https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/481/21974/Nomos_Procesalismo_Estrategico_2025_Vol_2_Num_4_Julio-Diciembre.pdf a1a894aa9c4f35842c4976302d187689 PDF Text Text Vol. 02, Núm. 04, Julio-Diciembre 2025 ISSN: 3061-7383 revistanomos.uanl.mx nomos@uanl.mx �Nomos: Procesalismo Estratégico Vol. 2, Núm. 4, Julio-Diciembre 2025, es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad de Derecho y Criminología. Dirección de la publicación: Av. Universidad s/n Cd. Universitaria C.P. 66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. revistanomos.uanl. mx, nomos@uanl.mx. Editor responsable: Dr. Luis Gerardo Rodríguez Lozano, de la Facultad de Derecho y Criminología. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo núm. 04-2023-122017504900-102 e ISSN 3061-7383, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización: Dr. Paris Alejandro Cabello Tijerina, Facultad de Derecho y Criminología Av. Universidad s/n Cd. Universitaria C.P. 66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. Fecha de la última modificación: 10 de julio de 2025. �Sobre la revista Equipo editorial Nomos: Procesalismo Estrategico Editor en jefe • Dr. Luis Gerardo Rodríguez Lozano (Universidad Autónoma de Nuevo León) Editora asociada • Dra. Alina del Carmen Nettel Barrera. (Universidad Autónoma de Querétaro) Director editorial • Dr. Juan Ángel Salinas Garza (Universidad Autónoma de Nuevo León) Coordinadora editorial • Lic. Verónica Rivera de la Rosa (Universidad Autónoma de Nuevo León) Coordinadora editorial adjunta • Dra. Mireya García Monroy (Universidad Autónoma de Nuevo León) Coordinador de vinculación • Dr. Alfonso Jaime Martínez Lazcano (Universidad Autónoma de Chiapas) Es una publicación semestral online, dedicada a difundir investigaciones sobre derecho procesal en perspectiva estratégica, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la cultura del Estado Social y Democrático de Derecho, aportando investigaciones de frontera con una perspectiva plural desde los derechos humanos, derecho procesal, derecho constitucional, derecho administrativo, teoría del derecho y filosofía política, y otras áreas y disciplinas del conocimiento interrelacionadas, para aportar a la divulgación del conocimiento básico y aplicado en un entorno transdisciplinar que nos permita abordar el litigio procesal de forma estratégica desde diversos ámbitos científicos con el fin de fortalecer la teoría y generar propuestas de solución en clave social y de interés público. Nomos: Procesalismo Estratégico, se encuentra dirigida a investigadores, docentes, y miembros de la comunidad científica académica interesados en el abordaje epistemológico, histórico, social y ontológico que convergen el estudio de las relaciones humanas con visón de cohesión social como elemento toral del Estado social y democrático de derecho, con las ventajas de manejar conocimiento multidisciplinario de frontera. Nomos: Procesalismo Estratégico pretende convertirse en una revista online de acceso abierto, referente científico para la comunidad internacional, ingresar a los más altos índices académicos, para con ello tener acceso a plataformas en línea para la difusión de investigaciones de alto impacto que contribuyan a la propuesta de soluciones procesales en perspectiva estratégica con impacto social. Comité Editorial Internacional • Dr. Diego Luna (Universidad de Buenos Aires, Argentina) • Dr. Jorge Iván Rincón Córdoba (Universidad Externado de Colombia, Colombia) • Dr. Manuel Gómez Tomillo (Universidad de Valencia, España) • Dr. Luiz Guilherme Marinoni (Universidad Federal do Parana, Brasil) • Dr. Orlando Vignolo Cueva (Universidad de Piura, Perú) • Dr. Jaime Rodríguez Arana Muñoz (Universidad de la Coruña, España) • Dr. Marcelo Fernández Peralta (Universidad Austral, Argentina) • Dr. Carlos Luis Carrillo Artiles (Universidad Central de Venezuela, Venezuela) Nacional • Dr. Mario Alberto Garza Castillo (Universidad Autónoma de Nuevo León) • Dr. José Luis Prado Maillard (Universidad Autónoma de Nuevo León) • Dra. María Guadalupe Fernández Ruiz (Universidad Nacional Autónoma de México, México) • Dr. Michael Gustavo Núñez Torres (Universidad Autónoma de Nuevo León, México) • Dra. Eugenia Paola Carmona Díaz de León (Escuela Libre de Derecho, México) • Dr. David Cienfuegos Salgado (Universidad Nacional Autónoma de México, México) • Dr. Paris A. Cabello-Tijerina (Universidad Autónoma de Nuevo León, México) • Dr. Mario Cruz Martínez (Universidad Iberoamericana, México) • Dr. Gonzalo Armienta Hernández (Universidad de Sinaloa, México) • Dr. Alfredo Islas Colin (Universidad Autónoma de Tabasco, México) • Dra. Teresita de Jesús Rendon Huerta Barrera (Universidad Nacional Autónoma de México, México) Comité Científico Internacional • Dr. Thiago de Mello Azevedo Guilherme (Pontificia Universidad Católica de São Paulo, Brasil). • Dr. Manuel de Peralta Carrasco (Universidad de Extremadura, España). • Dr. Ángel Acedo Penco (Universidad de Extremadura, España). • Dra. Andrea Liliana Gómez Medina (Universidad Manuela Beltrán, Colombia). • Dr. Jaime Alfonso Cubides Cárdenas (Universidad Autónoma de Colombia, Colombia). Nacional • Dra. Mireya García Monroy (Universidad Autónoma de Nuevo León, México.) • Dr. Rogelio Barba Álvarez (Universidad de Guadalajara, México) • Dra. María Ernestina Ureña Moreno (Universidad Autónoma de Nuevo León, México) • Dra. María Salome Moreno Rodríguez (Universidad Autónoma de Nuevo León, México) • Dr. Juan Marín González Solís (Universidad Autónoma de Nuevo León, México) • Dra. Alina del Carmen Nettel Barrera (Universidad Autónoma de Querétaro, México) • Dr. Daniel Márquez Gómez (Universidad Nacional Autónoma de México, México) • Dr. Rubén Jaime Flores Medina (Universidad de Guadalajara, México) • Dra. Hilda Mayleth López Cruz (Universidad La Salle, Oaxaca) �4 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Contenido Editorial 09 Derechos humanos, justicia internacional y transformación jurídica: Retos contemporáneos del Estado de Derecho en América Latina Verónica Rivera de la Rosa Artículos 15 Derecho a la vida y seguridad de las mujeres víctimas de violencia feminicida Ana Rubi Morales Frías y Luz del Alba Pardo Cruz 33 Utilidad actual de las criptomonedas y su desarrollo en las finanzas del futuro: un análisis jurídico prospectivo en el contexto del derecho mexicano Rubén Jaime Flores Medina 55 Tutela judicial colectiva, derechos fundamentales y democracia (entre balance y proporcionalidad) Luiz Guilherme Marinoni 83 El federalismo fiscal y los retos de la política fiscal subnacional en México Aram Mario González Ramírez y Félix Guadalupe Arratia Cruz 109 Breve análisis del T-MEC y los desafíos actuales para México (desde las materias laboral, energética y comercial-aduanera) Juan Marín González SolísSandra Itzel Tello López y Leonardo David García Cervantes �5 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx PRESENTACIÓN REVISTA NOMOS C ada vez resulta más relevante la necesidad de estudios jurídicos los cuales contemplen las diferentes vertientes de la ciencia procesal, tomando en consideración los nuevos retos que se le vienen presentando a los operadores jurídicos y justiciables; desafíos que no solamente comprometen los intereses particulares o privilegios de clase o grupo, sino, constituyen simientes de reconfiguración sistémica de la doctrina y el corpus normativo. En consecuencia, tomando en cuenta el contexto que supone el Estado Social y Democrático de Derecho, las investigaciones que aborden perspectivas teóricas relativas a derechos humanos, derecho constitucional, derecho administrativo, teoría del derecho, filosofía política y jurídica, así como otras áreas del conocimiento vinculadas con la disciplina procesal; todas ellas como factor aglutinante de un criterio holístico, conforme al abordamiento interdisciplinario y transdisciplinario del pensamiento complejo caracterizado por el derecho contemporáneo. La Facultad de Derecho y Criminología, como integrante pionera de la Universidad Autónoma de Nuevo León, transmite y fortalece los conocimientos de sus estudiantes con el objetivo de dar seguimiento al paradigma trazado en la producción y divulgación del conocimiento de la máxima casa de estudios del Estado de Nuevo León. Conscientes de esta tarea, la revista Nomos, Procesalismo Estratégico, tras dos años de su aparición, renueva su compromiso de generar y difundir el conocimiento científico jurídico, al igual de incentivar y proyectar el trabajo de los cuerpos académicos establecidos en nuestra Facultad. Desde la aparición de esta publicación, se busca promocionar el conocimiento jurídico de las comunidades jurídicas tanto nacionales como internacionales, las cuales están cordialmente invitadas para que sus investigaciones, planteamientos y críticas hacia los diversos temas que integran el Derecho, sean vertidos en este espacio de divulgación. El objetivo de tal empresa, como se ha expresado en otro momento, es difundir las disertaciones y análisis de investigadores, juristas, abogados litigantes, académicos y cualquier otra �6 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León persona que se encuentre inmersa en el compromiso de mejorar el campo del Derecho; en la inteligencia que cada colaboración ostenta el móvil de construir criterios de interpretación o aplicación de las legislaciones que se encuentran vigentes, así como de generar alternativas para una mayor eficacia de la administración de justicia. Al propio tiempo, quiero destacar nuestro agradecimiento a las investigadoras e investigadores que han aportado trabajo y experiencia al noble propósito de poner a disposición del lector, el diagnóstico y las vías de solución de las problemáticas que se viven cotidianamente en el ámbito institucional, de la práctica forense y la vida académica. Advertimos que nos encontramos ubicados en un momento de muchos y complejos problemas societarios, los cuales deben tener un procesamiento por parte de las instancias jurídicas adecuadas, pero antes de ello, deberán ser reflexionados y confrontados los puntos de vista académicos que allegarse de conclusiones correctas y válidas. Esperamos irnos acercando, cual función asintótica, a la finalidad que nos ocupa. Dr. David E. Castillo Martínez Coordinador de la Facultad de Derecho y Criminología, Universidad Autónoma de Nuevo León �7 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx Editorial �8 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León �VOL 2, NO. 3, 4, ENERO-JUNIO JULIO-DICIEMBRE 20252025 www.revistanomos.uanl.mx Derechos humanos, justicia internacional y transformación jurídica: Retos contemporáneos del Estado de Derecho en América Latina Human Rights, International Justice, and Legal Transformation: Contemporary Challenges to the Rule of Law in Latin America Verónica Rivera de la Rosaa a Universidad Autónoma de Nuevo León Cómo citar Luiz Guilherme Marinonia Rivera de la Rosa, V. Derechos humanos, justicia internacional y transformación jurídica: Retos contemporáneos del Estado de Derecho en América Latina. Nomos: Procesalismo Estratégico, 2(4). https://doi.org/10.29105/nomos.v2i4.44 9 �10 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León RESUMEN Este número reúne investigaciones jurídicas que abordan temas clave en la protección de los derechos humanos, la justicia internacional, la transformación normativa frente a los avances tecnológicos y el papel de los poderes del Estado en contextos democráticos. A través de cinco artículos que analizan casos en México, Ecuador y Brasil, se exploran fenómenos como la violencia feminicida, el uso de criptomonedas, la tutela judicial colectiva y la competencia de la Corte Penal Internacional. La publicación ofrece una visión integral de los desafíos que enfrenta América Latina en materia de justicia, derechos fundamentales y Estado de Derecho.. PALABRAS CLAVE: Derechos humanos, justicia internacional, Estado de Derecho, tutela judicial, transformación jurídica ABSTRACT This issue brings together legal research addressing key topics in human rights protection, international justice, regulatory transformation in the face of technological advances, and the role of state powers in democratic contexts. Through five articles examining cases in Mexico, Ecuador, and Brazil, it explores phenomena such as femicide violence, the use of cryptocurrencies, collective judicial protection, and the jurisdiction of the International Criminal Court. The publication offers a comprehensive perspective on the challenges Latin America faces in justice, fundamental rights, and the Rule of Law. KEYWORDS: Human rights, international justice, rule of law, judicial protection, legal transformation Este número de nuestra revista reúne cinco contribuciones académicas que abordan, desde perspectivas nacionales e internacionales, algunos de los desafíos jurídicos más urgentes de nuestro tiempo: la protección de los derechos humanos, el acceso efectivo a la justicia, el desarrollo normativo frente a nuevas tecnologías, y la relación entre soberanía estatal y jurisdicción internacional. En primer lugar, el artículo “Derecho a la vida y seguridad de las mujeres víctimas de violencia feminicida”, de Ana Rubí Morales Frías y Liz del Alba Pardo Cruz, investigadoras Derechos humanos, justicia internacional y transformación jurídica: Retos contemporáneos del Estado de Derecho en América Latina. pp. 9-12 �11 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ofrece una mirada crítica sobre las obligaciones del Estado mexicano en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia feminicida. Desde un enfoque jurídico-descriptivo, las autoras destacan cómo la omisión institucional ante la violencia estructural y la inseguridad pone en riesgo el derecho a la vida de las mujeres, al tiempo que formulan un llamado urgente a la acción tanto legal como social. El segundo trabajo, titulado “Utilidad actual de las criptomonedas y su desarrollo en las finanzas del futuro”, de Rubén Jaime Flores Medina, de la Universidad de Guadalajara, analiza el fenómeno emergente de los criptoactivos y sus implicaciones jurídicas en el sistema financiero mexicano. A partir de una aproximación desde el Derecho Prospectivo, el autor examina los desafíos regulatorios que enfrenta el Estado ante la transformación digital del dinero, proponiendo lineamientos normativos que refuercen la transparencia, la seguridad y la protección de los usuarios. Desde una perspectiva crítica sobre el papel del poder judicial, el artículo “Tutela judicial colectiva, derechos fundamentales y democracia”, de Luiz Guilherme Marinoni, profesor de la Universidad Federal del Paraná, Brasil, aborda cómo ciertas decisiones judiciales, en el marco de acciones colectivas, tienden a desbordar los límites normativos al imponer medidas que sustituyen la función legislativa. El autor reflexiona sobre la tensión entre la garantía de los derechos fundamentales y el respeto al principio democrático, proponiendo una revisión del principio de proporcionalidad en este tipo de resoluciones judiciales. En “El federalismo fiscal y los retos de la política fiscal subnacional en México”, Aram Mario González Ramírez y Félix Guadalupe Arratia Cruz analizan el federalismo fiscal como un mecanismo fundamental para organizar y coordinar las responsabilidades financieras entre los distintos niveles de gobierno en el país. Este modelo permite descentralizar la gestión de los recursos públicos, fomentar una administración más eficiente del gasto y fortalecer la participación de los gobiernos locales, facilitando una distribución más equilibrada del poder fiscal entre la Federación y las entidades subnacionales. Finalmente, el artículo “Breve análisis del T-MEC y los desafíos actuales para México: desde las materias laboral, energética y comercial-aduanera”, de Juan Marín González Solís, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, examina el impacto del Tratado entre Verónica Rivera de la Rosa �12 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en vigor desde julio de 2020. Desde un enfoque analítico, el autor aborda tres áreas clave: el ámbito laboral, con mayores exigencias en la protección de los derechos de los trabajadores; el sector energético, atravesado por tensiones derivadas de las políticas nacionales sobre apertura del mercado; y el ámbito comercial-aduanero, con avances en facilitación del comercio, pero también con desafíos regulatorios en exportaciones y reglas de origen. El texto ofrece una visión integral de los retos estructurales que México enfrenta para consolidar su posición en el nuevo marco comercial trilateral. En conjunto, estos artículos ofrecen una visión plural y actualizada de los desafíos que enfrentan los sistemas jurídicos latinoamericanos, al tiempo que proponen soluciones normativas, institucionales y doctrinales para fortalecer el Estado de Derecho, la justicia constitucional y la protección efectiva de los derechos fundamentales. Verónica Rivera de la Rosa Derechos humanos, justicia internacional y transformación jurídica: Retos contemporáneos del Estado de Derecho en América Latina. pp. 9-12 �13 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx Artículos �14 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León �VOL 2, NO. 3, ENERO-JUNIO 2025 www.revistanomos.uanl.mx 15 Derecho a la vida y seguridad de las mujeres víctimas de violencia feminicida Right to life and safety of women victims of femicide violence Recibido: 20 de mayo de 2025 Aceptado: 01 de junio de 2025 Ana Rubi Morales Fríasa y Luz del Alba Pardo Cruzb ORCID: https://orcid.org/0009-0008-2967-0426 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco b ORCID: https://orcid.org/0009-0006-2195-6572 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Maestra en Dogmática penal y sistema acusatorio adversaria por el Instituto universitario de Puebla, Coordinadora de Posgrado de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. a Cómo citar Luiz Guilherme Marinonia Morales Frías, A. R. & Alba Pardo Cruz, L.A. Derecho a la vida y seguridad de las mujeres víctimas de violencia feminicida. Nomos: Procesalismo Estratégico, 2(4). Recuperado a partir de https://revistanomos.uanl.mx/index.php/revista/article/view/42 �16 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León RESUMEN Este documento aborda desde un precepto descriptivo y cualitativo el análisis del derecho a la vida y el derecho a la seguridad de las mujeres víctimas de violencia feminicida. Otorga una perspectiva jurídica normativa del ser y deber ser del estado de derecho mexicano para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. La relación entre el derecho a la seguridad y el derecho a la vida es directa y evidente cuando el Estado no garantiza la seguridad de las mujeres, las coloca en una situación de vulnerabilidad que pone en riesgo su vida. La lucha contra la violencia feminicida no es solo una tarea del gobierno o del sistema de justicia; es un llamado urgente a toda la sociedad. Es necesario desaprender estereotipos de género, denunciar la violencia en todas sus formas y exigir un cambio estructural que garantice a las mujeres el derecho a vivir sin miedo transformando la indignación en acción, la exigencia en justicia. PALABRAS CLAVE: acceso a la justicia, derecho a la vida, derecho a la seguridad, mujer, violencia feminicida. ABSTRACT This document addresses, from a descriptive and qualitative perspective, the analysis of the right to life and the right to security of women victims of femicidal violence. It provides a normative legal perspective on the nature and responsibilities of the Mexican rule of law to prevent, punish, and eradicate such violence. The relationship between the right to security and the right to life is direct and evident when the State fails to guarantee women’s safety, placing them in a situation of vulnerability that puts their lives at risk. The fight against femicidal violence is not solely a task of the government or the justice system; it is an urgent call to society as a whole. It is necessary to unlearn gender stereotypes, denounce violence in all its forms, and demand structural change that guarantees women the right to live without fear, transforming indignation into action, and demand into justice. KEYWORDS: access to justice, right to life, right to security, women, femicide violence. campaigns. Derecho a la vida y seguridad de las mujeres víctimas de violencia feminicida. pp. 15-32 �VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx 17 INTRODUCCIÓN A lo largo de la historia, las mujeres han enfrentado un camino marcado por la desigualdad, la violencia y la negación de derechos, durante siglos, el papel en la sociedad fue asignado al ámbito doméstico, privadas de acceso a la educación, la participación política y la toma de decisiones sobre sus propias vidas. Aunque las luchas feministas han logrado avances significativos en el reconocimiento y garantía de derechos, la violencia contra las mujeres continúa siendo una de las expresiones más brutales de la desigualdad de género, cobrando miles de vidas cada año en un fenómeno que hoy se conoce como violencia feminicida. El feminicidio es la culminación de un sistema estructural de discriminación y violencia que se sostiene a través de estereotipos de género, impunidad y falta de acceso a la justicia (Guajardo y Cenitagoya, 2017). La normalización de la violencia contra las mujeres es tangible en las instituciones (Evangelista-García et. al., 2016) y normas que han minimizado, justificado o invisibilizado la violencia contra las mujeres. Es necesario reconocer que, gracias a la lucha de mujeres activistas, víctimas y sus familias, como hecho social, se ha logrado que el feminicidio sea reconocido como una violación grave a los derechos humanos (Isidro y Silva, 2021) tanto en el proceso legislativo como en el sistema de administración de justicia, dando paso a su tipificación en la legislación, así como a la adopción de medidas internacionales para su erradicación. El derecho a la vida y el derecho a la seguridad son pilares en la lucha contra la violencia feminicida. El Estado tiene la obligación de garantizar que ninguna mujer sea privada de su vida por razones de género y que todas las víctimas de violencia cuenten con medidas efectivas de protección (Naciones Unidas-CEDAW, 2015). No obstante, la realidad demuestra que estas garantías aún no son efectivas para todas, y muchas mujeres siguen siendo víctimas de la impunidad y la revictimización. A través del análisis del marco normativo nacional e internacional, así como criterios referentes al tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este trabajo plantea visibilizar la violencia feminicida como una crisis de derechos humanos que exige acciones urgentes y contundentes. Más allá de reconocer el problema, es imperativo que Ana Rubi Morales Frías y Luz del Alba Pardo Cruz �18 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León las leyes y las instituciones de justicia actúen con una verdadera perspectiva de género (Pérez Duarte, 2021), colocando en el centro la vida, la dignidad y la seguridad de todas las mujeres. DERECHOS DE LA MUJER Y VIOLENCIA FEMINICIDA EN UN MARCO NORMATIVO Los derechos de la mujer en el estado mexicano se han ido reconociendo y garantizando de manera progresiva, eso no exime que todavía hay tare pendiente para fortalecer los derechos de la mujer. En el delito de feminicidio imperan violación y vulnerabilidad de derechos como el derecho a la vida (el cual es violado de forma directa con la consumación del acto de feminicidio); derecho a la libertad personal (puede vulnerar la libertad de la mujer); derecho a la integridad personal (vulnera de manera física, psíquica y moral de la mujer); derecho a la igualdad y no discriminación (vulnera o viola este derecho desde el aspecto del género, por el simple hecho de ser mujer); derecho a una vida libre de violencia (vulnera o viola una vida digna libre de violencia). México ha ratificado diversos tratados internacionales que establecen la obligación del Estado de prevenir, sancionar y erradicar la violencia feminicida. Entre los más relevantes se encuentra la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (OEA, 1994), conocida también como Convención de Belém do Pará, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la MujerCEDAW (Naciones Unidas, 1981a). La Convención de Belém do Pará, ratificada por México en 1998, se considera un instrumento interamericano importante en la lucha contra la violencia contra las mujeres, su artículo 7 asigna a los Estados la responsabilidad de adoptar medidas jurídicas y administrativas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, actuar con la debida diligencia en la investigación de estos delitos y modificar medidas socioculturales que perpetúan la discriminación. Lo que conlleva a un proceso estructural integral y no sólo del aparato del sistema de administración de justicia, sino todos los actores de la sociedad y el Estado en su ejercicio ejecutivo, legislativo y judicial, deben discernir acciones y políticas Derecho a la vida y seguridad de las mujeres víctimas de violencia feminicida. pp. 15-32 �VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx 19 publicas encaminadas a procesos de inclusión, reconocimiento, legitimidad, acceso a la justicia, igualdad sustantiva, entre otros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha utilizado esta convención como base para dictar sentencias trascendentales, como en el Caso González y Otras (Campo Algodonero) vs. México, donde determinó que el Estado mexicano fue responsable por omisión al no prevenir ni investigar adecuadamente los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez. Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por México en 1981, establece que la violencia contra las mujeres constituye una forma de discriminación que impide el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Por ello, la igualdad, equidad, deben ser promotores en acciones y estrategias sustantivas que imperen en escenarios políticos, educativos, laborales, profesionales. En su Recomendación General No. 19 (1992) y su actualización en la Recomendación General No. 35 (Naciones Unidas, 2017b), el Comité de la CEDAW afirmó que los Estados tienen responsabilidad internacional cuando fallan en la prevención y sanción de la violencia feminicida, señalando que esto no debe tratarse como un asunto privado, sino como una violación grave a los derechos humanos. También subrayó la importancia de garantizar el acceso efectivo a la justicia, eliminando los obstáculos que perpetúan la impunidad. En 2012, el Comité de la CEDAW emitió observaciones específicas dirigidas a México, advirtiendo que los altos niveles de violencia feminicida e impunidad persistían en el país y recomendando fortalecer las estrategias de prevención, así como armonizar la legislación en los distintos Estados. Esta vinculación con el derecho internacional refuerza la obligación del Estado mexicano de implementar acciones concretas y efectivas para erradicar la violencia feminicida. Sin embargo, el incumplimiento de estas disposiciones ha sido reiteradamente señalado por organismos internacionales, lo que evidencia la necesidad de reforzar el marco jurídico y garantizar su aplicación efectiva para proteger la vida e integridad de las mujeres. Las Convenciones de Belém do Pará y la CEDAW buscan erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar su plena igualdad, ya que las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia y discriminación. Ambas convenciones han sido fundamentales para la evolución del marco normativo en nuestro país y han influido en la tipificación del feminicidio como delito, en la adopción de medidas de protección para las víctimas y en dejarnos en claro que Ana Rubi Morales Frías y Luz del Alba Pardo Cruz �20 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León México y los Estados parte tienen la obligación de garantizar los derechos de las mujeres, mediante políticas efectivas y justas. En este escenario internacional se destacan aspectos intrínsecos en los instrumentos normativos de dicho carácter como a continuación se muestra. Gráfico 1. Aspectos de instrumentos normativos e institucionales internacionales. Fuente: elaboración propia con base a los instrumentos normativos e institucionales citados. En el estado mexicano, la violencia feminicida está definida en el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como: “La forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (DOF, 2024). Derecho a la vida y seguridad de las mujeres víctimas de violencia feminicida. pp. 15-32 �VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx 21 Reconoce la violencia feminicida no solo implícita en el asesinato de mujeres por razones de género, sino también, como un conjunto de actos sistemáticos de violencia estructural (Torres y Tena, 2019) que perpetúan la discriminación, la impunidad y la falta de acceso a la justicia para las víctimas. Esta ley establece, que la violencia feminicida es la expresión más grave y cruel de violencia de género, ya que se origina en la misoginia estructural y la desigualdad entre hombres y mujeres. Nos introduce la idea de que el Estado puede ser responsable por omisión, ya que la impunidad y la falta de acceso a la justicia propician la repetición de estos crímenes. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado que el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar estos delitos. La violencia feminicida no ocurre en un vacío social (Araiza et al, 2020), no es solo un delito individual, sino una problemática estructural que refleja la desigualdad de género en México. La impunidad y la falta de debida diligencia en las investigaciones permiten que estos crímenes se perpetúen. Desde una perspectiva jurídica, la violencia feminicida debe entenderse como una violación grave a los derechos humanos, lo que implica que su prevención y sanción son obligaciones del Estado en el marco del derecho internacional. Es de destacar que la violencia feminicida ha sido objeto de importantes resoluciones judiciales que han delineado la responsabilidad del Estado en la prevención, investigación y sanción de estos crímenes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desarrollado criterios que fortalecen la obligación del Estado en la investigación y sanción de la violencia feminicida. El Caso Mariana Lima Buendía (Amparo en Revisión 554/2013), respecto a este caso es de resaltar lo siguiente: • Las autoridades investigaron la muerte de Mariana Lima Buendía asesinada en el año 2010, como suicidio, desestimando indicios de violencia previa y omitiendo la perspectiva de género en la investigación. Su madre, Irinea Buendía llevó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente revocó la conclusión inicial y descubrió que cualquier muerte violenta de una mujer debe analizarse conforme a los estándares internacionales de debida diligencia reforzada y presunción de feminicidio. Ana Rubi Morales Frías y Luz del Alba Pardo Cruz �22 • Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León La SCJN, asumió que todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse bajo la presunción de feminicidio desde el inicio, aplicando protocolos especializados y considerando la existencia de antecedentes de violencia contra las mujeres. • La sentencia subrayó que el Estado tiene la obligación de evitar la impunidad en casos de violencia feminicida, garantizando que las investigaciones sean exhaustivas, imparciales y con enfoque de derechos humanos. Este criterio es importante, ya que muchas muertes de mujeres en México son catalogadas apresuradamente como suicidios o accidentes, sin agotar las líneas de investigación que podrían demostrar la existencia de feminicidio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en claro que el Ministerio Público y las autoridades judiciales deben partir de una hipótesis de feminicidio y solo descartarla cuando existan pruebas concluyentes en contrario, evitando prejuicios que minimicen la violencia contra las mujeres. Otro punto que es importante abordar es la acción de inconstitucionalidad 148/2017, en donde la SCJN resolvió que la falta de armonización legislativa sobre el feminicidio en los códigos penales estatales vulneraba el derecho de acceso a la justicia de las mujeres. Antes de este fallo, en varios estados existían definiciones imprecisas o laxas sobre el feminicidio, lo que facultó que muchos asesinatos de mujeres fueran investigados como homicidios simples, reduciendo las posibilidades de obtener justicia. Por lo que la SCJN determina que el tipo penal de feminicidio debe cumplir con estándares claros y uniformes en todo el país, estableciendo criterios específicos que permiten identificar los asesinatos de mujeres por razones de género. En su argumentación, el tribunal destacó que la existencia de mutilaciones, violencia sexual, amenazas previas, una relación de confianza con el agresor o la exhibición del cuerpo en lugares públicos son elementos objetivos que deben ser considerados al calificar un crimen como feminicidio. Este fallo es crucial porque obliga a las legislaturas estatales a armonizar sus códigos penales con el artículo 325 del Código Penal Federal, asegurando que el feminicidio sea investigado y sancionado de manera adecuada en toda la República. Además, refuerza la obligación del Estado de evitar la impunidad estructural, promoviendo la capacitación de ministerios públicos, jueces y policías en la correcta tipificación e investigación de estos delitos. Derecho a la vida y seguridad de las mujeres víctimas de violencia feminicida. pp. 15-32 �VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx 23 Sin embargo, a pesar del marco normativo establecido, la impunidad continúa siendo un desafío persistente, lo cual subraya la urgente necesidad de mejorar las investigaciones con enfoque de género, aplicar sanciones adecuadas y garantizar la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias. La persistencia de la violencia feminicida refleja las deficiencias de un sistema que aún no logra proteger efectivamente los derechos de las mujeres, señalando la imperiosa tarea de implementar medidas efectivas para prevenir y combatir estos crímenes de manera contundente y justa. A pesar del marco normativo, la impunidad sigue siendo un desafío, lo que demuestra la necesidad de fortalecer las investigaciones, sancionar con perspectiva de género y garantizar la reparación del daño a las víctimas y sus familias. La violencia feminicida es la consecuencia de un sistema que ha fallado en la protección de los derechos de las mujeres. EL DERECHO A LA VIDA Y SU VÍNCULO CON LA VIOLENCIA FEMINICIDA El derecho a la vida (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2018, 2021) es el más fundamental de todos los derechos humanos, reconocido en múltiples instrumentos jurídicos nacionales e internacionales como un principio básico (Carpizo, 2011) para la existencia de cualquier sistema jurídico. En el caso de las mujeres, este derecho se encuentra particularmente amenazado en contextos de violencia feminicida, donde las condiciones de desigualdad, discriminación e intolerancia institucional hacia la violencia contra las mujeres conducen a privaciones sistemáticas y extremas de la vida. Relacionando el feminicidio y el derecho a la vida, se considera este último como un derecho fundamental establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el año 2011 en el Estado mexicano se elevan a rango Constitucional los derechos humanos. Esto implica el derecho a vivir, sin que se prive de la vida a una persona y menos en situaciones arbitrarias, en el caso del feminicidio corresponde a la muerte violenta de una mujer por razones de género, conteniendo aspectos como violencia sexual, lesiones, algún tipo de mutilación, relación sentimental, amenaza, acoso. En este caso la responsabilidad del Estado tiene que garantizar mediante diversos mecanismos e instituciones el acceso a la justicia, fortaleciendo la Ana Rubi Morales Frías y Luz del Alba Pardo Cruz �24 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León protección de las mujeres ante cualquier acto de violencia o acoso por lo que debe adoptar las medidas de atender, prevenir, sancionar e ir erradicando el delito de feminicidio. Este tipo de violencia se presenta dentro de un contexto de desigualdad estructural que subyace en la sociedad, donde las mujeres son constantemente despojadas de su derecho a una vida libre de violencia. En este caso, la responsabilidad del Estado tiene que garantizar, mediante diversos mecanismos e instituciones, el acceso a la justicia, fortaleciendo la protección de las mujeres ante cualquier acto de violencia o acoso. Por lo tanto, el Estado debe adoptar medidas que no solo reaccionen ante los feminicidios, sino que promuevan la erradicación de las causas estructurales que los originan, como la discriminación, la violencia machista y las brechas de poder entre géneros. Además, es crucial el fortalecimiento de programas de prevención, apoyo a víctimas y la capacitación constante de las autoridades en el trato adecuado de estos casos. La violencia feminicida, definida como la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres, implica la privación intencional de la vida de una mujer por razones vinculadas a su género. Este fenómeno no se produce de manera aislada; es el resultado de una compleja interacción de factores estructurales, culturales y sociales que crean un sistema de opresión hacia las mujeres. El derecho a la vida no solo obliga a los Estados a abstenerse de conductas que pongan en riesgo la vida de las personas, sino también a adoptar medidas positivas para prevenir, investigar y sancionar actos que puedan conducir a su vulneración. Munévar (2012) contempla aspectos de considerar de manera trascendental el feminicidio por razones de género, señala que: “Las acciones de nombrar, hacer visibles y conceptualizar las violencias de género y las muertes violentas de las mujeres, de acuerdo con los debates feministas y los movimientos de mujeres, constituyen el ejercicio material del derecho a tener derechos; igualmente, expresan la necesidad de definir los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal que las sancione considerando los aportes de las investigaciones socio jurídicas”. Teniendo que concebir elementos objetivos y subjetivos del tipo penal que aporte desde el aspecto socio jurídico; ante una situación de carácter social, cultural, debe existir un anclaje de estructuras institucionales que sean operacionales. Derecho a la vida y seguridad de las mujeres víctimas de violencia feminicida. pp. 15-32 �VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx 25 El alcance del derecho a la vida en la violencia feminicida trasciende la mera prohibición de la muerte arbitraria. Este derecho implica una serie de obligaciones (Ávila y Jáuregui, 2023), (Ramírez et al, 2020) para los Estados: • Deben garantizar un marco jurídico adecuado que tipifique y sancione el feminicidio como un delito autónomo, reconociendo su especificidad y gravedad. • Los Estados tienen la responsabilidad de prevenir estas violaciones mediante políticas públicas efectivas que aborden las raíces estructurales de la violencia contra las mujeres, como la desigualdad y los estereotipos de género. • Deben investigar y sancionar los feminicidios con la debida diligencia, evitando la impunidad y garantizando la reparación integral para las víctimas indirectas, como los familiares de las mujeres asesinadas. La inacción estatal frente al feminicidio no solo constituye una violación directa del derecho a la vida, sino que también refuerza un entorno de impunidad y normalización de la violencia contra las mujeres. Cuando los sistemas de justicia no logran prevenir ni sancionar estos crímenes, se envía un mensaje de tolerancia hacia la violencia contra las mujeres (Pérez, 2008), perpetuando el ciclo de desigualdad y exclusión que coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema. Por ello, se debe considerar de manera emergente la progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos (González-Lozano y Martínez Pérez, 2021), pero en este caso el derecho a la vida, respecto a la prevención se deben de considerar cuestiones estratégicas en temas de violencia de género, discriminación, desigualdad, estereotipos, igualdad sustantiva, un mecanismo de prevención puede ser el trabajo de interlocución entre instituciones y/o sectores públicos y privados, en este caso, se enuncia la educación como coadyuvante de la formación de una persona, Brito et. al. (2021) apunta que: “La educación es una herramienta para la formación de personas en condiciones equiparables, donde el respeto a la diferencia y a la dignidad de género es una condición transversal, donde se aprenden valoraciones y formas de acción”. Ana Rubi Morales Frías y Luz del Alba Pardo Cruz �26 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Sin duda llega a trascender como cambio social que impacta o puede llegar a tener alcance en la construcción de una sociedad capaz de gestionar, atender y prever la violencia. EL DERECHO A LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FEMINICIDA El derecho a la seguridad es un principio jurídico (Fernández, 2019) que busca proteger la integridad física, emocional y psicológica de las personas frente a cualquier forma de violencia, amenaza o daño. Para las mujeres, este derecho adquiere una relevancia especial en contextos donde la violencia contra las mujeres es una realidad cotidiana, y donde las instituciones estatales, en muchos casos, no logran proporcionar una protección efectiva. La seguridad no debe entenderse únicamente como la ausencia de agresiones inmediatas, sino como un estado integral que permite a las mujeres vivir sin miedo y con la certeza de que sus derechos serán protegidos y respetados. En este sentido, la implementación de políticas públicas efectivas y la creación de espacios seguros, tanto en la comunidad como en el ámbito privado, son esenciales para que las mujeres puedan vivir sin temor a ser agredidas. Además, la seguridad debe ser entendida como un derecho en constante evolución, que se adapta a las nuevas formas de violencia, como el acoso digital o la violencia económica, y a los desafíos contemporáneos, como el desplazamiento forzado de mujeres debido a conflictos armados o fenómenos de migración. La protección de este derecho debe involucrar a todos los actores sociales, desde el gobierno hasta la sociedad civil, para garantizar que las mujeres puedan vivir una vida plena y libre de violencia. En la violencia feminicida, el derecho a la seguridad se encuentra gravemente comprometido. Las mujeres que son víctimas de violencia contra las mujeres suelen enfrentarse a un sistema que minimiza sus experiencias (Brito et. al., 2021), que las revictimiza en los procesos de denuncia y que muchas veces no proporciona los mecanismos adecuados para prevenir nuevos actos de violencia. Esto convierte a la seguridad en un derecho esencial para las mujeres, ya que su garantía puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Derecho a la vida y seguridad de las mujeres víctimas de violencia feminicida. pp. 15-32 �VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx 27 La correlación entre el derecho a la vida, el derecho a la seguridad y los derechos de la mujer deben configurarse y prevalecer desde un enfoque integral e interconectado, pero que el Estado preste de igual instituciones a fin de prever, atender, sancionar y erradicar situaciones como el feminicidio y cualquier otro tipo de violencia hacia la mujer, además que aquellos servidores públicos, conciban de manera imparcial la administración e impartición de la justicia con conocimiento de perspectiva de género. El derecho a la seguridad conlleva protección física y psicológica, respecto al feminicidio expone aspectos de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, económica. El derecho a la seguridad implica varias obligaciones para los Estados (Barbera y Wences, 2020). En primer lugar, deben establecer mecanismos efectivos de protección para las mujeres en situación de riesgo, como refugios, órdenes de protección y sistemas de alerta temprana. Estos mecanismos deben estar diseñados para responder de manera inmediata y eficaz (Martínez, 2016), evitando que las mujeres queden expuestas a nuevas agresiones o actos de violencia letales. En segundo lugar, el derecho a la seguridad exige que las mujeres tengan acceso a un sistema de justicia que opere con perspectiva de género y que esté libre de prejuicios y estereotipos. Esto incluye la capacitación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y la administración de justicia, así como la implementación de protocolos especializados que eviten la revictimización. Además, la seguridad de las mujeres no puede garantizarse sin abordar las raíces estructurales (Antunez et al, 2024) de la violencia contra las mujeres. Esto significa que los Estados deben adoptar medidas preventivas que transformen los patrones culturales y sociales que perpetúan la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres. La educación en igualdad de género, la promoción de campañas de sensibilización y la eliminación de prácticas discriminatorias son componentes esenciales de este esfuerzo. La falta de seguridad para las mujeres es, a menudo, el preludio de agresiones más graves, incluido el feminicidio. Por esta razón, garantizar su seguridad no solo implica proteger su integridad física en el corto plazo, sino también construir un entorno social y jurídico que elimine las condiciones que permiten la violencia contra las mujeres. Ana Rubi Morales Frías y Luz del Alba Pardo Cruz �28 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León El derecho a la vida y el derecho a la seguridad están intrínsecamente vinculados en el contexto de la violencia feminicida. La falta de seguridad para las mujeres es una de las principales causas que conducen a la violación de su derecho a la vida (González-Lozano y Martínez-Berenice, 2021). Garantizar uno de estos derechos implica necesariamente garantizar el otro, ya que ambos forman parte del núcleo esencial de los derechos humanos de las mujeres. Los Estados tienen la obligación de adoptar un enfoque integral que reconozca esta interrelación y que aborde la violencia feminicida desde múltiples dimensiones. Esto incluye no solo medidas legales, sino también una transformación cultural que erradique las raíces estructurales de la violencia contra las mujeres. La garantía efectiva de estos derechos es un indicador del compromiso estatal con la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres. Al respecto Sciortino y Guerra (2009) contemplan que: “Estrategias políticas enfrentadas a un sistema y no a casos aislados. Y al ser este un problema propio del colectivo de las mujeres, la salida, por tanto, no puede ser individual. En la construcción de esta identidad política, considerar la difusión de estas temáticas en distintos espacios: academia, escuelas, agrupaciones políticas, medios de comunicación y toda instancia donde se pueda hacer visibles las problemáticas de género. Movilización social. Estrategia válida para comenzar a desmantelar este tipo de violencia estructural contra las mujeres manifestada en el feminicidio.” Es importante considerar los aspectos culturales, sociales, políticos, económicos de cada sociedad, entidad, país; debido a que existen ideologías, estereotipos que suponen conductas, creencias y comportamientos deterministas que requieren procesos de reformulación y transformación, desde los sistemas de comportamientos sociales, creencias religiosas, roles de participación en aspectos económicos y políticos, así como también de aquellos adherentes al sistema de justicia. Que justamente se legisle en pro de la atención, sanción, erradicación y prevención de la violencia de género y del feminicidio garantizando los derechos de la mujer; pero no por simple moda, sino que sea eficaz y eficiente con la estructura orgánica y Derecho a la vida y seguridad de las mujeres víctimas de violencia feminicida. pp. 15-32 �VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx 29 material, personal capacitado y certificado con formación de perspectiva de género. Además de un trabajo sustancial en y con la sociedad, en el que conciba “la perspectiva de género” desde el respecto, igualdad, equidad, no discriminación, autonomía y libertad; que sea un proceso sustantivo en la formación no formal y formal, en el que se este trabajando en y con una sociedad que reconoce este delito, profundizando en todos los espectros para su erradicación y atención inmediata. El derecho a la vida y seguridad relacionados con el feminicidio, no deben ser postergados, invisibilizados, ni subordinados, al contrario, ante un hecho así, construir sociedades democráticas e incluyentes. Se trata de un posicionamiento de acción de los derechos, es decir, de que aquellos que sean violados o vulnerados, no sean segregados, y se abata ese tipo de terrorismo de feminicidio, tratando de asegurar una vida digna a las mujeres del presente y del futuro, con una concepción colectiva y no aislada, en el que todos los actores de la sociedad avancemos de manera progresiva con base a los derechos humanos. Así evitar grupos extremistas que en lugar de coadyuvar a la causa se circunscriben a prácticas radicales que generan mayor brecha de desigualdad, poder, discriminación y conflicto entre los diversos agentes de la sociedad de las diversas esferas. La violencia feminicida representa una grave violación tanto del derecho a la vida como del derecho a la seguridad de las mujeres. La protección de estos derechos no solo exige una respuesta inmediata y efectiva por parte del Estado, sino también un compromiso sostenido con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, donde las mujeres puedan vivir libres de violencia y en pleno ejercicio de sus derechos. CONCLUSIÓN La violencia feminicida no es un problema que solo incluya a las mujeres, es una herida abierta en nuestra sociedad, reflejo de estructuras patriarcales que han normalizado la violencia contra las mujeres y permitido la impunidad de quienes la ejercen. Cada feminicidio es la manifestación extrema de una cadena de omisiones, negligencias y violencias previas que, en muchos casos, pudieron haberse prevenido si las autoridades hubieran actuado con la debida diligencia y con perspectiva de género. Ana Rubi Morales Frías y Luz del Alba Pardo Cruz �30 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León El derecho a la vida y a la seguridad de las mujeres no pueden ser simples principios jurídicos en el papel; deben traducirse en acciones concretas que protejan a las mujeres antes de que sea demasiado tarde. El acceso efectivo a la justicia, la implementación de medidas de protección reales y la erradicación de la impunidad no son una opción para el Estado, sino obligaciones ineludibles. El derecho es una herramienta para transformar la realidad, no solo a través de la creación de leyes y tratados, sino mediante su correcta aplicación. La legislación debe ser clara, eficaz y acompañada de políticas públicas que garanticen su cumplimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus sentencias, ha establecido criterios esenciales para la investigación y sanción del feminicidio, pero estos avances deben reflejarse en la actuación de jueces, fiscales y todo aquel que imparte justicia. El marco normativo no puede quedarse en el ámbito teórico, debe traducirse en justicia real para cada víctima y su familia. El camino es largo, pero no imposible. Una sociedad verdaderamente justa y equitativa solo será posible cuando el derecho deje de ser una promesa incumplida y se convierta en una realidad tangible para todas. Porque una vida sin violencia no debería ser un privilegio, sino la más básica de todas las garantías. TRABAJOS CITADOS Antunez Nuñez, Ana Gabriel, Flores Seefoó, Claudio, Hernández Hernández, Esmeralda, & Rudas Murga, Cyntia Raquel. (2024). Violencia política de género mediante el uso de las plataformas digitales en México. Revista Tribunal, 4(9), 265-281. https://doi.org/10.59659/revistatribunal.v4i9.76 Araiza Díaz, Alejandra, Vargas Martínez, Flor Carina, & Medécigo Daniel, Uriel. (2020). La tipificación del feminicidio en México. Un diálogo entre argumentos sociológicos y jurídicos. 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Rumbos TS, 16(25), 41-77. https://dx.doi.org/10.51188/rrts.num25.484 Carpizo, Jorge. (2011). Los derechos humanos: naturaleza, denominación y características. Cuestiones constitucionales, (25), 3-29. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2018). Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 21: Derecho a la vida / Corte Interamericana de Derechos Humanos. -- San José, C.R.: Corte IDH, 2018. https://www.corteidh.or.cr/sitios/ libros/todos/docs/cuadernillo21.pdf Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2021). Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 21: Derecho a la vida / Corte Interamericana de Derechos Humanos. --San José, C.R.: Corte IDH, 2021. https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/ todos/docs/cuadernillo21_2021.pdf Diario Oficial de la Federación. (2024). Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. México. Evangelista-García, Angélica Aremy, Tinoco-Ojanguren, Rolando, & Tuñón-Pablos, Esperanza. (2016). Violencia institucional hacia las mujeres en la región sur de México. LiminaR, 14(2), 57-69 Fernández Rodríguez, José Julio. (2019). El encuentro entre seguridad y derechos humanos: actualidad y problemas. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 14 (1), 87-101. https://doi.org/10.18359/ries.3697 González-Lozano, Deniss Karina, & Martínez-Pérez, Yahaira Berenice. (2021). Mujeres, Violencia e Igualdad: Una cuestión de Derechos Humanos. Política, globalidad y ciudadanía, 7(14), 103125. https://doi.org/10.29105/pgc7.14-6 Guajardo, G. & Cenitagoya, V. (Eds.) (2017). Femicidio y suicidio de mujeres por razones de género. Desafíos y aprendizajes en la Cooperación Sur-Sur en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: FLACSO-Chile. Isidro Arias, S., & Silva Hernández, F. (2021). Apuntes del feminicidio y violencia de género. Revista De Investigación Académica Sin Frontera: Facultad Interdisciplinaria De Ciencias Económicas Administrativas - Departamento De Ciencias Económico Administrativas-Campus Navojoa, (35), 13. https://doi.org/10.46589/rdiasf.vi35.371 Ana Rubi Morales Frías y Luz del Alba Pardo Cruz �32 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Martínez Pacheco, Agustín. (2016). La violencia. Conceptualización y elementos para su estudio. Política y cultura, (46), 7-31. Munévar M, Dora Inés. (2012). Delito de feminicidio. Muerte violenta de mujeres por razones de género. Estudios Socio-Jurídicos, 14 (1), 135-175. Naciones Unidas. (1981a). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Naciones Unidas. (2017b). Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general num. 19. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 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Utilidad actual de las criptomonedas y su desarrollo en las finanzas del futuro: un análisis jurídico prospectivo en el contexto del derecho mexicano. Nomos: Procesalismo Estratégico, 2(4). Recuperado a partir de https://revistanomos.uanl.mx/index. php/revista/article/view/41 �34 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León RESUMEN Este artículo presenta de forma integral la utilidad actual de las criptomonedas y su desarrollo en las finanzas del futuro, conforme las fuentes usuarias e instituciones que las utilizan; haciendo especial énfasis en el marco jurídico y las implicaciones que ello tiene para el Derecho mexicano. Se realizan breves referencias al origen y la evolución de las criptomonedas, su impacto en el sistema financiero global y nacional, y se examinan las oportunidades, desafíos y retos regulatorios que enfrenta México en un entorno de innovación financiera, bajo las reglas de la disciplina conocida como Derecho Prospectivo. De igual manera, se proponen y estudian lineamientos y recomendaciones normativas para la adaptación y sujeción de las instituciones jurídicas mexicanas a las nuevas tecnologías, con el fin de garantizar transparencia, seguridad y protección a los derechos de los usuarios y consumidores de servicios a través de este instrumento cambiario. Nuestras conclusiones apuntan a lo que se establece en la práctica, a pesar de la volatilidad y la incertidumbre inherente a todo mercado, la consolidación de las criptomonedas y la tecnología blockchain pudieran llegar a ofrecer grandes oportunidades para la inclusión financiera y la transformación del sistema regulatorio mexicano, para este innovador instrumento monetario, de uso cada vez mayor en nuestro país. PALABRAS CLAVE: Criptomonedas, blockchain, finanzas digitales, derecho prospectivo mexicano, regulación financiera futura, inclusión financiera. ABSTRACT This article comprehensively presents the current usefulness of cryptocurrencies and their development in future finance, according to the sources and institutions that utilize them; with particular emphasis on the legal framework and its implications for Mexican law. Brief references are made to the origin and evolution of cryptocurrencies, their impact on the global and national financial system, and the opportunities, challenges, and regulatory challenges facing Mexico in an environment of financial innovation are examined, under the rules of the discipline known as Prospective Law. Similarly, regulatory guidelines and recommendations are proposed and studied for the adaptation and compliance of Mexican legal institutions to new technologies, in order to guarantee transparency, security, and Utilidad actual de las criptomonedas y su desarrollo en las finanzas del futuro: un análisis jurídico prospectivo en el contexto del derecho mexicano. pp. 33-54 �35 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx protection of the rights of users and consumers of services through this exchange instrument. Our conclusions point to what is established in practice, despite the volatility and uncertainty inherent to any market, the consolidation of cryptocurrencies and blockchain technology could offer great opportunities for financial inclusion and the transformation of the Mexican regulatory system, for this innovative monetary instrument, increasingly used in our country. KEYWORDS: Cryptocurrencies, blockchain, digital finance, mexican prospective law, future financial regulation, financial inclusion. INTRODUCCIÓN El panorama financiero mundial ha sufrido una serie de transformaciones sin precedentes debido a instrumentos como la creación informática de las criptomonedas y la tecnología blockchain que la custodia. Esto ha marcado el inicio de una transformación sin precedentes en el panorama financiero global. Según la maestra Paola Argote en un trabajo inédito de 2019, las criptomonedas tienen un antecedente de creación en David Chaum, quien en 1982 desarrolla el “eCash”. A respecto dice: “Durante años, investigadores intentaron desarrollar un archivo digital que cumpliera con las propiedades del dinero en efectivo, es decir, que no requiera de intermediarios y que no exija a las partes revelar su identidad. Uno de los grandes avances en esta materia, lo realizó David Chaum en 1982 al desarrollar el “eCash”, que lograba resguardar el anonimato de las partes, pero aún dependía de un intermediario para validar que no hubiese sido gastada previamente (Ast, 2017a). Es así que fue hasta el año del 2008, precisamente el 31 de octubre que justo en medio de la crisis del sistema financiero internacional con las burbujas inmobiliarias1, es que, 1 Cfr. Al respecto: https://www.britannica.com/money/financial-crisis-of-2007-2008 Rubén Jaime Flores Medina �36 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León bajo el pseudónimo de “Satoshi Nakamoto”, se publicó en un foro de internet la propuesta de creación informática, del instrumento virtual que hoy se conoce como la tecnología “Blockchain”, para la creación de la moneda electrónica “Bitcoin”. Desde la creación de dicha propuesta Bitcoin en 2009, el desarrollo de este nuevo paradigma ha impulsado cambios en la forma en que se conciben las transacciones, el almacenamiento de valor y la inclusión financiera, abriendo paso a estructuras descentralizadas (Robbreport, 2025)2 –como las finanzas descentralizadas–que desafían el modelo tradicional de intermediación financiera y sus sistema de control contable de activos, como lo percibimos hoy en día. En ese sentido, abunda la mencionada Lic. Paola Argote que: “…Con la publicación de Nakamoto se crea en 2009 la primera criptomoneda, el Bitcoin (BTC), sin embargo, poco después comenzaron a surgir otras criptomonedas con distintas características, en efecto, al día de hoy hay 2070 criptomonedas registradas en la base de datos “CoinMarketCap” (CoinMarketCap, 2019), de entra las que se destacan los Ethers (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH) y Litecoin (LTC). En México, este fenómeno plantea retos y oportunidades desde una perspectiva legal. El país, con una economía en constante búsqueda de modernización, se enfrenta a la necesidad de adaptar su marco jurídico para integrar de manera segura y efectiva estas herramientas tecnológicas. El presente trabajo analiza la actualidad de las criptomonedas, su utilidad práctica en el sistema financiero y las perspectivas de su evolución en el futuro, haciendo énfasis en el Derecho y la regulación mexicana. La postura central que proponemos en el estudio se apoya en el hecho de que, pese a la volatilidad y los riesgos inherentes al mercado de activos digitales, la consolidación de estos instrumentos informático-financieros, puede contribuir significativamente a la mejora de la inclusión financiera, el fácil tráfico de esos activos, a la reducción de costos operativos y a un sistema financiero más transparente y eficiente. 2 Cfr. Robbreport, 2025; La Actualidad de las Criptomonedas: Un Panorama Completo”. Recuperado de: https://robbreport.es/criptomonedas/ Utilidad actual de las criptomonedas y su desarrollo en las finanzas del futuro: un análisis jurídico prospectivo en el contexto del derecho mexicano. pp. 33-54 �37 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx Este trabajo puede enmarcarse en perspectivas multidisciplinarias que integran múltiples enfoques doctrinarios y de la práctica financiera, de la propia Ciencia del Derecho, la Economía y de las tecnologías de la información, proponiéndose además, recomendaciones para el fortalecimiento de la regulación y la protección de los derechos de los usuarios.3 1. DEFINICIÓN, EVOLUCIÓN Y FUNCIÓN DE LAS CRIPTOMONEDAS Las criptomonedas son activos digitales que utilizan tecnologías criptográficas para garantizar la seguridad y la irreversibilidad de las transacciones, gestionadas mediante redes descentralizadas basadas en blockchain. Su finalidad es posibilitar transacciones seguras sin la necesidad de intermediarios tradicionales, lo cual representa una innovación disruptiva en el sector financiero. Originalmente concebidas como una alternativa al sistema financiero centralizado, las criptomonedas han evolucionado desde su función de “dinero digital” a convertirse en instrumentos de inversión, activos de reserva y herramientas para contratos inteligentes, entre otros usos. El surgimiento de nuevos protocolos y la proliferación de altcoins han dado lugar a un ecosistema heterogéneo, en el cual destacan Bitcoin, Ethereum, Ripple y, más recientemente, una multitud de tokens asociados a plataformas descentralizadas financieramente.4 Esta evolución ha suscitado debates intensos en el ámbito jurídico respecto a su clasificación: ¿activos financieros, bienes o instrumentos de pago? [Martínez, 2025; Mendoza, L. 2025]. La ambigüedad normativa y la rapidez con que la tecnología se actualiza obligan a revisar y modernizar el marco jurídico para lograr una adecuada integración de las criptomonedas en la economía y en el sistema legal. Ahora bien, ¿qué debemos entender por criptomoneda? se puede definir de una manera sencilla que una criptomoneda es un medio digital creado virtualmente para ser usada 3 Ver tal respecto: Observador económico, Boudourian, 2024; “Las criptomonedas y su papel en el futuro del sistema financiero”. Igualmente a: Robbreport, 2025; La Actualidad de las Criptomonedas: Un Panorama Completo”. Recuperado de: https://robbreport.es/criptomonedas/; Así como a UIIX, 2025 4 Cfr. https://robbreport.es/criptomonedas/. Rubén Jaime Flores Medina �38 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León como una moneda de curso o transferencia en sistemas digitalizados. Misma que se crea y almacena electrónicamente, que utiliza la tecnología blockchain y la criptografía para su seguridad, y que, por lo general, no está controlada por una autoridad central, por lo que, -en dicho caso- su valor no está respaldado por la riqueza de ningún país o de algún otro ente financiero o regulador. Entonces, la criptomoneda debe ser entendida como moneda digital o virtual que utiliza criptografía para asegurar y verificar transacciones, así como para controlar la creación de nuevas unidades. A diferencia del dinero tradicional (como el peso, el dólar u otras divisas materiales), las criptomonedas no están controladas por un banco central o una autoridad gubernamental, como ya lo hemos dejado asentado. Los usuarios de éstas, suelen ser grandes corporaciones, países o sujetos individuales con acceso a sociedades impulsoras de este instrumento. 1.1 Marco Conceptual y Teórico: ¿Activos financieros o Monedas? Lo primero que debemos dejar claramente determinados son las semejanzas o diferencias conceptuales que revisten las criptomonedas. En un primer plano, tenemos que analizar el tratamiento de una criptomoneda desde dos perspectivas –como activo financiero o como moneda circulante– las diferencias se centran principalmente en su función económica, el reconocimiento legal y las implicaciones regulatorias y prácticas para usuarios e inversores. I. Función y Uso en la Economía. Primeramente diremos que desde la perspectiva de la función y Uso en la Economía, la Criptomoneda se puede considerar como un Activo Financiero. En esa función, su uso puede derivar de tres situaciones diferentes: • A. Dentro de Inversiones y Especulaciones: Se utiliza principalmente como un instrumento de inversión o especulación. Los usuarios compran y venden criptomonedas con la expectativa de que su valor fluctúe, permitiendo obtener ganancias a partir de los movimientos del mercado; Utilidad actual de las criptomonedas y su desarrollo en las finanzas del futuro: un análisis jurídico prospectivo en el contexto del derecho mexicano. pp. 33-54 �39 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx • B. Como Reserva de Valor: Muchas criptomonedas se emplean como un refugio o reserva de valor, aunque su alta volatilidad puede contradecir esta función si no se acompaña de mecanismos de estabilización, comportando grandes pérdidas o ganancias exorbitantes; • C. Como Producto Financiero: En este caso, la criptomoneda se integra en portafolios de inversión y se puede incluir en instrumentos financieros sofisticados como fondos de inversión, derivados o préstamos respaldados por criptoactivos. • En cuanto a la reserva de valor, un ejemplo actual es la Orden Ejecutiva del Presidente Donald Trump de los Estados Unidos de América, según noticias, tal como la Universidad Comillas lo anota en el siguiente texto: “…En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para establecer una reserva estratégica de Bitcoin bajo control estatal. Según lo anunciado, esta medida utilizará tokens que ya forman parte del patrimonio del gobierno federal, sin nuevas adquisiciones inmediatas en el mercado abierto. La decisión se acompaña de la creación de un cargo específico en la Casa Blanca para supervisar las políticas relacionadas con criptoactivos, bajo el título de “Crypto Czar…”.5 En su segunda acepción, la Criptomoneda se puede estimar como Moneda Circulante. En esa función económica, puede usarse: • D. Como Medio de Pago: Se utiliza para efectuar transacciones cotidianas, sustituyendo o complementando la moneda de curso legal. Debe cumplir con las funciones tradicionales del dinero, es decir, ser una unidad de cuenta, una representación de valor, un medio de intercambio y un depósito de valor estable. • E. Como Intercambio Cotidiano: Su aceptación generalizada en comercios y servicios la convertiría en un medio constante para liquidar operaciones diarias, haciendo indispensable cierta estabilidad en términos de precio; 5 Cfr. Trump institucionaliza Bitcoin como activo estratégico, consultarse en: https://www.comillas.edu/noticias/ trump-institucionaliza-bitcoin-como-activo-estrategico/#:~:text=%F0%9F%93%9D%20La%20orden%20ejecutiva%20 de,de%20Bitcoin%20bajo%20control%20estatal. Rubén Jaime Flores Medina �40 • Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León F. Como Política Monetaria de países o de entidades públicas: Este instrumento, al transformarse en medio de pago oficial, el ente regulador (por ejemplo, un banco central) podría intervenir en su emisión y circulación para efectos de política monetaria y estabilidad económica. (Véase el caso de la República del Salvador)6 II. RECONOCIMIENTO LEGAL Y MARCO REGULATORIO A. Como Activo Financiero: • A.1. Las Criptomonedas, entre ellas el Bitcoin, tienen una regulación similar a Valores e Instrumentos Financieros: Generalmente, se regula bajo el marco que rige para otros instrumentos financieros o commodities. Las autoridades financieras (como la CNBV en México, o la SEC en Estados Unidos) suelen imponer normas sobre divulgación, protección al inversor, fiscalización de transacciones y prevención de lavado de dinero. • A. 2. Sus implicaciones Tributarias: Se aplican normativas específicas en materia de impuestos, donde las ganancias obtenidas pueden estar sujetas a impuestos sobre ganancias de capital u otros tributos propios de la inversión financiera. • A.3. La Protección del Inversor: La regulación se orienta a proteger a los participantes del mercado y a asegurar la transparencia en el funcionamiento del ecosistema de inversión. B. Como Moneda Circulante: • B.1. El Bitcoin tiene Reconocimiento como Medio de Pago Legal, igual que otras criptomonedas. • Para que una criptomoneda se considere moneda de curso legal, debe ser reconocida oficialmente como medio de pago por el Estado. Ya vimos el caso de la República del Salvador.7 • Esto implica requisitos adicionales en términos de estabilidad, política de emisión y 6 El Caso del Salvador como República, fue el primero en adoptar el Bitcoin como de curso legal y el primero en abandonarlo: https://elpais.com/america/2025-01-30/bukele-da-marcha-atras-y-retira-al-bitcoin-la-condicion-demoneda-legal-en-el-salvador.html. 7 Íbidem. El Salvador como República… Utilidad actual de las criptomonedas y su desarrollo en las finanzas del futuro: un análisis jurídico prospectivo en el contexto del derecho mexicano. pp. 33-54 �41 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx respaldo; en casos frecuentes, el respaldo puede darse por entidades estaduales o con vinculación a sus respectivas reservas económicas. • B.2. Política Monetaria y Control Estatal: La autoridad monetaria como en los casos de los Bancos Centrales, tiene el control sobre su circulación, pudiendo intervenir en su oferta para regular la inflación, mantener la estabilidad financiera y salvaguardar la confianza en el sistema económico. • B.3.Implicaciones en cuanto a los Sistemas de Pagos: Las criptomonedas al convertirse en moneda circulante, obliga a establecer reglamentaciones y modificar diversas normativas que regulan el sistema de pagos, los establecimientos financieros y, en ocasiones, la protección al consumidor en transacciones cotidianas. III. VALORACIÓN Y VOLATILIDAD C. Como Activo Financiero: • C.1. Alta Volatilidad: El valor se determina casi exclusivamente en función de la oferta y la demanda en mercados de inversión, lo que genera apreciables fluctuaciones de precio. Esto, si bien permite oportunidades de ganancia, incrementa el riesgo para los inversores. • C.2. Fijación en el Rendimiento: La atención se centra en el potencial de valoración y en la diversificación de portafolios, más que en la estabilidad para transacciones diarias. D. Como Moneda Circulante: • D.1. Estabilidad Necesaria: Una moneda de curso legal requiere estabilidad en su valor para que pueda desempeñar adecuadamente las funciones de medio de pago y depósito de valor. La volatilidad excesiva hace inviable su uso cotidiano y podría minar la confianza de los ciudadanos. • D.2. Respaldo y Confianza: Generalmente, se espera que exista cierto respaldo, ya sea en términos de reservas financieras o mediante políticas gubernamentales, para asegurar que las criptomonedas mantengan un valor relativamente estable. Rubén Jaime Flores Medina �42 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León IV. EJEMPLO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL La importancia de emplear y confiar en instrumentos financieros y sus efectos en el mercado monetario internacional, merece un estudio especial, dados los efectos globales y regionales que implica. E. Las Criptomonedas como Activo Financiero en todo mercado globalizado redistribuidor de riqueza “implosiva y golondrina” Por poner un ejemplo de monedas de este tipo, podremos observar que en muchas jurisdicciones financieras, el Bitcoin se ha tratado principalmente como un activo financiero, regulado para efectos de inversión y sujeto a normas tributarias sobre ganancias de capital. Su alta volatilidad y uso en transacciones de inversión lo han situado en la categoría de commodity o activo digital. E.1. Las Monedas Digitales de Bancos Centrales como Moneda Circulante: Podemos identificar qué, al contrario de los commoditys, se usan en proyectos de monedas digitales emitidas por bancos centrales, los cuales buscan asumir la función de moneda circulante. Estas monedas, diseñadas para ser de curso legal, están sujetas a políticas de emisión y control estatal para garantizar la estabilidad y la aceptación como medio de pago en la economía. 1.2. Principales Características y Tecnologías Subyacentes ¿Pero qué características podemos destacar de las criptomonedas en sus ámbitos de uso y aceptación, encontramos: • Su Descentralización de Centros de Autoridad: Debido a la ausencia de una autoridad única, lo que permite y favorece la resistencia a la censura y la manipulación del instrumento. • Su Inmutabilidad: Dada la tecnología blockchain que le garantiza que una vez registradas, las transacciones no se pueden alterar. • Su Transparencia: Las transacciones no se registran como tal, pero por su naturaleza son asequibles a cualquier público a través de un libro mayor digital, que las acerca a una verdadera rendición de cuentas. Utilidad actual de las criptomonedas y su desarrollo en las finanzas del futuro: un análisis jurídico prospectivo en el contexto del derecho mexicano. pp. 33-54 �43 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx • Su Seguridad criptográfica: Debido a las funciones de hash y algoritmos de cifrado (como SHA-256) que aseguran la integridad del sistema. Igualmente, podemos decir que el uso conjunto de contratos inteligentes (smart contracts) en cada caso, permite automatizar y ejecutar las condiciones acordadas por las partes sin intervención humana directa; lo cual es un gran avance y evoluciona los procesos contractuales y financieros. En ese sentido ver también a Robberport y a los establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE. Esta última, como ente internacional intergubernamental promueve políticas que mejoren el bienestar económico, social y ambiental de los países miembros, con los instrumentos disponibles, dentro de los que se encuentran las criptomonedas en la actualidad. [Robbreport, 2025; OECD, 2025] 2. Utilidad Actual de las criptomonedas en el Sistema Financiero 2.1. Inclusión Financiera y Reducción de Costos El uso de criptomonedas en el sector financiero ha demostrado ser un instrumento clave para la inclusión de poblaciones tradicionalmente excluidas del sistema bancario, por lo que su uso democratiza la actividad financiera en general, abriendo mercados donde la confianza es mayor para la obtención de mejores productos y rendimientos. En contextos donde la banca tradicional presenta limitaciones –como en zonas rurales o regiones con incertidumbre económica– las criptomonedas permiten el acceso a servicios financieros mediante teléfonos inteligentes y plataformas digitales de bajo costo. Otros beneficios resultan en la eliminación de intermediarios en la transferencia de fondos, lo que transmite una reducción significativa en las comisiones y en el tiempo de procesamiento de transacciones; aspectos especialmente relevantes en escenarios económicos donde la agilidad y el ahorro de costos son determinantes para una mayor utilidad y conveniencia transacional. Esta característica resulta de gran utilidad en la lucha contra la exclusión financiera, como lo hemos venido aseverando, y la promoción de una economía más participativa y Rubén Jaime Flores Medina �44 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León equitativa, en pro de un cambio prospectivo de sistemas. Al respecto: [Ver también: UIIX, 2025; Instituto Nacional de Finanzas Digitales, 2025] 2.2. Criptomonedas financieramente disruptivas: Derecho Financiero y Prospectiva jurídica en nuevos modelos de inversión Si entendemos que contable y financieramente existe una emergencia de las finanzas que se han denominado en algunos sectores como descentralizadas, esto ha producido como consecuencia, el que la aplicación de criptomonedas en los mercados, vaya más allá del simple uso de éstas, como medio de pago. Las plataformas digitales permiten su uso para la realización de préstamos, inversiones y operaciones de mercado sin la necesidad de bancos o entidades centralizadas. La digitalización y automatización derivadas del uso de contratos inteligentes han creado un ecosistema alternativo que compite con el sistema financiero tradicional, ofreciendo mayor transparencia y precios competitivos. Asimismo, el fenómeno descentralizador, financieramente hablando, ha generado nuevos modelos de negocio en el área de inversión, donde los tokens y otros instrumentos financieros digitales se utilizan para diversificar portafolios y mitigar riesgos asociados a los mercados volátiles. [Ver también: Robbreport, 2025] Esta transformación se manifiesta en la creación de nuevos productos financieros que integran funcionalidades de liquidez, garantía y descentralización, adaptándose a las exigencias del mercado global. En tratándose de estudios dentro del Derecho Financiero tradicional, este instrumento monetario es de vital importancia su comprensión doctrinaria; ya que no se contemplan aún, los posibles efectos económico-fiscales y jurídicos en cabalidad. En su prospectiva jurídica, está claro que éstas “monedas”, deben ser reguladas en su posesión virtual, disposición, transferencia y conversión a divisas tradicionales, donde no se materializa plenamente su uso, homologando normativamente su tránsito mundial. La inversión que se hace con éstos instrumentos deben asegurar que sean legítimamente dispuestas para evitar fraudes o disposiciones perjudiciales al actual sistema monetario y bursátil; además de disciplinar su uso a través de bancos de primero o segundo piso. Utilidad actual de las criptomonedas y su desarrollo en las finanzas del futuro: un análisis jurídico prospectivo en el contexto del derecho mexicano. pp. 33-54 �45 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx 3. El Marco Jurídico Mexicano y la Regulación de los Activos Digitales 3.1. Evolución Normativa en México y Derecho Prospectivo. El Derecho mexicano ha avanzado en la inclusión de la regulación para activos digitales y criptomonedas, reconociéndolos en diversas interpretaciones y buscando establecer mecanismos que salvaguarden tanto la innovación como la protección del consumidor, pero en la actualidad no son suficientes como lo hemos advertido anteriormente en casos concretos como los del actual Presidente Donald Trump, primer presidente “criptobro” y Elon Musk, y sus actividades e inversiones especuladoras.8 En nuestro país, en los últimos años se han emitido iniciativas legislativas y organismos reguladores –como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)– han comenzado a perfilar directrices específicas para la supervisión de estas actividades, pero lamentablemente no en el concierto normativo que debieran conforme lo marca el proceso jurídico prospectivo bajo los principios, lineamientos y formas gramaticales, racionales que demanda la actividad explicitada por el Derecho Prospectivo Financiero,9 como aquélla disciplina jurídica encargada de proveer los insumos necesarios para la creación normativa material ,a través de proyectos de Iniciativa Legislativa, o en los ramos Administrativos o jurisdiccionales, realizados antes del proceso legislador formal, como en el caso de los Proyectos de Iniciativa de Presupuestos de Ingreso o de Egreso de entes federales o locales; mismos, que importan elementos dentro de su creación material adecuados y racionales para su formalización por los poderes legislativos, administrativos o jurisdiccionales, vistos para ser cumplidos u observados por los obligados a ello de manera eficaz. Bajo una verdadera Prospectiva Jurídica, una criptomoneda regulada eficazmente por las autoridades, cumpliría en el futuro con todos los elementos normativos eficaces, como: racionalidad, economía, singularidad, simplicidad, seguridad en su uso, disposición, resguardo o transmisión contable y financieramente adecuados. 8 Ver: https://www.bbc.com/mundo/articles/c4gp44lder1o; https://www.standard.co.uk/news/tech/donald-trumpcrypto-currency-elon-musk-peter-thiel-sam-altman-b1208090.html. (consultado día 09/5/2025 8.00hrs.) 9 Cfr. Flores Medina Rubén Jaime, “Hacia una teoría del Derecho Prospectivo”, Ed. Universidad de Guadalajara, México, 2017. Rubén Jaime Flores Medina �46 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León La normativa disciplinante de las actividades que venimos estudiando, aún se encuentra en proceso de definición pro las autoridades mexicanas; pero es dable decir que se observan tendencias orientadas a la transparencia, la seguridad y la prevención de actividades ilícitas, que permitan homologarlas al sistema financiero central de nuestro país, como ocurre en otros países. Es un hecho que la incorporación de las tecnologías de criptografía en el ámbito financiero, obliga a repensar a los interesados en los criptogramas, la aplicación de leyes tradicionales, impulsando reformas que permitan una adecuada adaptación a los desafíos digitales, no obstante, subsista en la práctica, una descentralización en las finanzas de este instrumento. [Ver también: Flores Medina, 2017; García, 2025; Instituto Nacional de Finanzas Digitales, 2025] 3.2. Retos Regulatorios y Protección al Consumidor Entre los principales desafíos regulatorios que enfrenta México en materia de criptomonedas se pueden mencionar algunos como los siguientes: • Su Definición Legal y Clasificación: Como Activo Digital la Criptomoneda por su ambigüedad en la naturaleza jurídica, nos demanda una definición clara que permita su inclusión en el marco normativo y regulatorio vigente. • Su Protección al Consumidor: Es prioritario establecer mecanismos de protección que aseguren la transparencia en las transacciones y el resguardo de los fondos de los usuarios, ante la alta volatilidad de dichos instrumentos y los riesgos asociados a éstos, como fraudes o engaños al consumidor. • La Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo: Como el manejo natural de estos activos refleja una naturaleza descentralizada de estas tecnologías; es que los mismos plantean retos en materia de vigilancia y supervisión; lo cual requiere coordinar esfuerzos entre organismos internacionales y autoridades federales y locales en México. • La Adaptación Tecnológica y Capacitación: La rápida evolución del entorno digital impone la necesidad de actualizar permanentemente los conocimientos de los operadores jurídicos, financieros y entes reguladores para que manejen de forma Utilidad actual de las criptomonedas y su desarrollo en las finanzas del futuro: un análisis jurídico prospectivo en el contexto del derecho mexicano. pp. 33-54 �47 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx eficaz las nuevas tecnologías emergentes, en pro de una disciplina financiera y de los Derechos del Consumidor, que sean útiles y eficaces en la materia. En la actualidad, la experiencia en otros países y la colaboración internacional han brindado un panorama alentador sobre la posibilidad de crear prospectivamente un marco normativo racional, eficaz, robusto y que se adapte a las necesidades de México; y que fomente la innovación sin sacrificar la certeza, seguridad y protección legal.10 [Ver también: Mendoza, 2025; OECD, 2025] 4. Perspectivas Futuras: Las Criptomonedas en la Evolución de las Finanzas Digitales. 4.1. Inteligencia Artificial, Contratos Inteligentes y la Interoperabilidad El futuro de las finanzas digitales se perfila marcado por la convergencia de diversas tecnologías disruptivas. La integración de inteligencia artificial (IA) en los procesos de análisis de mercados y en la toma de decisiones financieras, combinada con el uso cada vez más sofisticado de contratos inteligentes, abre un abanico de posibilidades para automatizar y optimizar las operaciones financieras. Estos avances permitirán: • La Ejecución automática de transacciones, basadas éstas, en condiciones predefinidas por la tecnología sin intervención humana; lo que reduciría tiempos, costos y movimientos. • La Interoperabilidad entre diferentes cadenas de bloques (blockchain) facilitando la integración de diversas criptomonedas y activos digitales en un ecosistema virtual unificado. • Optimización del análisis de riesgos a través de algoritmos de IA que puedan anticipar fluctuaciones del mercado y proponer estrategias de inversión seguras. • Mejoras en la seguridad y transparencia de las transacciones financieras, lo que permitiría incrementar la confianza de los usuarios de estos instrumentos y 10 [Consultar: Flores Medina, 2017; García, 2025; Instituto Nacional de Finanzas Digitales, 2025] Rubén Jaime Flores Medina �48 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León promoviendo la adopción masiva de las criptomonedas, cualquiera que sea su denominación u origen. Estas innovaciones pudieran tener el potencial de transformar radicalmente el sistema financiero mundial o de las naciones, incrementando la eficiencia y abriendo oportunidades para nuevos modelos de inversión y financiamiento con seguridad y certeza jurídicas. [Ver también: Robbreport, 2025; OECD, 2025] 4.2. Modelo de Contratos Inteligentes Aplicados a Esquemas Financieros Es menester estudiar, aunque sea brevemente, aquellos Contratos Inteligentes Aplicados a Esquemas Financieros y su Marco Regulatorio conforme a la doctrina vigente en México y el mundo, para mejor comprensión dl tema abordado. En efecto, la aplicación de contratos inteligentes en el ámbito financiero permite automatizar transacciones, reducir intermediarios y aumentar la transparencia y la seguridad en las operaciones. En México, su implementación debe enmarcarse en la normativa vigente, como la “Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera”, que regula las actividades de las empresas de finanzas y tecnología, y que operan en el país. Esta ley, publicada en marzo de 2018, busca regular la organización, operación y funcionamiento de estas instituciones, así como los servicios financieros que ofrecen. Contiene previsiones y disposiciones en materia de protección al consumidor, prevención de lavado de dinero y normativas específicas de autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). A continuación, se describe un ejemplo de contratos inteligentes en esquemas financieros: En particular analizamos a continuación, conjuntamente con las entidades y particulares en los que nos apoyamos para elaborar el presente trabajo, un Contrato Inteligente de Custodia y Gestión de Activos Digitales, por ser afines a las plataformas en que se sostiene el instrumento digital que nos concierne, La Criptomoneda: Utilidad actual de las criptomonedas y su desarrollo en las finanzas del futuro: un análisis jurídico prospectivo en el contexto del derecho mexicano. pp. 33-54 �49 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx Descripción y Naturaleza del Contrato: Se enfoca en la custodia descentralizada de criptomonedas y otros activos digitales, actuando como un sistema de depósito en garantía (escrow). El código, generalmente escrito en lenguajes como Solidity (para la plataforma Ethereum), define sus efectos para: • Registro y almacenamiento: Almacenar de forma segura el hash de la transacción y la información digital de cada activo. • Liberación Condicionada: Poder verificar mediante un algoritmo, la identidad del usuario mediante mecanismos integrados de KYC (Know Your Customer). Una vez se cumplan las condiciones preestablecidas (por ejemplo, verificación de identidad y validación de criptomonedas), el contrato libera al usuario los activos depositados. • Auditoría y Transparencia: El registro de cada operación queda permanentemente grabado en la blockchain, permitiendo auditorías posteriores sin necesidad de intervenciones manuales. • Aspectos Regulatorios: El uso de este contrato debe ajustarse a los lineamientos de la “Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera” y a normas de prevención de lavado de dinero. En general, podemos decir en el uso y aplicación de los contenidos de este Contrato Inteligente de Custodia y Gestión de Activos Digitales, que se requieren módulos de verificación de identidad y protocolos de seguridad que garanticen la protección de datos personales (conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). Además, la supervisión de autoridades financieras mexicanas exige reportar operaciones sospechosas y mantener mecanismos de transparencia que faciliten la intervención regulatoria en caso de irregularidades. 4.3. Modelos de Supervisión y Cooperación Internacional Como se puede constatar, el desarrollo de las criptomonedas se acelera y las tecnologías asociadas nos exigen la creación de mecanismos de supervisión local, que trasciendan Rubén Jaime Flores Medina �50 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León fronteras y adviertan de las amenazas que este aumento de instrumentos diversos, nos depara. En este contexto, la cooperación internacional se torna fundamental para armonizar regulaciones y establecer estándares globales. Organismos multilaterales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), que hemos citados antes, están liderando iniciativas para la elaboración de marcos regulatorios con los siguientes propósitos: 1. Lograr una supervisión coordinada de transacciones digitales transfronterizas. 2. Facilitar el intercambio de información y buenas prácticas entre jurisdicciones, también digitales. 3. Establecer protocolos internacionales que minimicen riesgos asociados a actividades ilícitas, todo ello sin inhibir la innovación financiera y tecnológica al respecto. En México, creemos que transposición o adaptación de estos modelos internacionales, debería ir acompañada de políticas interiores que sean eficaces y previsoras; y que integren a todas las entidades reguladoras, contribuyendo así, a la consolidación de un sistema financiero más dinámico, seguro y transparente. [Ver también: OECD, 2025; García, 2025] 5. Desafíos y Retos Jurídicos en la Era Digital La implementación y el uso de criptomonedas en el ámbito financiero en la actualidad, traen consigo una serie de desafíos jurídicos que deben ser atendidos de forma prioritaria: 1. Ambigüedad en la Naturaleza Jurídica: No existe un consenso en la delimitación clara sobre si las criptomonedas deben ser consideradas como activos financieros, bienes muebles o instrumentos de pago; lo que complica la aplicación de las leyes actuales y la creación prospectiva de normas específicas que garanticen su uso seguro y duradero en un futuro mediato. 2. Volatilidad y Riesgo para el Consumidor: Actualmente el mercado de criptomonedas genera riesgos significativos para los inversionistas y usuarios, por su inherente volatilidad e inseguridad tan altas. Se hace indispensable entonces, la innovación y el desarrollo de mecanismos de protección que, a través de la transparencia y la educación financiera, mitiguen estos riesgos o los eliminen según los casos. Utilidad actual de las criptomonedas y su desarrollo en las finanzas del futuro: un análisis jurídico prospectivo en el contexto del derecho mexicano. pp. 33-54 �51 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx 3. Ciberseguridad y Protección de Datos: La digitalización masiva de transacciones y activos financieros implica el riesgo de ciberataques y de vulneraciones en datos sensibles, lo que hace de la protección, un objetivo prioritario. Sólo con la integración de tecnologías criptográficas y estrategias de ciberseguridad robustas, se podrá preservar la integridad de las transacciones y la confianza del usuario. 4. Cooperación Interinstitucional: La regulación de las criptomonedas requiere una coordinación estrecha entre diversas áreas del gobierno –incluyendo entidades financieras, fiscales y de seguridad– para prospectar y regular en un marco normativo coherente y aplicable en todos los niveles. 5. Adaptación del Sistema Judicial: La innovación financiera plantea retos en términos de interpretación y adaptación de las leyes existentes. La formación continua de operadores jurídicos y la colaboración con expertos en tecnología son esenciales para elaborar criterios interpretativos que protejan a los usuarios sin obstaculizar la innovación. El abordaje de estos desafíos requiere, por tanto, una visión integradora y coordinada que articule esfuerzos entre las instituciones públicas, privadas y académicas, permitiendo una transición ordenada hacia un sistema financiero digital que cumpla con los estándares internacionales de transparencia y seguridad. [Ver también: Mendoza, 2025; García, 2025] PROPUESTAS. • Para que la transformación del fenómeno de las Criptomonedas sea sostenible y beneficie tanto a los usuarios como a la economía en general, es imprescindible que el Derecho y las regulaciones secundarias, se adapten a los nuevos paradigmas tecnológicos. Por lo que se debe implementar a través de los principios, métodos y técnicas del Derecho Prospectivo, una “Ley de Acceso al Sistema Financiero Digital” que reconozca los criptoactivos como wallets cripto o Billeteras digitales, para que sean mecanismos válidos de identidad y transacción financiera. Dicha Ley apoyada en Base constitucional: Art. 1º y 4º de la CPEUM (igualdad, acceso a servicios financieros como parte del bienestar social). Rubén Jaime Flores Medina �52 • Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Aprobar una norma que se denomine “Ley Reglamentaria del artículo 28 constitucional sobre Moneda Digital Nacional”, para incluir como moneda oficial tanto el peso físico, como su versión digital de Peso Digital mexicano; la cual sería emitida por el Banco de México. • Se debe promover la creación de marcos regulatorios coordinados tanto a nivel nacional como internacional, que permitan una supervisión eficaz y alineada con las mejores prácticas globales en materia de financiamiento digital, homologando los usuales contratos digitales, vigentes al respecto. CONCLUSIONES. PRIMERA. Se puede avizorar que el futuro de las finanzas en México estará inevitablemente marcado por la integración regulada de las criptomonedas. El reto jurídico consiste en encontrar el equilibrio entre innovación, protección al usuario, soberanía monetaria y seguridad financiera. La transformación legal no puede ser reactiva, sino proactiva y prospectiva, integrando principios constitucionales con realidades tecnológicas emergentes. SEGUNDA. El análisis realizado demuestra que las criptomonedas han dejado de ser un fenómeno marginal para consolidarse como una herramienta disruptiva en el ámbito financiero. Su utilidad actual se manifiesta en la inclusión financiera, la reducción de costos y la potencial reconfiguración de los sistemas financieros tradicionales. TERCERA. Las criptomonedas permiten acceso a servicios financieros en zonas rurales o sin cobertura bancaria; por lo que se deben implementar mejores mecanismos de apoyo a las comunidades para llegar al bienestar digital. Las stablecoins y monedas digitales de bancos centrales, compiten con monedas tradicionales, por lo que es la meta a cumplir en México respecto de las criptomonedas que son objeto de nuestro estudio. CUARTA. Es un hecho que existen Nuevas formas de evasión fiscal y de transferencias transfronterizas opacas. Lo que obliga a las autoridades nacionales a llevar esfuerzos combinados con otras naciones para prevenir, tratar y sancionar estas conductas llevadas a cabo a través de las criptomonedas y de contratos atípicos, que velan los efectos de evasión y elusión fiscal. Utilidad actual de las criptomonedas y su desarrollo en las finanzas del futuro: un análisis jurídico prospectivo en el contexto del derecho mexicano. pp. 33-54 �53 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx TRABAJOS CITADOS Argote, Paola, “Las Criptomonedas, ¿moda o el dinero del futuro?, Paper, 2019. Arreola, Javier; Vallejo Dabdoub, F. (2017, junio 9). 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Correo electrónico: guilherme@marinoni.adv.br . a Cómo citar Luiz Guilherme Marinonia Marinoni, L. G. Tutela judicial colectiva, derechos fundamentales y democracia (entre balance y proporcionalidad). Nomos: Procesalismo Estratégico, 2(4). Recuperado a partir de https://revistanomos.uanl.mx/index.php/revista/article/view/37 �56 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León RESUMEN Las acciones colectivas brasileras vienen produciendo decisiones que no raramente dejan de valerse de una fundamentación pautada en criterios jurídicos adecuados para, racionalmente, explicar la imposición de medidas concretas respecto de la falta de ley o contraposición a la ley. La acción destinada a la tutela de los intereses difusos y colectivos que produce la cosa juzgada erga omnes y ultra partes frecuentemente impone medidas a partir de la invocación de un derecho fundamental no protegido por el legislador. En otras situaciones, aun invocándose un derecho fundamental y respecto de la falta de ley, se determina el cumplimiento de la medida de protección fáctica, como la construcción de una obra sin consideración del presupuesto. Y todavía hay casos en los que el juez, suponiendo poder libremente volver a hacer el balance entre derechos fundamentales ya realizados por el legislador, impone una medida de protección concreta al derecho inclusive contrariamente a lo que está previsto en ley. PALABRAS CLAVE: Tutela judicial, derechos fundamentales, democracia, balance, proporcionalidad. ABSTRACT Brazilian class actions have been producing decisions that often fail to rely on a rationale based on adequate legal criteria to rationally explain the imposition of specific measures in respect of the lack of law or contradiction to the law. The action aimed at protecting the diffuse and collective interests that produces res judicata erga omnes and ultra partes frequently imposes measures based on the invocation of a fundamental right not protected by the legislator. In other situations, even when a fundamental right is invoked and in respect of the lack of law, compliance with the factual protection measure is determined, such as the construction of a work without consideration of the budget. And there are still cases in which the judge, assuming to be able to freely reestablish the balance between fundamental rights already realized by the legislator, imposes a specific protection measure on the right even contrary to what is provided for by law. KEYWORDS: Judicial protection, fundamental rights, democracy, balance, proportionality. Tutela judicial colectiva, derechos fundamentales y democracia (entre balance y proporcionalidad). pp. 55-82 �57 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx I. INTRODUCCIÓN El presente artículo, además de investigar los criterios impuestos al juez para proteger los derechos fundamentales en la ausencia de la ley y de la insuficiencia de la tutela legislativa – considerando el lugar de las opciones políticas y el problema del presupuesto – cuestiona la posibilidad de que el Poder Judicial pueda resolver colisiones entre derechos fundamentales en los casos de desacuerdos morales intensos, así como de realizar nuevamente el balance de los derechos fundamentales para corregir decisiones del legislador, situando la proporcionalidad, imprescindible para el control de la ley, como criterio que no debe ser confundido con el meta-balance. Se analiza, inicialmente, el problema de lo contramayoritario, slogan destinado a insinuar la falta de legitimidad del control de constitucionalidad para que el desarrollo del discurso, consciente de la necesidad de un control material de la ley en nombre de la efectiva tutela de los derechos fundamentales, pueda diseñar la garantía de la prioridad de los derechos fundamentales sobre la ley dentro de límites que no afecten la democracia. II. EL PROBLEMA CONTRAMAYORITARIO El problema o dificultad del carácter contramayoritario trata sobre la circunstancia de que el control de constitucionalidad tenga como objeto un acto de poder, resultado de la manifestación de los representantes de la población. El tema fue puesto a la luz en el derecho estadunidense por Alexander Bickel, en su conocida obra The least dangerous Branch, que, en esencia, busca evidenciar que la gran dificultad del sistema en los Estados Unidos es de que el judicial review es una fuerza contramayoritaria. (Bickel, 1986) Bickel recuerda que Hamilton, en el Federalista 78, niega que el judicial review constituía una superioridad del Poder Judicial o sobre una materia electa, advirtiendo que el poder del pueblo se sobrepone a ambos, representando el judicial review la señal de que el Poder Judicial no puede permitir que la voluntad del legislador, declarada en la ley, se sobreponga a la voluntad del pueblo, expresada en la Constitución.1 Pero ahí, 1 El argumento de que quien controla al pueblo no son los jueces, sino la Constitución – lo que significaría en Luiz Guilherme Marinoni �58 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León según Bickel, la palabra “pueblo” es una abstracción que oscurece la realidad, pues cuando la Suprema Corte declara inconstitucional un acto legislativo o del Ejecutivo, ella frustra la voluntad de los representantes del pueblo del presente y del ahora, constituyendo un control que no es hecho en nombre de la actual mayoría, pero contra ella, lo que le permite decir que el control de constitucionalidad no es democrático. (Bickel, 1986). Aunque el problema del contramayoritarismo sea intensamente discutido en los Estados Unidos, probablemente porque el judicial review no esté instituido en la Constitución y la reacción contra éste haya surgido en la propia sociedad delante de los periodos “activistas” de la Suprema Corte,2 eso no significa que, incluso en los países de tribunales constitucionales, el asunto no tenga importancia capital, pudiendo fugar de la atención de la doctrina y del campo de las preocupaciones teóricas, especialmente porque el desarrollo del tema es indispensable para la definición de los límites del control de constitucionalidad y de las decisiones constitucionales. El legislador, normalmente, no actúa deliberadamente contra la Constitución o contra los derechos fundamentales, pero supone, al emitir la ley, que la Constitución está respaldándolo (Waldron J. , 1999). Es necesario percibir que la ley, cuando tiene su legitimidad material puesta en duda, muchas veces abre la posibilidad para confrontaciones entre interpretaciones de la Constitución y no, como puede parecer, una simple visualización de la ley frente a la Constitución. Así, como los representantes electos entienden que la ley está de acuerdo con la Constitución no habrá racionalidad en una minoría, destituida de legitimidad popular, para negar la decisión del Parlamento. De manera más clara, por tanto, el real problema no está en la posibilidad de confrontarse la ley a partir de la Constitución, sino que reposa sobre la cuestión de quién tiene la última palabra sobre el significado de la Constitución. Subráyese que este también es el problema que afecta a la utilización del método de la ponderación como medio para la solución de conflictos entre derechos fundamentales e igualmente y de modo más intenso, la posibilidad la critica de John Hart Ely que el pueblo se autocontrola – se remonta al Federalista 78 de Hamilton y al voto del chief justice John Marshall en Marbury vs. Madison (ELY, John Hart, Democracy and distrust, Harvard University Press, Cambridge, 1980, pp. 9-10). 2 También son significativos los casos Coppage vs. Kansas (1915) y Adkins vs. Children’s Hospital (1923). Tutela judicial colectiva, derechos fundamentales y democracia (entre balance y proporcionalidad). pp. 55-82 �59 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx de que el Poder Judicial pondere nuevamente los derechos fundamentales para controlar la constitucionalidad de la decisión parlamentaria. La Constitución posee innumerables disposiciones que contienen lo que se llama “conceptos esencialmente controvertidos”, o sea, criterios normativos respecto de los cuales las personas pueden, racionalmente, estar en desacuerdo (Waldron J. , 1999). Además de eso, la Constitución al no delimitar el contenido de la mayoría de los derechos fundamentales, implícitamente los coloca en colisión frente a las opciones que pueden ser tomadas por el legislador y en los casos que deben ser solucionados por el juez. No hay duda que las personas, incluso los profesionales del derecho pueden discordar del significado de cualquier derecho fundamental y su prevalencia frente a otro, bien como respecto de cuál es el significado de una disposición constitucional en innumerables situaciones concretas. Es importante percibir que el desacuerdo sobre los derechos y la interpretación de las disposiciones constitucionales no afecta apenas a los parlamentarios, sino, sobre todo, a las decisiones judiciales, particularmente cuando no son limitadas las funciones del juez frente al legislativo. John Hart Ely, en una de las grandes contribuciones para el tema del control de constitucionalidad y para la delimitación de las funciones de las Cortes, luego de resaltar que el problema central del judicial review está en que un órgano que no fue electivo y no está dotado de algún grado de responsabilidad política, puede decir a los representantes electos por el pueblo que no pueden gobernar como quieren, afirma la claridad que las corrientes que hacen apelo a las nociones que no pueden ser encontradas en la Constitución son particularmente vulnerables a la crítica a la crítica de incompatibilidad con la teoría democrática. (Ely, 1981) Waldron, al analizar los argumentos de los defensores del control de constitucionalidad, en especial el de que los jueces constitucionales se limitarían a hacer valer un compromiso previo de la sociedad con los derechos advierte que eso podría ser verdadero cuando este compromiso protege claras arbitrariedades, pero nunca cuando tal compromiso pretende proteger delante de cambios de opinión o frente a algunos desacuerdos genuinos sobre lo que estaría definido en este compromiso (Waldron ,. J., 2018). Es por eso que para Waldron, cuando los hombres o sus representantes no están de acuerdo de cuáles son sus derechos, la conclusión de que su discordancia no puede ser resuelta por el parlamento pero que la última Luiz Guilherme Marinoni �60 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León palabra está en un pequeño número de jueces parece casi un insulto. Sería más insultante al percibirse que los jueces divergen entre sí exactamente sobre los mismos puntos que los ciudadanos y sus representantes, y que las Cortes Supremas y las Cortes Constitucionales también deciden mediante el voto de la mayoría. Por eso, si los hombres podrían imaginar que sus desacuerdos deben ser resueltos mediante conteo de votos, entonces sus votos o los de sus representantes son realmente los que deberían importar o ser contados. (Waldron ,. J., 2018) Aunque el problema del contramayoritarismo merezca atención, las razones para el control judicial de constitucionalidad de la ley son relevantes y deben prevalecer sobre la “desconfianza” en términos democráticos en el Poder Judicial. El tema de lo contramayoritario es importante para el delineamiento o para la contención del poder de control de constitucionalidad, evitándose la sobreposición de los Tribunales sobre el Parlamento en situaciones conflictivas con la teoría democrática3. (Reis Novais, 2019) III. LA REPROBACIÓN DE LAS LEYES QUE NIEGAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Es cierto que cuando la mayoría parlamentaria racionalmente entiende que la ley está de acuerdo con los derechos fundamentales, lo que realmente se puede decir es que la ley puede estar en contraste con lo que un grupo supone ser un derecho fundamental. O, en otras palabras, que cuando hay un desacuerdo profundo sobre el contenido de un derecho fundamental, la decisión de la mayoría no tiene cómo dejar de prevalecer ya que de otra forma la versión de alguien descontento con la ley siempre sería algo de invocar contra los representantes del pueblo y podría ser reconocida por una minoría sin respaldo popular, presente en las Cortes. Sucede que, incluso no debiendo trasplantar para el Poder Judicial decisiones sobre cuestiones morales y políticas cuya solución depende del deseo del pueblo, hay casos en los 3 Como puntualiza Jorge Reis Novais, la discusión sobre la legitimidad de la Justicia Constitucional no deja de revestir interés incluso en los países en los que fue arbitrada y esclarecida en la propia decisión constituyente, en la medida en que una comprensión más sólida de los problemas de legitimidad permite siempre una mayor clarificación sobre los límites funcionales que deben presidir a su ejercicio concreto (REIS NOVAIS, Jorge, Direitos Fundamentais e Justiça Constitucional, AAFDL Editora, Lisboa, 2019, pp. 106-107). Tutela judicial colectiva, derechos fundamentales y democracia (entre balance y proporcionalidad). pp. 55-82 �61 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx que el parlamento efectivamente se equivoca o se deja vencer por presiones sociales y, así, emite una ley que niega un derecho fundamental. En otros casos, puede definir la protección insuficiente o incluso excesiva de un derecho, mediante una decisión desproporcional. En estas hipótesis, la intervención del Poder Judicial bajo la forma del control de constitucionalidad no confiere al juez el poder de analizar nuevamente las opciones políticas del Parlamento, cabiéndole tan solo investigar si la elección legislativa no viola especialmente las reglas de la prohibición de exceso y de la prohibición de insuficiencia. En estas situaciones la tutela de los derechos no se sobrepone al principio democrático, ya que ese propio principio establece la jerarquía entre la voluntad de la mayoría constituyente y la voluntad de la mayoría hábil a la aprobación de una ley. No obstante, no se deja de buscar el encuentro del equilibrio entre derechos fundamentales y democracia o una forma de control de constitucionalidad que esté de acuerdo con la teoría democrática (Ferreres Comella, 2012). Realmente no tiene procedencia el argumento de Dworkin en el sentido de que el control de constitucionalidad si quiera puede ser contrapuesto al derecho de participar o al derecho a la igualdad política (Dworkin, 2000).4 Esa contraposición no ocurriría, según Dworkin, porque el control de constitucionalidad, al retirar determinadas cuestiones del Parlamento y atribuirlas a los jueces, no discrimina a ningún grupo social. El argumento es asustadoramente simple, pues no considera el hecho que cuando se da al Poder Judicial el poder de decidir sobre cuestiones morales esencialmente controvertidas en la sociedad, se niega al pueblo y a sus representantes el poder de discutirlas y decidirlas. Como es evidente, si la institución del crimen de aborto o de una ley que lo liberaliza pueden ser invalidadas por el Poder Judicial, el problema ciertamente no está en discriminar los grupos favorables al aborto o los grupos pro vida o religiosos, sino en negar al pueblo y al Parlamento el poder de decidir la cuestión basados en el principio democrático.5 Además, el verdadero verdugo de un derecho fundamental no es propiamente la mayoría de votos en el parlamento, sino la posición social que presiona al parlamento a decidir en 4 DWORKIN, Ronald, What’s equality? Part 4: Political Equality, University of San Francisco Law Review, v. 22, pp. 1-30; DWORKIN, Ronald, Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality, Harvard University Press, Massachusetts, 2000. 5 En ese sentido, con la crítica al argumento de Dworkin, véase: FERRERES COMELLA, Víctor, Justicia Constitucional y Democracia, op. cit., pp. 179-180. Luiz Guilherme Marinoni �62 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León detrimento de tal derecho. En ese sentido, no es exactamente la mayoría de votos, sino el grupo social que ejerce presión más efectiva sobre el parlamento que puede llevar a una ley disociada de los derechos fundamentales. Un grupo aparentemente minoritario pero dotado de condiciones concretas de presionar a los parlamentarios, igualmente puede contribuir para la emisión de una ley contraria a la Constitución. Quiere decir que hay siempre una necesidad de afirmar la Constitución para impedir la eficacia de leyes que violan los derechos fundamentales, haya sido la ley fruto de presiones de grupos dominantes en la sociedad o incluso de grupos presumidamente minoritarios que también cuentan con sus armas para actuar sobre los parlamentarios. IV. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD VERSUS EL PODER DE DEFINIR EL SIGNIFICADO DE LA CONSTITUCIÓN La aproximación entre controlar la constitucionalidad y dictar el significado de los dispositivos constitucionales expresada en no pocos juzgados del Supremo Tribunal Federal, tiene origen en una concepción equivocada de la función de esta Corte, marcada por la lectura del artículo 102 de la Constitución. Dice el caput del artículo 102 que “compete al Supremo Tribunal Federal, principalmente, la protección de la Constitución…”. Ocurre que no hay identidad entre tener el poder para defender la Constitución y tener poder para definir el significado de todos los dispositivos constitucionales. Es obvio que, para el control de constitucionalidad, hay siempre necesidad de interpretar la Constitución, pero eso no quiere decir que, delante de todo y cualquier dispositivo constitucional o específicamente de dispositivos cuyos contenidos fueron intencionalmente dejados para ser completados por valores y por las necesidades del pueblo del presente y ahora – o incluso de los que revelan la necesidad de elecciones eminentemente políticas – o incluso de los que revelan la necesidad de elecciones eminentemente políticas del Poder público electo – le cabe al Poder Judicial el poder atribuirles significado. Recuérdese que el principal argumento de los originalistas, en los Estados Unidos es de que la Constitución jamás cumpliría su papel de protección de los derechos si su significado pudiese mudar al sabor de las voluntades del juez, aunque estén basadas en la interpretación Tutela judicial colectiva, derechos fundamentales y democracia (entre balance y proporcionalidad). pp. 55-82 �63 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx de la Constitución con base en los nuevos valores y hechos sociales. Como dice Antonin Scalia, de forma manifiestamente crítica, una escuela de interpretación constitucional cada vez más aceptada afirma la existencia de lo que se denominó de “Constitución viviente”, un cuerpo de dispositivos que no solo crece y cambia de tiempo en tiempo para adaptarse a las necesidades de una sociedad en constante transformación, sino que crece y se altera según las percepciones de los jueces (Scalia, 1998). Básicamente, lo que el originalismo pretende decir es que, si la Constitución debe proteger especialmente contra actos arbitrarios del poder público, hay una terrible contradicción en admitir que las decisiones judiciales pueden alterar el significado de los dispositivos constitucionales y, al mismo tiempo, suponer que la Constitución pueda garantizar al pueblo la protección de sus derechos. No se está defendiendo el originalismo ni mucho menos negando la necesidad de que la Constitución pueda ser reinterpretada o interpretada de acuerdo con los nuevos valores y circunstancias sociales. Estoy de acuerdo que un dispositivo marcado por la transtemporalidad, o sea, un texto que intencionalmente se vela de conceptos vagos e indeterminados con el objetivo de adecuarse a los nuevos tiempos, no pueda ser interpretado como si fuese una ley destinada a regular una situación específica en determinado instante de la historia. La Constitución, como es común decirse, está hecha para el pueblo y en nombre del pueblo. Y no se puede imaginar que se trate apenas del pueblo que la concibió, sino, especialmente, del pueblo que vive el presente. De ahí se puede hablar en Constitución viviente (Tribe, 2008). Lo que se pretende dejar en claro es que determinados disensos, integrados en las disputas sobre el significado y la armonización de los derechos fundamentales, no deben ser definidos por el Poder Judicial. Y ello no necesariamente porque el Poder Judicial no deba tener la última palabra sobre tales asuntos, sino porque éstos deben ser discutidos y decididos por el pueblo y sus representantes, conforme a las líneas dirigentes de la teoría democrática. Víctor Ferreres Comela – refiriéndose al ordenamiento jurídico español – recuerda que no hay dificultad para tenerse como inconstitucional una ley que sancione determinado crimen con la pena de muerte, en la medida en que la Constitución española dice que “queda abolida la pena de muerte…”, pero que no ocurriría lo mismo al pensarse en la posibilidad Luiz Guilherme Marinoni �64 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León de que el tribunal constitucional declarase inconstitucional una ley que admite el aborto con base en el derecho a la vida, protegido por el mismo artículo de la Constitución. Nótese que, en la hipótesis de la pena de muerte, la claridad de la Constitución dispensa la discusión sobre la legitimidad democrática que el tribunal poder declarar la inconstitucionalidad de la ley. La crítica contramayoritaria que se acostumbra a hacer al control judicial, dada la indiscutibilidad de la norma constitucional que prohíbe la pena de muerte, no tendría cualquier cabida. Si ahí cabe algún reclamo, este no puede recaer sobre el sistema de control judicial de la constitucionalidad o en el poder de los jueces, sino en la propia opción de la Constitución. Algo diferente ocurriría si el tribunal declarase, basado en el derecho a la vida, la invalidez de la ley que admite el derecho al aborto, toda vez que en ese caso, delante del dispositivo constitucional que tutela el derecho a la vida, habría un gran desacuerdo interpretativo en cuanto la Constitución estaría prohibiendo o no el aborto (Ferreres Comella, 2012). Bien vistas las cosas, habría ahí no solo una controversia interpretativa, sino un nítido y claro disenso que involucra concepciones conflictivas de la población acerca de moral y de religión. ¿Sería correcto situar esa discusión en el Poder Judicial? (Reis Novais, 2019). Parece que no. Al final, decisiones que involucran intensos desacuerdos sociales, éticos, morales, religiosos y de ideología política no solo pertenecen al pueblo y sus representantes, pero no pueden ser resueltos por aquellos que no pueden asumir responsabilidad frente a la populación. No hay duda que el agente público que no puede ser controlado y responsabilizado directamente por el pueblo, mediante rechazo de votos, no puede ejercer poder capaz de definir lo que es mejor para el desarrollo de la vida en sociedad. Además, los tribunales no constituyen lugares adecuados para la discusión entre grupos antagónicos sobre temas no legales, a pesar de la oportunidad inoportuna que a menudo brinda la participación de amicus curiae como representante de la voz de posiciones con diferentes intenciones y deseos. La falacia de la participación de amicus, en situaciones de profundo disenso sobre los valores, radica en la premisa misma que lo justifica en la práctica de los tribunales, ya que la única verdad es que, en estas ocasiones, la controversia está buscando una solución en un entorno inapropiado. Esto no significa, por supuesto, que el amicus no deba participar en acusar a la ley de ser inconstitucional, por violación de la Tutela judicial colectiva, derechos fundamentales y democracia (entre balance y proporcionalidad). pp. 55-82 �65 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx prohibición de protección excesiva o insuficiente, más allá de que la propia ley materialice una opción que resulte de equilibrar dos derechos fundamentales sobre los cuales, al principio, reinaba un profundo desacuerdo. Volviendo al caso de Lochner vs. Nueva York -, ya mencionado anteriormente - que dio lugar a la fase de laissez-fare (1890/1937) de la Corte Suprema de los Estados Unidos, marcada por el uso de la cláusula de debido proceso sustancial como una forma de controlar la constitucionalidad de las primeras manifestaciones de la legislación social, debe recordarse que este caso no solo fomentó, en la doctrina estadounidense, críticas a la judicial review basada en el argumento contramayoritario, sino que también dio lugar a la llamada postura de autocontrol [self restraint] de los jueces constitucionales en todos los casos en los que fuese imposible encontrar una respuesta más o menos clara en la Constitución (Monaghan, 1983). Esta postura de autocontrol, que obviamente nunca hizo desaparecer la judicial review, está relacionada con la idea de limitar el control de la constitucionalidad para apartarla del poder de definir el significado de las disposiciones constitucionales en casos de desacuerdos esenciales sobre cuestiones éticas, morales, religiosas y de ideología política, sobre la cual los desacuerdos entre los jueces constitucionales no son menos intensos que los presentes en el seno social. Considerando, por ejemplo, el problema relacionado con la necesidad de desarrollar estudios e investigaciones científicas sobre las células embrionarias, que refleja profundos desacuerdos éticos y religiosos, no es apropiado admitir la intervención del Poder Judicial para decidir si los embriones tienen derecho o no al derecho a la vida, ya que en un colegiado compuesto por jueces cristianos (la persona aparece desde el primer momento de la concepción), judíos (la persona aparece después de 40 días después de la fertilización) y ateos (importa el nacimiento) el resultado simplemente reflejaría concepciones muy personales antes de la llegada del caso a la Corte, sirviendo solo como un espejo (ciertamente ilusionista, en vista de la composición aleatoria de la Corte) ante el desacuerdo presente en la sociedad. Ahora, si tal desacuerdo puede resolverse contando los votos, dejemos que los votos a considerarse sean los del pueblo y sus representantes en el Parlamento, pero no de algunos jueces. Luiz Guilherme Marinoni �66 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Por lo tanto, en el caso de que el Tribunal Federal Supremo se enfrente a una alegación de inconstitucionalidad de la ley en la que el problema a resolver consista únicamente en un problema moral, religioso, etc. objeto de una intensa y clara controversia en la sociedad, es apropiado preservar la ley, reconociendo expresamente la importancia de los argumentos que se oponen a ella, y dar la oportunidad para la profundización del debate popular y para la futura y eventual revisión de la ley en el Parlamento. (Ferreres Comella, 2012) Finalmente, cuando se alega la omisión del Parlamento, es necesario diferenciar las hipótesis en las que existe el deber de proteger normativamente el derecho fundamental junto con una omisión legislativa inequívoca de las situaciones en las que existe un fuerte disenso en la sociedad sobre la oportunidad de la decisión parlamentaria que se reclama, legitimara la ausencia o falta de ley. V. CONTROL DE LA OMISIÓN Y DE LA INSUFICIENCIA DE PROTECCIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL Se podría suponer que un discurso que cuestione la supremacía judicial basada en los valores de la democracia sería inequívocamente contrario al control de la inconstitucionalidad por omisión o tutela insuficiente, aún más cuando ese control va más allá de la declaración de omisión o insuficiencia para imponer la forma o medios necesarios para la protección de un derecho fundamental. Resulta que decir que el Poder Judicial no debería tener la última palabra sobre ninguno de los temas relacionados con los derechos fundamentales no es en absoluto contradictorio con la posibilidad de que el Juez pueda compensar la falta o insuficiencia de protección legal bajo un derecho fundamental. Canaris, al abordar la cuestión de la repercusión de los derechos fundamentales en los particulares, se basa en el artículo 1er, n. 3, de la Ley Fundamental alemana, que establece que los derechos fundamentales obligan, como un derecho inmediatamente en vigor, al legislador y los tribunales. Luego propone la distinción entre efectividad inmediata y efectividad inmediata, señalando que los destinatarios de las normas de derechos fundamentales son solo el Estado y sus órganos, pero no los sujetos del derecho privado (Canaris C.-W. , 2003). En esta línea, advierte que los objetos de control de acuerdo con los Tutela judicial colectiva, derechos fundamentales y democracia (entre balance y proporcionalidad). pp. 55-82 �67 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx derechos fundamentales son solo regulaciones y actos estatales, es decir, sobre todo leyes y decisiones judiciales, pero no actos de sujetos de derecho privado, es decir, negocios jurídicos y actos ilícitos. (Canaris C.-W. , 2003) Como el Estado es el destinatario de los derechos fundamentales, para Canaris la actividad del legislador y el juez no puede entenderse como una eficacia inmediata en los individuos (Canaris C.-W. , 1989). O, mejor dicho, no existe una efectividad inmediata o directa para los particulares, sino efectividad a través de la intermediación de la ley y el juez. Canaris no niega que la decisión del juez, como destinatario de los derechos fundamentales, tenga un efecto en las relaciones entre las personas, pero afirma que esto ocurre de forma mediata (Canaris C.-W. , 2003). Como la doctrina de Canaris fue influenciada por la Constitución alemana, su preocupación era dejar en claro que los derechos fundamentales son vinculantes para el legislador y el juez, aunque pueden tenerse en cuenta para la definición de disputas que involucran a individuos. De hecho, el razonamiento de Canaris está vinculado a una premisa que le impide ir más allá de ese punto. En la visión tradicional del derecho constitucional alemán, compartido por el autor, cuyo hito principal es la decisión del Tribunal Constitucional Federal en el caso Lüth, los derechos fundamentales solo caracterizan los derechos subjetivos que pueden ser reclamados por sus titulares cuando aparecen como prohibiciones de intervención y derechos de defensa. Esto no ocurre cuando se trata de la tutela y los deberes de protección. En este último caso, solo se vislumbran los deberes objetivos del poder público, a los que no corresponden los derechos subjetivos de los individuos. No es casualidad que Canaris utilice, en un caso, el derecho de expresión (derechos de defensa) y, en el otro, el deber de expresión (deberes de protección). Detrás de esta nomenclatura se encuentra la tesis de que la Constitución garantiza a los individuos solo derechos originarios negativos, de abstención estatal, y no derechos originarios positivos, derechos de beneficio por parte del Estado. Estos últimos la Constitución los consagra solo por medio de principios objetivos, que imponen deberes al Estado, legisladores, administradores y jueces sin que sean requeridos por sus propios beneficiarios. Por lo tanto, una vez que la vinculación de los particulares a los derechos fundamentales se basa en la tutela y los deberes de protección, la posibilidad de que los derechos fundamentales regulen directamente las relaciones privadas queda automáticamente excluida. Luiz Guilherme Marinoni �68 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Es importante aclarar que, según el derecho brasilero, el impacto directo de los derechos fundamentales en las relaciones privadas debe ser aceptado independientemente de la acción judicial.6. El propio Canaris reconoce que “evidentemente es posible que la propia Constitución establezca la aplicación inmediata de un derecho fundamental en las relaciones entre individuos”, recordando, como ejemplo, el artículo 9, III, 2, de la Constitución alemana, en la que se declaraba expresamente la nulidad de los acuerdos para restringir la libertad de coalición de empleados y empleadores (Canaris C.-W. , 2003). El problema es que las reglas de los derechos fundamentales no definen la forma, el modo y la intensidad con la que un individuo debe ser protegido en relación a otro. Como base de tales deberes de protección, los derechos fundamentales sin duda regulan el “si” y, con esto, también el requisito de salvaguarda efectiva. Sin embargo, no dicen nada sobre “cómo”. Al respecto, o qué medidas deben tomarse para cumplir con el deber de protección, la Constitución no contiene regulaciones, o solo tiene disposiciones fragmentarias. La decisión sobre cómo debe cumplirse un deber de protección es, por lo tanto, un asunto de los órganos competentes, principalmente el legislador (Hesse, 1998). Pero, cuando es incuestionable que un individuo privado debe realizar o dejar de hacer “algo” para que se respete el derecho fundamental, no hay nada que impida su observancia inmediata, incluso a través de acciones legales. Un problema relacionado radica en el hecho de que la ley sigue por debajo de la medida de protección ordenada por la Constitución. Aquí, también, se puede decir que la legislatura también viola un derecho fundamental en su función como comando de tutela. En vista de la protección insuficiente del legislador, corresponde al juez, quien también es responsable del cumplimiento del deber de protección, garantizar el grado adecuado de protección del derecho fundamental. Sin embargo, la acción del juez, al proporcionar una omisión legislativa, no tiene la misma amplitud que la acción del legislador. Y no puede ser así porque es el legislador quien tiene la tarea de regular y proteger adecuadamente las situaciones que involucran derechos fundamentales, siendo el juez el único responsable de identificar y eliminar la falta o insuficiencia de la 6 La Constitución portuguesa afirma expresamente en su artículo 18, I que “los preceptos constitucionales relativos a los derechos, libertades y garantías son directamente aplicables y vinculan a las entidades públicas y privadas”. Tutela judicial colectiva, derechos fundamentales y democracia (entre balance y proporcionalidad). pp. 55-82 �69 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx conducta legislativa a través de la medida precisa que configurar la menor restricción posible. Canaris advierte que la función de los derechos fundamentales como imperativo de protección requiere, para su realización, la transposición por ley infraconstitucional. Como resultado, deja en claro que el legislador ordinario queda con un amplio margen de maniobra entre las prohibiciones de insuficiencia y exceso,7 y que este margen no es el mismo que el permitido para la intervención judicial. En este sentido, es esencial darse cuenta, con Canaris, de que la prohibición de la insuficiencia no debe confundirse con el deber de protección, sino que tiene una función autónoma en relación con este último. Estos son dos caminos argumentativos distintos, por los cuales, en primer lugar, se verifica si existe un deber de protección, y luego, en qué términos debe ser llevado a cabo por la ley ordinaria sin caer por debajo del mínimo de protección constitucionalmente requerida. Pero la consecuencia de que el juez no tenga la misma libertad de poder o margen de maniobra que el legislador es que la decisión judicial está vinculada a la regla de la necesidad y, por lo tanto, nunca puede establecer una forma de protección más allá de la que genera la menor restricción al derecho fundamental que está en el polo opuesto. Es necesario enfatizar, en vista de la experiencia con el proceso colectivo en Brasil, en el cual, sin ningún criterio legal, se alienta la figura del virtuoso fiscal y juez, que ni el titular de la acción colectiva y mucho menos el juez puede elegir la forma o medios de protección que consideran más apropiados o eficientes. Corresponde al Poder Judicial, en caso de omisión o protección insuficiente, garantizar que la protección otorgada nunca exceda “la menor restricción posible”, bajo pena de usurpar el lugar del Legislativo, produciendo una decisión ilegítima y carecer de apoyo constitucional. 7 Como dice Canaris em “Grundrechtswirkungen und Verhältnismässigkeitsprinzip in der richterlichen Anwendung und Fortbildung des Privatsrechts”, frecuentemente en el derecho privado se confrontan intereses que pueden ser garantizados como derechos fundamentales y, cuando el legislador protege a un titular de un derecho fundamental, por consiguiente, éste interviene, muchas veces al mismo tiempo en la posición de otro titular del derecho fundamental. El examen constitucional debe orientarse en dos direcciones; por un lado, la protección no debe retenerse atrás del mínimo constitucional exigido; por otro lado, no debe ser “excesivo” o sea, excedente a lo proporcional y a lo necesario. (CANARIS, Claus-Wilhelm, Grundrechtswirkungen und Verhältnismässig-keitsprinzip in der richterlichen Anwendung und Fortbildung des Privatsrechts, JuS, 1989, pp. 324 y ss). Luiz Guilherme Marinoni �70 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León VI. OMISIÓN LEGISLATIVA VERSUS SILENCIO DEL LEGISLADOR ANTE EL DESACUERDO PROFUNDO SOBRE LA CUESTIÓN DE LA QUE DEPENDE EL BALANCE ENTRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES No es posible pensar en omisión legislativa como si fuese omisión delante de derechos fundamentales que indudablemente requieren protección legislativa, en casos como los de la eutanasia, por ejemplo. Situaciones como esta pueden regularse legítimamente mediante soluciones contradictorias, según la opción política del Parlamento. Pero, cuando no están regulados por la ley, no pueden ser decididas a partir del reconocimiento de una omisión por parte del legislador. Es que no se puede hablar de falta de ley cuando hay un desacuerdo popular sobre su propia viabilidad. Se podría decir que el legislador no tiene discreción cuando se trata de derechos fundamentales que de alguna manera deben protegerse. Esto, sin embargo, es correcto solo en algunos términos. Ello es cierto cuando se tiene en cuenta un derecho fundamental sobre el que no hay dudas sobre la necesidad de una ley para proteger el derecho fundamental, como en los casos del derecho a un medio ambiente saludable y el derecho del consumidor. Pero es falso cuando la protección de la ley requiere un equilibrio que implica la resolución del desacuerdo moral que pende en la sociedad, sobre todo porque la omisión puede ser el resultado de un deseo consciente y legítimo del Parlamento. Lo que realmente importa es que hablar de omisión en estas situaciones contradice la necesidad de que el problema, en virtud de su naturaleza, se decida a partir de la discusión popular y en el Parlamento. Este es el punto que realmente importa, de modo que cualquier eventual y excepcional acusación de omisión que pudiera admitirse tendría que ir acompañada de una carga de argumentos muy pesada, capaz de disolver la presunción de que el Parlamento no actuó porque tomó una decisión política legítima. Tutela judicial colectiva, derechos fundamentales y democracia (entre balance y proporcionalidad). pp. 55-82 �71 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx VII. BALANCE ENTRE DERECHOS FUNDAMENTALES: LOS DIFERENTES MÁRGENES Y NATURALEZAS DE LAS DECISIONES DEL LEGISLADOR Y DEL JUEZ Los derechos fundamentales se expresan en las Constituciones utilizando fórmulas que contienen un alto grado de indeterminación y generalidad. Esto se debe a que las garantías como la libertad de expresión del pensamiento (art. 5, IV, CRFB8) y la libertad religiosa (art. 5, VI, CRFB), cuando se expresan lingüísticamente, son simplemente incompatibles con la posibilidad de predecir situaciones posibles, donde el derecho en sí mismo debe ceder ante una limitación frente a otros derechos o bienes fundamentales igualmente merecedores de protección. Es cierto que algunos derechos fundamentales pueden expresarse a través de fórmulas más concisas, que revelen equilibrios ya realizados por el propio constituyente, como, por ejemplo, que dice que “nadie será sometido a tortura ni a tratos inhumanos o degradables” (art. 5, III, CRFB) o lo que afirma que “la prueba obtenida por medios ilícitos es inadmisible en el proceso” (art. 5, LVI, CRFB). Nótese que el constituyente, al escribir el artículo III del art. 5, para evitar disputas interpretativas sobre el concepto de tortura agregó la prohibición de “tratos inhumanos o degradables”, pero la prohibición de pruebas ilegales “en el proceso” no disipa la cuestión de si es posible, en procedimientos civiles, utilizar pruebas ilícitas para la protección de otro derecho fundamental o bien digno de protección. Los derechos fundamentales, aunque en algunas ocasiones pueden tener una mayor fuerza de “carácter definitivo” debido a los equilibrios realizados por el propio constituyente, con el objetivo de eliminar, como consecuencia, la interferencia del legislador ordinario, están marcados por una autorización implícita, tanto más o menos evidente - para su restricción o limitación –. Esto se debe al hecho de que los derechos fundamentales están diseñados naturalmente para colisionar entre sí y con otros bienes o valores que merecen la misma protección. Por lo tanto, el equilibrio entre los derechos fundamentales no solo es frecuente, sino necesario y, por lo tanto, legítimo. El legislador establece continuamente un equilibrio entre 8 CRFB: Constitución de la República Federativa del Brasil. Luiz Guilherme Marinoni �72 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León los derechos fundamentales y los bienes dignos de protección. Es correcto decir, además, que la regulación y coordinación de intereses potencialmente conflictivos es una de las tareas típicas del Parlamento.9 Además, es seguro que, si el juez no tiene el poder de elegir el mejor medio para proteger los derechos fundamentales, ni el deber de resolver los conflictos que involucran desacuerdos morales intensos, puede equilibrar los derechos, como el derecho a la libertad de prensa y el derecho al honor – para resolver un caso conflictivo en ausencia de cualquier disciplina legal–.10 Para que el Parlamento pueda equilibrar los derechos fundamentales y bienes, es importante debatir entre los grupos, la audiencia de expertos y el análisis de la investigación destinada a aclarar los hechos, con opiniones y pronunciamientos de categorías representativas, colegios profesionales y autoridades administrativas. El Parlamento, en estas ocasiones, se enfrenta a opciones abstractamente posibles y legítimas, siendo que la decisión parlamentaria podrá representar la voluntad de la mayoría o incluso un compromiso entre la mayoría y la oposición, pero siempre una opción política legítima del Poder estatal, cuya incumbencia es precisamente coordinar y regular eventuales desajustes entre los derechos fundamentales.11 Pero es importante recordar que, si bien el legislador ostenta un amplio margen de maniobra entre las prohibiciones de la insuficiencia y el exceso en la protección de los derechos fundamentales, el juez solo tiene el control de la insuficiencia y el exceso. Nada más, como explica Canaris.12 Como ya se dijo, el juez, en una acción colectiva, no puede elegir la forma de protección de un derecho fundamental, sino solo determinar la forma de protección que configura la menor restricción posible. Algo que haga ver más que eso es suficiente para que la decisión judicial sea ilegítima. Así, por ejemplo, si el derecho fundamental al medio ambiente no está protegido por ley contra una forma específica y particular de agresión ambiental, el 9 PINO, Giorgio, Diritti e interpretazione, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 180 y ss. 10 Como dice Riccardo Guastini, la ponderación no es una operación estrictamente interpretativa. La ponderación, al final, “no tiene como objetivo la atribución de significado a las disposiciones que expresan principios en conflicto, sino que constituye un juicio de valor comparativo” (GUASTINI, Riccardo, Teoría e ideología de la interpretación constitucional, Trotta, Madrid, 2010, p. 91). No obstante, precisamente, la ponderación puede ser vista como una actividad y como un producto, siendo este último la expresión del juicio formado a partir del desarrollo de la actividad de ponderar. 11 PINO, Giorgio, op. cit., p. 180. 12 CANARIS, Claus-Wilhelm, Direitos fundamentais e direito privado, op. cit., p. 332. Tutela judicial colectiva, derechos fundamentales y democracia (entre balance y proporcionalidad). pp. 55-82 �73 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx juez obviamente no puede prohibir la continuación de la actividad comercial cuando la determinación de hacerlo es suficiente para evitar la continuación de la violación. Sin embargo, el Estado también tiene el deber de proteger los derechos fundamentales mediante beneficios fácticos. En este caso, se hace referencia al deber del Estado de hacer posible el disfrute y el acceso a los derechos o bienes fundamentales para el desarrollo de la vida humana, estrictamente a aquellos que no tienen propias condiciones financieras para acceder a ellos. Además de estar sujeto a lo políticamente oportuno y apropiado, el deber de tutela aún encuentra un obstáculo en la llamada “reserva de lo posible”. Ningún juez, en una acción colectiva, puede ordenar al Estado que haga o entregue algo sin una determinación normativa previa, a menos que pueda demostrar racionalmente que la omisión, además de negar un derecho fundamental, está causando un daño insoportable y al mismo tiempo grave a las personas. Si la reserva de lo políticamente oportuno y adecuado no evitaría que el juez ordene o haga “lo mínimo” para el disfrute del derecho fundamental, la coordinación y gestión del gasto público es algo que, en principio, no puede ser eliminado del poder político y entregado al Poder Judicial. Vale la pena decir que, en una acción colectiva, la legitimidad de la decisión que determina la construcción de una obra o la entrega de medicamentos está subordinada a la demostración de i) la existencia de un derecho fundamental al que no se puede acceder fácilmente a través de los patrimonios financieros de las personas; ii) el incumplimiento por parte del Estado de proporcionar acceso al derecho fundamental, iii) daños insoportables y graves debido a la imposibilidad de acceso al derecho fundamental; iv) el deber del Estado de utilizar el dinero público para hacer factible el ejercicio de los derechos fundamentales; y v) determinación de la medida menos perjudicial. Finalmente, es realmente importante darse cuenta de que los diferentes límites impuestos a las decisiones del legislador y el juez se derivan de la naturaleza diversa del poder que ejercen ambos. La legislatura tiene el poder de elegir entre varias medidas que sean apropiadas y apropiadas de acuerdo con las opciones políticas y culturales de los parlamentarios y, sobre todo, debe ser consciente de cómo el administrador puede y quiere gastar dinero, sin dañar los derechos fundamentales. Luiz Guilherme Marinoni �74 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Sin embargo, el Poder Judicial no ejerce el poder político, no es políticamente responsable, y por eso no tiene el espacio para elegir lo que considera mejor o más apropiado, ni siquiera para definir qué es lo que más necesita la población y cuánto implica monetariamente. Le cabe, para proteger un derecho fundamental, determinar la medida menos dañina posible y hacer posible el acceso a un derecho, y antes de decidir también imponer la medida menos dañina, analizar si realmente existe un derecho fundamental que no está siendo disfrutado por las personas o si el ejercicio de este derecho es esencial para evitar daños insoportables y graves y si el Estado tiene el deber de gastar sus recursos para hacer posible el ejercicio del derecho fundamental. VIII. EL CONTROL DE LA LEY QUE REALIZA EL BALANCE ENTRE DERECHOS FUNDAMENTALES: LA PROHIBICIÓN DEL META-BALANCE Y EL LUGAR DE LA PROPORCIONALIDAD No hay duda de que el legislador está obligado sin mediación a los derechos fundamentales.13 Pero eso no significa que pueda regularlos sin ninguna medida o límite. Cuando lo hace, la ley es inconstitucional. Pero esto es así porque el legislador viola la prohibición del exceso o presenta tutela insuficiente. Ciertamente, esto no significa que una ley que equilibre los derechos fundamentales solo pueda decirse que es inconstitucional cuando hay protección excesiva e insuficiente. Se puede decir que una ley es inconstitucional, a cierta distancia de estas últimas reglas de control, cuando la justificación de la restricción difiere de lo que es razonable o racional en términos constitucionales y, por lo tanto, la restricción es arbitraria o abusiva. Así, por ejemplo, la ley que prohíbe la venta de libros con contenido que cuestiona la conducta de las autoridades públicas o que expone y defiende ciertas conductas personales o posiciones ideológicas o religiosas – ciertamente desagradables para la mayoría –. Fuera de eso, después de sopesar al legislador, no hay razón para diferir al juez una oportunidad para un nuevo equilibrio, dirigido a una nueva oportunidad de elección u opción, siempre capaz de ser fácilmente dicha o más adecuada, pero nunca susceptible a demostrarse como tal de manera 13 CANARIS, Claus-Wilhelm, Direitos fundamentais e direito privado, op. cit., pp. 238-239. Tutela judicial colectiva, derechos fundamentales y democracia (entre balance y proporcionalidad). pp. 55-82 �75 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx objetiva o libre de subjetividad, aún más cuando el control de constitucionalidad se otorga a cualquier juez y puede reflejarse en una decisión que produce res judicata erga omnes o ultra partes, como las que protegen intereses difusos y colectivos. Teniendo en cuenta las leyes que restringen los derechos fundamentales en nombre de una justificación constitucional e insospechada, no hay compatibilidad entre el reequilibrio judicial (o meta-balance) y la democracia. En situaciones de equilibrio legislativo anterior de derechos fundamentales, como dice Jorge Reis Novais, “un juez que cumple con los límites de la función judicial, naturalmente, tiende a no hacer inviables las decisiones tomadas por el poder político democráticamente legítimo, siempre que no parezcan evidentes o contrarias a los valores constitucionales”.14 Esto es especialmente cierto en caso de desacuerdos morales, leyes para proteger los derechos fundamentales y leyes diseñadas para hacer viable el acceso a los derechos fundamentales, que, por regla general, además de proteger los derechos, requieren el gasto de dinero público. Para Pino, en los conflictos indirectos – es decir, aquellos ya mediados por una norma legislativa del conflicto – junto con los derechos de colisión, la solución legislativa del conflicto también es importante, lo que significa que la renovación del equilibrio no debe tener en cuenta solo los derechos en conflicto, sino también el principio democrático, el principio de legalidad, el principio de certeza, etc., que contribuyen a dar mayor peso a la norma legislativa del conflicto, es decir, a la ley.15 Frente al peso que le da a la solución del legislador, reforzada por los principios mencionados anteriormente, Pino termina sin admitir un reequilibrio real de los derechos. Y esto se vuelve más claro cuando dice que, en el caso de conflictos indirectos, la técnica utilizada para desarrollar el meta-balance es la prueba de proporcionalidad, y agrega que “un buen equilibrio es un equilibrio que no determina un sacrificio desproporcionado a un los dos derechos o principios en conflicto”.16 Como podemos ver, el problema está en saber cuál es la sustancia del razonamiento judicial y la conclusión que se llama meta-balance. Ahora, Pino dice textualmente que el 14 REIS NOVAIS, Jorge, op. cit., p. 247. 15 “nel meta-bilanciamento i due diritti o principi in conflitto non sono su un piede di parità: il fatto che uno dei diritti o principi in conflitto sia già stato considerato recessivo da parte del legislatore condiziona lo svolgimento del meta-bilanciamento” (PINO, Giorgio, op. cit., p. 203). 16 Ibídem, p. 204. Luiz Guilherme Marinoni �76 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León equilibrio se lleva a cabo a través de la proporcionalidad y, al mismo tiempo, hace uso de la conocida estructura tridimensional de proporcionalidad,17 es decir, de las tres fases o subreglas en las que se le pregunta al respecto) adecuación (para algunos, idoneidad); ii) necesidad y iii) proporcionalidad en sentido estricto, en términos del ya extendido lenguaje alexyano. Resulta que la proporcionalidad, en el caso de un equilibrio legislativo previo, no puede darle al juez la oportunidad de reequilibrar los derechos en conflicto, máxime después de que se constató que las pruebas de necesidad e idoneidad fueron superadas. La teoría de los derechos fundamentales como principios, debida a Alexy,18 al insertar la proporcionalidad en sentido estricto como una tercera prueba, después de haber superado las de idoneidad y necesidad, le da al juez el poder de negar el equilibrio ya realizado por el legislador basado en una gran subjetividad19. En un caso de acción de clase, el juez no puede negar una elección política legítima del legislador. Por lo tanto, no puede rechazar, por ejemplo, i) la prohibición o aprobación de la instalación de baños para el tercer género en las escuelas públicas; ii) la admisibilidad o prohibición de los hospitales públicos para llevar a cabo transfusiones de sangre, lo cual es esencial para mantener la vida, cuando el paciente o sus familiares lo rechazan por razones religiosas; iii) la prohibición de ciertas investigaciones científicas con embriones, basadas en el derecho a la vida; iv) determinar el uso de ciertos equipos, y no otros, para la protección de los trabajadores que realizan ciertas actividades; v) la distribución gratuita de ciertos medicamentos, y no otros, a la población necesitada. Por lo tanto, si por un meta-balance de derechos fundamentales se entiende aquella práctica que le da al juez el poder de elegir nuevamente entre las formas para la regulación de la vida social, entre los medios para proteger los derechos fundamentales y entre las formas de permitir que sean accesibles para las personas, el Poder Judicial tiene prohibido hacerlo. Y todavía: la proporcionalidad, en esta situación, no debe confundirse 17 Ibídem, pp. 205-206. 18 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002; ALEXY, Robert, Constitutional rights, balancing and rationality, Ratio Juris, v. 16, n. 2, 2003. 19 Como escribe Jorge Reis Novais, al contrario de la opinión que prevalece en la doctrina, particularmente en la que está de acuerdo con la teoría de los conflictos fundamentales como principios, no solo es incorrecto identificar la proporcionalidad con ponderación, sino que no es adecuado entender que la ponderación pueda ser una tercera fase de la proporcionalidad, como sustentan los que siguen la teoría de Alexy. (REIS NOVAIS, Jorge, op. cit., p. 249). Tutela judicial colectiva, derechos fundamentales y democracia (entre balance y proporcionalidad). pp. 55-82 �77 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx con el equilibrio, sino que debe usarse solo para el análisis y la verificación del posible exceso en la superposición de un derecho sobre el otro, aunque el valor de los derechos fundamentales en conflicto de alguna manera pueda ser considerado para la aplicación de estas reglas. En el control judicial de la ponderación legislativa el problema no está en razonar para llegar a una conclusión sobre la colisión entre los bienes, sino en verificar si la medida que definió el legislador al equilibrarlos es desproporcionada y, por lo tanto, inconstitucional. Especialmente porque, como escribe Reis Novais, cuando hay un caso relativamente difícil o complejo, una situación en la que la aplicación de una teoría adecuada de los derechos fundamentales parece necesaria, “la simple ponderación de los activos no permite, en principio, ninguna conclusión verificable intersubjetivamente. “Esto es así” porque cualquiera de los bienes tiene, en resumen, una relevancia que permite, sin un gran esfuerzo de razonamiento, justificar la preferencia por uno u otro resultado”.20 Sin embargo, queda un problema más, en relación con lo que el juez puede hacer al aplicar las reglas de prohibición del exceso y la protección insuficiente. Al analizar la prohibición del exceso, ¿está el juez autorizado solo a verificar que no haya otra medida que, también adecuada, sea menos restrictiva? Y en caso de prohibición de insuficiencia ¿debería el juez analizar únicamente si la medida definida en la ley es insuficiente porque existe otra medida adecuada? O en cualquiera de estas situaciones (prohibición de exceso e insuficiencia), ¿el juez puede considerar la medida impuesta por la ley en relación con otra en vista de la cantidad de pérdida de beneficios presentada por uno y otro y, por lo tanto, no aplica la disposición legislativa, incluso si no hay otro menos restrictivo o realmente adecuado, pero el beneficio o la pérdida impuesta por la ley es extremadamente alto y, por lo tanto, desproporcionado frente a medidas alternativas? El pronóstico de demolición frente a una fábrica que produce desechos contaminantes es claramente excesivo cuando se puede detener la contaminación instalando filtros. Del mismo modo, la disposición para el uso de equipos de protección desprovistos de la capacidad de proteger al trabajador en el entorno particular en el que trabaja es indudablemente 20 REIS NOVAIS, Jorge, op. cit., pp. 247-248. Luiz Guilherme Marinoni �78 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León insuficiente, lo que abre la oportunidad de exigir al empleador que suministre el equipo adecuado. Por otro lado, no es apropiado determinar, en una decisión emitida en una acción colectiva, que el empresario instale filtros anticontaminantes que serían más adecuados que otros, igualmente adecuados en términos de requisitos legales o autoridad administrativa. En principio, la medida tampoco puede ser excesiva ya que, aunque es más restrictiva que otra, es la única capaz de proteger la ley ambiental. Sin embargo, si el legislador previese, por casualidad, frente al derecho al medio ambiente y al derecho a la propiedad, la posibilidad de utilizar tutelas inhibitorias, tutelas inhibitorias anticipadas (que pueden otorgarse antes de la contestación del demandado) y de tutela resarcitoria, no sería posible afirmar que la medida cautelar es desproporcionada al argumento de que la tutela resarcitoria traería menor restricción al derecho de propiedad. La protección inhibitoria es obviamente esencial para la protección del derecho al medio ambiente y, en general, de los derechos no patrimoniales. Por lo tanto, negar una medida inhibitoria frente a una tutela resarcitoria, en este caso, es simplemente negar la protección jurisdiccional a un derecho fundamental, fallando de esta manera en proteger tanto el derecho al medio ambiente como el derecho a una protección judicial efectiva. Y ni siquiera sería posible negar la posibilidad de una tutela inhibitoria antes de la audiencia del acusado, bajo el argumento no solo de restringir el derecho a la propiedad, sino también de limitar el derecho al contradictorio (art. 5, LV, CRFB). Es que la tutela inhibitoria inaudita altera part es indispensable para la protección de los derechos que no pueden esperar el tiempo necesario para la contestación o contradicción, lo que constituye postergación del contradictorio, en hipótesis, una forma indispensable para la realización del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.21 21 No hay cómo imaginar que las tutelas anticipadas de inhibición y de remoción del ilícito siquiera puedan tener como presupuesto la probabilidad de daño, no obstante, el art. 300 del Código de Proceso Civil (CPC) use exactamente esta expresión para definir los requisitos para el requerimiento de tutela anticipada. Eso no solo porque el derecho material obviamente se impone sobre las fórmulas procesales, sino también por la circunstancia de que el legislador muchas veces imagina que puede diseñar técnicas procesales neutras en relación a las necesidades del derecho sustancial. Déjese claro que la tutela inhibitoria anticipada requiere la probabilidad de la práctica de acto contrario al derecho, al paso que la tutela de remoción anticipada requiere la probabilidad de que un acto contrario al derecho ya haya sido practicado. Véase: MARINONI, Luiz Guilherme, Tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito, 7ª. ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2019. Tutela judicial colectiva, derechos fundamentales y democracia (entre balance y proporcionalidad). pp. 55-82 �79 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx Esta forma de razonamiento abierta al juez, diferente de la realizada para el logro de pruebas de aptitud y necesidad, como etapas de proporcionalidad alexyana, aunque no se limita a la posibilidad de señalar que una medida no es adecuada (insuficiente) o no es necesaria (excesiva), no es un equilibrio o balance entre bienes o derechos. IX. CONCLUSIONES El tema del contramayoritarismo tiene importancia para el ajuste del poder de control de constitucionalidad, impidiéndose, así, la sobreposición del Poder Judicial sobre el Parlamento en situaciones conflictivas con la teoría democrática. En esa perspectiva, los desacuerdos intensos de naturaleza ética, moral, religiosa y de ideología política, al pertenecer al pueblo, no deben ser resueltos, revisados o invalidados por aquellos que no tienen responsabilidad directa ante la populación. Del mismo modo, las opciones o elecciones políticas que deben ser hechas por el legislados para la protección y la promoción de los derechos fundamentales no pueden ser realizadas por el Juez, ni siquiera en casos de omisión o insuficiencia de protección al derecho. De cualquier forma, un discurso que cuestiona la supremacía judicial con base en los valores de democracia no es incompatible con el control de inconstitucionalidad por omisión o insuficiencia de tutela. Al final, sustentar que el Poder Judicial no debe dar la última palabra sobre toda y cualquier cuestión que involucra derechos fundamentales no contradice la posibilidad de que el juez pueda suprimir la falta o insuficiencia de protección legal a un derecho fundamental. La diferencia de margen entre las decisiones del legislador y del juez deriva de la diversa naturaleza del poder ejercido por ambos. El legislador puede optar entre varias medidas aptas y adecuadas conforme a sus opciones políticas y culturales y debe estar atento al modo cómo el administrador puede y desea gastar el dinero. El juez, no obstante, ni siquiera puede ser responsabilizado políticamente y, por ello mismo, no tiene a su disposición espacio para escoger lo que repute ser mejor o más adecuado, ni para definir lo que la población necesita o el dinero que ello comporta. Luiz Guilherme Marinoni �80 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León El Poder Judicial, para proteger un derecho fundamental, puede apenas determinar la medida de menor lesividad y, para viabilizar el acceso a un derecho y antes de igualmente optar por la medida menos lesiva, analizar si efectivamente existe un derecho fundamental que no puede ser disfrutado por las personas, si el ejercicio de este derecho es imprescindible para evitar un perjuicio grave y si el Estado tiene el deber de dirigir sus recursos para tornar factible el ejercicio del derecho fundamental. Además, y por consecuencia de la propia diversidad del poder ejercido por el Legislativo y el Judicial, el juez no debe pensar y fundamentar su decisión basado en datos desvinculados de las reglas y principios jurídicos. Argumentos que apelan a la insensibilidad política de los parlamentarios y de los administradores públicos y que expresan preocupaciones cargadas de fuerza ideológica no pueden dar fundamentación a la decisión judicial, bajo pena de eventual nulidad o, cuando ello no ocurre, de ejercicio inadecuado del poder. Frente a la ley que restringe el derecho fundamental puede haber incompatibilidad entre el meta-balance judicial y la democracia. Al lado de las leyes basadas en justificativas inconstitucionales o sospechas de ello, el juez no puede efectuar nuevamente el balance ya realizado por el legislador. Controlar la ponderación legislativa lejos está de balancear o equilibrar para optar entre uno de los derechos en colisión, resumiéndose especialmente a pensar para verificar si la medida que el legislador definió al equilibrarla es desproporcional. La permisión para el control de proporcionalidad a partir de la consideración de los beneficios-prejuicios traídos por la medida impuesta por el legislador y por otra eventual medida que sería adecuada no otorga al Judicial el poder para repetir el balance o equilibrio ya realizado por el Legislativo. En realidad, esta forma de razonamiento abierta al juez no es un equilibrio entre bienes o derechos. De ello la necesidad de distinguir entre meta-balance y proporcionalidad para situar mejor las relaciones entre el Legislativo y el Judicial, evitando así que las decisiones que tutelan intereses transindividuales sobrepasen los límites de la relación armónica entre los derechos fundamentales y la democracia. Tutela judicial colectiva, derechos fundamentales y democracia (entre balance y proporcionalidad). pp. 55-82 �81 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx TRABAJOS CITADOS Alexy, R. (2002). Teoría de los derechos fundamentales. 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Docente e investigador en la UANL y asesor en el Senado de la República, la Comisión Estatal Electoral Nuevo León y el Instituto Nacional Electoral, además de diversas instituciones académicas públicas y privadas y gubernamentales. Actualmente, es Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León. Correo electrónico: aram.gzz.rmz@gmail.com b ORCID: https://orcid.org/0009-0007-6719-3838 Universidad Autónoma de Nuevo León, México Licenciado en Derecho y Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Maestro en Derecho Fiscal y Finanzas Públicas por la UANL. Político y abogado experto en finanzas y administración pública. Se ha desempaño en el ámbito público y privado, destacando su labor como Subsecretario del SAT Nuevo León y Secretario de Medio Ambiente de la misma entidad federativa. Actualmente es alcalde del municipio Benito Juárez, Nuevo León. Correo electrónico: felixarratia1@gmail.com a Cómo citar Luiz Guilherme Marinonia González Ramírez, A. M., & Arratia Cruz, F. G. El federalismo fiscal y los retos de la política fiscal subnacional en México. Nomos: Procesalismo Estratégico, 2(4). Recuperado a partir de https://revistanomos.uanl.mx/index.php/revista/article/view/39 �84 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León RESUMEN El federalismo fiscal permite llevar a cabo compromisos organizacionales entre los diversos ámbitos gubernamentales en lo referente a las finanzas y el gasto públicos, lo que a su vez facilita su descentralización y fomentar la participación para garantizar una óptima administración del gasto. Como modelo de gestión de recursos financieros y toma de decisiones, el sistema de federación fiscal ayuda a la distribución de poderes entre el gobierno central y los gobiernos regionales. PALABRAS CLAVE: Descentralización fiscal, federalismo fiscal, ordenamiento fiscal, pacto fiscal, sistema de federación fiscal, tributación. ABSTRACT Fiscal federalism allows for organizational compromises between the various governmental spheres in terms of public finances and spending, which in turn facilitates their decentralization and encourages participation to ensure optimal expenditure management. As a model of financial resource management and decision making, the fiscal federation system helps the distribution of powers between the central and regional governments. KEYWORDS: Fiscal decentralization, fiscal federalism, fiscal order, fiscal pact, fiscal federation system, taxation. FEDERALISMO FISCAL El federalismo fiscal es un concepto clave en la organización política y fiscal de los estados modernos. En términos generales, se refiere a la asignación de compromisos fiscales entre distintos ámbitos de gobierno, lo que incluye tanto la recaudación de impuestos como el gasto público. En un sistema federal, como el que existe en muchos países, hay varias capas de gobierno, desde el central hasta los locales y regionales. Cada uno de estos ámbitos tiene cierta El federalismo fiscal y los retos de la política fiscal subnacional en México. pp. 83-108 �VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx 85 autonomía para decidir la clase de impuestos a recaudar y las maneras de gastar el dinero y financiar su propio presupuesto. El federalismo fiscal tiene como objetivo encontrar un equilibrio entre el desempeño de la autonomía y la relación entre diferentes ámbitos de gobierno (Ramírez Pineda, 2020). El federalismo fiscal tiene asimismo otros objetivos, como garantizar que los recursos estén disponibles para los gobiernos regionales y locales más cercanos a los ciudadanos, y una mayor capacidad de responder a sus necesidades específicas, lo que implica descentralizar el gasto público y desarrollar una colaboración entre gobiernos regionales y locales para la toma de decisiones sobre dicho gasto (Baskaran & Blesse, 2021). Otro objetivo del federalismo fiscal consiste en asegurar que los gobiernos locales tengan suficientes recursos para financiar sus propias funciones y responsabilidades, lo que conlleva una cierta capacidad de recaudación de impuestos y una participación adecuada en la distribución de los recursos fiscales generales, lo que implica a su vez que los gobiernos centrales establezcan un sistema justo y equitativo de distribución de recursos (Cordero & Santín, 2019). Sin embargo, el federalismo fiscal también puede causar problemas a los gobiernos locales y regionales, como una capacidad limitada para recaudar impuestos, lo que les hacer depender demasiado de las transferencias fiscales del gobierno central y ocasiona falta de responsabilidad fiscal y una gestión deficiente del gasto público (Ramírez Pineda, 2020). Otro problema proviene de la relación entre los diferentes ámbitos gubernamentales. En algunos casos puede haber conflictos entre gobiernos centrales y regionales sobre la toma de decisiones y la manera de distribuir los recursos, lo que genera ineficacia en el sistema y una mala gestión del gasto público. Para resolver estos problemas, es necesario disponer de un marco fiscal claro y transparente que asigne responsabilidades y derechos a cada ámbito de gobierno; también es importante contar con mecanismos efectivos de conexión y diálogo entre dichos ámbitos. La comunicación abierta y la cooperación se vuelven de importancia fundamental para garantizar que el federalismo fiscal funcione de manera efectiva y eficiente. En muchos países el federalismo fiscal es un tema de gran importancia y debate. Hay posturas que sostienen que la descentralización del gasto público y la participación de Aram Mario González Ramírez y Félix Guadalupe Arratia Cruz �86 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León los gobiernos regionales y locales son esenciales para garantizar la eficacia y eficiencia en la administración del gasto público. Otros argumentan que la descentralización fiscal ocasionaría fragmentación y una mayor inequidad entre las diferentes regiones del país. En conclusión, el federalismo fiscal es un tema complejo que requiere una consideración cuidadosa de los objetivos y las implicaciones de la descentralización fiscal. DESCENTRALIZACIÓN Se trata de un proceso mediante el cual se transfieren responsabilidades y autoridad de un ámbito central de gobierno a sus homólogos regionales y locales. La descentralización implica la transferencia de poder político, económico, administrativo y fiscal con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos y en la toma de decisiones. La descentralización se puede catalogar de acuerdo con el grado de autonomía que se otorgue a los ámbitos inferiores de gobierno. Uno de los tipos más comunes es la descentralización de ciertas funciones administrativas del gobierno central a los gobiernos locales y regionales. Otra forma es la descentralización fiscal, caracterizada por la transferencia de responsabilidades y recursos financieros a estos gobiernos subnacionales para que financien sus propios proyectos y programas (Cordero & Cristóbal, 2015; MartinezVazquez & Timofeev, 2013). La descentralización administrativa puede lograr varios beneficios. Por ejemplo, permitir que los gobiernos locales y regionales tomen decisiones más eficaces y eficientes, ya que están más cerca de las necesidades y demandas de los ciudadanos; además, se puede mejorar la calidad de los servicios públicos, ya que estos ámbitos de gobierno son capaces de adecuar sus servicios a las necesidades específicas de sus comunidades; asimismo, la descentralización administrativa fomenta la participación ciudadana y la rendición de cuentas al permitir que las personas tengan mayor control de las decisiones que afectan sus vidas. La descentralización fiscal también aporta beneficios importantes, por ejemplo, regenerar la eficiencia en la prestación de servicios públicos al permitir que los gobiernos locales y El federalismo fiscal y los retos de la política fiscal subnacional en México. pp. 83-108 �VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx 87 regionales tengan mayor control sobre los recursos que reciben y puedan utilizarlos de manera más efectiva. También optimiza la equidad en las distribuciones de recursos al gestionar que las zonas más pobres reciban una mayor proporción de recursos fiscales. Sin embargo, la descentralización también ocasiona algunos desafíos y riesgos. Por ejemplo, genera desigualdades entre diferentes regiones, ya que algunas disponen de más recursos y capacidad para aprovechar los beneficios de la descentralización, y ocasiona una mayor complejidad en la coordinación entre distintos ámbitos de gobierno por la falta de coherencia en las políticas públicas. Para abordar estos desafíos, es importante que la descentralización se implemente de manera planificada y coherente. Se deben establecer marcos jurídicos y políticos claros para garantizar la cooperación y coordinación entre diversos ámbitos de gobierno, así como para implantar mecanismos efectivos de evaluación y seguimiento que permitan garantizar que la descentralización logre sus objetivos y no genere efectos negativos. La descentralización es un tema de gran importancia y debate en muchos países; en algunos se argumenta que es esencial para garantizar la democracia y la participación ciudadana en la toma de decisiones, mientras que otros señalan que podría ser peligrosa si no se implementa adecuadamente, ya que ocasiona desigualdades y falta de coordinación entre ámbitos de gobierno. SISTEMA FEDERACIÓN FISCAL El sistema de federación fiscal es un modelo de gestión de recursos financieros y toma de decisiones basadas en la distribución de poderes entre un gobierno central y varios gobiernos subnacionales, como estados o provincias. En este sistema los ámbitos de gobierno comparten responsabilidades y recursos monetarios para financiar y administrar servicios públicos y proyectos de inversión (Boadway & Shah, 2018; Martinez-Vazquez & Timofeev, 2018). El sistema de federación fiscal se basa en tres principios fiscales fundamentales: 1) la descentralización, 2) la coordinación y 3) la solidaridad. El primero implica la transferencia de poder fiscal del gobierno central a los gobiernos subnacionales, lo que les permite tomar Aram Mario González Ramírez y Félix Guadalupe Arratia Cruz �88 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León decisiones sobre el empleo de los recursos financieros y diseñar políticas fiscales que se adapten mejor a sus necesidades. El segundo principio implica la cooperación entre los diferentes ámbitos de gobierno para garantizar la coherencia y la eficiencia en la gestión de los recursos fiscales, y el último permite la redistribución de dichos recursos para garantizar que las regiones y las comunidades más pobres reciban una parte justa y accedan a servicios públicos de calidad (Oates, 2018). En un sistema de federación fiscal, el gobierno central es responsable de velar por la estabilidad financiera y económica del país, además de proporcionar servicios públicos de carácter nacional —como seguridad, justicia y defensa—, mientras que a los gobiernos subnacionales les corresponde prestar servicios públicos en sus respectivos territorios, como salud, educación, transporte, vivienda y el cuidado y protección del medio ambiente. La gestión de los recursos fiscales en un sistema de federación fiscal se basa en la distribución de ingresos y gastos entre el gobierno central y sus homólogos subnacionales. Los ingresos fiscales se obtienen principalmente mediante impuestos y otros ingresos, como regalías y aranceles aduaneros. Los gobiernos subnacionales también pueden tener ingresos propios a partir de las tasas de impuestos locales. La distribución de ingresos y gastos en un sistema de federación fiscal se realiza por medio de diferentes mecanismos; uno de los más comunes es el sistema de transferencias fiscales, donde el gobierno central distribuye recursos a sus homólogos subnacionales para financiar sus proyectos y programas. Dichas transferencias pueden ser condicionales o incondicionales, según los objetivos y las prioridades del gobierno central. También pueden ser formularias o discrecionales, según el grado de predictibilidad y flexibilidad en la distribución de recursos (Lago-Peñas & Lago-Peñas, 2019). El sistema de federación fiscal acarrea varios beneficios. En primer lugar, permite mayor eficacia y eficiencia en la gestión de recursos fiscales debido a que los gobiernos subnacionales están más cerca de las demandas y necesidades de los ciudadanos, y se adaptan mejor a las políticas fiscales; en segundo lugar, se regenera la equidad en cuanto a la distribución de recursos fiscales, ya que los gobiernos subnacionales más pobres recibirían una mayor proporción de dichos recursos. El federalismo fiscal y los retos de la política fiscal subnacional en México. pp. 83-108 �VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx 89 ESTADOS FEDERADOS Los estados federados son un componente clave de los sistemas políticos federales, y consisten en la unión de estados o provincias autónomas para formar una nación o un estado. En los sistemas federales, los estados tienen una gran autonomía política y administrativa en la toma de decisiones y la administración de asuntos locales, mientras que el gobierno federal se encarga de asuntos de interés nacional. En general, los estados federados tienen su propia constitución y un gobierno local electo responsable de administrar y proporcionar servicios públicos en su propio territorio. El gobierno estatal puede tener poderes ejecutivo, legislativo y judicial —de manera similar al esquema del gobierno federal—, y organizarse en departamentos, provincias o regiones. En los sistemas políticos federales los estados tienen ciertas áreas de responsabilidad exclusiva, como la salud, la educación, el transporte y la administración de justicia. También pueden compartir responsabilidades con el gobierno federal en política exterior, seguridad nacional y gestión económica. En muchos países los estados federados tienen su propio sistema fiscal y de impuestos, lo que les permite realizar su propia recaudación y utilizar los ingresos para financiar proyectos y programas en su territorio. Sin embargo, el gobierno federal puede transferir fondos a dichos estados para ayudar a financiar proyectos y programas específicos. Los estados federados también tienen un rol importante en la toma de decisiones en el ámbito nacional. Los representantes políticos de los estados federados a menudo participan en la legislatura federal o en otras instituciones nacionales para gestionar los intereses y prioridades de sus comunidades. En algunos países los estados federados poseen una identidad cultural y lingüística propia, y pueden mantener vínculos con el gobierno federal para proteger y promover sus culturas y lenguas. Por ejemplo, en Canadá los territorios y provincias tienen una relación especial con el gobierno federal para proteger y promover la cultura y las lenguas francesa e inglesa. Los estados federados pueden tener diferentes estructuras y grados de autonomía en sus diferentes sistemas políticos. Por ejemplo, en Estados Unidos los estados federados Aram Mario González Ramírez y Félix Guadalupe Arratia Cruz �90 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León disponen de un alto grado de autonomía y poder, y su Constitución nacional ha instituido un equilibrio de poderes entre gobierno federal y estados. En cambio, en México los estados federados cuentan con menor autonomía y poder en comparación con el gobierno federal. En general, los estados federados son una forma de gobierno descentralizado que permite mayor autonomía y participación ciudadana en la toma de decisiones y en la administración de servicios públicos en ámbitos locales, sin embargo, este esquema de organización también ocasiona desigualdades entre los estados y una falta de afinidad y unidad con el gobierno nacional. Por lo tanto, es importante que los sistemas políticos federales encuentren un equilibrio adecuado entre la autonomía local y la unidad nacional. EL PACTO FISCAL En un pacto fiscal se acuerda la distribución de ingresos fiscales y el gasto público entre gobiernos federal y subnacionales en un país que establece sus reglas para distribuir recursos financieros y responsabilidades fiscales, así como entre estados, provincias y municipios; además, se acuerdan las reglas para recolectar impuestos y administrar la deuda pública. Este pacto es importante porque permite garantizar una gestión fiscal responsable y eficiente en cada ámbito gubernamental, y evitar conflictos y desigualdades en la distribución de recursos y responsabilidades. También puede ser un medio para promover la rendición de cuentas, así como la transparencia en cuanto a la gestión de recursos públicos. El contenido del pacto fiscal puede variar según el país y los contextos político y económico. En algunos casos, el pacto fiscal establece un equilibrio entre la soberanía fiscal de gobiernos subnacionales y la solidaridad financiera entre las diferentes regiones del país; en otros casos se trata de un medio para garantizar que los gobiernos subnacionales cumplan con los objetivos nacionales para el desarrollo social y económico. El pacto fiscal también puede ser un mecanismo para abordar desigualdades fiscales y económicas entre las diferentes regiones del país. Por ejemplo, en algunos países con regiones que poseen grandes diferencias en cuanto a desarrollo económico, el pacto fiscal facilita las transferencias fiscales del gobierno federal a sus homólogos subnacionales con menores recursos económicos. El federalismo fiscal y los retos de la política fiscal subnacional en México. pp. 83-108 �VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx 91 En ciertos países, el pacto fiscal puede ser objeto de controversia y debate político. Por ejemplo, algunos gobiernos subnacionales argumentan que el pacto fiscal no les proporciona suficientes recursos para financiar sus servicios públicos y para cumplir con sus responsabilidades fiscales, mientras que otros señalan que no se les concede suficiente autonomía fiscal, lo que limita su capacidad para tomar decisiones y gestionar recursos. En conclusión, el pacto fiscal es un acuerdo importante entre los diferentes ámbitos de gobierno de un país porque establece reglas para distribuir recursos financieros y responsabilidad fiscal. Sin embargo, puede ser objeto de controversia y debate político en algunos países y contextos. El pacto fiscal mexicano es un acuerdo entre gobiernos municipales, estatales y federal que establece el modo de distribuir y utilizar recursos fiscales en todo el país, y establece reglas y principios para recaudar impuestos y asignar recursos a las entidades gubernamentales para su uso en distintas áreas públicas. Dicho pacto se basa en el principio de subsidiariedad, que establece que las decisiones deben tomarse en el ámbito gubernamental más bajo posible. Según este principio, el gobierno federal es responsable de suministrar los recursos necesarios para el correcto ejercicio de la administración, mientras que los gobiernos municipales y estatales son responsables de la prestación de servicios básicos en sus áreas de jurisdicción. La distribución de recursos en el pacto fiscal mexicano se basa en un sistema de coordinación que permite que el gobierno federal se encargue de recaudar los impuestos federales, mientras que los gobiernos estatales y municipales recaudan impuestos locales. El gobierno federal redistribuye los recursos a las entidades estatales y municipales en función de una fórmula que tiene en cuenta factores como la población, el nivel de ingresos, la inversión y las necesidades de desarrollo. A pesar de que el pacto fiscal mexicano establece un marco para una distribución equitativa de recursos fiscales, ha sido objeto de controversias durante los últimos años; algunos estados han argumentado que reciben una cantidad insuficiente y que la fórmula empleada para calcular la distribución de recursos no es justa. En respuesta a dichas preocupaciones, el gobierno federal ha llevado a cabo una serie de reformas al pacto fiscal mexicano en los últimos años para garantizar una mayor autonomía Aram Mario González Ramírez y Félix Guadalupe Arratia Cruz �92 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León fiscal a los estados y mejorar el reparto de recursos. Estas reformas incluyen la elaboración de un fondo para la redistribución de los recursos fiscales y la eliminación de ciertos impuestos federales en favor de un mayor control fiscal por parte de gobiernos municipales y estatales. En resumen, el pacto fiscal mexicano es un acuerdo entre distintos ámbitos gubernamentales para distribuir y utilizar recursos fiscales en todo el país. Si bien ha sido objeto de controversia y debate, sigue siendo un instrumento importante para asegurar un reparto equitativo de recursos públicos en toda la nación. CENTRALIZACIÓN La centralización se refiere al proceso de concentrar el poder y la autoridad en un solo ámbito de gobierno, generalmente en el federal o nacional. Esto significa que la toma de decisiones y la administración de recursos se llevan a cabo de manera centralizada y se aplican a todo el territorio del país. En el contexto del sistema político y administrativo de un país, la centralización puede tener ventajas y desventajas, y puede permitir la toma de decisiones más eficiente y efectiva en algunos temas de interés nacional, como la política exterior, la seguridad nacional y la gestión macroeconómica. Además, la centralización impide la reproducción de recursos y esfuerzos en diferentes ámbitos de gobierno, y garantiza la uniformidad y coherencia en la aplicación de políticas en todo el país. Por otro lado, la centralización puede ocasionar efectos negativos en el sistema político y administrativo de un país. Por ejemplo, limita la participación y la representación de los gobiernos subnacionales y las comunidades locales en la toma de decisiones y en la gestión de recursos públicos. Además, genera desequilibrios y desigualdades en la distribución de recursos y en el suministro de servicios públicos entre las diferentes regiones del país. En algunos casos, la centralización puede ser el resultado de una larga historia de gobiernos autoritarios y represivos, donde el poder y la autoridad se concentran en manos de un solo grupo o elite política. En estos casos, la centralización se considera un impedimento para el progreso de una democracia plena y para la participación ciudadana. El federalismo fiscal y los retos de la política fiscal subnacional en México. pp. 83-108 �VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx 93 En conclusión, la centralización en el sistema político y administrativo de un país puede tener ventajas y desventajas. Aunque es útil en algunos temas de interés nacional, limita la participación y la representación de los gobiernos subnacionales y las comunidades locales, y genera desequilibrios y desigualdades en la asignación de servicios y recursos públicos. Por lo tanto, es importante encontrar un punto de equilibrio adecuado entre la centralización y la descentralización para garantizar una administración eficiente y justa de recursos públicos en todo el país. DESCENTRALIZACIÓN La descentralización es un proceso mediante el cual se transfieren poderes y responsabilidades del gobierno central a gobiernos subnacionales, como los estados, las provincias y las municipalidades. Este proceso implica la transferencia de recursos financieros, humanos y técnicos para que los gobiernos subnacionales gestionen los servicios públicos y tomen decisiones autónomas en su territorio. Este proceso puede tener diferentes formas y grados de intensidad, según la estructura administrativa y política de la nación. En algunos casos, la descentralización implica la creación de nuevos ámbitos de gobierno subnacional, mientras que en otros promueve la transmisión de competencias y recursos a gobiernos subnacionales ya existentes. La descentralización también puede ser fiscal, política o administrativa, de acuerdo con el tipo de poder y responsabilidades que se transfieran. La descentralización tiene varios objetivos, entre los que destacan: • Mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión de servicios públicos: al transferir la gestión de los servicios públicos a los gobiernos subnacionales, se espera que presten atención de manera más cercana a la población, y adaptados a sus necesidades y particularidades. • Promover una toma de decisiones mayormente democrática, así como la participación ciudadana: al ser más cercanos a la población, se espera que los gobiernos subnacionales alienten la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la gestión de servicios públicos. Aram Mario González Ramírez y Félix Guadalupe Arratia Cruz �94 • Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Fomentar el desarrollo económico y la equidad territorial: al transferir recursos y competencias a los gobiernos subnacionales, se espera que promuevan el desarrollo económico de sus territorios y reduzcan las desigualdades entre las diferentes regiones del país. Sin embargo, la descentralización también acarrearía efectos negativos: • Generaría desigualdades entre los diferentes gobiernos subnacionales: en algunos casos, los gobiernos pueden tener diferentes capacidades para gestionar los servicios públicos y recursos transferidos, lo que ocasionaría desigualdades en la cobertura y calidad de los servicios prestados. • Aumentaría la complejidad y los costos de la gestión pública: la descentralización implica la creación de nuevos ámbitos gubernamentales y la transferencia de recursos y competencias, lo que puede aumentar la complejidad y los costos administrativos. • Causaría conflictos entre los diferentes ámbitos de gobierno en lo referente a la comercialización de recursos, la coordinación de políticas y la toma de decisiones. En conclusión, la descentralización es un proceso importante para perfeccionar la eficiencia y eficacia en la gestión de servicios públicos, promover la participación ciudadana y el desarrollo económico, y reducir las desigualdades territoriales. Sin embargo, la descentralización también ocasiona desigualdades entre los diferentes gobiernos subnacionales porque aumenta la complejidad y los costos de la gestión pública, y causa conflictos entre los diferentes ámbitos de gobierno. Por lo tanto, es importante descentralizar de manera cuidadosa y planificada, y tomar en cuenta las particularidades políticas, administrativas y culturales de la nación. DOBLE TRIBUTACIÓN La doble tributación es una problemática que afecta a empresas y ciudadanos que realizan actividades económicas en diferentes países. Se produce al momento en que una misma renta o ingreso es gravada dos veces por diferentes sistemas fiscales, es decir, cuando se pagan impuestos en dos jurisdicciones distintas sobre los mismos beneficios. El federalismo fiscal y los retos de la política fiscal subnacional en México. pp. 83-108 �VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx 95 Este problema surge cuando existen diferencias en las leyes fiscales de diferentes países, ya que cada uno tiene su propio sistema tributario y puede aplicar otros tipos impositivos, deducciones y exenciones fiscales. Por ejemplo, una empresa con sucursales en diferentes países está sujeta a impuestos sobre los beneficios generados en cada uno de ellos, lo que ocasiona una doble tributación de los mismos ingresos. La doble tributación puede tener varios efectos negativos: • Reducción de la competitividad de las empresas: aumentan los costos fiscales para las empresas con presencia en diferentes países, lo que reduce su competitividad frente a otras que operan en un solo país. • Desincentivo a la inversión extranjera: disuade a las empresas extranjeras para invertir en un país, ya que tendrían que pagar impuestos en ambos países sobre los mismos beneficios. • Dificultad para la recaudación fiscal: dificulta la recaudación de impuestos, ya que surgen conflictos entre los diferentes países sobre la distribución de los impuestos. Para evitar la doble tributación existen diferentes medidas, como los arreglos o acuerdos que establecen los criterios para determinar el país donde se deben pagar los impuestos, la manera de distribuir los beneficios generados por una empresa multinacional. También se pueden establecer regímenes de exención o deducción de impuestos en una de las naciones para evitar la doble tributación. Además, existen agrupaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que elaboran de estándares y guías para evitar la doble tributación y mejorar la cooperación fiscal entre países. En conclusión, la doble tributación es un problema que afecta negativamente a las empresas y a la economía de un país, ya que reduce la competitividad, desincentiva la inversión extranjera y dificulta la recaudación fiscal. Por esto es importante que los países trabajen juntos para evitar la doble tributación y establecer medidas para una cooperación fiscal efectiva. Aram Mario González Ramírez y Félix Guadalupe Arratia Cruz �96 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León FEDERALISMO COMPETITIVO El federalismo competitivo es un modelo de organización política y económica donde diferentes unidades territoriales —como estados o regiones— compiten entre sí para atraer inversión, empresas y trabajadores. Este modelo se basa en la idea de que la competencia entre las diferentes unidades territoriales fomenta la eficiencia y la innovación, y que la libertad de elección de los ciudadanos de un lugar de residencia y trabajo impulsa el desarrollo económico y la prosperidad. En el federalismo competitivo las diferentes unidades territoriales tienen un alto grado de autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones económicas y fiscales. Cada unidad territorial establece sus propias políticas económicas, fiscales y regulatorias para atraer inversiones y empresas, y para mejorar su competitividad. Las empresas y los ciudadanos pueden elegir un lugar para establecerse en función de las condiciones económicas y fiscales que ofrece cada unidad territorial (Guillaume & Herrera, 2020). Este modelo de federalismo competitivo ha sido empleado en diferentes naciones del mundo, como Suiza, Estados Unidos, Canadá y Alemania, y ha demostrado ser efectivo para promover la innovación y el desarrollo económico. Algunos de los beneficios del federalismo competitivo son: • Estimula la competencia entre las diferentes unidades territoriales para fomentar la innovación y la eficiencia, ya que cada unidad territorial busca ofrecer las mejores condiciones económicas y fiscales para atraer inversiones y empresas. • Aumenta la libertad de elección de trabajo y vivienda de los ciudadanos en función de las condiciones económicas y fiscales que ofrecen las diferentes unidades territoriales, lo que impulsa la movilidad laboral y el crecimiento económico. • Favorece la descentralización para fomentar la autonomía y la responsabilidad de las diferentes unidades territoriales en la toma de decisiones económicas y fiscales, lo que además ayuda a implementar políticas públicas para satisfacer necesidades locales. • Mejora la eficiencia de la gestión pública, ya que la competencia entre las diferentes unidades territoriales permite una mayor eficiencia en la gestión pública, y cada El federalismo fiscal y los retos de la política fiscal subnacional en México. pp. 83-108 �VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx 97 unidad territorial busca ofrecer servicios públicos de calidad para atraer inversiones y empresas. Sin embargo, el federalismo competitivo también puede acarrear algunos riesgos y desventajas: • Desigualdades entre las diferentes unidades territoriales porque la competencia entre las diferentes unidades territoriales ocasionaría desigualdades en términos de desarrollo económico y social, ya que algunas unidades tendrían ventajas competitivas sobre otras. • Dificultades para coordinar políticas públicas debido a que el federalismo competitivo dificulta la coordinación de políticas públicas entre las diferentes unidades territoriales, lo que ocasiona falta de coherencia y eficiencia en la gestión pública. En conclusión, el federalismo competitivo es un modelo de organización política y económica basado en la competencia entre diferentes unidades territoriales para fomentar la eficiencia y la innovación. A pesar de algunos riesgos y desventajas, se ha demostrado que este federalismo es efectivo para estimular la prosperidad y el crecimiento económico, siempre y cuando sean establecidas ciertas regulaciones para evitar desigualdades. MODELOS DE ORDENAMIENTO FISCAL El ordenamiento fiscal se refiere a la forma en que se organiza y se distribuye el sistema fiscal de un país o región. Existen diferentes modelos de ordenamiento fiscal empleados en todo el mundo, cada uno con sus propias características y objetivos. A continuación, se describen algunos de los modelos de impuestos más comunes para el ordenamiento fiscal: • Progresivos: está basado en la idea de que los individuos que ganan más dinero deben pagar una tasa impositiva más alta que las personas que ganan menos. El propósito de este modelo consiste en aminorar la desigualdad económica y social, y redistribuir la riqueza de forma más equitativa. • Regresivos: a diferencia del modelo anterior, éste se basa en la idea de que todas las personas deben pagar la misma tasa impositiva, independientemente de su Aram Mario González Ramírez y Félix Guadalupe Arratia Cruz �98 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León nivel de ingresos. Este modelo se utiliza en algunos países para impulsar el crecimiento económico y la inversión, pero ocasiona efectos negativos sobre la equidad social. • Directos e indirectos: se basa en la idea de que los impuestos se clasifican en estas dos categorías, donde los primeros se aplican de forma directa sobre el ingreso de los individuos o compañías, como el impuesto sobre la renta (ISR), mientras que los indirectos se aplican a bienes y servicios, tal como el impuesto al valor agregado (IVA). • Sobre la propiedad: significa que los impuestos deben ser aplicados sobre la propiedad de las personas, como inmuebles, vehículos y otros bienes. El objetivo de este modelo es recaudar ingresos para financiar el gasto público y proporcionar servicios públicos, como la educación y la salud. • Sobre el consumo: está basado en la idea de que los impuestos deben ser aplicados sobre los bienes y servicios que las personas consumen, y su objetivo es recaudar ingresos para financiar el gasto público y proporcionar servicios públicos, como la seguridad e infraestructura. • Sobre la renta empresarial: implica que las empresas deben pagar impuestos sobre sus ganancias. Este modelo permite recaudar ingresos para financiar el gasto público y proporcionar otros servicios públicos, como la investigación y el desarrollo. Es importante destacar que estos modelos de ordenamiento fiscal no son mutuamente excluyentes, y pueden ser combinados y ajustados según las necesidades y objetivos de cada país o región. Además, la elección del modelo de ordenamiento fiscal adecuado depende de diversos factores, como el grado de desarrollo económico, la estructura productiva y el sistema político. MEDICIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN La descentralización es un proceso complejo que involucra la transferencia de responsabilidades y recursos de un ámbito central de gobierno al resto de sus homólogos subnacionales. Para medir la descentralización, se utilizan diferentes indicadores que El federalismo fiscal y los retos de la política fiscal subnacional en México. pp. 83-108 �VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx 99 permiten evaluar el grado de autonomía y poder de los gobiernos subnacionales en la prestación de servicios públicos y en la toma de decisiones. Uno de los indicadores más recurridos para evaluar este proceso es el índice de descentralización fiscal (IDF), que mide el grado en que los ingresos fiscales y el gasto público se distribuyen entre los diferentes ámbitos gubernamentales, y permite evaluar su grado de autonomía. El IDF se calcula mediante la comparación de los ingresos fiscales y el gasto público de gobiernos subnacionales con el presupuesto total del gobierno central. Otro indicador comúnmente utilizado para medir la descentralización es el índice de descentralización política (IDP), que mide el nivel de poder y autonomía política de gobiernos subnacionales en cuanto a la toma de decisiones, así como el de la prestación de servicios públicos. Este indicador se calcula mediante la evaluación de las estructuras y el funcionamiento de instituciones administrativas y políticas en el ámbito subnacional. Además de los indicadores de descentralización fiscal y política, también existen herramientas para medir la descentralización en áreas específicas como la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura y el medio ambiente. Por ejemplo, el índice de descentralización educativa mide el grado en que los gobiernos subnacionales controlan la gestión y la financiación del sistema educativo, mientras que el índice de descentralización ambiental mide el grado de control de los gobiernos subnacionales sobre la administración de recursos naturales y la protección del medio ambiente. Es importante destacar que la medición de la descentralización no se limita a la evaluación de los indicadores mencionados anteriormente, sino que también implica valorar resultados y efectos de la descentralización en términos de la calidad de servicios públicos, y la eficiencia en la administración de recursos y la ecuanimidad en la distribución de beneficios. En resumen, medir la descentralización es de importancia fundamental para evaluar el grado de independencia y poder de los gobiernos subnacionales. Los indicadores utilizados para medir la descentralización deben ser seleccionados cuidadosamente en función de los objetivos específicos y las necesidades de cada nación o región, y deben estar acompañados de una evaluación rigurosa de los resultados y efectos de la descentralización en la calidad de vida de la población. Aram Mario González Ramírez y Félix Guadalupe Arratia Cruz �100 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León GRADO DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL “La descentralización fiscal ocurre cuando las competencias fiscales (ingresos y gasto público) se desplazan del nivel superior o central hacia el inferior o subnacional y constituye por lo general un proceso dirigido desde el nivel central” (Aghón & Krause-Junk, 1993, p. 8), es decir, esta descentralización implica transferir responsabilidades fiscales y financieras de los gobiernos centrales a los gobiernos subnacionales, lo que permite a estos últimos tomar decisiones mayormente eficientes y efectivas en la administración de recursos públicos. El grado de descentralización fiscal varía de una nación a otra según la historia, la cultura, el tamaño y la estructura política de un país. Para medir la descentralización fiscal se utiliza el IDF, que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (2020) mide el grado en que las funciones de ingresos fiscales y gasto público del gobierno central son llevadas a cabo por los gobiernos subnacionales. El IDF oscila entre 0 y 1, donde 0 es el nivel más bajo de descentralización fiscal y 1 el más alto. Un país con un IDF de 0 implica que todo el presupuesto de un gobierno subnacional está controlado por el gobierno central, y que no hay transferencia significativa de recursos. En este caso, los gobiernos subnacionales tienen poca o ninguna autonomía fiscal y están limitados en su capacidad para tomar decisiones en beneficio de su población. Por otro lado, un país con un IDF cercano a 1 indica que los gobiernos subnacionales tienen un alto grado de autonomía fiscal y son responsables de la recaudación de la mayoría de los ingresos fiscales y del gasto público. En este caso, dichos gobiernos tienen mayor poder y capacidad para tomar decisiones y brindar servicios públicos de calidad a su población. Cabe destacar que un alto grado de descentralización fiscal no siempre significa una mejor calidad de vida para la población; como ha concluido Bojanic (2018, p. 82), si se toman en cuenta ciertos países del continente americano la descentralización fiscal no ha cumplido con las expectativas en relación con sus efectos sobre el crecimiento, la estabilidad de los precios y la distribución del ingreso. El federalismo fiscal y los retos de la política fiscal subnacional en México. pp. 83-108 �VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx 101 La descentralización fiscal debe ir acompañada de una buena gestión financiera y fiscal, así como de una distribución equitativa de los recursos y de una capacidad efectiva de los gobiernos subnacionales para tomar decisiones y prestar servicios públicos (Bojanic, 2018, p. 82), y requiere asimismo fortalecer la capacidad institucional de los ámbitos subnacionales de gobierno y los mecanismos de coordinación entre éstos. En conclusión, el grado de descentralización fiscal es un indicador clave para evaluar la autonomía y el poder de los gobiernos subnacionales en la administración de recursos públicos. La medición del grado de descentralización fiscal mediante el IDF permite identificar los países que tienen un mayor o menor grado de autonomía fiscal, y por lo tanto, es un instrumento importante para la toma de decisiones políticas en materia de descentralización fiscal. DETERMINANTES DEL CENTRALISMO MEXICANO El centralismo mexicano es un fenómeno histórico y político referido a la concentración del poder y la toma de decisiones en el gobierno central, en detrimento de los gobiernos subnacionales. A lo largo de la historia mexicana, han existido diversas determinantes del centralismo (Borja Tamayo, 2020; López Ayllón & Trejo, 2016; Rodríguez Sánchez, 2019), algunas de las cuales se describen a continuación: • Herencia colonial: durante el período colonial, la estructura política de México se basaba en una jerarquía vertical con el rey de España en la cima, y debajo de él virreyes, gobernadores y alcaldes del ámbito local. Dicha estructura jerárquica se mantuvo de manera similar después del movimiento de independencia, y ha influido en la centralización del poder en el gobierno central. • Geografía: esta característica también ha influido en el centralismo, ya que el país tiene una gran extensión territorial y una topografía montañosa que dificulta la comunicación y el transporte entre las diferentes regiones, lo que ha ocasionado una tendencia hacia la centralización en la coordinación y la toma de decisiones. • Política económica: también ha tenido un efecto en el centralismo, especialmente en el siglo XX. Durante la etapa de sustitución de importaciones, el gobierno central Aram Mario González Ramírez y Félix Guadalupe Arratia Cruz �102 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León asumió un papel principal en la promoción del desarrollo económico, lo que le otorgó a una mayor acumulación de poder. • Cultura política: este factor ha contribuido al centralismo, ya que hubo una larga tradición de fuerte liderazgo presidencialista y de desconfianza hacia los gobiernos subnacionales, lo que además ha creado una tendencia a centralizar el poder en el gobierno federal. • Historia política: este factor también ha influido en el centralismo en México, ya que hubo momentos donde se fortaleció el poder central en detrimento de los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, durante la administración de Porfirio Díaz a finales del siglo XIX y principios del XX, se llevaron a cabo políticas de concentración del poder que debilitaron la autonomía de los estados. En resumen, las determinantes del centralismo mexicano son complejas y conjugan factores históricos, políticos, geográficos, económicos y culturales. La comprensión de estas determinantes es importante para abordar el problema del centralismo y evolucionar hacia un sistema más descentralizado y democrático en México (Becerra Pedrote, 2016). RELACIONES FISCALES INTERGUBERNAMENTALES Son las interacciones entre los diferentes ámbitos gubernamentales en materia fiscal. En un sistema federal, como el de muchos países, existe una distribución de competencias y responsabilidades entre diversos ámbitos, lo que implica también una distribución de recursos y una coordinación en la recaudación y gasto de los mismos. En este contexto, las relaciones fiscales intergubernamentales se vuelven cruciales para asegurar una administración eficiente y equitativa de recursos públicos. A continuación, se describen algunos aspectos relevantes de estas relaciones (Martinez-Vazquez & Timofeev, 2018; Shah, 2019; Sharma, 2019): • Distribución de competencias y recursos: en una federación, la Constitución establece la distribución de competencias entre los diferentes ámbitos gubernamentales. A su vez, la distribución de recursos se establece mediante un sistema de transferencias y asignaciones presupuestarias. En este sentido, las relaciones fiscales intergubernamentales son El federalismo fiscal y los retos de la política fiscal subnacional en México. pp. 83-108 �VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx 103 importantes para garantizar que la distribución de recursos sea equitativa y adecuada para el cumplimiento de las capacidades asignadas a cada ámbito. • Coordinación en la recaudación: en un sistema federal, la recaudación de impuestos es responsabilidad de los diferentes ámbitos de gobierno. Por ejemplo, en México el gobierno federal es responsable de la recaudación de impuestos federales, mientras que los gobiernos estatales y municipales son garantes de la recaudación de los impuestos locales. La coordinación en la recaudación es importante para evitar la evasión fiscal y para garantizar una recaudación efectiva. • Coordinación en el gasto: en un sistema federal, los diferentes ámbitos de gobierno pueden tener programas y proyectos de gasto que se solapan o complementan. La coordinación en el gasto es trascendental para impedir la duplicidad de esfuerzos y para asegurar una utilización eficiente de recursos. • Transferencias intergubernamentales: las transferencias intergubernamentales son un mecanismo importante para asegurar una distribución equitativa de los recursos y para apoyar a los gobiernos subnacionales que tienen menor capacidad recaudatoria. En muchos países dichas transferencias se basan en fórmulas específicas que consideran la población, el grado de desarrollo y otros factores relevantes. • Marco normativo: las relaciones fiscales intergubernamentales también se regulan mediante un marco normativo específico. En muchos casos, se establecen acuerdos o pactos fiscales que establecen reglas para la distribución de competencias y recursos, así como para la coordinación en la recaudación y el gasto. En resumen, las relaciones fiscales intergubernamentales son un aspecto clave en un sistema federal, ya que permiten una distribución eficiente y equitativa de los recursos públicos. La coordinación y el diálogo entre los distintos ámbitos gubernamentales son esenciales para lograr una gestión fiscal efectiva y para garantizar el bienestar de la población. DESCENTRALIZACIÓN EN MÉXICO En México, la descentralización ha sido un proceso gradual que ha implicado el traspaso de competencias y recursos del gobierno federal a sus homólogos estatales y municipales. Aram Mario González Ramírez y Félix Guadalupe Arratia Cruz �104 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Este proceso se ha llevado a cabo en distintas etapas, y ha tenido como objetivo principal mejorar la validez en la prestación de servicios públicos, y fortalecer la democracia y la participación ciudadana (Aguilar Villanueva, 2017; Maldonado, 2017). En la década de 1980 se promovió la descentralización en el sector salud mediante la creación del Sistema Nacional de Salud y la cesión de competencias y recursos a los gobiernos estatales. En la década siguiente se impulsó la descentralización en el sector educativo mediante la creación del Sistema Nacional de Educación. En 1997 se promulgó la Ley de coordinación fiscal, que establece las reglas para la distribución de recursos fiscales entre el gobierno federal y sus homólogos estatales y municipales, de acuerdo con un conjunto de fórmulas que tomaban en cuenta a la población, a la recaudación local y a otros factores relevantes. Desde entonces, se han transferido diversas competencias y compromisos a los gobiernos estatales y municipales en seguridad pública, gestión del agua, protección civil, promoción del turismo, subsistencia del patrimonio histórico y cultural, entre otras áreas. Sin embargo, a pesar de los avances en el proceso de descentralización, persisten algunos desafíos importantes. Uno de ellos es la falta de capacidad institucional y financiera de los gobiernos subnacionales para enfrentar a sus nuevas responsabilidades. Otro desafío es la falta de conexión entre ámbitos de gobierno, lo que a veces ocasiona duplicidad de esfuerzos y falta de eficiencia en la prestación de servicios públicos (O’Toole, 2019; Solís Cabrera & Zárate García, 2020). Además, la descentralización en México ha sido desigual, ya que algunos estados y municipios tienen más capacidad para asumir nuevas responsabilidades, mientras que otros enfrentan mayores obstáculos. Por ejemplo, los estados del norte del país con una economía más diversificada y una mayor recaudación fiscal han tenido mayores avances en la descentralización que los estados del sur, que enfrentan desafíos económicos y sociales más amplios. En resumen, la descentralización en México ha sido un proceso gradual que ha implicado la transferencia de competencias y recursos del gobierno federal a sus homólogos subnacionales. Aunque hubo avances significativos en este proceso, persisten algunos desafíos importantes que requieren atención y solución. La coordinación entre ámbitos de El federalismo fiscal y los retos de la política fiscal subnacional en México. pp. 83-108 �VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx 105 gobierno y el fortalecimiento de la capacidad institucional y financiera de los gobiernos subnacionales son aspectos clave para una descentralización efectiva y para mejorar la calidad de vida de la población (Velasco Ortiz, 2019). SISTEMA DE TRANSFERENCIAS FISCALES EN MÉXICO En México el sistema de transferencias fiscales es un mecanismo importante para la redistribución de recursos entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales. Dichas transferencias se realizan con el objetivo de compensar las desigualdades económicas y sociales entre las diferentes regiones del país, y garantizan una prestación de servicios públicos equitativa (Bird, 2019). Existen diferentes tipos de transferencias fiscales en México; una de ellas es el Fondo General de Participaciones, que permite mensualmente una transferencia automática y regular a los gobiernos estatales y municipales. Este fondo está conformado por una porción de los ingresos tributarios federales, y se distribuye de acuerdo con una fórmula establecida por la Ley de coordinación fiscal que toma en cuenta factores como la población, el índice de marginación y la recaudación local de cada entidad federativa. Otra transferencia importante es el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, cuyo objetivo es indemnizar a los gobiernos estatales por las fluctuaciones en la recaudación federal. Dicho fondo se nutre de las reservas de la recaudación federal participable que exceden de un monto establecido, y se reparte entre los gobiernos estatales de acuerdo con un procedimiento que toma en cuenta su participación en dicha recaudación. También existe el Fondo de Fomento Municipal, cuyo objetivo consiste en impulsar el desarrollo de los municipios del país. Este fondo se financia con recursos federales y se distribuye entre los municipios de acuerdo con una fórmula que toma en cuenta factores como la población, el índice de marginación y la inversión en infraestructura y servicios públicos. Además, existen otros fondos y programas específicos destinados a impulsar áreas prioritarias como la seguridad pública, la salud, la educación, el turismo, la cultura, entre otros. Estos fondos y programas pueden ser administrados por los gobiernos estatales o por los municipios, de acuerdo con la naturaleza de las competencias transferidas. Aram Mario González Ramírez y Félix Guadalupe Arratia Cruz �106 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León El sistema de transferencias fiscales en México ha sido objeto de críticas y debates. Una de las principales críticas es que las transferencias no son suficientes para compensar las desigualdades sociales y económicas entre las distintas regiones del país. Además, algunos argumentan que la fórmula de distribución de los fondos no es equitativa y no toma en cuenta adecuadamente las necesidades de las entidades federativas más pobres (Zárate, 2019). En resumen, el sistema de transferencias fiscales en México es un mecanismo importante para redistribuir recursos entre el gobierno federal y los gobiernos subnacionales. A pesar de que los avances significativos en el mejoramiento de la equidad y eficiencia en la repartición de los recursos, persisten algunos desafíos importantes que requieren atención y solución, como la mejora en las fórmulas de distribución y la ampliación de los traspasos para compensar desigualdades sociales y económicas a lo largo y ancho de la nación (Rodriguez-Oreggia & Rodriguez-Pose, 2018). TRABAJOS CITADOS: Aghón, G. E. & Krause-Junk, G. (1993). Descentralización fiscal: Marco conceptual. Naciones Unidas. https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd. nsf/1606B5A61DCC0E0905257CF3005AB66C/$FILE/LCL793.pdf Aguilar Villanueva, L. F. (2017). La descentralización en México. UNAM. Baskaran, T. & Blesse, S. (2021). Fiscal federalism and public health spending in decentralized countries. Journal of Comparative Economics, 49(1), 31-50. Becerra Pedrote, J. (2016). Centralismo y federalismo en México: La tensión de una dualidad. Reflexión Política, 18(36), 135-155. Bird, R. M. (2019). Fiscal equalization: Principles and practice. Routledge. Boadway, R. W. & Shah, A. (2018). Fiscal federalism: Equalization and transfers in multilevel governance systems. Cambridge University Press. Bojanic, A. N. (2018). El efecto de la descentralización fiscal sobre el crecimiento, la inflación y la desigualdad en América. Revista CEPAL. El federalismo fiscal y los retos de la política fiscal subnacional en México. pp. 83-108 �VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx 107 Borja Tamayo, A. & Alvarado, L. (2020). Centralismo, federalismo y Estado en México: Perspectivas teóricas y comparadas. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 65(240), 81-108. https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2020.240.70084 Cordero, J. M. & Cristóbal, V. J. (2015). Fiscal decentralization and economic growth: Evidence from regional-level panel data for Spain. Regional Studies, 49(8), 1264-1282. Cordero, J. M. & Santín, D. (2019). Fiscal decentralization and efficiency in the provision of public services: A systematic review of empirical evidence. Journal of Economic Surveys, 33(2), 355378. Fondo Monetario Internacional. (2020). Fiscal descentralization. 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El federalismo fiscal y los retos de la política fiscal subnacional en México. pp. 83-108 �VOL 2, NO. 3, 4, ENERO-JUNIO JULIO-DICIEMBRE 20252025 www.revistanomos.uanl.mx 109 Breve análisis del T-MEC y los desafíos actuales para México (Desde las materias, laboral, energética y comercial-aduanera) Brief analysis of the T-MEC and current challenges for Mexico (in terms of labour, energy and customs-trade) Recibido: 29 de abril de 2025 Aceptado: 09 de mayo de 2025. Juan Marín González Solísa ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1640-3835 Universidad Autónoma de Nuevo León, México Doctor en Derecho con orientación en Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL. Como docente, he impartido las cátedras de Ética, sociedad y profesión; Sociología jurídica; Historia del derecho; Teoría del Estado, Derecho administrativo y Derecho aduanero. Investigador Candidato en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). Correo electrónico: juanmaringzz@hotmail.com a Cómo citar Luiz Guilherme Marinonia González Solís, J. M. . Breve análisis del T-MEC y los desafíos actuales para México: desde las materias laboral, energética y comercial-aduanera. Nomos: Procesalismo Estratégico, 2(4). Recuperado a partir de https://revistanomos.uanl.mx/index.php/revista/article/view/38 �110 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León RESUMEN El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en vigor desde el 1 de julio de 2020, y con antecedentes en varias modalidades desde el Tratado de Libre Comercio de 1993, marcó una nueva etapa en la relación comercial de la región de América del Norte. Como sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el T-MEC incorporó modificaciones significativas en diversas áreas, primero con el objetivo de fortalecer la competitividad; segundo, para modernizar regulaciones; y tercero, para garantizar un comercio más equitativo entre los tres países. A casi cuatro años de su implementación, es oportuno analizar los impactos que ha tenido en México en tres ámbitos clave: laboral, energético y comercial-aduanero. En materia laboral, el tratado introdujo compromisos más estrictos en cuanto a derechos de los trabajadores y sus mecanismos de cumplimiento. En el sector energético, las políticas de México han generado tensiones con sus socios comerciales, sobre todo con cuestionamientos sobre la apertura del mercado del sector y la competencia respectiva. Finalmente, en el ámbito comercial y aduanero, se han presentado tanto oportunidades como desafíos en la regulación de exportaciones, reglas de origen y facilitación del comercio transfronterizo. Resulta esencial analizar con detalle los impactos del T-MEC en la economía mexicana, considerando tanto sus beneficios como la problemática emergente. A través de este breve análisis, se busca aportar una visión integral sobre los logros alcanzados, los retos persistentes y las posibles estrategias para fortalecer la posición de México dentro de este acuerdo comercial. PALABRAS CLAVE: Análisis, desafíos, T-MEC, México, presión, política de buena vecindad, impactos, obstáculos, estrategias, recomendaciones, futuro de México. ABSTRACT The United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), in force since July 1, 2020, and with precedents in various forms dating back to the 1993 North American Free Trade Agreement, marked a new stage in the trade relationship between the North American region. As the successor to the North American Free Trade Agreement (NAFTA), the USMCA Breve análisis del T-MEC y los desafíos actuales para México (Desde las materias, laboral, energética y comercial-aduanera). pp. 109-129 �111 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx incorporated significant modifications in various areas, first with the aim of strengthening competitiveness, second, to modernize regulations, and third, to guarantee more equitable trade between the three countries. Almost four years after its implementation, it is timely to analyze its impact on Mexico in three key areas: labor, energy, and customs trade. Regarding labor, the agreement introduced stricter commitments regarding workers’ rights and enforcement mechanisms. In the energy sector, Mexico’s policies have generated tensions with its trading partners, particularly with questions about the sector’s market opening and the corresponding competition. Finally, in the trade and customs sphere, both opportunities and challenges have arisen in export regulation, rules of origin, and cross-border trade facilitation. It is important to highlight that efforts have been implemented to increase membership numbers in the region by promoting greater integration of supply chains, facilitating foreign investment, and strengthening key sectors such as the automotive and manufacturing sectors. These efforts seek to consolidate North America as a globally competitive economic bloc, with the premise that politics should not affect the substance of the matter, but rather facilitate a stable environment that allows for the development and fulfillment of the treaty’s objectives. KEYWORDS: Analysis, challenges, USMCA, Mexico, pressure, good neighbor policy, impacts, obstacles, strategies, recommendations, future of Mexico. INTRODUCCIÓN En 1984 Alan Riding escribió un libro titulado “Vecinos distantes” (Riding, 1987), en donde comentaba que no existían dos países en el mundo que fueran vecinos tan diferentes en variadas cuestiones y circunstancias. Además de la diferencia tan abismal entre una nación rica y la otra pobre, el autor argumentaba que México nunca podría acercarse a Estados Unidos porque nos separaban grandes diferencias lingüísticas, políticas, religiosas, raciales, culturales e históricas. Pero amén de ello, había otra gran distancia tal vez irreconciliable Juan Marín González Solís �112 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León en aquel momento entre ambas naciones: México era (ante la mirada y sentir de ellos) una nación autoritaria, corrupta, de raíces indígenas, conformista, comunitaria y tradicional. En cambio, Estados Unidos era lo opuesto; una nación democrática, con estado de derecho, de raza nórdica y sajona, gente emprendedora, liberal y modernizadora. Nuestro momento y circunstancia estaban a punto de cambiar sin que Riding lo pudiera prever. Cuatro años después de que Riding escribiera esto, en 1988 arriba al poder en México una nueva clase política que en muchas circunstancias y situaciones nos acercó como nunca antes a los Estados Unidos con un nuevo dispositivo que implicaba una cercanía casi absoluta en términos comerciales, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América y Canadá y que diera inicio en 1994. Con este acuerdo comercial pasamos de ser simples vecinos a socios comerciales, convirtiéndonos en el primer socio comercial de Estados Unidos. Y en ese sentido es muy importante destacar que las tres naciones de América del Norte a través del intercambio que se ha generado en más de 30 años, representan en la actualidad entre el 27 y 28% del PIB mundial. Alain Rouquié comenta que “…El tratado no fue un proyecto aislado ni un cambio de rumbo inesperado, sino el resultado de un programa de reformas estructurales que daba vuelta a la página del modelo “nacional-popular” de la Revolución. El tratado viene a perpetuar y asegurar el nuevo curso liberal de la economía mexicana. Además, no hubo incidencia, más que para retardarla, en la transición democrática. En su estudio se interroga igualmente sobre la continuidad de la política exterior defensiva de México después de 1994 y su influencia internacional…” (Rouquié, 2015). Sin embargo, esta asociación ganadora está a punto de padecer cambios estructurales con las amenazas actuales del Presidente Donald Trump sobre el aumento de aranceles, mayores restricciones comerciales y de inversiones extranjeras para México, ante la coyuntura de una nueva geopolítica norteamericana. La posibilidad del retorno del proteccionismo y una guerra comercial tendrá efectos negativos e irreversibles para los tres países en temas macroeconómicos, industriales, monetarios, de inflación, recesión y desempleo, por no comentar otros rubros adicionales no menos importantes. Breve análisis del T-MEC y los desafíos actuales para México (Desde las materias, laboral, energética y comercial-aduanera). pp. 109-129 �113 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx Por otra parte, es importante destacar que para México la transición del TLCAN al T-MEC (tenemos 31 años con el trabajo constante y la construcción permanente de este intercambio comercial internacional) ha significado una serie de ajustes regulatorios y estructurales al interior mexicano, en particular en el ámbito laboral, donde se han impulsado reformas para garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva. Asimismo, en el sector energético, las políticas nacionales han generado controversias con sus socios comerciales, lo que ha derivado en consultas y disputas bajo el marco del tratado. En materia comercial y aduanera, se han identificado oportunidades para mejorar la facilitación del comercio, pero también obstáculos derivados de reglas de origen más estrictas y medidas sanitarias y fitosanitarias más rigurosas. Analicemos los principales impactos del T-MEC en México, describiendo los desafíos que han surgido desde su implementación y explorando posibles estrategias para optimizar sus beneficios. I. IMPACTO EN MATERIA LABORAL Uno de los aspectos más relevantes del T-MEC en México ha sido la exigencia (sobre todo por parte de nuestros socios comerciales) de reformas estructurales en el ámbito laboral. El tratado establece compromisos específicos para fortalecer la libertad sindical, garantizar la negociación colectiva y erradicar el trabajo forzoso, así como la discriminación en los centros laborales. Como respuesta, México implementó una reforma sustancial, estructural en materia laboral en 2019, que incluyó la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y la modificación de los procedimientos para la elección de dirigentes sindicales, entre otras cuestiones, como por ejemplo la apertura del tema laboral en el Poder Judicial en México. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas reformas ha enfrentado múltiples desafíos. El Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC (T-MEC y su mecanismo laboral de respuesta rápida, 2021), ha sido activado en diversas ocasiones para investigar violaciones a los derechos laborales en sectores clave como la industria automotriz y manufacturera. Estados Unidos ha presentado quejas contra empresas mexicanas por presuntas prácticas Juan Marín González Solís �114 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León antisindicales, lo que ha derivado en procesos de revisión y sanciones. Casos como el de la planta de General Motors en Silao (En cuanto al tema de los sindicatos y “el puente entre lo viejo y el nuevo sistema laboral.”) (Juárez, Blanca. 2021) han evidenciado la necesidad de una mayor vigilancia y cumplimiento de los compromisos laborales. El economista Luis de la Calle, con amplia trayectoria como funcionario público, académico, investigador, (De la Calle, biografía) es uno de los principales ex negociadores del TLCAN, y que entre otras cuestiones ha señalado que el cumplimiento estricto de estas normas es clave para mantener el acceso privilegiado al mercado estadounidense. En este sentido, el fortalecimiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ha resultado ser una pieza fundamental para garantizar que los trabajadores puedan ejercer plenamente sus derechos sin presiones. Sabemos que persisten obstáculos estructurales como la informalidad laboral y la falta de recursos para la implementación de los nuevos mecanismos de protección de los trabajadores. También tenemos la falta de inspecciones laborales efectivas y el rezago en la resolución de conflictos sindicales que dificultan la consolidación de los cambios promovidos por el T-MEC. En ese sentido el fortalecimiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ha resultado ser fundamental para garantizar que los trabajadores puedan ejercer plenamente sus derechos sin ninguna sumisión. Otro punto crítico es el impacto del T-MEC en las cadenas de suministro. Empresas manufactureras y del sector automotriz han tenido que ajustar sus prácticas laborales para cumplir con los estándares del tratado, lo que ha derivado en una mayor supervisión de sus procesos productivos. El acceso a mercados internacionales depende ahora, en gran medida, del cumplimiento de estos compromisos lo que presiona tanto a las grandes corporaciones como a sus proveedores locales, pero aun así se ha venido laborando en el mismo sentido para cumplimentar los compromisos adquiridos. El papel de los sindicatos también ha adquirido un nuevo protagonismo. La democratización de la representación sindical y la exigencia de elecciones libres y transparentes han generado cambios en el panorama laboral del país. No obstante, algunos sectores empresariales han mostrado resistencia a estas modificaciones, argumentando que incrementan los costos operativos y que pueden afectar la competitividad de las empresas mexicanas. Breve análisis del T-MEC y los desafíos actuales para México (Desde las materias, laboral, energética y comercial-aduanera). pp. 109-129 �115 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx Es decir, el cumplimiento de los compromisos laborales del T-MEC no solo es importante para evitar sanciones comerciales, sino también para mejorar las condiciones de trabajo en México y fortalecer su competitividad en el mercado internacional. La evolución de este tema seguirá siendo un punto clave en la relación trilateral y en el desarrollo del sector productivo del país. Para maximizar los beneficios del tratado, es necesario reforzar la capacitación de los trabajadores, aumentar las inspecciones laborales y garantizar que las empresas cumplan con las normativas establecidas. De esa manera se podrá lograr una integración económica más equitativa y sostenible dentro de la región de América del Norte a mediano y largo plazo. II. IMPACTO EN MATERIA ENERGÉTICA El sector energético ha sido uno de los puntos más conflictivos dentro de la implementación del T-MEC. México ha adoptado una postura que da prioridad al fortalecimiento de sus empresas estatales, como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que ha generado tensiones con Estados Unidos y Canadá. Nuestros socios han argumentado que ciertas políticas energéticas mexicanas favorecen de manera desleal a las empresas estatales y limitan la participación de inversionistas extranjeros, lo que podría contravenir las disposiciones del tratado. Es entonces que uno de los principales puntos en disputa ha sido la reforma energética impulsada por el gobierno mexicano, la cual busca revertir parte de la liberalización del sector iniciada en 2013. Esta reforma ha generado incertidumbre entre los socios comerciales, ya que modifica las condiciones para la inversión privada en energías renovables y combustibles fósiles, afectando proyectos previamente establecidos por empresas extranjeras. El capítulo de energía del T-MEC establece que México tiene soberanía sobre sus recursos naturales, pero también obliga a garantizar un trato no discriminatorio a las empresas extranjeras. En este contexto, Estados Unidos y Canadá han solicitado consultas formales bajo el mecanismo de solución de controversias del tratado, argumentando que las políticas mexicanas podrían distorsionar el mercado y afectar la competitividad de las empresas extranjeras en el sector energético. (Martínez M. Blanca del C, 2022). Juan Marín González Solís �116 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Otro punto de conflicto es el acceso a energías renovables. Mientras que Estados Unidos y Canadá han avanzado en la transición energética y buscan incentivar inversiones en tecnologías limpias, México ha dado prioridad a las fuentes tradicionales de energía, lo que ha generado críticas por parte de la comunidad internacional y de las propias empresas que operan en el país. Esto no solo impacta la relación comercial, sino que también podría tener repercusiones en el cumplimiento de compromisos ambientales adquiridos en otros acuerdos internacionales. El futuro del sector energético en México dentro del marco del T-MEC dependerá en gran medida de cómo se resuelvan estas disputas. La incertidumbre en las reglas del mercado energético puede afectar la inversión extranjera y el desarrollo de infraestructura clave para la competitividad del país. Por ello, será fundamental encontrar un equilibrio entre la soberanía energética de México y el respeto a las disposiciones del tratado para evitar sanciones y mantener la estabilidad en el comercio trilateral. El economista Gary Clyde Hufbauer, (OMC, foro-biografía) investigador principal no residente del Peterson Institute for International Economics, ha advertido que estas políticas pueden disminuir la inversión extranjera directa en el sector energético mexicano y afectar la competitividad del país en el mediano plazo. III. IMPACTO EN MATERIA COMERCIAL Y ADUANERA El T-MEC también ha generado desafíos importantes en materia comercial y aduanera. Uno de los principales cambios respecto al TLCAN es la implementación de reglas de origen más estrictas, especialmente en el sector automotriz, lo que ha obligado a las empresas a reorganizar sus cadenas de suministro. Otro aspecto clave ha sido la modernización de los procesos aduaneros, que busca agilizar el comercio entre los tres países. Sin embargo, subsisten problemas como la congestión en las aduanas y la falta de infraestructura adecuada. Éste ha sido un tema heredado desde hace muchos años, han existido momentos en los que la agilidad en el proceso aduanero sobre todo en la exportación, han sido envidiables para otros países, sin embargo, desde hace un tiempo determinado el sector enfrenta serios problemas en éste rubro lo que hace necesaria Breve análisis del T-MEC y los desafíos actuales para México (Desde las materias, laboral, energética y comercial-aduanera). pp. 109-129 �117 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx una reingeniería tanto física como del proceso en sí mismo, podemos hablar de comités de facilitación aduanera transfronterizos, así mismo del uso de la inteligencia artificial, entre otras medidas, para agilizar ese despacho a la exportación en todo su conjunto y en el tema que respecta a los comités transfronterizos nos referimos en específico a que se negocie, se cabildee el asunto con la contraparte, en el sentido de que esa revisión a la exportación no sólo tenga celeridad en México, sino que sea una parte complementaria en la importación estadounidense para que el tráfico se agilice en ambos sentidos. Aunado a ello la cooperación trilateral debe ser fundamental para mejorar la eficiencia del comercio y garantizar el cumplimiento de las disposiciones del tratado. IV. REGLAS DE ORIGEN Y NORMAS DE CONTENIDO REGIONAL EN EL T-MEC Las reglas de origen y las normas de contenido regional en el T-MEC son aspectos clave que impactan directamente a la industria fabricante, automotriz y otras cadenas de suministro en México. Veamos un apartado que detalle algunos puntos de importancia: 1. Requisitos más estrictos en reglas de origen: El T-MEC exige un mayor contenido regional para que los productos sean considerados originarios y puedan beneficiarse de la eliminación de aranceles. En el sector automotriz, por ejemplo, se requiere que el 75% de las piezas provengan de la región, lo que representa un reto para algunas empresas mexicanas que dependen de insumos asiáticos. 2. Impacto en la industria automotriz: Las nuevas disposiciones han obligado a las empresas automotrices a reconfigurar sus cadenas de suministro y aumentar la producción de piezas en Norteamérica. Esto ha generado oportunidades para fabricantes locales, pero también costos adicionales en adaptación y cumplimiento. 3. Retos para las PYMES mexicanas: Muchas pequeñas y medianas empresas no tienen la capacidad de adaptación inmediata a las nuevas reglas, lo que podría limitar su participación en las cadenas de valor del T-MEC. Juan Marín González Solís �118 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Roberto Morales, de El Economista nos explica: “…La primera regla es que ese pacto comercial incrementa el Valor de Contenido Regional (VCR) de 62.5 a 75%, con una nueva metodología. (Morales, 2018). El VCR es un porcentaje que indica en qué medida una mercancía ha sido producida en la región local del productor. El origen de los componentes o materiales de la mercancía, la ubicación de la producción de ésta y otros factores que influyen en dicho porcentaje. En general, las reglas de origen se refieren al criterio pactado en un tratado de libre comercio para definir cuándo un bien es considerado originario (por su nivel de contenido regional) para gozar de las preferencias arancelarias. El segundo requisito del USMCA (por sus siglas en inglés, significa TLCAN) establece un Valor de Contenido Laboral (VCL) de 40% para automóviles. Esto es, 40% del valor del vehículo deberá producirse utilizando salarios, al menos de 16 dólares estadounidenses por hora, de conformidad con los siguientes tres puntos: Uno, podrán obtenerse créditos por hasta 10 puntos porcentuales por actividades relacionadas con investigación y desarrollo, y tecnologías de la información. Dos, podrán obtenerse créditos de hasta por 5 puntos porcentuales por capacidad de fabricación de motores (100,000 unidades), transmisiones (100,000 unidades) o baterías (25,000 unidades). Y tres, 25 puntos porcentuales en mano de obra. El tercer requerimiento de la regla de origen es que 70% del acero y el aluminio deberá ser de la región de América del Norte. Además de todos y cada uno de los anteriores requisitos, se establece un cuarto, consistente en que las autopartes denominadas “esenciales,” como motores y cajas de trasmisiones, deberán cumplir con 75% de VCR en promedio. Las reglas de origen requieren también un VCR de 75% en promedio para otras autopartes esenciales como chasis, ejes, suspensiones, sistemas de dirección y —para autos eléctricos— baterías. Determinar el país de origen es bastante sencillo cuando un producto es “enteramente obtenido” o fabricado en un solo país. Sin embargo, cuando los componentes de un producto terminado se fabrican en muchos países, la determinación del origen puede ser un proceso complejo. Breve análisis del T-MEC y los desafíos actuales para México (Desde las materias, laboral, energética y comercial-aduanera). pp. 109-129 �119 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx Los requisitos de las normas de origen difieren en cada acuerdo comercial porque son negociados individualmente entre las partes en el acuerdo. Para que los importadores puedan beneficiarse de un pacto comercial, deben demostrar que sus importaciones cumplen los respectivos criterios de las normas de origen. En este caso, las reglas de origen tienen como fin que los beneficios del USMCA se otorguen únicamente a los bienes producidos por las partes signatarias y no a los bienes fabricados total o parcialmente en otros países. Si una importación en Estados Unidos, México o Canadá no cumple con los requisitos de las normas de origen, ingresará a la nación correspondiente bajo otro programa de importación. En el caso del Tratado actual, la mayoría de los bienes que contienen materiales de países que no son parte de América del Norte también pueden considerarse norteamericanos, si los materiales se transformaron suficientemente en la región del Tratado para pasar por un cambio en la clasificación arancelaria (llamado “cambio de tarifa”). (Ibid. Morales. 2018). El ex representante de Comercio de EE.UU., Robert Lighthizer, (Jeréz, 2024) quien fuera el representante del comercio y que reescribiera el consenso sobre política comercial durante ese período en la administración Trump 2017-2021, ha señalado que estas reglas buscan fortalecer la integración regional y reducir la dependencia de proveedores externos, pero también implican costos de ajuste para las industrias mexicanas y canadienses. El cumplimiento de estas reglas ha generado impactos significativos en la industria manufacturera, que ha debido ajustar sus cadenas de suministro para cumplir con los nuevos estándares. Las pequeñas y medianas empresas mexicanas enfrentan dificultades adicionales para adaptarse a estos requerimientos, lo que podría limitar su participación en el mercado regional. Aunado a ello, Estados Unidos ha reforzado la supervisión de estas disposiciones, incrementando auditorías y revisiones aduaneras a exportadores mexicanos, tema de importancia capital para reflexionar y repensar como hacer propuestas adecuadas para “agilizar” el despacho de mercancías a la exportación. Si bien estas medidas buscan fortalecer la integración regional y reducir la dependencia de proveedores externos, también representan desafíos para la competitividad de la industria Juan Marín González Solís �120 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León mexicana. La clave para superar estos obstáculos radica en fortalecer la producción local de insumos estratégicos y fomentar la inversión en tecnología e innovación dentro del sector manufacturero nacional. V. ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA POSICIÓN DE MÉXICO EN EL T-MEC Para que México continúe siendo un socio competitivo dentro del T-MEC, es necesario adoptar estrategias que refuercen su atractivo comercial. Algunas de las acciones clave pudieran ser: • Otorgar incentivos a la inversión: Crear programas que fomenten la inversión extranjera directa en sectores estratégicos, como la manufactura avanzada y la tecnología. • Fortalecer las cadenas de suministro: Apoyar a las empresas nacionales en la sustitución de insumos importados para cumplir con las reglas de origen. • Implementar de inmediato mejoras en infraestructura logística: Modernizar aduanas, puertos y carreteras para reducir costos de transporte y facilitar el comercio. Por ejemplo: El Plan México contempla una modernización aduanera que incluye la modernización de las aduanas de Veracruz y Coatzacoalcos y la creación de la nueva denominada Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, que permitirá la digitalización de trámites gubernamentales, y el uso de inteligencia artificial en la inspección de mercancías. Uno de los ejes principales de esta iniciativa es la digitalización de los trámites aduaneros, con la meta de automatizar el 80% de los procesos gubernamentales relacionados con la importación y exportación. Con ello, se contempla reducir los tiempos de espera hasta en un 50%, facilitando el flujo comercial y disminuyendo costos operativos. El plan incorpora el uso de inteligencia artificial para la inspección de mercancías. A través de sistemas de aprendizaje automático, la tecnología permitirá un análisis más eficiente y preciso de los productos que ingresan y salen del país. Esto agilizará la revisión de carga y reducirá significativamente los tiempos de procesamiento, evitando retrasos Breve análisis del T-MEC y los desafíos actuales para México (Desde las materias, laboral, energética y comercial-aduanera). pp. 109-129 �121 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx innecesarios en los procesos aduaneros. Otro aspecto clave de esta modernización es su impacto en la lucha contra la corrupción, al disminuir la intervención humana en la toma de decisiones y hacer más transparentes los procedimientos. Esto fortalecerá la seguridad y confianza en el comercio exterior mexicano, facilitando las operaciones para importadores y exportadores. Para garantizar la implementación de esta propuesta de modernización, el gobierno ha enviado una reforma constitucional al Congreso con el fin de respaldar el proceso de transformación digital. (SMPS Legal, 2025). • Promover una política industrial proactiva: Desarrollar planes de innovación y capacitación laboral para mejorar la competitividad de la mano de obra mexicana. Con estas estrategias, México puede consolidar su papel como un socio clave dentro del T-MEC y enfrentar los desafíos comerciales actuales con mayor solidez. VI. COMPLEJIDADES DERIVADAS DE POLÍTICAS QUE AFECTAN EL T-MEC El desarrollo del tratado ha enfrentado diversos obstáculos debido a políticas gubernamentales que han generado fricciones con los socios comerciales. Por ejemplo: • Regulaciones cambiantes: modificaciones constantes en normativas laborales, energéticas y comerciales han generado incertidumbre para las empresas e inversionistas extranjeros. • Barreras a la inversión: restricciones en sectores estratégicos han limitado la participación de empresas extranjeras, afectando la competitividad y el flujo de inversiones. • Tensiones diplomáticas: disputas comerciales y controversias sobre el cumplimiento del tratado que han derivado en consultas y posibles sanciones por parte de Estados Unidos y Canadá. Para garantizar una implementación efectiva del T-MEC, México debe trabajar en una mayor estabilidad regulatoria y en fortalecer la cooperación con sus socios comerciales para evitar conflictos innecesarios. Juan Marín González Solís �122 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Los factores descritos han provocado disputas con los socios comerciales de México y han limitado el crecimiento de sectores estratégicos. (Bown, 2019). Necesitamos garantizar un mejor aprovechamiento del T-MEC, y es fundamental que México ajuste sus políticas internas y mejore la coordinación con sus aliados comerciales, y que por cierto es en lo que ya hemos analizado y en donde se puede observar un avance sustancial desde enero pasado. La reciente imposición por parte del presidente Donald Trump de aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, afectando a socios comerciales como México y Canadá, ha generado tensiones verdaderas en las relaciones comerciales de América del Norte. El especialista Jesús Seade, principal negociador del T-MEC por parte de México en aquel momento, (De Luna, T. 2024) ha resaltado la importancia de aprovechar el tratado como una plataforma para atraer inversiones y diversificar la economía. VII. MÉXICO ANTE EL NUEVO ESCENARIO GLOBAL: Tenemos que agotar las vías diplomáticas y legales: Es obvio y al mismo tiempo esencial que México utilice los mecanismos de resolución de disputas establecidos en el T-MEC para impugnar los aranceles, argumentando que violan las disposiciones del tratado. Pero sin salir de la política internacional de la buena vecindad, como actualmente se realiza. Además de ello: a) Es de suma importancia coordinar acciones con Canadá: Dado que Canadá también se ve afectado, una respuesta conjunta fortalecería la posición de ambos países en las negociaciones y en foros internacionales. b) Implementar medidas de apoyo interno: Mientras se resuelve la situación, el gobierno mexicano debería considerar medidas temporales de apoyo a las industrias afectadas, como incentivos fiscales o subsidios, para mitigar el impacto económico. c) Diversificar mercados y fortalecer el mercado interno: Reducir la dependencia del mercado estadounidense explorando nuevas oportunidades comerciales y fortaleciendo la demanda interna puede ser una estrategia efectiva a largo plazo. Actualmente no contamos con datos sobre si esa posibilidad ya se está trabajando. Breve análisis del T-MEC y los desafíos actuales para México (Desde las materias, laboral, energética y comercial-aduanera). pp. 109-129 �123 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx d) Mantener canales de comunicación abiertos: Seguir dialogando con la administración estadounidense para buscar soluciones negociadas y evitar una escalada en las tensiones comerciales, en ese aspecto si sabemos que se está realizando en el más alto nivel y ha rendido buenos frutos. En un artículo denominado “La amenaza de Donald Trump a México,” (Pérez Ricart, 2025), comenta en su apartado México: margen de acción limitado, que: “…A pesar de la evidente asimetría, el gobierno de México cuenta con formas de reducir (no eliminar) el grado de amenaza que se acumula…” En primer lugar, debe buscar canalizar los problemas naturales de la relación (en el tema de la seguridad) a través de los mecanismos institucionales: el Diálogo de Alto Nivel y el Entendimiento Bicentenario (Gobierno de México, 2022). Esto implica no contaminar el tema de la seguridad pública con los comerciales o relativos a la migración. En el momento en que las agendas se combinen, México habrá perdido espacio de negociación. En segundo lugar, el gobierno de México debe abandonar el discurso negacionista sobre la producción de fentanilo en México. La evidencia es incontrovertible: en México se sintetizan opioides sintéticos de forma masiva. Desconocerlo es una pésima estrategia diplomática y un tanque de “oxígeno para los discursos intervencionistas.” Dicho eso, bien hará el gobierno en subrayar que ambos gobiernos son corresponsables del problema del fentanilo. Tal como lo ha señalado el Cato Institute, ocho de cada diez personas detenidas por cruzar fentanilo en la frontera son ciudadanos estadounidenses. Aunque resulta evidente que esas estadísticas no harán cambiar de opinión a Trump, sí proveen al gobierno de una primera línea de defensa frente a la narrativa intervencionista. En tercer lugar, el gobierno federal debe mostrar su voluntad por cooperar con Estados Unidos en un tema que resulta crucial para ellos. Del mismo modo, deberá exigir que al norte de la frontera se produzcan cambios que permitan reducir el número de armas de fuego que todos los años fluyen hacia México. Ambos gobiernos deben entenderlo: el poder del crimen organizado en México (y el resto de América Latina) pasa por su capacidad de adquirir armas provenientes de Estados Unidos. Lo que habilita el mercado de drogas son Juan Marín González Solís �124 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León las más de setenta mil armerías en Estados Unidos que proveen y alimentan al crimen en México. Por último, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum no debe mostrar debilidad ante la amenaza. Debe rechazar cualquier intento de fuerzas armadas estadounidenses por operar en territorio mexicano. Tal como lo ha dicho públicamente la presidenta: “… Cooperación sí, subordinación no…” La Presidenta Sheinbaum ha sabido manejar eficazmente la situación. Nos referimos a esa coyuntura del Presidente Trump con el mundo o con la mayoría de aquellos países que mantienen relaciones comerciales con ellos, no somos únicos, en ese aspecto el manejo ha sido bastante productivo, entre otras cuestiones ha declarado que esperará un tiempo oportuno antes de tomar una decisión definitiva sobre posibles aranceles recíprocos, confiando en negociar con Estados Unidos bajo el T-MEC para evitar mayores tarifas. La situación actual requiere una estrategia integral que combine acciones legales, diplomáticas y económicas para proteger los intereses de México y minimizar el impacto de los impuestos arancelarios por Estados Unidos. Optimizando los beneficios del T-MEC El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2025 representa el mayor desafío significativo para el T-MEC y, en particular, para México. Trump ha sido crítico del tratado en el pasado, y aunque lo promovió como un reemplazo mejorado del TLCAN, también ha mostrado una postura proteccionista de los Estados Unidos y que podría traducirse en presiones adicionales sobre los principales sectores productivos y comerciales de su país. Una reflexión y que pienso que muchos mexicanos compartimos es la siguiente: ¿Es correcta la estrategia de Trump? Desde un punto de vista estratégico y político, algunos gobiernos argumentan que los aranceles pueden ser una herramienta de negociación. Sin embargo, la historia ha Breve análisis del T-MEC y los desafíos actuales para México (Desde las materias, laboral, energética y comercial-aduanera). pp. 109-129 �125 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx demostrado que su uso excesivo puede derivar en tensiones innecesarias y costos económicos significativos. En el caso del T-MEC, México y Canadá tienen herramientas dentro del tratado para responder a estas medidas sin necesariamente entrar en una guerra de aranceles. La clave es utilizar los mecanismos de solución de controversias y promover el diálogo diplomático antes de escalar el conflicto con represalias directas. Ante esto ¿Qué puede hacer México? • Diversificar mercados: Reducir la dependencia con EE.UU. en sectores estratégicos. Este tema ya no lo podemos postergar más, aún y cuando hemos cuidado nuestra relación con Estados Unidos desde hace mucho tiempo, debemos iniciar una nueva fase, repensar y poner en práctica una nueva relación comercial internacional con las grandes potencias (incluyendo por supuesto a China y Japón), y reorientar nuestra economía interna sin regresar de lleno a la sustitución de importaciones ya que nos encontramos en un momento histórico completamente diferente. Pienso que “… Copiando, adaptando, asimilando y mejorando…” (Kirai 2007), podemos intentar un nuevo modelo, diseñando nuevas estrategias incluso desde la educación pública y privada para el presente y futuro mexicano. • Proteger sectores afectados: Diseñar incentivos temporales para mitigar el impacto en las industrias perjudicadas. (Tampoco lo podemos postergar y con ello en tiempo real, auxiliar a la cadena productiva del país). Una guerra comercial no suele ser la mejor estrategia para ninguna de las partes. México debe responder de manera estratégica y calculada para evitar mayores daños directos y colaterales. VIII. CHINA Y SU IMPACTO EN EL T-MEC No podemos dejar de lado el tema del gigante asiático, representa un factor clave en la dinámica comercial de México bajo el T-MEC. Porque su crecimiento como potencia fabricante y su influencia en las cadenas de suministro globales pueden ser tanto una oportunidad como un desafío. Juan Marín González Solís �126 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León El crecimiento de China como potencia manufacturera ha generado tanto desafíos como oportunidades para México dentro del marco del T-MEC. La competencia con la industria china ha afectado sectores clave como el automotriz y la electrónica, mientras que la relocalización de empresas (nearshoring) ha abierto nuevas oportunidades para fortalecer la producción nacional. México debe aprovechar su proximidad con EE.UU. para atraer inversión extranjera y consolidarse como un centro manufacturero estratégico. Sin embargo, también debe enfrentar los retos de competitividad que impone la presencia china en el comercio global porque el gigante asiático no puede permanecer como un “jugador oculto,” (Araiza Diego, 2025). Un enfoque equilibrado permitirá maximizar los beneficios del tratado y fortalecer la posición de México en la economía internacional. Ante las tensiones con Estados Unidos, México ha buscado diversificar sus relaciones comerciales, y China emerge como un socio estratégico. El comercio bilateral ha crecido significativamente en sectores como manufactura, tecnología y energía. México depende de insumos chinos para su industria manufacturera y automotriz, lo que ha generado una mayor integración en las cadenas de suministro globales, pero también vulnerabilidades ante restricciones comerciales. Además, la creciente inversión china en infraestructura y tecnología en México ha generado inquietudes en Estados Unidos, que ve con preocupación el aumento de la influencia de aquel país en la región. Dentro del marco del T-MEC, México debe equilibrar su relación con el gigante de Asia sin afectar sus compromisos con sus socios norteamericanos, especialmente en sectores estratégicos como telecomunicaciones y semiconductores, donde Washington ha impuesto restricciones a empresas chinas. La clave para México será aprovechar las oportunidades de inversión y comercio con China sin poner en riesgo su estabilidad dentro del T-MEC. Breve análisis del T-MEC y los desafíos actuales para México (Desde las materias, laboral, energética y comercial-aduanera). pp. 109-129 �127 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx CONCLUSIONES A cuatro años de su entrada en vigor, el T-MEC ha demostrado ser un pilar fundamental para la integración económica de América del Norte, pero también ha evidenciado desafíos significativos para México. En materia laboral, el cumplimiento de las disposiciones sobre libertad sindical y negociación colectiva ha sido un proceso complejo, requiriendo ajustes institucionales y una mayor vigilancia para evitar sanciones comerciales. El sector energético, por su parte, se mantiene como un punto de fricción con Estados Unidos y Canadá, ya que las políticas de fortalecimiento de PEMEX y la CFE han generado disputas dentro del marco del tratado. Las reglas de origen y las normas sobre contenido regional han impulsado la reconfiguración de las cadenas productivas, exigiendo a las empresas mexicanas una mayor integración regional para mantener su competitividad. Al mismo tiempo, la nueva política arancelaria de la administración de Donald Trump representa un reto adicional, especialmente en sectores clave como el acero y el aluminio, lo que podría afectar el flujo comercial entre los socios del tratado. Ante este panorama, México debe adoptar una estrategia integral que equilibre el cumplimiento de sus compromisos con la defensa de sus intereses nacionales. La inversión en infraestructura, el fortalecimiento de la industria nacional y la consolidación de su marco laboral ya que son pasos esenciales para mantener su posición como un socio atractivo dentro del T-MEC. En un contexto global cada vez más competitivo, México enfrenta el reto de adaptarse a las nuevas dinámicas comerciales sin comprometer su desarrollo económico. La clave estará en encontrar un punto de equilibrio entre el aprovechamiento de las oportunidades del T-MEC y la capacidad de respuesta ante las políticas proteccionistas de sus socios, sin dejar de lado un adecuado manejo en la presión constante y actualizada del Presidente Donald Trump al comercio global con la escalada (que ya conocemos) en la imposición de aranceles de los Estados Unidos de América a la importación de productos a su territorio. Juan Marín González Solís �128 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León TRABAJOS CITADOS Araiza, Diego. 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Partes 1, 2, 3 … https://www.kirainet.com/copiando-adaptando-asimilando-y-mejorando-parte-1/ Martínez Mendoza, Blanca del Carmen. La política energética de México y el T-MEC. Blog de Derecho Económico. Universidad Externado de Colombia. 2022. https://derechoeconomico. uexternado.edu.co/internacional/la-politica-energetica-mexicana-y-el-tmec/ Breve análisis del T-MEC y los desafíos actuales para México (Desde las materias, laboral, energética y comercial-aduanera). pp. 109-129 �129 VOL 2, NO. 4, JULIO-DICIEMBRE 2025 www.revistanomos.uanl.mx Morales. Roberto. El Economista. Octubre de 2018. ¿Cómo se cumple la nueva regla de origen automotor? Requisitos de las reglas de origen. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/ Como-se-cumple-la-nueva-regla-de-origen-automotor-20181004-0040.html Perez Ricart, Carlos. La amenaza de Donald Trump a México. México: Margen de acción limitado. Heinrich Böll Stiftung. Ciudad de México. 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Universitaria C.P. 66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. Fecha de la última modificación: 10 de julio de 2025. revistanomos.uanl.mx nomos@uanl.mx � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Nomos. Procesalismo Estratégico Description An account of the resource Es una publicación semestral online, dedicada a difundir investigaciones sobre derecho procesal en perspectiva estratégica, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la cultura del Estado Social y Democrático de Derecho, aportando investigaciones de frontera con una perspectiva plural desde los derechos humanos, derecho procesal, derecho constitucional, derecho administrativo, teoría del derecho y filosofía política, y otras áreas y disciplinas del conocimiento interrelacionadas, para aportar a la divulgación del conocimiento básico y aplicado en un entorno transdisciplinar que nos permita abordar el litigio procesal de forma estratégica desde diversos ámbitos científicos con el fin de fortalecer la teoría y generar propuestas de solución en clave social y de interés público. Creator An entity primarily responsible for making the resource Salinas Garza, Juan Ángel, Director Date Created Date of creation of the resource. 2024-01-01 Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Nomos Procesalismo Estrategico Año de publicación El año cuando se publico 2025 Volumen Volumen de la revista 2 Número Número de la revista 4 Mes de publicación Mes cuando se publicó Julio-Diciembre Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Semestral Relación OPAC https://revistanomos.uanl.mx/index.php/revista/issue/view/4/4 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Nomos Procesalismo Estrategico, 2025, Vol 2, Num 4, Julio-Diciembre Creator An entity primarily responsible for making the resource Salinas Garza, Juan Ángel, Director Subject The topic of the resource Derecho Procesal Derechos Humanos Filosofía Politíca Teoría del derecho Description An account of the resource Es una publicación semestral online, dedicada a difundir investigaciones sobre derecho procesal en perspectiva estratégica, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la cultura del Estado Social y Democrático de Derecho, aportando investigaciones de frontera con una perspectiva plural desde los derechos humanos, derecho procesal, derecho constitucional, derecho administrativo, teoría del derecho y filosofía política, y otras áreas y disciplinas del conocimiento interrelacionadas, para aportar a la divulgación del conocimiento básico y aplicado en un entorno transdisciplinar que nos permita abordar el litigio procesal de forma estratégica desde diversos ámbitos científicos con el fin de fortalecer la teoría y generar propuestas de solución en clave social y de interés público. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derecho y Criminología Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Rodríguez Lozano, Luis Gerardo, Editor en Jefe Nettel Barrera, Alina del Carmen, Editora en Jefe Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2025-07-01 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource txt/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2021498 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. San Nicolás de los Garza, Nuevo León Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Actualidad de las criptomonedas Estado de Derecho en America Latina Federalismo Fiscal T-MEC