https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/481/22059/Nomos_Procesalismo_Estrategico_2026_Vol_3_No._5_Enero-Junio.pdf c654254b326595e07ca6bb13a4d76bec PDF Text Text Vol. 03, Núm. 05, Enero-Junio 2026 ISSN: 3061-7383 revistanomos.uanl.mx nomos@uanl.mx �Nomos: Procesalismo Estratégico Vol. 3, Núm. 5, Enero-Junio 2026, es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad de Derecho y Criminología. Dirección de la publicación: Av. Universidad s/n Cd. Universitaria C.P. 66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. revistanomos.uanl. mx, nomos@uanl.mx. Editor responsable: Dr. Luis Gerardo Rodríguez Lozano, de la Facultad de Derecho y Criminología. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo núm. 04-2023-122017504900-102 e ISSN 3061-7383, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización: Dr. Paris Alejandro Cabello Tijerina, Facultad de Derecho y Criminología Av. Universidad s/n Cd. Universitaria C.P. 66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. Fecha de la última modificación: 12 de enero de 2026. �Sobre la revista Equipo editorial Nomos: Procesalismo Estrategico Editor en jefe • Dr. Luis Gerardo Rodríguez Lozano (Universidad Autónoma de Nuevo León) Editora asociada • Dra. Alina del Carmen Nettel Barrera. (Universidad Autónoma de Querétaro) Director editorial • Dr. Juan Ángel Salinas Garza (Universidad Autónoma de Nuevo León) Coordinadora editorial • Dr. Francisco de Jesús Cepeda Rincón (Universidad Autónoma de Nuevo León) Coordinadora editorial adjunta • Dra. Mireya García Monroy (Universidad Autónoma de Nuevo León) Coordinador de vinculación • Dr. Alfonso Jaime Martínez Lazcano (Universidad Autónoma de Chiapas) Coordinador de diseño • Dra. Guadalupe Friné Lucho González (Universidad Autónoma de Nuevo León) Es una publicación semestral online, dedicada a difundir investigaciones sobre derecho procesal en perspectiva estratégica, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la cultura del Estado Social y Democrático de Derecho, aportando investigaciones de frontera con una perspectiva plural desde los derechos humanos, derecho procesal, derecho constitucional, derecho administrativo, teoría del derecho y filosofía política, y otras áreas y disciplinas del conocimiento interrelacionadas, para aportar a la divulgación del conocimiento básico y aplicado en un entorno transdisciplinar que nos permita abordar el litigio procesal de forma estratégica desde diversos ámbitos científicos con el fin de fortalecer la teoría y generar propuestas de solución en clave social y de interés público. Nomos: Procesalismo Estratégico, se encuentra dirigida a investigadores, docentes, y miembros de la comunidad científica académica interesados en el abordaje epistemológico, histórico, social y ontológico que convergen el estudio de las relaciones humanas con visón de cohesión social como elemento toral del Estado social y democrático de derecho, con las ventajas de manejar conocimiento multidisciplinario de frontera. Nomos: Procesalismo Estratégico pretende convertirse en una revista online de acceso abierto, referente científico para la comunidad internacional, ingresar a los más altos índices académicos, para con ello tener acceso a plataformas en línea para la difusión de investigaciones de alto impacto que contribuyan a la propuesta de soluciones procesales en perspectiva estratégica con impacto social. Comité Editorial Internacional • Dr. Diego Luna (Universidad de Buenos Aires, Argentina) • Dr. Jorge Iván Rincón Córdoba (Universidad Externado de Colombia, Colombia) • Dr. Manuel Gómez Tomillo (Universidad de Valencia, España) • Dr. Luiz Guilherme Marinoni (Universidad Federal do Parana, Brasil) • Dr. Orlando Vignolo Cueva (Universidad de Piura, Perú) • Dr. Jaime Rodríguez Arana Muñoz (Universidad de la Coruña, España) • Dr. Marcelo Fernández Peralta (Universidad Austral, Argentina) • Dr. Carlos Luis Carrillo Artiles (Universidad Central de Venezuela, Venezuela) Nacional • Dr. Mario Alberto Garza Castillo (Universidad Autónoma de Nuevo León) • Dr. José Luis Prado Maillard (Universidad Autónoma de Nuevo León) • Dra. María Guadalupe Fernández Ruiz (Universidad Nacional Autónoma de México, México) • Dr. Michael Gustavo Núñez Torres (Universidad Autónoma de Nuevo León, México) • Dra. Eugenia Paola Carmona Díaz de León (Escuela Libre de Derecho, México) • Dr. David Cienfuegos Salgado (Universidad Nacional Autónoma de México, México) • Dr. Paris A. Cabello-Tijerina (Universidad Autónoma de Nuevo León, México) • Dr. Mario Cruz Martínez (Universidad Iberoamericana, México) • Dr. Gonzalo Armienta Hernández (Universidad de Sinaloa, México) • Dr. Alfredo Islas Colin (Universidad Autónoma de Tabasco, México) • Dra. Teresita de Jesús Rendon Huerta Barrera (Universidad Nacional Autónoma de México, México) Comité Científico Internacional • Dr. Thiago de Mello Azevedo Guilherme (Pontificia Universidad Católica de São Paulo, Brasil). • Dr. Manuel de Peralta Carrasco (Universidad de Extremadura, España). • Dr. Ángel Acedo Penco (Universidad de Extremadura, España). • Dra. Andrea Liliana Gómez Medina (Universidad Manuela Beltrán, Colombia). • Dr. Jaime Alfonso Cubides Cárdenas (Universidad Autónoma de Colombia, Colombia). Nacional • Dra. Mireya García Monroy (Universidad Autónoma de Nuevo León, México.) • Dr. Rogelio Barba Álvarez (Universidad de Guadalajara, México) • Dra. María Ernestina Ureña Moreno (Universidad Autónoma de Nuevo León, México) • Dra. María Salome Moreno Rodríguez (Universidad Autónoma de Nuevo León, México) • Dr. Juan Marín González Solís (Universidad Autónoma de Nuevo León, México) • Dra. Alina del Carmen Nettel Barrera (Universidad Autónoma de Querétaro, México) • Dr. Daniel Márquez Gómez (Universidad Nacional Autónoma de México, México) • Dr. Rubén Jaime Flores Medina (Universidad de Guadalajara, México) • Dra. Hilda Mayleth López Cruz (Universidad La Salle, Oaxaca) �4 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Contenido Editorial 09 La tensión entre autoridad del Estado y garantía de derechos en contextos de crisis Guadalupe Friné Lucho González Artículos 15 Kelsen Versus Schmitt: Actualidad Socio-Política del Tema de la Justicia Constitucional Daniel Márquez Gómez 41 La nulidad de oficio en la apelación de sentencia de los procesos civiles en el Perú, ¿excepción al principio de congruencia recursal o manifiesta vulneración al debido proceso Juan Jose La Torre Banda y Italo Enrique Zegarra Quiroga 65 Evolución y desafíos de los derechos de la infancia en México: una perspectiva garantista Haydeé García Molina 83 La tutela efectiva de la acción de Habeas Corpus en EcuadorAram Mario Mauro Fernando López Altamirano 109 Desafíos ético-jurídicos de la integridad académica en la era de la inteligencia artificial Verónica Rivera de la Rosa �5 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx PRESENTACIÓN REVISTA NOMOS C ada vez resulta más relevante la necesidad de estudios jurídicos los cuales contemplen las diferentes vertientes de la ciencia procesal, tomando en consideración los nuevos retos que se le vienen presentando a los operadores jurídicos y justiciables; desafíos que no solamente comprometen los intereses particulares o privilegios de clase o grupo, sino, constituyen simientes de reconfiguración sistémica de la doctrina y el corpus normativo. En consecuencia, tomando en cuenta el contexto que supone el Estado Social y Democrático de Derecho, las investigaciones que aborden perspectivas teóricas relativas a derechos humanos, derecho constitucional, derecho administrativo, teoría del derecho, filosofía política y jurídica, así como otras áreas del conocimiento vinculadas con la disciplina procesal; todas ellas como factor aglutinante de un criterio holístico, conforme al abordamiento interdisciplinario y transdisciplinario del pensamiento complejo caracterizado por el derecho contemporáneo. La Facultad de Derecho y Criminología, como integrante pionera de la Universidad Autónoma de Nuevo León, transmite y fortalece los conocimientos de sus estudiantes con el objetivo de dar seguimiento al paradigma trazado en la producción y divulgación del conocimiento de la máxima casa de estudios del Estado de Nuevo León. Conscientes de esta tarea, la revista Nomos, Procesalismo Estratégico, tras dos años de su aparición, renueva su compromiso de generar y difundir el conocimiento científico jurídico, al igual de incentivar y proyectar el trabajo de los cuerpos académicos establecidos en nuestra Facultad. Desde la aparición de esta publicación, se busca promocionar el conocimiento jurídico de las comunidades jurídicas tanto nacionales como internacionales, las cuales están cordialmente invitadas para que sus investigaciones, planteamientos y críticas hacia los diversos temas que integran el Derecho, sean vertidos en este espacio de divulgación. El objetivo de tal empresa, como se ha expresado en otro momento, es difundir las disertaciones y análisis de investigadores, juristas, abogados litigantes, académicos y cualquier otra �6 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León persona que se encuentre inmersa en el compromiso de mejorar el campo del Derecho; en la inteligencia que cada colaboración ostenta el móvil de construir criterios de interpretación o aplicación de las legislaciones que se encuentran vigentes, así como de generar alternativas para una mayor eficacia de la administración de justicia. Al propio tiempo, quiero destacar nuestro agradecimiento a las investigadoras e investigadores que han aportado trabajo y experiencia al noble propósito de poner a disposición del lector, el diagnóstico y las vías de solución de las problemáticas que se viven cotidianamente en el ámbito institucional, de la práctica forense y la vida académica. Advertimos que nos encontramos ubicados en un momento de muchos y complejos problemas societarios, los cuales deben tener un procesamiento por parte de las instancias jurídicas adecuadas, pero antes de ello, deberán ser reflexionados y confrontados los puntos de vista académicos que allegarse de conclusiones correctas y válidas. Esperamos irnos acercando, cual función asintótica, a la finalidad que nos ocupa. Dr. David E. Castillo Martínez Coordinador de la Facultad de Derecho y Criminología, Universidad Autónoma de Nuevo León �7 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx Editorial �8 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León �VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx La tensión entre autoridad del Estado y garantía de derechos en contextos de crisis Tension between state authority and the guarantee of rights in crisis contexts Guadalupe Friné Lucho Gonzáleza a Universidad Autónoma de Nuevo León Cómo citar Luiz Guilherme Marinonia Lucho González, G. F. La tensión entre autoridad del Estado y garantía de derechos en contextos de crisis. Nomos: Procesalismo Estratégico, 3(5). https://doi.org/10.29105/nomos. v3i5.54 9 �10 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León RESUMEN El derecho latinoamericano se desarrolla en un espacio marcado por la tensión constante entre la expansión del poder estatal y la urgente necesidad de reconstruir garantías capaces de proteger la dignidad humana. Este número de Revista Nomos. Procesalismo Estratégico reúne investigaciones que, desde diversas ramas y países de la región, revelan cómo las crisis contemporáneas exponen las grietas del sistema jurídico y, simultáneamente, abren la posibilidad de repensarlo como herramienta de contención, protección y humanidad. Los artículos coinciden en una preocupación: cómo combinar autoridad y límite, eficacia y justicia, procedimiento y dignidad. PALABRAS CLAVE: Poder estatal, garantías, crisis institucional, justicia latinoamericana, derechos humanos. ABSTRACT Latin American law develops within a landscape marked by the constant tension between the expansion of state power and the urgent need to rebuild guarantees capable of protecting human dignity. This issue of Revista Nomos. Procesalismo Estratégico brings together research from various disciplines and countries in the region, revealing how contemporary crises expose the fractures of the legal system while simultaneously opening the possibility of rethinking it as a tool for restraint, protection, and humanity. The articles converge on a central concern: how to reconcile authority and limitation, efficiency and justice, procedure and dignity. KEYWORDS: State power, rights guarantees, institutional crisis, Latin American justice, human dignity. Los sistemas jurídicos de América Latina transitan por un escenario donde el poder del Estado, lejos de ser homogéneo o estable, se expande, se retrae, se fractura y se reconfigura al ritmo de las crisis sociales que atraviesan la región. En ese movimiento, la garantía efectiva de los derechos se vuelve no solo un desafío jurídico, sino una exigencia ética frente a comunidades que buscan justicia, protección y confianza institucional. La tensión entre autoridad del Estado y garantía de derechos en contextos de crisis. pp. 9-13 �11 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx Este número de Revista Nomos. Procesalismo Estratégico presenta una serie de trabajos que, desde problemáticas diversas, muestran un mismo dilema estructural: cómo contener, controlar y orientar el poder estatal para que no se convierta en fuente de vulneración, sino en garantía de la dignidad humana. La reflexión inicia con “Kelsen versus Schmitt. Actualidad socio-política del tema de la justicia constitucional”, de Daniel Márquez Gómez, retomando la ya clásica disputa entre Hans Kelsen y Carl Schmitt, un enfrentamiento que, lejos de agotarse en el contexto de entreguerras, sigue operando como una clave interpretativa para comprender muchas de las tensiones constitucionales contemporáneas. No estamos ante un debate meramente histórico o doctrinal, sino frente a dos formas radicalmente distintas de concebir el poder, la norma y la excepción. Desde la apuesta kelseniana por una justicia constitucional como garante de la normatividad y el control jurídico del poder, hasta la crítica schmittiana que revela los límites del derecho cuando irrumpe la decisión soberana, el conflicto se reactualiza hoy en escenarios de crisis democrática, estados de excepción normalizados y disputas sobre quién tiene la última palabra en contextos de emergencia. Tras el debate teórico entre norma y decisión, el siguiente texto, “La nulidad de oficio en la apelación de sentencia de los procesos civiles en el Perú”, de Juan José La Torre Banda e Ítalo Enrique Zegarra Quiroga traslada esa tensión a un terreno procesal concreto: el de los límites del juez frente al principio de congruencia recursal y la tutela del debido proceso. Aquí, la discusión deja de ser abstracta para encarnarse en una pregunta incómoda pero central: ¿hasta dónde puede —o debe— intervenir el órgano jurisdiccional cuando detecta una vulneración grave, aun sin petición expresa de las partes? Si en el ámbito procesal la discusión gira en torno a los límites de la intervención judicial, en el terreno de los derechos sustantivos el problema se desplaza hacia los sujetos históricamente invisibilizados. Haydeé García Molina en “Evolución y desafíos de los derechos de la infancia en México: una perspectiva garantista”, revisa el tránsito del modelo asistencialista hacia un enfoque de derechos. El análisis muestra que la infancia ha sido considerada históricamente como objeto de las decisiones verticales del Estado, y que solo un modelo garantista puede Guadalupe Friné Lucho González �12 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León revertir las desigualdades que se naturalizan cuando el poder opera sin una perspectiva de protección integral. El recorrido continúa con “La tutela efectiva de la acción de Habeas Corpus en Ecuador”, de Mauro Fernando López Altamirano, donde la discusión se desplaza al corazón mismo del constitucionalismo garantista: la distancia entre el reconocimiento formal de los derechos y su efectividad práctica. Si en los textos anteriores la tensión se jugaba entre norma y decisión o entre congruencia y corrección judicial, aquí el problema es aún más radical: ¿qué ocurre cuando el derecho existe, pero no protege? El habeas corpus, concebido como una garantía inmediata frente a la privación arbitraria de la libertad, se presenta en el artículo no como una figura idealizada, sino como un mecanismo cuya eficacia depende de factores institucionales, interpretativos y políticos. La tutela efectiva deja de ser una consigna constitucional para convertirse en un campo de disputa cotidiana, donde el tiempo, la voluntad judicial y el contexto inciden directamente sobre la libertad personal. Finalmente, Verónica Rivera de la Rosa aborda en “Desafíos éticos-jurídicos de la integridad académica en la era de la inteligencia artificial” la transformación radical que la tecnología introduce en las prácticas educativas y científicas, cuestionando la legitimidad, la autoría y la responsabilidad de las instituciones en un entorno automatizado que desafía los fundamentos del conocimiento tradicional. Los artículos de este número componen, en su conjunto, un llamado explícito: el derecho latinoamericano debe pensar el poder, para regularlo y humanizarlo, si quiere mantener su misión de proteger la vida de quienes habitan, sufren y resisten en contextos de crisis. No basta con reformar leyes o procedimientos, sino que hay que reconstruir la confianza institucional y reinventar las garantías como muros éticos contra la arbitrariedad. De este modo, Nomos reafirma su compromiso como lugar de crítica jurídica, reflexión pública y pensamiento estratégico. En tiempos en que se cuestiona la legitimidad del Estado, hablar y escribir sobre derecho es un acto de responsabilidad colectiva y de defensa de la dignidad humana. La tensión entre autoridad del Estado y garantía de derechos en contextos de crisis. pp. 9-13 �13 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx TRABAJOS CITADOS: Bogdandy, A. von, Fix-Fierro, H., & Morales Antoniazzi, M. (Eds.). (2021). Ius Constitutionale Commune en América Latina: Rasgos, potencialidades y desafíos. Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. Dussel, E. (1998). Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión. Trotta. Ferrajoli, L. (2019). Poderes salvajes: La crisis de la democracia constitucional. Trotta. Gargarella, R. (2013). La sala de máquinas de la Constitución. Katz. Kelsen, H. (2009). Teoría pura del derecho (15.ª ed.). UNAM / Porrúa. Santos, B. de S. (2010). Para descolonizar Occidente: Más allá del pensamiento abismal. CLACSO. Schmitt, C. (2009). Teoría de la Constitución. Alianza. Guadalupe Friné Lucho González �14 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Artículos �VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx 15 Kelsen Versus Schmitt: Actualidad Socio-Política del Tema de la Justicia Constitucional Kelsen vs. Schmitt: Sociopolitical relevance of the issue of constitutional justice Recibido: 29 de julio de 2025 Aceptado: 10 de diciembre de 2025 Daniel Márquez Gómeza a Universidad Nacional Autónoma de México Cómo citar Luiz Guilherme Marinonia Márquez Gómez, D. Kelsen versus Schmitt: Actualidad socio-política del tema de la justicia constitucional. Nomos: Procesalismo Estratégico, 3(5). https://doi.org/10.29105/nomos. v3i5.46 �16 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León RESUMEN Con un punto de vista histórico-dogmático y filosófico, en este trabajo se reflexiona en torno al debate que marcó al derecho procesal constitucional y a los controles de la constitución vía acción y excepción: el problema del guardián de la constitución. El estudio se aborda desde los enfoques diacrónico, biográfico socio-político y jurídico, destacando los temas que permiten el ascenso del nazismo al poder en Alemania, los debates político-jurídicos entre el decisionismo schmitiano y el formalismo kelseniano, mostrando las razones que permitieron la vigencia del modelo judicialista del control de la constitución, para emitir una serie de conclusiones que permiten ubicar ese debate en el contexto actual. PALABRAS CLAVE: Derecho constitucional, control de la constitución, formalismo, decisionismo, Hans Kelsen y Carl Schmitt. ABSTRACT With a historical-dogmatic and philosophical point of view, this work thinks over the debate that marked constitutional procedural law and constitutional controls via action and exception: the problem of the guardian of the constitution. The study is addresses from diachronic, biographical, socio-political and legal approaches, highlighting the themes that allowed the rise of Nazism to power in Germany, the political-legal debates between Schmitian decisionism and Kelsenian formalism, showing the reasons that allowed the validity of the judicialist model of control of the constitution, to issue a series of conclusions that allow us to place this debate in the actual moment. KEYWORDS: Constitutional law, control of the constitution, formalism, decisionism, Hans Kelsen and Carl Schmitt, Kelsen Versus Schmitt: Actualidad Socio-Política del Tema de la Justicia Constitucional. pp. 15-40 �17 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx I. CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO Carl Schmitt en el prólogo que escribe en marzo de 1931 a su obra: “El Defensor de la Constitución” (Der Hüter der Verfassung, versión ampliada de un artículo que publicó dos años antes en Archiv des offentlichen Rechts, con el mismo nombre), sostiene que la elaboración científica de su estudio no es posible sin tener una idea precisa de la situación constitucional contemporánea. (Schmitt, 2009, p. 3) Lo que muestra que la dimensión analítica del defensor de la constitución es el entorno socio-político de un país. El contexto alemán de los siglos XIX y XX, en el análisis de Francisco J. Campos Zamora, se caracteriza por su pluralidad de sistemas políticos y constitucionales, así como por las distintas ideologías en ellos consagrados. De ese modo, es posible distinguir, en sentido estricto: el Imperio Alemán (1871), la República de Weimar (1919), el Estado nacionalsocialista (1933), los regímenes de ocupación (1945), la República Federal Alemana original [Alemania Occidental] (1949), la República Democrática Alemana [Alemania Oriental] (1949), la República Federal Alemana unificada (1990)57 y la gradual adaptación al ordenamiento jurídico supranacional de la Unión Europea (desde 1974) (Campos Zamora, 2021, p. 159). La República de Weimer1 o Deutsches Reich (Imperio Alemán) comprende el periodo entre el fin de la Primera Guerra Mundial (1918) y la designación de Aldolfo Hitler (30 de enero de 1933) como Reichskanzler, Canciller del Reich Alemán. Es un periodo convulso para Alemania en donde se vive en crisis económica, política, golpismo y separatismo. Por el espacio, no podemos aludir a todos los eventos de ese país en ese momento histórico, así, sólo destacaremos algunos aspectos de trascendencia para entender el contexto constitucional de la exposición. Entre los eventos a destacar se encuentra el motín de Kiel de 1918 que detona una Revolución que lleva a la huida de Luis III, rey de Baviera, el 7 de noviembre de 1918, y la instauración de la República de Baviera dirigida por un consejo de soldados, marinos y obreros bajo el mando de Kurt Eisner. El 9 de noviembre la Revolución llega a Berlín, renuncia el Kaiser (emperador) y el Kronprinz (príncipe heredero), y se nombra sucesor al 1 Ciudad en donde se aprobó la constitución de 31 de julio de 1919, en vigor a partir del 11 de agosto de 1919. Daniel Márquez Gómez �18 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León socialdemócrata Friedrich Ebert. Lo que lleva a la que Philipp Scheidemann proclame la República y que Karl Liebknecht y Rosa de Luxemburgo anuncien la República Libre y Socialista de Alemania. En ese contexto los marxistas se pronunciaron por la dictadura del proletariado, con tres corrientes: la socialdemocracia (SPD- Sozialdemokratische Partei Deutschlands), con 35% de los escaños en el parlamento; los socialistas independientes (USPD- Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands) y la Liga Espartaquista (Der Spartakusbund). El 30 de diciembre de 1918 los espartaquistas fundaron el KPD (Kommunistische Partei Deutschlands o Partido Comunista Alemán), en el momento del debate Schmitt-Kelsen, la coalición tripartita (la socialdemocracia o Sozialdemokratische Partei Deutschlands; el liberalismo democrático o Deutsche Demokratische Partei, y catolicismo social o Zentrumspartei), principal apoyo de la República, estaba debilitada. Otro evento es la denominada “crisis de Baviera” que inicia con el asesinato de Kurt Eisner el 21 de febrero de 1919 a manos del derechista Arco-Valley, lo que lleva a la declaración del Soviet de Baviera o República Soviética de Baviera el 7 de abril de ese año, crisis que se prolongó hasta 1921. El 31 de julio de 1919 se aprueban los 181 artículos de la Constitución de Weimar y se sancionan el 14 de agosto de ese año, preceptos que organizan al Deutsche Reich en forma Republicana, con un presidente elegido por sufragio directo y facultades para disolver el parlamento; un parlamento integrado por dos cámaras, una electiva (Reichstag), y otra territorial (Reichsrat), el canciller era nombrado por el presidente y era el titular del poder ejecutivo. Además, existía el problema de las Freikorps (compañías libres) y las Wehrorganisationen (organizaciones de defensa), integradas por ex-militares que, como se dedicaron al saqueo y la venta de protección a campesinos y hacendados, se les integró al Reichswehr o Ejército del Reich, para controlarlas. Además, existía el problema económico con una guerra que había costado 185,000 millones de marcos; la suspensión de la convertibilidad de la moneda en oro por el Reichsbank en 1914; una deuda de 145,000 millones; el incremento de dinero circulante y las reparaciones de guerra valuadas en 269,000 millones; en 1929 estalla la crisis económica que genera desempleo, cierre de negocios y caída de la producción, lo que termina con la estabilidad política de la República de Weimar. Kelsen Versus Schmitt: Actualidad Socio-Política del Tema de la Justicia Constitucional. pp. 15-40 �19 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx Con la caída del gobierno del socialdemócrata Hermann Müller, asume el poder Heinrich Brüning, centrista católico, quien no logra el apoyo del Reichstag a su programa financiero, por lo que el presidente Paul von Hinderburg lo aprueba a través de una ley, lo que provoca la protesta del parlamento y su disolución, en junio de 1930. En las elecciones de 1930 el Partido Nacionalista Obrero Alemán (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) obtiene un importante éxito electoral. A partir de octubre de ese año, el canciller Brüning comienza a gobernar por reglamentos del presidente Hindenburg, apoyándose en la segunda parte del artículo 48 de la (Reich Verfassung, R.V.) o Constitución del Reich, ante la relativa “indiferencia” del parlamento. Nadie podía expresar mejor el clima de la época que el propio Schmitt cuando escribía en el prólogo de su libro que la “elaboración científica” del análisis del “defensor de la Constitución, no es posible sin tener una idea precisa de la situación constitucional contemporánea. Lograr tal idea implica, ciertamente, “una labor difícil y peligrosa”. (Schmitt, 2009, p. 3) No sólo por el contexto socio-político, sino también por los diversos movimientos militares asociados a las Primera y Segunda Guerras Mundiales. En el espacio académico, la teoría de Hans Kelsen estaba siendo cuestionada por personajes de la talla de Carl Schmitt, Rudolf Smend y su “teoría integracionista de la Constitución.”(García Roca, 1988, p. 269) ;Hermann Heller (Fondevila Marón, 2014), Heinrich Triepel (Triepel, 1974), Gerhard Leibholz (Leibholz, 1931/1958) , Erich Kaufmann (Paulson, 2012) y de Fritz Sander (Sander, 1923). Lo que muestra el debate que generó la Teoría Pura del Derecho. Carl Schmitt, destacaba que la Teoría Pura era presentada como un desarrollo extremista de la doctrina de Paul Laband, teórico de la monarquía constitucional alemana del siglo xix (en especial por Heller, que la reduce a «labandismo», y Leibholz, que considerará a Kelsen como «el ejecutor testamentario de Laband») (Herrera, 1994). En la época típicamente ya moderna del Imperio Guillermino, la escuela jurídica predominante era precisamente el positivismo estatutario de Paul Laband (Curcó Cobos, 2013). En “Ojeada preliminar sobre las distintas especies y posibilidades de defensa de la constitución”, como lo destacamos arriba, Carl Schmitt sostiene: “La demanda de un custodio de la Constitución, es en la mayoría de los casos, indicio de situaciones críticas Daniel Márquez Gómez �20 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León para la Constitución” (Schmitt, s. f., p. 5). Esta es la realidad el gobierno, en su vertiente de monarquía, república o democracia, a través de las acciones de sus integrantes, pueden poner en riesgo al fundamento de su institucionalidad. Lo que lleva a la necesidad de mecanismos que permitan defender esa institucionalidad, en el caso, el defensor de la constitución. Una aclaración más: la doctrina de Hans Kelsen, debido a su impacto normativo, es muy conocida, en cambio, las ideas de Carl Schmitt, por su cercanía con el nazismo, son poco difundidas, por lo que intentaremos mostrar el tema en análisis buscando un equilibrio en las ideas de los autores. II. APROXIMACIÓN BIOGRÁFICA: CARL SCHMITT Y HANS KELSEN VIS A VIS El contexto académico jurídico de Hans Kelsen y Carl Schmitt, estaba dominado por el positivismo. Como lo destaca Gopal Balakrishnan, en el mundo académico legal alemán: Desde 1870, el “positivismo jurídico” había llegado a dominar la disciplina. “Positivo” en este contexto significaba lo opuesto a lo que, en el siglo XIX, se había llegado a considerar cada vez más como las normas quiméricas del “derecho natural”. El positivismo jurídico moderno, tal como lo formularon Laband y Gerber en la década de 1870, había buscado eliminar todo rastro del lenguaje del derecho natural –de hecho, comentario político y moral de cualquier tipo– del estudio del derecho. El proyecto positivista era convertir el análisis formal del significado de los términos jurídicos en las leyes en el foco exclusivo de la jurisprudencia y tratar todo el cuerpo de derecho como si formara un sistema continuo de normas (Balakrishnan, 2020, p. 13). Así, en lo que se refiere a los datos biográficos de Carl Schmitt nos sustentamos en The Enemy. An Intelelctual Portrait of Carl Shmitt, de Gopal Balakrishnan. Existen dos escritos biográficos de Hans Kelsen: la “Selbstdarstellung” (autoexplicación) de 1927 y la “Autobiographie” de 1947, el primero escrito a petición de Julios Moor, redactado cuando Kelsen vivía en Viena, que es una especie de currículum vitae; el segundo se escribe a ruego de Charles Adams Gulick, cuando Kelsen vivía en Berkeley, California. Kelsen Versus Schmitt: Actualidad Socio-Política del Tema de la Justicia Constitucional. pp. 15-40 �21 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx Ambos documentos se citan en la única biografía que existe sobre Hans Kelsen, obra de Rudolf A. Metall, con el título: “Hans Kelsen. Vida y obra”, de los que extraemos los puntos citados de Hans Kelsen. Carl Schmitt Hans Kelsen Nació en Plettenburg, Alemania, en El hijo de Adolf Kelsen y Auguste Löwy, 1888 y falleció en 1985. En The Enemy. An familia de ascendencia judicial, Hanns, Intelelctual Portrait of Carl Shmitt, Gopal Johann, o Hans Kelsen nace en Praga, el 11 Balakrishnan, sostiene que los primeros años de octubre de 1881 y muere en Berkeley, de su vida están envueltos en oscuridad y California, 1973. La familia es de origen que identificar las influencias que formaron judío, pero el 10 de junio de 1905 Kelsen se su niñez y adolescencia es una empresa convierte al catolicismo y el 20 de mayo de precaria (Balakrishnan, 2020, p. 11), Su 1912 al protestantismo (Kelsen, s. f.). Para familia bajó a la región de Mosel-Saar-Ruwer algunos no era vienés, sino checoslovaco, como migrantes católicos al pequeño pueblo no obstante, se debe destacar que cuando mayoritariamente protestante de Plettenberg el imperio Austro-húngaro se desmembró, en el Rhineland. En la escuela aprendió latín surgieron los estados de Austria, Hungría, y griego, hablaba francés y español e italiano; Checoslovaquia, el Estado Libre de Fiume acudió al Gimnasio cercano a Attendorn; y el Estado de los Eslovenos, Croatas y estudió jurisprudencia en la Universidad Serbios. Cuando tiene tres años su familia se Friedrich-Wilhelm de Berlín; muda a Austria, ahí estudia la Volksschule En el año de 1910 es doctor (summa (primaria) y el Gymnasium (la secundaría), cum laude) con un trabajo titulado Über donde se interesa por la literatura y la Schuld und Schuldarten (Sobre la culpa y filosofía kantiana. Termina el Bachillerato en sus formas). En 1914 tiene ya terminado el 1900 y cumple con el servicio militar como trabajo que será aceptado dos años después “voluntario anual”, lo que le permite ser en Estrasburgo como habilitación para la nombrado “auditor” en el área jurídica del obtención de la venia legendi: Der Wert des ejército, y como auditor general lo catapulta Staates und die Bedeutung des Einzelnen. En a consejero jurídico del último ministro de 1915 obtiene el título de Assessor y se presenta guerra de la monarquía (Walter, 2011). Daniel Márquez Gómez �22 voluntario en el Ejército. En 1921 aparece Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Es profesor de Filosofía del Derecho de la su libro Die Diktatur. Von den Anfängen Universidad de Viena desde 1917; al concluir des modernen Souveranitätsge dankens bis la Primera Guerra Mundial en 1918 se zum proletarischen Klassenkampf; en 1922 disuelve el imperio Austro-húngaro; en 1919 es la Universidad de Bonn la que lo llama por iniciativa de Karl Renner participa en la para ocupar la cátedra de Derecho público redacción de la ley fundamental de la Primera sucediendo en ella a Rudolf Smend. Saca República de Austria (Osterreichische otros dos libros, Römischer Katolizismus Bundesverfassung) del 1° de octubre de und politische Form y Politische Theologie. 1920. En esa constitución se plasma en el Vier Kapitel zur Lehre von der Souveranität, apartado de garantías de la constitución donde se encuentra la frase tantas veces y la administración, artículos 137 a 148 repetida: «Soberano es quien decide sobre el el Verfasfslmgsgerichtshof (la Corte o estado de excepción». En 1927 aparece Der Tribunal Constitucional), con competencia Begriff des Politischen (El concepto de lo en acciones patrimoniales; para resolver político) que es el ensayo en el que subraya conflictos competenciales; para declarar la que «la diferencia política específica, a la existencia de convenios entre la federación que se pueden reconducir las acciones y y los länder; de la ilegalidad de los decretos; los motivos políticos, es la distinción entre anular ordenanzas, de la inconstitucionalidad amigo y enemigo». El Estado, que decide, se de leyes federales y locales, ilicitud de los reserva para sí la distinción amigo-enemigo. tratados internacionales, impugnaciones El enemigo público es el hostis que puede electorales presidenciales, de asambleas poner en peligro la unidad existencial en que u órganos deliberantes; acusaciones a los descansa el Estado. Es un polémico texto órganos federales y estatales por culpa; contra el liberalismo y el parlamentarismo, y de las resoluciones de los tribunales sobre el debate y la discusión y sobre la administrativos; infracciones al derecho decisión. En 1928 aparece su gran obra internacional. Ese tribunal se integraba Verfassungslehre (Doctrina constitucional). por un Presidente, un Vicepresidente, En 1929 publica Der Hüter der Verfassung otros doce miembros y seis suplentes que se reedita en 1931. Fue profesor en la (Ersatzmitglieder). En 1929 abandonó su Universidad de Berlín desde 1934, su doctrina cátedra en la Universidad de Viena para Kelsen Versus Schmitt: Actualidad Socio-Política del Tema de la Justicia Constitucional. pp. 15-40 �23 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx jurídica acerca del Estado se ha señalado profesar en la de Colonia, pero el ascenso como uno de los elementos ideológicos sobre del nacionalsocialismo al poder lo obliga los que se fundó el nacionalsocialismo, al a trasladarse a Ginebra en 1933; en 1936 que se adhirió en 1933. Dirigió una crítica a Praga donde permanece hasta 1940; por constante hacia las instituciones y los último, se traslada a Estados Unidos, donde principios democráticos durante la República enseña en las universidades de Harvard y de Weimar, cuya estabilidad contribuyó a Berkeley (Biografías y Vidas, 2023). socavar (Biografías y Vidas, 2023).En 1945 se le apartó de la docencia, fue detenido e interrogado en Núremberg. Durante el periodo nazi había sufrido las purgas y las intrigas de los jerarcas, suspicaces ante su conversión al nacionalsocialismo, aunque fue protegido hasta el final por Hermann Göring. A partir de 1950, vivió retirado en su Plettenberg natal, disfrutando de un prestigio clandestino. Murió en 1985. En Reine Rechtslehre Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik (Teoría Pura del Derecho. Introducción al problema jurídico) de 1934, Hans Kelsen afirma: Desde el principio mi objetivo fue elevar la jurisprudencia, que - abierta o encubiertamente - estaba absorbida por el razonamiento jurídico-político, al nivel de una ciencia real, una ciencia humana. El objetivo era desarrollar sus tendencias, que no apuntaban al diseño, sino exclusivamente al conocimiento del derecho, y acercar sus resultados lo más posible al ideal de toda ciencia: la objetividad y la exactitud (Kelsen, 1934). Sin embargo, esa propuesta es dudosa, a través del relativismo Hans Kelsen rompe con la “pureza metódica”. En la interpretación de Gonzalo Ramírez Cleves, José Antonio Daniel Márquez Gómez �24 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Sendín destaca que la “filosofía moral” de Hans Kelsen se sustenta en tres pilares: 1) la crítica a la teoría del derecho natural; 2) su relativismo ético; y 3) su justificación de la democracia. Por lo que sólo es admisible la “justicia relativa” (Gonzalo Cleves, Youtube, 2022) En ¿Qué es la justicia?, Kelsen sostiene: Si hay algo que podemos aprender de la experiencia espiritual del pasado es que la razón humana sólo puede concebir valores relativos, esto es, que el juicio con el que juzgamos algo como justo no puede pretender jamás excluir la posibilidad de un juicio de valor opuesto (Kelsen, 1956, pp. 75-76). Así, la “justicia absoluta” es un “ideal irracional” su contenido no se puede determinar, por lo que se decanta por una “justicia relativa”. Sin embargo, se podría formular la crítica de Peter Koller al relativismo: la gran paradoja del relativismo es que aunque parece que puede justificarlo todo, es incapaz de justificar nada de forma plausible (Sendín Mateos, 2017; Youtube, 2023). Otra obra para entender el tema es: Die Illusion der Gerechtigkeit (La ilusión de la justicia), en donde hace una crítica a la teoría metafísico-absolutista de la justicia de Platón, y, desde su relativismo, Kelsen justifica la democracia (formal o procedimental como “procedimiento o un método de producción de normas que consiste en aplicar en la legislación el principio de la mayoría”), democracia que se decanta en términos: “formal, representativa, deliberativa, liberal y constitucional”; “democracia representativa o ‘indirecta’, que se sustenta sobre dos pilares: el parlamento como órgano representativo y los partidos políticos, que son el cauce de la representación”; democracia deliberativa de corte liberal. Así, Kelsen se pronuncia a favor del parlamentarismo, rechaza el presidencialismo, liberalismo político, no económico, separación de poderes, derechos políticos para las minorías y jurisdicción constitucional. En El Leviatán en la doctrina del Estado de Thomas Hobbes, alude a los dos monstruos, Leviatán y Behemoth que menciona Hobbes, y afirma que el primero simboliza al Estado y el segundo a la Revolución, y que el Leviatán es “el único correctivo” de Behemoth. El absolutismo estatal es, entonces el represor de un caos que, en su núcleo, en el individuo, es irreprimible (Schmitt, 2020). También sostiene que el: terror del estado de naturaleza, se desvanece por la chispa de la razón y levanta al nuevo Dios, con tres representaciones: el Leviatán como hombre, animal y maquina; la construcción jurídica del pacto para explicar Kelsen Versus Schmitt: Actualidad Socio-Política del Tema de la Justicia Constitucional. pp. 15-40 �25 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx al soberano; y al representación del hombre cartesiano; o sea, el transito del homo homini lupus, al homo homini deus, a la machina machinorum (Schmitt, 2020). De la lectura se advierte que Schmitt muestra como del “homo artificialis” el Estado, el Leviatán como magnus homo, se pasa a la muerte del Leviatán y su tránsito al “Estado de Derecho”, esto es, un “sistema legal positivista” con una legitimidad sustentada en una constitución. En su crítica al liberalismo, sostiene: La liberal democracia occidental concuerda con el marxismo bolchevique en considerar al Estado como un aparato del cual se pueden servir las más diversas potencias políticas, como de un instrumento técnico neutral. El resultado es que dicha máquina, así como la técnica en su conjunto se hace independiente del contenido de todo fin y convicciones políticos, y adopta la neutralidad con respecto a los valores y a la verdad, propia de un instrumento técnico. Lo que culmina con la tecnificación general (Schmitt, 2020). El Leviatán compuesto de Dios y hombre, animal y máquina, da a los hombres paz y seguridad, y sobre esa base exige obediencia incondicional (Schmitt, 2020). Así, hablar de Estado justo o injusto con respecto al Leviatán, como mecanismo de mando, es querer “discriminar” entre máquinas justas o injustas (Schmitt, 2020). Para Schmitt el Leviatán fue destruido en el siglo XVIII, la distinción entre interno y externo fue para el Dios mortal la enfermedad que lo condujo a la muerte. Sin embargo, su obra, el Estado, le sobrevivió como un ejecutivo bien organizado, un ejército y policía con un aparato administrativo y judicial, así como una burocracia funcional y profesionalmente preparada. Desde este momento, el Estado aparece siempre bajo la imagen del mecanismo y la máquina (Schmitt, 2020). También el desarrollo del concepto de derecho y la ley va de la mano del proceso anterior. La ley es una forma de domar al Leviatán. El Estado Potencia, después Estado Policía, deviene en “Estado de Derecho”, la ley se transforma en un medio técnico para domar al Leviatán, la Ley deviene en instrumento técnico para hacer calculable el ejercicio del poder estatal. “El Estado mismo se transforma en un sistema legal positivista”. “El Estado burgués de derecho es en realidad sólo un Estado de Leyes”. La legalidad es el modo positivista de funcionamiento de la burocracia. Por ello, Estado moderno y legalidad están esencialmente relacionados (Schmitt, 2020). Daniel Márquez Gómez �26 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Por lo anterior, sostiene Schmitt: “Bajo el nombre de “Estado de derecho” se oculta un sistema de legitimidad fundado en una “constitución” hecha por hombres y que opera según leyes escritas, sobre todo con codificaciones de leyes.” (Schmitt, 2020). Según Schmitt, la ley es un medio de la motivación coactiva psicológica y de los funcionamientos calculables, que puede servir a metas y contenidos muy distintos y contrapuestos (Schmitt, 2020). Por lo anterior afirma: …según Hobbes, todo sistema coercitivo que funciona de manera calculable a partir de Leyes es un Estado y, en la medida en la medida en que sólo hay derecho estatal, también un Estado de Derecho. Tal formalización y neutralización del concepto de “Estado de derecho” en sistema de legalidad estatal funcional de manera calculable y sin consideración a metas o de contenidos sustantivos de verdad y de justicia, devino en el siglo XIX en la doctrina jurídica generalmente hegemónica bajo el nombre de “positivismo jurídico” (Schmitt, 2020). Así, el positivismo jurídico no es únicamente una “doctrina científica” del Derecho, es la culminación de un proceso socio-político para dar legitimidad al poder estatal. También en Uber Die Dreiarten Des Rechtswissenschaftlichen Denkens (Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica), Carl Schmitt afirmará que: Toda reflexión jurídicocientífica acerca de la combinación de ciertas palabras como «orden del derecho», «señorío de la ley», «vigencia de las normas», puede hacerse según los dos modos del pensar jurídico: el de reglas y normas abstractas y el del tipo de orden concreto. Para el jurista del primer tipo, ---el que halla la idea de derecho en reglas generales y leyes predeterminadas, independientes del estado concreto de las cosas-, cada manifestación de la vida jurídica -todo mandato, toda medida que se toma, todo contrato, toda decisión viene a ser una norma; todo orden concreto y toda comunidad se disuelve en una serie de normas vigentes, cuya «unidad» o «sistema» es igualmente normativo. El orden, para él, consiste esencialmente en que una situación concreta se corresponda con ciertas normas generales con las que es medida (Schmitt, 2020). Más adelante, en el contrapunto, sostiene: “El último fundamento de toda la existencia del derecho y de todo valor jurídico se puede encontrar en un acto de voluntad, en una Kelsen Versus Schmitt: Actualidad Socio-Política del Tema de la Justicia Constitucional. pp. 15-40 �27 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx decisión que, como tal, crea derecho, y cuya “fuerza jurídica” no puede ser deducida de las supuesta fuerza jurídica de unas reglas de decisión; puesto que también una decisión que no corresponde con una regla crea derecho (Schmitt, 2020). Así, para el jurista del tipo decisionista, la fuente de todo “derecho”, es decir, de toda norma y ordenamiento que de él deriven, no es el mandato como tal, sino la autoridad soberanía de una última decisión que viene dada con el mandato (Schmitt, 2020). En “Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica”, Carl Schmitt, menciona: El caso clásico del pensamiento decisionista aparece en el siglo XVII con Hobbes. Todo derecho, todas las normas y leyes, todas las interpretaciones de leyes, todas las ordenes son para él esencialmente decisiones del soberano, y el soberano no es un monarca legitimo o una instancia competente, sino que soberano es precisamente aquel que decide soberanamente. Derecho es ley y ley es el mandato decisivo para el conflicto juridico: Auctoritas, non veritas facit legem (La autoridad, no la verdad, hace la ley) (Schmitt, 1934). En Verfassungslehre (Doctrina constitucional) de 1928, afirma: la Constitución ha de ser interpretada como una decisión conjunta sobre la forma de la unidad política. La suma de todas las decisiones constitucionales es la “sustancia” de la Constitución y de esta sustancia distingue las concretas normas constitucionales a las que dota de un valor relativo. La Constitución, que es manifestación de algo ya constituido previamente, es “la manera de ser resultante de cualquier unidad política existente”, no puede ser mera norma sino la expresión del orden histórico en un espacio definido y para una singular unidad política. Pero, a través de la Constitución, la ordenación sociopolítica se convierte en ordenación jurídica. El acto constituyente nace de la unidad política que es anterior al ejercicio del poder constituyente porque siempre hay una voluntad política que es previa a toda labor constitucional y a toda producción normativa. Por tanto, el proceso fundacional conocería los siguientes pasos: el pueblo se transforma en unidad política; esa unidad política (la Nación de los revolucionarios franceses) adopta la decisión constituyente y aprueba una Constitución en la que se insertan también preceptos que son de mera ordenación jurídica. Es decir que la Constitución contiene en su seno decisión y meras regulaciones normativas, cuya validez se extrae de la voluntad constituyente (Sosa Wagner, 2008). Daniel Márquez Gómez �28 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León En su “Teología Política” escribe. “Soberano es quien decide el estado de excepción. Sólo esta definición puede ser justa para el concepto de soberanía como concepto límite”. Para él, concepto límite significa concepto de la esfera más extrema” (Schmitt, 2009; Vergara Blanco, 2005). Según Andrés Rosler “Schmitt en el fondo en cierto sentido es un positivista” (Rosler, Youtube, 2013). Por lo que su debate con Hans Kelsen sería sobre “positivismos”, tema al que regresaremos. Como se advierte, aceptando el espíritu realista del positivismo, ambos autores aluden a la misma ley, pero por diferentes caminos: el primero desde la norma, el segundo desde el voluntarismo socio-político o el poder. Así, no es difícil destacar que nos encontramos con dos “positivismos”, el primero: formalista y el segundo político. Su debate es sobre cómo decidir los conflictos políticos. III. LOS TEMAS DEL DEBATE EN TORNO AL DEFENSOR DE LA CONSTITUCIÓN Para Francisco J. Campos Zamora: La disputa se desencadenó, específicamente en 1928, debido a la publicación, por parte de Kelsen, de un artículo titulado «La garantía jurisdiccional de la Constitución» (La garantie juridictionnelle de la Constitution), en la «Revista de Derecho Público y Ciencia Política» (Revue du Droit Public et de la Science Politique). Schmitt le respondió, en 1929, con una serie de artículos en «Archivo de Derecho Público» (Archiv des öffentlichen Rechts) que, en 1931, fueron publicados, en forma de libro, por la editorial Mohr de Tübingen. La obra en cuestión se titulaba «El guardián de la Constitución» (Der Hüter der Verfassung). La réplica de Kelsen no se hizo esperar y publicó, ese mismo año, «¿Quién debe ser el guardián de la Constitución?» (Wer soll der Hüter der Verfassung sein?) (Campos Zamora, 2021). Las posiciones, sin mayor pretensión analítica, debido a la amplia bibliografía que existe sobre este debate, se presentan a continuación: Kelsen Versus Schmitt: Actualidad Socio-Política del Tema de la Justicia Constitucional. pp. 15-40 �29 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx Argumentos de Carl Schmitt Argumentos de Hans Kelsen (Der Hüter der Verfassung) (Wer soll der Hüter der Verfassung sein?) Distintas especies y posibilidades de defensa de la Constitución I. La justicia como defensora I. Defensor de la constitución de la constitución significa, en el sentido originario 1. Derecho de control general (accesorio) del término, un órgano cuya función ejercido por los jueces y también llamado es defender la constitución contra material, no constituye en Alemania una las violaciones (Kelsen, 1928). defensa de la constitución. 2. Límites reales de todo poder judicial (jurisdicción penal en caso de delitospolíticos contra el Estado y la constitución acusación de ministros). 3. La determinación precisa del contenido de un precepto constitucional dudoso en cuanto a su contenido es, en concreto, materia de la legislación constitucional, no de la justicia. 4. Staatsgerichtshof A. Relación efectiva entre el concepto de constitución y la jurisdicción constitucional; reconocimiento de los límites reales de la justicia por el Staatsgerichtshof; relación especial entre contrato constitucional y justicia constitucional B. El Staatsgerichtshof como institución específicamente federal. Daniel Márquez Gómez �30 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León C. Jurisdicción constitucional política como y expresión de la tendencia a transformar la constitución en un contrato (compromiso) constitucional. II. La situación constitucional II. Situación política concreta en la actualidad 1. Pluralismo, policracia y federalismo A. Evolución del parlamento hasta convertirse en escenario de un sistema pluralista B. La policracia en la economía pública. C. El federalismo. 2. Remedios y reactivos A. Ensayo de una constitución económica B. El problema de la neutralidad política interior en el Estado pluralista de partidos C. Insuficiencia de mayoría de las formas de neutralización; variedad de acepciones de los conceptos de neutralidad y de despolitización. Ojeada a los diversos significados y funciones del concepto de neutralidad política interior del Estado 1. Significados negativos de la palabra neutralidad Kelsen Versus Schmitt: Actualidad Socio-Política del Tema de la Justicia Constitucional. pp. 15-40 �31 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx i. Neutralidad en el sentido de las concepciones del Estado como instrumento ii. Neutralidad en el sentido de igualdad de posibilidades en la formación de la voluntad política iii. Neutralidad en el sentido de paridad 2. Acepciones positivas de la palabra neutralidad i. Neutralidad acepciones de en sus objetividad y realidad sobre la base de norma reconocida ii. Neutralidad sobre la base de una actuación pericial no interesada ni egoísta iii. Neutralidad como expresión de una unidad y de un conjunto que abarca grupos compuestos iv. Neutralidad del individuo ajeno D. Procedimiento del gobierno constitucional según el artículo 48 RV. Transición desde el Estado excepcional en el aspecto policiacomilitar al Estado excepcional en el orden económico-financiero. a) La atribución del presidente del Reich para promulgar “decretos Daniel Márquez Gómez �32 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León que suplan a la ley” según el artículo 48, apartado 2, RV. b) Desarrollo de una situación excepcional y de necesidad, específicamente económica y financiera III. El presidente del Reich como III. Tesis de Schmitt en torno defensor de la constitución. al presidente del Reich como 1. La teoría política del poder neutral guardián de las Constitución (pouvoir neutre) Las IV. Contradicción entre la función divergencias de opinión y jurisdiccional y la política diferencias entre los titulares de los V. derechos políticos de carácter decisivo constitución no es jurisdiccionalidad o influyente no pueden resolverse e VI. La justicia como autómata jurídico forma judicial, salvo que se trate de VII. Si el procedimiento de defensa de castigar transgresiones directas a la la constitución debe ser público constitución. VIII. Estado total contra pluralismo Las divergencias pueden ser resueltas IX. El carácter pluralista del control de por un tercero, situado por encima de los constitucionalidad como destrucción litigantes y revestido de un poder político del Estado excelso: el soberano del Estado, o por X. Caminos desde el “Estado total” un organismo coordinado, un tercero al jefe de Estado como guardián de la neutral (pouvoir neutre et intermádiaire). constitución 2. Especial importancia del “poder XI. El jefe de Estado no es el órgano neutral” en el Estado pluralista de más adecuado para función de control partidos de la constitución evidenciada mediante el La jurisdiccionalidad de la ejemplo del árbitro oficial en los litigios XII. Nada puede justificar oponer al del trabajo. presidente de Reich, como “defensor 3. La burocracia y las diversas constitucional”, posibilidades constitucional que “controle” también de lograr una a un Tribunal a ese defensor. Kelsen Versus Schmitt: Actualidad Socio-Política del Tema de la Justicia Constitucional. pp. 15-40 �33 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx “independencia” con respecto al Estado pluralista de partidos. 4. El fundamento democrático del cargo de presidente del Reich En resumen, la posición de Schmitt se puede diseccionar en tres puntos: 1. Incompatibilidad entre la justicia y la política 2. Incompatibilidad entre la jurisdicción constitucional y la separación de poderes 3. Incompatibilidad entre la jurisdicción constitucional y la democracia (Campos Zamora, 2021). Así, para Carl Schmitt el tema de quién debe ser el guardián de la constitución debe llevar a distinguir entre «Constitución» (Verfassung), forma sustancial de unidad política y «ley constitucional» (Verfassungsgesetz), esto es, realización normativa de la Constitución; con lo que cuestiona el concepto de Constitución absoluto de Hans Kelsen, como una unidad jurídica normativa, un deber ser, donde la Constitución como norma de normas, sin los principios metafísicos del derecho natural, se relativiza hasta ser sólo ley constitucional. Para Schmitt hay que distinguir entre las normas jurídicas y la existencia política del Estado, entendido como la unidad política de un pueblo; la Constitución es la decisión del conjunto del pueblo sobre la forma de la unidad política; para él, el poder constituyente es la voluntad política, cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto, sobre el modo y la forma de la propia existencia política. Una Constitución no se apoya en una norma como fundamento de validez, sino en una decisión política surgida de un ser político, acerca del modo y forma del propio ser. También Schmitt distingue entre litigios constitucionales que son siempre políticos y las dudas y opiniones sobre la interpretación de las leyes constitucionales. Una decisión sobre la constitucionalidad no es nunca apolítica, por lo tanto, establecer un tribunal especial para decidir la constitucionalidad de la ley es una desviación de la lógica del Estado de Derecho, Daniel Márquez Gómez �34 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León la determinación de un concepto claro de litigio constitucional es la «primera condición de toda justicia constitucional. Un tribunal constitucional concentraría y monopolizaría el control de la Constitución, lo que conllevaría una «politización de la justicia» (Politisierung der Justiz), más que una «judicialización de la política» (Juridifizierung der Politik). Por lo que se trabajaría con «ficciones», sin tener en cuenta los «contenidos» e ignorando las diferencias entre constitución y ley constitucional. Los tribunales pueden controlar que las leyes ordinarias respeten la ley constitucional, pero no pueden erigirse en guardianes de la Constitución como tal; por lo anterior, el «Guardián de la Constitución» no puede ser una autoridad «jurídica» sino «política», distinguiendo entre política y derecho; un guardián, que «protege» la «democracia» en el sentido de una unidad homogénea del «pueblo», y a partir de la concepción «amigo-enemigo» (Freund-Feind). Un tribunal constitucional, como el propuesto por Kelsen, no puede ser designado guardián de la Constitución. El Reichstag es la expresión de un «parlamentarismo degenerado», el cual no tiene nada que ver con la democracia. En la figura del presidente encuentra el «poder neutral en el estado del partido pluralista», en la unidad de la persona que simboliza la unidad política, legitimada plebiscitariamente y, además, concentra el poder para defender la norma suprema (Campos Zamora, 2021). Así, del análisis del “contenido positivo” de la constitución de Weimar, destaca: que ya existe un defensor de la constitución, el presidente del Reich, por su estabilidad y permanencia relativa en el cargo; el género de sus atribuciones, entre ellas disolver el Reichstag (parlamento); promover el plebiscito, el referendo y promulgación de las leyes; la ejecución del Reich y la protección de la constitución; que en el orden político, en el marco de su relación con el conjunto del Estado, crear una institución neutral defensora y garante del sistema constitucional y del funcionamiento de las instancias supremas del Reich, además, porque está dotado de atribuciones eficaces que le permiten la defensa de la constitución, expresamente en el juramento político a la constitución que lo obliga a salvaguardarla. El presidente del Reich como defensor de la constitución responde también al principio democrático de la constitución de Weimar; es elegido por el pueblo alemán y sus facultades políticas (disolver el Reichtag y el plebiscito) son una “apelación al pueblo”, Kelsen Versus Schmitt: Actualidad Socio-Política del Tema de la Justicia Constitucional. pp. 15-40 �35 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx la constitución crea un mecanismo que neutraliza la pluralidad de grupos sociales y económicos, y garantiza la unidad del pueblo como grupo político. “La constitución procura especialmente dar a la autoridad del presidente del Reich posibilidades para enlazarse de modo directo con esa voluntad política del conjunto del pueblo alemán y para proceder en consecuencia como defensor y guardián de la unidad constitucional y de la integridad de la nación” (Schmitt, 2009). Contra esta forma de argumentar, Kelsen sostiene que: “Para fundamentar su tesis de que el presidente del Reich sería el defensor de la constitución, Carl Schmitt debe enfrentar a la institución, promovida de distinta manera y realizada en algunos Estados, de una jurisdicción constitucional, por la cual la función de garantía de la co9nstitución sea transferida a un Tribunal Independiente. Este funciona como una jurisdicción constitucional en la medida en que debe decidir, a través de un procedimiento contencioso de partes, sobre la constitucionalidad de actos del parlamento (en especial de las leyes), así como también del gobierno (especialmente de los decretos), cuando hayan sido cuestionados, anulando tales actos en el caso de inconstitucionalidad y eventualmente juzgando a determinados organismos imputados acerca de su responsabilidad probada.” (Kelsen, 2009). Tampoco desconoce el carácter político de la justicia, menciona que si se mira la “política como decisión”, entonces está presente en toda sentencia judicial, en mayor o menor medida, un elemento de decisión, un elemento de ejercicio del poder” (Kelsen, 2009). Así, el Tribunal Constitucional es un guardián efectivo e idóneo de la constitución que salvaguarda su primacía, lo que está justificado en la teoría de la democracia y es una condición decisiva de la democracia. Según Kelsen esta comprensión de toda su teoría normativa del Estado se basa en un simple sistema jurídico, a partir de las condiciones reales del Estado plurinacional austriaco, como medio idóneo para hacer efectiva la esencia de la democracia; es decir, el compromiso constante entre los grupos representados en el Parlamento, ofreciendo un instrumento para la protección de los derechos de las minorías, frente a las decisiones de la mayoría. Así, el órgano encargado del control de la Constitución es distinto e independiente del Parlamento y del Gobierno, que son los sujetos a controlar por la vía de las leyes, reglamentos y demás normativa. Por lo anterior propone un tribunal cuya sentencia anule, Daniel Márquez Gómez �36 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León con carácter general, el acto inconstitucional, incluidas las leyes del Parlamento, ya que está subordinado a la Constitución, y con respecto a ella aplica el derecho, es decir, las normas constitucionales. Hans Kelsen compara la actuación de un tribunal de casación y la de un tribunal constitucional, para sostener que: “…un tribunal que no aplica a un caso concreto una ley en razón de su inconstitucionalidad o un reglamento en razón de su ilegalidad, elimina una norma general y opera así también como “legislador negativo” (en el sentido material del termino ley). Solo que la anulación de la validez de la norma general está limitada a un caso y no in toto –como la sentencia de un tribunal constitucional— es decir a todos los casos posibles. Porque: “La sentencia del Tribunal Constitucional significa en verdad un desarrollo de la constitución en una determinada dirección, donde cobra importancia la confrontación de los intereses existentes, porque aquí cobra especial importancia la voluntad política del Estado, manifestada en la sentencia del Tribunal Constitucional (Kelsen, 2009). Así, reconoce que un tribunal constitucional excedería una función estrictamente jurisdiccional, lo que le convertiría en un legislador negativo, aun cuando precisa que el modelo de justicia constitucional se limita a anular una ley tomando en cuenta, principalmente, el procedimiento de creación. El Tribunal Constitucional es la garantía de la paz política en el interior del Estado. Para Kelsen el principal argumento de Schmitt contra la instauración de Tribunales Constitucionales es el carácter político del litigio, incompatible con la función judicial. Sin embargo, para Kelsen el ejercicio del poder no se limita al Parlamento; toda sentencia tiene un elemento decisorio, una dosis de ejercicio del poder, es la resolución de un conflicto de intereses a través de una decisión. Así, el control judicial de constitucionalidad no altera la posición constitucional de la jurisdicción. Según Kelsen la teoría schmittiana yerra doblemente al considerar solo al Parlamento como órgano político y único creador de derecho. Critica a Schmitt por seguir la doctrina del constitucionalismo monárquico al considerar al juez como un autómata jurídico; para Kelsen la diferencia entre ley y sentencia es sólo cuantitativa, ya que esta última es también un acto de producción de derecho. Destaca que la creación de Tribunales Constitucionales es una realidad en muchos países, como una de las señas de identidad de todos los regímenes Kelsen Versus Schmitt: Actualidad Socio-Política del Tema de la Justicia Constitucional. pp. 15-40 �37 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx democráticos. Lo que confirma el éxito de dicha institución, al punto de que ha terminado por extenderse, casi de forma general en los órganos jurisdiccionales. IV. BREVES LECCIONES PARA EL MOMENTO ACTUAL 1. El tema de los modelos filosófico-políticos. En particular, el choque de modelos contractualistas, presentes en el debate Schmitt-Kelsen, lo que nos remite al absolutismo político asociado al Leviatán de Thomas Hobbes y su visión pesimista del ser humano (Bellum omnium contra omnes), en contraste con el criticismo dualista de Immanuel Kant, en particular la distinción noúmeno-fenómeno y ser (ciencia) y deber ser (moral), con ideas políticas cercanas al republicanismo-liberal. 2. El tema electoral y la vigencia de los tribunales constitucionales en la democracia. La idea de la democracia mínima de Samuel Huntington, que: “consiste básicamente en que la mayoría de quienes toman las decisiones colectivas sean seleccionados mediante elecciones limpias, honestas y periódicas, en las cuales se compita abiertamente y casi toda la población adulta tenga derecho al voto” (Huntington, 1989; Huntington, 1994; Huntington & Moore, 1970). Lo que traslada la decisión política a los oficiales electos, además, en la década de los noventa el establecimiento de Tribunales Constitucionales fue una realidad en muchos países y seña de identidad de los regímenes democráticos establecidos en Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, lo que mostró el éxito de dicha institución (Campos Zamora, 2021). No obstante en el momento actual es una institución cuestionada, por el activismo judicial y su impacto democrático. Incluso, el progresismo intenta llevar a la agenda política la elección de los integrantes de esos tribunales. 3. La teoría positivista. Aunque Kelsen y el positivismo se consideran una teoría superada por los filósofos del derecho. Además, de que la filosofía jurídica contemporánea se muestra como una polémica entre un positivismo jurídico de H. L. A. Hart y un “no positivismo” capitaneado por el sucesor de Hart en su cátedra de Oxford, el americano Ronald Dworkin; y, ceñida la filosofía jurídica a esta polémica entre anglosajones, la teoría de Kelsen parece contemplarse como una doctrina superada o fuera de Daniel Márquez Gómez �38 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León concurso (Pérez Bermejo, 2018). No obstante, el impacto de la Reine Rechtslehre en la Ciencia Jurídica es significativo, la evidencia es el debate destacado en este trabajo y su proyección actual. 4. Las teorías decisionista y normativista constituyen, a pesar de su politización, variantes de positivismo, una mala respuesta a los problemas de la política, la democracia, el derecho y la ética. El relativismo positivista nace de una equivocación al dar por sentada la dicotomía hecho/valor, ser/deber ser, de la Modernidad; por su parte, el decisionismo explica la norma vía la autoridad, lo que lo remite a la falacia naturalista (explica lo normativo —la ley— derivándolo de lo fáctico —la decisión); y concibe la decisión política como un acto de voluntad desvinculado de todo contexto, orden o marco de referencia (Curcó Cobos, 2006). 5. Otros debates son: i) la relación del derecho con la teología que ya había impactado en positivistas como Henri de Saint Simón y su discípulo Augusto Comte; ii) el papel de los intelectuales frente al poder tema que abordó Max Weber, en “El científico y el político”; iii) el problema de lo fáctico como fuente de lo normativo, porque, atendiendo a su “positivismo”, ambos autores pueden decantarse en la visión nietzscheana: “Contra el positivismo, que se queda en el fenómeno ‘sólo hay hechos’, yo diría no, precisamente no hay hechos, sólo interpretaciones. No podemos constatar ningún factum ‘en sí’: quizá sea un absurdo querer algo así. ‘Todo es subjetivo’, decís vosotros: pero ya eso es interpretación, el ‘sujeto’ no es algo dado sino algo inventado y añadido, algo puesto por detrás” (Nietzsche, 2006), iv) el problema del lenguaje y sus implicaciones en su Teoría General del Estado, Kelsen acepta que en última instancia que la norma es proposición jurídica; y por último, v) el tema de los principios públicos aplicables en la praxis moral, atendiendo al relativismo subyacente en los autores analizados. 6. Un último tema es el debate autoritario-aristocrático, que remite al problema del rey filósofo (monarquía-Platón) o al segmento aristocrático (república-Aristóteles), como guardianes de lo político. Además, en su contexto histórico, el debate entre Kelsen y Schmitt nos permite entender la amenaza del fascismo, hoy vemos al Ejército en diversos aspectos de la vida pública del país, a militares homenajeados en la Cámara de Kelsen Versus Schmitt: Actualidad Socio-Política del Tema de la Justicia Constitucional. pp. 15-40 �39 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx Senadores y a los políticos a gusto con el verde olivo; cuando Heródoto destaca que la historia es la maestra de la vida, nos remite a la frase atribuida a Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás o a Nicolás Avellaneda: Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, hoy advertimos los mismo signos que estaban presente en las primeras tres décadas del siglo XX en la República de Weimar que propiciaron el ascenso al poder de Hitler y fenómenos de impacto planetario como la guerra mundial. V. TRABAJOS CITADOS Balakrishnan, G. (2020). The enemy. An intellectual portrait of Carl Schmitt. Verso Books. Biografías y Vidas. (2023, noviembre 13). Carl Schmitt. Biografías y Vidas: La enciclopedia biográfica en línea. https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kelsen.htm Biografías y Vidas. (2023, noviembre 13). Hans Kelsen. Biografías y Vidas: La enciclopedia biográfica en línea. https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kelsen.htm Campos Zamora, F. J. (2021). De la muerte del autor a la muerte del legislador. La interpretación constitucional desde el derecho como literatura. Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, (44). https://doi.org/10.14198/DOXA2021.44.07 CurcóCobos,F.(2013).LapolémicaKelsen-Schmitt:undebatejurídicoentornoalaModernidad.Diánoia. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-24502013000200004 Fondevila Marón, M. (2014). Dos visiones del Derecho Europeo: Hans Kelsen y Herman Heller. Revista de Estudios Políticos. Forum Divulgación del Conocimiento Socio-jurídico. (2023, noviembre 13). Andrés Rosler - El debate entre Schmitt y Kelsen. ¿Una distinción sin una diferencia? [Video]. YouTube. https:// www.youtube.com/watch?v=emPTaXSI_Vc García Roca, J. F. (1988). Sobre la teoría constitucional de Rudolf Smend. Revista de Estudios Políticos. Hans Kelsen. (2023, noviembre 13). Información sobre Hans Kelsen. https://kelsen.online/ informationen/hans-kelsen Herrera, C. M. (1994). La polémica Schmitt-Kelsen sobre el guardián de la constitución. Revista de Estudios Políticos. Daniel Márquez Gómez �40 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Huntington, S. P. (1989). The modest meaning of democracy. En R. A. Pastor (Ed.), Democracy in the Americas: Stopping the Pendulum (Holmes and Holmes. Huntington, S. P. (1994). La tercera ola. Paidós. (Edición original en inglés, 1991). Kelsen, H. (1956). ¿Qué es la justicia? Imprenta de la Universidad de Córdoba. Kelsen, H. (1934). 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Kelsen Versus Schmitt: Actualidad Socio-Política del Tema de la Justicia Constitucional. pp. 15-40 �VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx 41 La nulidad de oficio en la apelación de sentencia de los procesos civiles en el Perú, ¿excepción al principio de congruencia recursal o manifiesta vulneración al debido proceso? The ex officio nullity in the appeal of judgments in civil proceedings in Peru, an exception to the principle of procedural congruity or a manifest violation of due process? Recibido: 10 de noviembre de 2025 Aceptado: 06 de enero de 2026 Juan José La Torre Bandaa y Italo Enrique Zegarra Quirogab ORCID: Universidad Católica de Santa María b ORCID: Universidad Católica de Santa María a Cómo citar Luiz Guilherme Marinonia La Torre Banda, J. J., & Zegarra Quiroga, I. E. La nulidad de oficio en la apelación de sentencia de los procesos civiles en el Perú: ¿excepción al principio de congruencia recursal o manifiesta vulneración al debido proceso?. Nomos: Procesalismo Estratégico, 3(5). https://doi.org/10.29105/nomos.v3i5.52 �42 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León RESUMEN El modelo procesal peruano, a causa de la confluencia del principio inquisitivo y dispositivo, se ha prestado para la admisión de diversas instituciones procesales, influenciadas ya bien sea por los intereses privados o públicos. Una de estas instituciones, denominada en el presente trabajo como nulidad de oficio en la segunda instancia, acarrea graves problemáticas en tanto a su vinculación con los principios de congruencia recursal y los cánones del debido proceso. A fin de evaluar esta relación, se ha ejecutado una revisión previa sobre las principales instituciones procesales del Perú, las principales teorías inmiscuidas y las posiciones generales sobre esta nulidad de oficio en la apelación. Finalmente, se ha concluido que la nulidad en la apelación no contraviene el principio de congruencia recursal ni vulnera el debido proceso, sino que configura una excepción justificada en la defensa de los intereses generales que se inmiscuyen en todo tipo de procesos civiles en el Perú, siempre y cuando se respete el derecho al contradictorio y se informe pertinentemente a los sujetos procesales sobre el vicio divisado. PALABRAS CLAVE: Nulidad de Oficio, Nulidad Procesal, Principio de Congruencia Procesal, Apelación de Sentencia y Segunda Instancia. ABSTRACT The Peruvian procedural model, due to the confluence of the inquisitorial and dispositive principle, has lent itself to the admission of various procedural institutions, influenced either by private or public interests. One of these institutions, called in this work as ex officio nullity in the second instance, entails serious problems in terms of its connection with the principles of recourse congruence and the canons of due process. In order to evaluate this relationship, a prior review has been carried out on the main procedural institutions of Peru, the main theories involved and the general positions on this ex officio nullity in the appeal. Finally, it has been concluded that the annulment of the appeal does not contravene the principle of recourse consistency nor does it violate due process, but rather constitutes a justified exception in the defense of general interests that interfere in all types of civil proceedings in Peru. as long as the right to adversarial proceedings is respected and the procedural subjects are appropriately informed about the defect identified. KEYWORDS: Nullity of Office, Procedural Nullity, Principle of Procedural Consistency, Appeal of Sentence and Second Instance. La nulidad de oficio en la apelación de sentencia de los procesos civiles en el Perú, ¿excepción al principio de congruencia recursal o manifiesta vulneración al debido proceso?. pp. 41-64 �VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx 43 INTRODUCCIÓN El modelo procesal civil peruano, diseñado mediante una inspiración selectiva del modelo iberoamericano de código procesal civil, se ha establecido como uno de corte mixto, con una apertura a la intervención voluntaria de los sujetos procesales, pero sin olvidar el rol de director del proceso que ostenta el juez civil. Dicha perspectiva, ha posibilitado que figuras procesales, incompatibles en sistemas procesales ultraconservadores, sean adicionadas a las formas procesales convencionales. No obstante, muchas veces esta importación de normas, motivadas por un latente garantismo procesal que se ha importado desde Argentina, ha ocasionado que los principios esenciales del proceso civil queden reducidos a letra muerta. En concreto, se identificó el curioso caso de la nulidad de oficio, motivada por un recurso de apelación de sentencia que, sin requerir la nulidad, le otorga un abanico de facultades al magistrado de la sala de revisión, llamado Ad quem, para que pueda revisar y declarar la nulidad, sin que se haya advertido previamente a los sujetos procesales. Esta perspectiva, dependiendo del sector consultado, puede resultar contraria a principios tales como el de congruencia recursal, vulnerando el debido proceso, mientras que otros, defienden su legalidad argumentando la defensa de los intereses públicos, contenidos en la administración de justicia. Para abordar los alcances del trabajo, se procederá a realizar una revisión general de las principales instituciones procesales involucradas, provenientes del sistema jurídico peruano, y a ilustrar las posiciones contrapuestas. 1. LA CONTRAPOSICIÓN DE LO INQUISITIVO Y LO DISPOSITIVO EN LA ESTRUCTURA DEL PROCESO CIVIL PERUANO Antes de profundizar en las diversas instituciones que se han diseñado al interno del proceso civil, cabe hacerse una pregunta, muchas veces ignorada, pero que revela la inclinación de la administración de justicia ante un determinado modelo procesal, la cual es qué se debe entender por proceso, bajo un enfoque netamente procesal. Así, Cavani y Castillo (2021) lo definen “desde un acercamiento funcional, como aquel instrumento Juan José La Torre Banda y Italo Enrique Zegarra Quiroga �44 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León destinado para alcanzar los objetivos trazados por los postulados públicos predominantes, enmarcados en la administración de justicia” (p.86). Dicha definición, integra las ideas clásicas de la determinación procesal, las que conciben al proceso como “institución jurídica; en cuyo interior se ejecutan un conjunto de actividades encaminadas a un fin común, perseguido por la voluntad de los sujetos intervinientes” (Guasp, 2005: 11), a esta consideración, se le adiciona el “componente normativa intrínseco, propio de la disciplina procesal, donde se concibe al proceso como la instancia de transición, sumamente reglada por un conjunto de normas vinculantes, que se debe seguir para desplegar la actuación del derecho positivo”(Echandía, 2009: 4). Actualmente, la postura clásica ha cedido lugar a la revisión de aquellos elementos, ajenos al proceso, pero que repercuten en la creación de un sistema procesal nacional, publicitados por la dirección de la política interna, dirigiendo las normas procesales a amparar una mayor libertad en el juzgador, constituyendo el principio inquisitivo y la participación activa del Estado en la averiguación de la verdad material, o limitándose a controlar el cumplimiento de las normas procesales elementales, sin obstruir la intervención libre de los sujetos procesales, configurándose el principio dispositivo y la participación pasiva del Estado en la determinación de la verdad formal. La predominancia de una corriente, ha propiciado la generación de un sistema mixto, donde se respeta la iniciativa de parte, tipificado en el artículo IV del Título preliminar del Código Procesal Civil, pero se prevé una participación en el juzgador, abandonando la concepción del juez como mero observador, reconociendo la dirección que ejerce en el proceso, contenido en el artículo II del Título preliminar del Código Procesal Civil; la creación de un sistema ecléctico, donde en determinados tópicos se observa la preeminencia del principio inquisitivo, mientras que en otros prevalece el dispositivo, “coadyuva a la obtención de los fines del proceso, delimitando su objeto en torno a la demanda, la pretensión planteada y la contradicción, respetando el derecho al contradictorio” (Vescovi, 1994: 170). La estructura procesal vigente, y que se ha desperdigado por gran parte de Latinoamérica, se sostiene en la confluencia de estos dos principios, contrapuestos pero que derivan en un choque de modelos procesales que protegen intereses públicos y privados. Dependiendo del enfoque doctrinario que se use, el argumento que sostiene la prevalencia de un tipo La nulidad de oficio en la apelación de sentencia de los procesos civiles en el Perú, ¿excepción al principio de congruencia recursal o manifiesta vulneración al debido proceso?. pp. 41-64 �VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx 45 de interés sobre el otro dará lugar a las posturas que defienden la primacía del principio inquisitivo sobre el principio dispositivo o viceversa. La confluencia de intereses, tanto privados como públicos, motiva a la elasticidad de ciertos principios, inamovibles en sistemas procesales estáticos, que basan la seguridad de las normas adjetivas mediante una acepción estricta. Por lo tanto, en el Perú, al confluir ambos intereses, es sumamente común observar que las normas procesales se adecuan a los intereses de los justiciables, primando el principio dispositivo, o a la restauración de la paz social en justicia, primando el principio inquisitivo, justificando lo afirmado por Monroy (1996) al definir el proceso civil peruano como “el conjunto de reglas flexibles destinadas a resolver los conflictos intersubjetivos de intereses o saldar incertidumbres jurídicas” (p.57). Dicha flexibilidad, en virtud de la defensa del interés estatal en la resolución efectiva del conflicto y en la aplicación de una tutela jurisdiccional efectiva, se ve ejemplificada en la atenuación del principio de congruencia, tanto en su dimensión ordinaria, haciendo alusión a la pretensión contenida en la demanda o en la reconvención, como en la extraordinaria, relacionada a la denominada “congruencia recursal”; extralimitando el resultado del proceso por sobre los márgenes de la iniciativa de parte, tal y como ocurre con la apelación de oficio, denominada en el artículo 408 del código procesal civil peruano como consulta, la imposición de oficio de la medida cautelar de asignación anticipada de alimentos, figura en el artículo 675 del cuerpo normativo mencionado, y la denominada “nulidad de oficio en la apelación”, contenida en el artículo 382 del código citado, institución que ha motivado la redacción del presente artículo, pero que no puede abordarse sin antes conocer la operativización de instituciones procesales nacionales, tales como la apelación y la nulidad. 2. RECURSOS EN EL PROCESO CIVIL: LA APELACIÓN Cualquier institución que sea conducida por hombres, reconoce el riesgo intrínseco del error. Se suele utilizar la frase “errar es humano” para exculpar las situaciones donde el proceder profesional ha trastabillado frente a la conducta humana, ya bien sea por distracción o por la intromisión de un fuerte componente emocional. Para el caso del proceso civil, y en especial en la emisión de sentencias de mérito, se acepta la derrotabilidad de las decisiones Juan José La Torre Banda y Italo Enrique Zegarra Quiroga �46 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León judiciales, cuando no se hayan acorde a derecho o no han tomado en cuenta la prueba generada, permitiendo que una estancia de rango superior, llamándose localmente como el Ad quem, revise la decisión cuestionada, realizando un control ex post, con el objetivo de adecuarla conforme a derecho. La adecuación posterior de la decisión, “aunque cumple la finalidad de corregir los desperfectos jurídicos del acto jurisdiccional, también denota el avance del derecho, mediante la construcción de decisiones jurisprudenciales” (Pérez, 2020: 83). En forma concreta, “el recurso de apelación de sentencia, como una de las manifestaciones más comunes de los medios impugnatorios, consiste en requerir la revisión normativa o probatoria, por mano del que se ve perjudicado con el resultado adverso del pronunciamiento de mérito, ante el juez superior; se persigue que el sentido del fallo sea revocado, modificando el sentido del fallo en forma favorable para el apelante, o se nulifique la decisión, provocando que la primera instancia emita nuevo pronunciamiento al desviarse de los cánones del debido proceso. La normativa que regula el recurso de apelación busca tutelar al litigante que se ha visto agraviado por una resolución adversa que no se adecúa a los parámetros normativos esenciales, justificando que el tribunal superior evalúe la permanencia de la decisión o, de plano, ordene su modificación o el nuevo pronunciamiento, considerando las reglas vinculantes del proceso civil que se han omitido” (Liva, 2017: 12). Al ser la apelación de sentencia el mecanismo más común para llegar a la segunda instancia, no es inusual que se simplifique el sistema recursal al afirmar que “la segunda instancia parte con la apelación, contando con un reconocimiento normativo sobre cómo debe procederse la revisión, incluso con alcances restrictivos sobre los actos procesales ordinarios que se practican en primera instancia, como es el caso de la prueba” (Núñez, Carrasco y Rojas, 2020: 315). La apelación, como bien se ha descrito en la sección anterior, posee una regulación que depende, en gran medida, de la influencia del principio inquisitivo o el principio dispositivo, modificando las permisibilidades teóricas para dar paso a la tutela de los valores nacionales que el legislador ha ordenado que se vean reflejados mediante la apelación. Considerando la estructura ecléctica, en el Perú se afirma que “la influencia del principio dispositivo se ve resaltada en la apelación, dándole preferencia a los intereses particulares por sobre los intereses generales, limitando la apelación, incluso su mera existencia, al pedido voluntario La nulidad de oficio en la apelación de sentencia de los procesos civiles en el Perú, ¿excepción al principio de congruencia recursal o manifiesta vulneración al debido proceso?. pp. 41-64 �VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx 47 que realiza el litigante agraviado, ejemplificando el principio de iniciativa de parte, inclusive, otorgando plazos perentorios que derivan en que la sentencia adquiera la calidad de firme” (Vescovi, 1994: 170). La voluntariedad de la apelación es tan esencial para desplegar la revisión por la segunda instancia, que no procede si es que los sujetos procesales pactaron la renuncia a promover recursos, tal y como lo recoge el artículo 361 del Código Procesal Civil peruano con la “renuncia a recurrir”. No obstante, y como es propio de un sistema procesal débil, se han admitido diversas excepciones como el recurso de consulta, supuesto que ha recibido el nombre de “apelación de oficio”, pero que se encuentra justificado al encontrar un uso reducido; reservado para aquellas materias donde se evalúa la capacidad de ejercicio del demandado o cuando el juez civil ha preferido resolver el caso mediante la aplicación de normativa constitucional por sobre normativa civil, revelando un claro control al fenómeno de la constitucionalización del derecho privado. Como rasgo adicional que caracteriza a la institución de la apelación, al amparo del artículo 364 del Código Procesal Civil peruano, se tienen al efecto nulificatorio y revocatorio de la sentencia, características que se han enunciado en el párrafo precedente. El efecto nulificatorio consiste en la declaración de contravención a las reglas del debido proceso, por parte de la instancia de revisión, ordenando que se vuelvan a efectuar los actos procesales viciados. Por otro lado, cuando ha concurrido vulneración normativa de orden sustantivo o de valoración probatoria, la segunda instancia pueda cambiar el sentido del fallo que ha motivado el recurso, sin que se hayan trastocado reglas procesales. 2.1. Principio Tantum Devolutum Quantum Apellatum o congruencia recursal El recurso de apelación, al igual como sucede con la demanda, se encuentra limitado a los alcances de la petición que ha formulado el justiciable, restringiendo el conocimiento que ejerce el Ad quem sobre la sentencia apelada, limitándose a revisar solo aquello que la parte perjudicada ha cuestionado. Dicha limitación, trasladada a la sala revisora, se denomina como “el principio de congruencia recursal”, aunque se suele encontrar bajo el aforismo “tantum devolutum quantum apellatum” el cual impone que la sala de revisión resolverá tanto como se haya apelado. Juan José La Torre Banda y Italo Enrique Zegarra Quiroga �48 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León El principio de congruencia recursal, en forma específica, evita que el juez pueda superponer los intereses generales de adecuar la sentencia conforme a derecho por sobre la petición que dirige el litigante. Tal es el peso que se le da a la congruencia procesal que, si se divisa que el Ad quem cruza los límites de lo peticionado, se recaería en un pronunciamiento extrapetita, desencadenando una posible nulidad posterior tal y como lo expone el Recurso de Nulidad N° 736-2017-Cajamarca en su quinto considerando, que precisa que “el pronunciamiento judicial que abarca extremos no impugnados, vulnera manifiestamente el principio tantum devolutum quantum apellatum. Reconocer la importancia del principio, mencionado en la labor de circunscribir el objeto del recurso de apelación, radica en limitar el nuevo sentido del fallo ante los agravios aducidos” Que se prevea el efecto de nulidad, cuando haya concurrido una vulneración al principio de congruencia procesal, mismo que engloba la congruencia de primera instancia y de la instancia revisora o congruencia recursal, se relaciona con su íntima relación con el derecho al debido proceso, hecho que es sumamente lógico si rememoramos que no puede existir un debido proceso si el mismo no se enmarca a las reglas regulares de un proceso justo, por lo que sería insostenible defender un proceso justo cuando la relación proviene únicamente del magistrado, más no de la intencionalidad de las partes. Este sustento se recoge en sendos pronunciamientos nacionales, como el caso de la Casación N° 10992017-Lima, en cuyo decimotercer fundamento recuerda que “el respeto al principio de congruencia recursal constituye otra manifestación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, limitando principios que refuerzan la discrecionalidad del juez como es el iura novit curia. Para que un pronunciamiento judicial se adecue a los cánones del debido proceso se requiere que se presenten, en forma copulativa, la congruencia interna y la congruencia externa”. 3. LA NULIDAD PROCESAL El efecto nulificatorio, proveniente del plano jurídico-procesal, tiene un origen plural. En otros sistemas procesales, la nulidad procesal o bien se circunscribe como un efecto específico de un determinado recurso, dígase el efecto nulificatorio que se sostiene en la La nulidad de oficio en la apelación de sentencia de los procesos civiles en el Perú, ¿excepción al principio de congruencia recursal o manifiesta vulneración al debido proceso?. pp. 41-64 �VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx 49 presente investigación y que aparece en la apelación de la sentencia, o bien puede aparecer como un recurso independiente, tan trascendental que es capaz de cuestionar, mediante un proceso independiente, la validez procesal de un sentencia que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, esto mediante la Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, tipificada en el artículo 178 del Código Procesal Civil peruano. Dentro de estas inconsistencias terminológicas, que no parecen encontrar uniformidad respecto de la nulidad como efecto o como remedio, se torna en indispensable efectuar una revisión a la nulidad como efecto del recurso de apelación. Motivando, para tal fin, el estudio de las instituciones generales de la nulidad, extensivas tanto a la nulidad autónoma como a la nulidad-efecto. Para Cavani (2014) “el efecto nulificatorio se define como la consecuencia jurídica de un pronunciamiento jurisdiccional contrario a las reglas procesales. Dicha falta de adecuación con el modelo previsto para los actos jurisdiccionales, niega la eficacia y los efectos producidos por el llamado “acto viciado” a causa de desentonar con los postulados del debido proceso, convirtiendo el error en insubsanable” (p.272). La postura nacional, ejemplificada por Cavani, brinda un desarrollo actual de la institución, profundizando las definiciones iniciales, la expuesta por Echandía (2009), se tiene que “es el primer grado de invalidez del acto procesal; el acto jurisdiccional se ve impedido de producir sus efectos a causa de que el acto es quod nullum producit effectum, debido a los defectos de forma, competencia, capacidad, motivación o representación. No obstante, la ineficacia del acto puede ser provocada por un error, lo que no gatillara el efecto nulificatorio, por lo que se afirma que sólo cuando la ineficacia es consecuencia de un vicio, se puede hablar de nulidad procesal” (p.818). La exclusión de un acto procesal, por no encontrarse en sintonía con las formas procesales, hace pensar que dicha consecuencia aparecerá en la medida que se contravenga cualquier regla adjetiva. Sin embargo, no debe olvidarse que, según el artículo 172 del Código Procesal Civil de Perú, se reconoce el principio de convalidación, donde el acto se reputa válido cuando haya cumplido su finalidad, descartando la hipótesis de la nulidad procesal como remedio para preservar el formalismo. Esta concepción atañe a repensar qué se debe entender por formas procesales, arrojando una respuesta amplia por parte de Couture (1952) donde “las formas procesales son dinámicas, varían con el tiempo y el Juan José La Torre Banda y Italo Enrique Zegarra Quiroga �50 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León lugar, incluso viéndose modificadas por la predominancia de la forma escritural y oral, o por la predominancia del principio inquisitivo o el principio dispositivo. Lo que sí se puede aseverar, es que las formas procesales siempre deben servir al vínculo procesal que se ha establecido, respetando los aspectos esenciales del debido proceso y todo lo que comprende” (p.69). Reconocer el avance de las teorías procesales, conlleva a que, a diferencia de los primeros pasos del procesalismo en el territorio nacional, ahora se hable de “vicios extrínsecos, cuando se contraviene la formalidad procesal, pero también se reconocen a los vicios intrínsecos, donde la forma da paso a la vulneración de elementos internos del acto procesal, dígase la capacidad procesal del sujeto, la finalidad del acto procesal y el objeto, donde se circunscribe la motivación” (Arrarte, 1995: 129). 3.1. El efecto de la nulidad Como efecto principal de la declaración de nulidad se encuentra que todas las actuaciones judiciales viciadas se tomen como no concretadas, disponiendo el efecto retroactivo. “Dicho efecto sólo procede cuando no sea posible la conservación del acto viciado, ni tampoco su subsanación. Para los supuestos donde sea posible la convalidación, el magistrado puede realizarlo mediante la subsanación de oficio, pero siempre y cuando se circunscribe a la instancia ordinaria, sin ir más allá de lo pretendido en la apelación. Incluso, se expresa tajantemente que la nulidad de oficio no puede decretarse cuando no se haya solicitado en los recursos, salvo cuando se demuestre falta de competencia o la concurrencia de intimidación en el justiciable para no apelar” (Ballesteros, 2022: 18). La falta de adecuación con las formas procesales, atañe a que este “remedio-sanción, expectore del pronunciamiento judicial a los actos procesales que se vean afectados con el vicio original” (Cavani, 2014: 272). En términos prácticos, si el pedido de nulidad es fundado, el juez dispondrá que se vuelvan a celebrar los actos procesales que se hayan suscitado con posterioridad a la ocurrencia del vicio, como si nunca hubieran existido. Tal decisión, implica que el expediente, elevado a la segunda instancia, sea devuelto a la primera instancia, quien deberá disponer la continuación del proceso desde la identificación del vicio denunciado, pudiendo o no cambiar el sentido La nulidad de oficio en la apelación de sentencia de los procesos civiles en el Perú, ¿excepción al principio de congruencia recursal o manifiesta vulneración al debido proceso?. pp. 41-64 �VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx 51 del fallo final. La importancia del reconocimiento de los vicios procesales y dar cabida a la nulidad procesal, oscila en la defensa del debido proceso, como presupuesto indispensable para regir un ejercicio justo de la administración de justicia. “El cumplimiento del debido proceso se extiende a cualquier tipo de controversia judicial, sea civil, laboral, contenciosa o familiar, adecuándolo según la interpretación constitucional, que reconoce el debido proceso como principio general y derecho de todo justiciable, al amparo del artículo 139 de la Constitución Peruana” (Carrasco, 2021: 166). Lo afirmado revela que, aunque sea redundante, la verificación de las reglas procesales, a fin de tutelar los derechos de los litigantes, compete a las reglas del debido proceso, justificando que en la primera instancia el juez pueda anular de oficio, aunque dicha permisividad está rodeada de inconsistencias cuando se traslada a segunda instancia, rozando con manifiestas vulneraciones a los principios de congruencia recursal y, paradójicamente, vulnerando el debido proceso. 3.2. Actuación de oficio en la nulidad procesal Como se ha establecido precedentemente, “la nulidad procesal se concibe como un remedio a la actuación viciada de las partes procesales o del A quo. Así pues, la nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea a las cualidades personales de las partes, sea la esencia del acto; lo cual comprende sobre todo la existencia de la voluntad y la observancia de las formas prescritas para el acto. Puede resultar también de una ley” (Ticona, 1999: 23). Otro sector de la doctrina establece que, al hablar de nulidad procesal, se hace referencia al espectro de la ineficacia procesal, que son aquellas circunstancias en las cuales los actos procesales no pueden producir sus efectos. “Partiendo siempre de la base que los actos procesales son eficaces solo si no están afectados con un vicio insubsanable. Por su parte la ineficacia funcional, hace referencia a una limitación sobrevenida para la continuación del acto, como la realización de un acto fuera de tiempo, en esos casos es preciso suprimir su eficacia y los efectos del acto” (Guerra, Hurtado, Veramendi, Ramos y Cavani, 2011: 197-198). Siendo así, los actos procesales viciados -por su naturaleza-, contraviene los derechos de las partes procesales, provocando que el juez, en uso de su facultad tuitiva y siendo director Juan José La Torre Banda y Italo Enrique Zegarra Quiroga �52 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León del proceso, declarare, de oficio, la nulidad de los actos procesales, a pesar de que el defecto procesal no haya sido invocado expresamente. Dicha facultad, se encuentra justificada en que: El juez conoce el derecho y puede decidir la calificación jurídica y finalmente la norma aplicable al caso (iura novit curia) en forma autónoma y en un soliloquio es reemplazada por la necesidad del diálogo previo con las partes sobre la posibilidad de considerar una visión del derecho aplicable que aquellas no tuvieron en cuenta. Hablamos así de un iura novit curia dialógico, de modo tal que la decisión del Juez no sorprenda a las partes y además haciendo a estas partícipes de cómo se decidirá el caso (Wiegand, 2005: 127). Denotando el referido axioma, iura novit curia, que, en su origen fue responsable de la idea que el juez conoce del derecho aplicable, o de investigarlo de oficio. “En la actualidad no se limita a una visión tan limitada, sino que se traduce en la cooperación entre las partes para hallar la solución más idónea. Entendiendo que entre el juzgador y las partes existe un interés común que se sitúa en la resolución de la controversia” (Perez, 2020: 309-310). Entonces, la actuación del juez, en aplicación del principio iura novit curia, se ve limitada al respeto de las posturas de las partes. Dentro del ejercicio de la facultad jurisdiccional, “el juez tiene la potestad de declarar de oficio la nulidad de actos procesales en cualquier fase del proceso” (Tello, 2016: 180). No obstante, “existe un gran dilema en cuanto a la libertad de acción que posee el Ad quem, cuando se trata de declarar nulidades procesales de oficio. Situación que, en otros ordenamientos jurídicos, mayormente de raigambre continental o europea, se ve salvada, por cuanto la revisión que se efectúa en segunda instancia es de naturaleza amplia; ello, con la finalidad de corregir los errores judiciales que pudo haber generado al a quo, reconociéndose un margen de desconfianza en los tribunales de primera instancia” (Núñez et al., 2020: 316). Sin embargo, en el ordenamiento jurídico peruano, a partir de la introducción del sistema de litigación oral al proceso civil, es que recién se ha abierto la posibilidad de ampliar el marco de revisión de la segunda instancia. Pero ello no ha significado que se supriman los La nulidad de oficio en la apelación de sentencia de los procesos civiles en el Perú, ¿excepción al principio de congruencia recursal o manifiesta vulneración al debido proceso?. pp. 41-64 �VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx 53 restos del antiguo modelo procesal que limitaba la actuación del Ad quem a lo regulado estrictamente por la norma adjetiva. Esta reforma se ajusta a la concepción de que el proceso civil contemporáneo, es aquel que debe desarrollarse en un contexto de participación de las partes, a fin de que estas puedan influenciar en el proceso y en las decisiones que se generen ante el órgano jurisdiccional; participación que requiere un clima igualitario. “Así pues, las decisiones emanadas por el juzgador, sobre todo las que se refieren a la nulidad de actos procesales, no pueden ser intempestivamente ordenadas sin que las partes hayan podido influenciar en su juicio. Siendo así, solo se podrá decretar la nulidad de oficio si el defecto en el que se ha incurrido causa perjuicio al orden público, o intereses privados, siempre que se fundamente en razones objetivas” (Mitidiero et al., 2012, citado por Cavani, 2014: 493). Entonces, el marco de aplicación de la nulidad de oficio en todas las instancias judiciales, se limita a las situaciones en las cuales el juez no puede continuar con el proceso, “al haberse afectado normas imperativas, es decir cuando, nos encontramos ante supuestos de nulidad absoluta” (Díaz, 2003, citado por Tello, 2016: 153). Dicho razonamiento sitúa su origen en que el proceso civil tiene previsto sanciones específicas, para aquellos actos que no satisfagan la norma adjetiva, por lo que podemos establecer que la nulidad procesal tiene características propias que la diferencian de la nulidad sustantiva. Es por ello por lo que, si sancionamos cualquier conducta de las partes con nulidad, limitaríamos la libertad y la igualdad de armas, principios que rigen el derecho procesal. Por tanto, se debe restringir la nulidad a aquellos actos procesales abusivos. Es decir, a aquellos que obstaculizan el correcto ejercicio de la actividad jurisdiccional (Aguirrezabal y Pérez, 2018: 310). Por otro lado, apoyando la postura que la actuación de oficio del juez, nace en la búsqueda de garantizar los derechos de las partes procesales, cierto sector de la doctrina comparte la idea que la razón de la constitucionalización del derecho al debido proceso no se limitó a su concepción tradicional, en el entendido que se busca la protección de los derechos constitucionalmente reconocidos a cada individuo. “Sino que esta va más allá, y apunta a la posibilidad de implementar diversos mecanismos de protección a esta garantía. Es así como, a nivel jurisdiccional, se abre la posibilidad de que el juez controle de oficio las Juan José La Torre Banda y Italo Enrique Zegarra Quiroga �54 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León actuaciones procesales, es decir corrija el procedimiento, apartando toda posibilidad que se generen vicios que hagan al proceso inútil” (Aguirrezabal, 2021: 394). Teniendo en cuenta ello, en el ordenamiento jurídico peruano, “el pedido de nulidad como tal, tiene un momento procesal exclusivo, el cual la norma lo sitúa hasta antes de emitirse la sentencia; sin embargo ello, no limita que las partes puedan invocarlo como pretensión en su recurso de apelación, mediante el cual, como se ha establecido en acápites anteriores, tiene como efecto que el juez revisor valore los alegatos y si del proceso se desprende, declare la nulidad del mismo, ordenando la renovación del acto viciado” (Ledesma, 2008: 614). Dicha premisa abre la posibilidad a que el juez de segunda instancia pueda declarar la nulidad de determinados actos procesales, así como de la misma sentencia de grado, realizando una actuación de oficio y siempre que el vicio sea salte a la vista, por no haberse entablado correctamente la relación jurídico procesal, un vicio de motivación o de otra índole, y siempre que no exista la posibilidad de ser salvado de otra manera que no sea con la declaratoria de nulidad. Lo que en ningún caso puede ejecutarse, afectando directamente los derechos de las partes y la posibilidad de continuar con el proceso. Aunado a que, esta actuación de oficio, como se ha mencionado precedentemente, responde al axioma iura novit curia, por el cual el juez conoce del derecho aplicable a cada caso, no pudiendo consentir situaciones que vulneren o afecten el derecho de las partes, y con ello limitar la recta administración de justicia. 3.3. Principio de congruencia procesal en el recurso de apelación con efecto nulificante El aforismo: “ne eat judex ultra petita partium”, establece la limitación que posee el juez de darle a una parte procesal más de lo que ésta pide. “Principio que, a pesar de su antigua data, ostenta plena vigencia en el proceso civil actual, y cuya naturaleza radica en que, si bien el derecho procesal posee una naturaleza pública, en él se discuten, derechos de naturaleza privada. Así pues, la persona encargada de declarar el derecho, es decir el juez, conduce el proceso y realiza una declaración de naturaleza pública, siendo el derecho que declara de naturaleza privada. Por lo que el juez limita La nulidad de oficio en la apelación de sentencia de los procesos civiles en el Perú, ¿excepción al principio de congruencia recursal o manifiesta vulneración al debido proceso?. pp. 41-64 �VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx 55 su actuación a la pretensión invocada por las partes, no pudiendo dar más de lo que esta pide, salvo en aquellos casos en los que no se haya acreditado con suficiencia la pretensión, en cuyo caso se declara parcialmente la fundabilidad de su pretensión” (Monroy, 1996: 86). De lo dicho anteriormente, se colige que no se puede sustituir la idea de que las partes pueden disponer sobre el objeto del proceso, haciendo que el juez sólo pueda utilizar aquello que las partes decidan integrar al proceso. “En virtud de lo afirmado, se concibe que, entre el derecho procesal y el derecho sustantivo, existe la posibilidad de disponer sobre el elemento litigioso. Esta posibilidad, se traduce en el derecho de las partes procesales, de solicitar tutela jurisdiccional (acción) y el de defenderse (contradicción). Entonces, se reconoce la posibilidad de que las partes puedan influenciar en la tramitación y finalidad de un proceso, ello sobre la base de lo que se pide y lo que se alega. Desprendiendo que las partes son las que deciden el inicio, la extensión o el ámbito de discusión del proceso” (Pérez, 2020: 300). Por otro lado, el límite que tiene el juez de aplicar las normas, pertinentes al caso concreto, se constituye en el principio de congruencia, el cual se ha desarrollado en forma preliminar precedentemente. Sin embargo, lo volvemos a traer a colación por cuanto “este principio obliga al órgano jurisdiccional a resolver las pretensiones de las partes de forma congruente, con los términos que están planteen, sin cometer desviaciones que supongan la modificación o alteración del debate procesal” (Prado y Zegarra, 2019: 291). Sobre el mismo, Priori (2019) citado por Prado y Zegarra (2019), refiere que: (i) el juez no puede omitir pronunciarse respecto a lo debatido por las partes, (ii) tampoco puede conferir un remedio o una defensa si las partes no la han formulado; (iii) dar más allá de lo que estrictamente fue pedido; o (iv) menos de lo que las partes han aceptado (p.291). Por otro lado, en la jurisprudencia peruana, se ha desarrollado ampliamente la naturaleza y los límites de actuación que impone el principio de congruencia procesal. Así pues, la sentencia casatoria 1099-2017 Lima, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, precisa que: Juan José La Torre Banda y Italo Enrique Zegarra Quiroga �56 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León El principio de congruencia procesal, se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la debida motivación de las resoluciones y con el principio de iura novit curia (...) según el cual en toda resolución judicial debe existir: 1) Coherencia entre lo solicitado por las parte y lo finalmente resuelto, sin omitirse, alterarse o excederse dichas peticiones (congruencia externa); y, 2) Armonía entre la motivación y la parte resolutiva (congruencia interna); en suma, la congruencia en sede procesal, es el (...) principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales, que deben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas (Echandia, s/f, citado por la Sala Civil Transitoria, 2018: 9). Finalmente, debemos precisar que, conforme al principio de congruencia, “el juzgador no puede omitir, alterar o exceder las peticiones contenidas en el proceso que resuelve. Su inobservancia se sanciona con la nulidad, al incurrir en ultra petita, extra petita y citra petita” (Sala de Procesos Abreviados Exp. 418-1999, 1999, citada por Ledesma, 2008: 467). Así entendemos que este principio cobra especial relevancia en la actuación del Ad quem, al momento de revisar la decisión y actuación del A quo, debido principalmente a que, en segunda instancia, como se ha establecido anteriormente, el Ad quem, no puede limitar su margen de revisión. Sin embargo, para un sector especializado en el derecho procesal civil nacional, esta actuación debe ser limitada en procura del principio de congruencia procesal y del debido proceso -principio que desarrollaremos extensamente a continuación-, por lo que el Ad quem, no podría ir más allá de lo peticionado en el recurso de apelación, formulado por el litigante; constituyendo lo que justamente delimita el objeto de debate. No obstante, la norma adjetiva, contenida en el artículo 382 del Código Procesal Civil peruano1, permite la posibilidad de que el Ad quem -así las partes no hayan invocado una nulidad en su recurso de apelación-, pueda declararla de oficio, debido a 1 Textualmente, el artículo N° 382 dicta que: “El recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad, sólo en los casos que los vicios estén referidos a la formalidad de la resolución impugnada” La redacción ambigua del articulado hace nacer la pregunta de qué entiende el legislador que es formalidad. Para la elaboración del presente artículo, los autores han visto contrariadas sus posiciones. Por un lado, se considera que “formalidad” se entiende en sentido amplio, abarcando todos los supuestos que conforman vicios procesales. Por otro lado, se considera que “formalidad” hace exclusiva alusión a errores escriturales o de determinación formal, más no procesal” La nulidad de oficio en la apelación de sentencia de los procesos civiles en el Perú, ¿excepción al principio de congruencia recursal o manifiesta vulneración al debido proceso?. pp. 41-64 �VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx 57 que el legislador ha establecido que el recurso de apelación lleva intrínsecamente el de nulidad, sólo para los supuestos de vicios en la forma. Lo que importa una flexibilización del proceso en cuanto al principio de congruencia procesal, en pro de la garantía del debido proceso. 4. EL DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN DE LOS JUECES DE SEGUNDA INSTANCIA La primera aproximación que se tuvo al derecho al debido proceso se dio en la Carta Magna Inglesa de 1215. Posteriormente a ello, esta institución se ha ido desarrollando y evolucionando conforme era adoptada por los ordenamientos jurídicos pertenecientes al civil law, así como los del common law. “Hoy se concibe como un conjunto de garantías mínimas que poseen todos los individuos que intervienen en procesos judiciales y de otra índole. Sin embargo, su concepción primigenia, respondía a crear un límite al poder estatal omnímodo y absoluto, a modo de proteger los derechos esenciales de los ciudadanos. Por lo que, el objetivo principal se sitúa en proteger de las arbitrariedades y garantizar el ejercicio de los demás derechos” (Contreras, 2021: 139-140). Las garantías del debido proceso, “abarcan aquellas condiciones que deben reunirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos están bajo consideración judicial” (Corte IDH, 2001, citado por García, 2019: 124). Algunas de estas integran el debido proceso, “revelando algunas tales como el principio de audiencia, de igualdad y del contradictorio, sobre la plataforma común del derecho de defensa, del derecho a la prueba, del derecho a la imparcialidad, a una sentencia motivada y a la de un recurso efectivo” (Palomo, Bustamante, Toro y Marin, 2020: 912). En palabras de Hernández (2022), “las formas en el proceso son una garantía de protección contra las arbitrariedades. Se concibe a esta postura como un derecho natural que reside en cada sujeto de derecho, constituyéndose en un límite al poder soberano” (p. 231). Siendo así, “por la garantía del debido proceso, los órganos jurisdiccionales están en la obligación de dar atención a las pretensiones solicitadas por las partes, ello en atención al principio de tutela jurisdiccional que rige el ámbito de la administración de justicia” (Del Pozo y Zuleta, 2022: 8). Juan José La Torre Banda y Italo Enrique Zegarra Quiroga �58 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Continuando con las aproximaciones sobre el debido proceso, Rojas (2017), establece que: La concepción de debido proceso sugiere una actividad constitucionalmente incuestionable y ceñida a las instrucciones impartidas por el legislador para su realización, lo cual descarta el recuerdo a cualquier actividad ilegítima aun cuando con ella se asegure alcanzar el resultado anhelado que de otra manera sería incierto, o se garantice su realización más rápida y fácil (p. 136). Por otro lado, la importancia del debido proceso radica en ser “un límite para la actuación del Poder Judicial en las democracias actuales y es la base de la justicia en un caso, pues sería un contrasentido adelantar un proceso sin el fiel cumplimiento de este principio cometiendo injusticias” (Gómez, Acevedo y Aguirre, 2021: 137). De este modo, no podemos admitir debido proceso como normas que crean debido proceso o normas que te otorgan y restringen derechos. “El debido proceso ha de ser el comportamiento normal ético- de los funcionarios públicos- en particular, aquellos llamados a administrar justiciay los órganos del Estado, no la excepción. El debido proceso ha de ser una constante, un modo -casi espontáneo- de actuar, en la solución de conflictos, y, por ende, no requiere de más norma que la deontológica, que nos exige actuar en protección de los derechos y las personas. Es, en mucho, una razón moral que nos mueve a la justicia: dar a cada uno lo suyo termina siendo una constante y perpetua voluntad de dar, parafraseando a Ulpiano” (Hidalgo, 2018: 153). Respecto a la aplicación del debido proceso en “el sistema de justicia, a nivel del proceso civil, su eficiencia se sitúa como la capacidad de cumplir en forma adecuada una función y brindar soluciones adecuadas, conforme a derecho. Sobre lo cual la oralidad desarrolla un modelo de gestión, que se sitúa en la forma más adecuada del ejercicio de la actividad jurisdiccional, siempre en procura de brindar tutela jurisdiccional efectiva” (Guerra, 2022: 16). La nulidad de oficio en la apelación de sentencia de los procesos civiles en el Perú, ¿excepción al principio de congruencia recursal o manifiesta vulneración al debido proceso?. pp. 41-64 �VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx 59 5. METODOLOGÍA Se precisa que, en la elaboración del presente trabajo de investigación, se ha seguido una metodología dogmática, centrada en el uso de las técnicas de interpretación literal, sistemática y funcional, ceñidas por el método analítico al momento de confrontar el desarrollo doctrinario de las instituciones procesales pertinentes con el sentido de las normas, específicamente el artículo 382 del Código Procesal Civil peruano. A su vez, se ha contrastado los aportes teóricos, tanto nacionales como internacionales, con los pronunciamientos vinculados que haya emitido la Corte Suprema de Justicia del Perú. 6. RESULTADOS Teniendo presente todos los alcances, expuestos de forma independiente en su respectiva oportunidad. Se parte con el comentario de que, el respeto del debido proceso es trascendental para el modelo procesal nacional. En la actuación de oficio de los órganos jurisdiccionales, con mayor razón, si nos encontramos ante una nulidad procesal que no ha sido denunciada por las partes procesales en su debida oportunidad, y es en segunda instancia que el Ad quem se percata de la existencia del vicio que acarrea ineficacia absoluta del acto procesal, se tiene que valorar. Así pues, el respeto de este principio implica que se otorgue a las partes procesales las garantías mínimas para el resguardo de sus derechos fundamentales, verbigracia, en el ordenamiento jurídico peruano se ha regulado dicho supuesto en el código procesal civil, específicamente en su artículo N° 382; las reglas del procedimiento de apelación, dentro de las cuales se establece que una vez que se señala fecha para la audiencia de vista de la causa, las partes procesales tienen un plazo determinado para solicitar el informar oralmente, pasado ese plazo, se sobreentiende que cualquier pretensión al respecto resulta improcedente, esto si adoptamos una postura de interpretación estricta de la norma. Sin embargo, esta regla no puede limitar el derecho al contradictorio -garantía del debido proceso-, que ostentan las partes procesales, por ende, si está en potestad del juez de segunda instancia, el permitirle a la parte procesal la posibilidad de expresar lo que le corresponda a derecho, sin que ello implique la realización de un informe oral. Juan José La Torre Banda y Italo Enrique Zegarra Quiroga �60 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Esta situación da cuenta del efecto que posee la garantía del debido proceso en el sistema procesal civil del Perú. El cual, a su vez, permitirá que siempre que se le respete, se tenga plena garantía que, aunque la actuación del juez sea de oficio, no se generen situaciones de arbitrariedad, o de vulneración de derechos fundamentales. La aplicación de la nulidad procesal de oficio no puede ser ejecutada si no es que se ha resguardado el debido proceso, y la razón de su ejecución se sustente en que el vicio procesal ha afectado este mismo principio constitucional o algún otro derecho fundamental de las partes procesales. En conjunto, se considera que la interpretación correcta del artículo N°382 de cuerpo normativo mencionado, debe aplicarse en respeto estricto del principio del contradictorio, citando a las partes al debate sobre la existencia de la nulidad procesal, divisada de oficio por el Ad quem. No obstante, a manera de comentario aislado, deben promoverse políticas de restricción o de interpretación sobre qué se debe entender por “formalidad” a fin de dejar impolutos los derechos protegidos por el principio de congruencia recursal y el derecho al debido proceso. CONCLUSIONES Concluido el desarrollo teórico de la presente investigación, se han arribado las siguientes conclusiones: 1. El sistema procesal peruano es de naturaleza mixta, reconociendo la confluencia del principio dispositivo y el principio inquisitivo; la coexistencia de ambos revela que el modelo procesal no es externo a los valores políticos que el legislador ha plasmado en las formas procesales. Al identificar esta peculiaridad, no se torna ilógico sostener las excepciones a ciertas normas procesales, inspiradas en posturas manifiestamente dispositivas o inquisitivas. Se cita el ejemplo del Principio de Congruencia Recursal y las Actuaciones de oficio que puede promover el magistrado. 2. El recurso de apelación cuenta con un doble efecto, el de revocación y el de nulificación. Así mismo, la apelación se encuentra limitada por el Principio de Congruencia Recursal, expresado mediante el aforismo “tantum devolutum quantum apellatum” que impone el deber del Ad quem de restringir su cognición a los expuesto por el La nulidad de oficio en la apelación de sentencia de los procesos civiles en el Perú, ¿excepción al principio de congruencia recursal o manifiesta vulneración al debido proceso?. pp. 41-64 �VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx 61 litigante en su recurso de agravio. No obstante, en seguimiento con la conclusión anterior, se permite un margen de apertura donde el magistrado puede divisar la nulidad de oficio, constituyendo una norma de excepción a la congruencia procesal. 3. La posibilidad de solicitar la nulidad de un acto procesal yace en la ausencia de los requisitos mínimos que le otorguen validez al acto. Lo que hace insubsistente la continuación del proceso, por cuanto se consentiría la afectación de los derechos y garantías de las partes procesales. Situación que se ve salvada con la posibilidad que el sistema procesal peruano le otorga al juzgador, de poder declarar la nulidad de oficio de un acto procesal cuando aún esta no haya sido invocada por las partes, resulta ser evidente. Posición que, si bien implica un grado de afectación al principio de congruencia recursal, esta debe ser salvada en procura de la garantía del debido proceso. 4. La nulidad de oficio sienta sus bases en el principio del debido proceso, por cuanto solo puede ser decretada si se ha respetado mínimamente sus garantías, como es el caso contradictorio, por cuanto toda actuación de la administración pública debe realizarse escuchando la posición de las partes. Ya que solo así se garantiza el no caer en actos de arbitrariedad. Por lo cual, se permite que flexibilicen la aplicación de normas y principios procesales, en procura de la defensa de los intereses generales que se inmiscuyen en todo tipo de procesos civiles en el Perú. PROPUESTAS Finalmente, y a manera de cierre, se ofrecen las siguientes propuestas de mejora a fin de solucionar la problemática advertida. 1. Promover una reforma normativa sobre el artículo 382 del Código Procesal Civil peruano, a fin de limitar el uso del poder nulificatorio por parte de los jueces de segunda instancia. 2. Difundir los alcances doctrinarios del presente trabajo de investigación, con miras a evidenciar la posible vulneración al debido proceso y al principio de congruencia recursal, esto al no encontrar claridad en la redacción del artículo 382 del Código Procesal Civil peruano. Juan José La Torre Banda y Italo Enrique Zegarra Quiroga �62 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León TRABAJOS CITADOS Aguirrezabal, M. y Pérez, A. 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La nulidad de oficio en la apelación de sentencia de los procesos civiles en el Perú, ¿excepción al principio de congruencia recursal o manifiesta vulneración al debido proceso?. pp. 41-64 �VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx 65 Evolución y desafíos de los derechos de la infancia en México: una perspectiva garantista Evolution and challenges of children’s rights in Mexico: a guarantee-based perspective Recibido: 31 de julio de 2025 Aceptado: 10 de diciembre de 2025 Haydeé García Molinaa ORCID: https://orcid.org/0009-0008-9642-6407 Universidad Westhill, México Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Directora de la Facultad de Derecho en la Universidad Westhill, México. . a Cómo citar Luiz Guilherme Marinonia García Molina, H. . Evolución y desafíos de los derechos de la infancia en México: una perspectiva garantista. Nomos: Procesalismo Estratégico, 3(5). https://doi.org/10.29105/ nomos.v3i5.47 �66 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León RESUMEN El reconocimiento de los derechos de la infancia en México y a nivel internacional ha evolucionado desde considerar a niñas, niños y adolescentes como objetos de derechos a sujetos de derechos. A nivel global, antecedentes clave incluyen la fundación de Save the Children en 1919, la Declaración de Ginebra (1924), la creación de UNICEF (1946), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), que establecen principios como la no discriminación, el desarrollo integral y la prohibición de explotación laboral. Otros instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Protocolos Facultativos de 2000 y 2011, refuerzan estas garantías. En México, la ratificación de la Convención en 1990, las reformas constitucionales de 2011 y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014) consolidan un marco jurídico que prioriza el interés superior de la niñez. Sin embargo, la teoría garantista de Luigi Ferrajoli señala que, pese a la validez de estas normas, su eficacia es limitada. Reportes de Save the Children y la Red por los Derechos de la Infancia (2023) destacan la violencia extrema contra menores de edad, con miles de homicidios y feminicidios, además de la participación de niñas, niños y adolescentes en delincuencia organizada. El Comité de los Derechos del Niño critica la falta de coordinación, recursos y armonización legislativa, evidenciando la ineficacia de las normas para garantizar derechos fundamentales de la infancia en nuestro país. PALABRAS CLAVE: Infancia, derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos fundamentales, garantismo, eficacia. ABSTRACT The recognition of children’s rights in Mexico and internationally has evolved from viewing girls, boys, and adolescents as objects of rights to subjects of rights. Globally, key milestones include the founding of Save the Children in 1919, the Geneva Declaration (1924), the establishment of UNICEF (1946), the Universal Declaration of Human Rights (1948), and the Convention on the Rights of the Child (1989), which set principles such as non-discrimination, comprehensive development, and the prohibition of labor exploitation. Evolución y desafíos de los derechos de la infancia en México: una perspectiva garantista. pp. 65-82 �67 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx Other international instruments, like the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Optional Protocols of 2000 and 2011, reinforce these guarantees In Mexico, the ratification of the Convention in 1990, constitutional reforms in 2011, and the General Law on the Rights of Girls, Boys, and Adolescents (2014) establish a legal framework prioritizing the best interests of children. However, Luigi Ferrajoli’s guarantist theory notes that, despite the validity of these norms, their effectiveness is limited. Reports from Save the Children and the Network for Children’s Rights in Mexico (2023) highlight extreme violence against minors, with thousands of homicides and femicides, as well as the involvement of children and adolescents in organized crime. The Committee on the Rights of the Child criticizes the lack of coordination, resources, and legislative harmonization, underscoring the ineffectiveness of norms in guaranteeing the fundamental rights of children in our country KEYWORDS: Childhood, rights of girls, boys, and adolescents, fundamental rights, guarantism, effectivenes. INTRODUCCIÓN En México, las violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes representan un desafío persistente que requiere de análisis profundo desde la norma jurídica nacional e internacional, así como como el estudio teórico que permite sustentar su protección. Este artículo aborda dicha problemática a partir de un estudio de los antecedentes jurídicos internacionales y nacionales que han configurado el sistema de protección de derechos de la infancia. Instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establecen un marco normativo que reconoce a este grupo vulnerable como sujetos de derechos, priorizando principios como el interés superior. Sin embargo, la implementación de estas normas revela tensiones entre el reconocimiento formal y las vulneraciones sistemáticas en contextos de violencia, pobreza y exclusión. Haydeé García Molina �68 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Desde la perspectiva teórica, se estudiará la teoría garantista y la teoría de los derechos fundamentales de Luigi Ferrajoli, las cuales ofrecen herramientas para analizar la vulneración a estos derechos hoy en día. El garantismo de Ferrajoli subraya la necesidad de que los derechos fundamentales se traduzcan en garantías efectivas mediante normas sustantivas y procedimentales que limiten el poder y aseguren su cumplimiento. En el caso de la infancia, esto implica no solo reconocer derechos, sino garantizar su exigibilidad frente a violaciones, además, permite identificar las brechas entre el marco normativo y su aplicación práctica, proponiendo algunas acciones que podrían responder a las necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes. ANTECEDENTES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA. El reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes ha pasado por un largo camino a través de los tiempos, en donde la infancia transitó de ser objeto de derechos a sujeto de derechos. Un antecedente importante sobre este reconocimiento surgió con Save the Children (Save the Children México [STCM], 2025), la cual fue fundada en Londres por las hermanas Eglantyne Jebb y Dorothy Buxton para ayudar a las niñas y niños que fueron afectados y sufrieron hambruna como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Poco tiempo después, la Cruz Roja colaboró con esta fundación a través de donativos y con el tiempo también se creó la Unión Internacional de Seguridad de los Infantes (UISE), como foro internacional con reconocimiento por otros países en el mundo. Posteriormente se emitió la Declaración de Ginebra, la cual buscaba la reivindicación y reconocimiento universal de los derechos de la niñez, contemplando derechos como la no discriminación, el sano desarrollo, la salud, la alimentación o la educación y plantea la necesidad de cuidados para niñas y niños que carecen de cuidado parental o familiar y requieren de albergues para subsistir, así como la importancia de erradicar la explotación laboral. Otro antecedente, es la Carta de las Naciones Unidas firmada el 26 de junio de 1945 (Naciones Unidas, 1945), que si bien no está dirigida a niñas, niños y adolescentes, si reconoce la protección de derechos fundamentales de los todos los seres humanos. Evolución y desafíos de los derechos de la infancia en México: una perspectiva garantista. pp. 65-82 �69 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx En el año de 1946, las Naciones Unidas crearon el United Nations Children´s Fund, UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), para prestar ayuda a niñas y niños afectados por la hambruna y la enfermedad en Europa, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Por sus trabajos en aras de proteger a la infancia, en 1953 UNICEF obtuvo el carácter de organismo permanente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para la promoción, respeto y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes e influir en las decisiones de otros países para favorecer a la infancia (UNICEF, s. f). En 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos (United Nations, s. f.-b) reconoce en su artículo 45 el derecho de la infancia a tener cuidados, asistencia y protección especiales. Posteriormente, el 20 de noviembre de 1989, se aprobó la Declaración sobre los Derechos del Niño, un parteaguas para la protección de derechos de la infancia, reconociendo a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, los cuales deben gozar de un desarrollo pleno tanto físico, como mental y social. También podemos enunciar diversos instrumentos normativos internacionales como: • El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Obliga a los Estados a adoptar medidas especiales de protección y asistencia a la infancia y la adolescencia, la no explotación económica o social y propiciar su sano desarrollo. • La Convención 138 en de 1973 emitida por la Organización Mundial del Trabajo, fija como edad mínima para desempeñar trabajos peligrosos los 18 años de edad. • La Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado de 1974, prohíbe el ataque y encarcelamiento contra niños y establece la inviolabilidad de sus derechos en conflictos armados. • Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores de 1985 incluyen el interés superior de la niñez, educación y tratamiento proporcional a menores de edad detenidos. • La Cumbre Mundial a favor de la Infancia y las Directrices para la Prevención de la Delincuencia Juvenil de 1990 definen estrategias para la criminalidad y protección a jóvenes en situación de alto riesgo social. Haydeé García Molina �70 • Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León El Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (Convenio C182 - Convenio Sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999 (Núm. 182), s. f.) de 1999 que prohíbe y elimina el trabajo que perjudique la salud, seguridad física o la moral de niñas y niños. • Los Protocolos Facultativos de la Convención de los Derechos del Niño 2000 y 2011, para que los Estados tomen medidas para que los niños y niñas no participen en conflictos armados y contra abusos sexuales. • La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 8 al 10 de mayo de 2002, en donde se aprueba el programa Un Mundo Apropiado para Niños con objetivos específicos a diez años para trabajar por la infancia (Refworld, 2024). • Las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños del año 2010 que promueven la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño para la protección de niños privados de cuidado parental o en peligro de estarlo. Estos son algunos antecedentes jurídicos sobre el reconocimiento internacional de respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. En relación con nuestro país, los antecedentes están relacionados con la ya mencionada la Declaración de Ginebra, derivada de la cual en el año 1924 se declaró el 30 de abril como Día del Niño en México (Celebración del Día del Niño y de la Niña En México | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México, s. f.). Programas e instituciones como Gota de Leche de 1929, la Asociación Nacional de Protección a la Infancia, el Instituto Nacional de Protección a la Infancia de 1961, la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez de 1968, el Instituto Nacional de Protección a la Infancia de 1961 y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de 1977, crearon acciones para proteger a la niñez y suministrar servicios asistenciales complementarios, así como atender a niñas y niños sin padres, en abandono o con enfermedades y capacidades diferentes (Revista de la Administración Pública, 1987). Respecto de la Convención sobre los Derechos del Niño, fue ratificada por México el 21 de septiembre de 1990 y es de carácter vinculatorio para México. La Convención ha dado pie a la creación de políticas públicas dirigidas a la niñez. Evolución y desafíos de los derechos de la infancia en México: una perspectiva garantista. pp. 65-82 �71 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 10 de junio de 2011 implementaron, entre otras cosas, el control de convencionalidad como mecanismo jurídico que obliga al Estado Mexicano a garantizar que sus actos se ajusten a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Además, se reformó al artículo 4º constitucional en el que se incorpora el interés superior de la niñez y el Artículo 73, fracción XXIX-P reformado el 12 de octubre de 2011 otorgan facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto trae como consecuencia la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes publicada el 4 de diciembre de 2014 (Sistema de Protección de Niñas Niños y Adolescentes, s. f.) su Reglamento publicado el 2 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. Es así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento, constituyen el punto de partida en relación con la protección y reconocimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes. UNA MIRADA HACIA LOS DERECHOS DE LA INFANCIA A PARTIR DE LA TEORÍA GARANTISTA Y LA TEORÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. México se ha constituido como un Estado garantista de derechos fundamentales como producto de una evolución progresiva que se ha desarrollado desde el siglo XIX. Luigi Ferrajoli (2001) establece que el Derecho es un sistema artificial de garantías constitucionales bajo un orden que tutela derechos fundamentales, lo cual permite un cambio estructural en la aplicación del derecho que derivó de la crisis de legalidad del Estado y que se resuelve a su vez con este sistema garantista. El autor en comento establece cuatro clases de derechos: 1. Los derechos humanos – primarios de las personas, que conciernen indistintamente a todos los seres humanos, por ejemplo: el derecho a la vida, integridad, libertad Haydeé García Molina �72 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León personal, de conciencia, manifestación de pensamiento, educación, garantías procesales penales. 2. Derechos públicos – primarios reconocidos a los ciudadanos: residencia, libre tránsito, trabajo, subsistencia, entre otros. 3. Derechos civiles – secundarios: adscritos a todos los seres humanos capaces de obrar, libertad contractual, libertad de elegir, de cambiar de trabajo, libertad de empresa, accionar un juicio y aquellos potestativos que se manifiestan en la autonomía privada y de mercado. 4. Derechos políticos – secundarios: para los ciudadanos con capacidad de obrar como el derecho al voto, sufragio pasivo, acceder a cargos públicos y derechos potestativos de autonomía política y sobre los que se fundan la representación política y la democracia política. Históricamente se ha segregado la categoría de niña, niño o adolescente, pasando de una etapa de menores abandonados o delincuentes tratados por igual, objetos del derecho que no tienen capacidad para poder expresar y ejercer su identidad, siempre supeditados a las decisiones de las instituciones de control: familia, sociedad (en donde encontramos a la escuela) y Estado, a un reconocimiento de la niña, niño o adolescente como sujeto de derechos fundamentales – primarios – humanos. Estas clasificaciones se pueden encontrar en los sistemas jurídicos concretos y sistemas constitucionales modernos, por lo que, en resumen, los derechos fundamentales, son aquellos que se atribuyen de manera universal a clases o categorías de sujetos determinados por: la identidad de la persona, su ciudadanía o la capacidad de obrar. Existen a su vez cuatro tesis sobre los derechos fundamentales de acuerdo con la teoría de Luigi Ferrajoli, en la primera existe una diferencia estructural entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales en donde los fundamentales son para clases enteras de sujetos y los segundos a cada uno los titulares de esos derechos y excluyen a los demás. La segunda tesis establece que los derechos fundamentales, al corresponder a intereses y expectativas de todos, forman el fundamento y parámetro de la igualdad jurídica, desde una dimensión sustancial de la democracia, fundada en los poderes de la mayoría, así como el conjunto de garantías aseguradas por el Estado de derecho que les da reconocimiento en Evolución y desafíos de los derechos de la infancia en México: una perspectiva garantista. pp. 65-82 �73 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx la Constitución y constituyen derechos de expectativas vitales como: la salud, educación o subsistencia. Una tercera tesis señala que la naturaleza supranacional de los derechos fundamentales proporciona criterios de derechos de la ciudadanía que forman una subclase. Por lo que las constituciones de cada Estado confieren estos derechos gracias a su adhesión a las convenciones o tratados internacionales. La cuarta tesis es relativa a las relaciones que existen entre los derechos y las garantías. Los derechos fundamentales tienen expectativas negativas o positivas a las que corresponden obligaciones o prohibiciones. Para esto, Ferrajoli las llama garantías primarias y las que se encargan de reparar o sancionar lesiones de derechos, violaciones a garantías primarias, entonces las llama garantías secundarias Esto da origen a una situación en la que la falta de observancia de derechos positivamente estipulados pero que no cuentan con las garantías secundarias, traería como consecuencia la existencia de una indebida laguna en la legislación. Los derechos fundamentales tienen un principio lógico y axiológico, es decir contiene valores y al ser positivado a nivel constitucional, entonces se generan vínculos y límites de la acción de los poderes públicos, por lo que los derechos fundamentales legitiman a estos poderes. Los derechos fundamentales que a su vez son universales e inclusivos y forman la base de la igualdad jurídica, son indisponibles de manera activa pues no son alienables por el sujeto titular del derecho, indisponibles de manera pasiva porque no son expropiables o limitables por otros sujetos o el Estado, inalienables, inviolables, intransigibles y personalísimos. Los derechos fundamentales son un límite tanto a los poderes públicos como a la autonomía de sus titulares, porque ni siquiera ellos pueden restringirlos o alienarlos y se encuentran conferidos en reglas generales de rango, usualmente constitucional con normas téticas que inmediatamente se disponen en las situaciones expresadas mediante las propias normas. Este criterio lo podemos observar en las normas jurídicas de protección a los derechos de la infancia que se enunciaron con anterioridad, pues en ellas se limita el poder público de las autoridades, puesto que tienen la obligación de impulsar la cultura de respeto, promoción Haydeé García Molina �74 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes basada en los principios rectores de interés superior de la niñez, no discriminación, igualdad, supervivencia y desarrollo y participación, en donde se deben de tomar en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes Ahora bien, el garantismo entendido a partir de la teoría del derecho y la teoría crítica del derecho se entiende desde un modelo tradicional del positivismo jurídico el cual alude a la validez, vigencia y eficacia de la norma jurídica. Derivado de esto, se puede observar que la teoría garantista busca realizar un análisis profundo del lenguaje normativo en el discurso de la dogmática jurídica y la teoría del derecho, entendido desde una visión de la filosofía político – jurídica, la cual permite la crítica de instituciones jurídico – positivas entre el derecho y la moral o la validez y la justicia. Por otra parte, la principal función del sistema garantista consiste en dotar de eficacia y pleno cumplimiento a los derechos fundamentales. Luigi Ferrajoli en su obra Derecho y Razón. Teoría de Garantismo Penal, señala lo siguiente: Los problemas suscitados por los derechos sociales son sobre todo de carácter económico y político: tanto porque estos derechos, a diferencia de otros, tienen un coste elevado, aunque seguramente no mayor que el de su tutela en las formas paternalistas y clientelares de prestación, como porque de hecho, a falta de adecuados mecanismos de garantía, su satisfacción ha quedado confiada en los sistemas de welfare a una onerosa y compleja mediación política y burocrática que por sus enormes espacios de discrecionalidad constituye la fuente principal de despilfarros, costes y, sobre todo ineficacia (Ferrajoli, 1995) Respecto de los derechos de niñas, niños y adolescentes como grupo vulnerable, para poder resolver sus problemas en función del garantismo, se debe establecer una diferencia entre el ser y el deber ser. En relación con el ser, consiste en la existencia de normas jurídicas e instituciones en materia de protección de sus derechos, como lo son: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño al amparo del artículo 133 de la Carta Magna, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento, por citar las principales normas jurídicas y en relación con las instituciones, Evolución y desafíos de los derechos de la infancia en México: una perspectiva garantista. pp. 65-82 �75 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx podemos referirnos a aquellas que conforman el Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por lo que hace al deber ser del derecho, tenemos que la validez y la eficacia de las normas son dos categorías distintas, es decir, las normas jurídicas mexicanas son válidas en tanto que han pasado por un proceso legislativo establecido en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, se necesita una posición crítica frente a la ley, con el objetivo de observar su falta de eficacia en la práctica. Realizar este análisis resulta necesario para poder superar la ley del más débil, que señala Ferrajoli (1999), en la que los derechos fundamentales se afirman siempre como leyes del más débil en alternativa a la ley del más fuerte que regía y regirá su ausencia, y transitar a la efectiva garantía de derechos fundamentales de la infancia en el Estado Mexicano. Es decir, representa al ciudadano, en este caso la niñez, que se enfrenta al Estado haciendo valer sus derechos fundamentales, recordando que la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos ha sido larga, violenta y no termina de evolucionar. Lo anterior es así, ya que como hemos podido comprobar, los derechos humanos son el fundamento de un sistema político – social que se basa en la protección y desarrollo armónico de niñas, niños y adolescentes, sin discriminación, de ahí su carácter de universales, siendo el límite entre la arbitrariedad y la finalidad que orienta al sistema político y la sana convivencia del hombre en sociedad. Una vez que tenemos esto claro, debemos perseguir con especial esmero la defensa de los derechos humanos fundamentales de la niñez, quienes frente a la acción del Estado que tiene la obligación de ejercer a través de los poderes públicos, la satisfacción plena y prestación de sus derechos a través de políticas públicas dirigidas a su situación particular y en razón de los principios rectores de igualdad y no discriminación, desarrollo y supervivencia, participación e interés superior de la niñez, sobre la base de instituciones públicas efectivas que dejen atrás sistemas tutelares discriminatorios. Los derechos al tener un peso e importancia sobre las reglas, tienen una imposición hacia las autoridades que los hace obligatorios para dirigir sus políticas públicas a los fines que permitan la protección de los derechos fundamentales de la infancia, por ello el interés superior de la niñez, en su carácter tridimensional: como derecho sustantivo, principio Haydeé García Molina �76 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León jurídico y norma de procedimiento, es una limitación, obligación y prescripción imperativa para el actuar de las autoridades, lo cual conlleva a una garantía de un derecho fundamental con una expectativa positiva de hacer por parte del Estado para generar vínculos normativos idóneos que aseguren la efectividad de los derechos subjetivos de los menores de edad. Finalmente, es importante destacar que en el garantismo se debe medir la eficacia que tienen los derechos humanos a través de los medios de control constitucional con que se cuentan que, de acuerdo con Ferrajoli, corresponden a lo que se conoce como garantías. Es entonces que se pone en entredicho la eficacia de la norma jurídica en México frente a niñas, niños y adolescentes cuyos derechos están siendo vulnerados de manera continua. CONTEXTO ACTUAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MÉXICO. En el año 2019 Save the Children reportó que al día morían cuatro niños y adolescentes a causa de la violencia, lo cual los coloca en una situación de mayor riesgo que en países con conflictos armados como Siria o Palestina y al menos 30 mil menores de edad cooperaban activamente en la delincuencia organizada (STCM, 2019). En el año 2023 la Red por los Derechos de la Infancia en México, señaló que tan solo del 2018 al 2021, 5,819 niñas, niños y adolescentes murieron por violencia homicida, además, detectó una importante incidencia en los feminicidios de niñas y adolescentes durante los años del 2018 al 2022, en donde se reportaron 500 casos (REDIM, 2019). En el año 2024 el Comité de los Derechos del Niño emitió observaciones a reportes del Estado mexicano en donde insta al Estado Mexicano a tomar medidas urgentes en áreas como: política y estrategia integral, no discriminación, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, abuso, negligencia, abuso sexual, explotación, tratos crueles e inhumanos, violencia en banda organizada, niñeces solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes para que garantice los derechos de la niñez en función de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo sobre la participación de la niñez en conflictos armados y el Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, niñas y adolescentes, prostitución infantil y pornografía infantil en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Evolución y desafíos de los derechos de la infancia en México: una perspectiva garantista. pp. 65-82 �77 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx Además de ello, establece de manera expresa que el Estado mexicano debe implementar de manera efectiva la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en sus tres niveles de gobierno mejorando la rendición de cuentas, principalmente para niñeces en situaciones vulnerables y armonizar disposiciones legales federales y estatales con la Convención y dicha Ley General, pues advierte que se ha dado un desmantelamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como una carencia de recursos tanto humanos como técnicos y financieros. Uno de los puntos relacionados con la violencia que se mencionó en párrafos precedentes, es la manifestación hecha por el Comité respecto de su preocupación por los altos índices de homicidios y feminicidios de niños, niñas y adolescentes, violencia armada, narcotráfico y lucha contra la delincuencia organizada por los cuales mueren muchos menores de edad. Por tanto, insta al Estado para declarar la lucha contra homicidios y feminicidios de niñeces como una causa nacional, investigar, procesar y sancionar los casos de homicidios cometidos tanto por la sociedad civil como por agentes de la policía y dar máxima prioridad a las desapariciones forzadas de niñas, niños y adolescentes, asegurando su búsqueda inmediata y eliminar los plazos de espera de 72 horas. En relación con la niñez migrante, es preocupación del Comité el hecho de que la Ley de Migración y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y adolescentes no se encuentran alineadas, asimismo las autoridades consulares, migratorias y de protección a la infancia carecen de coordinación, no existen datos sobre los solicitantes de asilo, refugio o migrantes y se sigue vulnerando el principio a la no detención, pues constantemente se detiene a la niñez. Cabe destacar que el principio de interés superior de la niñez tampoco ha sido aplicado debidamente en estos casos, en las decisiones que se toman en torno a ellos. Si bien las recomendaciones al Estado Mexicano son diversas, únicamente se seleccionaron algunas de relevancia con la finalidad de ejemplificar los casos que permiten determinar la falta de garantía a los derechos fundamentales de niñas niños y adolescentes. Haydeé García Molina �78 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León CONCLUSIONES. En conclusión, sabemos que existe una estrecha relación entre la norma y el hecho, pero para que la norma exista debe ser válida y encontrarse delimitada por un tiempo y espacio, sin embargo, el hecho de que exista y sea válida, cuyo deber ser consiste en su absoluta obediencia y aplicación, no implica su eficacia. A diferencia de la validez, la eficacia constituye una condición de la validez, pues no se encuentra inmersa en el deber ser, sino que implica la verdadera y absoluta obediencia y aplicación de la norma jurídica, por lo que, podemos concluir que los instrumentos normativos supra – nacionales, constitucionales y demás normas que contienen derechos fundamentales de la infancia, para poder afirmar que son garantizados, es necesario comprobar que son eficaces a través de la rendición de cuentas, indicadores de cumplimiento de las instituciones que tienen a su cargo comprobar que los objetivos planteados para garantizar los derechos que protegen si se han cumplido. En ese tenor de ideas, la eficacia se puede entender como el logro de propósitos que tienen los legisladores al emitir las normas, así como el hecho de que los resultados que se buscaban, si fueron cumplidos. Como podemos observar, la infancia en México es un grupo vulnerable que a la fecha no cuenta con la protección, garantía y reconocimiento pleno de sus derechos, toda vez que si bien existen normas jurídicas para su protección, éstas no son armoniosas por tanto, no existe correspondencia entre la eficacia y la eficiencia en estas normas jurídicas, ya que su observancia no satisface la garantía de sus derechos fundamentales. Por tanto, la ineficiencia implica anomalías en las normas, lo que, por consecuencia trae que sus resultados y efectos sean ineficientes, porque dicha norma no se está cumpliendo y por ende, se tienen como resultado acciones ilegales, es decir, transgresoras de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Evolución y desafíos de los derechos de la infancia en México: una perspectiva garantista. pp. 65-82 �79 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx PROPUESTAS Es una tarea desafiante la protección de derechos de la infancia en México a partir de los hallazgos sobre la vulneración a sus derechos por factores tales como la violencia, crimen organizado, abuso sexual y discriminación, por citar algunos factores que propician estas violaciones a derechos fundamentales. Por tanto, se considera que existen pasos significativos que el Estado Mexicano puede realizar para atender a las recomendaciones impuestas por el Comité de los Derechos del Niño, tales como: 1. El fortalecimiento de la armonización legislativa. 2. Mejorar la coordinación interinstitucional. 3. Incrementar el presupuesto destinado a la infancia y propiciar mejores recursos para que las autoridades estén en posibilidades de ejercer sus funciones. 4. Declarar la violencia contra la niñez como prioridad nacional a través de campañas que incluyan la participación de autoridades y sociedad civil. 5. Establecer mecanismos eficaces de rendición de cuentas. 6. Detectar focos de riesgo para niñez en contacto con el crimen organizado. Es así como se proponen pasos para dar inicio a una serie de estrategias y políticas públicas que permitan cumplir con las obligaciones contraídas por nuestro país desde el año 1990 en el que ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño a la fecha, para restituir, proteger y garantizar los derechos de las niñeces en nuestro país. Lo anterior es así, ya que desde la perspectiva del garantismo de Luigi Ferrajoli, la protección de los derechos de la infancia en México enfrenta el desafío de traducir normas válidas en normas eficaces, como se señala en la distinción entre el ser y el deber ser del derecho. Las propuestas de armonización legislativa y mejora de la coordinación interinstitucional buscan superar la ineficacia normativa identificada por el Comité de los Derechos del Niño que critica la falta de alineación entre leyes como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Migración. El garantismo exige que los derechos fundamentales, como el interés superior de la niñez, se materialicen mediante vínculos normativos que limiten la discrecionalidad del Haydeé García Molina �80 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Estado y garanticen su cumplimiento. Estas acciones representan un esfuerzo por fortalecer las garantías constitucionales, asegurando que las leyes no solo existan, sino que produzcan resultados concretos en la reducción de violaciones a los derechos de la infancia, como la violencia y la explotación. El incremento del presupuesto destinado a la infancia y la declaración de la violencia contra la niñez como prioridad nacional se alinean con la función del garantismo de dotar de eficacia a los derechos fundamentales. Ferrajoli destaca que los derechos sociales, como los de la niñez, requieren recursos económicos y políticos para su implementación, evitando sistemas paternalistas – asistencialistas ineficientes. La propuesta de aumentar el presupuesto responde a la carencia de recursos humanos, técnicos y financieros en el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, señalada en el texto. Asimismo, declarar la violencia como causa nacional implica una obligación positiva del Estado para actuar contra homicidios y feminicidios, reforzando el principio de universalidad de los derechos humanos al priorizar a un grupo vulnerable frente a la “ley del más fuerte” que perpetúa su victimización. La propuesta de establecer mecanismos eficaces de rendición de cuentas se vincula directamente con el concepto garantista de control constitucional, que Ferrajoli asocia con las garantías necesarias para medir la eficacia de las normas. La creación de un organismo independiente con indicadores claros, como la reducción de homicidios infantiles o el acceso a la educación, permite verificar si las políticas públicas cumplen los objetivos de protección de los derechos fundamentales de la niñez. Este enfoque crítico, que trasciende la validez formal de las normas, es esencial para superar la ley del más débil y garantizar que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger a niñas, niños y adolescentes frente a abusos, negligencia y violencia, como lo exige la Convención sobre los Derechos del Niño. Finalmente, la detección de focos de riesgo para la niñez en contacto con el crimen organizado responde a la necesidad de políticas preventivas que, desde el garantismo, promuevan el desarrollo integral y la no discriminación. La teoría de los derechos fundamentales subraya que la niñez, como grupo vulnerable, requiere medidas específicas para contrarrestar factores como la violencia armada y la Evolución y desafíos de los derechos de la infancia en México: una perspectiva garantista. pp. 65-82 �81 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx explotación, identificados en los reportes de Save the Children y la Red por los Derechos de la Infancia. Programas de prevención, alineados con esta propuesta, representan una expectativa positiva del Estado para generar entornos seguros, cumpliendo con el principio tridimensional del interés superior de la niñez (derecho sustantivo, principio jurídico y norma de procedimiento). Así, estas estrategias fortalecen el sistema político-social basado en la protección armónica de los derechos humanos, limitando la arbitrariedad y promoviendo la justicia. TRABAJOS CITADOS Acerca de UNICEF. (s. f.). UNICEF. https://www.unicef.org/lac/acerca-de-unicef Celebración del Día del Niño y de la Niña en México | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México. (s. f.). https://www.cndh.org.mx/noticia/celebracion-del-dia-del-nino-y-dela-nina-en-mexico#:~:text=En%20el%20a%C3%B1o%20de%201924,P%C3%BAblica%20 el%20licenciado%20Jos%C3%A9%20Vasconcelos. Convenio C182 - Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).(s. f.). https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ilo_ code:C182 Decreto por el que se crea un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denominará Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. (1987, 1 enero). | Revista de Administración Pública. https://revistas-colaboracion. juridicas.unam.mx/index.php/rev-administracion-publica/article/view/18544 Ferrajoli, L. (1999). Derechos y garantías. La ley del más débil (pp. 1-180). https://dialnet.unirioja. es/servlet/libro?codigo=332954 Ferrajoli, L. (2001). Los fundamentos de Los derechos fundamentales. Trotta. Naciones Unidas. (1945, 24 octubre). Carta de las Naciones Unidas. Naciones Unidas. https:// www.un.org/es/about-us/un-charter/full-text Refworld - La base de datos global de ACNUR sobre legislación y políticas. (2024, 10 junio). Un mundo apropiado para los niños : Resolución aprobada por la Asamblea General. Haydeé García Molina �82 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Refworld. https://www.refworld.org/es/leg/resol/agonu/2002/es/14108 Save the Children México. (2025, 29 abril). Nuestra historia - Save the Children México. Save The Children México. https://www.savethechildren.mx/quienes-somos/nuestra-historia Sistema de Protección de Niñas Niños y Adolescentes, S. N. (s. f.). ¿Ya conoces cuáles son los derechos de niñas, niños y adolescentes? gob.mx. https://www.gob.mx/sipinna/articulos/yaconoces-cuales-son-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes?idiom=es United Nations. (s. f.-b). La Declaración Universal de los Derechos Humanos | Naciones Unidas. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights Evolución y desafíos de los derechos de la infancia en México: una perspectiva garantista. pp. 65-82 �VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx 83 La tutela efectiva de la acción de Habeas Corpus en Ecuador Protection of the Habeas Corpus Action in Ecuador Recibido: 11 de abril de 2025 Aceptado: 10 de junio de 2025 Mauro Fernando López Altamiranoa ORCID: https://orcid.org/0009-0009-4232-5392 Universidad Católica de Cuenca Dr. en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de Justicia del Ecuador, Maestro en Derecho Constitucional, Derecho Civil, Procesal Civil y Derecho Penal. Abogado en libre ejercicio y actualmente catedrático en la Universidad Católica de Cuenca. a Cómo citar Luiz Guilherme Marinonia López Altamirano, M. F. La tutela efectiva de la acción de Habeas Corpus en Ecuador. Nomos: Procesalismo Estratégico, 3(5). https://doi.org/10.29105/nomos.v3i5.40 �84 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León RESUMEN La acción de Habeas Corpus es una garantía constitucional fundamental para la protección de la libertad individual frente a detenciones arbitrarias o ilegales. En Ecuador, su regulación se encuentra en la Constitución de 2008 y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sin embargo, su aplicación enfrenta importantes desafíos, tales como la demora en los procesos judiciales, la falta de capacitación de los operadores de justicia y la resistencia institucional para cumplir con las resoluciones. Este artículo examina el desarrollo histórico del Habeas Corpus en Ecuador, su marco legal vigente y su aplicación en la jurisprudencia nacional e internacional. Se analizan estudios previos que evidencian la evolución del mecanismo en la región y se destacan investigaciones que han identificado deficiencias en su implementación. Además, se presentan estudios de caso en los que la Corte Constitucional y organismos internacionales han intervenido para garantizar el respeto a este derecho. A partir de un enfoque comparado, se revisan experiencias exitosas de otros países en la aplicación del Habeas Corpus y se plantean estrategias para fortalecer su efectividad en Ecuador. Entre las propuestas se destacan la capacitación continua de jueces y abogados en materia de garantías constitucionales, el uso de herramientas tecnológicas para digitalizar los procesos y la implementación de mecanismos de auditoría que supervisen el cumplimiento de las decisiones judiciales. La investigación concluye que, a pesar de ser una herramienta clave para la protección de los derechos fundamentales, el Habeas Corpus requiere reformas estructurales y una mayor voluntad institucional para garantizar su eficacia. Solo mediante un sistema judicial fortalecido y procesos más ágiles se podrá consolidar su tutela efectiva en Ecuador. PALABRAS CLAVE: Habeas Corpus, derechos humanos, tutela judicial efectiva, Ecuador, justicia constitucional. ABSTRACT The action of Habeas Corpus is a fundamental constitutional guarantee for the protection of individual freedom against arbitrary or illegal detentions. In Ecuador, its regulation is established in the 2008 Constitution and the Organic Law of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control. However, its application faces significant challenges, such as delays La tutela efectiva de la acción de Habeas Corpus en Ecuador. pp. 83-108 �85 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx in judicial processes, lack of training for justice operators, and institutional resistance to complying with rulings. This article examines the historical development of Habeas Corpus in Ecuador, its current legal framework, and its application in national and international jurisprudence. Previous studies that highlight the evolution of the mechanism in the region and identify deficiencies in its implementation are analyzed. Additionally, case studies in which the Constitutional Court and international organizations have intervened to guarantee respect for this right are presented. Using a comparative approach, successful experiences from other countries in applying Habeas Corpus are reviewed, and strategies to strengthen its effectiveness in Ecuador are proposed. Among the recommendations are the continuous training of judges and lawyers, the use of technological tools to digitize processes, and the implementation of audit mechanisms to supervise compliance with judicial decisions. The research concludes that despite being a key tool for protecting fundamental rights, Habeas Corpus requires structural reforms and greater institutional willingness to ensure its effectiveness. Only through a strengthened judicial system and more agile processes can its effective protection be consolidated in Ecuador. KEYWORDS: Habeas Corpus, Human Rights, Effective Judicial Protection, Ecuador, Constitutional Justice. 1. INTRODUCCIÓN La acción de Habeas Corpus es reconocida como uno de los pilares fundamentales del derecho a la libertad personal, permitiendo a los ciudadanos interponer un recurso ante las autoridades judiciales para cuestionar la legalidad de su detención (Nogueira Alcalá, H., 2013: 45). Este mecanismo ha evolucionado históricamente como una respuesta a la necesidad de proteger a los individuos de abusos de poder, asegurando que nadie sea privado de su libertad sin las garantías procesales adecuadas (Halliday, P. D., 2010: 67). Desde su reconocimiento en la Constitución de 1929, el Habeas Corpus ha sido fundamental en la lucha contra abusos de poder, especialmente durante períodos de dictaduras y crisis políticas en Ecuador. Este recurso no solo refleja un avance en la protección de los derechos Mauro Fernando López Altamirano �86 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León humanos, sino que también simboliza la resistencia de la sociedad civil frente a la represión. En Ecuador, el Habeas Corpus está consagrado y regulado por la Constitución de 2008 y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esto refleja el compromiso del país con la defensa de los derechos humanos y la promoción del Estado de Derecho (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008; Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2019). El contexto ecuatoriano ha estado marcado por diversas crisis políticas y sociales que han impactado en la aplicación del Habeas Corpus. En los últimos años, el país ha experimentado un notable aumento en la movilización social, con protestas que han exigido cambios significativos en políticas económicas y sociales (Pérez, M., 2021: 112). Estas manifestaciones, a menudo caracterizadas por su intensidad y participación masiva, han dado lugar a detenciones arbitrarias, llevando a un incremento en la interposición de solicitudes de Habeas Corpus como medio de defensa legal ante estas situaciones (Gómez, J., 2019: 30). A pesar de su importancia, la efectividad del Habeas Corpus en Ecuador se ha visto comprometida por una serie de desafíos persistentes. Entre estos, la falta de capacitación adecuada de los operadores de justicia se destaca como un problema crítico. Muchos jueces y abogados carecen de formación especializada en derechos humanos y en la correcta aplicación del Habeas Corpus, lo que conduce a decisiones judiciales inconsistentes y, en ocasiones, erróneas (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2019: 5). Además, las demoras en los procesos judiciales, debidas a la sobrecarga de trabajo en los tribunales y la falta de recursos adecuados, erosionan la confianza pública en el sistema judicial y en la efectividad del recurso (Asamblea Nacional del Ecuador, 2023: 12). Otro obstáculo significativo es la resistencia institucional para acatar las resoluciones judiciales. En algunos casos, las autoridades estatales han mostrado reticencia a liberar a los detenidos, a pesar de las órdenes judiciales claras para hacerlo, lo que socava la autoridad del sistema judicial y el propósito del Habeas Corpus (Pérez, M., 2021: 115). Este artículo tiene como objetivo examinar en profundidad la acción de Habeas Corpus en Ecuador, analizando su evolución histórica, su marco legal actual y los desafíos que enfrenta en la práctica. Además, se explorarán estudios de caso que ilustran la aplicación del recurso y se presentarán recomendaciones para mejorar su efectividad. A través de un enfoque comparado, se evaluarán las experiencias de otros países en la La tutela efectiva de la acción de Habeas Corpus en Ecuador. pp. 83-108 �87 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx implementación del Habeas Corpus, buscando lecciones que puedan ser aplicadas en el contexto ecuatoriano. Este análisis no solo busca fortalecer el uso del Habeas Corpus como herramienta de protección de los derechos humanos en Ecuador, sino también contribuir al debate académico y legal sobre su aplicación en América Latina (Nogueira Alcalá, H., 2013: 45; Halliday, P. D., 2010: 67). 1.1 Planteamiento del problema La acción de Habeas Corpus en Ecuador, a pesar de su importancia crítica como herramienta jurídica para salvaguardar la libertad personal, enfrenta una serie de desafíos que limitan su efectividad y aplicación práctica. Uno de los problemas centrales es la discrepancia entre el marco legal robusto que existe en teoría y las barreras prácticas que se encuentran en su implementación diaria. Esta discrepancia plantea un grave problema para la protección de los derechos fundamentales en el país, especialmente en un contexto de creciente agitación social y política. 1.2 Contexto del problema Ecuador ha experimentado un aumento considerable en la movilización social durante la última década, con protestas que exigen reformas en políticas económicas y sociales. Estas movilizaciones han resultado en detenciones masivas, muchas veces percibidas como arbitrarias, que han puesto a prueba la eficacia del Habeas Corpus como mecanismo de protección legal (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2019). La capacidad del sistema judicial para responder de manera expedita y efectiva a estas solicitudes es crucial para asegurar que los derechos individuales no sean violados. 1.3 Desafíos estructurales Uno de los principales desafíos estructurales es la falta de capacitación adecuada entre los operadores de justicia. Muchos jueces y abogados carecen de la formación especializada Mauro Fernando López Altamirano �88 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León necesaria en derechos humanos y en la correcta aplicación del Habeas Corpus, lo que conduce a decisiones judiciales inconsistentes y, en ocasiones, erróneas. Esta falta de capacitación puede ser atribuida a la ausencia de programas de formación continua y a un enfoque insuficiente en la educación legal sobre derechos humanos (Gómez, 2019). 1.4 Obstáculos institucionales Otro problema significativo es la resistencia institucional al cumplimiento de las resoluciones judiciales. En algunos casos, las autoridades estatales han mostrado reticencia a liberar a los detenidos, incluso cuando hay órdenes judiciales claras para hacerlo. Esta resistencia puede estar motivada por factores políticos o por una falta de voluntad para respetar el estado de derecho, socavando así la autoridad del sistema judicial y el propósito del Habeas Corpus (Pérez, 2021). 1.5 Impacto de las demoras judiciales Las demoras en los procesos judiciales también representan un problema crítico. Aunque el Habeas Corpus está diseñado para ser un recurso rápido y expedito, la realidad es que muchos casos experimentan retrasos prolongados. Estos retrasos son a menudo resultado de la sobrecarga de trabajo en los tribunales y de la falta de recursos adecuados para manejar eficientemente el volumen de solicitudes (Asamblea Nacional del Ecuador, 2023). Estas demoras no solo afectan a los individuos detenidos, sino que también erosionan la confianza pública en el sistema judicial y en la efectividad del recurso como protección contra detenciones arbitrarias. 1.6 Pregunta problema A la luz de estos desafíos, la pregunta problema que este artículo busca abordar es: ¿Cómo se puede mejorar la efectividad del Habeas Corpus en Ecuador para garantizar la protección de los derechos fundamentales? Este interrogante guía la investigación hacia La tutela efectiva de la acción de Habeas Corpus en Ecuador. pp. 83-108 �89 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx la identificación de soluciones prácticas y reformas necesarias que puedan fortalecer la aplicación del Habeas Corpus en el contexto ecuatoriano, asegurando que cumpla su función como guardián de las libertades individuales y del Estado de Derecho. Con un enfoque en estos problemas, el artículo busca no solo identificar las deficiencias actuales, sino también proponer estrategias y recomendaciones basadas en experiencias internacionales exitosas que podrían ser adaptadas e implementadas en Ecuador para superar estos obstáculos y mejorar la efectividad del Habeas Corpus. 2. OBJETIVOS Objetivo General • Fortalecer la aplicación del Habeas Corpus en Ecuador para 2026, asegurando que se aplique de manera eficiente y efectiva en la protección de los derechos individuales. Objetivos Específicos • Revisar y actualizar al menos 7 expedientes de casos de Habeas Corpus en Ecuador dentro de un año, con el fin de identificar procesos ineficientes y proponer mejoras concretas • en el proceso judicial. Implementar un programa de capacitación para al menos 10 operadores de justicia, incluyendo jueces y abogados, centrado en procedimientos de Habeas Corpus y derechos humanos, a completarse antes de diciembre de 2025. • Constituir un comité de revisión y mejora de procesos judiciales para Habeas Corpus en dos provincias piloto antes de diciembre de 2025, con el objetivo de identificar cuellos de botella y reducir los tiempos de resolución en un 15%. • Llevar a cabo un taller colaborativo con instituciones judiciales para discutir y proponer mejoras legislativas sobre el Habeas Corpus, con la meta de presentar un informe con recomendaciones viables para mediados de 2025. Mauro Fernando López Altamirano �90 • Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Organizar un seminario nacional sobre la efectividad del Habeas Corpus en febrero de 2026, reuniendo a expertos nacionales y representantes de organizaciones de derechos humanos, para fomentar el intercambio de ideas y mejores prácticas aplicables al contexto ecuatoriano. 2.1 Limitaciones y Alcances Limitaciones 1. Limitación geográfica y contextual: El estudio se centra exclusivamente en el contexto ecuatoriano, lo que puede limitar la generalización de los hallazgos a otros países con diferentes sistemas legales y contextos políticos. Aunque se realiza una comparación con prácticas internacionales, estas se analizan principalmente para adaptarlas al contexto local. 2. Acceso a datos y transparencia: La disponibilidad y acceso a datos judiciales relevantes puede ser una limitación, ya que la transparencia en la publicación de casos de Habeas Corpus no siempre está garantizada. Esto podría afectar la exhaustividad del análisis de casos. 3. Recursos limitados para la capacitación: Las limitaciones de presupuesto y recursos pueden afectar la implementación de programas de capacitación extensa para operadores de justicia, lo que puede limitar el alcance de las mejoras propuestas en términos de formación. 4. Resistencia al cambio institucional: La resistencia institucional al cambio puede ser una barrera significativa para la implementación de reformas propuestas, especialmente dentro de un sistema judicial con prácticas arraigadas y burocracia. Alcances 1. Enfoque detallado en el contexto ecuatoriano: El estudio proporciona un análisis profundo y específico del Habeas Corpus dentro del marco legal ecuatoriano, permitiendo un entendimiento claro de las fortalezas y debilidades del sistema actual. La tutela efectiva de la acción de Habeas Corpus en Ecuador. pp. 83-108 �91 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx 2. Propuestas de mejora basadas en evidencia: A través de la comparación con prácticas internacionales y el análisis de casos, el estudio propone soluciones basadas en evidencia que son adaptables y potencialmente efectivas para el contexto ecuatoriano. 3. Contribución al marco académico y legal: El trabajo contribuye al debate académico y legal sobre la efectividad del Habeas Corpus, proporcionando recomendaciones que pueden informar futuras reformas políticas y legales a nivel nacional. 4. Facilitación de diálogo internacional: La inclusión de un seminario internacional para compartir mejores prácticas fomenta el diálogo y la cooperación internacional, lo que puede enriquecer las estrategias locales con una perspectiva global. 3. JUSTIFICACIÓN La importancia del Habeas Corpus como garantía de los derechos fundamentales es innegable, especialmente en contextos donde las detenciones arbitrarias pueden ser utilizadas como herramienta de represión política y social. En Ecuador, el Habeas Corpus no solo representa un pilar del estado de derecho, sino que también es un indicador de la salud democrática del país. Sin embargo, su efectividad ha sido puesta en tela de juicio debido a una serie de desafíos estructurales e institucionales que impiden su plena realización (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). Importancia del estudio Este estudio es crucial para identificar y abordar las barreras que actualmente limitan la efectividad del Habeas Corpus en Ecuador. Al proporcionar un análisis detallado de los obstáculos legales y prácticos, el estudio busca fomentar reformas que fortalezcan este recurso jurídico. En un tiempo donde las protestas sociales son cada vez más comunes, la necesidad de un mecanismo efectivo que proteja a los ciudadanos contra detenciones ilegales es más pertinente que nunca (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2019). Mauro Fernando López Altamirano �92 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Relevancia académica y legal Desde una perspectiva académica, este estudio contribuye al cuerpo de conocimiento sobre la aplicación de garantías constitucionales en América Latina. Al comparar las prácticas ecuatorianas con las de otros países, se busca no solo mejorar la implementación local, sino también enriquecer el debate sobre la protección de los derechos humanos en la región (Nogueira Alcalá, 2013). Este enfoque comparativo es esencial para identificar mejores prácticas que puedan ser adaptadas al contexto ecuatoriano, proporcionando un marco para futuras investigaciones y políticas (Halliday, 2010). Impacto social y político El estudio también tiene un impacto significativo en el ámbito social y político. Al proponer reformas concretas y factibles, se busca influir en la política pública y en la reforma judicial, asegurando que los derechos individuales sean efectivamente protegidos. La implementación de estas recomendaciones podría aumentar la confianza pública en el sistema judicial, lo que es esencial para la estabilidad social y política del país (Gómez, 2019). Urgencia de la investigación La urgencia de esta investigación radica en el contexto actual de Ecuador, caracterizado por tensiones sociales y políticas. La efectividad del Habeas Corpus es esencial para prevenir abusos de poder y garantizar que la respuesta estatal a las protestas y movilizaciones sea compatible con los estándares internacionales de derechos humanos (Pérez, 2021). Además, la mejora de este recurso puede servir como un modelo para otros países de la región enfrentados a desafíos similares. La tutela efectiva de la acción de Habeas Corpus en Ecuador. pp. 83-108 �93 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx 4. MARCO TEÓRICO Historia y evolución del Habeas Corpus El Habeas Corpus es uno de los instrumentos legales más antiguos y fundamentales para la protección de la libertad personal frente a detenciones arbitrarias. Su origen se remonta al Habeas Corpus Act de 1679 en Inglaterra, que formalizó procedimientos para garantizar que cualquier persona detenida pudiera comparecer ante un tribunal para cuestionar la legalidad de su detención (Halliday, 2010). A través de los siglos, este recurso se ha expandido a diversas jurisdicciones, adaptándose a contextos legales y políticos diversos, y convirtiéndose en un mecanismo crucial para la defensa de los derechos humanos. Evolución en América Latina En América Latina, el Habeas Corpus ha tenido un desarrollo distintivo, influenciado por las luchas contra gobiernos autoritarios y dictaduras militares durante el siglo XX. En muchos países, su implementación se ha visto como un baluarte contra los abusos estatales, proporcionando un medio legal para desafiar detenciones ilegales y proteger los derechos humanos (Nogueira Alcalá, 2013). Este recurso ha sido instrumental en períodos de represión política, permitiendo la defensa de los derechos fundamentales en contextos adversos. Evolución en Ecuador En Ecuador, el reconocimiento formal del Hábeas Corpus se produjo en la Constitución de 1929, lo que marcó un hito en la protección de la libertad personal. Sin embargo, su alcance y aplicación han evolucionado significativamente desde entonces. La Constitución de 2008 reforzó el Hábeas Corpus, estableciéndolo como un derecho fundamental que puede ser interpuesto por cualquier persona en su propio favor o en favor de terceros, ampliando así su accesibilidad y protección (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). Este desarrollo constitucional refleja un compromiso con la promoción y protección de los Mauro Fernando López Altamirano �94 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León derechos humanos en el país. Sin embargo, la efectividad del Hábeas Corpus en Ecuador ha enfrentado desafíos persistentes, especialmente en tiempos de inestabilidad política y social. Las detenciones arbitrarias durante las protestas sociales, como las ocurridas en octubre de 2019, han subrayado las limitaciones en la aplicación práctica de este recurso, a pesar de un marco legal robusto (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2019). Contexto político y judicial El contexto político y judicial de Ecuador influye profundamente en la aplicación del Hábeas Corpus. La desconfianza en las instituciones judiciales, alimentada por percepciones de corrupción y favoritismo hacia intereses poderosos, ha debilitado la confianza en este recurso como un medio efectivo de protección. Además, la polarización política y las tensiones entre el gobierno y la sociedad civil pueden comprometer la independencia judicial, afectando la capacidad del sistema para garantizar los derechos humanos (Gómez, 2019). El papel de las instituciones judiciales es crucial en este contexto. La capacidad del sistema judicial para implementar eficazmente el Hábeas Corpus es un indicador clave de la salud democrática del país. La resistencia institucional a cumplir con las órdenes judiciales y las demoras en los procesos son problemas recurrentes que limitan la eficacia de este recurso (Pérez, 2021). Desafíos y reformas necesarias Los desafíos actuales en la implementación del Habeas Corpus en Ecuador incluyen la falta de acceso a la justicia para sectores marginados, demoras significativas en los procesos judiciales, y la necesidad de una mayor capacitación en derechos humanos para los operadores de justicia. La criminalización creciente de la protesta social y el aumento de las detenciones arbitrarias son preocupaciones adicionales que subrayan la importancia de fortalecer este recurso (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2019). Las reformas necesarias incluyen la modernización del sistema judicial para facilitar el acceso expedito al Hábeas Corpus, la implementación de programas de capacitación continua para jueces y abogados, La tutela efectiva de la acción de Habeas Corpus en Ecuador. pp. 83-108 �95 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx y el fortalecimiento de mecanismos de supervisión para asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Aprender de las experiencias de otros países de la región, como Argentina y Brasil, donde el Hábeas Corpus ha sido utilizado eficazmente para proteger los derechos humanos, puede proporcionar modelos valiosos para Ecuador (Nogueira Alcalá, 2013; Pérez, 2021). Relación con otros derechos humanos El Habeas Corpus está intrínsecamente vinculado a otros derechos humanos, como el derecho a un juicio justo, el derecho a la defensa, y la prohibición de torturas y tratos crueles. Estos derechos están consagrados en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que destacan la importancia de garantizar la legalidad de cualquier detención a través de un tribunal competente. 4.1 Metodología La metodología adoptada en este estudio es de carácter cualitativo, con un enfoque descriptivo y analítico que permite una comprensión profunda de la aplicación del Habeas Corpus en Ecuador. Este enfoque es esencial para capturar la complejidad del tema, abarcando tanto los aspectos legales como las experiencias humanas subyacentes. Técnicas de recolección de datos 1. Revisión bibliográfica: Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de fuentes académicas y legales que abordan el Hábeas Corpus en Ecuador. Esto incluyó investigaciones previas, artículos en revistas especializadas, documentos de organismos internacionales y sentencias de la Corte Constitucional. Esta revisión es fundamental para comprender el contexto histórico y legal del recurso en el país, proporcionando una base sólida para el análisis (Gómez, 2019; Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2019). Mauro Fernando López Altamirano �96 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León 2. Entrevistas semiestructuradas: Se realizaron entrevistas a expertos en derechos humanos, abogados y operadores de justicia con experiencia directa en casos de Hábeas Corpus en Ecuador. Las entrevistas, guiadas por un guion flexible, permitieron a los participantes profundizar en sus experiencias y opiniones sobre la efectividad del recurso. Este enfoque cualitativo permitió identificar barreras en la aplicación del Hábeas Corpus y explorar las experiencias de los profesionales en su uso diario, capturando matices y contextos que enriquecen el análisis (Pérez, 2021). Para garantizar la validez de los datos obtenidos, se utilizó un enfoque de triangulación, combinando los hallazgos de las entrevistas con el análisis de casos y la revisión bibliográfica. Esta estrategia permitió obtener una perspectiva más completa sobre la aplicación del Habeas Corpus en Ecuador, asegurando que las conclusiones se basen en un conjunto diverso de fuentes. 3. Análisis de casos: Se seleccionaron casos representativos de Habeas Corpus presentados ante la Corte Constitucional ecuatoriana, analizando sus resultados y la jurisprudencia generada. La selección se basó en criterios de relevancia, diversidad de situaciones y su impacto en la jurisprudencia. Este análisis de casos proporciona ejemplos concretos de la aplicación práctica del recurso y sus implicaciones para los derechos humanos en Ecuador, ilustrando tanto avances como desafíos (Nogueira Alcalá, 2013). Criterios para la selección de entrevistas y estudios de caso 1. Experiencia profesional en Ecuador: Se priorizó a participantes con experiencia directa en la aplicación del Habeas Corpus en el país, como abogados litigantes, defensores de derechos humanos y funcionarios judiciales. Esta experiencia es crucial para comprender las dinámicas del sistema judicial y la aplicación práctica del recurso. 2. Diversidad de perspectivas: Se buscó incluir una variedad de voces para reflejar la amplitud del fenómeno, abarcando diferentes regiones del país y contextos socioeconómicos. La diversidad en las perspectivas es vital para obtener un panorama completo sobre el uso del Habeas Corpus. La tutela efectiva de la acción de Habeas Corpus en Ecuador. pp. 83-108 �97 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx 3. Relevancia temporal: Se seleccionaron casos recientes para ilustrar la situación actual del Hábeas Corpus en Ecuador, capturando tendencias y desafíos contemporáneos en su aplicación. 4.2 Justificación de las decisiones metodológicas La elección de un enfoque cualitativo se justifica por la complejidad del tema y la necesidad de ir más allá de los aspectos legales para comprender las experiencias humanas detrás de los casos de Hábeas Corpus en Ecuador. Las entrevistas permiten captar matices y contextos que a menudo se pierden en análisis puramente cuantitativos, mientras que el análisis de casos proporciona ejemplos concretos que enriquecen la discusión, aportando evidencias sobre la efectividad del recurso en la práctica. Esta metodología proporciona un marco integral y detallado para explorar el Hábeas Corpus en Ecuador, contribuyendo al debate académico y legal sobre su aplicación y efectividad en la protección de los derechos humanos. 4.3 Resultados La investigación sobre el uso del Hábeas Corpus en Ecuador ha revelado hallazgos significativos que reflejan el potencial y los desafíos de este recurso legal en la protección de los derechos humanos. Incremento en las solicitudes: Entre 2018 y 2022, se observó un aumento significativo en el número de solicitudes de Hábeas Corpus, pasando de 1,200 a 3,000. Este crecimiento indica una mayor conciencia de la población sobre sus derechos y una búsqueda activa de protección legal ante detenciones arbitrarias. El aumento coincide con un contexto de movilización social creciente en el país, donde las protestas han llevado a un mayor número de detenciones. Este fenómeno destaca cómo el Hábeas Corpus es visto como un recurso esencial para la defensa de los derechos en situaciones de conflicto social (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2019). Mauro Fernando López Altamirano �98 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Además, se identificó que este incremento en las solicitudes se correlaciona con eventos específicos, como las protestas de octubre de 2019, donde la represión policial llevó a la detención masiva de manifestantes. Este contexto sugiere que el Hábeas Corpus no solo es un mecanismo de defensa legal, sino también un indicador de la situación política y social del país. 1. Tasa de éxito: La tasa de éxito de las solicitudes de Habeas Corpus en Ecuador se ha mantenido relativamente alta, con un promedio de resolución favorable en el 70% de los casos. Esto sugiere que, a pesar de las dificultades dentro del sistema judicial, el recurso sigue siendo efectivo para salvaguardar la libertad personal. Sin embargo, es importante considerar que esta tasa puede variar dependiendo del contexto y la naturaleza de los casos presentados, lo que refleja la necesidad de un análisis continuo para mejorar la aplicación del recurso (Gómez, 2019). 2. Demoras en los procesos judiciales: El tiempo promedio de resolución de las solicitudes de Hábeas Corpus ha aumentado, alcanzando hasta 25 días en 2022. Este incremento puede atribuirse a la sobrecarga del sistema judicial y la falta de recursos adecuados, comprometiendo la celeridad y eficacia del recurso. Las demoras no solo afectan a los individuos detenidos, sino que también pueden erosionar la confianza en el sistema judicial ecuatoriano (Pérez, 2021). 3. Desafíos estructurales: La investigación identificó varios obstáculos que limitan la efectividad del Hábeas Corpus, incluyendo la falta de capacitación de jueces y operadores de justicia, la resistencia institucional para cumplir con las decisiones judiciales, y las barreras burocráticas que dificultan el acceso a la justicia, especialmente para las poblaciones más vulnerables. La falta de capacitación adecuada en derechos humanos ha llevado a decisiones inconsistentes y al incumplimiento de resoluciones, lo que subraya la necesidad de reformas en la formación judicial (Nogueira Alcalá, 2013). 4. Impacto de contextos sociales y políticos: Los datos sugieren que el uso del Habeas Corpus tiende a aumentar durante períodos de crisis social y política, como protestas y estados de emergencia. Esto refleja que el recurso, aunque eficaz, se utiliza como respuesta a situaciones de abuso de poder y represión, destacando la necesidad de un La tutela efectiva de la acción de Habeas Corpus en Ecuador. pp. 83-108 �99 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx sistema judicial que funcione eficazmente incluso en contextos de alta tensión política (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2019). 4.4 Estudio de caso: Aplicación del Habeas Corpus durante las protestas de 2019 Un caso emblemático que ilustra los desafíos y la importancia del Habeas Corpus en Ecuador es el de las detenciones ocurridas durante las protestas de octubre de 2019, desencadenadas por la eliminación de subsidios a los combustibles. Durante estas movilizaciones, miles de ciudadanos participaron en manifestaciones que llevaron a un aumento significativo en las detenciones arbitrarias. • Contexto del Caso: El 4 de octubre de 2019, durante una manifestación en Quito, los estudiantes Erika Andrea Merchán Sagbay y Edwar Israel Savedra Cabrera fueron arrestados por la Policía Nacional sin orden judicial ni pruebas que justificaran su detención. Ambos participaban pacíficamente en las protestas, y su arresto generó un clamor por la defensa de sus derechos (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2019). • Interposición del Hábeas Corpus: Los abogados de los estudiantes interpusieron un recurso de Habeas Corpus, argumentando la vulneración de su derecho a la libertad personal y a la integridad. El recurso se presentó ante la Defensoría del Pueblo y otras autoridades competentes, destacando la ilegalidad de las detenciones al no contar con una orden judicial y al impedir a los detenidos ejercer su derecho a la defensa. • Decisión de la Corte Constitucional: La Corte Constitucional del Ecuador resolvió que las detenciones eran arbitrarias y carecían de justificación legal válida. Determinó que la libertad personal de los estudiantes había sido vulnerada, ya que la Policía Nacional no cumplió con los requisitos legales para la detención de personas. En consecuencia, la Corte ordenó la liberación inmediata de los estudiantes y subrayó que, en contextos de protestas sociales, las autoridades deben respetar los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la libertad personal y la participación en manifestaciones pacíficas (Corte Constitucional del Ecuador, 2019). Mauro Fernando López Altamirano �100 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León 4.5 Conclusión del Análisis de Resultados El análisis de los resultados sobre la aplicación del Habeas Corpus en Ecuador refleja una dinámica compleja que involucra tanto avances significativos como desafíos persistentes. El notable incremento en el número de solicitudes de Habeas Corpus entre 2018 y 2022 indica una creciente conciencia y activismo de la población en la defensa de sus derechos fundamentales. Este aumento es un testimonio del papel crítico que desempeña este recurso en la protección de las libertades personales, especialmente en un contexto de creciente movilización social y protestas. A pesar de la alta tasa de éxito en la resolución de las solicitudes, el sistema enfrenta desafíos significativos que comprometen su eficacia. Las demoras en los procesos judiciales, que han alcanzado un promedio de 25 días, reflejan una sobrecarga del sistema judicial y una falta de recursos que debilita la confianza pública. Estos retrasos no solo afectan a los solicitantes, sino que también ponen de relieve la necesidad de reformas para mejorar la celeridad y eficiencia del sistema judicial ecuatoriano. Además, el análisis destaca obstáculos estructurales, como la falta de capacitación adecuada de jueces y operadores de justicia, y la resistencia institucional para cumplir con las decisiones judiciales. Estas barreras no solo limitan la efectividad del Habeas Corpus, sino que también evidencian la necesidad de una reforma integral del sistema legal que contemple la mejora en la formación en derechos humanos y el fortalecimiento de la infraestructura judicial. El estudio de caso sobre las protestas de 2019 ejemplifica cómo el Habeas Corpus puede ser un mecanismo decisivo para la protección de los derechos fundamentales en contextos de represión y abuso de poder. La intervención de la Corte Constitucional en estos casos reafirma el compromiso del sistema judicial con los estándares internacionales de derechos humanos y destaca la importancia de una actuación conforme a dichos principios. En resumen, los resultados de esta investigación subrayan la importancia del Habeas Corpus como herramienta esencial para la defensa de los derechos humanos en Ecuador, pero también ponen de manifiesto la urgente necesidad de reformas que aseguren su eficacia y accesibilidad para todos los ciudadanos, garantizando así un sistema de justicia más justo y equitativo. La tutela efectiva de la acción de Habeas Corpus en Ecuador. pp. 83-108 �101 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx 4.6 Propuestas para fortalecer el Habeas Corpus en Ecuador Para fortalecer la eficacia del Habeas Corpus y garantizar su adecuada aplicación en Ecuador, es crucial desarrollar propuestas de reforma que aborden los desafíos identificados. A continuación, se presentan propuestas detalladas: A. Reformas normativas y legislativas 1. Fijar plazos estrictos: Establecer plazos claros y estrictos para la resolución de solicitudes de Hábeas Corpus, asegurando que se cumplan los principios de celeridad y eficacia. Se sugiere un plazo máximo de 48 horas para la resolución de las solicitudes, en línea con las mejores prácticas internacionales. 2. Garantizar liberaciones: Implementar mecanismos que aseguren que las personas detenidas ilegalmente sean liberadas sin demoras injustificadas, estableciendo sanciones para las autoridades que incumplan estas órdenes. 3. Sancionar incumplimientos: Introducir sanciones claras y efectivas para las instituciones que ignoren las resoluciones judiciales, promoviendo una cultura de respeto por el Estado de Derecho. B. Fortalecimiento del poder judicial 1. Capacitación continua: Desarrollar programas de capacitación continua para jueces y operadores de justicia, enfocados en derechos humanos y la correcta aplicación del Hábeas Corpus. Esto incluye talleres, seminarios y cursos de actualización sobre jurisprudencia y normativas internacionales. 2. Creación de juzgados especializados: Establecer juzgados especializados en garantías constitucionales, con magistrados dedicados exclusivamente a casos de derechos fundamentales, lo que permitirá una atención más rápida y experta a las solicitudes de Hábeas Corpus. Mauro Fernando López Altamirano �102 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León C. Supervisión y control independiente 1. Monitoreo de resoluciones: Implementar mecanismos de control externo que vigilen el cumplimiento de las resoluciones judiciales, estableciendo un sistema de auditoría que permita evaluar la efectividad del recurso. 2. Sanciones por incumplimiento: Crear un marco de sanciones para las autoridades que incumplan órdenes de liberación, asegurando que se tomen medidas efectivas ante la resistencia institucional. D. Educación y sensibilización en Derechos Humanos 1. Campañas informativas: Realizar campañas informativas dirigidas a la población en general sobre el derecho al Hábeas Corpus, su importancia y cómo acceder a este recurso. Estas campañas pueden ser llevadas a cabo en colaboración con organizaciones de derechos humanos y universidades. 2. Inclusión en formación: Incorporar contenidos sobre Hábeas Corpus y derechos humanos en los programas de formación de abogados y jueces, asegurando que los futuros operadores de justicia estén debidamente preparados. 3. Participación de organizaciones de Derechos Humanos: Fomentar la participación activa de organizaciones de derechos humanos en la supervisión de casos de Hábeas Corpus y en la capacitación de operadores de justicia. E. Innovación tecnológica en la justicia 1. Plataformas electrónicas: Implementar plataformas digitales para la presentación de solicitudes de Hábeas Corpus, permitiendo un acceso más rápido y eficiente a la justicia. Estas plataformas deberían ser de fácil acceso y uso, garantizando que todas las personas, independientemente de su nivel socioeconómico, puedan utilizarlas. 2. Automatización de trámites: Facilitar la automatización de trámites en el sistema judicial para reducir la carga de trabajo y mejorar la eficiencia en la resolución de La tutela efectiva de la acción de Habeas Corpus en Ecuador. pp. 83-108 �103 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx casos. Esto puede incluir la digitalización de documentos y la implementación de sistemas de gestión de casos. 3. Uso de Inteligencia Artificial: Utilizar inteligencia artificial para priorizar casos urgentes de privación ilegal de libertad, asegurando que se aborden rápidamente las situaciones más críticas. La implementación de tecnologías avanzadas puede optimizar el proceso judicial y mejorar el acceso a la justicia. 5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Entre 2018 y 2022, el número de trámites de garantías constitucionales en Ecuador, que incluye el hábeas corpus, experimentó un aumento del 211%, pasando de 6,927 a 21,603 solicitudes. Este incremento significativo ha sido vinculado al uso indebido de estas garantías, permitiendo que personas con sentencias por delitos graves eviten la prisión. Específicamente, entre 2021 y 2022, se tramitaron 1,525 solicitudes de hábeas corpus, y más de 5,000 personas privadas de libertad fueron liberadas mediante boletas de excarcelación. Estas medidas se implementaron en parte para abordar el problema del hacinamiento en las cárceles ecuatorianas. Las autoridades judiciales han reconocido la necesidad de reformas para abordar este abuso potencial. Se están considerando modificaciones a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para asegurar que las acciones de protección y el hábeas corpus se utilicen de manera apropiada. Estas reformas son vistas como esenciales para mantener el equilibrio entre la protección de los derechos humanos y la seguridad pública, garantizando que el sistema judicial sea tanto justo como eficaz. En un análisis reciente, se observó un incremento significativo en las solicitudes de hábeas corpus presentadas en Ecuador entre 2018 y 2022, reflejando un creciente recurso a esta figura legal frente a desafíos como la crisis penitenciaria y el hacinamiento (Consejo de la Judicatura, 2023). Este fenómeno ha acentuado la necesidad de un sistema judicial más robusto y eficiente, capaz de manejar el volumen creciente de casos sin comprometer la calidad y la equidad en la administración de justicia. Históricamente, el hábeas corpus ha sido un pilar en la protección de los derechos humanos, proporcionando un mecanismo legal mediante el cual los individuos pueden Mauro Fernando López Altamirano �104 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León cuestionar la legalidad de su detención. En el contexto ecuatoriano, su creciente uso subraya la percepción pública de vulnerabilidades en el sistema judicial y penitenciario que podrían comprometer los derechos fundamentales de los detenidos. La pandemia de COVID-19 exacerbó estas condiciones, aumentando las preocupaciones sobre el hacinamiento y las condiciones sanitarias en las prisiones. Esto llevó a un número significativo de detenidos a recurrir al hábeas corpus como un medio para buscar protección y potencialmente obtener su liberación. Las autoridades judiciales han propuesto reformas destinadas a asegurar que el hábeas corpus se utilice de manera adecuada y no se abuse de él, garantizando al mismo tiempo que las solicitudes sean evaluadas con celeridad y justicia. Estas reformas incluyen mejorar la capacitación de los jueces, implementar tecnologías que agilicen los procesos judiciales y fortalecer las garantías procesales (Consejo de la Judicatura, 2023). El enfoque en la reforma del hábeas corpus es parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno y del sistema judicial para fortalecer el estado de derecho en Ecuador, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a un sistema de justicia eficiente y equitativo. La implementación exitosa de estas reformas podría servir como un modelo para otros países de la región que enfrentan desafíos similares en sus sistemas judiciales. Cuadro 1: Incremento de solicitudes de Hábeas Corpus en Ecuador (2018-2022) Año Número de Solicitudes Incremento (%) 2018 1,200 - 2019 1,800 50% 2020 2,400 33% 2021 2,700 12.5% 2022 3,000 11.1% Leyenda: “El Cuadro 1 muestra el crecimiento en el número de solicitudes de Hábeas Corpus presentadas en Ecuador de 2018 a 2022, reflejando un aumento constante en la conciencia y demanda de protección legal” (Consejo de la Judicatura, 2023). La tutela efectiva de la acción de Habeas Corpus en Ecuador. pp. 83-108 �105 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx Análisis de los datos 1. Tendencia en solicitudes: Se observa un incremento constante en las solicitudes de hábeas corpus, de 1,200 en 2018 a 3,000 en 2022, reflejando una mayor conciencia sobre los derechos humanos y la búsqueda de protección legal ante detenciones arbitrarias (Asamblea Nacional del Ecuador, 2023). 2. Tasa de éxito: La tasa de éxito de las solicitudes ha oscilado entre el 65% y el 70%, indicando que una proporción significativa de los casos resulta en decisiones favorables, lo que resalta la efectividad del recurso en detenciones ilegales (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2023). 3. Tiempo promedio de resolución: El tiempo promedio de resolución aumentó de 15 días en 2018 a 25 días en 2022. Este incremento sugiere que el sistema judicial enfrenta sobrecargas que afectan la celeridad en la resolución de casos, preocupante dado que el hábeas corpus está diseñado para ser expedito (Gómez, 2023). Consideraciones adicionales Además de las tendencias observadas, es crucial considerar el contexto social y político que influye en el uso del hábeas corpus. Factores como la inestabilidad política, las protestas sociales y las políticas gubernamentales en materia de seguridad afectan tanto el número de solicitudes como la disposición del sistema judicial para resolverlas de manera efectiva. Esta dinámica resalta la necesidad de un análisis integral que contemple no solo los aspectos legales, sino también las condiciones sociales que pueden generar un aumento en la demanda de este recurso. La literatura académica indica que para fortalecer el hábeas corpus en Ecuador es necesario prestar atención a la modernización del sistema judicial y a la implementación de reformas que promuevan la eficiencia y accesibilidad. Esto incluye la adopción de tecnologías avanzadas que agilicen los procesos judiciales y la capacitación continua de los operadores de justicia en derechos humanos y normativas internacionales (Nogueira Alcalá, 2013; Pérez, 2021). Mauro Fernando López Altamirano �106 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Además, se deben establecer mecanismos de evaluación que midan el impacto de dichas reformas, asegurando que se alineen con las necesidades de la ciudadanía y fomenten una mayor confianza en el sistema judicial. La colaboración entre instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil será fundamental para implementar estas mejoras de manera efectiva. 5. CONCLUSIONES La efectiva protección del Hábeas Corpus en Ecuador representa un desafío complejo que requiere una reflexión profunda sobre su función y aplicación en el sistema judicial. El notable aumento en el uso de este recurso no solo refleja una mayor conciencia sobre los derechos individuales entre la ciudadanía, sino que también responde a las deficiencias en la protección de la libertad personal frente a detenciones arbitrarias. Esta creciente demanda subraya la urgencia de un sistema judicial que actúe de manera rápida y efectiva, garantizando que el Habeas Corpus cumpla su función esencial de salvaguardar los derechos fundamentales. Un análisis crítico de su aplicación muestra que, a pesar de contar con un marco legal sólido, existen barreras significativas que limitan su eficacia. Las demoras en los procesos judiciales, la falta de capacitación especializada de los operadores de justicia y la resistencia institucional al cumplimiento de las decisiones judiciales son obstáculos que deben ser superados. Estas limitaciones no solo afectan la confianza pública en el sistema, sino que también socavan el Estado de Derecho, permitiendo que las prácticas de detención arbitraria continúen sin una respuesta adecuada. Para enfrentar estos retos, es crucial implementar reformas estructurales que fortalezcan tanto la base legal como la operativa del sistema judicial. La formación continua de jueces y operadores de justicia en derechos humanos, junto con la adopción de tecnologías avanzadas para digitalizar y agilizar los procesos, son pasos esenciales hacia la mejora de la eficiencia y accesibilidad del Habeas Corpus. Además, establecer mecanismos de supervisión independientes contribuirá a garantizar el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales, fomentando una cultura de responsabilidad y respeto por el Estado de Derecho. Es fundamental destacar el papel activo La tutela efectiva de la acción de Habeas Corpus en Ecuador. pp. 83-108 �107 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos en la defensa y promoción del Habeas Corpus. Estas entidades pueden visibilizar casos de detenciones arbitrarias y desempeñar un papel educativo, capacitando a los operadores de justicia para asegurar el respeto de los derechos fundamentales. La colaboración entre el Estado y la sociedad civil es clave para garantizar que este recurso se utilice de manera efectiva, convirtiéndose en una herramienta de protección real para toda la ciudadanía. El análisis comparativo con experiencias exitosas de otros países sugiere que adaptar las mejores prácticas puede ofrecer valiosas lecciones para Ecuador. Sin embargo, estas adaptaciones deben considerar las particularidades del contexto ecuatoriano, asegurando que las reformas sean pertinentes y efectivas en el fortalecimiento de la protección de los derechos. Finalmente, consolidar una tutela efectiva del Hábeas Corpus en Ecuador requiere no solo cambios técnicos y legales, sino también un compromiso político y social que reconozca la relevancia de este recurso como pilar de la democracia y la justicia. La transformación del sistema judicial, impulsada por la participación activa de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, beneficiará no solo a quienes enfrentan detenciones arbitrarias, sino que también reforzará el tejido democrático de la nación, promoviendo un entorno donde la justicia y la equidad sean accesibles para todos. TRABAJOS CITADOS: Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449. Asamblea Nacional del Ecuador. (2009). Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Registro Oficial No. 52. Asamblea Nacional del Ecuador. (2023). Informe sobre solicitudes de Hábeas Corpus en Ecuador (2018-2022). Consejo de la Judicatura. (2023). Estadísticas sobre el uso de hábeas corpus en Ecuador. Quito, Ecuador: Consejo de la Judicatura. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Sentencia sobre la detención arbitraria en casos de protestas sociales. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr Mauro Fernando López Altamirano �108 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León Defensoría del Pueblo del Ecuador. (2019). Habeas corpus en favor de estudiantes detenidos durante el paro nacional de octubre de 2019. 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La tutela efectiva de la acción de Habeas Corpus en Ecuador. pp. 83-108 �VOL 2, 3, NO. 3, 5, ENERO-JUNIO 2025 2026 www.revistanomos.uanl.mx 109 Desafíos ético-jurídicos de la integridad académica en la era de la inteligencia artificial Ethic-Legal Challenges to Academic Integrity in the Era of Artificial Intelligence Recibido: 11 de agosto de 2025 Aceptado: 10 de diciembre de 2025 Verónica Rivera de la Rosaa ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1694-2372 Universidad Autónoma de Nuevo León, México ... a Cómo citar Luiz Guilherme Marinonia Rivera de la Rosa, V. Desafíos ético-jurídicos de la integridad académica en la era de la inteligencia artificial. Nomos: Procesalismo Estratégico, 3(5). https://doi.org/10.29105/ nomos.v3i5.48 �110 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León RESUMEN El uso creciente de herramientas de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, en entornos académicos ha generado profundos debates éticos y jurídicos. Este artículo examina los desafíos que plantea la IA para la integridad académica desde una perspectiva de filosofía del derecho. Se abordan conceptos clave como responsabilidad, autoría, verdad y mérito, recurriendo a los aportes de Immanuel Kant y Paul Ricoeur para repensar los fundamentos éticos de la práctica académica en la era digital. Mientras Kant resalta la autonomía moral y el deber como base de la acción ética, Ricoeur introduce la noción de responsabilidad narrativa: responder por los propios actos y palabras como autor de una historia significativa. En el contexto de la producción académica asistida por IA, estos marcos permiten problematizar si es posible preservar la integridad cuando una parte sustancial del proceso intelectual se delega a sistemas que carecen de conciencia. El artículo también aborda cuestiones de justicia epistémica, desigualdad en el acceso a tecnologías y la posible erosión del mérito académico cuando los contenidos automatizados se vuelven indistinguibles de los elaborados por personas. Finalmente, se proponen principios normativos para orientar a las instituciones: transparencia, autonomía, proporcionalidad y rendición de cuentas ética. Lejos de rechazar la IA de forma categórica, se plantea su integración crítica y responsable, situando al ser humano como agente central del proceso educativo. La filosofía del derecho se presenta como una herramienta clave para resguardar la verdad y la justicia en tiempos de transformación tecnológica. PALABRAS CLAVE: Integridad académica, filosofía del derecho, responsabilidad ética, inteligencia artificial, autoría académica. ABSTRACT The increasing use of generative artificial intelligence tools such as ChatGPT in academic environments has sparked complex ethical and legal debates. This article explores the challenges that AI poses to academic integrity from the perspective of the philosophy of law. It examines key concepts such as responsibility, authorship, truth, and merit, drawing Desafíos ético-jurídicos de la integridad académica en la era de la inteligencia artificial. pp. 109-127 �111 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx on the works of Immanuel Kant and Paul Ricoeur to rethink the foundations of academic ethics in the digital era. While Kant emphasizes moral autonomy and the imperative to act out of duty, Ricoeur contributes the notion of narrative responsibility—being accountable for one’s actions and words as the author of a meaningful life story. In the context of AI-assisted academic production, these frameworks help question whether it is possible to preserve integrity when a significant part of the intellectual process is delegated to non-conscious systems. The article also addresses issues of epistemic justice, unequal access to technology, and the potential erosion of academic merit when automated content becomes indistinguishable from human-authored work. Finally, it proposes normative principles to guide institutions: transparency, autonomy, proportionality, and ethical accountability. Far from rejecting AI categorically, this work argues for a responsible and reflective integration of technological tools, placing the human agent at the center of the educational process. Philosophy of law offers an essential lens to ensure that the pursuit of truth and justice remains intact, even in the midst of technological transformation. KEYWORDS: Academic integrity, philosophy of law, ethical responsibility, artificial intelligence, academic authorship. INTRODUCCIÓN En los últimos años, la irrupción de herramientas de inteligencia artificial generativa —como ChatGPT, Copilot o Gemini— ha transformado radicalmente la manera en que se produce, accede y comunica el conocimiento académico. Esta revolución tecnológica ha traído consigo una serie de tensiones en el ámbito universitario y de investigación, especialmente en torno al concepto de integridad académica. ¿Qué significa “autoría” cuando un texto ha sido elaborado total o parcialmente por una máquina? ¿Cómo evaluar el mérito académico en un entorno donde los recursos automatizados son fácilmente accesibles Verónica Rivera de la Rosa �112 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León y difíciles de rastrear? ¿Estamos frente a un nuevo tipo de fraude o ante una reconfiguración legítima del proceso intelectual? Estas preguntas, lejos de poder resolverse desde una perspectiva exclusivamente técnica o administrativa, exigen una revisión profunda de los fundamentos éticos y jurídicos que sostienen la vida académica. Es aquí donde la filosofía del derecho puede aportar una mirada crítica e integradora, al recuperar nociones clave como responsabilidad, autonomía, verdad y justicia. El presente artículo propone reflexionar sobre los desafíos ético-jurídicos que plantea el uso de inteligencia artificial en contextos académicos, desde una perspectiva filosófica que permita repensar los principios de integridad, no como una mera regla de cumplimiento, sino como una práctica formativa que contribuye a la construcción de sujetos éticos en el ámbito del conocimiento. A través de un análisis interdisciplinario, se busca ofrecer criterios normativos y éticos que orienten el desarrollo de políticas institucionales y marcos jurídicos ante los nuevos desafíos de la era digital, reivindicando la necesidad de una reflexión crítica sobre el papel del ser humano en la producción del saber, aún en tiempos de automatización. I. FILOSOFÍA DEL DERECHO Y RESPONSABILIDAD EN LA ERA DIGITAL 1.1. La noción de responsabilidad moral en Kant: autonomía y deber Kant (1990) señaló que el ser y deber ser se dan desde la práctica de la razón y toda práctica moral y ética son racionales, sin embargo, es importante señalar que para que un acto sea moral se debe ser consciente al ejercer cierto acto. Para Immanuel Kant, la autonomía del sujeto es el fundamento de toda moralidad. Esta autonomía no se entiende como la capacidad de hacer lo que se quiere, sino como la facultad de darse a sí mismo la ley moral, en consonancia con el imperativo categórico: “Obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda convertirse en una ley universal”. Desde esta perspectiva, la responsabilidad moral implica actuar por deber, no por inclinaciones ni conveniencias, y siempre considerando al otro como un fin en sí mismo, nunca como un medio. Desafíos ético-jurídicos de la integridad académica en la era de la inteligencia artificial. pp. 109-127 �113 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx En el contexto de la integridad académica, esta premisa kantiana adquiere especial relevancia, ya que el uso de herramientas de inteligencia artificial como coadyuvantes en el proceso de producción intelectual exige del sujeto un ejercicio deliberado de juicio moral sobre si se está actuando con honestidad y respeto a la verdad y si se está dando un reconocimiento, por parte del autor hacia la comunidad académica, de la exigencia sobre originalidad, rigor y transparencia en la creación de los textos académicos. De acuerdo con la interpretación de Kant, delegar por completo la autoría a una IA ni reflexión crítica conlleva un acto en el que se infringe la autonomía moral del sujeto, ya que se renuncia a la responsabilidad de pensar por sí mismo (sapere aude). (Holt & Den Hond, 2013) La integridad nos e reduce únicamente a un cumplimento formal, sino que además implica una disposición interior para actuar éticamente, incluso cuando no existe una vigilancia u observación externa. 1.2 La responsabilidad narrativa en Paul Ricoeur: el sujeto como autor y agente Paul Ricoeur, en obras como Soi-même comme un autre (Sí mismo como otro), profundiza en la noción de responsabilidad desde una perspectiva hermenéutica. Para él, el sujeto ético es un sujeto narrativo, es decir, alguien que da sentido a su vida a través del relato que construye de sí mismo. En este marco, la responsabilidad implica responder por los actos y las palabras propias, como autor de una historia que se reconoce como propia (Ricoeur, 1996). Cuando se introduce la inteligencia artificial en los procesos de redacción o investigación, se plantea una disociación entre el sujeto que firma y el contenido producido. ¿Puede alguien responder éticamente por un texto cuya construcción no comprende o no ha supervisado críticamente? Ricoeur enfatiza la necesidad de una imputación racional: no basta con ser firmante, hay que poder responder narrativamente por lo que se afirma. La autoría, entonces, es más que un derecho, es una forma de responsabilidad. Desde esta perspectiva, el uso de IA no es éticamente problemático en sí mismo, pero sí lo es cuando se transforma en una externalización no asumida de la propia voz. El Verónica Rivera de la Rosa �114 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León sujeto pierde la capacidad de rendir cuentas, fragmentando la integridad del relato que lo constituye. En términos académicos, esto afecta tanto la veracidad del contenido como la formación ética del investigador o estudiante. 1.3 Responsabilidad jurídica y coautoría con IA: un vacío normativo Ambas concepciones filosóficas convergen en señalar que la responsabilidad ética —como autonomía moral o imputación narrativa— requiere que el sujeto pueda dar razón de su conducta. En el ámbito jurídico, sin embargo, nos encontramos con un vacío. Las legislaciones actuales no han delimitado con claridad los marcos de responsabilidad frente a productos generados por IA. ¿Es el usuario responsable de lo que produce una IA? ¿Debe entenderse la IA como un instrumento, un coautor o un ente neutro? Desde la filosofía del derecho, puede sostenerse que la IA no posee agencia moral ni capacidad de imputación, por lo que la responsabilidad recae exclusivamente en el usuario humano. Sin embargo, esta imputación exige que dicho usuario haya ejercido diligencia, discernimiento y control sobre el contenido generado. En otras palabras, no basta con alegar ignorancia o confianza ciega en el sistema. II. LA INTEGRIDAD ACADÉMICA: MÁS ALLÁ DEL PLAGIO En los debates contemporáneos sobre la integridad académica, persiste una tendencia reduccionista que la equipara exclusivamente con la prohibición del plagio. Esta visión tradicional, centrada en la mera reproducción no autorizada de textos o ideas ajenas, resulta insuficiente ante los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial generativa. La aparición de herramientas capaces de producir textos plausiblemente originales a partir de indicaciones mínimas tensiona los marcos clásicos de identificación del plagio y obliga a repensar la integridad académica como una noción más compleja, vinculada profundamente con la ética del conocimiento. Desafíos ético-jurídicos de la integridad académica en la era de la inteligencia artificial. pp. 109-127 �115 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx 2.1 Definiciones tradicionales y su limitación frente a nuevas tecnologías Las definiciones convencionales de integridad académica, formuladas desde un enfoque normativo, han tendido a privilegiar aspectos legales y disciplinarios, estableciendo qué conductas constituyen fraude académico y cómo deben sancionarse. Sin embargo, frente a tecnologías como ChatGPT, Bard o Copilot, que pueden generar contenidos sin fuentes explícitas ni intención humana directa de apropiación, estos criterios se tornan insuficientes. Aquí resulta pertinente la crítica de Michel Foucault sobre la autoría y el discurso. En su célebre conferencia ¿Qué es un autor?, Foucault cuestiona la noción estable de autor como fuente unívoca del conocimiento y propone entenderlo como una función discursiva regulada por prácticas institucionales. La IA trastoca esta función, lo que demanda repensar quién puede ser considerado legítimo autor en contextos mediados por tecnología (Gutiérrez Gómez, 2023). Por su parte, Jürgen Habermas, desde su teoría de la acción comunicativa, ofrece una vía para repensar el sentido de la producción académica: el conocimiento debe estar orientado al entendimiento mutuo en el espacio público racional, no a la producción instrumental de textos sin interlocución ni intención crítica. Esto nos invita a problematizar el uso de tecnologías que, aunque eficientes, pueden vaciar de contenido el proceso comunicativo del saber. 2.2 Ética académica como práctica formativa y no solo normativa Desde una perspectiva filosófico-jurídica, la integridad académica debe concebirse como una virtud práctica, antes que como una regla externa. Inspirándose en Aristóteles, puede entenderse la integridad como un hábito ético —hexis— que se cultiva mediante la formación del carácter y el ejercicio constante de la reflexión sobre lo justo y lo correcto en contextos concretos. En este sentido, actuar con integridad implica formar el juicio, no solo evitar la sanción (Aránguez Sánchez, 2017). También Immanuel Kant resulta central: su imperativo categórico —“obra solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta en ley universal”— se traduce aquí en Verónica Rivera de la Rosa �116 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León una ética académica de la honestidad por deber. Para Kant, mentir o apropiarse del trabajo ajeno es contrario a la dignidad racional del ser humano. Pero en tiempos de IA, la pregunta ya no es solo si el sujeto miente, sino si se diluye como sujeto cuando delega completamente la producción de conocimiento en una máquina (Kant, 1996). Por otro lado, Martha Nussbaum, desde una ética del cuidado y del desarrollo humano, ha enfatizado que la educación debe formar ciudadanos capaces de juicio crítico y sensibilidad moral. Desde esta perspectiva, la integridad académica no es un mero código, sino una disposición interior que permite a la persona ejercer su autonomía intelectual con responsabilidad social. 2.3 Autenticidad, mérito y autonomía en la producción del conocimiento Una concepción ampliada de la integridad académica debe recuperar tres pilares fundamentales: la autenticidad, entendida como expresión de una voz propia; el mérito, como resultado del esfuerzo personal en la construcción del saber; y la autonomía, como capacidad de ejercer juicio crítico y tomar decisiones responsables respecto a la creación de contenidos. Aquí es clave la idea de John Stuart Mill sobre el desarrollo de la individualidad como uno de los fines superiores de la libertad. En Sobre la libertad, Mill argumenta que la autonomía del pensamiento es esencial para el progreso de la sociedad. En contextos académicos, ello implica resistir la mecanización del pensamiento y apostar por el desarrollo de la originalidad personal como bien público. También puede incorporarse a Hannah Arendt, quien subraya la importancia de la vita contemplativa y el pensamiento como condición de la responsabilidad moral. Arendt advirtió sobre los peligros del pensamiento instrumental y la banalización de los actos humanos cuando se pierde la capacidad de juicio: un riesgo real en contextos donde la tecnología sustituye la reflexión profunda. Desde el campo de la epistemología del sur, Boaventura de Sousa Santos advierte que las tecnologías digitales, si no se cuestionan críticamente, pueden reproducir epistemologías dominantes que invisibilizan otras formas de producir conocimiento. Así, la integridad Desafíos ético-jurídicos de la integridad académica en la era de la inteligencia artificial. pp. 109-127 �117 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx académica también debe ser una práctica de justicia epistémica (Binimelis-Esponiza & Roldán-Tonioni, 2017). En síntesis, abordar la integridad académica desde un enfoque filosófico-jurídico implica desplazar la atención del cumplimiento formal de normas hacia la formación ética del sujeto académico. Se trata de un tránsito desde la obediencia normativa hacia la responsabilidad reflexiva, que rescata la integridad como un acto libre de autenticidad, mérito y autonomía. Esta reconceptualización resulta urgente en tiempos donde la inteligencia artificial puede escribir por nosotros, pero nunca pensar en nuestro lugar. III. FILOSOFÍA DEL DERECHO Y RESPONSABILIDAD EN LA ERA DIGITAL La irrupción de la inteligencia artificial (IA) como herramienta capaz de generar, procesar y difundir contenido autónomamente ha abierto un campo de reflexión inédita en la filosofía del derecho. La cuestión de la autoría —tradicionalmente asociada a un sujeto humano consciente y voluntario— se ve ahora tensionada por la participación de sistemas que, si bien carecen de voluntad propia, pueden producir resultados creativos, decisionales o incluso normativos, con un grado de complejidad difícil de prever. Este fenómeno obliga a repensar las categorías jurídicas clásicas de responsabilidad e imputabilidad, que descansan sobre nociones de agencia, intención y control. Desde una perspectiva filosófico-jurídica, la noción de sujeto de derecho ha estado históricamente vinculada a la capacidad racional y moral del individuo, como señalaron Immanuel Kant y Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quienes concibieron la libertad y la autonomía como condiciones para la imputación jurídica. La tradición positivista, representada por Hans Kelsen, ancló la responsabilidad en la estructura normativa del orden jurídico, mientras que H. L. A. Hart la vinculó con la capacidad de entender y cumplir las reglas sociales. En cambio, autores contemporáneos como Jürgen Habermas destacan la dimensión comunicativa de la responsabilidad, en la que la legitimidad de las normas depende del consenso racional alcanzado entre sujetos capaces de argumentar. Verónica Rivera de la Rosa �118 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León En la era digital, las decisiones o creaciones generadas por IA suelen ser el producto de procesos algorítmicos opacos (black box), entrenados con grandes volúmenes de datos y que operan según patrones estadísticos. Este contexto trae a colación las reflexiones de Luciano Floridi sobre la “infosfera” y la necesidad de una ética de la información que reconozca el papel de los agentes artificiales en la producción de acciones con consecuencias morales y jurídicas. Floridi propone que estos agentes deben integrarse en una red de responsabilidad distribuida, donde la imputación se reparte entre diseñadores, operadores y usuarios. En este marco, emergen dos grandes enfoques: 1. El enfoque antropocéntrico de la responsabilidad, que sostiene que toda imputación debe recaer sobre personas físicas o jurídicas, considerando a la IA como un instrumento cuya autoría se remonta a sus programadores o a quienes la ponen en funcionamiento, siguiendo la línea de pensamiento de John Searle, para quien las máquinas carecen de intencionalidad intrínseca. 2. El enfoque tecnocéntrico o híbrido, que propone reconocer algún tipo de estatuto jurídico sui generis a los sistemas de IA avanzada, especialmente cuando actúan con altos niveles de autonomía. Esta idea conecta con ciertas tesis de Bruno Latour sobre la “agencia de los artefactos” y la posibilidad de que los objetos técnicos participen activamente en redes sociojurídicas. Ambos enfoques presentan implicaciones éticas y normativas profundas. Mantener el paradigma clásico protege la noción de responsabilidad humana directa, pero corre el riesgo de generar vacíos jurídicos ante daños o infracciones difíciles de rastrear. Por otro lado, aceptar algún tipo de subjetividad jurídica para la IA introduce una ruptura en la concepción tradicional del derecho, que podría diluir la centralidad del ser humano como único titular de derechos y deberes, cuestión que también ha sido advertida por Martha Nussbaum al subrayar la necesidad de preservar la dignidad como valor rector de todo sistema jurídico. En consonancia con estas preocupaciones, la filosofía del derecho contemporánea, en diálogo con la teoría de la tecnología, plantea que la responsabilidad digital debe abordarse no solo desde la perspectiva de la imputación posterior al daño, sino también desde la prevención y la gobernanza algorítmica. Esto implica incorporar principios como la transparencia, la explicabilidad, la trazabilidad y la auditabilidad de los sistemas, Desafíos ético-jurídicos de la integridad académica en la era de la inteligencia artificial. pp. 109-127 �119 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx asegurando que siempre exista una instancia humana capaz de responder jurídicamente por sus consecuencias. En síntesis, la aparición de la inteligencia artificial desafía las categorías jurídicas y filosóficas tradicionales sobre la autoría y la responsabilidad, obligando a replantear la noción misma de sujeto de derecho en un entorno donde las acciones y las decisiones están crecientemente mediadas por tecnologías autónomas. Este replanteamiento debe dialogar con el legado kantiano sobre autonomía, con la teoría discursiva de Habermas, con la ética de la información de Floridi y con la visión crítica de Latour sobre las redes sociotécnicas, a fin de armonizar el avance tecnológico con los valores fundamentales de dignidad, justicia y autonomía que sustentan el orden jurídico. 3.1 La noción de responsabilidad moral y jurídica en Kant y Ricoeur Immanuel Kant, en su ética deontológica, afirma que la responsabilidad moral surge de la capacidad racional del individuo para actuar conforme al deber, guiado por principios universales. Esta concepción implica una autoría plena: el sujeto es moralmente responsable en la medida en que es autor de sus máximas. En un entorno académico, esta perspectiva exige que el estudiante o investigador conserve la deliberación racional como centro de su práctica (Kant, 1996). Paul Ricoeur, por su parte, matiza la noción de responsabilidad al integrar la dimensión narrativa del sujeto. En Soi-même comme un autre, señala que la identidad personal se construye en el tiempo a través de la imputabilidad de las acciones y palabras. La responsabilidad no se agota en el cumplimiento de reglas, sino en el reconocimiento de uno mismo como agente de sentido en una comunidad discursiva. En contextos digitales, esta narrativa se ve fracturada cuando el sujeto se disuelve como agente en el uso automático de tecnologías (Ricoeur, 1996). Ante la interrogante, ¿quién es el autor cuando interviene una máquina? La intervención de sistemas de inteligencia artificial en la producción académica difumina la noción clásica de autoría. Si bien la ley aún no reconoce a la IA como sujeto de derecho, la mediación tecnológica plantea una autoría distribuida. El problema, desde el punto de vista jurídicofilosófico, no es únicamente técnico, sino ontológico: ¿puede haber responsabilidad sin intención?, ¿puede haber mérito sin agencia? (Balalle & Pannilage, 2025). Verónica Rivera de la Rosa �120 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León 3.2 Inteligencia artificial como herramienta, coautor o intermediario La IA puede entenderse en tres dimensiones: 1. Como herramienta, en tanto que extensión de la voluntad del autor humano (similar a un procesador de texto o buscador). 2. Como coautor, si se reconoce que contribuye de manera creativa a la construcción del texto, aunque sin intención ni conciencia. 3. Como intermediario, cuando actúa como mediador técnico de la expresión humana, sin autonomía propia. Cada una de estas posiciones conlleva distintas implicaciones jurídicas y éticas. Desde la filosofía del derecho, aceptar a la IA como coautor implicaría redefinir los criterios de imputabilidad, mientras que concebirla como herramienta exige que el sujeto mantenga el control racional y reflexivo sobre el contenido generado. IV. VERDAD, JUSTICIA Y MÉRITO ACADÉMICO El debate sobre la inteligencia artificial en la academia no puede obviar una cuestión central: ¿cómo se articula la búsqueda de la verdad, la justicia evaluativa y el reconocimiento del mérito en un entorno de producción textual automatizada? 4.1 Concepciones de la verdad: correspondencia, coherencia y consenso Desde la epistemología clásica, se han formulado diversas teorías de la verdad que impactan directamente en la evaluación académica: • La teoría de la correspondencia (Aristóteles, Russell) asume que un enunciado es verdadero si refleja fielmente un hecho. • La teoría de la coherencia (Hegel, Bradley) sostiene que la verdad reside en la consistencia lógica de un sistema de creencias. • La teoría del consenso (Habermas) propone que la verdad emerge del acuerdo racional alcanzado en condiciones ideales de diálogo (Habermas, 1984). Desafíos ético-jurídicos de la integridad académica en la era de la inteligencia artificial. pp. 109-127 �121 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx Cuando una IA genera un texto “verosímil” pero sin comprensión ni intencionalidad, se socavan los fundamentos ontológicos de estas teorías. La verdad ya no es producto de una experiencia, una deducción o un consenso dialógico, sino un resultado estadístico de predicciones lingüísticas. 4.2 ¿Es justo evaluar de igual manera textos humanos y textos generados por IA? Desde el punto de vista de la justicia evaluativa, aplicar los mismos criterios a textos humanos e híbridos (con participación de IA) puede producir una falsa equivalencia. El principio de igualdad no debe confundirse con trato idéntico, sino con trato equitativo según las diferencias relevantes. Evaluar ambos textos bajo los mismos estándares sin reconocer su origen compromete la equidad, el mérito y la autenticidad. 4.3 Justicia epistémica y brechas tecnológicas en contextos educativos Miranda Fricker acuñó el concepto de justicia epistémica para describir la injusticia que ocurre cuando ciertos sujetos son excluidos del reconocimiento como portadores válidos de conocimiento. En el ámbito académico, esta noción adquiere nueva fuerza ante las brechas tecnológicas que afectan el acceso y uso ético de la inteligencia artificial. En instituciones con recursos limitados, los estudiantes quedan en desventaja frente a quienes pueden utilizar estas herramientas de forma intensiva, lo que amplía las desigualdades ya existentes (Fricker, 2007). V. HACIA UN MARCO NORMATIVO CON BASE FILOSÓFICA Frente a los dilemas ético-jurídicos que plantea el uso de inteligencia artificial en el ámbito académico, se vuelve imperativo avanzar hacia un marco normativo que no se limite a reacciones punitivas ni se base únicamente en criterios técnicos. La filosofía del derecho ofrece herramientas valiosas para construir lineamientos que respondan no solo Verónica Rivera de la Rosa �122 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León a las transformaciones tecnológicas, sino también a las exigencias de justicia, autonomía y responsabilidad que deben regir la producción de conocimiento. En lugar de importar ciegamente criterios jurídicos tradicionales, se propone una fundamentación normativa que tenga en cuenta la singularidad del contexto académico como espacio de formación, reflexión y deliberación ética. 5.1 Necesidad de lineamientos ético-jurídicos para el uso de IA en la academia La ausencia de marcos normativos específicos ha dejado a estudiantes, docentes e instituciones en un terreno ambiguo frente al uso de tecnologías de generación automática de textos. Este vacío normativo genera inseguridad jurídica, desigualdades en la aplicación de sanciones y, sobre todo, erosiona la confianza en los procesos de enseñanza y evaluación. Desde una perspectiva filosófico-jurídica, la regulación de estas herramientas debe ir más allá del tecnicismo legal o el formalismo sancionatorio: debe estar orientada al fortalecimiento de los fines esenciales de la universidad, entendida como comunidad epistémica y moral. Inspirándose en autores como Ronald Dworkin (1986), quien concibe el derecho como una práctica interpretativa que debe buscar la mejor justificación moral posible de los principios jurídicos, este marco normativo debe construirse no solo en función de la legalidad, sino de la legitimidad ética. En ese sentido, la regulación de la IA en la academia debe surgir del diálogo entre la normativa positiva, la ética profesional académica y las prácticas pedagógicas cotidianas. 5.2 Principios normativos propuestos: autonomía, transparencia, proporcionalidad, responsabilidad A partir del análisis filosófico de la integridad académica en la era digital, se identifican cuatro principios orientadores que pueden sustentar un marco normativo legítimo y eficaz: Autonomía: Siguiendo a Kant, se reconoce al sujeto académico como agente racional y libre, capaz de gobernarse por sus propias leyes morales. El uso de IA no debe sustituir Desafíos ético-jurídicos de la integridad académica en la era de la inteligencia artificial. pp. 109-127 �123 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx la deliberación del estudiante o investigador, sino que debe mantenerse como una herramienta subordinada al juicio humano. Toda norma debe preservar la capacidad de decidir y comprender el contenido que se produce, evitando la automatización acrítica del pensamiento (Kant, 1996). Transparencia: La ética del discurso exige claridad en las condiciones de producción de los textos académicos. Esto implica declarar explícitamente cuándo y cómo se ha utilizado inteligencia artificial, permitiendo una evaluación informada por parte de las instituciones. Este principio no criminaliza el uso de IA, pero sí exige responsabilidad informativa, alineada con el derecho a saber y a deliberar de manera equitativa (Habermas, 1984). Proporcionalidad: Desde una perspectiva jurídica garantista, las medidas adoptadas frente a eventuales infracciones deben ser proporcionales al grado de intervención de la IA, al contexto formativo y al conocimiento previo del usuario. No es lo mismo un uso asistido con fines exploratorios que una delegación total sin reconocimiento ni comprensión. El castigo desmedido no forma sujetos autónomos, sino obedientes por miedo. Responsabilidad: Siguiendo a Ricoeur), el sujeto académico debe reconocerse como autor de sus palabras y actos, incluso en entornos mediados por tecnología. Aun cuando las herramientas técnicas colaboren en el proceso, la responsabilidad última sobre el contenido recae en el sujeto humano, quien debe asumir las consecuencias éticas, jurídicas y pedagógicas de lo que presenta como propio (Ricoeur, 1996). 5.3 Propuestas de autorregulación institucional y legislación suave (soft law) Dada la velocidad con que evolucionan las tecnologías y la diversidad de contextos académicos, una respuesta estrictamente legislativa puede resultar limitada o tardía. En este sentido, el uso de instrumentos de legislación suave (soft law) —como códigos de ética, lineamientos internos, recomendaciones interinstitucionales o protocolos flexibles— se presenta como una alternativa eficaz. Estas formas normativas, aunque no restrictivas en sentido preciso, tienen gran potencial formativo y orientador, y permiten adaptarse a los cambios tecnológicos sin paralizar la innovación. Verónica Rivera de la Rosa �124 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León La autorregulación institucional debe partir de un diálogo abierto entre los distintos actores universitarios: autoridades, docentes, estudiantes y expertos en tecnología y derecho. Esta construcción participativa no solo refuerza la legitimidad normativa, sino que encarna el ideal habermasiano de una comunidad discursiva orientada al consenso racional. En definitiva, la regulación de la inteligencia artificial en la academia no debe responder al miedo, sino a la reflexión. Y esa reflexión, para ser fecunda, debe estar anclada en una filosofía del derecho que reconozca que el conocimiento no es mera información, sino acto ético y político. Solo así será posible diseñar normas que promuevan no solo la integridad formal, sino también la formación de sujetos libres, responsables y comprometidos con la justicia del saber. VI. CONCLUSIONES La irrupción de la inteligencia artificial en los entornos académicos ha desafiado profundamente las concepciones tradicionales de autoría, integridad y responsabilidad. Frente a un panorama donde las fronteras entre lo humano y lo automatizado se vuelven cada vez más difusas, urge repensar la integridad académica no como un simple cumplimiento normativo, sino como una práctica ética fundada en la autonomía, la autenticidad y el juicio crítico. Desde la filosofía del derecho, se ha evidenciado que los marcos normativos actuales son insuficientes para responder a los dilemas que plantea el uso de tecnologías generativas. Las nociones de Kant y Ricoeur de responsabilidad exigen reconocer al sujeto académico como agente moral, capaz de responder por sus actos incluso en entornos digitales mediados por algoritmos. Sin embargo, esta responsabilidad debe ser cultivada institucionalmente, mediante prácticas formativas que favorezcan la deliberación ética y el compromiso con el conocimiento como bien público. Asimismo, el debate sobre la verdad y el mérito en tiempos de IA obliga a revisar los criterios de evaluación académica. Equiparar textos generados por humanos y por máquinas sin distinguir sus condiciones de producción resulta éticamente problemático y jurídicamente riesgoso. La justicia académica, especialmente en contextos con brechas tecnológicas, debe garantizar la equidad en el acceso y en la valoración del trabajo intelectual. Desafíos ético-jurídicos de la integridad académica en la era de la inteligencia artificial. pp. 109-127 �125 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx En agosto de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Una persona solicitó al Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) el reconocimiento de derechos de autor sobre una imagen (“avatar”) diseñada mediante una herramienta de inteligencia artificial (IA) por una empresa. Asimismo, pretendía que la empresa que produjo la herramienta de IA obtuviera derechos sobre dicha obra. INDAUTOR denegó el registro argumentando que no se trataba de una obra de “creación humana”. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). El promovente presentó un amparo directo ante la SCJN argumentando que el asunto implicaba una interpretación constitucional relevante para el uso de IA en la creación de obras. La SCJN resolvió los siguientes puntos clave: 1. La Segunda Sala consideró que la resolución del TFJA era correcta: la obra objeto no es producto de invención humana según la normativa vigente, por lo cual el registro como obra protegida no es procedente. Transparencia Ciudadana 2. La Corte sostuvo que el derecho de protección de obras creativas es un derecho humano que exige originalidad e invención humana para su configuración, lo que resulta incompatible, en este caso, con una obra generada por IA sin aporte creativo humano significativo. 3. Según la SCJN, la creación de obras implica derechos que permiten la explotación y obtención de beneficios —es decir, derechos de autor—, pero esos derechos sólo pueden reconocerse a personas físicas, no a entidades que desarrollan herramientas de IA o al propio software en sí. En consecuencia, las obras generadas únicamente por IA podrían quedar en el dominio público. 4. La SCJN recordó que la regulación de la propiedad intelectual es competencia de cada Estado y que el reconocimiento de un derecho en un país no significa su validez automática en otro. (Suprema Corte de Justicia de la Nación , 2025) Esta resolución AD 6/2025 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa un antecedente significativo no solo para el derecho de autor, sino también para la reflexión ética y jurídica sobre la integridad académica en la era de la inteligencia artificial. Al reafirmar que la creatividad y la autoría demandan intervención humana, la Corte delimita Verónica Rivera de la Rosa �126 Nomos: Procesalismo Estratégico. ISSN: 3061-7383 Universidad Autónoma de Nuevo León el alcance de la inteligencia artificial como herramienta auxiliar, no como sujeto creador. Esta distinción resulta crucial para los ámbitos educativos y científicos, donde la producción de conocimiento debe construirse en la autenticidad intelectual, la responsabilidad personal y la transparencia en el uso de tecnologías automatizadas. Finalmente, se propone avanzar hacia un marco normativo ético-jurídico que, sin caer en el prohibicionismo, establezca criterios claros y razonables sobre el uso de la inteligencia, en beneficio de la comunidad académica y científica. TRABAJOS CITADOS Aránguez Sánchez, T. (2017). Ética de la virtud y profesiones jurídicas. Problema. Anuario de Filosofía y teoría del derecho. doi:https://doi.org/10.22201/iij.24487937e.2018.12.12447 Balalle, H., & Pannilage, S. (2025). Reassessing academic integrity in the age of AI: A systematic literatura review on AI and academic integrity. Social Sciencies & Humanities Open, 2-12. doi:https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101299 Binimelis-Esponiza, H., & Roldán-Tonioni, A. (2017). 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Sage Journals, 34(11), 1587-1600. doi:https://doi. org/10.1177/0170840613502293 Desafíos ético-jurídicos de la integridad académica en la era de la inteligencia artificial. pp. 109-127 �127 VOL 3, NO. 5, ENERO-JUNIO 2026 www.revistanomos.uanl.mx Kant, I. (1996). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Edición bilingüe y traducción de José Mardomingo. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. Obtenido de https://www.filosoficas. unam.mx/docs/541/files/Kant-Fundamentaci%C3%B3n-metaf%C3%ADsica-costumbres.pdf Nino, C. S. (1980). Ética y derechos humanos. Paidós. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2021). Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial . Obtenido de https://unesdoc.unesco. org/ark:/48223/pf0000381137 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Académico . (2022). OCDE Framework for the Classification of AI Systems. 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Obtenido de https://www.sydney.edu.au/students/academic-integrity.html Verónica Rivera de la Rosa �Vol. 03, Núm. 05, Enero-Junio 2026 ISSN: 3061-7383 Nomos: Procesalismo Estratégico Vol. 3, Núm. 5, Enero-Junio 2026, es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad de Derecho y Criminología. Dirección de la publicación: Av. Universidad s/n Cd. Universitaria C.P. 66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. revistanomos.uanl.mx, nomos@uanl.mx. Editor responsable: Dr. Luis Gerardo Rodríguez Lozano, de la Facultad de Derecho y Criminología. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo núm. 04-2023-122017504900-102 e ISSN 3061-7383, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización: Dr. Paris Alejandro Cabello Tijerina, Facultad de Derecho y Criminología Av. Universidad s/n Cd. Universitaria C.P. 66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. Fecha de la última modificación: 12 de enero de 2026. revistanomos.uanl.mx nomos@uanl.mx � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Nomos. Procesalismo Estratégico Description An account of the resource Es una publicación semestral online, dedicada a difundir investigaciones sobre derecho procesal en perspectiva estratégica, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la cultura del Estado Social y Democrático de Derecho, aportando investigaciones de frontera con una perspectiva plural desde los derechos humanos, derecho procesal, derecho constitucional, derecho administrativo, teoría del derecho y filosofía política, y otras áreas y disciplinas del conocimiento interrelacionadas, para aportar a la divulgación del conocimiento básico y aplicado en un entorno transdisciplinar que nos permita abordar el litigio procesal de forma estratégica desde diversos ámbitos científicos con el fin de fortalecer la teoría y generar propuestas de solución en clave social y de interés público. Creator An entity primarily responsible for making the resource Salinas Garza, Juan Ángel, Director Date Created Date of creation of the resource. 2024-01-01 Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Nomos Procesalismo Estrategico Año de publicación El año cuando se publico 2026 Volumen Volumen de la revista 3 Número Número de la revista 5 Mes de publicación Mes cuando se publicó Enero-Junio Día Día del mes de la publicación 28 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Semestral Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Nomos Procesalismo Estratégico, 2026, Vol 3, No. 5, Enero-Junio Creator An entity primarily responsible for making the resource Salinas Garza, Juan Ángel, Director Subject The topic of the resource Derecho Procesal Derechos Humanos Filosofía Politíca Teoría del derecho Description An account of the resource Nomos Procesalismo Estratégico, es una publicación semestral online, dedicada a difundir investigaciones sobre derecho procesal en perspectiva estratégica, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la cultura del Estado Social y Democrático de Derecho, aportando investigaciones de frontera con una perspectiva plural desde los derechos humanos, derecho procesal, derecho constitucional, derecho administrativo, teoría del derecho y filosofía política, y otras áreas y disciplinas del conocimiento interrelacionadas, para aportar a la divulgación del conocimiento básico y aplicado en un entorno transdisciplinar que nos permita abordar el litigio procesal de forma estratégica desde diversos ámbitos científicos con el fin de fortalecer la teoría y generar propuestas de solución en clave social y de interés público. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derecho y Criminología Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Rodríguez Lozano, Luis Gerardo, Editor en Jefe Nettel Barrera, Alina del Carmen, Editora en Jefe Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2026-01-28 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource txt/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2021572 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Relation A related resource https://revistanomos.uanl.mx/index.php/revista/issue/view/3/3 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant San Nicolás de los Garza, Nuevo León Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Derechos de la Infancia Hebeas Corpus Justicia Constitucional Procesos Civiles en el Perú