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                  <text>�Transdisciplinar
Revista de Ciencias Sociales

Presentación

Beatriz Liliana De Ita Rubio
Centro de Estudios Humanísticos, UANL,
Monterrey, México
https://orcid.org/0000-0002-8615-0418

Editor: Beatriz Liliana De Ita Rubio. Universidad Autónoma de
Nuevo León, Centro de Estudios Humanísticos, Monterrey,
Nuevo León, México.
Copyright: © 2023, De Ita Rubio, Beatriz Liliana. This is an
open-access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License [CC BY 4.0], which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-96
Email: beatriz.deitarb@uanl.edu.mx

�D.R. 2023 © Transdisciplinar. Revista de Ciencias Sociales, Vol. 3,
No. 5, julio-diciembre 2023, es una publicación semestral editada
por la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través del Centro de
Estudios Humanísticos, Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías,
Piso 1, Avenida Alfonso Reyes #4000 Norte, Colonia Regina, Monterrey, Nuevo León, México. C.P. 64290. Tel.+52 (81)83-29- 4000 Ext.
6533. https://transdisciplinar.uanl.mx Editora Responsable: Beatriz
Liliana De Ita Rubio. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 04-2022020213472000-102, ISSN 2683-3255, ambos ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de
este número: Centro de Estudios Humanísticos de la UANL, Mtro.
Juan José Muñoz Mendoza, Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías,
Piso 1, Avenida Alfonso Reyes #4000 Norte, Colonia Regina, Monterrey, Nuevo León, México. C.P. 64290. Fecha de última modificación
01 de julio de 2023.

Rector / Santos Guzmán López
Secretaría de Extensión y Cultura / José Javier Villarreal
Director de Historia y Humanidades / Humberto Salazar Herrera
Titular del Centro de Estudios Humanísticos / César Morado Macías
Directora de la Revista / Beatriz Liliana De Ita Rubio
Autores
Hannah Amigo-Castillo
Rebeca Moreno Zúñiga
Itati Liliana Arce
Oscar Campos
Ana Beatriz Palma
Catalina Ya Umuk Barroso
José Luis Jofré
Sergio Raúl Gómez
Bambina Dorotea Stinga
Alejandro Nuñez Manquez

�Alejandro García García
Luis Alejandro Martínez-Canales
Ricardo Eduardo Lavín Salazar
Marcela Cavazos-Guajardo Solís
Dagoberto Salas Zendejo
Erizbed Romero
Carlos Lomelí
Guillermo Vargas
Alma Elena Gutiérrez Leyton
María de Jesús Ávila-Sánchez
José Alfredo Jáuregui-Díaz
Editor Técnico / Juan José Muñoz Mendoza
Corrección de Estilo / Francisco Ruiz Solís
Maquetación / Concepción Martínez Morales
Se permite la reproducción total o parcial sin fines comerciales, citando
la fuente. Las opiniones vertidas en este documento son responsabilidad de sus autores y no reflejan, necesariamente, la opinión de Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Nuevo
León.
Este es un producto del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Nuevo Léon. www.ceh.uanl.mx
Hecho en México

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

Presentación
Este quinto número de Transdisciplinar, como es propio a sus
características, presenta un abanico de problemáticas sociales
actuales que se analizan desde distintas perspectivas teóricas
y metodológicas. Aborda temas relativos a la migración, el
refugio, el encuentro multicultural, estrategias de supervivencia
y formas de vida y de resistencia, -cultural, social y política-, de
minorías, poblaciones marginadas, grupos vulnerables y pueblos
originarios. También analiza problemáticas socioculturales
referentes a la desigualdad de género.
Hannah Amigo-Castillo presenta: “Comment l’état
français voit l’habitat informel, et comment réagit-il quand il
apparaît dans l’espace urbain ? ”, un interesante estudio que
aborda los problemas sociales relativos a aspectos urbanos,
políticas gubernamentales sobre la percepción respecto a la
informalidad en el tema de vivienda que tienen los estados
europeos, particularmente el francés, asociándola con ilegalidad
y criminalidad. Presenta un análisis comparativo tanto de las
percepciones como de la evolución de diversas estrategias
puestas en marcha por Francia y otros países europeos y del sur
ante el surgimiento de barrios marginales con casas precarias,
-principalmente de migrantes-, con la intención de regular la
vivienda informal. Discute los resultados de las acciones tomadas
1

�Presentación

por los gobiernos para atender el tema de los barrios marginales
con sus particulares circunstancias.
También en relación con problemas generados por la
migración, Rebeca Moreno presenta en “Los refugiados en
México: un proceso a lo largo de la historia”, una importante
exploración de los diversos contingentes de migrantes que han
solicitado refugio en México desde el siglo XIX y los caracteriza.
Estudia las circunstancias sociales, económicas y políticas que
han motivado su desplazamiento y la mayor complejidad que
atraviesan en la actualidad, lo que ha determinado un incremento
considerable de las solicitudes de refugio. Reflexiona sobre las
condiciones que presenta México ante esta creciente demanda
y las acciones que deben de tenerse en consideración por el
gobierno para hacer frente a esta situación.
“Notas para pensar la Interculturalidad en la Universidad.
Reflexiones sobre una experiencia de extensión universitaria con
Pueblos Originarios en Pandemia desde un enfoque antropológico
educativo.” en este artículo colaboran: Arce; Campos; Palma;
Ya Umuk; Jofré; Gómez; Stinga y Núñez, investigadores y
educadores interculturales que comparten una experiencia
notable de diálogo intercultural entre académicos universitarios
con comunidades indígenas urbanas en Argentina. Se cuestiona
acerca de la diversidad cultural en las universidades, las políticas,
programas y convenios universitarios en materia indígena y
análisis crítico de las prácticas de extensionismo y la formación
de las alteridades locales en las que las comunidades indígenas
luchan por su reconocimiento, por lo que es también un texto que
expone el tema de las resistencias culturales.
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�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

Y entre las temáticas que exploran distintas formas de
resistencia, en el texto: “La otra resistencia cultural: el gusto
como constructor de identidad territorial. Los tamales en la
Zona Metropolitana de Monterrey” desde la antropología de
la alimentación y la semiótica, Alejandro García presenta un
artículo que analiza la forma en que el sentido del gusto participa
en la construcción de la identidad territorial que concibe como
un acto de resistencia ante la pérdida de identidad y diversidad
cultural. Expone el caso específico del tamal y analiza el ritual
que se realiza desde su preparación hasta su consumo. Plantea
la importancia para las ciencias sociales y las humanidades, de
incorporar en sus investigaciones un análisis multisensorial.
Otras formas de resistencia y organización son analizadas
por Alejandro Martínez-Canales en “&lt;&lt;¡No es sequía, es saqueo!&gt;&gt;
Propaganda y movimiento social durante la crisis hídrica en
Monterrey, México, desde el sentido común de Gramsci”. A partir
del análisis de información que se presentó en medios masivos de
comunicación y redes sociales confronta la postura oficial y la de
la sociedad civil con respecto al problema de sequía en el estado
de Nuevo León y particularmente en la ciudad de Monterrey.
Examina la organización de un movimiento social en defensa del
agua y cuestiona si es posible una mayor convocatoria ante este y
otros problemas sociales que ponen en riesgo la gobernabilidad.
Aplica el concepto “sentido común” de Gramsci, como guía del
análisis de la información que se expuso con carácter de certeza
en los medios señalados.
Ricardo Lavín y Marcela Cavazos-Guajardo exponen la
importancia de extender la aplicación del análisis de impacto
regulatorio como instrumento de calidad de la Ley al poder
3

�Presentación

Legislativo, actualmente empleado en el Poder Ejecutivo, ya que,
de acuerdo con los autores, dicha herramienta generaría mayor
calidad en el proceso legislativo al evaluar los costos y beneficios
para los particulares al emitirse nuevas reformas y leyes.
Sostienen los autores que con esta herramienta se apoya científica
y metodológicamente la tarea legislativa, al proporcionarles
elementos que apoyen la toma de decisiones en la expedición
de nuevas leyes, teniendo siempre presente que dicha tarea se
realiza al servicio de la ciudadanía. Sin duda alguna, la propuesta
que se presenta en el artículo “El análisis de impacto regulatorio
como instrumento de calidad de la Ley en el Poder Legislativo
en México”, constituye una acción sumamente importante e
indispensable en México.
Compartimos también los resultados de una investigación
realizada mediante el análisis de contenido de notas periodísticas
locales y nacionales, relativo a las representaciones de las mujeres
en el deporte, estudio fundamental para comprender que en nuestra
sociedad se requiere más trabajo para lograr igualdad y equidad
en la atención que brindan los medios masivos de comunicación a
las actividades deportivas femeniles, a las trayectorias y logros de
las mujeres que participan en las mismas, en suma para garantizar
la igualdad en la valoración social y económica de sus carreras
profesionales en dicho ámbito. Dagoberto Salas, Erizbed Romero,
Carlos Lomelí, Guillermo Vargas y Alma Elena Gutiérrez, son
los investigadores e investigadoras que en: “La representación
de las mujeres deportistas en periódicos deportivos: análisis de
contenido de dos medios locales y dos nacionales”, nos permiten
reflexionar sobre esta arraigada desigualdad social y la necesidad
de un cambio cultural al respecto.
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�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

María de Jesús Ávila-Sánchez y José Alfredo JáureguiDíaz, presentan la reseña del libro Perfiles del Electorado
Nuevoleonés 2021, de José María Infante Bonfiglio y Carlos
Javier Vázquez Ferrel. Coord. (2021). Publicado por la Comisión
Estatal Electoral de Nuevo León. México. Anticipan que en
el texto se encuentran trabajos de diversos investigadores e
investigadoras de distintas universidades de Nuevo León que
examinan las preferencias electorales en el estado, mediante
análisis de datos empíricos y considerando las elecciones y los
votos, la participación de medios masivos de comunicación y
redes sociales y la ciudadanía y los valores en relación con los
partidos políticos. Lectura que resulta imprescindible para el
estudio de los procesos democráticos en esta entidad federativa.
Beatriz Liliana De Ita

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�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, enero-junio, 2023

Comment l’état français voit l’habitat informel, et
comment réagit-il quand il apparaît dans l’espace
urbain ?
How does the French state see informal housing
and how does it react when it appears in the urban
space?
¿Cómo ve el estado francés la vivienda informal
y cómo reacciona cuando aparece en el espacio
urbano?
Hannah Amigo-Castillo1
Résumé: Dans cet article, je m’intéresse à présenter les réflexions sur
la façon dont l’État français a abordé l’habitat informel et comment
il y répond lorsqu’il apparaît dans l’espace urbain. Tout au long du
XXe siècle, l’informalité s’est présentée sous la forme de bidonvilles,
qui présentent des particularités comme la précarité. Je présenterai
les solutions de l’État et les difficultés qu’ils rencontrent, ainsi que les
analyses qui ont été faites dans d’autres espaces géographiques.
1 Architecte et étudiant en master à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Nantes. Nantes, France. hannahamigocastillo@hotmail.
com

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�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

Mots clés : espace urbain, bidonville, habitat, informalité.
Resumen: En este artículo me interesa presentar las reflexiones acerca
de cómo el Estado francés ha abordado la vivienda informal y cómo
responde cuando aparece en el espacio urbano. A lo largo del siglo XX
la informalidad se ha presentado en la forma de tugurios, que presentan
particularidades como la precariedad. Presentaré las soluciones desde
el Estado y las dificultades que tienen, así como los análisis que se han
hecho en otros espacios geográficos.
Palabras clave: espacio urbano, informalidad, tugurio, vivienda.
Abstract: In this article I am interested in presenting reflections on
how the French State has approached informal housing and how it
responds when it appears in the urban space. Throughout the 20th
century, informality has been presented in the form of slums1°, which
present particularities such as precariousness. I will present the
solutions from the State and the difficulties they have, as well as the
analyzes that have been done in other geographical spaces.
Keywords: urban space, informality, slum, housing.

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-87

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�Hannah Amigo-Castillo / Comment l’état français voit l’habitat informel

1° Quartier informel, situé à la périphérie de la ville.

Introduction
L’informalité est une des plus grandes problématiques et
préoccupations des états européens et du nord en général. Il
existe un préconçu de l’informalité, on la voit comme quelque
chose de mauvais et que les pays doivent éviter ou éradiquer.
On voit l’informalité comme une suite d’actions
spontanées, sans caractère officiel, et sans règles préétablies.
Souvent elle est perçue comme quelque chose de mauvais. Cette
caractérisation se reproduit dans le monde entier, en grande
partie grâce à la colonisation européenne dans de nombreuses
régions du monde et atteint les pays dits du sud, imposant la
culture et la façon de penser européenne.
Le long du 20ème siècle l’informalité est devenue de plus
en plus apparente en Europe, notamment en France après les
deux guerres, sous la forme de bidonvilles. Ces bidonvilles sont
compris comme un groupe de logements précaires où habitent
des personnes avec peu de moyen, construit dans les alentours
des grandes villes.
Les politiques de relogement visent à donner des
logements salubres aux habitants des bidonvilles. C’est une
solution, mise en place à cette époque pour faire disparaître
les logements informels en France, qui a fonctionné pendant
un certain temps. Puis des grands problèmes sociaux se sont
manifestés ; la ségrégation des personnes dans la banlieue, des
gangs, le chômage, etc. Ils n’avaient pas été pris en compte par
8

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-87

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

l’État directement. Des problèmes existent encore aujourd’hui et
créent une nouvelle informalité.
On demande aux migrants qui s’installent en France de
s’intégrer culturellement et socialement, c’est une politique
d’assimilation. Mais parallèlement à cela les Français et l’État
craignent une perte des valeurs républicaines. De plus, il se
manifeste dans certains espaces de la société des préjugés envers
les migrants.
Le long de ma recherche, j’ai travaillé à partir de textes
de cinq chercheurs. Les auteurs S. Jacquot et M. Morelle sont
deux géographes et maîtres de conférences à l’université de
Paris 1. Ils travaillent ensemble sur plusieurs sujets, mais ce qui
m’a intéressé ce sont leurs deux recherches. Dans la première
intitulée : Comment penser l’informalité dans les villes « du
Nord », à partir des théories urbaines « du Sud » ? Les auteurs
comparent l’informalité entre le nord et le sud. L’autre recherche
s’intitule : Informalité, migrations et « urbanisme temporaire
» ils y abordent le thème des migrants qui arrivent en France
pendant ces dernières années et leur précarité dans le pays.
G.A. Savarí est un anthropologue social et chercheur, le long du
siècle dernier il a beaucoup théorisé sur l’informalité dans les
villes en Amérique Latine, son article s’intitule, Marginalidad e
informalidad : aportaciones y dificultades de la perspectiva de
la informalidad.
Puis pour approfondir mon sujet vers ce qui se passe
concrètement en France, j’ai étudié le livre, LE PLANÈTE DES
BIDONVILLES. Migrations et urbanisme informel de Julien
Damon sociologue français, professeur associé à Sciences Po
Paris et conseiller scientifique de l’Ecole National Supérieur de
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-87

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�Hannah Amigo-Castillo / Comment l’état français voit l’habitat informel

Sécurité Sociale. Il travaille sur le thème de la pauvreté, et parle
de la marginalité dans l’espace urbain aujourd’hui en France.
Enfin le livre, EN FINIR AVEC LES BIDONVILLES
Immigration et politique de logement dans la France des trente
Glorieuses de M-C Blanc-Chaléard, enseignante et chercheuse
d’histoire contemporaine à l’Université Paris Nanterre ; parle
des questions de migrations avant et pendant les trentes
glorieuses, ainsi que la solution de l’État France aux Bidonvilles
à cette époque. C’est une étude de cas pour me permettre de
comprendre les logiques appliquées aux mêmes problématiques
dans l’actualité.
Aux fins de cette enquête, sont considérés comme
logements précaires ceux qui ne respectent pas les règlements de
construction établis par les organismes responsables. Ces normes
prennent en compte les conditions d’isolation (température,
acoustique, nature, etc.), l’accès adéquat à l’eau et à l’électricité,
la construction avec des matériaux résistants, entre autres.
Généralement les maisons précaires sont autofabriquées, avec
des matériaux très chers, mais elles ne sont pas de qualité.
De même, les bidonvilles répondent aux imaginaires
sociaux construits dans les trentes glorieuses. Ce sont des
quartiers situés à la périphérie, qui à l’origine dans les villes
européennes était délimité par les murs qui entourent la ville.
Mon intention c’est de répondre du mieux possible à la
problématique de base : Informalité urbaine : perspective globale.
J’en ai donc formulé une autre grâce à toutes mes lectures :
Comment l’État français voit l’habitat informel, et comment
réagit-il quand il apparaît dans l’espace urbain ?
10

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-87

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

L’habitat informel dans le monde et les différentes politiques
Le sud et l’informalité aujourd’hui
Qu’est-ce que l’informalité dans les pays dit du Sud ? Comment se
génère cette informalité et où a-t-elle commencé ? Pour les pays
du sud, l’informalité est un point de réflexion depuis longtemps
et beaucoup de théories, analyses et propositions ont été écrites
sur ce sujet.
Celles- ci vont s’appliquer pour tous les pays du Sud, car
même si de plus en plus de pays dans le sud font des recherches. Ce
n’est pas toujours simple parce que ça dépend des susmentionnés
que vont avoir les chercheurs en fonction du type de régime
politique. Sachant que ce n’est pas la même chose, une dictature
et une démocratie. Cela explique pourquoi la plupart des études
parlent du Brésil et de l’Inde. On trouve aussi de plus en plus de
théories qui viennent de chercheurs Sud-Africains et qui sont un
exemple pour les autres pays du continent Africain.
Il existe une acceptation de l’informalité dans les pays du
Sud, qui a beaucoup contribué à la création de théories et analyses
diverses. L’anthropologue G. Savari, explique que l’informalité et
la marginalité vont ensemble, du moins pour l’Amérique Latine.
Ou les processus de modernisation et de développement des pays
se sont confrontés à de tels défis qu’une partie de la population,
la plupart pauvre, reste dans la marginalité de ces nouveaux
systèmes. C’est ce qu’on va appeler dans les années 60, « comme
le problème de la marginalité urbaine », (1996, p.473)
Cette informalité marginale, veut dire que ce n’est ni
illégal, ni hors la loi, comme on sous-entend dans le pays du Nord.
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-87

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�Hannah Amigo-Castillo / Comment l’état français voit l’habitat informel

Dans le quotidien des pays du Sud l’informalité fait partie de la
vie de tout le monde, dans l’occupation de l’espace urbain, avec
des commerces ou d’autres activités. Mais c’est aussi une façon
de construire les villes. Les états voient l’informalité comme une
façon de faire évoluer les pays. S. Jacquot et M. Morelle vont citer
L. Lomnitz, pour illustrer cette situation au Mexique, « Pour elle
(L. Lomnitz) l’informalité n’était pas le résidu d’une quelconque
tradition mais un élément intrinsèque et imbriqué à la formalité
[...] » (2018)
Le nord et l’informalité aujourd’hui, le cas de la France
Dans les pays du Nord la perception de l’informalité est très
différente de celle du Sud ; elle est souvent synonyme d’illégalité,
du moins en France c’est assimilé aux migrants. Pour comprendre
pourquoi, on doit se référer à l’histoire du xx siècle, période où
la plupart des théories actuelles ont été conçues. Et même si
ces théories commencent à changer et évoluer, elles sont très
représentatives dans l’imaginaire collectif.
S. Jacquot et M. Morelle présentent Balan et Milliot,
deux auteurs français, qui parlent de l’informalité comme une
conséquence de la migration et comme si elle était une attitude
culturelle liée aux pays du Sud. Ces théories qui ne sont pas
réellement représentatives veulent d’une certaine façon, envoyer
la responsabilité de l’informalité en France au migrant et pas à
l’état français. Même si comme mentionné M-C Blanc-Chaléard,
dans son livre, il y avait statistiquement plus de français en
situation d’informalité que de migrants, pendant les trente
glorieuses.
12

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-87

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

On doit aussi tenir compte que la pauvreté associée
à l’informalité dans les pays du Sud, elle n’est pas du tout
représentative des migrants clandestins qui arrivent en France
et en Europe. S. Jacquot et M. Morelle citent A. Bayet, qui dit
que même si les deux ont une origine commune, ils n’ont pas le
même statut. Aujourd’hui un migrant ne peut pas ou c’est très
compliqué, de s’approprier de ces droits.
Dans leur texte, Comment penser l’informalité dans
les villes « du Nord », à partir des théories urbaines « du Sud »
? les auteurs formulent, « […] que l’informalité est structurante
des économies et des sociétés urbaines au Nord. » (2018,
p.10) Si cela est correct, il faut revoir la manière de penser les
études des villes du Nord. Pour appuyer cette affirmation, ils
entrent dans un récit historique ; des villes vont évoluer et se
retrouveront avec des espaces vides ou à déceler une volonté de
renouvellement urbain. C’est le cas de Detroit aux États-Unis
ou dans plusieurs villes de Seine-Saint-Denis. Dans la première,
les habitants vont s’approprier des espaces vides qui sont restés
après la décroissance de la ville. Dans le cas des villes françaises,
un commerce informel de mécaniciens et de restauration va
s’installer dans certains quartiers, proposés par des personnes
originaires de Côte-d’Ivoire.
Mais, quelle est la position des pouvoirs publics face
à cette informalité ? Il y a une prétendue tolérance zéro selon
quelques travaux. D’autres vont nous dire une réalité différente,
par exemple à Barcelone, les pouvoirs publics n’interdisent pas
l’installation de l’informel, mais agiront après pour le cadrer. Il
en va de même avec la mécanique de Seine-Saint-Denis. Cette
tolérance apparaît aussi dans le la restauration dans la rue, où
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-87

13

�Hannah Amigo-Castillo / Comment l’état français voit l’habitat informel

elle est un moyen de subsistance pour les plus pauvres. C’est la
tolérance guidée par la morale, il est moralement correct de les
aider à survivre. Par conséquent, l’informalité n’est pas quelque
chose que les politiques publiques arrêtent, mais un moyen de
gouverner ; même s’ils le nieront.
L’informalité dans un monde globalisé
En ayant connaissance de la réalité de l’informalité dans les
deux hémisphères, on ne peut pas continuer à voir l’informalité
comme quelque chose qui arrive seulement dans le Sud ou dans
le Nord. Depuis les années 2000 des auteurs comme A. Roy et J.
Robinson, cherchent à intégrer le Sud dans les débats urbains
à travers le monde, avec l’intention de revoir la définition
d’urbanisme global.
Pour les pouvoirs publics, l’informalité est quelque chose
qui est déjà théorisé dans le Sud et qu’elle n’est pas importante de
le réétudier dans le Nord. C’est une logique globale, mais comme
on l’a vu avant, le Nord a peut-être d’autres processus pour
pouvoir aborder l’informalité urbaine.
Dans le cas de la France, la migration est une des
principales causes de l’informalité dans le pays. Tout de même,
c’est l’État français qui met en place les camps de migrants pour
les accueillir, comme celui de Calais en 2015. C’est un modèle
qui s’applique déjà dans les pays de Sud, et qui n’est pas prévue
dans la loi d’urbanisme d’aucun pays, il est donc informel. « Ils
commencent en 1950, après la fin de seconde guerre mondiale, et
la création du Haut- Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés » (HCR)(2018a)
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DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-87

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

L’intervention du HCR dans les pays du Sud, est due
en grande partie aux politiques migratoires d’Europe de plus
en plus contraignantes. Les camps du HCR sont un moyen
pour empêcher les réfugiés d’arriver en Europe. Les problèmes
commencent quand les camps sont tellement débordés que les
gens décident de partir de façon clandestine en Europe.
L’informalité a donc toujours fait partie de la société.
Mais les réponses, des États, à cette informalité, sont différentes
et parfois les médias de chaque pays donnent aussi une autre
perspective. Un exemple, ce sont les camps de migrants, au début
quand l’Europe a commencé à les mettre en place, c’est une bonne
solution pour les migrants clandestins aujourd’hui ; mais les
camps de réfugiés qui sont pratiquement la même chose devrait
changer ou avoir une nouvelle solution à cause de leur précarité.
La migration comme synonyme d’informalité,
puis de bidonville
L’immigration en France et les logements insalubres aux
19ème et 20ème siècle, réalité et politique
Pour comprendre logement informel et insalubre, ainsi que
l’évolution des politiques de logement qui l’accompagnent en
France, on doit connaître les processus historiques des deux
siècles derniers. Le long de 19ème siècle la question des taudis et
des logements insalubres, étaient une source d’inquiétude pour
le gouvernement. C’est une question de santé publique ; après
des épidémies comme le choléra avec beaucoup de morts à cause
de la mauvaise hygiène, c’est en partie ce qui fait naître le projet
haussmannien à Paris.
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-87

15

�Hannah Amigo-Castillo / Comment l’état français voit l’habitat informel

C’est aussi une question sociale, la classe ouvrière qui
vient de partout en France s’installe dans des immeubles anciens
et insalubres. « Si la misère sociale est énoncée comme cause du
mal-logement, les épidémies de choléra (1832-1849) incitent très
vite à dénoncer l’existence de quartier où seraient concentrées les
maisons qui tuent. » (Blanc-Chaleard, 2016, p.35)
C’est le début de la “police de l’insalubrité”, les maires de
chaque commune doivent identifier les immeubles insalubres, les
exproprier, puis les démolir. Mais c’est n’est qu’une partie de la
solution, comme les habitants de ces logements n’ont pas accès
à de nouveaux logements, ils s’installent dans d’autres endroits
où ils construisent eux même leurs logements des baraques. En
1902, un règlement sanitaire pour chaque commune doit être mis
en place. Mais ce règlement est difficile à faire respecter.
Avec les deux guerres mondiales, le manque de logement
prend une ampleur différente. Puisque ce ne sont pas seulement
les Français, ceux qui ont besoin de se loger mais aussi les
migrants qui viennent travailler dans la reconstruction de la
France, surtout après la deuxième guerre en 1945.
C’est au début des années 50, quand la politique de logement
social change et dans une mesure pour éradiquer complètement
les bidonvilles, grâce au relogement. La construction en masse
de HLM, obligent les habitants des baraques à se loger ailleurs
pendant la construction. Puis la Mairie de la ville, leur offre de
nouveaux logements.
Migration en France pendant le 20ème siècle, conséquence
des bidonvilles ?
Entre les deux guerres des migrants venant de toute
l’Europe arrivent en France dans l’espoir de trouver de meilleures
16

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-87

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

conditions de vie. La plupart du temps il s’agissait d’Italiens, de
Portugais ou d’Espagnols, qui ont tout perdu à cause des situation
politiques instables de ces pays à cette époque.
Mais à la fin de la deuxième guerre mondiale, avec les
travaux de reconstruction de tout le pays, beaucoup de travailleurs
des colonies, comme l’Algérie, arrivent en France. Ils sont français,
mais ils viennent en métropole pour avoir du travail.
En voyant que la plupart des arrivés sont des hommes.
L’État français, commence à donner des aides aux familles qui
arrivent en France. Mais le logement est très dur à trouver. Et
ces familles commencent à s’installer dans des taudis autour des
villes. Paris ne peut plus les accueillir et ils s’installent dans les
villes autour comme Nanterre. Néanmoins le niveau d’insalubrité
et le manque de sécurité dans ces espaces alerte les maires de ces
villes. En 1955, le maire de Nanterre commence à parler de ces
espaces comme des bidonvilles, après un incendie sur plusieurs
logements précaire, avec plusieurs morts et blessés.
En 1955, la guerre d’Algérie, a fait que ces citoyens français
algériens sont dans un statut ambigu, ils deviennent des migrants.
En même temps que la France commence à parler de bidonvilles,
mot qui vient du Maroc à cause de la guerre d’Algérie beaucoup
de personnes sont parties.
Qu’est-ce qu’un bidonville et comment la France a fini
avec eux ?
Pour M-C Blanc-Chaléard les débuts des bidonvilles,
sont dus à la mauvaise gestion des volontaires humanitaires
des communes. Nanterre en est un exemple. Au départ la ville
contrôle la situation puis elle se voit vite débordée.
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-87

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�Hannah Amigo-Castillo / Comment l’état français voit l’habitat informel

En 1955, ils deviennent en quelque sorte des réfugiés avec
un statut qui est devenu flou. Ils n’ont pas les mêmes conditions
de travail car leurs statuts, leurs conditions de vie deviennent de
plus en plus précaires. Ils commencent à l’installer ainsi dans les
communes voisines de Paris, où il y a beaucoup de terrains laissés
à l’abandon de terre vide.
Avec la politique de relogement qui commence dans
les années 50, le but est de faire disparaître les bidonvilles, et
de donner de meilleures conditions de vie aux personnes qui y
habitent. Nanterre est un espace d’expérimentation. Elle compte
avec trois grands bidonvilles, qui vont être détruits, et où ils
vont construire, le plus vite possible des barres d’immeubles
d’Habitation à Loyer Modère (HLM). Ce sont des logements
sociaux administrés par l’État ou bailleurs sociaux.
Les années 70 marquent la fin des bidonvilles, du moins
pour le 20ème siècle en région parisienne. Après 20 ans de
politique de relogement, les résultats ne sont pas suffisants, elle
doit prendre fin dans deux ans.
C’est dans la crainte à ces grands regroupements
de migrants souvent du même pays qu’on trouve dans ces
Bidonvilles que cette politique va prendre autant d’ampleur.
La guerre est finie depuis un moment et les gens commencent
à voir les migrants étrangers comme une menace à leur stabilité
économique et sociale. Ils demandent aussi aux étrangers une
intégration culturelle et sociale complète.
Cette politique prend fin en 1975, on ne voit plus des
bidonvilles en régions parisienne du moins pas de la même
ampleur que les décennies précédentes. Maintenant ce sont les
barres de HLM, le reflet de la banlieue parisienne.
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DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-87

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

Le rôle de l’informalité dans le monde aujourd’hui,
les bidonvilles dans le monde
Le rôle de l’informalité dans l’urbanisme, le nord et le sud
Avant tout, on doit comprendre comment se développe
l’urbanisme aujourd’hui. D’un côté, l’urbanisation veut aussi
dire métropolisation, avec la concentration de richesse et de
pouvoir dans les espaces urbains. Mais ça va en parallèle de
la “bidonvilisation” qui est formée par des habitats dégradés
ou spontanés. Cette deuxième sorte d’habitat touche
particulièrement les pays en voie de développement, mais pas
seulement. Elle concerne aussi les pays riches, la France inclus,
dans la métropole et en outremer.
L’année 2008 c’était un point d’inflexion ; l’ONU a annoncé
que la majeure partie de la population vit dans des espaces
urbains. Cette déclaration dessine un paysage différent, mais a
aussi changé les projections démocratiques et urbaines. On doit
savoir que le processus d’urbanisation dans les pays développés
est très grand, avec des limites fixes qui sont la manifestation
d’une planification urbaine à long terme ; contrairement aux
pays en développement, où l’urbanisation se maintient dans une
croissance constante dans des volumes considérables.
Pour J. Damon, il y a trois raisons à cette croissance
urbaine : l’augmentation naturelle de la population, qui se fait
avec la migration de la campagne à la ville, puis le développement
de petit village en villes. Ceux-ci expliquent l’extension physique
des espaces urbains et impliquent aussi qu’on vit beaucoup plus
dans les villes qu’à la campagne ; on vit tous dans les mêmes
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-87

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�Hannah Amigo-Castillo / Comment l’état français voit l’habitat informel

dynamiques sociales, les mêmes normes et les mêmes désirs.
Finalement c’est aussi la connexion virtuelle, les personnes sont
de plus en plus connectées et c’est ce qui contribue à pouvoir
voir comment vivent les autres. Les gens qui habitent dans les
bidonvilles peuvent voir comment habitent les gens des quartiers
privilégiés et se comparent à eux, essayant de vivre comme eux.
L’acceptation de l’informalité une nouvelle
politique avec une vision global
Dans les pays du nord plusieurs données montrent une grande
préoccupation concernant les problèmes des personnes sansabris. Ces problèmes sont l’accès aux logements ou la précarité ces
derniers. Mais on ne trouve pas des données sur les bidonvilles,
dans les statistiques officielles. Le manque de logements et
l’exclusion est perçue de façon différente dans l’UE, on a voit la
typologie ETHOS (European Typology on Homelessness and
Housing Exclusion) faites en 2005
… couvre toutes les situations des personnes sans domicile
à travers l’Europe : être sans-abri (dormir dans la rue) ; être sans
logement (avec un abri, mais provisoire, dans des institutions ou
des foyers d’hébergement) ; être en logement précaire (menacé en
raison de baux précaires, expulsions, violences domestiques) ; être
en logement inadéquat (dans des caravanes sur des sites illégaux,
en logement indigne, dans des conditions de surpeuplement
sévère). (Damon, p. 20)
Avec ce point, ces catégories indiquent aux pays les
politiques à développer, suivre et évoluer pour combattre le
manque de logement. Il n’existe aucun chiffre valable au niveau
20

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-87

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

européen, qui puisse déterminer la quantité et où se situent les
bidonvilles ; mais les réalités sont facilement visibles dans chaque
pays.
La France à sa propre catégorisation, (rapport annuel de la
Fondation Abbé-Pierre sur “le mal-logement”, qui évalue quatre
dimensions : le manque de logement personnel, les difficultés
d’accès aux logements, les mauvaises conditions de vie, et la
difficulté pour conserver son logement. La fondation a donc
… compte ainsi, en 2015, 3,8 millions de personnes non
ou très mal logées. Elle y ajoute plus de 12 millions de personnes
« fragilisées par rapport au logement ». Parmi ces dernières
se trouvent plus de 4 millions de personnes en situation de «
surpeuplement modéré » et, surtout, 5,7 millions de personnes
en situation d’effort financier excessif. Il s’agit ici des personnes
subissant un taux d’effort net supérieur à 35 %, leur laissant
un reste-à-vivre inférieur à 650 euros par mois et par unité de
consommation. (Damon, p. 21)
Néanmoins il tient compte des quartiers marginaux.
Avec l’analyse du manque de confort et de services, ou encore les
habitations de fortune, c’est ce qui permet d’aborder la question
des bidonvilles. Mais il n’y a pas une vraie évaluation sur ce qu’est
un bidonville en France ; il n’y a pas de recherche, ni un suivi
officiel.
Les services préfectoraux déclarent entre 400 et 600
bidonvilles, pour environ 20 000 habitants sur ces sites. Apparaît,
selon cette approche, une diminution du nombre de personnes
en bidonville et une augmentation du nombre de ces bidonvilles,
témoignant de la dispersion croissante du phénomène. [...]En Îlede-France, le seul département de la Seine-Saint-Denis concentre
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-87

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�Hannah Amigo-Castillo / Comment l’état français voit l’habitat informel

presque la moitié des personnes recensées dans des bidonvilles.
(Damon, p. 21)
Il existe toujours des bidonvilles en France, ils n’ont pas
disparu comme on a voulu nous le faire croire à la fin des années
70. C’est juste qu’ils sont moins visibles, plus encadré comme les
campings de caravanes, ou simulée derrière une aide humanitaire,
comme les camps de réfugiés, ils peuvent être aussi éphémères
comme c’est le cas de squats.
Les différentes formes de logement informel qu’on trouve en
France aujourd’hui
Savoir exactement, combien de personnes habitent dans des
bidonvilles, c’est pour le moins compliqué. Il y a surtout des
recensements de « campements illicites et de leurs occupants ».
Ce recensement en France, a commencé comme une initiative
d’une politique sociale et policière de « campements roms. »
La DIHAL (Délégation interministérielle à l’hébergement et
à l’accès au logement) présente, « que les données présentées
portent sur les campements illicites, bidonvilles et grands squats,
indépendamment de l’origine ethnique de leurs habitants. Elles
ne permettent pas en particulier de comptabiliser le nombre de
personnes s’identifiant ou identifiées comme Roms » (Damon,
p. 21).
Cette initiative est une façon qu’a la France d’essayer
d’éviter que les bidonvilles commencent à grandir, comme dans
les années 50 et 70. C’est une période que l’État français essaye de
faire disparaître. Et depuis, comme l’ampleur de ces bidonvilles
ne s’est pas reproduit, dans l’imaginaire de la France il n’existe
plus.
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DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-87

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

En tout cas, pour J. Damon ce recensement ne représente
pas tous les bidonvilles qu’il y a en France, ni sa quantité, ni
ces compositions. Il ne touche pas non plus les campements de
migrants, surtout ceux qu’il y a au nord de la France ou dans les
alentours de Paris. Des camps qui sont habités par des milliers de
personnes qui, « à un moment ou à un autre, se sont trouvées dans
des formes urbaines ressemblant tout à fait à des bidonvilles et
labellisées comme telles » (Damon, p. 21). Des bidonvilles, qui sont
mis en place par l’État. De plus, c’est assez clair que les chiffres
n’incluent pas la situation que vivent les DOM (départements
d’outre-mer).
Le résultat à cet aveuglement auto-imposé fait que la
France ne sait pas combien de bidonvilles il y a actuellement
dans le pays et combien de personnes résident dans des
conditions particulièrement précaires. Mais ce n’est pas qu’en
France, l’Europe subit le même problème. La bidonvilisation
est visible dans les grandes métropoles de l’Union Européenne,
plus récemment le plus flagrant sont les camps « illégaux » de
migrants, où les gens habitent dans des conditions pour le moins
déplorables.
Pourtant, tant politiques que habitants, sont les premiers
à mettre en avant les problèmes qu’on trouve dans ces espaces.
Les plus grands bidonvilles vont attirer l’attention d’ONG qui
vont créer, depuis J. Damon, une offre et une demande, et vont
comme ça réguler qui va recevoir les aides, car ce sont eux qui
dictent les règles. Mais les petits bidonvilles, vont rester à l’écart,
ils attirent moins l’attention de cette charité ; pourtant ils sont
plus nombreux et sont souvent moins visibles, dissimulés dans
les villes et ces alentours, comme un quartier de plus. Beaucoup
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-87

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�Hannah Amigo-Castillo / Comment l’état français voit l’habitat informel

sont souvent difficiles à identifier car, temporaires et éphémères,
avec une population qui bouge et diffuse.
En tout cas, si les nouvelles technologies nous aident à
connaître comment habitent les autres, les possibilités de traçage
téléphoniques pourraient nous donner une estimation réelle
des chiffres ; et peut-être ne pas tout réduire à des roms ou les
migrants, car ce ne sont pas les seuls dans ces espaces. Même si
c’était le cas dans les années 70, on ne peut pas continuer à avoir
les mêmes solutions qu’à cette époque puisque les circonstances
ont changé.
Conclusion
Je constate après mes lectures et mes recherches, que l’informalité
est une question à laquelle l’État français s’intéresse. Mais il y
a encore beaucoup de préjugés autour de l’informalité, même si
les Français commencent à voir que les politiques ne sont pas
adaptées aux circonstances d’aujourd’hui.
Les politiques n’ont pas évolué suffisamment depuis
les trentes glorieuses, qui sont très focalisées sur les migrants
étrangers qui arrivent en France. Mais c’est l’inverse, il y a plus
de français qui habitent dans des conditions précaires, pas
seulement dans les départements métropolitains mais aussi dans
les départements en outre-mer. Ces derniers sont presque oubliés
par l’État français, très centralisé.
C’est évident que les diverses situations vécues pendant
le 20ème siècle ont marqué la France. Avec plusieurs périodes
d’instabilité, avec les deux guerres et après avec l’indépendance
des anciennes colonies. Tout ça peut expliquer pourquoi ils ont
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DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-87

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

agi comme ils l’ont fait à l’époque, mais ça ne justifie pas l’actuelle
volonté de vouloir nier la réalité actuelle.
Si on voit comment d’autres pays travaillent la question
de l’informalité, la France a beaucoup à apprendre. Avec des
exemples comme le Brésil ou l’intégration des logements de
fortune dans la ville. À encadrer et aider à développer les favelas,
pour améliorer les conditions de vie des habitants. Sa implique
bien sûr une acceptation de l’informalité comme une partie de la
société et du développement des villes.
Le problème est, peut-être, que la France est déjà un pays
développé, a besoin de revoir les politiques et actions urbaines
existantes pour s’adapter mieux aux circonstances d’aujourd’hui. En
même temps, on doit essayer de comprendre que la migration apporte
une diversité humaine, qui peut enrichir la société, culturellement,
socialement et économiquement. On doit comprendre que ce ne
sont pas eux qui ont créé l’informalité, elle existait déjà.

Bibliographie
Blanc-Chaléard, M. 2016. EN FINIR AVEC LES BIDONVILLES
Immigration Et Politique Du Logement Dans La France
Des Trente Glorieuses. 1st éd. Publications de la Sorbonne / Histoire contemporaine. p.456.
Damon J., 2017. Un monde de bidonvilles. Seuil ; La république
des idées, p.128.
Jacquot, S. ; Morelle M. 2018. « Comment penser l’informalité
dans les villes « du nord », à partir des théories urbaines
« du sud » ? » https://journals.openedition.org/metropoles/5601
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-87

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�Hannah Amigo-Castillo / Comment l’état français voit l’habitat informel

Jacquot, S..; Morelle M. 2018a, « Ville informelle et urbanisme
temporaire » https://www.revue-urbanites.fr/informalite-migrations-et-urbanisme-temp/
Savarí, G. 1996. «Marginalidad e Informalidad: aportaciones dificultades de la perspectiva de la informalidad”. Estudios
sociológicos, vol. 14, n° 41, 435-452.

26

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-87

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

Los refugiados en México: un proceso
a lo largo de la historia
Refugees in Mexico: a process throughout history
Rebeca Moreno Zúñiga1
Resumen: El texto que a continuación se presenta hace un esbozo
histórico del refugio en México, atendiendo a los diferentes contingentes
de población que desde finales del siglo XIX y hasta nuestros días han
visto en México o bien un lugar para pedir asilo o solicitar refugio, o
simplemente una ruta de paso hacia los Estados Unidos de América. El
texto abreva en fuentes documentales y literatura especializada en el tema
y caracteriza a la población en condiciones de refugio en nuestro país.
Palabras clave: migración, refugiados, asilo.
Abstract: The text that follows presents a historical outline of the refuge
in Mexico, attending to the different contingents of the population
that, from the end of the 19th century and up to the present day, have
seen in Mexico either a place to request asylum or request refuge, or
simply a transit route to the United States of America. The text draws
on documentary sources and specialized literature on the subject and
characterizes the population in refugee conditions in our country.
Key words: migration, refugees, asylum
1
Instituto de Investigaciones Sociales. Universidad Autónoma de
Nuevo León. Monterrey, México. rebekamoreno@yahoo.com

27

�Rebeca Moreno / Los refugiados en México: un proceso a lo largo de la historia

Introducción
Si bien, se corre el riesgo de equiparar la migración de extranjeros
a México con el asilo brindado por nuestro país a las personas
que así lo soliciten, en este apartado abordaremos esto último.
Nuestro objetivo es hacer un recorrido histórico de los diferentes
contingentes de personas refugiadas en nuestro país partiendo
desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, simplemente para
observar como este fenómeno social se ha complejizado junto
al contexto en el que tiene lugar y cómo requiere adecuarse a
las exigencias de éste. Para ello, hemos realizado una revisión
de la literatura que aborda el tema y que abreva en fuentes
principalmente mexicanas, aunque también latinoamericanas,
cabe aclarar que no hemos abarcado todas las fuentes disponibles,
pero si aquellas que esclarecen el tema.
También debe aclararse que, si bien el texto aborda la
figura del refugio y se concibe a México como un país con una
larga tradición de asilo, dada la experiencia de otorgar protección
a personas que por motivos políticos tuvieron el exilio como
alternativa, la figura del refugio no existió hasta ya entrada la
década de los ochenta (Hernández-Ortega, 2006).
Asimismo, aunque en el escrito se utiliza indistintamente
las palabras refugio y asilo, cabe hacer el señalamiento que se trata
de cosas distintas. Hernández-Ortega (2006) retoma el contenido
de la Ley General de Población, Artículo 42, fracciones V (asilo)
y VI (refugio) de México, 1974, para establecer la diferencia entre
estas dos figuras institucionales utilizadas, en la mayoría de las
veces, como sinónimos:
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DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-86

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

El asilo es una figura jurídica, que en el caso de México está
diseñada para proteger únicamente a aquellas personas que se
ven en la necesidad de huir de su país de origen por motivos
de persecución por razones políticas, mientras que el refugio es
una figura que está diseñada para brindar protección por otras
muchas razones: para proteger su vida, seguridad o libertad,
cuando hayan sido amenazadas por violencia generalizada,
agresión, extranjera, conflictos internos, violación masiva de
derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado el orden público en su país de origen que lo hayan obligado
a huir a otros país. (Hernández-Ortega, 2006, p. 14)

Además de las diferencias entre asilado y refugiado,
también advertimos la ambigüedad de otros términos como los
de migración y desplazamiento forzado. Para los estudiosos del
fenómeno la diferencia más significativa radica en la voluntad
del individuo. Mientras que la migración económica o por otros
motivos (expectativas de una mejor vida, emocionales como
establecerse con una pareja o incluso libertarias como escapar
de la vigilancia de la familia) ocurre de manera aparentemente
voluntaria, en el desplazamiento forzado las personas se ven en
la necesidad de salir de sus lugares de origen por situaciones que
amenazan su vida y su integridad como personas, esto en contra
de su voluntad.
De acuerdo con Celis y Aierdi (2015) hay suficientes
elementos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
para sugerir que los movimientos de población a causa de graves
violaciones de éstos pueden considerarse como movilizaciones
forzadas. Esta vulneración de derechos incluye no solo los
derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos,
sociales y culturales, además muchas de estas violaciones se dan
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-86

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�Rebeca Moreno / Los refugiados en México: un proceso a lo largo de la historia

en un contexto de grave daño al medio ambiente que conduce
a la vulneración de estos derechos, asimismo los proyectos de
desarrollo a gran escala son un elemento fundamental, si no
central, en la conformación de la actual migración.
Resulta que la línea entre la migración económica y
desplazamiento forzado es muy delgada. En América Latina se ha
preferido hablar de migración forzada, en lugar de desplazamiento
forzado para diferenciar este último término del desplazamiento
de población al interior de sus propias fronteras, él cual también
tendría un carácter forzado, pero escaparía a la protección
internacional (Celis y Aierdi, 2015).
Así la migración forzada se refiere al cambio involuntario
de residencia de un individuo o grupo de personas que huyen
forzadamente, para abandonar su residencia habitual con el fin
de proteger su vida o dignidad. La migración forzada también
incluye a las personas que han migrado por otras razones pero
que corren el riesgo de sufrir torturas y tratos inhumanos o
degradantes si regresan a su país de origen o a un tercer país.
Es esta migración forzada la que precisamente es atendida
por los instrumentos de protección internacional y por la
legislación de países como México que reciben continuamente
población que se ha visto en la necesidad imperativa de dejar sus
lugares de origen buscando establecerse en un mejor lugar, y que
por diversas circunstancias buscan acogerse a la figura legal del
refugio.
Ahora bien, en relación al marco jurídico que
articula la legislación en torno al refugio encontramos que el
reconocimiento de derechos y obligaciones, la protección de los
derechos humanos, el ejercicio de los derechos y el control de la
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DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-86

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

inmigración en México están consagrados en el marco legal y las
normas migratorias establecidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, tales como la Ley General de Población y
el Reglamento a la Ley General de Población; la Ley de Migración;
el Reglamento a la Ley de Migración y los Lineamientos para
Trámites y Procedimientos Migratorios; la Ley sobre Refugiados,
Protección Complementaria y Asilo Político; el Reglamento a
la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo
Político; la Ley de Nacionalidad y el Reglamento de la Ley de
Nacionalidad. La legislación en materia de migración hasta aquí
mencionada no es más que la formalización de los derechos de
inmigrantes y refugiados y también define diversas condiciones,
derechos y obligaciones de la política de inmigración y refugiados
de México (Arzaluz y Zamora, 2021).
En el ámbito de la protección internacional, la Ley de
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político se centra
en tres figuras: refugiados, protección complementaria y asilo
político. La Convención sobre el estatuto de refugiados de 1951 y
su Protocolo de 1967 no solo incluye elementos de la Convención,
sino que también tiene en cuenta específicamente las condiciones
previas contenidas en la Declaración de Refugiados de Cartagena.
En México, la COMAR es la autoridad competente en materia de
refugiados de conformidad con lo dispuesto en la LSRPCyAP y su
reglamento (Arzaluz y Zamora, 2021).
Habiendo hecho estas aclaraciones, el trabajo fue dividido
en tres partes, con el firme propósito de ver la evolución de los
grupos de personas que han venido a México y han sido protegidos
o bien a través del asilo, o en su caso del refugio. El primer apartado
trata el tema de los primeros contingentes de personas asiladas
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-86

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�Rebeca Moreno / Los refugiados en México: un proceso a lo largo de la historia

en nuestro país –españoles y cubanos--, situación novedosa para
un Estado que no tenía la infraestructura institucional, ni había
establecido jurídicamente el refugio como un recurso para quienes
así lo solicitaran, y que, sin embargo, acogió de manera solidaria
a estas personas. Detrás de esta sincera preocupación por los
perseguidos políticos de ese momento, también existía el velado
deseo de poblar el vasto territorio de la República Mexicana con
población extranjera y blanca, dedicada las labores propias del
campo, deseo inútil que no pudo concretarse por el perfil de la
población recibida.
La segunda parte aborda la llegada de los perseguidos
políticos provenientes de Sudamérica, región que, en la segunda
mitad del siglo XX, instauró dictaduras militares y persiguió a sus
opositores. Aún aquí la figura del refugiado no estaba definida y
de nueva cuenta, la admisión de estas personas en situación de
riesgo de vida fue más una cuestión de solidaridad que de un
recurso legal.
La migración de centroamericanos, venezolanos y haitianos
que requieren de refugio, es abordada en el tercer y último apartado.
Esta migración se da en condiciones y contextos particulares, donde
el refugio ya está institucionalizado y la movilidad de personas en
busca de este, va más allá de una cuestión de persecución política,
ésta más bien apunta a una violencia social, que es desencadenada
por la pobreza estructural y la vulnerabilidad social y que se
manifiesta en el desplazamiento de población hacia zonas más
seguras o con oportunidades de una mejor vida.
Durante las décadas de los años ochenta y noventa la
migración centroamericana vio en nuestro país, un lugar de
tránsito, pues su destino final eran los Estados Unidos, las
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DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-86

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

condiciones políticas actuales de contención de la migración
por parte de los Estados Unidos, han hecho de México un país
“tapón”, en el que la población migrante se asienta para lograr
arreglar su entrada al país del norte, o en su defecto optar por ser
refugiados en nuestro país y así evitar su deportación a sus países
de origen, hecho que se enfrenta como una verdadera tragedia.
Cubanos y españoles: los primeros refugiados
Españoles y cubanos mantuvieron una migración constante en
el México independiente, quizás los primeros casos de exiliados
cubanos se dieron en la segunda mitad del siglo XIX con el inicio
del movimiento armado por la independencia en Cuba, bien
conocido es el establecimiento de José Martí en nuestro país.
Otros cubanos participantes de las guerras de independencia se
vieron obligados a venir a México por ser perseguidos políticos.
Esta emigración continuó debido a la persecución política que
llevaron a cabo los gobiernos de Gerardo Machado y Fulgencio
Batista (Martín, 2005).
Muchos de estas personas asiladas en nuestro país
regresaron a Cuba con el triunfo de la revolución de 1959 y el
flujo de migración a México se interrumpió debido a la acogida
que el gobierno estadounidense brindo a los opositores al sistema
(Martín, 2005).
En el caso de los españoles, éstos llegaron a México debido
a la derrota republicana en la guerra civil española. El éxodo de
personas procedentes de España tuvo un primer destino, antes
de México, éste fue Francia. Se calcula, que entre 250 mil y 500
mil personas huyeron a este país tras la caída del frente catalán y
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-86

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�Rebeca Moreno / Los refugiados en México: un proceso a lo largo de la historia

la ocupación de las tropas nacionales en España, hecho ocurrido
en febrero de 1939 (Velázquez, 2012). Algunos de estos exiliados,
tuvieron un segundo destino en México, y otros llegaron
directamente desde España. De acuerdo con Velázquez (2012), el
número de asilados en México, en el periodo de 1936 a 1950 fue de
aproximadamente 20 mil personas.
Dolores Plat Brugat (2001) señala que esta emigración
se caracterizó por ser familiar y provenir primordialmente
de grandes urbes como Madrid y Barcelona; muchos de estos
refugiados pertenecían a la clase media y contaban con una
importante formación académica, se desempeñaban en el sector
industrial y de servicios y se dedicaban a actividades educativas,
intelectuales y artísticas (Lida, 2006).
Lo interesante del caso de los asilados españoles es que
su arribo a México se dio en el marco de la ausencia de la figura
del refugio en este país. El recibimiento de los expatriados en el
país se dio a iniciativa de un grupo de señoras, preocupadas por
los huérfanos de la guerra civil española, las cuales incidieron en
que el presidente mexicano Lázaro Cárdenas, y otros agentes
como el embajador de México en España Narciso Bassols, así
como algunos dirigentes socialistas generaran las condiciones de
acogida de los exiliados españoles (Hernández-Ortega, 2006).
En opinión de Abdón Mateas (2002), esta política de asilo fue
“reconocida por su generosidad [pero] resultó contradictoria,
carente de medios e improvisada” (Mateas, 2002, p.116).
Para este momento, México ya había firmado varios
acuerdos regionales sobre el asilo político, reflejados en la
primera Ley General de Población de 1936, no obstante, ésta no
contemplada la figura del asilado, ni del refugiado. De acuerdo
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DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-86

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

a Alfonso Hernández Ortega (2006) los exiliados españoles
entraron al país con otras características migratorias, y de no
haber sido por la solidaridad y gestión del presidente Lázaro
Cárdenas no hubieran podido ingresar al país.
El recibimiento y acogida de los exiliados españoles, roza
con el anhelo de poblar lugares en México con baja densidad
de población como la península de Yucatán. Se tenía la ilusión
de que entre la población acogida hubiera personas dedicadas
a actividades primarias como la agricultura y la pesca, o bien
obreros y técnicos (Mateas, 2002). Esto contradice lo señalado
anteriormente y referido por Dolores Plat (2001) pues muchos
de los emigrados procedían de centros urbanos, pertenecían a
la clase media y eran empresarios, comerciantes, intelectuales y
artistas.
Los refugiados del cono sur
Otros contingentes de asilados políticos lo constituyeron
aquellos que huyeron de las dictaduras instaladas en Brasil, Chile,
Argentina, y Uruguay en el periodo que comprende las décadas
de 1970 y 1980. Al respecto Norambuena (2008) señala que:
El mapa del Cono Sur americano se fue coloreando de verde olivo a medida que las asonadas militares se iban sucediendo. Así,
en la Argentina el derrocamiento del régimen de María Estela
Martínez de Perón, en 1976, tras dos años de gobierno, dio paso
a una cruenta dictadura militar que se prolongó hasta 1983 con
la llegada al poder de Raúl Alfonsín, líder del Partido Radical.
Mucho más amplio es el tiempo que cubre el período militar en
el Brasil cuyo régimen, entre 1964 y 1985, fue una combinación de
dictadura y gobierno democrático restringido. Para el Uruguay,

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la relación entre su limitado régimen de partidos políticos y el
sistema electoral determinaron las condiciones que llevaron a la
caída de la democracia en 1973. Esto significó, también, la salida
de cientos de personas al exilio. (Norambuena, 2008, p.164)

El autoritarismo que vivieron los países sudamericanos
en la segunda mitad del siglo XX fue producto de los escenarios
contrapuestos y con visiones distintas entre sí. Por un lado, el
triunfo de la revolución cubana genera un clima de confianza
y esperanza para algunos grupos de izquierda en el sentido de
pensar que lo que pasó en Cuba podría repetirse en cualquier otro
lugar, particularmente de América Latina. Por otra, el combate
a la extensión del comunismo en el continente fue parte de las
políticas de los Estados Unidos en el continente americano, tales
como “Solidaridad Continental y “La Doctrina de Seguridad
Nacional”, las cuales en opinión de Leis (2015) “promovieron y
consolidaron la formación de dictaduras a lo largo y ancho del
continente” (p. 89).
De esta manera, el exilio fue unos de los tantos mecanismos
de represión utilizados por las dictaduras establecidas en
Sudamérica. En palabras de Norambuena (2008) el exilio afecta
los planes políticos y de vida de las personas, a la vez que los
desarraiga social y culturalmente. Al igual, que como pasó con
la población española desterrada a causa de la Guerra Civil
Española, los desterrados del cono sur en su mayoría se dedicaban
a actividades clasificadas como artísticas y culturales. En el caso
de los chilenos, por ejemplo:
Un grupo, cualitativamente relevante, estuvo constituido por
escritores, artistas plásticos, artesanos, músicos, gente de teatro

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y de cine, hombres de ciencia y académicos de las más variadas
disciplinas. Grupos teatrales funcionaron en muchos países; y los
conjuntos musicales chilenos recorrieron el mundo. Las exposiciones de pintores, fotógrafos, y escultores chilenos eran frecuentes en las más importantes ciudades americanas y europeas, a la
vez que en el marco de casi todas las manifestaciones de solidaridad las artesanías, obras de artistas profesionales y ocasionales,
eran puestas a la venta; muchos refugiados lograron sobrevivir del
producto de este tipo de trabajo. (Norambuena, 2008, p. 171)

El exilio de estos latinoamericanos del cono sur se dio
primero, en los mismos países sudamericanos, por ejemplo, los
uruguayos optaron, en un principio, por exiliarse en Argentina o
Chile. Mientras Argentina era un destino percibido como de “tensa
calma”, en Chile, el triunfo de Salvador Allende lo hacía ver como
el destino por excelencia de los simpatizantes de las izquierdas
latinoamericanas. Los primeros en optar por estos destinos o
lugares de residencia fueron los militantes del Movimiento de
Liberación Nacional-Tupamaros, seguidos de líderes sindicales,
gremiales, universitarios de distintas organizaciones. En poco
tiempo, las condiciones favorables para vivir en estos países
se vieron comprometidas debido al clima de autoritarismo y
represión, propios de las dictaduras que ahí se establecieron. El
establecimiento del Plan Cóndor fue otra de las causas para que
los ciudadanos del cono sur buscarán otros destinos. Dicho plan
consistió en la coordinación de varios estados para coordinar
la represión y persecución de militantes políticos, sociales,
sindicales y estudiantiles, estuvo vigente desde la segunda mitad
de los años setenta y hasta inicios de los ochenta y operó como
una acción coordinada entre Argentina, Uruguay, Paraguay,
Bolivia y Brasil. (Boeglin, s/f).
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Las condiciones descritas dificultaron la vida de quienes,
por las condiciones políticas de sus países, se vieron en la
necesidad de huir y protegerse en otro lugar. Los tentáculos de la
represión y la desaparición de personas opuestas a los regímenes
dictatoriales se extendieron por el sur del continente, por lo cual
se buscaron otros lugares como Cuba y México en Latinoamérica;
y España, Francia, incluso Holanda y Suecia en Europa.
Las experiencias históricas de asilo y refugio en México,
antes descritas, de acuerdo con Ernesto Rodríguez (2011), se
caracterizaron más por la solidaridad y las decisiones de los
políticos en turno, que por las normas vigentes que regulasen
la protección y la acogida en el país de personas que solicitaron
refugio. La estructura institucional que reguló la situación de las
y los solicitantes de refugio se estableció recién en la década de
los ochenta, del siglo XX con La Comisión Mexicana de Ayuda
a Refugiados (COMAR) y la apertura en México de una Oficina
de Representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR). Por otra parte, el enfoque de
protección a los derechos humanos de migrantes extranjeros en
tránsito y personas solicitantes de asilo datan de 2011: Ley sobre
Migración y Ley sobre refugiados, Protección Complementaria y
Asilo Político (Torre, 2020).
La migración reciente y el incremento de
solicitudes de refugio en México
La revisión de literatura sobre el tema del refugio en México
apunta por lo menos, a cuatro temas relevantes: 1) el incremento
de la migración centroamericana y de las solicitudes de refugio;
2) Las caravanas de migrantes centroamericanas de 2018 y 2019:
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3) La migración centroamericana de niños y adolescentes solos
que requieren protección de las autoridades mexicanas, 4) El
incremento de la migración y de las solicitudes de asilo por parte
de personas venezolanas y 5) el reciente arribo al país de los
haitianos, y la figura del refugio como estrategia.
El incremento de solicitantes de refugio en México: el caso
de la población centroamericana, venezolana y haitiana.
Es desde finales de 2017, que la población centroamericana, que
abandonó sus respectivos países, ha llegado a México y se ha
incrementado de manera significativa. La inestabilidad política,
social y económica que se vive en la región centroamericana
ha obligado a que miles de personas escapen de la violencia, la
violación a los derechos humanos y el desempleo y se dirijan al
norte (Villaseñor y León, 2020).
Además de la pobreza, otra de las causas de la migración
centroamericana es la violencia, no se trata solo de una violencia
política, sino de una con profundas raíces estructurales que
socavan las bases sociales que permiten una vida digna y segura.
Además, la reciente migración centroamericana se caracteriza por
ser marcadamente urbana, y menos rural (Escobar-Sepúlveda,
2008).
Por ejemplo, un estudio reciente sobre la migración
hondureña a los Estados Unidos, realizado por Vladimir López
(2021) señala que hoy esta migración se caracteriza por ser
compulsiva —en relación a los numerosos contingentes de población que abandonan sus lugares de origen— y forzada, estos
adjetivos se deben a una serie de fenómenos tales como: “ingobernabilidad, corrupción, violencia, criminalidad, narcotráfico,
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impunidad, desempleo, bajos salarios, secuelas de fenómenos
naturales y ambientales, entre otros” (López, 202, p.78). Esta
caracterización de la migración es extensiva a la región centroamericana.
En este contexto, hemos de reconocer que tradicionalmente
México fue un país de tránsito para la migrantes, tal como ocurrió
en los años noventa, con los migrantes centroamericanos. Es
en años recientes, con las políticas migratorias de los Estados
Unidos de América y de México que han ocurrido cambios en
los patrones de movilidad y asentamiento de los migrantes. Se
han impuesto trabas a la movilidad migratoria como muros,
restricciones legales y controles migratorios que dificultan
la llegada de centroamericanos a los Estados Unidos (Torre,
2020). De acuerdo con Verónica Ruiz y Amarela Varela (2020),
México se ha convertido en un “país tapón” al adoptar una
política de contención migratoria que ha implementado dos
medidas medulares durante el gobierno de López Obrador: el
despliegue de la Guardia Nacional y el Programa Quédate en
México, lo cual “hizo de México un país al que ingresar desde la
frontera sur resulta cada vez más difícil, y una vez adentro, &lt;&lt;sin
papeles&gt;&gt;, no se puede salir hacia el norte” (p.97).
Esta situación plantea dos grandes retos, por una parte
el arribo de población centroamericana que viene huyendo de
sus países por el deterioro social y económico que enfrentan y
no por persecución política hace difícil distinguir entre quienes
son migrantes y quienes buscan refugio; por otra parte, la
situación geográfica de México dificulta también distinguir
entre quienes tienen una verdadera intención de solicitar refugio
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para establecerse en México y quienes utilizan este mecanismo
a conveniencia, o sea, en tanto, consiguen llegar a territorio
estadounidense (Rodríguez, 2011).
Con todo, Adrea Villaseñor y Claudia León (2020)
refieren que de 2014 a 2018 más de 55 mil personas han solicitado
refugio en México, esta población proviene fundamentalmente
de Honduras, El Salvador y Venezuela, aunque también se ha
detectado a personas africanas y asiáticas. Otros datos presentados
por la COMAR. apuntan a un incremento de las solicitudes de
refugio por parte de migrantes centroamericanos entre 2013 y
2018, de 530 a 13,674 solicitudes realizadas por hondureños y de
309 a 6,193 de salvadoreños (Torre, 2020).
La mitad de las solicitudes de refugio referidas arriba
son de 2018, año conocido como el del éxodo centroamericano
y que inaugura una nueva estrategia de movilidad de personas
migrantes: las caravanas. Estas caravanas estuvieron integradas
por familias completas y hasta adultos mayores, pero también
por jóvenes y niños solos. Se cree que al menos una decena de
caravanas de migrantes entró al país con destino a los Estados
Unidos (Ruiz y Varela, 2020).
Al principio, el reciente gobierno de López Obrador
otorgó visas, pero después, obligado por las presiones del
gobierno estadounidense, adoptó una política de contención de
los flujos migratorios, lo que obligó a muchos de estos migrantes
a establecerse en México y buscar una regularización de su
situación migratoria, algunos de éstos, y ante el miedo de ser
devueltos a sus países de origen solicitaron asilo en México, sin
que esto signifique que lo hayan logrado (Arreola y Martínez,
2020; Torre, 2020).
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Conseguir asilo en México es una situación con muchas
adversidades que deben enfrentar quienes así lo requieren. De
acuerdo a Luis Arreola y Santiago Martínez (2020) las personas
centroamericanas que solicitan refugio en México enfrentan
una serie de inseguridades como la jurídica al no contar con
documentos que les permitan tener un estatus legal, lo cual
dificulta su acceso al empleo formal; también padecen inseguridad
social pues no tiene acceso a la vivienda y a la educación; así
mismo sufren de los abusos de algunos representantes de las
instituciones gubernamentales y de xenofobia por parte de
algunos sectores de la sociedad mexicana.
Quienes si consiguieron ser refugiados aún vieron difícil
el ejercicio de los derechos fundamentales que les protegen y su
integración social y laboral, ya que muchos ciudadanos mexicanos
los ven como una amenaza y un peligro (Ruiz y Varela, 2020).
Para Paola Posada (2009), la figura del refugiado es
importante para comprender como la comunidad internacional
controla las migraciones “indeseadas”, éstas que llevan a cabo las
personas afectadas por los embates de las políticas neoliberales, de la
pobreza, la violencia y las inclemencias de los fenómenos naturales.
Condiciones sociales que afectan y ponen en riesgo la vida de las
personas y sin embargo, no son contempladas en la categoría de
refugiado, que según el Estatuto de Refugiado de 1967 es
Toda persona que a fundados temores de ser perseguida por
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera
de su país, de su nacionalidad y no pueda […] o no quiera acogerse a la protección de tal país… (Posada, 2009, p.136)

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La restricción de las causas para solicitar asilo hace que
muchas solicitudes de refugio sean rechazadas. Por lo cual sólo
una parte de los migrantes forzados pueden tener la protección del
Estado receptor y un estatus legal en el mismo. Sin embargo, para
el caso de una persona acosada para unirse de manera forzada a un
grupo delictivo, paramilitar o a las maras con el riesgo de perder su
vida o bajo amenaza de daño a su propia familia sino acepta, puede
ser rechazada al solicitar ser ecategorizada bajo la figura de refugiada.
Uno de los argumentos, más comunes, esgrimido por la COMAR
para negar el estatuto de refugiado en México a una persona es algo
que se conoce como “alternativa de huida interna”, esta noción es
utilizada actualmente para denegar asilo a las personas que huyen de
sus países y es explicada de esta manera, por Elisa Ortega Velázquez
(2017): “Esto sugiere que la persona amenazada podría haber huido a
otra zona más segura dentro de su país de origen” (Ortega-Velázquez,
2017, p. 728). De esta manera, la persona es deportada a su país y su
situación reclasificada como desplazamiento interno.
Así, y pese a los cambios en los escenarios en los que se
da la migración forzada y por ende la solicitud de asilo, ni el
Protocolo de 1967, ni las leyes mexicanas han modificado los
causales para obtener la calidad de refugiado (Posada, 2009).
Esto es todo un problema para estas últimas oleadas de población
centroamericana, venezolana y haitiana que se encuentran
varadas en nuestro país y que, al no avanzar en su camino hacia
los Estados Unidos, buscan legalizar su estancia en México a
través de la categoría del refugiado.
Como se estableció renglones arriba, una estrategia de
presión y de seguridad frente a la contención migratoria que
ejerce el Estado a través de los cuerpos policiacos y militares,
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han sido las caravanas que arropan a familias enteras, ancianos,
discapacitados, pero también a adolescentes, niñas y niños no
acompañados de sus padres o tutores.
El tema de los niños, niñas y adolescentes no acompañados
es una situación relativamente nueva registrada por la literatura
especializada en el tema de migración; esta población particular
ha optado por unirse a las caravanas, o a grupos que reúne a otros
en su misma condición, con el fin de proteger su integridad.
Muchos de éstos huyen de un contexto adverso en sus países de
origen debido a los conflictos armados y el reclutamiento forzoso
de grupos paramilitares y delictivos (Rea, 2019).
Los niños, niñas y adolescentes no acompañados, a
diferencia de los adultos, requieren un “tutelaje específico de las
instituciones estatales, por existir el ‘interés superior del niño’”,
ya que se encuentran expuestos a una serie de violencias no sólo
en su lugar de origen, sino también en el de destino” (Ruiz y
Varela, 2020, p.90).
Según afirma Sergio Rea (2019), la población infantil y
adolescente que migran sin su familia, “utilizan las migraciones
mixtas para viajar de un estado a otro y, por lo tanto, suelen
confundirse con aquellos migrantes que no entran en la
definición de refugiados” (Rea, 2019). Muchos de estos niños,
niñas y adolescentes enfrentan muchos obstáculos para iniciar el
proceso de asilo en México, uno de los principales es no contar
con los documentos personales requeridos para el mismo, y por
lo tanto transitan en la clandestinidad para no ser detenidos por
los agentes de migración. El riesgo de no ser refugiados los hace
presa fácil de la trata y el tráfico de personas (Rea, 2019). Además
de que pocas veces se les comunica, por parte de los agentes de
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migración que tienen derecho a solicitar asilo en México y optar
por ser refugiados, aunado a este obstáculo y los otros señalados
anteriormente, se enfrentan al hecho, de que, en el caso de solicitar
el asilo, la asesoría jurídica que se les puede brindar no es gratuita
(Ortega-Velázquez, 2017).
En el caso de la migración venezolana, ésta hunde sus
raíces en las condiciones sociopolíticas del gobierno de Hugo
Chávez, pues sus acciones contribuyeron, en mucho a que este
país dejara de ser un país receptor de migración internacional, al
que arribaron personas de todo el mundo atraídos por la bonanza
petrolera y el alto nivel de vida, para ser un país expulsor de
población. En 2002 con el intento de golpe de estado, se acentúa
la salida de población de clase media uno de cuyos destinos fue
México (Franco, 2020).
Otros autores, como Martínez-Ochoa y Márquez-Blanco
(2019), sitúan el inicio del proceso de emigración venezolana, en
2014. Pues es aquí donde el país presenta problemas políticos
y económicos, lo cuales se manifestaron en los altos índices de
inseguridad, escasez productos básicos, corrupción, entre otros.
Para estos autores esta situación ocasionó una crisis migratoria,
debida al alto número de venezolanos que abandonó el país, en
busca de mejores condiciones de vida.
El auge del éxodo venezolano se dio entre 2017 y 2018,
según cálculos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), fueron aproximadamente 3
millones de personas las que salieron de Venezuela, de las cuales
2, 4 millones se encuentra en América Latina (Martínez-Ochoa
y Márquez-Blanco, 2019). Para 2017, los refugiados venezolanos
son el primer grupo de extranjeros demandantes de asilo en
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México (Suárez y Trejo, 2018). Es probable, que esto se deba al
alto nivel de estudios que posee la mayoría de la población de este
país y, por lo tanto, su acceso a una mayor información sobre su
estatus migratorio y su derecho a solicitar asilo e interponer una
solicitud de refugio.
A diferencia de las y los desplazados centroamericanos
que poseen una baja escolaridad y realizan trabajos relacionados
con el sector primario de la economía (Pardo y Dávila, 2017), la
población venezolana se caracteriza por un alto nivel de estudios y
se desempeñan en actividades profesionales, por eso ha preferido
asentarse en la Ciudad de México y en menor medida en estados
de Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Nuevo León
(Suárez y Trejo, 2018 ), donde puede desempeñar las actividades
para las que está cualificada.
Uno de los problemas a los que se enfrentan los países
de América Latina, con mayor población migrante venezolana,
es la manera en cómo esta población será clasificada. A pesar,
de la cantidad de solicitudes de refugio presentados por esta
población, los estados receptores no siempre consideran que estas
personas poseen los requisitos necesarios para que su solicitud
sea aprobada y acto seguido, son clasificadas simplemente como
migrantes, lo que los lleva a la vulnerabilidad social y casi siempre
a la pobreza (Martínez-Ochoa y Márquez-Blanco, 2019). Es aquí,
y en otros casos, que se hace imperante revisar las concepciones y
los acuerdos internacionales que definen la categoría de refugiado.
En el caso revisado, la población se encuentra en
condiciones de vulnerabilidad producto de la pobreza de la que es
víctima, dadas las condiciones estructurales de su país, situación
que vulnera sus derechos, sobre todo de carácter económico. De
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ahí que los autores Martínez-Ochoa y Márquez-Blanco (2019)
propongan una categoría política para las y los venezolanos
en pobreza, que sea adoptada por los países latinoamericanos
receptores o bien, que forme parte de los acuerdos internacionales,
esta categoría la denominan como “Migrante de carácter forzado
en razón de pobreza” Martínez-Ochoa y Márquez-Blanco, 2019,
p. 37).
Por su parte, la migración haitiana data de la segunda mitad
del siglo XX y se ha dirigido principalmente a Estados Unidos,
República Dominicana, Canadá y recientemente a Brasil y Chile
Las causas de ésta pueden encontrase en un contexto política y
socialmente poco estable y en una total falta de confianza en el
Estado y sus instituciones, consecuencia de una democracia débil
y un entorno económico marcado por la pobreza (Contreras,
2022).
Tres periodos de tiempo son emblemáticos para el estudio
de la población migrante procedente de Haití, uno es 2010-2012 y
otro es 2016 y 2021. El primer periodo, el que comprende de 2010
a 2012 está marcado por los fenómenos naturales que afectaron
la vida de las personas: el terremoto y la epidemia de cólera de
2010 y los huracanes Isaac y Sandy en 2012, circunstancias, todas
ellas que obligaron a una buena parte de la población haitiana a
desplazarse, sobre todo por los países que integran el cono sur.
En 2016 ocurre otro huracán denominado Matthew, ocasionando
más daño a la infraestructura material del país y acrecentando los
niveles de pobreza y vulnerabilidad social de la población, por lo
cual la ésta se ve forzada a desplazarse fuera de su país, ahora con
la idea de llegar a Los Estados Unidos de Norteamérica (RojasWiesner, 2022).
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Ante las dificultades que enfrentan las y los haitianos para
entrar a los Estados Unidos, una buena parte de ellos se establece
en las ciudades mexicanas fronterizas de Tijuana y Mexicali.
Éstos pudieron hacerse de algún documento transitorio, con
vigencia de 20 días, lo cual les permitió desplazarse por México
hasta llegar al norte, otros se quedaron en la estación migratoria
de Tapachula, Chiapas, esperando que sus solicitudes de refugio
en México fueran favorables, o les fuera otorgado el mismo
documento transitorio (Rojas-Wiesner, 2022).
Para quienes han llegado al norte de México, sus
condiciones de existencia no son tan fáciles, algunos están
varados en tanto pueden ser aceptados en los Estados Unidos,
además en nuestro país no pueden trabajar o acceden a trabajos
precarios por la falta de papeles. La opción es optar por el refugio,
pero se enfrentan a la misma situación que quienes provienen de
Venezuela, que se considere que su vida y su libertad no corren
peligro en su país de origen, o que pudieron salvaguardar su
integridad dentro del territorio de su país de origen.
Conclusiones
A manera de conclusión se puede afirmar que México enfrenta
hoy una situación compleja en cuanto el tema del refugio, pues
aunque cuenta con instituciones y un marco legal para llevar a
cabo el proceso, aún debe resolver el alto número de solicitantes
de asilo, ampliar su capacidad institucional y presupuestal, así
como hacer frente a las situaciones no contempladas por la ley
como identificar a quienes realmente necesitan de protección
internacional y quienes si bien, no son perseguidos políticos,
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enfrentan otro tipo de violencias como la de género, el tráfico de
personas y la adhesión forzada a grupos paramilitares y delictivos.
En esta tarea pendiente, es urgente cambiar las
restricciones para solicitar asilo que aparecen en la categoría de
refugio, figura legal que ha operado como otra medida de contener
las migraciones no deseadas por la comunidad internacional,
en lugar de proteger a la población que se ha visto forzada a
desplazarse fuera de las fronteras de su país.
A sabiendas, que la solicitud de refugio va presidida de la
migración forzada y que es difícil diferenciarla de la migración
voluntaria. Lo importante aquí es considerar que la población que
se ve obligada a abandonar sus lugares de origen, casi siempre es
población vulnerable que requiere de la atención de las agencias
internacionales, ya que vivimos tiempos convulsos tendientes a
una crisis humanitaria.
Además, cabrían soluciones más profundas como evaluar
los efectos de las políticas económicas (como el neoliberalismo)
en los países del sur como los centroamericanos, así como
emprender políticas públicas que acaben con las condiciones de
vulnerabilidad y marginalidad social, y en general con la violencia
estructural, así como brindar protección a los desplazados
por estas causas. Asimismo, tendrían que generarse fondos
internacionales de ayuda en caso de que los fenómenos naturales
dañen la infraestructura y la economía de un país. Es decir,
atender las causas profundas detrás de las migraciones forzadas y
la gran cantidad de solicitudes de refugio.
También es oportuno considerar que el procedimiento
para solicitar el refugio en México, o en su caso, la protección
complementaria debería tener un apartado especial y
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procedimientos más sencillo y pensados para los adolescentes,
niñas y niños no acompañados que han huido de sus lugares de
origen por no considerarlo seguros para vivir.

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�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, enero-junio, 2023

Notas para pensar la Interculturalidad en la
Universidad. Reflexiones sobre una experiencia
de extensión universitaria con Pueblos
Originarios en Pandemia desde un enfoque
antropológico educativo
Notes to think about Interculturality at the
University. Reflections on a university extension
experience with Native Peoples in a Pandemic
from an educational anthropological approach
Itati Liliana Arce1
Oscar Campos2
Ana Beatriz Palma3
1 Docente, investigadora y extensionista, Universidad Nacional de San
Luis, Argentina. E-mail: itatiarce@gmail.com
2 Samay de la comunidad Palma-Ayayme, Pueblo Huarpe. Tayta,
Educadora indigena (Educación Intercultural Bilingue). Extensionista,
Universidad Nacional de San Luis. Pueblo Preexistente al Estado Argentino.
E-mail: pucuyhuarpe@gmail.com
3 Samay de la comunidad Palma-Ayayme. Pueblo Huarpe. Tayta,
Educadora indigena (Educación Intercultural Bilingue). Extensionista,

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�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

Catalina Ya Umuk Barroso4
José Luis Jofré5
Sergio Raúl Gómez6
Bambina Dorotea Stinga7
Alejandro Nuñez Manquez8
Resumen: El presente ensayo es una sistematización colectiva de una
experiencia de trabajo común entre integrantes de la Universidad
Nacional de San Luis (UNSL), en la República Argentina, e
integrantes de diversas comunidades indígenas pertenecientes al
Pueblo Nación Huarpe. Esta experiencia formó parte de un proyecto
de extensión universitaria y tiene relación, a su vez, con el Programa
de Pueblos Indígenas de la UNSL. Este ensayo recoge un conjunto
de reflexiones críticas en torno a las dificultades que se presentan
en la construcción de espacios interculturales en el marco de las
instituciones universitarias.
Palabras clave: Extensión Universitaria, Pueblos Indígenas, Pueblo
Universidad Nacional de San Luis. Pueblo Preexistente al Estado Argentino.
E-mail: pucuyhuarpe@gmail.com
4
Samay comunidad pinkanta Pueblo Nación Huarpe Pinkanta.
Tayta, educadora indigena (Educación Intercultural Bilingue), Estudiante del
Profesorado de Educación Especial, Universidad Nacional de San Luis. Pueblo
Preexistente al Estado Argentino. E-mail: catalinabarroso25@gmail.com
5 Docente, investigador y extensionista Universidad Nacional de San
Luis. Argentina, E-mail: joseluisjofre@yahoo.com.ar
6 Docente, investigador y extensionista Universidad Nacional de San
Luis. Argentina. E-mail: sergiogomez21@gmail.com.ar
7 Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz. Docente, investigador y
extensionista jubilada. Universidad Nacional de San Luis. Argentina. E-mail:
bambinastinga@gmail.com
8 Docente, investigador y extensionista Universidad Nacional de San
Luis. Argentina. E-mail: amanzquez@unsl.edu.ar
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�Arce, Campos, Palma, Ya Umuk, Jofré, Gómez, Stinga, Núñez / Notas para interculturalidad

Huarpe, interculturalidad crítica, antropología educativa
Abstract: This essay is a collective systematization of a common
work experience between members of the National University of
San Luis (UNSL), in the Argentine Republic, and members of various
indigenous communities belonging to the Huarpe Nation People.
This experience was part of a university extension project and is
related, in turn, with the UNSL Indigenous Peoples Program. This
essay includes a set of critical reflections on the difficulties that arise
in the construction of intercultural spaces within the framework of
university institutions.  
Keywords: University extension, indigenous peoples, Huarpe people,
critical interculturality

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DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-84

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

Introducción
La siguiente presentación a modo de notas o apuntes reflexivos
tiene por objetivo sistematizar la experiencia de diálogo entre
integrantes de la Universidad Nacional de San Luis junto con
comunidades indígenas urbanas que residen en la ciudad de San
Luis, en la República Argentina. Estos diálogos se dieron en el
período comprendido entre los años 2018 - 2021. Desde la primera
fecha distintos espacios académicos de esta universidad trabajan
con integrantes de pueblos originarios en la incorporación de
perspectivas interculturales en la educación superior, disputando
así diferentes miradas, sentidos y prácticas en torno a la diversidad
cultural en la formación universitaria.
Interesa entonces describir el proceso de construcción
e implementación de uno de los espacios de trabajo que se
formalizó como un Proyecto de Extensión de Interés Social
(PEIS) con comunidades Huarpes urbanas, en un contexto de
consolidación de políticas culturales neoliberales y de creación de
diferentes dispositivos universitarios de vinculación con pueblos
originarios. En el primer apartado, apuntamos consideraciones
generales acerca de la formación de alteridades a nivel local,
que permiten contextualizar e historizar ciertas narrativas y
políticas provinciales en materia indígena. En segundo lugar,
describimos algunos procesos de institucionalización de espacios
interculturales en la UNSL, a partir de la creación de convenios
y programas de cooperación mutua con pueblos originarios,
identificando así ciertas perspectivas interculturales en disputa.
En el tercero y cuarto apartado analizamos reflexivamente el
proceso de construcción e implementación de un proyecto
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�Arce, Campos, Palma, Ya Umuk, Jofré, Gómez, Stinga, Núñez / Notas para interculturalidad

de extensión, que se vio fuertemente reconfigurado a partir de
situación pandémica a nivel mundial, pero sobre todo a partir
de la apertura a un diálogo intercultural crítico, que más que
certezas fue habilitando deconstrucciones problematizadoras de
las prácticas extensionistas.
1. Notas contextuales sobre la formación de
alteridades en la provincia de San Luis
En el proceso de formación del Estado nación argentino, la
construcción o “invención” de una comunidad (Anderson, 1993)
se basó, en parte, en un “ideario nacional” blanco y europeo que
operó como homogeneizador y silenciador de las diversidades
socio-étnicas del territorio. La metáfora del “Crisol de Razas”,
ocultó el genocidio (Lenton, 2011) y etnocidio sistemático por parte
del estado hacia los Pueblos Originarios. En consecuencia, esos
“otros internos” quedaron expulsados del proyecto modernizador,
cimentando una narrativa de una nación “sin indígenas” y
“sin afrodescendientes”. Según Briones (2008), esta matriz
productora de jerarquías socioculturales diferenciales produjo
lógicas de clasificación, identificación y distinción, entre unos
supuestos legítimos pobladores (“blancos” y “civilizados”) y “esos
otros” internos representados por indios, mestizos, migrantes
y afrodescendientes. Este interjuego de marcaciones sociales se
constituyó a partir de clivajes económicos, políticos, sociales
en la construcción de dichas categorizaciones hegemónicas
(diversidad-desigualdad).
Bajo una lógica, la construcción del Estado nación
argentino implicó un proceso de unificación política y cultural
del territorio. Sin embargo, éste se constituyó diferencialmente
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�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

a escala provincial y regional. Briones (2008) denomina a esta
configuración “geografías provinciales de inclusión /exclusión”,
donde se administran y regulan las diversidades en un modo
particular de explotación económica.
Antes de la constitución del Estado Argentino,
las actuales provincias de San Luis, Mendoza y San Juan
conformaron una región denominada Cuyo. Este corregimiento
o provincia de Cuyo constituyó una división territorial del
Imperio Español que incluía, además, parte de las actuales
provincias de Córdoba y La Rioja. En consecuencia, entre los
años 1568 y 1776, Cuyo formó parte de la Capitanía General de
Chile. Puede decirse que, de esta manera, durante más de dos
siglos esta región, que hoy forma parte del territorio argentino,
fue la zona trans-cordillerana de Chile. Por aquel entonces, y
de manera errónea, los españoles llamaron huarpe a todos los
habitantes de esta región, hasta el extremo de atribuirle a la
región el nombre de “País de los Huarpes”. En este contexto,
entre 1598 y 1658, muchos de los integrantes de los pueblos
indígenas fueron deportados desde Cuyo hacia Santiago de
Chile con destino al sistema de encomiendas asentadas en tal
ciudad. Con estos hechos se originó la leyenda de la extinción,
por deportación de la población indígena de esta región llamada
Cuyo (Obregón-Iturra, 2018).
Por este motivo, entre otros, en la región de Cuyo persiste
aún hoy un imaginario de “extinción” huarpe en el sentido común
hegemónico, por la cual se considera que “no existen indios en
San Luis”. Además, Diego Escolar (2007) en su análisis de los
procesos de etnogénesis huarpes, advierte que esta narrativa (que
precede desde la misma colonización europea) se profundizó
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�Arce, Campos, Palma, Ya Umuk, Jofré, Gómez, Stinga, Núñez / Notas para interculturalidad

con la idea de “desindianización”. Esta ideología supone que
la incorporación de elementos occidentales en las prácticas
culturales indígenas iría en desmedro de su “autenticidad”. Este
supuesto efecto de transformación cultural va acompañado por
la ideología de la “blanquitud” que impuso la idea que sostiene de
que se deja de ser indio “puro” al mezclarse con la sangre blanca.
Esta imagen conlleva a crear la representación de que, tras el
paso de las generaciones, las “razas” no europeas terminarían por
desaparecer9.
Será recién a comienzo del siglo XXI cuando en las
provincias de San Juan y San Luis, comienza a reconocerse la
existencia de pueblos indígenas y este reconocimiento estará
asociado a la implementación de una serie normativas por medio
de las cuales los gobiernos provinciales consagran parte de los
derechos de los pueblos originarios, a nivel local. Al respecto,
María Celina Chocobare (2013) define como “tutelares” este
tipo de políticas emprendidas por el estado, siguiendo el
análisis de Antonio de Souza Lima para el caso de Brasil. Se
trataría de políticas gubernamentales destinadas a poder tutelar a
diferentes movimientos de auto adscripción indígena de familias
perteneciente a los pueblos ranqueles y huarpes, otorgándoles así
el status jurídico de “indígenas”.
9 En el caso Huarpe, además, predomina el mito de “desaparición
huarpe”, fundamentada en diferentes construcciones históricas como la
“invasión incaica”, y más tarde la asimilación a la sociedad blanca en
términos de “mestizaje”, procesos de migración. A esto se le suma un silencio
historiográfico y etnográfico en la región de Cuyo, que contribuyó durante
mucho tiempo a la legitimación de una narrativa oficial de “extinción”,
silenciando otras fuentes históricas, y la presencia y lucha de las comunidades
Huarpes en la región (Escolar, 2003).

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El carácter de tutelar surge de la acción política del estado
que define a estos colectivos como “desprotegidos”, susceptibles
de ser sujetos a la acción estatal, reconociendo derechos especiales,
a modo de reparación histórica. Chocobare (2013)argumenta que
estas políticas estatales funcionan no sólo como mecanismos
de inclusión al otorgarles beneficios sociales, sino también de
diferenciación, ya que les considera destinatarios especiales con
una “deuda histórica”.
En San Luis se elaboró un corpus normativo que legalizó
las acciones de administración y de regulación de estas familias
“adoptadas” por el estado como “ranqueles” y “huarpes”. Estas
acciones incluyeron un conjunto de tierras cedidas por el
gobierno, la construcción de viviendas, el traslado de las familias
a esas zonas y el otorgamiento de subsidios económicos10.
Estas políticas de reconocimiento se confrontan con otras
desplegadas por el gobierno de San Luis. Junto al reconocimiento
de los pueblos indígenas y sus derechos, el gobierno provincial
despliega el discurso político de unidad bajo la noción de
“puntanidad”. Esta palabra procede del gentilicio “puntano/a” y
su origen se remonta al nombre que se le asignó a la ciudad en el
contexto de su fundación: “San Luis de la Punta de los Venados
Nueva Medina del Río Seco”. Es relevante señalar que hasta el
siglo XXI este adjetivo designaba únicamente a los habitantes de
la ciudad Capital, sin embargo, en los últimos años el gobierno
10 Se crean así dos comunidades bajo la figura de “municipios”, una
al sur de la provincia para los ranqueles y otra al norte para los huarpes,
efectivizadas mediante el decreto Nº V-0600-2007. En cada uno de ellos se
construye una escuela digital y un hospital, además de viviendas para sus
pobladores. Quedan por fuera de esta política las comunidades comechingonas,
como una diversidad de comunidades originarias urbanas y rurales.
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�Arce, Campos, Palma, Ya Umuk, Jofré, Gómez, Stinga, Núñez / Notas para interculturalidad

comenzó a usar este gentilicio para designar a todos los habitantes
de la provincia de San Luis.
Bajo la lógica decimonónica, la puntanidad confronta a los
puntanos con los no-puntanos, los locales versus los extranjeros.
Ahora bien, siguiendo la lógica histórica del Estado Argentino,
desde principios del siglo XXI se acentúa la distinción entre
puntanos legítimos, es decir descendientes de europeos y los
“otros internos”, los ranqueles, huarpes y comechingones. Como
sostienen Celeste Romá y Ramón Sanz (2018), en la discursividad
tutelar del estado puntano, estos “otros internos” son “rescatados”
de la sombra histórica gracias a la acción gubernamental y, al
mismo tiempo, se los emplaza fuera del paraguas de la puntanidad.
En este marco, con el desplazamiento poblacional hacia las
tierras cedidas por el estado provincial, la pretendida reparación
histórica se configuró a partir de una lógica de poder que asimiló
la identidad cultural a un territorio geográfico específico. Como
se señala más arriba, esta asimilación se gestionó desplazando a
“algunas” familias de origen huarpe y ranqueles (excluyendo a
los pueblos Comechingones) a tierras estatales baldías donde no
había asentamientos humanos. Junto con este desplazamiento, el
estado les impone una estructura burocrática basada en la lógica
del estado moderno, bajo la figura de municipio rural11.
11 Esta situación de “acompañamiento” (como ellos lo definen)
si bien, les permitió valiosos procesos de formación etnopolítica, dejó
vulnerables a las comunidades no Pinkanta frente al acceso a determinados
recursos económicos y derechos jurídicos que otorga dicho documento
oficial. Por este motivo, entre otros, se generaron situaciones de fricciones al
interior de estas grupalidades, en cuanto a la mayor legitimidad de unas en
desmedro de otras, siendo el estado el otorgador de dicho reconocimiento.
Se ha de notar que, si bien, en la ley nacional indígena la autoadscripción es
criterio suficiente para el pleno reconocimiento como pueblo originario, en

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Junto con estas acciones, San Luis incorpora la dimensión
étnica a las políticas sociales asistenciales ya existentes. De
esta manera, a los habitantes auto reconocidos indígenas se los
incorpora a los planes de ayuda social del estado. Generando una
dependencia vital de las comunidades al gobierno de turno (en
manos de la misma familia desde 1983).
En relación a estos procesos, acordamos con Rita Segato
(2002) quien argumenta que es necesario distinguir entre una
diferenciación de alteridades históricas e identidades políticas.
Esta distinción resulta pertinente ya que esta gobernanza de
corte neoliberal, como la define Briones (2008), paradójicamente
promueve una politización de las identidades en un contexto
de retiro del estado en materia de responsabilidad social y
política. En consecuencia, este tipo de política tutelar enfatiza
en el reconocimiento de derechos particulares a determinados
sectores sociales en desmedro del reconocimiento de los derechos
económicos y de su autonomía.
Un efecto particular de esta lógica del ordenamiento social
de la diversidad consiste en que el estado reconoce determinadas
parcialidades como indígenas, mientras que otras quedan por
“fuera” de dicho estatus jurídico.
Ahora bien, lo descrito hasta aquí no implica que los
procesos de reconocimiento se restringen sólo a la esfera
gubernamental (Calderón, 2015). Por el contrario, en San Luis
muchas familias y comunidades originarias urbanas y rurales
que no fueron reconocidas por el estado provincial comenzaron
los circuitos burocráticos, el poder legal es un criterio excluyente muchas
veces del acceso pleno a determinados derechos, programas y subsidios
económicos.
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�Arce, Campos, Palma, Ya Umuk, Jofré, Gómez, Stinga, Núñez / Notas para interculturalidad

a llevar adelante procesos de visibilización indígena en la esfera
pública.
Este es el caso de varias comunidades huarpes entre las
que se encuentran las comunidades Palma-Ayayme, la comunidad
Cuchi Funes, Chutrum, entre otras. La agrupación huarpe urbana
Palma-Ayayme viene luchando desde 2014 por la tramitación de la
personería jurídica nacional en el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI, por su sigla) y por su inscripción en el Registro
Provincial de Comunidades Originarias (creado en 2008 bajo el
Decreto Ley Nº V- 613-2008). Lo mismo sucede con las familias
huarpes de la comunidad rural Cuchi-Funes [Territorio-Funes]
que, al sufrir la expropiación de tierras con fines turísticos por
parte del estado, también comenzaron procesos de producción
de visibilidad y una lucha etno-política por el reconocimiento. En
el mismo derrotero transita la comunidad Chuntrum que habita
en las cercanías de San Francisco del Monte de Oro, hacia el norte
de la provincia.
Las tres comunidades acompañaron desde el año 2010
a las familias pertenecientes al pueblo Huarpes Pinkanta de la
ciudad de San Luis en la lucha por los derechos indígenas, la
recuperación de prácticas ancestrales (como lo denominan los
comuneros), y la valorización de la identidad étnica a nivel local.
La comunidad Pinkanta está integrada por más de 70 familias
huarpes que viven en distintas áreas rurales y urbanas de Cuyo,
es decir, en los territorios bajo la administración de las provincias
de Mendoza, San Juan y San Luis.
Como estrategia de producción de visibilidad, durante los
años 2017 y 2018, estas comunidades desarrollaron un proyecto de
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educación intercultural con “talleres huarpes” en escuelas de nivel
inicial, primario y secundario de la ciudad de San Luis. Los talleres
se desarrollaron en tres Escuelas Públicas Autogestionadas (EPA
15 “Polo Godoy Rojo”, EPA 16 “María Delia Gatica de Montiveros”
y EPA 17 “Quintina Acevedo de Mendoza”).
Durante ese período la directora general de estas escuelas
públicas autogestionadas aceptó llevar adelante el desarrollo
de “talleres huarpes” remunerando a los docentes indígenas.
Estos talleres estuvieron a cargo de diez maestros y maestras
tradicionales que dentro de las comunidades huarpes se
denominan Taytas.
El trabajo con niños en dichos talleres de cantos,
genealogías familiares y juegos, entre otras dinámicas grupales,
generó el auto-reconocimiento público de 300 estudiantes, de un
total de 1300 que concurren a las escuelas. De ese grupo, 21 niños
y niñas dieron su compromiso a la simbología Huarpe Pinkanta,
el mismo día en que junto al resto de los alumnos de cuarto grado
de primaria realizaron su promesa a la bandera a la Argentina.
Este hecho se constituyó en un hito histórico en la región de
Cuyo (Redacción M24, 2018).
Esta experiencia de trabajo en una escuela periférica de la
ciudad llevó a este grupo de Taytas a acercarse a la Universidad
Nacional de San Luis a principios del 2018, con la necesidad de
solicitar al Departamento de Educación y Formación Docente de la
Facultad de Ciencias Humanas, el asesoramiento pedagógico para
la creación de una escuela pública huarpe en la ciudad de San Luis.
En el apartado que sigue, abordaremos en profundidad
este proceso de acercamiento a la universidad.
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2. Notas sobre la interculturalidad en la Universidad Nacional de San Luis
En 2018, un grupo de representantes de comunidades huarpes
urbanas se acercaron a la Universidad Nacional de San Luis
(UNSL) con el motivo de solicitar asesoramiento pedagógico
para presentar un proyecto de escuela autogestionada indígena
al Ministerio de Educación de la provincia de San Luis. Este
acercamiento a la universidad fue impulsado principalmente por
una Tayta, - “como se les llama a los maestros indígenas huarpes
pinkanta”-, que a su vez era estudiante de la carrera de Educación
Especial. Una estudiante que tiempo atrás había sufrido violencia
simbólica cuando un profesor, repitiendo el mito de extinción,
aseveró que “los huarpes no existen”. Frente a esto, la estudiante
pinkanta pidió la palabra y afirmó “los huarpes estamos vivos”,
causando un revuelo en dicha clase. Esta situación fue conocida
por algunos docentes del Departamento de educación, que
defendieron a la estudiante y articularon la posibilidad de trabajar
con pueblos originarios en el Centro de Prácticas Pedagógicas
y Socio-comunitarias (CPPSC) de la Facultad de Ciencias
Humanas.
Este Centro es un espacio de intercambio entre la
Universidad y la Comunidad, creado el 15 de septiembre de
2016 desde la Facultad de Ciencias Humanas, dependiente de la
Secretaría de Extensión, Secretaría Académica y la Secretaría de
Ciencia y Técnica de la UNSL. El Centro tiene por objetivo la
articulación entre los diversos espacios curriculares que buscan
relacionar la producción de conocimientos con la transformación
de la realidad social, fortaleciendo de este modo el compromiso de
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la universidad con la comunidad. La principal intención del centro
es promover el compromiso académico-político de docentes y
estudiantes con la comunidad, para favorecer la formación crítica
social. En su estructura, el Centro está organizado por líneas de
trabajo.
Desde el Centro de Prácticas se conformó entonces un
equipo de trabajo interdisciplinario para el abordaje de la demanda
de las comunidades, consolidando la línea de interculturalidad
dentro de la universidad. Entre abril y julio de 2018 se realizaron
jornadas semanales de trabajo, donde las propuestas y objetivos
de la línea se fueron modificando acorde al proceso de mutuo
conocimiento entre el equipo de docentes, estudiantes y las
comunidades huarpes antes señaladas.
Una de las primeras limitaciones en la elaboración de
una propuesta de escuela autogestionada indígena, fue la falta de
titularización estatal de nivel secundario de muchos integrantes
de las comunidades. Esta necesidad se convirtió en un paso
prioritario para que los “Taytas” pudiesen trabajar en el sistema
educativo formal en iguales condiciones laborales que los demás
maestros y profesores no indígenas.
Se debatió por aquel entonces la posibilidad de la creación
de una diplomatura, de una tecnicatura y una licenciatura
intercultural para los Taytas huarpes y todas las personas que
pudieran estar interesadas en la recuperación de las identidades
indígenas. Cada una de estas instancias formativas fue evaluada
de manera conjunta, en sus beneficios y limitaciones. Se analizó
a su vez las normativas internas de la universidad, los requisitos
y procedimientos para la acreditación de las propuestas, tanto
desde el punto de vista del sistema educativo provincial como
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�Arce, Campos, Palma, Ya Umuk, Jofré, Gómez, Stinga, Núñez / Notas para interculturalidad

nacional. En este marco, se consideraron otras experiencias
universitarias con pueblos originarios.
Desde esta línea de interculturalidad, se llegó a la idea de
la firma de un Convenio-marco de trabajo entre comunidades
originarias y universidad. Finalmente, el 18 de junio de 2018 se
firmó un convenio Marco de Cooperación entre la Universidad
Nacional de San Luis y la Comunidad Pinkanta del Pueblo Nación
Huarpe12. Acuerdo que habilitó un marco legal de reconocimiento
institucional de cooperación mutua e intercambio recíproco,
enmarcado en la Constitución Nacional de 1994 y la legislación
relativa a los derechos indígenas.
La presencia de las comunidades generó un conjunto
de acciones desde la docencia involucrada. Es así que, luego
este mismo convenio fue suscrito por la Facultad de Ciencias
Humanas de la UNSL, invitando a otras unidades académicas a
unirse al mismo. En este marco, se organizaron una diversidad
de actividades conjuntas que incluyeron asesoramientos
pedagógicos-antropológicos, acompañamiento y participación
en la realización del año nuevo huarpe en el Territorio Tripartito
del Junquillal13 y la organización de un Encuentro Intercultural
de Educación Intercultural, realizado en noviembre de 2018. En
12 Este convenio fue firmado por el entonces rector de la Universidad
Nacional de San Luis, Doctor Félix Nieto Quintas y el Omta Samay Pachay
Miguel Roque Gil, autoridad tradicional de la Comunidad Pinkanta, en
el salón de los escudos de la UNSL, siendo definido el mismo como un
convenio histórico para la institución y para el pueblo nación Huarpe, desde
una concepción “inclusiva” de las diversidades. En dicha ocasión, el rector
mencionó que la universidad tenía una “deuda de años” hacia los huarpes.
13 El año nuevo huarpe de la comunidad pinkanta se realiza entre los
días 23 y 30 de agosto de cada año en el territorio tripartito del junquillal, que
abarca las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan.

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dicho encuentro se problematizaron diferentes temáticas, entre
las que destaca la propuesta de “una universidad inclusora de
carreras indígenas; experiencias en educación intercultural
bilingüe; desafíos de la interculturalidad y aportes a la
descolonización; e incorporación curricular de la cosmovisión
indígena”.
En septiembre de 2019 se llevó adelante el segundo
Congreso Nacional de Educación, Universidad y Comunidad,
que llevó por título “Discursos y prácticas sobre la Educación
Pública en la UNSL” (conocido como EDUCO-2019). En ese
evento se incluyó un eje de intercambio sobre pueblos originarios
denominado “Educación intercultural bilingüe” que contó con la
participación de especialistas de diversas universidades con una
extensa trayectoria en la temática14.
En diciembre de ese mismo año, se lanza el Programa de
Pueblos Originarios - UNSL, conformando un nuevo equipo de
trabajo respaldado por un comité internacional de referentes
académicos en la problemática, e integrantes de la comunidad
Huarpe Pinkanta15.
El Programa, según la página institucional de la UNSL,

14 Como la Dra. Elena Achilli y la Magister María Claudia Villarreal,
integrantes del Programa de Antropología y Educación radicado en el CEACU,
de la Universidad Nacional de Rosario.
15 En el marco de la elaboración del programa de pueblos originarios,
el Dr. Daniel Mato (Director de la Cátedra UNESCO de interculturalidad y
Red ESIAL- UNTREF), brindó una conferencia referida a pueblos originarios
y educación superior, y asesoramiento para la elaboración de dicho dispositivo
institucional.
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(..) se erige y configura como un espacio para generar y sostener la formación pluricultural y plurinacional, recuperando,
fortaleciendo e innovando en los saberes, conocimientos y en
las ciencias de los pueblos indígenas de Abya Yala, a través del
diálogo intercultural e inter-epistémico de carácter complejo
que contribuya a la construcción de una propuesta de educación superior decolonial. (Secretaría de Relaciones Interinstitucionales UNSL, 2019)

Entre los objetivos que se propone el programa figura el
fomento de proyectos, la articulación con redes universitarias en
materia de pueblos originarios, la formación en temas específicos
y líneas de acción referidas a la medicina ancestral, “la pedagogía
intercultural bilingüe, el arte indígena, los procesos lingüísticos
y culturales, y las espiritualidades y cosmogonías indígenas”
(Secretaría de Relaciones Interinstitucionales UNSL, 2019).
Al respecto, Daniel Mato (2019) en una sistematización
de diferentes experiencias interculturales de Educación Superior
en América Latina, reconoce que estos convenios de co-ejecución
entre universidades y comunidades indígenas son excepcionales.
Agrega además que, si bien las universidades habilitan la creación
de programas especiales, estos espacios no dejan de estar exentos
de diferencias y conflictos. Por este motivo surge la necesidad
de negociar objetivos e intereses. Diálogos que se vuelven
fundamentales para el sostenimiento de los acuerdos.
De este breve recorrido de la institucionalización
de ciertas políticas y dispositivos en torno a la diversidad
cultural en la universidad, queremos dejar en consideración
dos situaciones que nos permitieron ir construyendo ciertas
miradas críticas sobre los usos de la diversidad (Sinisi, 1999) y de
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la interculturalidad en estos espacios formativos. Por un lado, si
bien la firma del Convenio-Marco permitió visibilizar el racismo
epistemológico (Mato, 2019) y la ausencia de problematización
sobre las diversidades étnicas en UNSL, la misma operó como
un catalizador de las diferencias y jerarquías al interior de las
mismas comunidades huarpes.
Efectivamente, la mayoría de las comunidades huarpes
que acompañaron todo el proceso de producción y redacción de
dicho acuerdo, quedaron por “fuera” del convenio en términos
legales. Precisamente, este acuerdo se firmó oficialmente sólo
con una comunidad huarpe, la comunidad Pinkanta. Las demás
comunidades no fueron reconocidas, ni mencionadas, a expensas
de haber sostenido la posibilidad de la realización de dicho
convenio histórico.
Esta situación fue percibida por quienes integran las otras
comunidades como una “traición”. Una persona perteneciente a
la comunidad Palma Ayayme, frente a esta situación, expresó “a
mí la universidad me traicionó”, haciendo referencia a esta doble
invisibilización por parte del estado, esta vez representado por la
universidad.
Contradicción y repetición de esquemas coloniales
Desde este complejo proceso, en el horizonte institucional,
emergen algunas reflexiones necesarias desde el trabajo colectivo
de quienes escribimos estas notas. En primer término, resulta
evidente que la conformación de un equipo interdisciplinario
para el trabajo intercultural desde la universidad mostró posturas
divergentes en la forma de entender y abordar esta perspectiva.
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Las contradicciones, la repetición de esquemas coloniales
conducen a problematizar lo que se entiende por “perspectiva
interdisciplinaria” ya que ésta no se restringe a la sumatoria de
enfoques disciplinares, sino que debería aportar a la construcción
de una mirada en común.
En segundo lugar, en este entramado de construcción de
vínculos primó una interpretación de la pedagogía intercultural
fundada en viejos culturalismos orquestados bajo discursos
políticamente correctos de “lo decolonial”. Se impuso una
performatividad teórica (Briones, 2020) sobre lo decolonial
sostenida en la mirada neoliberal de la interculturalidad,
reproduciendo así lo que se trataba de deconstruir.
Una de estas contradicciones performativas se manifestó
en la dinámica de trabajo que enuncia un pretendido “diálogos de
saberes” pero que, como advierte Novaro (2006), en general aportó
a una mirada esencialista, folklorizada y estática de los llamados
“saberes ancestrales”.
A su vez, emergieron ciertas visiones dicotomizantes
de lo “intercultural”, que representaban a las políticas estatales
como imposiciones “desde arriba” del estado, versus un campo
de luchas sociales “desde abajo”. En este sentido, Achilli
(2008) propone el concepto de “interculturalidad en acto”,
haciendo referencia a la dimensión cotidiana de las prácticas
interculturales, como un campo complejo de entrecruzamiento
de diferentes miradas, intereses y propuestas, donde se ponen
en juego acuerdos transitorios, y se generan múltiples conflictos.
Interculturalidades que se desenvuelven en el mismo hacer, en los
diferentes y contradictorios sentidos en que los que se configuran
dichas prácticas.
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En este sentido acordamos con Dietz (2017), que un
aporte de la antropología y educación al campo de la pedagogía
intercultural radica en desentrañar las complejas relaciones entre
cultura, etnicidad, interculturalidad y nacionalismo. Es decir,
desmontar ciertos sentidos liberales de la interculturalidad,
problematizando la relación entre estos discursos y sus
respectivas prácticas culturales. Como lo señala el autor, la
operalización de ciertas terminologías antropológicas escindidas
de un marco teórico -metodológico crítico termina reproduciendo
perspectivas relativistas. La noción de diferencia, en ciertos
enfoques pedagógicos, sostiene Czarny (2012) producen un
encierro de los particularismos, que en algunos casos esencializan
las diferencias, mientras que en otros desdibujan los contextos en
que se producen dichas diferencias. En este sentido acordamos con
la autora en la necesidad de trabajar en un abordaje intercultural
que reflexione sobre los modos de producción del conocimiento
disciplinar, la producción de la investigación educativa y las
luchas por la ampliación de la ciudadanía en sociedades plurales.
El desafío permanente consiste en reformular las concepciones
sobre la diversidad y la diferencia cultural y sus laberintos
ideológicos, que nos permitan trabajar en un marco de derechos y
transformación de las asimetrías históricas de poder.
3. Notas sobre la construcción un proyecto de extensión universitaria desde, con y para pueblos originarios
De manera contemporánea a la firma de los convenios entre la
Universidad, la Facultad de Ciencias Humanas y la Comunidad
Pinkanta, un grupo de docentes e integrantes de otras
comunidades huarpes emprendimos un recorrido que pretendía
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ser alternativo.
Un camino que, tal como lo relatan las personas integrantes de
las comunidades, se recorrió por fuera de las murallas institucionales,
“por afuera de la universidad” y en diálogo entre integrantes de las
comunidades, docentes y estudiantes. Un transitar cooperativo, un
muto acompañamiento, que tuvo como sur la recuperación de las
prácticas ancestrales de las diferentes comunidades. En este devenir
colectivo, docentes y estudiantes participaron en las ceremonias
del año nuevo huarpe, celebrado en territorios habitados de
manera ancestral por estas comunidades en un intento común por
recuperar el valor pedagógico de las ceremonias de las comunidades.
Con posterioridad y movidos por la agitada situación política del
estado provincial y los pueblos indígenas, se generó la oportunidad
de compartir el año nuevo ranquel con la participación de las
comunidades huarpes. Una experiencia que abre nuevos horizontes
de diálogos desvanecidos en el último siglo. El compartir entre
docentes, estudiantes y las comunidades huarpes, a su vez, permitió
recuperar los diálogos circulares donde la palabra circula de manera
democrática y rituales a la vez. Espacios que las comunidades
designan como tau-taus.
Entre los años 2018 y 2019 este mismo grupo integrado
por personas de la universidad y de las comunidades, participó
en la recolección de hierbas con fines medicinales y contribuye a
la recuperación de la práctica de la medicina ancestral del pueblo
huarpe. Una práctica que estaba reducida a las personas ancianas
de las comunidades.
Al mismo tiempo, se generaron espacios de encuentros
entre integrantes de comunidades pertenecientes a distintos
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pueblos originarios y estudiantes y docentes contribuyeron a
generar espacios de diálogos con otros espacios de la ciudadanía.
Instancias que algunos integrantes de las comunidades
consideran que fueron un aporte a la construcción de visibilidad
etnopolítica. Al tiempo que, entienden, constituyen el aprendizaje
vertebral de las prácticas interculturales. En palabras de una de
las autoras de este escrito, Ya Umuk, et al. (2023):
Este conocimiento espiritual y político, muchas veces queda
por fuera de lo que se escribe en los textos académicos, pero
representa el contexto afectivo y vivencial desde el cual vamos
construyendo vínculos de trabajo y compromiso mutuo entre
comunidades y universidad. (p.13)

En este contexto de trabajo común, a finales del año 2019,
la Universidad Nacional de San Luis abrió una convocatoria para
la presentación de Proyectos de Extensión de Interés Social (PEIS)
para su ejecución durante el 202016. Fue entonces que se decidió
constituir un equipo con docentes, estudiantes e integrantes de
las comunidades17 que habían quedado fuera del Convenio Marco
del año 2018.
16 El proyecto presentado es el PEIS Nº 04-0620 “Memoria, Identidad
y Educación desde los Pueblos Originarios de Cuyum”. Facultad de Ciencias
Humanas. Universidad Nacional de San Luis. Duración 12 meses (Inicio
marzo de 2020- Finalización marzo de 2021). Fue aprobado por Resolución
del Consejo Superior Nº56/2020.
17 Comunidad Palma Ayayme (Huarpe) San Luis- Mendoza; Comunidad
Cuchi Funes (Huarpe) San Luis; Comunidad Chutum -(Huarpe) San FranciscoSan Luis; Familia huarpe villegas (Huarpe) San Luis- Mendoza- San Juan;
Comunidad Tulián (Comechingón) ; Estudiantes de pueblo originarios que
asisten a la UNSL; Profesores de la UNSL, pertenecientes a distintas carreras
y unidades académicas.
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La decisión de presentarnos como equipo intercultural
se constituía en una estrategia de reconocimiento de estas
comunidades. Un gesto de denuncia ante la exclusión. Al mismo
tiempo, uno de los objetivos que definió la propuesta de trabajo,
esta vez en el marco institucional, comulga con otras experiencias
de extensión con pueblos originarios (Guaymás, et al., 2020;
Abduca, et al., 2015), “trabajar en el acompañamiento de procesos
de reconocimiento identitario y derechos indígenas”. Entendiendo
al reconocimiento, como parte de las dinámicas etnopolíticas de
los pueblos indígenas en esta región del mundo; de sus relaciones
sociales históricas; como también de las tramas de saber-poder
donde se configuran las geopolíticas del conocimiento.
A pesar de configurar un espacio común que contaba con
recorridos en busca de acuerdos, la presentación de este proyecto
no estuvo exenta de contrariedades. La primera está asociada a los
roces entre los tiempos institucionales y los tiempos comunitarios.
Si bien la intencionalidad estratégica era de carácter
política, la presentación del proyecto debía ser consensuada. La
dificultad son los tiempos para crear consensos y el breve período
que se establece entre la convocatoria y cierre de la misma por
parte de la universidad. Plazos regulados por los principios
burocráticos de eficiencia, eficacia y prontitud que no coinciden
con los tiempos de diálogo necesario para trabajar sea con pueblos
originarios, como con cualquier otro sector social.
En este caso, la duración de cada encuentro condensado
por la prisa contrastaba con los tiempos que cada integrante de las
comunidades requería para tomar la palabra18, definir una noción,
18 Esta dinámica grupal es denominada “tautau”por las comunidades

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una propuesta, una idea. La cuidadosa escucha, la necesidad de
traducir códigos y categorías de la normativa en dimensiones
de la vida cotidiana y la gran dificultad que implica condensar
esas dimensiones en una idea sucinta. Temporalidades que se
manifiestan en conflicto permanente incluso en la ejecución y
evaluación del proyecto presentado.
Otra de las tensiones que percibimos giró en torno a
los requisitos formales de presentación del PEIS. Precisamente
porque en la dirección y coordinación del proyecto no podían
participar en pie de igualdad las comunidades y familias
originarias ya que solamente los docentes pueden figurar como
responsables de un proyecto de extensión de este tipo. Esto
despertó duras críticas de parte de las personas pertenecientes
a las comunidades indígenas que entendieron esta situación en
términos de exclusión de sus saberes.
En una reunión una integrante de la comunidad huarpe,
que estudia en la universidad, se manifestó en desacuerdo con
este criterio, argumentado que estaba cansada de “que el indio
siempre esté por debajo del blanco”. Se abría así a la discusión,
consideraciones sobre la hegemonía de ciertos conocimientos
científicos y la deslegitimidad de los conocimientos originarios
en la academia.
La interpelación devino en una pregunta que visibiliza
la problemática, de por qué los profesores podían dirigir un
proyecto con pueblos originarios, si ellos mismos no eran
huarpes, circulo sagrado de escucha, nos permitió reflexionar sobre la forma
de comunicación académica, el uso de palabra muchas veces desigual (incluso
entre varones y mujeres), y sobre los lugares de autoridad epistémica desde la
cual muchas veces se ejerce la locución.
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originarios y además no conocían “la vivencia de ser un
originario”.
Desde la reflexión crítica, Czarny (2012) historiza este
poder de los “saberes de escritura”, refiriéndose a los saberes
científicos y técnicos que se plantean como “universales” en
los espacios educativos, los cuales conforman una ligazón
homologable entre conocimiento científico/conocimiento
universal. Esta forma imperativa en que occidente impone su
racionalidad cognitiva moderna, niega otras formas de conocer y
aprender en este caso los saberes indígenas.
Frente a esta interpelación recurrimos a la señora
Secretaria de extensión Universitaria solicitando la
incorporación de las comunidades en la dirección del futuro
proyecto. La negativa fue rotunda. De esta forma surgió un
primer núcleo problemático en torno al lugar de los pueblos
originarios en los espacios extensionistas, la autoría de ciertas
instancias de producción académica y la visibilización de
una racionalidad epistémica que concibe al conocimiento en
términos de productividad individual, en contraste con la
propuesta de las comunidades originarias que proponían una
dirección colectiva del proyecto.
Mato (2019) refiere a esta situación en las universidades
como racismo epistemológico, es decir la desvalorización o
desprecio de los conocimientos indígenas como saberes no
legítimos de ser enseñados en los espacios académicos, lo cual
constituye nuevos mecanismos de subalternización de los
conocimientos y las personas. La contracara de este “privilegio”
de los saberes científicos es la inferiorización de los saberes
indígenas, populares, de las mujeres etc, lo que Grosfoguel
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(2013) denomina racismo/sexismo epistémico. A esta exclusión
epistémica, se le suman los obstáculos institucionales que
provienen de la poca flexibilidad de los criterios académicos
aplicados por las universidades.
Estas situaciones generaron la reflexión grupal sobre la
necesidad de explicitar nuestros lugares de enunciación, es decir
reubicar las prácticas extensionistas dentro de las geopolíticas
del conocimiento, en tanto lógicas de conocimientos y formatos
preestablecidos en que se realizan dichas producciones. Esto nos
permitió abrir interrogantes acerca de la “colonización interna”
de nuestras propias prácticas extensionistas, dimensionar
las posibilidades dialógicas de cada una, reconstruyendo los
lugares simbólicos y contextuales desde dónde hablamos cuando
hablamos (Arroyo, 2016). Este proceso nos llevó a intercambiar
ideas y explicitar ciertos sentidos y usos de términos como
interculturalidad, cultura, diálogo de saberes, extensión,
territorio, entre otros. En esta instancia reflexiva, se pensó en
buscar otros espacios de trabajo que pudiesen contemplar la
co-dirección de los proyectos y de reconocimiento de la autoría
conjunta.
Frente a esta nueva búsqueda, los tiempos burocráticos
y el trabajo previo realizado, un hermano originario expresó la
necesidad de continuar con la propuesta de extensión, incluso
a sabiendas que su lugar como pueblos originarios quedaría
invisibilizado en la categoría de “Actor social”. Para él, este
proyecto representaba la oportunidad de acceder a cierto margen
de reconocimiento como originario. Marcaba la diferencia con
aquellas comunidades que estaban inscriptas en el INAI, que
habían firmado el acta acuerdo con la UNSL, y que, a su vez,
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tenían ciertas experiencias formativas dentro de la universidad,
en contraste con aquellas que no tenían la posibilidad de acceder
a ninguna de estas instancias. Entendía a la extensión como una
estrategia de búsqueda de reconocimiento institucional-estatal
mínimo, enfatizando que la universidad posee cierto capital
simbólico que les puede ser beneficioso. Es decir, trabajar con
la universidad, les permitía a dichas comunidades posicionarse
en otro lugar dentro del espacio social local, sintetizando esta
idea en una frase recurrente “trabajar con la universidad te da
chapa”. En relación a este punto consensuamos que todo aquello
que se produjese en el proyecto sea en calidad de coautoría,
que se respetase el consentimiento libre e informado como
marco jurídico-ético de las actividades que se generase, que las
comunidades fuesen partícipes activos en todo el proceso de
ejecución del proyecto (elaboración, diseño, implementación
y autoevaluación) y por último, que el compromiso de sostener
dinámicas grupales en donde no existieran jerarquías académicas
entre les integrantes.
Los acuerdos en torno a aquello que se iba hacer y cómo, es
decir los objetivos y metodología del proyecto, implican también
largas discusiones donde se fueron explicitando ciertas lógicas
de trabajo que muchas veces entran en fricción. Se acordó una
metodología desde un “diálogo de saberes” pero en un sentido crítico.
Como advierte Mato (2019), en muchos espacios universitarios esta
forma de trabajo refiere a exposiciones de conocimientos indígenas
o populares de modo “cosmético”, es decir se convierten en nuevas
formas de exotizar ciertos conocimientos y con ello neutralizar
la posibilidad de abrir el debate sobre la dimensión política del
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conocimiento. Para ello se reconceptualiza la noción de “Diálogos
de saberes”, en el sentido que lo propone Achilli (2008), como un
diálogo crítico que habilita a la interrogación, a la contrastación
y a la sistematización de instancias de intercambio grupales. Que
lejos de buscar cómodos consensos, busque desestructurar ciertas
visiones jironadas del sentido común. Es decir, el diálogo entendido
como una herramienta de construcción de los conocimientos, que
lo amplíe, que permita instancias de mayor objetivación de las
ideas, y que produzca procesos de transformación social en los
sujetos que lo llevan adelante.
Partimos entonces de un ideal de “horizontalidad” grupal
como horizonte de trabajo como lo propone Briones (2020),
que interpele la violencia simbólica y abra las posibilidades de
instancias de co- producción, que no pretenda enmascarar las
desigualdades que nos constituyen como sujetos. Por el contrario,
esta meta representa una apertura siempre utópica, que permite
ir problematizando las miradas de cómo entender nuestras
realidades, los procesos formativos de los que hemos sido parte
y las asimetrías de poder de las políticas de conocimiento.
Nos interrogamos en aquel momento cómo ir generando
horizontes de relación que nos permitan objetivar los procesos
de construcción de las alteridades locales, cuestionar las lógicas
de relación históricamente producidas (e inconscientes) que nos
van encorsetando en formas de interactuar en lo público, en lo
académico, en lo comunitario. Formas sociales de relacionarnos,
que tiene el potencial de profundizar o desafiar las jerarquías
históricas, a partir de las cuales se estructuran nuestras sociedades
(Briones, 2020).
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Unas de estas problematizaciones surgieron a partir del
debate sobre la elección de los ejes de trabajo del proyecto, donde
se explicitan criterios diferenciales en torno a la organización
del conocimiento. La lógica disciplinar científica fue disputada
por les compañeres originarios, ya que para elles el abordaje de
las prácticas medicinales, el territorio, la educación (en sentido
amplio), el vínculo con la naturaleza, los marcos normativos que
amparan los derechos indígenas, la historia y memoria de cada
pueblo y cada comunidad, no admitía análisis disciplinaresfragmentarios. Entre los objetivos que fuimos dialogando se
estableció la necesidad: 1) Reconocer, valorizar y defender
los derechos indígenas, dando a conocer, las leyes, las normas
y las garantías constitucionales de los pueblos indígenas. 2)
Recuperar y reconstruir memorias de las familias y comunidades
huarpes urbanas y rurales participantes del proyecto. 3)
Fomentar prácticas educativas interculturales en la universidad.
A su vez, para cada objetivo/eje de trabajo, nos habíamos
propuestoobjetivos específicos, que nos permitieran profundizar
en cada temática proyectada.
Para el primer eje de trabajo: “Pueblos originarios y derechos
indígenas”, la propuesta diseñada fue la de un taller presencial
que abordase las leyes internacionales y nacionales en materia
indígena; los procesos de expropiación de tierras comunitarias
por parte del estado provincial; el proceso de reconocimiento y
adquisición de la personería jurídica del INAI, el derecho al trabajo
y el acceso a las tierras por parte de las comunidades indígenas.
Este eje surgió del reconocimiento, dentro del grupo de extensión,
del escaso conocimiento en general del derecho indígena (en
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particular el estado de situación en la provincia de San Luis).
Se proyectó entonces la consulta con referentes y especialistas
con quienes intercambiar diálogos, saberes y experiencias sobre
estas problemáticas. Para ello se emprendería la búsqueda de
profesionales idóneos en nuestro ámbito local, con el propósito
de que pudiesen asesorar a las comunidades judicialmente,
contemplando la particularidad de cada una de ellas.
El segundo eje de trabajo denominado “Educación Intercultural
Indígena y Bilingüe” contempló la propuesta de trabajar en la
recuperación de experiencias formativas familiares y comunitarias.
Por otra parte, problematizar la ley de educación intercultural
indígena en San Luis y en Cuyo, a partir de la sistematización de
la experiencia de “Taytas Huarpes” (maestros huarpes) en la escuela
EPA 15,16 y 17 de la ciudad de San Luis. A su vez, se planteó la
necesidad de trabajar las efemérides indígenas y su importancia
en la educación como una estrategia de visibilizar diferentes
realidades de los pueblos originarios en la provincia de San Luis19.
Este taller permitiría comenzar a abordar la problematización de la
Educación Intercultural Bilingüe en la provincia. Esta modalidad
educativa fue impulsada desde el gobierno como una política
inclusiva, que se enmarca dentro del proyecto de Escuelas Digitales
llevado adelante por la Universidad de la Punta. Baldivieso y
Carrasco (2004) describen este proyecto como una experiencia
educativa en donde los pueblos originarios tienen poder de
19 En aquel momento se había pensado en una actividad de socialización
de lo trabajo durante el año, en la organización de unas Jornadas de trabajo
en la universidad para el día 11 de octubre, a modo de socialización de la
experiencia grupal, y como forma de concientización del último día de libertad
americana.
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autonomía y decisión, al brindarles una educación del siglo XXI,
con proyectos que articulan la cultura local, con una “ventana al
mundo” a través de internet. Sin embargo, Levratto (2007) marca
una serie de contradicciones en cómo se articulan los saberes
étnicos con los saberes tecnológicos. Visualiza las tensiones que se
generan entre tradición y tecnología, en el modo en que se integra la
alfabetización digital con saberes de la identidad huarpe. El trabajo
con cuero, cestería o de tejidos se incorporaron parcialmente en el
currículum de la escuela, además de la significativa falta de la lengua
originaria en la enseñanza. En este sentido Hecht (2019) señala que
en la Argentina los modelos escolares bilingües, enmarcados desde
programas educativos neoliberales, encubren las desigualdades
socioeducativas, a partir de ciertas políticas compensatorias que, al
focalizar, terminan segregando. Es decir, en un esfuerzo de inclusión
de la diversidad, esta termina por folklorizarse, produciendo más
desigualdad. Es por ello, que en el equipo de extensión muchas
veces surgieron tensiones en torno a la idea “interculturalizar” la
currícula provincial o la idea construir una escuela indígena para
indígenas y no indígenas, que pudiese comenzar a transitar otras
formas de enseñar y aprender la educación formal con contenidos
originarios.
El tercer eje de trabajo Pueblos originarios, memoria e identidad,
tenía como objetivo la recuperación y registro de la memoria e
identidad cultural de las comunidades huarpes urbanas, a través
de la documentación del proceso de revitalización de la práctica
de la lengua, cantos, ceremonias (como el año nuevo huarpe,
entre otras prácticas que eran de interés de les compañeres
originarios). En particular nos interesaba poder registrar las
memorias orales familiares de los integrantes del proyecto,
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con el fin de historizar a cada comunidad y que dicho trabajo
les fuese útil para la tramitación de la personería jurídica. En
dicha instancia se había definido un cronograma de viajes a los
territorios de las comunidades que tenían familiares en zonas
rurales u otras provincias. El propósito general de dichos viajes
era entablar “diálogos intergeneracionales e interculturales” con
diferentes integrantes y representantes de las comunidades en
cuestión. Para ello se habían pautado una serie de entrevistas
a referentes reconocidos de cada comunidad, con el fin de
documentar la memoria viva y la historicidad de cada familia,
visibilizando procesos identitarios, territoriales y etno-políticos.
En relación a este último eje se había pensado un taller específico
de Pueblos originarios y madre tierra, que abordaría la defensa de los
derechos de la naturaleza, la valorización de la medicina natural y
la recuperación de prácticas ancestrales medicinales en el trabajo
con plantas como la jarilla, el chañar y el algarrobo.
En este último aspecto, resulta ilustrativo el argumento
de Mato (2019) en cuanto a la necesidad de cuestionar ciertas
visiones occidentales dicotómicas entre humanidad y naturaleza
presentes en los espacios universitarios. Muchas cosmovisiones
originarias parten de una implicación con el mundo natural, sin
una división tajante entre ambos mundos (pensemos en la visión
de recurso natural, como una mercancía y el concepto de pacha
mama, como una entidad contenedora y generadora de vida).
Estas visiones, afirma el autor, no representan sólo una diferencia
discursiva, sino que implican prácticas concretas asociadas a cada
una de ellas. Por ende, es fundamental el análisis crítico sobre
estas categorías análisis, de ser y estar en el mundo, que conllevan
formas de producir conocimiento, y configuran las coordenadas
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del cómo, por qué y el para qué del mismo. Esta situación relativa
a los conocimientos del mundo vegetal trajo fuertes discusiones
grupales. Los integrantes de la comunidad Palma-Ayayme estaban
preocupados por el patentamiento de las propiedades de la
algarroba por la UNSL, con fines de comercialización en Europa,
por lo cual instaban a la necesidad de reconocimiento formal de
su uso medicinal y espiritual de dicha planta por las comunidades.
Aquí se hizo evidente la contradicción entre la desvalorización
de los saberes indígenas en determinadas áreas del conocimiento
como la social o educativa, y el robo de autorías intelectuales en
otras áreas disciplinares, académicas como la botánica.
Por último, en cuanto a los contextos de producción, es
interesante remarcar que cuando preguntamos a la secretaría
de extensión el monto del financiamiento para el sostenimiento
de este tipo de proyectos, nos sorprendió la precarización de
dicha actividad. En este sentido Mato (2019) advierte que este
aspecto representa un obstáculo no menor, ya que la insuficiencia
presupuestaria atenta contra el sostenimiento de este tipo de
prácticas interculturales, y vulnera a los derechos de los pueblos
originarios en su acceso a la educación, en una larga historia de
incumplimiento por parte de las instituciones del estado. A su
vez, daña las relaciones entre les integrantes del equipo, ya que la
posibilidad de llevar adelante determinadas actividades depende
en muchas ocasiones de contar con un presupuesto económico
para el financiamiento de viajes, producciones, instancias
formativas, etcétera20.
20 La reflexión grupal sobre la problemática del presupuesto, nos llevó
a presentarnos a la convocatoria anual del programa nacional denominado
“Producir”, con el fin de acceder al financiamiento para la compra de

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3. Notas sobre las prácticas de extensión universitaria en
tiempos de pandemia
Con el advenimiento de la crisis sanitaria mundial de la pandemia
del COVID-19 y su impacto en nuestra realidad nacional a partir de
marzo del 2020, dicho cronograma de trabajo se vio drásticamente
interrumpido. Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio,
no se pudieron realizar reuniones grupales presenciales. Nuestras
comunicaciones telefónicas e intercambios por mensajería,
versaban sobre la situación económica y sanitaria de las familias
y comunidades. En el comienzo de la crisis sanitaria, se priorizó
la construcción de redes solidarias con otras organizaciones
sociales y espacios, como el sindicato de docentes universitarios,
para la ayuda alimentaria a les integrantes de las comunidades
que así lo requerían, debido a muchas familias indígenas urbanas
que vivían del trabajo callejero o en negro, no podían circular
debido a las restricciones sanitarias.
Es importante destacar que nuestros objetivos como
proyecto de extensión se vieron fuertemente resignificados e
interpelados en la pandemia. Debatimos entonces los propósitos
y sentidos de las actividades de extensión, como la continuidad
herramientas para la producción de crema de jarilla, con el fin de generar
independencia económica de mujeres originarias. Estuvimos varios meses
trabajando en conjunto con la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad
del estado provincial quien facilitó ciertos trayectos y requisitos burocráticos
para la presentación del mismo. En este sentido acordamos con Briones
(2020) en que muchas veces es necesario saber colocar como prioridad la
agenda de luchas de las comunidades, a pesar de que podamos tener diferentes
perspectivas sobre ciertos programas estatales. Aquí la necesidad económica
de las mujeres se volvió urgente luego de la pandemia, por sobre cualquier
espacio de trabajo universitario.
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o no del trabajo conjunto en dicho espacio. Si bien se valorizó
la presencialidad como forma de trabajo que nos inscribe en una
experiencia vivencial, en tanto vinculación del cuerpo, el espíritu
y el territorio, por parte de mismas comunidades se planteó la
necesidad de seguir trabajando, ajironados a la nueva situación
de distanciamiento social. Se enfatizó en la importancia de no
quedar “aislados” y “desinformados” en momentos de gran crisis
social y económica. Por otra parte, las comunidades manifestaron
que históricamente lo “indígena” siempre ha quedado relegado a
otras “problemáticas” más importantes, por lo cual propusieron
no cortar el proceso de trabajo y evaluar de qué otra forma se
podrían generar actividades conjuntas.
Se propuso entonces generar espacios de diálogos e
intercambios virtuales (whatsapp, meets, llamadas telefónicas),
como forma de mantener una red de información y comunicación
cotidiana. Una de las demandas que surgió al interior del
grupo fue la necesidad de realizar capacitaciones en manejo
de plataformas como meet y zoom, para poder generar dichos
espacios sincrónicos. En vista de esta propuesta, generamos
encuentros virtuales de trabajo y diálogo de dos a tres horas
de duración y con una frecuencia de cada 15 días. También
asistimos a diferentes propuestas virtuales organizadas por otras
universidades, colectivos militantes e instituciones que abordan
problemáticas en torno a los pueblos originarios. Participamos
como proyecto de extensión, a su vez, en distintas instancias
de formación e intercambio como conversatorios, encuentros
virtuales, conferencias, diálogos por meet, de oyentes a cursos de
posgrado etc sobre derechos indígenas y situación de los pueblos
originarios en contexto de pandemia, entre otros.
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Esta participación activa nos permitió ir tejiendo redes
de intercambio con investigadores, militantes y activistas
originarios que cuentan con una trayectoria reconocida en el
campo de la defensa de los derechos indígenas. A su vez, esta
participación nos posibilitó construir una mirada general de la
situación de los pueblos originarios en la Argentina en contextos
de pandemia, identificando procesos socio-históricos y políticos
comunes a los distintos pueblos de nuestro país, como así
también particularidades de nuestro propio territorio. Nuevas
problemáticas en contexto de emergencia sanitaria, visibilizaron
y profundizaron históricos procesos de discriminación, exclusión
y violación sistemática de los derechos que vienen sufriendo los
pueblos originarios desde hace décadas.
En la segunda mitad del año, este proceso formativo
de participación en diferentes espacios de intercambio como
equipo de extensión, nos impulsó a la idea de llevar adelante
dos conversatorios virtuales con el objetivo de reflexionar sobre
algunos de los ejes temáticos que nos habíamos propuesto
en el inicio del proyecto. En el primer conversatorio virtual21
denominado “Guatay yka tumtaguay Cuyum chumanyy kuchi”
21 Mediante la Resolución nº 650, se protocolizó el conversatorio
llevado adelante el día 10 de octubre de 2020, el cual contó con entre otras
participaciones con la disertación de la Amta Argentina Quiroga, Autoridad
filosófica del pueblo Huarpe de la provincia de San Juan, quien comenzó
historizando la lucha de más 500 años de los pueblos originarios en nuestro
continente hasta llegar a nuestros días y el significado de la pandemia en
relación al ecocidio hacia la madre tierra y los ciclos de la naturaleza. Es
interesante remarcar que la actividad contó con la participación de más de
60 asistentes entre profesores, estudiantes y público en general. Número
significativo si tenemos en cuenta la ausencia de abordaje de esta temática en
nuestra universidad.
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(Memorias e Identidades en el territorio del Cuyum) se trabajó
el significado del 12 de octubre (Día de la diversidad cultural)
y la conmemoración simbólica del 11 de octubre (Último día de
soberanía americana) desde una perspectiva intercultural crítica.
En la fundamentación del conversatorio nos propusimos abordar
la “memoria e identidad” en el marco de los 528 años desde la
interrupción violenta de la autonomía y libertad de los pueblos
que habitaban y habitan este continente. Más de cinco siglos
pasaron desde el último “Grito de Libertad” (como reivindican
las comunidades originarias). En este proceso de dominación
colonial, occidente se adjudicó el poder de nominar a los
pueblos originarios, desde perspectivas racistas y eurocéntricas,
a partir de nociones supra étnicas como “indios”, “indígenas”,
“aborígenes”. Subsumiendo, de esta manera, la pluralidad de
pueblos americanos en una otredad inventada e inferiorizada.
Es por ello que entre los propósitos del conversatorio nos
propusimos generar un espacio de diálogo intercultural sobre
los procesos de memoria e identidad de los pueblos originarios
del Cuyum. Así como también, valorar las voces de referentes
indígenas y de investigadores comprometidos con la temática en
la región. De allí que esta propuesta nos llevó a reflexionar acerca
de las dinámicas etnopolíticas de las comunidades y pueblos
indígenas y los procesos de construcción de la memoria (Jelin,
2005). Se hicieron evidentes entonces las disputas en torno a
los sentidos políticos de un acontecimiento histórico como el 12
de octubre. Si bien en San Luis se reconoce el día 11 de octubre
como el último día de libertad de los pueblos originarios22, en la
22 Ley No V-0639-2008. Declara el Día 11 de Octubre de 1492 como

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mayoría de las escuelas públicas dicha efeméride se conoce como
el “Día de la diversidad cultural” desde visiones culturalistas,
que celebran el respeto y tolerancia a lo distinto. La necesidad de
politizar los sentidos en torno esta fecha histórica, lo podemos
pensar siguiendo a Villarreal y Greca (2016) como un campo
de disputas por la legitimidad de ciertas representaciones en
torno al pasado. Los cuales no son un hecho aislado, sino que se
encuentran en estrecha vinculación con demandas más amplias
de reivindicación de derechos. En los conflictos por los regímenes
de visibilidad étnica (Katzer, 2010), la crítica a las narrativas
hegemónicas de la desaparición de los pueblos originarios, se
vuelve esencial como estrategias de lucha por el reconocimiento
actual.
En este sentido les compañeres huarpes, identificaban
que esta fecha ejercía una triple invisibilización, por un
lado, en la vigencia del relato hegemónico de la conquista y
colonización, donde los europeos se convirtieron en “héroes
aventureros” y los originarios en “salvajes o bárbaros”,
quedando así su existencia asociada a un pasado lejano (están
desaparecidos, o se extinguieron). Esta narrativa, sin embargo,
continúa operando en el presente, exigiéndoles dar cuenta de su
identidad (frente a la sospecha de que sean “indígenas truchos”
o “descendientes”), en la exacerbación de una diferencia que
legitime su distinción de “indígena”. A su vez, identificaron
un reconocimiento folklorizado, por el cual a muchos de ellos
les invitaban a dar charlas en las escuelas, pero sólo para
dicha fecha. Situación que elles criticaban bajo el argumento
“último día de libertad de los pueblos originarios”.
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“nosotros somos indígenas los 365 días del año, no sólo para
el 12 de octubre”. En los procesos nacionalistas, afirma Dietz
(2017) la temporalización es una estrategia hegemónica del
Estado-nación, que consiste en construir un relato ficcional de
un pasado común e ideal del proyecto nacional. De esta forma,
se institucionaliza una memoria legítima, al mismo tiempo
que una “amnesia colectiva”, es decir un “olvido” fundado
en el silenciamiento y desautorización de todas las demás
memorias colectivas (IBIDEM), por ende el propósito de
dicho conversatorio era habilitar otras memorias largamente
silenciadas en los espacios universitarios.
Por último, es interesante remarcar que la organización,
la elección de los disertantes, y la moderación de la actividad
estuvo a cargo de las comunidades originarias, colaborando
los docentes y estudiantes integrantes del equipo con
cuestiones técnicas y de ciertos circuitos de formalización
y protocolización. Durante la planificación del encuentro
surgieron diferentes lógicas de organización del trabajo, como
lo fue la elección del día de la actividad (día sábado). Algunos
docentes proponían que se realizará un día de semana de tal
forma de tener mayor cantidad de asistentes, mientras que
un compañero originario manifestó que una de las oradoras
la Amta23 Argentina Quiroga “trabaja con la luna”, por lo cual
el criterio de elección no debía ser un día de semana, sino la
23 Amta es una voz que procede del idioma Huarpe-Allentiac que en la
actualidad describe a la Autoridad Filosófica Espiritual del Pueblo Huarpe del
Kuyún. En su variante Huarpe-Millcayac toma la forma de Omta y en otras
regiones se pronuncia Umta. En el contexto actual, se suele emplear la primera
variante, Amta, cuando la autoridad es una mujer.

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energía de los astros. Esto nos llevó a interpelarnos ciertas
concepciones temporales que construimos cotidianamente
en la academia, y la finalidad de ciertas actividades, es decir
si la prioridad era tener mayor cantidad de asistentes o si era
trabajar en una “verdadera interculturalidad” como lo definían
les compañeres originarios, remitiendo a nuestra capacidad de
descentrarse de ciertas lógicas académicas crono céntricas y
racionalidades eficientistas.
El segundo conversatorio24 denominado “Mujeres Indígenas:
Derechos y participación” tenía como propuesta deconstruir ciertas
miradas esencialistas de los pueblos originarios, a partir de convocar
al intercambio de diferentes experiencias de participación política
de referentes comunitarias que se auto perciben como “Mujeres
indígenas”. Las mismas estaban organizadas y con una activa
militancia desde su posición de mujeres dentro de las comunidades,
pero excediendo la lucha ampliamente por fuera de ellas (Gómez
y Sciortino, 2015). Es por ello que se partió de la importancia de
generar espacios de visibilización y reflexión sobre la complejidad
de las dinámicas de opresión que intersectan no sólo la dimensión
étnica, sino también la de género y clase. En esta mirada compleja y
multidimensional de la identidad étnica, el género representa otra
lógica de poder que difícilmente podamos omitir en el abordaje
de las dinámicas interculturales. Stolcke (2004) afirma que no
24 Resolución nº 650. El día 17 de noviembre tuvo lugar el conversatorio,
participando una diversidad de mujeres referentes de diferentes comunidades
originarias y una especialista en la temática como lo fueron: Juana López
(Autoridad de la Comunidad “Hijos del Sol” – Pueblo Nación Comechingón),
Nadia Celia Goméz (Representante CPI San Juan – Pueblo Nación Warpe del
Cuyum), Ange Cayuman Valderrama (Periodista Mapuche) y Ludmila Rizzo
(Antropóloga de la Universidad Nacional de Rosario).
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se trata de sumar categorías analíticas como la clase, la etnia y el
género sino de comprender el cómo y por qué la intersección entre
estas dimensiones produce experiencias diferenciales y desiguales
de poder.
En los últimos años, la participación de las mujeres
indígenas ha ido ganando mayores espacios de visibilización, no
sólo en el terreno de las políticas públicas sino también como
objeto de indagación académica. Rizzo (2018), reseñando los
diferentes estudios sobre la participación femenina indígena en
latinoamericana, señala que ciertas investigaciones relacionan
este proceso de creciente participación a un contexto de
mayor acceso a la educación formal, de constitución de sujeto
beneficiario de políticas públicas y género, de trabajo en
organizaciones de mujeres, y en espacios de representación
política nacional e internacional. Por otra parte, la autora nos
advierte que el acceso de las mujeres indígenas a la justicia y
derechos estaría enmarcada en una lucha doble, dentro de
sus propias comunidades -demandado por sus derechos como
mujeres- y hacia el Estado, -en repudio a las violaciones a los
derechos colectivos de sus pueblos-. En la Argentina existe una
escasa investigación y abordaje académico en la temática, a lo cual
se le suma como lo advierten Mariana Gómez y Silvana Sciortino
(2015), la persistencia de análisis de una visión esencialista de
las identidades, que niega la dinámica compleja de la condición
de género en su interseccionalidad con la dimensión étnica, y
encasilla principios de división del mundo en una dicotomía
“indígena” u “occidental”. Estos enfoques no toman en cuenta
procesos de misionalización, escolarización, o las nuevas formas
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de racialización, explotación laboral y procesos de participación
política, que reconfiguran la dinámica de las identidades étnicas
en estas últimas décadas. Estos abordajes no hacen otra cosa
que generar imágenes “reificadas” de las mujeres indígenas,
que operan desde un ideal de “mujer indígena” que no permite
la visibilidad de los contextos de violencia y exclusión en sus
espacios cotidianos y de participación política y social.
En este sentido, Dietz (2017) sostiene la necesidad de
un enfoque multidimensional y de perspectivas múltiples para
el estudio de las identidades en su relación con la diversidad
cultural. El abordaje de la diversidad debe apuntar al estudio
de las dinámicas interseccionales, que se encuentran presentes
en los procesos de construcción de identidades, así como en sus
transformaciones. Estas dinámicas producen desigualdades,
discriminaciones y estigmatizaciones diferenciales (racismo,
sexismo, clasismo), por lo cual la situacionalidad e historicidad
de dichos procesos debe ser primordial en un enfoque
intercultural crítico en los espacios universitarios para no caer en
viejos (pero siempre renovados) culturalismos. Es por ello que el
conversatorio tuvo por objetivo generar instancias de reflexión
y deconstrucción de estas representaciones esencialistas y
reificadas de las mujeres indígenas, fomentando el debate entre
ellas, el mundo académico y la militancia feminista. Si bien se
buscó identificar diferentes posicionamientos, y lugares de
enunciación (representativas de los diferentes procesos de
lucha de las mujeres), también se problematiza la necesidad
de encontrar ciertos contextos convergentes que permitieran
construir estrategias conjuntas para desmontar dichas
dinámicas de opresión. Finalmente, el proyecto culminó en
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marzo del 2021, ya retomando algunas instancias presenciales,
realizamos un balance y puesta en común de lo trabajado
durante el 2020.
Palabras finales
Las familias y comunidades originarias urbanas de la provincia
de San Luis que se autoreconocen Huarpes vienen luchando hace
más de una década por el reconocimiento público legal de su
existencia cultural, el cumplimiento y ampliación en materia de
derechos indígenas, como por su autonomía política, económica
y cultural. En la formación nacional de las alteridades locales
(Briones, 2008) persiste un imaginario hegemónico de la “no
existencia” de pueblos originarios en las ciudades. A esto se le
suma la ideología racial de la blanquitud, por la cual aquellos
que son reconocidos, son conceptualizados como descendientes
de indígenas, por lo cual se representan como “menos indios”,
o en el peor de los casos “indios truchos”. Estos procesos de
negación, exclusión, discriminación y estigmatización, por
parte de la sociedad, se ven acompañados paradójicamente de
la implementación desde el 2006 de políticas multiculturales
por parte del estado provincial, que regulan y administran las
diversidades/desigualdades locales.
Sin embargo, en los últimos años, han tenido lugar
procesos de visibilización política de comunidades indígenas
que disputan territorios (materiales y simbólicos) al estado
provincial. En este contexto las comunidades perciben la
vinculación con la universidad como parte de un proceso más
amplio de lucha por el cumplimiento de derechos en materia
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de educación, pero también como estrategia de reconocimiento
y legitimación de sus saberes, sus memorias e identidades. El
espacio de extensión, constituido desde una mirada crítica, nos
permitió ir construyendo diálogos problematizadores, que nos
fueron llevando por un camino sinuoso de reflexión sistemática
y colectiva que generó procesos de re-politización de las
prácticas extensionistas (Erreguerena, 2022). No obstante, falta
mucho por deconstruir, pensar y repensar, y volver a edificar en
nuestros espacios universitarios para la incorporación de mirada
intercultural crítica (Walsh, 2010). El racismo epistemológico
y los múltiples socio-centrismos continúan presentes en los
discursos y prácticas cotidianas en el sistema superior. A
esto se le suma la sedimentación de ciertas lógicas de relación
social herederas de las políticas neoliberales en la universidad,
que fueron cristalizando formas de trabajo fragmentadas,
credencialistas y en muchos casos extractivistas de las prácticas
académicas que trabajan con sujetos subalternizados.
Es por ello que a lo largo del proyecto de extensión hemos
intentado construir una lógica de trabajo grupal intercultural,
donde primen ciertos acuerdos inquebrantables como la
participación igualitaria, la explicitación de las relaciones
de poder y el conflicto en la cual se llevan adelante nuestras
interacciones, la “horizontalidad” grupal como utopía productiva
(Briones, 2020), la circulación de la palabra, la co-autoría, el
consentimiento libre e informado, la toma de decisiones conjunta,
y el lugar de la expresión de los pensamientos, sentimientos y
espiritualidades.
El cuestionamiento profundo a las prácticas esencialistas
de las identidades étnicas en nuestra universidad nos interpela
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y desafía para ir construyendo una “vigilancia culturalista”,
de ciertas miradas exótizantes (incluso de desigualdades
maquilladas como diversidades), de miradas racistas e
inferiorizantes de las diversidades en los espacios universitarios.
El diálogo reflexivo nos movilizó al debate minucioso sobre
los objetivos de cada actividad planteada, desnudando microprácticas cotidianas donde la matriz colonialista continúa
presente en la académica. Por último, consideramos que este tipo
de proyectos aporta a la reflexión (o al menos ilumina pistas para
hacerlo) en torno a la compleja búsqueda de construir espacios
interculturales críticos en la universidad, comprometidos con
la ampliación de derechos indígenas y la transformación de las
desigualdades históricas.

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�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

https://www.studocu.com/es-ar/document/instituto-superior-de-formacion-docente-y-tecnica-en-arte-y-comunicacion-prof-alberto-mario-crulcich/antropologia/
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DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-84

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�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

La otra resistencia cultural: el gusto como
constructor de identidad territorial. Los tamales
en la Zona Metropolitana de Monterrey.
The other cultural resistance: taste as a builder
of territorial identity. The tamales in the
Metropolitan area of Monterrey.
Alejandro García García1
Resumen: En este trabajo se realiza un breve análisis desde la
antropología de la alimentación acerca de una forma de resistencia
cultural de un patrimonio intangible, la permanencia de los tamales
en nuestra dieta a pesar de las hibridaciones producto de la invasión
europea hace más de 500 años así como de otros fenómenos que han
influido en nuestra historia culinaria y cultural como país. Se intenta
exponer la forma en la que un alimento detona la configuración de
ciertas relaciones interpersonales y espaciales y ocupa por tanto un
lugar de fundamental importancia en el conjunto de expresiones de las
culturas y sus cosmovisiones. Es fundamental sacar la importancia de
estas herencias que están internalizadas y que van con nosotros aún al
sitio más remoto, configuraciones expresivas poco abordadas desde las
humanidades y que representan otra forma esencial de ser y habitar en
nuestro país y en el caso concreto del noreste mexicano.
1 Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Arquitectura.
Monterrey, Nuevo León, México. alegarcia@hotmail.com

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Palabras clave: resistencia cultural, patrimonio intangible, antropología
de la alimentación
Abstract: In this work a brief analysis is made from the anthropology
of food about a form of cultural resistance of an intangible heritage, the
permanence of tamales in our diet despite the hybridizations product
of the European invasion more than 500 years ago as well as other
phenomena that have influenced our culinary and cultural history as
a country. It tries to expose the way in which a food detonates the
configuration of certain interpersonal and spatial relationships and
therefore occupies a place of fundamental importance in the set of
expressions of cultures and their worldviews. It is essential to draw
out the importance of these legacies that are internalized and that go
with us even to the most remote place, expressive configurations little
addressed from the humanities and that represent another essential
way of being and living in our country and in the specific case of the
Mexican northeast.
Keywords: cultural resistance, intangible heritage, anthropology of
food

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-89

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�Alejandro García / La otra resistencia cultural: el gusto constructor de identidad

Introducción.
En este trabajo reconoceremos los procesos simbólicos que
surgen de la expresión cultural en términos de degustación,
y de las formas organizativas que se propician a partir de la
preparación colectiva de un platillo tradicional, además del rol
festivo al que está vinculado en un contexto norteño: mestizo,
urbano o suburbano; en contraste con los frecuentes estudios
sobre el tema vinculados a las formas de vida y organización de
los pueblos originarios de México, en Mesoamérica.
Abordaremos el consumo festivo de tamales en
Monterrey, Nuevo León, noreste de México, pero también
y de manera relevante, el papel de los saberes, los sabores y
los intangibles, como parte de la construcción de territorios
de identidades. “El simple acto de comer se convierte
frecuentemente también en una forma de afirmación local.”
(González, 2000 p. 5)
De forma específica nos centraremos en el tema del tamal,
que se consume de manera festiva, en la Zona Metropolitana de
Monterrey, a partir de la recuperación de recuerdos personales
y trazos etnográficos que parten del contacto directo con los
escenarios descritos.
La idea es mostrar cómo están entrelazadas las actuales
formas de celebrar con un tipo de alimento, sus vínculos
ancestrales con la ritualidad, su elaboración colectiva, su olor
y sabor; además de vislumbrar los procesos de desplazamiento
que la manera moderna de vivir está impulsando, en este tipo de
alimentos tradicionales.
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DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-89

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

Metodología.
Ariès y Dubby (2001) han recurrido a un planteamiento de la
investigación histórica, que remite a una manera más abierta de
abordar la vida social en la vida cotidiana, desde la riqueza que
posee ella misma y de la vivencia de las personas en su día a día.
Todo ello sin recurrir a las formas estereotipadas de construcción
de las historias nacionales o incluso mundiales, a partir de las
luchas por el poder, la dominación territorial de líderes y jefes
civiles, militares vituperados o vanagloriados.
Siguiendo esta orientación, nos interesa registrar algunas
vivencias cotidianas vinculadas con los sentidos. Aunque hay
un reconocimiento de nuestra identidad múltisensorial en el
discurso, operativamente no se ha reflejado en las investigaciones
humanísticas y sociales, que mantienen una cierta ortodoxia
metodológica. Realmente pocos autores y trabajos de
investigación se enfrentan a sus objetos de estudio desde una
perspectiva transdisciplinaria y sobre todo bajo un carácter
holístico en términos perceptivos.
Este recorte sensorial que señalamos se ha consolidado
por un contexto tecnológico -especialmente en el ámbito de las
telecomunicaciones-, donde también se reitera el rol de lo auditivo
y visual, marginando al gusto de los elementos donde se expresa
la vida social y sus particularidades culturales, como lo expresa
Pallasmaa (2020): “Esta creciente conciencia representa una especie
de insurgencia atrasada contra la dolorosa privación de la experiencia
sensorial que hemos sufrido en nuestro mundo tecnificado”( p. 199).
Se trata, por lo tanto, de ir abriendo las formas de
investigación de las ciencias sociales, para mostrar los ejes de
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-89

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�Alejandro García / La otra resistencia cultural: el gusto constructor de identidad

nuestras formas de vida desde una perspectiva que articule las
diversas manifestaciones culturales y conocer los metalenguajes
de esa lógica de conexión entre niveles de expresión, pero de
carácter distinto, no sólo textuales, paramétricas y visuales.
La idea es profundizar en la memoria colectiva y el gusto
construido a través de generaciones, por medio de la participación
directa de las personas en la preparación y consumo de un platillo
tradicional, aunque este tipo de prácticas es cada vez menos
frecuente, debido la ingesta de comida rápida y toda suerte de
alimentos preparados, estandarizados.
He tratado de privilegiar la percepción del gusto y el
olfato, aunque sabemos que es imposible desarticularlos de la
vista, el oído y el tacto, constelación multisensorial que configura
la percepción total del sujeto; sin embargo, será necesario poner
en práctica un esfuerzo de “operación selectiva”, como lo llamaría
Luisa Ruíz Moreno (2022 p. 31), útil para poder enmarcar un
ámbito de estudio y especificar sus niveles de particularidad, a
partir de asumir sin embargo una articulación entre todos los
sentidos a la vez, con formas de interrelación que van más allá de
una mera suma de estímulos.
En un trabajo anterior hemos tratado de describir la
semiosfera (Lotman, 1998), es decir, el mundo de los signos que
es creado en la cocina en un ambiente rural de preparación y
degustación de alimentos con su estética propia (García, 2017,
p. 61). Este concepto es importante en este trabajo, porque nos
dedicaremos a hablar de aspectos poco usuales en las ciencias
sociales como el olfato, que escapan a la posibilidad de construir
datos precisos y por tanto imposible de abordar por una disciplina
que se precie de ser “científica”.
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�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

En este sentido, el concepto de la semiosfera nos permite
entender como los olores y sabores que tenemos tan impregnados,
sólo pueden reconocerse como parte importante de nuestra
identidad, cuando los confrontamos con un contexto cambiante
que pretende sustituir nuestros referentes perceptuales.
Pero como veremos, tanto el gusto como el olfato, generan
percepciones que permiten construir territorios e influyen en la
vida y en la memoria de la colectividad, lo que constituye un rasgo
de identidad como la vestimenta o el lenguaje.
En otro trabajo también publicado (García, 2017 p. 117
a 125) se habla de la condición específica de los alimentos y la
forma de preparación que se usa entre las personas sin recursos
económicos, las estrategias primarias de sobrevivencia frente
a una situación de escasez cotidiana y, por otra parte, la carga
simbólica del momento que luego pasa a la memoria; es decir,
componentes centrales de la intimidad que configuran de manera
invisible la esencia real de los sujetos.
En este sentido se trata de destacar lo que por no tener
ese carácter de “evidencia” de una realidad, se considera como
elemento que no puede ser medido, ni cuantificado; esto,
debido a que suele ser constreñido por las estrategias analíticas
positivistas, que se ciñen a las correlaciones de tipo estadístico o
numérico como base para sus interpretaciones.
Ahora bien, entre los métodos cualitativos, los análisis
de corte etnometodológico se han acercado a sus objetos de
estudio privilegiando el discurso verbal de los actores sociales
y una observación dirigida, descartado el contacto con las
problemáticas sociales desde todos nuestros sentidos.
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�Alejandro García / La otra resistencia cultural: el gusto constructor de identidad

Es hasta hace muy poco que se ha planteado, por ejemplo,
una arqueología de los sabores, una recuperación de la vida pública
y privada a partir de expresiones que permiten decodificar un
diferente tipo de información, tanto del pasado remoto como del
presente.
En suma, por medio de descripciones de las sensaciones
gustativas y olfativas que conlleva la experiencia de comer tamales
durante las fiestas en Monterrey, Nuevo León, se pretende abonar
al campo de estudio de una antropología de la alimentación, de
los sentidos, sobre todo para entender el impacto que conlleva
el cambio de elección de nuevos olores y sabores desde las
estructuras de poder económico y la vida cotidiana.
Contexto socio histórico y territorial de los tamales.
Hay que señalar la situación desde la cual parte el platillo del que
hablaremos y sus necesidades de adaptación territorial, ya que,
como señala González de la Vara (2000), “tenemos la tendencia a
soslayar a la cocina norteña, a lo que en un prejuicio generalizado
le acusa de pobre, sencilla, poco imaginativa y esencialmente
carnívora; dependiente de la tortilla de harina y del asado” (p. 2).
Efectivamente, ante un modo de vida sumamente diferente al que
se desarrolló en el centro y sur, el autor citado refiere que “los
habitantes del norte de México casi no tenían acceso a muchos
productos tropicales u hortícolas y tuvieron que desarrollar una
cocina tradicional comparativamente más modesta que en el
centro del país o en las costas.” (González, 2000, p. 5). Por ello es
importante entender -señala en mismo autor-, lo que determinado
alimento significa en diversos territorios, pues, por ejemplo, en la
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colonización del norte del México actual, la fusión de las comidas
se realizó de manera diferente a lo sucedido en Mesoamérica.
Particularmente el maíz, en el norte, no tiene las
connotaciones que, en los pueblos del centro o sur, porque desde la
época prehispánica la forma de vida y el sustento eran marcadamente
diferentes. En esta zona del país el consumo del mezquite tenía una
amplia diversidad de formas de aprovechamiento, lo que incluso
lleva a Carlos Manuel Valdés a titular su texto precisamente “La
gente del mezquite” (1995). De este alimento arcaico poco quedó
en la cocina actual, salvo el consumo directo de las vainas del
árbol, o como queso de mezquite en algunos municipios del sur del
estado de Nuevo León, México. En contraste, uno de los platillos
ancestrales que se mantiene, en el norte, es el de la “barbacoa de
pozo”, que antes era de venado u otros animales locales y que es
continuidad de una técnica primitiva de cocción, que utilizaban
los pobladores nativos norteños.
Sin embargo, no podemos decir que un tipo de comida
tenga mayor o menor importancia, pero el uso del maíz es
fundamental como alimento festivo hoy en día, dotándolo de un
significado propio en cada región de México.
Mientras en los pueblos mesoaméricanos el maíz
constituye un alimento y regalo de los dioses, la vinculación a
su consumo, así como sus derivados, tiene esta ancestral visión
de un pasado propio que permanece claramente como herencia
y ritual; en este orden el maíz se ofrenda y se agradece a la tierra
por ese fruto que viene de su boca a la nuestra.
El consumo del maíz se asume como parte de un bien
identitario de un grupo social particular y hace las veces de
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�Alejandro García / La otra resistencia cultural: el gusto constructor de identidad

una ofrenda, que conecta ese bienestar con la bendición de sus
deidades:
Los tamales continúan siendo una ofrenda frecuente en las ceremonias relacionadas con el ciclo agrícola del maíz, aunque
también hay tamales especiales para momentos del ciclo de
vida, para bendecir una casa o para otras ceremonias. Se trata
de una muestra más de continuidad cultural. (Barros, 2021, p.
73)

Una de las formas más evidentes de esta herencia cultural
que se resiste a morir, es la presencia de los tamales como
elementos centrales en ciertas ritualidades, como en las ofrendas
del día de muertos. En Mesoamérica existe una amplia y compleja
mitología, así como un dios y diosa del maíz, cuyos componentes
histórico-culturales ya han sido ampliamente explorados por
antropólogos y arqueólogos en esa zona centro del país.
En Mesoamérica, este alimento formaba parte de la
ritualidad, de la relación que se establecía con los dioses a partir
de protocolos muy bien pautados:
Ese día la gente presentaba como ofrenda, entre otras cosas,
ciertos tamales que el fraile dominico llamaba ceceños. Los describe así: “que cocido el maíz en sola agua lo molían y molido
deshacían aquella masa en agua dejándola bien espesa y luego
colabanlo por unos paños ralos”. Esta masa se envolvía en hojas
de maíz y se cocía todo en ollas; a este pan -agrega el fraile- le
llamaban en la lengua atamalli (que quiere decir “pan de agua
sola”) (Durán, t. I. p. 67); no se les ponía sal. Claramente se trata de un tamal de ayuno -a la manera del pan ácimo judío o de
las hostias de la tradición católica, hechos de harina de trigo y
agua… (Barros, 2021, p. 74)

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La ceremoniosa preparación del alimento y la exclusión de
la sal como ingrediente, habla de su función e ilustra la forma en
que se producían antes de la llegada de la manteca de cerdo, que
le agregó la cultura hispana: “seguramente la masa para aquellos
primeros tamales debió ser de harina de maíz mezclada con agua,
envuelta como ocurre hoy, en hojas de ciertas plantas para luego
coserla (sic) al rescoldo” (Zinzumbo-Villarreal et al, 2012, como
se citaron en Barros, 2021, p. 73)
El tamal se cuece actualmente al vapor, lo que ha
significado el uso de diversas técnicas para su preparación, y que
es la continuación de un milenario procedimiento: el “tapextle,
tapextli, rejilla de carrizo, olotes, hojas de maíz o tejamanil que se
coloca al fondo de una olla para convertirla en vaporera, sobre ella
se ponen los tamales para que se cuezan” (Buenrostro y Barros,
2010, p.76).
También en la cultura maya formaron parte importante
de la vida religiosa:
Los primeros testimonios acerca de los tamales como parte de
las ofrendas los podemos encontrar en varias pinturas murales
que se localizan en la zona maya… en las pinturas del sitio arqueológico de San Bartolo -que data de hace poco más de 2000
años-… hay una imagen en la que se ve una mujer arrodillada
que lleva en las manos una ofrenda de tamales para el dios maíz.
Otros ejemplos mayas de tamales como ofrenda se encuentran
en el Códice de Dresde… (Barros, 2021, p. 74-75)

Hay que señalar que Mazzetto (2022) habla de una puesta
en práctica en la Mesoamérica prehispánica de la llamada teofagia,
el comer a sus dioses, un alimento donde se encarnaba la deidad
-muy semejante a lo que pasa en la liturgia cristiana con el pan y
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�Alejandro García / La otra resistencia cultural: el gusto constructor de identidad

el vino-, el tamal por tanto es al mismo tiempo la condensación
mítica del origen del maíz y del propio hombre y su mundo; un
eje simbólico que seguramente de manera inconsciente atraviesa
aun la percepción gustativa actual, urbana, que mantiene viva
una cosmo-degustación (frente al concepto de cosmo-visión)
con una identidad propia que otorga una identidad callada a los
mexicanos, una herencia silenciosa pero “en boca de todos”.
Por otra parte, la diversidad de tamales tenía un sentido
con relación a su tiempo de conservación y lugar de consumo,
por ejemplo, se hacían los tamales “blancos”, sin contenido en su
interior y con una forma más bien cuadrangular, que generalmente
no se consumían el día de la fiesta, sino que eran llevados o
enviados luego para su consumo en el almuerzo, comida, o a casi
cualquier hora, pues al no tener contenido de carnes, no sufría un
proceso de descomposición tan rápido.
El tamal creó un puente entre las culturas, una amable
combinación donde no se sufrió la discriminación de otros
platillos y bebidas prehispánicas como el pulque. También el
consumo de la tortilla, aparejado con el uso del pan de trigo,
fue uno de los esfuerzos misionales en tierras indígenas, para
despojarlos de sus ejes de identidad e integrarlos a una idea de
que ahora eran vasallos del rey.
La presencia protagónica del pan y por tanto del trigo fue
parte del “discurso” evangelizador no verbal, pero que trastocaba
una dieta cuyo elemento central era: el maíz. Además de ser
consumido como alimento puede ser fermentado y usado como
bebida embriagante, en forma de tesgüino o cerveza de maíz, así
como en otras formas de consumo particular como el atole.
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La conquista pudo bloquear la preparación de algunos
platillos, pero los tamales resistieron y se combinaron con
elementos como la carne y manteca de cerdo, sustituyendo al
guajolote. Algunos historiadores y antropólogos han fijado su
atención en la historia de los recetarios de cocina y cómo estos
van a ir incorporando paulatinamente una serie de platillos,
combinaciones de productos locales y de ultramar, además de
reflejar en las costumbres asociadas al consumo, las formas de
jerarquización social que se manifestaban en la mesa, a la hora
de comer.
Así se pone en evidencia como el gusto por los alimentos
determina no sólo la configuración de las interrelaciones
personales en el espacio, sino un siguiente nivel de carácter
simbólico, que afianza identidad y sentido de la configuración
de esas formas de vinculación entre los sujetos. El territorio de
la memoria colectiva prehispánica sigue siendo ocupado por el
amaranto, los quelites, junto al frijol, la calabaza y claro el maíz;
es decir, los productos principales para la alimentación a partir
del uso de la milpa mesoaméricana.
Sin embargo, en el norte de México las condiciones
ambientales y geográficas, así como los programas del uso del
territorio en la colonia, han forjado un tipo de trabajo diferente
que, en el centro y sur del país. Aquí hay un mundo campesino
mestizo, que poco reconoce su legado de los pueblos originarios
y que está orientado en su creencia religiosa por el predominio de
lo cristiano.
Como antes se mencionó, aquí una de las plantas
centrales fue el mezquite, que se consumía en diferentes formas,
una de las cuales era denominada por los conquistadores como
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�Alejandro García / La otra resistencia cultural: el gusto constructor de identidad

“mezquitamal” (Valdés, 2021), por el uso de la planta y el formato
parecido a los tamales mesoamericanos. Sin embargo, con la
llegada de colonos tlaxcaltecas, otomíes y nahuas, se comienzan
a consumir los tamales de maíz.
A pesar de no ser un alimento local ancestral, se
convirtieron en parte de la cocina tradicional norestense. No solo
su sabor, sino el aroma que desprende, serán protagonistas en los
ambientes festivos populares, donde costumbres remotas hacen
de nuevo aparición reconfigurando o replanteando una identidad.
Ello es particularmente relevante en las ciudades, donde se abre
paso y mantiene, no obstante, el consumo de las hamburguesas
tipo McDonald’s o las cadenas económicas de comida china,
entre otras.
El tamal actual en la Zona Metropolitana de Monterrey,
Nuevo León, es producto de la fuerte migración e hibridación
cultural, manifiestas en la enorme diversidad de formas
de preparación en las cocinas locales, haciendo cambios
y combinaciones muy particulares. Pensemos en el tamal
oaxaqueño que usa la hoja del plátano y no de la mazorca para
recubrir la masa de maíz, que en el sur lleva pedazos grandes de
carne, mientras que, en el noreste, la carne va deshebrada. De
hecho, habría qué preguntarse en el caso específico del noreste
mexicano, si este proceso de hibridación con la manteca de cerdo,
la carne de res y pollo, y particularmente el uso de carne de cerdo,
es un claro ejemplo que niega la defensa de una herencia judía,
sefardita, en nuestra dieta básica, popular.
En esta zona del norte del país, el tamal forma parte de
cualquier evento festivo, como en las épocas decembrinas y en
cumpleaños o aniversarios celebrados de manera familiar, donde
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cumplen la función de nutrir a los cuerpos y de dotar de una
referencia, a través de una conjunción de estímulos gustativoolfativos, que influyen directamente en la sensación de bienestar
de las personas; también se acostumbran en los velorios y como
alimento básico en actividades al aire libre como excursiones y
días de campo, debido a su portabilidad; los tamales, además,
sacan del apuro, tanto como lonche para trabajadores como
para los niños en la escuela. Quizás no tengan un vínculo ritual
ancestral como en Mesoamérica, pero ciertamente forman parte
de nuestra particular forma de ritualizar la vida y dotarla de
sentido. Se podría aplicar para este alimento el juego de palabras
que aún se utiliza para el mezcal: para todo mal, tamal y para
todo bien, también. Incluso, preparados con carne de monte
como jabalí, armadillo y venado, son la mezcla perfecta entre la
civilización sedentaria del maíz y la cacería de los aborígenes
nómadas norteños.
Etnografía del consumo de tamales
El procedimiento.
El tamal concentra el valor único del maíz como un cereal
producido a través de su “invención”, a partir de la selección de
las semillas de teocintle y por ese motivo, su reproducción no
puede realizarse sino a través del cultivo intencional de los seres
humanos.
Esto ha forjado una cultura propia en la preparación
y consumo, que se ha vinculado a un pasado milenario y en el
caso del noreste, de siglos, pues la producción de maíz de forma
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extensiva, en esta zona del país no está probada y sólo un
trabajo de Beatriz Braniff (2000, p. 127) desarrolla la idea de la
reproducción de plantas en terrazas de manera temporal.
El maíz llega de Mesoamérica, y es probable que haya
llegado a la región a través de la población tlaxcalteca que
acompañó la invasión española aquí.
El proceso de la nixtamalización, que implica el
desgranado, el reposo con cal y después el cocimiento, evita la
pelagra y potencia una mayor ingesta de calcio, mayor contenido
de almidón y fibra, reduce las toxinas en el grano y puede aumentar
la biodisponibilidad de hierro. Se sabe que antes de la presencia
de los propios toltecas, la nixtamalización tiene al menos de 4 a 5
mil años de existencia comprobada, previos a la elaboración de la
tortilla que aparece más recientemente en la historia de México.
La nixtamalización, “…es un producto antiquísimo. Al parecer,
es uno de los descubrimientos culturales más importantes para
Mesoamérica…” (Ochoa, 2018, p. 179).
En el noreste de México, el maíz como grano se traduce en
dos elementos básicos en la dieta: la tortilla y el tamal.
La cocina como espacio, además del sabor de los alimentos
ahí preparados, sigue siendo central dentro de las dinámicas
campesinas y urbanas de México. La vinculación de la comida
está ligada a cada momento de nuestra vida cotidiana y rituales
de paso: bodas, cumpleaños, nacimientos, celebraciones varias,
etc. Imposible evitar hablar de los alimentos del altar de muertos
como una forma de conexión con los familiares ya fallecidos.
Desde nuestro punto de vista el “rito” de la preparación
y consumo de alimentos lo es, como tal, para el investigador, no
para el participante. No hay plena conciencia del patrimonio y la
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ritualidad que está implicada. El simbolismo en lo culinario es un
elemento que está por encima de las concepciones personales de
los involucrados y que se percibe a través de todos los sentidos.
Digamos pues, que este tipo de expresiones culturales son parte
nuclear de la semiosfera, de los significados compartidos.
Cada generación pareciera participar en diversos
momentos de la elaboración de los tamales, los hombres atrapan
y matan al cerdo que aportará la carne y la manteca, los niños
mayores llevan el nixtamal y traen la masa del molino, las mujeres
son las protagonistas, pero en resumen, la labor de todos culmina
precisamente con el consumo grupal, el disfrute final une a las
generaciones en la fiesta y este hecho se difiere luego en las casas
de las familias nucleares, ya sea en los almuerzos o en la cena,
aunque aquí los tamales tienden a consumirse a cualquier hora del
día. Al ser platillo que se come caliente, es con el frío del invierno
en estas regiones norteñas, una agradable compensación térmica,
además del sabor que va impregnando a la masa a lo largo de los
días. Es un gran manjar acompañado de champurrado, chocolate
o café caliente.
La preparación de este platillo festivo involucra un
proceso que, si se hace en colectivo, aminora su laboriosidad. Se
mezcla la exacta cantidad de manteca de puerco, sal y polvo para
hornear, buscando que se genere una consistencia cremosa, para
luego comenzar a incorporar la harina de maíz, hasta que quede
completamente homogénea.
Esta labor tradicionalmente se hace a mano y se dice que
debe hacerlo una sola persona para que no se corte la masa, para
ello se elige a alguien con fuerza suficiente en los brazos, ayudada
de alguien que le detenga la batea de madera, preferentemente.
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Existen mitos o saberes vinculados a la relación estrecha
entre la actitud de quien prepara los alimentos y el sabor final de
estos, se dice que sí hay discordia entre las personas la masa se
hecha a “perder”, “la masa se enoja, se agría”.
Para entonces ya deben estar remojadas las hojas de maíz
o de plátano, así como el guiso del cual se van a rellenar, en el
caso del noreste, los preferidos son con carne de puerco guisada
y desmenuzada y mezclada con una salsa de chiles rojos secos
(guajillo, cascabel), cebolla, ajo y sal.
El siguiente procedimiento es donde se da la mayor
interacción del colectivo, casi siempre conformado por mujeres,
se colocan sobre una mesa las hojas de maíz o plátano, la masa,
el guiso y las ollas; cada participante con cucharas o espátulas
toma una hoja, embarra la masa y luego, en el centro añade una
parte del relleno, para luego enrollar la masa y dar la forma del
tamal, así, entre conversaciones y la diversidad de olores, se van
acumulando las piezas.
Los tamales son dispuestos en las ollas anchas y altas, de
manera circular, habiendo dejado abajo una parrilla para separarlos
del agua, que al estar evaporándose desde la parte baja, irá cociendo
los tamales poco a poco durante varias horas. La tarea de colocar
los tamales, así como poner la cantidad de agua y manejar la altura
de la flama o las cantidades de leña, según el caso, era y es para las
abuelas, madres, hermanas mayores, que asumían la responsabilidad
de apagar a tiempo los cientos de tamales de diversos rellenos, pero
principalmente frijoles, carne de cerdo y algunos de dulce con
pasas y nueces. A las tres o cuatro horas de haberlos puesto a cocer,
el olor de los tamales ya listos es perceptible, con satisfacción, por
la familia que los observaba y cuidaba todo el tiempo. El alimento
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configura la relación de las personas en el espacio de manera en una
digamos “permanencia dinámica”.
Al prepararse en casa, las relaciones entre los miembros se
estrechan, las conversaciones, el chisme, el rumor, la broma, van
tejiendo las formas de vinculación personal donde el trabajo deja
de tener el sentido cotidiano, para intervenir en un proceso de
preparación y posterior consumo, que genera una secuencia que
va del sacrificio y el trabajo, a la fiesta y diversión.
Además de los antes mencionados, persisten otros tamales
tradicionales, los llamados “borrachos” que eran de 5 a 6 veces la
dimensión de uno normal, estos generalmente llevan grandes rajas
de chiles jalapeños y siguen siendo muy celebrados en la mesa,
especialmente por los adultos varones, quienes regularmente los
utilizan como “cura”, después de una noche de borrachera.
La labor colectiva de preparación, que era previa al ambiente festivo, llenaba la casa de personas en diversas actividades
y del olor característico de los tamales, lo que auguraba la proximidad del festejo, asociándolo con el júbilo y la alegría.
Hoy en día, el consumo de tamales en Monterrey es común
en cualquier época del año, a partir de la venta de establecimientos
fijos, lo que ha permitido que pierda el protagonismo que tenía en
las fiestas decembrinas, así, en la frontera de la semiosfera, este
alimento tradicional comparte su lugar ahora con otros platillos,
incluso extranjeros, que se combinan o lo desplazan de la mesa.
Incluso, afortunadamente, hay una pequeña industria cultural del
tamal, con familias y cadenas especializadas locales y regionales,
así como epicentros de producción tamaleros muy conocidos
como el de Ciudad Juárez, Nuevo León.
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La degustación
Comer, desde una perspectiva psicoanalítica está vinculado con
la fase oral, la primera en la vida de las personas, conexión con
el seno materno que lo provee del alimento necesario, luego el
destete y la sustitución de la leche materna por alimentos que
van a contener aromas, sabores, que perdurarán en nuestras redes
neuronales y comunitarias hasta el resto de nuestros días. Es por
eso que la experiencia del gusto, tan ligada a lo olfativo, es una de
las que nos vinculan a recuerdos muy íntimos
A veces hay que abrir su cuerpo para saber de qué es, lo
que establece un ambiente de ausencia de jerarquías, sociales o
culturales, todos comemos lo mismo. Los frijoles fueron fritos con
la manteca del cerdo sacrificado, la masa de maíz también la lleva
mezclada. Porque la combinación entre el contenido y la masa
es total, el sabor no tiene quiebres, se extiende su contenido, se
disuelve mezclándose en la boca, texturas donde la suavidad es la
característica principal.
Cuando los tamales son de carne de puerco, el principal
sabor que satura nuestro gusto es el salado, pero es la combinación
de la masa de maíz suave, el picante del chile y lo jugoso de la
carne, lo que dan ese sabor característico a cada bocado. Los
tamales secos o resecos son un pequeño pecado que se puede
perdonar a falta de otra cosa o andando apurado o en el camino.
En una ocasión, una mujer de origen oaxaqueño relataba
que cuando hace tamales con hojas de plátano para vender en
Monterrey, tiene que desmenuzar la carne, lo cual no se hace
originalmente en su tierra. Esto nos hace reflexionar en torno a
que, en el norte, la carne en trozos pequeños da un sentido de
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uniformidad en el gusto, pero también es una forma de “hacer
rendir” el producto.
En contraste, la preferencia del consumo denota diversos
orígenes, formas distintas de producir, pero también de disfrutar,
de preferir unas consistencias a otras. Por ejemplo, también es
bastante gustado el comer tamales recalentados, casi a punto
de quedar quemados, teniendo una consistencia más crujiente;
incluso, no faltan los fundamentalistas que prefieren los tamales
“estilo Texas”, tostados en el comal al rojo vivo o hasta las brasas,
quemados en buena parte de la hoja.
Es claro que la hoja de mazorca que es receptáculo para
la preparación y muchas veces como plato mismo, mantiene
raíces arquetípicas en el inconsciente colectivo. Su organicidad,
su fuerza como elemento que nos remite a la tierra, a un vegetal
que es parte atávica de la dieta de generaciones y generaciones en
los distintos contextos demográficos con un mayor o menor peso,
pero siempre ahí.
El tamal se puede ir comiendo uno a uno, no es una porción
de carne o sopa que haya que consumir en su totalidad, permite ir
combinando los distintos sabores e ir poco a poco llenándose, sin
el “compromiso” de acabar con un platillo. Son pequeñas partes,
lo que semeja el carácter colectivo de la preparación y el consumo,
“envueltos” de unos 25 o 30 gramos. Tiene alta portabilidad
debido a su carácter modular, lo que lo convierte en un alimento
fácil de llevar.
El tamal es sumamente versátil, es de una complexión
y tamaño que permite comerlo parado, a veces de dos o tres
bocados, incluso sin plato, usando la hoja de la mazorca en la
que se preparó y cocinó a manera de soporte. El consumo con las
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�Alejandro García / La otra resistencia cultural: el gusto constructor de identidad

manos, sin cubiertos metálicos como intermediarios, hace que,
con el tacto, se puedan sentir los cambios de la temperatura, lo
que incluso nos recuerda los postulados tantristas sobre la función
sagrada de este tipo de prácticas.
Así, las manos le anticipan a la boca, que hay una
temperatura adecuada para que no se queme la lengua y le
advierten de determinada consistencia.
Cuando han sido preparados en casa, el evento comienza
cuando se abre la olla y se esparce el vapor oloroso, al recibirlos es
bueno esperar a que se enfríen un poco y ello mismo conlleva una
especie de espera ritual.
En cambio, cuando son comprados, se puede recurrir a dos
tipos de puestos, por un lado, están los callejeros, casi siempre
atendidos por la misma mujer que participó en el proceso,
conoce en qué lugar están colocados los de cada guiso y los
entregan aún calientes, para su pronto consumo. Por otro lado,
están los comercios establecidos, en donde se pueden refrigerar
en paquetes que consisten en un plato de unicel, forrados con
plástico, de modo que quien los compra debe ir a recalentarlos, ya
sea al vapor, o en el comal.
A diferencia de los puestos callejeros, comprar los
tamales refrigerados no conlleva el sentido del olfato, que si nos
puede avisar de aquel sabor que pronto llenará nuestras papilas
gustativas.
Así pues, esta nueva oferta culinaria, desplaza la semiosfera
que conlleva el proceso de producción, hasta el consumo festivo
de este platillo, que de manera remota nos vincula con lo casero,
lo familiar, las viejas cocinas, lo religioso.
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�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

A manera de cierre
Nuestros espacios cotidianos y extraordinarios, como los
festivos, están dotados de capas de significación establecidas
por el lugar que ocupan los estímulos que recibimos mediante
nuestros sentidos. La degustación y el aroma son un patrimonio
intangible, que asegura una herencia cultural.
Alimentos tradicionales como los tamales todavía nos
remiten a las vivencias de la infancia, donde las fiestas tenían
olores y sabores y sonidos específicos, atmósferas colectivas y
alegres, por tanto, se presentan como una resistencia, a la invasión
de una serie de productos extranjeros que pretenden ocupar un
lugar en las mesas y costumbres de nuestro hogar.
En la semiosfera de la elaboración y consumo de los
tamales en eventos festivos, la frontera antes estaba delimitada
por platillos y gustos que nos eran ajenos, pues eran costosos o
formaban parte de otras culturas.
Somos testigos de un radical cambio de paradigmas en
lo que a alimentarse se refiere, y será necesario analizar estos
cambios en sus consecuencias en la salud, pues, por ejemplo,
muchos de estos productos contienen ingredientes con poca
fibra, exceso de azúcares y elementos hidrogenados, saborizantes
artificiales, grasas saturadas, etc.
Así mismo, debemos considerar el impacto en los
productores locales, tanto del producto mismo, como de
los diferentes elementos que se requieren para elaborarlos,
colapsando formas de vida agrícolas, principalmente, que
están siendo sustituidas por lo que ahora se consideran nuevas
“necesidades”.
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Hay un tránsito entre la preparación directa de los
alimentos, a la transferencia de esta actividad a establecimientos
privados, no es comida preparada en ese momento cerca del
consumidor, sino a distancia, siendo un receptor pasivo de los
alimentos. El involucramiento de nuevas empresas dedicadas a
estos ramos, las transformaciones de las preferencias del gusto en
las nuevas generaciones, son fenómenos de carácter económico y
cultural de una enorme relevancia y que deberían partir de una
búsqueda a fondo de las formas cotidianas que han favorecido y
favorecen la calidad de vida en las familias.
Las consideraciones acerca del valor de estas formas
de comer, habitar y degustar no pueden cuantificarse pues se
decodifican en una inconsciente memoria remota, disparada
por el aroma y el sabor inmediato, detonando un sentido de
pertenencia, de ubicación en el tiempo y en el espacio, todo lo
cual, finalmente dará sentido a la perspectiva y prospectiva de los
sujetos.
La antropología y otras ciencias sociales deberán arriesgarse en estos ámbitos de la expresión de las culturas, saliendo de
los temas y metodologías tradicionales. Reconocer la importancia que merecen temas como éstos, que nutren la vida de nuestros
habitantes, temas para los que no hay herramientas comunes ni
sencillas, y que requieren perspectivas transdisciplinarias para
identificar la complejidad de su importancia, no sólo en el ámbito sociocultural sino de -por ejemplo- salud, biodiversidad y
nutrientes.
Es probable que hechos como las transformaciones en el
consumo de alimentos vayan a favor de lo que Dorfles (1974) llama
la muerte de una metáfora “… el progresivo desgaste del lenguaje y
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de sus expresiones y por las transformaciones que muchas veces
se producen en la relación entre significante y significado…”
(p. 87), una banalización de un acto fundamental para la vida y
que tiene consecuencias directas en la salud, en las que el hecho
mencionado repercute a través de enfermedades, las más de las
veces crónico-degenerativas, que van generando un estado de
malestar en los consumidores tarde o temprano.
El conjunto de sabores que constituyen el patrimonio
de una identidad cultural profunda, constituye un paradigma
innato de articulaciones entre estímulos que habían permitido
establecer una más directa relación entre el alimento y el propio
acto de alimentarse. La comida rápida, los servicios de comida
a domicilio y toda una parafernalia en torno a las modas en este
ámbito, han ido logrando una desconexión entre ese paradigma y
otro que pretende imponerse a través de medios de comunicación
y una comercialización con una publicidad intensiva para
reconfigurar el gusto colectivo.
Los tamales son una de las puntas del iceberg de un
conjunto de saberes y sabores que permanecen y resisten los
viejos y nuevos embates, que aun habiendo vivido un proceso
de hibridación, mantienen un contacto directo con otras formas
auténticas de expresión cultural -y solo un ejemplo-, de cómo la
rapidez intenta sustituir la vivencia de la ancestral forma lenta
de preparación y de consumo, la alimentación se ha convertido
en un mecanismo comercial que nos desvincula del placer de
cocinar y convertir la mesa en el mejor sitio para ser quien se es.
Somos responsables de comprender la enorme importancia de las
formas de vida que han llevado a la población a alimentarse hasta
hace poco de manera correcta, en este último sentido habría que
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recordar que no obstante el paso del tiempo y la vida urbana,
los tamales siguen siendo un alimento natural y mayormente
orgánico.
La academia debe tomar su responsabilidad para afrontar
este tipo de temas y detectar los ámbitos donde la pérdida
de identidad está vinculada con una evidente presencia de
enfermedades crónico-degenerativas, posibles a partir del abuso
en el consumo de nuevos alimentos chatarra, así como maneras
de comer, en forma apresurada y sin placer.

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“¡No es sequía, es saqueo!” Propaganda y
movimiento social durante la crisis hídrica
en Monterrey, México, desde el sentido común
de Gramsci.
“It’s not drought, it’s looting!” Propaganda
and social movement during the water crisis in
Monterrey, Mexico, from Gramsci’s common sense.
Luis Alejandro Martínez-Canales1
Resumen: Se propone el sentido común (senso comune) de Antonio
Gramsci para aproximarse a las «certezas» en las informaciones sobre
la emergencia hídrica en Monterrey, México, durante 2022. El senso
comune se presenta como un cúmulo de conocimientos que proporciona
una certidumbre paradójica frente a sucesos que descomponen la rutina
urbana. El cuestionamiento guía es si la coyuntura noticiosa del déficit
de agua daría pie, en el largo plazo, a un movimiento social que suponga
un sentido común diferente al gubernamental hegemónico. Se analiza
la información aparecida en medios masivos, ofrecida por autoridades,
y la originada en redes sociales y actos públicos del “Frente de
Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua NL”. Se describe el
escenario de incertidumbre metropolitano como una circunstancia que
1 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS) Noreste. Monterrey, Nuevo León, México. alejandro.
mtzcanales@gmail.com

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acogería colectivos de mayor convocatoria para fraguar un pensamiento
y acciones frente a fenómenos que como el desabasto de agua, ponen en
riesgo la gobernabilidad de la población.
Palabras clave: Sentido común, escasez de agua, contingencia de vida,
colectivos urbanos, medios masivos
Abstract: Antonio Gramsci’s common sense (senso comune) is
proposed to approach the “certainties” in the information on the
water emergency in Monterrey, Mexico, in 2022. The senso comune
is an accumulation of knowledge that provides a paradoxical certainty
against events that disrupt the urban routine. The guiding question is
whether the news situation of the water deficit would give rise, in the
long term, to a social movement that assumes a different common sense
from the hegemonic one. The article analyzes the information that
appeared in the mass media, offered by authorities, and the information
posted on social networks and disseminated in public events by the
“Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua NL”.
The scenario of metropolitan uncertainty is described as a circumstance
that would embrace groups of greater convocation to forge thinking
and actions against phenomena that, such as the shortage of water, put
the governability of the population in the struggle.
Keywords: Common sense, water scarcity, life contingency, urban
groups, mass media

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�Luis Alejandro Martínez / “¡No es sequía, es saqueo!” Propaganda y movimiento social

Introducción
Durante 2022 Nuevo León vivió una larga temporada de sequía,
tal vez no tan extraordinaria como el desabasto de agua potable
que padeció la zona metropolitana de Monterrey (ZMM), entre
marzo y septiembre de ese año. 2 Desde febrero las entonces
entrantes autoridades estatales alertaron sobre el bajo nivel de las
tres presas que surten del vital líquido la metrópoli; informaron
que comenzaría una campaña de racionamiento que suspendería
el suministro un día a la semana por zonas y municipios.
Sin embargo, los cortes fueron prácticamente a discreción,
impidiendo que la población planificara su consumo diario. La
errática estrategia oficial se acompañó de decenas de pipas que
repartieron el vital líquido por cientos de colonias; compañías
que venden agua en garrafón se unieron a la tarea gubernamental
de repartirla gratuitamente, tratando así de contrarrestar los
reclamos de la ciudadanía sobre el desmedido usufructo del
recurso por parte de éstas.
Aunque para inicios de septiembre de 2022 la
circunstancia pareció superarse, el riesgo de un nuevo episodio
permanece. El abasto de agua de Nuevo León “está agarrado
con pincitas”, declaraba el director general de la Cuenca del Río
Bravo de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) en noviembre
del mismo año. Advertía que “si el agua de [las presas] La Boca y
Cerro Prieto se sigue usando como hasta ahora, el vital líquido
alcanzaría hasta marzo o abril de 2023” (Cavazos &amp; Pérez,
2 La ZMM se integra por los municipios de: Apodaca, García, General
Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina (Gobierno de Nuevo León, 2020).

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2022). En los últimos días de 2022, el mismo organismo matizaba
enumerando acciones para garantizar el abasto “y avanzar hacia
el equilibrio hídrico de las cuencas” (ABC, 2022). Destacaban
la “restitución hidráulica” de arroyos, la perforación de pozos
exploratorios y la construcción de un segundo acueducto en el
embalse “El Cuchillo”; así también mencionaba el proyecto de la
presa La Libertad, que llegaría a unirse a las tres actuales (ídem).
Sobre los responsables del desabastecimiento se
sucedieron señalamientos no del todo nuevos, si consideramos
que los destinatarios eran conocidos y se repetían de otros
acontecimientos de dominio público: la población acusando al
gobierno de falta de planeación y de contubernio con industrias
favorecidas con un suministro preferencial, funcionarios estatales
subrayando el uso inadecuado de la población y acusando al
gobierno anterior por no haber tomado acciones preventivas.
Los posicionamientos que aparecieron durante semanas
en medios regionales y nacionales, así como en redes sociales,
partían de tales acusaciones reproducidas como «certezas» a
través de las cuales, por un lado, la población en general suele
opinar sobre los problemas que aquejan a Monterrey3 provenidos,
según su perspectiva, de la corrupción e ineficiencia del gobierno;
y, por el otro, las autoridades justificando las desavenencias como
resultado de decisiones y hechos que competen a todos.
Algunos colectivos civiles hicieron suyo el reclamo
ciudadano bajo la consigna “No es sequía, es saqueo”. El
autodenominado “Frente de Organizaciones Ciudadanas por
3 ZMM, Monterrey y metrópoli aparecerán como sinónimos. Cuando
haga referencia al municipio de Monterrey, así lo aclararé.
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�Luis Alejandro Martínez / “¡No es sequía, es saqueo!” Propaganda y movimiento social

la Defensa del Agua NL” (FOCDA)4 irrumpió pocas semanas
después del aviso sobre el racionamiento. El Manifiesto publicado
en redes sociales confrontaba la versión oficial:
Las últimas semanas nos han inundado con noticias sobre la
falta de agua, pero hay una pregunta que permanece, en el mejor de los casos, contestada vagamente ¿Por qué no hay agua en
Nuevo León? A veces pasa completamente a segundo plano en
un intento de hacer ver la escasez de agua como una cuestión
enteramente natural y en otros casos, se culpabiliza a la persona promedio. Pero sin duda hay una tercera vía para darle
respuesta a este cuestionamiento: no es sequía, es saqueo (Manifiesto FOCDA, 28 de marzo de 2022).

Para el Frente, continúa el Manifiesto, la pregunta clave es
“¿Quiénes son los dueños del agua en México?”, pues “ni la escasez
tiene un origen meramente natural ni las personas de a pie cargan
con la culpa”. Agregan: “¿A qué hace caso un gobierno como el
nuestro, al poder económico o al pueblo?”. El FOCDA aseguraba
que la falta del líquido partía de una selectiva regulación en la que
refresqueras y embotelladoras tienen prioridad sobre la población.
Esta declaración sobre la gestión del agua es una «certeza»
constituyente del sentido común metropolitano respecto a sus
actores y políticas, que, desde luego, no son exclusivas de Nuevo
León. Su penetración en la población, aún insuficiente para pensar
en una mayor convocatoria, resultó positiva pues patentizó que
el agua no es un recurso priorizado para sus habitantes:
Coca Cola, las cerveceras, [la acerera] Ternium, entre otras
empresas…estamos reunidos aquí para ponerles un alto…nos
4

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En adelante Frente o FOCDA
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están queriendo culpabilizar a nosotros, gente de a pie, por la
escasez que no es ni una escasez: ¡es un saqueo de toda nuestra
agua! Nosotros no somos responsables de lo que está pasando,
los responsables están en Agua y Drenaje [de Monterrey], el
arquitecto Juan Ignacio Barragán [director general de esa dependencia]… ¡son ellos los que están acabando con toda nuestra
maldita agua! (Mitin FOCDA, 5 de junio de 2022).

La aseveración fue catapultada por la inercia de noticias,
datos que suelen pasan inadvertidos o no se consideran materia
informativa, aparecieron indiscriminadamente; sucedió con el
ofrecimiento del gobierno federal de “estímulos fiscales” a las
empresas que cedieran agua para consumo doméstico, empresas
algunas que lograron concesiones entre “2009 y 2020” con
vencimiento hasta “2034” (El Financiero, 28 de junio de 2022). En
la misma publicación se ofrecían porcentajes: del total del agua
extraída de fuentes subterráneas (“4 mil 895 litros por segundo”),
“el 60 por ciento se destina al público urbano; 32.3 por ciento a la
industria;5 4.1 por ciento a servicios y 3.5 por ciento al uso agrícola”.
Los datos que no se leían en los comunicados del gobierno
del estado, los presentaba la Conagua con especificaciones
relevantes: “La producción de acero, cerveza, refrescos, carbonato
de sodio, embutidos, carbón, aceites, azúcar, la industria
inmobiliaria” acaparan el agua en Nuevo León, asimismo “34
personas físicas”, entre empresarios y exgobernadores (Ramírez,
2022, párr. 1). En la misma nota, un vocero del FOCDA lamentaba:

5 Este 32 por ciento repartido “entre más de un centenar de empresas,
las cuales acaparan 49 millones 960 mil 285 metros cúbicos de agua” (El
Financiero, 18 de junio de 2022).
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“Mientras, la ciudadanía sufre por ″tandeos‶6 del vital líquido que
les llega de madrugada e insuficientemente” (ídem).
Además de la estadística, espacios noticiosos en la red
comenzaron a tomar testimonios y posicionamientos del Frente.
Los voceros recordaban que si bien los últimos dos años la lluvia
estacional no alcanzó el promedio, resultaba “extraño” que “en
apenas siete meses la presa de La Boca” se secara, cuando durante
julio de 2020 estaba por encima de su capacidad con riesgo de
sobrellenado (Ramírez, 2022).
Si el estado no es capaz de regular el agua, si los empresarios
son los héroes del cuento “donando” de sus fuentes como quieren pintarlo, y si las embotelladoras se dedican a vender agua
¿cuál es el siguiente paso en un gobierno como el nuestro? la
privatización (párr.6).

El desabasto de agua, en efecto, encontraba algunas de
sus razones en la falta de prevención de distintos gobiernos. En
particular se señalaba a los dos más próximos, el sexenio 20092015, cuyo gobernador fue Rodrigo Medina de La Cruz, y el 20152021, que tuvo como mandatario a Jaime Rodríguez Calderón.
Entre 2011 y 2012 ocurrió el que, hasta entonces, fue
considerado como el periodo de sequía más severo de los últimos
50 años en la entidad (Vargas, 2022).7 En ese periodo, la población
que se vio afectada por el desabasto de agua fue, principalmente,
6 Distribución de agua de riego alternativamente o por tandas.
Diccionario de la Real Academia Española. Aunque también se aplica a la
distribución de agua para uso urbano, como en este caso. Nota de la editora.
7 Durante 2011 se registraron pérdidas en más 40 mil hectáreas de
cultivos, así como la muerte de más de 9 mil cabezas de ganado (Vargas, 2022).

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la del sur de Nuevo León, de características rurales en su mayoría
(ídem). Durante el sexenio del gobernador Medina, emergió el
proyecto “Monterrey VI”, cuyo propósito era traer agua desde el
río Pánuco, en el norte de Veracruz, y garantizar con ello el abasto
para la ZMM. El proyecto, que incluía un acueducto de más
de 500 kilómetros de largo, también beneficiaría a Tamaulipas,
entidad limítrofe (IAGUA, 2014). Acusaciones de corrupción
que, a la fecha, no han ocasionado acciones legales, indujeron al
gobernador Rodríguez a desestimar esta obra, aunque sin tomar
otras acciones preventivas. Acaso la propuesta de la nueva presa
“Libertad” (que durante 2023 seguía en construcción) parecía
evidenciar la atención gubernamental a una potencial situación
de emergencia como la que sobrevino en 2022.8
En agregado a las declaraciones que buscaban respaldar la
inoperancia de pasadas administraciones, el gobierno del estado
se apresuraba a retomar el argumento de la anormal sequía:
“Para los que no creen en el cambio climático, aquí están las
consecuencias”, justificaba Samuel García Sepúlveda, gobernador
de Nuevo León; 9 “Esto es claramente el resultado del cambio
climático: una zona semidesértica se vuelve más seca” (Boyle,
2022, párr.7). La declaración sucedía cuando algunas colonias de
Monterrey llevaban ya “50 días sin agua corriente” (ídem).
Mítines y marchas, además de publicaciones en redes
sociales, fueron la base para que el FODCA confrontara los
8 Durante 2018, un nuevo problema de desabasto en la región del sur
de Nuevo León ocasionó acciones emergentes para restituir el servicio de agua
a más de 7 mil personas, aunque no significaron toma de decisiones de más
largo plazo (El Universal, 2018).
9

Sexenio 2021-2027.

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argumentos oficialistas; ya fuera en la explanada de palacio de
gobierno o en otros sitios públicos, demandaba la restitución
inmediata del suministro. Aunque su forma de manifestarse era
desagradable para algunas personas que veían interrumpida su
jornada por el paso de una marcha o se incomodaban por las
denuncias a viva voz que a veces incluyeron palabras altisonantes,
el mensaje representaba una «certeza»: la mala administración
gubernamental y el acaparamiento del sector empresarial habían
sido la causa de la falta de agua. Aun así, la desigual aparición
en medios masivos de las posturas defendidas por el Frente, más
la situación de incertidumbre e inseguridad que caracteriza a
Monterrey, favorecieron la versión del gobierno y la negociación
en detrimento de la identificación de responsables como se
exigía. Las «certezas» son un elemento empírico clave para pensar
conceptualmente, como explicaré en breve.
Propósito, trabajo empírico y bases teóricas
El cuestionamiento que guio mis indagaciones es si el déficit
de agua provocó la emergencia de un movimiento que cuenta
con el alcance y penetración para la instauración de un
sentido común diferente al gubernamental de características
hegemónicas. Complementariamente, cabe preguntarse qué
aspectos contenidos en el reclamo y demandas de la población,
congregadas por el Frente, son muestras del buen sentido (buon
senso) inmerso en el conglomerado de ‘verdades’ o conocimientos
del sentido común preponderante.
El propósito vigente de la investigación es proponer
ambos conceptos, sentido común y buen sentido (Crehan, 2016;
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Gramsci, 1984), para aproximarse a fenómenos cuya influencia
socava y modifica, de forma ambivalente, la rutina poblacional,
a la vez que condiciona su situación de incertidumbre como
característica primordial de la vivencia en las grandes ciudades.10
Respecto al registro que efectué, éste valoró un atributo
evidente en los medios: informaciones muchas de las cuales
se repetían, aunque con diversos matices. No obstante que el
número de notas revisadas fue mayor que el consignado en este
artículo, elegí aquellas cuya sintaxis y redacción ofrecían claridad
y precisión, independientemente de su veracidad u objetividad.11
Por otra parte, aunque fue evidente la profusión de las versiones
oficiales, el cometido no era dilucidar entre notas producto del
genuino interés periodístico frente a boletines de prensa, muchas
veces, transcritos por el reportero encargado de la fuente. De
la misma manera, tampoco me propuse rastrear evidencias que
soportaran la denuncia del Frente (ni de ningún otro actor)
acerca de la desigual cobertura.
Desde una perspectiva siempre cualitativa, no realicé
juicios de valor sobre la veracidad o imparcialidad de las notas
periodísticas o reportajes consultados. Es conocido que ciertos
medios, por su cercanía con la fuente gubernamental, pueden
10 El estudio se propone, en el mediano y largo plazo, dar seguimiento
a la actividad de los colectivos, más allá de la coyuntura del déficit de agua.
11 Además de la precisión, busqué que los medios citados en el artículo
ofrecieran una versión relativamente diversa, a pesar de que el fenómeno que
se comunicaba daba pie a la reiteración de actores y sus posturas. La diversidad
de fuentes, a lo largo de mi monitoreo, devino en amplitud de detalles como
una pauta para el proceso de síntesis informativa que realicé. Otro criterio
primordial se fincó en citar distintos medios, aun cuando las notas, en términos
generales, repetían datos y declaraciones.
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inducir respuestas de manera deliberada, de algún funcionario
de gobierno, con distintos fines; a la par, quienes detentan una
opinión contraria a la oficial, muy probablemente aleguen falta
de probidad u honestidad por parte de las autoridades. Ninguna
de las dos situaciones convierte a priori una nota o reportaje en
“correcto” o “incorrecto”, pero es claro que pueden jugar en favor
de una percepción inadecuada de los hechos, que homogeneice los
referentes en los que la opinión pública asienta sus comentarios.
Es acerca de esto que el artículo explora.
En la lógica de los dos párrafos anteriores, la cantidad y
celeridad de la información actualizan la tesis gramsciana del
senso comune, respecto a la dificultad de asimilar con detenimiento
la deriva de discursos y versiones. Se identifica, no obstante, un
hilo conductor cimentado en una tentativa de reconfiguración
del sentido común hegemónico nutrido por la propaganda
gubernamental, que apelaba a la cordura y a disminuir las
tensiones provocadas por el desbordamiento de la situación.
Entre marzo y septiembre de 2022 llevé a cabo un
seguimiento en campo y en redes sociales del FOCDA, al que
identifiqué como un actor sobresaliente en el debate y conflicto
desencadenados por la sequía y el desabasto de agua potable en
la ZMM. Conformado por más de 15 organizaciones civiles12 el
Frente congregó la frustración y la incertidumbre que condicionó
la rutina metropolitana durante varios meses. Aproveché mítines y
marchas que tuvieron lugar en plazas públicas y céntricas avenidas
de Monterrey capital, para hacer un registro escrito y de audio del
12 Entiendo por organizaciones civiles (o ciudadanas) cualquier grupo de
personas voluntarias y sin ánimo de lucro que operan en favor de ciertas causas
de interés común o general; su movilización puede ser local, regional, etc.

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posicionamiento, datos y demandas concomitantes. En medios
electrónicos di seguimiento a desplegados, entrevistas y ruedas de
prensa auspiciados por el gobierno de Nuevo León, en particular
Agua y Drenaje de Monterrey, dependencia responsable del
suministro de agua en la ZMM. Publicaciones basadas en acciones
de los ayuntamientos metropolitanos y de la Conagua también
fueron insumo para el inacabado y amplio registro.
Volviendo al Frente, su conformación es diversa por el
número de colectivos y, asimismo, por el perfil de quienes los
integran. El rango de edad va desde agrupaciones conformadas
por jóvenes entre 20 y 30 años, estudiantes y profesionistas,
hasta adultos entre 40 y 70 años (hombres y mujeres) dedicados
a la docencia y a la abogacía, entre otras profesiones y empleos.
Aunque suelen interesarse en distintas problemáticas locales y
nacionales, compartieron en el FOCDA su tiempo y recursos. 13
Como ya adelantaba, la base conceptual recupera el
sentido común (senso comune): un cúmulo de conocimientos
que proporciona una seguridad paradójica frente a sucesos que
descomponen la rutina de la urbe. El sentido común “tiende a creer
que lo que existe hoy ha existido siempre” (Gramsci, 1984, pág.
61), aunque sus supuestos se modifican frente a nuevas realidades;
posee una base cultural de conocimientos morales e intelectuales
“que son asimilados, con frecuencia inconscientemente, a partir
del mundo que nos toca vivir” (Crehan, 2016, pág. 184). Estos
13 La identificación individual de las personas adherentes al Frente no es
relevante para la parte de la investigación que constituye este escrito. Además,
algunos de sus miembros con los que conversé brevemente para cotejar ciertos
datos, hicieron hincapié en que las actividades debían reconocerse como del
Frente por encima de sus miembros en lo individual.
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conocimientos explican esa realidad que durante nuestra infancia
concuerda con los lugares y personas con las cuales socializamos:
familia, escuela, vecindario; conforme nos adentramos en
otras relaciones y entornos, nuestro sentido común “resultará
modificado y aumentado”, aunque su mutabilidad no es siempre
perceptible debido a que la cotidianidad acapara nuestra atención
(ídem).
El sentido común propuesto por Gramsci es
“intrínsecamente asistemático” (Crehan, 2016, pág. 84). Se
caracteriza como un saber “inmediato, ligado a la resolución de
conflictos o necesidades ocurridos en la vida cotidiana”; esta
cercanía con el día a día dificulta la reflexión sobre lo que se vive
y sus causas, por lo que el conocimiento de una situación dada
suele no problematizarse (Bravo, 2006, s/p). Al carecer de una
concepción única, el carácter fundamental del sentido común
“es el de ser una concepción del mundo disgregada, incoherente,
inconsecuente, conforme al carácter de las multitudes” (Gramsci,
1984, p.303). Se trata, asimismo, de una concepción fragmentaria
que surge de “la posición social y cultural de las masas de las que
es su filosofía” (Crehan, 2016, pág. 85), por lo que su naturaleza
es más compleja que la sola potestad por parte de un gobierno.
Gramsci subraya que el sentido común no se relaciona
exclusivamente con “las masas”: “En cierta medida, todos
vivimos en un mundo con sentido común, solo que no en el
mismo: Toda clase social tiene su propio sentido común” (citado
por Crehan, 2016, p.85). El sentido común hace concurrir
verdades que comparten características, pero “en su conjunto
son demasiado múltiples y variadas como para constituir un
sistema coherente” (Crehan, 2016, pág. 84). La multiplicidad de
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verdades es el resultado de una concepción pluritemporal de la
realidad experimentada por las masas, que contiene elementos
de conflictos presentes y pasados (Filippini, 2017); todos pasan
por el tamiz de una interpretación situada de los acontecimientos
de acuerdo con la vivencia de cada persona: los riesgos asumidos
debido a la situación de inseguridad; las oportunidades laborales
que le han permitido (o no) cierta movilidad social, o su
experiencia con la falta de agua a través de los años originada en
la fragmentación económica y urbana.
Gramsci no se refiere a las masas en términos peyorativos,
empero, acota que una masa humana “no puede distinguirse a sí
misma” o “independizarse” si no se organiza, y esta capacidad
no es posible sin intelectuales (Crehan, 2016, pág. 66). Por
«intelectuales», Gramsci se refiere a sujetos que hagan las veces
de dirigentes que logren un nexo entre acciones y pensamiento;
se trata de un proceso “largo, difícil, lleno de contradicciones, de
avances y retiradas, de desbandadas y reagrupamientos” (ídem),
propio de la dialéctica, en este caso, entre el Frente y una población
afectada por decisiones de gobierno, pero también por sus propias
respuestas y vacilaciones ante la incertidumbre que padecen.
Gramsci observa en las vacilaciones la causa de que no
cualquier colectivo trascienda. La complicación sobreviene
debido a que las responsabilidades frente a la inequidad que
se combate, sólo son asumidas por agrupaciones sin una clara
relación con acciones que co-responsabilicen a sectores de la
población. De forma análoga (e irónica para el caso esbozado)
Gramsci se refiere a las multitudes reunidas circunstancialmente
como las que se cubren “durante un aguacero bajo un cobertizo”
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(1984, p. 153), sin estar compelidos en la resolución de sus
problemas.
La contingencia o incertidumbre da lugar a reacciones en
las que cunden la indolencia y los prejuicios. A través de estos
aspectos negativos presentes en el sentido común se determinan
las formas para la incorporación de las masas al “Estado en sentido
amplio” (Casas, 2022, s/p): “actividades económicas, políticas
e ideológicas” que un gobierno o una clase dirigente justifican
como imperativas, “obteniendo para ello el consenso, activo o
pasivo” de la opinión pública (ídem). 14
Emprender campañas con todos los recursos con los que
cuenta a su disposición un gobierno, despliega indefinidamente
relatos que explican una situación límite sin perjuicio del poder
que ostenta. Inducir en la población la urgencia de modificar el
consumo doméstico de agua cae en terreno fértil, un conjunto
de ideas y criterios hegemónicos se van arraigando como sentido
común en las masas, reproduciendo las desigualdades existentes
e interiorizándolas como la realidad posible, sin alternativas
viables salvo por un cambio en su actitud (Casas, 2022).
En circunstancias como las descritas, el sentido común es
un espacio toral de lucha para superar «certezas». Para los sucesos
en que me centro, franquear las verdades preponderantes implica
una colectividad cuyo lenguaje y demandas sean reconocidos por
quienes se sienten o se perciben como afectados; los mensajes
14 Entiendo por opinión pública, una forma de pensar compartida
por una población (las masas para este caso) acerca de un tema o problema
(social, cultural, político, etc.) que les es de interés. El interés puede surgir de
las implicaciones que el fenómeno en cuestión tiene para dicha población y/o
inducida por una estrategia de comunicación o propaganda.

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deben ser cercanos a la vivencia de la gente que padece la falta de
agua potable. Los comunicados en redes sociales y los compartidos
a pie de calle deben compatibilizar con el buen sentido (buon
senso) que forma parte del sentido común de los estratos sociales
que soportan en mayor magnitud coyunturas como la presentada
en Monterrey durante 2022.
Como lo he enunciado ya, el sentido común puede
representarse como un conjunto de certezas que incluyen
pensamientos y posturas de dudosa veracidad; pero también
contiene lo que Gramsci denomina buon senso. El sentido común
no es solamente un ente que debe transformarse en beneficio
de la sociedad, es, igualmente, un conjunto de conocimientos
y verdades que un gobierno o una clase élite defenderán para
garantizarse el control de la opinión pública y la perseverancia
en el poder, si bien este cometido nunca ocurre de forma
absoluta (Crehan, 2016). Lo que Gramsci identifica como
buon senso es un conocimiento de otra naturaleza, más real en
tanto puede relacionársele con una ética fundada, por ejemplo,
en una solidaridad más reflexiva que mecánica, asumida
desde un posicionamiento que supere el axioma en el que
descansa la elección de ayudar. Es esta posibilidad, establecida
conscientemente, la que puede confrontar la permanencia de un
sentido común hegemónico.
La hegemonía es otro concepto tratado por Gramsci,
íntimamente relacionado con el senso comune. A diferencia del
dominio (también dilucidado por el pensador sardo), cuya forma de
control reside en la coerción y la fuerza física, la hegemonía permite
a un gobierno alcanzar consensos basados en una negociación –
desigual por antonomasia – con una diversidad de detractores
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como pueden ser los grupos civiles.15 La capacidad de comunicar
de un gobierno logra que sus mensajes alcancen cualquier espacio
informativo, esto opera en favor de la díada “coerción-consenso
en función de un ″nosotros-ellos‶ como garante de las formas
imperantes” (Puentes &amp; Suárez, 2016, pág. 451).
El sentido común comprende un proceso dentro del que
coexisten la coerción, la violencia, y formas de resistencia y, al
mismo tiempo, una aceptación (explícita o implícita) de prácticas
gubernamentales de sujeción, así como “un conformismo social
y una subordinación más o menos voluntaria que, a la larga, se
hace legítima”; tal consenso da “sustento simbólico y físico al acto
mismo de la dominación” (Puentes Cala &amp; Suárez Pinzón, 2016,
pág. 451).16 La subordinación desde la mirada gramsciana parte
del individuo como “ser estratificado” compuesto por elementos
“estrictamente individuales junto con otros socialmente
determinados” en un continua tensión que reproduce la
circunstancia de una sociedad dividida (Filippini, 2017, pág. 108).
En este complejo escenario emergen colectivos que intentan
organizar otro tipo de significados recuperados de sectores de
población a los que ellos mismos pertenecen, rescatando, a la par,
un papel en el ejercicio del poder (Puentes &amp; Suárez, 2016). En
15 La tesis gramsciana históricamente parte de la “descorporativización
del proletariado” y la cimentación de “alianzas que incluyan a todos los que
tienen similar situación de explotación” con el fin de fundar una “nueva
hegemonía” (Albarez Gómez, 2016, pág. 153).
16 Gramsci veía en el conformismo una tendencia que estandariza
el modo de pensar y de actuar, obligando a la “voluntad colectiva” a actuar
bajo el impulso emergente “de un héroe, de un hombre representativo”
que aprovechaba “factores extrínsecos” que se componen y descomponen
continuamente (1984, p.153).

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medio del caos que representa la carencia de agua, surgen voces
exigiendo que se garantice el servicio a hospitales y escuelas por ser
instituciones que albergan personas con una necesidad inmediata
y vital; otros subrayan las desiguales condiciones entre distintas
colonias y municipios, opinando que el agua debe ser primero para
personas de clase social pobre que no tienen otra manera de hacerse
del líquido si no es mediante la tubería que llega a su casa. Estas
manifestaciones pueden considerarse como ejemplos del buon senso
radicado dentro de la confusión consustancial al senso comune.
Gramsci sostiene que este tipo de alusiones a la particular
contingencia de ciertos grupos poblacionales, son insumos
potenciales para crear movimientos de oposición que logren revertir
decisiones de la autoridad. El buen sentido alberga hechos “cuya
″verdad‶ no precisa evidencia” (Crehan, 2016, pág. 10): atiendan
primero a los hospitales y lleven agua a los más pobres, son ideas
perennes a las que agrupaciones que quieran organizar acciones de
solidaridad o de defensa deben prestar atención; serían un punto
de partida en sus afanes de convocar nuevos adeptos a través de un
discurso político alternativo, afín a causas sociales concretas.
¿Son movimientos o agrupaciones como a los que me
refiero potencialmente «intelectuales» de las masas? ¿Su propósito
explícito es actuar en consecuencia con esas masas?, Este artículo
no define a los colectivos como intelectuales, pero sí analiza una
situación que genera conjeturas al respecto.
Sequía versus saqueo en una urbe contingente
Como he argumentado antes, la vivencia de problemas y
complicaciones de las personas son, en principio, condicionadas
individualmente; así lo es la subjetividad que nace de las experiencias
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de vida y de las condiciones bajo las que ésta se desarrolla. Cada
estrato social así como posee un sentido común, de acuerdo con
Gramsci (Crehan, 2016), en consonancia posee una visión sobre su
acontecer y sobre las formas que responden a situaciones de riesgo
o para aprovechar oportunidades de diversa índole.
Las distintas maneras de acoger la realidad rutinaria se
estructuran bajo lo que llamaré “contingencia de vida” (Lorey,
2016). La contingencia o incertidumbre que he mencionado en
páginas anteriores sobreviene de la “precarización” que, como forma de gobierno, “abarca la totalidad de la existencia” y no implica
únicamente una magra economía o puestos de trabajo inseguros
(Lorey, 2016, pág. 17). La contingencia es ambivalente: “amenaza
y constricción” y, al mismo tiempo, “nuevas posibilidades de vida
y trabajo” (ídem). Puede conjeturarse que la inseguridad social en
la que se sitúan actualmente las zonas metropolitanas se mantiene bajo un “umbral” que permite al gobierno regular los riesgos y
las posibilidades de conflicto (Lorey, 2016).
Durante el estiaje algunas resoluciones oficiales
lograron restringir parcialmente reacciones que inducían a la
ingobernabilidad. Un ejemplo concreto: la disposición de pipas
que surtían con agua a muchas de las colonias de los municipios
metropolitanos; esta acción, replicada decenas de veces por la
propaganda gubernamental, apoyaba el propósito de reencausar
las negociaciones con cientos de pobladores que cerraban
avenidas; junto con una fila de carros cisterna varados a lo largo
de la avenida Garza Sada, se observaba a funcionarios intentando
convencer a los manifestantes de liberar la importante vía.17
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Se trata de una arteria vital para el desfogue de tráfico vehicular
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Los cierres mostraron que el desabasto generó un descontento
generalizado que podría extenderse a gran parte del noreste
mexicano en el corto plazo.18
La acusación pública “no es sequía, es saqueo” se situó en
el seno de una sociedad sumamente desigual. La ZMM, la segunda
más poblada del país, concentra 5 341 171 habitantes (INEGI,
2020).19 A pesar de que son los municipios de Nuevo León que no
forman parte de la metrópoli los que aparecen calificados en niveles
de “pobreza”, “pobreza moderada” y “pobreza extrema” (CEFP,
2018), varios enclaves actualmente toleran una situación precaria
en cuanto a la disposición de servicios públicos y seguridad.20
Para abundar sobre la conformación y reproducción
de un sentido común particular de Monterrey, me referiré a
que circula de sur a norte, atravesando el municipio de Monterrey. La avenida
entronca con la Carretera Nacional que conecta Nuevo León con Tamaulipas.
18 En la región de La Laguna, del limítrofe estado de Coahuila con
Durango, el programa “Agua Saludable para La Laguna” ha recibido diversos
cuestionamientos. Se critica el avance de los trabajos, que no representa
“una solución real para el desabasto y la crisis del recurso hídrico” en esa
región. Además de lo que se señala como un lento avance en la adjudicación
y licitaciones para la obra, grupos ambientalistas locales denuncian que
el proyecto “no involucra estrategias encaminadas a la regulación de la
sobreexplotación de los mantos acuíferos y la contaminación del agua para
consumo humano” persistente en el importante enclave interestatal (López,
2023).
19 Del total, 1 142 994 viven en Monterrey capital (INEGI, 2020).
20 Respecto a la condición de “pobreza” y “pobreza extrema”, el Coneval
(2020, s/p) identifica “carencias sociales” tales como: rezago educativo,
deficiente o insuficiente acceso a seguridad social y a servicios de salud; un
espacio doméstico insuficiente para el número de personas que lo habitan, así
como un acceso limitado a los servicios básicos para la vivienda; por último,
considera también las limitantes o carencias respecto a una alimentación
“nutritiva y de calidad”.
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otros dos fenómenos que, indiscutiblemente, requieren de su
propio espacio para tratarse con detenimiento. La intención en
los siguientes renglones es proponer elementos que ayuden a
complejizar la situación metropolitana, tanto en sus «certezas»
como en su contingencia. Ello no necesariamente implica una
relación directa con el problema del agua, sino con el escenario
de incertidumbre general de la metrópoli.
El primero, el de la inseguridad que experimenta la
urbe desde hace varios años. La desaparición de personas es
un crimen que da lugar, como en el caso de la escasez de agua
(guardada toda proporción), a discusiones públicas sobre sus
causas. En Nuevo León se reportaban, hasta septiembre de
2022, 6 338 personas desaparecidas (FUNDENL, 30 de agosto
de 2022), las «certezas» al respecto corren desde consecuencias
derivadas del narcotráfico hasta el descuido personal o familiar.
Sobre todo con las adolescentes y las jóvenes se fustiga que
su forma de vestir y/o los lugares que frecuentan hacen una
diferencia entre quienes permanecen relativamente a salvo y
quienes son desaparecidas, según se delibera ampliamente en
redes sociales. Tanto la actitud y responsabilidad personal son
explicaciones que parecen regular la incertidumbre provocada
entre la población y constituyen una ‘verdad’.
Sin ser equiparables, tanto la probable colusión de
algunas de las personas con el narcotráfico como la oportunidad
que representa para otro tipo de delincuentes la presencia de
mujeres jóvenes en sitios y horarios calificados de peligrosos,
son explicaciones secundadas por la Fiscalía General de Justicia
de Nuevo León a fin de paliar, en parte, lo que diversas ONG
de búsqueda y apoyo a familias de desaparecidos(as) acusan
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como negligencia, entre otras motivaciones por la negativa “para
presentar peritos independientes” por parte de organizaciones
y familiares que colaboren en las investigaciones, así como el
incumplimiento de fechas para la entrega de avances o informes
(FUNDENL, 30 de septiembre de 2022).
El segundo fenómeno es la presencia de inmigrantes
nacionales indígenas e indocumentados centroamericanos. Desde
el conjunto de «certezas» que prevalecen entre la población de
la ZMM, en términos generales, ambos personifican riesgos
e incomodidades en distintos grados. La población indígena
reapareció con fuerza particularmente en Monterrey, a finales del
siglo pasado, a donde llegaron provenientes del centro y sur del
país (Martínez-Canales, 2018).
El Censo 2020 del INEGI arrojó que en Nuevo León viven
352 mil 222 personas que se autoadscriben como indígenas, lo que
representa un 6.88% de la población del estado. Criticados por la
población nativa por su ‘falta de conocimiento’ sobre la dinámica
y convivencia en una urbe, los adultos son constantemente
discriminados. En contrapartida, niños y niñas de origen
indígena son aplaudidos y reconocidos en asambleas escolares
en donde se entona el Himno Nacional o se declama poesía en
alguna lengua vernácula, así también los y las jóvenes que logran
terminar una carrera (Martínez- Canales, 2019). Estos distintos
niveles de tolerancia se sostienen en una perspectiva dicotómica:
la del “Otro” que representa la raíz y la tradición cultural (las
infancias) y aquel cuyo comportamiento es calificado de necio o
incivilizado, por ejemplo, por dedicarse al comercio informal en
la vía pública.
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Por su parte, los centroamericanos que atraviesan el
territorio de Nuevo León en dirección a la Unión Americana,
son vistos como un peligro. No es solamente su presencia sino,
como en el caso de los indígenas, su fenotipo y su conducta
frente al ‘regio’;21 a tales características se agrega la acusación de
convertirse en asaltantes, una vez que su propósito de atravesar
la frontera se dificulta y optan por quedarse en la entidad. A
otros parece molestarles su contratación o empleo en trabajos
temporales lo que les da una garantía relativa de permanencia.
Respecto a la acción gubernamental, se divide entre el control
migratorio y el socorro proporcionado a través del apoyo a
albergues (administrados por particulares o fundaciones), se
trata de procedimientos estatales de contención.22
En ambas situaciones estamos frente a un tipo de
tolerancia que forma parte del sentido común citadino que
distingue retóricamente al foráneo, sus problemas y carencias,
sin aceptar esta condición como causa de los comportamientos
juzgados como impertinentes o desagradables y que provocan
una discriminación sobresaliente.23Los dos fenómenos exponen
21 “Regio” y “regiomontano” son dos gentilicios con los que se
identifica a los nativos de Monterrey.
22 Un análisis elaborado por la Coparmex Nuevo León indica que en el
Censo 2020 “la población mayor a 5 años de edad que emigraron hacia México
en busca de trabajo, fue de 1 129 177, de esa cifra, Nuevo León registró 133 541
personas”, ocupando el primer lugar entre los estados receptores de migrantes
(Flores, Nuevo León lidera a estados receptores de migrantes mexicanos y
extranjeros, 2021).
23 En 2014, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(Conapred), informó que la población de Monterrey tenía “los mayores niveles
de intolerancia”. Esta actitud resaltaba “contra grupos indígenas, personas
que vienen de fuera, que tienen otra cultura, o contra mujeres y hombres

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el encasillado social normalizado en la urbe regiomontana que
surge de procesos de incertidumbre diferenciada, establecida
por “relaciones de desigualdad” generadoras de un dominio
naturalizado (Lorey, 2016, pág. 27). Este dominio se basa en
gran medida en la heterogeneidad de la población afectada. Así,
mientras ciertos estratos sociales perciben, por ejemplo, los
riesgos de la desaparición de personas como la consecuencia de
actitudes y formas de sociabilidad que les son ajenas (por clase
o posición económica, por la zona en la que habitan, etc.), otros
más, en el caso de la población inmigrante, pueden considerar que
su interacción con indígenas, hondureños o caribeños es apenas
necesaria y, por tanto, ‘tolerable’.
Al contrario, el vigor evidenciado por las protestas y en
los cierres de calles, provocado por la crisis del agua, sentó sus
bases en el hecho de que las acciones de dominio y regulación
gubernamental, debían ensayarse ahora en la población en
general. Aunque cada sector de la población tomó acciones con
familiares y vecinos, las autoridades encontraron, atípicamente,
distintos individuos y agrupaciones con una demanda y opinión
en común, difícilmente encasillable por zona de residencia o por
capacidad económica.24
A las carencias y riesgos enfrentados por la población
de la ZMM se sumó el recelo provocado por los primeros avisos
sobre las restricciones hídricas. En varias colonias suburbanas y
homosexuales” (Martínez-Canales, 2018, pág. 159)
24 Obviamente, esta aseveración no debe ser óbice para dar seguimiento
a las distintas maneras o estrategias que el gobierno implementa a discreción
para negociar o tratar con unos u otros sectores de la población de la ZMM,
según su representatividad y cantidad.
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en la periferia el agua nunca había sido un servicio regular, pero
a partir de la “Declaratoria de Emergencia por Sequía”, emitida
por el gobierno de Nuevo León, la situación se recrudeció; varios
espacios públicos, como albercas que cada año se abren en marzo,
fueron suspendidas por su “uso excesivo de agua” (Milenio, 17 de
febrero de 2022).
A la par, se reprodujeron datos sobre el acaparamiento
por parte de la iniciativa privada, incluso afirmando que ese
sector consumía “el 54 por ciento del agua de Monterrey
[capital]” (Milenio, 17 de febrero de 2022): las refresqueras,
aquellas dedicadas a la extracción, envasado y su venta, pero
también la industria del acero, entre otras, fueron blanco de
las presunciones. Las versiones encontraron eco en la opinión
pública no por novedosas, sino por la emergencia, ya que es
‘normal’ asociar la explotación de los recursos y la corrupción
a empresas y distintos órganos de gobierno; éste es uno de los
‘conocimientos’ que el común de las personas incluye como parte
de sus «certezas», aunque en ocasiones no exista una verificación
fehaciente de lo que se afirma. No es únicamente una cuestión
de señalar culpables, sino, a la vez, un proceder para evadir una
responsabilidad proporcional.
No es menester del artículo contrastar cifras ni ubicar la
más fidedigna, sino mostrar cómo de entre los medios informativos, el reclamo por la escasez de agua y el posicionamiento gubernamental, surgen criterios formadores de una ‘verdad’ que, entre
sus efectos, dispersa u obstaculiza la atención sobre las causas u
origen del problema. Otros datos que fueron surgiendo se relacionaban con el bajo nivel de las presas y la urgencia de conseguir
autorización para perforar pozos; el gobernador del estado hacía
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promesas: “…si logramos la emergencia climática federal por Conagua en todo el estado, va a haber muchas más acciones y mucho
más recurso” (Milenio, 8 de febrero de 2022).
Las comunicaciones del gobierno de Nuevo León
continuaron preconizando la prolongada sequía como la causa
mayor; respecto al “saqueo” la autoridad no identificaba con
la misma claridad a los posibles responsables ni las sanciones
respectivas. Al paso de los meses se aceptó que existían
concesionarios al margen de la ley a los que se les confiscaron
veneros y pozos en una campaña que ya era llamada “cruzada
por el ahorro de agua”.25 El cúmulo de testimonios y datos acerca
de lo que estaba sucediendo se perfilaba social y políticamente
como un conflicto social de grandes proporciones. “A Monterrey
le llegó el día cero” titulaba un sitio internacional de noticias
al referirse a “temperaturas que superan los 40°C”, más una
subsistencia ajustada a “solo seis horas al día de bombeo de agua
potable, una restricción nunca antes vista e implementada por las
autoridades” (Brooks, 2022, párr. 2).
He aquí el riesgo de quebrantamiento en condiciones de
una contingencia compleja de regularse mediante estrategias
25 En coordinación con personal de la Conagua, autoridades de la
Procuraduría Estatal del Medio Ambiente clausuraron “seis pozos que no
contaban con los permisos de la dependencia federal” y levantaron “actas
administrativas” en propiedades donde se encontraron “tomas clandestinas,
que estaban conectadas directamente a la red de agua potable” (Flores,
Gobierno de Nuevo León clausura seis pozos ilegales, en cruzada por ahorro
de agua, 2022). Otro ejemplo preclaro fue el aseguramiento de “tres pozos”
pertenecientes a una empresa, que se utilizaban para el riego de panteones
ubicados en tres municipios; “uso de conexiones a la red de agua potable,
cisternas de agua con capacidad de más de 91 mil metros cúbicos, más de 50
tomas de agua, tuberías y llaves de paso” se incluyeron en la descripción del
hallazgo (Gobierno de Nuevo León, 13 de julio de 2022).
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y propaganda frecuentes creadas a partir de la normalización
de otras problemáticas no menos graves (como las enunciadas
en páginas anteriores), pero que, a diferencia de la falta de
agua potable, no involucran directamente a la totalidad de sus
habitantes:
El agua no es algo con lo que se esté jugando, la vida de las personas no es algo con lo que se deba de estar jugando. Así como
desde años antes han existido problemas de desapariciones,
ahora estamos aquí por algo que nos afecta absolutamente a
todos, se están quedando con el vital líquido y les venimos a
poner un alto (Mitin FOCDA, 5 de junio de 2022).

Los problemas padecidos por una población y su intensidad,
se relacionan íntimamente con el reparto heterogéneo de la
incertidumbre verificada, en este caso, en función del acceso a
servicios públicos básicos. Las diferencias en la disponibilidad de
alumbrado público, espacios de esparcimiento como parques y,
por supuesto, agua potable, cimientan las bases de: a) una gestión
individualizada de los riesgos (Lorey, 2016): cada quien resuelve
la falta de agua según su capacidad o su posición social, y b) una
intersubjetividad sobre las causas del desabasto, alimentada de
distintas fuentes de información, contradictorias y, en ocasiones,
poco relacionadas con lo que sucede en barrios donde la
ineficiencia de los servicios públicos es una forma de violencia.
Los incisos sintetizan puntos de vista forjados de manera
compleja, pero que, en la experiencia derivada del estiaje, indujo
a la población a autoresponsabilizarse del suministro de agua en
sus hogares, con el apoyo del envío de pipas o la participación de
la iniciativa privada. Ante todo, primó la ‘concientización’ para
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disminuir el uso del agua como acción sustancial, “Para que haya
agua para todos ¡ahorra te toca a ti!”, promovía Servicios de Agua
y Drenaje de Monterrey en internet y en espectaculares ubicados
en las principales avenidas. Periódicamente, de acuerdo a como
se iba atendiendo el problema, en redes sociales se avisaba de los
horarios y días en los que habría abastecimiento y en los que el
servicio se suspendería.26
La propaganda oficial profería implícitamente un cometido
de propósitos ulteriores, profundamente relacionado con la
actualización del sentido común hegemónico: la población debía
asimilar la escasez como parte de una normalidad consecuencia
de las condiciones ambientales. A pesar de la creciente oposición
al mensaje, su penetración no fue, en absoluto, inocua; en la
contingencia rutinaria de Monterrey el riesgo latente por las
características ambientales, se vinculó mediáticamente con una
condición precaria diferenciada a través de la responsabilidad
individual frente al desabasto. Ciertamente, se trató de un
objetivo orientado a garantizar la gobernabilidad.27
Al tiempo que se propagaba la necesidad de ahorrar agua,
embotelladoras especializadas en su venta apuntaban al mismo
objetivo de gobernabilidad ‘solidarizándose’ con la población:
para julio de 2022, una de éstas sumaba “a más de 2 100 familias”
26 La página oficial de la campaña dejó de actualizarse en junio de
2022. A pesar de ello, continuaba disponible durante diciembre de 2022:
https://ahorratetoca.mx/
27 La estrategia tuvo su colofón, una vez regularizado el servicio, durante
septiembre, con la campaña “Ciudadanos de a 100” que buscaba reducir el
consumo per cápita en la ZMM de “160 a 100 litros diarios”, repartidos entre
las distintas necesidades domésticas habituales (Gobierno de Nuevo león, 25
de septiembre de 2022). Esta acción se retomó en el transcurso de 2023.
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beneficiadas “con la donación de pipas de agua potable que se
distribuían diariamente en distintas colonias del municipio de
Guadalupe [en donde la corporación tiene sus instalaciones]”
con el beneplácito de la alcaldesa (Martínez, 2022). Así también
durante el evento “Agua para todas las Personas”, funcionarios de
la Secretaría de la Igualdad y la Inclusión, del gobierno de Nuevo
León, agradecieron a la misma empresa la distribución gratuita
de “2 000 garrafones de agua” con lo que se alcanzaban “más de
240 000 litros de agua repartidos” (ídem).
A mediados de junio del mismo año, la Conagua, a través del
gobernador nuevoleonés, informaba que se obligaría a la cervecera
local “a entregar una tercera parte del líquido que le concesionó,
ya que no la usan en sus procesos”, de “seis millones de metros
cúbicos del agua…sólo usa cuatro, por lo que debe ceder esa parte a
la comunidad”, aseguraba (El Financiero, 18 de junio de 2022). Un
mes después la empresa respondía que estaba en posibilidades de
ceder “el 20% de su consumo de agua de la ciudad [de Monterrey]
a favor de la red de Servicios de Agua y Drenaje” y recalcaba “su
donación de un nuevo pozo profundo de 3.1 millones de metros
cúbicos de agua al año” que aportaría “más agua de la que consume”
la propia cervecera (Forbes, 2022, párrs. 1 y 2).
¿Qué efecto sobre el sentido común hegemónico puede
tener este tipo de noticias? Por lo pronto, podemos observar la
comunión entre gobierno e iniciativa privada lo que refrenda una
‘verdad’: que esta relación es positiva, pues responde al interés
de la metrópoli y sus habitantes; asimismo, promueve un modelo
de “autorresponsabilidad neoliberal” (Lorey, 2016, pág. 96) cuyo
ejemplo a seguir es la ‘solidaridad’ de las embotelladoras y de la
cervecera: cada quien cumple (o debe cumplir) con un cometido
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frente a una situación límite. Sociedad, gobierno y sector
empresarial asumen riesgos, nadie escapa a ello, todas las partes
deben corresponsabilizarse. Lo que se obvia es la heterogeneidad
de la incertidumbre poblacional en la que acaece el desabasto,
las acciones emprendidas por la gente común preferentemente
se orientarán al autoaseguramiento en menoscabo de una acción
política colectiva.
Esta acción política, fraguada en sentido contrario a las
versiones propagadas por la autoridad estatal, ganó una atención
temporal en las plazas públicas. El FOCDA compartía sus propios
criterios:
…el modelo económico que agarra preferencia en estas concesiones [de agua] a los magnates dueños de esta ciudad a quienes siempre han estado sirviendo nuestros gobernantes, no
han sido capaces de detener esta barbaridad. Pedimos a toda
la ciudadanía, a los medios de comunicación y hacemos esta
reflexión: ningún partido político [nos atendió], se les fue a
buscar en el congreso…ninguno ha mostrado interés más que
una supuesta rabia e indignación por medio de las redes sociales que no es más que para cumplir con las órdenes de la
simulación… la ciudadanía está sola porque ni los alcaldes están
respondiendo (Mitin FOCDA, 5 de junio de 2022).

Para el Frente es una «certeza» que la política de
suministro de agua en la ZMM eventualmente indujo el consumo
de agua embotellada en detrimento de la economía y los derechos
de la población; es un propósito, según afirman, consecuente con
el imaginario de un Nuevo León como “desierto ideológico” en el
cual no existen movimientos que ofrezcan resistencia “al interés
de la clase dominante”:
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¡Qué pinche necesidad de estar en el sol! ¡Qué necesidad de estar
exigiendo algo que nos corresponde! El pueblo con estos calores necesita el agua, nuestras mascotas, nuestros enfermos…las
grandes compañías internacionales se han apoderado del agua…
¿Quiénes la tienen?, pues la tiene la Coca Cola, la tiene la Cervecería [Heineken], la tiene Agua Mineral [Topo Chico], la tiene
Ternium… reconocen que ellos tienen el agua, y que la van a regalar porque son benefactores de Nuevo León. ¡Son unos fantoches!
¡Son unos desgraciados que son los que tienen los recursos naturales, que están para su disposición para enriquecerse!... ¿Cuándo
han visto que haya parado la Coca Cola? ¿Cuándo ha parado la
producción de la Cervecería? ¿Cuándo ha parado la producción
de la Topo Chico? (Mitin FOCDA, 5 de junio de 2022).

El FODCA anunciaba que se tomarían acciones legales en
contra del tandeo, invitaba a la población a firmar un documento
que se dirigiría a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos para detener el “saqueo”. Durante las manifestaciones
subrayaban la necesidad de unirse a la demanda, sin importar si las
personas firmantes militaban en algún colectivo o no; convocaban
“al monstruo del ocho marzo, aquellas mujeres que llenaron aquí la
macroplaza”, pero ahora acompañadas “con los padres de familia,
los novios, los amigos” para lograr la atención del gobernador.28 “En
abril venimos una minoría a visitar el palacio [de gobierno]…no nos
dejaron entrar a nuestra casa ciudadana, porque somos minoría”,
denunciaban refiriéndose al mitin del 2 de abril de 2022 en el que
exigieron a Samuel García detener las “atrocidades contra los
ciudadanos” por el racionamiento del agua.
28 Alusión a la manifestación con motivo del Día Internacional de la
Mujer (8 de marzo), que reunió a “más de 20 mil mujeres” en el centro de
Monterrey capital, para exigir “respeto, justicia y alto a la violencia” (Ayala,
2022).

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Contrario a lo que ocurría con la información
gubernamental, que es una fuente crucial para los medios, el Frente
se veía precisado a encontrar sus propios espacios mediáticos. A
través de contactos lograban, por ejemplo, que la toma simbólica
de una refresquera apareciera en un periódico nacional, aun
cuando la convocatoria no reunía a más de 40 o 50 personas entre
vecinos y manifestantes (Rivera, 2022). Durante el mismo acto se
reproducía la demanda de restituir el servicio de agua potable y
se llamaba “a los usuarios del servicio doméstico” a manifestarse
“en las calles y en los tribunales” para que las empresas detuvieran
su producción y se lograra con ello “un mayor abastecimiento del
líquido a la población” (ídem).
El que las afectaciones y la invitación a unirse a los reclamos
no hayan alcanzado aún la magnitud de un movimiento de masas,
nos enseña que tanto el núcleo de la propaganda gubernamental
como el del mensaje del Frente, cada uno a su manera, reconfiguran
discursos y ‘verdades’ posicionadas en un ámbito urbano complejo
en el que las posturas de sus habitantes no se reducen al desabasto
de agua, sino que sus decisiones y reacciones consideran riesgos
de distinta magnitud y naturaleza. Las demandas ciudadanas
recuperadas por el Frente avanzan a contracorriente de la acción
gubernamental como opción única. Desde la perspectiva gramsciana
su posicionamiento contiene vivencias y vicisitudes que anticiparían
la emergencia de un sentido común opuesto al dominante, pues
tales experiencias congregan conocimientos que permiten atisbar
el buon senso dentro de la incertidumbre aglutinada en el senso comune:
El agua es un recurso natural fundamental y necesario para la
vida y ellos [los empresarios] lo están utilizando para lucrar,
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para enriquecerse. Para ellos no hay remordimiento de que una
señora se queda sin agua hoy porque ellos están produciendo
más cerveza, a ellos no les importa eso (Mitin FOCDA, 5 de
junio de 2022).

No necesariamente se visualiza un nuevo tipo de
conocimiento, sino una oportunidad de reinsertar narrativas de
formas más efectivas, en la medida que la población se sienta
representada y elija problemáticas como la carestía del agua, ante
las que no permanecerá pasiva o desorganizada.
Pensamiento y acción
Esta es una parte final “preventiva” ante la probabilidad de un
nuevo episodio de desabasto que actualice la postura oficial y
renueve la presencia de actores que como el Frente buscarían
fortalecer su convocatoria. Al respecto se puede citar a Agua y
Drenaje de Monterrey, que en octubre de 2022 sentenciaba que
una crisis similar a la de ese año no se presentaría, siempre que
la población fuese “cuidadosa” (Fuentes, 2022). A principios
de 2023, el organismo informaba que “siete municipios” de la
ZMM estaban “bajo el programa Modulación de presión para
evitar fugas y despilfarre”, al tiempo que la misma dependencia
se preparaba “para otra posible crisis hídrica” debido al descenso
del nivel de las presas y mantos acuíferos (Fuentes, 2023). Para
finales de enero de este año la “disminución de presión del agua”
sobrevenía en horas de la noche y la madrugada (García, 2023).
Ante el trance ocasionado por la crisis hídrica, el gobierno
de Nuevo León implementó una relativamente eficaz campaña
basada en ‘verdades’ cuyo objetivo ha sido que la población
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asuma un fenómeno corriente en climas semidesérticos como
el del noreste de México. Estrategia eficiente puesto que trajo
a colación la voluntad y el trabajo ante la adversidad que,
históricamente, ha dado sentido y hasta identidad a la zona
debido a las dificultades ocasionadas por el clima extremo.
Pero, así también, eficacia de corto plazo, pues a los elementos
que objetivan la circunstancia ambiental, deben agregarse los de
orden económico y sociocultural.
La disímil situación de sus habitantes ofrece un escenario
susceptible de moldearse conforme a la rutina de quienes
viven en la metrópoli. Las condiciones de trabajo, el acceso a
servicios públicos y la normalizada inseguridad configuran
una incertidumbre que es confrontada heterogéneamente por
personas y familias. Aunque desde la subsistencia irrumpan
subjetivaciones tendientes al rechazo del discurso y soluciones
oficiales, ello estará mediado por las tensiones entre estratos
sociales y por la desigual aceptación de los planteamientos que
disputen la hegemonía del mensaje estatal y su función reguladora.
En el escenario de la contingencia de vida en una urbe
como Monterrey, el sentido común se actualiza a la par que se
desarrollan nuevas formas de relacionarse socialmente en el marco
de fenómenos negativos como la carestía hídrica o la desaparición
de personas. De forma ambivalente junto con la crisis, la
oportunidad para la creación de movimientos populares se basa,
en gran medida, en la irrupción de escenarios de comunicación e
intercambio cuya contención por parte de los gobiernos es cada
vez más complicada. Y, no obstante, la trascendencia de tales
movimientos no debe asumirse.
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Crehan, desde la vis gramsciana, ofrece una aproximación
para contextualizar el posicionamiento y las acciones
emprendidas por el Frente.
“Pensamiento y acción” son relevantes para comprender
lo conseguido por la iniciativa del FODCA. Ambos elementos
representan “la coexistencia de dos concepciones del mundo,
una afirmada mediante palabras y la otra mostrada en acción
efectiva” (Crehan, 2016, pág. 228). Cuando esta coexistencia se
ubica en “la vida de las grandes masas” el contraste entre ambas
concepciones suele ser la expresión “de contrastes más profundos”
(ídem), lo cual implica que aunque haya evidencia de que ciertos
sectores de la población posean una concepción crítica sobre las
circunstancias en las que subsisten, ésta es todavía primigenia,
lo que gravita en que su interés y acciones sean ocasionales y
condicionadas por acontecimientos como el aquí tratado.
Parafraseando a Gramsci (1984), el problema que desafía
la organización de las masas, de las cuales forman parte diversas
figuras colectivas, es que el discurso oficialista no pierde su
lugar preponderante y persiste como referente incluso en el
pensamiento de los grupos que se resisten a éste: por lo regular
se trata de contestar la propaganda y esto, por sí solo, reclama
tiempo y recursos pocas veces sostenibles para quienes apelan a
conjuntar esfuerzos para exigir y exhibir al orden gubernamental.
Así, la movilización emprendida para retar la acción oficial parece,
por ahora, inmediata y de pronta dispersión.
El dominio de “intereses inmediatos o presas de la
pasión suscitada por las impresiones del momento transmitidas
acríticamente de boca en boca” (Gramsci, 1984, pág. 153),
convergen en conductas poco racionales; para los colectivos
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que buscan representatividad implica contener exigencias cuyo
potencial de acción es incierto. Para una población agraviada
como la de Monterrey, un conjunto de argumentos que matizara
sus reclamos, sería suficiente para desinteresarle del incipiente
movimiento que divisaba como a su favor. La clave estriba en
un proceso de largo aliento que supere la conjunción casual de
personas que buscan escuchar a alguien que piensa y vive de
manera similar a ellas, pero sin asumir responsabilidades que les
vinculen entre sí y/o con respecto a una realidad concreta que les
afecta (Gramsci, 1984).
Una segunda perspectiva gramsciana, complementaria a la
primera, es citada por Crehan (2016). En ésta podemos conjeturar
la aparición de sujetos que, eventualmente, se identifiquen como
“intelectuales orgánicos” surgidos de entre los sectores sociales
cuyas causas defienden. Un punto a favor de los integrantes del
Frente, como hipotéticos intelectuales en ciernes, es que partieron
de una expectativa dilucidada de forma colectiva para otorgar
coherencia a una demanda popular; son voces cuya reflexión se
basa en su experiencia y en el testimonio de subsistencia de la
población que representan. La coherencia entre el testimonio,
el posicionamiento y las demandas es fundamental para su
influencia social y mediática.
El mensaje y las acciones emprendidas por el Frente
lograron durante 2022 un éxito relativo, ‘desigualdad’ y
‘corrupción’ regresaron a la vanguardia del debate metropolitano.
La emergencia por el colapso en el suministro de agua recreó
elementos del sentido común inconcusamente obvios: hay
empresas y particulares que mantienen privilegios en detrimento
del resto de la población, y esta inequidad es ignorada u ocultada.
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“¡No es sequía, es saqueo!” dio nombre al enojo y la insatisfacción
de la población, aun cuando la convocatoria se supeditó al periodo
que duró la crisis.
La lucha iniciada en defensa del derecho al agua en
Monterrey manifestó la honda injusticia en la que acontece la
rutina de cientos de miles de sus habitantes y renovó la tensión
que envuelve la vida de la gente de a pie con la gobernabilidad. La
modificación del sentido común que continúa condicionando el
cauce de tales tensiones, implica desafiar las certezas prevalentes
y alcanzar la coherencia que organice a la población frente a la
inequidad social, la desinformación y la propaganda oficialista.

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DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-74

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

El análisis de impacto regulatorio como
instrumento de calidad de la Ley en el
Poder Legislativo en México
The analysis of regulatory impact as an instrument
of quality of the Law in the Legislature in Mexico
Ricardo Eduardo Lavín Salazar1
Marcela Cavazos-Guajardo Solís2
Resumen: La presente investigación consiste en un análisis vinculado a
la calidad de la ley y de la herramienta denominada análisis de impacto
regulatorio, la cual es implementada ordinariamente en México a
la regulación que emite el Poder Ejecutivo, se expone la relevancia y
conveniencia de su incorporación al proceso legislativo con la pretensión
de incidir en su calidad, al evaluar y proyectar principalmente los costos
y beneficios que podrían impactar en los particulares al momento de la
consecución de sus objetivos, incorporando con ello una mayor dosis
de ciencia y racionalidad a la toma de decisiones legislativas.
Palabras clave: Poder Legislativo, análisis de impacto regulatorio,
calidad de la ley.
1 Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León,
México. r_lavin@hotmail.com
2 Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León,
México. dra.marcelacavazos@gmail.com

173

�Ricardo Lavín, Marcela Cavazos / Análisis impacto regulatorio instrumento de calidad

Abstract: This research consists of an analysis linked to the quality
of the law and the tool called regulatory impact analysis, which is
ordinarily implemented in Mexico to the regulation issued by the
Executive Power, the relevance and convenience of its incorporation
into the legislative process is exposed with the aim of influencing its
quality, by evaluating and projecting mainly the costs and benefits that
could impact on individuals at the time of achieving their objectives,
thereby incorporating a greater dose of science and rationality to
legislative decision-making.
Keywords: Legislature, regulatory impact analysis, quality of the law.

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DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

Introducción
La función constitucional más relevante concedida al Poder
Legislativo es la creación de legislación, es trascendente la
importancia de la calidad de la ley en cuanto a la técnica en la
que se apoya para la elaboración de las mismas, es decir a su rigor
lingüístico, su congruencia y claridad expositiva y sistemática,
la coherencia con el resto de los ordenamientos jurídicos, como
de los efectos que produce a la hora de la consecución de sus
objetivos, ya que se justifica en ello, termina siendo su razón de
ser, su objetivo fundamental.
A nivel internacional existe mucho interés con respecto
a la calidad de la ley, y ese interés no solo está vinculado como
una consecuencia de una percepción de la existencia de sobre
legislación o de proliferación o inflación legislativas y a la
devaluación de ciertos atributos técnico-formales de la misma
legislación, sino también de la conciencia que un sistema
económico eficiente y competitivo depende de su entorno
institucional y de la calidad de su regulación (Mercado, 2013).
La regulación puede entenderse como la emisión de reglas
que norman las actividades tanto sociales, como económicas de los
particulares. Mediante esas reglas se garantizan el funcionamiento
eficiente de los mercados y los derechos de propiedad, se genera
certeza jurídica, se evitan daños inminentes o bien se reducenlos
daños existentes en la salud, el medio ambiente y a la economía
(CONAMER, 2022) .
La regulación brinda capacidad al Estado para el uso de
sus facultades coercitivas para otorgar subvenciones, al control de
entrada al mercado, la fijación de precios, entre otros (Stigler, 1971).
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

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�Ricardo Lavín, Marcela Cavazos / Análisis impacto regulatorio instrumento de calidad

La regulación puede ser empleada en tres ámbitos:
1. Una serie de reglas: Consiste en la promulgación de
normas que se aplican por un organismo dedicado a
ese fin.
2. La influencia deliberada del Estado: Abarca todas las
acciones del Estado que están diseñadas para influir
en el comportamiento social o económico de los
individuos (incentivos).
3. Una forma de influencia social o económica: la regulación
se refiere a todos los mecanismos que inciden en la
conducta de los individuos (Baldwin, 2012).
Toda

regulación

tiene

como

propósito

moldear

comportamientos, en un sentido ideal puede ser percibida como
aquello que restringe las actividades o comportamientos no deseados
de una sociedad o que los facilita o promueve para que la beneficien.
La regulación se puede definir como el ejercicio del poder
colectivo con el propósito de remediar los fallos del mercado,
de competencia, la asignación de bienes públicos, del abuso del
poder económico y del efecto de las externalidades (Ogus, 2004).
Según Larrañaga (2009) todos estos aspectos fundamentan
la regulación como un mecanismo de control que complementan
los límites del sistema de mercado, dichos límites se comprenden
como tres aspectos fundamentales básicos:
1. la presencia de fallos de mercado;
2. los agentes reguladores son los que detentan
el poder público y tienen la capacidad para
establecer las normas sociales;
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DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

3. la regulación se justifica por el interés público
y por la necesidad de normar la conducta de las
personas.
En ese contexto, resulta relevante poner el acento en lo
que está antes de la ley: la evaluación prospectiva de las decisiones
y lo que está después: la reacción efectiva del comportamiento de
los destinatarios a los incentivos que la propia norma establece,
sus consecuencias y efectos económicos (Castellanos, 2017).
Existen muchos ordenamientos en los tres niveles y
órdenes de gobierno en México de los cuales la eficiencia de los
mismos no se ha analizado, ni comprobado la relación causal con
respecto al objetivo que pretendían cumplir y/o los resultados que
produjo o en su caso si satisfizo, resolvió o por lo menos mitigó la
situación problemática que originó la medida o si previno alguna.
Por lo anterior, resulta relevante entender la novedad del
paradigma de las nuevas formas de gobernanza, en donde hay que
tener en cuenta que existe una imposibilidad de separar la fase
de creación normativa de la fase de su ejecución, implementación
y evaluación. Esta visión del proceso legislativo o reglamentario
no permite hacer distinciones rígidas entre la promulgación y la
aplicación (Castellanos, 2017).
Mercado (2013) asegura que la versión integrada del
proceso legislativo permite la experimentación de nuevos
instrumentos de mejora de la calidad de la ley tanto en la fase
preparatoria del texto normativo mediante estudios de impacto
normativo, el asesoramiento de expertos, así como en la fase de
ejecución, control y evaluación de los resultados de la regulación
jurídica.
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

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�Ricardo Lavín, Marcela Cavazos / Análisis impacto regulatorio instrumento de calidad

El estudio o análisis de impacto normativo forma parte de
la evaluación que se realiza previo a la expedición de la norma,
es decir ex ante lo cual debería servir como base fundamental
de su motivación para la expedición de esta o de su justificación
racional. A través de dicho análisis se busca conseguir que las
normas aprobadas sean solo las necesarias, con el propósito de que
no exista una sobre regulación, que resulten proporcionadas a las
finalidades que persiguen, que sean eficaces en el cumplimiento
de sus objetivos y que impliquen el menor costo posible para los
ciudadanos y las empresas (Mercado, 2013).
Esta evaluación, según lo que establece Castellanos
(2017) si se presenta de manera sistemática de forma anterior,
simultánea y posterior al acto legislativo (lo cual es lo ideal)
permitirá maximizar, incluso optimizar los recursos públicos
aplicados a la función o tareas legislativas. Por lo anterior, habría
que pensar si las evaluaciones ex ante y ex post deben formar
parte también del proceso y del procedimiento legislativo.
Es una realidad que existe cierta dificultad para que
prevalezca la técnica legislativa sobre la decisión política, a
diferencia por ejemplo del poder judicial no existe una teoría que
pueda guiar al legislador a diferencia de los jueces y magistrados,
quienes están orientados por una gran cantidad de doctrina,
estudios y jurisprudencia sobre el desempeño de sus funciones
y de la racionalización de los mismos, en el proceso legislativo
se adolece de esa posible orientación, en términos generales
persiste la percepción de que en el poder legislativo solo se
encuentra inmerso el juego de poder y eso dificulta una adecuada
racionalización en la toma de decisiones. Sin embargo, existe
la convicción de que no sólo es indispensable y necesario sino
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DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

también es posible articular técnicas, procedimientos y una
organización del proceso normativo que, utilizadas de forma
apropiada por los redactores de las normas, permitirían avanzar
en el objetivo de incorporar mayores elementos racionales a la
voluntad (Zapatero, 2009).
Lo anterior encamina al legislador a articular un proceso,
que al ser correctamente utilizado, permitirá avanzar en el
objetivo planteado de Mejora Regulatoria, particularmente el
relativo a la calidad de la ley mediante la implementación de la
herramienta de análisis de impacto regulatorio.
Teoría de la Legislación
La Teoría de la Legislación se ha hecho cargo de la política
legislativa, del proceso legislativo y de la técnica legislativa. Su
método no es el de la dogmática jurídica, sino el interdisciplinario;
el objeto de la nueva disciplina de la teoría de la legislación es el
ciclo legislativo en su extensión más amplia, y su método supera
el de la dogmática jurídica y se extiende al de las ciencias humanas
en general, camina sobre los campos de la sociología, la ciencia
política, la economía, comunicación, entre otros (Arias-Schreiber
&amp; Peña, 2015).
Según Meßerschmidt, citado por Arias-Schreiber &amp;
Peña (2015) los asuntos propios de esta nueva disciplina jurídica
están relacionados con ciertas preguntas centrales, por ejemplo,
¿Por qué y cuándo es necesario que se apruebe una ley?, ¿Cómo
se crean las leyes?, ¿Qué efectos podrían alcanzarse y cuáles
produce realmente?, ¿Qué tan lejos puede llegar el legislador con
su normatividad? y ¿Cómo deben redactarse las leyes?
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

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�Ricardo Lavín, Marcela Cavazos / Análisis impacto regulatorio instrumento de calidad

Según Ulrich Karpen (1995) la teoría de la legislación debe
situarse en la praxis política como una teoría práctica y técnica y
el objeto de estudio debe ampliarse incluyendo no solo la teoría
de la legislación en sentido estricto, sino de la regulación jurídica
en general, conectando con la investigación en las ciencias que se
ocupan del direccionamiento social.
Se señala que no hay consenso pleno sobre los temas
atribuidos a cada rubro de los que hacen la teoría de la legislación,
sin embargo, se considera que son tres los complejos temáticos
principales según (Arias-Schreiber &amp; Peña, 2015).
1. La promoción de una buena legislación (Política
legislativa). Entre los temas comprendidos bajo
esta denominación están el concepto de ley, su
función social, la definición de los fines concretos
de cada norma legal, los tipos de leyes, sus efectos o
consecuencias, la efectividad de la ley, los medios de
evaluación y su cumplimiento.
2. Los temas problemas del proceso legislativo (Teoría
de la dación de leyes en sentido circunscrito). Entre
los temas comprendidos bajo esta denominación están
los de la legitimación de la actividad del legislador,
el impulso legislativo y los procesos sociopolíticos y
jurídicos en la elaboración, aprobación, publicidad,
evaluación y revisión de las normas jurídicas. Estos
aspectos del proceso legislativo son los de mayor
tradición en los estudios de la teoría de la legislación.
3. Los temas problemas de la técnica legislativa (Técnica
de la dación de leyes). Entre los temas comprendidos
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DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

bajo esta denominación, están el de la formulación de
las normas, su expresión alternativa en enunciados
generales y abstractos o específicos y casuísticos,
el cuidado y la conservación de la consistencia
sistemático jurídica así como el uso adecuado de
remisiones normativas al legislar, el lenguaje jurídico,
el orden y modo de organización de las materias que
dan contenido al texto legal, el tamaño de las leyes,
así como la exactitud y concisión de la expresión de
las normas.
La presente investigación se centra en lo que respecta con la
promoción de una buena legislación, particularmente lo referente
al uso de la herramienta de análisis de impacto regulatorio para la
definición de los fines concretos de cada norma legal, sus efectos
o consecuencias, la efectividad de la ley, los medios de evaluación
y su cumplimiento.
Es importante destacar las contribuciones de Manuel
Atienza (2014) para una teoría de la legislación, donde parte de
considerar el proceso de producción de leyes como una serie de
interacciones que tienen lugar entre elementos distintos: editores,
destinatarios, sistema jurídico, fines y valores y al mismo tiempo
proponía cinco modelos, ideas o niveles de racionalidad, desde los
que puede contemplarse la legislación: una racionalidad lingüística,
en cuanto que el emisor debe ser capaz de transmitir con fluidez
un mensaje (la ley) al receptor (el destinatario); una racionalidad
jurídica-formal, pues la nueva ley debe insertarse armoniosamente
en un sistema jurídico; una racionalidad pragmática, pues la
conducta de los destinatarios tendría que adecuarse a lo prescrito
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�Ricardo Lavín, Marcela Cavazos / Análisis impacto regulatorio instrumento de calidad

en la ley; una racionalidad teleológica pues la ley tendría que
alcanzar los fines sociales perseguidos, y una racionalidad ética,
pues las conductas prescritas y los fines de las leyes presuponen
valores que tendrían que ser susceptibles de justificación ética.
En este modelo tradicional expuesto por Atienza es
importante destacar de igual forma la concepción del proceso
legislativo en tres etapas o fases: la prelegislativa, en la cual se
persigue la construcción de los argumentos y razones políticojurídicas y socio-económicas que justifican las instituciones
formales y la formulación de los fines y valores que den
legitimidad empírica y normativa; la legislativa, es la etapa en
donde se dan los procesos de negociación y discusión su objetivo
es la construcción de instituciones jurídicas congruentes y
consistentes; la etapa post legislativa abarca la evaluación de la
adecuación de las normas al sistema jurídico. El proceso se enfoca
fundamentalmente a analizar las consecuencias de las normas y a
determinar su eficacia (Rodríguez, 2000).
El legislador tiene la obligación de mejorar y readaptar
las leyes, puesto que éstas deben someterse a las exigencias de
adecuación, necesidad, proporcionalidad, claridad y exigibilidad,
cuando una ley determina defectuosamente los supuestos de
hecho y establece precisiones defectuosos, reconocibles ex ante
o a posteriori, está fallando en su esencia, en su finalidad, pierde
su razón de existir frente a la regulación que pretende, deviene
inapropiada y no es susceptible ni digna de constreñir derechos
(López, 2014).
En ese sentido una de las novedades más importantes
en el ámbito de la teoría de la legislación ha sido el desarrollo
de un renovado movimiento por la calidad de la ley; se ha
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�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

impulsado de forma muy significativa el debate sobre la calidad
normativa y han institucionalizado nuevos principios de buena
legislación y nuevos instrumentos de mejora regulatoria en los
que la evaluación de impacto económico de las normas cobra un
protagonismo principal (Mercado, 2013).
Según López (2014) un país que se preocupa por mejorar
la calidad de las leyes es un país que avanza en todos los aspectos:
económicos, culturales, tecnológicos, entre otros.
Sin embargo, hoy la calidad de los textos normativos sigue
estando entre cuestionamientos, dado que las normas jurídicas
pueden ser tanto instrumento de desarrollo como freno a los
objetivos trazados de una comunidad (Díaz, 2011).
De esta manera, existe un interés particular en escudriñar
tal preocupación y, en su caso, mitigar dicha percepción o realidad
vinculada a la calidad de la ley o a los objetivos alcanzados
mediante la expedición de la ley.
En la literatura especializada donde se trata el tema de
calidad de la ley se utilizan diferentes expresiones que tienen
una referencia divergente. Entre las más comunes, según la
recuperación de Carrillo (2012) se encuentran: calidad de la
legislación, calidad del ambiente legislativo, calidad de la acción
normativa, calidad técnica de las leyes, calidad de las normas y
calidad de las leyes.
Según Tala (2010) la reflexión sobre lo que implica una
buena legislación o sobre los problemas que afectan la elaboración
de las leyes o normas en general es de larga data refiere las notables
reflexiones sobre técnica legislativa en las obras de Montesquieu,
Adam Smith y Jeremy Bentham (siglos XVIII y XIX).
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�Ricardo Lavín, Marcela Cavazos / Análisis impacto regulatorio instrumento de calidad

Bentham, filósofo y economista inglés, quien es
considerado el padre del derecho parlamentario, estableció
cuatro principios para la formulación de las normas:
1. En el proceso de elaboración de una norma, deberían
ser preparadas diversas propuestas alternativas.
2. Los autores de las propuestas no deberían ser pagados.
3. Cada propuesta debería ser escrita solo por un autor
para que no genere confusión sobre la responsabilidad,
los méritos y defectos que pudiera tener.
4. Entre las alternativas de propuestas que se presenten, la
prioridad debe ser puesta en aquella que ha sido preparada
por un autor foráneo o externo, porque este suele ser
inmune a los diferentes intereses locales especiales.
Según Arias-Schreiber &amp; Peña (2015) los antecedentes
históricos de la reflexión sobre temas de técnica normativa en la
cultura de occidente pueden situarse por lo menos a la antigüedad
grecolatina. Ya en el siglo IV d.C., el emperador Gratianus decía
en relación con las leyes (según la tradición de San Isidoro en sus
Etimologías, libro V - De legibus et temporibus): “…la ley será
entonces honesta, justa, posible, según la naturaleza, según las
costumbres de la patria, adecuada en cuanto a lugar y tiempo,
necesaria, útil, asimismo clara para que no induzca a error por
razón de oscuridad…” (p. 198).
Es deseable entonces, una regulación que no sea costosa
para el sistema productivo, más esencial y eficaz, que intervenga
solo cuando sea estrictamente necesario, solo cuando los
beneficios superen a los costos y en el que las medidas no sean
impuestas desde arriba en un modelo de command and control,
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DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

sino que sean el resultado de consultas y del diálogo con los
destinatarios de las normas, en esta visión, la calidad de la ley se
justificaría en términos funcionales por su estrecha relación con
el desarrollo económico (Mercado, 2013).
Cumplimiento y efectividad legales son hoy conceptos
medianamente diferenciados, a partir de ello, se ha hecho
necesario distinguir entre los efectos queridos de la ley y los
no deseados, entre las normas simbólicas, instrumentales y
regulatorias, entre el tipo de causalidad que se presenta en la
relación norma-comportamiento, si este se sustenta en un cálculo
“costo beneficio” o en un principio de eficacia racional económica,
en prácticas tradicionales o en la emotividad (López, 2014).
Calidad de la Ley
Se podrían enunciar tres estratos de significados bajo la noción
de calidad de la ley, en un primer y más amplio significado,
calidad equivaldría a bondad, acierto, adecuación, técnica, en un
segundo nivel, la calidad de la ley aparece vinculada a categorías
más próximas a los caracteres propios de la ley, conceptos de
generalidad y estabilidad de la ley, con sus acompañantes, la
racionalidad y la coherencia del ordenamiento jurídico en su
conjunto, en su tercer nivel calidad de la ley de reconduce a
principios constitucionales explícitos o implícitos, derivados de
la moderna idea de Estado de Derecho: seguridad jurídica como
protección de la confianza, seguridad jurídica como certeza
del derecho, interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad,
tolerabilidad. Todo lo anterior viene a prolongarse en conceptos
transversales que han resultado fundamentales: proporcionalidad,
ponderación, subsidiariedad (Cruz, 2003).
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

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Nos señala Córdoba (2014) que la ley ha perdido su
primacía jerárquica, en cuanto a su calidad técnica padece un
agravamiento en el deterioro de los clásicos atributos racionales
de generalidad, abstracción, simplicidad, sencillez, claridad,
etcétera.
Para evaluar la calidad de una ley, no solo es necesario
ponderarla en términos técnico-normativos (rigor lingüístico,
claridad expositiva y sistemática, y coherencia con el resto del
ordenamiento jurídico), sino formando parte de un análisis más
amplio sobre su calidad material que provea de un material
empírico riguroso que permita motivar la necesidad, adecuación
y proporcionalidad de la norma, especialmente en lo referido a
su racionalidad pragmática o instrumental, esto es, realizando
un juicio sobre la eficacia y eficiencia de la norma a la hora de la
consecución de sus objetivos (Mercado, 2013).
Que sea una buena ley o legislación será algo difícil de
precisar, sobre todo si se tiene en cuenta el análisis que se ha
expuesto de forma precedente. Sin embargo, varios autores han
definido ciertos criterios generales que le aportan un gran valor
analítico.
Según Carrillo (2012) generó una sistematización de esos
criterios, la cual se expone a continuación:
1. Una ley puede ser buena en sentido técnico-jurídico, aunque:
a) No consiga los objetivos previstos;
b) No sea un instrumento idóneo para la resolución de
conflictos entre sujetos de derechos y obligaciones o;
c) Sea de dudosa validez.
2. Una ley puede ser buena en sentido sociológico, aunque:
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�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

a) No esté bien diseñada en sentido técnico- jurídico;
b) No sea un instrumento idóneo para la resolución de
conflictos entre sujetos de derechos y obligaciones o;
c) Sea de dudosa validez.
3. Una ley puede ser buena en sentido instrumental, aunque:
a) No esté bien diseñada en sentido técnico- jurídico;
b) No consiga los objetivos previstos o;
c) Sea de dudosa validez.
4. Una ley puede ser buena en sentido normativista, aunque:
a) No esté bien diseñada en sentido técnico- jurídico;
b) No consiga los objetivos previstos o;
c) No sea un instrumento idóneo para la resolución de
conflictos entre sujetos de derechos y obligaciones.
Con respecto a los problemas más apremiantes que se
señalan como causantes de la mala calidad de las leyes, se podrían
enunciar muchos, se podría señalar que son medianamente los
mismos desde hace mucho tiempo, tal vez siglos y se presentan
de la misma manera en diferentes países, en últimas fechas su
complejidad ha aumentado significativamente porque la sociedad
también se ha vuelto más compleja y han intervenido factores que
la han impactado de manera significativa como las tecnologías
de la información, desde mi perspectiva nos encontramos en
un cambio de época y eso significa transformaciones de fondo
en nuestra convivencia social y la manera en la que se regula es
mediante la ley.
A continuación, se expone una recuperación que realiza
Carrillo (2012), sobre la problemática que enfrenta la calidad de la
ley, la lista no es exhaustiva ni tampoco limitativa: proliferación
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

187

�Ricardo Lavín, Marcela Cavazos / Análisis impacto regulatorio instrumento de calidad

legislativa; rapidez con que son modificadas las leyes después
de aprobadas; fragmentación y estratificación; ambigüedades del
lenguaje; pluralidad de las fuentes de producción; ambigüedad
sintáctica y semántica; antinomias; redundancias; crecimiento
exponencial de la legislación; ineficacia de las leyes; ineficiencia
de las leyes; intervencionismo estatal en las relaciones sociales;
proceso legislativo secreto, engorroso y excluyente; aumento
de las normas de contenido difuso; avalancha de leyes que se
contraponen y contradicen; la pérdida de los atributos clásicos
de la ley (generalidad, abstracción, unidad, estatalidad) y los
valores por ella garantizados (certeza, seguridad, igualdad,
libertad); ignorancia del derecho vigente; sustitución de las leyes
por interpretaciones arbitrarias o ilegítimas.
Con lo anterior podemos situar la magnitud o la diversidad
de factores que pueden incidir en la calidad de la ley, por lo que
el análisis de impacto regulatorio no pretende resolver todas las
situaciones problemáticas, sino que pretende ser expuesta como
una herramienta de naturaleza racional que brinde un aporte
para mitigar en lo posible estos factores.
Es importante de igual forma reconocer que en la creación
de leyes, el trabajo legislativo en su conjunto se encuentra
en medio de una intensa acción política. Sin duda uno de los
espacios en donde más impacto de naturaleza política se puede
injerir es en el poder legislativo y en el ejercicio de sus funciones
constitucionales, siendo esta, la legislativa, la central. Por tanto,
cualquier posibilidad o planteamiento de solución para atender
la calidad de la ley no dependerá enteramente de su consistencia
teórica o su probable utilidad práctica, sino de que quien ejerce el
poder político, es decir los diputados, la asuman como tal.
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DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

La creación legislativa termina siendo “un proceso de
interacción entre distintos elementos (editores, destinatarios,
sistema jurídico, fines y valores) y que, además, puede examinarse
desde distintas perspectivas o ideas de racionalidad (lingüística,
lógico-formal, pragmática, teleológica y ética)” (Marcilla, 1999).
La racionalidad, la objetividad y la cientificidad de
las propuestas teóricas deben ser puestas en relación con la
irracionalidad, la subjetividad y el voluntarismo latentes en el
ejercicio del poder político para comprender por qué la mejor
solución teórica o técnica puede no ser la mejor solución práctica
que se adopte.
Derecho y Economía
Una parte sustantiva del análisis de impacto regulatorio se
vincula en gran medida en estimar cómo afectan o impactan las
regulaciones en la vida de las personas y las comunidades y
entre esos impactos los de naturaleza económica son uno de los
principales.
En la época actual, existen dos ópticas por las cuales se
estudia la relación del derecho con la economía, la escuela “Law and
Economics” nacida en los Estados Unidos, y la segunda denominada
“Derecho Económico”, en donde la relación del derecho con la
economía se logra a través de la regulación de la economía. Con base
en los anteriores elementos, economistas y juristas en los Estados
Unidos han analizado varias instituciones del Common Law System,
tales como: la responsabilidad, los contratos, el derecho de propiedad,
los accidentes de trabajo, el mercado financiero, el derecho de la
competencia y el sistema federal. Recientemente, el movimiento ha
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189

�Ricardo Lavín, Marcela Cavazos / Análisis impacto regulatorio instrumento de calidad

venido aceptando y aplicando otros elementos como la igualdad y
la solidaridad, propuestos por el profesor Robert Cooter, principal
actuario del movimiento Law and Economics en los Estados Unidos.
(Ferney, 2020).
El concepto de eficiencia, desde el punto de vista de la teoría
económica, tiene un significado muy preciso: nos encontramos en
situación de eficiencia en el sentido Pareto (eficiencia de asignación)
cuando la asignación de recursos es tal que no resulta posible mejorar
la situación de uno de los agentes económicos sin perjudicar la de
cualquier otro agente. Una situación se considera en general como
eficiente en sentido Pareto, si los bienes se producen de la forma más
eficaz posible (menos costosa) (Witker &amp; Varela, 2003).
Ahora en referencia al contexto utilizado por el profesor
Coase, en el que se parte de la base que existen en el mercado
costos de transacción y manifiesta que sin ese elemento sería
imposible entender el sistema económico. En el mismo sentido
se expresó Dalham, quien cristalizó el concepto de costo de
transacción describiéndolo como costo adicional de búsqueda e
información, costo de arreglo y decisiones y costos de acción de
policia (Ferney, 2020).
En este sentido, Velázquez (2014) señala que los costos
de transacción son aquellos en que se incurre por llevar a cabo el
intercambio de un bien o servicio y por vigilar el cumplimiento
de lo convenido. Un ejemplo clásico es el costo de los abogados
involucrados en un convenio entre dos empresas. Los trámites
para abrir un negocio y los costos asociados (contadores,
almacenamiento de información, etc.) para pagar impuestos son
otra forma de costos de transacción.
190

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�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

También es necesario detallar sobre las externalidades,
definidas como efectos secundarios, ya sean buenos o malos, que se
producen cuando una persona o una empresa realiza una actividad
y no asume todos los costos de esta, o todos los beneficios que le
podría reportar (Pindyck &amp; Rubinfeld, 2009). En este sentido, una
externalidad negativa surge cuando no se asumen todos los costos
de un efecto negativo, mientras que una externalidad positiva
surge de un efecto positivo que no se reporta como beneficio.
La aversión al riesgo es uno de los elementos de mayor
aporte y utilización de la escuela Law and Economics, por cuanto
mide el comportamiento individual y colectivo frente al riesgo. La
conducta del individuo debe ser de limitación o aversión frente al
riesgo (Ferney, 2020).
El fenómeno de la aversión al riesgo supone por definición
un cierto nivel de rechazo al riesgo por parte de una persona que
invierte en los mercados financieros. Una persona puede tener
ante una situación aversión al riesgo ser neutral ante el riesgoo ser
propenso al riesgo (El economista, 2020).
La teoría del Derecho Económico relaciona el derecho
y la economía a través de la regulación de la segunda,
fundamentándose en un conjunto de principios o elementos de
base que la sustentan. Es una nueva rama del derecho que hace
superar la tradicional división para dar paso a una moderna
división del derecho positivo: derecho privado, derecho público
y derecho económico (Ferney, 2020).
En ese sentido, es necesario definir a los sujetos del
Derecho Económico o los agentes económicos tales como: el
Estado, la empresa, los particulares y los órganos supranacionales,
es decir toda persona física o moral, con o sin fines de lucro,
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191

�Ricardo Lavín, Marcela Cavazos / Análisis impacto regulatorio instrumento de calidad

dependencias y entidades de la administración pública federal,
estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales,
agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra
forma de participación en la actividad económica (Ley Federal de
Competencia Económica, 2014).
Ferney (2020)
asegura que el Estado, a nivel
macroeconómico, regula las políticas económicas tales como: la
planeación como instrumento de intervención, la política fiscal, la
política monetaria, la política de crédito, la política cambiaria.
La intervención del Estado a nivel microeconómico se orienta a
corregir las fallas del mercado.
Por otra parte, el derecho económico actual se presenta
como una disciplina mínima deregulación que tiene como objeto
normas jurídicas que enmarcan los comportamientos de los
agentes económicos tutelando intereses generales con criterio de
economía y simplificación (UNAM, 2020).
El Derecho Económico ha impactado y reformado el
derecho clásico (derecho privado y derecho público), es decir, sin
desconocer el derecho privado y público, el derecho económico ha
creado nuevas formas jurídicas que han evolucionado el derecho,
comprendiendo nuevos procedimientos.
El Análisis Económico positivo del Derecho (AED) tiene
por objeto el planteamiento del deber ser, del contenido de una
institución jurídica, en otras palabras y describiendo cada punto
de una mejor manera, se puede afirmar que respecto al análisis
económico positivo o normativo del Derecho estudian hechos, que
a su vez pueden ser de dos tipos donde las consecuencias reales
de las normas jurídicas (ya sean de origen constitucional, legal,
administrativo, judicial, privado, etc.), precisar cómo reaccionará
192

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

la gente frente a una determinada norma y cuáles serán los costos
y beneficios. También puede ser objeto de análisis positivo,
en un segundo lugar, la manera cómo influyen determinadas
circunstancias reales en el contenido y forma de ciertas decisiones
jurídicas (Ferney, 2020).
Se sostiene que se ha evolucionado de la reducción
positivista del derecho a un modelo basado en normas, pero
también en principios que abren la teoría y el razonamiento jurídico
a necesidad de la ponderación de argumentos y a la búsqueda de
la mejor decisión, o de la más razonable que no es otra que aquel
que consigue convencer a la comunidad jurídica por estar basada
en razones. En este nuevo contexto de ponderación de soluciones
jurídicas basadas en razones, el AED ha encontrado un espacio
propicio y confortable, en tanto que los argumentos económicos
resultan en especial relevancia y convicción en muchos casos por
su carácter pragmático y funcional (Mercado, 2013).
La teoría económica se ha utilizado para explicar por
qué ciertas regulaciones legislativas adoptan determinados
contenidos y no otros. Por otro lado, el Análisis Normativo
se ocupa de estudiar qué es lo que los agentes (el legislador, la
administración, los tribunales, las partes contratantes, etc.), a la
vista de las consecuencias esperadas de sus diversas alternativas
de actuación, deberían hacer, qué decisiones deberían adoptar,
qué normas deberían eventualmente establecer, a fin de maximizar
la satisfacción de ciertas preferencias (Ferney, 2020).
Según Lleras (2008) el concepto positivo del AED explica
cuáles son los efectos que las leyes producen y a partir de estos,
establece qué leyes permiten alcanzar una serie de resultados
que se toman como deseables. En consecuencia, se debe definir
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

193

�Ricardo Lavín, Marcela Cavazos / Análisis impacto regulatorio instrumento de calidad

otro concepto que se encuentra relacionado con el anterior, que
es la rama normativa del AED, la cual busca establecer qué tipo de
resultados se pueden tomar como deseables para la sociedad, lo
cual implica razonar a partir de juicios de valor.
El jurista tradicional estaba abocado en su mayoría
a hablar de los efectos de las leyes o de la bondad, la justicia
o la oportunidad y necesidad de una determinada decisión,
norma o política legislativa basándose simplemente en
intuiciones y en presuposiciones no empíricas. El AED, por el
contrario, dota de una fuerza pragmática y cuantitativa a los
argumentos cualitativos de justicia o injusticia utilizados por el
jurista. El AED, al fijar su interés en los efectos que las normas
tienen en el comportamiento efectivo de sus destinatarios y
en las consecuencias que pudiera tener la adopción de una
determinada norma o decisión en términos de eficiencia, de
equidad, etc., permite que el discurso jurídico trascienda el mero
análisis exegético y sistemático, y las valoraciones intuitivas y
escasamente refutables de los argumentos en pro o en contra de
una norma (Mercado, 2013).
Análisis de impacto regulatorio en el poder
legislativo en México
El análisis de costo beneficio, que se encuentra inserto en los
Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) contemplados en la Ley
General de Mejora Regulatoria (2018) publicada en México,
no solo se justifica por la aportación que arroja en la evaluación
de la eficacia y eficiencia de las normas, sino también por su
contribución a la transparencia y coherencia en la toma de
decisiones políticas.
194

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

Dicha herramienta ha sido implementada en la regulación
expedida por el Poder Ejecutivo y ha sido muy poco explorada
su incorporación como parte del proceso de creación de leyes del
Poder Legislativo en México.
Desde el punto de vista de la transparencia, el estudio
de impacto y el análisis costo beneficio dotarían de mayor
publicidad a la acción de los poderes públicos. Pueden servir
para evitar fenómenos de “captura del legislador” por parte de los
grupos de interés y hacer más transparente la decisión mediante
la información sobre los costos y beneficios de las distintas
opciones de regulación. De igual forma podrían contribuir a un
comportamiento más responsable y cauteloso de los poderes
públicos a la hora de hacer promesas políticas y de proponer
cualquier tipo de medida legislativa. Como argumenta Sunstein
(2009), los poderes públicos podrían optar por proceder incluso
cuando los costos exceden los beneficios, pero si lo hacen, debería
ser después de recibir la información que brinda el análisis costo
beneficio, y si con esa información los entes reguladores optan
por imponer costos que son desproporcionadamente altos en
comparación con los beneficios esperados, deberán explicar por
qué eligieron hacerlo (Mercado, 2013).
El análisis de impacto económico nos aporta una forma
de interpretar las relaciones entre el sistema legislativo y el
sistema económico que parte del reconocimiento de la función
constitutiva de las relaciones económicas por parte del sistema
legislativo (PWC , 2020).
Según Valderrama (2021) dentro de las contribuciones
que aportan los análisis económicos ex ante de la legislación es
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195

�Ricardo Lavín, Marcela Cavazos / Análisis impacto regulatorio instrumento de calidad

que proveen a los poderes públicos de argumentos económicos
para realizar tres juicios importantes sobre la legislación:
1. Determinar qué alternativas políticas son viables
(factibilidad o viabilidad económica: es necesario
tener en cuenta los recursos disponibles y los costos
previstos).
2. Puede contribuir a la identificación de entre las
consideradas viables, las propuestas más eficaces y
eficientes.
3. Realizar un balance entre los costos estimados y
los beneficios que se espera alcanzar con la decisión
normativa.
El estudio de impacto normativo formaría parte de la
evaluación ex ante de la norma que debería servir como base
fundamental de su motivación o justificación racional. A través
de él se busca conseguir que las normas aprobadas sean solo las
necesarias, que resulten proporcionadas a las finalidades que
persiguen, sean eficaces en el cumplimiento de sus objetivos
y comporten el menor coste posible para los ciudadanos y las
empresas (Mercado, 2013).
Los AIR son una herramienta que aportaría una mayor
racionalidad a la toma de decisiones legislativas, reduce la
complejidad de un juicio de ponderación a un ejercicio pragmático
e instrumental que puede orientar el proceso legislativo con
elementos de juicio funcionales, cuantitativos y ello sin duda
es en beneficio de la calidad de la ley, pero esto no implica que
deba sustituir otro tipo de consideraciones en el debate como la
justicia o la oportunidad de una decisión, es decir no debería ser
196

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

por completo determinante, pero sí una parte sustantiva de la
argumentación.
En cuanto al Análisis del Impacto Regulatorio en México,
es importante señalar que el 31 de octubre de 2018 se expidió la
Ley General de Mejora Regulatoria en México (2018), dicho
ordenamiento se inserta bajo la visión de fortalecer la calidad de
las regulaciones, incluyendo la ley, incorporando principios para
una buena expedición normativa, así como instrumentos técnicos
de mejora regulatoria, en donde se contemplan los análisis de
costo-beneficio, entre otros, que confirman la relevancia de las
evaluaciones de impacto económico.
En conformidad a la Ley, el poder legislativo está obligado
a contar con un responsable oficial para coordinar, articular y
vigilar el cumplimiento de la política de mejora regulatoria y la
estrategia al interior de cada Sujeto Obligado, particularmente
lo que tiene que ver con el Catálogo Nacional de Regulaciones,
Trámites y Servicios, se considera indispensable que debiera
ampliarse la obligatoriedad en lo relativo al análisis de impacto
regulatorio. (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
2018)
De acuerdo con las legislaciones locales es importante
señalar que las 32 entidades cuentan con una Ley de Mejora
Regulatoria, en la mayoría de ellas contempla al poder legislativo
como Sujeto Obligado pero acotado a la obligación de participar
en el Registro Estatal de Trámites y Servicios. Aquellas entidades
en las cuales el Poder Legislativo no se encuentra referido como
sujeto obligado de dicho ordenamiento son: Baja California, Baja
California Sur, Chiapas, Durango, Michoacán, Sinaloa, Tabasco,
Tlaxcala y Zacatecas. Ver Tabla 1.
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

197

�Ricardo Lavín, Marcela Cavazos / Análisis impacto regulatorio instrumento de calidad

Tabla 1
Legislación en materia de mejora regulatoria en entidades federativas.

Entidad federativa
1. Aguascalientes
2. Baja California
3. Baja California Sur
4. Campeche

Ley de
mejora
regulatoria
vigente

El poder
legislativo es
sujeto obligado

Se obliga a
presentar air en
iniciativas de
ley

✓

✓

X

X

X

X

X

✓
✓
✓
✓

5. Chiapas

✓
X

6. Chihuahua

✓

✓

7. Ciudad De México

✓

✓

✓

✓

8. Coahuila
9. Colima
10. Durango
11. Estado de México
12. Guanajuato
13. Guerrero

✓

17. Morelos
19. Nuevo León

22. Querétaro
23. Quintana Roo
24. San Luis Potosí

X

✓

X

✓
✓
X

✓

✓

✓

✓

✓

21. Puebla

X

✓

✓

20. Oaxaca

X

✓

✓

18. Nayarit

X

✓

✓

✓

16. Michoacán

X

✓ (Propuestas
que remita Ejecutivo Estado o
municipios)

✓

✓

15. Jalisco

✓

X

✓
✓

14. Hidalgo

198

✓

X

✓
✓
✓

X
X

✓
X
X

✓

✓

✓

X

✓
✓
✓
✓

X
X
X
X
X

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

25. Sinaloa
26. Sonora
27. Tabasco
28. Tamaulipas
29. Tlaxcala
30. Veracruz
31. Yucatán

✓

X

X

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

✓
✓
✓

X
X

✓

X
X
X

✓

✓
32. Zacatecas
X
X
Fuente: Elaboración propia con información de los Congresos Locales de cada
entidad.

En la tabla que antecede, también se señala aquellas
entidades en las cuales se obliga al poder ejecutivo del estado
o de los municipios a que las iniciativas de ley que remitan el
legislativo y que tengan costos para los particulares incorporen
el Análisis de Impacto Regulatorio, así como aquellas entidades
más evolucionadas desde nuestra perspectiva en donde se exige
que el mismo Congreso garantice que en sus proyectos de reforma
contengan dicho análisis, son el caso de los estados de Chihuahua,
Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Tamaulipas y Yucatán.
Según la Ley General de Mejora Regulatoria de México
(2018), en su Artículo 66 señala:
El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por objeto garantizar que los beneficios de las Regulaciones
sean superiores a sus costos y que éstas representen la mejor
alternativa para atender una problemática específica. La finalidad del Análisis de Impacto Regulatorio es garantizar que las
Regulaciones salvaguarden el interés general, considerando los
impactos o riesgos de la actividad a regular, así como las condiciones institucionales de los Sujetos Obligados. (Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018)
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

199

�Ricardo Lavín, Marcela Cavazos / Análisis impacto regulatorio instrumento de calidad

Como se puede observar, la finalidad de esta herramienta es
garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a
sus costos, garantizando con ello que las regulaciones salvaguarden
el interés general, lo cual de implementarse o insertarse en el
proceso legislativo impactaría claramente en la calidad de la ley.
El Artículo 67 establece:
Los Análisis de Impacto Regulatorio deben contribuir a que las
Regulaciones se diseñen sobre bases económicas, empíricas y
del comportamiento, sustentadas en la mejor información disponible, así como promover la selección de alternativas regulatorias cuyos beneficios justifiquen los costos que imponen y
que generen el máximo beneficio para la sociedad. (Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018)

El poder público que tiene como función principal la
generación de leyes, las cuales tienen un impacto en toda la
comunidad, es el poder legislativo, por lo mismo, dicha instancia
al contar con una autoridad de mejora regulatoria debería
elaborar dicha herramienta de AIR para cada iniciativa de ley que
se discuta que tenga costos para los particulares.
El Artículo 68 señala:
“Los procesos de revisión y diseño de las Regulaciones y Propuestas Regulatorias, así como los Análisis de Impacto Regulatorio
correspondientes, deberán enfocarse prioritariamente en contar
con Regulaciones que cumplan con los siguientes propósitos:

I. Que generen el máximo beneficio para la sociedad
con el menor costo posible;
II. Que sus impactos resulten proporcionales para el
problema que se busca resolver y para los sujetos
regulados a los que se aplican;
200

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

III. Que promuevan la coherencia de políticas públicas;
IV. Que mejoren la coordinación entre poderes y órdenes
de gobierno;
V. Que

fortalezcan

las

condiciones

sobre

los

consumidores y sus derechos, las micro, pequeñas
y medianas empresas, la libre concurrencia y la
competencia económica, el comercio exterior y los
derechos humanos, entre otros, y
VI. Que impulsen la atención de situaciones de riesgo
mediante herramientas proporcionales a su impacto
esperado. Las Propuestas Regulatorias indicarán
necesariamente la o las Regulaciones que pretenden
abrogar, derogar o modificar, en términos del
artículo 78 de esta Ley. Lo anterior deberá quedar
asentado en el Análisis de Impacto Regulatorio.”
(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
2018, p. 24)
Como se puede observar en dicho artículo, se describen
los propósitos del AIR, mayor beneficio al menor costo, que
los impactos sean proporcionales al problema que se pretende
resolver, que sean coherentes con respecto a otras políticas
públicas, mejorar coordinación entre poderes, fortalecer
condiciones de consumidores, entre otros. Dichas pretensiones
son fundamentales para mejorar la calidad de las leyes.
El Artículo 69 señala los elementos mínimos que debe
contener los Análisis de Impacto Regulatorio, los cuales deben
pasar por un proceso de consulta pública:
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

201

�Ricardo Lavín, Marcela Cavazos / Análisis impacto regulatorio instrumento de calidad

I. “La explicación de la problemática que da origen a
la necesidad de la intervención gubernamental y los
objetivos que ésta persigue;
II. El análisis de las alternativas regulatorias y no
regulatorias que son consideradas para solucionar la
problemática, incluyendo la explicación de por qué
la Regulación o Propuesta Regulatoria es preferible
al resto de las alternativas;
III. La evaluación de los costos y beneficios de la
Regulación o Propuesta Regulatoria, asícomo de otros
impactos incluyendo, cuando sea posible, aquéllos
que resulten aplicables para cada grupo afectado;
IV. El análisis de los mecanismos y capacidades de
implementación, verificación e inspección;
V. La identificación y descripción de los mecanismos,
metodologías e indicadores que serán utilizados para
evaluar el logro de los objetivos de la Regulación, y
VI. La descripción de los esfuerzos de consulta pública
previa llevados a cabo para generar la Regulación o
Propuesta Regulatoria, así como las opiniones de los
particulares que hayan sido recabadas en el ejercicio
de Agenda Regulatoria a que se refiere el artículo 64
de esta Ley.” (Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, 2018, pp- 24-25)
Como se puede observar, se muestra una guía de los
elementos que deben contener los análisis respectivos. Otro punto
importante tiene que ver con la consulta pública, conveniente para
la transparencia y para una buena gobernanza, lo cual implicaría
202

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

que cada ley que se pretendiera reformar pasara por un proceso
de consulta pública.
En el Artículo 70, se señalan las posibilidades del AIR el
cual puede ser ex ante y/o ex post:
“Para asegurar la consecución de los objetivos de esta Ley, los
Sujetos Obligados adoptarán esquemas de revisión, mediante la
utilización del Análisis de Impacto Regulatorio de:

I. Propuestas Regulatorias, y
II. Regulaciones existentes, a través del Análisis
de Impacto Regulatorio ex post, conforme a las
mejores prácticas internacionales. Para el caso de las
Regulaciones a que se refiere la fracción II del presente
artículo, las Autoridades de Mejora Regulatoria,
en sus respectivos ámbitos de competencia, y de
conformidad con las buenas prácticas internacionales
en la materia, podrán solicitar a los Sujetos Obligados
la realización de un Análisis de Impacto Regulatorio
ex post, a través del cual se evalúe la aplicación,
efectos y observancia de la Regulación vigente, misma
que será sometida a consulta pública por un plazo de
treinta días con la finalidad de recabar las opiniones
y comentarios de los interesados…” (Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018, p. 25)
La consideración es que tanto la aplicación de los AIR de
propuestas regulatorias como las de regulaciones ya existentes
son igualmente relevantes y por tanto resultan convenientes en
su implementación para el poder legislativo. Es fundamental
tal como lo señala la Ley, evaluar los efectos de la aplicación
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

203

�Ricardo Lavín, Marcela Cavazos / Análisis impacto regulatorio instrumento de calidad

de las reformas y en todo caso sea el mismo poder legislativo
quien determine a partir de esa información la pertinencia de
su abrogación, modificación o permanencia, para alcanzar sus
objetivos originales y atender a la problemática vigente.
Un análisis de impacto regulatorio en términos generales
deberá expresar con claridad el objetivo de la regulación o de
la ley, el problema que se abordará, la propuesta regulatoria
propiamente dicha, su explicación, los grupos afectados con
la misma, la estrategia para garantizar su cumplimiento, la
estimación de los costos ya sea administrativos, económicos,
sociales, ambientales, de aplicación y cumplimiento, etc., la
estimación de los beneficios, la comparación de los costos y
beneficios, la identificación de alternativas, la comparación de
los costos y beneficios de las alternativas, la comparación de
alternativas con propuestas regulatorias, una consulta ciudadana
y sus resultados, la proyección de los impactos de la regulación,
en fin en ese sentido existen metodologías aplicadas las cuales es
recomendable sean integradas dentro del proceso legislativo.
Es trascendente que todas las regulaciones que generen
costos de cumplimiento para los particulares deban ser evaluadas
periódicamente, de tal manera que se cerciore mediante dicha
evaluación de los beneficios sociales que se pretendían con su
expedición se están cumpliendo.
Conclusiones
Como se ha podido constatar, es relevante la utilización de
argumentos económicos al razonamiento jurídico y político que
se produce en la elaboración de leyes en el poder legislativo.
204

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

Es importante acotar que aunque se reconozca la
fortaleza que puede llegar a tener una argumentación con un
aporte económico mediante los análisis de impacto regulatorio,
no se puede olvidar que solo tiene una racionalidad instrumental
y que resulta indispensable respaldarla con la naturaleza de
principios político-morales, es decir, en donde se persiguen fines
distintos a los de la eficacia o eficiencia económica no debería
forzarse su aplicación, por ejemplo en temas tales como: la
equidad, protección de los derechos fundamentales, lucha contra
la pobreza u otros de tal naturaleza.
Los análisis de impacto regulatorio terminan siendo una
herramienta, son auxiliares en la toma de decisión, pero tampoco
son la decisión en sí misma, son un instrumento que transparenta
las decisiones, aporta alternativas y proyecta consecuencias lo
que redunda en una mejora en la calidad de la ley.
La calidad de la ley toma gran relevancia en el marco del
nuevo paradigma de la gobernanza que nos encontramos en la
actualidad, en donde se privilegia la transparencia, el uso de
las nuevas tecnologías de la información y la participación del
ciudadano en los asuntos que tradicionalmente se encontraban
de forma exclusiva en la esfera de actuación del Estado. La
herramienta del análisis de impacto regulatorio como se ha
podido exponer en el presente documento contribuye a dicho
propósito y con ello a la obtención de una mayor legitimidad de
resultados por parte del Poder Legislativo.
Los análisis de impacto regulatorio no solo se justifican
debido a la eficiencia y eficacia de la norma, lo cual ya es bastante
significativo, sino que también contribuye a la transparencia y
coherencia en la toma de decisiones en este caso legislativas, es
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

205

�Ricardo Lavín, Marcela Cavazos / Análisis impacto regulatorio instrumento de calidad

decir, mejora la calidad en la ley, ya que dota al proceso legislativo
de una dosis técnica, pragmática y funcional, pero abona también
a una mejora en la calidad democrática.
El proceso legislativo debe concebirse como un ciclo
integral en donde no solo se debe ponderar su trascendencia
en el momento de la expedición de la norma, sino en la
valoración preexistente a la expedición de la ley y también en las
consecuencias que se proyectan tendrá su implementación.
Es un proceso dinámico, en el cual se debe escudriñar
la realidad, pretendiendo buscar ser pertinente para resolver
conflictos de muy diversa naturaleza entre ellos los relativos
a la oferta de bienes y servicios públicos, en un contexto de
restricciones de naturaleza política y también económica.
Otro ingrediente relevante es vinculado a la participación
ciudadana, en la medida en que las leyes generen condiciones
estables para cooperar y propicien la coordinación para que los
ciudadanos y distintos actores tomen decisiones colectivas, se
podrá asimilar que es una ley efectiva.
Hacer buenas leyes implica que sean claras, legibles para
la mayoría, pero sobre todo que resulten útiles, que favorezcan
al bien común y por supuesto, que provoquen bienestar social y
económico.
El legislador debe trabajar pensando que lo que hace es al
servicio del ciudadano, ahí radica la soberanía del pueblo y por lo
tanto están en su legítimo derecho de exigir eficiencia, para el caso
legislativo una buena forma de reflejar dicha eficiencia es mediante
la menor expedición de normas posibles, que las que se emitan
sean de buena calidad, con el menor costo y con el mayor impacto
favorable para los intereses del ciudadano, del estado y del país.
206

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�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

Por todo lo anterior concluimos que la implementación
del análisis de impacto regulatorio es una herramienta que
contribuye a una mayor calidad y justificación racional de las
reformas legislativas o emisión de nuevas leyes.

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DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-60

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

La representación de las mujeres deportistas
en periódicos deportivos: análisis de contenido de
dos medios locales y dos nacionales
Sportswomen represented in newspaper sports
media: Two local media and two national media
content analysis
Dagoberto Salas Zendejo1
Erizbed Romero2
Carlos Lomelí3
Guillermo Vargas4
Alma Elena Gutiérrez Leyton5
1 Maestría en Comunicación Deportiva en Facultad de Organización
Deportiva, UANL. Monterrey, Nuevo León, México. dago.salas@gmail.com
2 Maestría en Comunicación Deportiva en Facultad de Organización
Deportiva, UANL. Monterrey, Nuevo León, México. erizbed.romerop@uanl.edu.mx
3 Maestría en Comunicación Deportiva en Facultad de Organización
Deportiva, UANL. Monterrey, Nuevo León, México. carlos.lomelis@uanl.edu.mx
4 Maestría en Comunicación Deportiva en Facultad de Organización Deportiva,
UANL. Monterrey, Nuevo León, México. guillermo.vargasgrz@uanl.edu.mx
5

Catedrática de Posgrado de la Facultad de Organización Deportiva

211

�Salas, Romero, Lomelí, Vargas y Gutiérrez / Representación mujeres deportistas

Resumen: Antecedentes: Los estudios acerca de la representación de
las mujeres deportistas en los medios de comunicación han aumentado,
y entre estos, destaca la preferencia por el análisis de contenido como
la técnica que utilizan los investigadores interesados en estudiar
cómo es la cobertura de los medios hacia las mujeres deportistas.
Este estudio tiene el objetivo de identificar la cobertura que conceden
los medios deportivos a las mujeres que practican deportes, tanto a
nivel profesional como amateur, en las diversas disciplinas, a fin de
establecer cómo aparece cuando se le concede espacio, si existe alguna
diferencia cuando la cobertura la realiza un hombre o una mujer, y el
tipo de enfoque que se le da a la información que se maneja sobre las
mujeres deportistas. Muestra: Se analizaron cuatro medios deportivos
impresos, dos de circulación nacional (Récord y el ESTO) y dos de
circulación local en Monterrey, Nuevo León (El Norte y El Horizonte).
La unidad de análisis fue la noticia y el criterio de selección fue que
aborde información sobre una mujer deportista. La muestra abarcó
una semana natural, del 23 de agosto al 29 de agosto de 2022 y para su
análisis se diseñó un Manual de Codificación con datos tomando en
cuenta 11 categorías.
Resultados:Durante el periodo analizado se publicó un total de 758
notas en los medios analizados, de las cuales solo 84 notas cubrieron
actividades de las mujeres deportistas, lo que representa apenas el 11%.
De esas 84 notas, en 71 las mujeres fueron protagonistas, el resto fue
compartido. El deporte a partir del cual se mencionó más a la mujer
fue el fútbol, seguido del tenis. 60 publicaciones mostraban a las
mujeres como ganadoras, 13 como especialistas, 7 como víctimas y 3
como perdedoras. En cuanto al crédito de la nota, 51 notas estaban
acreditadas a un nombre propio, siendo 28 a hombres y 23 a mujeres;
mientras 19 eran del staff de cada periódico, 4 de una agencia y 10 no
tenían crédito alguno.
Conclusiones: A pesar del avance que han tenido las mujeres en el
desarrollo de actividades deportivas, los medios de comunicación no
ofrecen espacios de manera equitativa con relación a los hombres.
Sigue marcando mayoría la cantidad de notas y reportajes dedicados
a los hombres, aunque el mismo deporte sea jugado por mujeres. Los
y Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México. alma.gutierrezly@uanl.edu.mx

212

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

únicos dos deportes que marcan la excepción y por consecuencia son
esta mayoría dentro del limitado espacio en los medios deportivos para
las mujeres son el fútbol femenil y el tenis femenil. El espacio que se
les da a las mujeres que practican o comunican el deporte sigue siendo
muy poco, ya que la mayoría de las pocas noticias encontradas miden
apenas un tercio de espacio con respecto al deporte varonil.
Palabras clave: mujeres, deporte, periodismo; análisis de contenido
Abstract
Background: Studies about sportswomen’s representation in mass
media have grown in quantity, and among these, content analysis stands
out as the preferred technique used by researchers when studying
sportswomen’s mass media coverage. The goal of this investigation is
to identify the coverage that sports media gives to female sports, from
amateur to professional levels, in various disciplines, to determine
how they are showcased when space is given, if there is any difference
compared to masculine coverage, and the focus that is treated when the
information is about women in sports. Sample: Four sports print media
were analyzed: two with national distribution (Récord &amp; ESTO) and
the other two with local distribution in Monterrey city (El Norte &amp; El
Horizonte). The analysis unit was the report, and the selection criteria
were information that approached women in sports. The sample took
about a natural week, from August 23rd to August 29th, 2022, and for
its analysis, a coding manual was designed. The data was divided into
11 categories.
Results: During the said span, the analyzed media published a total
of 758 reports, of which only 84 covered sportswomen’s activities,
representing barely 11%; these were the main ones used for the research.
Women were the protagonists in 71 of these reports, while men shared
the rest. Sports-wise, soccer was the most popular, followed by tennis.
60 News showed women as winners, 13 as specialists, 7 as victims, and
3 as losers. Credit-wise, 51 notes were credited by a proper name, 28 to
a man and 23 to a woman; 19 were published by the staff, 4 were from
an agency, and 10 had no credit at all.

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

213

�Salas, Romero, Lomelí, Vargas y Gutiérrez / Representación mujeres deportistas

Conclusions: Although there’s been development in women’s sports
activities, mass media doesn’t offer spaces equitably compared to men.
There’s still a majority of news about men’s sports, even if women
participate in the same activity. The only two sports that make an
exception are women’s soccer and tennis, so these take up most of the
media’s limited space. The space given to women who practice sports
is still reduced because it is barely one-third of that used in male sports.
Key words: women, sports, journalism, content analysis

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DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

La representación de las mujeres deportistas
en periódicos deportivos: análisis de contenido
de dos medios locales y dos nacionales
La aparición de las mujeres es objeto de estudio desde hace muchos
años, pero hubo un mayor auge a finales del siglo XIX y principios
del XX, tanto que hoy en día muchas hacen una constante lucha
en todo el mundo con el fin de defender y obtener sus derechos.
Si hay un nicho donde las mujeres han buscado destacar
es en los deportes, un mundo que por costumbre está relacionado
con hombres, sin embargo, en los últimos años hemos visto
muchas más mujeres participando en los deportes, pero la prensa
no les ha dado la importancia suficiente a los hechos destacables
de las mujeres dentro del mundo deportivo.
Es por eso que este trabajo surge con el fin de analizar
cómo es representada la participación de las mujeres deportistas
en algunos medios mexicanos, ya que pese a los avances la mujer
como deportista y como periodista sigue teniendo poca relevancia.
Las mujeres desde hace muchos años han sido excluidas
dentro del periodismo deportivo, no solo como periodistas, sino
también como deportistas y aunque ahora hay un gran avance
en el deporte femenil, las tradiciones a las que fuimos sometidos
por parte de los medios de comunicación nos han llevado a
que muchas veces no se les reconozca como se debe dentro del
deporte, sabiendo que ellas deberían tener la misma ventana de
oportunidades que tienen los hombres.
Objetivo de investigación
El objetivo de esta investigación es identificar la cobertura que
conceden los medios deportivos a las mujeres que practican
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

215

�Salas, Romero, Lomelí, Vargas y Gutiérrez / Representación mujeres deportistas

deportes, tanto a nivel profesional como amateur, en las diversas
disciplinas, a fin de establecer cómo aparece cuando se le concede
espacio, si existe alguna diferencia cuando la cobertura la realiza
un hombre o una mujer, y el tipo de enfoque que se le da a la
información que se maneja sobre las mujeres deportistas
Esta investigación nos dará una visión más clara de cómo
es que las mujeres deportistas son representadas en los medios,
dándonos cuenta que aún existe cierta diferencia en la proyección
de las mujeres deportistas y de los hombres deportistas
Marco teórico
Las mujeres en el deporte
Desde el inicio de lo que para muchos es la mayor justa deportiva
(Juegos Olímpicos) las mujeres estuvieron excluidas de cualquier
competición. Los Juegos Olímpicos nacieron en Grecia, pero su
mayor importancia se cobró a finales del siglo XIX, cuando un
hombre llamado Pierre de Coubertin creó un Comité Olímpico
que dio paso a los Juegos Olímpicos modernos con un mensaje
de competición pacífica entre los pueblos de la humanidad, sin
embargo, el pensamiento de Coubertin era claro, las mujeres no
podrían formar parte de las competencias, estaban completamente
descartadas (nationalgeographic.com, 2022)
Coubertin señaló que la presencia de las mujeres dentro
de las competencias era antiestético, incorrecto, no práctico
y poco interesante, por lo que los inicios se dieron con simple
participación masculina. Pero además la mujer sólo podía
participar para aplaudir a los vencedores y coronar a los ganadores
(Salido, 2020).
216

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

En la década de los setenta se pudo ver una participación
más activa de las mujeres dentro del deporte, sin embargo, solo era
para mostrar sus cuerpos, en algunas disciplinas como el ballet, y no
podían participar en aquellos deportes que les permitieran “deformar
sus cuerpos” (aumento de masa muscular), ya que esto podría afectar
la misma naturaleza de la mujer (Hinojosa et al., 2022, p. 33).
En 1971 se dio el Segundo Campeonato Mundial de Futbol
Femenil en México y aunque la prensa estuvo mucho más abierta
al ver a las mujeres participar en el “Rey de los deportes”, la mayoría
de las opiniones era negativas, a pesar de la visión optimista de
cierto sector de la prensa (Hinojosa et al., 2022, p. 34).
Desde siempre ha existido una desigualdad en los recursos
aportados para el fútbol femenino y masculino; las instituciones
mantienen una diferencia en los salarios, materiales, patrocinios o
difusión. La justificación para esto es la poca rentabilidad que existe
en el deporte femenino en comparación con el fútbol masculino, que
para muchos representa más atractivo y rentable (Hinojosa et al.,
2022, p. 22), “pese a que las mujeres empezaron a jugar desde antes
de la fundación de Conmebol en 1916” (Hinojosa et al., 2022, p. 22).
Pese a los avances que se han logrado en el deporte
femenino, uno de los mayores problemas de desigualdad en
el fútbol es la invisibilización por los estereotipos que siguen
imperando. Hay muchos que siguen sin querer romper con estas
tradiciones que favorecen al género masculino, por lo que la
difusión ha sido mediática (Hinojosa et al., 2022, p. 39).
Cobertura sobre las mujeres en la prensa deportiva
En el ámbito de la prensa deportiva predominan las noticias
masculinas; la discriminación en este tipo de noticias se da desde
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

217

�Salas, Romero, Lomelí, Vargas y Gutiérrez / Representación mujeres deportistas

la selección, distribución y composición de los contenidos (Rojas
Torrijo, 2010, p. 129). Esto ocurre porque en España, y en la
mayoría de países de habla hispana, los deportes son para el sexo
masculino, empezando por el futbol. Según un informe del Consejo
Audiovisual de Andalucía citado por Rojas Torrijos (2010), hay
invisibilidad de las mujeres en los programas deportivos, pero
esta es aún más notoria en la prensa especializada en el deporte y
en la información general.
Pese a los avances sociales que buscan la igualdad entre
hombres y mujeres dentro de los medios de comunicación existe
una desigualdad notoria dentro del deporte femenino (Consejo
Audiovisual de Andalucía, 2008). Este organismo llevó a cabo un
análisis de canales de televisión, teniendo en cuenta diferentes
períodos, un mes en el caso de la RTVA y las desconexiones
de TVE y quince días para TVE2 y La Sexta. Este estudio
cualitativo concluyó que, por cada 19 minutos dedicados al
deporte masculino, tan solo un minuto era dedicado al deporte
femenino. El Consejo Audiovisual de Andalucía analizó las
noticias deportivas de 325 informativos y en 24 horas de noticias
se dedicaron sólo 44 minutos a acontecimientos deportivos
femeninos.
Aunque las mujeres se han ido incorporando poco a
poco dentro del deporte a nivel mundial, sigue existiendo cierta
invisibilidad del deporte practicado por mujeres, ya que en
los medios apenas se les da cabida a las noticias sobre deporte
femenino. Hay una sobreoferta de noticias masculinas sobre las
femeninas, y un sexismo informativo, el cual no hace visible el
protagonismo de las mujeres deportistas como el de los hombres
(Vigara Tauste en Rojas Torrijos, 2010, p.128).
218

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

Existe una inclinación muy fuerte al machismo dentro de
la prensa deportiva, que ubica a la mujer dentro del deporte y las
actividades físicas en general en un segundo plano, en el que se
busca exaltar más por su belleza, que por sus méritos deportivos.
“Pese a los códigos éticos, la mujer se convierte en un
producto publicitario en sí mismo para periódicos dirigidos
fundamentalmente al sector masculino” (Gómez y Méndez,
Méndez Muros y García Estevez, 2011, p. 821). Estos autores, al
realizar un estudio acerca de La imagen de la Mujer en la Prensa
deportiva de Quiosco de Sevilla encontraron que dentro de los
principales “roles” que se le asignan a la mujer dentro de los
deportes, de acuerdo con lo mostrado en contenidos de diarios
deportivos, están los siguientes: Mujer deportista, familiar de
deportista, fanática del deporte, especialista del deporte y mujer
como objeto de deseo.
Los medios son “un instrumento de control social que
opera mediante la integración de normas, símbolos y valores
interiorizados por las audiencias” (Baum y Potter en Salido, 2020,
p. 177).
En el periodismo deportivo, siempre se ha visto a los
hombres ya sea como deportistas o como presentadores, pero
las mujeres han tenido que hacer un doble esfuerzo para ser
reconocidas mediante la victoria, mientras que los varones no
necesitan llegar a un grado de éxito para ser reconocidos (Sanz
Garrido et al. en Salido, 2020, p.177).
A pesar del incremento de la participación y éxito de la mujer
en el deporte, la cobertura de los medios no está en sintonía con
dicha proporción, asegura Salido (2020). Como justificación, señala
que “sus éxitos profesionales son menores” (López Díez, 2011, p. 16)
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

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�Salas, Romero, Lomelí, Vargas y Gutiérrez / Representación mujeres deportistas

refiriéndose a la cantidad, lo cual incluso se puede desacreditar ya
que en varias ediciones de juegos olímpicos las mujeres han llevado
mayor cantidad de medallas que hombres (Salido, 2020). Además,
el desconocimiento o ignorancia del deporte femenil no permite
que se demande su presencia en los medios (Eastman y Billings, en
Salido, 2020), lo cual obedece a la construcción y determinación de
un rol social (Rodrigo-Alsina en Salido, 2020).
El lenguaje refleja la desvalorización de la mujer en el
deporte. Un ejemplo es cuando se les refiere con relación a algún
hombre famoso, es decir: madre de, esposa de, novia de, entre
otros; además de que con frecuencia se les termina referenciando
con términos de sexualización o de maternidad (Salido, 2020).
No solo es en el texto donde se pueden notar estas
tendencias. La fotografía, al ser una parte importante para cualquier
medio por su uso gráfico, también es usada para formar parte de este
patrón de sexualización y diferenciación entre los sexos masculino
y femenino. El problema ya no solo radica en que el número de
fotos sea menor, sino además en las distintas connotaciones que
se dan. Ordóñez (2010) señala que estas fotos son “sexualizadas,
acompañadas de referencias al estado marital, su feminidad, sus
vidas privadas o sus problemas personales”. Por otro lado, también
resalta que las fotografías femeninas son más pasivas y en pose que
resalta su figura, tomadas de forma individual mientras que en el
lado masculino se va más a lo colectivo y en acción, que tiene cierta
representación de poder (Ordóñez, 2010).
La cobertura del periodismo sobre el deporte femenino en
el mundo ha evolucionado, sin embargo, aún no hay suficiente,
tal como lo muestra el resultado de un análisis comparativo en
los informativos deportivos de televisión en la Universidad de
220

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

La Laguna en España en el que se demostró que el 95.2% de
las noticias que salían en el medio deportivo eran masculinas,
mientras que la cobertura que hacia las mujeres era de 2.1%.
Dichos resultados evidencian la ausencia sistemática del deporte
femenino en contraste con una sobreoferta del masculino.
Dejando claro que la cobertura del deporte femenino es mínima.
El hecho de que el hombre también prevalezca como
profesional de la información en todos sus roles pone de
manifiesto cómo las diferencias sexuales son justificadas no solo
para la práctica, sino también para cualquier esfera del deporte,
esto es, “en el nivel que se analice, es por demás evidente que el
domino del ámbito deportivo es masculino; genéricamente, el
deporte es cosa de hombres” (Pedraza, 2012 citado por Calvo
Ortega y Gutiérrez San Miguel 2016, p. 1240).
Un trabajo donde se analiza la presencia de la mujer
deportista en la prensa deportiva española de las portadas
de los diarios Marca, As, Mundo Deportivo y Sport realizado
entre 2010 y 2015 encontró que hay un desequilibrio de género
en el periodismo deportivo, ya que solo el 12% de las portadas
publicadas durante el marco de la observación contuvieron
información sobre mujeres deportistas, y no se detectó una
evolución destacable durante el periodo de estudio.
La misma constante se repite en Latinoamérica. Mujica
y Concha (2020) analizaron el diario El Mercurio, de gran
importancia en Chile, durante los siete días finales de mayo y
agosto de 2018, y contabilizaron un 90.3% de noticias deportivas
masculinas frente al 9.6% de las femeninas, y un 92.1% de
fotografía de deporte varonil en contraste del escaso 7.8% de la
representación femenil.
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

221

�Salas, Romero, Lomelí, Vargas y Gutiérrez / Representación mujeres deportistas

Como menciona Calvo et al. (2016)
La duración es una señal evidente que indica la menor importancia otorgada al deporte femenino en comparación con el
masculino ya que el 98.3% del tiempo de los informativos está
dedicado a las noticias sobre deporte masculino frente a un
escaso 0.30% sobre el femenino (p. 1238).

Las noticias de mujeres se realizan bajo un estereotipo
de género, basado principalmente en las características físicas
que poseen mujeres y hombres, lo que da como resultado que
las mujeres deportistas sean poco conocidas por el público, lo
que ocasiona también que las deportistas no tengan las mismas
oportunidades de atraer patrocinadores y marcas. López Albalá
(2016) encontró que los estereotipos pueden marcar la diferencia
en la cobertura sobre las mujeres deportistas y señala la escasez
de visibilidad de las mujeres en la prensa en comparación con los
hombres.
La acción de estereotipar es la de fijar de manera permanente y de identificar lo estereotipado como el seguimiento de un
modelo preestablecido, conocido y formalizado que se adopta
de una manera fija. Podríamos aventurar que los medios de comunicación tienden a reproducir y a difundir los estereotipos
sociales sin cuestionarlos previamente. (Bach Arús et al. citado
por López Albalá, 2016, p. 91)

A lo largo de la historia, el deporte (sobre todo la práctica
profesional) se ha asociado al sexo masculino ya que, para el
femenino, la práctica deportiva implicaba una pérdida de feminidad,
un perjuicio para la salud o directamente, el pensamiento de una

222

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

negación absoluta de aptitud, falta de interés, etc. (López Albalá 2016,
p. 93). Por el contrario, para los hombres, el deporte es una manera de
afianzar y confirmar su masculinidad. Es un reconocimiento social a
su hombría. Por eso,
es frecuente escuchar que en deportes como el futbol, rugby,
baloncesto, boxeo, balonmano etc., no hay homosexuales. Es
una manera de decir que quien practica algún deporte es “demasiado hombre” y por ello es imposible que un homosexual
pueda “colarse”; hay una negación por parte del género masculino hacia esta posibilidad. Y con respecto a la mujer, si se
sale de los deportes “establecidos” para ellas como lo puede
ser la gimnasia rítmica o el tenis, por ejemplo, entonces se
pone en duda y se cuestiona su sexualidad. (López Albalá,
2016, p. 94)

Una mirada feminista sobre el periodismo deportivo
Las mismas mujeres se han dado a la tarea de analizar cómo se ve la
mujer dentro del periodismo deportivo y ha encontrado que tiene
un trato discriminatorio que va más allá de un lenguaje sexista,
porque se convierte en un sexismo informativo e incluso sexismo
discursivo, cuando se habla de deportistas, ya que se ofrece a
los consumidores de la información deportiva un protagonismo
distorsionado de sus logros y fracasos, construyendo un discurso
con lenguaje que orienta a los prejuicios y valores, expresando
contradicciones y marcado estereotipos (Vigara, 2008).
Las actuaciones de mujeres deportistas muchas veces se
ven sometidas a comparaciones con el sexo masculino. Además
de que existe una tendencia a no brindar información meramente
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

223

�Salas, Romero, Lomelí, Vargas y Gutiérrez / Representación mujeres deportistas

deportiva, sino que los medios ahondan en aspectos como el
estado de ánimo o los detalles de la vida familiar de la deportista,
sin olvidar muchas veces las referencias de belleza y la vestimenta
de las mujeres deportistas, algo que muy pocas veces ocurre en el
caso de los hombres (Guerrero, 2006).
Las propias mujeres periodistas han señalado que
el periodismo deportivo es sexista, ya que muchas veces no
les importa identificar a la mujer deportista, sino más bien
objetivarla, ya sea por las circunstancias en que aparecen o por
sus características físicas. Además “si una mujer es agredida, la
prensa deportiva toma el hecho como una debilidad natural y la
describe como víctima”, (Hernández Carballido, 2010, p. 151).
¿Por qué la Teoría del Framing?
“Los medios de comunicación juegan un papel muy importante
al trasladar e inclusive traducir a la ciudadanía la información
en referente a distintas posturas existentes sobre asuntos de
importancia” (Muñiz, 2022, p.13).
Según la teoría del framing mencionan que “una
herramienta crucial con la que cuentan los medios es el framing,
a partir del cual pueden dotar de un determinado tratamiento
informativo al contenido de sus noticias para narrar la realidad
social” (De-Vreese et al, 2005, citado en Muñiz 2020, p.1).
“En ese sentido los periodistas elaboran sus noticias
valiéndose de diferentes encuadres o enfoques con los que pueden
ofrecer ese tratamiento informativo particular de la realidad”
(D’Angelo et al,2002, citado en Muñiz, 2020, p.2)
Y como menciona De-Vreese et al, citado en Muñiz (2020):
“Los encuadres noticiosos o frames constituyen la manera como
224

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

los acontecimientos son presentados a través de los mensajes
informativos, enfatizando o excluyendo posibles aspectos de la
realidad existente” (p. 2).
Habitualmente se define el framing como un “proceso
de creación, selección y establecimiento de frames por parte
de los periodistas, a quienes corresponde seleccionar y utilizar
ciertos encuadres periodísticos para presentar acontecimientos
políticos a la sociedad” (Semetko; Valkenburg, 2000 citado en
Muñiz, 2020, p.5). Por lo tanto, esto implica la traslación de los
encuadres periodísticos en encuadres noticiosos.
Duckman, 2011 citado en Muñiz (2020) menciona que
Se plantearon desde temprano dos visiones acerca de la configuración de los frames y de sus posibles efectos sobre la audiencia. Por una parte, se planteó la existencia de encuadres equivalentes, que remiten a la utilización de conceptos o palabras
para elaborar mensajes que, aun siendo diferentes, se presentan
como lógicamente equivalentes (p.4).

“Esto llevaría, por ejemplo, a presentar en el mensaje los
efectos de una política pública en términos de una ganancia para
el 80% de la población o bien como una pérdida para el 20% restante” (Muñiz, 2020, p.5).
Los campos más propensos a la utilización del framing lo
pueden ser: la política, la economía, la salud, el medio ambiente y
la educación, por lo que esta teoría llega a abarcar distintas áreas,
(D’Angelo, citado en Muñiz, 2020,p.3) donde además se menciona
que “El framing constituye un constructo con raíces profundas,
tanto en ciencias sociales, como en humanidades, lo que posibilita
su estudio por investigadores desde postulados teóricos y
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

225

�Salas, Romero, Lomelí, Vargas y Gutiérrez / Representación mujeres deportistas

metodológicos diferentes” (Borah et al, 2011 citado en Muñiz 2020,
p.5).
Elementos que componen al Framing
Entman, 1993 citado en Muñiz, 2020 señala que “los encuadres
se pueden encontrar en cuatro posibles localizaciones dentro
del proceso comunicativo: en el emisor del mensaje, dentro del
mensaje, en el receptor y en la cultura” (p.4).
Igualmente Entman (1993) menciona que el proceso del
framing se hace presente en cuatro localizaciones:
–

–
–
–

En los comunicadores, que hacen juicios para decidir
qué informar guiados por frames que organizan su
sistema de creencias;
En los textos que los contienen para el tratamiento de
la información;
En el público, puesto que los frames guían el
pensamiento del público y, finalmente;
En la cultura social, en cuanto que se crea un conjunto
de frames exhibidos en el discurso y pensados por la
mayoría de las personas dentro de un determinado
grupo social.

Tipos de Frames
En una clasificación llevada por D’Angelo (2018), establece una
tipología que describe de forma amplia los diferentes encuadres
que se presentan dentro del proceso del framing y que han sido
centrales en los estudios realizados hasta la fecha en sus diferentes
campos de aplicación.
226

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

D’Angelo menciona las siguientes clasificaciones
-frames de asunto, también conocidos como de promoción: Estos
son los encuadres establecidos a través de sus discursos por los
actores que tienen la capacidad de construir y aportar al debate
público sus razones para apoyar un lado u otro del asunto sobre
el que se está debatiendo. Este encuadre ha sido normalmente
definido como encuadre de promoción (advocacy frame), utilizado habitualmente por la elite política para trasladar a otros
actores, principalmente los medios de comunicación, sus puntos
de vista acerca de los asuntos de actualidad (De-Vreese, citado
en Muñiz, 2020).
–

–

–

frames periodísticos: Son utilizados por los periodistas
en el terreno de la comunicación para enfocar la
información transmitida por las fuentes (De-Vreese,
citado en Muñiz, 2020), ofreciendo de esta manera
un contexto para comprender, interpretar así como
expresarse acerca de los asuntos transmitidos por los
medios (D’Angelo, citado en Muñiz, 2020).
frames noticiosos; remiten a las “diferentes modalidades
de mensaje escrito, hablado, gráfico y visual que los
periodistas utilizan para contextualizar un evento,
asunto y/o actores dentro de una o más noticias”
(D’Angelo; Shaw, 2018, citado en Muñiz, 2020).
frames de la audiencia, cognitivos, del individuo o
frames en el pensamiento: describe la percepción
individual de una situación particular, es decir, se
revela qué entiende la persona como relevante de
la información recibida para poder comprender la

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

227

�Salas, Romero, Lomelí, Vargas y Gutiérrez / Representación mujeres deportistas

situación narrada (Druck- man, citado en Muñiz,
2020).
Cada uno de estos encuadres abre la posibilidad de un proceso de investigación amplio que implique, tanto al estudio en
profundidad de su uso dentro del proceso comunicativo, como
de las relaciones existentes entre ellos, donde los encuadres
pueden adoptar tanto un rol de variable dependiente como de
variable independiente, en función de los efectos que se busque
explicar. (De-Vreese y Scheufele, citado en Muñiz 2020)

Sociología de la producción de mensajes
Durante años, los estudios de la comunicación se limitaron a
cuestiones empíricas y se centraban en su mayoría en el receptor.
Con apenas unos cuantos estudios sobre los emisores durante los
setentas y ochentas, Shoemaker y Reese se dedicaron a construir
un modelo para estudiar las “condicionantes que inciden en la
producción de mensajes, desde los niveles micro hasta los niveles
macro”. Para ello, analizaron distintos parámetros y características
que involucran a las noticias y mensajes, a sus emisores, y hasta
en cierta medida a los receptores. Estos parámetros quedarían
jerarquizados en los siguientes niveles: factores individuales,
procedimiento (o rutina) de los medios, organización, extra
medios e ideológico.
Factores individuales. Los factores individuales son los
rasgos del comunicador que van a influir en qué noticia se da a
conocer y cómo es relatada. Género: el primer factor es si trata de
hombre o mujer, que además ya deriva no solo en el aspecto de las
noticias, sino que hay otras cuestiones como la diferencia de salarios o la proporción cuantitativa. En cuanto a la segunda, Shoe228

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

maker y Reese (1996) afirman que, en televisión, apenas un 25%
de los presentadores eran mujeres en el año 1992. La etnia es correspondiente a mayorías y minorías de razas. El crecimiento que
ha tenido la presencia femenina en los medios no ha acompañado
al de la representación de las minorías (Shoemaker y Reese, 1996).
La educación del comunicador. Se refiere al grado de
escolaridad que tiene el comunicador, los distintos grados de
estudio de educación superior que llevó a cabo el comunicador
para llegar a esa profesión (Shoemaker y Reese, 1996).
Valores personales y creencias. Estos son basados en las
actitudes que tienen los comunicadores frente a las historias que
presentan (Shoemaker y Reese, 1996). Actitudes políticas: “las
actividades personales políticas de los comunicadores deben ser
respetadas por el medio en el que trabajan” (Shoemaker y Reese,
1996, p. 81).
La orientación religiosa está relacionada cercanamente
con las actitudes políticas, y tiene que ver si se practican o están en
contra de cualquier religión. El número de noticias relacionadas
ha decaído, al menos en Estados Unidos, y a veces se relaciona en
noticias con algún tono paranormal (Shoemaker y Reese, 1996).
Valores profesionales: Shoemaker y Reese (1996) separan
estas aptitudes de los valores individuales, ya que estos valores
son formados dentro del trabajo, es decir, el impacto del medio es
directo en el comunicador.
Rutina de medios
Después viene el nivel de la rutina de los medios. “Las personas
son criaturas y participan en patrones de su grupo que ellos
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

229

�Salas, Romero, Lomelí, Vargas y Gutiérrez / Representación mujeres deportistas

mismos no crearon” (Shoemaker y Reese, 1996, p. 100) Es decir,
describe cómo los miembros de una organización se adaptan a
un ambiente laboral y adquieren sus costumbres, que van desde
acciones que realizan hasta algunas apropiaciones del lenguaje
(Shoemaker y Reese, 1996).
Definen rutina como “prácticas repetidas y formas que
los trabajadores de los medios hacen regularmente en su trabajo”
(Shoemaker y Reese, 1996, p. 100).
Nivel de organización
Va de la mano de la necesidad de los medios de generar ganancias
económicas, pues generan más poder a la hora de dictar decisiones
periodísticas, incluso entre la competencia. “La estructura de
las organizaciones afecta el contenido al impactar en la cultura
ocupacional” pues tiene que ver con lo que determina la agenda
entre la población (Shoemaker y Reese, 1996, p. 165). Son los
dueños los mayores determinantes de estas organizaciones, no solo
por el hecho de ser los líderes, sino porque reflejan los intereses
políticos y sociales que tendrá el medio (Shoemaker y Reese, 1996).
Nivel extramedios
Las fuentes determinan qué información sale a los medios, es
decir, si la exponen o la esconden, mientras que los comunicadores
determinan el ángulo que se le da a la nota informativa (Shoemaker
y Reese, 1996).
Los grupos de intereses siempre intentarán influir en el
contenido, usando desde guiones hasta apoyo económico, aunque
el éxito de estos ha variado. Otras prácticas que realizan en este
230

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

control de medios es la creación de pseudoeventos, e incluso, la
autocensura de los mismos medios (Shoemaker y Reese, 1996).
Nivel ideológico
La ideología se define como un “sistema articulado y relativamente
formal de valores y creencias (Williams en Shoemaker y Reese,
1996, p.213) que controla lo que vemos como ‘natural’ u ‘obvio’
que forma parte de un cuadro de referencia al que ajustamos
nuestras acciones (Becker en Shoemaker y Reese,1996, p.213).
Estos valores son transmitidos hacia las audiencias, pero se
seleccionan los que tengan una coherencia con la cultura que
prevalezca dentro una sociedad (Shoemaker y Reese, 1996).
Método
Esta investigación se realizó a través de la técnica de análisis de
contenido, a partir de un estudio de una semana natural del 23 al
29 de agosto de 2022, en cuatro periódicos deportivos impresos:
dos locales y dos nacionales.
Macnamara (2018) menciona que
A lo largo de la mayor parte de su historia, el análisis de contenido se ha definido y ejecutado como un método de investigación
cuantitativo; a menudo, aún utiliza este enfoque metodológico.
Sin embargo, un número cada vez mayor de investigadores aboga por el análisis de contenido como método cualitativo, lo que
da lugar a enfoques de métodos mixtos. (p. 2)

Tanto en el análisis de contenido cuantitativo como
cualitativo, las unidades de análisis suelen ser palabras o frases
seleccionadas utilizadas en un contexto particular, denominadas
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

231

�Salas, Romero, Lomelí, Vargas y Gutiérrez / Representación mujeres deportistas

palabras clave en contexto (Key Word In Context). Estos pueden
ser parte del lenguaje cotidiano o significantes especializados,
como nombres de marcas, nombres de lugares o nombres
de personas, según el propósito del análisis y las hipótesis o
preguntas de investigación que se investigan. Las imágenes como
fotografías, dibujos animados o fotogramas de películas y videos
también se pueden estudiar mediante el análisis de contenido.
(Andreú, 2002) menciona que
El muestreo que se utiliza en la investigación cuantitativa es el
muestreo probabilístico, en el que se insiste en la adopción de
una serie de reglas para determinar: a) El número de unidades y
b) la selección al azar de cada una de ellas. (p. 24)
El muestreo utilizado en la investigación cualitativa, por el
contrario, exige al investigador que se coloque en la situación
que mejor le permita recoger la información relevante para el
concepto o teoría buscada. El muestreo se orienta a la selección
de aquellas unidades y dimensiones que le garanticen mejor: a)
La cantidad (saturación), b) La calidad (riqueza) de la información. (Andreú, 2002, p. 25)

Las unidades de análisis (es decir, palabras, frases e
imágenes) se asignan a categorías en el proceso de análisis de
contenido. Por ejemplo, un investigador podría categorizar
palabras como “ataque”, “asalto”, “golpe”, “amenazado”, etc.
en una categoría llamada “violencia”. Los investigadores que
estudian la reputación de una organización deberán establecer
categorías como “calidad”, “confiabilidad”, “desempeño
ambiental”, etc., y luego contar palabras, frases o imágenes
visuales, como fotografías, que se relacionen con esos conceptos.
La categorización comúnmente incluye la identificación de
232

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

representaciones tanto positivas como negativas de los diversos
conceptos y factores estudiados.
El método más común para asignar unidades de análisis a categorías es la codificación. Se han utilizado tres métodos de
codificación en el análisis de contenido a medida que las tecnologías han cambiado. En los primeros análisis de la era anterior
a la informática, la codificación implicaba marcar físicamente
el contenido con un número de categoría o descriptor, junto
a una transcripción de televisión o un recorte de prensa. Con
la fácil disponibilidad de las computadoras, la codificación se
realiza cada vez más mediante el registro de recuentos de palabras clave en varios contextos en una aplicación informática.
(Macnamara, 2018, p. 4)

“La codificación generalmente se guía por pautas de
codificación, referidas en el Libro de códigos, eso en una era preinformática, ya que las instrucciones se escribían en el cuaderno
de un investigador”. (Macnamara, 2018, p. 4).
Las pautas de codificación se componen de notas e
instrucciones para minimizar los efectos de la subjetividad
humana entre los codificadores que realizan análisis de contenido.
Si bien la categorización de las menciones explícitas de palabras
clave es sencilla, la presencia de sinónimos, símiles, metáforas,
metonimias, sinécdoques y el uso del lenguaje, como matices,
sarcasmo y doble sentido, requieren interpretación, que puede
variar entre codificadores (Macnamara, 2018, p. 4).
Berelson citado en Macnamara (2018) sugirió que existen
cinco propósitos principales del análisis de contenido:
1. Para describir las características de la sustancia del
contenido del mensaje
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

233

�Salas, Romero, Lomelí, Vargas y Gutiérrez / Representación mujeres deportistas

2. Para describir las características de forma del
contenido del mensaje
3. Hacer inferencias a los productores de contenido
4. Para hacer inferencias a audiencias de contenido
5. Para predecir los efectos del contenido en las audiencias
Uno de los principales beneficios del análisis del contenido es
que es un método de investigación no intrusivo. Al analizar el
contenido de los informes de los medios y los comentarios de
las redes sociales, los investigadores pueden identificar temas y
problemas que son objeto de debate y/o preocupación pública,
y explorar discursos rastreando la frecuencia y el dominio de
ciertas ideas y mensajes, sin contacto humano directo. (Neuman citado en Macnamara, 2018, p. 12)

Además, el análisis de contenido puede informar las
inferencias sobre las políticas, puntos de vista e intenciones de
varias fuentes, así como los posibles efectos de la audiencia, sin
contactar directamente a esas fuentes. Esto puede ser importante
cuando las fuentes son difíciles de alcanzar o no están dispuestas a
participar en la investigación. Hoy en día, muchas encuestas reciben
bajas tasas de respuesta porque los grupos objetivo están “sobre
investigados” y sufren “fatiga de encuesta”. En algunos casos, como
una organización que desea comprender las opiniones o actividades
de sus competidores, los métodos de investigación directa no son
prácticos y los métodos no intrusivos, como el análisis del contenido
de los medios, pueden ser la única opción (Macnamara, 2018, p. 13).
Otro beneficio del análisis de contenido es que se puede realizar con frecuencia para realizar un seguimiento longitudinal de
problemas, temas y portavoces, mientras que la investigación
de audiencia, como las encuestas a gran escala, generalmente se

234

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

restringe a una vez al año o incluso cada pocos años debido a su
costo. (Macnamara, 2018, p. 13)

Muestra
El periodo de análisis fue una semana natural del 23 al 29 de agosto
de 2002 en cuatro periódicos impresos, dos nacionales y dos locales.
Los periódicos nacionales fueron el ESTO y Récord y los locales, la
sección deportiva de El Norte (Cancha) y El Horizonte. Durante los
días analizados se publicaron 758 notas en total relacionadas con
deportes, 132 de ellas en Cancha, la sección deportiva de El Norte;
306 en Esto, un periódico nacional exclusivamente dedicado a la
cobertura deportiva; 13 en El Horizonte, un periódico generalista
impreso de distribución gratuita una filial del Grupo Azteca, y
266 en Récord, un periódico exclusivamente deportivo que tiene
circulación a nivel nacional. La tabla 1 muestra el número de notas
deportivas que aparecieron en cada diario por cada día.
Tabla 1.
Relación de notas por periódico y por día
El Norte

Esto

El Horizonte

Récord

23/09/2022

15

52

13

31

24/09/2022

18

52

10

38

25/09/2022

16

49

12

43

26/08/2022

6

42

7

33

27/08/2022

25

38

40

28/08/2022

26

39

44

29/08/2022

26

34

12

37

TOTAL

132

306

54

266

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235

�Salas, Romero, Lomelí, Vargas y Gutiérrez / Representación mujeres deportistas

Después de revisarlas y separarlas, finalmente la muestra
quedó conformada solo por 84 notas que abordaban cobertura
exclusivamente sobre mujeres deportistas y que representaban solo
el 11% del total de total de notas publicadas en los diarios analizados.
Manual de códigos
El análisis de contenido se basó en un manual de codificación
integrado por varios aspectos definidos previamente con el
objetivo de estudio de este trabajo. Se tomaron en cuenta las notas
de los cuatro diarios seleccionados en donde había aparición
de mujeres, tanto deportistas como creadora de la misma nota,
o como referencia en el texto de la misma, se analizaron un
total de 84 notas resultantes, de las cuales se identificaron los
siguientes reactivos: fecha de publicación, llamado en primera
sección, ubicación, espacio y tamaño de la nota, deporte, tipo de
deporte, género periodístico, protagonista, papel principal, papel
secundario, modo en que se representa, cabeza de la nota, lenguaje
sexista, estereotipos, crédito de la nota, resumen de la nota, apoyo
gráfico, contenido de la foto, pie de foto y product place.
Cada uno de estos elementos fueron codificados con
valores numéricos que facilitan el procesamiento analítico, con el
cual se pudieron generar tablas y gráficos que apoyan visualmente
los datos de los resultados.
Resultados
A continuación, se muestran los resultados obtenidos a partir
del procesamiento de los datos obtenidos a partir del análisis de
contenido.
236

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

Tabla 2.

El Horizonte

ESTO

Record

Total

Futbol

8

7

13

15

43

Tenis

6

2

9

7

24

Atletismo

1

3

4

Raquetbol

2

1

3

Golf

2

Deporte

Cancha

Cantidad de notas sobre los deportes en los que aparecen mujeres.

2

Futbol americano

2

2

Fisicoconstructivismo

1

1

Basquetbol

1

1

TaeKwonDo

1

1

Ciclismo

1

1

Automovilismo

1

NA

1

Total

21

1
1

9

31

23

84

En la tabla 2 podemos ver que el deporte con más
cobertura de participación femenina, en los cuatro diarios, es el
fútbol, seguido del tenis.
En el diario Cancha las notas que predominan con
deportistas mujeres son el fútbol y tenis. Sin embargo, el diario
ESTO publicó muchas más notas del deporte femenil que el resto.
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

237

�Salas, Romero, Lomelí, Vargas y Gutiérrez / Representación mujeres deportistas

Tabla 3.
Distribución de géneros periodísticos en los

Total general

Record

ESTO

El Horizonte

Cancha

Medio

cuatro medios seleccionados

Columna

1

1

Crónica

2

2
2

3

6

5

13

4

22

13

56

2

1

3

3

9

21

9

31

23

84

Entrevista

1

Fotoreportaje

1

1

Nota/Noticia

17

Reportaje
Total general

De las apariciones de las mujeres deportistas dentro de
la sección deportiva, solo se encontraron cuatro llamados en la
primera sección, es decir, en la página de portada de la sección o
del periódico deportivo en general, que fueron los siguientes:
El primero de ellos pertenecía al diario Cancha, con el título
de la nota “¡Sonrían!”, la cual describe que Tigres y Monterrey
femenil jugaban el mismo día; el segundo respondió a “Tigres
femenil, sinónimo de gol”; que era la previa del equipo femenil de
Tigres en contra de Santos.; el tercero se tituló: “Tri femenil…muy
regio” que eran los nombres de las convocadas de equipos regios a la
selección mexicana femenil; el cuarto responde al título “Orgullosa
238

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

representante”, la cual hablaba de una bombera Citlalli Ramirez
que participó en la edición 39 del Maratón de la CDMX.
Con relación al género periodístico, la mayor representación la tuvo el género Nota/Noticia con un total de 56 apariciones
que representa el 66% de un total de 84 notas registradas. Después el Fotoreportate con 13 apariciones que representa un 15%,
el Reportaje con 9 apariciones y al final la Entrevista, Crónica y
Columna, con 3, 2 y 1 aparición respectivamente.
Del total de registros (84), las mujeres fueron protagonistas
solamente 71 veces, 10 veces fue compartido el protagonismo con
los hombres y en 3 ocasiones no lo fue. El protagonismo se refiere
a que la mujer fue el punto central de la nota y los resultados se
muestran en la tabla número 4.
Tabla 4.
Distribución de notas por tipo de género periodístico y medio

Reportaje

Total
general

1

Nota/Noticia

El Horizonte

Fotoreportaje

Cancha

Entrevista

Crónica

Columna

Medio

donde la mujer es protagonista

1

1

16

2

20

1

2

1

7

6

17

3

26

2

2

11

3

18

3

10

46

9

71

2

ESTO
Record
Total general

1

2

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

239

�Salas, Romero, Lomelí, Vargas y Gutiérrez / Representación mujeres deportistas

Tabla 5.
Relación de deportes donde la mujer fue protagonista
Deporte

Compartida

No

Sí

Futbol
Tenis
Atletismo
Raquetbol
Golf
Futbol americano
Fisicoconstructivismo
Basquetbol
TaeKwonDo
Ciclismo
Automovilismo
NA
Total general

3
3

2

38
21
4
2
2
2

1

1
1
1
1
1
10

3

1
71

Total
general
43
24
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
84

Se identificaron 11 deportes donde la mujer fue
la protagonista. En las 84 notas, solo el 84.5% (71 notas)
fueron totalmente protagonistas, 12% (10 notas) tuvieron un
protagonismo compartido y solo tres notas que representan el
3.5% del total no fueron protagonistas como se muestran en la
tabla 5.
En cuanto a la ubicación de la nota, apenas el 3.6% de
las notas en primera plana, el 60.7% de las notas aparecieron en
las páginas impares de estos diarios, y el 35.7% apareció en las
páginas pares.
Uno de los puntos contemplados en la codificación fue el
de espacio y tamaño en las notas siendo la media plana y el tercio
de plana los que más predominan con 19% cada espacio antes
240

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

mencionado; el 11.9% de las notas ocupó un cuarto de plana, el
13.1% de las notas ocupan un octavo de la página. Apenas 11.9% de
las notas aparecieron en una plana, con un total de 8 notas. 8.3%
de las notas ocupa dos tercios de espacio; el 3.5% apenas apareció
con una nota breve a una columna y la menor aparición se dio con
1 nota que ocupó dos páginas de espacio.
Evaluaciones y criterios
Se analizó la manera en cómo son representadas las mujeres en
las notas, es decir, cómo era su rol en el hecho de la nota, si había
alguna victimización por el hecho de ser mujeres. Se identifica un
gran porcentaje de notas en las cuales las mujeres aprecian como
“ganadoras” verificando que las notas son sobre sus logros deportivos,
que vienen acompañados del triunfo en su disciplina. Menos del 10%
las victimiza, es decir, las pone en un papel de vulnerabilidad.
Trece de estas notas las muestra como “perdedoras”,
destacando que esto es inevitable en algún punto dentro de la
naturaleza competitiva de lo que es el deporte. Cuatro notas no
mostraban un rasgo de triunfo o fracaso, por lo que se añadió
el término “como especialistas” en las que simplemente se
mostraron como profesionales ejerciendo su labor. Una nota no
entró en ninguna de las categorías vistas, por lo que simplemente
se dejó fuera de cualquier grupo.
En cuanto a lenguaje sexista y estereotipos, de las 84 notas
en ninguna detectó lenguaje sexista, aunque se encontraron notas
con estereotipos femeninos. Fueron en cuatro de estas notas, que
fueron clasificados todos como indirectos. No se detectó lenguaje
sexista directo en cualquiera de las 84 notas.
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

241

�Salas, Romero, Lomelí, Vargas y Gutiérrez / Representación mujeres deportistas

También se revisó quién o quiénes escribían las notas,
analizando también cuántas mujeres y hombres eran los encargados
de redactarlas. En la tabla 6 se muestra que, aunque sigue siendo un
hombre el encargado la mayoría de las veces, la diferencia no es tan
grande con respecto a las mujeres acreditadas, siendo esta apenas
de 5 notas. Y esto sin contar las que no tuvieron un nombre en
específico, por lo que bien este número podría aumentar de haber
sido así. Dentro de estas, se incluyen 19 de los staff, 10 sin ningún
crédito y 4 a alguna agencia noticiosa, siendo casi la minoría si no
fuera por el cero absoluto de alguna coautoría.
Tabla 6.

Reportero

Reportera

Staff

Sin crédito

Agencia

Coautoría

Total

Créditos en las notas

28

23

19

10

4

0

84

De las 84 notas vistas, 51 estaban acreditadas a un nombre
propio, ya sea hombre o mujer. Si bien el periodismo deportivo
se caracterizó por ser dominado por los hombres, se puede ver
que la tendencia va a la baja, pues fueron 28 las notas que estaban
acreditadas a un varón, mientras otras 23 mostraban un nombre
femenino. No es una diferencia grande, apenas de cinco notas, y
muestra un paso hacia adelante en la búsqueda de la equidad en
el mundo del periodismo deportivo.
De la misma manera, se examinaron los encabezados de
las notas buscando indicios de algún uso de lenguaje sexista, ya
242

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

sea para hacerlo llamativo a los lectores o dando un ejemplo del
enfoque que llevaría la nota. Además, se analizaron de manera
más profunda cuatro de ellos que llamaron la atención:
Campuzano dice que no: Al no saber la situación por la
que se tiene una negativa, este título puede generar morbo en la
audiencia, sin embargo, sólo trata acerca de una negativa por una
falta de ayuda a la deportista.
Margarita Hernández quedó muy satisfecha. Este título
de alguna manera puede ser muy sugerente e incluso interpretarse
con un doble sentido debido a la palabra “satisfecha”.
El último baile de las Williams. Este título podría ser
llamativo para el público y aunque no tiene un lenguaje sexista,
si se puede interpretar como un anunció de muerte, más que de
retiro del deporte que es de lo que trata la nota.
Rojitas gloriosas. Es una cabeza muy sugerente y en este
caso se podría usar más bien un título que realce el triunfo de la
selección española al ganar un campeonato, que es de lo que trata
la nota.
Apoyo Gráfico
Se analizó la forma visual en que las mujeres en el deporte fueron
plasmadas en los diarios. En la Tabla 7 se muestra que el recurso
más utilizado fue la fotografía a color con un total de 70 apariciones
(83.35%) del total de 84 notas que se tomaron para la muestra,
seguido luego por otro tipo de apoyos como ilustraciones con
un 10.75% y destacando que fueron un total de 5 veces las que la
ausencia de un apoyo visual se hizo notar sin recurrir a otro tipo
de recursos como las infografías ni las gráficas llegando a tan sólo
un 5.9% del total de notas.
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

243

�Salas, Romero, Lomelí, Vargas y Gutiérrez / Representación mujeres deportistas

Tabla 7.

Foto a
color

Gráfica

Infografía

Varios
apoyos

Sin apoyo

Foto B/N

Total

Tipo de recurso más utilizado en las notas

Apoyos

70

0

0

9

5

0

84

Porcentajes

83.35%

0%

0%

10.75%

5.9%

0%

100%

Contenido de la fotografía
Partiendo de los resultados anteriores, en los casos en los que se
utilizó, se analizó qué tipo de fotografía fue utilizada para apoyar
a la nota. A continuación, se presentan los resultados obtenidos
en la siguiente tabla.
Tabla 8.
Tipo de fotografía utilizada en la nota.
NA
En acción
En Festejo
Entrevista
Equipo
Afición
Posando
Entrenador
Staff
Estadio
Directivos
Logo
Total

244

9
29
24
1
4
1
13
2
0
0
0
1
84

10.71%
34.52%
28.57%
1.19%
4.76%
1.19%
15.47%
2.3%

1.19%
100%

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

Se observa que el tipo de fotografías más recurrente fue el
de jugadoras en acción, jugadoras en festejo y jugadoras posando;
10.7% no utilizaron una fotografía donde apareciera alguna
jugadora, entrenadora o directivo de un club.
Pie de foto
Dentro del análisis también se estudió junto a las imágenes y la
manera en la que estas representaban a la mujer en los medios
deportivos, el acompañamiento o no de las fotografías con un texto,
o pie de fotografía, el cual tiene la función de relatar lo que está
aconteciendo en la acción de la imagen, o por otro lado también
puede aportar otro valor a la imagen, como puede ser referirse a
algún logro, estadística, el nombre de quien se encuentra a cuadro,
entre otras cosas, en donde se pudo observar que casi en un tercio
de las notas en donde aparecía una mujer deportista no existía un
pie de foto. De acuerdo con lo observado el 74% de las imágenes
tenía un pie de foto y tan solo el 26% no tenía ninguna descripción.
Product Placement
Dentro del estudio se analizó también si en las fotografías
o imágenes mostradas existía un product placement, o la
presentación de algún producto o marca de manera intencional
para generar una publicidad a la marca, arrojando un resultado
contundente en donde no se mostró esta herramienta como tal,
siendo que de las 84 notas, solamente en 2 ocasiones apareció un
product placement. La primera nota de ella se tituló: Se presentará
la edición 70 del clásico Mister México, donde estará la Wellness
Weekend Fitness Expo 2022 dedicado a las mujeres y el segundo
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

245

�Salas, Romero, Lomelí, Vargas y Gutiérrez / Representación mujeres deportistas

de ellos Se entregó el Premio a la excelencia y Alexia Putellas,
futbolista tuvo un galardón.
Tabla 9.
Relación de créditos de las notas.
Crédito de
hombre

Crédito
de mujer

Staff u otras
agencias

Sin
autoría

Cancha

9

5

3

4

Esto

9

16

14

2

El Horizonte

4

1

4

0

Récord

6

1

2

4

Total 28

Total 23

total

Total 10

PERIODICO

Notas 84

En 10 notas hubo un lenguaje negativo hacia ellas, en las
que se les categorizó como “víctimas” (7) o “perdedoras” (3). Es
la naturaleza del deporte en la que haya un perdedor, visto sobre
todo desde un punto de vista protagónico (por ejemplo, que un
periódico de Monterrey hable sobre la derrota de Rayadas), sin
embargo, se buscaba encontrar ejemplos donde se victimiza a las
mujeres por el hecho de serlo, en la cual se detectó en poco menos
del 10% de las notas, frente al más del 85% de las notas de se ve
una imagen de “ganadora” o “especialista” en ellas.
Tabla 10.
Cómo son consideradas las mujeres en las notas.
Ganadoras

Víctimas

Como
especialista

Perdedoras

No
Aplica

Notas
totales

60

7

13

3

1

84

71.42%

8.33%

15.47%

3.57%

1.19%

99.98%

246

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

Discusión y conclusiones
Este estudio nos permitió conocer que continúan siendo aún
pocas las notas deportivas en la cual son las protagonistas, tanto
como deportistas o redactoras de la misma. De 758 notas totales
solo 84 fueron detectadas representando apenas un 11% del total.
Los dos deportes principales donde se identificó con mayor
participación de la mujer fue el fútbol seguido del tenis siendo
los dos más populares en participación femenina. De las 84 notas
analizadas, 51 estaban acreditadas a un nombre propio, ya sea
hombre o mujer. Si bien el periodismo deportivo se caracterizó
por ser dominado por los hombres, podemos apreciar que ya no es
tan grande la diferencia, pues solo fueron 28 las notas que estaban
acreditadas a un varón, mientras que las 23 notas restantes eran
acreditadas a una mujer. Una diferencia de apenas 5 notas que
muestran un avance positivo en la búsqueda de equidad en el
mundo del periodismo deportivo principalmente dominado por
los hombres.
Es probable que con otro estudio más amplio que
pudiera abarcar un periodo más largo y que pueda involucrar a
diferentes periódicos de la república mexicana puedan mostrar
resultados diferentes. Sin embargo, este resultado es una muestra
de un instante que puede utilizarse en otro estudio para una
comparativa correlacional entre regiones y culturas. También
se detectó que había créditos de mujeres periodistas dentro
de la sección deportiva, sin embargo, el nombre de un hombre
prevalece más en la sección deportiva.
Los medios de comunicación a pesar del avance que han
tenido las mujeres en el desarrollo de actividades deportivas
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

247

�Salas, Romero, Lomelí, Vargas y Gutiérrez / Representación mujeres deportistas

no ofrecen espacios de manera equitativa con relación a los
hombres. Las mujeres siguen siendo minoría dentro de los medios
deportivos tanto como deportistas como periodistas. El espacio
que se les da a las mujeres que practican o comunican el deporte
sigue siendo muy poco, ya que la mayoría de las pocas noticias
encontradas miden apenas un tercio de espacio con respecto al
deporte varonil y solo se les brinda espacio para dar un resultado.
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�Salas, Romero, Lomelí, Vargas y Gutiérrez / Representación mujeres deportistas

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DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-97

251

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

Perfiles del Electorado Nuevoleonés 2021
José María Infante Bonfiglio y Carlos Javier
Vázquez Ferrel. Coord. (2021)
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. México.
María de Jesús Ávila-Sánchez1
José Alfredo Jáuregui-Díaz2
En esta obra José María Infante Bonfiglio y Carlos Javier
Vázquez Ferrel recopilan un conjunto de reflexiones sobre la
cultura política de la ciudadanía neoleonesa fundamentadas
en evidencias empíricas que proporciona la encuesta Perfiles del
electorado nuevoleonés 2021: Cultura política de la ciudadanía en el nuevo
contexto electoral, realizada por la Comisión Estatal Electoral de
Nuevo León. En la introducción se menciona que esta obra tiene
1 Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León,
México. maria.avilasnz@uanl.edu.mx
2 Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León,
México. alfredo.jaureguidz@uanl.edu.mx

252

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

como antecedentes dos estudios previos uno realizado en el año
2009 y otro en el 2019. El libro es el resultado del trabajo de varios
investigadores y académicos de las universidades de Nuevo León
que por invitación de Comisión Estatal analizan los datos que
arroja la encuesta desde su perspectiva, es por ello, que las ideas
y conceptos pertenecen a las y los autores. El libro con arbitraje
de pares, garantiza que los artículos tengan rigor metodológico,
es decir una argumentación fundamentada en el saber científico
por encima de otras argumentaciones y motivos.
Los coordinadores y autores son José María Infante
Bonfiglio, y Juan Carlos Montero Bagatella. Participan en otros
capítulos Marcela Ávila-Eggleton, José Juan Cervantes Niño,
Ana Claudia Coutigno Ramírez, Alejandro Díaz Domínguez,
Viviana Díaz Urrea, Víctor Alejandro Espinoza Valle, Karola
García Alvarado, Luis Antonio González Tule, Luis Eduardo León
Ganatios, Felipe Alfonso Méndez Romo y Eduardo Peredo Gómez.
Es un libro con un tema central, las preferencias electorales
desde tres temáticas diferenciales: votos y elecciones que consta
de cuatro artículos; redes sociales y medios de comunicación con
tres artículos; y, ciudadanía, valores y relaciones con los partidos
políticos con cinco artículos. Hay análisis desde la perspectiva
cuantitativa predominantemente, es una obra que expone,
impulsa e invita a desarrollar estudios independientes a partir de
un instrumento diseñado con rigor metodológico. Los hallazgos
son muchos, por ejemplo, José María Infante, encuentra evidencia
suficiente para señalar que no existe diferencias entre hombres y
mujeres sobre el interés por la política. Otro hallazgo interesante
es que para el electorado neolonés los valores del autoritarismo o la
riqueza personal son centrales. Este resultado nos ayuda a entender
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-79

253

�María de Jesús Ávila, José Alfredo Jáuregui / Perfiles del Electorado Nuevoleonés 2021

lo que se encuentra en el artículo Candidaturas independientes en
Nuevo León: una cuestión de estatus económico de Solís Delgadillo,
Peredo Gómez y Méndez Romo. Singularmente los autores nos
señalan personas con recursos económicos superiores al promedio,
en el que si se cubren las necesidades básicas se muestra interés
en ampliar los horizontes hacia otros propósitos intelectuales,
aspiracionales y de otro tipo. Además, existen factores dentro del
juego institucional que impiden el ingreso de cualquier aspirante
que no tenga tiempo, recursos y logística suficiente. También
estos autores encuentran el efecto negativo del desempeño
del gobernador, “quemo la marca de los independientes” (p.
259) erosionando y frenando el optimismo por este tipo de
candidatos. Otro resultado, interesante es que en las candidaturas
independientes no han participado las mujeres, también señalan
que los aspirantes habrían tenido antecedentes en otros partidos
y hay una alusión a que se vuelven independientes porque no son
elegidos en los partidos de origen. Sobre el artículo La compra
de voto en Nuevo León: perfil del elector, bienes de intercambio
y efectividad de la prebenda de Luis Antonio González, los datos
encontrados para Nuevo León invitan a una reflexión mucho más
detallada, pues en este Estado quienes presentan más probabilidad
de ser sujetos al ofrecimiento de prebendas por su voto fueron
personas que manifestaron un mayor interés por la política, con
nivel de escolaridad medio, insatisfechas con el funcionamiento
de la democracia y con algún vínculo partidista y la pobreza no
resultó significativa, por lo que debemos evitar sobredimensionar
su efecto.
En la sección de redes sociales y medios de comunicación,
Carlos Vázquez y la maestra Viviana Díaz, encuentran que, de
254

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-79

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

manera específica, los usuarios de Twitter, YouTube, y en mucho
mayor medida Instagram, parecen rechazar la idea de nunca
votar por nuevos partidos políticos. Asimismo, los consumidores
de información política generada por Twitter se relacionan
estadísticamente con la inasistencia a la iglesia y tanto los
usuarios de esta red como los de Instagram suelen percibir poco
limpias las elecciones en el Estado. De acuerdo con Vázquez y
Díaz, es probable que los usuarios de las redes sociales sostengan
una actitud crítica con la calidad de las elecciones. En tanto,
Alejandro Díaz y Karola García, señalan que existen diferencias
generacionales claras cuando se observa la importancia de ciertos
canales de comunicación, como la televisión y las redes sociales.
En ese sentido, Azucena Rojas encuentra que el consumo y
atención de medios digitales no garantiza un perfil más abierto y
liberal, al menos en Nuevo León. Si bien, en la actualidad las y los
jóvenes tienen acceso a más información este no necesariamente
implica mayor tolerancia y apertura a valores liberales.
Respecto al panorama democrático en el Estado y
considerando el comportamiento del electorado en las elecciones
de 2021, Juan Carlos Montero abona una serie de elementos
relevantes destacando la capacidad de atracción por parte de
los candidatos, la identificación partidaria y el hecho de que las
elecciones en Nuevo León sean coincidentes con las federales,
ya que estas a su vez generarían efectos de «arrastre» en favor o
en contra de determinados partidos políticos en las votaciones
del Estado (p. 20). Sobre las preferencias ideológicas hacia los
partidos, señala que existe una ambivalencia que, si bien existe
un rechazo hacia los partidos, aun así, el PRI logró resurgir
para seguir teniendo su particular relación de amor y odio con
DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-79

255

�María de Jesús Ávila, José Alfredo Jáuregui / Perfiles del Electorado Nuevoleonés 2021

el electorado nuevoleonés. Además, el electorado nuevoleonés
decide su voto valorando principalmente el perfil de las
candidaturas; en segundo lugar, su identificación ideológica con
el partido; y, finalmente, la crítica hacia el Gobierno. Aunque los
cambios en el sistema de partidos, a pesar de parecer abruptos,
especialmente con la elección de un Gobernador independiente
en 2015 y otro de Movimiento Ciudadano en 2021, en realidad no
marcan cambios ideológicos importantes, para un futuro proceso
electoral, el votante nuevoleonés seguirá orientado hacia una
posición de derecha. Sobre la participación electoral, José Juan
Cervantes nos ayuda a entender este panorama democrático,
hace una afirmación interesante: una baja participación
ciudadana en los procesos electorales no puede legitimar un
proceso democrático, que debe llevar a la reflexión y a la acción.
También, Marcela Ávila, en su artículo Votantes sofisticados y
voto dividido, encuentra, tanto los datos agregados (resultados
electorales) como los individuales (encuestas y grupos de
enfoque) “un electorado sofisticado que se «arriesga» a votar en
la elección de la Gubernatura por alternativas de las cuales tiene
poca información, pero establece límites a ese poder a través de
un voto por los partidos tradicionales tanto en las Diputaciones
—Federales y Locales— como en la elección de Ayuntamientos”
(p. 322). Es decir, un segmento importante del electorado
equilibra su decisión estableciendo contrapesos a partir de los
partidos que ya conocen, pero a quienes no quieren ver regresar
al Ejecutivo estatal.
No obstante, hay una necesidad clara de avanzar en
la discusión teórica, un ejercicio de contrastación y reflexión
respecto al panorama nacional y los resultados obtenidos en
256

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-79

�Transdisciplinar, vol. 3, núm. 5, julio-diciembre, 2023

algunos de los capítulos. También priorizar la diversidad en los
enfoques con temáticas centrales como el voto por categorías
interseccionales como el género, la condición de migración, clase
social y etnia, equilibrar la producción del apartado de influencia
de redes y dejar otros en los que la encuesta está limitada por
el tipo de información generada. Sin duda, enriquecerán la obra
evidenciando el potencial de la encuesta. La obra abre muchas
líneas de investigación, algunas muy sugerentes, como la
relación entre la participación política y el mercado laboral, la
vinculación entre ideología, política y religión y otra sobre las
brechas digitales. Además, en la encuesta hay una gran cantidad
de información que no han sido analizadas y que quedan como
tarea pendiente para los estudios de la sociopolítica neoleonesa.

DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar3.5-79

257

�</text>
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                <text>Transdisciplinar: Revista de Ciencias Sociales, publica semestralmente en formato digital  artículos académicos con temáticas relevantes para las ciencias sociales, con especial interés por aquellos que presenten un enfoque transdisciplinario  imprescindible ante la complejidad de las organizaciones, sujetos, interacciones y problemáticas sociales actuales y en prospectiva. El propósito es ofrecer un espacio para lectores y autores en el que se dé el diálogo y el intercambio entre las disciplinas y propicie la construcción de conocimiento relacional (Edgar Morin), complejo, transdisciplinario e integral en el ámbito de lo social.</text>
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