarios fijos. Por el contrario, en
zonas donde los vecinos no cuentan con los medios necesarios para
contratar a un vigilante, la policía
municipal realiza rondas en los sitios públicos.
Las personas que optan por vivir en un fraccionamiento privado
manifiestan un malestar colectivo
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por la pérdida de control sobre el
medio ambiente urbano, y efectúan acciones colectivas de privatización para asegurar su seguridad
(Capron, G., 2012).
Rol de actores en cuestión de segregación socioespacial
Son tres los principales actores
que intervienen en el proceso de
creación de las formas urbanas de
segregación social: los ciudadanos,
el gobierno y los desarrolladores
privados. La gobernanza urbana se
refiere a un conjunto de valores,
normas, procesos, e instituciones
por los cuales los ciudadanos y el
gobierno interactúan para organizar las funciones, actividades y el
territorio que integran el medio
urbano. El objetivo de una buena
gobernanza es hacer ciudades inclusivas, eficientes, sustentables y
seguras (Aguilar, A. e I. Escamilla,
2011).
En cuestión de vivienda, la gestión privada ha logrado gran parte
de su éxito debido a la incapacidad
de los gobiernos locales públicos
para responder a ciertas expectativas que los ciudadanos poseen sobre su ambiente residencial (Charmes, E., 2011).
En referencia a la forma más
común de autosegregación, la
Ley de Desarrollo Urbano del Es-

tado de Nuevo León no reconoce jurídicamente la existencia del
fraccionamiento privado, pues
únicamente existen dos clases de
fraccionamientos: uno donde las
vialidades son de orden público;
y otro que, al construirse bajo el
régimen de condominio, puede
justificar la privatización de vialidades, banquetas y áreas verdes. De
acuerdo al artículo 198 de la referida ley, este último tipo de fraccionamiento debe contar con barda
perimetral y control de accesos
y los habitantes deben contratar
ellos mismos los servicios y la empresa de seguridad (Congreso del
Estado de Nuevo León, 2012).
En muchos casos, las rejas o
casetas para controlar el acceso a
ciertas zonas residenciales se realiza sin el permiso necesario por
parte de las autoridades, las que
al final únicamente toman medidas para retirar las estructuras que
no cuentan con un permiso, esto
a manera de acción correctiva. A
fin de cuentas, el deseo de la población por aislarse del resto de la
ciudad refleja la incapacidad de las
autoridades en este tema.
La segregación socioespacial en el
ÁMM
A continuación se presentaran tres
casos de estudio ubicados dentro

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forma urbana y rol de la seguridad

del ÁMM en los que se materializa la segregación social a través de
distintas formas urbanas: el muro
de seguridad de la Loma Larga, el

fraccionamiento privado en Valle
Alto y el barrio que se cerró tras su
creación como medida de “blindaje” en la colonia Anáhuac.

Imagen 2. Ubicación de los casos de estudio dentro del ÁMM. Fuente: Gráfico de fondo generado a
partir de datos del INEGI; edición propia, 2014.

El muro de la Loma Larga
Al ser el límite natural entre los municipios de San Pedro Garza García
y Monterrey, la Loma Larga representa una interesante zona de estudio. Poblada en su parte norte
por trabajadores de la construcción desde la llegada de los primeros habitantes de Monterrey, hoy
en día es una importante área de
conflicto por tratarse de un asenAño 5, Núm. 1, mayo - octubre, 2015, ISSN: 2007-3100

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tamiento irregular y colindar con
el municipio más rico del ÁMM.
Además del problema de posesionarios, la zona es un importante
centro de operaciones del crimen
organizado y es considerada un
foco rojo de delincuencia.
La historia de asentamientos humanos en la Loma Larga se remonta a la época colonial. Sin embargo,
no sería hasta la última década del
siglo XIX que comienza a cobrar
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importancia cuando, por órdenes
del general Bernardo Reyes, se comienza la construcción del nuevo
Palacio de Gobierno. Por tal motivo, un gran número de trabajadores expertos en la manipulación de
la cantera emigró del vecino estado
de San Luis Potosí para asentarse
en las faldas de la Loma Larga.
En 1910, en el marco de la celebración del Centenario de la Independencia de México, este asentamiento se convirtió de manera
formal en la ahora colonia Independencia (Moreno, H., 2011).
Por otro lado, la parte sur de la
Loma Larga tiene una historia mucho más reciente. Perteneciente
al municipio de San Pedro Garza
García, la zona conocida como Valle Oriente comenzó a desarrollarse a finales de la década de 1980
gracias a la ampliación de la actual
avenida Lázaro Cárdenas, llamada
entonces Las Torres. En medio de
un auge económico y con el objetivo de escapar del caos urbano del
centro de la ciudad de Monterrey,
en la zona de Valle Oriente se comenzaron a desarrollar proyectos
de comercio y oficinas, como el
complejo Los Soles. En la última
década, el sector de Valle Oriente
ha conocido un desarrollo acelerado convirtiéndola hoy en una de las
zonas más atractivas para los empresarios.

Desde 2012, en la parte más
alta de la Loma Larga es posible
observar un muro de más de dos
metros y medio de altura que separa a San Pedro de Monterrey;
más específicamente, al fraccionamiento residencial Vista Real de
las colonias Independencia y Pio X.
Vigilada por video y electrificada,
la valla se alzó con el propósito de
evitar que el asentamiento irregular se expandiera hacia la zona residencial sampetrina, donde existen
departamentos, lotes y casas valuadas entre cinco y 10 millones de
pesos.
Mientras que la imagen urbana
en la zona de la Loma Larga en el
municipio de San Pedro comienza a
optar por la verticalidad, la misma
zona pero en la parte del municipio de Monterrey sigue siendo de
vivienda unifamiliar, de uno o dos
niveles, normalmente autoconstruida.
Este es un claro caso en el que
la segregación espacial se materializa en el espacio urbano en forma
de muro: al sur, una nueva zona de
complejos comerciales, de oficina y de vivienda destinados a una
población de nivel socioeconómico
alto, contando con servicios tanto
de seguridad privada como de la
policía municipal. En contraste, en
la parte norte existe una imagen
urbana deteriorada, semejante a la

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�Segregación socioespacial en el área metropolitana de Monterrey (AMM):
forma urbana y rol de la seguridad

Imagen 3. Muro en la Loma Larga. Fuente: Lebeña, J., 2012.

de una favela: las calles se tornan
peatonales e inaccesibles, incluso
para las autoridades; existe una
notoria falta de acceso a la infraestructura y al equipamiento de la
ciudad.
Residencial Valle Alto
Enclavado en el cañón del Huajuco,
Residencial Valle Alto es un claro
ejemplo del arquetipo de fraccionamiento privado. Ubicado al sur
del municipio de Monterrey, la topografía del cañón del Huajuco sirve como resguardo natural para los
nuevos desarrollos inmobiliarios
ubicados en el suburbio más excluAño 5, Núm. 1, mayo - octubre, 2015, ISSN: 2007-3100

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sivo de este municipio. A pesar de
que el club de golf Valle Alto existe
desde 1955, ha sido en las últimas
dos décadas que una fuerte explosión urbanizadora se ha detonado
en la zona. Incluso el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM) y la Universidad de Monterrey (UdeM), junto
a otras escuelas privadas de nivel
básico, han instalado campus en la
zona Valle Alto, proveyendo así de
equipamiento de alto nivel al área.
También existen en la zona grandes
cadenas comerciales y el Club Hípico Monterrey.
La Asociación Civil de Valle Alto
se constituyó como tal el 12 de
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enero de 1955 debido a la iniciativa
de un grupo de importantes figuras
de la ciudad de Monterrey que se
mostraban interesados por la práctica del golf. Entre estas figuras
destacan Eugenio Garza Sada, Eugenio Garza Lagüera, Sergio Valdés
Flaquer, José Domene, entre otros.
Este grupo se integró con el propósito de crear un campo de golf que

contara con instalaciones para actividades tanto sociales como deportivas.
Gracias a la labor de promoción,
se lograron reunir los medios necesarios para la construcción de un
campo de golf de 18 hoyos, el cual
sigue en funcionamiento hasta hoy
en día.

Imagen 4. Residencial Valle Alto. Fuente: propia, 2014.

Residencial Valle Alto está conformado por lotes de 500 metros cuadrados en promedio, destinados a
la construcción de residencias de
nivel socioeconómico alto.
Sin problemas de seguridad,
con equipamiento y servicio básicos ubicados a proximidad y con la
tranquilidad que la naturaleza de la
que se rodea le provee, Residencial
Valle Alto representa claramente el
deseo de autosegregación de la población que, con deseos de alejarse
de los conflictos urbanos, decide

habitar en este tipo de fraccionamientos.
Colonia Anáhuac
Ubicada al norte de la ciudad de
Monterrey, la historia de la colonia
Anáhuac comienza en 1942. Los
terrenos sobre los cuales se construyó no formaban parte de las tradicionales haciendas o estancias de
San Nicolás de los Garza, sino que
se trataba de terrenos llanos, pedregosos y despoblados, los cuales

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forma urbana y rol de la seguridad

comenzaron a cobrar importancia
a partir del trazo de la carretera a
Laredo. El principal personaje involucrado en el desarrollo de dicha
zona fue el general Juan Andreu Almazán.
El sector oriente de la colonia
comenzó a fraccionarse en 1942,
mientras que el sector poniente en
1944. A pesar de tratarse de terrenos atractivos por su gran tamaño
de 15 por 26 metros, la venta de los
mismos no fue muy exitosa en una
primera instancia debido a que se
consideraba que la Anáhuac estaba muy alejada de Monterrey. No
sería hasta la construcción de la
Ciudad Universitaria en 1954 que
el sector, es decir, el tramo comprendido desde Cervecería hasta la
cabecera municipal de San Nicolás,
cobraría impulso (Muñoz, P., 1994).
Con el paso del tiempo, la colonia Anáhuac se ha ido transformando: las familias de nivel socioeconómico medio-alto que originalmente
la poblaron han envejecido, y las
propiedades se han vendido o heredado a nuevas generaciones. La
colonia sirve actualmente como
medio de comunicación vehicular entre las importantes avenidas
Universidad y Manuel L. Barragán,
convirtiéndose en espacio de transición. También se ha convertido
en hogar de estudiantes foráneos
y zona comercial en las grandes
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calles colectoras que la atraviesan.
Debido al movimiento que esto ha
originado, los delitos y problemas
de congestión vehicular se han incrementado.
En 2009, México comenzó a experimentar una fuerte ola de violencia que afectó profundamente
las prácticas de la sociedad. Como
parte de las medidas tomadas a
manera de “blindaje” contra la inseguridad en Nuevo León, las autoridades decidieron colocar barreras
en diversas calles de la ciudad. Ello
es claramente observable en algunas colonias del municipio de San
Nicolás de los Garza, por ejemplo
en la colonia El Roble o Anáhuac, y
provocó una fuerte polémica entre
vecinos y conductores (Casas, D.,
2009).
En el caso de la colonia Anáhuac, 12 calles que la comunican
con la importante arteria Manuel
L. Barragán fueron cerradas. Instaladas inicialmente de manera provisional, las barreras han estado
bloqueando las calles por casi cinco
años.
Si bien fueron los mismos vecinos de la colonia Anáhuac quienes,
en un principio, exigieron la instalación de esas barreras a las autoridades del municipio de San Nicolás
de los Garza, ahora son ellos quienes están inconformes con la medida. El bloqueo de calles, fuera de
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--------

+--tt,

Imagen 5. Barrera entre colonia Anáhuac y avenida Universidad, San Nicolás de los Garza. Fuente:
propia, enero 2014.

haber contribuido a la disminución
de delitos en la zona, ha generado
problemas urbanos de otro tipo:
fuerte congestionamiento vehicular, difícil acceso por parte de
ambulancias, repartidores, recolectores de basura, entre otros; así
como el descuido de infraestructura como el alumbrado público.
Conclusiones
La segregación socioespacial, entendida como el distanciamiento
físico de los grupos sociales, es característico de las fragmentadas sociedades latinoamericanas. Este fenómeno, normalmente estudiado
desde el punto de vista de la marginación, suele poseer una noción
peyorativa. Sin embargo, de él se
desprenden también algunos efectos positivos, como la conservación

de identidad de los grupos sociales.
Hay diversas formas urbanas en
que la segregación social se materializa, entre las más comunes se
encuentran los muros de seguridad y los fraccionamientos privados. Sin embargo, este deseo de
autosegregación no es exclusivo
de la población de nivel socioeconómico más alto. Últimamente, la
población de clase media también
comienza a poseer ciertas expectativas de su ambiente residencial, ya
sea por razones de confort social o
por la percepción de seguridad que
estas formas residenciales urbanas
transmiten.
Este nuevo deseo de seguridad que
posee la clase media revela cierta
inconformidad que la mayor parte
de la sociedad siente con respecto
a la seguridad pública y la protección que los gobiernos son capaces

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forma urbana y rol de la seguridad

de proveerles. De ahí que la gestión privada, junto con los servicios
de seguridad privada, sean hoy en
día quienes tienen el dominio en el
campo de la construcción de residencias. Pero ¿qué sucede en partes más antiguas y consolidadas de
la ciudad?
La población que expresa su
inconformidad respecto a la seguridad que recibe, comienza a
expresar su malestar y a tomar
medidas, ya sea con o sin permiso
de las autoridades. Estas, al sentir
presión por parte de la ciudadanía,
autorizan la toma de medidas drásticas que, finalmente, pueden o no
surtir el efecto esperado.
Ejemplo de esto son las medidas de “blindaje” adoptadas por las
autoridades del municipio de San
Nicolás de los Garza en 2009. Al cerrar calles con rejas, no solo no disminuyeron los delitos, sino que se
generaron otro tipo de problemas
urbanos, como el tráfico vehicular
y la inaccesibilidad de la zona.
Mientras existan problemas de
seguridad pública y las autoridades no sean capaces de responder eficientemente a la población,
esta seguirá teniendo un deseo de
autosegregación y el sector de la
gestión privada de vivienda seguirá beneficiándose. Lo anterior nos
invita a reflexionar si estas formas
urbanas de la segregación social
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serán una verdadera solución al
problema de la inseguridad, o si
nuevos problemas urbanos se seguirán desprendiendo de ellas.
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�La relevancia del empleo: Concepciones y desafíos presentes

La relevancia del empleo: Concepciones
y desafíos presentes
The relevance of employment:
Concepts and present challenges

Oshiel Martínez Chapa
Jorge E. Salazar Castillo
Efraín Jaime Ang

Resumen

L

a presente investigación tiene
como objetivos fundamentales: destacar las concepciones
del trabajo a través de la historia,
analizar los desafíos que aquél enfrenta, así como señalar la necesidad de elevar los niveles de bienestar social a partir de la revaluación
de su contribución de dicho factor
productivo. Esta investigación plantea la hipótesis de que el empleo
actual, aunque infravalorado por el
gran capital, ha tenido una significativa contribución en el desarrollo histórico de las naciones. Dicho
trabajo se está caracterizando por
condiciones atípicas, elevados niveles de desempleo, así como la
flexibilización con efectos adversos
para los trabajadores y sus familias.
El mercado laboral es más bien de
tipo imperfecto, por lo que merece analizarse desde una perspectiva científica amplia e integradora.
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Se concluye la necesidad de reglas
claras en la supervisión de los contratos de trabajo, así como la necesidad de actualizar la legislación
laboral, todo lo cual constituye un
imperativo en las naciones en desarrollo. Se hace indispensable que
los Estados nacionales jueguen un
rol más activo en la agenda que
comprometa a los sindicatos y a
los patrones para respetar las leyes
laborales, sin que ello signifique
renunciar a la búsqueda de niveles
más altos de productividad.
Palabras clave: empleo, desarrollo
económico y social, empleo atípico
y desempleo.
Abstract
This research has as main objectives the following: Emphasize the
concepts of labor through history,
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analyze the challenges facing east,
and noted the need to raise levels
of social welfare from the revaluation of its contribution of this
productive factor. This research
hypothesizes that the current employment; but undervalued by big
capital, has had a significant contribution to the historical development of nations. This employment
is characterized by atypical conditions, high levels of unemployment
and flexibility with adverse effects
on workers and their families. The
labor market is rather imperfect
type, so that should be analyzed

from a broad and integrated scientific perspective. The need for clear
rules on the supervision of labor
contracts is concluded and the
same need to update labor legislation are imperative in developing
nations. It is essential that national
states play a more active role in
the agenda that involves both the
unions and employers to respect
labor laws, without thereby giving
up the search for higher productivity levels
Key words: employment, economic
and social development, atypical
employment and unemployment

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�La relevancia del empleo: Concepciones y desafíos presentes

La relevancia del empleo: Concepciones
y desafíos presentes
The relevance of employment:
Concepts and present challenges

Oshiel Martínez Chapa8
Jorge E. Salazar Castillo9
Efraín Jaime Ang10

Introducción

E

l objetivo central de este trabajo es destacar la relevancia que tiene el empleo en
el desarrollo social y económico.
En esta investigación se plantean
las siguientes hipótesis: el empleo,
aunque tradicionalmente ha sido
infravalorado por el gran capital,
ha tenido una significativa contribución en el desarrollo histórico de
las naciones; el trabajo atípico, el

desempleo creciente y la flexibilización se han extendido, gracias a la
globalización, con efectos adversos
para la sociedad; y se pasa revista a
propuestas de solución a la referida problemática.
En la primera parte del trabajo
se revisa la postura de los teóricos
de la economía neoclásica a fin de
contrastarla con los cambios en
producción y el empleo influido en
buena medida por la globalización
de la economía; se advierte así el
reducido margen de maniobra que

8. Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa - Rodhe
9. Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa - Rodhe
10. Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa - Rodhe

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tienen los Estados nacionales, especialmente en cuanto a sus políticas públicas. El empleo actual tiene
mayor exposición al riesgo o fallos
de mercado, no ya solo debido a
factores locales, sino a tendencias
globales. El trabajo en el presente se subvalora cuando se le llega
a considerar como solo un costo
o mero insumo en la producción,
dejando de lado la dignidad humana. En la segunda parte se señalan
los antecedentes históricos desde
perspectivas diversas como la tradición judeocristiana, la transformación al sistema feudal, el impacto de la Revolución Industrial en el
siglo XVIII, así como las reflexiones
de Adam Smith y Karl Marx en relación con las condiciones laborales. Luego se describe la situación
laboral propia de los siglos XIX y
XX. La tercera parte aborda los desafíos actuales: el trabajo atípico,
la falta de oportunidades laborales para los jóvenes y personas de
la tercera edad, así como para las
minorías. Dentro de dichos desafíos se encuentra la necesidad de
elevar los salarios, mejorar la capacitación para el trabajo, así como la
observancia del cumplimiento de
las leyes laborales. La última parte
corresponde a las conclusiones.

I. Concepciones del empleo y antecedentes de trabajo
El crecimiento de la fuerza de trabajo fue determinado por el auge
del capitalismo, aunque no ha sido
privativo de dicho sistema económico y político. Los teóricos de la
economía neoclásica sostienen
que los desequilibrios en el mercado laboral suelen ser temporales
y, por tanto, tienden a corregirse a
sí mismos de manera automática,
logrando con ello salarios de equilibrio. Hal Varian (2011) lo define
en el hecho de que las variables
económicas no cambian, es decir,
oferta y demanda son iguales. Sin
embargo, para Alejandro Nadal
(2011) el modelo constituye una
abstracción teórica y es de poco
valor práctico y predictivo, al sostener que el mercado laboral es
más bien de tipo imperfecto, razón
por la que merece analizarse desde
una perspectiva científica amplia e
integradora.
La globalización de la economía ha significado un cambio en la
manera en que se conciben actualmente la producción y el empleo,
entre otros servicios esenciales
para la población. Tal estrategia
de desarrollo fue impulsada desde
mediados de los ochenta del siglo
pasado y tiene aspectos singulares:

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desregulaciones e iniciativas de privatización en sectores estratégicos
como las finanzas, recursos naturales, pensiones y telecomunicaciones, con la intención de adecuarlos
a estándares de desempeño global.
Esta situación ha significado, entre
otras cosas, mayor exposición a
riesgos de pérdida de empleos y de
patrimonio, así como deterioro en
el ingreso y condiciones de vida de
las mayorías, provocando un incremento en la incertidumbre sobre
el futuro. A ello, el referido Nadal
(2011) le augura una temporada de
estancamiento económico con una
secuela de desempleo, desigualdad
y pobreza; en suma, malas noticias
en la vida política de las naciones.
Tradicionalmente, la economía
ha analizado la producción nacional según cuatro grandes grupos
de factores: el trabajo, la tierra, el
capital y la empresa. En lo que se
refiere al factor trabajo, se debe
señalar que el mismo constituye
el gran motor de la transformación de la sociedad en favor de la
satisfacción de las necesidades de
aquélla. En la medida en que el
hombre transforma la naturaleza
y proporciona los satisfactores que
requiere, resuelve así una de las
razones de su existencia. El trabajo trasciende al hombre y a la sociedad en su conjunto, puesto que

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lo desafía constantemente y pone
a prueba su capacidad de sobrevivencia y de creatividad.
Michael Parkin y Gerardo Esquivel (2001: 30) sostienen que el
trabajo es el tiempo y el esfuerzo
dedicado intencionadamente a la
producción de bienes y servicios,
abarcando el trabajo físico y mental de los individuos. El trabajo
también es definido como el factor
productivo consistente en el esfuerzo aplicado a la producción de
la riqueza. Este describe el conjunto de servicios productivos representados por el esfuerzo físico, las
aptitudes, la habilidad intelectual
y artística de las personas. Se trata, pues, de un concepto genérico
que engloba aptitudes y esfuerzos
de muy diversa índole. La remuneración de este factor es el salario,
el cual se determina en el mercado de trabajo (Sepúlveda, C., 1995:
175).
En cuanto a los aspectos relativos a la determinación de salarios
y condiciones laborales, dependen
tanto de factores internos como
externos. Entre los primeros se
cuentan el sistema adoptado de
evaluación de puestos, incentivos,
productividad y cultura organizacional, incluyendo los valores.
Igualmente operan la inflación,
el tamaño y el ramo de la activi57

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dad económica de la organización
(Arias, F. y V. Heredia, 1999: 573).
En lo que respecta al mercado laboral, Lorne Hugh Carmichel amplía la
dimensión del trabajo relacionándolo con aspectos fundamentales
de mayor alcance y complejidad:
Cuando un trabajador acepta un empleo, espera ganar
un salario, pero también le
preocupan el crecimiento de
los salarios, las compensaciones extra salariales, los niveles de riesgo, las prácticas
relativas a la jubilación, las
pensiones, las normas sobre
los ascensos y los despidos,
los derechos de antigüedad
y los procedimientos que
tiene a su disposición para
plantear sus quejas. A cambio de renunciar a una parte
de su tiempo, pero también
se le pide que mejore sus
calificaciones, forme a otros
trabajadores, se esfuerce y
dé ideas y acepte los que le
manden en las cuestiones
relacionadas con las actividades a las que se dedica su
tiempo (1989: 65; citado por C.
McConnell y S Blue, 1999: 2).
Por lo que hace a la oferta, el
mercado de trabajo se encuentra

conformado por las personas en
edad de trabajar, las cuales tienen
diferentes actitudes y valoraciones con respecto al trabajo. Estas
personas proceden de diferentes
trasfondos sociales, demográficos
y educativos, así como de diversas
experiencias y capacidades. En lo
que respecta a la demanda, esta se
entiende como la relación entre la
cantidad demandada de trabajadores y el salario real cuando permanece inalterado el resto de las variables que influyan en los planes
de contratación de las empresas
(Parkin, M. y G. Esquivel, 2001: 30).
Entre los trabajos que merecen
señalarse en esta línea de investigación se encuentran el de sir
Arthur Lewis, quien junto a otros
colegas destacó, en el marco del
Programa Mundial de Empleo de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), las causas del desempleo en países de bajo desarrollo:
superpoblación, restricciones a las
exportaciones, sobrevaluación de
la moneda, baja productividad del
trabajo y propensión a las importaciones.
Por su parte, Amartya Sen
(2000) destaca los problemas en
términos a los que califica de descomunales, pues no solo se trata de
pérdida de ingresos y prestaciones,
sino además de la subutilización de
las capacidades, el sufrimiento por

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la baja moral y demás costos sociales. Para Joseph Stiglitz (2009),
la Gran Recesión ha traído consigo
situaciones adversas para el empleo debido a situaciones como el
resurgimiento del proteccionismo,
los rescates bancarios masivos y el
deterioro en la protección social en
algunos países.
Al decir de Ernesto Peralta
(2014), las crisis económicas persistentes tanto en Europa como
en Estados Unidos —además de la
mayoría de los países— han afectado las condiciones de trabajo, pues
en virtud de los aumentos en los
niveles de desempleo, bajan los salarios y prestaciones y el panorama
general se complica. Para él esta
es una crisis no solamente de tipo
económico, sino social y, por supuesto, política. Para revertirla es
preciso promover una política de
promoción de calidad del empleo
y bienestar social, lo que implica
fortalecer las instituciones que inspiren confianza a los agentes económicos y sociales.
No obstante lo anterior, el asunto de mayor complejidad en la actualidad lo constituye la existencia
de un número limitado de empleos
disponibles en dicho mercado. Para
ocupar dichos puestos se requieren
habilidades, destrezas y actitudes
determinadas y específicas. Cada
uno de los empleos compensa con
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diferencias en aspectos como los
salarios, prestaciones, incentivos
y demás formas de remuneración.
Aunque persiguen fines similares
y sus políticas de contratación se
hallan reguladas, las organizaciones son diferentes entre sí en los
aspectos de carácter regional, demográfico y económico.
Ciertamente, la necesidad de
alcanzar mayores niveles de productividad es una meta legítima; la
misma es resultado de una combinación de factores, entre los cuales
se incluyen las habilidades innatas,
experiencia, disposición al trabajo
duro y a la propia inversión en capital humano. La relación entre la
productividad y los ingresos laborales constituye un incentivo fuerte
para invertir en el propio entrenamiento específico, así como en la
educación en general (Gwartney,
D., R. Stroup y R. Sobell, 2000: 667).
Por otro lado, la búsqueda de
la mayor remuneración posible es
una meta igualmente legítima que
persiguen el trabajador y su familia. Por siglos, los trabajadores han
pugnado por obtener mayores conquistas laborales y sociales, tarea
que nunca ha sido sencilla. Por tal
motivo, las organizaciones sindicales nacieron para la defensa de los
trabajadores y constituirse en contrapeso en situaciones de un poder
patronal excesivo. No obstante, es
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un hecho que en muchas partes del
mundo los sindicatos han perdido
prestigio al ser menos capaces de
defender las causas laborales de
sus representados; su atractivo se
ha visto reducido, aun en la percepción ciudadana. Actualmente la
OIT considera, inclusive, que la detención de dirigentes de organizaciones de trabajadores por actividades relacionadas con el ejercicio
de los derechos sindicales es contraria a los principios de la libertad
sindical (Organización Internacional del Trabajo, 2006: 19).
Existe evidencia del valor intrínseco que tienen la remuneración
adecuada, las prestaciones y las
políticas de incentivos en el propósito de procurar el bienestar de las
organizaciones, al mismo tiempo
que velar por el interés del trabajador y de su familia. William B. Werther y Keith Davis lo expresan así:
Un elemento esencial para
mantener y motivar la fuerza
de trabajo es la compensación adecuada. Los empleados deben recibir sueldos y
salarios justos a cambio de
su contribución productiva.
Cuando sean adecuados y
aconsejables, los incentivos
deben cumplir una función

importante. La compensación insuficiente quizás
ocasione una alta tasa de
rotación de personal […] Las
prestaciones están convirtiéndose en un elemento de
creciente importancia en el
paquete total de compensaciones y deben mantenerse
a un nivel adecuado con la
productividad del empleado
para que la compañía mantenga a su fuerza de trabajo
y retenga su capacidad de
competir (2000: 24).
Pese a lo expuesto y por lo menos
en las dos últimas décadas, en buena parte de los países de Occidente
el trabajo individual y sindicalizado
se ha deteriorado en lo que toca
a remuneraciones, prestaciones y
condiciones laborales, significando
mayor vulnerabilidad para el futuro de millones de familias. Según la
OIT se estima que a nivel mundial
las ganancias totales obtenidas del
trabajo forzoso equivalen a 150 mil
millones de dólares al año, abarcando únicamente la economía privada (Organización Internacional
del Trabajo, 2014).
El tema del empleo digno se ha
colocado en la agenda del desarrollo de las naciones con vocación
progresista, dada la persistencia de

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salarios y condiciones de trabajo
que revelan enormes disparidades sociales, así como la dificultad
de librarse de la trampa de la pobreza en general. Así, resulta más
que clara la exigencia social para
que los Estados se comprometan
seriamente con el progreso del trabajo, considerándose a este como
elemento indispensable de justicia
social. Se considera que la promoción del trabajo digno contribuye a
un modelo de desarrollo que toma al
ser humano como centro (Organización Internacional del Trabajo, s/f).

de vida y de trabajo:

II. Antecedentes históricos

El tema de la justicia social ha sido
recurrente en la historia. Por medio de expresiones que reflejan el
estado de cosas prevaleciente en el
mundo del siglo I de nuestra era, se
advierte la denuncia de una sociedad intrínsecamente injusta:

Desde la antigüedad, el tema del
trabajo ha estado en el centro de
las consideraciones éticas y legales. En Israel se estableció como ley
el trato justo al prójimo al considerar el aspecto laboral: “No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No
retendrás el salario del jornalero
en tu casa hasta la mañana” (Biblia, 1960)11. Otra amonestación
igualmente importante tenía que
ver con la necesidad de otorgar
trato justo a los inmigrantes y extranjeros que llegaban a dicho país
buscando mejorar sus condiciones

No oprimirás al jornalero
pobre y menesteroso, ya sea
de tus hermanos o de los
extranjeros que habitan en
tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su
jornal, y no se pondrá el sol
sin dárselo; pues es pobre, y
con él sustenta su vida; para
que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado (Biblia, 1960).12

¡Vamos ahora, ricos! Llorad
y aullad por las miserias que
os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de
polilla. Vuestro oro y plata
están enmohecidos; y su
moho testificará contra vo-

11. Levítico 19: 13.
12. Deuteronomio 24: 14-15.
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sotros, y devorará del todo
vuestras carnes como fuego.
Habéis acumulado tesoros
para los días postreros. He
aquí, clama el jornal de los
obreros que han cosechado
vuestras tierras, el cual por
engaño no les ha sido pagado por vosotros; y los clamores de los que habían segado
han entrado en los oídos del
Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre
la tierra, y sido disolutos;
habéis engordado vuestros
corazones como en día de
matanza (Biblia, 1960)13.
En la Edad Media, con el feudalismo imperante, el estado en que
vivió Europa fue denunciado por
Juan Crisóstomo en los siguientes
términos:
¿[…] Cómo piensas cumplir los mandamientos de
Cristo, si te dedicas a reunir intereses amontonando
préstamos, comprando esclavos como ganado, uniendo negocios a negocios? [...]
y esto no es todo, le añades
la injusticia, adueñándote de

tierras y casas, y aumentando la pobreza y el hambre
(González, J., 1976: 267).
Hablando de la riqueza obtenida
por los empresarios de la época,
en su libro de 1928, The Industrial
Revolution in the Eighteenth Century, el historiador económico Paul
Mantoux describe el hecho de que
tal clase social no solía respetar la
condición de los trabajadores, el
naciente proletariado industrial:
Tiranos, severos, crueles:
sus pasiones y avaricia eran
características de los nuevos
ricos. Tenían la reputación
de ser grandes bebedores
y de respetar muy poco a
sus empleadas mujeres. Se
sentían orgullosos de sus riquezas recién adquiridas y
vivían con estilo de lacayos
y carruajes en hermosas residencias rurales y urbanas.
Por su parte, Adam Smith (17231790), aunque reconoció el valor
económico del progreso en su época, observó una conducta marcada
por la rapacidad y el deseo de controlar o monopolizar la producción

13. Santiago 5: 1-5.

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y la distribución. Las condiciones
de trabajo prevalecientes significaban la contratación de menores de
edad. Al respecto, Robert L. Heilbroner y William Milberg comentan lo siguiente:
[…] en ocasiones empezaban
a los cuatro años de edad y
el horario de trabajo era desde el amanecer hasta el anochecer; los abusos de todo
tipo eran muy frecuentes […]
Era una época muy mala. Las
largas horas de trabajo, la
suciedad y el estruendo general de las fábricas y la falta de las precauciones más
elementales se combinaron
para dar al capitalismo industrial una reputación en
la mente de muchos pueblos
del mundo de la que nunca
se recuperaron [...] (1999:
67).
En su afán de alcanzar mayores
niveles de producción, los nuevos
empresarios comenzaron a reclutar
obreros —el proletariado industrial
que crecía a medida que declinaba
el sistema feudal— sin escolaridad
básica a fin de que trabajaran durante largas jornadas. Los obreros
industriales, como se observa, sentaron la base del ahorro en costos
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—o incremento de utilidades— del
capitalismo temprano del siglo
XVIII. Así, la explotación capitalista
remplazó a la explotación feudal,
según lo advirtió Karl Marx (s/f) en
El Capital.
La explotación hacia el trabajador ha sido una preocupación permanente de que dicho sistema de
injusticias se propague con rapidez
y cauce estragos en la sociedad.
Fernando Arias Galicia y Víctor Heredia Espinosa señalan:
Son también conocidos hechos históricos de las jornadas de 84 horas semanales y
la ocupación de niños en las
fábricas, obligándolos a dormir junto a los telares que
tendrían que mover el día siguiente y proporcionándoles
únicamente lo indispensable
para mantener un nivel de
subsistencia en perjuicio de
la salud y de la integración
familiar (1999: 530).
Tanto Marx como los continuadores de su línea de pensamiento
atribuyeron a la explotación del
trabajo las enormes ganancias del
capital en estos términos: “El nivel
mínimo de salario, y el único necesario, es lo requerido para mantener al obrero durante el trabajo y
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para que él pueda alimentar una
familia y no se extinga la raza de los
obreros” (Marx, K., 1844).
William B. Werther y Keith Davis (2000: 518) sostienen el hecho
de que con la Revolución Francesa
se comenzó a difundir, a todos los
niveles, el concepto de la igualdad básica de todos en cuanto a
derechos inherentes. Con ello, el
mundo del trabajo adquirió y conquistó una serie de prerrogativas,
las cuales gozaron millones de trabajadores. En ese tenor, quedaba
atrás una historia de abusos y excesos del feudalismo, o el pasado
relativamente reciente, cuando la
Revolución Industrial empezó a reconfigurar la economía de algunos
países de Europa. Aunque nunca
fue fácil ni gratuito, en algunos
países del mundo occidental se superó por completo al considerarse
inaceptables el trabajo infantil, la
labor en condiciones de grave riesgo físico y los despidos injustificados.
Como consecuencia directa de
las relaciones de explotación que
imperaban en muchas fábricas, estudiosos de la conducta elaboran
planteamientos de orden y trato
justo entre las partes. También la
filosofía humanista y la aparición
de sindicatos aportaron de manera
notable al desarrollo de este movimiento. En el pasado remoto se

trabajaban jornadas de entre 12 y
16 horas diarias, de seis a siete días
de trabajo, con bajos salarios, en
fábricas sucias, insalubres, ruidosas e inseguras. Marx indica:
la jornada de trabajo habitual…ha sido elevada para
los obreros… exactamente
desde el momento en que se
introdujeron las máquinas
para ahorrar trabajo, a doce
o dieciséis horas diarias por
obra de la codicia empresarial (Marx, K., 1844).
Todo ello ocurrió en un ambiente
limitado en cuanto a protección
social. Transcurrido el tiempo, ello
dio lugar al inicio de los movimientos de las ‘relaciones humanas’
de organización de tipo sindical y
de iniciativas de gobiernos en lo
concerniente a regulaciones de
orden laboral —salarios mínimos,
jornadas de trabajo, prestaciones
en ley y demás—. De hecho, hubo
quienes plantearon la necesidad
de reducir las jornadas de trabajo,
limitar la edad laboral, definir horarios de descanso, comida y demás
acciones afines, pues los capataces
y patrones reconocían que el buen
trato y la remuneración con mayor
sentido de justicia lograban aumentar la eficacia en la producción.

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La motivación y el papel de los incentivos comenzaron a ganar terreno en las prácticas directivas de las
empresas privadas y públicas por
igual. Debe, asimismo, destacarse
el cómo se fueron incorporando
estos contenidos en los libros y
cursos de administración de recursos humanos (Koontz, H. y H. Weihrich, 1998: 502-508).
En cuanto al crecimiento del
trabajo atípico, la última crisis financiera internacional ocurrida en
2008 ha significado un fuerte revés
a las políticas de desarrollo social y
de fomento al empleo, propios del
llamado Welfare State que se había implementado en el mundo occidental. El impacto de dicha crisis
ha implicado una reducción en los
niveles de bienestar, dado el crecimiento del trabajo atípico y la pérdida de empleos, situación explicada por la disminución en los niveles
de inversión pública y privada.
III. Desafíos contemporáneos
Entre los desafíos recientes que
enfrenta la sociedad se describirán a continuación el crecimiento
del trabajo atípico y el desempleo.
Dentro de las acciones indispensables debe señalarse la del fortalecimiento de las instituciones del
mercado laboral y la de la promoción activa de la formalidad laboral
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y el empleo digno, con lo cual se
traería consigo mayor cantidad de
aportantes y, de este modo, se sustentaría a largo plazo el modelo de
seguridad y de acceso a un mínimo
de bienestar en la edad de jubilación.
La mejora en las condiciones
de trabajo e ingreso por necesidad
implica elevar los índices de productividad y que se desprendan
beneficios sociales de aquélla. Es
necesario, pues, que los salarios
crezcan al mismo ritmo que la productividad. En el artículo 153-I de
la Ley Federal del Trabajo se entiende a la productividad como el
resultado de optimizar los factores
humanos, materiales, financieros,
tecnológicos y organizacionales
que concurren en la empresa, en la
rama o en el sector para la elaboración de bienes o la prestación de
servicios, con el fin de promover
a nivel sectorial, estatal, regional,
nacional e internacional, y acorde
con el mercado al que tiene acceso, su competitividad y sustentabilidad, mejorar su capacidad, su
tecnología y su organización, e incrementar los ingresos, el bienestar de los trabajadores y distribuir
equitativamente sus beneficios.
El tema del empleo es relevante
y en esta perspectiva México debe
actuar con sentido de pertinencia
y de compromiso con el desarro65

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llo actual y futuro. Por tal razón, es
indispensable preparar los cuadros
de técnicos y profesionistas que
habrán de incorporarse a sectores
estratégicos con una orientación
sustentable: remediación de suelos, reforestación, limpieza de aire,
agua, energías alternativas, construcción de vivienda, producción
de alimentos saludables, inversión
en infraestructura y demás.
En lo que concierne a este apartado, es igualmente fundamental
el propiciar condiciones adecuadas para la creación de empresas
familiares y pequeñas y medianas
empresas, apoyándolas con créditos accesibles. El futuro laboral
más probable tiene que ver con
el autoempleo y las demás formas
de trabajo, no necesariamente en
grandes corporaciones o en el sector público.
Con excepción de pocos países del mundo, la distribución del
ingreso ha empeorado, y con ello
las condiciones de vida material de
millones de pobres en el mundo.
Puesto que la educación, la salud y
el empleo constituyen valiosos recursos para impulsar la transformación social y económica, la falta de
oportunidades de trabajo ensombrece el futuro. En ese sentido, se
hace indispensable que no se pierdan conquistas laborales logradas
con grandes sacrificios.

La generación presente está experimentando serias limitaciones
para obtener empleos de calidad.
La situación es igualmente grave
para personas de edad madura, en
virtud de que estas no tienen ante
sí alternativas de empleo remunerado, oportunidades de integración
productiva a la sociedad o, en su
caso, una pensión digna. El crecimiento sostenido del trabajo atípico constituye sin duda una preocupación en aquellos países que han
luchado por una mejor calidad de
trabajo y de vida. El artículo 23 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos incorpora los derechos fundamentales en materia
empleo y remuneración digna:
—Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre
elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo.
—Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo
igual.
—Toda persona que trabaja
tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así
como a su familia, una exis-

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tencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario,
por cualesquiera otros medios de protección social.
—Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a
sindicarse para la defensa de
sus intereses.
Aun considerado lo anterior, el
trabajo atípico extendido se caracteriza por: flexibilización, tiempo
parcial, trabajo subdesarrollado,
subcontratado, sin contrato ni
prestaciones y, por si fuera poco,
incierto. Una manifestación de este
fenómeno se advierte en la falta de
contratos suscritos, situación muy
común en las actividades agrícolas
e informales. Esta inestabilidad se
observa en el caso de los trabajadores eventuales, a tiempo parcial,
por horas o subcontratados en los
diversos tipos de establecimientos
económicos. Tal situación constituye un signo de la progresiva precariedad o vulnerabilidad en el trabajo (García, B., 2010: 74).
Según William B. Werther y
Keith Davis (2000: 518), el trabajo
atípico obedece, en primer lugar,
a que las prestaciones y servicios
ofrecidos por las empresas y entidades de gobierno se han venido
encareciendo paulatinamente; en
segundo lugar, a que las condiAño 5, Núm. 1, mayo - octubre, 2015, ISSN: 2007-3100

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ciones económicas de la mayoría
de los países se ha deteriorado
en general, por lo tanto, se precisa que los empleados se ajusten
a los requerimientos específicos
de la demanda —normalmente
cambiante—, representando ello
considerables ahorros a quienes
recurren a estas prácticas. Esta tendencia se inició en las grandes corporaciones de los Estados Unidos y
se ha extendido a otros países, entre ellos México.
En esta situación, aparentemente beneficiosa para las organizaciones, existen costos y problemas que pueden ser muy serios.
Campbell McConnell y Stanley Blue
abundan:
Aunque los menores costos
y la flexibilidad pueden beneficiar a los empresarios,
esto significa evidentemente
menos ganancias y mayor
inseguridad de empleo para
los trabajadores. A menudo estos trabajadores se
quedan atrapados permanentemente en puestos de
trabajo mal remunerados.
También es preocupante el
efecto que pueda producir
el trabajo a tiempo parcial
en la productividad. ¿Tienen
incentivos los trabajadores
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atípicos para hacer un trabajo de calidad? ¿Puede
confiarles la empresa secretos de lo que es propiedad
exclusiva? ¿Están dispuestas las empresas a formar y
desarrollar al trabajador a
tiempo parcial? También se
plantea una cuestión social,
a saber, como suministrar
una asistencia médica cada
vez más cara y una adecuada
pensión de jubilación a los
trabajadores atípicos que carecen de estas prestaciones.
El trabajo atípico puede ser
un arma de doble filo para
los empresarios como para
los trabajadores (1997: 158).
Prueba del aumento de la incidencia del trabajo atípico se advierte
en el trabajo “voluntario” de niños
y ancianos sin percepción de salarios y prestaciones por parte de
empresas de gran tamaño. Esta situación se ha venido extendiendo
y es muy grave que las autoridades
laborales no actúen en su protección debida.
La situación del mercado de
trabajo atípico impacta negativamente al país, pues en 2014 se observó una disminución de la competitividad atribuida al rezago en la
eficiencia en el mercado laboral —

México ocupó el lugar 121 de 144
países—. Se requiere que el mismo
sea eficiente al asignar los recursos
humanos a los puestos de trabajo.
Ciertamente se realizó la reforma
laboral de 2012 para afrontar tales
retos, pero su alcance no incluye a
casi dos terceras partes de la fuerza
laboral del sector informal: 60 por
ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra
ahí.
En cuanto al desempleo, al
igual que el trabajo atípico, es un
problema grave dado que entraña también un significativo costo
emocional y psicológico para los
trabajadores y sus familias. Bruce
Kaufman y Julie Hotchkiss (2003:
690) sostienen que el fenómeno
del desempleo revela una asociación con la depresión, suicidio, afectación mental diversa, así
como el divorcio. La sociedad debe
combatir los costos económicos,
pues el mismo desempleo puede
conducir a mayores niveles de criminalidad, adicción a las drogas y
otros daños.
Rudiger Dornbusch, Stanley
Fisher y Richard Startz (2002: 148149) indican que el desempleo
tiene costos difíciles de calcular
con precisión. Las personas desempleadas sufren tanto porque pierden ingresos mientras están desempleados, como porque padecen

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los problemas sociales que causan
los largos periodos de desocupación. La sociedad en su conjunto
sale perdiendo como consecuencia
del desempleo, porque la producción total es inferior a la potencial.
Cuando un trabajador pierde el
empleo, la sociedad soporta el costo adicional de los ingresos fiscales
perdidos, además de los salarios
que pierden los trabajadores.
Siendo el desempleo el problema más grave de la economía de
México, el reto es crear por lo menos 800 mil empleos formales —
aunque ciertamente se requieren
más de 1 millón doscientos mil—
para satisfacer la demanda de un
contingente de jóvenes mayores de
16 años que requieren una oportunidad laboral. Sin embargo, a fuerza de ser realistas, dicha meta está
muy lejos de alcanzarse dadas las
condiciones prevalecientes de bajo
crecimiento en la economía.
Joel Kurtzman (2007) destaca el
enorme déficit para la creación de
empleos en México, dada su complicada estructura económica. En
el periodo 2000-2006 solo se crearon 1.4 millones de empleos —casi
los que se requieren anualmente—. Al interrogarse respecto a por
qué está ocurriendo esta situación
tan adversa para el país, estos son
sus hallazgos:

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Las grandes empresas mexicanas no crean muchos empleos; más bien lo hacen los
emprendedores que inician
desde cero, pero para crearlos necesitan acceso al capital, que es donde México
no da la talla, pues según el
Índice de Acceso al capital
del Instituto Milken, México se sitúa en el sitio 43 con
acceso al capital entre 122
países estudiados. Las estructuras financieras y económicas de México fracasan
a la hora de proporcionar a
las empresas el capital que
necesitan para crear empleos. La economía real está
tan restringida en los sectores de telecomunicaciones,
petróleo y en gran parte de
los bienes raíces y el turismo
[...] Pemex es la petrolera
más endeudada del mundo y
uno de los productores más
ineficaces y tiene un estatus
de monopolio protegido por
la Constitución, está tan estancada por la burocracia,
los intereses en conflicto, la
intrusión política y los tratos
preferenciales con los sindicatos, que no ha podido encontrar nuevas reservas en
mucho tiempo [...] El sistema
financiero de México es para
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el espíritu emprendedor lo
que los tiburones son para
la playa de un nadador. Sin
acceso al crédito, los sectores mexicanos de consumo
y minoristas no han crecido
suficientemente [...] Se necesita modernizar y abrir a
la competencia sus concentrados anticuados sistemas
económico y financiero.
En lo que respecta al desempleo a
nivel de América Latina, también
tiene su explicación a partir de las
rigideces en el mercado de trabajo, situación que ha derivado en
un incremento en la informalidad,
migración y, en general, en menores oportunidades laborales para
los jóvenes, pero también para
las personas de la llamada tercera
edad. Una serie de factores provocaron dicho fenómeno, entre los
cuales se señalan: la restructuración productiva, las políticas de estabilización —con baja inflación y
bajo déficit— y la idea de atracción
de la inversión —a partir de bajos
salarios, reducción o ausencia de
prestaciones y sin la presencia de
sindicatos fuertes—.
En el documento Panorama social de América latina, la Comisión
Económica para América Latina
(2013) destaca la situación en este
renglón:

—El acceso inicial al empleo se complica por falta
de información y orientación
adecuadas. La misma falta
de experiencia constituye
una restricción u obstáculo
para encontrar empleo. La
competencia por un puesto
de trabajo es muy intensa y
lo más pobres y de baja calificación son los que más
sufren para acceder a dicha
oportunidad laboral. Con
relación a los jóvenes que
no estudian ni tienen trabajo remunerado, se observa
que a mayor desvinculación
de las instituciones —escuelas—, es mayor el riesgo de
pobreza.
—El desempleo fue más
fuerte en 20 por ciento más
pobre de la población.
—El desempleo juvenil es
dos y medio veces más alto
que en los adultos. Las consecuencias de ello tienen
que ver con los problemas
en el hogar y en la frustración de verse sin oportunidades, aun cuando se tenga
una escolaridad mayor.
—El desempleo entre los jóvenes también se asocia con
la tendencia a involucrarse
en pandillas y en los grupos
de la delincuencia con los

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consabidos resultados dolorosos para sus familias y
para la sociedad en general.
La parte gruesa de los cárteles de la droga se halla conformada por adolescentes y
jóvenes, la mayoría de ellos
procedente de barrios marginados.
—Los jóvenes son los primeros en ser despedidos y
normalmente no tienen protección legal ni cuentan con
afiliación sindical que pudiera defenderles.
—Los salarios de los jóvenes suelen ser menores, aun
cuando la escolaridad de estos se haya incrementado.
Después de la Gran Recesión de
2009, una buena parte del mundo
ha sido afectado en sus niveles de
bienestar, toda vez que se han reducido los ingresos familiares debido a la disminución de la producción y contracción del crédito; todo
ello en medio de una coyuntura de
bajo crecimiento. Esta situación
obedeció, en buena medida, a la
incapacidad de los gobiernos para
velar por las condiciones de trabajo de los grupos de ingresos medios
y bajos. No es de extrañarse así el
que la persistente desigualdad en
los ingresos se haya vuelto problemática. La crisis financiera y social
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han colocado límites a dicho modelo de crecimiento que aún sigue
estimulando la especulación y ha
infravalorado el —y abusado del—
trabajo de las grandes mayorías.
Un ejemplo de lo anteriormente
expresado y de acuerdo a Mining.
com (2012), sitio que analiza la industria minera a nivel internacional, en México producir una onza
de oro cuesta 325 dólares, en tanto
en el resto del mundo en promedio
cuesta 649. Sin embargo, de acuerdo a datos de Worldsalaries.org,
los salarios no son remuneradores
y, como se advierte en la gráfica 1,
el salario del minero en México es
inferior en más de una desviación
estándar —1 mil 452 dólares—, al
compararse con el salario promedio de mineros de otros países, el
cual es de 2 mil 377 dólares.
En el proceso de liberación de
la economía se había prometido
traer beneficios a la población.
Igualmente se insistió en que la
globalización financiera ayudaría a
la asignación de los ahorros y estimularía el crecimiento económico,
al flexibilizar las restricciones del
crédito y mejorar las perspectivas
de los grupos de bajos ingresos.

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Gráfica 1.
Salario neto de minero-dolares
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

384 1
2694

2605

368

o
Australia

EEUU

Canadá

México

Fuente: grafica generada por los autores con datos de http://www.worldsalaries.org/miner.shtml

En otras regiones, los progresos en
materia de empleo fueron débiles
con respecto a las necesidades de
una población en edad de trabajar
cada vez más numerosa y mejor
educada, como en China. El déficit
de empleo sigue siendo considerable en gran parte de la región árabe
y África. Igualmente ocurre en Europa, donde la tasa de desempleo
aumentó en cerca de dos tercios
de estos países desde 2010; por lo
demás, la recuperación del mercado de trabajo se ha estancado también en otras economías avanzadas
como Japón y Estados Unidos. De
acuerdo a la OIT (2013), la tasa de
desempleo en las economías avanzadas se mantendrá, al menos hasta 2016, mayor a 17 por ciento.

La llamada ‘primavera árabe’
igualmente es explicada, en otros
aspectos, por la falta de oportunidades laborales de profesionistas y
graduados de clase media; la tasa
promedio de desempleo entre
jóvenes rondó 30 por ciento en la
región árabe; en Argelia llegó a 45
por ciento dicho desempleo juvenil
(Primavera árabe, s/f). La relación
entre inestabilidad social y desempleo juvenil puede agravarse
de acuerdo a las proyecciones
mundiales.
Conclusiones
Las políticas públicas de empleo
de la mayoría de los países se han
quedado cortas, pues persisten

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condiciones reproductivas de trabajo atípico y desempleo. Ciertamente se ha esperado más de las
empresas en la solución a dicha
problemática. La generación de
empleos de calidad y dignos son
indispensables a fin de disminuir la
exclusión y promover mayor equidad. De allí que las políticas por
implementarse deben considerar
aspectos que se señalarán en los
párrafos siguientes.
Las tasas de inflación elevada
provocaron la caída en el ingreso,
por lo cual se vuelve indispensable
elevar los salarios reales y así dar
cumplimiento a la Ley Federal del
Trabajo, la cual establece que los
salarios deben ser remunerativos,
de acuerdo al artículo 62 de dicha
ley. En palabras de Santiago Barajas Montes de Oca (2000: 19), el
concepto del ‘salario remunerador’ deriva de que el trabajo no
es una mercancía, por cuya razón
el empleador es libre para fijar la
remuneración del trabajador y este
lo es para rechazarla; bajo ningún
concepto, el importe del salario
mínimo será inferior para cubrir las
exigencias sociales del trabajador.
Las políticas de desarrollo incluyente tienen por objeto reducir
la migración de jóvenes y de jefes
del hogar. No deben ser ajenos los
adultos mayores que realizan trabajo “voluntario”, especialmente
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aquel que se desarrolla en los centros comerciales. Con ello se les
otorgaría la certeza de un ingreso
digno, acceso a prestaciones, a la
vez que se propiciaría que los menores de edad se dedicaran enteramente al estudio. De no ser así, se
seguirá incumpliendo con las leyes
laborales.
La necesidad de reglas claras
en la supervisión de los contratos
de trabajo, así como la misma necesidad de actualizar la legislación
laboral constituyen un imperativo
en las naciones en desarrollo. Se
hace indispensable que los Estados jueguen un rol más activo en la
agenda que comprometa a los sindicatos y a los patrones a respetar
las leyes laborales, sin que ello signifique renunciar a la búsqueda de
niveles más altos de productividad.
De no realizar reformas para alentar el crecimiento y el empleo, en
el futuro cercano se advierte escasez de ingresos, bajos salarios, alimentos más caros, menos empleos
de calidad o decentes, aumento de
enfermedades en una población
envejecida y condiciones de pobreza. La situación en las áreas rurales
puede empeorar desatando mayores flujos de migración, presiones
sociales y desesperación.
El caso de México entraña poco
margen de maniobra: ante la caída
en los ingresos fiscales asociados a
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la disminución de los precios y de
las exportaciones petroleras, así
como al crecimiento de la informalidad, el gobierno propone más
impuestos y recortes en el gasto
público. Sin seguro de desempleo
y con una limitada política de desarrollo regional endógeno, el panorama para la mayoría de las familias mexicanas es poco alentador
en el corto y mediano plazos. Las
condiciones descritas de informalidad creciente, así como el trabajo
atípico, ya se encuentran cada vez
más presentes en la realidad nacional.
El bajo poder de compra de la
mayoría de la población repercute
en un mercado nacional restringido, provocando volúmenes menores de producción con costos
medios más altos. Se vuelve pues
indispensable establecer políticas
activas de empleo y crecimiento. De hecho, tanto el desempleo
como el estancamiento en la economía, sin dejar de lado la inseguridad pública, constituyen los desafíos más complejos en la agenda
del gobierno actual (2012-2018).
Los esfuerzos deben orientarse
hacia la reducción del subempleo,
la informalidad, el trabajo atípico
y demás condiciones —como las
ocupaciones de bajos ingresos y
pobre productividad— que afectan
la economía de las familias.

Una nación que no crea las condiciones adecuadas para la generación de empresas difícilmente
podrá resolver las oportunidades
laborales, especialmente cuando
se trata de la población joven, urgida de trabajo e ingresos.
Es indispensable que el país
crezca en la generación de empresas productivas y de mayores
cadenas de valor agregado. Las limitadas oportunidades laborales
constituyen un mensaje que la sociedad está entendiendo: la escuela media y aun la superior no está
significando, como en el pasado,
la obtención de mejores empleos.
Los jóvenes profesionistas desempleados en la actualidad pueden
llegar a ser subempleados en el
mediano y largo plazos.
Sobre este tema, Fernando
Arias Galicia y Víctor Heredia Espinosa (1999: 532) advierten que el
ingreso nacional está comprendido
por el pago por sueldos, intereses,
regalías, etcétera. Parte del ingreso nacional se gasta en consumo
y parte es reinvertida mediante el
ahorro. Evidentemente, para fortalecer la demanda y propiciar el
desarrollo económico urge incrementar los salarios reales, pero sin
perder de vista la necesaria reinversión.
Los modelos sociales y económicos no son neutrales y ajenos

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a la ética en lo más mínimo. Toda
política de Estado debe orientar la
inteligencia y el valor de sus ciudadanos a la consecución de fines de
justicia y equidad. La realidad nos
sugiere que cuando se obtienen
mayores ingresos y satisfactores,
no necesariamente se comparte
con los más necesitados (Altmann,
W., 2002: 179-180). El sistema comercial y la propia naturaleza humana refuerzan el egoísmo. La
acumulación de riqueza se asocia
con el deseo por cultivar el ocio
y pugnar por mayores conquistas
materiales: viajar, adquirir bienes
de consumo y demás formas de
enajenamiento y de desprecio por
el resto de la sociedad.
Para marcar la diferencia en un
sistema comercial que favorece el
egoísmo, ocasionalmente se manifiestan hombres y mujeres que anteponen a las personas antes que
los beneficios materiales, y muestran con sus hechos que es posible mantener una responsabilidad
social al tiempo que se obtiene un
desarrollo comercial; un ejemplo
de ello es el del fundador de Bob’s
Red Mill Natural Foods, Bob Moore.
La crisis contemporánea se caracteriza por la pérdida de vínculos, de ataduras, es decir, de lazos
más profundos con respecto a la
comunidad cercana e inmediata
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(Altmann, W., 2002: 179-180). Todo
ello genera la sensación de vivir en
un mundo sin raíces, sin historia ni
pasado, sin posibilidades de pertenencia, cuya expresión más inmediata es el sentimiento de sinsabor
generalizado. En tal virtud, resulta
indispensable tener el sentido de
solidaridad con quienes viven en
desventaja, como los pobres, desempleados, víctimas de desgracias
naturales y con aquellos que sufren
diversas formas de discriminación
y de prejuicios sociales.

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�Los factores instrumentales del proceso social de producción de vivienda
en la práctica habitacional de escasos recursos en México

Los factores instrumentales
del proceso social de
producción de vivienda
en la práctica habitacional de escasos
recursos en México
The instrumental factors in the social process
of housing production in low income housing
practice in Mexico
José Ricardo González Alcalá

Resumen

E

n el presente artículo se hace
una descripción de los aspectos característicos fundamentales de los distintos factores
—recursos humanos, materiales y
financieros, marco legal y actores
políticos— del proceso social de
producción de vivienda en México,
considerando que aquéllos se desenvuelven en contextos socioeconómicos diversos, pero poniendo
el énfasis en la vivienda de escasos
recursos. Describe los procesos
económicos que afectan la vivienda popular y el carácter de los grupos organizados y la intermediación de líderes para la obtención
de servicios y regularización de la
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tenencia de la tierra. Se muestra
el marco legal básico —legislación
constitucional, urbana, civil y mercantil— para la transmisión de los
derechos de propiedad y legitimación de los procesos constructivos.
Se concluye que el financiamiento
a la vivienda de escasos recursos
ha sido y sigue siendo insuficiente,
que los colonos de escasos recursos requieren siempre la intermediación de líderes, y que la legalidad trasciende lo jurídico formal
para ubicarse en el terreno de la
cultura.
Palabras clave: producción de vivienda social, economía de la vivienda, clientelismo, marco legal
de la vivienda.
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�José Ricardo González Alcalá

Abstract
In this article a description of the
fundamental characteristic features of the various factors (human,
material and financial, legal framework and political actors) of social housing production process in
Mexico is done, considering that
they thrive in different socioeconomic contexts but putting the
emphasis on low-income housing.
Describe the economic processes affecting income housing and
character of organized groups and

leaders brokering services for obtaining and regularization of land
tenure. The basic legal framework
(constitutional law, urban, civil and
commercial) for transfer of property rights and legitimacy of the
construction processes is displayed. We conclude that housing finance poor has been and remains
inadequate; poor settlers always
require the mediation of leaders,
and the legality transcends formal
legal to settle in the field of culture.
Keywords: Production of social
housing, housing Economy, Patronage, legal frame housing.

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�Los factores instrumentales del proceso social de producción de vivienda
en la práctica habitacional de escasos recursos en México

Los factores instrumentales
del proceso social de
producción de vivienda
en la práctica habitacional de escasos
recursos en México
The instrumental factors in the social process
of housing production in low income housing
practice in Mexico
José Ricardo González Alcalá14

Introducción

A

quí asumimos como elementos constitutivos del
proceso social habitacional a la tierra, la casa habitación,
los procesos constructivos y los
servicios urbanos; y como factores
instrumentales de tal proceso a los
recursos —humanos, materiales y
financieros—, el marco legal y los
actores políticos. Un proceso social
de producción de vivienda es aquel
conjunto de fases sucesivas dentro
del cual los elementos mencionados son determinados por los fenómenos y operaciones que actúan

como factores en la producción
habitacional (González, J., 2014).
Un acercamiento metodológicocualitativo a la literatura relativa
al estudio del tema muestra claramente los aspectos característicos
de dicho proceso. Cabe precisar
que cuando este se “realiza bajo el
control de autoproductores y otros
agentes sociales sin fines de lucro”
(Ortiz, E., 2012: 73), es decir, para
satisfacer necesidades habitacionales de grupos de escasos recursos y/o bajos ingresos, suele denominarse como ‘producción social
de la vivienda y el hábitat’ (Ortiz,
E., 2012: 73).

14. Profesor investigador de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad
Autónoma de Nuevo León
Año 5, Núm. 1, mayo - octubre, 2015, ISSN: 2007-3100

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�José Ricardo González Alcalá

En un artículo precedente15 se
analizaron los principales pormenores relativos a los elementos
constitutivos del proceso habitacional. En este trabajo nos proponemos examinar brevemente algunas
de las características más visibles
en la literatura respecto de cada
uno de los factores instrumentales
arriba mencionados, aludiendo a
todas las formas de producción —
pública, privada mercantil, social y
mixta (Peña, E., 1986)—, con énfasis en la práctica de los grupos sociales de bajos ingresos y/o escasos
recursos.
La aportación de recursos humanos, materiales y financieros, el
cumplimiento de las estipulaciones
del marco legal correspondiente
y, siempre, de un modo u otro, la
influencia de las decisiones de los
actores políticos participantes —
aspecto que contribuye también,
junto al factor jurídico, a la regularización de la tenencia cuando
esta adolece de ilegalidad, específicamente en los barrios populares
(Torres, J., 2007)—, constituyen los
fenómenos y operaciones determinantes de las fases sucesivas dentro
de las cuales se desarrollan los elementos constitutivos del proceso.

En la práctica, tanto los elementos como los factores que intervienen en los procesos sociales de
producción de vivienda se traslapan o se mezclan de distintos modos y en diferentes dosis, dependiendo todo esto, principalmente,
del contexto socioeconómico en el
que aquéllos se desenvuelvan (Casanueva C. et al., 2000).
Lo económico
Uno de los factores sociales que
han sido analizados con mayor
profundidad y cuya elaboración
teórica en materia de vivienda ha
alcanzado niveles relevantes, es el
económico. El satisfactor vivienda
representa un particular artículo
de consumo, en virtud de que satisface un tipo específico de necesidades humanas y, por ende, forma parte del complejo conjunto
de relaciones económicas. Desde
este punto de vista, la investigación ha destacado, entre otras cosas, la manera como la vivienda
está sujeta a las leyes de la oferta y
la demanda, y cómo esta dinámica
económica determina el acceso de
la población al satisfactor habitacional.

15. Los elementos constitutivos del proceso social de producción de vivienda en la práctica habitacional de escasos recursos en México” (González, J., 2014).

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en la práctica habitacional de escasos recursos en México

Las necesidades que la vivienda
satisface están, en términos generales, según Wallace Smith, vinculadas con “las diversas dimensiones físicas, sociales y psicológicas
que el alojamiento reviste a los
ojos del público consumidor” y que
se concretan en los conceptos de
‘albergue’, ‘intimidad’ y ‘ubicación’
(1973: 4-7). El primero se refiere
a la protección y seguridad que la
vivienda proporciona a sus ocupantes. La intimidad o ‘unidad habitacional’ se define como “el conjunto
de instalaciones para uso exclusivo
de un grupo social separado llamado familia”. La ubicación alude
a la proximidad razonable de la vivienda a “los lugares de trabajo y
demás actividades urbanas” (1973:
10). Además, la vivienda
está formada por un complejo de bienes y servicios
complementarios y conceptualmente separables: el
espacio interno (el metro
cuadrado de techo edificado), el espacio externo (los
correspondientes
metros
cuadrados de terreno, evidentemente variables con
la densidad de edificación),
el nivel tecnológico, las características estéticas y arquitectónicas, la antigüedad,
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las características ambientales, la accesibilidad, etc. En
general, se habla de estos
últimos como aspectos ‘cualitativos’ de la vivienda. Para
cada uno de estos bienes o
servicios, cada grupo social
y cada agente manifiestan
distintas preferencias y demanda. Cada vivienda que
concurre al mercado corresponde, por otra parte, a una
composición determinada
de estos bienes o servicios,
composición
modificable
solo en escasa medida por
medio de inversiones que
suceden a la inicial (Secchi,
B., 1968: 60-61).
Por otro lado, los procesos de producción y distribución de bienes y
servicios dentro de una sociedad
determinada suelen clasificarse o
dividirse en sectores. Dentro del
conjunto de estos tenemos el sector vivienda. “En la mayoría de los
países... el fragmento económico que se refiere a la vivienda, es
una mezcla de iniciativa privada y
actividad gubernamental” (Smith,
W., 1973: 10; en el mismo sentido: Fundación Centro de Investigación y Documentación de la
Casa/Sociedad Hipotecaria Federal, 2012; Sánchez, J., 2012). Estos dos componentes dependen
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�José Ricardo González Alcalá

sistemáticamente uno de otro, de
modo que es posible considerar
al sector vivienda como un “doble
sistema de toma de decisiones”
(Smith, W., 1973: 11). Ello es así
particularmente porque de entre
“los artículos que el consumidor
ordinario utiliza, la vivienda es sin
duda el más duradero” (Smith, W.,
1973: 15), y porque, no obstante la
influencia reductora de los precios
por parte de los adelantos tecnológicos, la fuerza de la demanda hace
de la vivienda un artículo siempre
costoso (Smith, W., 1973: 125). A
esto se asocian diversos hechos o
situaciones económicos igualmente importantes:
el hecho de que la vivienda sea un artículo duradero
significa que es un bien de
inversión. Representa riqueza de capital... [que] debe
crearse y pagarse antes de
que pueda utilizarse, y por
esto no puede existir sin una
acumulación de ahorros...
Alguien debe pagarla y luego ponerla a disposición del
usuario. Este alguien es algún tipo de inversionista...
Por su espera y el riesgo que
puede implicar, el proveedor
del financiamiento suele pedir una compensación... Es

así como las instituciones
financieras representan intermediarios para una mercancía de tal importancia
que, en todos los países, los
gobiernos toman a su cargo
dirigir directamente estas
instituciones financieras o
regular minuciosamente su
funcionamiento (Smith, W.,
1973: 11, 18 y 127).
Es decir, el carácter duradero y
costoso de la vivienda hace indispensable, para que aquélla pueda
realizarse en el mercado, la intervención financiera. Cabe señalar,
por otra parte, que en los países
subdesarrollados “los recursos son
generalmente escasos... además
el propio sector de la vivienda no
está en absoluto preparado para
satisfacer en forma sistemática las
demandas del mercado existente
de la vivienda” (Smith, W., 1973:
126). A esto se puede añadir la
importancia que reviste un poder
adquisitivo adecuado a las necesidades de vivienda existentes, sin
el cual la correspondiente satisfacción no puede ser alcanzada, por
buena y eficaz que sea la industria
privada del sector. De ahí la necesidad de que el componente público
haga acto de presencia “modificando la naturaleza de la demanda
mediante subsidios o la de la ofer-

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�Los factores instrumentales del proceso social de producción de vivienda
en la práctica habitacional de escasos recursos en México

ta mediante inversiones públicas
(que también implican subsidios)
de modo tal que se satisfagan estas
necesidades al margen del mercado” (Smith, W., 1973: 13; en el mismo sentido: Sociedad Hipotecaria
Federal, 2012).
Si el poder adquisitivo, determinado por el ingreso, es uno de
los elementos más importantes en
materia de acceso a la vivienda, lo
es también para solventar el costo
de los servicios urbanos, en especial aquellos que se relacionan directamente con la urbanización de
los centros habitacionales y el uso
cotidiano de la casa habitación. Al
respecto se ha dicho que la división
de la sociedad en clases o estratos
implica, con algunas excepciones,
niveles distintos de ingresos con
poder adquisitivo restringido, que
de antemano están social y legalmente establecidos, y de acuerdo a
los cuales no es posible cubrir los
costos de los servicios urbanos sin
la intervención subsidiaria de las
instituciones públicas (Meléndez,
M., 2008). Dentro de una sociedad
así concebida, encontramos también niveles sociales con suficiente
capacidad de compra que pueden
por ello mantener un nivel de vida
satisfactorio, cubriendo por su
cuenta los precios de mercado de
los servicios urbanos prestados por
instituciones de carácter privado
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y lucrativo, aunque pueden, además, incluir adicionalmente como
satisfactores propios los servicios
que son proporcionados por medio
del equipamiento comunitario, El
contraste de las clases altas frente
a las de escasos recursos es complementado por los estratos medios, los cuales “satisfacen sus necesidades haciendo uso alternativo
de servicios proporcionados por
las instituciones privadas o públicas” (Chávez, V. y H. Landa, 1988:
211), repitiendo de esta manera
un modelo semejante al observado
en materia de construcción de la
vivienda, donde los niveles altos y
medios la adquieren en el mercado
formal o la construyen conforme a
sus necesidades en condiciones de
suficiencia económica.
En los estratos más bajos de la
población se encuentran los grupos mayoritarios de los países subdesarrollados, los cuales, “por su
escasa capacidad de pago, no están
en condiciones de satisfacer sus
necesidades básicas, incluyendo el
acceso a los servicios proporcionados por el equipamiento” (Chávez,
V. y H. Landa, 1988: 211; en el mismo sentido: Antúnez, I. y S. Galilea,
2003; Ortiz, E., 2012) y, por supuesto, a la vivienda misma. Es así que
gran parte de las familias mexicanas reciben salarios dramáticamente reducidos, “por lo que de85

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�José Ricardo González Alcalá

penden casi exclusivamente de los
servicios y del equipamiento operados por instituciones públicas”
(Chávez, V. y H. Landa, 1988: 212).
Por otro lado, los habitantes “de las
zonas de invasión son marginados,
desde el punto de vista socioeconómico, por su situación crónica de
desempleo y subempleo” (Cortés,
X., 1985: 33), contando, por tanto, exclusivamente con su propio
trabajo como recurso disponible
(Cortés, X., 1985: 34), siendo en el
llamado ‘sector informal’ “donde se
da cabida al mayor número de desempleados a través de actividades
como el comercio ambulante o los
servicios personales” (Fernández y
González, 1989: 193).
Una vez que los pobladores están en posesión de la tierra y que
la construcción de sus viviendas
se ha iniciado, el correspondiente
proceso “avanza lentamente, ya
que depende de la capacidad de
ahorro de los pobladores” (Cortés,
X., 1985: 36). Se ha llegado a afirmar que frecuentemente “se construyen cuartos adicionales... como
una fuente adicional de ingresos en
una etapa en la cual aparecen nuevos gastos” (Cortés, X., 1985: 37).
Es igualmente significativo que, algunas veces, el colono decida rentar a terceros el terreno o la construcción obtenidos mediante algún
programa gubernamental, a fin de

allegarse recursos que no puede
obtener de otra manera (Garza, G.
y M. Schteingart, 1978: 120).
Mientras las clases alta y media, en razón de la suficiencia de
sus ingresos, pueden acceder a los
planes crediticios diseñados por el
sistema financiero, accediendo de
ese modo a vivienda terminada o
en proceso de construcción bajo
estándares de tiempo más o menos acelerados, los estratos bajos
de la población, salvo contadas excepciones, no participan de tales
esquemas, quedando las familias
a merced de sus exiguos recursos,
financiando así ellas mismas la totalidad de un proceso de construcción de duración larga y terminación indefinida.
Lo político
Otro de los factores que influyen
sobremanera en el proceso de obtención de vivienda es el político.
Estará presente en cualquier forma y momento, ya se trate de la
adquisición de tierra, de actos de
invasión, de la regularización de
la tenencia, del proceso social de
construcción, de la urbanización
correspondiente, del acceso al financiamiento e, incluso, de la disponibilidad de asesoría técnica. El
papel que el factor político juega
en el desarrollo de la problemática

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�Los factores instrumentales del proceso social de producción de vivienda
en la práctica habitacional de escasos recursos en México

habitacional ha sido especialmente
destacado por los estudiosos del
asunto, particularmente cuando
se trata el problema al nivel de los
grupos populares. De todos modos, el factor político está siempre
presente, independientemente del
nivel social en el que aparezcan
las cuestiones habitacionales. Por
ejemplo, en el caso de la vivienda
producida para el mercado tienen
especial participación:
funcionarios públicos con
puestos clave en materia de
asentamientos humanos o
proyectos urbanos que toman decisiones fundamentales para que el resto de los
agentes puedan continuar
con sus funciones. Los hay
desde luego como industriales o comerciantes, que suelen fungir como latifundistas
urbanos... Ninguno de los
roles de estos agentes es excluyente entre sí, de hecho
lo usual es que en las altas
esferas económicas y políticas, se juegue a que varios
de ellos entren al juego a la
vez, combinando y complementando sus acciones para
engrandecer su poderío y
ensanchar su capital (Neira,
H., 1990: 151).
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En lo que atañe a los procesos de
producción de vivienda para personas de escasos recursos desarrollados en México, Alicia E. Ziccardi
Contigiani y Arturo Mier y Terán
Ordiales han señalado la importancia del activo papel que el Estado
mexicano asumió durante el periodo posrevolucionario en la promoción de fraccionamientos populares, permitiendo el acceso a la
tierra para la autoconstrucción de
casas, “acción de corte político destinada a satisfacer las demandas de
habitación que experimentaban las
clases populares urbanas ante la
crisis de vivienda” (1985: 48).
En el caso de la tierra invadida,
la regularización se efectúa mediante un “proceso largo y costoso,
que necesita del apoyo de todos los
colonos para presionar y de la habilidad de los líderes para negociar”
(Cortés, X., 1985: 37). Surge entonces la presencia del factor político,
que tiene como base la existencia
de un hecho muy particular: el
efecto compensatorio de la unión
organizada de los pobladores ante
la falta de seguridad económica
propiciada por su condición social. Las formas adoptadas por dicha organización, si bien variadas,
cuentan siempre con mecanismos
de defensa y sobrevivencia regidos por el principio de intercambio
solidario de bienes y servicios que
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�José Ricardo González Alcalá

alivian de algún modo “la situación crónica de inestabilidad en el
empleo, los bajos ingresos y la falta de acceso a los mecanismos de
seguridad social” (Cortés, X., 1985:
33; en el mismo sentido: Comisión
Económica para América Latina y
el Caribe/Centro de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos, 1987: 26-27; Graizbord, B.,
1988). Reforzado por estas acciones de ayuda mutua, la organización social de los grupos de escasos
recursos reviste otro elemento de
singular importancia: la necesidad
de defensa que la comunidad experimenta ante su lucha por la regularización de la tenencia de la tierra
que ilegalmente ocupa, además de
los esfuerzos conjuntos requeridos
para llevar los servicios públicos a
la colonia. Todo ello demanda una
dosis importante de “poder” a fin
de entablar las negociaciones correspondientes. En este contexto,
los vecinos asociados presentan un
frente común encabezados siempre por sus dirigentes (Smolka, M.
y C. Damasio, 2005). Estos, de hecho, “en todos los asentamientos
populares grandes ejercen alguna
forma de control sobre los pobladores, sirviendo de intermediarios
entre ellos y los órganos gubernamentales” (Graizbord, B., 1988:
240; en el mismo sentido: Olmedo,
R., 1989: 165). Esta intermediación

se desenvuelve en un proceso muy
específico de diálogo:
Una vez que se reconoce la
invasión como una situación
de facto, se inicia un proceso
dialéctico entre los pobladores y el poder público, en el
que ambas partes persiguen
ventajas de distinto género...
La primera tarea de las autoridades es asegurar el control político del asentamiento, situación que se presenta
relativamente pronto en la
mayor parte de las invasiones, aunque es más difícil de
lograr en las más grandes y
radicalizadas. El gobierno
logra así un doble objetivo;
por una parte, mantiene la
presión en el asentamiento
a niveles controlables gracias a los mecanismos de
comunicación y, por la otra,
puede contar con la participación de los pobladores
con fines políticos y electorales (Cortés, X., 1988: 36;
en el mismo sentido: Morán,
R., 2002).
En el dialogo, los pobladores son
representados por un líder o, “en el
caso de asentamientos más maduros por un comité electo... El líder

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�Los factores instrumentales del proceso social de producción de vivienda
en la práctica habitacional de escasos recursos en México

o cacique es determinante por su
acción de gestión ante las autoridades y para la obtención de los servicios y la regularización” (Cortés, X.,
1988: 36-37; en el mismo sentido:
Smolka, M. y C. Damasio, 2005).
Sin embargo, el carácter solidario
de los pobladores y la habilidad política de los líderes no siempre aparece o, de existir, no resulta todo lo
eficaz que los pobladores quisieran
(Fernandes, E. y M. Smolka, 2004).
Sobre este respecto conviene recordar cómo, en los años ochenta
del siglo pasado, el romanticismo
social basado en la irrupción de
los movimientos sociales urbanos
de la época —cultivado en su momento por algunos investigadores— devino desilusión ante “la
virtual vulnerabilidad de los distintos grupos de pobladores frente a
los mecanismos coercitivos o de
cooptación del Estado” (Graizbord,
B., 1988: 240).
Lo legal
Junto al factor político descrito,
está presente siempre el factor
legal. Este se pone de relieve si
consideramos que, desde el punto
de vista económico, la seguridad
en las transacciones comerciales
constituye un principio rector que
en materia de bienes inmuebles
se traduce en la seguridad de la
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tenencia de la tierra, Esto permite el funcionamiento adecuado
del mercado de vivienda al definir
claramente “los derechos relativos a la propiedad y establecer un
conjunto de procedimientos para
el traspaso de dichos derechos”
(Smith, W., 1973:11; en el mismo
sentido: Rose, H., 2011), además
de proporcionar seguridad jurídica
en el uso, disfrute y/o disposición
de los inmuebles regularizados en
el caso de posesiones originalmente irregulares (Costa, A. y A. Hernández, 2010). El derecho a la vivienda, en el derecho mexicano, se
entiende como “el derecho de toda
persona a una vivienda adecuada
(entendida como aquella que garantiza seguridad de tenencia, acceso a servicios y equipamientos,
accesibilidad, habitabilidad, lugar y
cultura adecuados)” (Sociedad Hipotecaria Federal, 2012).
Por otra parte, los reglamentos
de construcción son instrumentos
jurídicos importantes en la construcción de vivienda (Rodríguez, G.
e I. Concepción, 2013), ya que fijan
las “normas y especificaciones de
construcción y diseño que determinan las superficies y características
que deben tener las viviendas para
ser habitables” (Bazant, J., 1985:
31). Además de lo anterior, anotamos aquí solamente que, de acuerdo al nivel de los ingresos familia89

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�José Ricardo González Alcalá

res, existen mecanismos legales
relacionados con el financiamiento
e instrumentos que regulan, y de
alguna manera determinan, el acceso de los distintos grupos sociales a la vivienda.
En términos generales, el marco
legal de la vivienda en México tiene
su sustento en el artículo cuarto de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la
letra dice: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa, La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a
fin de alcanzar tal objetivo” (CEUM,
1995: 10). Partiendo de este precepto, encontramos un conjunto
de cuerpos legales cuya función
reguladora consiste básicamente
en definir las situaciones jurídicas
abstractas en materia de vivienda, a fin de dar seguridad y permanencia a las correspondientes
situaciones concretas. Puesto que
no compete al presente trabajo el
análisis jurídico de tales disposiciones legales, para los fines que aquí
perseguimos bastará con exponer
un resumen de la situación general
que, en estos momentos, guarda la
vivienda en México dentro del marco legal vigente.
Dos preceptos de fundamental
importancia en materia de vivienda
y desarrollo urbano se encuentran
insertos en los artículos 4 y 27 de la

Constitución que a la letra dicen:
Artículo 4. […] Toda familia
tiene derecho a disfrutar de
vivienda digna y decorosa.
La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios
a fin de alcanzar tal objetivo.
[…]
Artículo 27. La nación tendrá
en todo tiempo el derecho
de imponer a la propiedad
privada las modalidades
que dicte el interés público,
así como el de regular, en
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos
naturales susceptibles de
apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública,
cuidar de su conservación,
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de
vida de la población rural y
urbana. En consecuencia, se
dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones,
usos, reservas y destinos de
tierras, aguas y bosques, a
efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular
la fundación, conservación,

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�Los factores instrumentales del proceso social de producción de vivienda
en la práctica habitacional de escasos recursos en México

mejoramiento y crecimiento
de los centros de población;
para preservar y restaurar
el equilibrio ecológico; […]
y para evitar la destrucción
de los elementos naturales
y los daños que la propiedad
pueda sufrir en perjuicio de
la sociedad […] (Cámara de
Diputados del H. Congreso
de la Unión, 2014).
Por su parte, la Ley de Vivienda
prescribe, básicamente, la promoción de actividades tendientes a
cumplir con el precepto constitucional arriba mencionado y medios
para la producción de vivienda a
bajo costo, además del establecimiento de atribuciones en materia
de vivienda en favor de la administración pública (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
2006).
La reforma legal que ha incidido en la ampliación de las reservas territoriales en todo el país, la
constituye la “desamortización”
de terrenos ejidales operada por
los cambios de 1992 al artículo 27
constitucional que permiten a los
ejidatarios, no sin el cumplimiento
de ciertas condiciones, participar
en el mercado de la tierra como
vendedores de sus parcelas (Ruiz,
J., 1994; Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión, 1992).
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Los medios legítimos de transmisión de los derechos de propiedad son definidos por normas
de derecho privado establecidas
en los códigos civiles vigentes en
cada uno de los estados del país o
en la legislación mercantil en vigor
en toda la república. De entre los
medios estatuidos para la traslación del dominio de tierra urbana,
destaca especialmente el contrato de compraventa (Congreso del
Estado de Nuevo León, 2015). La
celebración de este es condición
ineludible en las operaciones mercantiles efectuadas en el mercado
de vivienda, y —como ya vimos al
tratar de la regularización de terrenos invadidos— es una de las alternativas más frecuentes al lado de
procedimientos expropiatorios. Los
códigos civiles regulan igualmente
la llamada ‘prescripción adquisitiva’, definiéndola en los siguientes
términos: “medio de adquirir bienes..., mediante el transcurso de
cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley” (Congreso del Estado de Nuevo León,
2015). Esta alternativa tiene cabida
en algunos casos de posesionarios
que cumplen los requisitos de posesión pacífica, continua, pública y
en concepto de dueño, razón por la
que su gestión ante los jueces civiles es generalmente realizada en lo
individual, caso por caso, al contra91

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rio de lo que sucede con la mayoría
de las situaciones de invasión en
las que las soluciones consideran a
los pobladores agrupados.
Ya se trate de compraventa o
de prescripción adquisitiva —o de
cualquier otra forma legítima de
transmisión de la propiedad— interviene el Registro Público, institución estatuida por el código civil
de cada uno de los estados de la
república (Congreso del Estado de
Nuevo León, 2015). En el caso de
la compraventa, cuando el valor
de los bienes objeto de la misma
excede límites que la ley señala,
interviene en su celebración y trámite de registro el notario público
(Congreso del Estado de Nuevo
León, 2015). Cabe mencionar que
existe en cada una de las entidades
federativas una ley especial que regula las funciones y trámites que
compete realizar a dicho fedatario
público.
Los códigos civiles estatales han
instituido un interesante sistema
de protección del patrimonio de la
familia, dentro del cual queda incluida, entre otros bienes, la casa
habitación. Para poner en operación este sistema, debe el interesado realizar ciertos trámites ante
un juez de lo civil, no debiendo
exceder el valor de los bienes de
un límite máximo equivalente a un
determinado número de veces de

salario mínimo en vigor (Congreso
del Estado de Nuevo León, 2015).
Por otra parte, con el objeto “de
orientar y regular el crecimiento de
los poblamientos y asentamientos
humanos en el país se promulgó la
nueva Ley General de Asentamientos Humanos, en julio de 1993”
(Ruiz, J., 1994: 247). En los estados de la república se cuenta con
ordenamientos similares de aplicación local. Dichos cuerpos legales
definen sistemas de planeación de
asentamientos humanos y establecen reglas para la constitución de
las reservas territoriales requeridas
por el crecimiento de los centros
de población.
Algunos municipios del país disponen de reglamentos de construcción, instrumentos legales de fundamental importancia para, entre
otras cosas, el otorgamiento de permisos y licencias en dicha materia.
La Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) y la legislación federal que establece el fondo de vivienda administrado por el
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado (Fovissste) configuran sendos esquemas de financiamiento
—semejantes, aunque con ligeras
diferencias— en favor de los trabajadores para la adquisición, construcción, ampliación, reparación o

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en la práctica habitacional de escasos recursos en México

mejoramiento de vivienda, o para
el pago de pasivos contraídos por
cualquiera de estos conceptos (Cámara de Diputados del H congreso
de la Unión, 2015).
La legislación bancaria mexicana delinea esquemas financieros
que dan a la vivienda un trato especial, particularmente para facilitar su acceso a las clases medias
—como la Sociedad Hipotecaria
Federal (SHC) y el fideicomiso Fondo de Operación y Financiamiento
Bancario a la Vivienda (FOVI)— y,
con menos intensidad, a las clases bajas de la población caso, vía
el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) (Ruiz, J.,
1994; Sociedad Hipotecaria Federal, 2012; Comisión Nacional de Vivienda, 2014).
Algunas leyes determinan ventajas fiscales que favorecen a sectores determinados, como sucede
con los inmuebles adquiridos o
construidos por los trabajadores al
servicio de los poderes federales
“para su propia habitación, con los
recursos del Fondo para la Vivienda
administrados por el Instituto”, [los
cuales] “quedarán exentos a partir de la fecha de su adquisición o
construcción de todos los impuestos federales y del Departamento
del Distrito Federal” (Cámara de
Diputados del H congreso de la
Unión, 2015).
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Finalmente, los estados de la república replican organismos y sistemas que ofrecen a la población de
escasos recursos o bajos ingresos
tierra y financiamiento en condiciones accesibles, sin cubrir totalmente este mercado, y aplican mecanismos legales, administrativos y
financieros para la regularización
de la tenencia de la tierra e introducción de los servicios públicos.
Reflexión final
En los párrafos anteriores se ha hecho una descripción sucinta de los
aspectos característicos de cada
uno de los distintos factores instrumentales del proceso social de producción de vivienda en México, y de
cómo su acción perfila el modo de
ser de los procesos habitacionales
vividos por los distintos grupos sociales, en particular los de escasos
recursos. Tales factores —recursos
humanos, materiales y financieros,
marco legal y actores políticos— se
desenvuelven en contextos socioeconómicos diversos, los cuales facilitan —altos ingresos— o dificultan
—bajos ingresos o escasos recursos— el desarrollo adecuado del
proceso habitacional.
El factor económico juega, como
vimos, un papel preponderante
en el tema que aquí tratamos. Es
innegable que si la economía no
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es intervenida por el Estado y la
sociedad, reorientando su sentido
natural hacia objetivos de justicia social, el mercado de vivienda —aun el de interés social— no
resolverá la carencia de vivienda
digna de los grupos sociales que se
encuentran prácticamente al margen de tal mercado. La escasez de
recursos e ingresos por parte de
personas, grupos, familias, unidades domésticas, comunidades, ha
sido y es el factor fundamental de
la formación y dinámica de los movimientos urbano-populares. De
manera que el solo hecho de que
estos sigan existiendo, aun cuando
han tendido a institucionalizarse
integrándose a los partidos políticos, evidencia una contribución
de recursos públicos y privados
insuficientes al financiamiento de
programas de vivienda de bajos ingresos y/o escasos recursos que, a
través de cualquiera de las formas
de producción, promuevan vivienda digna y decorosa.
El factor político, como ya explicamos, está directa o indirectamente presente en cualquier nivel
de satisfacción habitacional. En
las comunidades en pobreza, la
participación política clientelar ha
sido el modelo imperante. Es en
el contexto de tal modelo que las
colonias populares en México han
desarrollado sus procesos de con-

solidación. En tanto prevalezca la
escasez de recursos, la necesidad
de acudir a líderes, organizaciones
y partidos insertos en el ambiente
político seguirá siendo la constante, más aún si la tendencia de los
movimientos urbanos es a buscar
cobijo en los partidos, reduciendo
así su margen de autonomía.
Finalmente, en el tema de la
legalidad, dijimos que esta es la
base de la seguridad jurídica en el
uso, disfrute y/o disposición de los
inmuebles. Nuestro sistema legal
es prolijo y exhaustivo en la regulación de estos aspectos. Salvo la
necesidad natural de revisión de
las disposiciones legales con fines de actualización, innovación
y adaptación a los cambios que
toda sociedad experimenta, podemos afirmar que, formalmente, el
engranaje jurídico urbano y de vivienda de México es ejemplar. El
problema se presenta en el terreno del cumplimiento y aplicación
de las disposiciones jurídicas por
parte de los obligados y de quienes
deben ejercer las atribuciones y
facultades de autoridad, respectivamente. En el fondo, como sucede con toda la problemática social
legalmente regulada, la solución
trasciende lo jurídico formal para
ubicarse en el terreno de la cultura. Sobre este tema, son interesan-

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en la práctica habitacional de escasos recursos en México

tes las siguientes consideraciones
planteadas por Mauricio García
Villegas (2011: 162 y ss.) en su ensayo Ineficacia del derecho y cultura del incumplimiento de reglas en
América Latina:
La cultura del incumplimiento de reglas en América Latina se remonta a los tiempos
de las colonias española y
portuguesa… el incumplimiento es parte esencial del
fenómeno, más general, de
la ineficacia del derecho en
América Latina, en ocasiones
de tal magnitud que pone en
tela de juicio la validez misma del derecho
Las referencias escasas y
dispares a la cultura del incumplimiento de reglas en
América Latina pueden agruparse según su sintonía con
los siguientes tres puntos de
vista. El primero es estratégico, y afirma que la gente
incumple luego de calcular
los costos y beneficios de la
obediencia. Los sujetos son
considerados actores racionales que incumplen cuando los efectos negativos que
acarrea ese comportamiento —la sanción, por ejemplo— pueden ser evitados,
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no son graves o no se compadecen con los beneficios
que se obtienen.
El segundo es cultural y supone que la razón por la cual
no se acatan las reglas estriba en que los valores que
estas transmiten son considerados menos importantes
que otros, como por ejemplo los valores religiosos, sociales o familiares. El tercer
punto de vista es político, y
supone que las personas incumplen las reglas como un
acto de resistencia contra la
autoridad. Desde esta perspectiva, el mundo social está
dominado por un puñado de
usurpadores que detentan
el poder; las instituciones y
las autoridades carecen de
legitimidad y, por eso, el subordinado no pierde oportunidad para incumplir y dejar
de hacer lo que se le ordena…
El tema de la cultura del incumplimiento es central, a
mi juicio, para comprender
el derecho, o al menos para
entender su realidad en
América Latina. Esa cultura
participa de un fenómeno
más general de ineficacia
jurídica que abarca, entre
otros, los siguientes temas:
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la incapacidad institucional
para hacer efectivo el derecho; la herencia española y
colonial en la concepción de
la autoridad y de la ley; los
problemas de diseño institucional (la brecha entre los
textos escritos y las realidades sociales); la criminalidad
individual y organizada; la
relación entre derecho, moral y cultura; y la legitimidad
del Estado, de la autoridad y
de los jueces.
Todos estos temas son importantes y deberían ser
tenidos en cuenta a la hora
de intentar explicar por qué
en América Latina existe una
brecha tan grande —desde
la época colonial— entre el
derecho y la realidad social.

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                <text>Realidades. Revista de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano es una publicación semestral que reúne las contribuciones académicas de cualquier interesado en dar a conocer su trabajo de investigación acerca de temas relacionados con el desarrollo social, desarrollo humano, familia, género, salud, educación, vivienda, comunidad, desarrollo urbano y rural, pobreza, bienestar social y, en general, tópicos de políticas sociales, programas y proyectos sociales, mediante artículos de investigación, ensayos, reseñas, informes, entre otros.</text>
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              <text>El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores.</text>
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