https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/417/21995/Politica_Globalidad_y_Ciudadania_2025_Vol_11_Num_22_Julio-Diciembre.pdf b5b4677738a235760a299d7723c24191 PDF Text Text Vol. 12, Núm. 23, enero - junio 2026 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 12, Núm. 23, enero - junio 2026 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ REVISTA POLÍTICA, GLOBALIDAD Y CIUDADANÍA REVISTA CIENTÍFICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/index Revista Política, globalidad y ciudadanía se encuentra bajo una licencia Creative Commons Atribución- NoCommercial Internacional 4.0 La Revista cuenta con Cross Reference DOI oficial registration, promueve el acceso abierto a la literatura científica y es signataria de la Declaración DORA an-Francisco, Declaration on Research Assessment: https://sfdora.org/read/ Los editores y los autores son responsables de los artículos aquí publicados. Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos citando la fuente y el autor o los autores Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 11 No. 22, julio - diciembre 2025 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, pp. 1-226. ISSN 2395-8448 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio – diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ REVISTA POLÍTICA, GLOBALIDAD Y CIUDADANÍA REVISTA CIENTÍFICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Entidad Editora Universidad Autónoma de Nuevo León UANL Equipo editorial Director de la Revista Abraham Hernández Paz Director de la Facultad de Políticas y Relaciones Internacionales Editoras Gabriela Mata Sánchez | Universidad Autónoma de Nuevo León | México Gabriela Baltodano García | Universidad Autónoma de Nuevo León | Nicaragua Posicionamiento estratégico, seguimiento editorial, marcaje, corrección de estilo y maquetación Gabriela Baltodano García | Universidad Autónoma de Nuevo León | Nicaragua Diseño de Portada Nadia Gabriela Silva Zertuche | Universidad Autónoma de Nuevo León | México Traducción Marlene del Toro Granados | Universidad Autónoma de Nuevo León | México Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio – diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ REVISTA POLÍTICA, GLOBALIDAD Y CIUDADANÍA REVISTA CIENTÍFICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Cuerpos Académicos Asociados Oswaldo Leyva Cordero Gestión y Política educativa Juan de Dios Martínez Villarreal Ciencias Políticas Carlos Muñiz Muriel Comunicación Política, Opinión Pública y Capital Social Salvador Gerardo González Cruz Mercados y Estudios Regionales Internacionales Víctor Néstor Aguirre Sotelo Participación Ciudadana y DDHH de las Minorías José Segoviano Hernández Políticas Sociales en los Modelos Educativos Comité Científico Editorial Victor Eduardo Cancino Cancino Universidad Santo Tomás Daniel de la Garza Motemayor Universidad de Monterrey Francisco Ganga Contreras Universidad de Tarapacá Claire Wright Queen's University Belfast Katarzyna Krzywicka Wydział Politologii UMCS José Manuel Sabucedo Cameselle Universidad de Santiago de Compostela Ismael Crespo Martínez Universidad de Murcia Hugo Ramón Martínez-Caraballo Universidad Simón Bolívar Daniel Barredo Ibáñe Universidad del Rosario Carmelo Cattafi Tecnológico de Monterrey Roberto Ariel Abeldaño Zuñiga Universidad de La Sierra Sur Arturo Vallejos Romero Universidad de La Frontera José Tejada Fernádez Universidad Autónoma de Barcelona Roberto Dominguez Suffolk University Ana Maria Cazallo-Antunez Universidad de Jaén Ronald Prieto Pulido Universidad Simón Bolívar Nahuel Oddone Universidad en Brujas, Bélgica Felipe Aliaga Saez Universidad Santo Tomás Úrsula Freundt-Thurne Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas José Manuel Ramírez Hurtado Universidad Pablo de Olavide Hernando Rojas Universidad de Wisconsin – Madison Valeriano Piñeiro Naval Universidad de Salamanca Yanyn Aurora Rincon Quintero Tecnológico de Antioquia Victor Samuel Peña Colegio de Sonora Academia Nicaragüense de las Ciencias Jurídicas y Políticas Oscar Castillo Guido (ANCJP) Rafael Velazquez Flores Universidad Autónoma de Baja California José Antonio Peña-Ramos Universidad de Granada Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio – diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ Sebastían Donaso Carlos Pilia Adriano Moura da Fonseca Pinto José Carlos Lozano Rendón Manuel Alcántara Sáez Pablo Toral Joaquín Brugué Jose Joaquin Brunner Manuel Torres Jorge Schiavon Uriegas Benjamin Temkín Yedwab Claudia Mellado Ruiz Pablo Jorge Porten-Chee Marita Carballo Sergio Wals Sebastián Valenzuela Universidad de Talca Universidad de Cagliari Universidade Estácio de Sá Texas A&M University Universidad de Salamanca Beloit College Universidad Autónoma de Barcelona Universidad Diego Portales Universidad Internacional de Andalucía Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Universität Heidelberg en Alemania Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas University of Nebraska-Lincoln Pontificia Universidad Católica de Chile Comité Consultivo Verónica Cuevas Pérez Presidenta Patricia Sepúlveda Vicepresidenta Francisco Gorjón Gómez Universidad Autónoma de Nuevo León Fátima Recuero López Universidad de Granada Raul Carnavalli Universidad de Talca Nicolás Gissi Barbieri Universidad de Chile Violeta Isabel Montero Barriga Universidad de Concepción Amaro Elías la Rosa Pineda Universidad Jaime Bausate y Meza David Shirk Universidad de San Diego José Salvador Zepeda López Universidad Autónoma de Nayarit Lidia Aguilar Balderas Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio – diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ Presentación La Universidad Autónoma de Nuevo León es una institución comprometida con la formación integral en los campos de las ciencias, las humanidades y la tecnología, así como con la investigación científica y la promoción del desarrollo cultural e ideológico de la sociedad. Su labor está orientada a la formación de líderes y dirigentes con responsabilidad ética, compromiso histórico y el propósito de fortalecer la identidad regional, nacional y latinoamericana. En este contexto, la revista digital Política, Ciudadanía y Globalidad, publicación científica de esta institución, se articula con todas las instancias de este proyecto académico. Política, Ciudadanía y Globalidad se publica semestralmente en formato electrónico y bajo el sistema de acceso abierto (Open Access) desde enero de 2015. Su objetivo es consolidarse como un referente imprescindible para la difusión de artículos científicos inéditos, resultado de investigaciones en español e inglés, de autores nacionales e internacionales. Los artículos sometidos a la revista son evaluados mediante el sistema de revisión por pares bajo la modalidad de doble ciego, garantizando así la rigurosidad y calidad científica de los trabajos publicados. Desde la región noreste de México, Política, Ciudadanía y Globalidad se posiciona como un espacio para la promoción del desarrollo científico, el aprendizaje y la generación de conocimiento. Más específicamente, esta publicación constituye un instrumento clave para la socialización del conocimiento en las comunidades académicas vinculadas a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, ofrece un espacio de reflexión y debate crítico que contribuye al desarrollo académico, organizacional y social en los ámbitos local, nacional e internacional. Dirigida a investigadores, estudiantes de educación superior, funcionarios públicos, empresarios, gremios y la sociedad del conocimiento en general, la revista divulga producción intelectual y resultados de investigación en el campo de la ciencia política, abarcando todas sus subdisciplinas. El equipo editorial y de colaboradores está comprometido con el fortalecimiento de los criterios de calidad científica, visibilidad e impacto, en concordancia con los nuevos lineamientos del modelo Redalyc. Dra. Gabriela Baltodano G. Editora adjunta Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio – diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ Índice Editorial Análisis multidimensional electorales en Latinoamérica de los procesos Carlos Muñiz, Mario Riorda 1–7 Artículos Factores explicativos del voto costarricense en el Eduard Alberto Hernández-Nájera, José Díazexterior en elecciones presidenciales (2014–2022) González 1–18 Democracia y populismo: el desmantelamiento de Carlos Gómez Díaz de León, Abraham A. la arquitectura democrática en México 2019-2023 Hernández Paz, Samuel Andrés Ibarra González 19–41 Visita proselitista y probabilidad de voto provincial Edwin Cohaila Ramos en elecciones peruanas 2021 42–62 Mujeres indígenas y participación ciudadana: Adriana Hernández Sánchez, Víctor Néstor Aguirre consulta del Plan Estatal de Desarrollo 2022 de Sotelo, Kate del Rosario Rodríguez Alejandro Nuevo León 63–79 Libertad, derecho de expresión en su dimensión Luis Jara Pacheco, Larissa Huitrón Medellín, política y democracia: análisis teórico desde el Dinorah Moreno Marañón enfoque psicosocial 80–94 Control de convencionalidad en la jurisprudencia de Emma Patricia Muñoz Zepeda la Sala de lo Constitucional salvadoreña 95–116 Elecciones e insurgencia indígena en Brasil: Francisca Marli Rodríguez de Andrade, Viviane participación política de 2014 a 2022 Heringer Tavares 117–142 Los Dibujitos como sujetos políticos emergentes: anonimato, performatividad y reconfiguración de la Fernando Ramos-Zaga esfera pública en el Perú digital 143–167 Diagnóstico de los gobiernos divididos en Nuevo Verónica Martínez Fernández León 168–183 Violencia política en razón de género en las Dolores Gandulfo, Sofia Santamarina elecciones subnacionales: de lo local a lo digital 184–202 Una propuesta de financiamiento mixto para el Mauricio Aguilar Madrueño régimen electoral y de partidos en México 203–226 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio – diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ Análisis multidimensional de los procesos electorales en Latinoamérica Multidimensional analysis of electoral processes in Latin America Carlos Muñiz1; Mario Riorda2 RESUMEN Las elecciones democráticas representan hitos cruciales en la construcción de una gobernanza civil, democrática y responsable. Por ello, no es de extrañar que las campañas electorales se conviertan en períodos esenciales en la vida política de los países, con características marcadamente diferentes a los tiempos rutinarios de administración, tanto en términos de intensidad como de estilo y contenido de la comunicación. En ellas, el debate político se hace más intenso, en gran medida apoyado por el mayor énfasis que los medios de comunicación tienen dentro de su rol como fuentes de información y plataforma para el intercambio de mensajes. Por todo ello, los estudios electorales siguen constituyendo una rama fundamental al analizar una amplia gama de temas cruciales que rodean a los procesos electorales, como la toma de decisiones de los votantes ola estructura de los partidos políticos y los sistemas electorales. En este sentido, los artículos que integran este número especial aportan una visión amplia y certera a los diferentes temas que atañen a los procesos electorales. Palabras clave: Democracia, procesos electorales, estudios electorales, debate político, Latinoamérica. ABSTRACT …………………………………… Fecha de publicación: 30/07/2025 Esta obra está bajo una licencia de Creativa Commons ReconocimientoNoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional Democratic elections represent crucial milestones in the construction of civil, democratic, and accountable governance. It is therefore unsurprising that electoral campaigns become essential periods in the political life of nations, markedly different from the routine times of administration in terms of intensity, style, and communicative content. During these campaigns, political debate becomes more intense, largely supported by the increased emphasis placed on the media in their dual role as sources of information and platforms for the exchange of messages. For this reason, electoral studies continue to constitute a fundamental field of inquiry, as they address a wide range of critical issues surrounding electoral processes, such as voter decision-making, the structure of political parties, and electoral systems. In this sense, the articles included in this special issue provide a comprehensive and accurate perspective on the diverse topics that concern electoral processes. Keywords: Democracy, electoral processes, electoral studies, political debate, Latin America. Cómo referenciar este artículo: Muñiz, C. y Riorda, M. (2025). Análisis multidimensional de los procesos electorales en Latinoamérica. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 11(22), 1-7. https://doi.org/10.29105/rpgyc11.22-375 1 Doctor en Comunicación. Profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investifadoras (SNII), nivel II. Email: carlos.munizm@uanl.mx. Orcid: 0000-0002-9021-8198. 2 Doctor en en Comunicación Social, con especialidad en asuntos públicos. Universidad Autrial, Buenos Aires, Argentina. Presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (ALICE). E-mail: marioriorda@yahoo.com.ar 1 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 1.- INTRODUCCIÓN Las elecciones democráticas representan hitos cruciales en la construcción de una gobernanza civil, democrática y responsable. Desde una perspectiva filosófica, las elecciones se erigen como el pilar que legitima el sistema democrático al reflejar la voluntad representativa de toda la población de un país, sin importar su diversidad y la existencia de minorías dentro de la sociedad. En un nivel más práctico, las elecciones se desarrollan dentro de un marco institucional que establece las vías legítimas para acceder al poder y ejercerlo a través de procesos electorales. En esta intersección entre la política y el derecho, la legalidad y la legitimidad se entrelazan para cimentar la competencia justa y la aceptación de los resultados electorales. Por lo tanto, la legitimidad del proceso electoral y la aceptación de los resultados juegan un papel crucial en la búsqueda de una paz sostenible. Por ello, no es de extrañar que las campañas electorales se conviertan en períodos esenciales en la vida política de los países democráticos, con características marcadamente diferentes a los tiempos rutinarios de administración, tanto en términos de intensidad como de estilo y contenido de la comunicación (Poljak & Van Aelst, 2024). En el transcurso de los procesos electorales, en especial durante las campañas electorales, tiende a intensificarse la relación entre los actores políticos y la ciudadanía, lo que conlleva importantes implicaciones para la formación de actitudes y comportamientos políticos (Rijkhoff, 2018; Schuck et al., 2013; Yamamoto & Kushin, 2014). Estos períodos se caracterizan por la presencia de un debate político más intenso dentro de la esfera pública, en gran medida apoyado por el mayor énfasis que los medios de comunicación tienen dentro de su rol como fuentes de información y plataforma para el intercambio de mensajes (de León et al., 2023). Al respecto, se asume que durante los periodos electorales los medios tienden a ofrecer mayor volumen de noticias e información sobre política, presentándose habitualmente en estos contextos mayor atención a la política doméstica y a la actuación de los partidos políticos como actores centrales en las noticias (de León et al., 2023; Poljak & Van Aelst, 2024). Además, durante los procesos electorales la propia ciudadanía también se vuelve más activa en la búsqueda de información política (Poljak & Van Aelst, 2024). Esto se debe a que las campañas electorales tienden a hacer aumentar el interés del público por las noticias políticas, lo que lleva a la ciudadanía a depender más de los medios de comunicación en su búsqueda de información para la toma de decisiones informadas (Bjarnøe et al., 2020; Castillo-Díaz & Castillo-Esparcia, 2021; Ergün & Karsten, 2019; Haugsgjerd & Karlsen, 2024; Strömbäck & Dimitrova, 2006). Su labor como fuente informativa se vuelve crucial, hasta tal punto que se ha llegado a plantear que su cobertura de los procesos electorales es una moneda o una herramienta con la que operan las democracias para asentarse (Gerth & Siegert, 2012). Durante mucho tiempo los procesos electorales tenían una función relevante: servían como debate de futuras políticas públicas, legitimaban el sistema político y aportaban información a los votantes de cara a la toma de decisiones que se plasmaban en el voto que era el momento crucial y decisivo del propio proceso. La idea de un votante racional subyacía en los contextos electorales. Sin embargo, hoy en día eso ya no queda tan claro. Los procesos electorales han ido mutando y a lo sumo son plebiscitos con mayoría de carga emocional e ideológica de los ejecutivos de turno, quienes a su vez replican a la oposición en los mismos términos. A tono con la evidencia en las investigaciones, las campañas argumentan más sobre el pasado que sobre el futuro. 2 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Análisis multidimensional de los procesos electorales en Latinoamérica Por ello, las campañas electorales que vemos hoy son distintas, se han transformado. La lógica de la estrategia que se seguía en las campañas tradicionales ha cambiado. Ahora más bien se trata de batallar contra la liquidez de las opiniones. Nada permanece en el tiempo y los mensajes se tornan anticuados pasados un breve período, son efímeros, algo que se ha potenciado con la llegada de las campañas online, donde las plataformas sociales imprimen un nuevo formato comunicativo. No hay agendas únicas, muchas tendencias son gestadas antes del inicio de una campaña y son difíciles de modificar, a lo que se une la presencia de un votante que cada vez más ve y lee lo que quiere ver, eligiendo de forma selectiva los medios que de antemano sabe que van a coincidir con sus puntos de vista. En este contexto, la identidad del actor no se logra tan fácilmente, ni siquiera invirtiendo mucho en ella. Más bien las identidades de mediano y largo plazo pueden adquirir relevancia como contra identidad, es decir, como contraposición a algo o alguien. Por ello, no es extraño que los procesos electorales, en su condición de festival de la comunicación, ganen día con día más notoriedad por la retórica de hostilidad que domina en las estrategias de comunicación seguidas por los actores que en ella interactúan. La convergencia de medios, tanto como la dispersión de los consumos, premia la persistencia y los posicionamientos más o menos perdurables. Por eso, no es raro que las campañas cada vez arranquen mucho antes de lo que legalidad permite y muchas veces no se sepa claramente cuándo acaban. La extensión del formato electoral en la idea de “campaña permanente” deriva en una sobreestimación de los plazos cortos, llevando a los actores políticos a actuar como si todos los días se votase, generando la idea de construcción de mayorías diarias o cotidianas y apelando a noticias positivas constantes. La planificación comunicacional que antes tenía centralidad televisiva y gráfica es prehistoria. La inversión y la predecibilidad de sus efectos acorde a esa inversión era una característica del siglo pasado. En la actualidad esto no siempre está garantizado, aun cuando ─paradójicamente─ cada vez es mayor el presupuesto que se invierte en estrategias de comunicación. Por una parte, sigue siendo fuerte la inversión en medios convencionales, ejemplo de lo cual es la profusión de comerciales políticos que está presente en cualquier campaña electoral que se precie. Y por la otra es cada vez mayor el nivel en contenidos pagos en redes sociales, una plataforma idónea para la estrategia al no tener tiempo tasado en el que realizar campaña, ni contar en muchas ocasiones con regulación para su uso electoral. A pesar de sus bondades, también es cierto que con la aparición de las redes, en campaña no siempre hacen falta verdades, sólo verosimilitudes, contenido ficcional o post verdad. La verdad, lamentablemente, es un hecho en constante disputa en los procesos electorales actuales. La racionalidad como explicación electoral es difícil de sostener por sí sola. Los contenidos circulares y las posturas dogmáticas se filtran cada vez más hacia los medios tradicionales y ya no son sólo un fenómeno de redes. Quedaron atrás las críticas a las campañas negativas, puesto que cada vez más las campañas son un acto adversarial como respuesta al hartazgo. Las campañas dejaron de ser el acto ritual y legitimador de la democracia. Sí garantizan alternancias, pero en muchas ocasiones los sistemas políticos crujen tras ellas. Legitiman democráticamente a quienes ganan, pero en muchas ocasiones a costa de generar divisiones y polarización entre la sociedad que las sigue. En este contexto, los estudios electorales siguen constituyendo una rama fundamental dentro de la ciencia política, enfocándose en el análisis de una amplia gama de temas cruciales que rodean a los procesos electorales, como la toma de decisiones de los votantes o la estructura de los partidos políticos y los sistemas electorales. El estudio de estos ejes temáticos tiene una importancia fundamental, ya que estos trabajos brindan claridad sobre el funcionamiento de los sistemas democráticos, permitiendo así Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 3 �Muñiz, C. y Riorda, M. su mejora continua. Además, estos estudios desempeñan un papel esencial en la evaluación de la integridad y eficacia de los procesos electorales, lo que, a su vez, contribuye a fortalecer las instituciones democráticas. En este sentido, los artículos que integran este número especial aportan una visión amplia y certera a los diferentes temas que atañen a los procesos electorales. En el primero de los artículos publicados, Eduard Alberto Hernández-Nájera y José Andrés DíazGonzález analizan los factores explicativos del voto costarricense en el exterior durante las elecciones presidenciales en dicho país desde 2014 a 2022, adentrándose de esta manera en una línea de investigación no siempre abordada como es la del voto exterior. En concreto, los autores detectan que aspectos como la desigualdad económica o la equidad en derechos sociales en los países receptores derivaban en menor participación, mientras que las condiciones económicas, las actitudes favorables hacia los gobiernos representativos y el voto en primera ronda de la elección presidencial incidieron en una mayor participación de votantes en el exterior en los procesos electorales costarricenses. Por su parte, en el artículo segundo Carlos Gómez Díaz de León, Abrahám Alfredo Hernández Paz y Samuel Andrés Ibarra González reflexionan acerca de la democracia y el populismo, centrando su estudio en el contexto de la democracia mexicana durante la etapa de 2019 a 2023. Los autores plantean cómo desde el proceso electoral de 2018, la democracia mexicana ha sufrido regresiones hacia modelos autoritarios y populistas y plantean que este tipo de fenómenos amenazan al marco institucional que sostiene el sistema democrático. A partir de una revisión teórica, el artículo se adentra en la evolución histórica del proceso democrático en México que culminó en la transición de 2000, para posteriormente evaluar el impacto que ha tenido para el país la administración del expresidente López Obrador. Finalizan su aporte apuntando cómo las elecciones federales y locales de 2024 plantearon un desafío formidable para la resistencia de la democracia mexicana. En el tercer artículo, Edwin Coahila Ramos evalúa las visitas proselitistas realizadas dentro de la estrategia de campaña de los candidatos como un factor explicativo de la probabilidad de voto a nivel provincial durante las elecciones presidenciales peruanas de 2021. A partir de modelos multivariados, donde utiliza diferentes variables políticas, socioeconómicas y sociodemográficas, junto con la propia visita proselitista, el autor analiza la efectividad de esta estrategia de campaña en el caso de la candidata Keiko Fujimori y el candidato Pedro Castillo. Los resultados permiten comprender que ciertas variables políticas, como la presencia de congresistas elegidos de la misma región visitada, ayudó en la estrategia proselitista realizada por Keiko Fujimori. Frente a ello, el candidato Pedro Castillo fue más efectivo en sus visitas proselitistas cuando éstas se desarrollaron en ciertas regiones del país, como la Sierra Sur y la Sierra Norte, o en provincias mayoritariamente rurales. Por su parte, Adriana Hernández Sánchez, Víctor Néstor Aguirre Sotelo y Kate del Rosario Rodríguez Alejandro abordan en el cuarto artículo la participación ciudadana de las mujeres indígenas en Nuevo León, México, evaluando en particular su participación durante la consulta del Plan Estatal de desarrollo de 2022. A partir de un acercamiento cualitativo que combinó datos documentales con entrevistas a profundidad, el artículo señala cómo las mujeres indígenas enfrentaron diferentes retos en el marco de este ejercicio de participación ciudadana. En concreto, se detecta la falta de acceso a la información en lenguas indígenas, la falta de intérpretes, la discriminación por género, etnia, raza, usos y costumbres, la falta de voluntad política y la vulneración de su derecho a ser consultadas de manera previa, libre e informada, con procedimientos apropiados y de buena fe. 4 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Análisis multidimensional de los procesos electorales en Latinoamérica En el quinto artículo del número especial, Luis Jara Pacheco, Larissa Huitrón Medellín y Dinorah Moreno Marañón reflexionan acerca de la libertad, el derecho de expresión en su dimensión política y la democracia. En su trabajo, se llega a la conclusión de que el ejercicio de la libre expresión por parte de la ciudadanía constituye un proceso democrático esencial para comprender motivaciones y mantener la cohesión social dentro de la sociedad. Con todo, someten a debate la problemática que para la propia democracia implica que esta libertad de expresión pueda derivar en la formulación de expresiones que estén fuera lo aceptable y lo permitido por los acuerdos normativos, como por ejemplo pueden ser los debates que caen en agravios o que incluso pueden llegar a incitar a la violencia o la alteración de la paz social. Por su parte, Emma Patricia Muñoz Zepeda realiza un estudio dentro del contexto salvadoreño acerca del control de la convencionalidad en la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional del país centroamericano. El estudio aborda las tensiones que en ocasiones puede suponer la adopción de convenciones internacionales por parte de los países, en tanto llegan a entrar en colisión con los preceptos marcados a nivel constitucional en dichos regímenes. A partir de un análisis de sentencias, la autora identifica una postura limitante en la aplicación del control de convencionalidad por parte de las instancias constitucionales analizadas en el contexto salvadoreño, concluyendo que la judicatura debe mantener un rol activo en la aplicación del control de convencionalidad y constitucionalidad para potenciar los derechos humanos de la población. Francisca Marli Rodrigues de Andrade y Viviane Heringer Tavares analizan en el séptimo artículo la participación política de candidatos y candidatas indígenas en el contexto de las elecciones de Brasil entre 2014 y 2022. Desde un acercamiento cualitativo y mediante un estudio documental de datos abiertos del Tribunal Superior Electoral de Brasil, las autoras evidencian el crecimiento sostenido en las candidaturas indígenas en el país detectando cinco factores claves que determinaron este incremento: por una parte, el fortalecimiento del movimiento indígena dentro de Brasil durante las últimas décadas, el acceso ampliado a políticas públicas educativas con una orientación en la equidad y la diversidad étnico-racial dentro del país, la presencia de un contexto político tras la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff que fomentó el incremento de la participación indígena, la instrumentalización política de partidos de derecha y, finalmente, el creciente protagonismo de las mujeres indígenas en el contexto electoral brasileño. En su trabajo, Fernando Ramos-Zaga aborda el fenómeno de la participación política en el contexto peruano a través de nuevos movimientos sociales digitales, como es el caso de los Dibujitos como sujeto político emergente. Se estudia cómo este tipo de movimientos, caracterizados por el anonimato y la performatividad, han ayudado a reconfigurar la esfera pública en el Perú digital. Para el autor, ejercicios como el de los Dibujitos revelan una transformación en los modos de hacer política, lo que motiva la necesidad de repensar la esfera pública desde una mirada crítica, llevando incluso a una reconsideración en profundidad de las categorías establecidas tradicionalmente desde la sociología política que no logran capturar la fugacidad ni la disrupción de estos nuevos fenómenos digitales. Por su parte, el noveno artículo del número especial es firmado por Verónica Martínez Fernández, centrándose en el contexto local del Estado mexicano de Nuevo León a partir de un diagnóstico de los gobiernos divididos que han existido en esta entidad federativa en las recientes administraciones. Un tipo de gobierno caracterizado por el hecho de que en él el poder ejecutivo y el poder legislativo son controlados por diferentes partidos políticos. En el artículo se propone una modificación a la clasificación de los gobiernos divididos, al concluir que las clasificaciones tradicionales de este tipo de Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 5 �Muñiz, C. y Riorda, M. gobiernos dejan al margen los gobiernos divididos independientes, donde el titular del poder ejecutivo accede al cargo sin contar con el apoyo de un partido político, enfrentándose normalmente a una fuerte oposición parlamentaria partidista. Por su parte, Dolores Gandulfo y Sofía Santamarina abordan en su trabajo la violencia política en razón de género en el contexto de las elecciones subnacionales de la ciudad autónoma de Buenos Aires durante el año 2021. A partir de un monitoreo de redes sociales durante la citada campaña y un análisis cuantitativo y cualitativo de datos obtenidos de Twitter, Facebook e Instagram, las autoras concluyen que las mujeres recibieron el menor porcentaje de las menciones totales en los medios sociales analizados; a pesar de ello, protagonizaron más del doble de los mensajes en donde había presencia de violencia. Los resultados permiten a las autoras reflexionar acerca de cómo esta violencia política en línea repercute en la trayectoria política de las mujeres y diversidades, afectando sus posibilidades reales de participar en política, de ser electas y de ejercer de una manera efectiva al poder cuando alcanzan funciones públicas. Finalmente, el número se cierra con un artículo presentado por Mauricio Aguilar Madrueño en el que se realiza una propuesta de financiamiento mixto para el régimen electoral y de partidos de México. A partir de una revisión de la regulación existente acerca de financiamiento en materia electoral y de partidos, el autor concluye que el actual régimen de financiamiento basado en subsidios anuales no condicionados a los partidos políticos ha derivado en una forma de integración social políticamente limitada y socialmente regresiva. Por ello, en su trabajo perfila una propuesta de financiamiento mixto, sustentada en principios republicanos de igualdad proporcional y liberalidad ciudadana a través de una combinación de la financiación pública con la privada. Nos encontramos, por tanto, ante un número especial de la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía que aporta un conjunto de trabajos diversos que presentan una riqueza de visiones y metodologías en diferentes líneas de trabajo dentro de los estudios electorales. Con estos trabajos, se espera contribuir a la reflexión y debate acerca de la configuración actual de los procesos electorales, así como de las aristas que en los mismos se presentan y que determinan, en gran medida, el desarrollo democrático de las sociedades. Solamente resta trasladar el mayor de los agradecimientos a las autoras y autores de los diferentes artículos de este número, a los evaluadores y evaluadoras convocadas por sus aportaciones de mejora de los diferentes trabajos publicados y, por supuesto, a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (ALICE) por la convocatoria de este número especial. REFERENCIAS Bjarnøe, C., de Vreese, C. H. & Albæk, E. (2020). The effect of being conflict non-avoidant: linking conflict framing and political participation. West European Politics, 43(1), 102-128. https://doi.org/10.1080/01402382.2019.1572334 Castillo-Díaz, A., & Castillo-Esparcia, A. (2021). Interest, Media Use, and Participation in the 2019 Spanish Election Campaign. Profesional de la Información, 30(6), e300607. https://doi.org/10.3145/epi.2021.nov.07 6 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Análisis multidimensional de los procesos electorales en Latinoamérica de León, E., Vermeer, S., & Trilling, D. (2023). Electoral News Sharing: a Study of Changes in News Coverage and Facebook Sharing Behaviour during the 2018 Mexican Elections. Information, Communication & Society, 26(6), 1193–1209. https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.1994629 Ergün, E. & Karsten, N. (2019). Media logic in the coverage of election promises: comparative evidence from the Netherlands and the US. Acta Politica. https://doi.org/10.1057/s41269-019-00141-8 Gerth, M. A., & Siegert, G. (2012). Patterns of consistence and constriction: How news media frame the coverage of direct democratic campaigns. American Behavioral Scientist, 56(3), 279–299. https://doi.org/10.1177/0002764211426326 Haugsgjerd, A., & Karlsen, R. (2024). Election Campaigns, News Consumption Gaps, and Social Media: Equalizing Political News Use When It Matters? The International Journal of Press/Politics, 29(2), 507–529. https://doi.org/10.1177/19401612221112014 Poljak, Ž., & Van Aelst, P. (2024). Comparing political communication in election and routine times: Are campaign periods different? En D. Lilleker, D. Jackson, B. Kalsnes, C. Mellado, F. Trevisan, & A. Veneti (Eds.), The Routledge Handbook of Political Campaigning (pp. 72–84). https://doi.org/10.4324/9781003333326-7 Rijkhoff, S. A. M. (2018). Still Questioning Cynicism. Society, 55(4), 333–340. https://doi.org/10.1007/s12115-018-0264-8 Schuck, A. R. T., Boomgaarden, H. G., & de Vreese, C. H. (2013). Cynics all Around? The Impact of Election News on Political Cynicism in Comparative Perspective. Journal of Communication, 63(2), 287–311. https://doi.org/10.1111/jcom.12023 Strömbäck, J. & Dimitrova, D. V. (2006). Political and media systems matter: A comparison of election news coverage in Sweden and the United States. The International Journal of Press/Politics, 11(4), 131-147. https://doi.org/10.1177/1081180X06293549 Yamamoto, M., Kushin, M. J., & Dalisay, F. (2015). Social media and mobiles as political mobilization forces for young adults: Examining the moderating role of online political expression in political participation. New Media & Society, 17(6), 880–898. https://doi.org/10.1177/1461444813518390 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 7 �Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ Factores explicativos del voto costarricense en el exterior en elecciones presidenciales (2014–2022) Explanatory Factors of Costa Rican Voting Abroad in Presidential Elections (2014–2022) Eduard Alberto Hernández-Nájera1; José Andrés Díaz-González2 RESUMEN Autor por correspondencia: José Andrés Díaz-González Email: jose.diaz.gonzalez@una.ac.cr El objetivo de este artículo es identificar los factores que influyen en la participación electoral de la población costarricense residente en el extranjero durante las elecciones nacionales de 2014, 2018 y 2022. A pesar de que el voto en el exterior fue habilitado desde 2014, existe un vacío en los estudios académicos que analicen de forma sistemática y comparada los elementos explicativos de este comportamiento a escala nacional. Para ello, se aplicó un modelo de regresión lineal sobre datos agregados por país de residencia y año electoral (n=211 observaciones), utilizando como variable dependiente la tasa de participación electoral reportada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Las variables independientes incluyeron indicadores estructurales del país receptor (PIB per cápita e Índice de Gini), factores institucionales y actitudinales vinculados al país de origen (valoración de un gobierno representativo), características del proceso electoral (primera o segunda ronda) y controles temporales. Los resultados revelan que la participación electoral disminuye en contextos de mayor desigualdad económica, en países con mayor equidad en derechos sociales y conforme transcurren los comicios (2018 y 2022). Por el contrario, aumenta cuando se reside en países con mejores condiciones económicas, cuando se expresa una valoración positiva hacia un gobierno representativo y cuando se trata de la primera ronda electoral. La investigación concluye que la participación electoral transnacional está condicionada por una combinación de factores estructurales y coyunturales, lo que resalta la complejidad del fenómeno y la necesidad de profundizar en su estudio dentro del campo del comportamiento electoral. Palabras Clave: Abstencionismo, Costa Rica, Participación Electoral, Regresión Lineal, Voto en el Exterior ABSTRACT …………………………………… Fecha de recibido: 06/05/2024 Fecha de revisado: 06/06/2025 Fecha de aceptado: 03/07/2025 Fecha de publicación: 30/07/2025 Esta obra está bajo una licencia de Creativa Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional The objective of this article is to identify the factors that influence electoral participation among Costa Rican citizens residing abroad during the national elections of 2014, 2018, and 2022. Although external voting has been permitted since 2014, academic research that systematically and comparatively analyzes the explanatory elements of this behavior at the national level remains scarce. To address this gap, a linear regression model was applied using aggregated data by country of residence and election year (n = 211 observations), with the electoral participation rate reported by the Supreme Electoral Tribunal as the dependent variable. Independent variables included structural indicators of the host country (GDP per capita and Gini Index), institutional and attitudinal factors related to the country of origin (perception of representative government), characteristics of the electoral process (first or second round), and temporal controls. The results reveal that electoral participation decreases in contexts of higher economic inequality, in countries with greater equity in social rights, and over successive elections (2018 and 2022). In contrast, participation increases in countries with stronger economic conditions, when a positive perception of representative government is expressed, and during the first round of elections. The study concludes that transnational electoral participation is shaped by a combination of structural and contextual factors, underscoring the complexity of the phenomenon and the need for further research within the field of electoral behavior. Keywords: Abstentionism, Costa Rica, Electoral Participation, External Voting, Linear Regression. Cómo referenciar este artículo: Díaz-González, J., A. & Hernández-Nájera, E. A. (2025). Factores explicativos del voto costarricense en el exterior en elecciones presidenciales (2014–2022). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 11(22), 01-18. https://doi.org/10.29105/rpgyc11.22-361 1 Bachillerato en Ciencias Políticas. Universidad de Costa Rica (UCR), Costa Rica. Email: eduard.hernandez@ucr.ac.cr. ORCID: 0009-0005-9931-6260 Doctor en Gobierno y Políticas Públicas. Académico-Investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), Universidad Nacional (UNA), Costa Rica. Email institucional: jose.diaz.gonzalez@una.ac.cr. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6063-086X 2 1 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 1.- INTRODUCCIÓN En el 2014 se llevan a cabo las primeras elecciones en que la ciudadanía costarricense residente en el extranjero puede emitir su voto para elegir a la persona que ocupará el cargo de la presidencia de la República. Con esta medida se busca ampliar el principio de universalidad del sufragio, garantizando la incidencia política de la diáspora costarricense. No obstante, los datos del el Tribunal Supremo de Elecciones (2014, 2018, 2022) muestran que, aún con esa intención, el abstencionismo entre los votantes en el extranjero supera con creces al observado en territorio nacional: en la primera elección con voto extraterritorial de 2014, la tasa de abstención alcanzó un 78,1%, ascendió a 86,1% en 2018 y llegó al 87,6% para las elecciones del 2022. Estas cifras indican la existencia de barreras y dinámicas específicas que limitan la participación de la ciudadanía migrante. Ante este panorama, resulta pertinente interrogarse sobre los factores que promueven o desalientan el voto extraterritorial por parte de la diáspora costarricense: ¿La participación electoral de la ciudadanía costarricense residente en el extranjero responden a condiciones sociopolíticas y económicas del país de residencia, a la infraestructura y eficiencia operativa de las autoridades costarricenses, o a una combinación de ambas? Para responderlo, este artículo analiza, mediante un modelo de regresión lineal, el efecto de indicadores económicos, políticos y logísticos en la participación de la participación de la diáspora en las votaciones realizadas en el extranjero entre el 2014 y 2022. Por último, se indica que el presente artículo se estructura en cinco secciones principales. En la siguiente sección se expone el fundamento teórico que sustenta la hipótesis de trabajo, revisando las principales corrientes sobre voto transnacional y comportamiento electoral. En el tercer apartado se describe el método empleado: el diseño cuantitativo de corte exploratorio–explicativo, la construcción de una base de datos agregada por país, año y ronda electoral (n = 211 observaciones) y la aplicación de un modelo de regresión lineal múltiple que estima el impacto de variables analizadas sobre la tasa de participación electoral de la diáspora costarricense. La cuarta sección presenta los resultados empíricos, analizando la significancia y el sentido de los coeficientes obtenidos, así como las pruebas diagnósticas que validan la robustez del modelo. Finalmente, se discuten las implicaciones teóricas y prácticas de los hallazgos, se apuntan sus limitaciones y se proponen líneas de investigación futura para profundizar en la comprensión del voto costarricense en el extranjero. 2.- FUNDAMENTO TEÓRICO Contextualización Desde el año 2009, con la implementación del Código Electoral en Costa Rica se habilita la posibilidad de que las personas ciudadanas que viven en el exterior puedan ejercer su derecho al voto y, con ello, puedan tener una injerencia activa en la toma decesiones respecto a lo que ocurre en su país de nacimiento. Esto incluye la elección de la presidencia y vicepresidencia de la República, así como para manifestarse en consultas populares de orden nacional. Con esta legislación se amplían los derechos 2 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Factores explicativos del voto costarricense en el exterior en elecciones presidenciales (2014–2022) electorales de las personas costarricenses, en la búsqueda de ampliar el principio de universalidad del sufragio, así como la oportunidad de ejercer su ciudadanía, aunque no se encuentren en territorio nacional. Así, el ejercicio del voto extraterritorial es un trabajo en conjunto entre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREE), ya que este último tiene el deber de disponer de sus facilidades para habilitar las juntas receptoras de votos en el extranjero; así como coordinar para que de manera efectiva se cumpla con el ejercicio del sufragio para las personas que habitan fuera del país (Tribunal Supremo de Elecciones, 2013). Acompañado de estos elementos normativos se encuentran elementos prácticos que contrastan con lo esperable, ya que, con la implementación del voto en el extranjero se podría suponer un incremento en la participación electoral de las personas costarricenses. Sin embargo, el abstencionismo en el caso de las personas votantes en el exterior se encuentra por encima de los votantes en suelo costarricense. Debe tomarse en consideración que no son escalas comparables, pues los contextos y particularidades de los votantes son diferentes, así como el desarrollo del mismo proceso electoral. Por lo anterior, es conveniente preguntar cuáles son los factores que propician el voto –o no— de la población costarricense en el extranjero; y si estos se deben a variables coyunturales y políticas del país de residencia, o si es producto de la capacidad operativa de las autoridades costarricenses para llevar a cabo este proceso, o bien, si se trata de una amalgama de ambas. Figura 1. Abstención relativa en primera ronda, voto nacional y voto exterior Fuente: Elaboración propia con base en datos del Tribunal Supremo de Elecciones (2014, 2018, 2022) Desde finales del siglo XX el abstencionismo en Costa Rica ha superado el 30% del padrón electoral. En el caso del voto en el extranjero, como se observa en la Figura 1, el abstencionismo prácticamente se duplica con respecto al comportamiento interno, con una tendencia al alza entre el 2014 y 2022. Así, en el 2014, cuando se realiza la primera elección nacional con posibilidad de voto en el Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 3 �Díaz-González, J., A. & Hernández-Nájera, E. A. extranjero, el abstencionismo fue de un 78.1%, aumenta a 86.1% en 2018, y para el 2022 pasó a ser un 87.6%. La literatura académica señala la existencia de un costo asociado al acto de votar en el exterior (Salgado Retana, 2018), con lo cual, dicho contraste entre la participación del votante residente en el país con el residente en el exterior podría deberse a que el segundo tiene costos más elevados a la hora de emitir su voto. Bajo esa línea, algunos puntos a rescatar son los requisitos específicos que se enlistan para poder ejercer el derecho al sufragio en el extranjero en el cual el TSE registra en el padrón electoral de manera automática a quienes soliciten la cédula de identidad con su domicilio y expongan la voluntad de empadronarse, así como el consulado en el cual hacerlo. También se tiene como posibilidad hacerlo presencialmente en un consulado o sede del TSE, o de manera virtual en su página. Esto lleva a considerar el peso que diversos factores tienen en la decisión de la persona sobre el ir a votar, ya que se puede ver motivada por las facilidades que brinda el proceso de empadronamiento o por el contario verse limitada por las condiciones expuestas. Los datos recopilados para el estudio que indagan en elecciones nacionales de 2014, 2018 y 2022, tanto en primera ronda como en balotaje, contemplan un total de 42 países, los cuales muestran que esto puede variar, ya que, en algunos casos, la participación alcanza el 100% como máximo y un 5.8% como mínimo, marcando un 32.7% como promedio general desde las elecciones presidenciales de 2014 hasta 2022 (Tribunal Supremo de Elecciones, 2014, 2018, 2022). Otro punto que merece atención es la conformación de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), según lo dispuesto en el Capítulo III del Reglamento para el Ejercicio del Voto en el Extranjero, ya que esta implementación depende en estricto de las consideraciones del Tribunal Supremo de Elecciones, así como la cooperación de los entes competentes, con lo cual los medios institucionales para emitir el voto se pueden encontrar en dependencia de este. Aunque, llama la atención que la tasa de las JRV por cada mil empadronados es de aproximadamente 1, es decir, para el caso de Estados Unidos con el padrón 35,521, el más amplio para 2022, habilita un total de 33, sin embargo, esto no se traduce en una mayor participación, pues esta se encuentra en un 7.6%, cercana al mínimo mencionado Esto puede estar explicado debido a que la habilitación de las JRV se da en estricto en consulados o embajadas de Costa Rica, según el Artículo 19 del Reglamento, “Las juntas receptoras de votos se instalarán, preferiblemente, en las sedes consulares o diplomáticas y, en su defecto, en locales que presenten (...) condiciones mínimas” (Tribunal Supremo de Elecciones, 2013). Con lo anterior, se sugiere que el criterio depende de que exista esa figura para la habilitación de estos espacios u otros que cumplan condiciones mínimas. Revisión teórica El voto en el exterior refiere a la posibilidad que se brinda a las personas ciudadanas de un país que se encuentran fuera de este para que puedan ejercer su derecho al sufragio, lo que propicia que se considere la creación de “un espacio social transnacional en que acciones (campañas, emisión del voto) realizadas en países de residencia afectan a la elección de gobernantes y la toma de decisiones en los países de origen” (Emmerich & Peraza, 2011, p. 7), más aún si se consideran elementos como las migraciones, entre otros. En la definición de este derecho, se encuentra el vínculo con los aspectos expuestos con 4 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Factores explicativos del voto costarricense en el exterior en elecciones presidenciales (2014–2022) anterioridad, ya que, propicia la creación de espacios de intercambio e incidencia, tanto desde adentro hacia afuera (personas en campaña o información de entes gubernamentales), como de afuera hacia adentro (personas votantes). Con la generalización del voto en el exterior, ha habido un aumento del número de estudios que analizan este fenómeno. En primer lugar, encontramos los estudios que analizan el sustento jurídico para permitir la posibilidad de participar en los procesos electorales de forma extraterritorial, y establecen su necesidad para garantizar el derecho a la participación política (Del Orbe Ayala, 2022; Lappin, 2016; Matsui, 2007; Stuhldreher, 2016; Valenzuela-Beltrán et al., 2018). En cambio, otros trabajos son críticos a la existencia del voto en el extranjero, consideran que las dificultades logísticas, los vacíos normativos o controversias como su utilización por parte de regímenes autoritarios para conseguir su legitimación, hacen dudar de este como un mecanismo efectivo de representación política (Brand, 2010; Grotz & Nohlen, 2000; Müller-Török et al., 2015). También hay trabajos que realizan un balance sobre los aspectos positivos y negativos de la implementación del voto en el extranjero ya que, si bien puede ser un mecanismo para asegurar el derecho de participación política de las personas ciudadanas residentes en el extranjero, también puede ser utilizado para manipular la voluntad electoral o minar la confianza en los procesos electorales (Álvarez Hernández & Álvarez Texocotitla, 2019). Adicionalmente, otras investigaciones se han centrado en determinar las razones, motivaciones o incentivos que pueden tener los gobiernos para impulsar e implementar el voto en el extranjero (Allen & Wellman, 2024), a la vez que buscan identificar las razones por las cuales este tipo de reformas electorales fracasan (Allen & Wellman, 2024; Lisi et al., 2019). Incluso, ciertos autores sugieren que los partidos pueden manipular los resultados electorales al promover el voto en el extranjero cuando perciben que estos votantes comparten su afinidad ideológica (Turcu & Urbatsch, 2021). Se ha desarrollado una amplia literatura académica que analiza el comportamiento de los votantes en el extranjero. Algunos de estos trabajos señalan que las condiciones sociales, políticas y económicas de los países donde residen, lleva a los votantes en el extranjero a tener preferencias electorales distintas a los votantes domésticos (Ciornei & Østergaard-Nielsen, 2020; Goldberg & Lanz, 2021; Lafleur & Sánchez-Domínguez, 2015). Estudios realizados con votantes extranjeros portugueses, han mostrado que las condiciones socioeconómicas del país donde residen es el factor más importante para explicar su comportamiento electoral, no obstante, también se señala que las condiciones para registrarse para votar se asocian a su nivel de participación electoral (Belchior et al., 2018). También se ha encontrado diferencias ideológicas significativas para el caso de las personas votantes en el extranjero en Europa; análisis de las elecciones legislativas muestran que los partidos de extrema izquierda reciben sistemáticamente una proporción menor de los votos emitidos por residentes en el extranjero, en comparación con el voto doméstico en elecciones, tanto en Europa del Este como en Europa Occidental (Turcu & Urbatsch, 2021). Asimismo, se ha identificado que las condiciones de participación política del país de residencia afectan la participación en los procesos electorales en el extranjero. Análisis desarrollados para el caso de personas chilenas residentes en el extranjero, muestran que cuando residen en países donde hay un alto nivel de participación política tienden a tener un menor interés con la política de su país de origen. Este efecto es especialmente notorio en las personas migrantes jóvenes y entre quienes habitan en comunidades que facilitan la integración de las personas migrantes (Poblete-Cazenave et al., 2021). En Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 5 �Díaz-González, J., A. & Hernández-Nájera, E. A. una línea similar, otros trabajos señalan que los factores contextuales y específicos de cada país, en particular la historia y la naturaleza de la relación entre el gobierno y los grupos de emigrantes, suelen ser determinantes importantes del comportamiento del votante en el extranjero (Collyer, 2013). En cambio, otras investigaciones muestran que las personas votantes en el extranjero tienen un comportamiento híbrido, es decir, son influenciados tanto por el contexto de su país de origen como del país en el que residen (Aldrete et al., 2007; Ognibene & Paulis, 2021). Para el caso de los votantes de Corea del Sur en el extranjero, se ha identificado que tanto su experiencia de vida en su país natal y en su país de residen afectan su comportamiento electoral (Jeong, 2020). Algunos estudios destacan que las estrategias de comunicación y campaña desplegadas por los partidos influyen de manera significativa en el comportamiento del electorado en el extranjero (Burgess & Tyburski, 2020). Por último, otros investigadores encuentran que los votantes en el extranjero tienden a mostrar las mismas preferencias electorales que aquellos que residen en su país de origen, a pesar de mostrar un mayor abstencionismo (Sevi et al., 2020). Para el caso de los votantes italianos en el extranjero se ha identificado que los factores culturales, ideología y características personales tienen mayor influencia en su comportamiento electoral que las características sociales, políticas y económicas de su país de residencia (Battiston et al., 2024). 3.- MÉTODO Diseño Este estudio adopta un enfoque cuantitativo de corte exploratorio–explicativo, con el fin de establecer relaciones precisas entre las características del país de residencia y el comportamiento de voto de las personas costarricenses en el extranjero. Para ello se enmarca en el paradigma positivista y se parte de la premisa de que “los fenómenos sociales pueden cuantificarse y analizarse a través de mediciones objetivas y modelos estadísticos” (Hernández Sampieri et al., 2014). Para ello, se construyó un modelo de regresión lineal múltiple que permite identificar el peso de cada factor independiente sobre la tasa de participación electoral. Para realizar el análisis se consideraron todos los países que habilitaron mesas de votación en las elecciones nacionales de 2014, 2018 y 2022, y se excluyeron aquellos registros sin datos oficiales de participación reportados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Así, la unidad de análisis corresponde a la combinación “país de residencia + año electoral + ronda” (primera o segunda), lo que generó un total de 211 observaciones. Estas observaciones se registraron en una base de datos, acompañadas de los principales indicadores que permiten conocer el estado social, político y económico de los países en los cuales se encuentran las personas costarricenses que viven en el extranjero, así como indicadores propios del proceso electoral (ver Tabla 1). 6 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Factores explicativos del voto costarricense en el exterior en elecciones presidenciales (2014–2022) Tabla 1. Planteamiento de variables de estudio. Variables Descripción País donde se emitieron los votos (según datos oficiales del TSE). Se utiliza País como ID de casos. Año en que se realizó la elección presidencial: 2014, 2018 o 2022. Interesa Año comprobar si las condiciones políticas internas afectan de participación electoral tiene influencia en la participación en general. Delimitar si corresponde a primera ronda o segunda ronda (balotaje). Pretende Tipo de elección comprobar si las condiciones políticas internas afectan a la participación electoral en este contexto. Número total de mesas de votación habilitadas en el país. Interesa evaluar si Junta Receptora de Votos (JRV) o mesas elementos logísticos, habilitados por las autoridades, afectan a la participación de votación. electoral. Tasa de participación electoral visto como porcentaje en escala de 0 a 100 Tasa de participación electoral (variable dependiente). Producto Interno Bruno (PIB) Producto Interno Bruto a precios actuales en dólares estadounidenses del país donde se emite el voto, del año anterior a esta (2013, 2017, 2021) o fecha más cercana con base en datos del Banco Mundial (s.f.). Pretende comprobar si los aspectos sociopolíticos del país de residencia tienen influencia. Índice de Gini Índice de Gini, en una escala de 0 a 100, del país donde se emite el voto, del año anterior a esta (2013, 2017, 2021) o fecha más cercana con base en datos del Banco Mundial (s.f.). Pretende comprobar si los aspectos sociopolíticos del país de residencia tienen influencia. Densidad de población por Km del país donde se emite el voto, del año anterior a esta (2013, 2017, 2021) o fecha más cercana con base en datos del Banco Densidad de Población (personas por Mundial (s.f.). Interesa evaluar si aspectos logísticos, en este caso la kilómetro) concentración de la población (mayores centros urbanos) aumenta la probabilidad de participar en el proceso electoral. Indicador de Gobierno Representativo Índice de Gobierno Representativo, en una escala de 0 a 100, del país donde se emite el voto, del año anterior a esta (2013, 2017, 2021) o fecha más cercana con base en datos del Instituto Internacional de Democracia y Asistencia Electoral (IDEA). Pretende comprobar si los aspectos sociopolíticos del país de residencia tienen influencia. Indicador de Equidad y Derechos Sociales Índice de Equidad y Derechos Sociales, en una escala de 0 a 100, del país donde se emite el voto, del año anterior a esta (2013, 2017, 2021) o fecha más cercana con base en datos del Instituto Internacional de Democracia y Asistencia Electoral (IDEA). Pretende comprobar si los aspectos sociopolíticos del país de residencia tienen influencia. Indicador de Participación Electoral Índice de Participación Electoral, en una escala de 0 a 100, del país donde se emite el voto, del año anterior a esta (2013, 2017, 2021) o fecha más cercana con base en datos del Instituto Internacional de Democracia y Asistencia Electoral (IDEA). Pretende comprobar si los aspectos sociopolíticos del país de residencia tienen influencia. Indicador de Respeto a la ley. Índice de Respeto a la ley, en una escala de 0 a 100, del país donde se emite el voto, del año anterior a esta (2013, 2017, 2021) o fecha más cercana con base en datos del Instituto Internacional de Democracia y Asistencia Electoral (IDEA). Pretende comprobar si los aspectos sociopolíticos del país de residencia tienen influencia. Fuente: Elaboración propia, 2025. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 7 �Díaz-González, J., A. & Hernández-Nájera, E. A. En el desarrollo de la base de datos, se incluyó una dimensión centrada en la cuantificación de indicadores que reflejan de manera empírica la realidad política de los países donde se habilitaron Juntas Receptoras de Votos (Alvarado Quesada, 2021). Como principal fuente de información sobre la participación electoral, se recurrió a los registros oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones. Para capturar las características institucionales y de gobernanza de los países de residencia, se emplearon los índices elaborados por el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), cuyas métricas han demostrado amplia trayectoria y transparencia. En particular, IDEA pone a disposición 157 indicadores individuales, con cobertura de 173 países desde 1975, lo que garantiza una base sólida y comparativa para evaluar tanto factores estructurales como coyunturales en el estudio. Además, se utilizaron datos oficiales del Banco Mundial para recopilar la densidad de la población, el índice de Gini y el Producto Interno Bruto (PIB) de los 42 países en donde el Tribunal Supremo de Elecciones instaló juntas receptoras de votos. Participantes Se trabajó con el universo completo de registros de participación externa disponibles para los tres ciclos electorales analizado. Así, se analiza el comportamiento electoral de todas las personas costarricenses residentes en el extranjero que se registraron para votar en las elecciones 2014, 2018 y 2022. Instrumentos Para el análisis de los datos se utilizó la regresión lineal múltiple como técnica central para determinar la relación entre la tasa de participación electoral de la población costarricense en el exterior y un conjunto de variables explicativas económicas (PIB per cápita, Índice de Gini), políticas (percepción de representatividad democrática) y coyunturales (primera o segunda ronda, año electoral). Este modelo asume una relación lineal entre la variable dependiente y cada predictor, así como independencia, homocedasticidad y normalidad de los residuos, condiciones que fueron verificadas mediante pruebas diagnósticas estándar (Shapiro–Wilk, Breusch–Pagan, VIF). La inclusión de variables dummy permitió aislar el efecto de los cambios temporales (2018 vs. 2014, 2022 vs. 2014) y de la ronda electoral, garantizando un control riguroso de posibles sesgos por omisión de factores relevantes. Para el análisis se utilizaron los softwares Static Package for Social Science (SPSS) y R. Procedimientos Para el desarrollo de la investigación siguió cuatro etapas claramente diferenciadas: 1. Definición teórica y operacionalización de variables: Se revisó la literatura sobre voto transnacional y comportamiento electoral para seleccionar las variables que reflejaran tanto aspectos económicos y políticos del país de residencia, como coyunturales respecto al proceso electoral costarricense. 2. Recolección y consolidación de datos: Se identificaron y descargaron los datos de las fuentes mencionadas (TSE, IDEA y Banco Mundial), y se construyó una base de datos que pudiera ser procesada utilizado SPSS y R. 3. Limpieza y preparación: Se revisó la base y se eliminaron aquellas observaciones en las cuales no se lograron localizar datos relacionadas a las variables analizadas. Asimismo, se corroboró que todas las variables utilizadas estuvieran estandarizadas en las mismas unidades. Por último, se crearon las variables dummy para las rondas electorales. 8 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Factores explicativos del voto costarricense en el exterior en elecciones presidenciales (2014–2022) 4. Análisis estadístico: Se aplicó el modelo de regresión lineal, acompañado de pruebas diagnósticas (prueba de Shapiro–Wilk para normalidad de residuos, test de Breusch–Pagan para homocedasticidad y VIF para multicolinealidad). Los coeficientes obtenidos se interpretaron en términos de impacto marginal sobre la tasa de participación electoral. Análisis de modelo El presente análisis se basa en un modelo de regresión lineal que busca explicar la participación electoral de costarricenses en el extranjero a partir de distintas variables socioeconómicas e institucionales, integrando además la variable que distingue entre primera y segunda ronda electoral. En total, se examinan 211 observaciones correspondientes a los procesos electorales de 2014, 2018 y 2022, cubriendo tanto la primera ronda como el balotaje en cada elección. La razón por la cual en N se ve reducido de 250 a 211 es por la eliminación de países que no aportaban al estudio debido a la ausencia de la mayoría de los indicadores relevantes, así como la identificación de outliers como se explica posteriormente Ahora, bien en la Tabla 2 se presentan los resultados del análisis, asumiendo un umbral de significación de p ≤ 0.10. La elección de este criterio se fundamenta en consideraciones metodológicas usuales en investigaciones en ciencias sociales donde las características de los datos, o la naturaleza del fenómeno analizado, justifican una mayor flexibilidad en la interpretación de la significancia estadística (Leek & Peng, 2015). Así, cuando la muestra es limitada o el número de observaciones es reducido, la aplicación de un umbral más estricto (p ≤ 0.05) podría incrementar el riesgo de error tipo II, es decir, la posibilidad de no detectar relaciones que, aunque presentes en la población, no alcanzan un nivel de significancia convencional debido a restricciones en el tamaño muestral. En estos casos, ampliar el umbral permite identificar patrones que podrían ser relevantes y que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos (Troeger, 2019). Además, el fenómeno analizado es complejo y está influenciado por múltiples factores interrelacionados, lo que puede generar efectos más sutiles o difíciles de aislar con precisión estadística. Por lo tanto, adoptar un criterio más flexible permite captar estas relaciones, evitando descartar variables que podrían tener un impacto sustantivo en el fenómeno estudiado, aunque su nivel de significancia estadística no alcance el umbral convencional (Bischof & van der Velden, 2019). Por lo tanto, el uso de p ≤ 0.10 no implica una relajación arbitraria del rigor estadístico, sino una decisión metodológica alineada con las características de los datos y el enfoque analítico adoptado, garantizando un balance adecuado entre la detección de relaciones potencialmente significativas y la prevención de falsos positivos. Inicialmente se consideró un modelo que incluía todas las variables explicativas detalladas en la Tabla 1, sin embargo, debido a que al evaluar el Factor de Inflación de la Varianza (VIF, por sus siglas en inglés), se determinó la presencia de multicolinealidad. La mayor correlación de los predictores se encuentra entre los indicadores de Equidad y Derechos Sociales (VIF = 14.49) y Respeto a la ley (VIF = 11.14); por lo cual se aplica una prueba de correlación que lo confirma, mismo caso con los indicadores de Participación Electoral y Gobierno Representativo. El VIF para el Indicador de Participación Electoral se marca en 4.03, cercano a 5 que indica una posible multicolinealidad moderada, y para el Indicador de Gobierno Representativo es de 6.96. Así, se decide excluir del modelo a las variables de Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 9 �Díaz-González, J., A. & Hernández-Nájera, E. A. Respeto a la ley y Participación Electoral para evitar la multicolinealidad y potenciar el valor explicativo del modelo de regresión. Tabla 2. Modelo de participación electoral en el exterior Predictores Constante PIB Gini Densidad poblacional Gobierno Representativo Equidad y Derechos Sociales JRV Tipo de elección (primera ronda vs balotaje) Año [2018] Año [2022] Sig. R2 / R2 ajustado F Coeficientes 64.49 0 -0.75 Error estándar 11.21 0 0.2 t 5.75 -2.6 -3.68 Sig. <0.001 0.01 <0.001 0 0.01 0.22 0.827 0.31 10.79 2.87 0.005 -0.31 0.29 12.83 0.43 -2.43 0.68 0.016 0.494 6.09 1.61 3.77 <0.001 -7.39 -13.88 p < 0,1; 0.365 12.83, 2 2.02 p < 0,05; / 0.336 p < 0.001 -3.69 -6.86 p < 0,01 <0.001 <0.001 Fuente: Elaboración propia, 2025. A la consolidación de un modelo reducido sin vicios de multicolinealidad, se suma la validación de otros supuestos estadísticos ligados a los modelos de regresión, como la independencia de errores mediante la prueba de Durbin Watson, la constancia de la varianza (homocedasticidad) con la prueba de Breusch-Pagan y la normalidad de los residuos con la prueba de Shapiro-Wilk. Inicialmente la prueba de Shapiro-Wilk brinda un valor p menor a 0.001, lo cual indica que los residuos no eran normales, así mediante un estudio detallado se identifica que la razón era la presencia de tres outliers –países en los cuales el porcentaje de participación está entre 90 y 100– los cuales se decide excluir del modelo. La exclusión se fundamente en que tan sólo son tres observaciones, y que los valores se encuentran fuera de los valores típicos esperados para la participación electoral en el exterior; así la perdida de estos datos compensa al incrementar la rigurosidad del modelo. En esa línea, se comprueba el cumplimiento de todos los supuestos presentados, lo cual es indicio de un modelo de regresión robusto que permite explicar el voto de la población costarricense en el exterior. Al examinar de manera detallada la Tabla 2, y considerar los coeficientes y su significancia, se identifica que los siguientes factores explican la participación electoral de la población costarricense en el extranjero: la constante, el Producto Interno Bruto, el Índice de Gini, el Indicador de Gobierno Representativo, el Indicador de Equidad y Derechos Sociales, el tipo de la elección y el año de la elección. En términos generales se puede interpretar lo siguiente sobre las variables incluidas en el modelo: • • La constante indica que, cuando ninguno de los factores incluidos en el modelo influye, el valor esperado es de 64.49 puntos porcentuales, con significancia estadística. El Índice de Gini, muestra que conforme este aumenta en 1 punto porcentual, o sea, a mayor desigualdad de ingresos en el país de residencia, la participación electoral disminuye en 0.75 puntos porcentuales, con significancia estadística. 10 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Factores explicativos del voto costarricense en el exterior en elecciones presidenciales (2014–2022) • • • • • En cuanto al Indicador de Gobierno Representativo, un aumento de 1 punto porcentual, o sea, entre más representativo se considere el gobierno del país de residencia, se asocia a un incremento de 0.31 puntos porcentuales en la participación electoral, con significancia estadística. Mientras que, el Indicador de Equidad y Derechos Sociales, conforme aumenta en 1 punto porcentual, o sea, entre más equitativo y mayores derechos tengan las personas en el país de residencia, disminuye la participación electoral en 0.31 puntos porcentuales, con significancia estadística. Respecto al tipo de elección, al comparar el balotaje (segunda ronda) con la primera ronda, se observa que la participación electoral es 6.09 puntos porcentuales mayor en la primera ronda, diferencia que es estadísticamente significativa. En relación con los años en que se realizan las elecciones, al contrastar con el año 2014 con las siguientes elecciones, si se trata de la elección de 2018 se encuentra una disminución en la participación de 7.39 puntos porcentuales, mientras que en 2022 la disminución es de 13.88 puntos porcentuales, ambos con significancia estadística. Por último, ni la densidad poblacional ni la cantidad de JRV resultan ser variables significativas para explicar el voto en el exterior. Respecto al PIB, aunque presenta un coeficiente significativo, su efecto es reducido, lo cual sugiere que puede no tener una influencia en la participación electoral (Véase el anexo 1). Adicionalmente, con una F (12.83, p < 0.001) se determina que el conjunto de predictores incluidos en el modelo contribuye de forma significativa a explicar la variación en la participación electoral, superando a un modelo sin variables independientes. Asimismo, el modelo arroja un valor de R² = 0.365 y un R² ajustado = 0.336, lo que implica que alrededor de un 33.6% de la varianza en la participación se encuentra explicada por las variables analizadas. Aunque este porcentaje pueda parecer reducido, es habitual en investigaciones sobre comportamiento político-electoral, dado el carácter complejo y multifactorial de los procesos de votación, especialmente en contextos transnacionales (Rights & Sterba, 2019; Serão & Petry, 2020; Stockemer, 2017). A los análisis precedentes se incorpora una simulación de muestreo con 100 repeticiones, cuyo objetivo es evaluar la estabilidad de los coeficientes y la robustez del modelo de regresión ante perturbaciones aleatorias en los datos. Los resultados, presentados en el Anexo 2, respaldan la consistencia del modelo, dado que las variables significativas en la estimación original mantienen su significancia en las réplicas, y los coeficientes estimados no exhiben variaciones sustantivas, lo cual refuerza la confiabilidad inferencial del modelo. 4.- RESULTADOS El modelo propuesto en este artículo contribuye de manera significativa a evaluar los factores que inciden en la participación electoral de la ciudadanía costarricense residente en el extranjero. Los hallazgos obtenidos permiten, en primer lugar, validar empíricamente algunas de las hipótesis planteadas en la literatura sobre voto transnacional y, en segundo lugar, abrir nuevas líneas interpretativas específicas para el caso costarricense. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 11 �Díaz-González, J., A. & Hernández-Nájera, E. A. El análisis del efecto de las variables independientes sobre la participación electoral de los votantes costarricenses en el extranjero revela que el PIB del país de residencia presenta un coeficiente negativo. Esto sugiere que, en países con un mayor Producto Interno Bruto, la participación electoral de este grupo tiende a disminuir. Este hallazgo contrasta parcialmente con la literatura sobre comportamiento electoral, que tradicionalmente asocia las malas condiciones macroeconómicas con una menor participación electoral, mientras que las buenas condiciones no parecen generar un impacto significativo en este ámbito (Aguilar & Pacek, 2000). Sin embargo, en el caso específico de los votantes en el extranjero, la evidencia es mixta, algunos estudios sostienen que las condiciones económicas del país de residencia influyen en su comportamiento electoral (Belchior et al., 2018), mientras que otros argumentan que no tienen incidencia alguna (Ciornei & Østergaard-Nielsen, 2020; Lafleur & SánchezDomínguez, 2015). Sin embargo, aunque el efecto del PIB en la participación electoral del votante costarricense en el extranjero es estadísticamente significativo, su magnitud es muy reducida, lo que sugiere que su impacto práctico es limitado o nulo. Tomando esto en cuenta, se puede plantear que las personas migrantes costarricenses que residen en países más prósperos no tienden a tener interés en participar en los procesos electorales de su país natal. No obstante, se requiere de una mayor profundización de este impacto en estudios posteriores para constatar si se trata en estricto de una variable influyente, pero con un coeficiente muy bajo, o si su significancia y poco impacto esté relacionado con algún aspecto de tratamiento o contexto volátil de las mediciones Una situación similar ocurre al observar el Índice de Gini, ya que el aumento de la desigualdad económica del país receptor se relaciona con un descenso en la participación electoral del votante costarricense en el extranjero. La literatura académica muestra que una mayor desigualdad económica desincentiva la participación electoral en los votantes que residen en su país de origen (Huijsmans et al., 2022), sin embargo, no hay evidencia sobre los efectos de la desigualdad económica en el país de residencia con la participación electoral de los votantes extranjeros. No obstante, como explicación tentativa se puede plantear que aquellos votantes costarricenses que residen en países con mayor nivel de desigualdad podrían estar presentando mayores dificultades para integrarse social y económicamente. Esta situación podría provocar que tengan menos interés de dar seguimiento y participar en la política electoral de Costa Rica, pues el costo promedio podría ascender a aproximadamente $120, casi el doble de una jornada laboral (Salgado Retana, 2018). Al revisar la variable Equidad y Derechos Sociales, esta muestra una relación negativa con la participación de los votantes costarricenses en el extranjero. Ello implica que en países donde se perciben condiciones más favorables de equidad y protección social, la disposición a votar por parte de la diáspora costarricense es menor. Una hipótesis posible es que la integración a un entorno con mayores garantías y estabilidad reduce la necesidad percibida de influir en la política del país de origen, lo cual podría incidir en una menor participación, lo cual es congruente con los hallazgos encontrados por otras investigaciones (Poblete-Cazenave et al., 2021). Respecto a si las condiciones logísticas pueden incidir en la participación electoral, se tomaron en cuenta tanto la densidad de la población como la cantidad de juntas receptoras de voto; con el primera de estas variables se espera observar si la concentración de la población (mayores centros urbanos) aumenta la probabilidad de participar en el proceso electoral. En el segundo caso, mayor cantidad de juntas receptoras de votos podrían facilitar a la diáspora costarricense su participación electoral, al reducir tiempo, distancias y costos de traslados. No obstante, como muestra la tabla 3, ninguna de estas 12 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Factores explicativos del voto costarricense en el exterior en elecciones presidenciales (2014–2022) variables se asocia de manera significativa con la participación electoral de las personas costarricenses residentes en el extranjero, en otras palabras, no se encuentra evidencia respecto a que las dificultades logísticas desincentivan la participación electoral de la diáspora costarricense, lo cual insta a considerar otros factores internos que puedan constatar de mejor manera esta dimensión. Para verificar si pueden afectar las condiciones políticas internas en la participación electoral de la diáspora costarricense se toma en consideración si esta ocurre en la primera ronda o el balotaje. Desde el 2014 todas las elecciones presidenciales en Costa Rica han requerido balotaje, dado que ninguno de los candidatos logra obtener más del 40% de los votos válidos emitidos. Los votantes que residen en Costa Rica tienden a participar más en la primera ronda que en el balotaje (Camacho Sánchez, 2019; Díaz-González & Cordero Cordero, 2020); los datos del modelo muestran que ese comportamiento se mantiene para los votantes costarricenses en el extranjero. Así, dado que la primera ronda ofrece un abanico más amplio de candidatos y, por ende, puede generar un mayor interés o mayor facilidad en los votantes para identificar un candidato a fin a sus preferencias, en los electores; asimismo, la segunda ronda puede desmotivar a quienes no se identifican con las dos opciones finalistas. Finalmente, los efectos de los años de elección (2018 y 2022) muestran una tendencia decreciente en la participación a lo largo del tiempo, lo cual podría interpretarse como un proceso de desgaste o fatiga democrática dentro del electorado en el exterior. Este patrón plantea preguntas sobre el grado en que las reformas electorales han logrado consolidar un vínculo político-electoral de la población costarricense en el extranjero. Al mismo tiempo, podría reflejar una percepción de ineficacia o desconexión con los procesos políticos en Costa Rica, agravada por la falta de canales sistemáticos de representación para los costarricenses fuera del país. La literatura muestra que tener la posibilidad de elegir personas que sirvan como representantes de la población en el extranjero, funcionan como aliciente en la participación en los procesos electorales y fortalece el vínculo de este grupo con su país de origen. En conjunto, los resultados confirman que el entorno socioeconómico e institucional del país receptor, así como el momento específico de la elección (primera vs. segunda ronda), inciden de manera significativa en la decisión de votar de los costarricenses en el extranjero. Aunque el modelo logra explicar cerca del 33.6% de la variación en la participación, cabe recordar que el comportamiento electoral está determinado por múltiples factores adicionales (culturales, personales, logísticos, etc.) no contemplados en esta estimación. Por ende, se sugiere incorporar en futuros estudios variables que capturen, por ejemplo, la distancia geográfica a los consulados, las redes de migrantes y el impacto de las campañas electorales dirigidas al exterior, entre otros aspectos. Con ello, sería posible refinar aún más el entendimiento de las dinámicas que subyacen al voto en el extranjero y enriquecer el debate académico sobre la representación política transnacional. 5.- CONCLUSIONES El presente estudio ofrece un primer acercamiento sobre los determinantes de la participación electoral de las costarricenses y costarricenses residentes en el extranjero, abarcando los periodos de 2014, 2018 y 2022 y considerando tanto primera y segunda ronda. A través de la aplicación de un modelo de regresión lineal de la variación en la tasa de participación (R² ajustado = 0.336; ver Tabla 3), se identificaron siete factores con influencia estadísticamente significativa: el Índice de Gini, el Indicador Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 13 �Díaz-González, J., A. & Hernández-Nájera, E. A. de Gobierno Representativo, el Indicador de Equidad y Derechos Sociales, el tipo de elección (primera ronda vs. balotaje) y los efectos temporales asociados a los años 2018 y 2022, además de la constante del modelo. En primer lugar, la desigualdad económica del país de residencia (Índice de Gini) ejerce un efecto negativo: cada punto porcentual de aumento en el índice se asocia a una disminución de 0.75 puntos porcentuales en la participación de la diáspora (p < 0.001; Tabla 3). Este hallazgo sugiere que los costarricenses en contextos de mayor inequidad encuentran mayores obstáculos o menor motivación para integrarse al proceso electoral. Por su parte, un entorno institucional percibido como más representativo incrementa la participación en 0.31 puntos porcentuales por cada punto del indicador (p = 0.005), mientras que un mayor nivel de equidad y derechos sociales reduce la participación en 0.31 puntos porcentuales (p = 0.016), lo cual podría reflejar que la integración satisfactoria en el país de acogida disminuye el sentido de urgencia o necesidad de influir en la política del país de origen, aunque un mayor nivel en el sentimiento de representatividad por su parte lo incrementa. Respecto a las dinámicas propias del ciclo electoral, la primera ronda muestra un incremento de 6.09 puntos porcentuales en comparación al balotaje (p < 0.001; Tabla 3), lo que indica que la polarización y la reducción de opciones generan una desmovilización electoral de la diáspora, congruente con lo observado a escala nacional. Asimismo, los coeficientes negativos asociados a los años 2018 (–7.39; p < 0.001) y 2022 (–13.88; p < 0.001) evidencian un desgaste progresivo en la participación desde la primera vez que se implementó el voto extraterritorial en 2014, tendencia que coincide con el aumento sostenido del abstencionismo relativo observado en la Figura 1. Estos resultados tienen implicaciones tanto para la teoría del voto transnacional como para las políticas públicas. Teóricamente, se corrobora que los votantes en el exterior están condicionados simultáneamente por características del país de acogida (inequidad y representatividad) y por la naturaleza del proceso electoral en el país de origen (tipo de elección, desgaste temporal). A nivel práctico, el Tribunal Supremo de Elecciones y Ministerio de Relaciones Exteriores, podrían mejorar la convocatoria e información sobre los balotajes, así como evaluar mecanismos adicionales de incentivos o acompañamiento en contextos de alta desigualdad (por ejemplo, jornadas móviles o apoyo logístico), para contrarrestar la baja adhesión mostrada en las últimas elecciones. Respecto a la evaluación del modelo, se determina según el tratamiento estadístico realizado – dígase la comprobación de supuestos asociados, la razón F, el R² ajustado, la simulación de muestreo para coeficientes– que el modelo de regresión lineal para explicar la variación en la participación del voto cuenta con una robusta validación interna al intentar explicar el fenómeno de estudio. Sin embargo, se insta a realizar estudios adicionales que validen externamente el modelo al considerar contextos y poblaciones diferentes, con el fin de corroborar su capacidad de generalización y evaluar su efectividad en escenarios más amplios, al tomar en consideración las dificultades de estudios electorales en ámbitos extraterritoriales. Como otras limitaciones, el modelo omite variables de corte más individual —distancia geográfica a consulados, redes sociales de migrantes, efectos de campañas específicas— que podrían captar mejor la heterogeneidad de experiencias de la diáspora. Se recomienda, en investigaciones futuras, incorporar fuentes de datos más granulares (encuestas a votantes en el exterior) y explorar diseños mixtos que incluyan análisis cualitativos sobre percepciones y motivaciones, así como estimaciones espaciales que evalúen el impacto de la proximidad a los puntos de votación. De este modo, se enriquecerá la 14 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Factores explicativos del voto costarricense en el exterior en elecciones presidenciales (2014–2022) comprensión de los complejos procesos de vinculación política de la población costarricense en el extranjero y se podrán diseñar estrategias más efectivas para fortalecer su participación democrática. REFERENCIAS Aguilar, E. E., & Pacek, A. C. (2000). Macroeconomic Conditions, Voter Turnout, and the Workingclass/Economically Disadvantaged Party Vote in Developing Countries. Comparative Political Studies, 33(8), 995-1017. https://doi.org/10.1177/0010414000033008001 Aldrete, A., Preciado, O., Valdez Zepeda, A., & Franco, D. (2007). El voto de los mexicanos en el extranjero. Un análisis de los resultados de 2006, a la luz de las teorías sobre el comportamiento político. Revista Latina de comunicación social, ISSN 1138-5820, No. 62, 2007. https://doi.org/10.4185/RLCS-2007-744 Allen, N. W., & Wellman, E. I. (2024). Extending Voting Rights to Emigrants: A Global Analysis of Actors, Processes and Outcomes. Diaspora Studies, 17(1), 1-17. https://doi.org/10.1163/09763457-bja10078 Alvarado Quesada, P. (2021). El funcionamiento del voto costarricense en el extranjero (Primera edición). IFED-TSE. Alvarez Hernández, M. D., & Álvarez Texocotitla, M. (2019). La migración y el sufragio transnacional: El caso de México. 60. Banco Mundial (s.f.). Densidad de población (personas por kilómetro). https://datos.bancomundial.org/indicador/EN.POP.DNST (Revisado el 7 de agosto, 2024) Banco Mundial (s.f.). Índice de Gini. https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI (Revisado el 7 de agosto, 2024 Banco Mundial (s.f.). PIB (US$ a precios actuales). https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD (Revisado el 7 de agosto, 2024 Battiston, S., Luconi, S., & Valbruzzi, M. (2024). To vote or not to vote in the homeland elections? Insights into voting abstention in Italy’s constituency abroad. Modern Italy, 29(1), 73-96. https://doi.org/10.1017/mit.2023.59 Belchior, A., Azevedo, J., Lisi, M., & Abrantes, M. (2018). Contextual reasons for emigrants’ electoral participation in home country elections: The Portuguese case. Journal of Contemporary European Studies, 26, 197-214. https://doi.org/10.1080/14782804.2017.1413641 Bischof, D., & van der Velden, M. (2019). The Use and Usefulness of p-Values in Political Science: Introduction. Swiss Political Science Review, 25(3), 276-280. https://doi.org/10.1111/spsr.12376 Brand, L. A. (2010). Authoritarian States and Voting From Abroad: North African Experiences. Comparative Politics, 43(1), 81-99. https://doi.org/10.5129/001041510X12911363510439 Burgess, K., & Tyburski, M. D. (2020). When parties go abroad: Explaining patterns of extraterritorial voting. Electoral Studies, 66, 102169. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2020.102169 Camacho Sánchez, S. (2019). Comportamiento electoral-espacial entre primera y segunda ronda. San José, C.R.: PEN. https://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/7827?show=full Ciornei, I., & Østergaard-Nielsen, E. (2020). Transnational turnout. Determinants of emigrant voting in home country elections. Political Geography, 78, 102145. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102145 Collyer, M. (2013). A geography of extra-territorial citizenship: Explanations of external voting. Migration Studies, 2, 55-72. https://doi.org/10.1093/migration/mns008 Del Orbe Ayala, K. (2022). Participación política electoral transnacional. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 15 �Díaz-González, J., A. & Hernández-Nájera, E. A. Díaz-González, J. A., & Cordero Cordero, S. (2020). Las preferencias del electorado en la segunda ronda presidencial de 2018 en Costa Rica. Un modelo de socialización política. Política y gobierno, 27(1), 41-62. Emmerich, G., & Peraza, X. (2011). Sufragio transnacional. Experiencias latinoamericanas de voto desde el exterior y voto de los extranjeros. En La transnacionalización. Enfoques teóricos y empíricos. UAM–Miguel Ángel Porrúa, México. UAM-Miguel Ángel Porrua. Goldberg, A. C., & Lanz, S. (2021). Living abroad, voting as if at home? Electoral motivations of expatriates. Migration Studies, 9(2), 279-310. https://doi.org/10.1093/migration/mnz018 Grotz, F., & Nohlen, D. (2000). External Voting: Legal Framework and Overview of Electoral Legislation. Boletín mexicano de derecho comparado / Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 33. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., Méndez Valencia, S., & Mendoza Torres, C. P. (2014). Metodología de la investigación (Sexta edición). McGraw-Hill. Huijsmans, T., Rijken, A. J., & Gaidyte, T. (2022). The Income Gap in Voting: Moderating Effects of Income Inequality and Clientelism. Political Behavior, 44(3), 1203-1223. https://doi.org/10.1007/s11109-020-09652-z IDEA. (s.f.). The Global State of Democracy Initiative. https://idea.int/gsod/gsod (Revisado el 5 de agosto, 2024 Jeong, H. (2020). Influence of Home and Host Country Factors on Immigrants’ Political Engagement. Journal of International and Area Studies, 27(2), 73-94. Lafleur, J.-M., & Sánchez-Domínguez, M. (2015). The political choices of emigrants voting in home country elections: A socio-political analysis of the electoral behaviour of Bolivian external voters. Migration Studies, 3(2), 155-181. https://doi.org/10.1093/migration/mnu030 Lappin, R. (2016). THE RIGHT TO VOTE FOR NON-RESIDENT CITIZENS IN EUROPE. International & Comparative Law Quarterly, 65(4). https://doi.org/10.1017/S0020589316000336 Leek, J. T., & Peng, R. D. (2015). Statistics: P values are just the tip of the iceberg. Nature, 520(7549), 612-612. https://doi.org/10.1038/520612a Lisi, M., Belchior, A., Abrantes, M., & Azevedo, J. (2019). Portuguese Emigrants’ Political Representation: The Challenges of the External Vote (pp. 73-94). https://doi.org/10.1007/978-3030-15134-8_4 Matsui, S. (2007). The voting rights of Japanese citizens living abroad. International Journal of Constitutional Law, 5(2), 332-342. https://doi.org/10.1093/icon/mom012 Müller-Török, R., Pautsch, A., & Prosser, A. (2015). Legal Aspects of Cross-Border Delivery of Voting Documents: A Neglected Issue? Proceedings of the 2015 2nd International Conference on Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia, 123-128. https://doi.org/10.1145/2846012.2846013 Ognibene, M., & Paulis, E. (2021). Hybrid Voters: How the Politics in the Home and the New Country Influences External Voters. Representation, 59, 465-484. https://doi.org/10.1080/00344893.2021.1978531 Poblete-Cazenave, R., Toppeta, A., & Dev, D. (2021). Voting from Abroad: Assessing the Impact of Local Turnout on Migrants’ Voting behavior. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3933789 Rights, J. D., & Sterba, S. K. (2019). Quantifying explained variance in multilevel models: An integrative framework for defining R-squared measures. Psychological Methods, 24(3), 309-338. https://doi.org/10.1037/met0000184 16 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Factores explicativos del voto costarricense en el exterior en elecciones presidenciales (2014–2022) Salgado Retana, E. (2018). El voto costarricense en el extranjero y la participación del cuerpo consular. Revista de Derecho Electoral, 26. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/11805 Serão, N., & Petry, A. (2020). Do prediction equations with high R-squared in low sample size studies have high predictive ability? Journal of Animal Science, 98(Suppl 3), 71. https://doi.org/10.1093/jas/skaa054.127 Sevi, S., Mekik, C. S., Blais, A., & Çakır, S. (2020). How do Turks abroad vote? Turkish Studies, 21(2), 208-230. https://doi.org/10.1080/14683849.2019.1607311 Stockemer, D. (2017). What Affects Voter Turnout? A Review Article/Meta-Analysis of Aggregate Research. Government and Opposition, 52(4), 698-722. https://doi.org/10.1017/gov.2016.30 Stuhldreher, A. (2016). Sufragio transnacional en Uruguay: Contexto histórico-legal, dimensiones e impacto político-institucional (pp. 133-160). Tribunal Supremo de Elecciones (2014). Estadística de procesos electorales. https://www.tse.go.cr/estadisticas_elecciones.htm Tribunal Supremo de Elecciones (2018). Estadística de procesos electorales. https://www.tse.go.cr/estadisticas_elecciones.htm Tribunal Supremo de Elecciones (2022). Estadística de procesos electorales. https://www.tse.go.cr/estadisticas_elecciones.htm Tribunal Supremo de Elecciones. (2013). Reglamento para el Ejercicio del Voto en el Extranjero, Decreto N.° 4-2013 y sus reformas. La Gaceta. Troeger, V. E. (2019). To P or not to P? The Usefulness of P‐values in Quantitative Political Science Research. Swiss Political Science Review, 25(3), 281-287. https://doi.org/10.1111/spsr.12377 Turcu, A., & Urbatsch, R. (2021). Aversion to far-left parties among Europeans voting abroad. Comparative European Politics, 19(1), 117-138. https://doi.org/10.1057/s41295-020-00225-2 Valenzuela-Beltrán, M., Luna, J., Rosenblatt, F., & Toro, S. (2018). Los desafíos del voto de chilenos en el exterior. En Estudios sobre reformas políticas. Gobierno de Chile 2014-2018 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 17 �Díaz-González, J., A. & Hernández-Nájera, E. A. Anexos Anexo 1. Gráfico de coeficientes estimados Fuente: Elaboración propia. Nota: Sig.: ***p < 0,01; **p < 0,05; * p < 0,1; Anexo 2. Simulación Bootstrap de muestreo para coeficientes Simulación de muestreo* Desv. error 13.146 0.001 0.238 Intervalo de confianza al 95% Modelo β Sesgo Sig. (bilateral) Inferior Superior Constante 64.49 -1.209 0.01 36.101 88.555 PIB -0.001 0 0.05 -0.003 0 Gini -0.748 0.004 0.02 -1.216 -0.312 Densidad 0.001 0.001 0.007 0.881 -0.013 0.016 poblacional Gobierno 0.3092 2.66 13.434 0.03 7.836 62.072 Representativo Equidad y Derechos -0.3121 -1.128 13.912 0.03 -63.489 -8.504 Sociales JRV 0.294 0.144 0.58 0.554 -0.554 1.63 Tipo de elección 6.086 -0.04 1.356 0.01 2.983 8.374 Año [2018] -7.392 -0.389 2.296 0.02 -12.15 -2.79 Año [2022] -13.882 -0.269 2.218 0.01 -19.221 -9.283 *A menos que se indique lo contrario, los resultados de la simulación de muestreo se basan en 100 muestras de simulación de muestreo. Fuente: Elaboración propia (2025). 18 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ Democracia y populismo: el desmantelamiento de la arquitectura democrática en México 2019-2023 Democracy and Populism: The Dismantling of Democratic Architecture in Mexico 20192023 Carlos Gómez Díaz de León1, Abraham Alfredo Hernández Paz2, Samuel Andrés Ibarra González3 Por poco más de tres décadas, México había venido construyendo un andamiaje institucional que sostenía una incipiente democracia a pesar de los altibajos naturales de un proceso de esta naturaleza. Sin embargo, a partir del proceso electoral de 2018, la democracia mexicana ha sufrido regresiones hacia modelos autoritarios y populistas que amenazan destruir el marco institucional que sostiene la democratización nacional. Este estudio tiene como objetivo analizar el proceso de erosión de las arquitecturas democráticas en México durante el periodo 2019-2023, enfatizando el papel del populismo y la centralización del poder en este fenómeno. Se analiza el marco teórico de la democracia y de la regresión democrática internacional, así como la transición democrática en México, las causas subyacentes de estas transformaciones. Utilizando una metodología mixta cualitativa y cuantitativa, a partir del análisis de textos y de una revisión de datos empíricos y análisis de casos que demuestran una tendencia de centralización de poder por parte del gobierno, se expone la degradación reciente del sistema democrático en México. Se encontró, que, en el periodo estudiado, se presentó una significativa concentración de poder en el ejecutivo y una erosión de los contrapesos democráticos en México, caracterizados por la disminución de la independencia judicial y legislativa y el aumento de prácticas populistas que socavaron la pluralidad política y la participación ciudadana. Se concluye que estos cambios marcan una preocupante transformación hacia un modelo más autoritario, afectando la transparencia, rendición de cuentas y derechos humanos en el país. Finalmente se apuntan algunas consideraciones para reducir los riesgos de la regresión democrática. Keywords: Democracia, instituciones, México, populismo, sistema político. RESUMEN …………………………………… Fecha de recibido: 15/10/2023 Fecha de revisado: 10/01/2024 Fecha de aceptado: 08/01/2025 Fecha de publicación: 30/07/2025 Esta obra está bajo una licencia de Creativa Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional RESUMEN For just over three decades, Mexico had been building an institutional framework that supported an emerging democracy despite the natural ups and downs of such a process. However, starting with the electoral process of 2018, as in many countries around the world, democracy has suffered regressions towards authoritarian and populist models that threaten to destroy the institutional framework that supports democratization in the world and in Mexico. This study aims to analyze the process of erosion of the democratic architecture in Mexico during the period 2019-2023, emphasizing the role of populism and the centralization of power in this phenomenon. The theoretical framework of democracy and international democratic regression, as well as Mexico's democratic transition and the underlying causes of these transformations, are analyzed. Using a mixed qualitative and quantitative methodology, based on the analysis of texts and a review of empirical data and case studies that demonstrate a trend of power centralization by the government, the recent degradation of the democratic system in Mexico is exposed. It was found that, in the studied period, there was a significant concentration of power in the executive and an erosion of democratic counterbalances in Mexico, characterized by the decrease in judicial and legislative independence and the increase in populist practices that undermined political plurality and citizen participation. It is concluded that these changes mark a worrying transformation towards a more authoritarian model, affecting transparency, accountability, and human rights in the country. Finally, some considerations are pointed out to reduce the risks of democratic regression. Palabras claves: Democracy, institutions, Mexico, political system, populism. Cómo referenciar este artículo: Gómez Díaz de León, C., Hernández Paz, A., A. & Ibarra González, S., A. (2025) Democracia y populismo: el desmantelamiento de la arquitectura democrática en México 2019-2023. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 11(22), 19-41. https://doi.org/10.29105/rpgyc11.22-297 1 Doctor en Derecho Público por la Universidad de París XI, Francia. Profesor Investigador en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Email: carlos.gomezdz@uanl.edu.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6796-5569 2 Doctor en Gerencia y Política Educativa por el Centro de Estudios Universitarios de Baja California. Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Profesor Investigador en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Email: abraham.hernandezpz@uanl.edu.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3895-7281 3 Doctorante en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Email: samuel.ibarragnz@uanl.edu.mx, ORCID: https://orcid.org/0009-0003-3648-0974 19 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 1.- INTRODUCCIÓN En la actualidad, la comunidad global se encuentra atravesando por un periodo de transformación sustancial, que podría ser categorizado como un cambio epocal. Tal afirmación se funda en que esta transición abarca la totalidad del sistema social, implicando modificaciones profundas en sus subcomponentes políticos, normativos, económicos y culturales. Al observar el periodo temporal desde inicios de los años setenta hasta la actualidad, es posible identificar alteraciones fundamentales en cada dominio social, presentando así a las ciencias sociales la tarea de delinear, elucidar y proyectar dichos cambios desde sus respectivos puntos de vista científicos. Una amplia gama de disciplinas de las ciencias sociales, que incluye la sociología, la ciencia política, las relaciones internacionales, la comunicación política y la economía, enfrenta una agenda rica pero perpleja que produce más dilemas que soluciones, debido a las transformaciones intrincadas y rápidas que ocurren globalmente en todos los sectores. Además, el surgimiento inesperado y la proliferación mundial de la pandemia de COVID-19 en 2020, que, desde nuestra perspectiva, aceleró y significó un momento pivotal en estos procesos de conversión social, nos permite afirmar con confianza, alineándonos con las observaciones del científico español Subirats, que estamos, efectivamente, en medio de una transición epocal (2016). Precisamente debido a la magnitud e intrincación de estas transformaciones, los académicos que examinan estos asuntos a menudo encuentran un obstáculo fundamental: la ausencia de paradigmas que faciliten percepciones sobre enfoques viables para enfrentar los retos contemporáneos y el cambio epocal. Las transformaciones dentro del dominio político son multifacéticas. Observando desde una perspectiva global, las causas raíz de las variaciones pueden discernirse a través de diversos procesos políticos entrecruzados. Indudablemente, aspectos tales como el agotamiento del modelo del estado de bienestar y el renacimiento del modelo neoliberal a nivel internacional, el cambio en las dinámicas de poder atribuibles al debilitamiento del modelo soviético y el ascenso de China, la degradación de los sistemas democráticos y el resurgimiento del populismo y la extrema derecha son procesos ejemplares que iluminan estos factores causales. En cierto grado, es la globalización la que actúa como catalizador de esta transformación. Representa una ruptura que impulsa el cambio epocal. El colapso del Muro de Berlín simbolizó un punto de inflexión global histórico, encarnando la muerte del comunismo y la ascendencia del capitalismo. Desde un punto de vista político, aparentemente representa la conquista última del liberalismo sobre el socialismo, aunque las repercusiones desafían el modelo democrático, arrojando dudas sobre este modelo de régimen político. No obstante, existe una percepción de estar experimentando una disrupción en el orden global que aparentemente carece de coherencia. Este sentimiento es articulado por un internacionalista (Laidi, 1997: p. 25), quien sostiene que después de la guerra fría, los componentes que otorgan significado a la historia global se han vuelto disyuntivos: fundamentos, unidad y propósito. Arguye, "la democracia de mercado prevalece, pero no logra mantener un discurso sobre sus principios fundacionales. Las discrepancias en las esferas políticas, económicas y financieras desafían cada vez más una interpretación unificada". Este manuscrito se enfoca en describir la crisis que amenaza a nivel internacional, pero sobre todo nacional, a uno de los paradigmas más venerables del campo político: la democracia. Sin duda, la democracia, como sistema político ampliamente legitimado a nivel global, está experimentando una crisis cuya intensidad varía en base a contextos geográficos, económicos, culturales y, sin duda, políticos. El estudio emplea una metodología cualitativa, utilizando un análisis de información que 20 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Democracia y populismo: el desmantelamiento de la arquitectura democrática en México 2019-2023. considera algunas de las referencias más esenciales de los últimos años con respecto a la democracia. El documento adopta una perspectiva predominantemente política, explorando modificaciones recientes en las democracias contemporáneas, con un enfoque particular en la emergente democracia de México. La discusión destacará la erosión de esta democracia durante el periodo 2019-2023, reflexionando sobre los ataques institucionales graduales experimentados durante este intervalo. Basado en una delineación teórica, se establecerá y aproximará el contexto histórico de la transición democrática de México durante los últimos cincuenta años con indicadores recientes de la trayectoria institucional de varios elementos cruciales de los sistemas democráticos. Las secciones subsiguientes evaluarán las estrategias y resoluciones gubernamentales implementadas durante el último cuatrienio que ejercen una influencia sustancial sobre las organizaciones democráticas y ponen en peligro la estabilidad política y la gobernanza democrática de México. Para concluir, se sugerirán posibles directrices para frenar la degeneración institucional de la democracia mexicana. 2.- FUNDAMENTO TEÓRICO La Democracia como Régimen Político Iniciando con una indagación de la connotación del régimen político, Duverger y Bobbio proporcionan una perspectiva perspicaz de este concepto (citado en López, 2014, p. 212). Ambos afirman que el régimen político aglutina un conjunto de entidades políticas dentro de un sistema social y un colectivo de instituciones que regulan ejercicios de poder e infunden a las instituciones ciertos valores. Es evidente en ambas interpretaciones que las instituciones ostentan un papel cardinal en la configuración del régimen político con un énfasis distintivo en el poder. Definiendo el régimen político de una manera más amplia, Gómez (2018, p. 33) lo denota como los parámetros en los cuales se desarrollan las interacciones políticas, que comprenden: 1) Valores: los principios fundamentales y objetivos; 2) Normas: elementos que dictan procedimientos aceptables para la transformación y difusión de demandas y distribución de recursos públicos; y 3) Estructuras de Autoridad: los marcos formales e informales en los que el poder es organizado, ejercido y distribuido. Para delinear aún más, el régimen político, en un sentido estricto, hace referencia a la distribución, la organización jerárquica y los procesos de renovación de los poderes públicos estatales según pautas normativas y constitucionales. Por lo tanto, mientras que la clasificación del régimen político puede adherirse a un modelo parlamentario o presidencial, su naturaleza democrática es dictada por el sistema político y su interacción con diversas facetas económicas, culturales y normativas, clasificándolas como autoritarias, totalitarias o democráticas. Es notable que tales conceptualizaciones se expanden más allá de las meras dimensiones políticas. Por lo tanto, la democracia se visualiza no solamente como un método de dirección gubernamental sino también como un ideal de vida comunitaria, una perspectiva respaldada por el filósofo estadounidense John Dewey. En palabras de Aguilera, "la democracia, para Dewey, no es simplemente un método de gobernabilidad, sino un ideal de vida comunitaria, un estilo de vida donde las personas, de manera activa, libre, reflexiva, crítica y tolerante, comunican y participan en la gestión de asuntos colectivos" (Gómez Díaz de León, 2018, p. 45) (Aguilera Portales, Distintos modelos de democracia, 2014, p. 86). A pesar del origen de la democracia hace más de 2500 años en la Grecia Clásica, proporcionando, argüiblemente, la mayor legitimidad a los gobernantes prevalecientes, su fragilidad intrínseca y Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 21 �Gómez Díaz de León, C., Hernández Paz, A., A., Ibarra González, S., A. vulnerabilidad emanan de su dependencia en la participación ciudadana, flexible y efímera. La contemplación de su importancia y amplitud ha ocupado perennemente a científicos políticos, filósofos y actores a lo largo de las épocas. En el siguiente apartado, se proporcionará una exploración sucinta de su progresión. La transición institucional de la democracia durante dos milenios Una reflexión sobre la democracia, originaria del pensamiento griego y estructurada por los términos "demos" (pueblo) y "cratos" (poder), denota una administración donde la autoridad proviene de sus ciudadanos. Esto involucra un deber cívico, donde a través de sus voces, los ciudadanos moldean la política de la comunidad. Esta forma de gobernanza contrasta con otras, algunas de las cuales pueden exhibir características malévolas o corruptas, según los objetivos de sus líderes. "Politique" de Aristóteles (1960) presenta una teoría general de la constitución, clasificando seis formas de gobierno, virtuosas o corruptas, determinadas por dos factores: la cantidad y virtud de los miembros del gobierno. Aquí, los sistemas virtuosos son identificados como monarquía, aristocracia y democracia, mientras que sus contrapartes corruptas son tiranía, oligarquía y demagogia, que se inclinan hacia objetivos no relacionados con el bienestar colectivo, en lugar del objetivo final de gobierno del bienestar comunal. (Politique, 1960, p. CIII) La crucial participación ciudadana en el modelo democrático eventualmente evolucionó hacia el paradigma democrático contemporáneo, cimentado en el sufragio universal. Sin embargo, la democracia moderna se extiende más allá de los procesos electorales democráticos y el sufragio universal, exigiendo procedimientos de toma de decisiones estructuradas acerca de los roles sociales, reglas de vida comunitaria, objetivos prioritarios colectivos, estrategias necesarias para alcanzar estos objetivos, e instituciones y mecanismos definitivos para ejecutar estas actividades, entre otras facetas. Estos elementos construyen colectivamente el andamiaje institucional de la democracia moderna. Por lo tanto, bajo la gobernanza democrática, la mayoría, ya sea directa o indirectamente, formula y afirma leyes, y valida a los oficiales y políticas del gobierno. Por otro lado, la minoría disidente de hoy podría transformarse en la mayoría del mañana, subrayando la importancia de la alternancia política. Así, en un sistema político democrático, las minorías deben retener la libertad para expresar, propagar y organizar sus opiniones, y para intentar ganar adherentes. Además, las minorías deben adherirse y someterse a leyes y al gobierno, preservando la funcionalidad del sistema político y manteniendo la posibilidad de un día transicionar a los ciudadanos en líderes. Por ende, las reglas democráticas incluyen: la libertad para criticar y oponerse al gobierno; la protección de la minoría; la lealtad de la minoría hacia la comunidad política y sus patrones gobernantes. Esto significa respetar el marco constitucional e institucional del sistema político para mantener la gobernabilidad. Varios científicos políticos del siglo XX y XXI han reflexionado extensamente sobre estas reglas, ofreciendo amplios criterios para contextualizar el modelo democrático contemporáneo, estableciendo los principios de la gobernanza democrática actual. En los marcos políticos contemporáneos, los partidos políticos se erigen como actores primarios del proceso democrático, con las elecciones sirviendo como el principal medio político para la mayoría de los miembros de la comunidad. La legitimidad de estas entidades depende del consenso afirmado en cada elección. En este contexto, la descripción de Bovero de la democracia como "la institucionalización de la confrontación pública, mediante la cual las opiniones y preferencias transitan de particularidades 22 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Democracia y populismo: el desmantelamiento de la arquitectura democrática en México 2019-2023. privadas, se refinan y moldean a través de la interacción recíproca, convergen y se reagrupan, formando así la base de decisiones ponderadas", sigue siendo relevante. Por lo tanto, el sistema político que cumple la función de generar decisiones colectivas con tres propiedades: consenso máximo; coerción mínima; y actuar como un mecanismo de supervisión sobre las acciones y decisiones de gobernantes e instituciones. (Bovero, Democracia y derechos fundamentales, 2002, p. 27) (Bovero, Una gramática de la democracia, 2002, p. 56) Por otro lado, Robert Dahl (1999, p. 47), después de destacar ciertos criterios necesarios para la constitución de un gobierno democrático, subraya el papel pivotal de la participación ciudadana, particularmente el control esencial que los ciudadanos deben retener sobre la agenda pública. Dahl enfatiza 1) la estabilización de las desigualdades sociales; 2) el cultivo de la conciencia cívica; 3) la distorsión de la agenda pública por los gobernantes; y 4) la usurpación del control político último como aspectos que demandan escrutinio y gestión para evitar que el sistema democrático degenere en un sistema oligárquico. Este punto de vista trasciende el dominio electoral y se aventura en un reino más participativo. Así, el desarrollo democrático debería evaluarse a través de la expansión de espacios participativos. Acoplando esto con el énfasis de Bovero en el debate, viendo la democracia a través de la lente del razonamiento público con oportunidades adecuadas para el debate, así como participación interactiva y compromiso razonado, encontramos que la inclusión ciudadana y el control de la agenda pública propuesto por Dahl se erigen como el eje central de la democracia participativa. Dentro de esto, discernimos la influencia de las demandas sociales contribuyendo a un juicio objetivo y justo, como la integración de información relevante, la diversidad de perspectivas, diálogos y debate público transparente. Estos elementos nos presentan un razonamiento constructivo y efectivo emblemático del capital social, que creemos forma el núcleo del modelo democrático de John Dewey. (Dahl, 1999, p. 47) (Aguilera Portales, La democracia del Estado Constitucional, 2009, p. 64) Navegando el Sendero Democrático en México La Carta Magna mexicana, inicialmente avalada por la Asamblea Constituyente de 1916, mediante el artículo 40 manifiesta la determinación de la nación de erigirse como una República representativa, democrática, laica y federal. No obstante, este ethos democrático surgió, en gran parte, de la búsqueda de un sufragio palpable y de la oposición a la reelección, catalizando la Revolución Mexicana. El pueblo mexicano, armado con la divisa de Francisco Madero "sufragio efectivo, no reelección", ha luchado de manera constante para infundir un modelo democrático, integrando atributos esenciales del sistema de gobierno en nuestras instituciones políticas desde la Revolución. Aunque la democracia puede encarnar discrepancias sustanciales entre sus formas percibidas e idealizadas, como señaló Robert Dahl, identificar el exacto inicio del cambio democrático de México persiste como una tarea compleja. El consenso entre académicos políticos e historiadores tiende a describir el marco político posrevolucionario como inclinado hacia acciones autoritarias y populistas, con ciertos aspectos democráticos insuficientes para denominar al régimen totalmente democrático. Casos palpables de esto incluyen el movimiento estudiantil de 1968 y las posteriores represalias gubernamentales brutales, así como el ataque de entidades paramilitares a grupos civiles, apodado "El Halconazo" en 1971. Ambos episodios subrayaron la necesidad imperante de integrar fuerzas y apoyos civiles para otorgar credibilidad a las administraciones, lo cual fue abordado por el presidente Echeverría mediante estrategias populistas, intensificando las demandas de entidades políticas. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 23 �Gómez Díaz de León, C., Hernández Paz, A., A., Ibarra González, S., A. Avances significativos hacia la democracia en México, especialmente desde 1977, coincidieron con cambios estructurales en la nación durante los últimos veinticinco años y más. La transición democrática en México fue notablemente impulsada por Jesús Reyes Heroles, un destacado jurista e ideólogo del partido gobernante PRI, mediante una reforma electoral en 1977. Nombrado Secretario de Gobernación en la administración del presidente José López Portillo en 1976, Reyes Heroles abogó por la instauración de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LFOPPE), con el objetivo de democratizar los procesos electorales facilitando la participación de minorías partidistas en el Congreso (Bizberg, 2010, p. 33). La LFOPPE fue un paso crucial hacia la democratización de un sistema hasta entonces rígido y hegemónico, culminando décadas después en una verdadera multiplicidad de pensamiento político y una transición democrática anhelada. Sus principales innovaciones fueron: 1) Designar a los partidos políticos como entidades de interés público con derechos iguales de acceso a los medios, 2) Vincular la validez de su registro a los resultados electorales, y 3) Aumentar la membresía de la Cámara de Diputados de trescientos a cuatrocientos, con trescientos elegidos por mayoría relativa y cien mediante representación proporcional. Las modificaciones legales por sí solas no provocarían una transición política sin los movimientos sociales liderados por ciudadanos, los cuales jugaron un papel vital. Esto es evidente en las respuestas organizadas por ciudadanos al terremoto de la Ciudad de México en septiembre de 1985 y el aumento del compromiso político durante las elecciones de 1988, que presentaron al Frente Democrático Nacional (FDN), más tarde el PRD, como una alternativa nacional a los partidos tradicionales, PRI y PAN. El progreso democrático subsiguiente se enfocó en alinear las instituciones políticas más estrechamente con las normas democráticas convencionales, permitiendo la participación y creando instituciones que la aseguraran, y fortaleciendo el equilibrio de poder. En la década de 1990, desarrollos notables como la instauración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Representación Proporcional en el Senado, la creación en 1991 y la ciudadanización en 1996 del Instituto Federal Electoral (IFE), el establecimiento del Tribunal Electoral Federal, la elección del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y la reforma judicial, entre otros, significaron una progresión democrática. Estas entidades surgieron de reformas estructurales del sistema político que beneficiosamente otorgaron solidez institucional a la democracia mexicana. Las creaciones subsiguientes de la Auditoría Superior de la Federación (1999) y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (INAI, 2002) mejoraron aún más el equilibrio de poder y, crucialmente, el empoderamiento ciudadano. Para 1997, la Cámara de Diputados carecía de una mayoría de partido oficial y, para el 2000, un partido de oposición produjo un presidente (Huchim, 2009, p. 161). Sin embargo, la percepción pública, posiblemente, vio la llegada en el año 2000 de un presidente de un partido diferente al que había sido incumbente durante 70 años como el cenit de la transición democrática. En realidad, la progresión democrática, en lugar de la culminación, se reflejó más exactamente en la subsiguiente falta de una mayoría del Congreso por parte del partido Ejecutivo, mejorando los equilibrios de poder. Aunque existían instituciones ciudadanas, estas eran predominantemente electorales. Posterior al año 2000, un Congreso robusto resistió al Ejecutivo, constriñó la agenda pública y, subsecuentemente, facilitó procesos democráticos. Lamentablemente, la infortunada interferencia del IFE en el proceso electoral de 2006 socavó significativamente todo el progreso institucional hasta entonces logrado, especialmente en términos electorales. No obstante, hasta 2015, había un consenso entre científicos políticos y actores respecto a la transición democrática de México, a pesar de sus desafíos y peligros. Esto llevó naturalmente a la histórica elección presidencial de 2018, en la que Andrés Manuel López Obrador, supuestamente representando a la izquierda mexicana, triunfó con aproximadamente 30 millones de votos. Las expectativas eran altas para la 24 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Democracia y populismo: el desmantelamiento de la arquitectura democrática en México 2019-2023. reconstrucción del tejido social y la recuperación de la legitimidad ciudadana tras décadas de decepción, partidocracia, administraciones corruptas y una grave erosión de la gobernanza, agravada por el creciente poder del crimen organizado. paradójicamente, se tomaron decisiones incongruentes con los programas gubernamentales o la racionalidad técnica incluso antes de que comenzara oficialmente su mandato, iniciando un desmantelamiento institucional que ha degradado progresivamente la democracia mexicana. En las siguientes secciones, delinearemos las actividades primordiales que influenciaron la trayectoria de la transición democrática mexicana previa a 2018 y que han desmontado incrementalmente instituciones cruciales que salvaguardaban la naciente democracia de México, afectando así la gobernanza democrática. Antes de esto es conveniente que caracterizaremos el contexto global de la actual crisis democrática mundial. Enfrentando los Desafíos Democráticos: Una mirada global Es imperativo destacar que el actual enigma democrático va más allá de México y supera los límites del contexto latinoamericano. Al examinar la situación europea, se descubre que los cimientos de la Unión Europea se asentaron en un marco tecnocrático para la toma de decisiones sin potenciar la participación directa de los ciudadanos, desencadenando, por ende, un déficit democrático. Este déficit ha revitalizado posturas exitosas anti-Unión Europea, como el Brexit, generando a su vez una volatilidad política en la región. (Blokker, 2021) De manera análoga, al considerar el sur de Europa y tras uno de los eventos democráticos más cruciales de las últimas décadas, a saber, la Primavera Árabe, los indicadores sugieren un aumento de regímenes autocráticos en el sector del norte de África, suscitando debates sobre un modelo de "autocracia competitiva". (Sadiki & Saleh, 2023) En contraposición, mientras que Asia es reconocida por democracias estables como Japón y Corea del Sur, también alberga a la autocracia más predominante a nivel mundial, China, que está ampliando su influencia en el Lejano Oriente. Adicionalmente, suenan las alarmas respecto a un retroceso democrático en India. (Croissant, 2020) Desde una perspectiva global, el tumulto antidemocrático es omnipresente. Según el Instituto VDem de la Universidad de Gotemburgo, el nivel de democracia al alcance del ciudadano mediano ha retrocedido a su estatus de 1986, anulando los avances realizados durante 35 años. Además, aproximadamente 5.7 mil millones de personas residían en autocracias en 2022, lo que abarca al 72% de la población mundial. (Defiance in the Face of Autocratization. Democracy Report 2023., 2023) Este predicamento se extiende más allá de la política, ya que el ámbito económico global también se ve afectado. En 2022, las economías de las naciones autocráticas constituían el 46% del producto interno bruto mundial, corroborando así el fortalecimiento de estos regímenes. (Defiance in the Face of Autocratization. Democracy Report 2023., 2023) Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 25 �Gómez Díaz de León, C., Hernández Paz, A., A., Ibarra González, S., A. América Latina refleja esta tendencia. Siguiendo la metodología del Índice de Democracia de The Economist, que evalúa elementos como los procedimientos electorales, pluralismo, funcionalidad gubernamental, participación política, cultura política y libertades civiles, la región ha sufrido la recesión democrática más significativa registrada en las últimas dos décadas en todas las regiones evaluadas. (Democracy Index 2022. Frontline democracy and the battle for Ukraine, 2023) México no está exento de esta tendencia. Según el reporte del Economist en 2022, el presidente Lopez Obrador, además de continuar concentrando el poder en el Ejecutivo y de amenazar con la desaparición del INE, intensificó sus ataques a opositores, prensa y medios de comunicación (The Economist Intelligence Unit, 2022). Conforme al Índice previamente mencionado, México registró la segunda caída más substancial en la puntuación del Índice dentro de la región, siguiendo a Haití y El Salvador, ambos países autocráticos, otorgándole una clasificación como régimen híbrido en la posición 89 de 167 naciones. (The Economist Intelligence Unit, 2023) Según Latinobarómetro, la situación se agrava al constatar una falta de rechazo universal hacia el autoritarismo entre la población. Por ejemplo, de 2020 a 2023, el apoyo al autoritarismo se disparó del 22% al 33%, mientras que, en el mismo periodo, el respaldo a la democracia se desplomó del 43% al 35%. (Corporación Latinobarómetro, 2023) El retroceso de la democracia: una reevaluación teórica Al embarcarse en un diálogo crítico acerca del retroceso democrático, es imperativo navegar a través de una compleja red de facetas interrelacionadas que conciernen la resiliencia, el equilibrio y, fundamentalmente, la esencia de la democracia contemporánea. Profundizar en la complejidad de los retrocesos democráticos demanda una exploración meticulosa de sus variados aspectos, motores y manifestaciones. Diamond (2020) ilustra un escenario donde la democracia experimenta una "asfixia gradual", subrayando una modalidad donde líderes democráticamente electos, a menudo con fundamentos populistas, construyen una ruta hacia el retroceso. Dicho camino se halla marcado por una lenta deconstrucción de los establecimientos y principios democráticos. La reconfiguración de la arquitectura institucional no es ni rápida ni directa; se trata de una degradación cautelosa de salvaguardias institucionales, sofocación de medios imparciales y limitación de antagonistas políticos. Este cambio de ritmo pausado a menudo puede deslizarse bajo el radar, volviéndose perceptible o recibiendo la atención debida solo cuando el daño al marco democrático es tangible y, ocasionalmente, irreversible. En contraparte, Gerschewski (2021) propone una dicotomía teórica, distinguiendo entre "erosión" y "decadencia" en el ámbito del retroceso democrático. Comparando la "erosión" con un fenómeno impulsado exógenamente, lo asimila a elementos naturales, como el viento o el agua, desgastando sutilmente una entidad física. Elementos externos, tales como tensiones internacionales, recesiones económicas mundiales o influencias geopolíticas, desgastan de manera sutil y perdurable las bases democráticas. Alternativamente, la "decadencia" simboliza una dinámica endógena, equiparable a la decadencia nuclear, en la cual factores intrínsecos como la corrupción, el amiguismo y la degradación gradual de estándares democráticos actúan como aceleradores del declive democrático interno. 26 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Democracia y populismo: el desmantelamiento de la arquitectura democrática en México 2019-2023. Esta bifurcación entre influenciadores internos y externos es crucial para descifrar los orígenes de los retrocesos democráticos y, subsiguientemente, elaborar estrategias preventivas y mitigadoras. Las causas impulsadas internamente, asociadas con la decadencia, requieren un método que fortalezca internamente a las instituciones, promoviendo transparencia, responsabilidad y una fuerte participación ciudadana. En contraste, los factores externos, vinculados a la erosión, pueden requerir una estrategia fundamentada en la diplomacia y colaboración, donde las democracias se protegen colaborativamente contra desafíos y amenazas comunes. La síntesis de estos puntos de vista brinda un prisma a través del cual los retrocesos democráticos pueden ser percibidos como un proceso que puede ser, concurrentemente, encubierto y abrupto, matizado y explícito, dependiendo de una mezcla de influenciadores y actores. Por lo tanto, las democracias deben estar alerta y ser preventivas, defendiéndose tanto de amenazas externas como manteniendo la cohesión interna de sus establecimientos y principios. Formular mecanismos de resiliencia, tanto internos como externos, se vuelve crucial para proteger a las democracias de las a menudo sutiles mareas de retrocesos y degeneración. Los retrocesos democráticos, que impregnan diversos círculos democráticos a nivel global, no son procesos autopropulsados o automáticos. Son impulsados, nutridos y a menudo cuidadosamente coreografiados por actores distintivos que se entrelazan en el tapiz político de una nación. En este contexto, los líderes políticos y administradores gubernamentales emergen como actores pivotes, siendo sus acciones, filosofías y metodologías profundamente entrelazadas con los procesos de retrocesos democráticos. Benasaglio y Kellam (2023) exploran el rol de líderes y administradores, particularmente aquellos inmersos en la doctrina populista, en habilitar y perpetuar los retrocesos democráticos. La doctrina populista, a menudo girando en torno a una narrativa de “el pueblo” contra “las élites” y favoreciendo la acumulación de poder en un líder carismático, genera un ambiente fértil para la decadencia democrática. Líderes, ocultándose bajo el disfraz de la voluntad del pueblo, pueden buscar desmantelar protecciones democráticas y acumular poder, bajo el pretexto de defender y avanzar los intereses de la población. Además, el papel de líderes y administradores en los retrocesos adquiere una criticidad acentuada cuando se observa a través del lente de la "estrangulación incremental" propuesta por Larry Diamond. Los líderes, particularmente aquellos con tendencias autoritarias o populistas, pueden utilizar estrategias discretas pero consistentes para socavar establecimientos democráticos. Al disminuir los controles y balances, suprimir la oposición y manipular las narrativas mediáticas, los líderes pueden, paso a paso, erosionar el espíritu democrático de una nación sin necesariamente explicitar una alerta u oposición inmediata. Más aún, entender la diversidad y maleabilidad en los procesos de retroceso, donde factores convergentes pueden manifestarse en diversas formas y expresiones, como subrayan Wunsch y Blanchard (2023), es indispensable. Las democracias pueden enfrentar regresiones que varían no solo en su intensidad y formato, sino también en su duración y persistencia. Este fenómeno no es riguroso y se manifiesta a través de un espectro extenso de modalidades, desde el desgaste sutil de las libertades civiles hasta las abruptas usurpaciones de poder por líderes autocráticos. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 27 �Gómez Díaz de León, C., Hernández Paz, A., A., Ibarra González, S., A. Populismo y Erosión Democrática El populismo, entendido como una estrategia política que enfrenta al "pueblo puro" contra "la élite corrupta", ha sido un componente principal en la erosión de las democracias contemporáneas. Este fenómeno se caracteriza por un liderazgo personalista que busca ejercer el poder mediante el apoyo directo de las masas, minimizando el rol de intermediarios institucionales y concentrando poder en el Ejecutivo (Weyland, 2001). Esta estrategia tiende a centralizar el poder en manos de líderes que se presentan como los únicos representantes legítimos de la voluntad popular y ocurre a menudo a expensas de los contrapesos democráticos, debilitando instituciones autónomas y promoviendo reformas que limitan la división de poderes (Canovan, 1999). Bajo esta lógica, los líderes populistas justifican cambios institucionales mediante la narrativa de la lucha contra las élites corruptas. El impacto del populismo varía significativamente según el contexto. En algunos casos, como en ciertas democracias, el populismo ha fortalecido la inclusión social al integrar a grupos históricamente excluidos en el proceso político. No obstante, en otros contextos, especialmente en regímenes donde los controles institucionales son débiles, el populismo ha contribuido a la consolidación de gobiernos autoritarios, eliminando la diversidad de voces y restringiendo los espacios para la participación plural. Esto subraya la ambivalencia del populismo: una fuerza que puede democratizar y dinamizar el sistema político, pero que también puede transformarse en un vehículo para la concentración de poder y la degradación de los principios democráticos (Mudde & Rovira Kaltwasser, 2012). Dichos movimientos suelen surgir en momentos de crisis, donde los líderes utilizan el descontento social como un catalizador para justificar reformas profundas. La proclamación de una crisis institucional o social permite concentrar poder y legitimar políticas que, bajo la narrativa de la voluntad popular, tienden a debilitar las estructuras democráticas existentes (Rooduijn, 2014) (Weyland, 2001). En América Latina, el populismo se ha distinguido por su capacidad para integrar a sectores históricamente excluidos en la esfera política, enfatizando un discurso que reivindica al "pueblo" como el verdadero protagonista del poder. Esta narrativa ha permitido a los líderes populistas consolidar una base de apoyo sólida, apelando a la representación directa y emocional de las mayorías. Sin embargo, este mismo discurso adopta un carácter polarizador, en el que se define al "pueblo" en oposición a una "élite corrupta" o adversarios políticos, excluyendo a quienes no se alinean con la narrativa oficial (Mudde & Rovira Kaltwasser, 2012). Lo anterior genera una dinámica en la que, al tiempo que se fortalecen los vínculos con sus seguidores, se debilitan los principios democráticos de pluralismo y representación. El discurso polarizador no solo marginaliza a las voces disidentes, sino que también crea un ambiente político hostil en el que se obstaculizan el debate y el consenso, fundamentales para la democracia. En algunos casos, esto se traduce en un deterioro institucional donde las estructuras que garantizan la diversidad política y el equilibrio de poderes son subordinadas o debilitadas en favor del liderazgo personalista. Esta combinación de integración política y exclusión discursiva constituye un rasgo distintivo del populismo en la región, cuyo impacto varía según el contexto, pero que con frecuencia compromete la calidad del sistema democrático al reducir los espacios de representación plural y la legitimidad de las instituciones establecidas (Mudde & Rovira Kaltwasser, 2012). 28 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Democracia y populismo: el desmantelamiento de la arquitectura democrática en México 2019-2023. Así, el populismo redefine la relación entre el líder y las instituciones democráticas. Al enfatizar un vínculo directo con el pueblo, reduce el papel de los órganos intermediarios y debilita los contrapesos que garantizan el equilibrio de poder. Esta dinámica erosiona las bases institucionales de la democracia, facilitando la concentración de poder y la implementación de políticas sin un debate plural y transparente (Canovan, 1999) (Weyland, 2001). Incorporando las perspectivas mencionadas previamente, la siguiente sección desvelará el contexto político que originó el retroceso democrático en México, culminando en la reconfiguración de la arquitectura institucional que se presenció en el sistema gubernamental a mediados de 2023. 3.-MÉTODO Diseño Este estudio se basa en un diseño metodológico mixto, empleando análisis tanto cualitativos como cuantitativos para examinar la arquitectura democrática en México durante 2019-2023. La metodología incluye el análisis de textos y la revisión de datos empíricos, con un enfoque particular en el fenómeno de centralización del poder y las tendencias populistas. Este paradigma interpretativo permite una exploración profunda de las transformaciones políticas y sus causas subyacentes. El criterio de inclusión y exclusión se define estrictamente para garantizar la relevancia y exactitud de los datos analizados, centrándose en información verificable y directamente relacionada con los objetivos del estudio. Participantes El objeto de estudio se centra en un conjunto de acciones por parte de diversos actores involucrados en el proceso político de México entre 2019 y 2023. Incluye la muestra de figuras gubernamentales, instituciones políticas y entidades de la sociedad civil. La selección de participantes se basa en una muestra teórica, enfocada en aquellos actores y casos que son críticos para entender las dinámicas políticas del periodo. Cada uno de estos participantes es seleccionado por su relevancia directa y su impacto en la arquitectura democrática y las tendencias políticas del país durante el periodo de estudio. Instrumentos Para la investigación, se utilizan técnicas de análisis documental y análisis de datos. Estas herramientas son fundamentales para desentrañar las complejidades de las tendencias políticas y evaluar la erosión democrática en México. El análisis documental proporciona una comprensión cualitativa de los cambios políticos y sociales, mientras que el análisis de datos ofrece una perspectiva cuantitativa. La combinación de estos instrumentos asegura una interpretación holística y fiable de la situación política, contribuyendo así a la solidez y validez de los hallazgos del estudio. Procedimientos La investigación sigue un proceso estructurado en varias fases. Inicia con la conformación del marco teórico y se continúa con la recopilación de datos y textos relevantes al tema de estudio, enfocándose en Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 29 �Gómez Díaz de León, C., Hernández Paz, A., A., Ibarra González, S., A. el periodo 2019-2023 en México. Esta etapa es seguida por un análisis detallado de la información recopilada, empleando las metodologías cualitativa y cuantitativa seleccionadas. Posteriormente, se procede a la interpretación de los resultados, donde se analizan y discuten las implicaciones de los hallazgos. La investigación concluye con la elaboración de una síntesis de los descubrimientos y la formulación de recomendaciones basadas en los resultados obtenidos. 4.-RESULTADOS La desarticulación de la arquitectura democrática en México El segmento previo expuso la actual involución democrática de México, resultante de un reajuste de estructuras institucionales por figuras políticas predominantes. Iniciemos aclarando el concepto de 'institución' en este contexto, mientras que en términos coloquiales podría sustituir a "organización", aquí adoptamos una definición más abarcadora presentada por North, quien define a las instituciones como un conglomerado de normas de gobernanza socialmente aceptadas (1990). Por lo tanto, hablar de rediseño institucional sugiere una perturbación sistemática de estas estructuras normativas en un contexto jurídico-político. Para una comprensión integral, es pertinente analizar el panorama político mexicano que dio origen a esta involución democrática. La transición democrática de México es relativamente reciente. No fue sino hasta el año 2000 que el PAN (Partido Acción Nacional), como oposición, logró una victoria presidencial, rompiendo la hegemonía de 70 años del PRI (Partido Revolucionario Institucional). La prolongada dominación del PRI condujo a una pérdida de fe institucional. Como reacción, se instauró una arquitectura institucional, con el objetivo de trasladar el poder político de un ejecutivo dominante hacia una estructura que incrementara la autonomía de sus contrapesos, a través de la creación de entidades autónomas en áreas axiales para la consolidación democrática. Se establecieron entidades encargadas de la organización electoral y de la implementación de la política de transparencia del Estado Mexicano, ambas en respuesta a un régimen acusado tanto de perpetuar el poder como de acciones discrecionales y opacidad. A pesar de facilitar cierto grado de transición democrática, la creciente aversión de amplios sectores de México hacia su política económica desde los años ochenta y numerosos casos de corrupción gubernamental sentaron las bases para la polarización social. Tras dos intentos presidenciales fallidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador canalizó el desencanto público en una agenda política que lo llevó al poder en 2018, con una mayoría sin paralelo desde la transición democrática de México, asegurando el 53% de los votos presidenciales (Ver Figura 1). Sánchez-Talanquer y Greene (2021) han apuntado que esta victoria monumental podría interpretarse como un paso crucial hacia la adopción de normas democráticas a través del espectro político, ya que candidatos presidenciales de todos los bloques partidistas significativos habían asegurado victorias, y las instituciones estatales demostraron una representación imparcial de la voluntad electoral. 30 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Democracia y populismo: el desmantelamiento de la arquitectura democrática en México 2019-2023. Sin embargo, en lugar de utilizar la legitimidad del resultado electoral para fortalecer las instituciones democráticas mexicanas, comenzó su desintegración. Un ejemplo de ello es la anulación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una iniciativa clave de su predecesor, Enrique Peña Nieto. Citando preocupaciones ecológicas y supuestas corruptelas en la adjudicación de contratos, el presidente electo abogó por un supuesto referéndum para decidir la continuidad del proyecto NAIM en Texcoco o iniciar la construcción de un nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, junto con una ampliación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El resultado de este proceso fue la cancelación del NAIM en Texcoco, sin algún sustento técnico y/o jurídico. En efecto, este acto aparentemente democrático señaló una infracción de las normas establecidas. En primer lugar, su estatus de presidente electo no le autorizaba a tomar decisiones ejecutivas. En segundo lugar, existe un marco legal para la realización de referéndums, que involucra a los poderes constituidos y al Instituto Nacional Electoral, que fue ignorado. Este referéndum se utilizó para validar la cancelación del NAIM en construcción en Texcoco, llevando a la revocación de contratos, induciendo aprensión en los mercados internacionales respecto al ya precario estado de derecho mexicano. Figura 1. Porcentaje de votos obtenido para ganar la elección presidencial Porcentaje de Votos Obtenidos para Ganar la Elección Presidencial 60.00% 53.19% 50.00% 42.52% 40.00% 35.89% 38.21% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Vicente Fox (2000 - 2006) Felipe Calderón (2006 - 2012) EPN (2012 - 2018) AMLO (2018 - 2024) Fuente: Elaboración propia (2023). Nota: con base en datos del Instituto Nacional Electoral (s.f.) (s.f.) (s.f.) (2018). Es evidente que las decisiones de este régimen están más racionalizadas políticamente que técnicamente. Un caso palpable de esto se halla en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. La importancia de este documento reside en que delinea la trayectoria política para la administración, por lo que la Ley de Planeación describe requisitos técnicos como objetivos, estrategias e indicadores para asegurar la viabilidad de las acciones gubernamentales. Sin embargo, el actual Plan Nacional de Desarrollo se asemeja más a una declaración política contra el modelo neoliberal que a un documento programático, significando una violación de la Constitución y la Ley aplicable en la materia. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 31 �Gómez Díaz de León, C., Hernández Paz, A., A., Ibarra González, S., A. Concurrentemente, existe un notable desprecio presidencial por las instituciones contrapeso, como el Poder Judicial. Son frecuentes las críticas de López Obrador contra varios jueces, magistrados o Ministros de la Suprema Corte de Justicia, alegando una presencia mafiosa dentro de esta rama, minando su legitimidad e incluso proponiendo que el Poder Judicial sea electo directamente. Similarmente, se percibe una deslegitimación ejecutiva contra órganos técnicos. Un ejemplo es la iniciativa legislativa que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referentes a energía, presentada al Congreso de la Unión en octubre de 2021, proponiendo la disolución de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, agencias reguladoras centrales para la operación de la Reforma Energética de 2013, arguyendo que solamente encarnan los intereses de entidades privadas. Además, existe una relación confrontativa con entidades constitucionalmente autónomas, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), encargado de garantizar la ejecución de la política de transparencia del Estado Mexicano. Durante la mayor parte de 2023, este organismo ha sido incapaz de reunirse debido a la ausencia de un quórum legal, resultado de la no designación de Comisionados, un proceso estancado en la Cámara de Senadores, donde el partido del presidente mantiene la mayoría. La resistencia del presidente a cumplir con las solicitudes del INAI ha escalado hasta declarar al Tren Maya un proyecto de seguridad nacional, impidiendo así la divulgación de información, por Decreto Presidencial. Un conflicto particularmente perturbador para la vitalidad democrática de la nación es el asalto ejecutivo al Instituto Nacional Electoral (INE), la entidad responsable de las elecciones. Para entender la importancia de esta entidad, es justificado explorar la razón detrás de su concepción y su trayectoria histórica. Antes de 1988, la organización de las elecciones estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación, lo cual resultó en un escepticismo generalizado respecto a la legitimidad electoral, ya que se especulaba que el PRI utilizaba el propio Estado Mexicano para mantener el poder dentro de este arreglo institucional. En consecuencia, tras una crisis democrática derivada de las elecciones de 1988, en las que la Secretaría de Gobernación fue acusada de simular una falla en el sistema de conteo de votos para beneficiar al candidato oficial, se estableció el Instituto Federal Electoral en 1990 como el primer precedente de una entidad electoral con cierto grado de separación del Poder Ejecutivo. Aunque el Secretario de Gobernación permaneció como presidente del Consejo General, se inició el proceso hacia la autonomía administrativa (Sáenz, Casillo, & Guillén, 2007). A pesar de que se implementaron diversas reformas electorales entre 1990 y 1996, no fue sino hasta este último año que se materializó un cuerpo electoral genuinamente autónomo, ya que el Secretario de Gobernación dejó de ser parte del Consejo General, que desde entonces estaría compuesto por ciudadanos sin afiliación partidaria (Sáenz, Casillo y Guillén, 2007). De manera similar, en 2014, el Instituto Federal Electoral se transformó, convirtiéndose en el Instituto Nacional Electoral. La reforma electoral de ese año buscó fomentar la cooperación en el ámbito electoral, al tiempo que centralizaba ciertas funciones de los órganos electorales locales, como la designación de miembros (García y Flores, 2018). La evolución sistemática del Instituto Nacional Electoral se erige, indudablemente, como un pilar fundamental en el fortalecimiento de la democracia mexicana, por lo que cualquier esfuerzo del poder gobernante por mermar la influencia de un adjudicador imparcial encuentra resistencia. 32 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Democracia y populismo: el desmantelamiento de la arquitectura democrática en México 2019-2023. Más allá de las críticas rutinarias del presidente hacia el Instituto, se han emprendido iniciativas legales con miras a su erradicación. En abril de 2022, se presentó una Iniciativa Presidencial al Congreso de la Unión, que buscaba enmendar la Constitución, con objetivos como substituir el INE por el Instituto de Elecciones y Consultas y abolir los escaños legislativos por representación proporcional, entre otros. Esta modificación propuesta negaría la representación de partidos minoritarios, fortaleciendo así la presencia del partido del presidente. No obstante, esta reforma constitucional, denominada Plan A, no logró obtener aprobación en el Congreso. Es pertinente señalar que, para que una reforma constitucional sea aprobada en México, debe superar dos obstáculos: necesita el respaldo de dos tercios del Congreso y la aprobación mayoritaria de los Poderes Legislativos de las Entidades Federativas. En este caso, el Plan A no superó el primer obstáculo. Es esencial reconocer que, desde 2018, el Congreso ha jugado un papel en el rediseño de la arquitectura institucional. Tras la transición democrática del 2000, se observó una transformación en la composición parlamentaria, evolucionando de un Congreso bipartidista durante 2000 - 2006, a uno que refleja la representación de tres fuerzas políticas predominantes a partir de 2006. Desde 2018 en adelante, la coalición "Juntos Haremos Historia", compuesta por MORENA, el PVEM y el Partido del Trabajo, posee la mayoría de los escaños, facilitando así la aprobación de la agenda presidencial en la rama Legislativa (ver Tablas 1 y 2, y Figuras 2 y 3). Tabla 1. Evolución de la conformación de los Grupos Legislativos de la Cámara de Diputados (2000 – 2012) Grupo Legislativo PRI PAN PRD PVEM PT PSN PAS CONV IND CD S/P INDEP ALT MC MORENA SP PES LVIII (2000 Legislatura 2003) % # 210 207 52 16 8 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 42 41.4 10.4 3.2 1.6 0.6 0.4 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 LIX (2003 Legislatura 2006) % # 203 148 97 17 6 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 40.6 29.6 19.4 3.4 1.2 0 0 0 0 1 4.8 0 0 0 0 0 LX (2006 Legislatura 2009) % # 106 206 125 17 11 0 0 18 3 0 0 5 0 0 0 0 21.6 42 25.5 3.5 2.2 0 0 3.7 0.6 0 0 1 0 0 0 0 LXI (2009 Legislatura 2012) % # 242 142 63 22 14 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 49.2 28.9 12.8 4.5 2.8 0 0 0 0.6 0 0 0 1.2 0 0 0 Fuente: Elaboración propia (2023). Nota: con base en datos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores (2002) (2006) (s.f.) (s.f.) (2018) (2023). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 33 �Gómez Díaz de León, C., Hernández Paz, A., A., Ibarra González, S., A. Tabla 2. Evolución de la conformación de los Grupos Legislativos de la Cámara de Diputados (2012 2024) Grupo Legislativo PRI PAN PRD PVEM PT PSN PAS CONV IND CD S/P INDEP ALT MC MORENA SP PES LXII Legislatura # 214 113 99 27 11 0 0 0 0 0 0 0 12 12 2 0 (2012 2015) % 43.7 23.1 20.2 5.5 2.2 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2.4 0.4 0 LXIII Legislatura # 202 107 51 38 0 0 0 0 1 0 0 0 21 50 6 11 (2015 2018) % 41.5 22 10.5 7.8 0 0 0 0 0.2 0 0 0 4.3 10.3 1.2 2.3 LXIV Legislatura # 49 79 12 11 44 0 0 0 0 0 0 0 24 252 6 23 (2018 2021) % 9.8 15.8 2.4 2.2 8.8 0 0 0 0 0 0 0 4.8 50.4 1.2 4.6 LXV Legislatura # (2021 - 2024) % 69 113 15 41 33 0 0 0 0 0 0 0 27 201 1 0 13.8 22.6 3 8.2 6.6 0 0 0 0 0 0 0 5.4 40.2 0.2 0 Fuente: Elaboración propia (2023). Nota: con base en datos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores (2002) (2006) (s.f.) (s.f.) (2018) (2023). Figura 2: Número de Legisladores por Grupo Legislativo de la Cámara de Diputados (2000 – 2024.) Fuente: Elaboración propia (2023). Nota: con base en datos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores (2002) (2006) (s.f.) (s.f.) (2018) (2023). 34 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Democracia y populismo: el desmantelamiento de la arquitectura democrática en México 2019-2023. Tabla 3. Evolución de la conformación de los Grupos Legislativos de la Cámara de Senadores. Grupo Legislativo PRI PAN PRD PVEM CONV. PT IND. MORENA MC ES S/P LVIII – LIX # 60 46 16 5 1 0 0 0 0 0 0 (2000 2006) % 46.9 35.9 12.5 3.9 0.8 0 0 0 0 0 0 LX - LXI # 32 51 26 6 5 5 1 0 0 0 0 (2006 2012) % 25.4 40.5 20.6 4.8 4 4 0.8 0 0 0 0 LXII - LXIII # 54 38 22 7 0 6 0 0 0 0 0 (2012 2018) % 42.5 29.9 17.3 5.5 0 4.7 0 0 0 0 0 LXIV - LXV # (2018 - 2024) % 13 25 3 6 0 6 0 62 8 4 1 10.2 19.5 2.3 4.7 0 4.7 0 48.4 6.3 3.1 0.8 Fuente: Elaboración propia (2023). Nota: con base en datos de la Secretaría de Gobernación (s.f.) (s.f.) (s.f.) (s.f.). Figura 3. Número de Legisladores por Grupo Legislativo de la Cámara de Senadores (2000 – 2024) Fuente: Elaboración propia (2023). Nota: con base en datos de la Secretaría de Gobernación (s.f.) (s.f.) (s.f.) (s.f.). Un ejemplo primordial se puede observar en la sanción del Plan B contra el INE. Siguiendo la no aceptación del Plan A previamente discutido, se tomó la decisión de proponer una reforma a las leyes secundarias, considerando que su aprobación simplemente requiere una mayoría simple, destinada a recortar las capacidades operativas del INE, justificando que su funcionalidad representa una carga sustancial para las finanzas públicas. Aunque esta reforma fue respaldada en el Congreso y promulgada, Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 35 �Gómez Díaz de León, C., Hernández Paz, A., A., Ibarra González, S., A. la Corte Suprema la consideró posteriormente ilegal, sobre la base de que no hubo una verdadera deliberación democrática, lo que implica una inconstitucionalidad. Cuando se evalúa en el contexto del marco teórico introducido, las acciones gubernamentales bajo el presidente López Obrador se alinean con los elementos fundamentales indicativos de un retroceso democrático. Inicialmente, se identifica una sofocación incremental de la democracia, donde un líder elegido democráticamente, en este caso, el presidente López Obrador, mostrando inclinaciones populistas, ha orquestado una retracción en los controles y equilibrios institucionales, como los impuestos sobre la Suprema Corte de Justicia y entidades autónomas constitucionalmente, como el INE e INAI. Además, las iniciativas presidenciales para alterar el cuerpo electoral, bajo sus respectivos términos, llevarían al silenciamiento institucional de la oposición política dentro del Legislativo, simbolizando una reversión de un mínimo de 40 años en avances democráticos. Al apegarse al modelo de Gerschewski (2021), el retroceso democrático resultante del rediseño de la arquitectura institucional ejecutado por el régimen actual representa un proceso endógeno, donde la degradación de las normas democráticas facilitada por el ejecutivo y la mayoría legislativa del partido gobernante, sirven como acelerantes para la decadencia democrática. Esto es evidente en procesos como la cancelación del NAIM, la creación del Plan Nacional de Desarrollo y el proceso legislativo del Plan B, donde incluso la Corte Suprema condenó la inconstitucionalidad del proyecto debido a la no adherencia al procedimiento legislativo correcto. Un ejemplo de esto se manifiesta en el Índice del Estado de Derecho del World Justice Project (2022), que, desde 2019, ha documentado un descenso anual en puntos porcentuales en el componente de Restricciones a los Poderes Gubernamentales, un factor que mide el grado en que los órganos de gobierno están sometidos a derecho, disminuyendo de 0.47 en 2019 a 0.44 en 2022. Esto indica una infracción sistemática de las normas democráticas por parte de aquellos en el poder. Además, el presidente López Obrador ha utilizado el populismo para validar esta regresión democrática. Invocando una dicotomía entre el "pueblo" y los "fifís" (élite), ha facilitado una consolidación de poder, aspirando a debilitar amortiguadores democráticos como entidades autónomas y la Suprema Corte, todo bajo la justificación de salvaguardar el bienestar de la población, en consonancia con las percepciones de Benasaglio y Kellam (2023). Bajo esta perspectiva, observamos el intento de ofrecer un modelo democrático basado en la “soberanía popular”, argumentando que solo la ciudadanía puede controlar a sus líderes sin necesidad de instituciones onerosas e inútiles, características de regímenes populistas (Zuart Garduño, 2021, págs. 15-16) Por lo tanto, es discernible que el presidente ha coadyuvado en el deterioro de las normas democráticas, permeando todo el entramado social y político de la nación. Los escenarios esbozados aquí desvelan una debilitación de las instituciones, destinada a socavar su autonomía y evitar que sirvan como un contrapeso efectivo sobre el ejecutivo, culminando en una regresión democrática palpable. 36 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Democracia y populismo: el desmantelamiento de la arquitectura democrática en México 2019-2023. 5.- SUGERENCIAS PARA FRENOS INSTITUCIONALES Para mitigar los riesgos asociados a la regresión democrática en México, es necesario adoptar un enfoque integral que fortalezca las instituciones, fomente la participación ciudadana y promueva una cultura política comprometida con los valores democráticos. En primer lugar, es crucial consolidar los contrapesos institucionales, comenzando con el refuerzo de la independencia de órganos constitucionales autónomos. Esto debe incluir mecanismos que garanticen su autonomía financiera y procedimientos transparentes para la selección de sus titulares (Castellà Andreu, 2024). La revisión del marco constitucional es otra dimensión clave. Es indispensable implementar controles más estrictos para reformas constitucionales, exigiendo mayorías calificadas y consultas públicas que permitan una deliberación amplia y transparente. Además, deben incluirse cláusulas de protección a los derechos fundamentales y a la división de poderes, evitando así retrocesos normativos que favorezcan la centralización autoritaria. En el ámbito ciudadano, la promoción de la educación cívica y la sensibilización sobre la importancia de las instituciones democráticas resultan esenciales. Iniciativas orientadas a incrementar la comprensión y participación de la población pueden contrarrestar tendencias populistas que deslegitiman a las instituciones. Del mismo modo, el fortalecimiento de la sociedad civil y de los medios de comunicación independientes permite una fiscalización constante de las decisiones gubernamentales, contribuyendo a la transparencia y rendición de cuentas. Finalmente, a nivel subnacional, la autonomía de los gobiernos locales debe ser protegida mediante reformas que promuevan su capacidad administrativa y financiera, equilibrando así el poder entre los niveles de gobierno. En particular, es pertinente revisar el funcionamiento de las Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo, cuyo diseño actual puede facilitar el clientelismo político, y promover en su lugar estructuras descentralizadas y transparentes. Estas medidas no solo buscan contener las amenazas a la democracia mexicana, sino también sentar las bases para su fortalecimiento. La defensa de la democracia requiere un compromiso sostenido con la construcción de instituciones sólidas, el respeto al pluralismo político y la promoción de una ciudadanía activa para evitar una deriva autoritaria. 6.- CONCLUSIONES Indiscutiblemente, la degeneración de los principios democráticos, atribuida a una gobernanza autocrática y excesos en los poderes presidenciales ejercidos por López Obrador, representa una regresión significativa en la existencia democrática de México y plantea una amenaza potencial para las instituciones primarias que la naciente democracia mexicana había activado. A la luz de los fundamentos teóricos proporcionados anteriormente por Diamond y Gerschewski, hay un descenso innegable hacia la regresión democrática en México, teniendo en cuenta la remodelación en curso de la arquitectura institucional, tal como se manifiesta a través de iniciativas propuestas para abolir entidades como el INE y el INAI, así como el menosprecio sistemático de los Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 37 �Gómez Díaz de León, C., Hernández Paz, A., A., Ibarra González, S., A. medios de comunicación y las entidades judiciales, y la utilización de canales oficiales (como las conferencias matutinas diarias) para contrarrestar la oposición neoliberal, culpada de todas las tribulaciones nacionales. Alineándose con las evaluaciones de la revista The Economist, que registra un progresivo deterioro del índice democrático de México al pasar de 6.19 en 2018 a 5.25 en 2022, colocándose en el rango 16 en América Latina, y prestando atención a la advertencia de Gerschewski, la democracia de México no solo se está erosionando, sino que está experimentando un fenómeno principalmente endógeno que transforma insidiosamente el régimen democrático en uno autoritario, utilizando al líder populista que juega el papel de mesías, liberando al pueblo de la explotación por parte de las élites “conservadoras”, como señalan Benasaglio y Kellam (2023). La dirección del presidente López Obrador le ha permitido preservar su carisma y narrativa para acumular poder y deslegitimar cualquier disidencia y oposición a sus directivas, facilitando el control y manipulación del poder legislativo, lo que obstaculiza la operatividad de instituciones fortalecedoras de la democracia como el INE, INAI y los tribunales electorales, entre otros. Esto último se explica por el bajo nivel de la variable cultura política reflejado por el análisis de The Economist que alcanza apenas un índice de 1.88 para 2022, el más bajo de nuestra historia (The Economist Intelligence Unit, 2023). Además, la política del régimen para la centralización del poder también ha permeado los niveles subnacionales. La creación de las Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo, que suplantan a las Delegaciones que cada Secretaría mantenía en las Entidades Federativas, centraliza la representación federal en un solo individuo. Esto fortalece a las figuras políticas a nivel local, permitiendo la utilización del clientelismo electoral en su beneficio, lo que potencialmente esclarece el cambio sustancial en el panorama político local, por el cual MORENA escaló de gobernar 5 Entidades Federativas en 2018 a 22 en 2023. Esta circunstancia ilustra un panorama complejo para la democracia mexicana. El rediseño institucional, que busca centralizar el poder mediante la utilización de la mayoría como instrumento coercitivo, en conjunto con la proliferación de ideologías autocráticas entre los ciudadanos, exige una contemplación hacia una reconfiguración institucional que refuerce los controles y contrapesos dentro del Estado mexicano, abogando por la legitimización del sistema político democrático. Por lo tanto, en la esculpida de un camino para preservar la democracia, coincidimos con el politólogo mexicano Arnaldo Córdova, quien sostiene que la transición democrática requiere tres prerrequisitos fundamentales: 1) la adhesión a regulaciones democráticas; 2) un debate y examen exhaustivo de los principales asuntos nacionales antes de su determinación, y finalmente; 3) priorizar el consenso mientras se abolía la descalificación y erradicación de los disidentes (Córdova, 2009, p. 119). Situados al borde de un proceso electoral sin precedentes, junto con una sociedad civil inusitadamente comprometida y una agenda pública repleta de demandas insatisfechas y requisitos sociales, las elecciones federales y locales de 2024 plantean un desafío formidable para la resistencia de la democracia mexicana. El obstáculo supremo reside en el respeto por las instituciones por parte de los participantes políticos y la adhesión a los marcos legales. Solo esta ruta sacará a México de su predicamento democrático. 38 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Democracia y populismo: el desmantelamiento de la arquitectura democrática en México 2019-2023. REFERENCIAS Cámara de Diputados. (2018). Composición por tipo de elección y Grupo Parlamentario. Obtenido de Cámara de Diputados: https://sitllxiii.diputados.gob.mx/info_diputados.php Cámara de Diputados. (2023). Composición por tipo de elección y Grupo Parlamentario. Obtenido de Cámara de Diputados: http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/cuadro_tipo_elecc.php Cámara de Diputados. (s.f.). Composición por tipo de elección y Grupo Parlamentario. Obtenido de Cámara de Diputados: https://sitllxi.diputados.gob.mx/cuadro_tipo_elec.php Cámara de Diputados. (s.f.). Composición por tipo de elección y Grupo Parlamentario. Obtenido de Cámara de Diputados: https://sitllxii.diputados.gob.mx/cuadro_tipo_elec.php Canovan, M. (1999). Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy. Political Studies, 47(1), pp. 2-16. Castellà Andreu, J. M. (2024). Democracia constitucional y contrapoderes frente al populismo. En J. M. Castellà Andreu, & E. Expósito, Contrapoderes en la democracia constitucional ante la amenaza populista (págs. pp. 29-58). Madrid, España: Marcial Pons. Corporación Latinobarómetro. (2023). Informe 2023. La Recesión Democrática de América Latina. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro. Croissant, A. (2020). The Struggle for Democracy in Asia – Regression, Resilience, Revival. Bertelsmann Stiftung. Córdova, A. (2009). La democratización de México. Alternancia y transición. En O. Rodríguez Araujo, México ¿Un nuevo régimen político? (págs. 89-120). México: Siglo XXI. Aguilera Portales, R. (2009). La democracia del Estado Constitucional. Mexico: Porrua. Aguilera Portales, R. (2014). Distintos modelos de democracia. En R. Aguilera Portales, Actualidad de la Ciencia Política (págs. 53-90). Mexico: Esfera Pública. Aristoteles. (1960). Politique. Paris: PUF. Blokker, P. (2021). The democracy and rule of law crises in the European Union and its Member States. European Comission. Benasaglio Berlucchi, A., & Kellam, M. (2023). Who’s to blame for democratic backsliding: populists, presidents or dominant executives? Democratization, 30(5), pp. 815-835. Bizberg, I. (2010). Una democracia Vacia. Sociedad civil, movimientos sociales y democracia. En I. y. Bizberg, Los Grandes Problemas de México. VOL VI Movimientos Sociales (págs. 21-60). México: COLMEX. Bovero, M. (2002). Democracia y derechos fundamentales. Isonomía, 21-38. Bovero, M. (2002). Una gramática de la democracia. Madrid: Trotta. Dahl, R. (1999). La Democracia. Una gu{ia para los ciudadanos. Buenos Aires: Taurus. Diamond, L. (2020). Democratic regression in comparative perspective: scope, methods, and causes. Democratization, 28, pp. 22-42. Dirección General del Archivo Histórico y Memoria Legislativa. (2006). Conformación del Congreso de la Unión. Obtenido de Cámara de Senadores: https://micrositios.senado.gob.mx/AHyML/files/Boletin_40.pdf García, C., & Flores, J. (2018). La creación del Instituto Nacional Electoral. Una evaluación desde la opinión pública. Pluralidad y Consenso. Gerschewski, J. (2021). Erosion or decay? Conceptualizing causes and mechanisms of democratic regression. Democratization, 28(1), pp. 43-62. Gómez Díaz de León, C. (2018). Sistema político y formas de gobierno. En A. Arango Morales & Hernández Paz, Ciencia Política: perspectiva disciplinaria (págs. 28-48). Mexico: Tirant lo blanch. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 39 �Gómez Díaz de León, C., Hernández Paz, A., A., Ibarra González, S., A. Huchim, E. (2009). Elecciones, avances, fallas y simulación. En O. Rodríguez Araujo, México ¿Nuevo Régimen Político? (págs. 151-196). México: Siglo XXI. Instituto Nacional Electoral. (2018). ómputos Distritales 2018. Elecciones Federales. Obtenido de Instituto Nacional Electoral: https://computos2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/1 Instituto Nacional Electoral. (s.f.). Instituto Nacional Electoral. Obtenido de Elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Estadistica de las Elecciones Federales de 2000: https://portalanterior.ine.mx/documentos/RESELEC/esta2000/comp_test/reportes/centrales/Pre sidente.html Instituto Nacional Electoral. (s.f.). Memorias del Proceso Electoral Federal 2011-2012. Obtenido de Instituto Nacional Electoral: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFEv2/ProcesosElectorales/ProcesoElectoral2011-2012/Proceso2012_docs/memoriasPEF20112012/23_Capitulo_16.pdf Instituto Nacional Electoral. (s.f.). Proceso Electoral Federal 2006: Reportes de Cómputos Distritales. de Instituto Nacional Electoral. Obtenido de Instituto Nacional Electoral: https://portalanterior.ine.mx/documentos/proceso_2005-2006/Computos2006/ Mudde, C., & Rovira Kaltwasser, C. (2012). Exclusionary vs. Inclusionary Populism: Comparing Contemporary Europe and Latin America. Government and Opposition, 48(2), pp. 147–174. North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. New York: Cambridge University Press. Papada, E., Altman, D., Angiolillo, F., Gastaldi, L., Köhler, T., Lundstedt, M., . . . Lindberg. , S. (2023). Defiance in the Face of Autocratization. Democracy Report 2023. University of Gothenburg: Varieties of Democracy Institute (V-Dem Institute). Rooduijn, M. (2014). The Nucleus of Populism: In Search of the Lowest Common Denominator. Government and Opposition, 49(4), pp. 572–598. Sáenz, K., Casillo, J., & Guillén, A. (2007). El sistema electoral mexicano, panorama de las reformas electorales desde 1990. Letras jurídicas: revista electrónica de derecho(5). Sánchez-Talanquer, M., & Greene, K. F. (2021). Is Mexico Falling into the Authoritarian Trap? Journal of Democracy, 32(4), pp. 56-71. Sadiki, L., & Saleh, L. (2023). Crisis of Democratisation in the Maghreb and North Africa. The Journal of North African Studies. Secretaría de Servicios Parlamentarios. (2002). Datos de Composición de la LVIII Legislatura. Obtenido de Cámara de Diputados: http://www.diputados.gob.mx/servicios/bancoleg/datosyci.pdf Sistema de Información Legislativa. (s.f.). Cámara de Senadores. LIV Legislatura. Obtenido de Secretaría de Gobernación: http://sil.gobernacion.gob.mx/Numeralia/Legisladores/NumeraliaLegisladores.php?SID= Sistema de Información Legislativa. (s.f.). Cámara de Senadores. LVIII Legislatura. Obtenido de Secretaría de Gobernación: http://sil.gobernacion.gob.mx/Numeralia/Legisladores/NumeraliaLegisladores.php?SID= Sistema de Información Legislativa. (s.f.). Cámara de Senadores. LX Legislatura. Obtenido de Secretaría de Gobernación: http://sil.gobernacion.gob.mx/Numeralia/Legisladores/NumeraliaLegisladores.php?SID= Sistema de Información Legislativa. (s.f.). Cámara de Senadores. LXII Legislatura. Obtenido de Secretaría de Gobernación: http://sil.gobernacion.gob.mx/Numeralia/Legisladores/NumeraliaLegisladores.php?SID= The Economist Intelligence Unit. (2023). Democracy Index 2022. Frontline democracy and the battle for Ukraine. The Economist. 40 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Democracia y populismo: el desmantelamiento de la arquitectura democrática en México 2019-2023. Weyland, K. (2001). Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics. Comparative Politics, 34(1), pp. 1-22. World Justice Project. (2022). Constraints on Government Powers - Mexico. Obtenido de World Justice Project: https://worldjusticeproject.org/rule-of-lawindex/country/2022/Mexico/Constraints%20on%20Government%20Powers/ Wunsch, N., & Blanchard, P. (2023). Patterns of democratic backsliding in third-wave democracies: a sequence analysis perspective. Democratization, 30(2), pp. 278-301. Zuart Garduño, A. &. (2021). México, una democracia en crisis de confianza y satisfacción, 2000-2018. Investigación y Desarrollo Vol. 29 No 2, 12-38. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 41 �Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ Visita proselitista y probabilidad de voto provincial en elecciones peruanas 2021 Proselytizing visit and probability of voting in Peruvians elections 2021 Edwin Cohaila Ramos1 RESUMEN Durante la campaña electoral, con el objetivo que los votantes conozcan las propuestas o planes de gobierno, los candidatos utilizan diferentes estrategias, siendo una de ellas la visita proselitista. En este artículo se desea indagar qué tanta importancia generó la visita a nivel provincial en el voto por los dos candidatos que obtuvieron la más alta votación en la primera vuelta electoral en las elecciones peruanas del 2021. Para conocer esta probabilidad se utilizarán modelos de regresión logística; asimismo, se contemplan variables políticas, socioeconómicas y sociodemográficas conjuntamente con la visita proselitista. Los modelos logísticos resultan significativos para ambos candidatos, pero con diferentes matices, teniendo relevancia para la candidata Keiko Fujimori la visita y ciertas variables políticas como la presencia de congresistas elegidos de la misma región, y la variable de pobreza; en cambio en el candidato Pedro Castillo, la visita proselitista se conjuga con ciertas regiones como la Sierra Sur y Sierra Norte, y la presencia de provincias mayoritariamente rurales. Palabras Clave: condiciones sociales, elecciones Perú 2021, Keiko Fujimori, propaganda, política, Pedro Castillo. ABSTRACT …………………………………… Fecha de recibido: 06/05/2024 Fecha de revisado: 06/06/2025 Fecha de aceptado: 03/07/2025 Fecha de publicación: 30/07/2025 Esta obra está bajo una licencia de Creativa Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional During the electoral campaign, with the objective that the voters know the proposals or government plans, the candidates use different strategies, one of them being the proselytizing visit. In this article, we want to investigate how much importance the visit at the provincial level generated in the vote for the two candidates who managed to advance to the second electoral round in the Peruvian elections of 2021. To know this probability, logistic regression models will be used; Likewise, political, socioeconomic and demographic variables are considered together with the proselytizing visit. The logistic models are significant for both candidates, but with different nuances, the visit and certain political variables being relevant for the candidate Keiko Fujimori, such as the presence of congressmen elected from the same region, and the poverty variable; On the other hand, in the candidate Pedro Castillo, the proselytizing visit is combined with certain regions such as the Sierra Sur and Sierra Norte, and the presence of mainly rural provinces. Keywords: social status, Peru 2021 elections, Keiko Fujimori, political propaganda, Pedro Castillo. Cómo referenciar este artículo: Cohaila Ramos, E. (2025). Visita proselitista y probabilidad de voto provincial en elecciones peruanas 2021. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 11(22), 42-62. https://doi.org/ 10.29105/rpgyc11.22-365 1 Doctor en Sociología. Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú. Docente ordinario. Email: edwin.cohaila@uarm.pe ORCID: https://orcid.org/00000002-4198-2050 42 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 1.- INTRODUCCIÓN Durante la campaña electoral los candidatos suelen utilizar diferentes estrategias dentro de la comunicación política, con el fin de poder comunicar sus planes o propuestas de gobierno a los electores. Estas estrategias suelen priorizar, frecuentemente, spots televisivos, cuñas radiales, publicidad estática, debido a la ventaja de poder llegar a más cantidad del electorado, pero suelen generar un mayor costo monetario. Por otro lado, los candidatos siguen usando, estrategias convencionales como la visita a determinadas localidades, con el objetivo de realizar ciertas actividades como mítines, caravanas, entrevistas en radios o prensa local. Estas visitas proselitistas procuran generar una mayor proximidad entre el candidato o la candidata, y el elector. Ahora bien, en este artículo se desea averiguar qué tanto esta visita realizada por el candidato Pedro Castillo y la candidata Keiko Fujimori, candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en primera vuelta del proceso electoral peruano de 2021, procura generar la probabilidad de que obtengan la mayor cantidad de votos a nivel provincial, es decir, ganen la elección en dicha circunscripción electoral. Para ello se han elaborado modelos de regresión logística con la intención de observar si la visita proselitista genera esta probabilidad. Asimismo, en la construcción de esta base de datos, se han considerado variables de tipo políticas, socioeconómicas y sociodemográficas. La consideración de estas variables ayuda como control sobre la visita realizada a la provincia, y procura contemplar si estas variables juegan un rol y si contribuyen a marcar ciertas diferencias. Dentro de las variables políticas se han contemplado la presencia de afiliados, la presencia de congresistas elegidos por la Región, la presencia de alcaldes provinciales del mismo partido político. Dentro de las variables socioeconómicas se han contemplado la pobreza, ingresos, desempleo. Y dentro de las variables sociodemográficas se han contemplado la consideración de la provincia como urbano o rural, y la región geográfica. En los modelos estudiados se observa que la visita proselitista si configura una probabilidad que se obtenga la mayor cantidad de votos, pero las variables tienen diferente comportamiento. La conjunción de las variables políticas y la visita condiciona un modelo logístico significativo para la candidata Keiko Fujimori, En cambio, la visita proselitista tiene repercusión solo cuando se conjuga con las variables sociodemográficas para el caso del candidato Pedro Castillo. 2.- FUNDAMENTO TEÓRICO Proceso electoral peruano 2021 El sistema político peruano está compuesto por tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Ejecutivo está liderado por el presidente y el consejo de ministros; el poder Legislativo está conformado por una cámara única de 130 representantes. Mientras que, el poder Judicial de quien emana el impartir justicia está presidido por un presidente y una corte suprema. Los poderes Ejecutivo y Legislativo se renuevan por periodos de cinco años. Para poder participar en el proceso electoral, un partido político de alcance nacional necesita inscribirse con al menos el tres por ciento de firmas del padrón electoral 43 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Cohaila Ramos, E. nacional, para el proceso de 2021, este número ascendía a poco más de quinientas mil firmas, además de un ideario, un manual de funciones, comités provinciales, entre otros. Sin embargo, el proceso electoral del año 2021 vino marcado por una crisis política, acarreada desde el último proceso electoral del 2016, donde se sucedieron enfrentamientos políticos entre el Ejecutivo y Legislativo. Al no obtener la cantidad de la mitad más uno de los votos válidos en el proceso electoral de abril de 2016, se tuvo que pasar a una segunda vuelta electoral, donde Pedro Pablo Kuczynski ganó en el balotaje por una cantidad pequeña de votos a Keiko Fujimori (En el proceso electoral, la bancada de Fuerza Popular obtuvo la mayoría de escaños para el Congreso), no obstante, renunció a la presidencia en marzo de 2018 (Cabe destacar que Kuczynski renunció a la presidencia, antes de la votación a la segunda moción de vacancia en marzo de 2018, luego de observarse como su ministro Giufra ofrecía la realización de obras al congresista Mamani (congresista de Fuerza Popular partido de Keiko Fujimori); y fue sucedido por su primer vicepresidente Martin Vizcarra, quien procedió al cierre del Congreso (por la figura de la segunda negación tácita de confianza), en setiembre de 2019 y establecer elecciones congresales para enero de 2020. No obstante, Vizcarra también se allanó a la moción de vacancia presentada por el Congreso en noviembre de 2020. Ese mismo mes, siguiendo la sucesión presidencial, el presidente del Congreso fue nombrado presidente de la República, pero después de días de protestas políticas, lo que provocó la muerte de dos estudiantes y centenares de heridos, se vio obligado a renunciar. Ante ello, El Congreso eligió una nueva mesa directiva, siendo presidida por Francisco Sagasti, quien asumiría de manera interina la presidencia de la República, y estableció el cronograma de elecciones para el proceso de 2021, teniendo como fecha el 11 de abril, donde se elegiría al presidente, vicepresidentes y al Congreso de la República. Para Dargent y Rousseau (2020), en este periodo de crisis política, también se ha observado un cambio, el Ejecutivo ha perdido fuerza en el control del manejo económico y político, cobrando mayor protagonismo y control el Congreso, lo que se denota en una mayor cantidad de interpelaciones y censuras a los ministros, y en elección de funcionarios del Banco Central de Reserva. En el proceso electoral de 2021 se presentaron 18 listas para presidentes y vicepresidentes; siendo solo dos listas, las presididas por mujeres. Este número alto de candidatos se debió principalmente a la normativa electoral del Jurado Nacional de Elecciones, la cual manifestaba que los partidos políticos que no superaran el 5% de votos válidos y 5 representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral perderían su inscripción. Al mismo tiempo, la normativa electoral establecía que los partidos o agrupaciones políticas que no se presentaban o que se retiraban del proceso también perderían su inscripción. Esta cantidad de partidos y agrupaciones puede manifestar cierta participación política, pero en realidad refleja una fragilidad de los partidos políticos, que se viene arrastrando elección tras elección (Zavaleta, 2014), donde mecanismos de democracia interna y de control son escasos (Tanaka, 2005) y un panorama con conflictos socioambientales locales, principalmente, que no logran compaginar en movimientos sociales de mayor alcance (Vergara y Encinas, 2015; Meléndez y León, 2010). Todo ello, ha mermado la confianza en los partidos políticos y generando volatilidad electoral (Mélendez, 2019), creando la aparición de partidos personalistas (Zavaleta, 2014; Sulmont, 2017) Esta cantidad de candidatos también reflejaba una polaridad en la intención de voto. Las encuestas mostraban diferentes preferencias electorales. Basta revisar las encuestas de los últimos meses para constatar aquello, según Ipsos Perú, en el mes de enero el candidato George Forsyth de Victoria Nacional, de corte centro derecha, se encontraba con una intención de voto del 17%, seguido por la candidata Keiko Fujimori, de corte de derecha, con 8%, Julio Guzmán, de corte centro derecha, y 44 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Visita proselitista y probabilidad de voto provincial en elecciones peruanas 2021 Verónika Mendoza, de corte de izquierda, con 7%. En el mes de febrero seguía primero George Forsyth, pero ya se observaba un fuerte decrecimiento con 11%, seguido de Yohny Lescano, de centro derecha, con 10%, y de Keiko Fujimori y Verónika Mendoza con 8%. En el mes de marzo, un mes antes de las elecciones, había ocurrido un cambio en la preferencia electoral, Yohny Lescano tenía un 15%, Forsyth 10%, López Aliaga 8% y Keiko Fujimori 7%. En la encuesta del mes de abril, una semana antes de las elecciones se mantenía Yonhy Lescano con 10%, seguido de Verónika Mendoza con 9%, Hernando de Soto, de corte derecha liberal, y Keiko Fujimori con 8%, y aparecía Pedro Castillo, de corte izquierda conservador, con un 6% (Ipsos, 2021; El Comercio, 2021). Como se observa, la intención de voto se mostraba muy dispar, sin ningún candidato o candidata teniendo un respaldo sólido a lo largo del proceso electoral, tanto es así, que a una semana de las elecciones no se sabía que candidatos llegarían a obtener los primeros lugares de intención de voto. Cabe resaltar aquí que, según la ley electoral peruana, no se pueden publicar encuestas la última semana previa a las elecciones (Más allá de que puedes enterarte por redes o agencias de noticias internacionales la intención de voto en esa última semana, no obstante, igual circulan fake news, haciendo que uno pueda dudar de los resultados), lo que dificulta saber cómo se está moviendo la opinión pública. El mismo día de las elecciones en los programas noticiosos se pudo observar, con mucha sorpresa, que el candidato Pedro Castillo obtuvo la mayor cantidad de votos seguido de la candidata Keiko Fujimori, es decir candidatos que no aparecían con una alta intención de voto previamente. Dicha proyección fue confirmada luego por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE 2021) que determinó que el candidato Castillo obtuvo el 18.9% de votos válidos y Keiko Fujimori 13.4%, por tanto, al no obtener ninguno más del cincuenta por ciento de votos válidos más uno, se debería programar una segunda vuelta electoral entre ambos candidatos. En este proceso también se pudo observar diferente cobertura de los medios de comunicación a los candidatos, esto se denota por la cantidad de entrevistas que tuvieron en medios de alcance nacional, según información del Grupo de Investigación de Partidos y Elecciones GIPE – PUCP (Los datos fueron proporcionados por Fernando Tuesta coordinador de dicho grupo de investigación, siendo la empresa IPNoticias las que registró esta información. Mayor detalle en: https://twitter.com/tuesta/status/1378408605507010568), el candidato George Forsyth tuvo 59 entrevistas en medios televisivos, tanto en señal abierta como cable; seguido de López Aliaga con 43, Yonhy Lescano con 42, César Acuña con 36, Alberto Beingolea con 27 y, Hernando de Soto y Keiko Fujimori con 26 entrevistas; teniendo, el candidato Pedro Castillo solo 10 entrevistas en medios. Esta cobertura puede deberse a que determinados candidatos tengan la mayor intención de voto, y por tanto los medios recurran a ellos, no obstante, es curioso que el candidato Pedro Castillo tenga una menor cantidad de presencia, al igual que la candidata Keiko Fujimori, candidatos que a la postre alcanzaron las preferencias electorales. Si bien la presencia en medios posibilita que los candidatos puedan expresar y compartir sus propuestas, y puede ser una ventaja comparada a otros candidatos que tienen poca presencia, no garantiza necesariamente un adecuado desempeño. Así podemos observar que en la encuesta de Ipsos para el diario El Comercio (Redacción La Mula 2021), la población consideraba que la candidata de mejor desempeño había sido la candidata Verónika Mendoza con un 15% en entrevistas y/o notas en la televisión, seguido del candidato George Forsyth con un 12% y, del candidato Yonhy Lescano y la candidata Keiko Fujimori ambos con un 10%. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 45 �Cohaila Ramos, E. Por otro lado, en este proceso electoral también se ha observado diferencias entre los ingresos y gastos que tuvieron los partidos políticos; por lo que tener mayores ingresos no asegura que pueda revertir en apoyo electoral para generar votos. Basta observar, lo declarado a la ONPE (Las organizaciones políticas están obligadas a reportar a la ONPE los ingresos y gastos que han tenido en campaña. https://www.web.onpe.gob.pe/claridadCiudadano2/dashboard), donde la candidata Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular, declara alrededor de cincuenta mil soles de ingresos, y poco menos de noventa mil soles en egresos; y el partido Perú Libre, que postulaba a Pedro Castillo, declara poco menos de veinticinco mil soles en ingresos y casi doce mil soles en egresos; siendo los partidos políticos que declaran menos ingresos en esta campaña. Ahora bien, en esta elección han sucedido situaciones diferentes a los procesos electorales anteriores, más de quince candidatos, la intención de voto ha mostrado bastante volatilidad, la presencia en medios ha privilegiado a ciertos candidatos, y los gastos en campaña han sido muy dispares. Pero ninguna de estas situaciones mostraba a los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori con ventajas, más bien, en menores condiciones que el resto. Contexto socioeconómico La situación económica del país ha estado marcada por la pandemia de la Covid-19, el Perú ha sido uno de los países más golpeados, lo que conllevó a una gran cantidad de muertes, para el Observatorio Covid19 de la Universidad John Hopkins, Perú tuvo una de las tasas de letalidad más altas de las Américas, afectando a 106,7 muertes por cada 100,000 habitantes. Esta situación refleja la inadecuada respuesta del Estado y su poca capacidad sanitaria para proteger a su población. No obstante, no ha sido la única consecuencia observada en el país, a nivel macroeconómico, el Perú que mostraba un crecimiento constante en el continuo del tiempo con respecto a su Producto Bruto Interno, sufrió una recesión del 12.9% (Cepal 2021), siendo una de las caídas más altas a nivel de los países de América Latina. Esta recesión tuvo consecuencias en la población, la que se observó principalmente en el empleo, la población ocupada disminuyó en 13.0.% en el año 2020 comparado con el año 2019, agravándose más en las zonas urbanas comparadas a las zonas rurales, 16.4% y 1.1% respectivamente (INEI, 2021), esto conllevo a que se incremente el desempleo en un 7.4% (INEI, 2021). Esta consecuencia con el empleo, se ve reflejado también con el tema de la pobreza, lo que se observaba como una constante en su retroceso, para el año 2020, se observa lo contrario, afectando la pobreza monetaria a un 30.1% de la población peruana (INEI; 2021), siendo estos niveles similares al año 2010, por tanto, todo lo que se había avanzado en este proceso de disminución de la pobreza, en la última década, se vio perjudicado. Estos indicadores como el empleo y la pobreza, también remarcan el tema de la desigualdad, para Fracnke (2023) observando el coeficiente de Gini para el año 2019, indica que este indicador que mide la desigualdad en el ingreso, toma un valor cercano al 0,7. Esta desigualdad también se ve reflejada a nivel de hombres y mujeres donde la diferencia de promedio de ingresos es de 26%, pero se observa con 46 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Visita proselitista y probabilidad de voto provincial en elecciones peruanas 2021 mayor agravante lo sucedido en el año 2020, recalcado por una variación negativa en el ingreso promedio, de alrededor del 29.9% comparado con el año 2019 (INEI, 2021). Por tanto, las condiciones socioeconómicas no fueron nada alentadoras en el proceso electoral que vivió el Perú en el año 2021. Estrategia de la visita en la campaña Las campañas para Carsey (2001) son un conjunto de actividades que emprenden los candidatos con sus respectivos equipos de campaña, con el objetivo de obtener votos. Este conjunto de actividades incluye desarrollar diferentes estrategias, pero sin perder de vista lo que menciona Langston y Benton (2009) que la meta de las campañas es informar racionalmente a los votantes que no conocen a los candidatos sobre sus propuestas, lineamientos generales o planes de gobierno que implementarían de ganar las elecciones. Dentro de este conjunto de actividades donde pueden destacar los spots televisivos o radiales, que tienen la ventaja de llegar a un público más amplio, pero que involucran un presupuesto elevado; también se observan actividades como la visita o la aparición del candidato o candidata a una determinada localidad. Estas visitas, tampoco son sencillas, ya que involucran una logística, un presupuesto, apoyo de personal y movilización diferente, ya que el candidato o candidata no solo se aparece en una localidad, no solo se presenta y se va, sino que suele aprovechar esta visita para realizar otras actividades como mítines, caravanas, caminatas, entrevistas radiales o en la prensa local. Para algunos autores, la aparición de un candidato o candidata en tu localidad puede generar que la población se decante por el candidato y puede tener más repercusión en la generación del voto que un anuncio por televisión o por radio (King y Morehouse, 2004; Shea y Burton, 2001). En estas visitas se prioriza el contacto directo con el votante, para Shea y Burton (2001) este contacto es una forma eficaz de convencer y de movilizar al votante, porque lleva al votante a un nivel cognoscitivo. Por tanto, ese recuerdo de la presencia del candidato hace más próximo también el proceso electoral. Pero, sobre todo, la presencia puede generar, en el votante, la imagen de que el candidato está cerca y se preocupa por la problemática que a uno lo aqueja (King y Morehouse, 2004). Asimismo, este interés y preocupación puede observarse como una evidencia de la capacidad de empatía (Annunziata, 2018). Por ello, es que Rosanvallon (2008) menciona que esta visita de los candidatos (y también políticos) es más valorada en las democracias contemporáneas, y pone de relieve la proximidad entre los representantes y representados (Annunziata, 2018). Este proceso de campaña suele centrarse en el candidato o candidata más que en la agrupación política. Para García et al (2007), el candidato es el personaje sobre el que gira el proceso de la campaña, a esto le denomina como el fenómeno de la personalización. Por tanto, acapara la información en la opinión pública, e inclusive se focaliza en sus cualidades personales sobre las profesionales (Enríquez y Gómez, 2021). Esto no es ajeno, para el caso peruano, y lo mismo se recoge en los medios, donde se manifiesta la discusión sobre las cualidades que debería tener el presidente como son honradez, liderazgo, experiencia, valiente (Diario La República, 2020), dejando de lado, la capacidad o experiencia Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 47 �Cohaila Ramos, E. profesional para ocupar el cargo. Por tanto, la visita proselitista se presta como una estrategia donde se puede comunicar las propuestas y el público puede observar las cualidades, o el mismo candidato puede priorizar estas. Sin embargo, las localidades en dónde realizar la visita sigue un correlato de poder obtener votos. Algunos estudios manifiestan que se prioriza las localidades más pobladas (Palma y Morales, 2015; Aparicio, 2012). También se prioriza localidades donde existan bases o bastiones, lo que suele denominarse lugares donde hay voto duro (Chen y Reeves, 2011, Holbroock y Mc Clurg 2005). Asimismo, es frecuente priorizar, lugares donde existen indecisos, o donde varios candidatos compiten por obtener la mayoría en una circunscripción (Mc Clurg y Holbrook, 2009); al respecto, Chen y Reeves (2011), da cuenta de la estrategia de Obama en priorizar visitas en localidades donde había muchos votos indecisos en la elección de 2008. Del mismo modo, en la elección de la localidad se suele priorizar la capacidad que tiene el partido en dicha circunscripción, todo ello, para generar movilización (Beck et al (1997) y generar aliciente y energía en las bases partidarias (Herr, 2002) La estrategia de las visitas proselitistas también compite con nuevas formas de atraer al electorado como las campañas virtuales o el uso de redes sociales. Para Hernandez (2025), las redes sociales permiten una participación más activa, teniendo la necesidad, los actores y candidatos, de adaptarse a su uso para comunicarse con los votantes, donde el acceso a la información política es rápido (Anduiza et al, 2019). Sin embargo, este uso virtual de estrategias de comunicación se complementa con estrategias tradicionales, como las visitas proselitistas (Chadwick, 2013) En su intento de atraer al electorado, los candidatos intentan generar una proximidad con ellos. Para Annunziata (2011) los candidatos buscan generar esta proximidad en los electores, a través de nuevas estrategias comunicacionales de acercamiento. Para Enríquez y Gómez (2021) esta forma comunicacional viene marcada por la desafección por la política por parte de los electores, por tanto, en este afán por parte de los candidatos es que se implementan nuevos atributos comunicacionales de acercamiento. Este acercamiento, no necesariamente es físico, ya que puede ser simbólico, pero lo que se destaca es de mostrarse en un vínculo directo con los ciudadanos, capaces de escucharlos, de estar presentes, de compartir sus experiencias (Annuziata, 2011); por tanto, es necesario crear lazos representativos. Estos lazos representativos se pueden constituir por medio de la identificación y la distinción (Enríquez y Gómez 2021). La identificación alude al proceso en que los electores se identifican con el candidato; mientras que la distinción hace alusión a las cualidades que detenta el candidato para ocupar el puesto. Para Annuziata (2011) sería el principio de identidad el que prima en la actualidad, debido principalmente a la desafección política de los electores. Por ello, es que los candidatos procuran establecer estas representaciones y proximidad con los electores; siendo la forma más habitual de presentarse como “uno más”, desde lo cotidiano. Por tanto, en el proceso de la campaña, es habitual que se intente consolidar la imagen del candidato como una persona con ciertas cualidades, cercano, con valores, pero que se identifica con uno. Y una de las formas en las que esto se puede expresar es en la visita que puede hacer el candidato, ya que genera encuentros de proximidad donde se pueda observar estas cualidades en el candidato; otras pueden ser las caminatas o recorridos que realizan los candidatos, teniendo la estrategia de mostrase cercanos, realizando actividades cotidianas como las podría realizar cualquiera; e inclusive, para el caso peruano, es habitual que el candidato o candidata se vista con ropa típica de la localidad que visita y que consuma los alimentos que se producen allí, como forma de crear lazos e identificación; y que es “próximo o uno de ellos”. 48 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Visita proselitista y probabilidad de voto provincial en elecciones peruanas 2021 Ahora bien, no se puede negar el avance de las tecnologías digitales y su uso en las campañas electorales, no obstante, para Vasconez et al (2025), si bien las estrategias tradicionales, como las visitas, han tenido eficacia a lo largo de los años, el avance de las nuevas tecnologías ha tenido un efecto, por tanto, su uso, se hace cada vez más prolijo; sin embargo, cabe anotar las brechas digitales, existentes en los países de América Latina, según el Banco Mundial (2023), solo el 50% en la región tiene conectividad de banda ancha, y solo el 9.9% tiene conexión a fibra óptica; así mismo, ante el uso de fake news y desconfianza en los medios, la estrategia de la búsqueda del voto cara a cara, permite establecer lazos y sigue siendo viable. 3.- MÉTODO Diseño metodológico Como se ha observado, los candidatos que pasaron a segunda vuelta, no se encontraban en la palestra de la intención de voto, tampoco tenían presencia en medios masivos; pero lograron pasar a un balotaje de segunda vuelta, por tanto, ciertas estrategias de campaña podrían haber ayudado. El interés en esta investigación se centra en observar la importancia que cobra la visita proselitista que realizan los candidatos para obtener votos, por tanto, se desea averiguar si la presencia de la visita realizada establece de manera significativa una probabilidad en que dicho candidato o candidata obtenga la mayor cantidad de votos a nivel provincial, es decir, ganar las elecciones en dicha circunscripción electoral. Para ello, se considerará a los dos candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en el balotaje de primera vuelta en el proceso electoral peruano de 2021. En ese sentido, esta investigación se centrará en la visita que realizaron los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. A partir de allí surge como pregunta principal qué tanta importancia genera, en la probabilidad de obtener la mayor cantidad de votos a nivel provincial, la visita de los candidatos que lograron pasar a la segunda vuelta electoral. La hipótesis general plantea que la visita del candidato o candidata en una provincia tiene relevancia significativa en la probabilidad de obtener mayor cantidad de votos a nivel de dicha circunscripción electoral, es decir, ganar las elecciones en dicha circunscripción. Las características socioeconómicas, políticas y sociodemográficas de la provincia, también pueden tener un rol preponderante conjuntamente con la visita proselitista, por ello se plantea como pregunta secundaria qué tanta relevancia tiene las condiciones políticas, socioeconómicas y sociodemográficas de la provincia conjuntamente con la visita proselitista en la probabilidad de obtener la mayor cantidad de votos a nivel provincial. La hipótesis secundaria plantea que son las condiciones socioeconómicas y sociodemográficas, y no las políticas las que tienen relevancia conjuntamente con la visita proselitista en la probabilidad que el candidato o candidata obtenga la mayor cantidad de votos a nivel provincial. Para averiguar la importancia de la visita se construirán modelos de regresión logística. Para esta investigación se han considerado las siguientes variables. Variable Dependiente: Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 49 �Cohaila Ramos, E. • • • La variable dependiente es la recodificación a partir de la cantidad de votos obtenidos por los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori a nivel provincial proporcionados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE, 2021), por tanto, dependiendo quien obtuvo mayor cantidad de votos a nivel provincial se dicotomizará esta variable con presencia o ausencia. Variables independientes. En este sentido, el nivel de observación de las variables se ha realizado a nivel provincial, porque a este nivel de desagregación es posible encontrar variables socioeconómicas, sociodemográficas y políticas. No obstante, también denota una limitante porque no se dispone de más variables desagregadas en el país. Visita del candidato. Variable dicotómica que manifiesta la visita del candidato en la provincia para realizar alguna actividad proselitista en el periodo de primera vuelta electoral 2021. La actividad proselitista a considerar involucra que el candidato haya realizado por lo menos la actividad de un mitin en la localidad visitada. Esta información fue construida a partir del informe de Latina Noticias, aparecido en la red social Twitter el 03 de mayo de 2021. Variables Políticas • • • Afiliados: Recodificación a partir de la información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE, 2021) que da cuenta de base de afiliados a nivel provincial, esta variable se dicotomizará en presencia o ausencia. Congresistas. Presencia de congresistas elegidos en las elecciones complementarias del 2020 del partido del candidato o candidata a nivel departamental (ONPE; 2020). Alcalde del partido. Presencia de alcalde a nivel provincial del partido del candidato o candidato, para el periodo de 2018-2022 (ONPE, 2018) Variables Socioeconómicas • • • Pobreza monetaria. Valor estimado de pobreza monetaria a nivel provincial, proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2020) Ingresos. Ingresos promedio a nivel provincial medido en soles proporcionado por el Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD, 2019) Desempleo. Nivel de Desempleo a nivel regional (Ceplan, 2021) Variables Sociodemográficas • • Urbano. Variable dicotomizada según el porcentaje de población que habita en zonas urbanas. Cuando la mayoría habita en zonas urbanas se indicará como presencia. La ausencia implicará que la población de la provincia es mayoritariamente rural. (INEI, 2018). Región geográfica. Región donde se realizó la visita por el candidato o candidata, para ello se han reagrupado las provincias en las regiones de Lima-Callao, Costa Norte, Costa Sur, Sierra Norte, Sierra Centro, Sierra Sur y la Selva. Para una mejor lectura se presenta un cuadro con el indicador y los valores que toma cada una de ellas. 50 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Visita proselitista y probabilidad de voto provincial en elecciones peruanas 2021 Tabla 1: Resumen de variables. Variable Indicador Valores mínimos y máximos Recodificación de cantidad de votos obtenidos a nivel provincial por candidato, si un candidato obtuvo la mayor cantidad de votos se Voto provincial 0-1 marcará como presencia, en caso contrario se marcará como ausencia Visita realizada por candidato a nivel provincial, Visita del independientemente de la cantidad de visitas, se marcará como 0-1 candidato presencia si visitó alguna localidad dentro de la provincia Afiliados Cantidad de afiliados a nivel provincial al partido del candidato 0 - 398 Congresistas Presencia de congresistas del partido del candidato elegidos a nivel provincial en el periodo vigente 0-1 Alcalde Presencia de alcalde del partido del candidato en el periodo vigente 0-1 Pobreza monetaria Nivel de pobreza monetaria a nivel provincial 03-.68 Ingresos Nivel de ingresos promedio a nivel provincial 167 - 1530 Desempleo Porcentaje de desempleo a nviel provincial de personas en edad de trabajar que no consiguen trabajo 0 - 10 Urbano Provincia se caracteriza por tener mayor población urbana, se marcará como presencia, por el contrario, se marcará como ausencia, lo que implicará que la población provincial es rural 0.1 Recodificación de provincia según región geográfica, se creó Región Geográfica variables dummy de presencia o ausencia de la provincia a una determinada región geográfica 0-1 Fuente: Elaboración propia (2025). Cabe mencionar que se ha construido una base de datos para esta investigación, a partir de las fuentes consultadas, de acuerdo al tipo de variables; por tanto, una limitación de esta investigación recae en que no se tiene información personal de un votante, que podría proporcionar información sobre el tipo de consumo de medios, filiación o ideología política, asistencia a mítines, etc. 4.- RESULTADOS El Perú se divide políticamente en 196 provincias. El candidato Pedro Castillo visitó 53 provincias en la campaña de primera vuelta electoral, con la intención de realizar alguna actividad proselitista, lo que representa el 27.04% del total de provincias del país; mientras que la candidata Keiko Fujimori solo visitó 39 provincias, lo que representa el 19.9%. Si se observa, las visitas que realizan cada candidato no representan ni el tercio de provincias del país. Para observar la importancia del voto se procedió a realizar una prueba de proporciones tomando como base la proporción de votos obtenido (Se utilizó la proporción de votos por provincia porque da una mejor mirada a la cantidad de votos, ya que si se utiliza el valor nominal existen provincias con diferente cantidad de votantes, lo que distorsiona la importancia de la visita) a nivel provincial por cada uno de los candidatos estudiados según la visita realizada a dicha provincia. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 51 �Cohaila Ramos, E. Tabla 2: Visita a la provincia Candidato Pedro Castillo Keiko Fujimori Visita Si (porcentaje) Visita No (porcentaje) Total 53 (27.04) 143 (72.96) 39 (19.90) 157 (80.10) 196 196 Fuente: Elaboración propia (2025). Si bien el candidato Pedro Castillo visitó una mayor cantidad de provincias y la media de porcentaje de votos válidos que obtuvo en dichas provincias fue del 30.77%, se observa que no existe una diferencia significativa con la media de porcentaje obtenido en las provincias que no visitó, la cual asciende a 35.59%; por tanto, no existe una diferencia estadística en el porcentaje de votos válidos obtenido por Pedro Castillo según la visita del candidato. Caso contrario sucede con la candidata Keiko Fujimori, donde si se observa una diferencia significativa, por tanto, para dicha candidata la visita realizada si tiene una relevancia en la obtención de votos, donde si le ha facilitado generar una mayor adhesión electoral. Tabla 3: Prueba de medias de votos válidos a nivel provincia según visita Candidato Pedro Castillo Keiko Fujimori Visita si no si no Media de votos válidos en proporciones Prueba t 0.3077442 0.355918 0.1930695 0.1142069 -1.624 p.value 0.108 5.941 <0.001 Fuente: Elaboración propia (2025). El interés de la investigación es calcular la probabilidad que tiene la visita de los candidatos en la propensión de ganar las elecciones a nivel provincial, por ello se utilizarán modelos de regresión logística. En relación al candidato Pedro Castillo, al observar el modelo solo con la variable independiente de la visita realizada por el candidato se nota que el modelo no es significativo, ya que Los estadísticos del modelo, muestran que el chi cuadrado no es significativo. El modelo logístico establece que no es modelo pertinente para observar la probabilidad de obtener la mayor cantidad de votos a nivel provincial según la visita realizada por el candidato Castillo (La prueba ómnibus del modelo manifiesta que el p.value es mayor a 0.05). En el modelo solo la constante es significativa pero la variable de la visita no; por tanto, este modelo expresa que la visita realizada por el candidato no manifiesta la probabilidad para lograr obtener votos a nivel provincial. 52 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Visita proselitista y probabilidad de voto provincial en elecciones peruanas 2021 Tabla 4: Probabilidad de voto según visita de candidato Castillo Categoría Constante Visita Castillo (1=si) Pseudo R2 Nagelkerke B E.estandar 1.0164 -0.2661 0.004 p-value B (exp) 0.35 0.0000000793 *** 2.7631579 0.189 0.447 0.7663866 Fuente: Elaboración propia (2025). El modelo de regresión logística para la candidata Keiko Fujimori si resulta significativo (La prueba ómnibus del modelo para Keiko Fujimori manifiesta un p.value <0.001). El valor del Pseudo R2 Nagelkerke tiene un 15.8%. Si uno observa el modelo, específicamente el coeficiente B para visita Keiko nota que su signo es positivo, por tanto, la visita realizada si genera un efecto para obtener mayor cantidad de votos. Asimismo, se puede observar en el coeficiente B(exp) que la variable de la visita de la candidata Keiko Fujimori tiene un valor de más de seis puntos, lo que denota hasta seis veces más probabilidad de que gane las elecciones a nivel provincial si es que sucede la visita en contra de que no se realice la visita. Si bien el Pseudo R2 no es muy alto, nos indica la importancia que genera la visita como tal y como estrategia para la obtención de votos. Tabla 5: Probabilidad de voto según visita de candidata Keiko Fujimori Categoría Constante Visita Keiko (1=si) Pseudo R2 Nagelkerke B E.estandar -1.8681 1.8168 0.158 p-value 0.234 1.62e-15 *** 0.397 4.73e-06 *** B (exp) 0.154411 6.152381 Fuente: Elaboración propia (2025). A continuación, se presentarán los modelos logísticos con la variable de la visita proselitista conjuntamente con las variables políticas, socioeconómicas y sociodemográficas, para cada candidato estudiado. Si bien se ha observado que, para el candidato Castillo el modelo que contiene solo a la variable independiente de la visita no logra ser un modelo significativo, acompañado de las otras variables tiene un comportamiento diferente. El modelo con las variables políticas (En el modelo de las variables políticas no aparece la variable Congresistas del Partido Perú Libre, ya que dicho partido político no consiguió ninguna curul en dichas Elecciones Complementarias.) no es un modelo adecuado estadísticamente (la prueba ómnibus no resultó significativa), por tanto, la presencia de congresistas, alcaldes provinciales o la base de afiliados no configura ningún soporte o aliciente para el candidato Pedro Castillo. En el modelo con las variables socioeconómicas, solo la variable de pobreza es significativa y tiene un signo positivo, más no las variables de ingresos y desempleo. La variable de la pobreza por si sola puede explicar que en una provincia gane el candidato del partido Perú Libre, Pedro Castillo, y el signo del coeficiente B manifiesta que mientras la pobreza se incremente habrá mayor probabilidad que dicho candidato gane en dicha provincia, teniendo el R2 de Nagelkerke un valor de 0.215; siendo un nivel bajo; pero ya nos manifiesta que el nivel de pobreza tiene un rol importante para votar por dicho Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 53 �Cohaila Ramos, E. partido, pero cuya visita no sería trascendente; por tanto, es la condición de la provincia, la que configura que dicho candidato obtenga la mayor cantidad de votos a nivel provincial. Por otro lado, en el modelo con las variables sociodemográficas, observamos que la visita proselitista realizada por el candidato Pedro Castillo si es significativa teniendo un rol de contribución a que gane a nivel provincial. De igual manera, son significativas la variable Urbano, Costa Norte, Sierra Norte y Sierra Sur; aunque el comportamiento de estas variables es diferente. La variable Urbano y Costa Norte tienen signo negativo, por tanto, habrá una contribución a que gane en la provincia el candidato Castillo cuando no concurra a provincias urbanas (es decir rurales), ni tampoco a provincias de la Costa Norte; en contra, mejorará su contribución a que gane en las provincias cuando la visita se realiza en provincias de la Sierra Norte y de la Sierra Sur (La variable Sierra Central no es significativa pero está cerca del límite de 0.05.La variable de la Región Selva tiene un número de casos, visitas realizadas, muy pequeño, por ello, no aparece en el modelo). En el modelo, también se puede observar el coeficiente B(exp), los cuales tienen un valor de cuatro en el caso de la visita proselitista y de la Región Sierra Norte, mientras que en la Región Sierra Sur este valor asciende a poco menos de cincuenta veces; es decir se observa hasta cuatro veces más probable que el candidato Pedro Castillo gane las elecciones cuando visita la provincia y dicha visita se realiza en las provincias de la Sierra Norte; aumentando esta probabilidad hasta casi cincuenta veces si es que la visita se realiza en alguna provincia de la Sierra Sur. Tabla 6: Probabilidad de voto según visita de candidato Pedro Castillo y variables políticas, socioeconómicas y sociodemográficas Categoría Constante Visita Pedro Castillo Base Afiliados PL Municipio PL R2 Nagelkerke Constante Visita Pedro Castillo Pobreza Ingresos Desempleo R2 Nagerlkerke Constante Visita Pedro Castillo Urbano Región Lima-Callao Región Costa Norte Región Costa Sur Región Sierra Norte Región Sierra Central Región Sierra Sur R2 Nagelkerke B 1.144 -0.118 -0.559 20.642 0.047 0.268 0.363 0.049 -0.001 -0.063 0.215 0.794 1.447 -1.244 -22.2 -2.802 -0.038 1.459 1.286 3.854 0.569 Error Estandar P.value B(exp) 0.22 0.364 0.339 17971.018 0 0.746 0.099 0.999 3.139 0.889 0.572 922197389.8 1.366 0.399 0.024 0.001 0.102 0.844 0.362 0.038 0.425 0.542 1.308 1.438 1.05 0.999 0.939 0.545 0.57 0.554 28420.722 0.872 0.702 0.644 0.682 1.079 0.145 0.011 0.025 0.999 0.001 0.957 0.023 0.06 0 2.212 4.251 0.288 0 0.061 0.963 4.301 3.617 47.184 Fuente: Elaboración propia (2025). En el caso de los modelos para la candidata Keiko Fujimori, los tres modelos son adecuados (La prueba ómnibus para los tres modelos manifiesta un p.value <0.001); sin embargo, el comportamiento 54 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Visita proselitista y probabilidad de voto provincial en elecciones peruanas 2021 de la variable de la visita proselitista es diferente en ellos. En el modelo de las variables políticas, tanto la visita proselitista y la presencia de congresistas elegidos en el periodo 2020 contribuyen a que la candidata Keiko Fujimori gane las elecciones a nivel provincial. Ambas variables tienen signo positivo, y además ambas variables pueden contribuir hasta tres veces en que suceda dicha circunstancia en comparación a que no estén presentes estas variables. Este modelo tiene un R2 de Nagelkerke de 0,29, si bien no es alto, se observa un incremento de solo considerar la variable de la visita proselitista (ver Tabla 4) En el modelo con las variables socioeconómicas, las variables de la visita proselitista además de la pobreza son significativas, pero con comportamientos diferentes; la variable de la visita contribuye a que la candidata Keiko Fujimori gane las elecciones, mientras que la pobreza, al tener signo negativo, manifiesta que a menor pobreza mayor probabilidad que gane la candidata Keiko Fujimori las elecciones a nivel provincial. En este modelo, la visita de la candidata Keiko Fujimori tiene hasta cuatro veces (B(exp)) la probabilidad de que gane si es que se realiza la visita. En este modelo con las variables socioeconómicas el R2 de Nagelkerke tiene un valor de 0.305, muy superior al modelo únicamente con la variable de la visita proselitista (ver Tabla 4). Tabla 7: Probabilidad de voto según visita de candidata Keiko Fujimori y variables políticas, socioeconómicas y sociodemográficas Categoría Constante Visita Keiko Fujimori Base Afiliados FP Congresistas Región FP Municipio FP R2 Nagelkerke Constante Visita Keiko Fujimori Pobreza Ingresos Desempleo R2 Nagerlkerke Constante Visita Keiko Fujimori Urbano Región Lima-Callao Región Costa Norte Región Costa Sur Región Sierra Norte Región Sierra Central Región Sierra Sur R2 Nagelkerke B -2.513 1.229 0.681 1.123 -19.812 0.239 1.516 1.486 -0.093 -0.002 0.13 0.305 -2.216 0.272 1.005 0.939 2.055 0.677 -0.034 0.085 -19.611 0.444 Error Estandar 0.354 0.437 0.393 0.416 23205.422 P.value 0 0.005 0.083 0.007 0.999 B(exp) 0.081 3.419 1.975 3.074 0 1.577 0.439 0.03 0.001 0.116 0.336 0.001 0.002 0.193 0.263 4.556 4.417 0.911 0.998 1.139 0.679 0.53 0.643 1.516 0.663 0.708 0.7 0.704 5154.195 0.001 0.608 0.118 0.536 0.002 0.339 0.961 0.904 0.997 0.109 1.313 2.733 2.557 7.804 1.967 0.966 1.088 0 Fuente: Elaboración propia (2025). En el modelo con las variables sociodemográficas, si bien es un modelo significativo, la variable de la visita proselitista no lo es, y solo la variable de la Región Costa Norte es significativa; es decir en Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 55 �Cohaila Ramos, E. este modelo pesa más la Región para que gane dicha candidata, teniendo la visita proselitista ningún factor de prevalencia para que dicha candidata gane las elecciones a nivel provincial. Discusión Las características, cualidades y propuestas de gobierno de los candidatos suelen reforzarse en estas actividades de la visita proselitista; sin embargo, no es casualidad la elección de qué tipo de provincias visitar. Para Meléndez (citado por BBC Mundo 2021) la base de apoyo del candidato Castillo se encuentra en el pueblo rural y en el interior del país; mientras que para Keiko se sitúa en Lima y en la Costa Norte. Esta situación se refuerza por las provincias visitadas, en el candidato Castillo el 64.2% de las provincias visitadas se sitúa en las regiones de la Sierra y Selva; en cambio para Keiko Fujimori, las regiones de Lima-Callao y la Costa Norte representan casi la mitad de las provincias visitadas (48.7%). Esta situación, también es advertida por Encinas y Fuentes (2022), quienes usando indicadores de autocorrelación espacial analizan el voto en las elecciones de primera vuelta de 2021, haciendo notar la existencia de cierto patrón en el voto de Pedro Castillo, mostrando un conglomerado geográfico de votos en el sur del país, teniendo esta tonalidad también en ciertas provincias de Cajamarca y Ancash, ubicadas en la sierra norte; mientras que en Keiko Fujimori se denotan menos conglomerados altos, pero si se puede observar una concentración geográfica de votos en la Costa Norte y en Lima. En los modelos logísticos observados, la visita proselitista encuentra significancia en el candidato Castillo, cuando la provincia visitada es rural, y se encuentra localizada en la Sierra Sur y la Sierra Norte; no muestra significancia en la Sierra Central, a pesar de que el partido Perú Libre tiene a sus fundadores provenientes de dicha región geográfica; siendo más marcada esta confluencia en la Sierra Sur. En el caso de Keiko Fujimori, la visita no se muestra significativa según la región geográfica, pero si manifiesta que la Región Costa Norte conlleva la ventaja que se vote por dicho partido sin importar que se realice una visita en dichas localidades geográficas. Esta ubicación de los electores en regiones también obedece a cierta sintonía con el tema económico, para Meléndez (citado por BBC Mundo, 2021) el elector de Castillo se sitúa en estas regiones que no se han visto beneficiadas por el crecimiento económico; por ello, no resulta casual que el candidato Castillo priorice las visitas en provincias de la sierra, y aluda a ellos, al enterarse de haber obtenido la primera preferencia en las elecciones haya querido referirse a ellos, “quisiera saludar a los pueblos más olvidados de mi patria, a los que se encuentran en el último rincón del país”. Esto también lo refuerza Ames (citado por Paúl, 2021) cuando indica que los votantes de Castillo, buscan un cambio radical, porque sienten que ha habido abusos, lo que se demuestra en el tema de las desigualdades. En relación a la desigualdad económica, según datos del Banco Mundial (2020), el índice de Gini muestra un valor de 43.8 para el año 2020, mostrando un incremento comparado al año 2019 donde su valor era 41.6 (El índice de Gini toma valores de 0 a 1, siendo 0 el valor de ninguna desigualdad y 1 de máxima desigualdad, el Perú se encuentra en el grupo penúltimo de mayor desigualdad. Para el Banco Mundial un valor superior a 0.4 es alarmante); no obstante, los niveles de desigualdad mostrados para el país se estaban desacelerando en los últimos años, pero hasta este último registro se observa que han vuelto a niveles similares al año 2013; situación que puede haberse agravado más por la pandemia de la Covid19. Esta desigualdad, según Zavaleta (citado por Luna et al, 2021) se observa por las brechas en la población, donde el Estado no ha invertido en sus ciudadanos, donde la preocupación ha sido el manejo de la economía, reducir el gasto público; y si a eso se le añade el contexto de pandemia, ha generado 56 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Visita proselitista y probabilidad de voto provincial en elecciones peruanas 2021 mayor vulnerabilidad. Por tanto, la estrategia de visitar localidades con estas características manifiesta la idea de reforzar bolsones donde su voto es mayoritario. Para Meléndez (citado por BBC Mundo, 2021), existe un alto porcentaje de peruanos que considera que el modelo económico de crecimiento no los ha beneficiado, y es en ese grupo donde Castillo tiene simpatías. Por ello, es que la variable pobreza si es una variable significativa en el voto de Castillo teniendo un efecto positivo, es decir, en provincias donde exista un mayor nivel de pobreza habrá mayor probabilidad de votar por Castillo; no obstante, son estas condiciones más no la visita proselitista, las que refuerzan el voto por este candidato. Esta situación se refuerza si uno mira los datos de pobreza monetaria. Para el año 2021 en el Perú la pobreza afecta al 25.9% de la población peruana según el INEI (2022), si bien se ha reducido el nivel comparado al año 2000, en 4.2%, aún los valores son mayores a los registrados el 2019 cuando la pobreza monetaria afectaba al 20.2%. Este nivel de pobreza es diferente si se trata de población urbana y rural, donde estas brechas se incrementan, ya que afecta al 39.7% de población rural frente al 22.3% de área urbana; no obstante, estos niveles se incrementan más si se observa en la sierra rural donde asciende al 44.3%. El nivel de población que cayó en la pobreza monetaria, comparando el año 2019 al 2021 nos habla también del tema de la desigualdad. 3 de cada 4 trabajadores son informales en el Perú, lo que acentúa su nivel de acceso y vulnerabilidad ante alguna situación de emergencia como la vivida por la Covid-19; por tanto, son estas condiciones que refuerzan la idea de algún cambio y si eso se focaliza en un candidato es más fácil la consonancia con el voto. Pero la pobreza, es una variable que también cobra un rol en el caso de la candidata Keiko Fujimori, pero de manera diferente, ya que a menor pobreza en la provincia conjugado con la visita proselitista existe una mayor probabilidad de que gane en dicha circunscripción electoral. De igual manera, la elección de las provincias visitadas por esta candidata, privilegia estas condiciones que auguran una mayor cantidad de votos. Esta candidata tiene mayores simpatías en Lima- Callao y en la región Costa Norte, esta población se manifiesta “pro establishement del modelo económico” como manifiesta Meléndez (citado por Paúl, 2021) se puede añadir que se presenta como “la defensora del modelo de mercado en el Perú, y le habla a ese porcentaje de peruanos que quieren defender ese modelo”. Esta manifestación la predica la misma candidata cuando menciona que “lo que está en juego no es una persona, sino un modelo de país”, haciendo una invocación a “los que creen en un modelo de inversión privada” (Fowks, 2021). Esta situación se refuerza en el modelo solo en la Costa Norte; aunque la visita de Keiko no resulta significativa en el modelo, pero se puede identificar una probabilidad de voto mayor para dicha candidata en dicha región, por tanto, son las condiciones de estas regiones lo que inclina la preferencia, más allá de la visita propiamente según nuestro modelo. En estos modelos la visita si importa para generar votos con estas condiciones estructurales que pueden haberse visto beneficiados por el “modelo económico” implementado en el Perú; no obstante, es necesario reforzar que la visita procura que se puedan afianzar esta probabilidad de voto en esta candidata, remarcando la necesidad de realizarlas en estas provincias, más aun teniendo otros candidatos en esta elección como López Aliaga de Renovación Popular y De Soto de Avanza País, que también manifestaban abiertamente el seguir con el modelo económico. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 57 �Cohaila Ramos, E. Este tema económico es el que manifiesta diferencias sustanciales en ambos candidatos, Castillo resalta la idea de un cambio de modelo económico, donde exista mayor participación del estado en ejes estratégicos, para dicho candidato estos cambios deben manifestarse en una nueva constitución; en cambio Keiko Fujimori manifiesta que la constitución (la que fue realizada en el gobierno de su padre, hoy cumpliendo condenas por delitos de corrupción y de lesa humanidad) debe mantenerse. Esta situación puede verse reflejado en los modelos estudiados donde los signos de pobreza son diferentes en ambos candidatos, lo que refuerza el público a los cuales se dirigen los candidatos. De la Puente (citado por Paúl, 2021) también refuerza esta idea, ya que menciona que Keiko Fujimori alude a que la constitución y el modelo económico ha traído bienestar (lo que puede observarse con cifras de reducción de pobreza a nivel macro) y, por tanto, debe permanecer. Si bien la imagen de Keiko Fujimori, que profesa cierto autoritarismo y problemas de corrupción (tiene investigaciones pendientes sobre corrupción y lavado de activos), también manifiesta para el votante cierto riesgo, pero por mantener la lógica del mercado es capaz de dejar de lado esta disyuntiva. En el tema económico, es notorio observar que la variable desempleo no es significativa en ningún modelo, al igual que la variable de ingresos. Si bien estas variables han tenido repercusión en el Perú en el periodo electoral y en la pandemia de la Covid-19, no presentan resonancia en estos modelos; y más bien puede ser que la variable de la pobreza los esté condensando, y lo que es sensible en los modelos es la consecuencia final, ya que una merma en los ingresos y el desempleo contribuyen a que la población se encuentre en pobreza. La visita proselitista cobra sentido también cuando se realiza donde existen ciertas bases, pero solo en el caso de Keiko Fujimori conjuntamente con la variable congresistas elegidos por la Región visitada. Este soporte que es señalado como importante por Annunziata (2018) manifiesta el juego político de apoyo cuando se realiza la visita y nos habla de simpatías políticas “un poco más sólidas” por dicha candidata; no hay que olvidar, allí, que la candidata Fujimori, ha tenido participación en las tres últimas elecciones presidenciales, y su partido político ha tenido presencia a nivel nacional. Si bien puede haber diferencias en el tema económico y político, en donde hay similitudes es en el campo social, no obstante, estas variables no han sido evaluadas en estos modelos, pero podrían ayudar también a explicar por qué estos dos candidatos obtuvieron las preferencias electorales. Ambos candidatos se muestran conservadores, como indica Meléndez (citado por Paúl, 2021), al referirse al candidato Castillo “puede ser revolucionario en lo económico pero muy conservador en lo social”, añade Ames (citado por Paúl, 2021) al referirse a ambos candidatos que expresan “un extremo conservadurismo muy cercanos a grupos religiosos”. Por tanto, no es de esperar que las políticas de enfoque de género sean su prioridad, y que temas como el matrimonio igualitario o aborto tampoco sean contempladas. Más aún, existe la creencia de que la contemplación de ciertos temas como los valores y normas deben ser impartidos desde el hogar, y no como una política sectorial, por tanto, como añade Meléndez (citado por Paúl, 2021), “hay que resguardar los valores tradicionales de la familia”. En ambos candidatos, este refuerzo de lo tradicional, apela y tiene sustento porque, el país sigue teniendo en su gran mayoría posturas conservadores sobre el rol de la familia. Para Zavaleta (citado por Luna et al, 2021), al referirse a temas como el enfoque de género y derechos civiles, es aún más severo al afirmar que “las urnas han sido claras, no es un tema prioritario para la mayoría de peruanos”, configurándose un Congreso conservador. 58 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Visita proselitista y probabilidad de voto provincial en elecciones peruanas 2021 5.- CONCLUSIONES La visita del candidato o candidata si procura configurar que se obtengan más votos a nivel provincial, pero se observa diferente composición según el candidato o candidata analizada. Si bien los niveles de los R2 de Nagelkerke no son muy altos si manifiestan esta propensión, la cual se remarca en mayor medida en la candidata Keiko Fujimori, que en el candidato Pedro Castillo. La visita como actividad proselitista si configura un modelo cuya probabilidad de obtener la mayor cantidad de votos es plausible, pero solo para la candidata Keiko Fujimori, más no para el candidato Pedro Castillo. No obstante, cuando se conjuga la visita proselitista con las variables políticas, socioeconómicas y sociodemográficas, la visita cobra un rol de importancia, pero con diferente matiz según el candidato o candidata. En el caso del candidato Pedro Castillo, la visita proselitista solo manifiesta un modelo significativo conjuntamente con las variables sociodemográficas, por tanto, que la provincia sea preferentemente rural, y que se localice en la Sierra Norte y Sierra Sur, posibilita que dicho candidato obtenga la mayor cantidad de votos, es decir, ganar las elecciones en dicha circunscripción electoral. En el caso de la candidata Keiko Fujimori, la visita proselitista manifiesta modelos logísticos significativos, conjuntamente con las variables políticas y socioeconómicas. En el modelo con las variables políticas, la visita proselitista cuando se conjuga con la presencia de congresistas elegidos en el periodo complementario coadyuva que pueda ganar las elecciones a nivel de la circunscripción provincial, lo que manifiesta la importancia del soporte partidario local. En el modelo de las variables socioeconómicas, la pobreza conjuntamente con la visita resulta un modelo significativo, por tanto, en las provincias que se visita habrá mayor probabilidad que gane las elecciones mientras exista menor pobreza en ella. En estos dos modelos, el nivel del R2 de Nagelkerke es mayor que solo contemplar la visita por sí sola. En los modelos se han contemplado otras variables que no han resultado significativas e incluso la visita proselitista. En el caso del candidato Castillo, el modelo de la visita con las variables políticas no es significativo, por tanto, no augura tener afiliados, la presencia de congresistas o que el alcalde provincial sea del mismo partido para obtener una ganancia de votos. En el caso del modelo con las variables socioeconómicas, el modelo si es significativo, y en ella, solo la variable de la pobreza, más no la variable de la visita proselitista; por tanto, las condiciones de pobreza de una provincia coadyuvan a que se vote por el candidato Pedro Castillo, y a medida que la pobreza sea mayor este incentivo de votar por dicho candidato será mayor. En el caso de la candidata Keiko Fujimori, en el modelo con las variables sociodemográficas, se observa que la condición de residir en la Costa Norte coadyuva en sí mismo votar por dicha candidata, más allá de la visita proselitista, ya que no resulta significativa esta variable. REFERENCIAS Anduiza, E., Cantjoch, M., Gallego, A. y Salcedo J. (2010). Internet y participación política en España. Opiniones y Actitudes 63. http://www.cis.es/cis/export/sites/default/Archivos/Publicaciones/OyA/OyA63e.pdf Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 59 �Cohaila Ramos, E. Aparicio, Javier. ¿Entidades pivotales? Elecciones en México, economía política y métodos cuantitativos. Disponible en http://www.javieraparicio.net/ Annunziata, R. (2018). Si viene, yo lo voto: la proximidad en timbreos y visitas de Mauricio Macri durante la campaña electoral y su primer año de gobierno (2015-2016). Austral Comunicación, 7 (1), 57-90. Annunziata, R. (2011). Proximidad, representación y participación. El presupuesto participativo en Argentina. Iconos, revista de ciencias sociales, 40, 57-70. DOI: https://doi.org/10.17141/iconos.40.2011.446 Banco Mundial (2023). El bajo costo de cerrar la brecha digital en América Latina Disponible en https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2022/01/11/cerrar-brecha-digital-america-latina Banco Mundial (2020) Indice de Gini https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2020&locations=PE&start=1997 &view=chart Beck, P.; Dalton, R.; Haynes, A. y Huckfeldt, R.. (1997). Presidential Campaigning at the Grass Roots. The Journal of Politics, 1997, vol. 59 (4): 1264-1275 Carsey, T. (2001). Campaign Dynamics, The Race for Governor, Ann Arbor, University of Michigan Press. CEPAL (2021). Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe ▪ 2020. Documento anual de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago, disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46501/25/BP2020_Peru_es.pdf [consulta:20-1-2023] CEPLAN (2021). Observatorio de Empleo, disponible en https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/t32 [consulta: 10-1-2023] Chadwick, A. (2013). The hybrid media system: Politics and power. Oxford University Press. Chen, J. Lanhee y Reeves, Andrew (2011). Turning out the Base or Appealing to the Periphery? An Analysis of County-Level Candidate Appearances in the 2008 Presidential Campaign. American Political Research, 2011, vol. 39 (3): 534-556. Disponible http://dx.doi.org/10.1177/1532673X10385286 El Comercio (2021). Sección Especiales. Intención de voto presidencial y congresal, disponible en https://especiales.elcomercio.pe/?q=especiales/elecciones-2021-encuestas-ipsos-partidospoliticos-congreso-presidencia-tu-decides-nndd-ecvisual-ecpm/index.html [consulta: 20-112022] Dargemt, E. y S. Rousseau (2020). Perú 2020 ¿el quiebre de la continuidad? Revista de Ciencia Política, 41(2), 377-400 Encinas, D. y A. Fuentes (2022). La geografía política de las elecciones presidenciales de 2021 en Perú. Revista Elecciones, 20(22), 231-282. Enriquez, M. y J. Gómez. Narrativas transmedia y proximidad política en la campaña electoral de Jorge Yunda Machado, Alcaldía de Quito 2019. Fonseca, journal of communication, 22, 39-52. Enriquez, M. (2020), Estrategias de campaña electoral centradas en las características personales del candidato: la imagen de proximidad en el caso Jorge Yunda Machado. Marco: revista de marketing y comunicación política, 6, 49-70. Francke (2023) desigualdad y democracia. IDEHPUCP, disponible en https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis1/desigualdad-y-democracia/ [consulta :15-4-2023] Fowks, J. (12 abril de 2021). La conservadora Keiko Fujimori disputará contra el maestro radical Pedro Castillo la presidencia de Perú. El País, disponible en https://elpais.com/internacional/2021-0460 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Visita proselitista y probabilidad de voto provincial en elecciones peruanas 2021 13/la-conservadora-keiko-fujimori-disputara-con-el-maestro-radical-pedro-castillo-lapresidencia-de-peru.html [consulta:17-1-2023] García, V., D´adamo, O. Slavinsky, G (2007). Comunicación Política y Campañas Electorales. Estrategias en Elecciones Presidenciales. Barcelona. GEDISA. Hernandez, S. (2025), El impacto del marketing electoral y los medios de comunicación en las actitudes y participación política en el estado de Nuevo León. Tesis para optar grado de Doctor en Ciencias Políticas, UANL Herr P. (2002). The Impact of Campaign Appearances in the 1996 Election, The Journal of Politics, 64 (3), 904–912 Holbrook, T. M. y McClurg, S. D. (2005) The Mobilization of Core Supporters: Campaigns, Turnout, and Electoral Composition in United States Presidential Elections. American Journal of Political Science, 2005, vol. 49 (4): 689-703. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-5907.2005.00149.x INEI (2021). Niveles de pobreza. https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/nota-de-prensano-072-2022-inei.pdf [consulta:19-1-2023] INEI (2021). Informe técnico Comportamiento de los indicadores de mercado laboral a nivel nacional, disponible en https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis1/desigualdad-y-democracia/ [consulta:1512-2022] IPSOS (2021) Intención de voto, disponible en. https://www.ipsos.com/es-pe/news-andevents/overview?page=16 [consulta:19-11-2022] King, D. y D. Morehouse (2004), Moving Voters in the 2000 Presidential Campaign: Local Visits, Local Media, Harvard University, John F. Kennedy School of Government. Langston, J. y A. Benton (2009). A ras del suelo: apariciones de candidatos y eventos en la campaña presidencial de México. Política y Gobierno, 16(2), 135-176. La República, Sección Política (02 Agosto 2020). Honrado, valiente, demócrata… cualidades del candidato ideal, disponible en https://larepublica.pe/politica/2020/08/02/elecciones-2021honrado-valiente-democrata-cualidades-del-candidato-ideal/ [consulta:21-11-2022] Luna, N, Zapata, R y G. Santos (12 abril de 2021). El grito de las regiones: desigualdad e insatisfacción se imponen en las urnas. Ojo Público, disponible en https://ojo-publico.com/2622/el-grito-delas-regiones-insatisfaccion-gana-en-las-urnas[consulta:12-11-2022] McClurg, S. D. y Holbrook, T. M. (2009). Living in a Battleground: Presidential Campaigns and Fundamental Predictors of Vote Choice. Political Research Quarterly, 2009, vol. 62 (3): 495-506. http://dx.doi.org/10.1177/1065912908319575 Meléndez, C. (2019). El mal menor: vínculos políticos en el Perú posterior al colapso de los partidos. Lima: IEP. Meléndez, C. y C. León. (2010). Perú 2008. El Juego de Ajedrez de la Gobernabilidad en Partidas Simultáneas. Revista de Ciencia Política, 29(2), 591-609. ONPE (2021). Resultados generales elecciones 2021. https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/EG2021/ResumenGeneral/10/T [consulta:11-6-2022] Palma, E. y G. Morales (2014). La geografía de las campañas presidenciales en México en 2012 América Latina Hoy, vol. 67, 191-209. Paúl, F. (06 de junio 2021). BBC Mundo. Elecciones en Perú: 3 diferencias y 2 similitudes entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, los candidatos que luchan por la presidencia, disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57242721 [consulta:19-12-2022]. Redacción BBC Mundo (13 de abril 2021). Quién es Pedro Castillo, el maestro de escuela y líder sindical de izquierda que competirá por la presidencia de Perú, disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56732879 [consulta:18-12-2022]. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 61 �Cohaila Ramos, E. Redacción La Mula (04 Abril 2021). Mendoza es la candidata con mejor desempeño en medios, pero una de las menos entrevistada en televisión, disponible en https://redaccion.lamula.pe/2021/04/04/elecciones-peru-veronika-mendoza-el-comercio-ipsosdesempeno-medios-entrevistas-television/redaccionmulera/ [consulta:15-12-2022]. Rosanvallon, P. (2008). La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité. Paris, Seuil. Shea, D. y M. Burton (2001), Campaign Craft: The Strategies, Tactics, and Art of Political Campaign Management, Westport, Praeger Press. Sulmont, D. (2017). Voto ideológico, Estatismo Económico y “Mano Dura” como factores asociados al voto en las elecciones presidenciales peruanas del 2016. Ponencia presentada al 9no Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política – Montevideo 2017. http://www.congresoalacip2017.org/arquivo/downloadpublic2?q=YToyOntzOjY6InBhcmFtcyI 7czozNToiYToxOntzOjEwOiJJRF9BUlFVSVZPIjtzOjQ6IjIxMzYiO30iO3M6MToiaCI7czoz MjoiZDQyMDQ1MDg5YmMyMWNjNjFlN2VjZTEyYzU3YzkxNTEiO30%3D[consulta:223-2022]. Tanaka, M. (2005). Democracia sin partidos, Perú 2000-2005. Lima, IEP. Vásconez, G., Barrigas, J., Carpio, A. (2024). Propaganda tradicional y digital en campaña electoral de los candidatos a alcaldes de Riobamba 2023. Revista Multidisciplinaria Voces de América y el Caribe. 1 (2), 173-200. Vergara, A. y D. Encinas (2016). Continuity by Surprise. Explaining Institutional Stability in Contemporary Peru. Latin American Research Review, 51(1), 159-180. Zavaleta, M. (2014). Coaliciones de Independientes. Las Reglas No Escritas de la Política Electoral. Lima, IEP. 62 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ Mujeres indígenas y participación ciudadana: consulta del Plan Estatal de Desarrollo 2022 de Nuevo León1 Indigenous women and citizen participation: consultation on the State Development Plan 2022 of Nuevo Leon Adriana Hernández Sánchez2, Víctor Néstor Aguirre Sotelo3, Kate del Rosario Rodríguez Alejandro4 RESUMEN En el presente estudio se analizan los retos que enfrentaron las mujeres indígenas en el ejercicio de su participación ciudadana durante la Consulta Previa del Plan Estatal de Desarrollo, llevada a cabo por el Gobierno del Estado de Nuevo León en el año 2022. A través de un enfoque cualitativo, y usando como herramienta analítica la perspectiva de género e interseccional, se realizaron entrevistas semiestandarizadas a mujeres indígenas y una funcionaria pública. Así mismo, se solicitó información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría Técnica de Gobierno del Estado de Nuevo León (dependencia encargada de vigilar el proceso de creación del Plan). Los resultados de la investigación demostraron que los retos que enfrentaron las mujeres indígenas en el ejercicio de su participación ciudadana fueron: falta de acceso a la información en lenguas indígenas; falta de intérpretes; discriminación por género, etnia, raza, usos y costumbres; falta de voluntad política; y vulneración de su derecho a ser consultadas de manera previa, libre e informada, con procedimientos apropiados y de buena fe. Se concluye que las mujeres indígenas pasaron por muchos retos que dificultaron en gran medida su participación ciudadana en la consulta del Plan Estatal de Desarrollo 2022. Keywords: Consulta Previa Libre e informada; interseccionalidad; mujeres indígenas; participación ciudadana; Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nuevo León. RESUMEN …………………………………… Fecha de recibido: 14/10/2023 Fecha de revisado: 16/09/2024 Fecha de aceptado: 30/01/2025 Fecha de publicación: 30/07/2025 Esta obra está bajo una licencia de Creativa Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional This study analyzes the challenges faced by indigenous women in exercising their citizen participation during the Prior Consultation of the State Development Plan carried out by the Government of the State of Nuevo Leon in 2022. Through a qualitative approach and using gender and intersectionality perspectives as an analytical tool, semi-structured interviews were conducted with Indigenous women and a public official. Additionally, information was requested through the National Transparency Platform (PNT), from the Secretaría Técnica de Gobierno of the State of Nuevo Leon (the agency responsible for overseeing the process of drafting the State Development Plan). The research findings revealed that the challenges faced by Indigenous women in exercising their citizen participation included lack of access to information in Indigenous languages; lack of interpreters; discrimination based on gender, ethnicity, race, and customs; lack of political will; and violations of their right to be consulted in a prior, free, and informed manner, with appropriate procedures and in good faith. It is concluded that Indigenous women went through many challenges that greatly hindered their citizen participation in the consultation of the 2022 State Development Plan. Palabras claves: citizen participation; free prior and informed Consultation; Indigenous women; intersectionality; State Development Plan of Nuevo Leon state. Cómo referenciar este artículo: Hernández Sánchez, A., Aguirre Sotelo, V., N. y Rodríguez Alejandro, K., R. (2025) Mujeres indígenas y participación ciudadana: consulta del Plan Estatal de Desarrollo 2022 de Nuevo León. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 11(22), 63-79. https://doi.org/10.29105/rpgyc11.22-296 1 Este artículo es producto del proyecto Reconocimiento gubernamental de los pueblos indígenas en Nuevo León. Estudio comparativo del reconocimiento político-institucional a nivel estatal y municipal hacia la población indígena 2015-2022, iniciado y finalizado en 2022 2 Licenciada en Relaciones Internacionales. Estudiante de la doble maestría en Women’s and Gender Studies y Public Affairs en The University of Texas at Austin y la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. ORCID: 0009-0003-5097-687X; E-mail: adrianahdezsnch@gmail.com 3 Doctor en Filosofía con Acentuación en Ciencia Política. Profesor, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI-Nivel I, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, ORCID: 0000-0003-0469-2414; E-mail: victor.aguirrest@uanl.edu.mx 4 Maestra en Investigación en Ciencias Sociales y Especialización en Estudios políticos, Universidad de Buenos Aires, Argentina, ORCID: 0000-00031599-9198; E-mail: kate.rdz99@gmail.com. 64 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 1.- INTRODUCCIÓN Nuevo León, Estado de la República Mexicana con una cifra superior a los 5 millones de habitantes, cuenta con 430 mil personas indígenas, siendo 369 mil personas que se auto denominan personas indígenas, de las cuales, más de 179 mil son mujeres (Instituto Nacional de Estadística y Geografía; INEGI, 2020). Los municipios de Nuevo León que tienen el porcentaje más grande de población indígena son: Salinas Victoria, García, Pesquería, Cadereyta Jiménez, Valecillo, General Zuazua, General Escobedo, Ciénega de Flores, Juárez, y El Carmen (INEGI, 2020). Las lenguas indígenas que imperan en el Estado son: náhuatl (58.4%), huasteco (19.2%), y zapoteco (3.6%) (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016). Las mujeres indígenas en Nuevo León migran principalmente al Área Metropolitana de Monterrey (AMM) debido a que en su comunidad hay pobreza, violencia y escasas oportunidades laborales (Ávila y Jáuregui, 2019). Sin embargo, al llegar al AMM, no son tomadas en cuenta por parte de las instituciones de gobierno para la elaboración de políticas públicas (Durin, 2003 citado en Durin et al., 2007). Un ejemplo de política pública es el Plan Estatal de Desarrollo (de ahora en adelante PED), el cual es un documento que contempla una serie de acciones, estrategias y propuestas, que con base a objetivos, indicadores, metas y resultados esperados, busca poder resolver los problemas que se presentan en el Estado y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. La participación ciudadana de las mujeres indígenas en Nuevo León ha sido de suma importancia debido a sus intervenciones a través de colectivas y organizaciones de la sociedad civil para incidir en la toma de decisiones gubernamentales. Sin embargo, a lo largo del camino se han encontrado con retos que limitan el pleno ejercicio de sus derechos, como lo es el derecho a ser consultadas de manera previa, libre e informada en las decisiones legislativas o administrativas que puedan afectarles de manera directa. Derecho que se encuentra contemplado en legislaciones locales, nacionales e internacionales, como se verá más adelante. Por lo que el presente artículo tiene como objetivo examinar los retos enfrentados por las mujeres indígenas en el ejercicio de su participación ciudadana durante la Consulta Previa del PED llevada a cabo por el Gobierno del Estado de Nuevo León en el año 2022. El estudio está compuesto por cuatro secciones; la primera expone conocimientos teóricos sobre: 1. Participación ciudadana de las mujeres indígenas; 2. Aspectos socioculturales, económicos, y políticos que enfrentan las mujeres indígenas; y, 3. Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI). En la segunda sección se presenta la metodología implementada, el objetivo del estudio y la pregunta de investigación. En la sección tercera se analizan los datos y resultados obtenidos; y, por último, en la sección cuarta se desarrollan las conclusiones del estudio. 65 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Hernández Sánchez, A., Aguirre Sotelo, V., N. y Rodríguez Alejandro, K., R. 2.- FUNDAMENTO TEÓRICO Participación ciudadana de las mujeres indígenas Definir el concepto de participación ciudadana resulta importante para comprender el estudio de la presente investigación. Los autores Guillen et al. (2009) mencionan que el término de participación ciudadana se utiliza para ilustrar cómo desde la colectividad o individualidad las personas inciden en las distintas fases de toma de decisiones, consultas, propuestas y actividades del Estado en donde se encuentra involucrada la ciudadanía. El surgimiento de la participación ciudadana de las mujeres indígenas en lo público ha permitido romper con estereotipos de género y culturales que las ha visualizado todo el tiempo en el espacio privado como es el hogar, sin tener la posibilidad de estudiar, trabajar y sobre todo participar en política. Estos avances se deben a años de luchas y resistencias que día a día las mujeres indígenas han enfrentado (Valladares de la Cruz, 2004). En Nuevo León, las mujeres indígenas se han organizado por medio de colectivas y asociaciones civiles para apoyarse mutuamente, informarse y demandar el respeto de sus derechos humanos debido a la discriminación que sufren a su llegada al AMM (Martínez, 2022). Algunas de estas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y colectivas lideradas por mujeres indígenas en Nuevo León son: Red Intercultural de Apoyo e Inclusión de Personas Indígenas en Nuevo León A. C (RedMin), Zihuakali Casa de las Mujeres Indígenas A.C, Colectiva Mujeres indígenas Nuevo León, entre otras. Estas ONG se han encargado de brindar capacitaciones a mujeres indígenas sobre sus derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, y su participación política. Así como capacitaciones a servidores públicos del Estado para sensibilizar sobre una adecuada atención con perspectiva étnica y de género a las poblaciones indígenas de Nuevo León. Por muchos años en el ámbito político se ha priorizado la participación de grupos y organizaciones conformados por hombres, ignorando las necesidades de las mujeres indígenas (Ulloa, 2020). La conformación de colectivas y ONGs de mujeres indígenas en Nuevo León ha permitido que se conviertan en portavoz de sus demandas y que se posicione en la agenda pública el pleno ejercicio de sus derechos humanos e indígenas. En este sentido, se requiere también un replanteamiento en los procesos de las instituciones donde se incluya una perspectiva étnica y de género (Ulloa, 2007). Además, se necesitan políticas públicas que promuevan la participación de las mujeres en la política y en la formulación de las políticas. Para ello, como menciona García-Gualda (2023), es necesario considerar a la ciudadanía desde una perspectiva multidimensional, abarcando aspectos sociales, políticos, económicos y culturales. Incluyendo las diversas identidades, características, y contextos de las mujeres indígenas (Artía, 2003). 66 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Mujeres indígenas y participación ciudadana: consulta del Plan Estatal de Desarrollo 2022 de Nuevo León Aspectos socioculturales, económicos, y políticos que enfrentan las mujeres indígenas Para poder comprender los aspectos que enfrentan las mujeres indígenas en Nuevo León y en nuestro país es necesario definir el concepto de interseccionalidad, el cual, es utilizado por primera vez por la autora Kimberle Crenshaw (1989, 1991), para referirse a la interrelación que existe entre las distintas identidades de las mujeres cómo el género, la clase y la raza, que generan múltiples opresiones y discriminaciones de manera simultánea hacia ellas. Este concepto nos ayudará a comprender las diferentes opresiones y discriminaciones que experimentan las mujeres indígenas por su género, clase social, etnia, lengua, condición migratoria, entre otras dependiendo de sus contextos. Dentro de los aspectos socioculturales que enfrentan las mujeres indígenas, además de las discriminaciones y opresiones que experimentan diariamente, se encuentran los estereotipos de género. Los cuales les dicen que, por ser más sensibles, maternales, y dependientes deben permanecer en casa al cuidado del hogar y de la familia, sin acceso a una educación de calidad, trabajo con remuneración económica, y mucho menos a participar en asuntos públicos y políticos. Estos estereotipos generan que las mujeres indígenas se mantengan alejadas del acceso a la información, y de ejercer su participación ciudadana, excluyéndolas del conocimiento de sus derechos, y de incidir en la vida pública (Massolo, 2007). De manera similar, la asignación de roles de género hacia las mujeres indígenas en el hogar, el trabajo, y/o escuela genera para ellas dobles y triples jornadas laborales. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (2024), el 99% de las mujeres indígenas a nivel nacional llevan a cabo labores domésticas cómo: la limpieza del hogar, preparación de bebidas y alimentos, lavado de ropa, entre otras; invirtiendo más de 35 horas a la semana. Así mismo, dedican más de 20 horas semanales en el cuidado de sus familiares, lo cual genera que se encuentren en una situación de desventaja y desigualdad frente al resto de la población. Además de las jornadas laborales en el hogar, trabajo y/o escuela, las mujeres indígenas realizan una cuarta jornada laboral, al incidir en el ámbito político a través del ejercicio de su participación ciudadana para exigir que se respeten sus derechos y sean tomadas en cuenta en la toma de decisiones del gobierno. En cuanto al aspecto político, si bien existen avances legislativos que reconocen el derecho a la población indígena de ser consultada de manera previa, libre e informada en las acciones que realice el Estado, aún falta la existencia de mecanismos adecuados que garanticen que las mujeres indígenas puedan ejercer este derecho en los espacios políticos (Pérez, 2018). Así mismo aún faltan instituciones que puedan procurar el respeto de los derechos de las mujeres indígenas (Ulloa, 2007), tomando en cuenta las metodologías, practicas cotidianas y acciones políticas que realizan las mujeres indígenas para incidir en la política, y dar visibilidad a sus demandas, voces, y conocimientos (Ulloa, 2020). Por último, en el aspecto económico, las mujeres indígenas afrontan desigualdad salarial, ya que perciben 20% menos de lo que ganan los hombres indígenas, desempeñándose generalmente cómo trabajadoras del hogar o en actividades informales cómo vendedoras ambulantes. Al tener múltiples jornadas labores, contar con tiempo muy limitado, horarios no flexibles en sus trabajos, percibir menos salario, y en alguno de los casos, no contar con un trabajo fijo, genera que las mujeres indígenas se encuentren en una situación de desigualdad y desventaja para poder ejercer plenamente su participación ciudadana e incidir en la esfera pública y política. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 67 �Hernández Sánchez, A., Aguirre Sotelo, V., N. y Rodríguez Alejandro, K., R. Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada A nivel internacional, se establece en el artículo 6 del Convenio Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989, y el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las personas indígenas tienen derecho a ser consultadas de manera previa, libre e informada sobre las disposiciones en materia legislativa o administrativa del gobierno, que les pueda afectar de manera directa o no. Dichas consultas se deben llevar a cabo de buena fe, a través de mecanismos adecuados para su participación, y con el objetivo de que se pueda establecer un acuerdo sobre las medidas planteadas (Organización Internacional del Trabajo, 2014). Al respecto, la Corte Interamericana a través de sus sentencias ha determinado características específicas y estándares que debe incluir el proceso de la consulta, en las cuales destaca: la proporción de información adecuada, procedimientos culturalmente apropiados, una comunicación continua entre las partes, que se realice durante etapas tempranas de elaboración, y se proporcione un tiempo razonable para que la población indígena pueda dar su consentimiento (Inter-American Court of Human Rights, 2007). Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el Estado es el responsable de que el proceso de la consulta se aplique correctamente, y de demostrar que la consulta fue garantizada de manera justa hacia la población indígena (Inter-American Court of Human Rights, 2012). A nivel nacional, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, artículo 2, apartado A y B, se reconocen los derechos de la población indígena en México, el respeto a su autonomía, y el derecho a ser consultadas en la creación de los planes de desarrollo locales y nacionales (Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 1917). Para llevar a cabo los procesos de consulta previa, libre e informada, es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígena (INPI), el órgano técnico encargado de establecer las bases y procedimientos metodológicos para que se pueda llevar a cabo la consulta (Cámara De Diputados Del Honorable Congreso De La Unión, 2018). Por último, a nivel local, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León de 1917, reconoce en el artículo 38 la presencia de la población indígena y el respeto a sus derechos humanos (Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, 1917). Y desde el 2012 Nuevo León cuenta con la Ley de los Derechos de las Personas Indígenas (ahora titulada Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas en el Estado de Nuevo León). La cual fue reformada en 2020 en el capítulo VII De la consulta, artículo 28, que habla del derecho de las personas indígenas y afromexicanas a ser consultadas de buena fe y con procedimientos adecuados al elaborar el Plan Estatal y Municipal de Desarrollo, y sobre las acciones que les puedan afectar de manera positiva o negativamente a sus derechos (Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, 2012). No obstante, esta reforma no fue previamente consultada con la población indígena y afromexicana de Nuevo León. Por lo que, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) impulsó una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se le dio un año al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León para que subsanara dicha omisión (Farías, 2022). Al preguntarle al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León (2023), a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), si se realizó dicha consulta, la respuesta obtenida fue “este 68 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Mujeres indígenas y participación ciudadana: consulta del Plan Estatal de Desarrollo 2022 de Nuevo León H. Congreso del Estado NO ha realizado ninguna consulta a la población indígena sobre las reformas vertidas en el año 2020”. Agregando que el 15 de junio del 2023 se realizó una mesa de trabajo por parte de la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas para “... analizar la Convocatoria que será publicada para la realización de la Consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas que viven en Nuevo León…” con relación a la Acción de Inconstitucionalidad que emitió la SCJN a la Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas en el Estado de Nuevo León. De manera similar, la población indígena no fue consultada para la reforma al artículo 144 bis 1 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, en la cual se establecía el deber de los partidos políticos y coaliciones para proponer a personas que se auto adscribieran indígenas a candidaturas de diputaciones. Al respecto la SCJN declaró la invalidez de dicho artículo y ordenó al Congreso de Nuevo León a realizar la consulta a la población indígena. Esta consulta tuvo lugar del 11 al 13 de mayo de 2023 en el salón bicentenario de la Independencia del H. Congreso del Estado. Aún y cuando ha habido avances legislativos sobre el derecho a la CPLI de la población indígena, en la práctica, no se lleva a cabo. Al respecto Tomaselli y Wright (2019), comentan que la falta de reconocimiento legal y aplicación administrativa de la consulta en Latino América se debe a una brecha o falta de implementación (término utilizado por primera vez por el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen). Lo cual vulnera el derecho de la población indígena de ser consultada en las acciones que tome el Estado de Nuevo León y sus municipios. Por ello, resulta importante conocer las opiniones de mujeres indígenas que han participado activamente para ser tomadas en cuenta en las decisiones gubernamentales, y que participaron en el proceso de la consulta del PED en Nuevo León. 3.- MÉTODO Diseño El objetivo general del presente artículo es analizar los retos que enfrentaron las mujeres indígenas al ejercer su participación ciudadana en la Consulta Previa del PED llevada a cabo por el Gobierno de Nuevo León en el 2022. Por tal motivo, la pregunta de investigación que se establece es: ¿Cuáles fueron los retos que enfrentaron las mujeres indígenas en el ejercicio de la participación ciudadana dentro del marco de la Consulta Previa implementada por el Gobierno de Nuevo León para la elaboración del PED en 2022? El presente estudio se desarrolla desde los principios de transparencia, respeto, e integridad, en donde se busca priorizar el consentimiento y confidencialidad de las participantes, hacer uso de mecanismos de transparencia para solicitar información al gobierno, y presentar de manera honesta e integra los resultados obtenidos por ambas partes. La investigación se realiza a través de un análisis cualitativo de documentos, entrevistas semiestandarizadas, y solicitudes de información, usando como herramienta analítica la perspectiva de género e interseccional. Que de acuerdo con Symington (2004), esta última “es una herramienta analítica Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 69 �Hernández Sánchez, A., Aguirre Sotelo, V., N. y Rodríguez Alejandro, K., R. para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio” (p.1). Participantes El perfil de las entrevistadas son mujeres indígenas que participaron o tienen conocimiento sobre la consulta del PED de Nuevo León 2022-2027. Así mismo, una funcionaria pública mujer indígena, y una funcionaria pública mujer no indígena que tuvieron relación o conocimiento de la consulta. Por cuestiones de confidencialidad no se harán públicos sus nombres. Presentándose de la siguiente manera: • • • • Participante 1, mujer indígena, líder de la Red Intercultural de Apoyo e Inclusión de Personas Indígenas en Nuevo León A.C (RedMin). Entrevista realizada el 03 de diciembre de 2022. Participante 2, mujer indígena, líder de la Colectiva Mujeres Indígenas Nuevo León. Entrevista realizada el 26 de diciembre de 2022. Participante 3, mujer indígena, funcionaria pública, Regidora del Municipio General Escobedo. Entrevista realizada el 29 de noviembre de 2022. Participante 4, mujer no indígena, funcionaria pública, de la Secretaría de Participación Ciudadana. Entrevista realizada el 27 de abril de 2023. Instrumentos Se llevaron a cabo entrevistas semiestandarizadas, las cuales, nos permiten obtener respuestas sobre los conocimientos inmediatos que tiene la persona entrevistada sobre el tema a través de preguntas abiertas (Flick, 2007). Las entrevistas se realizaron tanto de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, como de manera presencial. Se aplicaron de manera individual, de acuerdo con la disponibilidad de las participantes, entre noviembre de 2022 a abril de 2023. También, se recolectó información secundaria como documentos gubernamentales y solicitudes de información en la PNT. Procedimientos Primero, se analizó el contenido del PED de Nuevo León 2022-2027, para indagar sobre la metodología implementada para realizar la consulta a la población indígena. Después, se solicitó información, a través de la PNT, a la Secretaría Técnica de Gobierno de Nuevo León (Secretaría, para futuras referencias en el artículo), para comprender las particularidades del proceso de la consulta a la población indígena en la elaboración del PED. Ya que, de acuerdo con la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, es la Secretaría Técnica de Gobierno de Nuevo León la encargada de ver todo el proceso de la consulta. Así mismo, en este proceso estuvo implicada la Secretaría de Participación Ciudadana. Posteriormente se realizaron entrevistas semiestandarizadas a mujeres indígenas y a una funcionaria pública no indígena del gobierno de Nuevo León. Teniendo como pauta conocer sobre el proceso de la consulta del PED desde que el Gobierno de Nuevo León convocó a la población indígena para participar, hasta que se llevó a cabo la misma. Las entrevistas fueron grabadas con su consentimiento, asegurando su confidencialidad, con el objetivo de transcribirlas para su análisis. El análisis se realizó con ayuda del software NVivo a través de nodos y cruces de información para poder seleccionar las categorías de análisis, y finalmente presentar los hallazgos. 70 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Mujeres indígenas y participación ciudadana: consulta del Plan Estatal de Desarrollo 2022 de Nuevo León Por medio de un modelo interpretativo, la recolección de datos se realizó con las siguientes categorías de análisis: 1) retos en la participación ciudadana; la cual hace referencia a cómo las identidades interseccionales se entrelazan e influyen en los retos que enfrentan las mujeres indígenas. 2) Proceso de la Consulta del PED 2022-2027; la cual consiste en el grado de participación de las mujeres indígenas en la consulta, de acuerdo con la percepción de las mujeres indígenas y el Gobierno de Nuevo León, en términos de si fue previa, libre e informada, de buena fe, y con procedimientos apropiados. 4.- RESULTADOS Retos en la participación ciudadana de las mujeres indígenas Las mujeres indígenas diariamente atraviesan distintos retos para ejercer libremente su participación ciudadana por ser mujeres e indígenas, en donde se entrelazan, además, sus distintas identidades interseccionales. Algunos de estos retos identificados es la lengua. Las mujeres indígenas mencionan que no hay difusión de la información en las distintas lenguas indígenas que existen en el Estado de Nuevo León, ni acceso a intérpretes: Hay muchas lenguas aquí en Nuevo León, y no en todas las lenguas hay intérpretes, o sí hay, muchas veces el Gobierno no quiere batallar y pues no quieren buscar. Y no hay ese presupuesto, no lo destinan. Por ejemplo, la fiscalía, que ellos les tienen un presupuesto, que digan: “pues si la persona necesita un intérprete pues cubrimos los gastos”, sin embargo, no es así, muchas veces se pide colaboración a las asociaciones civiles para que apoyen con las intérpretes. La información es muy importante que llegue a todas las comunidades indígenas y que la información no nada más sea en español, porque hay generaciones que no hablan el español (Participante 3, mujer indígena, 2022). Sin la información en las distintas lenguas indígenas que existen en el Estado, difícilmente las mujeres indígenas pueden ejercer sus derechos y, por ende, participar activamente en los asuntos gubernamentales que les afectan de manera directa. Otro de los retos encontrados es la constante discriminación de género, debido a los roles de género y estereotipos arraigados en la comunidad: Uno de los señores nos comentaba: ¿y dónde están los hombres de ustedes? ¿Por qué no participan? Y una señora le contesta: están trabajando, y yo les pregunto a ustedes ¿dónde están las mujeres de la comunidad de ustedes? que también participen aquí. Y ellos decían: no, nosotros decidimos, ellas no (Participante 3, mujer indígena, 2022). Esto nos habla de las limitantes que experimentaron las mujeres indígenas en sus localidades y en general en la sociedad, debido a que sus parejas les impiden participar activamente en las decisiones gubernamentales, alejándolas del espacio público, para mantenerlas en el espacio privado, cómo lo son sus hogares. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 71 �Hernández Sánchez, A., Aguirre Sotelo, V., N. y Rodríguez Alejandro, K., R. Se pudo identificar también, que la discriminación por su etnia, raza, usos y costumbres, son retos que desafían las mujeres indígenas a la hora de ejercer su participación ciudadana, lo cual nos habla de las diferentes opresiones que se entrelazan y las afectan de manera directa: Desde que entramos a cualquier organismo, a cualquier institución, ya somos identificadas, se puede decir, por el color de piel, por la estatura, por cómo hablas, por la ropa que traes, etc. Entonces desde ahí ya ellos nos están segregando y no nos tratan igual que el resto de la comunidad, que debería ser así, ¿no? Ser tratados todos por igual. Tendrían ellos que tener en realidad una capacitación previa porque no la tienen, desde el uso del lenguaje: “ay, es que esta está India”, “mírala como viene vestida”, “no, pues, ni siquiera habla español, pues ¿quién la va a entender?” Entonces no hay ni sensibilidad hacia el lenguaje ni hacia cómo dirigirnos a las otras personas (Participante 2, mujer indígena, 2022). Así mismo, el nivel de educación con el que muchas mujeres indígenas cuentan influye en su participación ciudadana, ya que les dificulta acceder a ciertos empleos remunerados y tener el recurso económico para poder desarrollarse: Cuando llegamos y nos insertamos aquí, algunos nichos donde podemos trabajar son muy restringidos porque recordemos que el 80% de la comunidad indígena pues no terminó su primaria ni secundaria, no tenemos una carrera académica, entonces eso nos dificulta insertarnos en la economía, por lo tanto, también tener un desarrollo social (Participante 2, mujer indígena, 2022). El dato proporcionado por la participante 2 sobre el nivel de escolaridad, fue verificado y confirmado con el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2020). Esta situación imposibilita a muchas mujeres indígenas a contar con una autonomía económica y poder participar activa y libremente en las decisiones del Estado. Finalmente, otro de los retos identificados es la falta de información sobre sus derechos políticos-electorales, y la falta de disposición política, que las limita a poder ejercer la participación política y ciudadana en el Estado: Hemos escuchado comentarios de nuestras compañeras que dicen: es que yo no puedo anotarme o yo no puedo participar porque no sé qué voy a decir, no conozco, no sé las preguntas que me van a hacer ahí. Entonces precisamente para nosotras es muy importante capacitarles, brindarles herramientas digitales, conocimientos sobre sus derechos para que puedan empezar a tomar decisiones y a participar también en este tipo de actividades o acciones que implementa la Comisión Estatal Electoral (Participante 1, mujer indígena, 2022). Generalmente son las ONGs o colectivas de mujeres indígenas las que proporcionan la información necesaria a las demás mujeres indígenas de Nuevo León para poder involucrarse en la política y en las decisiones del gobierno. 72 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Mujeres indígenas y participación ciudadana: consulta del Plan Estatal de Desarrollo 2022 de Nuevo León Proceso de la Consulta del PED de Nuevo León 2022-2027 Previa, libre e informada De acuerdo con las legislaciones locales, nacionales e internacionales, la consulta a las personas indígenas debe ser previa, libre e informada. Por ello, es preciso conocer si la consulta realizada a la población indígena para la creación del PED en Nuevo León fue de esa manera. Y a partir de ello, analizar si las mujeres indígenas se enfrentaron con algún reto al ejercer su participación ciudadana en la consulta. Debido a que en el documento oficial del PED no se menciona la manera de contactar a la población indígena para la consulta; cuantas personas participaron; en qué lugares se llevó a cabo; los horarios; y, cómo fue la dinámica durante la consulta. Se solicitó la información, por medio de la PNT, a la Secretaría (dependencia encargada de supervisar el desarrollo del PED). De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría, se contactó a la población indígena por medio de una “invitación general a través de redes sociales, así como por correo electrónico y de voz a voz a representantes de comunidades indígenas” (Secretaría Técnica de Gobierno del Estado de Nuevo León, 2023). Y, se llevó a cabo en el LABNL Lab Cultural Ciudadano; la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y en 3 centros comunitarios: Héctor Caballero; Fernando Amilpa; y Arboledas de los Naranjos. Sin embargo, realizar las invitaciones por medio de redes sociales y correo electrónico resulta un medio no adecuado y accesible para toda la población indígena, debido a que existe una brecha digital que afecta principalmente a hogares que cuentan con escasos recursos para contratar servicios de internet, y adquirir equipos electrónicos. Además, las mujeres indígenas manifiestan que no fue una CPLI debido a que no se publicó la convocatoria para la consulta y todo fue muy rápido: Incluyeron a 3 sedes donde hay congregación de población indígena, pero pues no se hizo conforme a lo que debe ser, no todos nos enteramos porque ni siquiera se publicó la consulta, no se publicó la convocatoria ni se especificó para que era, ni que iba a impactar. Entonces, la mayoría de la gente, pues ni siquiera sabía a qué iban, los poquitos que fueron, que no creo que hayan sido más de 100 (Participante 2, mujer indígena, 2022). Pues realmente lo hicieron como así muy rápido, no consideraron que sea importante que sea aviso previo, libre e informado, no tomaron en cuenta esa parte que corresponde a nuestros derechos como población indígena (Participante 1, mujer indígena, 2022). Así mismo, manifiestan que se les avisa un día antes y no consideran sus horarios, ya que realizan las consultas en horarios en los que ellas se encuentran trabajando y no pueden acudir porque viven al día: Lo hacen como para cubrir una agenda política y no lo hacen de manera previa, libre, e informada, para que nosotras también podamos contemplar nuestros horarios, porque al tener un trabajo informal pues obviamente es vivir como al día, y si te avisan “mañana hay una reunión” para Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 73 �Hernández Sánchez, A., Aguirre Sotelo, V., N. y Rodríguez Alejandro, K., R. tomar decisiones sobre una acción, pues obviamente tú tienes que trabajar para sacar tu día (Participante 1, mujer indígena, 2022). Las mujeres indígenas al contar con un trabajo informal debido a diversos factores como el nivel de educación, discriminación, la desigualdad salarial, entre otros, se enfrentan a situaciones de desventaja al querer participar activamente en los asuntos del gobierno, ya que dependen del sustento de ese trabajo para vivir. De buena fe y con procedimientos apropiados Otro de los elementos que debe tener una consulta hacía la población indígena es que sea de buena fe y con procedimientos apropiados para que se pueda establecer un acuerdo sobre las medidas planteadas. Al preguntarle a la Secretaría sobre la manera en la que se realizó la consulta, la respuesta obtenida fue que primero se explicó de manera general la actividad a realizar, después se expuso un panorama contextual de la población indígena de Nuevo León, y, por último, se llevó a cabo la “actividad participativa para la identificación de problemáticas en cada una de las temáticas” (Secretaría Técnica de Gobierno del Estado de Nuevo León, 2023). Sin dar detalle sobre en qué consistió dicha actividad. Al respecto, las mujeres indígenas comentan que la actividad se trató de un formulario ya preelaborado sobre necesidades que ellos establecen, en donde ellas deben de contestar colocando el nivel de importancia de cada una con base a los colores de un semáforo: Ellos ya tienen un formulario preelaborado. Y lo único que quieren que respondamos es: ¿qué es más importante? ¿qué es menos importante? Sí no hay opción, aquí tapón esto no va. Con un semáforo, el rojo significa, pues, que no importa, el verde, pues que es prioritario y el amarillo que podría ser o no. Pues no puedes identificar una necesidad por un color. Ellos crean sus necesidades para empatarlas con otros planes que ya tienen, por ejemplo, con adultos mayores, o sea, meternos como de relleno ahí (Participante 2, mujer indígena, 2022). Mencionando, además, que la consulta no se realizó conforme a la ley, y sus necesidades no fueron contempladas para la elaboración del PED: No fuimos consideradas, yo creo que, si lo hicieron, pero no lo hicieron como lo debieron hacer, como el deber ser, como marca la ley, no están contemplando realmente las necesidades que debieron de haber estado plasmadas dentro del PED para poder trabajar en eso. Entonces no puedo decir que nos hayan considerado porque no se hizo, a pesar de que abogamos, de que pedimos platicar y ver de qué manera llegar a un acuerdo y que sean contempladas las necesidades de la población indígena (Participante 1, mujer indígena, 2022). Respecto al número de personas indígenas que participaron en la consulta, que de acuerdo con la Secretaría fueron 103 mujeres y 50 hombres (Secretaría Técnica de Gobierno del Estado de Nuevo León, 2023), las mujeres indígenas consideran que no se consultó a la mayoría de la población indígena, ya que no consultaron a mínimo el 10% de la población indígena: 74 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Mujeres indígenas y participación ciudadana: consulta del Plan Estatal de Desarrollo 2022 de Nuevo León Una consulta real tendría que haber durado, por lo menos 2-3 meses. Porque si se supone que el censo del 2020 dice que somos 450,000, pues tendrían que haber consultado, por lo menos al 10%. Es lo que marca cualquier estadística para que pueda ser este sujeto para estudio y análisis, entonces pues eso implicaría que 45,000 hubiéramos aprobado esa parte del plan, y no fue así. Fue una simulación para cumplir con el requisito, y toda esa simulación surgió porque lo iban a hacer en un solo medio día, pero RedMin, puso una queja y se echó abajo ese ejercicio de un solo día (Participante 2, mujer indígena, 2022). Sobre la queja emitida por RedMin, la líder de esta organización comenta que se buscaba también un trabajo en conjunto con el gobierno, sin embargo, no obtuvieron respuesta: De hecho, ya hicimos una queja, mandamos un oficio, no lo respondieron, lamentablemente no sabemos cuál sea la causa, pero sí, nosotras pedimos platicar, obviamente de manera respetuosa, con el gobierno para ver cómo podemos trabajar en conjunto, realmente es lo que nos interesa, no lo hacemos con otras intenciones, sino para trabajar en equipo y que escuchen también las acciones que tenemos, complementar con las que ellos tengan (Participante 1, mujer indígena, 2022). Como se mencionaba en el apartado teórico, las ONGs y colectivas de mujeres indígenas de Nuevo León, trabajan diariamente para incrementar el bienestar de las demás mujeres indígenas y capacitarlas en temas políticos-electorales y de Derechos Humanos. Por ello, resulta importante para ellas trabajar en conjunto con el gobierno para replicar estas acciones y proponer nuevas con el apoyo del gobierno. Finalmente, al preguntarle a la Participante 4, mujer no indígena, funcionaria pública del Estado de Nuevo León (2023), sobre si la población indígena fue tomada en cuenta para la realización del PED, la respuesta obtenida fue: Sí, pero no de la manera ideal. O sea, hubo una dilación en atender este derecho. Y cuando se atendió, se atendió no de la mejor forma. O sea, hubo una intención de remediar una llegada muy tarde. Se integró a la política a ciertos programas, pero no de la manera correcta, o sea, plenamente ideal. Pudimos haberlo hecho mucho mejor. Lo cual coincide con lo dicho por las mujeres indígenas, ya que la consulta no se realizó de la manera adecuada. No se tomaron en cuenta las opiniones y voces de las mujeres indígenas en la elaboración del PED, no se proporcionó un margen de tiempo razonable para la consulta, ni se siguieron los procedimientos establecidos por las legislaciones locales, nacionales e internacionales, generando así distintas violaciones a su derecho a ser consultadas de manera previa, libre e informada. 5.- CONCLUSIONES El desarrollo del estudio permitió responder la pregunta de investigación, la cual consistía en conocer los retos que enfrentaron las mujeres indígenas en el ejercicio de la participación ciudadana en la Consulta Previa para la elaboración del PED 2022 implementada por el Gobierno de Nuevo León. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 75 �Hernández Sánchez, A., Aguirre Sotelo, V., N. y Rodríguez Alejandro, K., R. Se pudo constatar que las mujeres indígenas pasaron por muchos retos que dificultaron en gran medida su participación ciudadana en la consulta del PED. Por ejemplo, la ausencia de información en lenguas indígenas; la carencia de intérpretes; la discriminación por su género, etnia, raza, usos y costumbres; la deficiencia en la disposición política; y la vulneración de su derecho a una CPLI, con procedimientos apropiados y de buena fe. A pesar de todos estos retos derivados de las diferentes opresiones que enfrentan por sus identidades interseccionales, las mujeres indígenas han continuado luchando para que sus derechos sean respetados y participando activamente en las decisiones institucionales. A través de ONGs y colectivas, las mujeres indígenas ofrecen talleres y capacitaciones a más mujeres indígenas de Nuevo León para que conozcan sus derechos y adquieran las herramientas necesarias para participar y superarse día con día. La participación ciudadana de las mujeres indígenas constituye un elemento clave para la elaboración de políticas públicas, como lo es el PED. Ya que, para solucionar las problemáticas del Estado, sin dejar a nadie atrás, se requiere de una perspectiva étnica e interseccional a la hora de crear políticas públicas. No consultar a las mujeres indígenas no solo vulnera su derecho de ser consultadas de manera previa, libre e informada, sino que también las excluye de poder expresar sus necesidades y problemáticas, así como las ideas y propuestas que tengan para elevar su estándar de vida en el Estado. Se necesitan las voces de las mujeres indígenas para elaborar las políticas públicas, para que sean contempladas en cada una de las decisiones gubernamentales, y se respeten todos sus derechos. Así mismo, aunque este estudio es limitado debido al número de entrevistadas, esta investigación sirve para conocer a través de las mismas voces de las mujeres indígenas, sobre los retos que tienen que enfrentar para poder ejercer plenamente su participación ciudadana en las acciones y decisiones gubernamentales. Con el propósito de que las instituciones de gobierno garanticen todos sus derechos mediante políticas públicas que las incluya en su elaboración y para las futuras consultas a la población indígena. El presente estudio permite reconocer los alcances de los retos identificados que experimentaron las mujeres indígenas, para que, a través del gobierno con ayuda de la comunidad científica, las ONGs, y la población en general, se puedan reformular los mecanismos de participación ciudadana en Nuevo León para la población indígena. Además, se debe vigilar la correcta implementación de las leyes existentes para el respeto de los derechos de la población indígena, como el derecho a la consulta previa libre e informada, de buena fe y con procedimientos apropiados. Es imperativo que la administración pública tome en cuenta los derechos de la población indígena para no caer en opresiones, exclusiones y discriminaciones en la toma de decisiones del gobierno y la formulación de políticas públicas. Finalmente, este estudio da paso a futuras líneas de investigación en torno a las consultas pendientes por parte del Congreso de Nuevo León para conocer si se están garantizando los derechos de la población indígena, especialmente de las mujeres indígenas. 76 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Mujeres indígenas y participación ciudadana: consulta del Plan Estatal de Desarrollo 2022 de Nuevo León REFERENCIAS Artía, P. (2003). Diálogos interculturales: Testimonios de mujeres indígenas. Revista de Estudios de Género. La ventana, (18), 95-133. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88401806 Ávila, M., y J. Jáuregui (2019). La desigualdad de Género en el trabajo en mujeres migrantes indígenas en Nuevo León, México. Revista Latino-americana de Geografía e Género, 10(1), 43-65. http://eprints.uanl.mx/15645/1/12448-209209215678-1-PB.pdf Honorable Congreso del Estado de Nuevo León. (2023). Solicitud de información. Obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transperencia. https://transparencia.nl.gob.mx/ Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 5 de febrero [última reforma del 18 de noviembre de 2022]. Diario Oficial de la Federación, México, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf Honorable Congreso del Estado de Nuevo León (1917). Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. publicada el 16 de diciembre [última reforma del 08 de marzo de 2023]. Periódico Oficial del Estado, https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/CONSTITUCION%20POLITICA%20 DEL%20ESTADO%20LIBRE%20Y%20SOBERANO%20DE%20NUEVO%20LEON.pdf?20 23-03-%208 Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. University of Chicago Legal Forum: Vol. 1989, Article 8. https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8 Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. Stanford Law Review, 43(6), 1241–1299. https://doi.org/10.2307/1229039 Durin, S., Moreno, R., & Sheridan, C. (2007). Rostros desconocidos. Perfil sociodemográfico de las indígenas en Monterrey. Trayectorias, IX (23), 2942. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7634069 Farías, M. (2022). Participación política de personas indígenas en Nuevo León, antecedentes, avances y resultados. En Mendoza, J.F., Pérez, Z., Martínez, J., y Aguirre, V. N (Coords.), De la práctica que nos lleva a la teoría: el papel de las mujeres indígenas en las zonas metropolitanas de México (pp.47-61). Editorial Itaca. Flick, U. (2007). Introducción a la investigación cualitativa. Ediciones Morata. García-Gualda, S. (2023). Políticas públicas para la justicia de géneros e igualdad en Argentina. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 9(17),178-199. https://doi.org/10.29105/pgc9.17-08 Gobierno del Estado de Nuevo León. (2016). Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. https://www.nl.gob.mx/sites/default/files/30jun_pednl2016-2021.pdf Guillen, A., Sánez, K., Badii, M. H, y Castillo, J. (2009). Origen, espacio y niveles de participación ciudadana. Daena: International Journal of Good Conscience, 4(1), 179-193. ISSN 1870-557X Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). Presentación de Resultados. Nuevo León. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. https://inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_nl.pdf Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). Principales resultados del censo de Población y Vivienda 2020 Nuevo León. Censo de Población y Vivienda 2020. https://en.www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/prod uctos/nueva_estruc/702825198251.pdf Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 77 �Hernández Sánchez, A., Aguirre Sotelo, V., N. y Rodríguez Alejandro, K., R. Instituto Nacional de las Mujeres. (2024). Las mujeres indígenas y el trabajo no remunerado doméstico y de cuidado. Boletín Desigualdad en cifras. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BN12024.pdf Inter-American Court of Human Rights. (2007). Saramaka People v Suriname, Judgment of November 28, 2007 (Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs). Inter-Am. Ct. H.R., (Ser. C) No. 172(2007). Inter-American Court of Human Rights. (2012). Kichwa Indigenous People of Sarayaku v Ecuador, Judgment of June 27, 2012 (Merits and reparations). Inter-Am. Ct. H.R., (Ser. C) No. 245(2012). Honorable Congreso del Estado de Nuevo León (2012). Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas en el Estado de Nuevo León, publicada el 22 de junio (última reforma del 28 de octubre de 20229. Periódico Oficial del Estado. https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20DE%20LOS%20DERECHOS %20DE%20LAS%20PERSONAS%20INDIGENAS%20Y%20AFROMEXICANAS%20EN% 20EL%20ESTADO%20DE%20NUEVO%20LEON.pdf?2022-10-28 Cámara De Diputados Del Honorable Congreso De La Unión (2018). Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas publicada el 4 de diciembre (última reforma del 18 de mayo de 2022), Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LINPI.pdf Martínez, Z. C. (2022). La participación permitida: mujeres indígenas migrantes ante los esquemas de inclusión-exclusión ciudadana en el Estado de Nuevo León. En Mendoza, J. F., Pérez, Z., Martínez, J., y Aguirre, V. N. (Coords.), De la práctica que nos lleva a la teoría, el papel de las mujeres indígenas en las zonas metropolitanas de México (pp.213-234). Editorial Itaca. Massolo, A. (2007). Participación Política de las Mujeres en el ámbito local en América Latina. Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW). pp.81-84 Organización Internacional del Trabajo. (2014). Convenio Núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 1989. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/documents/publication/wcms_345065.pdf Pérez, L. (2018). Participación política de mujeres indígenas en tiempos de la Revolución Ciudadana. Alteridades, 28(55), 61-72. https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/alteridades/2018v28n55/Perez Secretaría Técnica de Gobierno del Estado de Nuevo León. (2023). Solicitud de información. Obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. https://www.nl.gob.mx/es/secretariatecnica-de-gobierno Symington, A. (2004). Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica. Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID). Boletín sobre derechos de las mujeres y cambio económico, No. 9, pp. 1-8. https://aca82c39-3cc6-4b79-a6611814ce3d87cd.filesusr.com/ugd/2247cc_9a2da3bd59bf44b4be926bc89858c546.pdf Tomaselli, A., & Wright, C. (2019). Introduction. The Prior Consultation of Indigenous Peoples in Latin America: Inside the Implementation Gap (pp. 1-10). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351042109-1 Ulloa, A. (2007). Introducción: Mujeres indígenas: dilemas de género y etnicidad en los escenarios latinoamericanos. En Donato, L. M; Escobar, E.M; Escobar, P; Pazmiño, A; y Ulloa, A (Eds). Mujeres indígenas, territorialidad y biodiversidad en el contexto latinoamericano (pp. 17-35). Universidad Nacional de Colombia-Fundación Natura de Colombia-Unión Mundial para la 78 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Mujeres indígenas y participación ciudadana: consulta del Plan Estatal de Desarrollo 2022 de Nuevo León Naturaleza-UNODC-Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Bogotá. http://documentoskoha.s3.amazonaws.com/8811.pdf#page=18 Ulloa, A. (Ed.). (2020). Mujeres indígenas haciendo, investigando y reescribiendo lo político en América Latina. (1st ed.). Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. https://doi.org/10.2307/j.ctv224tp39 Valladares de la Cruz, L. R. (2004). Mujeres ejemplares: indígenas en los espacios públicos. Alteridades, 14(28), 127-147. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 79 �Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ Libertad, derecho de expresión en su dimensión política y democracia: análisis teórico desde el enfoque psicosocial Freedom, the right to expression in its political dimension and democracy: theoretical analysis from a psychosocial perspective Luis Jara Pacheco1; Larissa Huitrón Medellín2; Dinorah Moreno Marañón3 RESUMEN Este artículo presenta un análisis teórico desde un enfoque psicosocial sobre la relación entre libertad individual, derecho de expresión en el ámbito político y democracia. Mediante investigación documental y el examen analítico, objetivo y neutral de la producción académica, se exploran los constructos teóricos que vinculan la experiencia interna del individuo con la dinámica social y política. El objetivo principal es profundizar en el conocimiento existente sobre las nociones de libertad, decisión y expresión dentro de los marcos institucionales y sociales contemporáneos. Se busca analizar el grado de autonomía del individuo en contextos políticos complejos, así como la naturaleza de sus decisiones dentro de estructuras normativas. Asimismo, se examinan los límites al ejercicio del derecho de expresión, particularmente en escenarios de deliberación pública y competencia política. Finalmente, se plantea una reflexión crítica sobre la interdependencia entre libertad y democracia en los procesos de toma de decisiones colectivas. Los resultados del estudio destacan que las respuestas del individuo son mayormente influenciadas por factores externos y vínculos secundarios. El proceso democrático busca equilibrar la libertad individual con el consenso colectivo, estableciendo una verdad compartida. En conclusión, la libre expresión es esencial para comprender motivaciones y mantener la cohesión social, aunque algunas expresiones pueden exceder lo aceptable y lo permitido por acuerdos normativos, especialmente cuando implican agravios, incitación a la violencia o alteración de la paz. Palabras Clave: Democracia, derecho de expresión, libertad, política ABSTRACT …………………………………… Fecha de recibido: 23/07/2024 Fecha de revisado: 23/08/2024 Fecha de aceptado: 02/06/2025 Fecha de publicación: 30/07/2025 Esta obra está bajo una licencia de Creativa Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional This article presents a theoretical analysis from a psychosocial approach on the relationship between individual freedom, right of expression in the political sphere and democracy. Through documentary research and the objective and neutral analytical examination of academic production, theoretical constructs linking the individual’s internal experience with social and political dynamics are explored. The main objective is to deepen existing knowledge about the notions of freedom, decision and expression within contemporary institutional and social frameworks. It seeks to analyse the degree of autonomy of the individual in complex political contexts, as well as the nature of his decisions within normative structures. Limits to the exercise of the right of expression are also examined, particularly in public deliberation and political competition scenarios. Finally, there is a critical reflection on the interdependence between freedom and democracy in collective decision-making processes. The results of the study highlight that the individual’s responses are mostly influenced by external factors and secondary links. The democratic process seeks to balance individual freedom with collective consensus, establishing a shared truth. In conclusion, free expression is essential for understanding motivations and maintaining social cohesion, although some expressions may exceed what is acceptable and permitted by normative agreements, especially when they involve grievances, incitement to violence or disruption of peace.ments, particularly when they involve grievances, incitement to violence, or disruption of peace. Keywords: Democracy, freedom, freedom of expression, politics. Cómo referenciar este artículo: Jara Pacheco, L.; Huitrón Medellín, L. y Moreno Marañón, D. (2025). Libertad, derecho de expresión en su dimensión política y democracia: análisis teórico desde el enfoque psicosocial. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 11(22), 80-94. https://doi.org/10.29105/rpgyc11.22-317 1 Maestro en Ciencias Políticas. Candidato a Doctor en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. E-mail: luisjara.pacheco@gmail.com. ORCID: 0000-0001-9193-2804. 2 Maestra en Relaciones Internacionales. Candidata a Doctora en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. E-mail: larissa.huitronmd@uanl.edu.mx. ORCID: 0000-0002-4925-1957 3 Doctora en filosofía con orientación en Ciencias Políticas. Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. E-mail: dinorahmooreno@gmail.com. ORCID: 0000-0002-9862-4772 80 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 1.- INTRODUCCIÓN El conocimiento y la introspección sobre la toma de decisiones del individuo, de esa decisión individual que parte del interior y que repercute en el modo social, concibe como no accidental el abordaje de la expresión y elección y, como necesaria, la exploración que concierne a la formación de las ideas y al ejercicio de participación en los procesos formales de transición de mando con carácter democrático (Sánchez Maldonado, Marañón y Muñoz, 2022). Todo lo anterior, cobra especial importancia, al vincularse con la facultad que tiene el individuo de pensar y obrar sin estar sujeto a condición alguna. En ese entramado, cabe cuestionar ¿qué tan libre es el individuo en sociedad? ¿son las decisiones verdaderamente independientes? ¿existen límites al derecho de expresión, especialmente en el ámbito político? ¿cómo se interrelacionan la libertad y la democracia en el proceso de toma de decisiones? Así, en consecuencia, el objetivo de este documento es, en primer lugar, bajo la guía de la búsqueda documental, indagar sobre el conocimiento disponible, para desarrollar desde un conjunto teórico, el tema que se sintetiza bajo el título Libertad, derecho de expresión en su dimensión política y democracia: análisis teórico desde el enfoque psicosocial. En segundo lugar, se persigue acercar los constructos a conclusiones que respondan a las preguntas mencionadas anteriormente. Este proceso se lleva a cabo mediante la búsqueda y el examen analítico de la producción académica. Resulta importante señalar que, si bien el presente artículo versa sobre consideraciones teóricas, a su vez, por respeto al orden, se divide el fundamento teórico en cinco (5) secciones. Cada sección considera en su desarrollo a la siguiente. Por tal razón, al dar lectura, se encontrarán matices, sobre todo, sin perder la visión integral, haciendo constar: una mirada desde el enfoque psicosocial, la ambigüedad que persigue al estado de libertad, algunas consideraciones sobre el derecho de expresión, y un acercamiento a la relación entre libertad y democracia. La revisión realizada señala que la información encontrada está mayormente influenciadas por factores externos y vínculos secundarios. El proceso democrático intenta equilibrar la libertad individual con el consenso colectivo, estableciendo una verdad compartida. En conclusión, la libre expresión es fundamental para comprender motivaciones y mantener la cohesión social, aunque algunas expresiones pueden sobrepasar lo aceptable y lo permitido por acuerdos normativos, especialmente cuando implican agravios, incitación a la violencia o alteración de la paz. 2.- FUNDAMENTO TEÓRICO Una mirada desde el enfoque psicosocial La conveniencia, es decir, lo adecuado o bien lo útil, para lograr el análisis de las razones del ser humano, se manifiesta a partir del enfoque psicosocial, esto porque pregunta por factores psicológicos que pueden explicar una conducta: “¿qué le motivó a proceder de esa forma?, ¿qué condiciones explican la conducta política de un determinado sector de la sociedad?, ¿cuáles sentimientos exploto un líder político para obtener una determinada reacción popular?” (Losada y Casas, 2008, p. 78). De manera puntual, la referencia psicosocial no señala un objeto, sino, una relación que particularmente se conoce como: 81 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Pacheco, L. J.; Huitrón Medellín, L. y Moreno Marañón, D. interacción social entre seres humanos (Crespo Suárez, 1995; Marañón, Muñiz y Barrientos, 2021). A través de la interacción social se dota de sentido a la composición formulada entre lo psique y lo societal, a su vez que, se transforma la realidad de ambos niveles (Crespo Suárez, 1995). Por tanto, de acuerdo con Crespo Suárez (1995), el enfoque psicosocial trata de construir teorías y conceptos sobre la realidad y, al mismo tiempo, establecer relaciones. En ese sentido, por ejemplo, una vez considerado el concepto de “materia”, “mente”, “conciencia” y “sociedad”, se estima posible relacionar la idea con el comportamiento (Crespo Suárez, 1995, p. 18). Sobre el comportamiento del individuo, se refiere a la acción en función de estímulos sociales, de la comprensión del pensamiento, de los sentimientos o de la conducta, en un molde social determinado (Crespo Suárez, 1995, p. 20). Llegados a este punto, nótese como el enfoque psicosocial concibe como relevante el actuar, la observancia del comportamiento y las razones que emanan desde el interior del ser humano. Dicho de otra manera, es lo individual el centro del estudio, es lo individual el protagonista de este artículo que busca llegar a conclusiones al explorar la realidad a través del corte cualitativo. La ambigüedad que persigue al estado de libertad Desde una visión historicista, la libertad es la razón que guía el esfuerzo de algunos o de muchos individuos (Dewey, 1939, p. 2). Su búsqueda, deseo o apreciación (Dewey, 1939, p. 2) inicia en el pensamiento de un sólo individuo y, poco a poco, incluye a más individuos hasta lograr una aceptación general, no sin antes dejar atrás situaciones materiales que oprimen su conducta y que niegan su individualidad (Fromm, 1941, p. 27), quedando la praxis libertaria “bajo el dominio de dos clases de causalidad: de una parte, la de la motivación interior y, de otra, la del principio de causalidad que gobierna el mundo exterior” (Arendt, 1996, p. 156). Así, al lograr el triunfo, la historia evidencia que el ser humano puede autogobernarse, tomar decisiones de forma autónoma y pensar y sentir según su propio juicio (Fromm, 1941). Es entonces que el hombre (per se) establece un objetivo, una meta a alcanzar, esta es la autonomía frente a cualquier otro semejante o entidad que intente menoscabar el desarrollo propio. Antes bien, para lograr la “plena expresión” de las “potencialidades”, se requiere de la interiorización de algunos principios, tales como, “la democracia política” (Fromm, 1941, pp. 27-28). Así, conforme al principio que se menciona, se observa un actuar -en ocasiones tranquilo, en ocasiones feroz-, del individuo libre que se opone a la dominación (Arendt, 1996, p. 129) y a las prácticas absolutistas de quienes dirigen al pueblo, considerando que tales acciones sólo se encargan de controlar, más no de conectar y dirigir eficientemente al conjunto orgánico, para que este, así como sus partes, alcance en pleno la libertad y, por ende, el desarrollo tan esperado. De ahí que, muchos añoren alcanzar la “madurez política” para evitar la “locura” que se propaga en algunos modelos de organización (Marañón y Hernández, 2017). Sin embargo, la imposición de la voluntad de un individuo o grupo sobre un tercero no es el único problema al que se enfrenta una organización política que busca, de manera constante, corresponder al respeto de la conciencia que exige la democracia política para funcionar correctamente. Es así como, Dewey (1939), sobre los enemigos de la democracia, agrega que la grave amenaza para nuestra democracia radica en la presencia de condiciones semejantes en nuestras actitudes individuales y en nuestras instituciones, las cuales han favorecido la victoria de la uniformidad y la dependencia del líder. El conflicto también se libra en nuestro interior y en el seno de nuestras instituciones (Dewey, 1939, p. 49). 82 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Libertad, derecho de expresión en su dimensión política y democracia: análisis teórico desde el enfoque psicosocial En pocas palabras y, acorde con Dewey (1939), no solo las fuerzas externas tienen la capacidad de menoscabar la libertad individual y la paz. Se debe incluir en la tarea de análisis: el interior del individuo. Por tal razón, la comprensión del fenómeno libertario trae consigo cierta complejidad que permanece ligada a la metafísica de la vida humana y su carácter temporal. Como tal, si bien las acciones se desprenden del individuo, el impulso y, por tanto, su motivación, provienen de otro(s), sean estos líderes de opinión, autoridades oficiales o autoridades anónimas. Por ende, abordar el tema de libertad requiere coincidir con los impulsos y tendencias que, al asentarse en la cotidianidad del vivir social, conectan a cada uno de los individuos. En realidad, si la libertad se tradujera en una completa independencia, se imposibilitaría su ejecución. Tal afirmación coincide con la necesidad de conexión o de compartir con los demás miembros de un grupo. En efecto, el individuo persigue la libertad para alcanzar un óptimo desarrollo, sin embargo, se entera que para lograr la autorrealización, se necesita de un número indeterminado de otros individuos, los cuales servirán como medio para la consecución de los intereses personales, para el gusto de inclinaciones que, en esencia, surgen en el individuo antes de que este interactúe con otros (Fromm, 1941, p. 36), “es decir que la libertad de la vida buena descansa en el dominio de la necesidad” (Arendt, 1996, p. 128). Entonces, el individuo ¿gana o pierde al momento de buscar y encontrar la libertad individual? En parte, la necesidad de desconectarse da cabida al “crecimiento”, a una mejora de la “fuerza” y de la integridad con uno mismo, de “dominio” y de “razón” (Fromm, 1941, p. 61). Pero, por otro lado, se convoca a la “inseguridad y aislamiento”, a una “duda creciente”, a la búsqueda de “significados” y a la propia “impotencia”, todo en un contexto de “conflictos y luchas” (Fromm, 1941, pp. 61-62) (Tabla 1). Tabla 1. Elementos que concurren en las etapas de libertad del individuo. Pre-libertad: Vinculo primario Núcleo natural Seguridad Sometimiento Conexión Transición: Crecimiento Búsqueda de autonomía Libertad: Vinculo secundario Inseguridad Aislamiento Sometimiento Falta de conexión Fuente: Elaboración propia (2024) con información presente en Fromm (1941). Ahora bien, la manera en que el sujeto logra evitar el efecto de la ausencia de conexiones o la falta de pertenencia que trae consigo la libertad, versa en entregar su “yo individual” a una influencia exterior (Fromm, 1941, p. 174). Por lo que, se abandona la independencia lograda para traer hasta el episodio individual, la fuerza pasada y basada en un tipo de vínculo similar al que existía con anterioridad (conexiones básicas o primarias). Se trata de un simple cambio de fuente de fuerza que dota de seguridad al sujeto. En esa situación, cabe la opción de tomar una actitud que favorece la voluntad del exterior, del otro sin mediar cuestionamiento alguno, o bien, el respetar y no aludir los mandatos de otros, sin importar que esa acción de autoridad (o poder) provenga de la formalidad o que no responda a las formas. En este punto, bajo una conexión secundaria y, como parte de la normal cobertura, aceptada y practicada, la responsabilidad se traslada a quien dirige, al líder, a la autoridad, a quien carga con el cuidado y la dependencia, todo en aras de alcanzar la preferencia o favoritismo e incidir en las acciones del individuo que se entiende, así mismo, como un ser rodeado de problemas e inferior en el sentido que, Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 83 �Pacheco, L. J.; Huitrón Medellín, L. y Moreno Marañón, D. carece de poder, de la capacidad suficiente para hacer o no hacer, de transformar su entorno (Marañón, Barrientos y Frías, 2021). Por tanto, no importa la moral del benefactor, o si este carece de sentido de lo bueno o lo malo. Solo importa la capacidad de los actos y los medios con los que cuente el otro para ofrecer la tranquilidad añorada durante la existencia misma. De acuerdo con Fromm (1941), el individuo que actúa como benefactor puede ser apelado como “auxiliador mágico” (magic helper) (p. 208), puede ser considerado como una deidad, una idea fundamental o una persona real (Fromm, 1941). Pero, sin importar su concepción, lo que interesa es que el auxiliador mágico cumpla con las cualidades de las que carece el seguidor, lo que reafirma como hecho que, la expresión del individuo no estima la voluntad o la espontaneidad. Sobre estas características, Fromm (1941) señala que sus cualidades esenciales incluyen cumplir funciones específicas como resguardar, asistir y fomentar el desarrollo del individuo, acompañándolo y evitando que quede aislado. Ahora bien, si se considera a una persona real en el rol de asistente mágico, cualquier fallo en su actuación provocará en el receptor del beneficio una respuesta que desembocará en disputas continuas y descontento. Esto sucede porque las expectativas resultan ser engañosas y cualquier persona real inevitablemente lleva al desencanto. (Fromm, 1941, p. 211), a una nueva condición de vacío, de restablecimiento de conexiones secundarias que inicia en lo individual, que permea en el constructo social y que hace girar un círculo de cinismo. Por su parte, un exceso en el tratamiento, es decir, un momento de abuso de autoridad, está condicionado por la libertad que intenta dañar, “por esa misma libertad que restringe, hasta el punto de que perdería su propio carácter si la aboliera por completo” (Arendt, 1996, p. 106). De manera precisa, abunda el sentido formal del proceso de inducción racional, por ejemplo, de pensamientos ajenos que proceden de otro(s) y que se tomarán en cuenta, aunque, como tal, la predeterminación no se origine de una fuente confiable (Marañón y Muñiz, 2012). Entonces, los pensamientos que llevan a una decisión, han sido inducidos o inventados, pero como preocupa más el respeto a los vínculos con los demás, la valoración de los elementos subjetivos que llegan desde fuera y, su validez, recae en el estado negativo que es provocado al advertir la no identificación con los supuestos en el plano de la mayoría, separando así del yo, toda iniciativa o grado de espontaneidad (Fromm, 1941), haciendo no diferente al hombre del animal, en otras palabras, “la noción de libertad ya no tendría sentido” (Sartori, 1998, p. 134). Incluso, a pesar de poder observar y analizar el panorama entero de información, el convencimiento es indudable y no existe sospecha de la simulación. En consecuencia, se crea una equivalencia entre autenticidad y experiencia. Si el individuo puede experimentar las propiedades inherentes a una situación, a través de otro participante, el cambio de perspectiva coincide con el énfasis del segundo sujeto, sin considerar importante el contenido. Casi siempre, la impresión de los sentimientos preexistentes en el centro del individuo rebasa la independencia, la voluntad propia, debido a que se asume un carácter falso que afecta la voluntad (Fromm, 1941). 84 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Libertad, derecho de expresión en su dimensión política y democracia: análisis teórico desde el enfoque psicosocial Algunas consideraciones sobre el derecho de expresión Definir el derecho a la libertad de expresión resulta un tema complejo. Esto se debe, en gran medida, a que en los sistemas jurídicos la expresión franca de ideas, opiniones, etc., sirve como defensa o excusa a todo tipo de acciones que prorrumpen entre lo ilícito y lo nocivo (Esquivel Alonso, 2018). Entonces, la definición misma se encuentra ligada a la forma en que responde el sistema normativo ante la pluralidad de opiniones. En el caso de México, sobre el derecho al libre ejercicio de la expresión, el artículo 6 de la Constitución Política (CPEUM) versa “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa […]”, sin embargo, básicamente se entiende como una forma de protección para el hablante que en la localidad empieza a criticar las políticas del gobierno y, como consecuencia, es arrestado por alterar el orden público (Fiss y Seña, 1997, p. 84). Así, distintas acciones se encuentran amparadas bajo el derecho a la libertad de expresión. El problema es que, por lo regular, cualquier tipo de contenido es información. Su condición está supeditada a su paso por los medios de comunicación convencionales o no convencionales en formato digital. Esto quiere decir que, en el sistema mediático, circula información que es verdadera o que es falsa y es que, en particular, no se hace acepción de novedades. Pero, más allá de cumplir con una acción definitoria, resulta necesario señalar una arista significativa de la libertad de expresión: las expresiones de sustancia política (Rivera-Hernández y Marañón, 2018). La libertad de expresión política se refiere a la capacidad de participar en discusiones públicas, evaluar la política, involucrarse en decisiones de interés general y ejercer influencia en la elección de los miembros de las instituciones democráticas (Esquivel Alonso, 2018, pp. 24-25), como el congreso, el gobierno y otros organismos que forman parte del sistema democrático. Así, se sostiene que el grado de libertad que comprende a los individuos, a los grupos sociales y a las entidades de interés público, impactará en el sistema democrático. Por tanto, en términos generales, se exige que a) se promueva la toma de decisiones del ciudadano, b) se persiga la concurrencia de distintas opiniones y, c) que se encuentre disponible¸ para la comunidad políticamente organizada, toda la información de índole pública (Esquivel Alonso, 2018). Bajo tales términos, se cimenta el “debate público, amplio e informado” (Esquivel Alonso, 2018, p. 29), tan necesario para la sobrevivencia de un sistema que avala su naturaleza con la participación de la mayoría. Y es que, parafraseando a Fiss y Seña (1997), el fin de la libertad de expresión no es la autorrealización individual, sino la protección de la democracia y del derecho de una comunidad a decidir el tipo de vida que desea llevar. La autonomía se protege no por su valor intrínseco, como podría sostener un kantiano, sino como un recurso para la autodeterminación colectiva (p. 68). El contenido del mensaje, es decir, la información, no puede poner en peligro la lógica de la democracia representativa. La tolerancia y el pluralismo deben de respetarse y protegerse de los ataques que se hacen en nombre de “la crítica, expresiones vehementes, opiniones disidentes y cuestiones incómodas” (Esquivel Alonso, 2018, p. 59). La manifestación de opiniones permite a los individuos tomar decisiones de voto de manera informada y libre, con pleno conocimiento de todas las alternativas y acceso a toda la información pertinente (Fiss y Seña, 1997, p. 68). Lo anterior, pone en tela duda el perfeccionamiento del ejercicio libertario de la opinión de muchos y de pocos. Esto quiere decir que aún no existe un criterio que logre emitir una ponderación justa entre libertad de expresión y valores democráticos, pero, sobre todo, que tenga la aceptación política de la comunidad organizada. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 85 �Pacheco, L. J.; Huitrón Medellín, L. y Moreno Marañón, D. El mensaje político es protegido, es un discurso que circula libre bajo los estándares de la democracia. Se entiende que el discurso de la política es necesario para garantizar la contribución de los ciudadanos en un asunto de elección, para motivarlos. En sentido opuesto, la formalidad jurídica tiene la tarea de etiquetar conductas y sancionar aquellas, incluso los mensajes, que se esconden o amparan bajo el ejercicio del derecho a libertad de expresión, que no abonan al debate público y transgreden las normas, pero que, en sentido contrario, motivan y convencen al electorado. Sin embargo, hasta el momento, el permiso de circulación del discurso político es amplio y se continúa exhibiendo un contenido netamente de infoentrenimiento político. Si bien el discurso político permite un grado importante de discusión de diferentes temas, ante todo, se trata de una estrategia de mercado (marketing-político) que busca la venta de su producto (mensaje-candidato) a la mayor cantidad de compradores (ciudadano-elector) o por lo menos trata de posicionarlo en el mercado de ideas. Lo anterior, al convertirse en una costumbre, genera una situación problemática y un riesgo para los valores, lo que ha empezado a afectar otras garantías e incluso a contravenir los intereses comunes (Esquivel Alonso, 2018, p. 91). Más aún, sobre el riesgo presente, Esquivel Alonso (2018), asegura que, cuando el impacto de ciertas afirmaciones perjudiciales se protege bajo el amparo del libre intercambio de ideas, perturbando el poder constitucional vigente, pueden ser válidamente calificadas como contrarias a la democracia o desestabilizadoras debido a su amenaza a los principios y propósitos del orden establecido. Entre las manifestaciones que han puesto en peligro la democracia se incluyen discursos de odio, discriminación racial, xenofobia, injurias y calumnias, entre otros (Esquivel Alonso, 2018, p. 92). Es así como, el político incursiona en el contexto electoral con el insulto, con el desprestigio y con la impostura, dejando a un lado el énfasis en sus propuestas programáticas. Por tanto, se genera un conflicto más no una celebración cívica. En cuanto a los límites de la libertad de expresión, estos se presentan de manera formal a través de la normatividad. En términos concretos, en un primer plano, los límites están definidos por la convención formal, mientras que, en un segundo plano, se establecen mediante la interpretación constitucional, basada en la evaluación de los valores y derechos que se protegen (Esquivel Alonso, 2018, p. 124). Si bien tolerar o no ciertas expresiones conduce a un serio debate, se toma como punto de partida la dignidad humana. Ahora bien, sobre algunos escenarios limitantes, por ejemplo, la denigración política se denota cuando se arremete contra un candidato de la oposición, esto es un ataque a su vida política (se toma en consideración asuntos, posiciones e historial político), personal y familiar (religión, miembros de la familia, orientación sexual, entre otros) (Pérez de la Fuente, 2014; Mayer, 1996). También cuando se transmiten “anuncios engañosos, inventados, injuriosos e injustos” (Pérez de la Fuente, 2014, p. 28). Por su parte, cuando se genera ruido a través de técnicas persuasivas como el insulto, es la oportunidad para implementar la prueba de agravios. Esta evalúa si el contenido del mensaje se desvía de la civilidad e influye en el cinismo político de los ciudadanos (Pérez de la Fuente, 2014). Otros, hacen hincapié en la prueba de peligro presente y claro, por la cual, se percibe si la transmisión de ideas denigra e incita a la violencia, y, la prueba de palabras belicosas. Esta última prueba evalúa si la emisión del contenido del mensaje “(…) inflige un daño o (…) tiende a incitar a una inmediata ruptura de la paz, lo que se traduce por producir desórdenes públicos” (Pérez de la Fuente, 2014, p. 33), es decir que, “previsiblemente generará violencia o peligro” (Pérez de la Fuente, 2014, p. 33). 86 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Libertad, derecho de expresión en su dimensión política y democracia: análisis teórico desde el enfoque psicosocial Un acercamiento a la relación entre libertad y democracia En conjunto, prevalecen los estados mentales u opiniones que intervienen a favor de la existencia y práctica de la magnitud del individuo en el gobierno de la mayoría. En efecto, la evaluación que se hace del individuo desde su función en la organización y decisión aprueba una cierta posición de relevancia, un sentido de poder y de libertad individual. Se niega la existencia de vínculos externos, ya que la presencia de estos supone una desgracia a la lógica de la democracia moderna (Fromm, 1941; Marañón, 2021). En consonancia con lo expresado, la evidencia que se valora y que asegura la posición del individuo se relaciona con los principios de convivencia social que afirman la libertad de compartir el pensamiento horizontal, en un plano de igualdad, en un plano de derecho. El autor Alarcón Olguín (2012), sobre la relación entre libertad y democracia, comenta que, en lugar de ser una conexión complementaria e interdependiente, la relación se basa en una naturaleza conflictiva y condicionada. De hecho, se propone que uno de los dos podría eliminarse para justificar la preservación del elemento amenazado por el exceso del contrario (Alarcón Olguín, 2012, p. 10). Aunado a lo anterior, de acuerdo con Rojas (2016), por una parte, en aras de la libertad se establecen mecanismos para frenar el avance de actuaciones que van más allá de la normalidad (excesos de democracia). A su vez, otros consideran importante instituir una “democracia ilimitada puesta al servicio de los fines colectivos” (Rojas, 2016, p. 84). Más que posiciones encontradas, se concibe un movimiento incesante en medio de la primacía de la “libertad individual” la predominancia de un “ente colectivo” (énfasis rousseauniano) (Rojas, 2016, p. 85). Ahora bien, para Pérez Duarte (2016) la democracia es un producto que el mismo individuo crea y ofrece para alcanzar aquella convivencia que se aleja de la discordia, es un resultado ineludible debido a la “permanente inseguridad” (Pérez Duarte, 2016, p. 1045). Así que, como es una cosa fabricada por la misma naturaleza humana, la democracia se agrieta, es insuficiente, esa es la excusa. De ahí que, sea imprescindible (re)pensar el gobierno de la mayoría. Sobre la falla de la democracia, Pérez Duarte (2016) sostiene que: La democracia necesita la razón, es una obra racional, la democracia es convivencia, de ahí que deba ser pensada y, por tanto, sea una obra inacaba (p. 1046). Lo cierto es que, los atributos de la democracia, como los de contestación, sirva de ejemplo, la libertad de expresión y elecciones libres, por mencionar algunos (Coppedge y Reinicke, 1991; ÁlvarezMonsiváis y Marañón Lazcano, 2023), enseñan “a vivir en libertad a contemplar la verdad desde diversas perspectivas” (Pérez Duarte, 2016, p. 1049). En realidad, algo de lo que se carece, para aterrizar de manera concreta en la acción o práctica de la libertad y democracia, es que la actividad que se propone cumpla por completo con tres supuestos: 1) se realice de manera constante y, 2) conforme a reglas establecidas, pero, más aún, 3) que la expresión del individuo sea propia (autónoma). Fromm (1941) apoya la idea de que el derecho a expresar nuestros pensamientos solo tiene valor si somos capaces de generar ideas propias. La verdadera libertad frente a la autoridad externa solo se logrará de manera duradera si las condiciones psicológicas internas nos permiten desarrollar una auténtica individualidad (Fromm, 1941, pp. 276-277). Sin embargo, se tiene una concepción errónea o forzada del pensamiento que originalmente se desprende del individuo. Esto se debe a que el “pensamiento original” difiere de la suma, de la manera estándar de entender el mundo y las cosas (Fromm, 1941, p. 283). Entonces, lo que no es similar es Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 87 �Pacheco, L. J.; Huitrón Medellín, L. y Moreno Marañón, D. inmediatamente desaprobado, “de igual manera, a una considerable proporción de los demócratas parecería no inquietarles, e inclusive está de acuerdo en que las autoridades intervengan para limitar la libertad de expresión de otros” (Zayas Ornelas, 2013, p. 25). A su vez, la aportación en los asuntos de interés público se entiende como algo complejo, así que la misma participación se encuentra condicionada y, la dificultad de incidir sólo conlleva a etiquetar la democracia como un mero proceso de transición de poder. Por tanto, el individuo se debe adherir a lo ya permitido y presentado, ir a favor de la corriente, ya que sólo pocos pueden entender y responder ante las adversidades. Es así como, en democracia se crean individuos “impotentes” que “esperan con paciencia [...] lo que debe hacer y a dónde debe dirigirse” (Fromm, 1941, p. 288). De esa manera, la dirección (y su búsqueda) de la mayoría trae consigo dos tipos de resultados. En primer lugar, más dudas y desacuerdos en lo que se debe hacer para responder a los temas importantes. Y, en segundo lugar, una actitud enfocada a aceptar, sin preguntar, el porqué de las cosas, siempre y cuando, el líder responda a las necesidades o intereses de manera casi inmediata (Fromm, 1941). Dicho de otra manera, el individuo que concurre en la extensión del marco democrático muestra en público una mezcla de desdén y de inocencia, lo que detiene la habilidad para analizar de manera crítica sobre la “imagen estructurada del mundo” (Fromm, 1941, p. 288). Para la plataforma que intenta unir las voluntades, cuando se mengua la crítica, la realidad se traduce en un estado ruinoso, esto debido a que “no se cuenta con la interacción que generan, […] las capacidades racionales de elección y decisión abierta que definen el valor de la libertad” (Alarcón Olguín, 2012, p. 13). Habría que decir también que la condición preferible se aleja de la perfectibilidad cuando faltan las condiciones operativas necesarias para asegurar la manifestación efectiva de las decisiones humanas (Alarcón Olguín, 2012, p. 13). A favor de los principios, en voz del líder o de la autoridad (poder), se condiciona el yo individual, al escuchar del otro o de los muchos, la carencia que representa el actuar retirado y con falta de frecuencia en la dimensión política. Por consiguiente, El sujeto contemporáneo se encuentra atrapado en la ficción de la autonomía, creyendo que sus deseos le son propios, cuando en realidad anhela únicamente aquello que el orden social le ha prescrito como deseable (Marañón, 2024). En particular, se trata de convencer, de llegar casa a casa con la elocuencia necesaria, para incitar, con cualquier tipo de razón, la participación del individuo en la vida democrática de una organización política asentada, en una circunstancia territorial delimitada. Se pierde la comprensión de que la libertad es el fundamento esencial para la convivencia, mientras que la democracia actúa como el elemento accesorio en su desarrollo (Alarcón Olguín, 2012, p. 14). Si bien, se resta seriedad al avance político, sólo, en compañía de la triada, pensamiento, emoción y voluntad, funcionará y madurará la visión democrática, siempre y cuando se revista la participación con originalidad, ya que el avance de la democracia implica aumentar de manera efectiva la libertad, la autonomía y la originalidad del individuo, no solo en aspectos privados y personales (Fromm, 1941, p. 310). Sin embargo, observamos un demo debilitado, no solo en su capacidad para comprender y formar opiniones independientes, sino también en términos de pérdida de cohesión comunitaria (Marañón y Saldierna, 2019). Con todo, a pesar del ir y venir entre los criterios que apuntan hacia la falencia de la libertad de expresión como un derecho absoluto, se considera el permiso de expresar como un elemento fundamental para la participación ciudadana en cualquier sociedad democrática (Vásquez Muñoz, 2015; Frías y Marañón, 2020). 88 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Libertad, derecho de expresión en su dimensión política y democracia: análisis teórico desde el enfoque psicosocial 3.- MÉTODO El presente artículo se enmarca en una investigación de tipo cualitativo con enfoque teóricointerpretativo, orientado a la comprensión de constructos complejos como la libertad, el derecho de expresión en su dimensión política y la democracia (Tancara, 1993; Domínguez, 1991). Se optó por una estrategia metodológica sustentada en el análisis documental crítico, entendiendo esta como una técnica que permite no solo compilar y sistematizar información relevante, sino también construir categorías analíticas a partir de la interpretación reflexiva de textos académicos, filosóficos, jurídicos y politológicos (Cázares Hernández et al., 2000). La técnica empleada consistió en una revisión estructurada de literatura científica y especializada, incluyendo libros clásicos, artículos en revistas arbitradas y capítulos de obras colectivas, seleccionados bajo criterios de pertinencia teórica, actualidad y relevancia para el campo de estudio. La selección bibliográfica se centró en autores clave como Chong de la Cruz (2007) Hannah Arendt (1996), John Dewey (1939), Giovanni Sartori (1998) y especialistas en libertad de expresión como Esquivel Alonso (2018) y Fiss (1997), cuyas obras permiten articular un marco psicosocial y politológico integral. Procedimiento El procedimiento metodológico se dividió en tres fases: 1. Recopilación teórica: búsqueda exhaustiva de textos a través de bases de datos académicas y catálogos especializados. 2. Codificación y categorización: identificación de núcleos temáticos vinculados a libertad individual, autonomía, límites normativos y condiciones de deliberación democrática. 3. Análisis argumentativo: aplicación de una lógica dialéctica que permitió contrastar los discursos teóricos desde una perspectiva crítica, rescatando tensiones, contradicciones y convergencias conceptuales entre libertad y democracia en el contexto contemporáneo. Este enfoque metodológico no busca elaborar generalizaciones empíricas, sino aportar a la reflexión conceptual profunda, bajo el entendido de que, en ciencias políticas, las nociones de libertad y expresión no son objetos neutros sino categorías en disputa, cuyo sentido varía según el marco cultural, jurídico y político en que se analicen. La perspectiva psicosocial fue empleada como lente transversal de análisis, permitiendo entender cómo las estructuras sociales, las normas institucionales y los vínculos afectivos inciden en la configuración del sujeto político y su agencia discursiva. Esto posibilitó un abordaje crítico que va más allá de la normatividad formal, para explorar las condiciones subjetivas y simbólicas que hacen posible, o limitan, el ejercicio pleno de la libertad de expresión en contextos democráticos (Jara, 2021; Corona Lisboa, 2018; Villarreal García, et al., 2024). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 89 �Pacheco, L. J.; Huitrón Medellín, L. y Moreno Marañón, D. 4.- RESULTADOS El análisis documental realizado desde el enfoque psicosocial permitió identificar que las respuestas del individuo frente al contexto político no emergen de manera aislada, sino que son el resultado de una red compleja de influencias externas, vínculos secundarios y estructuras normativas. Esta conclusión se respalda en las contribuciones teóricas de Fromm (1941) y Crespo Suárez (1995), quienes plantean que el comportamiento político se configura a través de la interacción social, moldeando la percepción del yo, la libertad y la participación. El ideal democrático, que promete autonomía e igualdad, se confronta con la realidad de estructuras jerárquicas y discursos institucionalizados que determinan los límites de lo expresable. En este sentido, el sujeto no actúa desde una libertad plena, sino desde una autonomía condicionada por las presiones de su entorno cultural, político y mediático. La democracia representativa no garantiza por sí misma un espacio de libertad real si los mecanismos de participación están saturados por estrategias de manipulación, infoentretenimiento o lenguaje hostil. Se identificó que la libertad de expresión en el ámbito político presenta un doble filo: por un lado, es indispensable para fomentar el debate público; por el otro, puede ser usada como vehículo de violencia simbólica y desinformación. Este riesgo ha sido documentado por autores como Esquivel Alonso (2018), quien advierte sobre el uso estratégico del discurso político para denigrar, intimidar o excluir, especialmente en contextos electorales donde prevalece la lógica del marketing y la confrontación. Los datos teóricos revelan que el discurso político tiene una fuerte dimensión afectiva e identitaria. Los individuos no solo participan para expresar ideas, sino para reafirmar su pertenencia simbólica a un grupo. En este contexto, la expresión política pierde su carácter deliberativo y se convierte en una herramienta de alineación emocional, lo cual obstaculiza la posibilidad de argumentar críticamente o disentir sin ser rechazado. En la revisión realizada se puieron identificar algunas interconexiones entre conceptos como la calidad de la democracia y las condiciones reales para ejercer la libertad de expresión. Cuando las opiniones disidentes son silenciadas o caricaturizadas, la democracia deja de ser inclusiva y se convierte en un espacio donde solo prevalecen las voces con poder discursivo. Esto tiene como efecto secundario la producción de cinismo político, descrito por Sartori (1998), donde los ciudadanos ya no creen en el valor de su participación. Otro hallazgo significativo es que el ejercicio de la libertad está mediado por vínculos secundarios que ofrecen seguridad emocional y sentido de pertenencia, pero que también condicionan el pensamiento autónomo. La figura del “auxiliador mágico” (Fromm, 1941), ya sea en forma de líder, ideología o medio de comunicación, aparece como un sustituto de la autorreflexión, reduciendo la posibilidad de elaborar juicios independientes. El análisis mostró que las tensiones entre libertad individual y consenso colectivo no se resuelven de forma estática, sino que requieren una negociación permanente basada en normas, diálogo y reconocimiento mutuo. La falta de regulación ética en la circulación de discursos contribuye al deterioro del espacio público como lugar de deliberación. En efecto, cuando no se establecen límites claros al discurso violento, la convivencia democrática se debilita. 90 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Libertad, derecho de expresión en su dimensión política y democracia: análisis teórico desde el enfoque psicosocial Se destacó también que la formación de opiniones políticas es un proceso profundamente condicionado por la cultura mediática, donde lo inmediato, lo escandaloso y lo emocional predominan sobre la razón crítica. Esto afecta especialmente a los jóvenes votantes y a sectores sociales más vulnerables, quienes suelen replicar discursos sin haber desarrollado filtros reflexivos adecuados. Un resultado destacable del estudio es el que advierte que la libertad de expresión debe entenderse como un aprendizaje colectivo, no como un derecho aislado. Su ejercicio pleno solo es posible en sociedades donde se promueve la alfabetización mediática, el pensamiento crítico y el respeto por la diversidad. La democracia, en este sentido, no es solo una forma de gobierno, sino una cultura política que se construye desde la base del lenguaje, la empatía y la responsabilidad compartida. 4.- CONCLUSIONES A partir del análisis realizado, se concluye que la libertad individual, lejos de ser una condición natural o garantizada, es una construcción social influenciada por múltiples factores externos. Desde el enfoque psicosocial, la libertad no es un atributo innato del ser humano, sino una práctica social que requiere condiciones materiales, simbólicas y afectivas para su realización. Esto implica que la autonomía está en tensión constante con la necesidad de pertenecer y de ser validado por otros. El derecho a la libertad de expresión, particularmente en su dimensión política, emerge como un componente esencial del tejido democrático. Sin embargo, su ejercicio responsable exige tanto límites normativos como una ética de la comunicación que permita diferenciar entre la crítica legítima y el discurso que vulnera derechos o desestabiliza el orden social. Expresarse no es solo hablar: es también saber cuándo, cómo y con qué finalidad se comunica una idea. La calidad de una democracia no depende únicamente de su institucionalidad formal, sino del tipo de relaciones simbólicas que se establecen entre los ciudadanos. En este sentido, la libertad de expresión debe ser acompañada por mecanismos que fortalezcan la argumentación, la escucha activa y el respeto mutuo. Una democracia sólida requiere una ciudadanía capaz de deliberar con empatía y no solo de confrontar con agresividad. Se reconoce que el individuo contemporáneo vive una contradicción profunda entre el deseo de libertad y el miedo al aislamiento. Este dilema lo lleva a delegar sus decisiones en figuras de autoridad, lo cual genera una democracia superficial, donde el ciudadano es receptor pasivo más que agente activo. Fromm (1941) advierte que solo una verdadera interiorización de la libertad, como capacidad de pensar y decidir, permite superar esta dependencia. Las formas actuales de comunicación política, dominadas por las redes sociales y el lenguaje emocional, tienden a simplificar los debates públicos y a favorecer narrativas divisivas. Esto debilita el carácter reflexivo del discurso político y socava la posibilidad de acuerdos democráticos. Por ello, urge fomentar una cultura de la expresión responsable, que recupere el valor del diálogo como práctica cívica y no como arma de descalificación. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 91 �Pacheco, L. J.; Huitrón Medellín, L. y Moreno Marañón, D. En este marco, es indispensable desarrollar políticas educativas y comunicacionales que promuevan la formación de sujetos críticos, capaces de identificar discursos manipuladores y de construir narrativas alternativas. La libertad de expresión no puede sobrevivir sin una ciudadanía que la ejerza con conciencia y con compromiso ético hacia la comunidad democrática. En este escenario, resulta fundamental diseñar estrategias educativas y comunicativas que consoliden una ciudadanía crítica, capaz no solo de identificar discursos manipuladores, sino también de generar narrativas que enriquezcan el espacio público. La defensa de la libertad de expresión exige más que marcos jurídicos: requiere una subjetividad política comprometida, consciente de que cada intervención en el debate colectivo configura los límites y las posibilidades de la democracia. Una ciudadanía formada en el pensamiento crítico se convierte en garante de un orden democrático que se legitima a través de la deliberación informada y la responsabilidad colectiva. En síntesis, la libertad y la democracia no deben entenderse como condiciones estáticas ni como valores garantizados por el simple diseño institucional; por el contrario, son construcciones históricas permanentemente disputadas en el ámbito de la cultura política y del discurso público. La libertad de expresión, en su dimensión política, no puede reducirse a un derecho formal, sino que debe ejercerse como una práctica activa, ética y deliberativa que favorezca el reconocimiento mutuo y la cohesión democrática. Frente a los desafíos actuales —como la polarización, la desinformación y la emocionalización del discurso político—, el fortalecimiento de una ciudadanía reflexiva emerge como una prioridad ineludible. Solo así será posible consolidar una democracia sustantiva, donde la palabra no sea una trinchera, sino un puente para la construcción colectiva de lo común. REFERENCIAS Alarcón Olguín, V. (2012). Libertad y Democracia. Instituto Federal Electoral. Álvarez-Monsiváis, E. & Marañón Lazcano, F. (2023). De influencer a primera dama: Mariana Rodríguez en las elecciones a la gubernatura de Nuevo León, México 2021. Observatorio (OBS*), 17(2), 81-102. https://doi.org/10.15847/obsOBS17220232152 Arendt, H. (1996). Entre el pasado y el fuqturo. Ocho ejercicios sobre la reflexión política. Ediciones Península. Cázares Hernández, L., Christen, M., Jaramillo Levi, E., Villaseñor Roca, L., y Zamudio Rodríguez. L. E. (2000). Técnicas actuales de investigación documental. Editorial Trillas. Chong de la Cruz. (2007). Métodos y técnicas de la investigación documental. En H. A. Alcántara y C. A. Ramírez Velázquez, (Coords.). Investigación y Docencia en Bibliotecología (pp. 183-201). Facultad de Filosofía y Letras, Dirección General Asuntos del Personal Académico, Universidad Nacional Autónoma de México. http://hdl.handle.net/10391/4716 Coppedge, M., y Reinicke, W. (1991). Measuring Polyarchy. En A. Inkeles (Ed.), On Measuring Democracy: It Consequences and Concomitants (pp. 47-68). Transaction. Corona Lisboa, J. L. (2018). Investigación cualitativa: fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos. Revista de Comunicación, (144), 69-76. doi: http://doi.org/10.15178/va.2018.144.69-76. Crespo Suárez, E. (1995). Introducción a la Psicología Social. Editorial Universitas, S.A. Dewey, J. (1939). Freedom and Culture. G. P. Putnam's Sons. 92 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Libertad, derecho de expresión en su dimensión política y democracia: análisis teórico desde el enfoque psicosocial Domínguez, A. E. (1991). Investigación documental. Una introducción a la comunicación tecnocientífica. Grama Editora. Esquivel Alonso, Y. (2018). Libertad de expresión política y propaganda negativa. Tirant lo Blanch. Fiss, O., y Seña, J. F. M. (1997). Libertad de expresión y estructura social. Editorial Fontamara. Frías, L. G. & Marañón, F. (2020). Representación femenina en el cine de rumberas y ficheras. Análisis de los elementos del poster cinematográfico como herramienta publicitaria. Daena: International Journal of Good Conscience, 15(3), 1-20. Fromm, E. (1941). El miedo a la libertad. Editorial Paidós Buenos Aires. Jara, L. (2021). El papel de las redes sociales en la participación organizada de los jóvenes en Nicaragua. Revista de Comunicación Política, 3, e210303. https://doi.org/10.29105/rcp3-3 Losada, R. L. y Casas, A. (2008). Enfoques para el análisis político. Historia, epistemología y perspectivas de la ciencia política. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Marañón, F. (2021). Medios de comunicación, política y ética. Wissen & Bildunc ediciones. Marañón, F. (2024). Elementos de la publicidad política en campañas electorales: Análisis de spots de la campaña presidencial de México 2018 desde la cooperación estratégica. Pacha. Revista De Estudios Contemporáneos Del Sur Global, 5(15), e240339. https://doi.org/10.46652/pacha.v5i15.339 Marañón, F. y Hernández, M. (2017). Brecha de género en México: determinantes de la información política en las mujeres mexicanas. Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 10(20), 71-104. Marañón, F. y Muñiz, C. (2012). Estereotipos mediáticos de los indígenas. Análisis de las representaciones en programas de ficción y entretenimiento de televisoras en Nuevo León. Razón y Palabra, 17 (80), 495-516. Marañón, F. y Saldierna, A. (2019). Acercamiento a la comunicación Política y su incidencia en la formación de Cultura Política. Clave Editorial. Marañón, F., Barrientos, R. y Frías, L. G. (2021). Imagen, confianza y liderazgo en voceros públicos durante la pandemia Covid-19. Caso: Nuevo León, México. Journal of Academy, 5, 1-20. ISSN 2707-0301 https://doi.org/10.47058/joa5.2 Marañón, F., Muñiz, C., & Barrientos, R. (2021). Los estereotipos de género en las campañas electorales de 2018 en México. Análisis de la representación de la mujer en los spots electorales. Revista De Comunicación, 20(2), 207-222. https://doi.org/10.26441/RC20.2-2021-A11 Mayer, W.G. (1996). In defense of negative campaigning. Political Science. Quaterly, 11(3), 437-455. Pérez de la Fuente, O. (2014). Libertad de Expresión y Discurso Político. Tirant Lo Blanch. Pérez Duarte, J. (2016). La Democracia: Escenario de Libertad, Justicia y Educación Política. Revista Portuguesa de Filosofía, 72(4), 1039-1076. http://www.jstor.org/stable/44134233 Rivera-Hernández, P. P., & Marañón, F. de J. (2019). The political communication as an influencer of public opinion on Human Rights issues. Case Study: San Salvador Atenco. Política, Globalidad Y Ciudadanía, 4(7), 42. https://doi.org/10.29105/pgc4.7-3 Rojas, M. (2016). Democracia y libertad: Antecedentes de un conflicto siempre actual. Cuadernos de Pensamiento Político, 51, 81-86. http://www.jstor.org/stable/44136833 Sánchez Maldonado, M., Marañón, F., & Muñoz, B. A. (2022). Sofisticación y cultura política en estudiantes universitarios, un análisis desde sus hábitos comunicativos. Revista De Comunicación Política, 4(1), 1–19. https://doi.org/10.29105/rcp4-2 Sartori, G. (1998). Homo videns. La sociedad teledirigida. Editorial Tauros. Tancara, C. (1993). La investigación documental. Temas sociales, (17), 91-106. http://www.scielo.org.bo/pdf/rts/n17/n17a08.pdf Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 93 �Pacheco, L. J.; Huitrón Medellín, L. y Moreno Marañón, D. Vásquez Muñoz, T. C. (2015). Los partidos políticos como factores de discusión racional. Deliberación y elecciones. Revista Mexicana De Opinión Pública, (20). https://doi.org/10.1016/j.rmop.2015.12.001 Villarreal García, J., F.; Marrache Díaz, F., M.; Alarcón Requejo, G. y Carrion Loyola, A., A. (2024). Otredad y Relaciones Internacionales: ¿una episteme trascendente a las ciencias sociales? Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 10(19), 77-88. https://doi.org/10.29105/rpgyc10.19-309 Zayas Ornelas, L. D. (2013). Perfiles de demócratas en México: una mirada sobre las racionalidades democráticas en México. Revista Mexicana De Opinión Pública, (14), 13– 29. https://doi.org/10.22201/fcpys.24484911e.2013.14.41622 94 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ Control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Sala de lo constitucional salvadoreña Control of conventionality in the jurisprudence of the Salvadoran Constitutional Court Emma Patricia Muñoz Zepeda1 RESUMEN De conformidad a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos el Estado salvadoreño debe aplicar el control de convencionalidad con la finalidad de garantizar los derechos reconocidos en el instrumento citado como los establecidos en nuestra carta Magna. El presente artículo tiene como punto de partida la siguiente pregunta ¿Cuáles son los retos y desafíos presentados en la aplicación del control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Sala de lo constitucional salvadoreña? en aras de proporcionar una respuesta se aplicó el método cualitativo, reflexivo que permitió analizar de forma documental el tema en análisis a partir de criterios de inclusión y exclusión para la documentación bibliográfica a partir de las categorías de análisis. Lo antes mencionado permitió comprender la institución del control de convencionalidad como parte del proceso metodológico que permitió realizar una identificación de sentencias 5 sentencias en contextos diferentes con la finalidad de identificar la aplicabilidad de la institución en análisis, el rol del principio de supremacía de la convención y los desafíos que se presentan. Para ello, se utilizó la metodología de análisis de sentencia Christian Courtis, el criterio utilizado fue describir y sistematizar las decisiones judiciales. El cual permitió identificar una postura limitante en la aplicación del control de convencionalidad por las instancias analizadas. En consecuencia, se requiere de un empoderamiento en su aplicación que permita potenciar los derechos humanos bajo la visión del bloque de constitucionalidad como convencionalidad en aras de generar una riqueza jurisprudencial en todas las instancias judiciales. Palabras Clave: Control de convencionalidad; principio de supremacía de la Convención; principio del efecto útil; teoría del derecho viviente; Sala de lo Constitucional ABSTRACT …………………………………… Fecha de recibido: 02/10/2024 Fecha de revisado: 14/01/2025 Fecha de aceptado: 09/05/2025 Fecha de publicación: 30/07/2025 Esta obra está bajo una licencia de Creativa Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional Pursuant to the American Convention on Human Rights, the Salvadoran State must apply the conventionality control in order to guarantee the rights recognized in the aforementioned instrument, as well as those established in our Constitution. This article begins with the following question: What are the challenges and difficulties presented in the application of conventionality control in the jurisprudence of the Salvadoran Constitutional Court? In order to provide an answer, the qualitative-reflexive method was applied, which allowed for a documentary analysis of the topic under analysis based on inclusion and exclusion criteria for bibliographic documentation based on the analysis categories. The aforementioned allowed us to understand the institution of conventionality control as part of the methodological process that enabled us to identify five judgments in different contexts, with the aim of identifying the applicability of the institution under analysis, the role of the principle of supremacy of the convention, and the challenges that arise. To this end, the Christian Courtis judgment analysis methodology was used, and the criterion used was to describe and systematize the judicial decisions. This allowed us to identify a limiting position in the application of conventionality control by the analyzed instances. Consequently, empowerment in its application is required to enhance human rights under the vision of the block of constitutionality as conventionality, in order to generate jurisprudential richness in all judicial instances. Keywords: Conventionality control; principle of supremacy of the Convention; principle of useful effect; theory of living law; Constitutional Chamber. Cómo referenciar este artículo: Muñoz Zepeda, E. P. (2025) Control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Sala de lo constitucional salvadoreña. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 11(22), 95-116. https://doi.org/ 10.29105/rpgyc11.22-349 1 Docente-Investigadora del Centro de Investigación Salud y Sociedad de la Universidad Evangélica de El Salvador, El Salvador. Abogada y notaria. Estudiante de Doctorado en Universidad Tecnológica de Honduras. Máster en Derecho de Familia (Universidad Evangélica de El Salvador). Licenciada en Ciencias Jurídicas (Universidad Tecnológica de El Salvador). Correo electrónico: emma.munoz@uees.edu.sv https://orcid.org/0000-0001- 5834-8876 95 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 1.- INTRODUCCIÓN A partir de la ratificación de un instrumento internacional y de conformidad al artículo 144 de la Constitución se consideran normativa nacional y es deber de cumplimiento de todas las instancias. Es decir, el análisis que realizan las judicaturas en la toma de decisiones a partir de su experiencia y conocimiento se visualiza en la fundamentación de las sentencias. En ese sentido, el control de convencionalidad es insoslayable en la toma de decisiones y de conformidad a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se reconoce su relevancia al establecer parámetros para comprender su incidencia. Un ejemplo lo encontramos en la sentencia de Myrna Mack Chang vs. Guatemala, que establece que: No es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte sólo a uno o algunos de sus órganos, entregar a éstos la representación del Estado en el juicio —sin que esa representación repercuta sobre el Estado en su conjunto— y sustraer a otros de este régimen convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del “control de convencionalidad” que trae consigo la jurisdicción de la Corte Internacional (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003, párrafo 27). Es decir, el control de convencionalidad no es una opción para los Estados y debe potenciarse su aplicabilidad en todas las instancias. La afirmación antes citada es un parámetro para realizar esta investigación desde un enfoque de derechos humanos y de conformidad a diferentes contextos cómo es aplicable la institución en análisis. A partir de lo antes mencionado se estableció como pregunta: ¿Cuáles son los retos y desafíos presentados en la aplicación del control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Sala de lo constitucional salvadoreña? Para ello, se aplicó la metodología de análisis de sentencia de Christian Courtis, a fin de analizar la aplicación del control de convencionalidad en el ordenamiento jurídico salvadoreño. La investigación adquiere relevancia a partir de los avances en materia de derechos humanos y cómo su garantía adquiere preeminencia en la jurisprudencia nacional. Se realiza revisión bibliográfica para comprender el control de convencionalidad y realizar las preguntas a desarrollar en el apartado de discusión. Lo antes citado es con el objetivo de identificar cómo el control de convencionalidad tiene incidencia en los pronunciamientos de las judicaturas en todas sus instancias. Siendo las responsables de realizar un análisis holístico con la finalidad de potenciar los estándares internacionales y las obligaciones adquiridas por los Estados. Se considera insoslayable el análisis con la finalidad de conocer los avances y desafios en su aplicabilidad a fin de establecer propuestas concretas para su implementación. 96 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Sala de lo constitucional salvadoreña 2.- FUNDAMENTO TEÓRICO Control de convencionalidad Se comprende por control de convencionalidad que: .... implica valorar los actos de la autoridad interna a la luz del Derecho Internacional de los derechos humanos, expresados en tratados o convenciones e interpretado, en su caso, por los órganos supranacionales que poseen esta atribución. Equivale, en su propio ámbito, al control de constitucionalidad que ejercen los tribunales de esta especialidad (o bien, todos los tribunales en supuestos de control difuso) cuando aprecian un acto desde la perspectiva de su conformidad o incompatibilidad con las normas constitucionales internas (García y Morales, 2011, p. 208). La definición antes citada señala la relevancia de los instrumentos internacionales en el ordenamiento jurídico nacional pues bien la protección de la dignidad humana por mencionar un ejemplo es el fundamento de los derechos de todo ser humano de conformidad a las características de los derechos humanos, los cuales refuerzan la normativa nacional. Es decir, el rol activo de los juzgados nacionales es insoslayable para verificar la garantía de los derechos y libertades consagradas en el corpus iuris de derechos que permean en las decisiones del Estado y en su marco normativo. Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que: La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006, p. 124). La definición antes citada, se complementa con lo señalado por García y Morales, al estipular que es una herramienta para analizar la norma interna a la luz de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Con la finalidad de verificar contradicciones con los tratados internacionales sin perder obviar que la interpretación y fundamentación es relevante en el análisis para una mejor comprensión de la protección que se busca obtener. Por su parte el jurisconsulto Eduardo Ferrer señala que: Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 97 �Muñoz Zepeda, E. P. …los jueces (de los Estados parte de la Convención Americana) no son simples aplicadores de la ley nacional, sino que tienen además una obligación de realizar una “interpretación convencional”, verificando si dichas leyes que aplicarán a un caso particular resultan “compatibles” con la CADH; de lo contrario, su proceder sería contrario al artículo 1.1. De dicho tratado, produciendo una violación internacional, ya que la aplicación de una ley inconvencional produce por sí misma una responsabilidad internacional del Estado (Ferrer, 2012, p. 390 y 391). Lo antes indicado refuerza las ideas que se han desarrollado y permite incorporar en el análisis la institución del ius commune interamericano, el cual tiene como finalidad que los tribunales nacionales identifiquen los estándares internacionales mínimos de protección de derechos, elevar las salvaguardas y sus parámetros, además de definir y mejorar la comunicación de la tutela. (Acosta, 2014, p.383 y 384). Para efectos de este estudio se utilizará el concepto de García y Morales. De conformidad a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el control de convencionalidad presenta las siguientes características: Gráfico 1. Características del control de convencionalidad. Verificar a través de un análisis exhaustivo la compatibilidad de las normas internas en estudio con las disposiciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su jurisprudencia y las interpretaciones que haya realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la CADH o bien su interpretación conforme a la CADH, dependiendo de las facultades de cada autoridad pública. Es un control que debe ser realizado ex officio por toda autoridad pública, y Es una obligación que corresponde a toda autoridad pública no sólo judicial sino también administrativa. No sólo se debe tomar en consideración el tratado, sino que también la jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte. Fuente: elaboración propia (2024). 98 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Sala de lo constitucional salvadoreña Lo antes apuntado nos proporciona un parámetro holístico de los aspectos a considerar en la fundamentación de las sentencias lo cual requiere de un estudio como actualización los estándares internacionales como jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como sociedades democráticas estamos llamados a garantizar uno de sus pilares los derechos humanos con la finalidad de generar equidad. El contenido del gráfico 1 puede comprenderse como un proceso metodológico del paso a paso que los operadores de justicia, funcionarios del área administrativa como profesionales del derecho deben conocer y aplicar para generar cambios estructurales en nuestra sociedad. En este orden de ideas, se comprende la relevancia del control de convencionalidad en el ejercicio hermenéutico que deben realizar las judicaturas en su fundamentación bajo un enfoque de derechos humanos y la teoría del derecho viviente que permea en la protección de estos. Lo veremos en su momento la preponderancia de establecer o adoptar una metodología de análisis a fin de establecer con mayor precisión la cristalización de los derechos a proteger. Es insoslayable el rol de las judicaturas las cuales se encuentran obligadas de conformidad al artículo 144 de la Constitución a realizar las acciones que el autor Karlos Castilla nos señala y se detallan a continuación: 1. Observar, garantizar y respetar el contenido de los tratados internacionales de los que el Estado sea parte, una vez que hayan formado parte del sistema jurídico interno. 2. Aplicar el derecho de origen internacional en materia de derechos humanos como derecho interno que es. 3. No ir en contra del contenido, objeto y fin de los tratados internacionales, y por tanto, velar porque los efectos de las disposiciones de éstos no se vean mermadas por la aplicación de actos y leyes contrarias a su objeto y fin. 4. Hacer efectivos los derechos y libertades contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, por medio del análisis de compatibilidad entre las normas internas y los instrumentos interamericanos, haciendo prevalecer el que mejor proteja o menos restrinja los derechos reconocidos en el sistema jurídico interno conformado por ambos sistemas normativos, en el ámbito de sus competencias. 5. Observar como criterio hermenéutico relevante o pauta de interpretación para todo lo anterior a la jurisprudencia de la Corte IDH. (Castilla, 2011,p.614) No obstante, se considera que El control de convencionalidad puede ocasionar inconvenientes operativos en los sistemas jurídicos nacionales por el desconocimiento del bloque de derechos humanos y de la jurisprudencia de la CIDH por parte de quienes deban conocer estas disposiciones, frente a lo cual debe aplicarse la interpretación más favorable conforme al principio pro personae, para evitar su afectación con actuaciones anticonvencionales, por eso su aplicación ha de hacerse prudentemente (Olano, 2016, p.88). La postura señalada es interesante y resalta la relevancia de conocer los derechos humanos como la jurisprudencia considerando las particularidades de cada caso al momento del análisis a fin de tener un mayor conocimiento de la teoría del caso, normativa internacional, nacional, aspectos jurídicos como Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 99 �Muñoz Zepeda, E. P. probatorios vinculados. Es así como el autor Hernández Ávila proporciona un ejemplo de cómo realizar un análisis sistemático, el cual se detalla a continuación: Gráfico 2: Flujo de la metodología Evaluación fáctica del caso • Pretensión • Sujetos • Contexto Búsqueda de alternativas convencionalmente adecuadas. Análisis de las personas o grupos • Derechos humanos • Inclusión, género, niñez Revisión integral del caso Identificación normativa Recaudación y valoración de la evidencia Fuente: elaboración propia a partir de (Hernández, 2021). La metodología antes propuesta es una herramienta que tiene como basamento los derechos humanos pero requiere de una correcta aplicación considerando aspectos como: la teoría del caso, los medios probatorios, los estándares internacionales vinculados y la normativa nacional que permitan un estudio holístico. Siendo necesaria la experiencia de la judicatura a fin de propiciar un análisis e integralidad de la comunidad de la prueba para generar una fundamentación sólida que permita potenciar los derechos humanos y cumplir las obligaciones adquiridas por los Estados. Material normativo controlante y controlado La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala el material normativo controlante y controlado de conformidad a las cláusulas del Pacto de San José de Costa Rica ratificado por el Estado salvadoreño. Los cuales se detallan a continuación: a. Material normativo controlante De conformidad a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentran: los estándares internacionales de la Convención Americana de Derechos Humanos aunado a las sentencias y opiniones consultivas del organismo mencionado que enriquecen la comprensión de las acciones a desarrollar por los Estados a fin de garantizar los derechos humanos de la ciudadanía (Mejía, Becerra y Flores, 2016, p.104). Es oportuno señalar que la protección de derechos humanos se 100 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Sala de lo constitucional salvadoreña encuentra en una serie de instrumentos que forman un bloque de derechos de convencionalidad, los instrumentos que lo conforman son los siguientes: Gráfico 3: Instrumentos del bloque de convencionalidad. Bloque de convencionalidad Sentencias Opiniones consultivas Corte IDH Recomendació n Comisión IDH •Convención Americana sobre Derechos Humanos •Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura •Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas Fuente: elaboración propia (2024). El gráfico nos presenta los materiales vinculantes de conformidad a la Corte Interamericana a partir de su jurisprudencia estableciendo un parámetro de control interesante. Los Estados deben realizar acciones desde la Constitución, normativa secundaria y los estándares internacionacionales de derechos humanos. En este orden de ideas, la jurisprudencia de la Corte ha establecido que: Cuando un Estado es parte de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Belém do Pará, dichos tratados obligan a todos sus órganos, incluido el poder judicial, cuyos miembros deben velar por que los efectos de las disposiciones de dichos tratados no se vean mermados por la aplicación de normas o interpretaciones contrarias a su objeto y fin (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012, párrafo 330). Es decir, la Convención es una norma supra constitucional y las judicaturas deben conocer la normativa internacional, jurisprudencia y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se concibe doctrinariamente a la Corte Interamericana como pieza trascendental en la función judicial a partir del rol de Corte Constitucional regional que se le atribuye de acuerdo al análisis integral del marco normativo interno como del bloque de convencionalidad que efectúa en los casos que son de su conocimiento (Acosta, 2014, p.381). Lo antes mencionado encuentra su basamento en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, estándar internacional que establece con precisión la obligación de los Estados miembros de realizar los ajustes que permitan el cumplimiento del referido instrumento a través de la derogación de leyes contrarias a la garantía de los derechos regulados. En este mismo orden de ideas, la jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirma la idea citada, al estipular que a Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 101 �Muñoz Zepeda, E. P. fin de garantizar dicho derecho [...], las autoridades judiciales deben aplicar [l]os criterios [...] establecidos por la Corte [en los párrafos] 242 [a] 247 [de la Sentencia,] en ejercicio del control de convencionalidad (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2018, párrafo 64). b. Material normativo controlado La normativa nacional objeto de estudio en la institución de nuestro análisis es: la Constitución, normativa secundaria, reglamentos y ordenanzas, deben ser analizados a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. Se ha establecido que los Estados a partir de sus judicaturas ejercen un rol insoslayable el cual se ha denominado una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006, párrafo 124). Lo antes señalado encuentra su basamento en el artículo 144 de la Constitución que señala: Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros Estados o con organismos internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigor, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado (Asamblea Legislativa, 1983, artículo 144). Se identifican aspectos importantes a considerar como son: el no modificar o derogar un tratado es decir la norma secundaria está supeditada a los primeros. Incluso el material normativo controlado comprende la Constitución o Carta Magna. Un ejemplo del referido análisis lo encontramos en jurisprudencia de la Corte Interamericana al ordenar la modificación de una cláusula de la Constitución chilena, dicha acción otorgo el grado de supraconstitucional al tratado en cuestión (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2001, párrafo 103). A partir de lo anterior es importante mencionar la institución del derecho viviente con relación al control de convencionalidad que se interrelacionan al permitir una valoración de la interpretación de la jurisprudencia equivalga a la armonización en la interpretación del mismo, y a no poner en riesgo principios como la igualdad (Saavedra y Lozano, 2013, p.18). En este orden de ideas, la interpretación es clave para el desarrollo de líneas jurisprudenciales integrales que garanticen los derechos de las personas vulnerables, la aplicación de la institución en estudio es un rol que compete a las judicaturas pero es visualizado en dos aristas, la primer corresponde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien tiene la última palabra para calificar si el control de convencionalidad interno ha sido realizado correctamente, se requiere nuevamente de un control interno para ser llevado a la práctica, sin el cual quedará en las meras buenas intenciones (Silva, 2020, p.289). 102 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Sala de lo constitucional salvadoreña 3.- MÉTODO El análisis se ha desarrollado utilizando el método cualitativo – reflexivo con la finalidad de seleccionar la bibliografía idónea para comprender la institución en análisis. Posteriormente se delimito el estudio jurisprudencial a 5 sentencias de la Sala de lo Constitucional, Cámara de Familia, de Niñez y Adolescencia. Se realizó la identificación de los criterios de inclusión de las fuentes documentales a analizar, los cuales fueron: con un período de cinco años de publicación a excepción de instrumentos internacionales, documentos legales ratificados por el Estado salvadoreño, documentos, artículos científicos y libros de autores vinculados con el tema en estudio a partir de las categorías de análisis siguientes: control de convencionalidad; dignidad humana; principio de supremacía de la Convención; principio del efecto útil; teoría del derecho viviente. Los criterios de exclusión fueron: documentos legales derogados, período de cinco años de publicación de reportes, informes, artículos. Para ello, se utilizaron treinta y cinco fuentes bibliográficas utilizando la técnica de análisis de contenido. Se identificaron las siguientes preguntas orientadoras de conformidad a las categorías identificadas: Tabla 1: Categorías de análisis. Categorías de análisis Control de convencionalidad Pregunta ¿Cómo se relaciona con la normativa nacional? ¿Cuáles son los retos en su aplicabilidad? Jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional ¿Cómo se aplica el control de convencionalidad? ¿Cuál es el rol de interpretación del principio de supremacía de la convención en la jurisprudencia? Marco jurídico ¿Cuáles son los estándares internacionales que el Estado debe garantizar? Fuente: elaboración propia (2024). Las categorías esbozadas son las líneas de trabajo metodológicas para comprender la institución del control de convencionalidad y serán desarrollados aplicando la metodología de análisis de sentencias de Christian Courtis, quien propone los siguientes pasos: Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 103 �Muñoz Zepeda, E. P. Tabla 2: Pasos metodológicos Pasos Contenido 1 - Elegir la decisión o conjunto de decisiones judiciales a analizar. 2 - Determinar el interés de la decisión judicial seleccionada o del conjunto de decisiones. - Unidad temática. - Una misma norma o institución jurídica o el conjunto de estas. - Aplicación de una norma jurídica o varias normas en la sentencia o sentencias seleccionadas. - Identidad del tribunal que emite la resolución judicial en determinado tiempo. - Carácter reciente de las normas aplicadas en la sentencia o conjunto de sentencias. - El tipo de razonamientos o argumentos empleados en la resolución judicial que se analizará. 3 Fuente: elaboración propia a partir de (Christian Courtis, 2006, p.127) Los pasos citados en la tabla anterior son los pasos metodológicos a aplicar de conformidad al criterio seleccionado que comprende describir y sistematizar las decisiones judiciales. Los criterios de selección de las sentencias fueron los siguientes: relevancia de conformidad a la institución jurídica a analizar e instancia que ha pronunciado la sentencia. La metodología de Christian Courtis, se implementó a partir de la lectura de las sentencias seleccionadas y el criterio antes mencionado. Se procedió a identificar los aspectos clave en la fundamentación de las sentencias con la finalidad de ser analizados a la luz de los aspectos teóricos definidos en apartado 2 de este documento. Con el proceso anterior se realizó triangulación de información, es decir: contraste entre la parte teórica (estándares internacionales y doctrina) con los extractos de las sentencias con la finalidad de generar un análisis de conformidad al criterio seleccionado. 4.- RESULTADOS La aplicación del control de convencionalidad es un mandato a cumplir con la finalidad de potenciar los derechos humanos regulados en la Convención. En este orden de ideas, encontramos en el ordenamiento jurídico salvadoreño sentencias que se ajustan al aspecto señalado y evidencian el ejercicio cognitivo realizado por la instancia competente para garantizar los derechos en las sentencias en cuestión. A continuación, se presenta un gráfico con los elementos utilizados en la discusión del tema propuesto en el artículo para una identificación. 104 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Sala de lo constitucional salvadoreña Gráfico 4: Elementos a analizar. Dignidad humana Ius commune interamericano Control de convencionalidad Principio de supremacía de la Convención Teoría del derecho viviente Principio del efecto útil Fuente: elaboración propia (2024). Los elementos señalados son relevantes para nuestro análisis con la finalidad de comprender la institución en estudio desde una visión holística y cómo los términos serán retomados en el apartado de discusión de las sentencias identificadas. Cada uno de los aspectos identificados adquiere relevancia para una mejor comprensión de los avances que se pueden presentar en su aplicabilidad. a. Cámara de Familia de la Primera Sección del Centro. En primer lugar tenemos un proceso de Modificación de sentencia de Impugnación de Reconocimiento Voluntario de Paternidad y Nombramiento de Tutor. Se solicita la remoción del cargo de Tutor dativo. La Cámara realizó de forma oficiosa el control de convencionalidad, analizando el derecho de opinión de la niñez y adolescencia, el cual no fue ejercido en primera instancia y de conformidad a la normativa nacional produce nulidad. Se efectuó un análisis integral del caso relacionando los hechos de primera instancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (actualmente derogada por la Ley Crecer Juntos para la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia) y la Observación General Número 14 del Comité de los Derechos del Niño. En el análisis la Cámara visualiza la relevancia del derecho de opinión desde la perspectiva de la doctrina de protección integral y señala que el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño estipula que: El hecho de que el niño sea muy pequeño o se encuentre en una situación vulnerable (por ejemplo, los niños con discapacidad, los pertenecientes a grupos minoritarios y los migrantes) no le priva del derecho a expresar su opinión, ni reduce la importancia que debe concederse a sus opiniones al determinar el interés superior. La adopción de medidas concretas para garantizar el ejercicio en pie de igualdad de los derechos de los niños en ese tipo de situaciones debe someterse a una evaluación individual que dé una función a los propios niños en el proceso de toma de decisiones y permitan introducir ajustes razonables Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 105 �Muñoz Zepeda, E. P. y prestar apoyo, en caso necesario, para garantizar su plena participación en la evaluación de su interés superior (Naciones Unidas, 1989, artículo 12). Es decir, es una obligación de cualquier autoridad u órgano Estatal con el objetivo de evitar vulneraciones de derechos humanos. A partir del derecho de acceso a la justicia todo ciudadano se encuentra facultado de iniciar un proceso para revisar internamente la sentencia emitida por el juez de primera instancia y verificar el análisis efectuado desde la experticia, la comunidad de la prueba, la normativa nacional y los estándares internacionales de derechos humanos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2013, párrafo 72). Lo antes indicado es el basamento para la aplicación del derecho de la supremacía de la convención, regulado en el artículo 31 romano I de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Estipula que la interpretación tiene como base la buena fe. Es decir, la teoría del derecho viviente que se encuentra imbíbito en los referidos instrumentos y deben ser respetados por los Estados pues bien los tratados de Derechos Humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1999, párrafo 14). b. Cámara Especializada de Niñez y Adolescencia En proceso de autorización de salida del país y entrega de pasaporte la Cámara realizó análisis de la sentencia emitida por la judicatura de primera instancia. En su fundamentación se identifica un estudio integral de estándares internacionales y cómo los derechos de la niñez y adolescencia presentan una trascendencia en el proceso, aunado a las repercusiones que la falta de cumplimiento de los referidos derechos genera graves vulneraciones de tratados internacionales, en el caso en cuestión la Convención sobre los Derechos del Niño. Para desarrollar su análisis relaciona la normativa nacional e internacional a continuación se presentan las normativas utilizadas en la siguiente tabla: Tabla 3: Normativa internacional y nacional aplicable. • • Normativa internacional Convención sobre los Derechos del Niño. Observación General N° 12: El Derecho del Niño a ser escuchado. • • • • • Normativa nacional Constitución Código de Familia Ley Procesal de Familia Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia Código Procesal Civil y Mercantil Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara especializada de Niñez y Adolescencia, 2011). Se identifica a partir de la tabla el uso de diferentes instrumentos internacionales como normativa nacional para desarrollar un análisis integral de derechos. La sentencia es un ejemplo del rol activo y oficioso de la judicatura para revisar las acciones del juez a quo y verificar el cumplimiento de los estándares internacionales. La fundamentación de la Cámara es respaldado y plausible proporcionando una riqueza jurisprudencial para todas las judicaturas bajo la perspectiva de la Comité de los derechos del niño en su observación general número 12. 106 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Sala de lo constitucional salvadoreña Tomando a bien realizar una identificación y análisis de los pasos judiciales para garantizar el derecho de opinión de la niñez y adolescencia los cuales se detallan con un claro objetivo: visibilizar la teoría del derecho viviente y el control de convencionalidad como una herramienta eficaz que permite legitimar las acciones del Estado a través de sus diferentes instancias. En consecuencia el rol del sistema interamericano es crucial como fuente de cambios normativos sustanciales, verbigracia la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, significo un antes y después, colocando en el centro a la niñez y adolescencia y otorgando la calidad de sujetos de derechos (Mejía y Becerra, 2016, p.103). Las sentencias de la Cámara de Familia como de Niñez y Adolescencia, presentan un análisis integral y enriquecedor para la jurisprudencia nacional. Pues bien, permite identificar las dos dimensiones del control de convencionalidad aunado a la visión humanista que deben contener para visibilizar los derechos de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. c. Sentencia de inconstitucionalidad de la Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado. Es una arista interesante a nivel jurisprudencia y nos presenta una visión diferente del control de convencionalidad en El Salvador. Se consideró que la referida ley contrariaba lo estipulado en la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Derechos del Niño, Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por mencionar algunos de los instrumentos internacionales citados. La sentencia hace énfasis que el centro de las decisiones debe realizarse desde la Constitución como norma suprema, para dotar de contenido esta afirmación se identifica que la Sala establece que: En definitiva, no debe nunca perderse de vista que la libertad es una condición imprescindible para la vigencia de un régimen constitucional, pues, como bien señala López Guerra, desde un punto de vista material, el Derecho Constitucional es en última instancia el sistema de normas que regulan "las materias directamente vinculadas a la garantía básica de la libertad"; es decir, "aquellas normas que regulan, en garantía de la libertad del individuo en una comunidad política organizada, las posiciones jurídicas fundamentales de los ciudadanos frente al Estado (Sala de lo Constitucional, 15-96, p.80 y 81). Los argumentos presentados en la sentencia respecto al rol que ejerce la Sala de lo Constitucional salvadoreña no es discutible (Sala de lo Constitucional, 15-96, p.99). El autor Javier Pérez Arroyo, identifica las características del control de constitucionalidad con relación a los efectos que produce, no obstante, la Sala menciona pero no aplica los instrumentos internacionales por no ser vinculantes. Aspecto que se identifica en el texto de la sentencia y se presenta a continuación: Sobre la presunción de inocencia, debe tenerse en cuenta que su elevación a rango constitucional se suscitó en la Constitución de 1983, lo que se justificó por la Comisión de Estudio del Proyecto de Constitución en los siguientes términos: "Además de la garantía constitucional en virtud de la cual nadie puede ser privado de sus derechos sin Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 107 �Muñoz Zepeda, E. P. haber sido oído y vencido en juicio, se introduce otra garantía procesal en el caso de las personas acusadas de algún delito. Se establece en primer lugar la presunción de inocencia. Es éste un principio universalmente reconocido y su texto en su inciso primero está tomado del Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas". Efectivamente, el Art. 11.1. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reza: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa"(Sala de lo Constitucional, 1596, p.81). A partir de lo antes citado, se identifica la inclusión de los tratados internacionales pero se resalta la supremacía de la Constitución. No obstante, el análisis holístico permitiría visibilizar que las decisiones legislativas, administrativas y judiciales deben basarse en la dignidad humana y el ius commune interamericano. En consecuencia, la teoría del derecho viviente y el material controlante presenta una riqueza en materia de derechos humanos. Una condición esencial para la aplicación del control de convencionalidad es la incorporación del principio pro-persona o pro homine, su asidero se encuentra en la interpretación humanística que deben realizar las instancias competentes. Lo que permitirá reforzar el mandato constitucional que el inicio y el fin del Estados residen en el pueblo (Mejía y Flores, 2016, p.123). Es decir, el disfrute de los derechos es a partir de su garantía sin ninguna limitación. La normativa interna debe responder a los intereses de la población que requiere de una respuesta integral desde la visión de los estándares internacionales y una interpretación basada en la dignidad humana la cual se cristaliza en la defensa de los derechos. Es insoslayable el control de constitucionalidad y los operadores de justicia en todas sus instancias se encuentran obligados a realizar pero el argumento de considerar a Los tratados normas no idóneas para constituir un parámetro de decisión en el proceso de inconstitucionalidad, esta Sala está inhibida de examinar aquellos motivos de inconstitucionalidad expuestos por los demandantes, cuando la argumentación se basa en la contradicción entre la norma legal e internacional (Sala de lo Constitucional, 1997). Lo antes citado riñe con el control de convencionalidad de conformidad al principio de progresividad regulado en el artículo 29 literal b) de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Es una prohibición de generar retrocesos injustificados a los niveles de cumplimiento alcanzados, es decir, la “no regresividad” en la protección y garantía de derechos humanos (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2018, p.12). d. Sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de amnistía General para la consolidación de la paz. En sintonía con la sentencia anterior, la inconstitucionalidad que analizó la Ley de Amnistía General para la Consolidación para la Paz, analizo el respeto del derecho de acceso a la justicia y 108 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Sala de lo constitucional salvadoreña búsqueda de la verdad de los familiares víctimas del conflicto armado. Se identifica como parte de los argumentos de la Sala de lo Constitucional que: Lo anterior no significa que no pueda acudirse -como ya se ha hecho en reiteradas sentencias de esta Sala- a los tratados como referencia técnica para la mejor comprensión o ilustración sobre el contenido o alcance actual de una disposición constitucional, sobre todo en los casos en que los mismos puedan entenderse como desarrollo de ésta; o aun que esta Sala, como reiteradamente lo ha hecho en los procesos de hábeas corpus, recurra a los tratados como instrumentos de integración o complementación de las normas legales secundarias (...). En virtud de lo expuesto en este considerando, y ya que las normas contenidas en los tratados no son normas idóneas para constituir parámetro de decisión en el proceso de inconstitucionalidad, esta Sala está inhibida de examinar aquellos motivos de inconstitucionalidad expuestos por los demandantes, cuando la argumentación se basa en la contradicción entre la norma legal y la norma internacional; y sólo en el caso que se haya expuesto que, además del enfrentamiento con el tratado, existe una colisión directa con la Constitución, es posible pasar al examen de fondo; o, en todo caso, este tribunal encargado del control constitucional no analizará -en esta clase de proceso- los aducidos conflictos entre las normas legales impugnadas y las normas internacionales que los demandantes refieren (Sala de lo Constitucional, 24-97/21-98 p.12). El argumento citado implica un retroceso en materia de derechos humanos y contraria la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este mismo orden de ideas, el Dr. Miguel Carbonell señala que el control de convencionalidad es insoslayable y adquiere trascendencia a partir de la ratificación de los tratados internacionales y los Estados adquieren obligaciones. Por ello se considera relevante para este sucinto estudio considerar los elementos siguientes: Derogación de normas que se opongan a lo que dispone el tratado (en esto consiste, en parte, la llamada “armonización” del sistema jurídico interno respecto al internacional); Realización de un diagnóstico respecto de los derechos regulados por los tratados internacionales, a fin de determinar con la mayor precisión posible en qué punto se encuentra el país al momento de firmar el tratado (este diagnóstico será el que suministre una herramienta de medición para saber si en el futuro el Estado avanza en la tutela efectiva de los derechos, si se mantiene igual o si retrocede) (González y Valadés, 2013, p.68 y 69) Es decir, verificar la relevancia del control de convencionalidad y aplicación a través de los estándares internacionales como normativa aplicable que debe garantizarse en su máxima expresión. Se identifica avances importantes en la aplicación de los estándares internacionales pero se reitera la necesidad de incorporar una herramienta metodológica en todas las instancias administrativas como judiciales para su correcta aplicación. Por ello se sugiere utilizar la metodología Themis, como una herramienta que proporciona un proceso claro que puede ser aplicado por las judicaturas, los profesionales del derecho y los estudiantes, permitiendo una construcción clara de un argumento jurídico con un enfoque de derechos humanos. Su aplicación permitirá realizar un análisis hermenéutico y la jurisprudencia representa una riqueza para los profesionales del derecho en la comprensión de las instituciones jurídicas y los criterios vigentes. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 109 �Muñoz Zepeda, E. P. Pues bien, considera etapas que permiten una construcción clara y enfocada en cada caso dotando de contenido la respuesta que generará la judicatura que busca potenciar las habilidades argumentativas a partir de la identificación de los estándares internacionales, normativa nacional y la identificación del caso puesto en análisis. En consecuencia, se identificaran de forma lógica los elementos siguientes: el contexto real; identificación de la pretensión/delito; fundamento legal; identificar criterios normativos; hechos jurídicamente relevantes; interrogantes del caso; interpretar las normativa; valoración de la prueba; relacionar la norma con la prueba para generar la sentencia (GIZ, 2020, p.14). La sentencia analizada estudio una institución importante como es la amnistía. El juez Manuel E. Ventura Robles ha señalado que: las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana (Sancho, 2007, p.126). En consecuencia, la decisión de amnistía es un mensaje de impunidad y un obstáculo para el acceso a la justicia de los familiares víctimas del delito de desaparición forzada en el conflicto armado interno de acuerdo al Informe de la Comisión de la Verdad. Por su parte la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalo que el caso salvadoreño registra una resistencia a modificar la cual se ve modificada a partir de la sentencia del dos mil dieciséis (Canton, 2007, p.268 y 269). La Sala de lo Constitución en su decisión declaro inconstitucional, de un modo general y obligatorio, el art. 1 de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, en la parte que expresa: “Se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos…” (Sala de lo Constitucional, 2016, p. 41). Se identifica en el voto disidente del Magistrado José Belarmino Jaime Flores, aspectos relacionados con nuestro análisis Desde la época de ratificación de la Convención y aceptación de la competencia de la Corte, se estableció que las disposiciones de dicha Convención de ninguna manera podían estar por sobre la Constitución; y del mismo modo, las interpretaciones de la Corte Interamericana de Justicia tampoco pueden estar sobre lo preceptuado en la Constitución. Ello está absolutamente claro en la Reserva establecida por el país al momento de ratificar dicha Convención; y que ha sido transcrita, así como en la expresión imperativa del art.145 parte final de la Constitución; razón por la cual estuvo errado el criterio de esta Sala en cuanto aplicar la retroactividad en materia penal de manera indiscriminada, so pretexto de tratarse de delitos de lesa humanidad, basándose en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sala de lo Constitucional, 2016, p. 65). De conformidad al control de convencionalidad y el análisis realizado por la Sala de lo constitucional representa un estudio con base a los derechos humanos y el material normativo controlante que tiene de base la Convención Americana de Derechos Humanos. Posterior al pronunciamiento de la sentencia, se identifican aspectos pendientes a retomar que riñen con los estándares internacionales ratificados por el Estado, verbigracia: la investigación de los casos para garantizar el derecho a la verdad, la aprobación de Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional por mencionar acciones puntuales que se encuentran establecidas en la sentencia de la Sala de lo Constitucional que cambia el precedente anterior (CEJIL, 2020). 110 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Sala de lo constitucional salvadoreña Como indicamos en apartados anteriores el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es enfática en establecer que los Estados deben modificar su normativa interna en aras de respetar los derechos regulados en el instrumento citado y en cumplimiento de las obligaciones adquiridas a partir de su ratificación e incorporación en el ordenamiento jurídico salvadoreño. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el rol de las judicaturas en esta materia el cual representa un marco de protección y no un elemento de fundamentación que limita el espíritu de los tratados internacionales y su filosofía humanista que se encuentra reflejada en la Carta Magna. Es oportuno señalar que: …es importante destacar que la defensa u observancia de los derechos humanos a la luz de los compromisos internacionales en cuanto a la labor de los operadores de justicia, debe realizarse a través de lo que se denomina “control de convencionalidad”, según el cual cada juzgador debe velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales, de manera que no quede mermado o anulado por la aplicación de normas o prácticas internas contrarias al objeto y fin del instrumento internacional o del estándar internacional de protección de los derechos humanos (Corte Interamericana, 2008, párrafo 180). Las sentencias analizadas presentan avances y retrocesos en la aplicación de los estándares internacionales y su protección a partir de una revisión exhaustiva de cada caso. Per se no existe una aplicación de la institución en análisis, lo señaló en su momento el Dr. Florentín Meléndez, actualmente ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, es un reto efectuar un verdadero control de convencionalidad que permita realizar sentencias más integrales en búsqueda de una mayor protección de los derechos humanos. Pues bien, a la fecha se ha enfocado en una consolidación de la normativa interna y mención de la jurisprudencia internacional vinculante para nuestro país por la ratificación de los tratados y convenciones que forman parte importante de nuestro ordenamiento jurídico (Meléndez, 2015, p. 89). De conformidad a la metodología de Hernández Ávila, el cual transversalizamos con el análisis de las sentencias propuestas de forma sucinta se identifica que los pasos propuestos no se han dado cumplimiento por la resistencia a aplicar el control de convencionalidad. Es importante proponer cambios desde la visión de derechos humanos los cuales inciden en las acciones que se implementan en defensa de los derechos humanos de las personas en condición de vulnerabilidad a partir del principio de la primacía de la realidad. e. Sentencia de desplazamiento forzado interno En este mismo orden ideas, la sentencia que analizo el desplazamiento forzado interno utilizo los estándares internacionales para reforzar la idea de protección de derechos, en ese sentido, señalo que En la Sentencia de fecha 1-IV-2004, Inc. 52-2003, se sostuvo que, si bien los tratados internacionales no tienen el mismo rango de la Constitución en el sistema de fuentes, la disposición constitucional que consagra su valor jurídico y posición en ese sistema ―art. 144 inc. 2° de la Cn. ― no puede ser desatendida por el tribunal encargado de la defensa de la Constitución. De ahí que esa disposición, conectada con la concepción personalista del Estado ―art. 1 y Preámbulo de la Cn. ―, de la cual se deriva la regla hermenéutica en favor de la dignidad: restringir lo limitativo y expandir lo favorable a ella, no solo determina la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 111 �Muñoz Zepeda, E. P. fuerza vinculante y jerarquía normativa de los tratados internacionales de derechos humanos, sino que permite proponer una apertura normativa hacia ellos (Sala de lo Constitucional, 2018. p.22 y 23). Punto de argumentación representa un aspecto significativo en materia jurisprudencial y cómo el control de convencionalidad debe ser incorporado no como parte argumentativa sino como materia de control para garantizar los derechos de las familias afectadas por el desplazamiento forzado interno. Se identifica vinculación de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-18/03, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, entre otros instrumentos. Incluso la sentencia representa un hito en nuestra historia, identifica acciones que el Estado salvadoreño debe realizar a partir de sus instituciones a fin de garantizar los derechos humanos de las personas desplazadas internas, fenómeno que tenía reconocimiento por el Estado siendo el punto de partida la sentencia desde su visibilización, acciones concretar a implementar por instituciones desde la creación de una ley, incluyendo la creación de un mecanismo de control y supervisión a través se audiencias de seguimiento en 2019, identificando avances pero incumplimientos del fallo. La acción antes señalada fue un elemento interesante y único en el país con similitudes a lo realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, se visualiza avances en la construcción de la fundamentación de las sentencias al incorporar estándares internacionales vinculados al caso concreto lo cual denota un análisis exhaustivo e integral de conformidad a lo estipulado en párrafos anteriores dotando de contenido la fundamentación de una manera ordenada y sistemática. El rol de las judicaturas en la aplicación de los estándares internacionales es insoslayable y de conformidad a cada caso e institución que es de su conocimiento a partir del derecho de acción que posee la ciudadanía es inquebrantable las repercusiones que trae consigo un adecuado análisis para la potenciación de los derechos humanos y su correcta garantía. El sucinto recorrido de las sentencias seleccionadas nos permite identificar las consecuencias que las decisiones son clave para el reconocimiento de derechos y seguridad jurídica. Como hemos indicado los derechos humanos es un pilar fundamental en una sociedad democrática y las judicaturas indistintamente la instancia deben realizar a través de una metodología como la sugerida en líneas previas un análisis que permita a la población en general comprende la dinámica de los derechos humanos en la vida de las personas por sus efectos que en algunos casos nos encontramos en derechos colectivos o difusos. En esta misma idea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estipula que: La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales (Corte IDH, 2011, párrafo 239). La postura del control de convencionalidad en las sentencias expuestas nos permite responder las interrogantes realizadas al visibilizar el uso de estándares internacionales en la fundamentación de diferente manera y su vinculación con la teoría del caso. Asimismo, el rol de interpretación del principio 112 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Sala de lo constitucional salvadoreña de supremacía de la convención en la jurisprudencia varía de conformidad a valoraciones de los responsables que se encuentran en conocimiento. Los derechos humanos de conformidad a sus características nos recuerda el nivel de cumplimiento que es exigido a los Estados y en caso de incumplimiento son condenados. En consecuencia, no puede justificarse el no cumplir los estándares internacionales bajo la premisa del derecho interno, pues bien, las normas secundarias que se han promulgado tienen su asidero en la normativa internacional que tiene como objetivo la protección de los derechos de las personas más vulnerables. Se considera importante identificar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculada al caso en estudio a fin de fortalecer los argumentos jurídicos que se están presentando para establecer la importancia de la respuesta a tomar. Como muy bien lo señala el autor Karlos Castilla retomando aspectos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se identifican 5 puntos esenciales para desarrollar una integración adecuada y en nuestro estudio consideramos importante, se detallan en el siguiente gráfico: Gráfico 5: Aspectos a considerar en el uso de jurisprudencia Identificar el derecho a proteger o interpretar Identificar los casos analizados en la jurisprudencia Comparar la semejanza fáctica Comprobar que comparten las mismas propiedades relevantes Verificar que la conclusión en compatible con la Convención Americana Fuente: elaboración propia a partir de (Castilla, 2011, p.619) Es así que el control de convencionalidad es una herramienta fundamental en la protección de los derechos humanos que requiere de una interpretación y aplicación del derecho internacional para realizar un análisis ex officio por las judicaturas. El rol activo de las judicaturas radica en garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso. 5.- CONCLUSIONES La protección de los derechos humanos no es de carácter jerárquico y una reyerta entre la Constitución y un tratado internacional, a contrario sensu, los aspectos políticos e intereses individuales no deben Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 113 �Muñoz Zepeda, E. P. sopesar al bien común. Se considera relevante establecer que los tratados internacionales desde su ratificación son instrumentos de aplicación que tienen un punto en común. Como lo señala la doctrina el control de convencionalidad está íntimamente conectado con el derecho nacional, tanto desde una perspectiva descriptiva como prescriptiva (González, 2018, p.225). El análisis de carácter cualitativo- reflexivo permitió identificar avances para identificar los avances jurisprudenciales como los retrocesos en la aplicación del control de convencionalidad, lo que ha permitido una comprensión de los criterios tomados de conformidad a la Sala de Constitución de turno. Pues bien, la Sala de lo Constitucional presenta una postura limitante sobre el tema, en sus fallos se encuentran pronunciamientos haciendo referencia a disposiciones sobre tratados o convenciones de derechos humanos, sentencias e interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no efectúa un verdadero control de convencionalidad en sus pronunciamientos. Se identifica la idea persistente de ser sólo una directriz para lograr interpretar adecuadamente la Constitución. En este sentido, la aplicación de los instrumentos internacionales debe comprender el análisis de su cumplimiento a partir de la dignidad humana, progresividad, entre otros. En consecuencia, deben generarse acciones de capacitación respecto al control de convencionalidad a partir de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura salvadoreño competente de realizar módulos para judicaturas, procuradores y abogados en el libre ejercicio. Las judicaturas deben realizar un rol activo en la aplicación del control de convencionalidad y constitucionalidad a fin de potenciar los derechos humanos de la población salvadoreña. Para ello se requiere la aplicación del principio de buena fe aplicar los estándares internacionales a partir de una metodología clara que tome de base lo estipulado la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los aspectos a considerar en su aplicación. Se considera insoslayable aplicar una metodología del control de convencionalidad como la propuesta realizada por Hernández Ávila que permita de forma integral aplicar la institución jurídica analizada, además de incorporar enfoques como los derechos humanos, interseccionalidad, niñez y adolescencia entre otros al momento de analizar y fundamentar. Por tanto, es un aspecto cultural para considerar en el análisis del control de convencionalidad que requiere de una deconstrucción de criterios limitantes en materia de derechos humanos que restringen el acceso a derechos como el acceso a la justicia y la verdad por mencionar algunos. REFERENCIAS Acosta, P. (2017) Ius commune interamericano. Brevísimas notas sobre el concepto de dialogo. Instituto de Estudios constitucionales del Estado de Queretaro. Recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4745/12.pdf Asamblea Legislativa, (1983). Constitución de la República de El Salvador. Cámara especializada de Niñez y Adolescencia, (2011) Sentencia de apelación 8/A/SM2/11-1. Cámara de Familia de la Primera Sección Centro de San Salvador (2015) Sentencia 89-A-2014. 114 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Sala de lo constitucional salvadoreña Canton, S. (2007) Leyes de amnistía”. Víctimas sin mordaza. El impacto del Sistema Interamericano en la Justicia Transicional en Latinoamérica: los casos de Argentina Guatemala, El Salvador y Perú. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/tablas/r29761.pdf Castilla, K. (2011). El control de convencionalidad: un nuevo debate en México a partir de la sentencia del caso radilla pacheco. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XI, 2011. Recuperado de: https://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v11/v11a20.pdf CEJIL, (2020). Cuatro años sin Ley de Amnistía en El Salvador: escasos avances en justicia, verdad y reparación para las víctimas del conflicto armado. Recuperado de https://cejil.org/comunicadode-prensa/cuatro-anos-sin-ley-de-amnistia-en-el-salvador-escasos-avances-en-justicia-verdady-reparacion-para-las-victimas-del-conflicto-armado/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (2018) Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Recuperado de https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34-principios-universalidad.pdf Corte Interamericana de Derechos Humanos, (1999). Opinión consultiva 016. El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2003). Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala Sentencia de 25 de noviembre de 2003 (Fondo, Reparaciones y Costas). Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_esp.pdf Corte Interamericana de Derechos Humanos, (2006). Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile Sentencia de 26 de septiembre de 2006 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf Corte Interamericana de Derechos Humanos, (2008). Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_186_esp.pdf Corte Interamericana de Derechos Humanos, (2011) Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221. Corte Interamericana de Derechos Humanos, (2012). Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 noviembre de 2012. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_253_esp1.pdf Corte Interamericana de Derechos Humanos, (2001). Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_73_esp.pdf Corte Interamericana de Derechos Humanos, (2018). Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Corte Interamericana de Derechos Humanos, (2013) Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Courtis, C. (2006). El juego de los juristas. Ensayo de la caracterización de la investigación dogmática en Observar la ley: Ensayos sobre metodología de investigación jurídica. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2129931 Ferrer, E. (2012) Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano. García S. y Morales J. (2011) La reforma constitucional sobre derechos humanos. González, L. y Valadés, D. (2013) El constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a Jorge Carpizo. Recuperado de http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/12175 GIZ, (2020). Manual Práctico para aplicar el Control de Convencionalidad basado en la Metodología THEMIS. Recuperado de: Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 115 �Muñoz Zepeda, E. P. https://www.infoem.org.mx/doc/biblioteca/accesoytrans/convencionalidad/Manual-Practicopara-aplicar-el-Control-de-Convencionalidad-THEMIS-PRO.pdf González, P. (2018) La relación entre la doctrina del control de convencionalidad y el derecho nacional. Cuestiones constitucionales Revista Mexicana de Derecho Constitucional Núm. 38, enero-junio. Hernández, E. (2021) Aproximación a una metodología para aplicar el control de convencionalidad. Recuperado de https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-yderechos/article/view/16401/17084 Mejía J, Becerra J y Flores, R (2016) El control de convencionalidad en México, Centroamérica y Panamá. Casa San Ignacio. Recuperado de: https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r34721.pdf Meléndez, F. (2015) Jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la República de El Salvador. Naciones Unidas, (1989) Convención sobre los Derechos del Niño. Olano, H. (2016) Teoría del control de convencionalidad. Recuperado de https://www.scielo.cl/pdf/estconst/v14n1/art03.pdf Sala de lo Constitucional, (1997) Sentencia de inconstitucionalidad 15-96. Recuperado de https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/1990-1999/1997/02/8926B.PDF Sala de lo Constitucional, (2000) Sentencia de inconstitucionalidad 24-97/21-98. Recuperado de https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/2000-2009/2000/09/1266.PDF Sala de lo Constitucional, (2016) Sentencia de inconstitucionalidad 44-2013/145-2013. Recuperado de https://www.jurisprudencia.gob.sv/VisorMLX/PDF/44-2013AC.PDF Sala de lo Constitucional, (2018). Sentencia de amparo 411-2017. Recuperado de https://www.jurisprudencia.gob.sv/PDF/411-2017.PDF Sancho, G. (2007). Leyes de Amnistía: Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/tablas/r28160.pdf Saavedra L. y Lozano L. (2013). Vinculatoriedad del precedente y jurisprudencia como doctrina probable frente a la doctrina del derecho viviente (Diritto vivente). Teoría y praxis investigativa Vol. 8, N.˚ 2. Silva M. (2020). ¿Qué efectos produce el control de convencionalidad decretado por la Corte Interamericana en un ordenamiento jurídico? Estudios constitucionales vol. 18 · núm. 2. 116 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ Elections and indigenous insurgency in Brazil: political participation from 2014 to 20221 Elecciones e insurgencia indígena en Brasil: participación política de 2014 a 2022. Francisca Marli Rodrigues de Andrade2; Viviane Heringer Tavares3 ABSTRACT In recent years, the Indigenous movement in Brazil has mobilized to contest and occupy institutional spaces of democratic representation, positioning itself as an insurgent force within national politics. This article aims to identify self-declared indigenous candidates in the 2014, 2018, and 2022 general elections and to analyze the underlying factors behind the increase in their candidacies during theses electoral cycles. The study adopts a qualitative, exploratory-descriptive methodology and is structured around seven analytical dimensions, using data from the Open Data Portal of the Brazilian Superior Electoral Court (TSE). The findings point to a growing presence of indigenous candidacies, driven by five interrelated factors: the consolidation of the indigenous movement over the past three decades; improved access to public education policies promoting equity and ethno-racial diversity; the political reconfiguration following the impeachment of President Dilma Rousseff; strategic co-optation by right-wing parties; and the increasing protagonism of indigenous women, particularly evident in the 2022 elections. Keywords: Elections, Indigenous Peoples, Insurgencies, Representative Democracy, Rights violations. RESUMEN …………………………………… Fecha de recibido: 02/10/2024 Fecha de revisado: 14/01/2025 Fecha de aceptado: 09/05/2025 Fecha de publicación: 30/07/2025 En los últimos años, el movimiento indígena en Brasil se ha movilizado para disputar y ocupar espacios institucionales de representación democrática, posicionándose como una fuerza insurgente dentro de la política nacional. Este artículo tiene como objetivo identificar a los candidatos autodeclarados indígenas en las elecciones generales de 2014, 2018 y 2022 y analizar los factores que explican el aumento de estas candidaturas en dichos procesos electorales. El estudio adopta una metodología cualitativa de carácter exploratorio-descriptivo, estructurada en torno a siete dimensiones analíticas, con base en datos del Portal de Datos Abiertos del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil. Los resultados evidencian un crecimiento sostenido de las candidaturas indígenas, impulsado por cinco factores interrelacionados: el fortalecimiento del movimiento indígena en las últimas tres décadas; el acceso ampliado a políticas públicas educativas orientadas a la equidad y la diversidad étnico-racial; el contexto político tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff; la instrumentalización política por partidos de derecha; y el creciente protagonismo de mujeres indígenas, especialmente en las elecciones de 2022. Palabras Clave: Elecciones, Democracia representativa, Insurgencias, Pueblos indígenas, Violaciones de derechos. Esta obra está bajo una licencia de Creativa Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional Cómo referenciar este artículo: Rodrigues de Andrade, F., M. & Heringer Tavares, V. (2025) Elections and indigenous insurgency in Brazil: political participation from 2014 to 2022. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 11(22), 117-142. https://doi.org/10.29105/rpgyc11.22-364 1 This research was supported by the Brazilian government through projects funded by the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq). 2 PhD in Education, Sustainability Culture and Development from the University of Santiago de Compostela – Spain. Assistant Professor at the Federal Fluminense University, Rio de Janeiro, Brazil. Email: marli_andrade@id.uff.br. Orcid: 0000-0001-6450-5911 3 PhD candidate in Social Anthropology in the Graduate Program in Social Anthropology at the National Museum. Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brazil. Email: vivianeheringertavares@gmail.com. Orcid: 0009-0002-9613-9084 117 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 1.- INTRODUCCIÓN Indigenous and indigenist movements’ participation in the elaboration and approval of the 1988 Federal Constitution was a determining factor for the new relationship between the Brazilian State and indigenous peoples (Baniwa, 2012; Cunha, 2018; Fernandes, 2015). However, some elements in it still evolve slowly and the small presence of elected indigenous candidates at state and federal level is a good example of it (Oliveira & Souza Lima, 2022). The aim of the present research is to address self-declared indigenous candidates’ participation in the national politics, mainly in the 2014, 2018 and 2022 elections, given the aforementioned political background. This timeframe is justified by recent changes in candidates’ application process since 2014, when the Electoral Supreme Court (also known as TSE) introduced the “ethnicity/skin color” category in electoral applications (TSE, 2022). Scientific debate based on official data of this category is recent in literature. In Latin America, the political participation of indigenous people in electoral processes has been receiving attention in the field of Political Science in recent years, with emphasis on the different processes in the countries of the region (Rômulo & Albala, 2023). From a broader perspective, Albala and Natal (2023) provide a comparative analysis of indigenous peoples' struggles for effective representation in Latin American national political systems. In the descriptive analyses of this representation, the authors identify three main groups: a) countries considered to be more inclusive environments, such as Bolivia, Ecuador and Guatemala; b) countries with some representation and/or active indigenous elites, such as Colombia, Mexico and Paraguay; c) countries that present atypical cases with potential indigenous issues, such as Peru and Chile (Albala & Natal, 2023). This analysis shows the progress and challenges faced by indigenous peoples in the field of democratic representation in Latin America. In the last decade, countries that have been more open to indigenous people in institutional politics have also faced complex challenges in the struggle for effective democratic representation. Research by Cunha Filho (2023) indicates that Bolivia has made progress in the formal recognition of indigenous rights with the Plurinational State. On the one hand, Evo Morales' government has brought material benefits and greater indigenous representation in electoral processes, but on the other, many of the agendas of interest to these groups are still limited by the power of the central state (Cunha Filho, 2023). In Ecuador, Dávila Gordillo (2021) points out that Pachakutik - a party linked to the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE) - has combined social mobilization with electoral strategies to demand democratization and plurinationality in electoral politics. Despite occasional victories, the party faces challenges in terms of cohesion and expansion beyond traditional indigenous areas (Dávila Gordillo, 2021). In Guatemalan, as Barragán (2023) indicates, despite being a strongly multiethnic, multicultural and multilingual society, the structural exclusion of indigenous peoples persists, both in society and in the institutional political system. The Guatemalan case contrasts with more inclusive processes observed in Andean countries such as Bolivia and Ecuador, and reinforces the importance of analyzing the institutional and social barriers that limit effective indigenous participation in spaces of power (Barragán, 2023). According to the literature analyzed, the experiences of indigenous people in Bolivia, Ecuador and Guatemala can offer a rich contribution to the Brazilian state in terms of understanding the mechanisms that encourage and obstruct the political representation of indigenous people in electoral processes. Among these obstacles are three common tendencies present in these countries, such as: fragmentation of indigenous movements and tensions between autonomy and party integration; the 118 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Rodrigues de Andrade, F., M. & Heringer Tavares, V. importance of institutional reforms such as quotas and reserved seats; and the persistence of structural barriers such as poverty, discrimination and marginalization (Dávila Gordillo, 2021; Barragán, 2023; Cunha Filho, 2023). Some of these tendencies are also present in the Brazilian case, which reveals that the barriers to indigenous representation in electoral processes in Latin America follow a pattern based on exclusion and marginalization in electoral disputes (Codato & Lobato, 2017; Conceição, 2018; De Paula, 2020). Regarding the participation of indigenous candidates in Brazilian elections, Oliveira and Souza Lima (2022) emphasize that this debate was built on a series of scattered data in specific works; as well as in NGOs and social movements’ efforts to map indigenous participation in elections, in previous years. The research “Color of the elected ones: determinants for non-whites’ political sub-representation in Brazil”, by Campos and Machado (2015, p. 142), highlights a whole series of essential questions that have helped elaborating the present study, namely: a) non-white groups’ low representativeness in the national politics; b) scarce literature about this topic - different from topics like gender and politics, which have much more references; c) arguments that non-white candidates’ representativeness is linked to the “sociological dynamics of racial discrimination in Brazil”. Although these authors mainly approach the black population’s low representativeness in politics, their study can provide interpretative lenses to indigenous candidacy cases (Campos & Machado, 2015). The experience of black, indigenous and afro-indigenous populations is similar when it comes to the Brazilian society’s discriminatory profile, which reflects on several sectors, even on electoral policies (Campos & Machado, 2015; Barbieri et al., 2022). Accordingly, referencing studies about race and elections can provide epistemological perspectives at times to think about crossings featuring indigenous candidacies. However, the goal of the current research is not to extrapolate the comparative elements of experiences lived by these social groups. Actually, these experiences will be herein used to show that these groups share a similar political exclusion context, which is perpetrated by a society model substantiated by structural racism used as tool to protect whiteness’ privileges. Based on Almeida (2021), the structural racism sets the power and supremacy of one race over the other. Therefore, it establishes categories among social groups as domination, and social, political and economic control instrument. Structural racism perpetuates ethnic inequalities and marginalization by putting certain groups in a submission position within a society historically forged to put aside indigenous peoples from the social, political and economic system. On the other hand, these structures’ strength reflects on statistics, and it points out that “the national politics is mostly white” (Campos & Machado, 2015, p. 150). Yet, this structure highlights indigenous peoples’ low representativeness in the Brazilian political composition, since the country lacked indigenous representation at the federal political scope for 30 years. The first indigenous individual to be elected for the federal sphere was Congressman Mário Juruna. He was elected for Rio de Janeiro State, and his office lasted from 1983 to 1987, by the Democratic Labor Party, also known as PDT. From Keyla Pataxó’s viewpoint, his election aimed at representing two main agendas: interests of indigenous peoples and environmental agenda issues (Conceição, 2018). After almost 30 years without any elected indigenous candidacy in federal elections, two phenomena were determining to the present study. The first one regards the election of the first indigenous woman as Federal Congresswoman in 2018, Joênia Wapichana, who was elected for Roraima State through Rede e Sustentabilidade Party (Guajajara et al., 2022). According to TSE data, there was increase in self-declared indigenous peoples’ participation in state and federal elections, in the last elections. A research question stood out given these two phenomena: what are the likely causes for the Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 119 �Elections and indigenous insurgency in Brazil: political participation from 2014 to 2022 increase in the number of self-declared indigenous candidacies in the 2014, 2018 and 2022 elections at state and federal scope? This research question was also subsidized by the political polarization observed in the 2022 electoral process, when 10 self-declared indigenous candidates were elected (TSE, 2022). Guajajara and Célia Xakriabá stand out in this group; both of them are closely related to the Indigenous Peoples Articulation (APIB) in Brazil. They represented a strong opposition to Former President Jair Bolsonaro’s administration. Hamilton Mourão and Silvia Waiãpi were also elected and they defended and supported the office and agenda of Bolsonaro’s government. Thus, analyzing indigenous candidacies’ profile through the lens of Political Sciences is essential to help better understanding this debate’s complexity, mainly when TSE data point towards the growing number of self-declared indigenous candidacies based on the “ethnicity/skin color” criterion. The aim of the present research was to identify self-declared indigenous candidacies in the 2014, 2018 and 2022 elections in order to analyze the likely factors boosting the number of these candidates in the three herein assessed electoral processes. Indigenous political disputes in electoral processes, in the last few years, do not mean a new participation context. The analysis of the municipal elections, as observed by De Paula (2020) in his study on indigenous participation in the 1976 and 2016 municipal elections, allowed identifying that such disputes have been going on for quite a while in the country. However, if one observes the background of the agenda advocated by Indigenous Peoples Articulation in Brazil (APIB), it is possible seeing that its electoral process participation agenda has gained centrality in the last few years. APIB’s actions are referenced by the indigenous movement in Brazil, since it gathers regional and national organizations. Thus, APIB also acts in mobilizing the peoples and their representative organizations to avoid threats and aggression to indigenous rights. APIB spread a letter called “For a more indigenous Parliament”, in 2017 – the following excerpt must be highlighted: Indigenous peoples in Brazil have faced strong pressure in the last few years, and it is getting more intense in all the State’s power spheres. Interests of groups mostly against indigenous peoples’ rights have prevailed at all parliamentary levels. It is so, because the Parliament builds legal provisions to bond society as a whole. Therefore, it is necessary seeing this space as strategic for our peoples’ empowerment and for effectively making our agendas and struggles visual, and turned into resistance and power instruments, within this context, which is stressed by power correlations and by permanent attacks to indigenous rights (Excerpt of the letter to indigenous peoples in Brazil: For a more indigenous parliament, APIB, 2017). APIB launched the “Indigenous Campaign” in 2020, and it has an exclusive website aimed at giving visibility and support to indigenous candidacies. It is important highlighting that the “Indigenous Campaign” initiative was not linked to any party. It did not link participation to any political party, but it sought to support indigenous individuals through struggles and the defense of their peoples’ rights. The so-called “relatives vote for relatives” campaign was outspread, and it was done to point out the need of indigenous individuals, from different regions, to vote for, and support, the names of other indigenous individuals. The 2022 electoral process also called for the so-called “Aldear a Política com a bancada do cocar”, in times of great political polarization. Thus, the “indigenous campaign” website supported Lula’s candidacy (PT) and opposed Bolsonaros’ (PL); it has highlighted the relevance of the 120 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Rodrigues de Andrade, F., M. & Heringer Tavares, V. “aldear a política” project in order to help having the significant presence of indigenous people in electoral disputes. Accordingly, based on Andrade (2023), the indigenous project “Aldear a Política com a bancada do cocar” rose from the understanding and realization of indigenous peoples’ lack of physical and ancestral representativeness in the Brazilian politics. Therefore, this movement’s principles shine light on indigenous women’s political strength organization countrywide, as well as on their expectation to speak on behalf of their peoples and territories. However, it is relevant pointing out that self-declared indigenous candidacies not always emerge from movements and territories’ demands. Thus, it is essential understanding these candidacies’ profiles from a historical viewpoint, mainly in a country presenting strong persecution, violence and violations, killing and acts that feature the genocide of original peoples. The present study was organized as follows in order to meet the research aims. The first section, introduction, addresses the research question and aim, with emphasis on elements describing indigenous peoples’ participation in electoral processes, in Brazil. The second one highlights the historical violence imposed on indigenous peoples, as well as these peoples’ social struggles in the Brazilian scenario. It also pinpoints the indigenous movement’s participation in confrontations against the national politics, besides introducing the methodological elements of the research – with emphasis on the analytical categories, on the accessed databases and on the adopted theoretical framework. The third section discloses the research results and focuses on the association between indigenous candidacies and struggles against the structural racism, as well as on women’s participation in the “Aldear a política com a bancada do cocar” project. Section four provides the final considerations and emphasizes five likely causes for the increase in the number of indigenous candidacies in the 2014, 2018 and 2022 elections, besides other topics addressed in the current study. 2.- THEORICAL FRAMEWORK It is not possible talking about indigenous candidacies in Brazil without pointing towards the violation of these peoples’ rights. This scenario has boosted the elaboration of the present study. Thus, from colonization to present times, indigenous peoples developed innovative survival strategies. Social and political mobilizations were important allies in the fight to conquer their rights and to denaturalize violence. The Military Regime had devastating effect on indigenous peoples, in the recent past, from 1964 to 1985. This period stood out for intense violation of human rights, and among these violations one finds murder, decimated villages, indigenous’ forced removal from their territories, intentional disease outbreaks, kidnap of indigenous children, recruiting for forced labor, persecution to indigenous movements, and strong cultural assimilation policy, within a clear genocide and ethnocide process (Calheiros, 2015; Osowski, 2017; Cabral & Morais, 2020). Acts featuring the crime of genocide against indigenous peoples remained real after the Military Regime, in Brazil. However, the (re)democratization period was a new dawn for these peoples, since they had the possibility of having their constitutional rights guaranteed. According to Baniwa (2012), before approving the 1988 Federal Constitution (FC), indigenous peoples lived under a governmental guardianship regime managed by the Indigenous Protection Service, also known as SPI. Later on, FUNAI developed a “cultural integration and assimilation” program aimed at erasing indigenous Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 121 �Elections and indigenous insurgency in Brazil: political participation from 2014 to 2022 peoples’ cultural ethnic profile by using the State’s domination and control apparatus (Baniwa, 2012; Fernandes, 2015). In order to face this reality, indigenous peoples included articles in the constitutional text to protect their fundamental rights in the 1988 FC through strong social mobilization. Art. 231. Indigenous people are acknowledged for their social organization, customs, languages, beliefs and traditions, and for the original rights over the lands they traditionally occupy; the Union is responsible for demarcating these lands, as well as for protecting and ensuring respect for all their assets. Art. 232 Indigenous peoples, their communities and organizations are legitimate parties to go to court in defense of their rights and interests, with the Public Prosecutor's Office intervening in all acts of the process (Brasil, 1988). The 1988 FC is a milestone for the legal enactment of indigenous peoples’ rights, including the political ones. Article 231 acknowledges the most central rights of it and article 232 legitimates the struggle and organization to achieve these rights (Brasil, 1988). However, these peoples remain victims of constant threats, violence and violation of human rights, which were not limited to colonization and Military Regime times. Actually, they also feature the current profile of, nowadays, Brazil (Cerqueira et al., 2021; CPT, 2022). The murder of indigenous leaders, territory invasions, land grabbing, illegal mining, threats and lack of assistance are some of the several ways this reality is addressed in surveys (CIMI, 2022). This violence against indigenous peoples was witnessed in all administrations, since they are the very basis supporting political, social and legal associations involving indigenous peoples in Brazil, since America’s Colonization (Assirati & Moreira, 2019). It is important recalling that public policies focused on social rights were broadened from 2003 to 2016, during Partido dos Trabalhadores (PT) administration and they comprised the rights of indigenous peoples (Baniwa, 2019; Souza Lima, 2016). However, it does not mean that violence against this population stopped existing. Land demarcation process slowness, murders, territory invasions and the construction of Belo Monte Power Plant are examples of it. Belo Monte Plant boosted huge demonstrations by Indigenous in addition to articulations by the agribusiness group in the National Congress, among other factors (Assirati & Moreira, 2019). Therefore, it is important highlighting that the violence scenario got more intense during former presidents Michel Temer (2016-2018) and Jair Bolsonaro’s (2019-2022) administrations, which have broadened the necropolitics at the following spheres of power: • • • FUNAI’s actions – this indigenist bureau was the target of complaints due to its negligent and missing assistance during Bolsonaro’s administration (Veron & Guimarães, 2020). Lack of territory demarcations (OSOWSKI, 2017; ARAÚJO SILVA, 2018) and constant invasions of demarcated territories by farmers, land grabbers and miners (Santos, 2020). Murder of indigenous leaders, environmentalists and human-rights activists (Cerqueira et al., 2021), among others. All herein described situations point to what Achille Mbembe (2018) introduced as necropolitics, which is built at the highest spheres of political and economic power, based on different interests. State sovereignty is used to define who lives and who dies. Explicitly, necropolitics is featured by the racialization logics to define “who matters and who does not matter, who is ‘disposable’ and who is not” 122 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Rodrigues de Andrade, F., M. & Heringer Tavares, V. (Mbembe, 2018, p. 41). Death and violence prevailed in the history of indigenous peoples from the logics of imposing death and extermination, and from the invasion of the Americas to present times. The violation of indigenous peoples’ human rights, mainly in the last few years, led to several complex situations, among them, to actions by the Brazilian State, which has advocated for market interests by promoting violence normalization. It was done by using the State apparatus to reinforce the structural racism (Santos, 2020; Cerqueira et al., 2021). Accordingly, it was systematically reinforced at different spaces in society to stand for the “developmentalist” perspectives – pollution, deforestation, contamination, death of diversity. Silvio Almeida (2021, p. 32) stated that “racism is a systematic form of discrimination that has race as fundamental, it is expressed through aware or unaware practices that end up in disadvantages or privileges for individuals, depending on their racial group”. Disadvantages created for indigenous peoples at all social segments get more intense in political institutions, since they aim at protecting whites’ privileges to the detriment of racialized peoples’ violation, violence and death. We agree with Almeida (2021) when it comes to the statement that structural racism “understands that institutions are only the materialization of a social structure or of a socialization model that has racism as one of its organic components. Briefly, institutions are racist because society is racist” (Almeida, 2021, p. 47). Racism historically posed over indigenous peoples’ works to normalize all sorts of violations and violence, and it questions the work of institutions, the applicability of national and international legal frameworks focused on protecting the human rights and the criminalization of genocide acts. The Brazilian indigenous movement has been organized in the last three decades attempt to denaturalize these violations and violence through its strong presence in the 1988 FC elaboration (Fernandes, 2015; Cunha, 2018). Nowadays, this movement has been fighting for democratic representativeness spaces in Brazil (Codato et al., 2017; Chaves, 2021). The concept of insurgency, as highlighted by Francisco and Mayorga (2020, p. 57), “calls out for an organization that goes against a hegemonic movement; it is mainly used in rebellion contexts against a social and political system”. When it comes to indigenous peoples in Brazil, insurgency emerged from political awareness and maturity; in other words, from denying the continuity of a long crimson colonialist tradition. This tradition has posed a subordination condition to indigenous peoples by stealing their rights, their territories and by taking their lives. The insurgent citizenship emerges from this dehumanizing scenario – “a democratic innovation and a gloss of significant citizenship, therefore, it must be taken into account, understood and potentiated” (Silva, 2017, p. 83). The 2014, 2018 and 2022 elections were herein taken as timeframe to help better understanding indigenous movements’ political insurgency; i.e., the last three elections for federal and state offices provided official data about candidates’ self-declarations. 3.- METHODOLOGY In methodological terms, the qualitative, explanatory, descriptive approach was adopted given the aim of the present study and its research question. According to Gerring (2012, p. 722), “a descriptive argument describes a world aspect. By doing so, it aims at answering the questions (for example, when, who, based on what, how) about a phenomenon and a set of phenomena”. In this case, the research question refers to likely causes helping to increase the number of self-declared candidacies in the herein Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 123 �Elections and indigenous insurgency in Brazil: political participation from 2014 to 2022 analyzed elections. The present study construction comprised seven analytical dimensions to respond for the research question about the three assessed elections (2014, 2018 and 2022), as shown in Figure 1. Figure 1. Presence of indigenous peoples in elections (2014 – 2022): analytical dimensions Source: Elaborated by the authors (2025). Data of the seven herein described analytical dimensions (Figure 1) were collected from Open Database of the Supreme Electoral Court (TSE) from October 15th to November 10th, 2022. Connections to other data sources were set, such as to Atlas da Violência 2021 – in regards to indigenous peoples; violence against indigenous peoples in Brazil – reports produced annually by the Indigenous Missionary Council (CIMI) from 2011 to 2022; Cadernos sobre Conflitos no Campo – issued by the Pastoral Land Commission (CPT); data from the last demographic census carried out by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE, 2024), among others. The research followed a theoretical reference for data interpretation on the historical impact of colonization on indigenous peoples in the field of disputes inherent to the representative democracy. Thus, the theoretical analysis lens contributes to research mostly conducted in the post-colonial studies field, as well as to decolonial studies, and to indigenous and indigenist academic movements. According to Gerring (2012), the descriptive methodology applied to the collected data can be integrated to the social scientific method as attempt to set human actions in a systematic, rigorous and empirical way, as structure analysis. In order to offer a clear and analytically coherent organization of the empirical data, respecting the criteria of the methodological approach of descriptive exploratory qualitative research, this article has structured the presentation of the results based on the seven analytical categories described in Figure 1. These categories have been grouped together in order to: a) introduce the data on the temporal evolution of the number of indigenous candidates in Brazil in the period 20214 to 2022, thus providing a critical reading of the Brazilian reality; b) explore the final situation of these candidates and emphasize 124 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Rodrigues de Andrade, F., M. & Heringer Tavares, V. the data representative of each Brazilian state, thus emphasizing the political struggles against structural racism and other aspects that constitute the organization of institutional politics in the different regions of the country; c) highlight the positions applied for, the level of education and political parties establishing an interrelationship with a gender perspective, with a focus on the protagonism of indigenous women. Each of these groupings is accompanied by an analysis that makes explicit its direct dialogue with the central question guiding the study: what factors explain the growth of indigenous candidacies in the 2014, 2018 and 2022 elections? In this way, the analyses produced in the results seek to go beyond a simple statistical description and, therefore, deepen the critical and contextualized interpretation of indigenous representation in Brazilian elections. This is why the connection between empirics and theory is articulated in all sections of the results. This shows that the data analyzed is articulated with the concepts of structural racism, necropolitics and political insurgency, in order to contribute to scientific productions that seek to understand the social and political processes that condition the participation of indigenous peoples in institutional democratic disputes. In this sense, the proposed structure reinforces the articulation between the analytical dimensions and the empirical findings, ensuring greater cohesion and clarity to the results. 4.- RESULTS The 2014, 2018 and 2022 elections in Brazil were the very stage for several interests that have emerged strongly polarized. The two last elections took place after a coupe against democracy, after the impeachment of former president Dilma Rousseff, back in 2016. It was possible observing the rise of the extreme right as crashing phenomenon in the 2018 elections. Therefore, this process brought along all the implications of this ultra-conservative ideological line of thought, which destabilized the Rule of Law in the country (Moreira, 2018; Nassif, 2020). These two episodes were a milestone for the agenda focused on limiting the rights of the labor class, namely: reinforcing the mechanisms to oppress vulnerable political minorities; political violence against some people, groups and institutions selfdeclared as opposition to the nefarious project of the extreme right; making environmental laws flexible and ecocide practices; usurping the rights of women; consolidating genocide scenarios, mainly against indigenous peoples, among others. It is important acknowledging that the anti-indigenous policy configuration in Brazil emerges as historical and political process, other than just economic (Andrade, 2023). It means thinking antiindigenous scenarios as not exclusive to the herein addressed period-of-time, but as part of the Brazilian social and political structure (Assirati & Moreira, 2019). Accordingly, the action by indigenous movements was a determining factor to outspread the ‘necropolitics’ reinforced during former president Bolsonaro’s administration (Amado & Motta Ribeiro, 2020). From the viewpoint of Barretto Filho (2020), de Mello and Feitosa (2021), and Guajajara et al. (2022), the 2016-2022 period stood out for the great vulnerability imposed on indigenous peoples’ rights due to frequent invasions and usurpation of their territories. Vulnerability during this period was understood as right to life, since indigenous peoples were placed on the very edge of existence, in its several interpretations, due to the intentional omission by the State (Cerqueira et al., 2021; Guajajara et al., 2022). The indigenous movement reinforced the Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 125 �Elections and indigenous insurgency in Brazil: political participation from 2014 to 2022 understanding about the need of fighting for power spaces in the democratic field to face historical antiindigenous politics and to loud these peoples’ voices in their struggle for rights at the representative democracy scope (Chaves, 2021). Thus, self-declared indigenous candidates’ participation in elections, since 2014, can be observed in Graphic 1. Graphic 1. Total number of self-declared indigenous candidates in the 2014, 2018 and 2022 elections. Source: Elaborated by the authors. Research data (TSE, 2022). Representative offices in the 2014, 2018 and 2022 disputes comprised a) presidency of the republic – president and vice-president; b) State and Federal District governments – governor and vicegovernor; c) Congress – state and district congressmen and congresswomen (popular representatives of the Federal District); d) national Congress – national congressmen and congresswomen; e) Federal Senate – State and Federal District representatives (TSE, 2022). TSE got 406 applications from selfdeclared indigenous candidates willing to run for different offices in the three herein analyzed electoral processes. Based on data depicted in Graphic 1, there were 26,271 candidacies in the country, in 2014, and 85 of them were self-declared indigenous individuals; this number corresponds to 0.3% of the total of candidacies. In 2018, data pointed out 133 indigenous individuals running for an office in the elections out of the total number of 29,153 candidates, and this number corresponds to 0.5% of the total number of people running for a representative office. In 2022, there were 29,262 candidates, in total, and 188 of them were indigenous individuals; this number corresponds to 0.6% of the total number of candidates. This finding highlights that from 2014 to 2018 there was 56.5% increase in the number of indigenous candidates, and this rate reached 41% between 2018 and 2022. The represented data allow taking into account the increasing number of indigenous candidacies in the 2014, 2018 and 2022 elections, and it must be related to the growth of indigenous organizations and associations in states and municipalities, in the last three decades. According to the database of the Socio-environmental Institute (ISA, 2024), nowadays, 1,105 indigenous associations and organizations 126 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Rodrigues de Andrade, F., M. & Heringer Tavares, V. are enacted as legal entities, in Brazil. On the other hand, this scenario points towards a strong political organization undergoing a consolidation process. However, it can point out this movement’s adjustment to institutional politics’ rules, which is featured by this movement’s maturity and new stage. Indigenous candidacies: political horizons on the fight against structural racism Based on a historical analysis, the increased number of indigenous candidacies observed in the last three national elections – 2014, 2018 and 2022 – can be related to political insurgency against the structural racism that, from the ethnic prejudice narrative, gives roots to multiple barriers faced by indigenous citizens seeking access to basic rights, among other issues that end up taking these peoples away from power spaces (Codato et al., 2017; Chaves, 2021). Yet, structural racism emerges as strong socialinequality component, and it has been limiting indigenous peoples’ participation in electoral processes. However, it can also set the conditions for decisions made against these peoples by voters. These decisions sometimes rise as outcome of school-consolidated indigenous peoples’ lack of representativeness, which is observed in didactic materials, in traditional media, in digital platforms and in official discourses of power-office representatives. These representatives outspread and boost stereotypes, folklore, anti-indigenous feelings and arguments against candidates’ indigenous roots. From this perspective, Graphic 2 depicts the final situation of self-declared indigenous candidacies in the herein analyzed elections. Graphic 2. Final situation of indigenous candidacies in 2014, 2018 and 2022 Source: Elaborated by the authors. Research data (TSE, 2022). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 127 �Elections and indigenous insurgency in Brazil: political participation from 2014 to 2022 Graphic 2 shows the total number of indigenous candidates in the 2014, 2018 and 2022 elections: 85, 133 and 188, respectively. It is important highlighting that only 1 of the 85 candidacies turned effective in 2014 was elected, and this number corresponds to 1.2% of the total number of candidates in the electoral process. Two self-declared indigenous people were elected in 2018 (1.5% of all selfdeclared indigenous candidates in this very year). In 2022, 10 self-declared indigenous candidates were elected, and this number represents 5.3% of the total. Data in Graphic 2 show 55 substitute candidacies in 2014, and this number increased in 2018 and 2022 (70 and 85, respectively). When it comes to rates, these data correspond to 65% (2014), 52.5% (2018) and 45.2% (2022) of the total of candidacies in the herein assessed period. Therefore, these data highlight that almost half of indigenous candidates are mostly substitute representatives. The number of substitute candidates can be interpreted based on the several barriers faced by indigenous peoples to get a seat in democratic representativeness spaces. On the other hand, this phenomenon can be understood as the indigenous movement’s strength in the attempt to “aldear a política” (village the politics), since the number of candidacies in 2022 presented significant increase in comparison to data of 2014 and 2018. Data in Graphic 2 also highlight the number of non-elected candidacies in the three elections – 2014, 2018 and 2022: 24, 55 and 79, respectively. It means that 28% of indigenous candidates were not elected in 2014, and it was followed by 41.4% in 2018 and 42% in 2022. Another relevant information regards the number of null candidacies, which accounted for 5.8% in 2014, 4.5% in 2018 and 7.4% in 2022. Null candidacies are those not approved to the process because of criteria provided on the national legislation (at the time to show a document, due to legal claims, among others). Data about candidacies elected in 2022 show rise by 400% in it in comparison to 2018. This finding points out the sensitive view of the non-indigenous population about the rights of these peoples to the detriment of an assumed anti-indigenous feeling often observed in the Brazilian society, mainly when it comes to candidacies with strong adherence and support from national indigenous movements. Yet, it is worth highlighting that structural racism shines light on the racial democracy myth, in the political field. It gets clear when the chief of the executive power, in its official chamber, outspreads hate speech against indigenous peoples (Vicuña, 2019). This discourse tends to widespread a racist narrative substantiated by the sense that indigenous peoples are primitive and backward, full of stigma and stereotypes (Bessa-Freire, 2016). Structural racism protects whiteness interests, which use the political power to put ‘racialized’ peoples aside the political dispute spaces. It also approves projects and Bills to try to oppose the dignity and fundamental rights of original peoples by making them vulnerable to all sorts of violence. Information in Graphic 2, mainly the small number of elected candidacies in 2014 and 2018, can point out structural racism effect on the success of indigenous candidates whose lack of proper electoral financing (shorter TV time and other factors) end up setting barriers to consolidate their democratic representativeness in a multi-ethnic and intercultural country like Brazil. On the one hand, there is a gap in the production of data about indigenous candidacies’ financing in the country; on the other hand, this research field has been advancing on studies about black people’s candidacies. The study by Campos and Machado (2015) highlights the strong inequality between white and non-white candidates when it comes to access to campaign funds. 128 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Rodrigues de Andrade, F., M. & Heringer Tavares, V. The research by Barbieri and collaborators (2022) provides an overview of candidacies’ campaign distribution in the 2020 and 2016 municipal elections based on race and gender. According to their results, there was resources displacement in favor of white women candidacies due to the new campaign financing standard set by ADPF 738/DF by TSE. This process ended up echoing on black women’s candidacies. Despite this empirical evidence, the aforementioned research also showed the small presence of white women and black people (men and women) “elected for the country’s National Congress, and it impairs these candidacies’ representation in Bills and in public policies’ formulations, since it stops the conquest and effective application of these populations’ rights” (BARBIERI et al., 2022, p. 7). Graphic 3 provides an overview of self-declared indigenous candidacies per state, based on territorial interests and fights. Graphic 3. Total number of indigenous candidates per state, in 2014, 2018 and 2022 Source Elaborated by the authors. Research data (TSE, 2022). Information in Graphic 3 points towards the larger number of indigenous candidates in the last three elections in Roraima (7, 20 and 32) and Amazonas (9, 17 and 21) states. The sum of the total number of indigenous candidates on these three elections (406) reached 26% in these two states (106). According to the last demographic census by IBGE (2022), Brazil houses 1.69 million indigenous citizens, and this number corresponds to 0.8% of the national population. The Northern region holds the largest indigenous population in the country (753,357 inhabitants) and this number represents 44.5% of the self-declared indigenous in Brazil. Thus, 490,854 indigenous citizens live in Amazonas State and 97,320 in Roraima State, and these numbers represent 65% and 12% of the total number of indigenous individuals living in the Northern region, respectively. It is possible observing that Roraima State has the fifth largest population of indigenous citizens in Brazil by analyzing data in Graphic 3, in combination to the number of indigenous populations per state (IBGE, 2022). It emphasized the number of indigenous candidates. Amazons State, in its turn, has the largest indigenous population, but ranked the second position in the aforementioned ranking. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 129 �Elections and indigenous insurgency in Brazil: political participation from 2014 to 2022 The association of these two variables – number of candidates and indigenous population per state – is interesting when one analyzes data of other states that held the largest indices of indigenous candidates in the three assessed electoral processes. Accordingly, Graphic 3 points out that Amazonas and Roraima states occupied the first position in the ranking of number of self-declared indigenous candidacies in 2014. Each state presented 9 candidates. These states hold the first and second largest indigenous populations in Brazil, respectively. Ceará State ranked the third position in this ranking in 2018, with 10 indigenous candidacies; São Paulo held the 4th position with 9 candidates. These states occupy the 9th and 10th position in the list of states with the largest indigenous populations, respectively. On the other hand, in 2022, São Paulo State ranked the 3rd position (12) in this ranking, and it was followed by Mato Grosso do Sul (11) and Rio de Janeiro (11) states, both in the 4th position. It is worth highlighting that these last three states occupy the following positions in the list of states with the largest indigenous populations in Brazil: 10th position, 3rd position and 21st position, respectively (IBGE, 2022). According to the analysis carried out based on associating the two aforementioned variables, the number of indigenous populations per state did not proportionally represent the number of indigenous candidates. This analysis described, among other cases, the situation of indigenous candidates in Pernambuco and Pará states, which house indigenous populations comprising 106,634 and 80,974 individuals, respectively (IBGE, 2024). However, in both cases, the sum of the three analyzed elections showed total number of candidates in each state equal to 16. This finding means thinking about deeper dynamics in the indigenous movements than self-declared indigenous candidacies and other elements yet to be assessed. The association between candidacies and number of indigenous population per state followed another analysis. In other words, it looked closer at socio-environmental and territorial conflicts making indigenous peoples victims of violence and violations. Brighenti (2015, p. 105) highlights the need of understanding contemporary violence against indigenous peoples based on a systemic analysis, since “it is not enough analyzing statistical data, it is necessary understanding the subjectivity of violence, how it is felt, perceived and understood by indigenous peoples, themselves, from their worldviews”. According to Atlas da Violência (2021), worsened inequalities, vulnerabilities, and ethnic and interethnic violence are felt and explained by indigenous homicide rates countrywide (Cerqueira et al., 2021). The Brazilian indigenous movement has reported lethal violence against indigenous peoples at different national and international instances. This is an important agenda mobilizing this movement’s insurgency towards struggles and claims for their rights, rather than just setting one of the arguments reinforcing indigenous participation in disputes, in the democratic representativeness field, mainly in the 2018 and 2022 elections (Chaves, 2021; Guajajara et al., 2022). Report arguments and the search for justice were consolidated in the political field, whereas the strategy to disrupt it in networks promoting lethal violence against indigenous peoples rises from acknowledging the historical violence imposed on these peoples, mainly in territories of interest of large economic sectors, such as the agribusiness and mining, among others (Andrade et al., 2022a). These peoples’ daily reality shows the lethal violence against them, which got worse in the last few years, as shown in the 2021 Atlas da Violência, “from 2009 to 2019, in absolute numbers, there were 2,047 homicides of indigenous peoples” (Cerqueira et al., 2021, p. 83). Based on the analyses introduced in the 2021 Atlas da Violência, there is one question that opens room for interpretations about data associated with the concepts of structural racism and necropolitics: indigenous homicide rates increased between 2009 and 2019, whereas the national rate decreased. Seven states (where one finds municipalities with demarcated indigenous territories) presented indigenous 130 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Rodrigues de Andrade, F., M. & Heringer Tavares, V. homicide rates higher than the national rate for this same segment. It is important highlighting Mato Grosso do Sul (53.6), Santa Catarina (31.2), Amazonas (30.2), Tocantins (29.5), São Paulo (24.9), Acre (24.4) and Ceará (20.42) among these states (Cerqueira et al., 2021). Some of these states also account for the largest number of indigenous candidacies in the assessed elections: Amazonas, São Paulo, Acre, Mato Grosso do Sul and Ceará (TSE, 2022). This finding suggests the association between empirical results in the current research – mainly increase in the number of indigenous candidates – and the worsening of lethal violence rates against this population; i.e., indigenous individuals’ murdering. Occupying the national politics: indigenous women leadership The progressive increase in the number of self-declared indigenous candidates in the 2014, 2018 and 2022 electoral processes opens several analytical possibilities. One of them is related to indigenous peoples’ understanding about the Brazilian State responsibility for implementing public policies, the protection of constitutional rights, indigenous lands and territories’ security, among other issues (Brasil, 1988). Therefore, the indigenous agenda is national, because power disputes featuring these peoples’ rights vulnerability take place in spaces of national political representativeness. Nevertheless, the indigenous movement, which was reinforced in the last three decades, sees the need of occupying these spaces, their voices and demands must enter the national-politics stages to put pressure on the representative democracy. Graphic 4 is an overview of offices sought in 2014, 2018 and 2022. Graphic 4. Indigenous candidacies: sought offices in 2014, 2018 and 2022. Source: Elaborated by the authors. Research data (TSE, 2022). Data in Graphic 4 show that candidacies focused on State Congressman offices prevailed in the three herein assessed elections. In 2014, 61% of candidates aimed at this office and 29.4% of candidates aimed at the National Congress. In 2018, 59.4% candidacies focused on state congressman offices and 29.3% of them focused on the Federal Congress. When it comes to the 2022 elections, candidates Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 131 �Elections and indigenous insurgency in Brazil: political participation from 2014 to 2022 running for state congressman reached 59% of the total number indigenous candidacies, whereas those focused on the National Congress represented 31.4% of it. The sum of all indigenous candidacies focused on State congressman offices (52, 79 and 111) in the three elections represented 60 % of the total number of indigenous candidacies (406). Moreover, 2022 data show small variation in the standard of indigenous candidacy presentations, and small increase in the rate of candidacies focused on the National Congress. This variation must persist in the next electoral processes. It must be assessed as long as it keeps on growing, because the national standard is set based on the higher concentration of candidacies focused on State Congressman offices. This position is followed by Federal Congressman Offices (TSE, 2022). Yet, data in Graphic 4 highlight that the indigenous movement has been growing due to the presence of women who issued a political project in the 2022 election, the so-called: “Aldear a Política com a bancada do cocar”. Women’s presence in the 2014, 2018 and 2022 elections, shown in Graphic 4, calls the analysis of a quite significant matter for nowadays scenario: indigenous candidacies’ distribution among different genders. Research information points out that only 8,127 of the 26,271 candidates in 2014 were women (31%), and 29 of them were indigenous women (0.11%). Based on the ethnic cut, 34% of indigenous candidates in 2014 were women. In 2018, 9,204 of the 29,153 candidates in the election were women (31.5%); of this total, only 49 were indigenous women, and this number represented 0.5% of the total number of indigenous candidacies. The 2018 ethnic cut showed that indigenous women participation rate increased by 37%. In 2022, 9,892 of the total number of 29,262 candidates were women (34%); and only 87 of them were indigenous women (0.9%). Indigenous women’s candidacy in the ethnic cut recorded significant increase and reached 46%. Based on these data, it is possible learning that indigenous women are still outnumbered in the list of candidacies based on gender. However, this same list points out that from 2014 to 2018 there was 69% increase in this total, and this number reached 77.6% in 2022. In other words, this is a positive result recorded for the indigenous women’s movement in its struggle to “aldear a política”. Data appear quite interesting by looking at the ethnic groups they occupy. In 2014, 34% of indigenous candidates were women, and it shows greater representativeness of indigenous women within their ethnic group than in the group of women, in general. This number was even more significant in the 2018 and 2022 scenarios, when 37% and 46% of indigenous candidates were women, respectively. In other words, there was a quite matching gender-division in the last electoral process – increase by 9% within a 4-year time interval. Tavares (2021) highlight the possibility of thinking about indigenous women’s participation increase in electoral processes by understanding their movement as being held at different instances. From the historical perspective, indigenous women are gaining room in ethnic movements, in their communities, in universities, and occupying core positions as Village Chiefs, in the last decade. Therefore, this growth reflects on significant increase in their participation in electoral processes (Tavares, 2021). Political awareness is understood as rising from their will to represent their communities, and this is related to the fight for schooling. Thus, self-declared candidates’ schooling is an aspect of interest in the present study, as shown in Graphic 5. 132 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Rodrigues de Andrade, F., M. & Heringer Tavares, V. Graphic 5. Indigenous candidates’ schooling: 2014, 2018 and 2022 elections Source: Elaborated by the authors. Research data (TSE, 2022). Data in Graphic 5 show the schooling of self-declared indigenous candidates in the three electoral processes. With respect to college degree, in 2014 and 2018, this variable reached 42% and 44.3%, respectively; in 2022, it rose to 47.3%. This finding points out the progressive increase in this variable, over the years. Despite such an increase in the 2022 election, the rate of indigenous candidates with higher education remains low in comparison to the national average – 55% (TSE, 2022). When the total data of graduated indigenous candidates are analyzed based on the sum of the total number of candidacies in the three electoral processes, it is possible observing the total rate of 45%. This is a clarifying datum and it helps understanding the schooling profile of these candidates, as well as other aspects featuring these peoples’ hard time accessing higher education. Besides the historical difficulties imposed on indigenous peoples when it comes to the guarantee of right to education (Baniwa, 2019; Souza Lima, 2016), most self-declared indigenous peoples running for a political office within the herein analyzed elections have complete basic education (39%). These data shine light on equity education policies and on ethnic-racial diversity inclusion. Some educational programs and policies were developed and implemented, mainly in the last three decades, to include certain social groups in Higher Education institutions - they have also included indigenous peoples. It is possible highlighting the following programs among the most essential ones for indigenous peoples: • University for All Program (PROUNI): it was launched in 2004 through Bill n. 11.096/2005, whose aim was to make access to higher education in the country more democratic by providing scholarships – full or partial – in private Higher Education Institutions (Baniwa, 2019; Souza Lima, 2016). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 133 �Elections and indigenous insurgency in Brazil: political participation from 2014 to 2022 • • • • Program to Support Indigenous Higher Education and Intercultural Graduations (PROLIND): this program was launched by the Ministry of Education, in 2005, to financially support higher education to qualify indigenous school teachers with major degree in indigenous literature or in intercultural degrees (Brasil, 2008, Souza Lima, 2016; Baniwa, 2019; Andrade et al., 2022b). Program to Support Higher Education in Rural Education Teaching (PROCAMPO): it was launched by the Ministry of Education in 2007 and reinforced by Decree n. 7352, from December 4th, 2010, which enacted the National Rural Education Policy and the National Agrarian Reform Education Program (PRONERA) (Brasil, 2010). This Decree highlights that the Rural Education Policy aims at broadening the qualification available for basic and higher education to rural populations, among them, Indigenous Peoples (Andrade et al., 2022b). Quotas policy in Brazilian universities: it was implemented through Bill n. 12.711, from August 29, 2012. This law has changed the Brazilian public higher education reality, since the distribution of vacancies based on racial and disability quotas, depends on the ratio of indigenous, blacks, browns and people with disabilities in the state where the Federal Institution is located in (Brasil, 2012). This procedure allowed indigenous peoples to broaden their presence in Higher Education Institutions. Therefore, they now can occupy vacancies in tenders historically known for their elitist profile (Baniwa, 2019; Souza Lima, 2016). Permanent Scholarship Program: it was launched through Ordinance n. 389, from May 9, 2013. It aimed at providing financial support to minimize social and ethnic-racial inequalities, as well as to help the permanence and graduation of students facing socioeconomic vulnerability conditions (Baniwa, 2019; Souza Lima, 2016). The aforementioned public policies are some examples of governmental programs used to interpret the schooling of self-declared indigenous candidates in the 2014, 2018 and 2022 elections. Accordingly, the number of indigenous individuals with higher school and college degree running for electoral offices shows the power of minority-inclusion public policies, among other aspects. It is essential highlighting that indigenous Federal Congresswoman Célia Xakriabá, who was elected in 2022, has a major degree in Intercultural Qualification for Indigenous Teachers. She graduated in 2003, at Federal University of Minas Gerais (UFMG). However, based on Baniwa (2019) and Souza Lima (2016), these education policies did not come without struggles and mobilization by indigenous peoples, over the years. Actually, these peoples’ participation exceeded the claims and are linked to the following actions: pointing out flaws and lack of completeness in documents addressing the implementation of these public policies; pointing out improvements in these documents to broaden the access to school education - these factors give indigenous peoples the perspective of policy subjects, i.e., not just as peoples that are granted with public policies, but that participate and elaborate these policies. From the historical viewpoint, the restatement of indigenous peoples as policy subjects is linked to the participation of the Brazilian indigenous movement in the elaboration of the 1988 Federal Constitution. Their participation in it was emblematic, because it claimed for the fundamental rights of indigenous peoples in the public-policy field. That said, several conquests in this field head towards social equity and inclusion of ethnic-racial diversity as outcome of social movements’ struggles, among them the indigenous movement. 134 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Rodrigues de Andrade, F., M. & Heringer Tavares, V. This process makes the relevance of indigenous peoples’ actions as policy subjects clear. They helped consolidating policies and programs to ensure the formation of a generation to represent their interests and demands in the representative democracy field. Yet, they can help setting dialogues and alliances with different political parties defend the broadest interests of their movement, as well as the most specific demands of each territory. Graphic 6 depicts the political parties fighting for self-declared indigenous candidacies to help better understanding these alliances’ formation in the party-politics field. Graphic 6. The 2014, 2018 and 2022 elections: indigenous candidacies and political parties Source: Elaborated by the authors. Research data (TSE, 2022). Graphic 6 gathers data about indigenous candidates’ party affiliations in the 2014, 2018 and 2022 elections. On the other hand, data highlight the higher affiliation of indigenous candidates in left-wing parties, such as a) Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) – gathered 14%, 20% and 13.2% of indigenous candidates in 2014, 2018 and 2022, respectively; b) Partido dos Trabalhadores (PT) – gathered 18%, 10.5% and 12.2% of indigenous candidates in 2014, 2018 and 2022, respectively; c) Rede e Sustentabilidade – did not have self-declared indigenous candidates in 2014, but housed 7.5% of them in 2018, and 10.1% of the total indigenous candidacies in 2022. Data have shown that these parties – and others with similar political spectrum – got to attract the largest number of self-declared indigenous candidates. Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) recorded the highest capillarity in this variable; it accounted for 16% of the sum of indigenous candidacies in the three electoral processes. Assumingly, the agenda focused on protecting indigenous peoples advocated by this party was the differential to build alliances with these candidates. On the other hand, data in Graphic 6 also show indigenous candidacies affiliated to right-wing parties, with emphasis on Partido Liberal (PL), with 14 self-declared indigenous candidacies in the three Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 135 �Elections and indigenous insurgency in Brazil: political participation from 2014 to 2022 elections - 13 of them ran for an office in the 2022 elections. Partido Humanista da Solidariedade (PHS) is another highlight for this variable, it gathered 8 candidates in the 2014 elections and 7 in the 2018 one; it totaled 15 candidacies. It is important pointing out that this party joined Podemos party in 2019, which jumped from 2 indigenous candidates in 2018 to 5, in 2022. Increase in the number of candidacies affiliated to right-wing parties shows that indigenous presence in the political field spectrum is also a place for disputes; i.e., this presence can legitimate agendas and actions that, oftentimes, are seen by the indigenous movement as anti-indigenous agendas. It was possible identifying the dissatisfaction with indigenous women working in former president Jair Bolsonaro’s administration during a field survey carried out in the 1st March of Indigenous Women, in 2019, in Brasília. This understanding resulted from the speech of their leaders, because this administration accounted for a series of attacks to indigenous rights (Andrade, 2023). Silvia Nobre Waiãpi – Waiãpi people –, Amapá State, was the Secretary of Special Indigenous Peoples and she was an example of disputes for indigenous individuals affiliated to the right-wing spectrum. Her collaboration to Bolsonaro’s administration was seen by most indigenous women in the March with dissatisfaction (Tavares, 2021). Silvia Waiãpi was elected Federal Congresswoman for Amapá State in 2022, by Partido Liberal (PL), Bolsonaro’s party. This datum helps arguing that indigenous candidates are not homogeneous and that there are internal disputes among indigenous peoples, since she defends mining in indigenous lands, and this position is absolutely against the national indigenous movement. This movement holds the Articulation of Indigenous Peoples in Brazil (APIB) as important representative. It gathers several indigenous associations in Brazil, as well as builds and organizes these peoples’ mobilization. Opposition to APIB, in the 2018 and 2022 elections, meant opposition to the political agenda advocated by Jair Bolsonaro. Therefore, Silvia Waiãpi’s political Project goes against the expectations and agenda of the national indigenous movement. The analyses carried out based on data shown in Graphic 6 introduce the political position of multiple political parties that house self-declared indigenous candidacies. It must be assessed in details, because the political agenda of some of these parties are radical and aim at the custody and integrationpolicy set for indigenous people. Their narrative and actions deny the right to cultural difference, mainly how these peoples relate to nature and to their territories. Yet, other complex issue resulting from this data analysis lies on the self-declaration criterion adopted for indigenous candidacies. It has gathered trajectories of completely different life backgrounds in the same group, regardless of their political-party spectrum. This is the case of Senator Hamilton Mourão and Congresswoman Silvia Waiãpi. When it comes to the complexity of indigenous candidacies’ self-declaration criterion, De Paula (2022) understands that, in order to learn the “identity issue”, it is possible using four legitimacy types: a) self-declaration made available by TSE; d) connection to indigenous’ collectives/communities; c) APIB’s legitimacy; d) territorial legitimacy. He exposes the effort to separate the 2018 and 2022 candidacies in each one of these categories, as well as the interlocution among them. This process will not be reproduced in the current study, since his study was already informed as reference. However, 10 self-declared indigenous elected candidates were referenced in 2022, but, according to De Paula (2022), only Sônia Guajajara and Célia Xakriabá were legitimized by categories other than that provided by TSE. These indigenous women are related to APIB, to indigenous collectives and territories, besides their self-declaration. Thus, it is important stressing that De Paula (2022) does not delegitimize TSE’s 136 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Rodrigues de Andrade, F., M. & Heringer Tavares, V. self-declaration criterion, but he points out the need of an in-depth analysis of this category to better understand indigenous participation in electoral processes. 5.- CONCLUSIONS The aim of the present study was to make the exploratory analysis of indigenous candidacies in Brazil in the 2014, 2018 and 2022 elections. In order to do so, information available at Open Data from the Superior Electoral Court (TSE) database were used, and they were added to data in Atlas da Violência, in Cadernos da Pastoral da Terra (CPT) and in reports issued by the Missionary Indigenist Council (CIMI). The methodological qualitative reference focused on descriptive exploration was adopted as data interpretation element as attempt to answer the following research question: what are the likely causes contributing to increase self-declared indigenous candidacies in the 2014, 2018 and 2022 elections at state and federal scope? According to the main research results, between 2014 and 2018, and 2018 and 2022, there was increase by 56.5% and 41% in the number of self-declared indigenous candidacies, respectively. The growing number of these candidacies can be interpreted from different lenses whose analyses (based on results) point towards a multi-causal perspective, which is supported by five likely causes. The first one lies on the growing number of indigenous organizations and associations in states and municipalities – 1,150 indigenous associations and organizations registered as legal entities in Brazil. The first organizations and associations were registered in the 1980s, but they multiplied after the 1988 Federal Constitution was enacted. It is so, because the Constitution opened the possibility for these organizations to become legal entities. Therefore, data show that the increased number of self-declared indigenous candidacies in the herein analyzed elections mirrors the indigenous movement’s maturation process and consolidations in Brazil. Thus, it also evidences these movements’ compliance with institutional political rules that feature a new stage of this movement: housing policy subjects. This new stage of the indigenous movement in the country’s political participation highlights the strength of social movements, in this case APIB. It organized the fight for democratizing power spaces in order to broaden indigenous peoples’ presence in the representative politics field. Accordingly, as analysis feature, the present research summarizes the indigenous candidacies’ growth in 2014, 2018 and 2022. It can reflect how indigenous peoples seek to denaturalize structural racism and the necropolitics in the representative democracy field, as attempt to rebuild an intercultural country. APIB strength consisted in gathering 30 indigenous candidates in the 2022 elections, and two of them were women. In other words, 2022 recorded increase by 100% in comparison to the 2018 election when it comes to elected candidacies legitimated by this movement. These 30 candidacies’ bond to the movement has reinforced the indigenous-insurgency argument towards the representative democracy field. As for the second cause, research data point out that the increased number of self-declared indigenous candidacies can be associated with the expansion of education public policies in the last two decades, since they included the ethnic-racial diversity, mainly at higher education scope. Despite the several complexities and issues inherent to implementing these policies in education institutions – as hard time remaining in education institutions, financial issues, territorial dynamics, linguistic differences, institutional racism, among others –, 45% of the total number of self-declared indigenous candidacies in the three electoral processes recorded higher education degrees. Similarly, 39% of the Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 137 �Elections and indigenous insurgency in Brazil: political participation from 2014 to 2022 total number of candidates, based on the sum of the three herein assessed elections, have finished basic education. This finding shows that inclusive public policies based on equity and ethnic-racial elements may have been essential allies to indigenous peoples’ struggles. They reinforced political positions focused on participation at representative democracy scope. Yet, research data also suggest that the political context of the last few years in the country influenced the rise of self-declared indigenous candidacies, and this might be a third cause for the herein addressed phenomenon. Results have shown increase by 56.5% in the number of self-declared indigenous candidacies in the 2014 and 2018 elections. In other words, the coup against democracy was legitimated by Dilma Roussef’s impeachment and by Michel Temer’s office as president. The 2018 and 2022 elections followed this trend and recorded increase by 41% in the number of these candidacies during Jair Bolsonaro’s office. Accordingly, it is essential pinpointing that, from the indigenous movement viewpoint, the post-impeachment period represented great vulnerability to indigenous peoples’ rights in Brazil. The indigenous movement’s understanding of this political scenario led to different mobilizations and agendas at APIB, among them, to the “aldear a política” project. The research also highlights the intense political polarization in recent Brazilian politics and the instrumentalization of some indigenous candidacies by the right-wing. This might be the fourth cause of the increase in the number of indigenous candidacies in the analyzed elections. On the other hand, some candidacies that are not really bond to indigenous territories and movements use the self-declaration criterion to apply to a candidacy and to have some political gain or yet, to cause some embarrassment to the movement’s agenda. Nonetheless, some candidacies, even those that have legitimate bonds to territories, use them to support political-party projects that radically support the “integrationist” and “developmentalist” perspective of indigenous peoples and of their territories. In other words, projects that are not in compliance with the movement’s agenda. However, it is important taking into account that some of these candidacies can represent other phenomena, such as indigenous individuals who joined right-wing ideologies, who are dissatisfied and disagree with the agenda set by the national indigenous movement. The affiliation of self-declared indigenous candidates in the 2022 elections to right-wing parties was a growing movement; therefore, this issue deserves in-depth analysis in further studies. The analyses based on understanding the main causes of indigenous candidacies’ growth may have boosted this process in the 2014, 2018 and 2022 elections. It shines light on the indigenous movement’s political insurgency to draw the representative democracy as fight for freedom and autonomy. Indigenous citizens become policy subjects, so they can talk by themselves, without the need of anyone to talk on their behalf. Indigenous peoples’ political autonomy has been conquered through their movement’s organization and through reports about the historical violence experienced by them, since the times of the colony. Accordingly, indigenous candidates in the three analyzed elections, mainly those acknowledging the indigenous movement, seek to face State politicians that practice necropolitics and structural racism against these peoples. However, data show that the increased number of selfdeclared indigenous candidacies does not necessarily mean increase in the indigenous’ movement representation in the herein analyzed electoral disputes. The research also showed the indigenous women’s growing participation in electoral disputes; 50% of indigenous candidates in 2022 were women. This finding corroborates the argument that the indigenous women’s movement in Brazil has been growing and women have occupied several positions 138 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Rodrigues de Andrade, F., M. & Heringer Tavares, V. in different spaces in society – this is the fifth possible cause for the increased number of indigenous candidacies. The presence of the indigenous women’s movement also shows the insurgency and strength of it at the time to build a national political project to “Aldear a Política com a bancada do cocar”. However, as highlighted in the present research, challenges to village the politics are huge and also depend on the actions and continuity of the Ministry of Indigenous Peoples (MPI). This ministry is the real possibility of making concrete changes in the Brazilian State for indigenous peoples when it comes to their rights in and outside their territory. Therefore, these challenges are linked to overcoming the tutelary and integrationist imaginary by denaturalizing violence and criminalizing racism and genocide acts. REFERENCIAS Albala, A., & Natal, A. (Eds.). (2023). Indigenous political representation in Latin America. Springer Nature Switzerland AG. Almeida, S. (2021). Racismo estrutural. São Paulo, SP: Editora Jandaíra. Amado, L. H. E., & Motta Ribeiro, A. M. (2020). Panorama e desafios dos povos indígenas no contexto de pandemia do COVID-19 no Brasil. Confluências - Revista Interdisciplinar de Sociologia e Direito, 22(2), 335–360. https://doi.org/10.22409/conflu.v22i2.43050 Andrade, F. M. R. (2023). Educação do campo e aldeamento curricular: outra universidade é possível?. Espaço Ameríndio, 17(3), 242–257. Andrade, F. M. R., Carmo, E. D., & Henriques, A. (2022a). Environmental racism dynamics in the Amazon Region, in Pará State: Impacts of agribusiness and mining activities on the lives and health of traditional populations. Socioscapes. International Journal of Societies, Politics and Cultures, 3, 71–106. Andrade, F. M. R., Nogueira, L. P. M., & Neves, L. C. (2022b). Rural education-teacher training: Remote learning challenges in Brazilian IFES during the COVID-19 pandemic. Education Policy Analysis Archives, 30(9), 1–27. https://doi.org/10.14507/epaa.30.6616 APIB – Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. (2017). Carta aos povos indígenas do Brasil: por um parlamento cada vez mais indígena. Available at: https://apiboficial.org/2017/01/. Accessed on: 14 Dec. 2022. Araújo Silva, E. C. (2018). Povos indígenas e o direito à terra na realidade brasileira. Serviço Social & Sociedade, (133), 480–500. https://doi.org/10.1590/0101-6628.155 Assirati, M. A., & Moreira, L. G. G. (2019). O estado anti-indígena: da colônia ao novo golpe. Tensões Mundiais, 15(29), 97–118. Barbieri, C. H. C., et al. (2022). Dinheiro, raça e eleições: Uma análise do financiamento eleitoral de candidaturas negras. Nota Técnica do Núcleo de Justiça Racial e Direito, São Paulo: FGV Direito SP. Barretto Filho, H. T. (2020). Bolsonaro, meio ambiente, povos e terras indígenas e de comunidades tradicionais: uma visada a partir da Amazônia. Cadernos De Campo (São Paulo - 1991), 29(2), 1–9. https://doi.org/10.11606/issn.2316-9133.v29i2pe178663 Baniwa, G. (2012). A conquista da cidadania indígena e o fantasma da tutela no Brasil contemporâneo. In A. R. Ramos (Org.), Constituições nacionais e povos indígenas (pp. 207–227). Belo Horizonte, BH: Editora UFMG. Baniwa, G. (2019). Educação escolar indígena no século XXI: Encantos e desencantos. Rio de Janeiro, RJ: Mórula/Laced. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 139 �Elections and indigenous insurgency in Brazil: political participation from 2014 to 2022 Bessa-Freire, J. R. (2016). Cinco ideias equivocadas sobre os índios. Revista Ensaios e Pesquisa em Educação, 1(2), 3–23. Brasil. (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Available at: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Accessed on: 12 Oct. 2022. Brasil. (2008). Edital de convocação n. 3 de 24 de junho de 2008. Available at: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PROLIND/edital_prolind2008.pdf. Accessed on: 12 Oct. 2022. Brasil. (2010). Decreto Nº 7.352, de 4 de novembro de 2010. Available at: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7352.htm. Accessed on: 19 Oct. 2022. Brasil. (2012). Lei Nº 12.711/2012. Available at: http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntasfrequentes.html. Accessed on: 19 Oct. 2022. Brighenti, C. A. (2015). Colonialidade do poder e a violência contra os povos indígenas. Revista PerCursos, 16(32), 103–120. https://doi.org/10.5965/1984724616322015103 Cabral, R. L. G., & Morais, V. L. D. (2020). Os povos indígenas brasileiros na Ditadura Militar: Tensões sobre Desenvolvimento e Violação de Direitos Humanos. Direito e Desenvolvimento, 11(1), 106–122. https://doi.org/10.26843/direitoedesenvolvimento.v11i1.1218 Calheiros, O. (2015). “No tempo da guerra”: Algumas notas sobre as violações dos direitos dos povos indígenas e os limites da justiça de transição no Brasil. Revista Verdade, Memória e Justiça, (9). Campos, L. A., & Machado, C. (2015). A cor dos eleitos: determinantes da sub-representação política dos não brancos no Brasil. Revista Brasileira de Ciência Política, (16), 121–151. https://doi.org/10.1590/0103-335220151606 Cerqueira, D., Ferreira, H., & Bueno, S. (Orgs.). (2021). Atlas da violência. São Paulo, SP: IPEA, FBSP. https://dx.doi.org/10.38116/riatlasdaviolencia2021 Chaves, K. A. (2021). Mulheres indígenas demarcam as eleições: Entrevista com Márcia Kambeba. PerCursos, 22(48), 383–398. https://doi.org/10.5965/1984724622482021383 CPT – Comissão Pastoral da Terra. (2022). Conflitos no campo Brasil 2021. https://www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/6001-conflitos-no-campobrasil-2021 CIMI – Conselho Indigenista Missionário. (2022). Relatório: Violência contra povos indígenas no Brasil 2021. https://cimi.org.br/2022/08/relatorioviolencia2021/ Codato, A., Lobato, T., & Castro, A. (2017). “Vamos lutar, parentes”: as candidaturas indígenas nas eleições de 2014 no Brasil. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 32(93), 2–24. https://doi.org/10.17666/329302/2017 Conceição, K. F. de J. (2018). A invisibilidade do indígena no processo eleitoral brasileiro: as organizações indígenas e a luta pela representação política [Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília]. Cunha Filho, C. (2023). Bolivia and the second stage of indigenous emergence in Latin America: Advances and challenges. In A. Albala & A. Natal (Eds.), Indigenous political representation in Latin America (pp. 44–82). Springer Nature Switzerland AG. Cunha, M. C. da. (2018). Índios na Constituição. Novos Estudos CEBRAP, 37(3), 429–443. https://doi.org/10.25091/S01013300201800030002 Dávila Gordillo, A. (2021). Pachakutik, the indigenous voters, and segmented mobilization strategies. University of Pittsburgh. De Paula, L. R. (2020). A participação indígena em eleições municipais no Brasil (1976 a 2016): uma sistematização quantitativa preliminar e alguns problemas de investigação. In L. R. de Paula & R. Verdum (Orgs.), Antropologia da Política Indígena (pp. 21–107). Rio de Janeiro: ABA. 140 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Rodrigues de Andrade, F., M. & Heringer Tavares, V. De Paula, L. R. (2022). ‘Jogando com as identidades’: um perfil multidimensional das candidaturas e dos mandatos indígenas conquistados nas eleições de 2018 e 2022. In L. R. de Paula, R. Verdum, & A. C. de Souza Lima (Orgs.), Participação indígena em eleições (pp. 21–74). Rio de Janeiro: Mórula. Fernandes, P. (2015). Povos indígenas, segurança nacional e a Assembleia Nacional Constituinte: as Forças Armadas e o capítulo dos índios da Constituição brasileira de 1988. Revista Insurgência, 1(2), 142–175. https://doi.org/10.26512/insurgncia.v1i2.18881 Francisco, C. R., & Mayorga, C. (2020). Insurgências nas trajetórias em diáspora de universitárias haitianas em Belo Horizonte, Brasil. Gênero, 20(2), 57–84. Guajajara, S. B., Alarcon, D. F., & Pontes, A. L. M. (2022). Entrevista com Sonia Guajajara: o movimento indígena frente à pandemia da COVID-19. Ciência & Saúde Coletiva, 27(11), 4125– 4130. Gerring, J. (2012). Mere description. British Journal of Political Science, 42(4), 721–746. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2024). Censo demográfico 2022: Indígenas: primeiros resultados do universo: segunda apuração. Available at: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=73103. Accessed on: 15 Feb. 2024. ISA – Instituto Socioambiental. (2024). Povos indígenas no Brasil: Lista de organizações indígenas. Available at: https://pib.socioambiental.org/pt/Lista_de_organizações_indígenas. Accessed on: 14 Feb. 2024. Mbembe, A. (2018). Necropolítica. Arte & Ensaios, (32), 123–151. Mello, A. H. de, & Feitosa, N. K. (2021). Dinâmicas da ocupação territorial na Amazônia: Reflexões sobre os impactos socioambientais pós-pandemia decorrentes do avanço do desmatamento. Painel Reflexão em tempos de crise. Available at: https://acoescovid19.unifesspa.edu.br/images/conteudo/Texto_Profa._Andréa_Hentz.pdf. Accessed on: 15 Oct. 2024. Moreira, R. C. N. (2018). Polarização política e o impeachment de 2016: Uma análise de dados reais e de mídias sociais [Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais]. Nassif, M. I. (2020). A hegemonia da crueldade: como uma elite raivosa enfiou uma faca no coração da democracia. In C. Milek & A. J. Ribeiro (Orgs.), Relações indecentes (pp. 4–12). São Paulo, SP: Tirant Lo Blanch. Oliveira, B. P., & Souza Lima, A. C. (2022). Pleitos eleitorais e cidadania indígena no Brasil: O presente e o futuro. In L. R. de Paula, R. Verdum, & A. C. de Souza Lima (Orgs.), Participação política em eleições. Rio de Janeiro: Mórula. Osowski, R. (2017). O Marco Temporal para demarcação de Terras Indígenas, memória e esquecimento. Mediações, 22(2), 320–346. https://doi.org/10.5433/2176-6665.2017.2v22n2p320 Rômulo, H., & Albala, A. (2023). Indigenous political representation in Latin America: An overview. In A. Albala & A. Natal (Eds.), Indigenous political representation in Latin America (pp. 16– 43). Springer Nature Switzerland AG. Santos, G. (2020). Governo Bolsonaro: o retorno da velha política genocida indígena. Revista da ANPEGE, 16(29), 426–457. https://doi.org/10.5418/ra2020.v16i29.12527 Silva, M. M. (2017). Insurgência e conservadorismo: considerações sobre o paradoxo da cidadania no Brasil. Em Pauta, 39(15), 70–84. https://doi.org/10.12957/rep.2017.30377 Souza Lima, A. C. (Org.). (2016). A educação superior de indígenas no Brasil: Balanços e perspectivas. Rio de Janeiro, RJ: E-papers. Tavares, V. H. (2021). Mulheres indígenas da Amazônia e política: Análises a partir de 2018 [Dissertação de Mestrado, Universidade do Estado do Rio de Janeiro]. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 141 �Elections and indigenous insurgency in Brazil: political participation from 2014 to 2022 TSE – Tribunal Superior Eleitoral. (2022). Portal de Dados Abertos do TSE. Available at: https://dadosabertos.tse.jus.br/. Accessed on: 20 Nov. 2024. Veron, V., & Guimarães, S. (2020). Sobre máscaras, fumaça e fogo doméstico: Experiências das mulheres Kaiowá na pandemia da Covid-19. Vukápanavo: Revista Terena, (3), 115–127. Vicuña, L. (2019). Karipuna e a ameaça de um iminente genocídio. In Conselho Indigenista Missionário, Relatório Violência contra os povos indígenas no Brasil – Dados 2018 (pp. 16–18). Brasília: CIMI. 142 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ Los Dibujitos como sujetos políticos emergentes: Anonimato, performatividad y reconfiguración de la esfera pública en el Perú digital Beyond Westphalian Citizenship: Anonymous Political Agency and the ‘Dibujitos’ as Post-Identitarian Subjects in Digital Peru. Fernando Ramos-Zaga1 RESUMEN En el contexto de las democracias contemporáneas, donde las formas tradicionales de participación política muestran signos de agotamiento, la aparición de colectivos digitales anónimos plantea interrogantes urgentes para la teoría social. En ese contexto, el presente artículo tiene por objetivo analizar el caso de los Dibujitos en Perú, como una manifestación de prácticas digitales articuladas desde el anonimato, la ironía y la performatividad, que tensiona las categorías clásicas de identidad, representación y liderazgo. A partir de un enfoque teórico-conceptual, se plantea una propuesta epistemológica que reconoce la afectividad, el simulacro y la fragmentación como dimensiones constitutivas de una nueva politicidad. Como resultado, se introducen tres nociones clave: la acción colectiva performativa, la ciudadanía post-westfaliana y los capitales digitales (memético y técnico), categorías que permiten comprender cómo opera el poder simbólico en escenarios marcados por la descentralización y la opacidad. Lejos de constituir un fenómeno excéntrico o episódico, los Dibujitos revelan una transformación más amplia en los modos de hacer política, lo que nos obliga a repensar la esfera pública desde una mirada crítica, atenta tanto a la potencia disruptiva de lo marginal como a los riesgos de su posible captura. Palabras Clave: Agencia política digital, anonimato colectivo, esfera pública digital, hacktivismo, Dibujitos. ABSTRACT …………………………………… Fecha de recibido: 02/10/2024 Fecha de revisado: 14/01/2025 Fecha de aceptado: 09/05/2025 Fecha de publicación: 30/07/2025 Esta obra está bajo una licencia de Creativa Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional In the context of contemporary democracies, where traditional forms of political participation show signs of exhaustion, the emergence of anonymous digital collectives raises pressing questions for social theory. This article analyzes the case of the Dibujitos in Peru as a manifestation of digital practices shaped by anonymity, irony, and performativity, which challenge classical categories of identity, representation, and leadership. Through a theoretical and conceptual approach, the article proposes an epistemological framework that foregrounds affectivity, simulation, and fragmentation as constitutive dimensions of a new political logic. Three key concepts are introduced: performative collective action, post-Westphalian citizenship, and digital capital (both memetic and technical), categories that offer insight into how symbolic power operates in environments marked by decentralization and opacity. Far from being an eccentric or episodic phenomenon, the Dibujitos reveal a broader transformation in the ways politics is enacted, compelling a critical rethinking of the public sphere, one that accounts for both the disruptive potential of the marginal and the risks of its co-optation. Keywords: Digital political agency, collective anonymity, digital public sphere, hacktivism, Dibujitos. Cómo referenciar este artículo: Ramos-Zaga, F. (2025) Los Dibujitos como sujetos políticos emergentes: Anonimato, performatividad y reconfiguración de la esfera pública en el Perú digital. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 11(22), 143-167. https://doi.org/ 10.29105/rpgyc11.22-363 1 Maestro en Gerencia Social. Universidad Privada del Norte, Lima, Perú, Docente Investigador. Email: fernandozaga@gmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6301-9460 143 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 1.- INTRODUCCIÓN Durante las últimas décadas, el tejido político en las democracias contemporáneas ha atravesado, y aún atraviesa, una transformación impulsada por la conjunción, simultáneamente técnica y simbólica, del entorno digital, que no solo ha sido una irrupción sino también una prolongación de ciertas lógicas previas de interacción política, aunque en clave mediada. Esta transformación, caracterizada por su naturaleza desigual, discontinua y profundamente contingente, ha obligado a actores institucionales a ensayar, de forma no siempre coherente, una serie de adaptaciones que, a menudo, resultan ser reactivas más que anticipatorias frente a los cambios. Mientras eso ocurre, emergen, con creciente visibilidad o al menos resonancia, formas colectivas de acción digital anónima que, desde una lógica no convencional, buscan intervenir activamente en la esfera pública, redefiniendo así tanto los modos como los márgenes de la agencia política. En el caso peruano, el fenómeno denominado de los Dibujitos se convierte, sin ser un caso único, en una ilustración pertinente y, al mismo tiempo, compleja de esa dinámica en curso. Se trata de una constelación de actores cuyo anonimato no es accidental sino deliberado, y que operan, mediante prácticas como el humor, la ironía o lo estéticamente disruptivo, dentro de plataformas digitales que les ofrecen un espacio de agencia sin precedentes, o al menos poco reconocidos por los marcos clásicos. La relevancia de este fenómeno no debería restringirse, exclusivamente, a su inscripción dentro de la cultura digital en sentido estricto, sino que más bien debe interpretarse como la expresión de tensiones subyacentes, tanto estructurales como simbólicas, que atraviesan a las democracias de tipo posttransicional, particularmente en el contexto latinoamericano. Ahora bien, desde una perspectiva más bien teórica, el análisis de los Dibujitos exige, con cierta urgencia crítica, un distanciamiento de los marcos clásicos sobre la acción colectiva, entre los cuales destacan los trabajos de Olson (1965) y Tilly (1978), cuyas propuestas, si bien fueron fundamentales en su momento, resultan insuficientes cuando se enfrentan a prácticas descentralizadas, lúdicas y, sobre todo, anónimas. De allí la necesidad de incorporar perspectivas más recientes como la connective action (Bennett & Segerberg, 2012), así como las reconfiguraciones performativas del espacio público trabajadas por autoras como Butler (2015) y Fraser (1990), aunque incluso estos enfoques, al intentar explicar fenómenos similares, tienden a simplificar dimensiones que en los Dibujitos se presentan con una densidad distinta. La literatura centrada en el anonimato digital ha oscilado, de modo reiterativo, entre la patologización de estas prácticas y su romantización como resistencias marginales (Scott, 1990), sin detenerse, con la suficiente atención, en su capacidad de producir sentido político o de articular una simbólica propia de intervención. En este marco, lo que el fenómeno de los Dibujitos pone en evidencia es una serie de interrogantes que son, al mismo tiempo, teóricos y metodológicos. Tales interrogantes desbordan las categorías analíticas tradicionales, que continúan operando bajo supuestos de identidad, jerarquía y representación formal. De hecho, lo que se identifica como la brecha central en este campo de análisis es una ausencia o, si se quiere, una precariedad de herramientas conceptuales que logren captar con suficiente nitidez aquellas formas de agencia política que prescinden de los dispositivos identitarios clásicos, que no se organizan jerárquicamente y que se sitúan fuera o al margen de los marcos institucionales reconocidos. Esta desvinculación, que es triple pero también interdependiente, genera un vacío epistemológico que impide una lectura adecuada, o siquiera tentativa, de fenómenos como el de los Dibujitos, cuyo encuadre en las categorías de los movimientos sociales o de las subculturas digitales resulta forzado o incluso artificial. 144 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Ramos-Zaga, F. Derivado de este diagnóstico preliminar, lo cual se propone en la presente investigación no es únicamente, ni principalmente, una descripción del fenómeno en cuestión, sino una apuesta por reconfigurar el marco desde el cual se piensa la participación política en contextos digitales. Lo que interesa es explorar, desde una perspectiva crítica, cómo estas prácticas anónimas configuran formas de agencia post-identitaria, performativas y dislocadas del marco tradicional de la representación. Más allá del objetivo descriptivo, se busca intervenir en el debate normativo sobre las condiciones de posibilidad de una democracia que, sin negar su mediación tecnológica, logre incluir expresiones políticas no convencionales sin reducirlas ni cooptarlas. Las consecuencias prácticas de esta investigación se vinculan, estrechamente, con la necesidad de repensar los marcos institucionales y normativos que regulan o intentan regular la participación ciudadana en entornos digitales. En un momento histórico en el cual la desafección política coexiste con una multiplicación de formas de enunciación ciudadana, muchas de ellas disruptivas, se vuelve indispensable pensar alternativas a los mecanismos clásicos de rendición de cuentas. Es decir, aquellas formas de rendición que descansan en la visibilidad del actor político o en su encuadre institucional, y que se ven crecientemente desbordadas por fenómenos que operan desde la ambigüedad, la fluidez y la estética como forma de intervención. De modo más amplio, esta investigación se inserta en una discusión transversal a las ciencias sociales y la teoría política, la cual gira en torno a los desafíos contemporáneos de la democracia en relación con la transformación de los vínculos entre representación política y representación simbólica. El auge de colectivos como los Dibujitos no constituye una excepción o una anomalía, sino un indicio, incluso un síntoma, de una transición más profunda: desde una política de la identidad hacia una política del gesto, de la performance y de la irrupción estética. Esta mutación nos obliga a reformular preguntas fundamentales respecto del lugar que ocupa la ciudadanía digital, sobre los criterios que definen la legitimidad de lo político, y también acerca de los límites mismos de la esfera pública como espacio articulador de lo común. En este marco, el objetivo del presente artículo es desarrollar un marco teórico-conceptual alternativo que permita comprender las transformaciones estructurales en los modos de articulación de la agencia política en entornos digitales contemporáneos, tomando el fenómeno de los "Dibujitos" en Perú como caso paradigmático para teorizar sobre las formas emergentes de acción colectiva que operan desde el anonimato, la performatividad estética y la ironía como dispositivos de intervención política. Se espera que el estudio contribuya a una relectura crítica de los marcos teóricos disponibles, al mismo tiempo que abra nuevas líneas de investigación sobre formas emergentes de politización digital, legitimidad sin rostro y poder anónimo. 2.- MARCO TEÓRICO Del anonimato al poder simbólico: El caso de los Dibujitos en Perú En el contexto sociotécnico contemporáneo del Perú, se ha configurado una forma cultural emergente que, lejos de ser una simple anécdota folclórica o un gesto risueño sin consecuencias, exhibe una densidad de implicancias cuyas ramificaciones no se agotan en lo virtual ni en lo efímero, sino que, como un rizoma indisciplinado, se inserta en los intersticios del tejido sociopolítico. Se trata del Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 145 �Los Dibujitos como sujetos políticos emergentes: Anonimato, performatividad y reconfiguración de la esfera pública en el Perú digital fenómeno denominado como “los Dibujitos”, cuyo carácter, más cercano a una mutación simbólica que a un colectivo identificable, se manifiesta a través de prácticas que orbitan en torno al anonimato, el artificio y la perturbación como táctica, lo cual permite entrever una reacción, no necesariamente consciente o articulada, frente a la crisis de los dispositivos clásicos de identidad, representación y visibilidad. En el contexto peruano, se denomina “Dibujito” a sujetos anónimos que participan activamente en la esfera pública digital mediante cuentas falsas en redes sociales, adoptando como identidad visual el nombre y la imagen de personajes de caricaturas infantiles, especialmente de The Backyardigans (como Uniqua, Pablo, Tyrone, Tasha o Austin). De ahí deriva el apelativo “Dibujito”. Estas identidades digitales suelen estar acompañadas de nombres compuestos como Pablito de los Backyardigans Luján Carrión, en alusión paródica al personaje que inspiró el nacimiento del colectivo, el “Ingeniero” Jesús Andrés Luján Carrión, más conocido como “La Beba”, autoproclamado rector de la “Universidad Sideral Carrión”. Esta estrategia identitaria dificulta cualquier trazabilidad individual y permite que el número de miembros sea inconmensurable, dado el carácter efímero y mutable de sus perfiles digitales. Aunque el fenómeno surgió en espacios vinculados al gaming, se ha expandido hacia formas de participación política no convencional, activismo digital lúdico y performances colectivas que combinan humor, anonimato y crítica social. Contrario a lo que se podría suponer, no todos los Dibujitos son hackers ni ciberinfractores; el colectivo incluye personas de diversas profesiones, incluyendo médicos, abogados, ingenieros, funcionarios públicos e incluso autoridades electas, como el alcalde del distrito de Ate, Lima, Franco Vidal Morales (Lima, 2 de abril de 1995), quien interactúa diariamente con la comunidad de Dibujitos a través de plataformas como Kick y TikTok. El colectivo también cuenta con una especie de manifiesto musical, “Dibujito de corazón”, interpretado por el Mariachi de la Cumbia, en el cual se refuerzan sus valores colectivos de anonimato, diversidad profesional, acción colectiva coordinada, ubicuidad, capacidad de vigilancia, rebeldía política, estética del exceso e irreverencia como forma de intervención política y cultural. La emergencia, que debe comprenderse como una especie de coalescencia de factores estructurales y contingentes, encuentra su epicentro en entornos digitales de sociabilidad informal como foros de videojuegos, transmisiones en vivo o redes secundarias de consumo audiovisual, destacando entre ellos el caso de Jesús Andrés “Sideral” Luján Carrión, en cuyo entorno, aunque no exclusivamente, se articulan formas de resistencia simbólica frente a dinámicas de exposición y ridiculización masiva. Lo paradójico del asunto radica en que el anonimato practicado por los Dibujitos no persigue la desaparición del sujeto sino una especie de presencia espectral, refractada por el uso de avatares explícitamente artificiales. No simulan ser reales, al contrario: su poder radica precisamente en el artificio. Goffman (1959) ya sugería que toda identidad es una escena representada. Lo que los Dibujitos representan, con una estética que bordea lo grotesco, no es tanto una persona como una falla del sistema de personalización mismo. En el transcurso de su desarrollo, cuyo devenir no ha sido lineal sino más bien errático, se distinguen fases que, aunque imprecisas en sus bordes, sí permiten inferencias analíticas. Entre 2016 y 2018, se detecta un uso reactivo del recurso avatarial, como mecanismo de autoprotección ante contextos digitales hostiles, los cuales proliferaban sin contención. A partir de 2018 y sin que exista un hito único, se establece una estética ya no meramente defensiva, sino afirmativa: el dibujo se convierte en emblema, en marca de filiación. Ya para el periodo conocido como la “Era de la Chocolatada” (2021–2023), se 146 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Ramos-Zaga, F. produce una expansión significativa hacia lo presencial, en la cual actos paródicos y sabotajes simbólicos, como el evento fallido en el distrito de Los Olivos en Lima, rebasan los límites de lo virtual para interferir de modo activo en el espacio público, con consecuencias performativas que exceden la intención inicial. Figura 1. Imagen del alcalde de Ate (Lima) con un personaje que representa a Pablito de los Backyardigans. Nota. Captura de pantalla realizada por el autor. El contenido fue tomado de una cuenta pública en TikTok (@clipsmagic1). Uso académico sin fines comerciales. Desde 2023, o incluso ligeramente antes, se inaugura una etapa que algunos han empezado a nombrar como “Era Mainstream”, durante la cual los Dibujitos, cuya influencia anteriormente se mantenía en márgenes no hegemónicos, logran incidir en la esfera pública de modo cuantificable, aunque sin abandonar sus estrategias de confusión. Casos como la fundación ficticia de la “Universidad Sideral Carrión”, en la cual se ofertan carreras como “Dentista de Gallos Atómicos”, no solo parodian las formas institucionalizadas del conocimiento, sino que también instauran una crítica que funciona en clave absurda, una crítica que no busca desmontar por argumentos sino por saturación del sentido. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 147 �Los Dibujitos como sujetos políticos emergentes: Anonimato, performatividad y reconfiguración de la esfera pública en el Perú digital En términos identitarios, la figura del Dibujito se define menos por una sustancia que por una lógica de circulación y réplica: su identidad no radica en la autenticidad, sino en la iteración irónica de lo falso. La máscara, que en otras épocas ocultaba el rostro, aquí lo sustituye. La referencia a Butler (1990) resulta inevitable: el yo es una performance reiterada. Del mismo modo, Baudrillard (1994) sostiene que el signo ya no remite a nada externo, y eso justamente es lo que encarnan los Dibujitos. Desde su inautenticidad construyen una forma singular de autenticidad, si cabe la paradoja. No es un disfraz, sino una forma de decir que no hay nada detrás del disfraz. Figura 2. Comentarios en TikTok con nombres de usuarios que hacen alusión a personajes de The Backyardigans. Nota. Captura de pantalla realizada por el autor. El contenido fue tomado de una cuenta pública en TikTok (@clipsmagic1). Uso académico sin fines comerciales. El ecosistema Dibujito se articula como un entramado de funciones que, a pesar de su aparente incoherencia, exhiben una diferenciación operativa significativa. Se identifica, por ejemplo, al Dibujito de luz, cuyo rol afectivo busca crear lazos de pertenencia; al Dibujito inconexo, que opera por disrupción aleatoria, y al Dibujito oscuro, dotado de habilidades técnicas sofisticadas, capaz de intervenir en eventos como el hackeo a la Municipalidad de Arequipa en 2020. Esta taxonomía funcional, aunque fluida, sugiere la existencia de una organización no explícita, extrapolítica y situada fuera de las coordenadas clásicas de militancia. 148 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Ramos-Zaga, F. El continuo vaivén entre caos y representación, entre burla y gesto simbólicamente agresivo, da forma a una cultura que no responde a los valores de orden y normatividad, sino a una lógica interna que podríamos denominar racionalidad del desorden. No se trata simplemente de una festividad subversiva sin consecuencias, sino de una anticonducta en el sentido foucaultiano (Foucault, 2009), en la cual el exceso y la desmesura no son fallas del sistema simbólico sino precisamente sus modos de operar. El “chongo”, como categoría de lo escandaloso y lo risible, funciona no solo como manifestación cultural, sino como estrategia de intervención en la lógica misma del discurso público. Los Dibujitos no solo narran, sino que alteran la narración. En un ecosistema mediático donde la velocidad narrativa supera la posibilidad de verificación, el avatar resulta más eficaz que el vocero. La estrategia del shitposting, la edición irónica, y las campañas de troleo constituyen mecanismos que reorganizan el flujo de sentido. La risa, en tal marco, no implica evasión ni banalidad, sino forma de enfrentamiento. La risa no elude el conflicto, lo intensifica. La influencia simbólica de los Dibujitos no ha pasado desapercibida para las estructuras formales de poder. El caso del alcalde Franco Vidal, de Ate, cuya presencia mediática remite claramente al repertorio Dibujito, plantea interrogantes sobre las formas emergentes de autoridad. Su accionar digital, performático y ambivalente, lejos de restarle legitimidad, parece dotarlo de una suerte de carisma afectivo, fundado no en la coherencia programática sino en la resonancia estética. La pregunta que de ello se deriva, inevitable, es si el caos puede constituirse en fundamento de autoridad. Esa misma pregunta nos sitúa ante un dilema: la posibilidad de que lo que inicialmente fue una crítica radical sea absorbido por la lógica del espectáculo o la automatización. Si los Dibujitos pueden ser replicados por inteligencias artificiales, bots o generadores de contenido, entonces se abre la posibilidad de una saturación simbólica que anule su efecto político. Cuando la repetición vacía el contenido, la crítica corre el riesgo de convertirse en ruido. La interrogante final no remite solamente a los Dibujitos como sujetos, sino también a su capacidad de agencia: ¿seguirán operando como dispositivos críticos, o serán desplazados por dinámicas automatizadas que imitan su estética sin comprender su política? La frontera entre sátira y desinformación, entre performance y simulacro, es cada vez más frágil. Lo que el fenómeno encarna es una tensión propia de la modernidad tardía: habitar el simulacro para decir lo real, ejercer poder desde lo periférico, sostener una voz sin rostro en un mundo que duda de todas las voces. Desde ese punto de vista, el Dibujito debe ser leído no tanto como una anomalía, sino como una figura sintomática del momento histórico. No representa solo una máscara, sino una forma radical de habitar el espacio público colonizado por algoritmos y desconfianza. Su ambivalencia revela tanto la crisis de la representación como el poder latente de lo risible. Comprender su dinámica requiere una epistemología situada, que no se limite a observar desde fuera, sino que se deje afectar por el fenómeno. Lo que los Dibujitos ponen en evidencia es que las nuevas formas de agencia política escapan a las coordenadas convencionales de identidad, liderazgo o institucionalidad. Su modo de operar, marcado por el anonimato, la ironía y la performatividad, desafía las bases mismas de la teoría política clásica. Entender su potencia exige desarticular el paradigma de la representación y construir marcos analíticos que puedan dar cuenta de formas emergentes de acción colectiva que se despliegan en y desde lo digital. Esta necesidad de nuevos lentes analíticos no es simplemente una cuestión académica, sino una urgencia para comprender el presente. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 149 �Los Dibujitos como sujetos políticos emergentes: Anonimato, performatividad y reconfiguración de la esfera pública en el Perú digital Ruptura epistemológica: Desafiando las categorías clásicas de la sociología política Comprender lo que involucra la agencia política en un entorno digitalizado, que no solamente se transforma de manera acelerada sino también descompone las lógicas heredadas, implica necesariamente que se realice una ruptura epistemológica, aunque no definitiva sino más bien problematizadora, respecto de los marcos que, desde tiempos fundacionales, sostuvieron la sociología política clásica. Las categorías tradicionales como la identidad, el liderazgo carismático o racional-legal y la representación política de tipo formal, si bien fueron centrales, hoy se perciben cada vez más como esquemas insuficientes y limitantes, incapaces de aprehender las dinámicas actuales, dinámicas nuevas que no se articulan del mismo modo. El caso peruano conocido como Dibujitos, revela formas colectivas de acción que, sin apelar a lo institucional, se constituyen dentro de parámetros como la anonimidad, la afectividad emocional y una performatividad que subvierte la norma representacional. No habría que cancelar la tradición, por el contrario, sino que se propone revisarla con ojo crítico, tensarla hasta donde resista y, llegado el momento, si hiciera falta, entonces superarla en algunos aspectos. Lo que la teoría social ha hecho históricamente, desde sus formulaciones más estructuradas, ha sido privilegiar una concepción bastante instrumental de la acción política, como si todo actor político actuara exclusivamente por la obtención de objetivos. Desde Weber (1978), con su énfasis en la racionalidad orientada a fines, hasta Coleman (1990), con su marco de decisión racional, ha prevalecido esta idea de una agencia calculada. Aunque dicho marco resulta útil en determinados contextos estructurados e institucionalizados, lo cierto es que frente a las dinámicas digitales emergentes, las cuales privilegian el afecto, la espontaneidad improvisada, el humor a veces absurdo o la ironía sin dirección clara, sus explicaciones resultan claramente limitadas. Tilly (2004), al introducir la noción de repertorios de contienda, reconoció, aunque no en toda su extensión, que la acción colectiva tenía componentes simbólicos. Sin embargo, la magnitud, la frecuencia y la velocidad con la que estos elementos hoy se despliegan exige, requiere, incluso impone, una reconceptualización de fondo y no sólo de forma. La noción de acción prefigurativa, desarrollada por Melucci (1996), adquiere en este escenario digital una centralidad que no puede ser ignorada. Lo que esta forma de agencia busca, en el fondo, no es alcanzar un objetivo pragmático o político exterior, sino encarnar desde ya aquellos valores que se consideran deseables para un futuro colectivo posible, como si se tratara de un ensayo que es a la vez político, ético y estético. En lo digital, estas prácticas se dispersan sin un centro conductor, viralizan sin una firma de autoría clara y conmueven, paradójicamente, sin que haya necesariamente un discurso ideológico estructurado detrás. Gerbaudo (2012) lo define como una performance comunicativa en la cual la emoción se convierte en el lenguaje mismo de lo político, y el afecto en el vínculo que lo sostiene. El desplazamiento desde una racionalidad estratégica hacia una performatividad emocional no sólo implica una transformación de las formas de hacer política, sino también plantea una crítica de fondo a la política del reconocimiento tal como fue concebida desde perspectivas identitarias. Young (1990) y Taylor (1994) insistieron en que la visibilidad era una condición indispensable para la legitimidad política. Sin embargo, cuando lo que se pone en juego es una forma de agencia que opera desde el anonimato, el imperativo de mostrarse colisiona con la táctica de esconderse. Butler (1990, 2004), al concebir el sujeto como resultado iterativo de actos performativos y no como una entidad estable o preconstituida, abre una vía para pensar la política no desde un “quién” fijo, sino desde una serie de actos que interrumpen el orden, desordenan lo sensible e irrumpen en lo que parecía establecido. 150 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Ramos-Zaga, F. Este giro encuentra resonancia en Rancière (1999), quien argumenta que la política, más que gestionar consensos, se activa allí donde el disenso emerge desde los cuerpos que no tienen parte en la distribución de lo sensible. En tal sentido, se puede pensar una política que no aspire a la visibilidad como validación, sino que desde el margen actúa, se articula y perturba. Una agencia sin rostro, pero cargada de efectos. Por su parte, lo colectivo en este nuevo entorno ya no responde de forma directa o equivalente a los modelos organizativos tradicionales, en los cuales la centralidad del liderazgo era una condición de posibilidad para la acción política efectiva. La figura del líder carismático que Weber (1978) conceptualizó pierde vigencia frente a prácticas donde el liderazgo se torna algo efímero, situado y a menudo prescindible. Shirky (2008) introdujo la idea de organización sin organizaciones, mientras que Hardt y Negri (2004) propusieron el concepto de enjambre, una multiplicidad operando sin jerarquía visible. La eficacia política en tales casos no se deriva de una estructura, sino de la coordinación afectiva entre múltiples nodos. No se trataría entonces de una colectividad definida ni institucionalizada, sino de comunidades cuya afectividad compartida se activa espontáneamente, incluso sin necesidad de un “nosotros” explícito. Deleuze y Guattari (1987) ofrecen con su noción de rizoma una imagen particularmente sugerente, en la cual los vínculos no se estructuran jerárquicamente, sino que se conectan de modo transitorio y fragmentario. Castells (2012), por su parte, ha mostrado cómo estas redes, aun cuando carezcan de una representación formal clásica, logran generar poder, sentido compartido y acción política colectiva. Se configura aquí una política rizomática, donde la pertenencia se construye a partir de la agencia y no al revés. Desde esa perspectiva, el anonimato ya no puede ser considerado como un déficit, sino que aparece como una estrategia deliberada. James Scott (1990), al hablar de los hidden transcripts, propuso que la resistencia muchas veces se articula desde lo no dicho o lo dicho en privado. En el entorno digital, estos discursos ocultos pueden volverse públicos sin necesidad de una identificación clara, lo cual rompe con las lógicas de la transparencia y la rendición de cuentas individual. Coleman (2015) estudia el caso de Anonymous como una forma de visibilidad sin rostro que desarma los mecanismos de vigilancia y opone a la identificación obligatoria una anonimidad militante. En ese marco, el meme se convierte en herramienta de una desobediencia simbólica que no por ser lúdica pierde potencia. Gracias a su ambigüedad y plasticidad, su capacidad para combinar humor con crítica política se transforma en un artefacto desde el cual subvertir los lenguajes dominantes. Su eficacia reside en esa mezcla entre lo irónico y lo devastador, entre lo cómico y lo político. Papacharissi (2014) define estos espacios como affective publics, en los que la emoción articula formas novedosas de deliberación. Shifman (2013), a su vez, los interpreta como prácticas culturales participativas, en las cuales la parodia, el humor y el absurdo son también, y con todo derecho, expresión política. Ahora bien, pensar que la horizontalidad organizativa, el afecto como motor principal y el anonimato como herramienta puedan representar una política “menor” es subestimar los efectos que producen. La crítica, en todo caso, debería dirigirse no a estas prácticas emergentes, sino a la insistencia en analizarlas mediante categorías conceptuales que ya no les hacen justicia. Frente a una constelación digital marcada por códigos fragmentarios, imágenes estéticas y relaciones inestables, urge repensar de forma profunda lo que entendemos por acción colectiva, por comunidad política o por responsabilidad pública. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 151 �Los Dibujitos como sujetos políticos emergentes: Anonimato, performatividad y reconfiguración de la esfera pública en el Perú digital La ruptura epistemológica que se propone aquí, lejos de clausurar el campo de la sociología política, apunta a su revitalización. Fenómenos como los Dibujitos, junto con múltiples colectivos sin identidad visible, no representan una anomalía, sino una transformación radical en los modos de hacer política. Una transformación que escapa a la identidad, al liderazgo como centralidad, a la representación como necesidad, y que abre paso a una política sin sujeto fijo, sin rostro identificable y sin centro organizativo, pero que, no obstante, está cargada de agencia, de potencia y de posibilidad histórica. Reconceptualización de la esfera pública digital La profunda mutación, que ha sido provocada, o más bien acelerada, por la creciente y expansiva proliferación de los entornos digitales, plantea una seria y tal vez ineludible interrogación respecto de la continuidad histórica de ciertas categorías fundacionales sobre las cuales, durante siglos, se ha articulado la teoría política de cuño moderno. En esta circunstancia, se hace difícil sostener, sin incurrir en simplificaciones problemáticas, la idea según la cual la esfera pública se configuraría como un espacio único, uniforme, e inherentemente racional, destinado a la deliberación discursiva de los sujetos reconocidos, que son, o eran, los inscritos formalmente en el marco de instituciones legitimadas. Dicho marco, por tanto, se ve ahora desplazado por modalidades de politicidad, si se quiere, de politicidad digital, en las cuales lo simbólico, lo afectivo, y la disolución de la identidad en lo anónimo, constituyen vectores que reordenan, o al menos reconfiguran, la cartografía de lo político contemporáneo, cuya topología escapa a las herramientas analíticas tradicionales. El modelo deliberativo que Habermas expuso (1992), al cual se le ha conferido el estatus de fundamento normativo para la democracia liberal, parte de una concepción comunicativa de la racionalidad orientada al consenso, lo cual, sin embargo, excluye sistemáticamente dimensiones no discursivas, como lo emocional, lo somático o incluso lo disonante. Esto, que ya había sido advertido por Fraser (1990), no constituye únicamente una falla teórica, sino que implica una reproducción de exclusiones sociales bajo la fachada, bastante eficaz, de una pretendida neutralidad epistémica. La politicidad actual, por contraste, se inscribe en lógicas de afectividad, de actuación performativa y de temporalidades que no obedecen a un patrón estable, ni a un relato continuo, sino a una fluidez que escapa al canon normativo habermasiano, cuyo anclaje en la Ilustración se hace cada vez más frágil. En este horizonte, Papacharissi (2014), al reconocer las limitaciones del paradigma clásico, propone una noción alternativa: la de affective publics, que consistiría, o mejor dicho, se conformaría por colectivos no estables, cuya cohesión no deriva de argumentos racionales ni de procedimientos deliberativos, sino que está basada en una circulación afectiva de experiencias, emociones, imágenes compartidas y pulsiones digitales. Estos públicos no buscan el consenso como horizonte teleológico, sino que se activan, se movilizan, se disuelven incluso, en torno a eventos significativos o estímulos virales. Una lógica que encuentra resonancia en Butler (2004) y Dean (2009), quienes, desde perspectivas distintas, han abordado la dimensión performativa de lo político, en la cual los actos simbólicos y afectivos sustituyen, o desplazan, la necesidad de representación estable o de articulación discursiva coherente. Así entonces, en lugar de consolidar una esfera deliberativa regulada por normas de urbanidad comunicativa, el entorno digital engendra un espacio de antagonismo, donde los códigos tradicionales del civismo pierden operatividad y, en muchas ocasiones, se tornan incluso irrelevantes. Aunque 152 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Ramos-Zaga, F. Sunstein (2001) ha insistido en preservar una ética comunicacional, sus recomendaciones, por no decir sus advertencias, parecen ajenas a las dinámicas digitales actuales. Fenómenos como el shitposting, el trolling o la producción masiva de memes, prácticas que usualmente son interpretadas como patologías del espacio público, constituyen, más bien, modalidades legítimas de intervención política. Tal como Rancière (1999) lo articuló, el disenso no representa una falla de racionalidad, sino que constituye, más bien, el núcleo mismo de lo político. Aquello que bajo una lógica normativa aparece como ruido, puede ser, desde una perspectiva más abierta a lo simbólico, una interrupción profundamente significativa. En este contexto, el humor no solo se despliega como un recurso expresivo o un simple adorno discursivo, sino que opera como una táctica crítica con eficacia simbólica concreta. Bourdieu (1986), al definir el capital simbólico como un recurso que confiere legitimidad, permite entender cómo, en la digitalidad, dicho capital se actualiza mediante el humor, convirtiéndose en una forma de subversión, de desacralización de lo solemne. En ese sentido, Bakhtin (2009), quien estudió las lógicas carnavalescas, demostró cómo el humor puede funcionar como una inversión del orden simbólico establecido. Hoy, esto se observa en fenómenos como el deep-fake satírico, las cuentas paródicas o las intervenciones irónicas que apelan a la resonancia emocional antes que a la lógica argumentativa. Simultáneamente, la performatividad digital se manifiesta como una estrategia de desidentificación, no siempre consciente, pero sí eficaz. Muñoz (1999) elaboró una lectura política de la desidentificación como reapropiación crítica de signos dominantes desde posiciones marginales. Esta lectura resulta particularmente útil para interpretar prácticas digitales que consisten en la distorsión, remediación o incluso vaciamiento del lenguaje institucional. En tales casos, el anonimato y la máscara no son obstáculos para la agencia, sino condiciones mismas de posibilidad. Parodiar el discurso hegemónico desde la disolución del sujeto no anula su potencia crítica, sino que la multiplica. Dicha forma de agencia entra en tensión con la concepción clásica de legitimidad enunciada por Weber (1978), quien, como es sabido, identificó tres formas de autoridad: legal, carismática y tradicional. En cambio, dentro de los márgenes de la digitalidad contemporánea, la autoridad puede emanar, paradójicamente, de una imagen viral sin autoría, de una secuencia sin firma, o de una comunidad afectiva sin rostro visible. García Canclini (2020), en su análisis, caracteriza esta transformación como una hibridación entre consumo cultural y cultura política, en la cual las lógicas del espectáculo, de la ironía y de la estetización de lo político no implican necesariamente una trivialización, sino una mutación de sus formas expresivas. Colectivos como Anonymous, estudiados en detalle por Coleman (2015), ejemplifican esta lógica rizomática, es decir, no jerárquica, no centralizada, y sin identidad común predefinida. Esta estructura, que Deleuze y Guattari (1987) conceptualizaron mediante la figura del rizoma, no se desarrolla por subordinación o jerarquía, sino por conexión múltiple y expansión reticular. Estos counterpublics, como fueron denominados por Fraser (1990) y Warner (2002), no buscan integrarse al espacio público tradicional, sino que generan espacios propios, fragmentarios, efímeros y deliberadamente disidentes. La política rizomática encuentra su fundamento en el anonimato como ética de intervención. Lo cual, lejos de constituir un obstáculo para la responsabilidad, puede entenderse como una respuesta táctica frente a regímenes de vigilancia y control. Scott (1990), al conceptualizar los hidden transcripts, mostró cómo las formas de resistencia pueden operar fuera del campo visual del poder. En el espacio digital, dichos discursos se tornan públicos sin tener que asumir una identidad particular. Coleman Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 153 �Los Dibujitos como sujetos políticos emergentes: Anonimato, performatividad y reconfiguración de la esfera pública en el Perú digital (2015) y Lovink (2019) han denominado esta modalidad como visibilidad sin rostro, una forma de aparición política que no se somete a las lógicas de representación tradicionales. A pesar de todo ello, surgen dilemas difíciles de resolver. ¿De qué manera es posible pensar la accountability en ausencia de sujetos identificables? La tradición moderna, desde Taylor (1992) hasta Young (1990), ha vinculado inextricablemente la responsabilidad política a la identidad personal, lo cual se ve desafiado por formas de acción anónima que no presentan un emisor claro ni una intención firmada. Las campañas virales sin autoría explícita y las filtraciones sin firma obligan a repensar el nexo entre visibilidad y responsabilidad. En paralelo, el concepto de representación también se ve alterado de manera significativa. Pitkin (1967) y Urbinati (2006), al desarrollar sus teorías sobre la representación política, partieron de una relación estable entre representados y representantes. Sin embargo, en los entornos digitales, tal relación se vuelve contingente, emocional y fugaz. Laclau y Mouffe (1987), ya en su momento, ofrecieron una visión alternativa en la cual las identidades políticas se constituyen en torno a demandas móviles. Berlant (2011) radicaliza esta perspectiva al proponer la idea de una representación sin representación, donde lo político se articula desde la multiplicidad, la contradicción y la opacidad, desafiando cualquier pretensión de transparencia total. No se trata de anomalías que deben ser corregidas, sino de transformaciones estructurales que reconfiguran el modo mismo en que lo político se produce, se comunica y se disputa. Por lo tanto, la esfera pública digital no puede comprenderse bajo las categorías analíticas de la modernidad ilustrada, cuyos marcos normativos se ven desbordados por nuevas formas de subjetividad, por prácticas liminales y por estéticas del disenso. La tarea, entonces, no se limita a describir lo novedoso, sino a forjar herramientas conceptuales capaces de pensar la complejidad sin aplanarla. En efecto, resulta urgente una sociología política que sea proporcional, en su agudeza crítica, a las fracturas del presente. 3.- METODOLOGÍA La investigación que aquí se presenta adopta un diseño metodológico de carácter crítico-teórico, cuyo enfoque se inscribe en una revisión conceptual integrativa, enmarcada en los lineamientos propuestos por Grant y Booth (2009), lo cual permite atender la necesidad de sintetizar y reformular constructos teóricos emergentes, cuya presencia resulta particularmente densa en fenómenos que desbordan marcos analíticos consolidados, por lo cual su reconceptualización resulta imperativa (Torraco, 2005, 2016), la cual ha sido concebida para responder a la complejidad estructural que presentan los procesos de agencia política digital, cuya naturaleza escapa a los moldes disciplinarios tradicionales, situación que no solamente complica, sino que también enriquece la exploración teórica. En función de lo anterior, el proceso analítico se estructuró según una secuencia de fases recursivas, organizadas con base en el modelo formulado por Webster y Watson (2002), en el cual se destaca una lógica de iteración como fundamento de una rigurosidad conceptual no exenta de ambigüedades operativas. Lo que se realizó en la primera fase fue un mapeo sistemático de corpus teóricos cuya pertenencia a tres dominios conceptuales interrelacionados resulta crucial: las teorías clásicas sobre acción colectiva y movimientos sociales, los estudios contemporáneos vinculados con cultura digital y agencia en red, y, finalmente, las aproximaciones críticas que problematizan la esfera 154 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Ramos-Zaga, F. pública en conexión con la democracia digital. Tales categorías, que no pueden ser pensadas como compartimentos estancos, fueron abordadas de forma entrelazada, en la medida en que la triangulación teórica se vuelve una necesidad, y no un lujo, cuando el fenómeno en cuestión rebasa los marcos teóricos preexistentes (Cooper, 1988). La selección del material teórico, además de haber sido guiada por la relevancia conceptual, también estuvo condicionada por el impacto académico y por una evaluación temporal de su pertinencia, cuyos criterios, si bien definidos, no pueden considerarse inmunes a las tensiones propias del campo. Lo que se aplicó fue una estrategia conocida como “bola de nieve conceptual” (Paré et al., 2015), en la cual, comenzando con textos que se consideran fundacionales, se fueron identificando genealogías discursivas que delinean, más que develan, los vacíos y tensiones presentes en la literatura disponible. Esa forma genealógica de exploración no solo traza cartografías del saber, sino que también habilita un marco desde el cual pueden percibirse las fracturas epistemológicas que, en muchos casos, han sido invisibilizadas o tratadas de modo marginal. Durante la segunda fase, el análisis se volcó hacia una lectura crítica-interpretativa de las fuentes seleccionadas, recurriendo a técnicas que son propias de las revisiones conceptuales integrativas (Snyder, 2019), aunque no siempre se aplican con suficiente atención a sus implicancias epistemológicas. No se trató meramente de comparar o describir teorías, sino más bien de identificar aquellas premisas ontológicas y epistemológicas subyacentes, cuyas limitaciones para comprender nuevas formas de politicidad digital justifican la emergencia de un aparato conceptual distinto. En este ejercicio, el razonamiento abductivo sirvió como motor dialéctico, y permitió transitar entre teoría y fenómeno sin anclar del todo la lectura en ninguno de los dos polos (Tavory y Timmermans, 2014), lo cual genera una dinámica interpretativa que no siempre es lineal ni transparente. El rigor y la confiabilidad de lo que podría ser denominado el proceso de interpretación fueron asegurados mediante procedimientos inspirados en estándares de calidad propios de la investigación conceptual. En función de los aportes de Booth et al. (2016), se implementaron auditorías de naturaleza conceptual, documentando sistemáticamente tanto la selección de fuentes como la lógica detrás de las decisiones interpretativas. A su vez, la triangulación teórica se propuso como un mecanismo para ampliar los márgenes de validación, sin que ello implique una neutralización de las tensiones epistemológicas. En este mismo proceso, y no de manera aislada, se adoptó el principio de saturación teórica (Saunders et al., 2018), que consistió en extender el análisis hasta que se percibió que no surgían nuevas dimensiones conceptuales, al menos no de modo evidente ni persistente. La tercera fase estuvo dedicada a la construcción de un marco conceptual de carácter integrador, que tuviera como objetivo articular las dimensiones hasta entonces identificadas. Para lo cual, se retomaron los lineamientos de Jaakkola (2020), quien propone una serie de principios destinados al desarrollo conceptual riguroso, como son la identificación explícita de conceptos nodales, la clarificación de sus condiciones de aplicabilidad, y la articulación con debates teóricos preexistentes, aunque no siempre claramente delimitados. Esta construcción no aspiró a ser una mera síntesis acumulativa, ya que lo que se pretendió fue generar un dispositivo analítico nuevo, uno que pudiera iluminar zonas oscuras de un fenómeno que permanece, en gran parte, inexplorado por marcos tradicionales. Una dimensión metodológica de particular importancia se refiere a la incorporación del caso de los Dibujitos en Perú, cuya función no fue la de constituir un objeto de análisis empírico exhaustivo, Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 155 �Los Dibujitos como sujetos políticos emergentes: Anonimato, performatividad y reconfiguración de la esfera pública en el Perú digital sino la de actuar como catalizador heurístico y como ejemplo paradigmático. En tal sentido, su inclusión no responde a una lógica de estudio de caso convencional, sino a una estrategia de teorización anclada, entendida según lo propuesto por Thornberg y Charmaz (2014), quienes conciben los casos concretos no como datos en bruto, sino como plataformas desde las cuales pensar teóricamente de forma situada. Esta operación, sin embargo, exige una actitud de escucha conceptual que no siempre se encuentra disponible en las ciencias sociales. La reflexividad, concebida como postura epistemológica, atraviesa todo el proceso investigativo. Bajo la influencia de Bourdieu et al. (1991), se incorporaron prácticas de vigilancia epistemológica que buscan desnaturalizar los supuestos del investigador, al tiempo que abren la posibilidad de incorporar formas de conocimiento marginalizadas o subalternizadas, lo cual resulta fundamental al analizar colectivos digitales anónimos, cuya organización escapa a los cánones de inteligibilidad académica. Esa vigilancia, en su despliegue, no impide la teorización, sino que la condiciona hacia formas más responsables, aunque no necesariamente más cómodas. El rigor metodológico, que se ha intentado sostener a lo largo del texto, descansa tanto en la sistematicidad del proceso como en la transparencia que rige la presentación de los procedimientos empleados. Se ha documentado con exhaustividad cada fase del análisis, no sólo como garantía de replicabilidad, sino como parte de una ética investigativa que reconoce el carácter siempre provisional, y a menudo contestable, de toda formulación teórica. En contextos donde la agencia política digital se encuentra en plena mutación, resulta particularmente urgente reconocer que lo teórico no está terminado nunca, sino siempre en proceso. 4.- RESULTADOS Performatividad conectiva: límites del modelo connectivist vs collectivist Comprender, en toda su densidad y no sin dificultades interpretativas, las transformaciones que han ido produciéndose, aunque no siempre de forma lineal, en los modos mediante los cuales se articula la acción colectiva contemporánea, implica, y esto no debe ser minimizado, una toma de distancia, más o menos consciente, respecto de aquellas tipologías que, por largo tiempo y con notable persistencia, han gobernado las estructuras categoriales dominantes dentro de la teoría sociológica. El entorno digital, con sus ritmos inestables, introdujo una heterogeneidad que, al insertarse en los repertorios ya existentes, produjo una especie de desplazamiento, de superposición incluso, al punto que la distinción entre lo público y lo privado, que antes se consideraba más o menos clara, ahora parece volverse porosa, a veces incluso ilusoria, al igual que las fronteras que solían separar lo político de lo estético y lo estratégico de lo afectivo. De este modo, lo que resulta claro, aunque no por ello menos problemático, es que los marcos analíticos heredados, aquellos que con frecuencia se han anclado en la oposición entre acción colectiva y acción conectiva, comienzan a evidenciar sus límites. La sola sustitución de categorías, por mucho que se realice con rigor terminológico, no logra capturar la complejidad de fondo que subyace a los desplazamientos, más bien subterráneos, que vienen reconfigurando la agencia en red, una agencia que, muchas veces, y no sin ambigüedad, es ejercida por sujetos cuyas identidades tienden a la volatilidad, a 156 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Ramos-Zaga, F. la elusión de lo permanente, o incluso al juego irónico con las formas institucionalizadas del reconocimiento. Bennett y Segerberg (2012), en un intento que resultó especialmente útil para describir ciertos fenómenos que empezaban a emerger con fuerza en aquel momento, propusieron una distinción entre collective action, propia de movimientos sociales clásicos, con estructuras más o menos jerarquizadas y con identidades que podían reconocerse como compartidas, y connective action, la cual se basaba, según los autores, en la personalización del compromiso político a través del uso de tecnologías digitales que habilitan formas de organización marcadamente horizontales. Esta segunda categoría fue particularmente esclarecedora para el análisis de experiencias como Occupy Wall Street o el 15M. Sin embargo, lo que se observa ahora, y no sin perplejidad, es que la dicotomía resulta limitada para abordar las dimensiones expresivas, estéticas y afectivas, todas ellas entrelazadas, que tiñen las prácticas de acción contemporánea. La conectividad técnica, siendo necesaria, no se puede, de ninguna manera, erigir como principio explicativo suficiente, ya que lo simbólico, y también lo expresivo, han venido adquiriendo, con fuerza creciente, un lugar central, incluso estructurante, en la práctica política digital. Dada esta insuficiencia, se propone, sin ánimo de clausurar otras perspectivas, pero con intención de abrir nuevas líneas analíticas, la noción de acción colectiva performativa. Esta categoría no tiene la intención de reemplazar a las anteriores, aunque a veces podría parecerlo, sino más bien busca complementarlas desde una mirada que privilegie la dramaturgia de lo político en cuanto fenómeno que, además de ser expresivo, es situado y muchas veces escapa a los marcos de lo estructural. La performatividad, entonces, no debe ser entendida como mero estilo o modo de enunciación, sino como forma de presencia que, si bien puede ser rastreada en prácticas políticas previas, ha cobrado, a raíz del entorno digital, una intensidad que exige atención renovada, incluso urgente. Una primera característica, y tal vez la más sintomática, de la acción colectiva performativa es la dispersión de la identidad, cuya lógica ya no responde a la unificación ni a la búsqueda de una coherencia estable. Más bien, lo que se observa es un juego constante con el anonimato, con la fluidez de los posicionamientos del yo, con una multiplicidad que no pretende ser resuelta en una síntesis. Judith Butler (1990) sugiere que la identidad, más que una esencia, es efecto de una repetición performativa, mientras que Erving Goffman (1959) había examinado el carácter escénico del yo en sus interacciones. En el contexto digital, tales intuiciones alcanzan un nuevo grado de radicalización: la identidad no solo se simula, sino que se programa, se diseña como interfaz. No se trata, por tanto, de esconderse detrás de una máscara, sino de habitar la máscara como espacio de agencia posible, donde el seudónimo, el avatar o la multiplicidad de perfiles no son ocultaciones, sino condiciones habilitantes para una subjetividad desanclada de la unidad ontológica. A lo anterior, que ya implica una ruptura importante, se suma un segundo rasgo, no menos decisivo: la desinstitucionalización de la convocatoria. Si antes los partidos, los sindicatos o los movimientos se concebían como instancias organizadoras, ahora lo que prolifera son formas de convocatoria que se movilizan desde afectos, desde resonancias emocionales, no necesariamente articuladas desde ideologías. Gerbaudo (2012) analiza cómo las redes sociales, al actuar como dispositivos de afectación colectiva, permiten la creación de lo que denomina “coreografías emocionales”, escenas móviles en las cuales los cuerpos se articulan no a partir de una doctrina común, sino desde afectos, a veces muy primarios, que generan atmósferas de participación. Estas coreografías, que se ensamblan con una lógica que escapa a la centralidad tradicional, pueden intensificarse y luego disiparse sin que medie estructura formal alguna. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 157 �Los Dibujitos como sujetos políticos emergentes: Anonimato, performatividad y reconfiguración de la esfera pública en el Perú digital Un tercer aspecto crucial, aunque a menudo no suficientemente tematizado, es la centralidad de lo estético en tanto dispositivo de acción. En un contexto saturado por estímulos, en el cual la atención se convierte en un bien escaso y en disputa, lo visual, lo sonoro y lo narrativo no actúan como adornos, sino como elementos estructurantes del acontecimiento político. Papacharissi (2014) insiste, con argumentos sólidos, en que lo político y lo estético no pueden pensarse como esferas separadas, particularmente en la esfera digital, donde la expresión se realiza, antes que, por medio de programas ideológicos, mediante signos, imágenes, performances breves y memes. La acción, en este nuevo régimen de visibilidad, se comunica por medio de hashtags poéticos o composiciones visuales de impacto, más que por la lógica discursiva tradicional. Las tres dimensiones mencionadas, que no deben pensarse como aisladas, sino como elementos que se entrecruzan constantemente, configuran una forma de acción cuyo objetivo no parece ser la institucionalización, ni siquiera la construcción de una comunidad estable. Más bien, lo que define su fuerza es la capacidad de irrumpir, de dramatizar con intensidad momentánea, de producir significados que, aunque efímeros, logran interrumpir los modos clásicos de entender lo político. Resulta sintomático que muchas de estas acciones no posean continuidad en el tiempo ni persigan eficacia según criterios institucionales. Su éxito, si así puede decirse, se mide desde parámetros distintos: irrupción, viralidad, resonancia. Lo lúdico, en este esquema, no actúa como evasión, sino como forma peculiar de resistencia. En la digitalidad, las distinciones tradicionales entre lo serio y lo cómico se disuelven, lo que abre la posibilidad de que el humor, la parodia y la ironía se activen como potentes herramientas políticas. Raunig (2007), así como Berg y Pettersson (2022), a través del concepto de playful resistance, identifican prácticas que, sin confrontar de manera directa, descomponen y parodian las gramáticas dominantes, transformando al adversario en objeto de risa. Lo que aquí aparece no es tanto una crítica racionalizada, sino una crítica encarnada en gestos irónicos que desarticulan la autoridad simbólica del enemigo. Desde una lectura inspirada en Foucault, se puede pensar que estas prácticas constituyen formas de anticonducta, según el sentido que da el autor en sus conferencias de 2007, es decir, maneras de subjetivación que se sustraen de los regímenes normativos. El juego, por tanto, no sería solo una forma cultural, sino una tecnología política. Goriunova (2013) habla de disruption aesthetics, una estética que no busca persuadir ni representar, sino más bien interrumpir, provocar incomodidad, abrir grietas. El shitposting, así como los videojuegos modificados con intención crítica, encarnan una forma de intervención que es fragmentaria, creativa y que rehúye los formatos tradicionales de la politización. En estas formas, tan disímiles como sintomáticas, puede advertirse un giro profundo, un cambio radical incluso, en los modos de aprender y ejercer lo político. Ya no se trata, como antaño, de militar en una organización o de adherir a una línea programática. Ahora, la politización ocurre a través del juego, por contacto, por contagio afectivo. Se aprende política remixando, interviniendo, creando imágenes virales. La acción no es la consecuencia de una reflexión previa, sino que, muchas veces, es su punto de partida. No obstante, esta reapropiación lúdica del espacio digital no está libre de ambivalencias. Puede ser cooptada, volverse reaccionaria, o incluso reproducir violencia simbólica. Pero precisamente en esa ambigüedad reside su fuerza crítica. Es desde esa inestabilidad que la acción colectiva performativa logra desestabilizar las formas instituidas de lo político, abriendo nuevas posibilidades para pensar y 158 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Ramos-Zaga, F. ejercer lo común. No considerar estas prácticas equivaldría a cerrar los ojos frente a las mutaciones más vivas de lo político. En ellas se está jugando, literalmente, la reconfiguración del vínculo entre estética, afecto y agencia, lo que obliga a repensar, con toda seriedad, qué significa hoy actuar políticamente. Ciudadanía post-westfaliana: del citizen al netizen Durante las últimas décadas, si es que no incluso antes, aunque de forma menos visible, lo que ha ocurrido con los medios de comunicación, con los regímenes de visibilidad y con las formas contemporáneas de acción política, ha consistido en un proceso de transformación que no solo ha sido acelerado, sino también de carácter estructural. Esta transformación, lejos de presentarse como una simple evolución interna o como un ajuste técnico de mecanismos institucionales preexistentes, ha erosionado, hasta hacerla casi irreconocible, la idea moderna de ciudadanía, cuyo fundamento en el Estado-nación de inspiración westfaliana ya no resulta suficiente, ni eficaz, ni siquiera pertinente en muchos casos. La crisis, más que episódica o de representación circunstancial, se perfila como un quiebre ontológico, un desplazamiento en el nivel del ser, en cuanto a lo que significa, o podría llegar a significar, el ser ciudadano en un mundo que, con cada vez más frecuencia, se constituye sobre plataformas transnacionales, redes fluidas, anonimatos operativos y flujos de información, afectividad y agencia, que no conocen fronteras, ni las reconocen. El modelo canónico articulado por Marshall y Bottomore (1992), en el cual se establecía una progresión de derechos ,civiles, políticos, sociales, arraigados en un sujeto legalmente identificado, domiciliado y regulado dentro del marco nacional, ofrecía un relato de inclusión cuya linealidad ya no se sostiene. En aquel marco, el ciudadano era, por definición, un sujeto localizado en una territorialidad concreta, un individuo cuya existencia política estaba vinculada, más allá de sus deseos o de sus acciones, a un aparato estatal que lo nombraba, lo documentaba, lo controlaba. Incluso en aquellas teorías que buscaron complejizar esa relación, como la genealogía del ser político trazada por Isin (2002), no se renunció del todo a la premisa de que la ciudadanía debía ser pensada en relación con el Estado. Así, la política continuaba, incluso en sus formas más críticas, encerrada dentro de los límites del contenedor nacional. La emergencia de lo digital, sin embargo, ha desarticulado esa configuración en modos que, por momentos, desafían la inteligibilidad de los propios conceptos con los que se intentan describir. La figura del netizen, en apariencia un término trivial, remite no solo a un usuario activo de internet, sino a una subjetividad política en proceso de redefinición, la cual ya no encuentra su legitimidad ni en el derecho, ni en el territorio, ni en la pertenencia administrativa. A lo que Deleuze y Guattari (1987) denominaron "nomadismo", se le reconoce ahora un valor operativo, no meramente metafórico, pues los sujetos digitales se desplazan sin cesar entre posiciones simbólicas, técnicas y afectivas, en muchas ocasiones simultáneamente, aunque sin necesidad de fijarse ni reconocerse en una identidad única o permanente. Este nomadismo no constituye una excepción, sino una forma emergente de agencia política. En vez de responder a la lógica arbórea de una genealogía establecida, estos sujetos siguen la lógica del rizoma, que prolifera sin jerarquías ni centros. Castells (2007) ha descrito el ciberespacio como un nuevo escenario de confrontación por el poder. No es un espacio físico ni topológicamente delimitado, sino una trama en la cual se entrelazan relaciones simbólicas, informacionales y afectivas que operan con reglas propias, en ocasiones incluso Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 159 �Los Dibujitos como sujetos políticos emergentes: Anonimato, performatividad y reconfiguración de la esfera pública en el Perú digital ininteligibles desde el punto de vista de la racionalidad institucional clásica. En este entorno, las formas tradicionales de autoridad, representación o convocatoria se ven trastocadas por dinámicas impredecibles como los hashtags, los memes, las plataformas, los algoritmos, cuyas reglas de funcionamiento no responden a los principios de transparencia ni de responsabilidad personal. La ciudadanía se vuelve, por tanto, una práctica contingente, intermitente, cuya validez se define por la capacidad de participar en flujos, alterarlos, dejarse afectar por ellos o incluso reapropiarse de sus sentidos. La nación ya no delimita el espacio de lo político. Pero el desplazamiento no es únicamente espacial. Implica, además, una mutación en las formas de rendición de cuentas, las cuales históricamente fueron estructuradas para operar con sujetos visibles, con nombres, firmas y responsabilidades imputables. La burocracia estatal se concibió para administrar actos y actores que pudieran ser identificados, localizados, incluso sancionados. No obstante, ¿cómo gobernar cuando las formas de acción política emergen sin cuerpo, sin nombre y sin continuidad institucional? El desfase, más que técnico, es normativo. La incapacidad del Estado para responder a estas prácticas no se debe a una falta coyuntural, sino a una inadecuación estructural frente a nuevas formas de politicidad. John Keane (2009) ha afirmado que la democracia liberal se sostiene sobre el principio de accountability, lo que implica no solo visibilidad, sino también trazabilidad. En entornos digitales, donde la agencia puede ser anónima, fragmentaria y discontinua, ese principio se vuelve problemático. No estamos ante una evasión moral de las responsabilidades, sino frente a un dispositivo de acción que no fue concebido para producir sujetos identificables. En lugar de una irresponsabilidad individual, lo que se configura es una irresponsabilidad estructural, no como falta de ética, sino como una condición del régimen de acción política en red. A pesar de su aparente exterioridad institucional, este tipo de agencia produce consecuencias tangibles, reales y, a menudo, difíciles de neutralizar. Las campañas virales, protestas no planificadas, filtraciones organizadas o intervenciones simbólicas que irrumpen en momentos clave, constituyen formas de acción política que, aunque no siempre reconocidas ni legitimadas por los marcos normativos existentes, tienen capacidad de impacto. Lo que genera desconcierto en el Estado no es la ilegitimidad de estas acciones, sino la imposibilidad de traducirlas en los términos normativos heredados. ¿Cómo legislar sobre lo que no se deja capturar en categorías? ¿Cómo ejercer autoridad sin la posibilidad de localizar al actor? ¿Cómo mantener un sistema de derechos y deberes si no hay sujeto que los encarne? Tales interrogantes demuestran el agotamiento del paradigma westfaliano. En ese modelo, ciudadanía, territorio y legalidad coincidían. Pero esa coincidencia se ha roto. La práctica política actual se desenvuelve en simultaneidades dispersas, en tiempos asincrónicos, en múltiples ubicaciones virtuales. Los sujetos no se adhieren necesariamente a ideologías, ni se registran, ni representan a colectividades. A veces ni siquiera se representan a sí mismos. Se implican en causas específicas, discontinuas, afectivas. Lo que se requiere, por tanto, es una transformación radical en la manera en la que se concibe la ontología política. Ampliar la ciudadanía para incluir lo digital como un simple suplemento no basta. Lo que está en juego es la posibilidad de pensar la acción política sin anclaje territorial, sin sujeto unificado, sin comunidad representada. Las herramientas teóricas para comprender esta mutación, si es que las hay, apenas comienzan a dibujarse. Pero eso no impide que la transformación ya esté ocurriendo. Los actores digitales no aguardan validación académica. Intervienen, se manifiestan, alteran el orden establecido. 160 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Ramos-Zaga, F. Operan desde márgenes, desde ubicaciones que no siempre pueden nombrarse. Y, al hacerlo, están redefiniendo, en la práctica, tanto las formas de hacer política como las maneras de estar en el mundo como ciudadanos, aunque sin necesariamente reconocerse como tales. Capitales digitales como nuevo campo de lucha simbólica A partir del entramado ya expuesto, conviene insistir, incluso si ello implica una cierta redundancia conceptual, en que la aparente disolución de jerarquías tradicionales en los espacios digitales no representa una eliminación radical de estructuras de poder, sino, más bien, una mutación de las formas mediante las cuales dicho poder se instituye, circula y se hace reconocible. La ilusión de horizontalidad, tan celebrada en algunos discursos celebratorios de la cultura digital, esconde bajo una superficie de accesibilidad y participación ampliada una reorganización sutil, aunque profundamente determinante, de los mecanismos de exclusión, reconocimiento y dominación. En lo cual, se advierte una paradoja: el anonimato, lejos de democratizar per se el acceso a la acción política, reconfigura las condiciones bajo las cuales tal acción puede adquirir relevancia pública. La persistencia de jerarquías simbólicas, las cuales no necesariamente se expresan de modo explícito, sino que operan como infraestructuras cognitivas o afectivas, remite directamente a la noción de capital simbólico, en la formulación original de Bourdieu (1984), cuya vigencia, aunque con modificaciones necesarias, se mantiene incuestionable. No obstante, se advierte que, en el entorno digital, el capital simbólico ya no se vincula a posiciones estables, sino a flujos efímeros de visibilidad, a formas performativas de resonancia, las cuales, si bien no son permanentes, poseen una eficacia situada, localizada en lo temporal y en lo viral. En consecuencia, la autoridad discursiva deviene, en muchos casos, en función de la capacidad de articular afectos, producir brevedades expresivas e insertarse en circuitos de circulación informacional sin mediar reconocimiento institucional alguno. Desde esta perspectiva, lo propuesto por Nissenbaum y Shifman (2018), al introducir el concepto de memepower, adquiere una relevancia que excede su ámbito original. Lo que ellos identifican como la potencia comunicativa de los memes no debe ser interpretado únicamente como un fenómeno estético o humorístico, sino como una forma específica de estructuración del capital cultural digital, la cual implica una redefinición de los modos de intervención en el espacio público. La capacidad de un meme para condensar malestares sociales, resignificar narrativas dominantes o establecer marcos interpretativos compartidos no depende solamente de su calidad técnica, sino también de su inserción oportuna en el repertorio afectivo colectivo, cuya lógica no siempre resulta explícita. En tal sentido, la dimensión estética del meme, que en primera instancia podría parecer secundaria o meramente decorativa, se revela como un componente esencial de su eficacia política. La familiaridad gráfica, el uso de códigos visuales reconocibles y la inteligibilidad semiótica son condiciones que, aunque triviales en apariencia, configuran la frontera entre el éxito viral y el olvido digital. Esta estética, que opera con una lógica propia, contribuye a la circulación de sentidos políticos que muchas veces no son reconocidos como tales por las gramáticas tradicionales del discurso ideológico. Por otro lado, la repetición estructural de ciertas fórmulas meméticas permite la emergencia de repertorios colectivos de acción discursiva, cuya estabilidad es paradójicamente dinámica, pues depende Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 161 �Los Dibujitos como sujetos políticos emergentes: Anonimato, performatividad y reconfiguración de la esfera pública en el Perú digital de su constante reformulación. Lo que se constituye, entonces, no es una estética fija ni una política estable, sino una forma de sedimentación simbólica que se actualiza continuamente en la praxis digital. Es decir, lo viral no es simplemente lo popular, sino lo que logra insertarse eficazmente en los mecanismos de reiteración cultural. Además del capital simbólico, cuya relevancia ha sido ya ampliamente esbozada, emerge con fuerza el capital técnico, el cual, como Himanen (2001) sugiere, funda una lógica meritocrática alternativa. No obstante, esta meritocracia, lejos de ser transparente o universal, se basa en habilidades altamente especializadas que, al no estar distribuidas equitativamente, instauran nuevas formas de exclusión. La competencia técnica, entendida como dominio de herramientas, lenguajes y procedimientos algorítmicos, se convierte en un umbral tácito de acceso a la agencia digital, lo cual plantea un problema de fondo respecto de la supuesta apertura horizontal de los espacios digitales. Quienes logran dominar el conjunto de saberes técnicos relacionados con la programación, el anonimato, la automatización o la manipulación algorítmica de la información, adquieren una capacidad de intervención que no está al alcance de cualquier actor. Es decir, el capital técnico no solo incrementa la visibilidad o la eficacia comunicativa, sino que redefine las coordenadas mismas de lo políticamente posible. En efecto, el poder no reside ya en la autoridad formal, sino en la capacidad operativa de producir efectos discursivos concretos, los cuales, por cierto, no siempre son visibles como tales. La legitimidad asociada a esta capacidad técnica no se sostiene en principios legal-racionales, ni en tradiciones culturales, ni siquiera en carismas personales, como Weber (1978) los clasificaba. En su lugar, se impone una lógica funcional, donde el criterio de eficacia sustituye al de legalidad. Lo cual implica que la autoridad digital, en muchas ocasiones, no deriva de la posición reconocida, sino de la capacidad de incidir, incluso anónimamente, en la configuración del espacio discursivo. Así, lo que se configura no es una ausencia de jerarquía, como algunos discursos idealistas podrían suponer, sino una redistribución opaca de la misma, una estratificación que se produce no por títulos ni cargos, sino por saberes prácticos y posicionamientos estratégicos. Esta economía de la visibilidad, que no está codificada en ningún reglamento, opera a través de estructuras técnicas, afectivas y culturales, cuyas reglas son implícitas y cuyo aprendizaje se produce, muchas veces, de manera tácita o experiencial. Frente a este escenario, la sociología digital se ve obligada a replantear sus marcos teóricos, en la medida en que las categorías heredadas de la modernidad, como ciudadanía, representación o deliberación, pierden capacidad explicativa. En su lugar, emerge una gramática política alternativa, en la cual el anonimato no implica ausencia, lo estético no excluye lo racional, y la técnica se convierte, cada vez con más frecuencia, en condición de posibilidad del discurso. Por lo tanto, resulta imperativo interrogar, con renovada urgencia, quién puede ejercer agencia política en los entornos digitales, bajo qué condiciones, mediante qué recursos y desde qué posiciones, incluso si estas son volátiles o efímeras. Estas preguntas, cuya relevancia se acrecienta en un mundo crecientemente mediatizado, demandan una atención teórica y política que no puede ser diferida. La densidad simbólica de lo digital, lejos de trivializar el debate político, lo complejiza hasta hacerlo, en muchas ocasiones, irreductible a las categorías con las cuales solíamos pensar lo colectivo. 162 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Ramos-Zaga, F. 5.- CONCLUSIONES La irrupción del fenómeno de los Dibujitos dentro del entramado digital del contexto peruano, que no puede ser entendida si se parte de premisas analíticas clásicas sin ser reformuladas, demanda una relectura, o más bien, una reconsideración en profundidad de las categorías establecidas por la sociología política, la cual, a menudo, ha operado con lógicas de representación que no logran capturar la fugacidad ni la disrupción que caracteriza a estos fenómenos. No solamente se requiere una reorientación del enfoque teórico, lo cual implicaría una adecuación técnica, sino que más bien lo que se necesita es una ruptura epistemológica, que no ha sido menor, con el objetivo de aprehender unas formas de agencia que, siendo fragmentadas, afectivas, intermitentes incluso, eluden las estructuras tradicionales de mediación política. Lo que aparece a simple vista como algo trivial, en realidad encarna tensiones profundas de una modernidad tardía que, lejos de haber sido superada, persiste en modos inesperados, y donde lo anónimo no constituye una excepción, sino que más bien constituye una regla emergente. Estas prácticas, aparentemente sin pretensiones, desafían la normatividad representacional, y en ese movimiento, reconfiguran tanto las condiciones de posibilidad como los contornos mismos del sujeto político. Es decir, no se trata solamente de cómo actúa el sujeto, sino de cuál es la forma en que se constituye como tal. Desde tal perspectiva, emergen tres conceptos, los cuales no deben ser tomados de forma aislada, aunque cada uno ofrece una clave interpretativa que contribuye a expandir el campo de comprensión sobre lo político digitalizado. En primer lugar, la noción de acción colectiva performativa, que es una forma que permite ir más allá de la dicotomía, que ha sido por momentos inflexible, entre lo colectivo en su forma tradicional y lo conectivo que es propio del entorno digital, muestra una agencia que, siendo estética, no está institucionalmente anclada, lo cual le confiere una volatilidad política no siempre comprendida. En segundo lugar, la ciudadanía post-westfaliana, cuya definición excede el marco territorial, replantea la pertenencia política como un tránsito, más que como una posición fija, reconociendo al sujeto digital como actor nómada entre esferas simbólicas, que no necesariamente están jerarquizadas. Por último, los capitales digitales, especialmente el memético, aunque también el técnico, evidencian cómo el poder simbólico se está reorganizando, lo cual implica nuevas jerarquías, que son, al mismo tiempo, inestables y virales. Dichas transformaciones, que no son abstractas, tienen impactos concretos, tanto sobre la práctica política en su dimensión cotidiana como sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas y los procesos de formación ciudadana, que han comenzado a desplazarse hacia otros modos de socialización. Así, las instituciones, entendidas en un sentido amplio, se ven compelidas a rediseñar sus mecanismos de representación, los cuales se ven erosionados por formas anónimas de poder, las cuales, a pesar de su informalidad, son efectivas. Por otra parte, los movimientos sociales, especialmente aquellos más tradicionales, deberían, aunque muchas veces no lo hacen, incorporar repertorios estéticos, afectivos y simbólicos, cuyo peso ha ido en aumento. En el ámbito educativo, lo cual no es un detalle menor, se presenta el reto de formar ciudadanos con capacidad crítica frente a los códigos propios de la digitalidad, quienes puedan tanto navegar como disputar las lógicas que estructuran la esfera pública contemporánea. Sin embargo, no todo se resuelve a partir del análisis simbólico. Toda propuesta crítica, si pretende ser rigurosa, debe también reconocer los límites que la constituyen. Al enfocarse predominantemente en lo performativo y en lo simbólico, se corre el riesgo, que no es menor, de Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 163 �Los Dibujitos como sujetos políticos emergentes: Anonimato, performatividad y reconfiguración de la esfera pública en el Perú digital subestimar la importancia de factores estructurales, como lo económico, lo técnico y lo geopolítico, que continúan operando con fuerza. Esta carencia o insuficiencia, dependiendo del marco teórico desde el cual se mire, reclama investigaciones futuras que logren articular con mayor precisión las relaciones, por momentos opacas, entre agencia y estructura. Además, el caso peruano, debido a sus singularidades históricas, exige una cautela adicional frente a las generalizaciones apresuradas, así como una disposición metodológica abierta a comparaciones que, siendo transnacionales, enriquecen el análisis, sin imponer categorías ajenas. Desde lo teórico, el análisis, si bien ha avanzado, requiere un mayor grado de articulación con procesos más amplios, como aquellos relacionados con el capitalismo algorítmico, cuya lógica extractiva transforma también los modos de subjetivación política. En términos empíricos, las comparaciones internacionales no solamente son deseables, sino que resultan imprescindibles para identificar patrones, ya sean convergentes o divergentes. En lo metodológico, se imponen enfoques que logren capturar tanto lo efímero como lo opaco de estas prácticas, combinando herramientas como la etnografía digital, que puede ser intensiva, con técnicas de análisis computacional que aportan escalabilidad. Por último, en el plano ético, que muchas veces queda relegado, es necesario distinguir entre una agencia crítica, que impulsa procesos emancipatorios, y una deriva autoritaria, que se disfraza de espontaneidad para erosionar las bases normativas de la democracia. En tal sentido, resulta urgente definir criterios normativos que posibiliten una praxis democrática que no sea simplemente defensiva. Lo que está verdaderamente en juego no es simplemente la descripción más o menos detallada de un fenómeno emergente, sino la posibilidad de comprender una mutación, cuyas consecuencias aún no están del todo claras, en la experiencia misma de lo político. La figura del Dibujito, que opera con humor, anonimato y simulacro, obliga a repensar, con urgencia incluso, categorías como representación, autoridad y deliberación, cuyas definiciones se tambalean. Pero no solo interpela al objeto del análisis, sino también al investigador mismo: ¿siguen siendo pertinentes las herramientas conceptuales de la modernidad ilustrada para dar cuenta de lo que está ocurriendo? Tal vez, lo que se presencia es el nacimiento de una politicidad radicalmente nueva, cuya aparición exige no solo una imaginación analítica más audaz, sino también un compromiso ético diferente, quizá más atento a la fragilidad. En el umbral, entre lo que está desapareciendo y lo que apenas comienza a emerger, se sitúa el verdadero reto de pensar lo político, hoy, en estos tiempos de desorden que, si bien son creativos, también son profundamente inciertos. REFERENCIAS Bakhtin, M. (2009). Rabelais and his world (H. Iswolsky, Trans.). Indiana University Press. (Original work published 1965) Baudrillard, J. (1994). Simulacra and simulation. University of Michigan Press. Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. Information, Communication & Society, 15(5), 739–768. https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661 Berg, E., & Pettersson, U. (2022). Resilience and resistance in the digital age: Revisiting the threshold effect in total defence. Journal on Baltic Security, 8(2), 41–60. https://doi.org/10.57767/jobs_2022_0013 Berlant, L. (2011). Cruel optimism. Duke University Press. 164 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Ramos-Zaga, F. Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). Systematic approaches to a successful literature review (2nd ed.). SAGE Publications Ltd. Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste (R. Nice, Trans.). Harvard University Press. (Original work published 1979) Bourdieu, P. (1986). The forms of capital (R. Nice, Trans.). In J. G. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241–258). Greenwood Press. Bourdieu, P., Chamboredon, J.-C., & Passeron, J.-C. (1991). The craft of sociology: Epistemological preliminaries (B. Krais, Ed.; R. Nice, Trans.). Walter de Gruyter. Butler, J. (1990). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. Routledge. Butler, J. (2004). Undoing gender. Routledge. Butler, J. (2015). Notes toward a performative theory of assembly. Harvard University Press. Castells, M. (2007). Communication, power and counter-power in the network society. International Journal of Communication, 1, 238–266. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/46 Castells, M. (2012). Redes de indignación y esperanza: Los movimientos sociales en la era de Internet. Alianza Editorial. Coleman, G. (2015). Hacker, hoaxer, whistleblower, spy: The many faces of Anonymous. Verso Books. Coleman, J. S. (1990). Foundations of social theory. Belknap Press. Cooper, H. M. (1988). Organizing knowledge syntheses: A taxonomy of literature reviews. Knowledge in Society, 1, 104–126. https://doi.org/10.1007/BF03177550 Dean, J. (2009). Democracy and other neoliberal fantasies: Communicative capitalism and left politics. Duke University Press. Deleuze, G., & Guattari, F. (1987). A thousand plateaus: Capitalism and schizophrenia (B. Massumi, Trans.). University of Minnesota Press. (Original work published 1980) Foucault, M. (2009). Security, territory, population: Lectures at the Collège de France 1977–1978 (M. Senellart, Ed.; G. Burchell, Trans.; F. Ewald & A. Fontana, Series Eds.). Picador. (Original work published 2004) Fraser, N. (1990). Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. Social Text, 25/26, 56–80. https://doi.org/10.2307/466240 García Canclini, N. (2020). Ciudadanos reemplazados por algoritmos. UNSAM EDITA; Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS); Universidad de Guadalajara. (Serie CALAS, Afrontar las crisis desde América Latina). https://www.unsamedita.unsam.edu.ar/wpcontent/uploads/2021/03/garcia_canclini.pdf Gerbaudo, P. (2012). Tweets and the streets: Social media and contemporary activism. Pluto Press. Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. Anchor Books. Goriunova, O. (2013). Art platforms and cultural production on the Internet. Routledge. Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information & Libraries Journal, 26(2), 91-108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x Habermas, J. (1992). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society (T. Burger, Trans.; F. Lawrence, Asst.). Polity Press. (Original work published 1962) Hardt, M., & Negri, A. (2004). Multitude: War and democracy in the age of Empire. Penguin Press. Himanen, P. (2001). The hacker ethic and the spirit of the information age. Random House. Isin, E. F. (2002). Being political: Genealogies of citizenship. University of Minnesota Press. Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: Four approaches. AMS Review, 10(1-2), 18-26. https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0 Keane, J. (2009). The life and death of democracy. W. W. Norton & Company. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 165 �Los Dibujitos como sujetos políticos emergentes: Anonimato, performatividad y reconfiguración de la esfera pública en el Perú digital Laclau, E., & Mouffe, C. (1987). Hegemonía y estrategia socialista: Hacia una radicalización de la democracia (J. Arancibia, Trans.). Siglo XXI. (Original work published 1985) Lovink, G. (2019). Sad by design: On platform nihilism. Pluto Press. Marshall, T. H., & Bottomore, T. (1992). Citizenship and social class (R. Moore, Ed.). Pluto Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt18mvns1 Melucci, A. (1996). Challenging codes: Collective action in the information age. Cambridge University Press. Muñoz, J. E. (1999). Disidentifications: Queers of color and the performance of politics. University of Minnesota Press. Nissenbaum, A., & Shifman, L. (2018). Meme templates as expressive repertoires in a globalizing world: A cross-linguistic study. Journal of Computer-Mediated Communication, 23(5), 294–310. https://doi.org/10.1093/jcmc/zmy016 Olson, M. (1965). The logic of collective action: Public goods and the theory of groups. Harvard University Press. Papacharissi, Z. (2014). Affective publics: Sentiment, technology, and politics. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199999736.001.0001 Paré, G., Trudel, M. C., Jaana, M., & Kitsiou, S. (2015). Synthesizing information systems knowledge: A typology of literature reviews. Information & Management, 52(2), 183-199. https://doi.org/10.1016/j.im.2014.08.008 Pitkin, H. F. (1967). The concept of representation. University of California Press. Rancière, J. (1999). Disagreement: Politics and philosophy (J. Rose, Trans.). University of Minnesota Press. (Original work published 1995) Raunig, G. (2007). Art and revolution: Transversal activism in the long twentieth century (A. Derieg, Trans.). Semiotext(e). Saunders, B., Sim, J., Kingstone, T., Baker, S., Waterfield, J., Bartlam, B., Burroughs, H., & Jinks, C. (2018). Saturation in qualitative research: Exploring its conceptualization and operationalization. Quality & Quantity, 52(4), 1893-1907. https://doi.org/10.1007/s11135-017-0574-8 Scott, J. C. (1990). Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts. Yale University Press. Shifman, L. (2013). Memes in digital culture. MIT Press. Shirky, C. (2008). Here comes everybody: The power of organizing without organizations. Penguin Press. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333-339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039 Sunstein, C. R. (2001). Republic.com. Princeton University Press. Tavory, I., & Timmermans, S. (2014). Abductive analysis: Theorizing qualitative research. University of Chicago Press. Taylor, C. (1992). Sources of the self: The making of the modern identity. Cambridge University Press. Taylor, C. (1994). Multiculturalism: Examining the politics of recognition (A. Gutmann, Ed.). Princeton University Press. Thornberg, R., & Charmaz, K. (2014). Grounded theory and theoretical coding. In U. Flick (Ed.), The SAGE handbook of qualitative data analysis (pp. 153-169). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781446282243.n11 Tilly, C. (1978). From mobilization to revolution. McGraw-Hill. Tilly, C. (2004). Social movements, 1768–2004. Paradigm Publishers. Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. Human Resource Development Review, 4(3), 356-367. https://doi.org/10.1177/1534484305278283 166 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Ramos-Zaga, F. Torraco, R. J. (2016). Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future. Human Resource Development Review, 15(4), 404-428. https://doi.org/10.1177/1534484316671606 Urbinati, N. (2006). Representative democracy: Principles and genealogy. University of Chicago Press. Warner, M. (2002). Publics and counterpublics. Zone Books. https://doi.org/10.2307/j.ctv1qgnqj8 Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology (G. Roth & C. Wittich, Eds.; E. Fischoff et al., Trans.). University of California Press. (Original work published 1922) Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. MIS Quarterly, 26(2), xiii–xxiii. http://www.jstor.org/stable/4132319 Young, I. M. (1990). Justice and the politics of difference. Princeton University Press. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 167 �Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ Diagnóstico de los gobiernos divididos en Nuevo León1 Diagnosis of the divided governments in Nuevo León Verónica, Martínez Fernández2. RESUMEN El presente documento se enfoca en analizar a los gobiernos divididos en el estado de Nuevo León, derivado de la ingeniería constitucional, los sistemas de partidos, así como el acceso a los cargos de elección popular por la vía ciudadana. Los titulares del poder Ejecutivo y del Poder Legislativo pueden acceder a sus cargos ya sea a través de un partido político o por la vía independente. Derivado de lo anterior, se aplicó el método de análisis documental, el enfoque cualitativo, el diseño no-experimental, se analizaron las últimas seis legislaturas. De la revisión de los documentos se construyó una clasificación de los gobiernos divididos que se han presentado y al ser esta la primera entidad federativa en la que el titular del Poder Ejecutivo accede al cargo sin el respaldo de un partido político. Se concluye con la reclasificación de los gobiernos divididos y se establece la clasificación de los gobiernos divididos independientes, en donde el titular del ejecutivo accede al cargo sin el respaldo de un partido político y enfrenta una mayoría parlamentaria opositora partidista. Plabras clave: Gobiernos divididos, independientes, grupos parlamentarios, oposición parlamentaria, Poder Ejecutivo. ABSTRACT …………………………………… Fecha de recibido: 10/09/2023 Fecha de revisado: 23/08/2024 Fecha de aceptado: 30/01/2025 Fecha de publicación: 30/07/2025 Esta obra está bajo una licencia de Creativa Commons ReconocimientoNoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional This document focuses on analyzing the divided governments in the state of Nuevo León, derived from constitutional engineering, party systems, as well as access to popularly elected positions through citizen means. The heads of the Executive Branch and the Legislative Branch can access their positions either through a political party or through independence. Derived from the above, the documentary analysis method was applied, the qualitative approach, the non-experimental design, and the last six legislatures were analyzed. From the review of the documents, a classification of the divided governments that have been presented was constructed and as this is the first federal entity in which the head of the Executive Branch takes office without the support of a political party. It concludes with the reclassification of divided governments and establishes the classification of independent divided governments, where the head of the executive takes office without the support of a political party and faces a partisan opposition parliamentary majority. Keywords: Divided governments, independents, parliamentary groups, parliamentary opposition, executive power. Cómo referenciar este artículo: Martínez Fernández, V. (2025) Diagnóstico de los gobiernos divididos en Nuevo León. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 11(22), 168-183. https://doi.org/10.29105/rpgyc11.22-301 1 Producto derivado del proyecto: Diagnóstico de los gobiernos divididos en Nuevo León. Doctorante en Derecho con orientación en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Email: mtra.veronicamtzfdz@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0009-0002-6756-4460 2 168 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 1.- INTRODUCCIÓN La ingeniería constitucional y sistema de partidos políticos en México han consolidado los gobiernos divididos en Nuevo León, pues al menos en la conformación de las últimas seis legislaturas los Gobernadores no ha alcanzado una mayoría calificada en el Congreso de Estado, derivado de ello surge las siguientes interrogantes: ¿cuántos partidos políticos existen? ¿cuál es el tamaño de las bancadas? ¿qué grado de unidad tienen? y ¿cómo estás conformado el Ejecutivo? Antes de iniciar con el presente ensayo es preciso asentar que, se analiza desde el método empírico-analítico, al ser este el que permite el estudio de los fenómenos sociales, reforzando con el enfoque jurídico-institucionalista, al ser el marco normativo constitucional el que establece el sistema de gobierno en nuestro país como un régimen democrático, representativo, laico y federal, además establece que el poder político se ejercerá a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, encontrando su fundamento legal en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). En este orden de ideas, la CPEUM estipula que las unidades estatales que forman parte de la Federación adoptarán en su régimen interno el mismo sistema de gobierno que el federal. Por lo anterior, el Estado de Nuevo León (de ahora en adelante entiéndase como N.L.), al formar parte de la federación mexicana, adopta la misma división de poderes que el gobierno federal: Ejecutivo (PE), Legislativo (PL) y Judicial (PJ). En este contexto, tanto el PEJ como el PL son seleccionados mediante el sufragio directo de los votantes. Partiendo de esta premisa, el sistema político mexicano establece contrapesos y balances entre los poderes, los cuales fueron creados para evitar el abuso desmedido del poder político y que el poder absoluto no recayera en una sola persona. En este sentido es que, se prepone como una hipótesis que derivado de la dispersión polarizada o segmentada del poder político (Sartori, 2008, p. 168) de los diversos grupos parlamentarios los cuales se acentúa en los gobiernos divididos, en donde el PE a nivel estatal no ha alcanzado una mayoría calificada en el Congreso Local. Por lo que a manera de conclusión se propone una reclasificación de los gobiernos divididos y se establece una nueva clasificación aplicable a los diversos supuestos que se presentaron y pudiesen presentar en los gobiernos divididos con gobernantes independientes. 2.-FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Integración de Poderes Para establecer los límites de este apartado, es fundamental entender el concepto de poder. De acuerdo con la obra Diccionario de la lengua española (2024), el vocablo poder se origina del idioma latino potére, que emana de formas del verbo latino posse y alude a la capacidad o habilidad para llevar a cabo una acción. En la lengua griega, poder se expresa mediante cuatro términos que ofrecen matices distintos: Exousia, que se refiere a la autoridad otorgada; Ischuros, que denota fuerza física; Kratos, asociado con el dominio; y Dunamis, que implica energía, gran fuerza y habilidad. 169 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Martínez Fernández, V. En consecuencia, podemos señalar que la palabra poder encierra un contexto de dominio sobre determinada cosa, por ello debemos toma como punto de partida, ¿Cómo se legitima el poder? ¿quién ejerce el poder? ¿en qué régimen de gobierno se ejerce el poder? Por lo anterior, cabe el análisis de los sistemas de representación democrática, es decir, el sistema parlamentario, sistema presidencial y el sistema semi-presidencial (mixto). Primero, es importante destacar que la teoría del sistema parlamentario se originó en Inglaterra durante los siglos XIII y XIV, momento en el que emergieron inicialmente conceptos como los derechos ciudadanos, la fragmentación del poder y la designación de líderes (Toledo, 2010, p. 37). Por otro lado, el sistema presidencial se desarrolló en Estados Unidos en el siglo XVIII, estableciendo una división de poderes en tres ramas: el Ejecutivo (unipersonal), el Legislativo (bicameral) y el Judicial (colegiado), cada uno con plena independencia. Finalmente, el sistema mixto introduce un grado adicional de complejidad en la división de poderes, ya que combina elementos de separación y unión entre PE y PL (Toledo, 2010, p. 75). En esta tesitura, Aristóteles, indicaba que la política debería estructurarse mediante una división de responsabilidades en la que un órgano denominado asamblea deliberante se encargue de abordar los temas de interés general (Villanueva, 2014, p. 151). En México, el sistema de gobierno se organiza bajo un modelo democrático presidencial, conforme al artículo 49 de la CPEUM. Conforme a esta disposición se establece que el poder supremo se divide Poder Ejecutivo (PE), Poder Legislativo (PL) y Poder Judicial (PJ), y prohíbe la concentración de dos o más de estos poderes en una misma entidad. El PL y el PE obtienen su legitimidad mediante el sufragio directo de los ciudadanos. En contraste, el PJ recibe su legitimidad de manera indirecta, al ser designado por los otros dos poderes del gobierno. En concordancia a lo anterior, el artículo 40 de la CPEUM establece que el pueblo desea formar una República en la que se promueva la participación ciudadana, con un sistema de gobierno en el que se asegure la separación de poderes y la igualdad de derechos, y que sea federal, compuesta por entidades libres y soberanas en lo que respecta a su administración, que las treinta y dos estados que conforman México deben adoptar el mismo sistema de gobierno para su administración y organización interna que se establece a nivel federal. Esto implica que cada entidad debe contar con un PE, un PL y un PJ con competencias estatales (locales). Por lo tanto, al igual que en el nivel federal, no se permite la concentración de dos o más poderes en una sola entidad. Por su parte y en correlación con lo antes señalado el artículo 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, señala que el poder político se dividirá para su ejercicio como gobierno en el PE, PL y PJ, además, aclara que no es posible que varias autoridades de poder del Estado se unifiquen en un solo individuo, dando así cabal cumplimiento en con lo señalado en la Carta Magna. Ahora bien, es fundamental explorar la dinámica política en México, ya que el mecanismo por el cual los ciudadanos eligen a sus representantes y transforman sus votos en escaños legislativos es a través de un complejo entramado de partidos políticos (entiéndase como PP) (Sartori, 2016). Este entramado se sustenta en el artículo 41 de la CPEUM, que define a los partidos políticos como organizaciones de relevancia pública con el propósito de fomentar la acción del pueblo en la existencia democrática. En este contexto, la participación ciudadana se manifiesta en la expresión de afinidades, preferencias y objeciones respecto a cómo se ejerce el poder político por parte de los representantes electos. 170 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Diagnóstico de los gobiernos divididos en Nuevo León. En este ámbito, se destaca que los PE y PL acceden al poder principalmente a través de los PP, que actúan en representación de los ciudadanos. Según Duverger (2001; 2012), la función de los legisladores no se asemeja a la de un mandatario que actúa en nombre de sus electores, sino que puede compararse más a cómo un espejo refleja una imagen: como un simple reflejo de su objeto. Esta perspectiva subraya la notable influencia que ejercen los PP. Duverger también menciona que, por lo general, el entramado de partidos en un país se considera una manifestación de la estructura de su opinión pública (Duverger, 2012, p. 398). En este orden de ideas, en México el entramado del PP es tipo plural moderado de acuerdo con la clasificación de Sartori (2019). El entramado del PP surge a raíz de las consecuencias de cómo se puede medir los niveles de representación, es decir, de sobre representación o subrepresentación, así mismo se debe medir la efectividad de los partidos en la ocupación de curules en la integración de las legislaturas. Por consecuencia, se ha señalado en la teoría parlamentaria que la fuerza de un gobernante se mide de acuerdo con el número de curules que lo represente en el Congreso, con ello continuaremos con los tipos de gobiernos divididos que sea presentando en N.L., partiendo del sistema presidencial, el entramado del PP y el tema electoral que se ha analizado. Gobiernos divididos Después de haber expuesto en el primer punto, la integración de los poderes, mediante la cual quedaron mostrados los diversos sistemas que determinan el ejercicio del poder político y su integración a nivel federal y subnacional, es que el estudio de los gobiernos divididos se analiza desde el constructo teórico de la división de Poderes y en específico del PL y PE, así como su conformación. En primer lugar, se señalan los antecedentes históricos de los gobiernos divididos, pues dicho fenómeno ha estado en la agenda de los investigadores del derecho constitucional y parlamentario. En este sentido cuando Montesquieu propuso la separación de poderes fue en respuesta al absolutismo monárquico de aquella época, asimismo señalaba que la creación de las leyes debía ser realizadas por un poder distinto de quien las tuviera que aplicar y por ende de quien las interpretaría, por lo que es este sentido se lograba un balance de fuerzas, sustentando el sistema de pesos y contra pesos. Por su parte, Rousseau (1992; originalmente publicado en 1762), argumentó que los ciudadanos deberían participar activamente en el proceso de determinaciones para la administración de sus propios asuntos, evitando así la dependencia de un gobierno centralizado. En este sentido, se tiene registro que el poder del Estado es el más antiguo, pues se dice que los primeros antecedentes de un Congreso o Parlamento surgieron en las reuniones de la poli griega (ciudades estado) hace aproximadamente 5.000 años A.C., sus antepasados son el Senado y Tribuno de la Plebe de Roma. Estas instituciones fueron fundamentales para la participación de la sociedad y para que pudieran defenderse o no verse sobrepasados por la jerarquía romana. Dado lo expuesto, podemos afirmar que, en el sistema de gobierno mexicano, la separación de los poderes está claramente establecida. En este contexto, Locke, como cita Tena (2013), argumenta que la razón detrás de la fragmentación del poder público y la implementación de la división de poderes fue Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 171 �Martínez Fernández, V. la necesidad de limitar su alcance para prevenir posibles abusos. Así, Tena (2013) indica que, según Locke y especialmente Montesquieu, la restricción del poder público a través de su división actúa como una garantía para la libertad individual. Montesquieu sostiene que la concentración del PL y PL en una sola persona o en el mismo grupo de magistrados resulta en la ausencia de libertad (Tena, 2013, pp. 211213). Aunado a lo anterior, es fundamental definir el concepto de gobiernos divididos desde una perspectiva teórico-parlamentaria. Según Mainwaring (1995), citado por Sánchez Martínez (2019), este término se refiere a una situación política en la que el líder del PE pertenece a una institución política distinta al que tiene la mayoría en el PL. En este contexto, en un gobierno sin mayoría, ningún partido cuenta con el control absoluto del Congreso. Concepción-Montiel et al. (2018) señala que, en los gobiernos divididos, la cooperación entre los poderes se dificulta, prevaleciendo el bloqueo mutuo de las propuestas: el PL puede rechazar o posponer las iniciativas del PE, mientras que este puede retrasarlas al no promulgarlas o reglamentarlas (Concepción-Montiel et al., 2018, p. 7). Casillas (2001) denomina esta situación como la “extinción de las mayorías” (p. 76), ya que, como señala García Reyes (2010), este contexto dificulta significativamente la creación de mayorías en el Congreso En este marco, Lujambio (2001) describe el fenómeno como aquel en el que el partido que ocupa la presidencia o la gubernatura no consigue alcanzar más del cincuenta por ciento (50%) de los escaños en la Legislatura (ya sea el Congreso de la Unión o el Congreso del Estado). Sánchez Martínez (2019) aclara que esta definición se centra únicamente en si el partido del Ejecutivo tiene una mayoría o no, sin especificar si un partido opositor controla el Congreso. Asimismo, Lujambio (2001) señaló que los gobiernos divididos se podrían presentar de manera horizontal o vertical, es decir, horizontal es cuando se refiere al mismo orden de gobierno, esto es, el presidente de la República (Ejecutivo) no cuenta con una mayoría en el Congreso de la Unisón (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores), para el caso de las entidades federativas, el Gobernador (Ejecutivo Estatal) no cuenta con una mayoría absoluta en el Congreso Local (Asamblea Legislativas de las entidades federativas). En cuanto al tipo vertical, este se refiere a cuando el Ejecutivo federal no cuentas con mayorías en las legislaturas estatales, para el caso interno de los estados, es cuando el Gobernador no cuenta con la mayoría de los municipios a fines a su partido. Tabla 1. Clasificación de gobiernos divididos Clasificación Horizontales Características Sucede cuando el PP del presidente o gobernador no logra obtener el control absoluto en el órgano legislativo. Verticales El PP del gobierno central no tiene el dominio predominante en la mayoría de los gobiernos regionales o locales. Fuente: Elaboración propia, con información que se presenta en las obras de Lujambio (2010) y Colomer (2001). Como señala Pérez Ramírez (2022), en las últimas tres décadas, la pluralidad política en los gobiernos divididos en México ha fomentado la colaboración entre poderes, resaltando la importancia 172 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Diagnóstico de los gobiernos divididos en Nuevo León. de los acuerdos para evitar la parálisis, a pesar de los conflictos (Pérez Ramírez, 2022, p. 1). Para lograr esto, es necesario contar con disposición y compromiso, así como con un enfoque práctico y racional (Pérez Correa y Torres Alonso, 2021, p. 113). Es importante destacar que los primeros ejemplos de gobiernos divididos en el país ocurrieron años antes del primer Gobierno Dividido Horizontal (GDH) a nivel nacional. En total, se documentaron siete casos en diversas entidades federativas: Entre 1989 y 1995, el estado de Baja California (noroeste); entre 1989 y 1992, el estado de Michoacán (oeste); entre 1991 y 1997, el estado de Guanajuato (centro); entre 1993 y 1996, el estado de Baja California Sur (suroeste); entre 1995 y 1998, el estado de Chihuahua (noreste); y, en el caso del estado de Aguascalientes (centro) de 1995 a 1998, y el estado de México (centro) de 1996 a 2000 (López Rosas, 2001; Sánchez Martínez, 2014). Asimismo, Nuevo León experimentó su primer gobierno dividido en 2003. Es preciso establecer que, así como se determinaron los gobiernos divididos de tipo horizontal y vertical, también Lujambio (2010) estableció una categorización de los tipos de gobiernos divididos con los que se puede cohabitar en cada caso en particular. En esta tesitura Lujambio (2010), establece la tipología de gobiernos divididos como se detalla en la tabla a continuación: Tabla 2. Tipos de gobiernos divididos Tipos de gobiernos divididos A B C D Características El PP del gobernador tiene en su poder el cincuenta por ciento de los puestos en el PL. El PP del sujeto gobernante cuenta con la mayoría relativa de los asientos, superando a todos los demás partidos en representación. El PP del gobernador se sitúa dentro de una de las agrupaciones legislativas con representación reducida. El PP del gobernador se enfrenta a una oposición que controla la mayoría absoluta y está unificada en un solo color político. Fuente: Elaboración propia, tomando en consideración la información presente en Lujambio (2010). A partir de la clasificación de gobiernos divididos mencionada, es importante destacar que en ese período la Constitución aún no había sido reformada para reconocer la facultad de los ciudadanos de aspirar a cargos electivos por la vía ciudadana. Esta ausencia de reforma sugiere que la propuesta de clasificación de Lujambio (2010) podría necesitar una revisión o reclasificación para tener en cuenta estos cambios constitucionales. Gobiernos divididos en Nuevo León En este contexto, se aborda este apartado desde una perspectiva simbiótica entre el PE y el PL. Para lo anterior, analizan las conformaciones de las legislaturas y el origen partido del Ejecutivo Estatal, para identificar el tipo de gobierno dividido con el que se cohabito en cada Legislatura. Asentado lo anterior, de acuerdo con la Constitución Local, artículo 69, el Congreso de N.L., se conforma por 42 Diputados, 26 de mayoría relativa, uno por cada distrito electoral uninominal, y 16 que se designan debido al criterio de distribución basado en la proporción. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 173 �Martínez Fernández, V. Primeramente, se analiza la conformación del órgano legislativo setenta y uno, cuyo ejercicio constitucional correspondió de 2006-2009, comenzando por el grupo legislativo de acuerdo con la antigüedad de los partidos políticos y así de manera sucesiva. El Partido Acción Nacional (PAN) conformo una bancada de 22 diputados equivalente al (52.38%), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 15 (35.71%), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 1 (2.38%), el Partido del Trabajo (PT) con 2 (4.38%), y el Partido Nueva Alianza (PANAL) con 2 (4.38%). Gráfica 1. Integración de la legislatura 2006-2009 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Diputados PAN PRI PRD PT PANAL Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la página web del Congreso de N.L. (2024). Ahora bien, el gobernador (ejecutivo estatal) de aquel entonces comenzaba su segundo trienio de mandato constitucional de origen partidista del PRI, sin embargo, en las elecciones intermedias el partido de su mismo origen no solo logró una mayoría simple, es decir el 50 más uno, o su equivalente a 22 Diputados en la Legislatura Estatal. Por lo que se conformó un gobierno dividido de tipo C, con pluralismo de partidos políticos limitado (Sartori, 2019, p. 168), en donde predomino un bipartidismo, para lograr una mayoría calificada y conseguir reformas constitucionales. Posteriormente, para conformar la Legislatura LXXII, correspondiente al 2009-2012 el Congreso local, pues en los comicios realizados en 2009 se integró por parte del PAN con una bancada de 17 diputados equivalente al (40.47%), el PRI con 20 (47.61%), el PT con 1 (2.38%), el PRD con 1 (2.38%) y el PANAL con 2 (4.7%) y el PVEM con 1 (2.38%). 174 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Diagnóstico de los gobiernos divididos en Nuevo León. Gráfica 2. Integración de la legislatura 2009-2012 25 20 15 10 5 0 Diputados PAN PRI PT PRD PANAL2 PVEM Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la página web del Congreso de N.L. (2024). Por tanto, el Gobernador Constitucional recién electo de origen priista en ese periodo, no logro una mayoría conformando un gobierno dividido de tipo B, con un pluralismo partidista limitado (Sartori, 2019, pp. 166-168). A continuación, se analiza la integración del Congreso relativo a la LXXIII Legislatura 20122015 con el PAN obtuvo 20 (47.6%) diputados, el PRI 15 (35.7%) Diputados, el PT 2 (4.76%), PRD 2 (4.76%) y el Partido Nueva Alianza logró 3 (7.14%) Legislativos. Gráfica 3. Integración de la legislatura 2012-2015 25 20 15 10 5 0 Diputados PAN PRI PT PRD PANAL2 Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la página web del Congreso de N.L. (2024). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 175 �Martínez Fernández, V. El gobernador iniciaba su segundo trienio de mandato constitucional, con lo anterior queda demostrado que en dicho periodo se vivió un gobierno dividido tipo C, con un pluralismo limitado (Sartori, 2019, pp. 166-168). Gráfica 4. Integración de la legislatura 2015-2018 20 15 10 5 0 Diputados PAN PRI PT PVEM PANAL MC Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la página web del Congreso de N.L. (2024). Ahora bien, se advierte que en el periodo que se conformaron las Legislaturas LXXIV y LXXV Legislaturas, el Ejecutivo estatal llega a acceder al cargo sin el respaldo de ningún partido político, pues contendió en las elecciones de 2015 por la vía ciudadana (independiente). Por lo que primeramente analizaremos la conformación de la LXXIV Legislatura 2015-2018, la cual se integró de la siguiente manera: 19 escaños para el PAN (45.23%), 16 para el PRI (38.09%), 1 para el PT (2.38%), 2 para el PVEM (4.76%), 1 para PANAL (2.38%) y el partido Movimiento Ciudadano 2 (7.1%). Ahora bien, la conformación de la LXXV Legislatura 2018-2021, al Congreso de Nuevo León, esta estuvo conformada de la siguiente manera: 16 curules para el PAN (38.08%), 6 para el PRI (14.28%), 1 para el PT (2.38%), 1 el PVEM (2.38%) , 1 para el PVEM (2.38%), 3 correspondiente al partido Movimiento Ciudadano (7.14%) y 14 para la coalición Juntos haremos historia (Partido de Regeneración Nacional, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo) (33.32%). 176 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Diagnóstico de los gobiernos divididos en Nuevo León. Gráfica 5. Integración de la legislatura 2018-2021 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Diputados PAN PRI PT PVEM PANAL MC MORENA(juntos haremos historia) Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la página web del Congreso de N.L. (2024). De acuerdo con lo anterior, se sostiene que en dichas Legislaturas de también se cohabito con un gobierno dividido, pero esta vez tipo D, de acuerdo con la clasificación de Lujambio (2010). Por último, la integración de la septuagésima sexta Legislatura del Congreso de Nuevo León para el periodo dos mil veintiuno a dos mil veinticuatro, 16 (38.08%) curules para el PAN, 13 (30.95%) para el PRI, 2 (4.76%) del PVEM, 1 (2.38%) para el PANAL, 7 (16.66%) correspondiente al Partido Movimiento Ciudadano, y 3 (7.14%) Partido de Regeneración Nacional. Gráfica 6. Integración de la legislatura 2021-2024 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Diputados PAN PRI PVEM PANAL MC MORENA(juntos haremos historia) Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la página web del Congreso de N.L. (2024). En lo que respecta a la actual Legislatura esta cohabita con un pluralismo extremo (Sartori, 2019, pp. 166-168) y con un tipo de gobierno dividido tipo C de acuerdo con Lujambio (2010). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 177 �Martínez Fernández, V. Gobernabilidad Armónica El grado de armonía o desajuste entre las peticiones de la sociedad y las contestaciones del gobierno no puede ser entendido como una cuestión abstracta o fija. No existe un nivel universal y permanente que determine de manera definitiva la gobernabilidad en todas las sociedades. En este sentido, el concepto de un grado total de gobernabilidad o en sentido contrario de ingobernabilidad, está condicionado por dos elementos clave. Primero, el vínculo entre las peticiones de la sociedad y las contestaciones del gobierno está profundamente influenciado por las percepciones, valores y creencias de los ciudadanos respecto a la situación social, económica o política en cuestión. En segundo lugar, la evaluación de una situación como aceptable o inaceptable depende de la capacidad de actores organizados que tienen el poder de utilizar su influencia para desafiar de manera efectiva al gobierno. Según Linz, y tal como señala Lujambio (2010), en contextos electorales con representación proporcional y partidos disciplinados, las estructuras que cuentan con múltiples instituciones políticas (partidos) suelen dar lugar a estancamientos en las relaciones entre las autoridades (Lujambio, 2010, p. 261). Lujambio (2010) también resalta que la gobernabilidad democrática está influenciada por el sistema de partidos, los sistemas electorales y el marco constitucional. En este contexto, Camou (2020) propone una clasificación de los niveles de gobernabilidad para ofrecer una comprensión más detallada de su enfoque, como se exhibe a continuación: Tabla 3. Grados de Gobernabilidad Grados Ideal Normal Déficit Crisis Descripción Describe el balance perfecto entre las peticiones de la sociedad y las contestaciones del gobierno, donde cada demanda recibe una respuesta adecuada. En el modelo ideal de gobernabilidad, se esperaría una sociedad sin controversias o con controversias totalmente resueltas. Retrata un escenario en la que las diferencias de las peticiones de la sociedad y las contestaciones del gobierno se mantienen en un balance dinámico, ajustándose a márgenes aceptables para la comunidad política. Aunque persisten conflictos y cuestiones sin resolver, estas discrepancias son aceptadas y consideradas dentro del contexto de la correspondencia de la forma de gobierno presente. Este concepto se refiere a un desbalance entre las demandas sociales y la capacidad del gobierno para responder, que es visto como inaceptable por grupos políticos organizados, quienes tienen la habilidad de poner en riesgo la relación con el gobierno. Estos desbalances, denominados anomalías, pueden manifestarse en distintas áreas de la sociedad, como los asuntos económicos, la concertación de los asuntos públicos a través del ejercicio político o la seguridad ciudadana. Se describe una situación caracterizada por una proliferación de anomalías, donde se presentan numerosos desequilibrios inesperados e inaceptables entre las demandas sociales y las respuestas del gobierno. La ingobernabilidad, similar a la gobernabilidad ideal, representa un estado extremo en el que la relación entre los miembros de una comunidad política se encuentra prácticamente desintegrada. Fuente: Elaboración propia, con información que se presenta en Camou (2020, p. 51). Siguiendo esta línea de pensamiento, los principios que fundamentan una convivencia democrática incluyen igualdad normativa, la estabilidad legal, el respeto a las garantías fundamentales y los derechos de libre ejercicio (esenciales) (Méndez Sánchez, 2020), un gobierno representativo elegido por sufragio, la tolerancia entre las diferentes corrientes políticas, la erradicación de la impunidad y la exclusión de la violencia como herramienta política. 178 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Diagnóstico de los gobiernos divididos en Nuevo León. La colaboración entre el gobierno y la sociedad en diversos sectores es fundamental para lograr una buena gobernabilidad, la cual facilita una convivencia pacífica y armónica, permitiendo a los ciudadanos desarrollar sus proyectos de vida. Esta gobernabilidad se refiere a las habilidades y estrategias que las autoridades emplean para ejercer un buen gobierno, lo que está estrechamente relacionado con la satisfacción de sus ciudadanos (Baquero Suárez y Gaitán Mateus, 2020, p. 9). Por ello, el estado de derecho en México y en sus entidades federativas debe integrar de manera coherente los principios de representatividad y gobernabilidad democrática. Asimismo, es esencial que los Poderes cumplan completamente con sus responsabilidades y respeten el marco normativo. Deben poner el bien común de la sociedad por encima de los intereses personales o partidistas. La judicialización de los actos de gobierno o de sus omisiones puede llevar a la deslegitimación de las instituciones y al desequilibrio social, generando en los ciudadanos una percepción de falta de gobernabilidad. En este sentido, Strom y Müller (1999), citados por Prats (2003), definen la gobernanza como los procesos de interacción entre actores estratégicos. En este sentido, Mayntz señala que la gobernanza es fundamentalmente un recurso de evaluación y representación, ya que los esquemas de comunicación se manifiestan de manera directa, aunque también tienen una dimensión normativa debido a las acciones de los actores (Prats, 2003, p. 4). Por otra parte, la gobernabilidad está condicionada por las competencias establecidas por las normas vigentes, las cuales se reflejan en los niveles inferiores a través de estrategias, dando lugar a un nuevo modelo de gestión en la que interactúan distintos actores, como funcionarios, grupos de presión, especialistas externos y residentes en su rol de beneficiarios de servicios (Méndez Sánchez, 2020). En resumen, los principios que definen una convivencia democrática incluyen la igualdad frente a la normativa, la estabilidad legal, el respeto a las garantías fundamentales y los derechos de libre ejercicio (esenciales) (Méndez Sánchez, 2020), un gobierno representativo elegido por sufragio, el respeto mutuo entre diversas corrientes políticas, y la eliminación de la impunidad y la violencia como medios políticos. La contribución entre la dirección del gobierno y el cuerpo social es fundamental para lograr una gobernabilidad efectiva, promoviendo una convivencia pacífica y el desarrollo de proyectos de vida. Por lo tanto, el estado de derecho en México y en sus entidades federativas debe articular de manera coherente los principios de representatividad y gobernabilidad democrática. En consecuencia, los Poderes deben cumplir con sus facultades a cabalidad y no violentar el marco normativo. Deben primar el bien común de la sociedad por encima de sus interese personales y de partidos. Por tanto, la judicialización de los actos de gobierno u omisiones solo recae en el desprestigio de las instituciones y generando un desequilibrio social, al grado de producir en los ciudadanos una percepción de déficit de gobernabilidad. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 179 �Martínez Fernández, V. 3.-MÉTODO Diseño El análisis contenido en esta investigación es empírico-analítico (de Franco y Vera Solórzano, 2020), documental (Revilla Figueroa, 2020), no experimental (Acosta Faneite, 2023), pues se trata de buscar si el constructo teórico es apoyado por la experiencia de la realidad, por lo que se analizaron la conformación de las legislaturas y la representación partidista y política del poder ejecutivo, para poder determinar con qué tipo de gobierno dividido se cohabito en cada momento analizado. Instrumentos Para construir el marco conceptual y teórico de los gobiernos divididos, realizo un estudio exploratorio en el que se consultaron aproximadamente 15 referencias, utilizando como herramientas, conceptos y propuestas que fueron examinados desde un enfoque detallado y evaluativo. Es preciso señalar que los estudios sobre los gobiernos divididos es un tema poco explorado. Procedimiento Para entender el problema de la investigación, se recopilaron documentos de fuentes secundarias. Lo anterior con la intención de definir los diferentes tipos de gobiernos divididos tanto horizontal como vertical. A demás, se revisaron las páginas oficiales del Congreso del Estado, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (2024) y del Periódico Oficial del Estado (2024), para identificar la conformó en cada legislatura. Después de recopilar los datos, se redactó el documento que forma el núcleo de este artículo de investigación. Finalmente se realizaron diversas conclusiones relativas a los gobiernos divididos, y se obtuvo la reclasificación de los gobiernos divididos en Nuevo León cuyos objetivos centrales se delinearon. 4.-CONCLUSIONES Después de haber analizado y realizado la clasificación de los gobiernos divididos que se presentaron durante las últimas seis Legislaturas en el Congreso del Estado de Nuevo León y la representación política del Poder Ejecutivo, es importante destacar el caso Nuevo León, pues con la presencia de la diversidad en competitividad político-democrática para acceder a cargos electivos la entidad ha mostrado que durante dieciocho años el estado a cohabitado con gobiernos divididos, con lo que pudiese sustentarse que se han consolidado los gobiernos divididos en Nuevo León y se ha mantenido el rechazo a los gobiernos unificados. Pero la trascendencia del análisis de la investigación es que ha surgido un nuevo hallazgo a la clasificación de los gobiernos divididos establecidos por Lujambio (2010). Pues, Lujambio partía de la premisa de que el Ejecutivo y el Legislativo eran postulados por algún partido político, luego entonces dentro de las clasificaciones de tipo A, B, C y D, refiere al partido del Ejecutivo y el número de escaños que lo representan en el Poder Legislativo. 180 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Diagnóstico de los gobiernos divididos en Nuevo León. Sin embargo, derivado de las reformas político-electorales que se realización a la CPEUM en el año 2012 con relación a las candidaturas ciudadanas y las posteriores reformas a la Carta Magna de Nuevo León y a la disposición en materia electoral, estas permitieron que, por primera vez en la elección del 2015 los ciudadanos se pudieran postulan a cargos electivos sin el respaldo de un partido político. Es decir, las llamadas candidatura Independientes, entendidas como aquellas que no se encuentran ligadas a los partidos políticos como refieren Ramos (2016, p. 19) y que una vez que logran acceder al pretenden tener independencia en las acciones que llevan a cabo en el desempeño de su función. Por lo que, bajo este esquema, el Estado de Nuevo León fue la primera entidad federativa en tener un Gobernador independiente. Ahora bien, retomando la clasificación de Lujambio señalada en la Tabla 2. Tipos de gobiernos divididos, podemos dar cuenta que no contempla la posibilidad en la que el ejecutivo accedería el cargo por la vía ciudadana, pues es de entenderse, en aquel entonces no se tenía contemplada dicha figura jurídica en el marco normativo mexicano. Luego entonces, se puede dar cuenta que el Poder Legislativo estaba conformado por Legisladores de todos de origen partidista, sin embargo, ningún legislador llegar por la vía ciudadana para que fueran a fin del Gobernador. Lo que muestra que el Gobernador enfrento una mayoría absoluta opositora. Viviéndose un pluralismo extremo y fragmentado (Sartori, 2019, pp.166-168) en las dos legislaturas. Es por lo anterior, que se propone reclasificar los tipos de gobiernos divididos, estableciendo el tipo de gobierno dividido independiente. Cuando el Ejecutivo acceda al poder por la vía ciudadana y enfrente una mayoría absoluta opositora. Es decir, los gobiernos divididos Independientes, tipo IA, cuando la autoridad, en este caso, el que dirige la gobernatura, cuenta con el 50% de los asientos.; tipo IB, cuando el gobernador cuenta con el 50% de los escaños; tipo IC, cuando el gobernador cuenta con la mayoría relativa de los escaños. (más número de escaños que cualquier otro partido); y tipo ID, cuando el sujeto que gobierna sobre una entidad políticamente organizada enfrenta a una mayoría absoluta que se opone a su discrecionalidad. Como pudimos dar cuenta, los gobiernos divididos Independientes pueden presentarse en diversos escenarios, pues esto dependerá de la conformación del Congreso. Por lo que, estos escenarios se pueden presentar en el orden de gobierno federal, es decir conformación del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores) y el Ejecutivo Federal (Presidente de la República). Actualmente pudiese parecer imposible que un Ejecutivo Federal acceda a la presidencia por la vía ciudadana, pero la posibilidad está latente. Así como en el resto de los estados que conforman la federación, como ya sucedió en Nuevo León, luego entonces podrán surgir en otras entidades federativas. Este análisis político resulta fundamental y significativo, y puede constituir un punto de partida para investigaciones futuras sobre gobiernos divididos en otras entidades federativas, tanto a nivel nacional como internacional, así como sobre los niveles de gobernabilidad experimentados en estos contextos. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 181 �Martínez Fernández, V. REFERENCIAS Acosta Faneite, S. F. (2023). Los enfoques de investigación en las Ciencias Sociales. Revista Latinoamericana Ogmios, 3(8), 82-95. https://doi.org/10.53595/rlo.v3.i8.084 Baquero Suárez, T. M., y Gaitán Mateus, L. L. (2020). Análisis de la gobernabilidad democrática en ejercicios de comparación internacional de México y Colombia. En J. H. López López (Ed), La investigación y la proyección social en el siglo XXI. Editorial Fundación LASIRC (pp. 8-20). Camou, A. (2020). Gobernabilidad y Democracia. Instituto Federal Electoral. Casillas, C. E. (2001). Gobierno dividido en México: entre la pluralidad y la eficacia. Revista de estudios políticos, (113), 75-100. Colomer, J. (2001). Instituciones políticas. Ariel. Concepción-Montiel, L. E., Suárez, M., y Aranibar, M. F. (2018). El impacto de los gobiernos divididos en la formulación y aprobación de las políticas públicas legislativas. Nuevo Derecho, 14(23), 4– 20. https://doi.org/10.25057/2500672X.1073 Congreso del Estado de Nuevo León. (2024). Integrantes por grupo legislativo. https://www.hcnl.gob.mx/ de Franco, M. F., y Vera Solórzano, J. L. (2020). Paradigmas, enfoques y métodos de investigación: análisis teórico. Mundo recursivo, 3(1), 1-24. Duverger, M. (2012). Los partidos Políticos. FCE. (Originalmente publicado en 1951). Duverger, M. (2001). Influencia de los sistemas electorales en la vida política. En A. Battle, Diez textos básicos de la ciencia política: Influencia de los sistemas electorales en la vida políticas. Ed. Ariel (pp. 37-76). García Reyes, C. U. (2010). Los partidos políticos y las elecciones en México: del partido hegemónico a los gobiernos divididos. Estudios políticos (México), (19), 129-157. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018516162010000100007&lng=es&tlng=es. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. (2024). Base de datos. https://portalanterior.ieepcnl.mx/default2.asp López Rosas, M. (2001). Gobiernos divididos horizontales en México. Sociológica, (45-46), 201-232. Lujambio, A. (2001). Adiós a la excepcionalidad: régimen presidencial y gobierno dividido en México. En, J. Lanzaro (Comp.), Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina. CLACSO, 251-252. Lujambio, A. (2010). Estudios congresionales. Edición Homenaje. Cámara de Diputados, LXII Legislatura. Méndez Sánchez, J. A. (2020). Territorialidad y Gobernabilidad en la Gestión Local de la Ordenación del Territorio y su Desarrollo. Un caso venezolano (Tesis de Doctorado). Universidad de Zaragoza. Pérez Correa, F., y Torres Alonso, E. (2021). Una crónica del poder. Federalismo, reforma y gobierno dividido en México. Espiral (Guadalajara), 28(81), 113-147. Pérez Ramírez, R. (2022). Federalismo mexicano: gobierno dividido en la Cuarta Transformación. Religación: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 7(31), 1-16. Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. (2024). Base de datos. https://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015_LyPOE/Acciones/PeriodicoOficial.aspx Prats, J. O. (2003). El concepto y el análisis de la gobernabilidad. Revista instituciones y desarrollo, 14(15), 239-269. Ramos, A. (2016). La Constitucionalidad de las candidaturas Independientes. Editorial Tirant lo Blanch. 182 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Diagnóstico de los gobiernos divididos en Nuevo León. Revilla Figueroa, D. M. (2020). El método de investigación documental. En A. O. Sánchez Huarcaya (Coord.), Los métodos de investigación para la elaboración de las tesis de maestría en educación. Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Educación (pp. 7-22). Rousseau, J. J. (1992). El contrato Social. Editores mexicanos unidos. (Originalmente publicado en 1762). Sánchez Martínez, F. (2019). ¿Realmente importa el gobierno dividido? Un balance de los estudios subnacionales en México. Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, 7786. Sánchez Martínez, J. S. (2014). Coaliciones preelectorales, gobierno dividido y unificado a nivel estatal: 1998-2014. Estudios políticos (México), (32), 115-142. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018516162014000200006&lng= es&tlng=es. Sartori, G. (2008). ¿Qué es la democracia? Taurus. Sartori, G. (2016). Ingeniería constitucional comparada. Fondo de Cultura Económica. Sartori, G. (2019). Partidos y sistema de partidos. Alianza Editorial. Tena, F. (2013). Derecho Constitucional Mexicano. Editorial Porrúa. Villanueva, L. (2014). La división de poderes: teoría y realidad, Instituto de investigaciones jurídicas. UNAM. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3634/8.pdf. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 183 �Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ Violencia política en razón de género en las elecciones subnacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2021: de lo local a lo digital1 Gender-based political violence in subnational elections: from the local to the digital Dolores Gandulfo2; Sofia Santamarina3 RESUMEN Las diversas formas de violencia que reciben las mujeres y diversidades que hacen política u ocupan cargos públicos también se trasladan al entorno digital, adquiriendo particularidades específicas. En el marco de las elecciones legislativas argentinas de 2021, este trabajo se preguntó por las formas y dimensiones que adquirió la violencia en línea contra las mujeres. Para responder a esta pregunta se realizó un monitoreo en redes sociales durante la campaña electoral que constó de una recolección cuantitativa y cualitativa de datos de Twitter, Facebook e Instagram. Luego, estos datos, se triangularon con entrevistas en profundidad con candidatas y sus equipos de comunicación de distintos partidos políticos, y se administró una encuesta estandarizada a todas las candidatas a la Legislatura porteña. Los resultados indican que las mujeres representan un menor porcentaje de las menciones totales en redes sociales pero se llevan el doble de mensajes con violencia, no equivalente con su participación total; que la violencia en línea es transversal a los espacios partidarios; que algunas agendas generan más respuesta violentas; y que las consecuencias de la violencia política afecta de formas muy diferentes las carreras profesionales y personales de los candidatas mujeres y sus pares varones Keywords: Derechos humanos, mujeres, paridad, redes sociales, violencia política online. ABSTRACT …………………………………… Fecha de recibido: 10/09/2023 Fecha de revisado: 23/08/2024 Fecha de aceptado: 30/01/2025 Fecha de publicación: 30/07/2025 Esta obra está bajo una licencia de Creativa Commons ReconocimientoNoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional The various forms of violence suffered by women and diversities who engage in politics or hold public office are also transferred to the digital environment, but with specific particularities. This work is about the characteristics and dimensions that online violence against women took during the Argentine legislative elections of 2021. To answer this, monitoring was carried out on social networks during the electoral campaign, which consisted of a quantitative and qualitative data collection from Twitter, Facebook and Instagram. These data were then triangulated with in-depth interviews with female candidates and their communication teams from different political parties, and a standardized survey administered to all candidates. The results indicate that women represent a lower percentage of the total mentions in social networks but receive twice as many messages with violence, not equivalent to their total participation; that online violence cuts across parties regardless their ideology; that some agendas generate more violent responses; and that the consequences of political violence affect the professional and personal careers of female candidates and their male counterparts in very different ways. Keywords: Human Rright, online political violence, parity, political women, social media. Cómo referenciar este artículo: Gandulfo, D. & Santamarina, S. (2025) Violencia política en razón de género en las elecciones subnacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2021: de lo local a lo digital. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 11(22), 184202. https://doi.org/10.29105/rpgyc11.22-366 1 El monitoreo no hubiera sido posible sin la participación en el diseño e implementación de Florencia Scasso, Elisa Ichaso y María de los Ángeles Olivera, a quienes las autoras agradecen profundamente 2 Doctoranda en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM, Magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo (Georgetown University) y Licenciada en Relaciones Internacionales (USAL). Directora del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, Observatorio Electoral de la COPPPAL, Argentina. Defensoría del Pueblo CABA, Red de Politólogas #NoSinMujeres, Colectivo Ojo Paritario. Mail: loligandulfo@gmail.com ORCID: 0000-0002-2424-0573 3 Magister en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM. Defensoría del Pueblo de la CABA, Red de Politólogas #NoSinMujeres, Argentina. Mail: santamarinasofias@gmail.com. ORCID: 0000-0002-2010-6385 184 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 1.- INTRODUCCIÓN Como en todas las luchas contrahegemónicas, el avance de la participación de las mujeres en la vida política reactivó la misoginia que reciben con discursos violentos, agravios, discriminaciones y campañas de desprestigio. La violencia política en razón de género limita las posibilidades de incidencia y de participación de las mujeres, pasando esta violencia de la esfera privada a la pública. Los derechos políticos son derechos fundamentales que los Estados deben garantizar; así lo disponen instrumentos constitucionales e internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 21), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. XX), la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 23) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 25), que en Argentina cuentan con jerarquía constitucional. Desde hace décadas, y a partir de la democratización de los países de América Latina, movimientos de mujeres han impulsado luchas para acortar las brechas de género existentes en múltiples ámbitos. A partir de ello, se han empezado a visibilizar las desigualdades existentes en la región en materia de participación política hacia determinados grupos, entre ellos, las mujeres y diversidades, aun cuando estas representan más de la mitad de la población mundial. Ante esta situación, especialmente a partir de la década de 1990, los organismos internacionales, regionales, y los propios Estados empezaron a generar distintas herramientas, mecanismos y normativas en pos de avanzar hacia la igualdad de oportunidades; provocando un avance cada vez más amplio y activo de las mujeres en los espacios de poder. En los últimos años se han dado pasos importantes en la consagración de los derechos de las mujeres, plasmados en instrumentos jurídicos a nivel nacional, regional e internacional. El Estado argentino ha avanzado con distintas legislaciones para alcanzar la meta de lograr la igualdad real de las mujeres y los varones con la ratificación del Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará). Si bien se ha avanzado en materia normativa, aún queda mucho que hacer para erradicar las prácticas machistas que apuntan a excluir a las mujeres y a las diversidades de la carrera política. En Argentina, la existencia de leyes de cupo (24.012/1991) y paridad (27.412/2017) han demostrado no ser suficientes para garantizar la participación libre de las mujeres y diversidades en el ámbito político, ya que existen distintos mecanismos estructurales en la dinámica de las prácticas políticas y de los mismos partidos que desalientan la participación de las mujeres y diversidades. Las investigaciones realizadas por el Equipo Latinoamericano de Política y Género-ELA y el Observatorio Julieta Lanteri en 2018 dan cuenta de lo masivo y persistente del fenómeno de la violencia hacia las mujeres en política: alcanza a más del 80% de las encuestadas en el ámbito legislativo, y a 9 de cada 10 mujeres (Martelotte, 2018; Gradin & Lummato, 2019 La Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres (2017), elaborada por la OEA, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), tiene por objetivo la prevención y erradicación de la violencia política contra las mujeres para asegurar el ejercicio de sus derechos políticos y la participación paritaria en cargos de gobierno y la vida política y pública en general. Además, afirma que el objetivo de la paridad 185 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Violencia política en razón de género en las elecciones subnacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2021. política en democracia se logra tanto con la adopción de cuota o paridad electoral, como con un abordaje integral que asegure el acceso igualitario de mujeres y varones en todas las instituciones estatales y organizaciones políticas en condiciones libres de discriminación y violencia contra las mujeres en todos los niveles y espacios de la vida política. Según la Ley Modelo, la violencia política contra las mujeres se refiere a toda acción, conducta u omisión - directa o indirecta - que basada en el género dañe a una o a varias mujeres con el objetivo o resultado indirecto - de afectar el reconocimiento o ejercicio de sus derechos políticos. Esto incluye a mujeres en cargos electos o designadas, pero también a las que ejercen función pública. La violencia política contra las mujeres y diversidades puede ser: física, sexual, psicológica, moral, económica, simbólica; estar dirigida directamente a la mujer que participa en política o contra su familia, y efectuarse de manera tradicional, a través de las actividades partidistas o por medio de las tecnologías de la información y/o en el ciberespacio. Por su parte, Freidenberg (2017) identifica elementos culturales e institucionales relevantes para abordar de manera compleja el fenómeno de la violencia política, como la superposición de múltiples violencias (psicológica, simbólica, física, económica, etc.), los entramados institucionales que articulan legislaciones regresivas y sistemas judiciales y policiales adversos, y el orden cultural que excluye a las mujeres de los espacios públicos (Freidenberg, 2017, p.18). Es importante destacar que estas situaciones de violencia ya existían, pero cobran mayor visibilidad a partir de la llegada de más mujeres al poder. En los últimos años, y especialmente, acelerado por la pandemia, las redes sociales y los medios de comunicación digitales han cobrado especial importancia, tornándose en un lugar privilegiado para el debate público, en donde tanto la ciudadanía como los/as políticos/as expresan sus opiniones, propuestas electorales e información gubernamental. Al entorno digital se trasladan las relaciones de poder en la sociedad, y con ellas las violencias que se viven en los espacios físicos “tradicionales”, pero que, en este nuevo territorio, se favorecen de la velocidad y el amplio alcance de la difusión de mensajes (viralización) y el anonimato que permite la creación de perfiles falsos o pseudónimos. En este contexto, las mujeres en general, y las mujeres que hacen política u ocupan cargos públicos, en particular, enfrentan diversas formas de violencias digitales tales como el ciberacoso, la manipulación, la desinformación, las amenazas y el hostigamiento en línea. Estas formas de violencias incluyen el monitoreo y acecho, la publicación de datos personales, trolling, el desprestigio, la difamación o la descalificación, el odio viral; y suelen expresarse con mayor fuerza cuando las mujeres opinan o participan en temas tradicionalmente de “varones” (economía, justicia, deporte, entre otros); cuando desarrollan temas vinculados a derechos de las mujeres y diversidades; y cuando se expresan para denunciar la discriminación por motivos de género (OEA, 2018). El Consejo de Derechos Humanos de la ONU definió a la violencia en línea contra la mujer como aquella violencia de género contra una mujer cometido o asistido por tecnologías de las comunicaciones (TIC), tales como teléfonos móviles inteligentes, redes sociales, plataformas o correo electrónico. De esta definición se desprende la “violencia digital”, entendida como aquella que afecta la reputación digital de las mujeres al lesionar alguno o varios de sus bienes y/o derechos digitales, como la reputación, la libertad, la existencia, el domicilio, la privacidad y la inclusión digitales o afecta cualquier otro aspecto de su acceso y desenvolvimiento en el ámbito virtual. 186 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Gandulfo, D. & Santamarina, S. Sin embargo, la violencia en línea contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni nuevo, sino una extensión de una situación estructural de violencia sistemática perpetrada por parejas, exparejas, allegados, desconocidos e incluso las instituciones gubernamentales, partidos políticos y otros actores relevantes, que se traduce en y retroalimenta diversas formas de violencia de género en espacios no virtuales (OEA, 2018, párr. 48). Entendiendo que las TIC son un espacio para la expresión de opiniones y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y diversidades, pero que también son un ambiente propicio para la difusión de discursos violentos, de odio y de desvalorización y deslegitimación de las opiniones políticas de las mujeres y diversidades, se realizó un monitoreo de la violencia política en línea hacia los/as candidatos/as durante las elecciones 2021 en la Ciudad de Buenos Aires. Para analizar este fenómeno se delinearon tres objetivos específicos: • • • Dimensionar la violencia política en línea durante el proceso electoral 2021; Dar cuenta de cómo las brechas de violencia de género afectan en las trayectorias políticas de las mujeres, en un trabajo comparativo entre candidatos varones y candidatas mujeres; Indagar en las formas de resistencia a la violencia en línea. 2.- FUNDAMENTO TEÓRICO Y MÉTODO Conceptualizando a la violencia política de género en línea Para definir y poder relevar la violencia política en línea se recuperaron las definiciones de la Guía de conceptos básicos elaborada por la OEA y la CIM (2021). A partir de estas definiciones se trabajó en la operacionalización del concepto de violencia política en línea. Para ello se recuperaron diversos estudios realizados en la región que abordan la problemática (Martelotte, 2018; Gradin & Lummato, 2019; Rodríguez Calva & Frías, 2020; ELA, 2020; Barrera et al, 2018) y se definieron cuatro dimensiones centrales de la violencia política en línea: A. Expresiones discriminatorias: manifestación de la violencia simbólica contra las mujeres a partir de discursos basados en ideas preconcebidas tradicionales de género. Las expresiones discriminatorias pueden ser de, por lo menos, tres tipos: i) comentarios que menosprecian sus saberes, conocimientos o capacidades por ser mujeres; ii) comentarios con alusiones al cuerpo y/o a la sexualidad; iii) comentarios sobre roles y mandatos de géneros; B. Acoso: manifestaciones de violencia machista de carácter reiterado y/o no solicitado hacia una persona, que resultan molestas, perturbadoras o intimidantes; C. Amenazas: contenido (verbal, escrito, en imagen, etc.) en tono violento, lascivo o agresivo que manifiestan una intención de daño a una persona, sus seres queridos, o bienes, de manera psicológica, física, económica y/o sexual; D. Campañas de desprestigio: comentarios vinculados a la descalificación, daño o perjuicio a la trayectoria o credibilidad de las candidatas/es, algunas veces se expresan de forma sistematizada/constante, mientras que en otras ocasiones adoptan un carácter esporádico o puntual. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 187 �Violencia política en razón de género en las elecciones subnacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2021. El monitoreo se realizó a partir de una triangulación metodológica, es decir, mediante la recolección cuantitativa y cualitativa de datos de las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, esto es, comentarios y menciones que reciben las/os candidatas/os. La información recolectada en redes sociales se complementó con datos obtenidos mediante entrevistas en profundidad y encuestas estandarizadas a las candidatas y a sus equipos de comunicación. Por su parte, la recolección de datos se realizó en dos etapas: la primera, durante la campaña electoral para las PASO (entre el 1 de agosto y el 12 de septiembre de 2021) en la que se relevaron, de forma automatizada mediante el software libre R y RStudio, todas las menciones a los/as precandidatos/as seleccionados en Twitter, y se hizo un seguimiento de Facebook e Instagram en los casos en los cuales los/as candidatos/as tenían cuentas. Fueron monitoreados los binomios que encabezaron las listas de candidaturas a legisladores/as porteños/as (30 bancas) y a diputados/a nacionales por la CABA (13 bancas), lo que da un total de 63 candidaturas. Cabe destacar que Argentina es una República federal con un gobierno central, veintitrés provincias y una Ciudad Autónoma, cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires tienen facultad de dictar sus propias constituciones, instituciones propias y establecer su propio sistema electoral para cargos subnacionales (de nivel provincial y municipal). El poder legislativo nacional es bicameral con renovación parcial cada dos años, mientras que el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es unicameral con renovación parcial cada dos años. Tanto para los cargos legislativos nacionales (en el caso de la elección analizada, diputados/as nacionales por la CABA) como los/as diputados/as a la legislatura porteña se rigen por la ley de paridad (Ley Nacional 27.412 y Ley 6031 de la CABA). A nivel nacional, la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres contempla la violencia política y la violencia digital. La CABA ha adherido a dicha ley. En esta ocasión, las elecciones se celebraron en simultaneidad, es decir, el mismo día se eligieron los cargos nacionales y locales mediante una boleta papel partidaria. En ambos niveles, el reparto de bancas es mediante el método D’Hont. Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad con candidatas de distintos partidos políticos. La segunda etapa se desarrolló entre las elecciones PASO y las elecciones generales (entre el 13 de septiembre y el 14 de noviembre) en la que se continuó con el seguimiento en las plataformas Facebook e Instagram de los binomios que encabezaron las listas de candidatos/as a legisladores/as porteños/as y diputados/as nacionales por la CABA que compitieron en las elecciones generales, y se administró una encuesta estandarizada a todas las candidatas con el objetivo de indagar sobre las trayectorias políticas, sus percepciones sobre la violencia política y el uso de redes sociales durante la campaña. Gracias al gran volumen de tweets (1.810.375) obtenidos en la primera etapa, se decidió cortar con la descarga de estos datos al considerar que se había alcanzado un punto de saturación en la obtención de nueva información, y que más tweets no iban a proporcionar nueva información sobre el objeto de estudio. Por último, se realizaron entrevistas en profundidad a los equipos de comunicación partidarios y de los/as candidatos/as en el proceso postelectoral. El trabajo continúa con los resultados de la investigación, primero sobre las entrevistas y encuestas referidas a trayectorias y vivencias políticas de las candidatas, y en segundo lugar, sobre los datos obtenidos en el monitoreo de redes sociales. En ambas secciones se presentan extractos de las entrevistas – todas de forma anónima – y ejemplos obtenidos en las redes sociales que ilustran las diferentes dimensiones de la violencia política en línea. En la tercera sección se profundiza en las 188 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Gandulfo, D. & Santamarina, S. modalidades de resistencia implementadas por las mujeres políticas frente a la violencia recibida. Y, finalmente, las conclusiones. 3.- RESULTADOS Trayectorias políticas: dentro y fuera de la red Las mujeres que participan en política se enfrentan a obstáculos a lo largo de toda su trayectoria, desde los primeros espacios de militancia, al momento de candidatearse u ocupar cargos públicos, lo que lleva a que transiten de manera diferente a los varones los espacios políticos. En las entrevistas y encuestas realizadas las candidatas identificaron a lo largo de su trayectoria dificultades por el hecho de ser mujer: favoritismo partidario hacia líderes masculinos, poca valoración de las capacidades femeninas, falta de programas que promuevan la participación de mujeres, acoso o discriminación política dentro y fuera del propio partido, menor apoyo económico para el desarrollo político; así como desde la sociedad en general, por ejemplo, a través de preferencias electorales por líderes masculinos. Las entrevistadas reconocen cambios en los últimos años que hacen que sea más fácil para mujeres y diversidades participar de espacios políticos. Principalmente se relacionan con los cambios a nivel normativo, que tienden a obligar a los partidos a incluir más mujeres en sus listas para los cargos electivos, así como para sus cargos partidarios, pero también identifican avances a nivel sociocultural como el hecho de que ciertos comentarios ya no son aceptados o que las respuestas y resistencias frente a casos de violencia política son cada vez más notables: Lo más reciente fue la agresión de Milei que no me acuerdo a quién le dijo burra y bueno, fue masivo el tuiteo de todos los espacios repudiando eso. Pero bueno, nace desde ahí, desde esas cosas que quizás antes estaban naturalizadas y hoy no las podés dejar pasar, porque hoy sos burra, mañana gorda y pasado cualquier otra cosa (entrevistada, 2021). Los cambios normativos y culturales de los últimos años fueron abriendo la posibilidad de nuevas formas de participar en el ámbito político; en este sentido una de las candidatas reconoce que “antes había mujeres, pero no tenían esos espacios” (entrevistada, 2021). Es decir que, si bien las mujeres vienen participando hace muchos años de espacios políticos haciendo enormes esfuerzos para introducir una agenda feminista al debate político, en los últimos años, y en particular a partir de la sanción de la ley de paridad, aparecen nuevos espacios, nuevos colectivos y formas de solidaridad intra e interpartidarias, que permiten a las mujeres nuevas formas de participar: En el partido de los años 90 tendías más a masculinizarte para poder competir en ese ámbito. Y eso yo lo veo con mis co-generacionales y veo mucho la diferencia con las chicas más jóvenes. Las chicas más jóvenes parten desde otro lugar. Ya parten con la cabeza feminista, que eso está buenísimo porque logran un colectivo que nosotras no teníamos (entrevistada, 2021). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 189 �Violencia política en razón de género en las elecciones subnacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2021. En general, a lo largo de sus trayectorias políticas, las candidatas reconocen que las mujeres deben trabajar y esforzarse más para obtener el mismo reconocimiento que los varones, así como que las agresiones se intensifican al cruzar el género con la sexualidad, con la edad, la clase o la ideología: Siempre tenés que hacer como más mérito que un candidato varón que por ahí hizo el mismo camino que vos, y que por algún motivo el que encabeza es un varón y no una mujer (entrevistada, 2021). La mayoría identifica haber sufrido a lo largo de su trayectoria algún tipo de discriminación, acto violento o intimidación por cuestiones de género, desde el uso de lenguaje y comentarios sexistas, ser objeto de estereotipos y expectativas de género, descalificación o cuestionamientos a la experiencia y/o a las capacidades, el ser silenciadas, hasta la exclusión de los espacios de decisión, recibir atención sexual no buscada, y sabotajes a actividades o daños a material de campaña: Violencia que se ejerce también por el maltrato, los codazos en las fotos, los empujones... Siempre que te ponen detrás de una columna (...) (entrevistada, 2021). (...) y la descalificación al pasar de manera graciosa... La nena… No soy una nena, soy una compañera(entrevistada, 2021). Estas situaciones se dan tanto dentro como fuera del espacio político, por parte de pares, de superiores, dirigentes políticos, funcionarios/as, así como por parte de medios de comunicación, comunicadores sociales, etc., y son reproducidas principalmente por varones, pero también por otras mujeres. Estas experiencias dan cuenta de la percepción que se tiene de los ámbitos políticos tradicionales, como espacios masculinos y machistas que, si bien se han ido transformando a lo largo del tiempo, mantienen y reproducen dinámicas y estructuras que tienden a desalentar y excluir a las mujeres de participar: Esa violencia está puesta en deslegitimar las construcciones que nosotras hacemos (entrevistada, 2021). Es posible reconocer que se dan trayectorias diferenciales entre varones y mujeres, y estas diferencias repercuten en las posibilidades reales de participar, de ser electas y/o de ejercer poder cuando llegan a funciones públicas. Asimismo, resulta de vital importancia para comprender estas trayectorias, atender, no solo a las distintas formas que a.sume la violencia política, sino también al origen de la misma y el apoyo que recibe la persona que participa en espacios políticos. La ley de paridad (27.412/2017), la ley Micaela (27499/2019), la inclusión de la violencia política en la ley 26.485, así como la creación y fomento de espacios dedicados la promoción de las mujeres dentro de los partidos, fueron instancias claves para la reconfiguración y visibilización de estas desigualdades de género. Sin embargo, las violencias en política hacia mujeres y disidencias persisten, y con la irrupción y generalización de las TIC como un espacio de expresión y el ejercicio de los derechos políticos de todas las personas, las dinámicas de los espacios de política tradicional, como los partidos 190 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Gandulfo, D. & Santamarina, S. políticos, medios de comunicación tradicionales, entre otros, se trasladan a los espacios virtuales, a la vez que surgen nuevas formas de violencias. Las redes sociales se han vuelto un lugar privilegiado en el debate político que vienen a complementar otros espacios de visibilización. En el caso de los/as candidatos/as monitoreados/as, esto se evidencia en el alto porcentaje de uso de las redes: el 86% tiene usuario activo en Twitter y Facebook y el 82,5% tiene usuario activo en Instagram. En este sentido, la presencia en las redes se vuelve prácticamente una obligación, en particular durante épocas de campañas electorales: Uso redes, la verdad bastante a partir de la campaña. Yo nunca fui muy tecnológica pero no me quedó otra que adaptarme porque o te adaptás o desaparecés (entrevistada, 2021). Campaña tras campaña, como que uno va creciendo en seguidores… Y cada vez hay más ataques. Me mandan fotos por mensajes privados…(entrevistada, 2021). Las agresiones a través de medios digitales son un fenómeno extendido que tiene consecuencias concretas en las trayectorias de los/as candidatos/as. Los datos relevados en Twitter revelan una presencia significativamente mayor de los varones, respecto de las mujeres, en esta red social durante la campaña electoral. Esto se observa en el Gráfico Nº 1 que muestra la cantidad de tweets con menciones a los/as candidatos/as durante el periodo analizado, distinguiendo por el género de los usuarios monitoreados. En el mismo sentido, al comparar el porcentaje que representa cada precandidato/a en el total de menciones (1.810.375 tweets), y el porcentaje de mensajes con manifestaciones de violencia que recibió cada uno/a respecto al total de mensajes con violencia identificados (45.140 tweets), se observa un fuerte contraste: las mujeres representan un menor porcentaje de las menciones totales, pero se llevan una mayor porción de los mensajes con violencia, no equivalente con su participación total. Gráfico 1: Evolución de menciones a candidatos/as según género. Del 1 de agosto al 12 de septiembre de 2021 Fuente: Elaboración propia (2021) en base a 1.810.375 tweets recolectados mediante la API de Twitter. Nota: la única candidata mujer trans monitoreada fue incluida en la categoría “mujer” Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 191 �Violencia política en razón de género en las elecciones subnacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2021. Resultado del monitoreo en redes sociales A partir de la descarga de casi dos millones de tweets se armó un corpus de texto con el cual se realizó un análisis de contenido. Para el mismo se aplicaron técnicas de text mining y topic modeling con el objetivo de identificar y dimensionar tweets con manifestaciones de violencia hacia los/as precandidatos/as. El primer análisis realizado a partir de las palabras más repetidas y significativas entre las menciones a las candidatas mujeres muestra algunos conceptos como cínica, caradura, Cristina, denunciada, basura, candidata, Bullrich, #lasmentirasdevidal, #bajatevidal, desastre, Bregman, cerebro, asco, dignidad, derechos, comunista. Mientras que para los candidatos varones aparecieron palabras como Alberto, campaña, cambio, capo, coincido, boludo, casta, asco, basura, deuda, comunista, debatir, congreso. Las diferencias son claras: las palabras más frecuentes entre las menciones a las mujeres son expresiones de violencia y de menosprecio por su género, mientras que las conversaciones en torno a los varones se refieren a la campaña electoral y temas institucionales. Dimensiones de la violencia El siguiente cuadro resume la cantidad total de tweets con menciones a candidatas (757.248) y a candidatos (1.053.127), y de estos cuántos contienen mensajes con expresiones de violencia. Estas expresiones fueron a buscarse en el corpus de texto a partir de las conceptualizaciones antes detalladas. Los resultados demuestran que la diferencia es marcada: del total de tweets el 2,49% tiene alguna expresión de violencia, pero si lo analizamos por género, se observa que para los varones es el 1,73% de las menciones y para las mujeres es el 3,55% de los mensajes que las mencionan. Tabla 1: Resumen de tweets obtenidos y tweets con violencia. Categoría Total de tweets Tweets con manifestaciones de violencias Porcentaje de tweets con manifestaciones violentas Varones 1.053.127 18.231 Mujeres 757.248 26.909 Totales 1.810.375 45.14 1,73% 3,55% 2,49% Fuente: Elaboración propia (2021) Luego de identificar los tweets con expresiones de violencia se profundizó el análisis desagregando por tipo de manifestación, género y precandidatos/as. Los gráficos N° 2 y N° 3 dan cuenta de que la gran mayoría de mensajes con violencia son del tipo expresiones discriminatorias, que tanto para mujeres como para varones representan alrededor del 60% de los mensajes con violencia que reciben. Luego, siguen los mensajes con campañas de desprestigio con el 26% de los mensajes con agresiones, porcentaje que se mantiene similar entre mujeres y varones, aunque mayor en el caso de las primeras. Finalmente, se ubican los mensajes con “amenazas”, única categoría cuyo peso es mayor entre las menciones a varones que entre los mensajes que reciben las mujeres. 192 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Gandulfo, D. & Santamarina, S. Gráfico Nº 2: Distribución total de manifestaciones de violencia, candidatas mujeres Fuente: Elaboración propia (2021) en base a 26.909 tweets con expresiones de violencia Gráfico Nº3: Distribución total de manifestaciones de violencia, candidatos varones Fuente: Elaboración propia (2921) en base a 18.231 tweets con expresiones de violencia Expresiones discriminatorias: menosprecio de capacidades, roles de género y alusiones al cuerpo y la sexualidad Al profundizar el análisis por manifestación, se encuentra que, tanto mujeres como varones, lo que más reciben son expresiones de menosprecio de capacidades, seguido por los roles de género y, en menor medida, las alusiones al cuerpo y la sexualidad. Las mujeres reciben mayor cantidad de mensajes con alusiones al cuerpo y su sexualidad, siendo la candidata trans monitoreada, quien más recibe alusiones a su cuerpo y sexualidad. Entre los candidatos varones, la dimensión de alusiones al cuerpo y su sexualidad es menor, pero destaca el candidato a primer legislador porteño de Juntos –@emmaferrario– por recibir el mayor porcentaje de alusiones a su Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 193 �Violencia política en razón de género en las elecciones subnacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2021. cuerpo y sexualidad entre sus colegas varones. Esto es muy relevante ya que ambos candidatos/as pertenecen al colectivo LGBTIQ+, lo cual indica la mayor cantidad de obstáculos para estas identidades, aun cuando pertenecen a las principales fuerzas políticas de la Ciudad. Asimismo, la distribución de casos (candidatos y candidatas) no muestra relaciones partidarias lineales. Es decir, las manifestaciones discriminatorias son transversales a las ideologías o posicionamientos políticos, y afecta, aunque con diferente intensidad, tanto a varones como a mujeres. Campañas de desprestigio Este tipo de manifestación de la violencia política es la segunda más frecuente, luego de las expresiones discriminatorias, representando el 27,4% del total de mensajes con violencia que recibieron las mujeres y el 23,7% del total que recibieron los varones. Al analizar las palabras más utilizadas en las “campañas de desprestigio” hacia mujeres y hacia varones, no se encuentran diferencias sustantivas respecto al contenido, aunque sí es mayor la cantidad de menciones (en términos absolutos y porcentuales) con estas palabras a mujeres que a varones. Sin embargo, es innegable que el impacto real para candidatas o candidatos es muy diferente. Así lo demuestra, por ejemplo, que algunas mujeres que hacen política y ocupan cargos públicos han decidido abandonar ciertas plataformas más hostiles como Twitter, o bien optan por estar presentes con meros perfiles institucionales de comunicación, pero sin intercambio: esta misma persona que me dedicó toda una nota en página 12 en la elección de 2019 cuando se cerraron las listas, fue quien me puso (un) mote descalificativo… y me enfermé. Estuve cuatro días en la cama. De ahí dije nunca más, no leo nada más, no me importa lo que digan (entrevistada, 2021). Amenazas: físicas, psicológicas y sexuales En el corpus de texto con el que se trabajó a partir de los tweets recuperados con menciones a candidatos/as, se halló que esta manifestación es la menos frecuente, aunque representan entre el 13% y el 19% de los mensajes violentos que recibieron las mujeres y varones, respectivamente. Respecto de las dimensiones de “amenazas”, la amenaza física es las más extendida en ambos grupos, pero las amenazas psicológicas y sexuales son casi inexistentes entre las menciones con agresiones a los candidatos varones. 194 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Gandulfo, D. & Santamarina, S. Imagen 1: Amenazas recibidas por candidatas en Instagram y Facebook Fuente: usuarios de las candidatas en Instagram y Facebook Al cruzar las tres dimensiones de amenazas (física, sexual y psicológica) para candidatos varones y candidatas mujeres, se observa que este tipo de violencia es transversal a la pertenencia partidaria, aunque sí se halla que las amenazas sexuales se concentran en las candidaturas ubicadas en los polos ideológicos: Marina Kienast (Republicanos en Juntos, ubicada a la centro-derecha) y Celeste Fierro (FITU, ubicada a la izquierda) son las dos candidatas que reciben mayor porcentaje de este tipo de amenazas; la primera además es quien más recibe amenazas psicológicas aunque sin recibir amenazas físicas. Entre los candidatos varones la situación es similar: Marcelo Ramal (Política Obrera), Fernando Ramal (FITU), ambos ubicados a la izquierda del espectro ideológico, Roberto Garcia Moritán (Republicanos en Juntos) y Javier Milei (La Libertad Avanza), ubicados a la derecha, son quienes más reciben amenazas sexuales. Otra diferencia, en clave comparativa por géneros, es que, entre los varones la mayor cantidad de mensajes con amenazas está fuertemente relacionada con la mayor actividad en la red social. En cambio, entre las mujeres, todas reciben distintas modalidades de amenazas aun cuando tienen una menor presencia y actividad en la red social. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 195 �Violencia política en razón de género en las elecciones subnacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2021. Gráfico Nº 4: Distribución total de manifestaciones de “amenazas” para las candidatas Fuente: Elaboración propia (2021) en base a 3.531 tweets con expresiones de amenazas Gráfico Nº 5: Distribución total de manifestaciones de “amenazas” para los candidatos (en porcentaje) Fuente: Elaboración propia (2021) en base a 3.493 tweets con expresiones de amenazas. Acoso Por acoso se refiere a aquellas manifestaciones de violencia machista de carácter reiterado y/o no solicitado hacia una persona, que resultan molestas, perturbadoras o intimidantes. Debido a este carácter que se requiere, y por la masividad de datos cuantitativos analizados que impedía rastrear la reiteración 196 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Gandulfo, D. & Santamarina, S. de comentarios por parte de un mismo usuario, es que se ha realizado el seguimiento desde el análisis cualitativo. En ese sentido, a modo de ejemplo, se puede mostrar manifestaciones de acoso de contenido romántico o sexual recibidos por dos de las candidatas monitoreadas que en esa reiteración se constituye la dimensión que adquiere esta problemática Imagen 2: Manifestaciones de acoso recibidas por las candidatas Marziotta y Vidal. Fuente: perfiles de las candidatas en Instagram y Facebook. Al comparar las tres dimensiones, expresiones discriminatorias, campañas de desprestigio y amenazas, desagregadas por candidato/a, se observa que las campañas de desprestigio son más extendidas entre los varones, que alcanzan hasta el 60% de las manifestaciones de violencia, mientras que en las mujeres el máximo es del 30%, pero reciben menos expresiones discriminatorias, las mujeres se ubican en su totalidad por encima del 50%, mientras que sus pares varones entre el 25% y el 75%. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 197 �Violencia política en razón de género en las elecciones subnacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2021. Gráfico 6: Candidatas: manifestaciones de campañas de desprestigio vs. expresiones discriminatorias vs. amenazas (en porcentaje) Fuente: Elaboración propia (2021) en base a 26.909 tweets con expresiones de violencia. Nota: la escala de grises representa la manifestación de amenazas, cuánto más oscuro, mayor cantidad de amenazas recibidas. Gráfico 7: Candidatos: manifestaciones de campañas de desprestigio vs. expresiones discriminatorias vs. amenazas (en porcentaje) Fuente: Elaboración propia (2021) en base a 18.231 tweets con expresiones de violencia. Nota: la escala de grises representa la manifestación de amenazas, cuánto más oscuro, mayor cantidad de amenazas recibidas. 198 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Gandulfo, D. & Santamarina, S. Redes sociales: percepciones y resistencias Las redes sociales se han vuelto un lugar importante dentro de la arena política. Sin embargo, para comprender las dinámicas que allí operan es importante reconocer que no son espacios homogéneos y que las dinámicas de interacción varían dependiendo del uso de las plataformas y de la comunidad de cada usuario/a. No todas las redes son percibidas de la misma manera por las candidatas: hay redes sociales que son consideradas como más “amigables”, por ejemplo, Instagram; a diferencia de otras como Facebook o Twitter que son percibidas como espacios más hostiles. Asimismo, difieren los usos que se hacen de las redes sociales: pueden ser utilizadas simplemente para consumir información, para publicar anuncios de campaña, para expresar opiniones personales, y/o alternar con publicaciones de la esfera íntima; también son distintas las formas de relacionarse con el entorno virtual: encontramos candidatas que eligen interactuar solo con sus comunidades afines, otras que prefieren aumentar la privacidad de sus perfiles, y también quienes tienden a interactuar más activamente con el resto de los usuarios. Respecto al origen de la violencia recibida en las redes, las entrevistadas identifican principalmente que se relaciona con el carácter anónimo: Yo lo siento más que nada en las redes, digamos Facebook, Twitter, quizás pones algo y te aparece una agresión de desconocidos, en general nunca es de gente conocida (entrevistada, 2021). Las redes al ser invisibles, quien escribe, te permite decir cualquier cosa, que hables sin saber, que hables sin importarte lo que vas a decir (entrevistada, 2021). Entre los temas que generan más rechazo y mayores agresiones, las candidatas identifican principalmente temas relativos a la agenda de género, tales como las discusiones en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, la implementación de la educación sexual integral y del cupo laboral trans. También destacan otros temas ligados al medio ambiente, y los mensajes que provienen de candidatas jóvenes y/o vinculados a la agenda de las juventudes. Si bien las agresiones en las redes sociales suelen replicar formas de violencia que se dan en otros ámbitos de la política, es importante destacar que algunas de las candidatas reconocen que las redes sociales son un universo pequeño dentro de la realidad social, y que muchas veces “distorsionan” la realidad: (Recibo) catarata de mensajes negativos, pero que después te das cuenta que, no sé, que eso no es la realidad (entrevistada, 2021). Twitter es una comunidad muy chica, me di cuenta que si bien podés seguir generando comunidades, digamos, es un micromundo, no es la realidad, no es la mayoría (entrevistada, 2021). Sin embargo, esto no implica que no tengan impacto para la persona que las recibe. En este sentido, las consecuencias de la violencia política en línea pueden llevar a reducir la presencia en redes, Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 199 �Violencia política en razón de género en las elecciones subnacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2021. “esconder” publicaciones de la vida privada (hacer uso de herramientas como “mejores amigos” en Instagram), o en casos más extremos desalentar la participación política. Frente a estas agresiones, las candidatas despliegan distintas estrategias que incluyen desde omitir los mensajes y/o bloquear seguidores –limitar la interacción a la comunidad propia–, hasta contestar y así exponer las agresiones. Además de estas respuestas a nivel individual, se dan respuestas a nivel colectivo que buscan expresar el rechazo a la violencia política en razón de género y entablar lazos de solidaridad: Me parece que hay como una reacción a esos ataques de fortalecernos entre mujeres en el sentido de solidarizarnos en los ataques (entrevistada, 2021). 5.- CONCLUSIONES En este trabajo se ha monitoreado en las redes sociales a los/as principales candidatos/as a legisladores/as porteños/as y a diputados/as nacionales por la Ciudad de Buenos Aires durante la campaña electoral 2021. El monitoreo permitió conocer las formas que adopta la violencia política en razón de género en el ciberespacio, así cómo conocer las experiencias y trayectorias de candidatas de distintos espacios políticos dentro de la actividad política y las consecuencias de la violencia política. Los datos muestran una presencia significativamente mayor de los varones respecto de las mujeres, en la red social Twitter durante la campaña electoral 2021. Esto resulta significativo en un contexto en el que las redes sociales se vuelven un espacio en el que resulta imprescindible estar para ser visible. Frente a las agresiones que reciben, muchas mujeres y diversidades optan por cerrar sus cuentas, dejar de publicar, o limitar sus interacciones a su comunidad más cercana, lo que las coloca en una situación de desventaja en la carrera política frente a sus pares varones. Respecto de los tópicos en los que se mencionan a mujeres y a varones, las menciones a ellas son expresiones de violencia y de menosprecio respecto al género, mientras que las conversaciones en torno a los varones se refieren a la campaña electoral y temas institucionales. De esta manera se reproduce la idea del ámbito político como un espacio de varones y se refuerzan los estereotipos de género. Como consecuencia, las mujeres y diversidades que irrumpen en estos espacios son castigadas de distintas maneras a través de mensajes que, si bien son dirigidos a personas individuales, están cargados de un mensaje para toda la colectividad. En cuanto a las dimensiones de la violencia, si bien tanto las mujeres como los varones reciben agresiones relacionadas al género, las mujeres reciben, en Twitter, el doble de mensajes con violencia que sus pares varones. En los espacios políticos tradicionales (partidos políticos, movimientos, medios de comunicación, etc.) la violencia viene por parte de personas que se encuentran tanto fuera como dentro de los espacios políticos; por pares, superiores, dirigentes políticos; y tanto por varones como por mujeres. En las redes sociales estas situaciones continúan, pero también se agrega la posibilidad del 200 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Gandulfo, D. & Santamarina, S. anonimato y de llegar a un público cada vez mayor, lo que implica estar en contacto con una cantidad mayor de personas desconocidas que pueden interactuar con el perfil de la candidata. Los temas que generan mayores reacciones negativas son aquellos relativos a la agenda de género, los temas ligados al medio ambiente y los mensajes que provienen de candidatas jóvenes. En este sentido, se desalientan debates que buscan mayor igualdad entre mujeres y varones, la participación de juventudes, y la incorporación de nuevas temáticas al debate público, reproduciendo así una cultura política machista, heteronormativa y adultocéntrica. La violencia política en línea repercute de manera directa en la trayectoria política de las mujeres y diversidades, lo que afecta sus posibilidades reales de participar, de ser electas y/o de ejercer poder cuando llegan a funciones públicas. La violencia de género es un fenómeno multidimensional y en el caso de las agresiones que identificamos como violencia política hacia mujeres, esto se evidencia en el cruce constante que se da entre el género, la edad, la clase social y la ideología. Estas cuestiones aparecen como objeto de agresiones que tienden a obstaculizar la participación igualitaria entre varones, mujeres y diversidades y, finalmente, la calidad de la democracia. ¿Cómo resistir a la violencia política en línea? A través de la acción colectiva, la reacción y resistencia general frente a actos de violencia política se van delineando nuevas formas en el modo de hacer política y nuevos colectivos que permiten y animan a la mayor participación de las mujeres y diversidades. REFERENCIAS Barrera, L, Zamora, A, Pérez Domínguez, E, Aguirre, I & Esculloa, J (2018). Violencia política a través de las tecnologías en México. Luchadoras, Ciudad de México. Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2018) Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias acerca de la violencia en línea contra las mujeres y las niñas desde la perspectiva de los derechos humanos. Recuperado de https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10562.pdf Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) (2020) “Violencia contra las mujeres y disidencias en política a través de redes sociales. Una aproximación a partir del análisis de la campaña electoral en Twitter, Facebook e Instagram durante 2019”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recuperado de https://ela.org.ar/wp-content/uploads/2023/07/2020-Violencia-contra-lasmujeres-y-disidencias-en-politica-a-traves-de-redes-sociales.pdf Freidenberg, F (2017). La violencia política hacia las mujeres: el problema, los debates y las propuestas para América Latina. Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política en América Latina, México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Gradin, A, & Lummato, K (2019) No son las reglas, es violencia: resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre Mujeres en Política. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: FUNDECO. Recuperado de: https://www.mujeresenelpoder.org.ar/archivos-bibliografias/4Nos%20son%20las%20reglas,%20es%20Violencia.%20Observatorio%20Julieta%20Lanteri. pdf Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 201 �Violencia política en razón de género en las elecciones subnacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2021. Martelotte, L (2018). Violencia política contra las mujeres en Argentina: experiencias en primera persona. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Recuperado de: https://ela.org.ar/publicaciones-documentos/violencia-politica-contralas-mujeres-en-argentina-experiencias-en-primera-persona/ OEA (2018). Mujeres periodistas y libertad de expresión: discriminación y violencia basada en el género contra las mujeres periodistas por el ejercicio de su profesión. Relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuperado de https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/MujeresPeriodistas.pdf ONU Mujeres. Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA (CIM/OEA) (2020). Estándares de protección de derechos humanos de las mujeres: herramientas necesarias para la defensa de su participación política. Recuperado de: https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/08/estandares-de-proteccion-dederechos-humanos-de-las-mujeres Rodríguez Calva, M & Frías, S (2020). Violencia contra las mujeres en política. El caso de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 65(240), 359-395. Nota: Cabe destacar que todas las citas fueron tomadas de las entrevistas realizadas en el transcurso del estudio a precandidatas y anonimizadas para proteger sus trayectorias políticas. compromiso asumido entre las investigadoras y las entrevistadas. Ver en anexo I el listado de las participantes. ANEXO I Entrevistas a (pre)candidatas realizadas por las autoras: Guadalupe Oliveiro (Unidad de la Izquierda). 14 de septiembre de 2021 Ivana González (Adelante ciudad). 17 de septiembre de 2021. Jessica Barreto (Juntos somos más) 23 de septiembre de 2021. Magdalena Tiesso (Frente de Todxs). 28 de septiembre de 2021. Paula Arraigada (Frente de Todxs) 5 de octubre de 2021. 202 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ Una propuesta de financiamiento mixto para el régimen electoral y de partidos en México A Proposal for Mixed Financing of the Electoral and Party System in Mexico Mauricio Aguilar Madrueño1 RESUMEN El presente artículo tiene como objetivo ofrecer una propuesta de reforma política de financiamiento mixto en materia electoral y de partidos para el caso mexicano, el cual permita un ejercicio más prudente del presupuesto público, así como la posibilidad de erradicar la desigualdad social en el plano de la participación política. Para ello, en primer lugar se establecerán cuáles son las principales problemáticas y limitaciones del financiamiento público y del financiamiento privado al momento de garantizar la participación libre de la ciudadanía en las votaciones y el acceso a los cargos de elección pública; así como el tipo de régimen al que corresponden y favorecen ambas formas de financiamiento. En segundo lugar, se ahondará en las razones por las cuales el financiamiento mixto, aquí denominado como de tipo republicano o liberal, es el más conveniente al régimen político mexicano, en tanto permite garantizar lo estipulado en sus principios constitucionales de 1917 en un plano de igualdad proporcional. Finalmente, se introducirán algunas propuestas paralelas que permitan reforzar el principio mixto de financiamiento. Keywords: Financiamiento de partidos políticos, igualdad proporcional, participación política, política electoral, reforma política. ABSTRACT …………………………………… Fecha de recibido: 10/09/2024 Fecha de revisado: 23/08/2024 Fecha de aceptado: 15/07/2025 Fecha de publicación: 30/07/2025 Esta obra está bajo una licencia de Creativa Commons ReconocimientoNoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional The purpose of this article is to offer a proposal for a mixed-financing political reform in electoral and party matters for the Mexican case, which would allow for a more prudent use of the public budget, as well as the possibility of eradicating social inequality in the area of political participation. To do so, firstly, the main problems and limitations of public and private financing will be established when guaranteeing the free participation of citizens in voting and access to elected office; as well as the type of regime to which both forms of financing correspond and favor. Secondly, the reasons why mixed financing, here referred to as republican or liberal, is the most convenient for the Mexican political regime will be explored, as it allows guaranteeing what is stipulated in its constitutional principles of 1917 on a level of proportional equality. Finally, some parallel proposals will be introduced to strengthen the mixed financing principle. Keywords: Political party financing, proportional equality, political participation, electoral policy, political reform. Cómo referenciar este artículo: Aguilar Madrueño, M. (2025) Una propuesta de financiamiento mixto para el régimen electoral y de partidos en México. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 11(22), 203-226. https://doi.org/ 10.29105/rpgyc11.22-343 1 Máster en Estudios Políticos y Sociales. Docente del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana y de la Coordinación de Extensión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, México. Correo electrónico: mfaguilar@up.edu.mx ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0505-6244 203 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 1.- INTRODUCCIÓN En la actualidad, la mayor parte de los regímenes electorales y de partidos funcionan bajo un modelo de financiamiento público o privado puro; una superposición de ambos, en donde alguna de las dos formas es predominante; o una mezcla proporcionada de ambos. El que ambos principios institucionales, privado y público, coexistan en la ley, no implica que se encuentren fusionados, esto en tanto uno de ellos termina por ser predominante. Para que la fusión pueda darse, la naturaleza de uno tiene que contrarrestar o complementar la del otro de modo que logre atemperar sus excesos y sus defectos. En este sentido, el diseño institucional que determina al financiamiento depende del tipo de régimen en cuestión, o mejor dicho, “...las leyes son, y deben ser, elaboradas con vistas a la constitución, y no la constitución a las leyes” (Aristotle, Politics, IV, 1,1289, 14-20). Esta última lógica, por demás errada, es la que reproduce Maurice Duverger al postular que el régimen de partidos es el que determina al régimen político (Marcos, 2012, Tomo 2, p. 1156; Maquiavelo, 2019, Discursos, III, I, 433 y ss.). Como lo ha constatado la economista francesa Julia Cagé en su más reciente obra, traducida al inglés y al español, El precio de la democracia, los países que históricamente han optado por el financiamiento privado, como Francia, Alemania, Estados Unidos e Italia, tienden a reforzar la administración y salvaguarda del patrimonio de los individuos y las familias más adineradas no solo de su país, sino del planeta. No es extraño, por lo tanto, que las donaciones más cuantiosas y trascendentales para la campaña de Emmanuel Macron provengan de la City de Londres; o que en Alemania lo sean las de la industria automotriz, la farmacéutica y la tabacalera, por ejemplo (Cagé, 2020, págs. XI-XVII, XXIX, XXXII y 41). Particularmente, la naturaleza y el origen del financiamiento de la campaña de Macron en 2017 se encuentran vinculados con la intención de trasladar las inversiones financieras de Londres a París a causa de las pérdidas que el Brexit traería consigo en esa coyuntura (Cagé, 2020, p. XV; Bonet, 2017). Más aún, según lo constata un estudio hecho por un grupo de economistas en el Observatorio Francés de Condiciones Económicas (OFCE), a quien más han afectado las políticas económicas de Macron es a los pobres, a los desempleados y a los jubilados, de tal manera que “de los 17 mil millones de euros distribuidos a los hogares desde el inicio del período de cinco años, más de una cuarta parte (aproximadamente 4.5 mil millones) se destinaron a los ingresos del 5% de los hogares más ricos". De modo que este estudio constata que la opinión popular francesa, según la cual Macron es el “presidente de los ricos”, se encuentra fundamentada sobre el hecho de que el sector privado se ha beneficiado del gasto público (Ducoudré et al., 2020). El financiamiento privado de carácter puro, dice Cagé, favorece a los ricos por encima del resto de la población en tanto establece un intercambio quid pro quo: donaciones privadas para las campañas a cambio de la protección de los grandes capitales, principalmente la introducción de medidas que acentúan aún más la desigualdad económica. De modo que, de fondo, el principio que históricamente estos países han salvaguardado con éxito, entre otras formas, a partir de un esquema de financiamiento privado de candidaturas políticas, es el de la ganancia económica ilimitada de unos pocos. Dicho de otra manera, el financiamiento privado puro y desregulado responde a salvaguardar un tipo de régimen de corte plutocrático u oligárquico. 204 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Una propuesta de financiamiento mixto para el régimen electoral y de partidos en México Ahora bien, en la antípoda de este modelo se encuentra el financiamiento público puro o predominantemente público, el cual concierne al estudio del caso presente. En México, el financiamiento público de los partidos políticos se introdujo a partir de la reforma electoral de 1987, no obstante que en la de 1977, al reconocerlos como entidades de interés público a nivel constitucional en el inciso I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 2014 y 2019, Art. 41), se les reconoció una serie de garantías que bien podrían considerarse como financiamiento indirecto, tales como acceso permanente a medios de comunicación; exenciones de impuestos; apoyo para su trabajo editorial; material para publicitar sus campañas; etc. (Tépach, 2022, p. 22). Las reformas posteriores a la de 1977 no sufrieron cambios graduales en cuanto a la naturaleza cualitativa del modelo, es decir, de ser público a ser privado; tampoco incorporaron una mezcla que buscara un término medio entre ambos. Por el contrario, la cantidad de recursos provenientes del erario se incrementó y se diversificó. Años más tarde, para la reforma de 1996, se supeditó la fórmula del financiamiento a estas actividades y ya no más al costo de las campañas. Así, los partidos no solamente obtuvieron más recursos, sino que lo hicieron por conceptos que rebasaban sus actividades de campaña, por medio de las llamadas actividades permanentes, cuyo presupuesto es aprobado anualmente y percibido mes con mes; sin que quede claro, hasta la fecha, cuál es la justificación racional detrás de este financiamiento permanente, incluyendo cuestiones obsoletas, como el pago de franquicias postales y franquicias telegráficas, y las actividades específicas, cuyos recursos bien podrían redirigirse hacia un aprovechamiento no excluyente en la ciencia y la cultura. Para 1996, por ejemplo, el modelo de financiamiento (...) dependía del costo mínimo de una campaña electoral para diputado y para senador, adicionando el costo mínimo de una campaña para presidente, el índice nacional de precios al consumidor, el número de diputados y senadores a elegir, el número de partidos políticos representando en las Cámaras del Congreso de la Unión, el número de diputados a elegir por el principio de mayoría relativa, el número de días que dura la campaña para diputados y para presidente de la República. Al incluir estos factores, el financiamiento público para los partidos políticos se incrementaba sustancialmente, con respecto al vigente en 1993 (Tépach, 2022, págs 32, 38 y 39). Esta fórmula para determinar el financiamiento tuvo que cambiarse debido a una situación macroeconómica inusual, el crecimiento progresivo de los partidos políticos registrados, el hecho de que una parte importante de senadores y diputados no fueran electos mediante voto popular, así como la larga duración de la campaña presidencial, la hacían altamente volátil (Tépach, 2022, págs 32, 38 y 39). Estas reformas electorales y, por lo tanto, las subsiguientes, hasta llegar a la de 2014, han tenido como principal preocupación establecer limitaciones monetarias por medio de distintas fórmulas, desplazando del debate público y científico el verdadero tema político de origen, que se encuentra en los criterios de justicia a partir de los cuales ese modelo se encuentra determinado y condiciona, a su vez, el reparto de los recursos. Es decir, quiénes, bajo qué supuestos, en qué condiciones y con qué propósito serán sujetos a dicho financiamiento. Es sobre esa base cualitativa que se pueden empezar a determinar los criterios cuantitativos del financiamiento. En este sentido, el verdadero dilema no radica únicamente en cuánto dinero reciben los partidos, sino en los fundamentos normativos que validan ese reparto. La justicia en el financiamiento político no Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 205 �Aguilar Madrueño, M. puede reducirse a una fórmula aritmética, sino que exige una reflexión previa sobre quiénes deben ser considerados como destinatarios de este recurso público, las condiciones bajo las cuales acceden a él y los fines que se persiguen. Solo al clarificar esa dimensión cualitativa, es decir, los principios éticos y políticos que definen el acceso al recurso público, será posible construir un modelo que combine con sensatez lo público y lo privado, y permita diseñar criterios cuantitativos coherentes con una lógica de igualdad proporcional e integración social efectiva. Desde esta perspectiva, el presente artículo propone una reforma al modelo de financiamiento electoral en México que combine de manera equilibrada la distribución y el uso de los recursos públicos y privados. Su finalidad es perfilar los presupuestos teóricos de un régimen más justo, el cual reduzca las desigualdades en la competencia política y garantice una participación más equitativa entre los actores conforme a los principios políticos establecidos en la Constitución mexicana. De modo que el objetivo general de la investigación consiste en esbozar una forma de financiamiento mixto que, sustentada en criterios de justicia proporcional y en la virtud cívica de la liberalidad, logre articular un reparto más razonable de los recursos y amplíe las condiciones efectivas para poder ser votado, no solo para votar. De ahí que, entre los objetivos particulares se encuentren: a) Exponer los efectos políticos y sociales que ha generado el modelo actual de financiamiento público. b) Establecer comparaciones pertinentes con experiencias internacionales, en especial la francesa, para mostrar la viabilidad de una reforma semejante en el contexto mexicano. c) Proponer una vía institucional que permita reordenar el régimen electoral sobre bases más equitativas, con miras a contrarrestar la desigualdad constitutiva que lo atraviesa. En este sentido, las preguntas que orientan el planteamiento son las siguientes: • • • ¿De qué forma el régimen actual de financiamiento electoral reproduce la desigualdad social en la contienda política? ¿En qué medida un esquema mixto, como el que aquí se propone, es viable para el régimen político mexicano? ¿Qué transformaciones institucionales permitirían transitar hacia una forma republicana de financiamiento, en donde los principios constitucionales puedan hacerse efectivos en el reparto de recursos? 2.- FUNDAMENTO TEÓRICO A falta de una regulación que aquí denominaremos de carácter cualitativo, el financiamiento público de los partidos políticos en México se ha visto inmerso en una dinámica de dilapidación injustificada de recursos públicos, particularmente y con mayor énfasis, en el gasto corriente de los partidos, es decir, en el mantenimiento de su burocracia, el cual rebasó en 2024 los 7 mil millones de pesos. A esto debe sumarse otro hecho de mayor trascendencia: este modelo de financiamiento está reproduciendo la desigualdad social existente bajo una nueva dinámica de reparto estratificada y 206 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Una propuesta de financiamiento mixto para el régimen electoral y de partidos en México piramidal que en absoluto logra garantizar el artículo 35 constitucional, según el cual cada ciudadano goza del derecho de poder votar y ser votado. Más aún, la manera en que actualmente se encuentra diseñado el reparto de recursos públicos a los partidos, ha traído otras tantas consecuencias de diversa índole, tales como: Derroche de los recursos públicos El financiamiento de las campañas y de las actividades permanentes, así como cualquier otro rubro relacionado con los partidos políticos y sus actividades, al no recaer en sus integrantes, esto es, al ser un gasto que no implica un costo patrimonial para el partido y sus miembros, corrompe la liberalidad ciudadana, la virtud de adquirir y gastar el dinero en su justa medida, en prodigalidad, el vicio político cuyo sello característico es el defecto en el recibir y el exceso en el dar. Dicho escuetamente, al atrofiar por medio de sumas millonarias de financiamiento público la liberalidad de los partidos para obtener recursos por sus propios medios, el gasto electoral deja de estar condicionado y limitado por su capacidad de adquisición. Como lo demuestra Aristóteles, es raro que coincidan los dos extremos de la prodigalidad, ya que “no es fácil que dé a todos quien de ninguna parte recibe”. O, como afirman Héctor Zagal y Víctor Gómez Villanueva, “quien tiene un ritmo muy elevado de gastos o donaciones, no suele poner reparos para percibir más dinero” (2019, p. 90; Aristotle, 1984b, 1121a 15 y ss.). Aplicado al caso presente, se tiene que, es más proclive a gastar insensatamente el dinero, es decir, en lo que no debe, cuando no debe, con quien no debe, en la medida en que no debe, etc., quien tiene una fuente constante, exorbitante y, sobre todo, no condicionada por su capacidad de adquisición. El único antecedente legal que hace alusión a la responsabilidad de los partidos políticos de sufragar sus gastos, lo encontramos en la reforma electoral de 1990, en donde se contempla una “subrogación del Estado de las contribuciones que los legisladores habrían de aportar para el sostenimiento de sus partidos” (Tépach, 2022, p. 27). Sin embargo, la normativa es contradictoria e inconsecuente al respecto, en tanto plantea que la hipotética aportación para el sostenimiento de los partidos que correría a cargo de sus legisladores, terminará siendo una subvención calculada sobre la base de otra subvención estatal: los salarios de los servidores públicos, concretamente, el “50% del monto anual del ingreso neto que por concepto de dietas hayan percibido en el año inmediato anterior los diputados y senadores integrantes de su grupo parlamentario” (Tépach, 2022, p. 27). A la postre, esto derivó en una nueva justificación para aumentar el financiamiento a los partidos con más recursos públicos, más no en una consideración seria y puntual sobre las responsabilidades reales que tienen los integrantes de cada partido de financiar su propia asociación política. En adición, el artículo 55 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), vigente desde 2014, indica que: “Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos, serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del veinticinco por ciento” (LGPP, p. 55). Esto quiere decir que, aún habiendo simpatizantes decididos a asumir un costo monetario por apoyar al partido político de su preferencia, la ley contempla, por concepto de deducción fiscal, que una cuarta parte de dicho gasto se pueda deducir de los impuestos que los ciudadanos pagan sobre sus ingresos. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 207 �Aguilar Madrueño, M. Sin embargo, esta deducción fiscal no es progresiva ni redistributiva, por el contrario, genera una situación de desigualdad cuya justificación no es más que legal, en la medida en que aquellos que trabajan en la economía informal y no pagan ISR, costean su aportación partidista a cabalidad, siendo solo aquellos que laboran en el sector formal los candidatos a recuperar veinticinco por ciento de dicha contribución voluntaria. Julia Cagé explica cómo es que estas deducciones fiscales operan en los regímenes de financiamiento privado, particularmente en el caso de Francia, en donde el porcentaje que el Estado costea de las aportaciones a las campañas por concepto de impuestos asciende a casi el 70%. (Cagé, 2020, págs 60-99). De modo que, este mecanismo legal representa una forma más de garantizar que el financiamiento de los partidos políticos recaiga, en última instancia, sobre el erario público y no sobre los recursos personales de sus miembros y simpatizantes, preservando así una lógica de subsidio estatal encubierto bajo la apariencia de aportaciones privadas. Ausencia de control ciudadano directo sobre las aportaciones electorales y partidistas Actualmente, la ley electoral no permite un control ciudadano directo (lo cual no es lo mismo que desregulado) del presupuesto electoral, en tanto priva a la ciudadanía de la posibilidad real, en principio, de financiar o no a los partidos y candidatos; elegir a quiénes de ellos quiere financiar; determinar el objeto y el lapso de tiempo para el que serán empleados dichos recursos; así como el monto que quiere destinar para dicho fin. No permite a la ciudadanía aportar y disponer directamente de los recursos para financiar las campañas y, por lo tanto, de reservarlos a discreción, ya que éstas son costeadas anualmente, no obstante que son repartidas cada tres años de un total que se extrae de la aportación impositiva mensual de todos los ciudadanos, y se calcula con base en el 65% del salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México, multiplicado por el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, es decir, un cálculo cuantitativamente desproporcionado, en tanto carece de todo criterio cualitativo de justicia que lo sustente. Abstencionismo electoral Otra hipótesis aquí manejada, es que las candidaturas partidistas han dejado de ser de interés público en la medida en que los partidos políticos operan cada vez con mayor independencia de la ciudadanía, a saber, en tanto la ausencia de control directo de ésta sobre el subsidio del que aquellos se favorecen, no los condiciona a mantener niveles mínimos de calidad política. Si bien cada votante tiene la posibilidad de determinar qué sentido quiere darle a su sufragio, carece completamente del poder para decidir a qué opciones habrá de asignársele el financiamiento que él mismo aporta por medio de sus impuestos, así como de hacer efectiva una indefectible rendición de cuentas, ya sea manteniendo o retirando su apoyo monetario en un futuro, gracias a lo cual obligue a los partidos a mejorar la calidad de sus candidaturas, sus programas y sus propuestas para que sean realmente representativos de la voluntad ciudadana. 208 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Una propuesta de financiamiento mixto para el régimen electoral y de partidos en México Es muy probable que el bajo nivel de las alternativas políticas sea una de las principales razones que puedan explicar la tendencia a la alza del abstencionismo electoral, el cual alcanzó el 36.58% en las elecciones presidenciales de 2018, traducido en 33,721,004 millones de potenciales votantes. Mientras que en 2024, con un total de 9,139,969 de ciudadanos más inscritos en la lista nominal, la votación alcanzó apenas el 60%. Eso sin contar, desde luego, que el 2.3% de la participación, es decir 1,342,751 de votos, fueron nulos (INE, 2024). Topes de campaña cada vez mayores Otro efecto del financiamiento público desregulado, es decir, del hecho de que no se encuentre asentado sobre una base de reparto político justo, es que el tope presupuestario de las campañas ha ido en aumento. En las elecciones presidenciales del año pasado, por ejemplo, el límite de gasto autorizado para cada candidatura ascendió a aproximadamente 660 millones de pesos, una cifra notablemente superior a la establecida en 2018, cuando el tope se fijó en 430 millones. En aquella elección, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade fueron los aspirantes que realizaron los mayores desembolsos, ambos superando los 300 millones de pesos. No solo son límites que, para ser rebasados, requieren de un ejercicio desmesurado del presupuesto, sino que hacen que la noción de costo se pierda por completo, que el ejercicio de ese presupuesto no esté acotado dentro de una esfera limitada de acción y de maniobra, de modo que el empleo de los recursos sea verdaderamente prudente y responsable, al mismo tiempo que es vinculado a un mecanismo efectivo de rendición de cuentas. A la par, los candidatos recurren a otras formas de financiamiento que no siempre terminan por fiscalizarse y pasar por filtros legales; entre ellas, actos de proselitismo fuera de campaña que ocupan dinero del erario, o que pasan de éste a las arcas del partido político en cuestión. Tan solo en 2018 la suma de dinero no reportada en las elecciones ascendió a 117 mil millones de pesos (Paredes, 2019). Esto refuta el argumento según el cual, de no financiarse con recursos públicos, los partidos políticos incurrirían en la posibilidad de recibir dinero ilegal, principalmente el proveniente de actividades delictivas; o, en su defecto, que el dinero privado, que en última instancia remite a intereses privados, se apodere de las campañas electorales. No es difícil deducir que el dinero no reportado responde, en la mayoría de los casos, a algunode estos dos supuestos. De modo que el debate debe centrarse en una base distinta de regulación y fiscalización del financiamiento acorde con los principios políticos del acta constitucional de 1917, y no en una falsa dicotomía purista e irreconciliable entre ambos modelos, público y privado. Violación reiterada de la ley El modelo actual de financiamiento público ha incentivado a que los partidos políticos a operen bajo una lógica de ganancia económica a cualquier costo, incluso si eso implica violar la ley, la cual no es consecuente con castigos contundentes que logren disuadir estas prácticas reiterativas. Esto se explica debido al conflicto de intereses que encarnan las bancadas del Congreso y el INE, en tanto que el instituto depende de aquellas en cuanto a los nombramientos y el dinero se refiere (Marcos, 2013, p. 10). Por el contrario, las multas y sanciones, al ser en muchos casos de tipo económico y no político, así como Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 209 �Aguilar Madrueño, M. menores a la ganancia que los partidos obtienen por mantener su registro o ganar las elecciones, termina por ser una apuesta de inversión ganadora. Al respecto, en 2015 el ex consejero del INE, José Woldenberg, esgrimió una defensa en contra de cancelar el registro al Partido Verde Ecologista de México por violar de manera reiterada la ley. Su argumento principal apuntaba a que era por medio de las urnas que la ciudadanía debía “quitarle” el registro. De esta manera, los 2.2 y 2 millones que obtuvo el PVEM en 2009 y 2012 respectivamente, es decir, el 6.52 y 4.06 por ciento de la votación total, eran razones suficientes, según Woldenberg, para sostener que hubo un respaldo por parte de la ciudadanía a dicho partido (Woldenberg, 2015). Sin embargo, lo que omite decir el exconsejero del ahora INE, es que los votos que él aduce que deben ser la razón para hacer valer el registro del PVEM, son los mismos que el partido obtuvo violando la ley. Por otro lado, el argumento de Woldenberg parte de la premisa de que cada voto emitido en favor de uno u otro partido es un voto libre y razonado. Sin embargo, el voto en México, debido a la extrema desigualdad social que existe, es, antes que libre y razonado, coaccionado mediante distintas prácticas clientelares, de las cuales el mismo partido en cuestión no ha estado exento. Corrupción del principio del gobierno por turnos El financiamiento público desregulado rompe con el principio del gobierno por turnos, el cual es, “según las reglas de la ciencia política”, cuando “los ciudadanos gobiernan y son gobernados a su vez”, ya que “la idea de un Estado constitucional implica que la naturaleza de los ciudadanos es igual y no difiere en nada” (Aristóteles, 1984c, I, 1, 1252a15; VI, 2, 1317b2 y ss.). Es decir, este exceso merma la posibilidad de que la mayor cantidad de ciudadanos puedan participar de los escaños públicos y rotarse en ellos, en tanto dicha participación se corrompe en una lucha partidista encarnizada por el botín de dinero y por mantener el poder conquistado. Aristóteles explica la función del gobierno por turnos de la siguiente manera: Por eso también en las magistraturas políticas, cuando la ciudad está constituida sobre la igualdad y semejanza de los ciudadanos, se considera justo que estos ejerzan la autoridad por turno. En una época anterior, juzgaban digno cumplir un servicio público turnándose, como es natural, y que otro, a su vez, velara por su interés, como antes él, cuando gobernaba miraba por el interés de aquél. Pero hoy en día, por la ventaja que se obtiene de los ingresos públicos y del cargo, los hombres quieren mandar continuamente, como si el poder procurase siempre la salud a los gobernantes en estado enfermizo. En esas circunstancias, sin duda perseguirían los cargos. Es evidente, pues, que todos los regímenes que tienen como objetivo el bien común son rectos, según la justicia absoluta (es decir, equitativa o proporcional); en cambio, los que sólo tienen en cuenta el interés de los gobernantes son todas formas defectuosas y pervertidas, porque son despóticas, mientras que un Estado es una comunidad de hombres libres (Aristóteles, 1984c, III, 6, 1279a10 y ss.). Vivir de la política y no para la política Cuando la participación en la política se ve condicionada a darse a cambio de cuantiosas sumas de dinero, pasa de ser un servicio público incondicionado y desinteresado al país, a una forma de remuneración y 210 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Una propuesta de financiamiento mixto para el régimen electoral y de partidos en México beneficio personal, en donde dinero y poder se convierten en un fin en sí mismos, o en medios destinados para proveerse exclusivamente del otro medio. La raíz etimológica de la palabra servicio apunta tanto a desempeñar un cargo, como a vigilar y salvaguardar aquello en que se asiste, que, en este caso, como comenta Aristóteles en la cita anterior, no es otra cosa que velar por el beneficio de aquel que previamente ha velado por el mío, de modo que no existe una diferencia o conflicto entre sus intereses y los míos. Reforzamiento de la desigualdad social De acuerdo con la última medición de pobreza realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2022, 46.8 millones de personas se encontraban en situación de pobreza multidimensional, mientras que 9.1 millones lo estaban en situación de extrema pobreza. En el caso de la pobreza multidimensional, se consideran carencias sociales el rezago educativo, el acceso a servicios de salud, el acceso a seguridad social, la calidad y espacio de la vivienda, el acceso a servicios básicos en la vivienda y el acceso a la alimentación. Una persona en situación de pobreza, es aquella que tiene al menos una carencia social y su ingreso mensual es menor al costo de las necesidades básicas, es decir, menor a la Línea de Pobreza por Ingresos, que en 2023 se calculó en $3,139.08 para zonas rurales y $4,337.50 en zonas urbanas (CONEVAL, 2023a; CONEVAL, 2023b). Por su parte, anexa a la población en situación de pobreza, se encuentra la población vulnerable, que el mismo CONEVAL define como personas que “pequeñas disminuciones en su ingreso pueden provocar que caigan en pobreza” (CONEVAL, 2023a). En otras palabras, esto supone una población que no termina de salir de la pobreza y de consolidarse como clase media. Esto implica que los cálculos sobre el porcentaje que abarca actualmente la clase media sean conservadores y poco alentadores. No obstante, la metodología empleada por el CONEVAL para definir y medir la pobreza, de orientación predominantemente economicista, puede resultar limitada en tanto tiende a subestimar la situación de amplios sectores de la población que, si bien logran cubrir sus necesidades básicas de subsistencia, no cuentan con la capacidad real de ejercer una disposición libre de sus ingresos, ni de generar un patrimonio que les permita cierta holgura financiera. Esta condición restringe, a su vez, su acceso al tiempo libre y a formas efectivas de participación política. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley General de Partidos Políticos, para que una organización de ciudadanos pueda ser reconocida como partido político nacional, debe contar, entre otras cosas, con 3000 afiliados en 20 entidades federativas o 300 afiliados en 200 distritos electorales, mientras que el número de sus afiliados debe rebasar el 0.26% de la lista nominal de la elección federal anterior. Dicha capacidad de convocatoria, que ronda actualmente más del cuarto de millón de ciudadanos, es una proeza imposible para más de la mitad de los mexicanos, es decir, todos aquellos que se encuentran en situación de pobreza y de vulnerabilidad, que no tienen los recursos y el tiempo libre para dedicarse a ello. Más aún, por sus dimensiones, resulta inalcanzable para cualquier ciudadano que no disponga de un apoyo político, legal y financiero como el que ya gozan de tener los partidos políticos año con año. En consecuencia, el filtro legal para ingresar y conservar el registro de un partido se encuentra diseñado de tal modo que resulte inaccesible para el ciudadano común; eso sin contar, desde luego, que Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 211 �Aguilar Madrueño, M. la tarea es exponencialmente más difícil cuando se trata del registro de un candidato independiente, el cual requiere del apoyo del 1% de la lista nominal en 120 días, es decir, un sostén de casi un millón de ciudadanos. Este fenómeno puede interpretarse como un indicio del control gremial que los partidos políticos ejercen actualmente en materia de financiamiento público, cuotas de representación y participación política. En efecto, la legislación vigente parece estar diseñada de manera tal que limita significativamente la competencia y reduce las posibilidades de emergencia de actores externos al régimen de partidos, lo que en la práctica tiende a consolidar una lógica de neocorporativismo partidista. Por su parte, en el viejo corporativismo, los tres sectores, ricos, clase media y pobres, quedaban congregados en corporaciones que, desde la cúspide, estaban sujetos a la dirección del presidente a través del partido oficial. En conformidad con el mismo modelo, el perfil de las candidaturas era de diversa índole: patronal, profesionista, obrero, campesino, etc., esto es, efectivamente “multipartidista”, representando en conjunto y proporcionalmente a todas las partes del Estado. (Marcos, 2013). En este sentido, la transición desde el viejo corporativismo no derivó en una forma más amplia, justa o directa de participación ciudadana, sino en una reconfiguración institucional de carácter igualmente gremial, que concentra y canaliza el financiamiento y la participación política a través de estructuras burocráticas estatales y partidistas. Este nuevo esquema tiende a excluir o limitar la incorporación efectiva de sectores sociales no integrados plenamente en esa lógica, en particular de una clase media con escasa inserción orgánica en los mecanismos tradicionales de mediación política. Es a la luz de este contraste entre el viejo y el nuevo corporativismo, que la reforma electoral de 1977 adquiere cada vez más notoriedad por haber sido una respuesta desacertada a la demanda de participación social que, dicho sea de paso, el viejo régimen corporativista había propiciado por medio de un crecimiento sustantivo de la clase media; y precipitada, en tanto la guerrilla urbana de la década de 1970 suponía un conflicto apremiante, que intentó aplacarse, en principio, por medio de la represión estatal. Fue desacertada, de acuerdo con Patricio Marcos, dado que la incorporación al régimen de la pujante clase media (particularmente de las organizaciones de izquierda que se fueron agrupando en la clandestinidad) por medio de la representación proporcional y de su financiamiento con recursos públicos, terminó por corromperla en una supremacía minoritaria que no es representativa de la ciudadanía y cuya liberalidad se encuentra ahora totalmente socavada. En suma, el arreglo del régimen de partidos ha tendido a oligarquizar la participación, no a democratizarla. Según Patricio Marcos, esta reforma resultó problemática en la medida en que la incorporación institucional de sectores medios y de organizaciones de izquierda (muchas de ellas provenientes de la clandestinidad) a través del régimen de representación proporcional y del financiamiento público, terminó derivando en una lógica de cooptación. Esta lógica habría dado lugar a una élite partidista minoritaria, poco figurativa del conjunto de la ciudadanía y desvinculada de los principios de liberalidad política. Es bajo este arreglo institucional que el régimen de partidos tiende a reproducir dinámicas de oligarquización de la participación, en lugar de abrir espacios reales para su democratización, entendida como una ampliación de la base de ciudadanos realmente elegibles. 212 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Una propuesta de financiamiento mixto para el régimen electoral y de partidos en México No es extraño, entonces, que esto termine por dividir a la ciudadanía en activa y en pasiva, es decir, en aquellos que sí logran ejercer su derecho a asociarse políticamente con miras a poder ser votados y participar de las magistraturas del Estado (Aristóteles, 1984c, III, 1, 1275a18, 1275b19; y VII, 4, 1326b1 y ss.), y quienes únicamente se limitan a votar a éstos, que sí gozan de plenas garantías políticas. Esto quiere decir que la base de financiamiento sobre la cual se postulan los candidatos a puestos de elección pública se mantiene desigual e inaccesible debido a que se asienta sobre la otra desigualdad, de carácter social y preexistente a la competencia electoral. De modo que dicha contienda termina por ser injusta desde su diseño y estructura. Lo es, reiteramos, en tanto parte de una desigualdad social ya existente, a la que refuerza y pronuncia con otra más, ésta legal y de auspicio estatal. Por el contrario, el régimen de partidos debe estar diseñado de modo que la desigualdad social logre amortiguarse, aunque sea temporalmente, en la contienda electoral, de suerte que cada estrato social pueda participar y estar representado políticamente al mismo tiempo que pugna por la desaparición de dicha desigualdad. Presupuestos teóricos del financiamiento mixto La solución al falso dilema entre optar por el financiamiento público o el de índole privada parte de la creación de una forma de financiamiento mixta que contrarreste los excesos de ambos, previamente expuestos. Partiendo de la teoría política clásica, existen tres vías para fusionar las dos formas de financiamiento y hacer de ellas una mixta o republicana, localizada en el justo medio entre los extremos de lo público y lo privado: 1. Combinar el principio (de justicia) de ambos. Aristóteles nos recuerda que en las plutocracias multan a los ricos y no pagan a los pobres, mientras que en las democracias pagan a los pobres pero no a los ricos. Por lo tanto, el tercer principio resultante, el republicano, es aquel en donde se les multa a los ricos por no participar y se les paga a los pobres para que puedan hacer lo propio, de modo que puedan emular la naturaleza de la clase liberal, también conocida como media. 2. El planteamiento de Thomas Porcher (2022, pp. 56-72) y la propuesta de Bruce Ackerman y Anne Alstott (2000, pp. 21-45) coinciden con este tercer principio, en tanto reconocen que la clase rica tiene una deuda estructural con la sociedad debido a que el mercado funciona gracias a instituciones políticas que aseguran propiedad privada, contratos, leyes y estabilidad. Por tanto, deben contribuir financieramente, en razón del beneficio colectivo que reciben, para financiar bienes comunes, incluyendo el ámbito de la participación política; así como ser objeto de ciertas limitaciones ante su capacidad para influir desproporcionadamente en la política. 3. Adoptar el término medio entre ambos. Éste es el caso del voto censitario, particularmente aquel en donde no se exige una renta que sea tan elevada como para no poder ser cubierta, ni tan baja como para descuidar la liberalidad ciudadana. 4. Tomar algo o una parte de ambos principios. El democrático cuando no se pide cualificación de riqueza, el oligárquico cuando sí; el democrático cuando se establece el sorteo, es decir con desprecio por las calificaciones o según un criterio de igualdad cuantitativa, el oligárquico cuando lo es el voto, mediante la elección o por calificaciones. Por ejemplo, designar mediante el azar a los magistrados de un grupo que previamente ha sido seleccionado por el voto, o viceversa (Aristóteles, 1984c, IV, 9, 1294a 35 y ss.). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 213 �Aguilar Madrueño, M. Aplicado al caso en turno, la propuesta actual de financiamiento es del primer tipo, ya que para ser mixta debe encontrarse regulada por una ley que tenga como principio la igualdad proporcional, es decir trato a cada cual según su condición, igual a iguales y desigual a desiguales (Marcos, 2012, p. 299), de suerte que se limite la intromisión de las grandes fortunas en el costeo de las campañas al mismo tiempo que se subvenciona a la clase pobre, incapaz de participar en la elección y designación de las magistraturas por sus propios medios. Además, se trata de un esquema republicano ya que promueve la autosuficiencia presupuestaria y ciudadana de los partidos y las candidaturas, es decir, en tanto incentiva a que quienes disponen libremente de tiempo y de recursos para involucrarse en la política, puedan ocuparlos a voluntad en la participación de los comicios. Esta disposición voluntaria de recursos, tanto materiales como temporales, remite a una noción más amplia de liberalidad como virtud política. La liberalidad es una de las características primordiales de una comunidad política autárquica (del griego politeia, y del latín respublica), en tanto entraña la virtud ciudadana de disponer libremente del dinero, tanto en su adquisición como en su gasto. Aristóteles la ubica, en principio, en la clase media, por encontrarse ésta más cercana al empleo de la razón en el terreno político; en contraste con sus antípodas, la clase pobre y la clase rica, ubicadas en el exceso de la prodigalidad y el defecto de la avaricia, respectivamente (Aristóteles, 1984b, IV, 1, 119b20 y ss; 1984c, IV, 11, 1295a36). ¿Es viable un régimen de financiamiento público por medio de vouchers? Partiendo del proyecto de financiamiento por medio de vouchers (bons pour l’égalité démocratique) de Julia Cagé, en la propuesta presentada aquí, el financiamiento público se limitaría a vouchers con un valor de $100 por ciudadano. La obtención y distribución de estos recursos podría efectuarse, como propone la economista francesa, como parte de un monto que cada ciudadano dispone de una deducción de la declaración anual de sus impuestos, gracias a lo cual se asegura su anonimato en tanto su registro federal de contribuyente no mantiene vinculación alguna con su identidad como votante (Cagé, 2020, págs. XXIII y 276). Este anonimato impedirá, como es sabido, que distintas prácticas clientelares y de coerción influyan en el destino que el ciudadano decida darle libremente a su dinero. Desde luego, requerirá de nuevas tecnologías de seguridad que permitan resguardar esta práctica en su conjunto, así como de una integración gradual de la población económicamente activa al régimen fiscal. Asimismo, como se ha podido entrever, la igualdad de condiciones en el financiamiento público que el régimen de vouchers asegura, le otorga al grueso de la ciudadanía el poder para incidir en la elección de los candidatos que habrán de contender; o, dicho de otra manera, que éstos, para lograr subsistir, tengan que valerse de una verdadera base popular. Entre otras cosas, esto permitiría distinguir a una candidatura que represente un movimiento social ascendente y horizontal, de un partido que si bien ha logrado institucionalizarse en el pasado, su razón de ser se ha degradado al mantenimiento de su registro para seguir siendo beneficiado por el régimen de reparto de recursos que prevalece actualmente. Dicho escuetamente, obligaría a las candidaturas a esforzarse y reinventarse para obtener el apoyo de la población. 214 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Una propuesta de financiamiento mixto para el régimen electoral y de partidos en México Por lo tanto, el reparto de recursos se dará a partir de un juego de suma cero, en donde los partidos y los candidatos que deseen optar por financiamiento público, tendrán que competir por el total de vouchers que se encontrarán en posesión de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. En este sentido, una implicación importante que tendría esta reforma y que hay que subrayar, es la del cese de la modalidad de financiamiento público permanente a los partidos políticos, la cual se encuentra dirigida, en primer lugar, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de emitir el presupuesto de egresos de la federación; en segundo lugar, por la Cámara de Diputados, encargada de aprobarlo; y finalmente, por el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo responsable de distribuir los montos asignados a cada partido. Es más plausible, política y económicamente hablando, que las contribuciones ciudadanas en forma de vouchers que permiten este control financiero, se den cada tres años, previo a las elecciones locales y federales, ya que no hay una justificación política racional que valga para sostener anualmente, con recursos públicos, a los partidos políticos, esto es, para hacer del subsidio algo permanente. De esta manera, podrá reducirse la burocracia partidista, que consume miles de millones del erario. Mientras que los gastos del partido quedarán en manos del financiamiento privado, el cual sí podrá ejercerse y emplearse año con año. Por consiguiente, un uso prudente de los recursos públicos implica sujetar el gasto anual de los partidos a la capacidad que ellos mismos tienen de generar sus ingresos continuamente. De igual manera, esta restricción permite dar cuenta de que el exceso de presupuesto público partidista, del que gozan actualmente los partidos, produce un exceso de ocio, puesto que cuanto mayor es el financiamiento a cargo del Estado, mayor es el tiempo libre del que disponen los beneficiados. Por lo que reducir el presupuesto permite, simultáneamente, limitar la participación política a su justa dimensión, así como resignificar el valor político del tiempo libre. Aristóteles documenta y explica magistralmente esto con el caso de las democracias extremas, aquellas en donde “el pueblo mismo siempre se reúne y delibera sobre todo. Este es el caso cuando los miembros de la asamblea (los pobres) reciben una paga abundante; porque no tienen nada que hacer y siempre están celebrando asambleas y decidiendo todo por sí mismos” (Aristóteles, 1984c, V, 15, 1300a1-5). En el régimen político mexicano, esto también es notorio en la sobreproductividad legislativa que, lejos de verse reflejada en leyes de mayor calidad, que verdaderamente salvaguarden los principios de la Constitución, refuerza un régimen que premia la producción de leyes per se, como si se tratase de una actividad industrial. Por otro lado, no hay que dejar de recalcar que los vouchers no serán otorgados incondicionalmente, más bien se establecerían según la intención y la intensidad de la participación de los mismos candidatos, afiliados y simpatizantes de los partidos para mantener su organización y darle una dimensión social de cara a cada votación. Esto es, como parte de un recurso que puede disponerse o no de la misma deducción de impuestos, según la voluntad política de la ciudadanía. Esto también tendría implicaciones para los límites del financiamiento privado, que dejaría de establecerse sobre una base porcentual, que actualmente se define sobre los montos y límites disponibles para financiamiento público permanente y de campaña. En definitiva, al eliminar el subsidio permanente, los esfuerzos políticos de los partidos por conseguir y mantener el financiamiento de su propio bolsillo, Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 215 �Aguilar Madrueño, M. tendrán que intensificarse sin caer en el extremo de la sobreactividad partidista que propicia dicho subsidio, la cual se puede atestiguar antes de cada votación, en las precampañas y en las campañas, o incluso en las campañas permanentes, de una elección a otra; como tampoco en la ausencia total de implicación social de los partidos. El escenario más optimista que ofrece este nuevo régimen de vouchers, es aquel en donde se contempla una participación del total de la lista nominal del electorado mexicano, que actualmente es de 98,871,205 de ciudadanos, lo cual se traduce en $9,887,120,500, un presupuesto tres veces mayor al gasto total de campaña de los siete partidos políticos registrados para la contienda electoral de 2024, el cual fue de $3,304,893,614 (Ver tabla 1). En el escenario más realista, en donde solo la mitad o menos de la lista nominal sea el que participe en el financiamiento ciudadano directo (ciertamente más cercano a los resultados de las últimas elecciones), la cifra se reduce a $4,943,560,250, un monto todavía mayor a los gastos de campaña de los partidos para el año en curso. Tabla 1. Rubros de finanmiento público federal. Rubro de financiamiento público federal Monto anual Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes Gastos de campaña para Partidos Políticos Nacionales Gastos de campaña para el conjunto de candidaturas independientes Actividades específicas Franquicias telegráfica Total 6,609,787,227.00 3,304,893,614.00 198,293,617.00 198,293,617.00 264,391,491.00 $10,575,659,566.00 Fuente: Elaborada con información extraída del Diario Oficial de la Federación (2023). En este sentido, la existencia de numerosos casos, millones probablemente, que se reserven el derecho a emitir su voucher, será una forma más de mostrar el desacuerdo con este nuevo régimen o con el abanico de opciones que pretenden encaminarse hacia las urnas. En su conjunto, esto significa que, a diferencia del criterio de cálculo y asignación de recursos del viejo régimen, carente de racionalidad política, la propuesta presente ofrece un criterio de justicia proporcional que permite hacer armoniosa la composición de las partes del Estado, de la cual depende, a su vez, la disminución de la desigualdad social. Otra ventaja del régimen de vouchers es que no exige cualificación partidista, de poder o de riqueza para obtener el financiamiento, de modo que la base de votación elegible se amplía más allá del gremio de partido, o lo que es lo mismo, la votación se democratiza en tanto que los criterios de elegibilidad se relajan. Al mismo tiempo, para asegurar la rotación de las candidaturas y los cargos, las postulaciones y, por ende, el derecho a financiamiento ciudadano, se restringirían a una periodicidad de cada tres elecciones, es decir, nueve años. En este nuevo modelo, el cual busca reformar el corporativismo partidista vigente, tendría sentido emplear la representación proporcional siempre y cuando al menos la mitad de las listas, como sugiere Julia Cagé, esté representada por “trabajadores manuales y oficinistas”, es decir, una presencia predominante de clase pobre y clase media que haga justicia a la desigualdad social existente (Cagé, 2020, págs. XIII y 16.). 216 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Una propuesta de financiamiento mixto para el régimen electoral y de partidos en México Concretamente, Cagé opta por componer una “asamblea mixta”, que no es otra cosa que lo que remotamente ya había hecho Clístenes en Atenas, hace más de 2500 años, con la implementación de un nueva configuración de régimen de tipo republicano, en donde el modelo de los demos sustituía al tribal (Aristóteles, 1984a, 21 y ss.). En todo caso, si bien se debe ampliar la participación de los pobres, siempre debe ser con miras a que éstos pasen a convertirse en clase media, es decir, a que ésta sea preponderante y, por lo tanto, dé pie a un régimen republicano, en donde las partes logran establecer una comunidad política en la medida en que son iguales en libertad, lo cual no es posible ahí donde la desigualdad genera antagonismo entre ricos y pobres. El carácter medio o mesocrático de la república se encuentra mejor dispuesto hacia la virtud (y, por lo tanto, al gobierno y la justicia) por prescindir de los excesos propios de ricos y pobres, extremos que se traducen en constantes sediciones y discordias entre ciudadanos. Más aún, ambas clases, la opulenta y la menesterosa, “no encontrarán otro régimen más favorable a los intereses comunes que éste, pues no soportarían gobernar por turnos a causa de la mutua desconfianza” (Aristóteles,1984c. IV, 11, 1295a 25 y ss; 12, 1297a 2 y ss.). Es importante considerar las dificultades que un régimen de clase media trae consigo para el caso mexicano, en donde la clase pobre, pese a las cifras por demás optimistas, no cesa en su tendencia de ser abrumadoramente mayoritaria. Para evitar la multiplicación interminable de las candidaturas, uno de los posibles defectos de un régimen puramente democrático, es necesario introducir éste otro elemento, de tipo oligárquico, es decir, restrictivo a ciertas cualificaciones, de modo que la mixtura resulte en una institución republicana: “sólo aquellos que reciban un número suficiente de vales… tendrían realmente derecho a beneficiarse de ellos” (Cagé, 2020, p. XXVIII). Para el caso francés, Cagé propone que sea el 5% del total, porcentaje que bien podría homologarse al caso mexicano con una cifra no muy diferente. Es importante considerar la posibilidad, como lo hace Cagé, de que los bonos restantes se asignen "de acuerdo con las preferencias generales expresadas por los ciudadanos” (Cagé, 2020, p. XXVIII). No es un asunto menor, ya que esto supone, en principio, que los vouchers que resulten en apoyo de opciones minoritarias se reciclen en favor de las mayoritarias. Sin embargo, es importante evitar que esta medida entre en conflicto con la voluntad de aquellos ciudadanos que hayan decidido no emplear su voucher en absoluto o según alguna de las candidaturas hegemónicas. La manera más sensata de salvaguardar la voluntad de estos ciudadanos, es abrir la posibilidad de emitir nuevamente su voucher en favor de alguna de las tendencias predominantes, una suerte de segunda vuelta de financiamiento público por concepto de reembolso. De modo que al mismo tiempo que se respeta el abstencionismo y la existencia de preferencias minoritarias, se permite la formación de mayorías que, de manera efectiva, puedan competir a gran escala al mismo tiempo que son representativas. A lo sumo, la escasez de recursos monetarios obtenidos por una parte o el total de las candidaturas, sería también una manifestación de la libertad ciudadana, que pone de manifiesto la resistencia a que los recursos públicos sean mal empleados o viciados. Por lo pronto, la opción que la economista francesa plantea, resulta más viable para el caso de los vouchers no emitidos, para lo cual sería necesario diferenciarlos previamente en dos categorías: los que han sido anulados voluntariamente y los que recaen en un caso auténtico de indiferencia política. Este mecanismo de reutilización Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 217 �Aguilar Madrueño, M. automática de vouchers, sin intermediación de la ciudadanía, podría aplicarse a estos últimos, tanto a la elección en turno, para favorecer a las dos o tres opciones mayoritarias, como para economizar el gasto electoral en las elecciones locales. La principal función de esta nueva forma de financiamiento, de carácter mixto, es hacer que la mayoría ciudadana deje de sufragar a una supremacía partidista minoritaria. Esto quiere decir que la esencia de la propuesta de financiamiento mixto presente no es otra que la de atemperar la tendencia oligárquica del régimen electoral actual de emplear los recursos de todos para el beneficio de unos cuantos, sin caer, por ello, en el otro extremo democrático, en la carencia absoluta de criterios para el reparto de los mismos. Por consiguiente, el financiamiento mixto no apunta a la procedencia del dinero para costear las elecciones, antes bien, concierne a la naturaleza política de las leyes e instituciones que regulan ese financiamiento, o lo que es lo mismo, al tipo de justicia que regula ese reparto de recursos. De ahí que el político y el legislador requieran, como dice Aristóteles, de una facultad experimentada para dar cuenta de lo que está bien o mal dispuesto en las diferentes constituciones políticas, “y qué género de leyes o constituciones sean apropiadas a una situación dada… Pero aquellos que acuden a tales colecciones, sin hábito alguno no pueden formar un buen juicio, a no ser casualmente, si bien pueden adquirir más comprensión de estas materias” (Aristóteles, 1984b y 2014 X, 9, 1181b 1-10). Replantear el financiamiento privado Además de la modalidad pública de vouchers, este régimen mixto, como es de esperarse, incluye donaciones de carácter privado, no obstante que con un serie de particularidades. La primera de ellas se refiere al límite anual de financiamiento por persona. La legislación actual, contemplada en los artículos 53 y 54 de la LGPP, estipula que los límites a las aportaciones de militantes se establecen en función del 2% del presupuesto total asignado para actividades ordinarias y precampañas de los partidos para el año del que se trate; para las aportaciones de candidatos y simpatizantes durante los procesos electorales, no más del 10% del tope de gasto de la elección presidencial inmediata anterior, esto para ser utilizadas en las campañas de sus candidatos; mientras que las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5 % del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior (LGPP, Art. 53 y 54). En total, considerando las subvenciones de 2024 y los porcentajes que admite la ley en cada uno de los incisos previamente citados, tenemos que las aportaciones de procedencia privada, por parte de candidatos, simpatizantes y militantes podrían haber ascendido este año hasta un total de 267,696,381 de pesos anuales por partido. En cada rubro, es decir, en los incisos a, b y d del artículo 54 de la LGPP, las cifras autorizadas serían las siguientes. Del inciso a) $198,293,616; del b) $66,097,872; y del d) $3,304,893. Si a esa cantidad se le resta el porcentaje correspondiente a los simpatizantes, la cantidad es muy similar, de $264,391,488, dividida entre los 2,322,136 militantes de Morena, el partido con mayor militancia entre los siete que figuran actualmente, tenemos que cada militante tendría que aportar un aproximado de $138 para llegar a ese tope. Mientras que en el caso del Partido Acción Nacional (PAN), el de menor número de militantes, con un total de 277,665 miembros, el aporte individual por militante para llegar al tope de financiamiento 218 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Una propuesta de financiamiento mixto para el régimen electoral y de partidos en México privado tendría que ser $952, una cantidad casi siete veces mayor a la de Morena. Un financiamiento similar aplicaría para las organizaciones que desean constituirse en partidos políticos a nivel nacional, que requieren de 257,405 afiliados, es decir, de $1027. De acuerdo con esta primera aproximación, en ninguno de los casos es infundado el hecho que cada militante logre cubrir la cuota anualmente. Por lo tanto, un límite al financiamiento privado de entre entre $1000 y $1500 anuales, no sería inverosímil de costear, en principio, para cada afiliado partidista, menos aún si a éstos se le suman los más cercanos simpatizantes, todos ellos predominantemente clasemedieros. Si estas cifras las multiplicamos nuevamente por los afiliados que se requieren para la constitución de un partido, obtenemos un total de $257,965,000 en el primer caso y $385,597,500 en el segundo. Mientras que en el caso de Morena, el partido que reúne a la mayor cantidad de afiliados, sería de $2,322,136,000 en lo que respecta al primer límite y $3,483,204,000 para el segundo. La más generosa de estas cantidades es de aproximadamente la mitad de la contemplada en el rubro de actividades permanentes para el año en curso (Ver tabla 1). A diferencia del financiamiento público de vouchers, en donde la insignia es la igualdad y el anonimato de los donantes, en el privado se mantendrán los lineamientos de transparencia y regulación fiscal vigentes, imprescindibles para mantener un control sobre las finanzas de los partidos políticos. Asimismo, el 25% de deducción fiscal sobre las donaciones privadas que actualmente permite la legislación electoral, no tiene razón de ser en esta forma mixta, debido a que, paradójicamente, como ya hemos explicado con anterioridad, eso implicaría que el financiamiento privado recaiga en los contribuyentes, es decir, que sea hasta en una cuarta parte de carácter público. Este régimen, como podrá notarse, premia la solidaridad y el sentido colectivo de los afiliados, simpatizantes y candidatos del partido, al mismo tiempo que restringe individualmente sus aportaciones. Obliga a que el financiamiento de cada partido recaiga en su capacidad de convocatoria política y no en cuantiosas donaciones individuales de los agentes más ricos del país, cuyo enorme poder económico lograría desbalancear fácilmente la contienda, así como condicionar la gestión gubernamental del candidato patrocinado. Sin embargo, para los partidos con menor cantidad de afiliados, en donde la cuota monetaria resulta ser mayor, es importante resolver qué tan difícil sería costear el apoyo, considerando que al menos la mitad de la lista nominal, como ya hemos podido indagar, refleja una realidad social en donde es predominante la pobreza. De cualquier manera, el régimen de financiamiento público por medio de vouchers resulta ser un contrapeso idóneo a las trabas que implica desembolsar cantidades mayores del propio bolsillo, en tanto que, si bien se trata de una módica cantidad de $100 por persona, al multiplicarlo por la mitad de la lista nominal, la cual, hemos dicho, entraría en el espectro de la clase menesterosa, asciende a cantidades multimillonarias. De suerte que el elemento oligárquico, presente en el financiamiento privado y proveniente de agentes políticos con mayor capacidad económica, es contrarrestado con el democrático. Cada ciudad, dice Aristóteles, está compuesta de elementos cuantitativos y cualitativos. Por elementos cualitativos se entiende la libertad, la educación, la riqueza y la nobleza. Mientras que por los cuantitativos lo es la superioridad por número (Aristóteles, 1984c, IV, 12, 1296b18 y ss.). Así, superioridad numérica, característica de la democracia, compensa su inferioridad cualitativa (en este caso, en riqueza); y viceversa, la superioridad cualitativa, distintiva de la oligarquía, compensa su inferioridad cuantitativa. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 219 �Aguilar Madrueño, M. Por lo tanto, el financiamiento mixto que se obtiene de ambas fórmulas, logra balancear ambos extremos a partir de un tercer elemento, de tipo mesocrático. Esto es así teniendo en cuenta que donde el número de pobres excede una determinada proporción, naturalmente habrá democracia… Pero donde los ricos y los notables superan en calidad más de lo que se quedan cortos en cantidad, surge la oligarquía… El legislador debe siempre en su régimen hacer un lugar a la clase media: si establece leyes oligárquicas debe poner las miras en la clase media; y si las establece democráticas, debe atraérsela con las leyes. Donde el número de los ciudadanos de clase media es superior a ambos extremos o a uno solo de ellos, allí el régimen puede ser duradero (y es una república) (Aristóteles, 1984c, IV, 12, 1296b25). Subpropuestas finales para reforzar la tesis central de financiamiento Llegado este punto, no podemos dejar de añadir tres subpropuestas que refuerzan el objetivo principal de la mezcla planteada aquí, el cual es atemperar la naturaleza oligárquica del régimen electoral y de partidos actual, que restringe los derechos de participación política, inscritos en la Constitución de 1917, a una élite partidista. La primera de estas propuestas, como se ha señalado previamente, consiste en establecer una cuota mínima del 50 % de participación popular, sobre la base de un régimen de representación proporcional con modalidad de voto único transferible (VUT). Este mecanismo permitiría ampliar el universo de personas elegibles más allá de los partidos políticos, con el objetivo de incrementar tanto la cantidad como la calidad de las candidaturas. Ello se plantea en contraposición al reducido margen de opciones políticas actualmente disponibles, muchas de las cuales carecen de virtudes cívicas o de mérito público. Esta limitación estructural ha inducido, desde hace décadas, a una parte significativa de la ciudadanía a recurrir al llamado voto útil, considerado una estrategia pragmática, aunque limitada desde el ejercicio de la libertad, para evitar el triunfo del candidato percibido como el “menos malo”. En este sentido, cabe resaltar que el régimen de votación proporcional por voto único transferible permite que más de una opción de la lista de candidatos seleccionada por los votantes pueda resultar electa (Ace Project). Ahora bien, es necesario distinguir entre mecanismos que diversifican las opciones electas, como el voto transferible, y aquellos que simplemente amplían el número total de representantes. En el caso mexicano, lo que se observa es una sobrepresentación estructural en ambas cámaras, producto, entre otros factores, del régimen de representación plurinominal. Dicho lo anterior, es compatible que los cargos en ambas cámaras sean elegibles sobre bases más amplias al mismo tiempo que logra erogarse ese exceso de representación, que suma un total de 165 representantes más que en el caso de un país como Estados Unidos, que cuenta con un aproximado de 206 millones más de habitantes. Desde luego, el número de legisladores depende del tipo de régimen, el cual es de naturaleza oligárquica en el caso estadounidense, mientras que en el mexicano si bien es presidido monárquicamente, su constitución y administración como régimen depende del principio republicano de la clase libre (Marcos, 2015, p. 24). En todo caso, los 700 representantes que suman ambas cámaras siguen siendo un despropósito político con implicaciones millonarias para el erario. Por su parte, la segunda estriba en retomar la dimensión social de las elecciones, eliminando los requerimientos partidistas de registro y financiamiento que refuerzan el principio oligárquico del voto, 220 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Una propuesta de financiamiento mixto para el régimen electoral y de partidos en México ya que si bien las masas tienen acceso a manifestar sus preferencias en las urnas, no disfrutan del mismo derecho en lo referente a determinar quién puede ser votado y, por lo tanto, financiado, lo cual incluye, lógicamente, la poca o nula posibilidad de participar en las elecciones internas de los partidos, que emplean métodos poco claros y restrictivos para la mayoría de la población. Este señalamiento encuentra eco en una distinción fundamental hecha por Aristóteles: “El nombramiento de magistrados por sorteo es democrático y su elección oligárquica; democrática a su vez cuando no hay requisitos de propiedad, oligárquica cuando los hay.” Desde esta perspectiva, el voto implica elección, lo cual es antagónico al criterio democrático de igualdad cuantitativa que subyace tras el sorteo, según el cual todos tienen las mismas posibilidades de ser electos. En el sufragio se encuentra implícita la posibilidad de votar y ser votado por razones que rompen y rebasan esa igualdad numérica, en donde cada ciudadano vale no más que una unidad, tales como la virtud, la riqueza, la popularidad, la educación, la estirpe, la belleza e, incluso, como lo atestigua el propio Aristóteles con el caso de un pueblo de Etiopía, la altura (Aristóteles, 1984c, IV, 9, 1294b7; y 4, 1290b5). Al respecto, es significativo el caso del expresidente Enrique Peña Nieto, cuya campaña se centró en gran medida en la proyección de una imagen cuidadosamente construida por la principal televisora del país, destacando atributos visuales y de celebridad, incluyendo su matrimonio con una reconocida actriz de telenovelas, Angélica Rivera, lo cual refuerza la observación aristotélica sobre los criterios que pueden influir en la elección de representantes. Finalmente, la tercera apunta a terminar con el conflicto de intereses que encarna actualmente el INE, el cual consiste en que el nombramiento de sus consejeros y la asignación de presupuesto depende del mismo gremio partidista al que le corresponde vigilar y, en su caso, sancionar en el ámbito electoral, hecho que ha frenado al organismo autónomo en múltiples ocasiones para proceder con autoridad contra transgresiones legales que han ameritado la cancelación del registro de más de un partido político (Marcos, 2013, p. 10). Una propuesta interesante, mencionada por el politólogo y analista Alfredo Jalife en distintos foros públicos, sugiere trasladar la organización de los procesos electorales a las universidades públicas de los estados de la federación. Esta medida podría generar beneficios adicionales en el ámbito educativo, en tanto que el presupuesto electoral, una vez concluidos los comicios, podría destinarse parcialmente al fortalecimiento de la infraestructura universitaria. Aunque dicha propuesta aún no ha sido sistematizada en términos técnicos o jurídicos, ofrece una vía para repensar el papel de las instituciones públicas que organizan las elecciones. Asimismo, en esta forma de organización se nombraría a los consejeros electorales a partir de un sorteo celebrado sobre una base nacional de especialistas, académicos e investigadores; mientras que el personal administrativo requerido para celebrar los comicios, sería convocado por medio de una plataforma académica en la que, una vez nombrado por sorteo, cualquier ciudadano podrá capacitarse y adquirir experiencia para brindar un servicio a su país. Desde luego, además de romper con el conflicto de interés, esta modalidad ampliaría la base ciudadana de las autoridades y los organismos encargados de regular las elecciones. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 221 �Aguilar Madrueño, M. 3. MÉTODO Diseño El diseño de esta investigación es de carácter cualitativo, no experimental y de tipo teórico-descriptivo, con un enfoque normativo-comparativo. La investigación se basa en el estudio crítico de fuentes normativas, teóricas y empíricas secundarias para formular una propuesta de reforma institucional en materia de financiamiento político en México. Su propósito no es probar hipótesis mediante técnicas estadísticas o experimentales, sino analizar la configuración institucional actual y formular normativas alternas, sustentadas en principios de justicia y participación política. La estrategia metodológica responde a un enfoque hermenéutico, centrado en la interpretación crítica de textos jurídicos y políticos, así como en el análisis de modelos comparados de financiamiento electoral, principalmente el caso francés explorado por Julia Cagé. En este punto, se considera también una dimensión analítico-comparativa para establecer contrastes y analogías entre el régimen mexicano y dichos modelos, con miras a evaluar la viabilidad y pertinencia de una reforma institucional que implemente un modelo de financiamiento mixto. Participantes La investigación se desarrolla a partir de un enfoque hermenéutico y normativo, basado en el análisis documental. Se sustenta en fuentes primarias y secundarias, como informes emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), marcos legales nacionales (como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos), así como diagnósticos elaborados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Además, se incorporan aportaciones teóricas de pensadores políticos clásicos y contemporáneos, entre ellos Aristóteles, Maquiavelo, Julia Cagé, Patricio Marcos y Bruce Ackerman, para enriquecer el análisis y fundamentar las propuestas de rediseño institucional en materia de financiamiento político. Instrumentos Los instrumentos metodológicos empleados fueron de carácter documental y analítico. Para el análisis comparativo, se utilizó una estructura de variables clave que, al funcionar como una matriz conceptual, permitió contrastar de manera sistemática el régimen mexicano de financiamiento electoral con el modelo francés basado en vouchers propuesto por Julia Cagé. Las variables consideradas incluyeron: fuente del financiamiento, mecanismo de distribución, nivel de participación ciudadana, mecanismos institucionales, criterios de elegibilidad y efectos en el ejercicio pleno de los derechos políticos. Asimismo, se construyó un marco teórico sustentado en la teoría política clásica y contemporánea, complementado con el análisis normativo de fuentes primarias como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y diversas reformas electorales. También se emplearon datos cuantitativos secundarios, como cifras presupuestarias, estadísticas de la lista nominal, niveles de abstencionismo y mediciones oficiales de pobreza; todas ellos con fines exclusivamente ilustrativos y proyectivos, sin pretensiones inferenciales. 222 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Una propuesta de financiamiento mixto para el régimen electoral y de partidos en México Procedimientos El procedimiento metodológico se desarrolló en cuatro etapas: 1. Diagnóstico normativo-histórico del régimen electoral mexicano, con especial atención a las reformas de 1977, 1987, 1996 y 2014, y a la evolución del financiamiento público a los partidos políticos. Este diagnóstico permitió identificar los rasgos oligárquicos del régimen actual, así como los principales problemas asociados: gasto desproporcionado, escasa regulación ciudadana, clientelismo electoral y exclusión social. 2. Revisión teórica del concepto de justicia política en el financiamiento electoral, a partir del pensamiento de Aristóteles y su noción de régimen mixto o republicano. En esta etapa se fundamentó la necesidad de una reforma que incorpore principios de igualdad proporcional, liberalidad ciudadana y rotación del poder político. 3. Análisis comparado del modelo francés de financiamiento electoral mediante vouchers ciudadanos, formulado por Julia Cagé, y su viabilidad de implementación en el contexto mexicano. Este análisis incluyó estimaciones presupuestarias y proyecciones de participación ciudadana con base en la lista nominal y el nivel histórico de abstencionismo. 4. Diseño normativo de una propuesta de financiamiento mixto, que integra mecanismos de regulación ciudadana, limitación del financiamiento privado, eliminación del subsidio público permanente y redistribución del poder electoral mediante la introducción de un régimen republicano basado en la igualdad proporcional. 4. RESULTADOS Los hallazgos de esta investigación pueden organizarse en tres ejes analíticos principales: diagnóstico del modelo actual, viabilidad del modelo mixto y efectos normativos y políticos esperados. 4.1 Diagnóstico del modelo actual de financiamiento electoral El análisis histórico-institucional y normativo muestra que el modelo de financiamiento público predominante en México ha derivado de una serie de contrarreformas que han mermado el carácter republicano de su régimen constitucional. Entre los principales efectos identificados se encuentran: a) el uso desproporcionado de recursos públicos sin mecanismos eficaces de regulación ciudadana; b) la creación de incentivos para la reproducción burocrática y clientelar de los partidos; c) el debilitamiento de la autoridad del régimen político, al estar desvinculada de las preferencias y demandas reales de la ciudadanía, y d) el reforzamiento de la desigualdad política y social al excluir, de facto, a los sectores más desfavorecidos del acceso a la contienda electoral. Asimismo, se constata que la ausencia de una base normativa cualitativa de carácter republicano en dichas contrarreformas, ha favorecido un régimen de clausura política, en donde el financiamiento público opera como subsidio oligárquico en beneficio de una élite partidista, en detrimento de una participación ciudadana equitativa y efectiva. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 223 �Aguilar Madrueño, M. 4.2 Viabilidad del modelo mixto de financiamiento con base en vouchers ciudadanos A partir de una proyección cuantitativa basada en la lista nominal vigente y en los niveles históricos de participación, se demuestra que la introducción de un régimen de financiamiento mixto mediante vouchers ciudadanos, es no solo técnicamente viable, sino potencialmente más eficiente y equitativo que el modelo actual. Se identifican dos escenarios principales: uno optimista, con una participación del 100 % de la lista nominal, que generaría un fondo de aproximadamente 9,800 millones de pesos; y uno realista, con una participación del 50 %, que implicaría un presupuesto superior al total del gasto de campañas de 2024. Además, el análisis muestra que el financiamiento privado limitado, en combinación con el régimen de vouchers, permite la sostenibilidad financiera de los partidos sin comprometer los principios de equidad y transparencia, siempre y cuando se establezcan límites razonables por persona y se eliminen los incentivos regresivos, como las deducciones fiscales generalizadas. 4.3 Efectos normativos y políticos esperados El modelo mixto propuesto tiene como efecto esperado la reconfiguración institucional del régimen de financiamiento electoral con base en principios republicanos, es decir, una combinación equilibrada entre los principios público y privado de financiamiento, o lo que es lo mismo, democrático y oligárquico. Entre los beneficios identificados se destacan: • • • • • El fortalecimiento de la autonomía ciudadana en la asignación de recursos electorales. La desactivación de mecanismos de reproducción oligárquica en el régimen de partidos. El incentivo a una mayor rotación de cargos y ampliación del universo de elegibles. La reducción del gasto público recurrente en la burocracia partidista. La revalorización del voto como acto deliberativo vinculado a un modo de vida ciudadano activo. En conjunto, estos elementos constituyen una base normativa sólida para una reforma políticoelectoral en tanto parten de criterios que obedecen al principio de justicia republicano característico de la Constitución política de 1917. 5. CONCLUSIONES Los resultados obtenidos permiten concluir que el actual régimen de financiamiento público electoral en México, basado en subsidios anuales no condicionados a los partidos políticos, ha derivado en una forma de integración social políticamente limitada y socialmente regresiva. El diagnóstico evidencia que, en su configuración actual, el régimen tiende a reproducir una lógica de exclusión estructural que restringe el ejercicio del derecho a ser votado y perpetúa un modelo de competencia desequilibrada e intraoligárquica. 224 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �Una propuesta de financiamiento mixto para el régimen electoral y de partidos en México La propuesta normativa de financiamiento mixto, sustentada en principios republicanos de igualdad proporcional y liberalidad ciudadana, ofrece una alternativa viable y deseable para rediseñar el vínculo entre ciudadanía, integración política y financiamiento público. Su eje rector es la articulación de un mecanismo que permita a los ciudadanos decidir a qué actores y proyectos políticos desean financiar, con base en la asignación, entre otras herramientas, de un voucher electoral, lo cual genera incentivos para la responsabilidad programática y la transparencia de los recursos empleados. Desde una perspectiva comparada, el modelo francés de financiamiento por bonos ciudadanos (vouchers), adaptado al contexto mexicano, permite preservar el principio de equidad sin caer en la gratuidad incondicional de los recursos públicos, al tiempo que democratiza el acceso a la contienda electoral. Asimismo, la racionalización del financiamiento no permanente, la supresión de privilegios fiscales regresivos y la limitación de las grandes aportaciones privadas constituyen pilares de un régimen más justo y prudente. En suma, la investigación sugiere que un rediseño institucional en clave republicana es posible si se reconfiguran las reglas de distribución del financiamiento electoral y de partidos con base en principios de justicia política que implican una participación ciudadana efectiva y más acorde al acta constitucional mexicana desde la deliberación y regulación sobre los recursos financieros en cuestión. De ahí que la adopción del modelo mixto propuesto haga posible la reducción de las desigualdades estructurales al momento de acceder libremente a la posibilidad de votar y ser votado, restituyendo con ello la credibilidad de los procesos electorales, al mismo tiempo que se fortalece la cohesión ciudadana como un elemento central al momento de constituir el régimen político mexicano. REFERENCIAS Aristóteles. (1984). Constitution of Athens. En J. Barnes (Ed.), The complete works of Aristotle (Vols. 1 & 2, traducción de F. G. Kenyon). Princeton University Press. Ackerman, B. A., & Alstott, A. (2000). The stakeholder society. Yale University Press. Aristóteles. (1984). Nicomachean Ethics (Traducción de W. D. Ross, rev. J. O. Urmson). En J. Barnes (Ed.), The complete works of Aristotle (Vols. 1 & 2). Princeton University Press. Aristóteles. (1984). Politics (Traducción de B. Jowett). En J. Barnes (Ed.), The complete works of Aristotle (Vols. 1 & 2). Princeton University Press. Aristóteles. (1988). Política (Trad. M. García Valdés). Gredos. Aristóteles. (2014). Ética nicomáquea (Trad. J. Pallí Bonet). Gredos. Bonet, E. (2017, 25 de octubre). Macron, el presidente del 1% más rico. Contexto y Acción. https://ctxt.es/es/20171025/Politica/15777/Macron-Francia-politica-economica-ricos.htm Cagé, J. (2020). The price of democracy: How money shapes politics and what to do about it. Harvard University Press. CONEVAL. (2023a, 10 de agosto). El CONEVAL presenta las estimaciones de pobreza multidimensional 2022 (Comunicado de prensa). https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2023/Comunicado_0 7_Medicion_Pobreza_2022.pdf CONEVAL. (2023b). ¿Qué son las líneas de pobreza por ingresos y pobreza extrema por ingresos? https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Lineas_de_Pobreza_por_Ingresos/Lineas_d e_Pobreza_por_Ingresos.pdf Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ 225 �Aguilar Madrueño, M. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf Diario Oficial de la Federación. (2023). Acuerdo del Consejo General del INE sobre financiamiento público de los partidos políticos 2024. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5708928 Ducoudré, B., Madec, P., Plane, M., & Sampognaro, R. (2020). Budget 2020: du pouvoir d'achat au travail (Policy brief No. 64). OFCE. https://www.ofce.sciencespo.fr/pdf/pbrief/2020/OFCEpbrief64.pdf INE. (2024). Resultados del Proceso Electoral Federal. Instituto Nacional Electoral. https://portal.ine.mx/voto-y-elecciones/ Ley General de Partidos Políticos. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP.pdf Maquiavelo, N. (2019). Discursos (Trad. L. Navarro; notas de M. Saralegui). Gredos. Marcos, P. (2012). Diccionario clásico y literario de la democracia antigua y moderna (Tomo 2). Porrúa. Marcos, P. (2013). El nuevo partido oficial y sus sectores: PRI, PAN y PRD. Bancarrota de la representación popular. UNAM. Marcos, P. (2015). Grandeza y decadencia del poder presidencial en México. Bonilla Artigas Editores / Université de Montréal. Paredes, S. (2019, 19 de mayo). Candidatos gastan en campañas 1,400% más de lo que reportan: MCCI. Forbes México. https://www.forbes.com.mx/candidatos-gastan-en-campanas-1400-mas-de-loque-reportan-mcci/ Porcher, T. (2018). Traité d’économie hérétique: En finir avec le discours dominant. Fayard. Red de Conocimientos Electorales. Sistemas Electorales: voto único transferible. ACE Project. https://aceproject.org/main/espanol/es/esf04.htm Tépach, R. (2022). Modelo de financiamiento de los partidos políticos en México y América Latina. Subdirección de Análisis Económico, Cámara de Diputados. https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ASS-15-22.pdf Woldenberg, J. (2015, 23 de abril). La pérdida del registro. Reforma. https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/aplicaciones/editoriales/edito rial.aspx?id=61076 Zagal, H., & Gómez Villanueva, V. (2019). Virtudes. La trama de la felicidad según Aristóteles. Paidós. 226 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 11, Núm. 22, julio - diciembre 2025 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/ �UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Campus Mederos. Praga & Trieste. Col. Residencial Las Torres. CP 64930. Monterrey, -México. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía Tel: (52) - 8183294000Monterrey, México Contacto: revista.politicas@uanl.mx http://revpoliticas.uanl.mx/ � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Política, Globalidad y Ciudadanía Description An account of the resource Política, globalidad y ciudadanía, es una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional en el entorno local, nacional e internacional. Inicia en el 2015 y es publicada semestralmente y se mantiene activa. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Politica, Globalidad y Ciudadanía Año de publicación El año cuando se publico 2025 Volumen Volumen de la revista 11 Número Número de la revista 22 Mes de publicación Mes cuando se publicó Julio-Diciembre Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Semestral Relación OPAC https://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/354/439 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Politica, Globalidad y Ciudadanía, 2025, Vol 11, Num 22, Julio-Diciembre Creator An entity primarily responsible for making the resource Taméz Garza, Gerardo, Director Subject The topic of the resource Ciencias Sociales Ciencias Politicas Sociología Humanidades Description An account of the resource Política, globalidad y ciudadanía, es una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional en el entorno local, nacional e internacional. Inicia en el 2015 y es publicada semestralmente y se mantiene activa. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Del Toro Granados, Marlene, Traducción Silva Zertuche, Nadia Gabriela, Diseño de portada Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2025-07-01 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource txt/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2021518 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa/eng Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant San Nicolás de los Garza, Nuevo León Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Corte constitucional salvadoreña Mujeres indigenas Procesos electorales Voto costarricense Westfaliana