https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/404/22111/Desafios_Juridicos_2026_Vol_6_Num_11_Julio-Diciembre.pdf cc216483b7ddc047f47cae1cb77173a5 PDF Text Text JULIO-DICIEMBRE . 2026 .VOLUMEN VI, NO.11. PUBLICACIÓN SEMESTRAL �Desafíos Jurídicos, Vol. 6, Núm. 11, julio-diciembre de 2026, es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad de Derecho y Criminología. Dirección de la publicación: Av. Universidad s/n, Cd. Universitaria, C.P. 66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. Correo electrónico: desafiosjuridicos@uanl.mx. Editora responsable: Dra. Amalia Guillén Gaytán, Facultad de Derecho y Criminología. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Núm. 04-2022-041510211500-102; ISSN 2954-453X, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Responsable de la última actualización: Dr. Paris Alejandro Cabello Tijerina, Facultad de Derecho y Criminología, Av. Universidad s/n, Cd. Universitaria, C.P. 66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. Fecha de la última modificación: julio de 2026. Las opiniones expresadas por los autores no reflejan la postura del editor de la revista Desafíos Jurídicos. Todos los artículos son de creación original del autor, por lo que esta revista se deslinda de cualquier situación legal derivada por plagios, copias parciales o totales de otros artículos ya publicados, recayendo la responsabilidad legal directamente en el autor del texto. Se autoriza compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, así como remezclar, transformar y construir a partir del material, citando siempre la fuente completa. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). �RECTOR: DR. MED. SANTOS GUZMÁN LÓPEZ SECRETARIO GENERAL: DR. MARIO ALBERTO GARZA CASTILLO DIRECTOR DE LA FACULTAD: DR. DAVID EMMANUEL CASTILLO MARTÍNEZ SUBDIRECTORA ACADÉMICA: MTRA. LAURA ALICIA SILVA BÁEZ REVISTA DESAFÍOS JURÍDICOS DIRECTORA EDITORIAL: DRA. AMALIA GUILLÉN GAYTÁN COORDINADOR: DR. MARIO ALBERTO GARCÍA MARTÍNEZ COORDINADOR EDITORIAL: DR. EDUARDO TIERRABLANCA GIRÓN ASISTENTES EDITORIALES: SELENE YAMILETH SAUCEDA PALOMARES VÍCTOR MANUEL DE ALBA DELGADO ROSTAM BADII GUILLÉN COMITÉ EDITORIAL: AMALIA GUILLÉN GAYTÁN, ALBERTO ROJAS RÍOS, ALONSO MARTÍNEZ ARRIETA, DAVID EMMANUEL CASTILLO MARTÍNEZ, EDUARDO TIERRABLANCA GIRÓN, GINA JAQUELINE PRADO CARRERA, HUMBERTO SIERRA PORTO, JOSÉ ZARAGOZA HUERTA, JUAN ÁNGEL SALINAS GARZA, JULIO ORTIZ GUTIÉRREZ, LAURA ALICIA SILVA BÁEZ, LUCIO PEGORARO, LUIS BUSTOS, LUIS FERNEY, MARIO ALBERTO GARCÍA MARTÍNEZ, MARTHA LEÓN ALONSO, MERCEDES IGLESIAS BÁREZ, MICHAEL GUSTAVO NÚÑEZ TORRES, MOHAMMAD H. BADII ZABEH, RAFAEL ESTRADA MICHEL, RODRIGO MALDONADO CORPUS, SERGIO ALEJANDRO QUIROGA CHAPA. COMITÉ CONSULTIVO: ALICIA AZZOLINI BINCAS, CARLOS BÁEZ SILVA, CARLOS UGO SANTANDER, DEALMY DELGADILLO GUZMÁN, EDSON JESÚS QUINDES JAMES, ELOÍSA QUINTERO, FÉLIX GUADALUPE CONTRERAS ARGUIROPULOS, FERNANDO HERNÁNDEZ SILVA, GABRIELA CARMONA OCHOA, HELIO IVÁN AYALA MORENO, HUGO JOSÉ REGALADO JACOB, JOAQUÍN MERINO, LIVIER OLIVIA ESCAMILLA GALINDO, LUIS GERARDO RODRÍGUEZ LOZANO, MIGUEL ÁNGEL RIVERA LÓPEZ, NANCY NELLY GONZÁLEZ SANMIGUEL. ILUSTRACIÓN DIGITAL DE LA PORTADA: M.A. DANIEL VÁZQUEZ AZAMAR: “SUEÑOS PAISAJE” DE UN �PRESENTACION Estimados colegas, académicos y miembros de la comunidad jurídica: Es un honor presentar el decimoprimer número de la revista Desafíos Jurídicos, titulado "Dinamismos del Derecho Contemporáneo: Pluralismo, Transformación Institucional y Nuevas Fronteras de los Derechos Fundamentales". En esta edición, nos alejamos del positivismo formalista tradicional para entender al Derecho como una disciplina viva, cuya validez depende de su capacidad garantista y su efectividad real. A través de las investigaciones que hoy ponemos en sus manos, abordamos temas de vital importancia: • Pluralismo y Justicia Indígena: Analizamos la competencia e integración intercultural del debido proceso en la justicia ordinaria e indígena. • Eficacia Normativa y Democracia: Examinamos las omisiones legislativas frente a los derechos sociales en Brasil y el ejercicio de los derechos digitales mediante el parlamento abierto en México. • Dignidad y Perspectiva de Género: Reflexionamos sobre la autonomía del paciente en la salud, la violencia simbólica en las instituciones policiales y la aplicación del enfoque de género en el procedimiento penal. • Nuevas Fronteras y Dogmática Penal: Estudiamos la responsabilidad por usurpación de funciones, la reconceptualización de los seres sintientes como sujetos de derecho y la inviabilidad de la ciudadanía para personas morales. Acompañados de nuestras secciones de Crítica (igualdad y derecho a la salud en el IMSS) abordando en esta entrega la constitucionalidad del bono de infectocontagiosidad en el IMSS, Reseña que aborda las premisas de la justicia restaurativa planteadas por Howard Zehr y Cine y Derecho (De naturaleza violenta), una propuesta de "slasher ambiental" que recupera los elementos del cine de terror clásico mientras experimenta con tomas lentas, planos secuencia y lenguaje audiovisual independiente. Los invito a adentrarse en sus páginas, esperando que cada texto sea un detonante para el debate académico y el pensamiento crítico. Muchas gracias. Dr. David Emmanuel Castillo Martínez Director de la Facultad de Derecho y Criminología Universidad Autónoma de Nuevo León �CONTENIDO Vol. 6. Núm. 11, Julio - diciembre 2026 Editorial 7-13 Dinamismos del Derecho Contemporáneo: Pluralismo, Transformación Institucional y Nuevas Fronteras de los Derechos Fundamentales. Amalia Guillén Gaytan; David Emmanuel Castillo Martínez. Universidad Autónoma de Nuevo León Artículos 15-54 55-94 95-122 123-154 155-175 176-196 Análisis de los precedentes constitucionales sobre la declinación de competencia entre la Justicia Ordinaria y Justicia Indígena en Ecuador. Camilo Emmanuel Pinos Jaén; Francisco Xavier Ávila Cárdenas; José Luis Vázquez Calle. Universidad Católica de Cuenca Omisiones legislativas y normas de eficacia limitada en la Constitución brasileña de 1988. Ovidio Macedo Oliveira. Universidad de Sao Paulo El ejercicio de los derechos digitales a través del parlamento abierto: un análisis de los portales virtuales de los congresos locales de México. Yully Nallely Ruiz Alfonso. Universidad Autónoma de Sinaloa Aplicación de las garantías del debido proceso constitucional en la justicia indígena de las comunidades de Olmedo, Cangahua y Picalquí. Damaris Espinosa Iza. Universidad Indoamérica: Ambato, EC La dignidad humana del paciente en el sistema de salud mexicano: de la autonomía a la decisión compartida. Rafael Alfredo Sepúlveda López; María Alejandra Villágomez Sánchez. Universidad Autónoma de Nuevo León Relaciones de poder invisibles y violencia simbólica contra las mujeres en la policía de la Amazonía brasileña. Maurides Macedo, Juliana Gomes Tuma, Jéssica Painkow Rosa Cavalcante. Universidad de Goiás y Universidade Estadual do Tocantins �197-226 Procedimiento penal de la violencia contra la mujer y la perspectiva de género. Karen Abad Matute. Karina del Rocío Martínez Calderón, Mauro Fernando López Altamirano Universidad Católica de Cuenca; Amalia Guillén Gaytán Universidad Autónoma de Nuevo León 227-247 El usurpador de funciones y la responsabilidad penal en la administración pública. Héctor Tapia Tapia; Eduardo Pinos Carpio. Universidad Católica de Cuenca La protección jurídica de los seres sintientes una reconceptualización del sujeto de derecho en los sistemas jurídicos contemporáneos. Miguel Ángel López Trejo. Universidad INECUH: Tizayuca ¿Es jurídicamente viable reconocer derechos de ciudadanía a las personas morales? Análisis constitucional, doctrinal y democrático desde las fuentes del derecho. Ronaldo Santos Cori. Universidad Autónoma de Nuevo León 248-273 274-298 Crítica 300-309 Análisis académico sobre la resolución emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro del Amparo directo en revisión 6213/2025. Xavier de Jesús Alcantar Bustamante; Amalia Guillén Gaytán. Universidad Autónoma de Nuevo León Reseña 311-321 “El Pequeño Libro de la Justicia Restaurativa” de Howard Zehr. Comentada por Rostam Badii Guillén. Universidad Autónoma de Nuevo León Cine y Derecho 322-325 “De naturaleza violenta” (2024). Crítica comentada por Daniel Vázquez Azamar y Nancy Selene Martínez Trejo. Universidad Autónoma de Nuevo León �EDITORIAL A continuación, te presento un comentario sobre cada uno de los artículos de la revista: Dinamismos del Derecho Contemporáneo: Pluralismo, Transformación Institucional y Nuevas Fronteras de los Derechos Fundamentales (Dynamics of Contemporary Law: Pluralism, Institutional Transformation, and New Frontiers of Fundamental Rights) Amalia Guillén Gaytán David Emmanuel Castillo Martínez Facultad de Derecho y Criminología Universidad Autónoma de Nuevo León Resumen: El decimoprimer número de la Revista Desafíos Jurídicos aborda la continua reestructuración ontológica y dogmática del Derecho en Iberoamérica. Señala que las estructuras jurídicas tradicionales — ancladas durante mucho tiempo en un positivismo formalista y estatalista— enfrentan profundas tensiones ante la complejidad de las sociedades contemporáneas. Por consiguiente, la validez del ordenamiento legal actual ya no puede depender únicamente de la legalidad formal de sus fuentes, sino de su capacidad garantista y su efectividad práctica. Para superar esta brecha, el texto destaca la imperiosa necesidad de integrar el pluralismo jurídico, una perspectiva de género estructural y estándares rigurosos de derechos humanos en la praxis judicial, garantizando así la protección y visibilización de sectores, grupos e ideas históricamente marginados. Palabras clave: Transformación dogmática, Interculturalidad, Efectividad normativa Abstract: The eleventh issue of the Revista Desafíos Jurídicos addresses the ongoing ontological and dogmatic restructuring of Law across Ibero-America. It points out that traditional legal frameworks—long anchored in formalist and state-centered positivism—are facing profound tensions under the weight of contemporary social complexities. Consequently, the validity of today's legal system can no longer depend solely on the formal legality of its sources, but rather on its concrete guarantee capacity and effectiveness. To bridge this gap, the text highlights the imperative need to integrate legal pluralism, a structural gender perspective, and robust human rights standards into judicial practice, thereby ensuring the protection and visibility of historically marginalized sectors, groups, and ideas. Key words: Dogmatic transformation, Interculturality, Normative effectiveness Cómo citar: Guillén. A & Castillo, D.E. (2026) Editorial Dinamismos del Derecho Contemporáneo: Pluralismo, 7 Transformación Institucional y Nuevas Fronteras de los Derechos Fundamentales. Revista Desafíos Jurídicos, Vol. 6. Núm 11. Universidad Autónoma de Nuevo León, México. https://doi.org/ 10.29105/dj6.11225 �A manera de introducción El estudio y la praxis del Derecho en Iberoamérica atraviesan una era de profunda reformulación ontológica y dogmática. Las estructuras jurídicas tradicionales —herederas de un positivismo estatalista y formalista— se ven crecientemente tensionadas por la complejidad de las sociedades contemporáneas y el enfrentamiento a las tradiciones tanto jurídicas como morales, ante estos cambios de paradigmas. Hoy en día, la validez del ordenamiento no solo se mide por la legalidad de sus fuentes, sino por su capacidad garantista y su efectividad para responder a realidades complejas que históricamente permanecieron en los márgenes de la técnica jurídica. En este escenario, el constitucionalismo latinoamericano enfrenta el desafío imperativo de materializar el pluralismo jurídico mediante una aplicación concreta de situaciones vulnerables e invisibles en la óptica jurídica en las últimas décadas, superando visiones monolíticas para entablar un diálogo armónico entre la jurisdicción estatal y los sistemas normativos indígenas. A la par, la perspectiva de género y la protección de los derechos humanos han dejado de ser meras directrices adjetivas para convertirse en ejes transversales e irrenunciables de la función jurisdiccional y el diseño penal, exigiendo la visibilización de violencias simbólicas y la erradicación de sesgos estructurales en las instituciones del Estado enmarcados por una rigidez institucional. En la sección del artículo resaltan las siguientes participaciones: Análisis de los precedentes constitucionales sobre declinación de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia indígena en Ecuador de Camilo Emanuel Pinos Jaén, Francisco Xavier Ávila Cárdenas y José Luis Vázquez Calle. El artículo examina el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional del Ecuador en torno a la declinación de competencia entre la justicia ordinaria y la indígena dentro del marco del Estado plurinacional reconocido en 2008. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático-jurídico, los autores analizan cómo los precedentes vinculantes garantizan la autonomía de los pueblos originarios, la interpretación intercultural y el principio non bis in idem, estableciendo como límites el respeto a los derechos humanos y la protección de la vida. Concluyen que, aunque existen criterios procedimentales objetivos para la inhibición de jueces estatales, es indispensable fortalecer el diálogo interjurisdiccional para una coexistencia armónica en el pluralismo jurídico ecuatoriano. Omisiones legislativas y normas de eficacia limitada en la Constitución Brasileña de 1988 de Ovidio Macedo Oliveira. Este artículo académico analiza las razones jurídicas, históricas y políticas que originan la inercia legislativa frente a las normas de eficacia limitada en la 8 �Constitución brasileña de 1988, evidenciando la brecha entre la igualdad formal prometida y la efectividad práctica de los derechos sociales. A través del método hipotético-deductivo y una perspectiva crítica que supera el positivismo normativo, el autor demuestra que la omisión en la regulación de derechos fundamentales —como el trabajo extenuante, la protección contra la automatización, el impuesto a las grandes fortunas o la expropiación por trabajo esclavo— no responde a un mero descuido técnico, sino a la consolidación del principio de discrecionalidad legislativa y a la persistencia de una coyuntura política conservadora heredada del proceso de transición de la dictadura militar. De este modo, la inacción del Congreso Nacional actúa como un mecanismo deliberado que obstaculiza la realización material del Estado social de derecho. El ejercicio de los derechos digitales a través del parlamento abierto: un análisis de los portales virtuales de los congresos locales de México de Yully Nallely Ruiz Alfonso. Este artículo académico analiza la implementación del parlamento abierto y el ejercicio de los derechos digitales en las 32 legislaturas locales de México a través de un estudio cualitativo y comparativo de sus portales web oficiales. La autora concluye que, si bien más de la mitad de los estados han adecuado su marco legal constitucional y orgánico para adoptar este modelo de gobernanza, existe un marcado rezago en la habilitación de herramientas digitales efectivas de interacción ciudadana —con solo 14 congresos con buzón de quejas y únicamente 2 con chats interactivos—. Por ello, el texto advierte que la difusión unidireccional de información en redes sociales resulta insuficiente para consolidar la rendición de cuentas y la participación democrática, requiriéndose una infraestructura tecnológica bidireccional e incluyente que permita a la ciudadanía monitorear e incidir realmente en la función legislativa. Aplicación de las garantías del debido proceso constitucional en la justicia indígena de las comunidades de Olmedo, Cangahua y Picalquí de Damaris Espinosa Izaz. El artículo investiga la efectividad del debido proceso constitucional dentro del sistema de justicia indígena en las comunidades ecuatorianas de Olmedo, Cangahua y Picalquí. A través de un enfoque cualitativo que integra el marco normativo nacional e interamericano con investigación empírica de campo, la autora demuestra que garantías procesales fundamentales —como el derecho a ser oído, la defensa, la motivación, la proporcionalidad y la contradicción— se aplican de manera rigurosa y plenamente compatible con los derechos humanos. Esta materialización se ejerce mediante un procedimiento oral estructurado en fases consuetudinarias ancestrales (Willachina, Tapuykuna, Chimbapurana, Killpichirina, Paktachina y Kushiyarina). En conclusión, el estudio evidencia que, lejos de responder a la rigidez positivista del sistema ordinario, la justicia indígena encarna el pluralismo jurídico y la plurinacionalidad del Estado ecuatoriano, garantizando un 9 �debido proceso que responde a la cosmovisión andina y cuyo objetivo primordial es la reparación del daño, la reconciliación y el restablecimiento del equilibrio comunitario. La dignidad humana del paciente en el sistema de salud mexicano: de la autonomía a la decisión compartida de María Alejandra Villagómez Sánchez y Rafael Alfredo Sepúlveda López. El artículo analiza la dignidad humana como principio rector del sistema de salud mexicano y la transición del modelo médico paternalista hacia la decisión compartida. Con fundamento en la reforma constitucional de 2011 y la Ley General de Salud, los autores sostienen que la dignidad exige considerar al paciente como sujeto de derechos mediante el trato respetuoso, el consentimiento informado, la confidencialidad y la no discriminación. Concluyen que el respeto a la autonomía no es una deferencia ética, sino un estándar jurídico vinculante para la atención sanitaria. Finalmente, el estudio concluye que el respeto a la autonomía y la superación de inercias que despersonalizan la atención no son meras cortesías éticas, sino estándares jurídicos ineludibles para evaluar la calidad y la legitimidad de cualquier intervención en el sistema sanitario. Relaciones de poder invisibles y violencia simbólica contra las mujeres en la policía de la Amazonía brasileña de Maurides Macedo, Juliana Gomes Tuma y Jéssica Painkow Rosa Cavalcante. Este artículo examina las dinámicas de poder informal y la violencia simbólica que limitan el ejercicio de la autoridad legalmente atribuida a las mujeres delegadas en la Policía Civil del estado de Amazonas, Brasil. A través de un enfoque cualitativo que combina la autoetnografía con el análisis narrativo de testimonios de delegadas, las autoras demuestran cómo operan jerarquías no formalizadas sustentadas en la masculinidad hegemónica, las cuales se manifiestan mediante el silenciamiento, la invisibilización y el "reconocimiento mediado" de su liderazgo. Apoyándose en marcos teóricos sobre el poder simbólico y la cultura organizacional, el estudio concluye que estas barreras informales exigen a las mujeres revalidar continuamente su legitimidad, por lo que resulta indispensable transformar la cultura institucional mediante la escucha activa, la capacitación en género y el fortalecimiento de redes de apoyo para garantizar un entorno de seguridad pública más justo, transparente e inclusivo Procedimiento penal de la violencia contra la mujer y la perspectiva de género de Karen Abad Matute, Karina del Rocío Martínez Calderón, Mauro Fernando López Altamirano y Amalia Guillén Gaytán. Este artículo analiza el procedimiento penal aplicado a los casos de violencia contra la mujer en Ecuador desde una perspectiva de género, examinando la brecha entre los avances normativos (como la LOIPEVIM y el COIP) y su aplicación práctica en el sistema de justicia. Mediante un enfoque cualitativo y metodológico hermenéutico, la 10 �investigación aborda las dinámicas estructurales de poder, la revictimización de las denunciantes, la falta de capacitación especializada en los operadores judiciales y las fallas en las medidas de protección y reparación integral. Asimismo, incorpora análisis comparados de experiencias en Perú y España para proponer la transformación del sistema penal hacia un modelo centrado en los derechos humanos y la justicia transformadora. El usurpador de funciones y la responsabilidad penal en la administración pública por Héctor Tapia Tapia y Eduardo Pinos Carpio La investigación analiza el marco dogmático y la responsabilidad penal derivada de la usurpación y simulación de funciones en la administración pública ecuatoriana, un fenómeno que quiebra el orden jurídico e impacta la confianza en las instituciones del Estado. Los autores examinan la estructura penal del delito mediante la dogmática de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, delimitando el ejercicio legítimo del servidor público e identificando cómo esta conducta se articula o distingue de otros tipos penales contra la administración pública como el peculado, la concusión, el cohecho y el enriquecimiento ilícito. Finalmente, mediante el análisis de criterios y sentencias de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, el estudio demuestra la complejidad procesal para fijar la autoría y delimitar el bien jurídico protegido frente a actuaciones indebidas o fraudes en el ámbito público. La protección jurídica de los seres sintientes: una reconceptualización del sujeto de derecho en los sistemas jurídicos contemporáneos de Miguel Ángel López Trejo. El artículo propone un cambio de paradigma en el derecho contemporáneo para superar la concepción antropocéntrica tradicional que clasifica a los animales como bienes o cosas sujetas a propiedad. Con base en evidencia científica y corrientes filosóficas (utilitarismo, teorías de derechos y enfoque de capacidades), el autor sustenta que la sintiencia exige reconsiderar el estatus jurídico animal. A través del análisis dogmático y comparado —examinando marcos constitucionales de Alemania y Suiza, y jurisprudencia relevante de Colombia, India y Argentina (casos Sandra y Cecilia)—, el estudio destaca principios como la dignidad de la vida, la solidaridad intergeneracional y el medio ambiente sano. Finalmente, plantea para el contexto mexicano una reforma constitucional y el desarrollo de categorías jurídicas que garanticen una protección reforzada e independiente a los animales como seres sintientes. ¿Es jurídicamente viable reconocer derechos de ciudadanía a las personas morales? Análisis constitucional, doctrinal y democrático desde las fuentes del Derecho de Ronaldo Santos Cori examina si resulta viables y democráticamente admisible otorgar derechos de ciudadanía (incluyendo el sufragio) a las personas morales en el sistema jurídico. Apoyándose en el método dogmático-analítico y en referentes teóricos como Aristóteles, Marshall y 11 �Habermas, contrasta la doctrina personalista tradicional —que reserva la ciudadanía y la soberanía exclusivamente a la persona humana y su dignidad— con posturas contemporáneas que plantean una concepción evolutiva o funcional de la democracia. El estudio concluye que, bajo la Constitución mexicana actual y los tratados internacionales, la ciudadanía corporativa es jurídicamente inviable. Asimismo, advierte que una hipotética reforma constitucional en este sentido implicaría graves riesgos estructurales (captura corporativa, inequidad del voto e inversión de la soberanía popular), por lo que únicamente se podría concebir bajo un modelo de ciudadanía política limitada, estrictamente diferenciado y regulado mediante criterios de contención. En la sección de “Critica” nos presentan el título Análisis académico sobre la resolución emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro del amparo directo en revisión 6213/2025 los autores Xavier de Jesús Alcantar Bustamante y Amalia Guillén Gaytán. El estudio aborda la decisión del Pleno de la SCJN (Amparo Directo en Revisión 6213/2025) sobre la constitucionalidad del artículo 10 del Reglamento de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radioactivas del contrato colectivo IMSS-SNTSS. Analiza si restringir un bono extralegal al personal expuesto de forma permanente a alto riesgo de contagio vulnera el principio de igualdad y el derecho a la salud de quienes no están en esas áreas. El estudio valida la resolución de la Corte al concluir que dicha norma establece una distinción justificada y razonable (y no una discriminación arbitraria), funcionando como una medida de protección reforzada e incentivo laboral sin violar el bloque de constitucionalidad. En la sección de “Reseña”, Rostam Badii Guillén analiza el libro El Pequeño Libro de la Justicia Restaurativa. La reseña analiza la obra fundamental de Howard Zehr, pionero de la justicia restaurativa, contrastando el sistema penal retributivo tradicional —enfocado en el castigo y la culpa por faltas al Estado— con un paradigma restaurativo centrado en la reparación del daño, las necesidades de las víctimas y la reintegración del ofensor. A través de tres pilares (daños/necesidades, responsabilidad activa y participación comunitaria) y modelos prácticos como círculos de paz y conferencias, la obra propone devolver el conflicto a las partes afectadas. El autor resalta la relevancia de la propuesta como brújula filosófica para humanizar la justicia, al tiempo que aporta un análisis crítico sobre sus retos de aplicación en contextos de violencia sistémica o asimetrías de poder. En la sección “Cine y Derecho”, Nancy Selene Martínez Trejo y Daniel Vázquez Azamar presentan un análisis de la película De naturaleza violenta de Chris Nash. La reseña analiza el filme canadiense In a Violent Nature (2024), una propuesta de "slasher ambiental" estrenada en 12 �el Festival de Sundance. A través del análisis cinematográfico, examina cómo la cinta recupera los tropos clásicos del subgénero (la venganza, la resurrección del asesino sobrenatural mediante una leyenda y la estética similar a Friday the 13th), al tiempo que experimenta con planos secuencia, tomas lentas y lenguaje audiovisual independiente. Los autores destacan la importancia de estos espacios de exhibición para revitalizar géneros desgastados e impulsar nuevas narrativas cinematográficas. En este decimoprimer número, la Revista Desafíos Jurídicos propone una mirada al dinamismo del derecho e invita al lector ajustar el lente en su visón contemporánea de cada tema, y que nuestra revista se consolide como una herramienta útil para incentivar el pensamiento crítico. Nuestro propósito es que cada página sea una invitación a debatir las transformaciones más profundas y los desafíos emergentes que hoy definen la vanguardia del Derecho. Referencias: Abad Matute, K. Martínez Calderón, K. R., López Altamirano M. F. y Guillén Gaytán, A. (2026). Procedimiento penal de la violencia contra la mujer y la perspectiva de género. Desafíos Jurídicos, 6(11). Alcantar Bustamante, X. J., & Guillén Gaytán, A. (2026). Crítica: Análisis académico sobre la resolución emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro del amparo directo en revisión 6213/2025. Desafíos Jurídicos, 6(11), 299–309. Badii Guillén, R. (2026). Reseña del libro: El Pequeño Libro de la Justicia Restaurativa de Howard Zehr. Desafíos Jurídicos, 6(11), Espinosa Izaz, D. (2026). Aplicación de las garantías del debido proceso constitucional en la justicia indígena de las comunidades de Olmedo, Cangahua y Picalquí. Desafíos Jurídicos, 6(11). López Trejo, M. Á. (2026). La protección jurídica de los seres sintientes: una reconceptualización del sujeto de derecho en los sistemas jurídicos contemporáneos. Desafíos Jurídicos, 6(11). Macedo, M., Gomes Tuma, J., & Painkow Rosa Cavalcante, J. (2026). Relaciones de poder invisibles y violencia simbólica contra las mujeres en la policía de la Amazonía brasileña. Desafíos Jurídicos, 6(11). Macedo Oliveira, O. (2026). Omisiones legislativas y normas de eficacia limitada en la Constitución Brasileña de 1988. Desafíos Jurídicos, 6(11). Pinos Jaén, C. E., Ávila Cárdenas, F. X., & Vázquez Calle, J. L. (2026). Análisis de los precedentes constitucionales sobre declinación de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia indígena en Ecuador. Desafíos Jurídicos, 6(11). Ruiz Alfonso, Y. N. (2026). El ejercicio de los derechos digitales a través del parlamento abierto: un análisis de los portales virtuales de los congresos locales de México. Desafíos Jurídicos, 6(11). Santos Cori, R. (2026). ¿Es jurídicamente viable reconocer derechos de ciudadanía a las personas morales? Análisis constitucional, doctrinal y democrático desde las fuentes del Derecho. Desafíos Jurídicos, 6(11). Tapia Tapia, H., & Pinos Carpio, E. (2026). El usurpador de funciones y la responsabilidad penal en la administración pública. Desafíos Jurídicos, 6(11). Vázquez Azamar, D., & Martínez Trejo, N. S. (2026). Reseña de la película “De naturaleza violenta” de Chris Nash. Desafíos Jurídicos, 6(11), Villagómez Sánchez, M. A., & Sepúlveda López, R. A. (2026). La dignidad humana del paciente en el sistema de salud mexicano: de la autonomía a la decisión compartida. Desafíos Jurídicos, 6(11). 13 �ARTÍCULOS FOTOGRAFÍA: JORGE GUTIÉRREZ �ANÁLISIS DE LOS PRECEDENTES CONSTITUCIONALES SOBRE DECLINACIÓN DE COMPETENCIA ENTRE LA JUSTICIA ORDINARIA Y LA JUSTICIA INDÍGENA EN ECUADOR ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL PRECEDENTS REGARDING THE DELEGATION OF JURISDICTION BETWEEN THE ORDINARY COURTS AND THE INDIGENOUS COURTS IN ECUADOR Camilo Emanuel Pinos Jaén Universidad Católica de Cuenca https://orcid.org/0000-0002-0934-8471 Francisco Xavier Ávila Cardenas Universidad Católica de Cuenca https://orcid.org/0000-0002-4397-8995 José Luis Vázquez Calle Universidad Católica de Cuenca https://orcid.org/0000-0003-1809-1601 cjpinos@ucacue.edu.ec Resumen: El presente trabajo abordó la relación existente entre el pluralismo jurídico y la institución jurídica de la declinación de competencias, en el marco de la actividad de la Corte Constitucional del Ecuador y sus precedentes al respecto. La metodología empleada partió de un enfoque cualitativo, con énfasis en la revisión bibliográfica. Los métodos utilizados fueron el inductivo-deductivo, comparativo y dogmático-jurídico, así como las técnicas de fichaje y revisión bibliográfica. Como resultados, se justificó teóricamente que la Corte Constitucional, en el marco de sus competencias, Como citar: 14 Pinos Jaén, C.E., Ávila Cardenas, F.X., & Vázquez Calle, J.L. (2026) Análisis de los precedentes constitucionales sobre declinación de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia indígena en Ecuador. Revista Desafíos Jurídicos, 6(11). https://doi.org/10.29105/dj6.11-195. 15-54 �interjurisdiccional entre la justicia indígena y la justicia ordinaria Palabras Clave: Justicia indígena; Pluralismo jurídico; Ecuador; Coexistencia; Declinación de competencias; Plurinacionalidad; Multiculturalidad. Abstract: This paper addressed the relationship between legal pluralism and the legal institution of declination of jurisdiction, within the framework of the activity of the Constitutional Court of Ecuador and its precedents in this regard. The methodology used was based on a qualitative approach, with an emphasis on literature review. The methods used were inductive-deductive, comparative, and dogmatic-legal, as well as bibliographic review and indexing techniques. The results theoretically justified that the Constitutional Court, within the framework of its powers, has established procedural issues regarding the declination of jurisdiction in favor of indigenous justice. Additionally, there is a need to deepen the mechanisms of interjurisdictional dialogue between indigenous justice and ordinary justice. Keywords: Indigenous justice; Legal pluralism; Ecuador; Coexistence; Declining jurisdiction; Plurinationality; Multiculturalism. I. Introducción justicia, antes que se implante el El presente capítulo de libro se refiere al tema del pluralismo jurídico, enfocándose el desarrollo que la Corte Constitucional del Ecuador ha hecho sobre la figura de la declinación de competencias. Esta institución se puede definir como el reconocimiento que hace la carta fundamental de la coexistencia de diversas formas de resolver un conflicto, siendo una de ellas, la que se plasma en la justicia indígena, la que parte de la idea de que había formas de administrar Estado-nación tradicional. Su principal característica radica en la existencia de otra administrar justicia, encuentra reconocida la forma de que se en la Constitución de la República del Ecuador, que no es más que el elevamiento a un rango constitucional de una palpable, realidad ya establecimiento históricamente que de antes juicios, del leyes, normas, códigos, abogados, etc., existían conflictos propios de la esencia del ser humano, los que se 16 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 la justicia indígena. Adicionalmente, se requieren profundizar los mecanismos de diálogo DESAFIOS JURIDICOS 2026 ha establecido cuestiones de procedimiento respecto de la declinación de competencias a favor de �costumbres, técnicas de fichaje revisión objetivo general tradiciones, derecho propio, etc. bibliográfica. Este reconocimiento de la justicia planteado es el siguiente: identificar el indígena el desarrollo jurisprudencial que la Corte desarrollo de varias aristas dentro de Constitucional ha hecho sobre la sus postulados, de la que resalta la figura llamada declinación de competencias, competencias. Como pregunta de procedimiento a través del que se investigación se ha planteado la resuelve un conflicto entre la justicia siguiente: ¿cuál es el desarrollo que la ordinaria y la justicia indígena, y se Corte Constitucional ha hecho sobre la encuentra normado en Ecuador. De figura igual forma la Corte Constitucional se competencias en Ecuador? ha pronunciado, profundizando su El presente artículo se encuentra noción. dividido en tres partes, en la primera La investigación se desarrolla por el se hace un abordaje teórico de interés académico de entender desde conceptos clave como son el Estado una perspectiva jurídica los conceptos constitucional de derechos y justicia de Estado de derechos, pluralismo social, el pluralismo jurídico, la justicia jurídico, justicia indígena, justicias indígena y un breve análisis de sus indígenas y dentro de estos conceptos principales macro, lo relativo a la declinación de segunda, se hace un estudio sobre la competencias y el desarrollo que la figura Corte Constitucional ha hecho al competencias y sus características respecto. principales; en la tercera se identifica La metodología aplicada partió de un el desarrollo jurisprudencial que la enfoque cualitativo, dominado por la Corte ha hecho sobre esta situación. ha traído consigo de de de El y la la declinación declinación implicaciones. la de de En la declinación de revisión crítica de ley, jurisprudencia y doctrina, así como inductivo-deductivo, los métodos 2. El Estado constitucional de analítico- derechos y el pluralismo jurídico en sintético, comparativo-histórico lógico Ecuador y dogmático-jurídico, así como las 17 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 utilizando DESAFIOS JURIDICOS 2026 resolvían �ecuatoriano a lo largo de su historia se 5 puede caracterizar como un fenómeno constitucionalismo complejo, que se ha proyectado en 1830, b) constitucionalismo liberal- diversos escenarios como por ejemplo laico en 1906, c) constitucionalismo a social en 1929, d) constitucionalismo nivel jurídico, político, social, etapas a a) conservador neoliberal todos estos aspectos, resalta como constitucionalismo uno de los principales el plano jurídico, 2008 (Ávila Santamaría, 2012). De dentro del que podría calificarse al este constitucionalismo nacional como un propugne constante engloba a personas, comunidades, de cambio y transformación. Es así que, último 1978 en cultural, económico, etc. De entre ejercicio en saber: e) igualitarista que, una y nueva en posiblemente visión que pueblos, nacionalidades, colectivos, para explicar esta naturaleza y animales, surgen dinámica, es preciso trazar una línea concepciones como: imaginaria época El reconocimiento profundo de las republicana (1830) hasta la actualidad diversidades, con la emergencia de (2026), y dentro de esta, dividirla en movimientos sociales que lograron varias su influir en la definición de ciertos entendimiento. Si bien existen criterios aspectos de la Constitución, con la esbozados por autores ecuatorianos promoción de la igualdad material, con como Hernán Salgado Pesántez, o la aspiración radical de distribución de Enrique Ayala Mora al respecto, riqueza y de los bienes sociales, con tomaremos como base la clasificación el reconocimiento del saber indígena y propuesta por el profesor Ramiro Ávila una propuesta utópica no occidental, Santamaría en su estudio sobre la también evolución derechos reconocimiento de la Pachamama (los el derechos de la naturaleza) y el buen va etapas de fundamentales desde para la mejorar los en relacionada por el constitucionalismo ecuatoriano. vivir. (Ávila Santamaría, 2012, pág. 7). Siendo así, se podría dividir el Este nuevo modelo de sistema jurídico constitucionalismo ecuatoriano dentro plantea (parafraseando al autor citado 18 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 de esta línea imaginaria de tiempo en DESAFIOS JURIDICOS 2026 La evolución del constitucionalismo �redefinición de aspectos dentro de la y 3) la construcción de una nueva vida en sociedad, que, si bien existían forma de convivencia ciudadana en la en la realidad, pero se no se diversidad. encontraban establecidas de forma A partir de este carácter axiológico de profunda en nuestro sistema jurídico, la carta constitucional, se puede (en o que también se constituían en palabras de Riofrío), entender su deudas grupos fundamento, que podría radicar en la sociales, o de plano no estaban diversidad, la coexistencia de varios insertas. estas pueblos, culturas, nuevas formas de actuaciones con la Constitución de convivencia, etc. (dejando de lado 2008 otros aspectos que también están pendientes No se con obstante, fueron perfeccionando, profundizando y desarrollando. enumerados). En ese sentido, se En ese sentido, y para identificar puede continuar el análisis desde el algunos aspectos dentro de esta artículo dinámica y en lo posterior aterrizar en descripción instaura la figura de “un el hace Estado constitucional de derechos y necesario partir desde el análisis del justicia social, democrático, soberano, preámbulo interdependiente, pluralismo jurídico, de identificando la se Constitución, que en su unitario, intercultural, plurinacional y laico” características centrales. A decir de (Constitución de la República del Riofrío, el preámbulo de una norma Ecuador, 2008, art.1). suprema establece su fundamento Con el establecimiento de este Estado (Riofrío, 2015). En este orden de constitucional ideas, la probablemente se plasme un nuevo Constitución de la República de statu quo, el que no siempre ha estado Ecuador algunas así, sino que ha tenido que partir cuestiones como: 1) el reconocimiento desde un Estado de derecho, pasando raíces milenarias que fueron forjadas por el Estado social de derecho, por mujeres y hombres de distintos posteriormente pueblos, 2) la sabiduría de todas las democrático de derecho, aterrizando el se de ibidem, sus en algunas 1 preámbulo destacan de como a uno modelo, social 19 y JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 culturas que enriquecen a la sociedad, DESAFIOS JURIDICOS 2026 previamente), cuestiones relativas a la �el que resalta principalmente como 2012, p. 120). postulados centrales: a) la carta Estos dos elementos, sumados a fundamental como norma suprema, y otros, b) los derechos, que se constituyen en constitucional un eje central y prevalecen sobre el diversidad, coexistencia; lo que se resto de normas y actos del poder. proyecta el respeto y la aceptación de Ahora bien, a más de la figura del otras formas de hacer algo. Esto Estado constitucional, esta ficción trasciende el plano de la norma jurídica de suprema y se establece en diversos múltiples características propias de la escenarios, siendo uno de ellos el tradición constitucional mundial y otras jurídico, que se puede resumir en la específicas de Ecuador, como se expresión de pluralismo jurídico, que, puede observar en la parte final del siguiendo la misma idea, englobaría artículo, ya que se hace mención a otras formas de resolver un conflicto. conceptos como: (derechos, justicia Situación social, trascendencia viene acompañada democracia, interdependencia, soberanía, interculturalidad, elevan a una estas que cuestión nociones ha en de tomado países como Ecuador, Bolivia, Perú, entre otros. plurinacionalidad, etc.). Para abordar este concepto, se puede De entre estos, se pueden identificar citar dos que se constituyen en la base de sostiene que: a Castillo Pushaina, este análisis teórico. El primero es el “El de la interculturalidad, noción que se nación, no corresponde a la puede entender como una interacción realidad de estos Estados, por dentro de un mismo espacio, de cuanto la mayoría de ellos son personas Estados-plurinacionales- que forman parte de paradigma del quien Estado- diversas culturas. El segundo es el de pluriculturales. la población originaria, con su plurinacionalidad, el que “ha Existe permitido reforzar las identidades cosmovisión nacionales de los pueblos originarios y propio anterior a la existencia equipararlas del Estado en sus territorios y como comunidades y su una derecho 20 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 históricamente constituidas” (Almeida, DESAFIOS JURIDICOS 2026 en este constitucional de derechos, en �parte, las antecedente importante el Convenio Ecuador, 169 de la OIT de 1989 sobre Pueblos entre otras, Constituciones de de Bolivia, Colombia, México, Perú Indígenas y Venezuela, a través de la Independientes. consagración Es así que, el pluralismo jurídico del pluralismo Tribales en Países como principio constitucional” encierra “la existencia de tantos (Cantillo Pushaina, 2020, p. sistemas 195). nacionalidades existan en el territorio jurídicos como Por lo tanto, al ser el conflicto ecuatoriano” (Díaz & Antúnez, 2017, p. connatural a la esencia humana, 20). Entonces hablaríamos de la antes de la imposición de un sistema coexistencia de varias justicias como de resolución de disputas con un por ejemplo de la justicia ordinaria, de procedimiento judicial, una ley, una la justicia indígena y dentro de esta, prueba, un alegato, una apelación, varias etc., resolver es evidente que en las costumbres y formas conflictos, ya de que sociedades originarias que vivían en lo posiblemente, no se resuelvan de la que hoy es Ecuador (de las que somos misma descendientes), pluralismo jurídico y de la justicia surgían forma el marco indígena, que utilizando comunidades no contactadas de la formas Amazonía, o de la Costa o de la Sierra. propias, situación que si bien ya tuvo El artículo 171 de la Constitución de la un antecedente legal y constitucional, República del Ecuador, respecto de la llegó a profundizarse en la carta justicia indígena señala que: costumbres, fundamental pluralismo resolvían, cosmovisión, de 2008 jurídico, como teniendo el un “Las conflictos autoridades comunidades, en del desavenencias de distinta índole, las se los en de las las pueblos y posterior desarrollo por parte de la nacionalidades indígenas Corte ejercerán funciones Constitucional mediante sentencias, así como de normas infra jurisdiccionales, con base en constitucionales y resoluciones. Se sus tradiciones ancestrales y su 21 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 hace preciso también anotar como un DESAFIOS JURIDICOS 2026 cuyo reconocimiento de hoy �ámbito territorial, con garantía restricciones. de participación y decisión de El segundo inciso que también es las mujeres. Las autoridades importante señala que “el Estado aplicarán y garantizará que las decisiones de la procedimientos propios para la jurisdicción indígena sean respetadas solución de por las instituciones y autoridades internos y normas sus que conflictos no sean públicas. Dichas decisiones estarán contrarios a la Constitución y a sujetas los humanos constitucionalidad. La ley establecerá los los mecanismos de coordinación y derechos reconocidos en instrumentos internacionales” al cooperación control entre la de jurisdicción (Constitución de la República indígena ordinaria” (Constitución de la del Ecuador, 2008, art. 171). República del Ecuador, 2008, art. Esta disposición constitucional que 171). luego se desarrolla en normas de En resumen, lo que ha hecho el mejor jerarquía y otras resoluciones modelo de Estado constitucional de hace un pleno reconocimiento de la derechos justicia indígena, la que se podría constitucionalismo transformador, es entender como la facultad que tienen visibilizar las autoridades de una determinada cuestiones que, comunidad, pueblo o nacionalidad, encontraban establecidas en una para que pueda administrar justicia norma dentro constitucional, de su ámbito territorial, y la una etapa del gran gama de si bien se constitucional no o infra tenían la aplicando el derecho propio. De esta trascendencia, ni el desarrollo que le disposición podemos ha otorgado la Constitución de 2008. extraer elementos importantes como: Dentro de este campo, una de las que 1) funciones jurisdiccionales, 2) las más resaltan es aquella que propugna tradiciones ancestrales, 3) el derecho el pluralismo jurídico y dentro de este propio, 4) el ámbito territorial, 4) la la justicia indígena (dentro de la que normativa existen varias justicias), por lo que 22 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 participación de la mujer y 5) límites y DESAFIOS JURIDICOS 2026 derecho propio, dentro de su �indígenas en el marco del Estado de Ecuador (2008), cuenta con la constitucional de derechos y justicia facultad ecuatoriano. jurisprudencia Sobre esto es para desarrollar mediante sus indispensable resaltar el rol que ha sentencias que son considerados tenido la Corte Constitucional como como máximo intérprete de la Constitución, conducen a unificar criterios en la la interpretación de la ley y evitar que ha desarrollado criterios respecto de distintos esta forma tradicional de resolver los conflictos. fuente La función de la derecho, que contradicciones en la aplicación de normas. Por tanto, tiene el carácter vinculante 3. del Corte que exige a jueces, autoridades administrativas y demás Constitucional en la construcción operadores de precedentes vinculantes decisiones, acorde a los criterios La Corte Constitucional de Ecuador, fijados por la Corte. tiene una función fundamental en la De acuerdo con Bazante Pita (2015), guía y aplicación del derecho a través el precedente es la construcción de la de la construcción de precedentes vinculatoriedad vinculantes basada en las motivaciones que se que orientan la jurídicos, decisión expresen constitucional. La función de la Corte, (sentencias). Es decir; el precedente no solo se limita a la resolución de significa que la regla de fondo que usó casos concretos, sino que a través de la Corte en ese caso se vuelve ellos emite buscan obligatoria para ella misma y para garantizar la coherencia, la seguridad todos los otros jueces del país, de jurídica y la protección efectiva de los modo que cuando se presente un caso derechos fundamentales. idéntico o muy parecido, todos tengan Además, ejerce un rol fundamental en que aplicar de la misma manera, para la asegurar que la justicia sea uniforme y interpretación constitucional y de garante norma de la la una tomar interpretación y aplicación del orden criterios que en de a jurisprudencia predecible. supremacía normativa. De acuerdo al 23 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Art. 436, numeral 6 de la Constitución DESAFIOS JURIDICOS 2026 podríamos hablar de las justicias �cuestiones de ecuatoriano, inconstitucionalidad, el ordenamiento el jurídico precedente delimita los puntos de derecho que constitucional, adquieren los sentencias de la Corte Constitucional, cuales deben ser aplicados incluso en posee una naturaleza dual y un casos supuestos carácter eminentemente vinculante, análogos. Este mecanismo busca tal como lo establecen el artículo 436, garantizar y numeral 6, de la Constitución de la previsibilidad en el sistema legal, lo República del Ecuador (2008) y la Ley que ha cambiado la práctica judicial en Orgánica Ecuador, especialmente en áreas Jurisdiccionales como Constitucional - LOGJCC (2009). La fuerza futuros vinculante, con seguridad derechos jurídica fundamentales y control de convencionalidad. emanado de de las Garantías y Control LOGJCC, en el numeral 3 del artículo 2, establece que la jurisprudencia 3.1 precedente constitucional es fuente obligatoria y constitucional en Ecuador: carácter vincula a todos los poderes públicos y vinculante y finalidad en la garantía órganos administrativos. Este carácter de derechos. obligatorio se manifiesta en dos El Naturaleza precedente del constitucional en niveles principales. Ecuador tiene un carácter vinculante y En el primer nivel esta la Ratio se establece como una fuente primaria Decidendi o Regla de Decisión, que del ordenamiento jurídico. Esto implica constituye la parte de la sentencia en que las decisiones de la Corte la que se encuentra el fundamento Constitucional, normativo directo y que debe ser aquellas que especialmente establecen criterios aplicada por todos los jueces y obligatorios en casos que involucren tribunales en casos análogos; es decir, interpretación constitucional, deben se ser acatadas por todos los órganos del interpretación que se extrae del fallo. Estado, particularmente los tribunales En el segundo nivel se encuentra la ordinarios y los sistemas de justicia obligatoriedad Erga Omnes, que se indígena. refiere a las decisiones de la Corte refiere a los parámetros de 24 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 En DESAFIOS JURIDICOS 2026 La Corte Constitucional, al resolver �de constitucionalidad, con un impacto aplicación. general y vinculante para todos. Es Establecer límites de competencia decir, Constitucional, entre ambas jurisdicciones, garantiza transforma su interpretación de la la seguridad jurídica al proporcionar Constitución en una norma obligatoria, reglas claras que guíen tanto a la asegurando y justicia ordinaria como a la indígena, estabilidad del sistema jurídico. Este reduciendo la discrecionalidad judicial precedente y la Corte así la actúa coherencia como un promoviendo la predictibilidad. mecanismo de control constitucional, Aunque el pluralismo jurídico es prevaleciendo sobre normas inferiores crucial para la justicia social y la en y inclusión, su implementación efectiva caso de garantizando fundamentales contradicciones que los derechos requiere voluntad política, diálogo no sean violados. intercultural, políticas públicas (Bazante Pita, 2015). inclusivas y respeto a los derechos El precedente constitucional, tiene humanos. (Hidalgo Cajo, et. al, 2025). como principal función de proteger los derechos constitucionales y mantener la unidad interpretativa del sistema jurídico. De manera particular, al considerar los límites entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, se destaca la necesidad de armonizar derechos para que la justicia indígena se ejerza respetando los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Esta armonización no implica que el derecho colectivo se subordine a la autodeterminación de los pueblos indígenas, sino más bien 3.2 Metodología desarrollo jurisprudencial: de líneas jurisprudenciales sobre pluralismo jurídico La construcción de líneas jurisprudenciales en Ecuador ante el pluralismo jurídico exige que armonice metodología protección de fundamentales, los una la derechos principios de interculturalidad y autodeterminación de los pueblos; y, la coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Esta metodología se apoya en la sistematización de criterios, la 25 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 que exista una congruencia en su DESAFIOS JURIDICOS 2026 Constitucional en el control abstracto �la previsibilidad normativa necesaria (Sentencia Nro. 5-19-RC/19, 2019). para evitar solapamientos y vacíos 3.2.2. Etapas de la construcción jurisdiccionales jurisprudencial (Chávez Vallejo, constitucional 2023). A continuación, se delinean los Identificación de conflictos y sujetos componentes de interés: se detectan casos en los centrales de la metodología y su aplicación práctica. que la declinación de competencia o el reconocimiento 3.2.1. Conceptualización y fundamentos que coexisten sistemas normativos distintos, cada uno con legitimidad y de competencia, lo que impone interpretar la Constitución y las normas secundarias a la luz de la interculturalidad y la facilidad de acceso a la justicia para comunidades indígenas. Es decir, el pluralismo jurídico es base del marco interpretativo constitucional. carácter constitucional de la línea jurisprudencial, ya que deben responder a principios constitutivos derechos colectivos, autodeterminación, intercultural; y, internacionales humanos, Constitución genera tensiones entre la justicia justicia a estándares de derechos incorporados de 2008 costumbres y derechos fundamentales. Esta fase demanda un análisis fáctico riguroso y la definición clara de competencias jurisdiccionales y (Añazco límites Aguilar, 2020). Análisis doctrinal y hermenéutico: se realiza una revisión doctrinal sobre pluralismo jurídico, pluralismo, y las monismo obras vs. sobre interpretación intercultural. Este paso También es necesario considerar el como jurisdicciones ordinaria y la indígena, o entre usos y La metodología parte de la premisa de marcos de por la y la se complementa con la revisión de sentencias y dictámenes relevantes para identificar criterios interpretativos recurrentes (Chávez Vallejo, 2023). Construcción de criterios interpretativos: se formulan reglas de interpretación para resolver casos de competencia y para decantar posibles conflictos entre jurisdicciones. Estos criterios deben ser coherentes con la 26 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 jurisprudencia DESAFIOS JURIDICOS 2026 motivación robusta de las decisiones y �tratados considerando la diversidad de internacionales y con la práctica sistemas jurídicos presentes. jurisprudencial; por ejemplo, reglas En para valorar la compatibilidad de importancia que las resoluciones de la normas indígenas fundamentales y lugar, resalta la con derechos Corte Constitucional tengan una sólida con garantías fundamentación judiciales (Bagni, et. al, 2024) Elaboración segundo constitucional. de y Es alcance decir, que las líneas decisiones cuenten con el respaldo de jurisprudenciales: a partir de los un claro marco normativo que respete criterios, se publican decisiones de tanto unificar (líneas principios interculturales. En tercer jurisprudenciales) que orienten casos lugar, la existencia de mecanismos de semejantes en el futuro, de modo que control la Corte Constitucional fijé criterios supervisión jurisdiccional que permita repetibles la revisar y asegurar la uniformidad declinación de competencias y la normativa en la aplicación de la ley, interacción entre jurisdicciones. como criterios y previsibles para la Constitución de un como los constitucionalidad elemento crucial y para resolver conflictos interpretativos y 3.2.3 Instrumentos y productos de la metodología coherentes Hay tres aspectos clave sobre la jurisprudencia y el pluralismo jurídico. En primer lugar, se importancia de garantizar que las resoluciones sean las destaca la series de precedentes y guías de interpretación que la Corte ha desarrollado. Estas herramientas son esenciales para establecer criterios interpretativos que faciliten la resolución de casos que involucren pluralismo jurídico. Esto ayuda a jueces y abogados a aplicar la con el ordenamiento jurídico dentro del sistema jurídico (Chávez Vallejo, 2023). A partir de ello, se presentan desafíos prácticos importantes. El primero, se refiere a la necesidad de cohesión entre sistemas normativos, promoviendo criterios que permitan la coexistencia equilibrada entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, sin que una prevalezca sobre la otra. Esto implica respetar la ley de manera coherente y justa, 27 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 con DESAFIOS JURIDICOS 2026 Constitución, �mantener los derechos fundamentales de como eje central. competencias que corresponda en En segundo desafío se refiere al papel cada caso. Este rol se fundamenta en de la interpretación de la ley desde un la normativa constitucional y en una enfoque intercultural, sugiriendo la línea jurisprudencial que priorice la incorporación orientaciones coherencia, la protección de derechos hermenéuticas que sean sensibles y el reconocimiento del pluralismo respetando las diversas perspectivas jurídico, evitando conflictos y lagunas culturales. Esto es esencial para evitar interpretativas. interpretaciones rígidas que puedan Un deslegitimar reconocimiento de la autonomía de la originarias. de ciertas prácticas guíen fundamental las es el justicia indígena dentro del marco desafío constituye la actualización y legal y constitucional, lo que implica dinamismo del pluralismo jurídico, evaluar requiriendo mediante criterios objetivos como el una un pilar que tercer permita Finalmente, interpretación metodología adaptar que líneas los cambios consuetudinario y la intervención de o autoridades comunitarias. La Corte, internacionales, sin comprometer la ha señalado que la determinación de estabilidad doctrinal (Añazco Aguilar, la 2020). realizarse en un marco robusto de sociales, a legislativos territorial, declinación las jurisprudenciales ámbito cualquier jurisdicción derechos 4. La Corte Constitucional como regulador entre jurisdicciones y como generadora de reglas de interpretación en relación con la competencia un papel derecho aplicable garantías, debe evitando inseguridades jurídicas derivadas de decisiones dispersas o contradictorias. Este enfoque establece que la jurisdicción indígena no puede ser La Corte Constitucional del Ecuador tiene y el fundamental al momento de resolver conflictos entre rechazada por razones formales, sin un análisis sustantivo de la compatibilidad de sus procesos en la justicia ordinaria y la justicia 28 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 indígena, a partir de establecer reglas DESAFIOS JURIDICOS 2026 autonomía de cada jurisdicción y �los derechos respeto por la diversidad cultural fundamentales y la Constitución; de (Viteri Thompson, 2025). esta manera, busca fomentar una La interpretación intercultural, debe interacción armoniosa entre la justicia alinearse a los principios universales ordinaria y la indígena, promoviendo como la igualdad y el acceso efectivo un sistema judicial más equitativo y a la justicia, acomodando los derechos respetuoso de los derechos humanos humanos a realidades socioculturales (Sentencia No. 3367-18-EP/23, 2023). específicas. Creación de reglas de interpretación especialmente valiosas en casos de La Corte Constitucional en el ejercicio pluralismo de sus atribuciones, crea reglas de coexistencia de múltiples sistemas interpretación esenciales en relación a legales, los significativos (Sentencia No. 3367-18- contextos coexisten complejos, diversas donde cosmovisiones Estas reglas jurídico, puede son donde generar la desafíos EP/23, 2023). jurídicas. Estas reglas guían a los Es necesario indicar que estas reglas tribunales en la interpretación de no normas y actos, sin dejar de conocer, evolucionan, respondiendo a cambios, principios de interculturalidad y el nuevos casos y contextos futuros. respeto a los usos y costumbres Esta flexibilidad permite establecer indígenas, ni limitar su autonomía. líneas jurisprudenciales coherentes Entre las reglas, se destacan las que que reconocen los usos y costumbres en competencias materias específicas, siempre que no derechos fundamentales; es decir, la contradigan armonización y divulgación de estas los derechos son estáticas, faciliten sino que la declinación de sin sacrificar los constitucionales. Para ello, los jueces reglas, realizan dinámico en la interpretación jurídica. interpretaciones contextualizadas, marco cultural considerando y legal de mantienen un enfoque el cada 4.1. Aspectos metodológicos que comunidad, de tal forma que las sustentan el decisiones judiciales se encuentren Constitucional rol de la Corte apegadas al marco jurídico como un 29 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 con DESAFIOS JURIDICOS 2026 relación �conflicto de competencias es crucial constitucional. El precedente judicial, para 2024). garantizar la coherencia y legitimidad de sus decisiones. Es necesario que las resoluciones de la 4.2. Corte clarifiquen la relación entre el estrategias de gestión jurídica texto constitucional, los principios de Para pluralismo resolver y la interpretación Desafíos evitar prácticos vacíos la al y momento declinación intercultural. Este enfoque robustece competencia el razonamiento de las decisiones, ordinaria y la justicia indígena, es facilitando la predictibilidad en la decisivo aplicación interpretación claras que determinen de la jurisprudencia entre la de diseñar jurisdicción reglas de (Chávez Vallejo, 2023). cuándo corresponde cada una. Esto Además, las reglas de interpretación no solo promueve la coherencia con deben alinearse con las normas los derechos fundamentales, sino que constitucionales tratados también asegura decisiones judiciales derechos predecibles y justas. La claridad en humanos, así como con los principios estas reglas es vital para que tanto las de autodeterminación y autonomía de comunidades indígenas como los los pueblos. Para asegurar que estos sistemas de justicia ordinaria operen criterios y de manera efectiva y respetuosa comprendidos de manera uniforme, la (Sentencia No. 3367-18-EP/23, 2023). Corte La participación de las comunidades y internacionales los de sean accesibles Constitucional, herramientas como la utiliza serie de es esencial para enriquecer la precedentes y guías de jurisprudencia. interpretación intercultural y legitimar Estas las líneas jurisprudenciales. Incluir las herramientas difusión sistemática permiten de la y prácticas interpretativos entre jueces, fiscales y comunidades permite abogados, decisiones consideren sus realidades promoviendo criterios una opiniones comprensión homogénea en relación y a dentro cuándo y cómo declinar contextos de específicos, los de estas que las siempre criterios 30 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 competencias (Guía de jurisprudencia DESAFIOS JURIDICOS 2026 El rol de la Corte Constitucional en el �que ello, es sistema es construido, inter alia, a las reglas de partir de diversas garantías interpretación y las decisiones de jurisdiccionales, tales como la acción declinación de competencia sean de incumplimiento, la acción por congruentes incumplimiento, con internacionales los estándares acción derechos extraordinaria de protección, la acción humanos, así como con los principios extraordinaria de protección frente a de igualdad y no discriminación. Esto decisiones de la justicia indígena y, refuerza las durante un breve período —resultado decisiones ante tribunales regionales de una reforma legal—, la acción e internacionales y contribuye a la destinada a la desclasificación de protección de los derechos de las información partes competencia se derivaba de la Ley de la de la legitimidad involucradas de (Castellano Chiriboga, et. al, 2025). Precedentes sobre la constitucionales declinación competencia entre cuya Seguridad Pública y del Estado. Asimismo, 5. pública, la de justicia como encargada de proteger la Constitución y el bloque de constitucionalidad en Ecuador, la Corte posee la facultad de eliminar ordinaria y justicia indígena incompatibilidades En armonía a lo expuesto en párrafos constitucionales mediante el ejercicio anteriores, la Corte Constitucional del del Ecuador, como entidad encargada de dichas normas entren en conflicto o no cerrar justicia se ajusten formal ni materialmente a constitucional, y apoyada en las los preceptos constitucionales. Dicho competencias el control concentrado, en el contexto artículo 436 de la Constitución, así ecuatoriano, se divide en control como en las previstas por la Ley concreto y control abstracto. Para una Orgánica Garantías mejor comprensión de la evolución Control jurisprudencial, resulta esencial partir los procesos consagradas de Jurisdiccionales Constitucional, de y ha en establecido un sistema de precedentes jurídicos. Este control concentrado, infra cuando de lo señalado en la sentencia N.º 309-15-SEP-CC: 31 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 fundamental Para DESAFIOS JURIDICOS 2026 constitucionales. �de que de los derechos garantizados por la comprende el derecho propio Constitución, salvo en aquellos casos de las comunidades indígenas en los que estas acciones se ajusten es la obligación del Estado de estrictamente hacer respetar sus decisiones establecidos por la Carta Magna y por otros los elementos las instituciones y a los instrumentos del jurídicos que bloque de autoridades públicas, podemos forman concluir que la interferencia de constitucionalidad. cualquier autoridad en ellas, En este contexto, es importante que no se ajuste al mecanismo identificar de control de dichas decisiones establecidos previsto Constitucional del Ecuador (CCE) constitucionalmente, parte límites los por Corte respecto vulneración de su derecho a competencia. Antes de abordar dichos ejercer precedentes, es crucial comprender la impidiendo derecho a los propio, pueblos la la tiene como consecuencia la su a precedentes declinación importancia de indígenas ejercer su autoridad y interpretación intercultural en definitiva a determinarse casos penales que libremente” personas (Sentencia No. 309-15-SEP-CC, 2015, p. 17). de aplicar una en los involucren indígenas a como procesadas, dependiendo del bien En otras palabras, las actuaciones jurídico que se pretende proteger. En realizadas por las instituciones y este sentido, el caso No. 0072-14-CN autoridades Ecuador constituye un ejemplo relevante. En deben fundamentarse en el respeto dicho precedente, la Corte resolvió, a pleno a la autonomía, los derechos través de un control concreto de inherentes y la libre determinación de constitucionalidad, una consulta de las comunidades indígenas, por lo norma relacionada al artículo 441 del tanto, que Código Penal, el cual fue aplicado las para privar de la libertad a una dichas persona Waorani, miembro de un públicas cualquier en intervención desconozca o interfiera decisiones internas de en 32 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 comunidades implica una vulneración DESAFIOS JURIDICOS 2026 “Si tenemos en cuenta que uno �concluyó actas de juzgamiento no poseen que el citado artículo “merece una interpretación desde una efectos perspectiva intercultural” (Sentencia naturaleza jurídica como norma y No. 004-14-SCN-CC, 2014, p. 32). carecen de fuerza vinculante, salvo en Este lo pronunciamiento posee una que erga omnes, respecta a no las tienen partes relevancia particular, ya que pone de involucradas —inter manifiesto la obligación del Estado cuanto la ecuatoriano competencia, la Corte Constitucional —en tanto a la a partes—. En declinación de plurinacionalidad— de garantizar que no se pronunció sobre este aspecto. todos los operadores de justicia Posteriormente, la Corte resolvió una consideren y respeten la cosmovisión consulta de norma derivada de la y los sistemas normativos propios de acumulación de varios casos que las compartían comunidades, pueblos y como la temática de resolver asuntos relacionados con competencia. En su sentencia No. la situación jurídica de sus miembros. 008-15-SCN-CC, determinó que “la Posteriormente, Corte declinación de competencia por parte Constitucional del Ecuador, mediante de la autoridad judicial ordinaria la sentencia No. 004-15-SCN-CC constituye una garantía que tiene por (2015), atendió una consulta de norma objeto relacionada con el doble juzgamiento constitucional y legal del non bis in y la declinación de competencia. ídem y el derecho a la tutela judicial Dicha consulta fue planteada por un efectiva, imparcial y expedita de juez penal con el objetivo de resolver derechos” (2015, p. 15). un conflicto procesal surgido a partir Fundamentada en el artículo 345 del de un acta de juzgamiento de justicia Código indígena. CCE Judicial, esta garantía busca que las rechazó la consulta al considerar que personas indígenas sean juzgadas por no requisitos las autoridades de sus comunidades, establecidos en la sentencia No. 001- respetando los límites establecidos No cumplía obstante, con los la la común nacionalidades indígenas al momento la de eje declinación asegurar Orgánico el de de principio la Función 33 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 13-SCN-CC, inter alia, porque las DESAFIOS JURIDICOS 2026 pueblo indígena. La decisión judicial �costumbres, usos y tradiciones, según acción extraordinaria de protección en lo consagrado en la Constitución, los la que se planteaba, entre otras instrumentos solicitudes, internacionales de la competencia de y indígena y la liberación de una Control Constitucional. Asimismo, se persona privada de libertad en virtud estableció que la declinación de de una sentencia ejecutoriada. En competencia en este marco, mediante la sentencia No. todos los casos donde las personas 319-15-SEP-CC, la Corte negó la procesadas sean indígenas, excepto acción extraordinaria de protección, cuando el bien jurídico protegido sea argumentando que no se configuró un la vida. caso de doble juzgamiento, pues no En tal contexto, los jueces penales existía un proceso previo tramitado en tienen la obligación de abstenerse de la justicia indígena (2015). conocer y resolver dichas causas, ya Un hecho similar se presentó en el que pertenecen al ámbito de la justicia caso No. 0166-14-EP, en el cual, a indígena, tomando en consideración través de la sentencia No. 101-17- los y SEP-CC (2017), también se rechazó la la acción extraordinaria de protección 113-14-SEP-CC, debido, inter alia, a la inexistencia de conocida como el caso "La Cocha 2". doble juzgamiento. Asimismo, en otro Este fallo recalca que “Uno de los caso, la Corte resolvió una acción fundamentos la extraordinaria de protección mediante actuación jurídica del Estado, dentro la sentencia No. 077-16-SEP-CC, del constitucional relacionada con una controversia del establecer ámbito civil en la que se solicitaba, factores Jurisdiccionales resulta de personalidad sentencia aplicable territorialidad expuestos No. que legitiman orden contemporáneo, en es jurisdicción amplias garantías que amparen el entre derecho a la vida y a la dignidad declinación humana" (2014, p. 26). obstante, la Corte concluyó que no se habían otras la de derechos humanos y la Ley Orgánica Garantías de declinación de pretensiones, la competencia. No vulnerado derechos 34 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 En otra ocasión, la Corte conoció una DESAFIOS JURIDICOS 2026 para su autonomía en cuanto a �la acción (2016). aunque esta obtuvo la declinación de En la sentencia No. 190-16-SEP-CC competencia (2016), la Corte resolvió una acción persona no indígena en un caso de extraordinaria presuntas de protección solicitada por agresiones una físicas y relacionada con la regulación de la verbales presentado ante el juez de declinación de competencias a favor contravenciones del cantón Cayambe, de provincia de Pichincha, la Corte la justicia indígena. Los accionantes argumentaron que la terminó resolviendo sobre un norma infraconstitucional no define relacionado con la concesión de agua claramente en los límites entre las lugar del (2017). determinó que este asunto excede su aspectos, establece un precedente competencia al tratar una acción relevante para la seguridad jurídica, ya extraordinaria de protección, ya que que determina que, al obtenerse la no corresponde sustituir a la justicia declinación de competencia a favor de ordinaria cuando esta cuenta con la mecanismos propios de protección. enfocarse únicamente en resolver el Así lo señaló previamente en la caso denunciado, sin abordar otros sentencia No. 057-15-SEP-CC, al temas ajenos al motivo que activó la afirmar que “La vulneración de un justicia derecho alegado no puede nacer de la declinación. interpretación de En el ámbito de las competencias naturaleza infraconstitucional” (2015, atribuidas a la Corte Constitucional, el p. 12). numeral 7 del artículo 436 de la En este orden cronológico, la Corte Constitución consagra que esta tiene Constitucional nueva la facultad de "“conocer y dirimir acción extraordinaria de protección conflictos de competencias o de contra atribuciones normas analizó decisiones de una la justicia justicia caso, denunciado jurisdicciones; sin embargo, la Corte de Este asunto tema entre indígena, ordinaria entre y esta su otros debe posterior funciones del indígena. Mediante la sentencia No. Estado u órganos establecidos en la 001-17-SEI-CC, dejó sin efecto un Constitución” (Asamblea Nacional 35 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 fallo de dicha justicia debido a que, DESAFIOS JURIDICOS 2026 constitucionales y procedió a rechazar �A esta constitucional. La Corte aclaró que la disposición se vinculan también los finalidad de esta herramienta es artículos 145, 146 y 147 de la Ley resolver Orgánica Garantías directamente de las competencias Control consagradas en la Carta Magna y “no Constitucional, así como el artículo 93 como en este caso, en que las de la Codificación del Reglamento de competencias de un Órgano constan Sustanciación de en la ley y las del sujeto colectivo Corte nacen y se desprenden de su propio de Jurisdiccionales y de Competencia Procesos de la conflictos que derivan Constitucional. derecho consuetudinario” (Sentencia En este marco, la Segunda Sala No. 002-18-SDC-CC, 2018, p. 9). Especializada en Materia Penal de la El análisis realizado hasta el momento Corte Provincial de Justicia del Azuay ha presentado un resumen de los planteó dirimir principales pronunciamientos emitidos competencias, solicitando a la Corte por la Corte Constitucional durante el Constitucional resolver el conflicto Período de Transición y su primera entre la justicia ordinaria y la justicia conformación, incluyendo indígena. La iniciativa surgió a raíz de renovaciones correspondientes. la solicitud del procesado para que el partir de este punto, se examinan los juez declinara la competencia en favor precedentes más de la justicia indígena. No obstante, establecidos por mediante la sentencia No. 002-18- conformación y SDC-CC, la Corte Constitucional negó renovaciones. En dicha acción, argumentando que esta sentencias emitidas por la nueva debería haber sido propuesta por el conformación representante de la Función Judicial, Constitucional del Ecuador (CCE), considerado el titular del órgano destaca la sentencia No. 3-17-CN/19, correspondiente. Asimismo, se indicó en la cual, a pesar de haberse negado que había la consulta de norma al no cumplir con desnaturalizado el propósito de la los requisitos establecidos, no se acción aborda la declinación de competencia una la acción para propuesta definida en el marco de el A relevantes la sus las última respectivas rastreo la de Corte 36 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 2008). DESAFIOS JURIDICOS 2026 Constituyente, �consulta planteada. No obstante, es ordinario. Esto vulneraría el importante señalar que, en el proceso reconocimiento penal de origen, el procesado solicitó de la jurisdicción indígena” la (2020, p. 10). declinación de competencia constitucional argumentando su nacionalidad kichwa En esencia, en los casos en que una ecuatoriana y su pertenencia a la persona procesada en la justicia comunidad Dicha ordinaria ya haya sido juzgada o se solicitud fue rechazada por el juez encuentre sometida a un proceso penal bajo los motivos de que no dentro existía indígena, un de Inchillaqui. doble juzgamiento, la del sistema debe de justicia prevalecer la víctima no pertenecía a la comunidad declinación de competencia, siempre y se consideró que el procesado considerando pretendía eludir la acción de justicia constitucionales vinculadas al bien (Sentencia No. 3-17-CN/19, 2019). jurídico protegido. Actuar de otra Este caso adquiere relevancia en manera implicaría una vulneración de contraste establecido derechos. Asimismo, la CCE enfatiza posteriormente. En particular, en la que la vía adecuada para cuestionar Sentencia No. 134-13-EP/20 y con el posibles objeto de garantizar la autonomía de cometidas por las autoridades la justicia indígena, la CCE fijó un indígenas en sus decisiones precedente vinculante de carácter definitivas es la acción extraordinaria estricto: de protección contra las resoluciones “Una con lo vez las violaciones limitaciones de derechos verificada la proceso de decisión tomada justicia indígena la jueza o juez ordinaria en ordinario no puede negarse a improcedente, ya que excede su declinar su competencia pues, jurisdicción y competencia. de En la sentencia No. 438-12-EP/20, la existencia otra del forma, la justicia de la justicia indígena. Cualquier por este Constitucional la justicia ámbito del sería indígena quedaría supeditada Corte Ecuador al reconocimiento que de esta (CCE) resolvió, entre otros aspectos, 37 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 haga la misma jueza o juez DESAFIOS JURIDICOS 2026 por ser esta la materia principal de la �un recurso sobre la declinación de decisión competencia puede ser objeto de una indígena, para lo cual en su acción extraordinaria de protección?” momento el accionante pudo (2020, p. 6). Al respecto, determinó proponer acción extraordinaria que el auto impugnado no tiene de protección contra decisiones carácter definitivo, ya que no pone fin de la justicia indígena” (2020, p. al proceso. Además, basándose en lo 7). de la autoridad señalado en la sentencia No. 134-13- En síntesis, se reafirma la línea EP/20, la Corte concluyó que no se jurisprudencial al concluir que el había activado la justicia indígena en recurso extraordinario de protección el caso específico, por lo cual no se no es procedente contra decisiones consideraba judiciales que no tengan carácter que los derechos colectivos de la comunidad indígena definitivo estuvieran en peligro (Sentencia No. gavamen irreparable. Por otro lado, en 438-12-EP/20, 2020). De manera ejercicio de su competencia para similar, en la sentencia No. 357-15- efectuar EP/20, la Corte concluyó que no constitucionalidad, existía Constitucional, a través del dictamen vulneración de derechos debido a que: y el que no control causen un abstracto la de Corte No. 6-20-RC/21, determinó que la vía “El auto que niega la apelación de reforma parcial propuesta por el del auto de declinación de solicitante no es adecuada para llevar competencia a favor de la a justicia indígena suponga un constitucional. Esto se fundamenta en gravamen irreparable para el que accionante, pues del contenido públicas de la demanda de acción garantías para el cumplimiento de las extraordinaria de protección se resoluciones de desprende que las principales implica restricción alegaciones de vulneración de garantías, derechos jurisdiccionales y normativas (2021). estarían cabo dicha pretender que constituyan una tales modificación las políticas las justicia únicas indígena de otras como las 38 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 encaminadas a cuestionar la DESAFIOS JURIDICOS 2026 una cuestión jurídica “¿La negativa de �señalar que las posibilidad de aplicar sanciones reformas constitucionales realizadas distintas a la privación de libertad” mediante el procedimiento de reforma (2021, p. 4). parcial no pueden limitar derechos ni Adicionalmente, mencionó que dicha garantías ni solicitud debe ser formulada por la modificar el procedimiento de reforma autoridad indígena que “haya ejercido constitucional. En consecuencia, la vía en el caso la potestad de administrar adecuada para las reformas era la justicia indígena de acuerdo con los Asamblea Constituyente. presupuestos En la sentencia No. 2024-16-EP/21, la Constitución, el Convenio 169, los Corte Constitucional rechazó la acción precedentes constitucionales y las extraordinaria protección normas referentes a la declinación de presentada bajo la alegación de una competencia de la justicia ordinaria” presunta vulneración del derecho a la (2021, p. 5). motivación. accionante Entre las competencias de la Corte sentencia Constitucional destaca la selección de previamente emitida por la Corte sentencias para el desarrollo de Nacional de Justicia —que declaró jurisprudencia improcedente de precedentes de carácter general — casación—, se había referido de erga omnes—, conforme al numeral 6 manera arbitraria a aspectos tales del artículo 436 de la CRE y los como la omisión en la aplicación del artículos 2 y 25 de la Ley Orgánica de precedente Garantías Jurisdiccionales y Control constitucionales, de El argumentaba que un sobre intercultural y recurso interpretación la vinculante y Constitucional. En ejercicio de esta competencia. Esta decisión judicial facultad, a través de su Sala de establece un precedente significativo Selección, se eligió la sentencia de al reiterar los criterios necesarios para hábeas corpus identificada como No. proceder 1033-0026-2014-S-CPJO. P una declinación en de con la una establecidos interpretación intercultural, a saber: “i) la identidad de Posteriormente, mediante la sentencia la persona indígena; ii) la solicitud de No. 112-14-JH/21, se determinó que el declinación de competencia; iii) la diálogo intercultural “debe ser 39 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 importante DESAFIOS JURIDICOS 2026 Es �la autonomía indígena… un momento decisivo en Constitucional del Ecuador realizó una aclaración: este proceso es la determinación de si “El primero se refiere, a que los procede o no la declinación de jueces competencia” conocimiento de un proceso (2021, pronunciamiento enfoque p. forma de 9). Este parte justicia del dialógica penal ordinarios, en involucrados el en que personas el estén que intercultural. Cabe destacar que este pertenezcan a una comunidad caso precedente o pueblo indígena, tiene la significativo en el ámbito penal y obligación de observar y aplicar constitucional, en a lo largo del proceso normas de que estén de acuerdo con las la características culturales a las imposición de medidas cautelares en que pertenecen. El segundo procesos tiene que ver con que las establece relación con un especialmente el interculturalidad principio aplicado penales que a involucran personas indígenas. autoridades indígenas soliciten En la sentencia No. 1494-15-EP/21, el conocimiento y ejercicio de la aunque no forma parte de la línea jurisdicción exclusiva, ante lo jurisprudencial sobre declinación de cual los jueces ordinarios en la competencia, etapa que se encuentren deben se tomó como referencia los elementos expuestos en declinar su conocimiento la sentencia No. 2024-16-EP/21 para entregarlo a las autoridades construir el marco argumentativo. solicitantes” Basándose en lo señalado en el 1494-15-EP/21, 2021, p. 12) (Sentencia y No. párrafo 20, se determinó que este Se debe mencionar que con la caso no está relacionado con la expresión "el primero" se aludió a la declinación de competencia, sino con interpretación intercultural, mientras la que "el segundo" hace referencia a la interpretación siguiendo lo sentencia No. intercultural, establecido en 112-14-JH/21. la declinación de competencia. No Posteriormente, en la sentencia No. 1- obstante, en la nota al pie 27, la Corte 12-EI/21, la Corte aclaró que la 40 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 de DESAFIOS JURIDICOS 2026 respetuoso �responsabilidad entre quienes habiten en ella, exclusiva de los jueces de la justicia ordinaria, sino (iv) también de las autoridades indígenas. relaciones Esto implica que, cuando un caso sea integrantes y, finalmente, (iv) tramitado en el ámbito de la justicia que indígena, y dicha competencia se vea comunidad, limitada en tradiciones y derecho propio, ha situaciones donde el bien jurídico conocido y resuelto casos como protegido corresponda a la vida—, las el que se discute, es decir, que autoridades deberán sea parte de su costumbre trasladar el caso a la justicia ordinaria hacerlo. Es menester hacer (Sentencia No. 1-12-EI/21, 2021). hincapié en lo establecido en el Además, la Corte estableció criterios párrafo 104 supra, es decir, que para que los jueces —sin perjuicio de el aquellos que soliciten la declinación— debe ser casuístico. En tal tengan claridad sobre cuándo un caso sentido, cuando la autoridad puede indígena resuelve situaciones —especialmente indígenas considerarse un conflicto interno: altere se o distorsione entre advierta sus que mediante examen la sus necesariamente con estas características se “Para dilucidar que se trata de advierte que lo hace dentro de un conflicto en los términos del la esfera de su ámbito territorial, artículo 171 de la CRE se debe en el entendido de que dicho considerar que el caso cumpla conflicto impacta directamente con al menos uno de los el espacio ‒no solo geográfico, siguientes (i) que sino cultural y espiritual‒ en el entramado de que la comunidad como un todo comunitarias, (ii) desarrolla su tenga una implicación en la relaciones y, armonía y en la paz de la ejercita comunidad, (iii) que ocasione autodeterminación” (Sentencia una No. 1-12-EI/21, 2021, p. 27). afecte el relaciones criterios: afectación en la su vida, sobre derecho sus todo, a la 41 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 convivencia de sus miembros o DESAFIOS JURIDICOS 2026 declinación de competencia no es una �con lo establecido por la Corte un perjuicio irreparable, ya que existen Constitucional, el voto concurrente o otras vías procesales disponibles, salvado doctrina como la justicia indígena. Además, la jueza destaca que las decisiones de esta Teresa Nuques jurisdicción pueden ser reclamadas existen “incluso, a través de una acción situaciones específicas en las que los extraordinaria dirigida en contra de jueces no están obligados a declinar decisiones su competencia. Dichos casos se jurisdicción” (2021, p. 8). En este limitan a aquellos en los que no se contexto, presenta una solicitud de declinación criterios que deben considerarse al por parte de una autoridad indígena, evaluar así como a situaciones donde no se ha competencia: “i) si la Comunidad activado Zhiña constituye constitucional—, constitucional Martínez señala que previamente la justicia adoptadas la Corte una Buena en dicha establece los declinación Esperanza de es una indígena, conforme a lo dispuesto en comunidad indígena que administra el artículo 345 del Código Orgánico de Derecho propio; ii) si quien requirió la la Función Judicial (Voto concurrente declinación de competencia poseía la de la sentencia No. 1-12-EI/21, 2021). calidad de autoridad indígena; y, iii) si Una de las sentencias clave para el conflicto a dirimir es interno” (2021, comprender p. 11). la declinación de competencia es la N.º 256-13-EP/21, Con en la que la Corte Constitucional del establecidos por la Corte para la Ecuador acción declinación de competencia y tras protección contar con el análisis antropológico — presentada contra un auto que inhibía el cual no fue realizado por el juez de su competencia, transfiriéndola a favor origen a pesar de su relevancia para de la comunidad indígena Zhiña comprender el caso—, se determinó Buena Esperanza. En su análisis, la que se cumple con el primer elemento: Corte la Comunidad es reconocida como analizó extraordinaria recuerda una de los precedentes establecidos en resoluciones previas, una base en comunidad los elementos indígena que 42 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 señalando que dicho auto no genera DESAFIOS JURIDICOS 2026 En el voto concurrente —de acuerdo �derecho. interrogantes sobre lo decidido por la Respecto al segundo elemento, tras Corte en relación con el derecho a la analizar el Estatuto de la Comunidad, identidad y a la autodeterminación. el que Asimismo, se manifestó en el párrafo la 97 de la resolución que no se vulneró declinación de competencia como el derecho a la seguridad jurídica presidente de la Comunidad Indígena, debido la Corte concluyó que “la declinación audiencia, de competencia fue realizada por una contemplada en el artículo 345 del autoridad legítima de una comunidad Código Orgánico indígena que ejerce Derecho propio” Judicial. Sin (Sentencia No. 256-13-EP/21, 2021, contraviene el principio establecido en p. 16). el numeral 3 del artículo 11 de la En cuanto al tercer elemento, con Constitución y resulta incongruente, base en los criterios expresados en la considerando que, según la misma sentencia No. 1-12-EI/21, utilizados Corte, sería deseable promover una para identificar si existe un conflicto relación de cooperación entre la interno de carácter comunitario, se justicia ordinaria y la justicia indígena estableció que tradicionalmente ha conforme formado parte de la comunidad, ha Constitución. Finalmente, la Corte convivido en sus tierras comunitarias, desestimó la demanda al concluir que comparte no existió vulneración de derechos. certificado reconocen propio y al las actas solicitante sus de costumbres y a ausencia dado al que de de una no la está Función embargo, artículo la criterio se fundamenta en que el jurisprudencial sentido de pertenencia y la percepción Constitucional, resulta relevante la propia deben analizarse conforme a sentencia las particularidades del caso concreto. particularmente en el contexto de la No obstante, es relevante destacar aplicación que la accionante no se considera competencia por parte de los jueces y indígena dicha juezas de la justicia ordinaria. En esta genera sentencia, el tribunal abordó varias comunidad, lo cual de del de En miembro análisis 171 esto cosmovisión” (2021, p. 18). Este ni el la de No. de la desarrollo la Corte 3367-18-EP/23, declinación de 43 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 su DESAFIOS JURIDICOS 2026 administra �consideradas deben como ser En su análisis, la Corte precisó que directrices “los operadores judiciales en su fundamentales. El caso se originó ante resolución la competencia deben atender a la negativa de declinación de de de competencia por parte de los jueces voluntad ordinarios en favor de la jurisdicción familiares, valorando su decisión de indígena “en el marco de un proceso que el caso continúe en la justicia penal por el delito de violación a una indígena u ordinaria” (2023, p. 15). En adolescente con discapacidad” (2023, este escenario, se debe valorar las p. 1). características del caso y confirmar si Tras un análisis y la identificación del estas permiten que el caso sea tratado problema dicha bajo la jurisdicción indígena o la negativa en relación con el derecho a ordinaria, aspecto que resulta esencial ser juzgado por un juez competente, para se estableció que este podría generar adecuada en cada caso particular. En un gravamen irreparable. Con base en virtud argumentos jurisprudenciales, considerando constitucionales y legales, así como mencionados, en desestimada. un que examen conllevaría crítico de las de declinación las víctimas y sus garantizar de este una razonamiento, todos la resolución los y factores demanda fue resoluciones judiciales —materia de la En la sentencia No. 1509-18-EP/23, litis—, se concluyó no se se desestimó la acción extraordinaria vulneración al planteada por la presunta vulneración, derecho a ser juzgado por la justicia entre otros, del derecho a ser juzgado indígena. Esto se fundamentó en el por un juez competente y del derecho hecho de que los jueces ordinarios a la debida motivación. Este caso se protegieron los derechos de la víctima, originó en el contexto de un proceso al identificarla como miembro de un relacionado con un inventario de grupo y bienes. En relación con el derecho a protección ser juzgado por un juez competente, la configuraba de otorgándole una atención una constitucional. que prioritaria triple Corte determinó que no se evidenció tal vulneración, ya que el juzgado de 44 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 que DESAFIOS JURIDICOS 2026 cuestiones �requisitos legales necesarios para severo llamado de atención dirigido a justificar la competencia, basándose, las entre otros aspectos, en la existencia Comunidad. El caso en cuestión tuvo de un proceso previo iniciado en la su origen en tres procesos iniciales: la Comunidad por sus declinación de competencia en un autoridades. Esta decisión propias autoridades indígenas de la fue proceso penal relacionado con el confirmada por la Sala de la Corte delito de daño a bien ajeno, una Provincial solicitud de acto urgente para llevar a (2023). En cuanto al derecho a la motivación, el tribunal cabo concluyó que las sentencias relativas posteriormente, una al inventario de bienes cuentan con reivindicación. fundamentación No Dichos procedimientos tienen como obstante, señaló que la exclusión de elemento común la adquisición de un ciertos bienes podría ser tramitada en bien un procedimiento independiente ante históricamente ha pertenecido a la el mismo juez competente (2023). parroquia Pasa, donde opera la Unión En el transcurso del 2024, la Corte de Organizaciones Campesinas e Constitucional Indígenas suficiente. abordó dos casos una inspección inmueble de judicial y, demanda de comunitario Pasa que (UOCAIP), emblemáticos que consolidaron los encargada de aplicar justicia indígena. principios directrices La sentencia detalla que el terreno en jurisprudenciales delineados tanto por cuestión fue vendido dentro del marco su antecesora como por la reciente jurídico civil mediante una escritura composición este pública de compraventa, debidamente marco, el primero de dichos casos formalizada ante una notaría. No culminó en la emisión de la sentencia obstante, los miembros de la UOCAIP, No. 5-18-EI/24, en la que siete de los tras haber declinado la competencia nueve magistrados que conformaron jurisdiccional inicial, continuaron el el Pleno de la Corte aceptaron la procedimiento en su foro propio. acción extraordinaria de protección Aproximadamente tres años después contra de dicha declinación, las autoridades y renovada. decisiones de En la justicia 45 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 indígena. Asimismo, se emitió un DESAFIOS JURIDICOS 2026 primera instancia cumplió con los �“nula la escritura de compraventa 2024, p. 26) 5-18-EI/24, celebrada el 11 de julio de 2013 ante La la Notaría Tercera del cantón San autoridades indígenas deben actuar Pedro de Pelileo” (Sentencia No. 5-18- con EI/24, 2024, p. 5) y procedieron a evidencias lo planteado durante el notificar esta decisión al Registrador proceso constitucional. Asimismo, en de la Propiedad. Esto condujo a que la relación con el derecho a la propiedad, Corte reconoció Constitucional realice Corte No. establece diligencia la y que respaldar titularidad de las con los importantes observaciones sobre el accionantes y determinó que tales asunto: autoridades están en la obligación de “Se llama la atención a la respetar y garantizar ese derecho, autoridad indígena, así como a incluso si determinadas prácticas, su defensa técnica, por la falta “como la compraventa de un bien de diligencia en entregar a la comunitario Corte información que acredite pertinente y para un fin distinto a sus afirmaciones, a pesar de actividades comunitarias” (2024, p. haberse a 28), no están constitucionalmente hacerlo durante la audiencia de permitidas. Por ende, las autoridades Pleno. Además, se recuerda a no podían anular el documento en la cuestión comprometido autoridad indígena sin sin la autorización reparar el daño accionada su obligación de ocasionado. Finalmente, entre otras asegurarse, en todo conflicto disposiciones, la Corte otorgó un plazo interno que conozca y resuelva, de 90 días a la Asamblea General — que las personas que puedan UOCAIP— para llevar a cabo una ser nueva audiencia, con la participación afectadas por sus decisiones tengan la posibilidad de de participar de los espacios interesados, con el propósito de donde se toman las decisiones subsanar el daño causado. que En la sentencia No. 11-22-EI/24, la podrían defender sus afectarlas, y derechos” los Corte accionantes Constitucional y del terceros Ecuador 46 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 (Sentencia DESAFIOS JURIDICOS 2026 de la Asamblea General declararon �la no segundo nivel como apelación, ya que establece un listado específico de las competencias varían según sus materias deba normas y tradiciones. Un ejemplo de ejercerse la justicia indígena, por lo ello es que las autoridades de primer tanto, su administración no puede ser nivel restringida. Además, la Corte destacó recurrir a las del segundo nivel — la importancia de analizar cada caso compuesto por varias comunas y concreto la comunidades indígenas con base en competencia de la autoridad indígena, su derecho a la autodeterminación— bajo el principio de interpretación para garantizar decisiones imparciales intercultural, y tomando en cuenta los y justas. Esta dinámica no supone una parámetros establecidos previamente jerarquización similar a la de la justicia en su jurisprudencia (Sentencia No. ordinaria, 11-22-EI/24, 2024). Por otro lado, en la principios propios de organización y sentencia No. 2-22-EI/25, la Corte coherencia con sus costumbres. precisó aspectos relacionados con las Posteriormente, en la sentencia No. facultades las 384-20-JH/25, como parte del proceso comunidades indígenas en diferentes de selección de decisiones para niveles, basándose en sus estatutos y establecer jurisprudencia vinculante y costumbres reconocidos precedentes aplicables a todos —erga constitucionalmente. En omnes—, la Corte determinó que el sobre Constitución las para cuales determinar jurisdiccionales de este —la Comunidad— sino que responde habeas perspectiva intercultural para el caso garantía jurisdiccional que permite concreto, no sería plausible asumir restituir que circunstancias, conocimiento de las la constituye a contexto, señaló que “Desde una el corpus pueden libertad, de entre una una otras persona controversias internas deba seguir un indígena cuando su detención resulta orden semejante al establecido en la de una medida cautelar como la justicia ordinaria” (2025, p. 17). Esto prisión preventiva dictada en un significa que en el ámbito de justicia proceso penal. Esto concuerda con el indígena no es obligatorio activar un aspecto fáctico de un procedimiento primer nivel para luego recurrir a un de justicia indígena en el que dicha 47 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 que DESAFIOS JURIDICOS 2026 aclaró �infringiendo así el principio de non bis la prisión preventiva, de la in idem (Sentencia No. 384-20-JH/25, autoridad indígena que habría 2025). En este escenario, el juez resuelto el conflicto interno en responsable del habeas corpus debe la comunidad y del accionante”. analizar lo siguiente: (2025, pp. 38-9) “(i) indicios que presente el Con base en los cuatro aspectos accionante su previamente mencionados, el juez o o jueza tiene la responsabilidad de pertenecía respecto a un nacionalidad indicios a pueblo indígena; que (ii) si la detención resulta el arbitraria debido a incumplimientos o la vulneraciones de las garantías del existencia de una resolución de debido proceso. Entre estas garantías justicia lo se encuentra la establecida en el literal involucre; (iii) indicios respecto i, numeral 7 del artículo 76 de la a la similitud entre los hechos Constitución de la República del perseguidos en la causa penal Ecuador (CRE), que protege a las seguida contra el accionante y personas de ser juzgadas más de una los hechos analizados en la vez por la misma causa. Es importante resolución de justicia indígena; aclarar que la resolución de un habeas y, (iv) evidencia de que el juez corpus no tiene carácter vinculante “la penal verificación de la competencia de las accionante presente evaluar respecto indígena dio a que oportunidad al accionante y a sus autoridades autoridades indígenas la determinación sobre la existencia de competencia cosa juzgada o la configuración de los conforme la ley. Para el efecto, requisitos legales para la declinación en la audiencia de habeas de competencia” (2025, p. 39), ni corpus, el juez deberá convocar tampoco para la situación jurídica del y contar con la participación: del procesado en el proceso penal. declinación de de solicitar judiciales, ni la agente fiscal que investiga el hecho punible en el proceso 48 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 penal, del juez penal que dictó DESAFIOS JURIDICOS 2026 persona ya ha sido sancionada, �Luego del desarrollo de todo este trabajo, se reafirma el pluralismo jurídico y la jurisdicción indígena, ya que las sentencias que se han analizado a lo largo del presente artículo han reiterado sus argumentos en pro del reconocimiento de la jurisdicción indígena con las características de establecerse como un sistema autónomo en la figura del Estado constitucional de derechos, que reconoce cuestiones como la En ese mismo sentido, la Corte Constitucional del Ecuador, dentro de su rol ha establecido criterios que nos sirven para la tramitación de casos competencias declinación y su de regulación, principalmente en cuanto a su ámbito territorial. Esto faculta a que se asegure que la justicia indígena se aplique, garantizando el pluralismo jurídico que se ha plasmado en la en los instrumentos de derechos internacionales humanos, con especial énfasis en los delitos en contra de la vida, conforme ha indicado la Corte Constitucional en varias de sus pronunciamientos. En ese mismo sentido, la Corte Constitucional, ha precisado el procedimiento para la declinación de competencias, por ejemplo, indicando que la justicia ordinaria debe verificar, mediando la petición de una autoridad justicia indígena en curso y que el mismo es pertinente, situación que debe ser demostrada. No obstante, también se debe verificar lo dispuesto por las resoluciones del Consejo de la Judicatura de Ecuador sobre el tema. Posiblemente nos encontremos frente a un desafío de coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, lo que con el estudio de la jurisprudencia, ha generado tensiones y conflictos de competencia, haciendo misma. De igual forma, del trabajo en general, podemos entender que el límite a la aplicación de la justicia indígena es la plena vigencia de los derechos que se encuentran y indígena, que existe un proceso de multiculturalidad y plurinacionalidad. relacionados Ecuador reconocidos en la crucial que se desarrollen varios mecanismos para que exista una coordinación interjurisdiccional, situación que a la vez que erige como un reto y un desafío de esta. 49 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Constitución de la República del DESAFIOS JURIDICOS 2026 Conclusiones �Añazco Aguilar, N. S. (2020). Aproximaciones sobre pluralismo jurídico y la justicia indígena en el derecho constitucional ecuatoriano: análisis a partir de la regla jurisprudencial contenida en la sentencia No. 113-14-SEP-CC, caso “La Cocha 2”. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador. Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Ecuador. Asamblea Nacional. (22 de 10 de 2009). 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NULLIUS: �Sentencia No. 004-14-SCN-CC, Caso No. 0072-14-CN (Corte Constitucional del Ecuador 06 de agosto de 2014). Sentencia No. 004-15-SCN-CC, Caso No. 0519-12-CN (Corte Constitucional del Ecuador 08 de abril de 2015). Sentencia No. 008-15-SCN-CC, Casos No. 0005-11-CN, 0058-11-CN, 0021-12-CN y 000313-CN (Corte Constitucional del Ecuador 05 de agosto de 2015). Sentencia No. 057-15-SEP-CC, Caso No. 0825-13-EP (Corte Constitucional del Ecuador 04 de marzo de 2015). Sentencia No. 057-15-SEP-CC, Caso No. 1914-11-EP (Corte Constitucional del Ecuador 15 de junio de 2016). Sentencia No. 077-16-SEP-CC, Caso No. 0200-14-EP (Corte Constitucional del Ecuador 09 de marzo de 2016). Sentencia No. 101-17-SEP-CC, Caso No. 0166-14-EP (Corte Constitucional del Ecuador 12 de abril de 2017). Sentencia No. 112-14-JH/21, Caso No. 112-14-JH (Corte Constitucional del Ecuador 21 de julio de 2021). Sentencia No. 11-22-EI/24, Caso No. 11-22-EI (Corte Constitucional del Ecuador 24 de octubre de 2024). Sentencia No. 1-12-EI/21, Caso No. 1-12-EI (Corte Constitucional del Ecuador 17 de noviembre de 2021). Sentencia No. 113-14-SEP-CC, Caso No. 073 1-10-EP (Corte Constitucional del Ecuador 30 de julio de 2014). 52 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 06 de agosto de 2014). DESAFIOS JURIDICOS 2026 Sentencia No. 004-14-SCN-CC, Caso No. 0072-14-CN (Corte Constitucional del Ecuador �Sentencia No. 1494-15-EP/21, Caso No. 1494-15-EP (Corte Constitucional del Ecuador 22 de septiembre de 2021). Sentencia No. 1509-18-EP/23, Caso No. 1509-18-EP (Corte Constitucional del Ecuador 30 de agosto de 2023). Sentencia No. 2024-16-EP/21, Caso No. 2024-16-EP (Corte Constitucional del Ecuador 14 de abril de 2021). Sentencia No. 2-22-EI/25, Caso No. 2-22-EI (Corte Constitucional del Ecuador 09 de enero de 2025). Sentencia No. 256-13-EP/21, Caso No. 256-13-EP (Corte Constitucional del Ecuador 08 de diciembre de 2021). Sentencia No. 309-15-SEP-CC, Caso No. 0056-10-EP (Corte Constitucional del Ecuador 23 de septiembre de 2015). Sentencia No. 3-17-CN/19, Caso No. 3-17-CN (Corte Constitucional del Ecuador 09 de julio de 2019). Sentencia No. 319-15-SEP-CC, Caso No. 0958-09-EP (Corte Constitucional del Ecuador 30 de septiembre de 2015). Sentencia No. 3367-18-EP/23, Caso No. 3367-18-EP (Corte Constitucional del Ecuador 04 de mayo de 2023). Sentencia No. 357-15-EP/20, Caso No. 357-15-EP (Corte Constitucional del Ecuador 21 de octubre de 2020). 53 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 de julio de 2020). DESAFIOS JURIDICOS 2026 Sentencia No. 134-13-EP/20, Caso No. 134-13-EP (Corte Constitucional del Ecuador 22 �Sentencia No. 438-12-EP/20, Caso No. 438-12-EP (Corte Constitucional del Ecuador 07 de octubre de 2020). Sentencia No. 5-18-EI/24, Caso No. 5-18-EI (Corte Constitucional del Ecuador 12 de septiembre de 2024). Viteri Thompson, M. (2025). Interpretación intercultural en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Ecuador. Revista Uniandes Episteme, Vol. 12(Núm. 2), 296–317. Obtenido de https://doi.org/10.61154/rue.v12i2.3888 Voto concurrente de la sentencia No. 1-12-EI/21, Caso No. 1-12-EI/21 (Corte Constitucional del Ecuador 17 de noviembre de 2021). 54 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 de julio de 2025). DESAFIOS JURIDICOS 2026 Sentencia No. 384-20-JH/25, Caso No. 384-20-JH (Corte Constitucional del Ecuador 24 �OMISIONES LEGISLATIVAS Y NORMAS DE EFICACIA LIMITADA EN LA CONSTITUCIÓN BRASILEÑA DE 1988. LEGISLATIVE OMISSIONS AND NORMS OF LIMITED EFFECTIVENESS IN THE BRAZILIAN CONSTITUTION OF 1988. Ovidio Macedo Oliveira Universidad de São Paulo https://orcid.org/0009-0009-4661-1687 ovidio_mo@hotmail.com Resumen: Este artículo analiza la falta de leyes reguladoras para las normas constitucionales que requieren la intervención del poder legislativo, buscando comprender las razones legales, históricas y políticas que dan lugar a esta omisión legislativa en la Constitución brasileña de 1988. Para el desarrollo del texto se utilizó el método hipotético-deductivo, con investigación bibliográfica y análisis documental. Se concluyó que los legisladores tienen la facultad discrecional de omitir la creación de leyes reguladoras y que, históricamente, el Congreso Nacional ha estado vinculado a una coyuntura política positivista contraria a los derechos sociales, que se remonta a la época de la Dictadura Militar (1964-1985). Palabras Clave: Constitución brasileña de 1988; Omisión legislativa; Eficacia de los derechos sociales Abstract: This article aims to analyze the absence of laws regulating constitutional norms that require legislative action, seeking to understand the legal, historical, and political factors resulting in legislative omission within the 1988 Brazilian Constitution. The hypothetical-deductive method was Como citar: 54 Macedo, O. (2026) Omisiones legislativas y normas de eficacia limitada en la Constitución Brasileña de 1988. Revista Desafíos Jurídicos, 6(11). https://doi.org/10.29105/dj6.11-212. 55-94 �legislation, and that, historically, the National Congress has been bound by a political climate— characterized by legal positivism and opposition to social rights—those dates back to the era of the Military Dictatorship (1964–1985). Keywords: Brazilian Constitution of 1988; Legislative Omission; Efficacy of Social Rights Introducción La cuestión investigada en esta El debate sobre la efectividad de las investigación fueron las razones que normas constitucionales aborda un dan lugar a la inercia legislativa ante problema un mandato constitucional, buscando clásico del derecho constitucional: el contraste entre su comprender contenido formal y material, es decir, constitucional en sí mismo —si existe el conflicto entre sus disposiciones y obligación legislativa por parte del su aplicación efectiva, entre su teoría legislador— y posteriormente qué y su efecto práctico. Este problema aspectos encuentra apoyo en la denominada influyen en la inercia legislativa en la inercia legislativa, caracterizada por práctica, así como analizar la actual la omisión del poder legislativo ante falta un mandato constitucional que exige constitucionales específicas. El tema específicamente Las es relevante para el debate social y que jurídico sobre la efectividad práctica requieren legislación posterior para de las normas constitucionales, dado su efectividad son caracterizadas por que Brasil es un país con gran José Afonso da Silva (2004) como desigualdad social y deficiencias en la normas de efectividad limitada, y en aplicación práctica de sus textos treinta y cinco años de la Constitución legales, lo que genera un sentimiento Federal de 1988, numerosas normas de permanecen sin regulación legal y, Constitución y el sistema jurídico en por su conjunto, e impide el ejercicio normas constitucionales consiguiente, práctica. legislación. sin efectividad de primero históricos regulación insatisfacción efectivo de los el y de social mandato políticos normas con derechos la ya 56 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 analysis. It was concluded that legislators possess the discretion to refrain from enacting regulatory DESAFIOS JURIDICOS 2026 employed in the development of this text, supported by bibliographic research and documentary �consagrados en el texto constitucional. El constitucional. Además, se contó con el apoyo del análisis de disposiciones objetivo central investigación fue de esta desarrollar un constitucionales decisiones judiciales y encuestas estudio que analizara la falta de leyes realizadas reguladoras Diputados para las normas específicas, por y la los Cámara de organismos de constitucionales que requieren la investigación intervención del poder legislativo, Interuniversitario de Estadística y buscando comprender las razones Estudios Socioeconómicos (DIEESE) legales, históricas y políticas que dan y SmartLab. Asimismo, se utilizó lugar a esta omisión legislativa. Como como eje central el concepto de objetivos específicos, buscó normas de eficacia limitada, basado describir cómo Constitución en la teoría del profesor José Afonso se la Federal de 1988 consagró normas de Departamento da Silva. efectividad limitada en relación con el mandato constitucional y su carácter vinculante, así como analizar la historia de la transición democrática brasileña a la luz de la coyuntura política establecida en ese momento, y delimitar constitucionales las normas vigentes que Para la elaboración del texto, se el método deductivo, mediante cualitativo combinado hipotéticoun enfoque con una investigación bibliográfica centrada en la contribución teórica de trabajos científicos previos sobre el tema, así como en doctrinas del secciones. En la primera, se introdujo el problema de la eficacia de las normas constitucionales y las discusiones doctrinales al respecto. Se presentó el concepto de normas de eficacia limitada y se analizó la obligación de legislar. Finalmente, se carecen de una ley reguladora. empleó El trabajo se estructuró en tres derecho abordó el número de normas constitucionales que aún no están reguladas, a través de una encuesta realizada por la Cámara de Diputados. En la segunda sesión, se exploraron estudios en el campo de la filosofía del derecho para abordar la influencia del positivismo jurídico, con el fin de resaltar la materialidad del 57 �codificada. Este aspecto material se de ley y poseen contenido social: la dividió en tres partes: el aspecto huelga en el servicio público; la histórico, protección del trabajador frente a la la voluntad política establecida y el derecho en su automatización; aplicación. Se analizó la historia de la adicional por actividades arduas; la falta de efectividad de los derechos expropiación de tierras con mano de sociales en el mundo y en Brasil, obra esclava; y la prohibición del demostrando de despido implementar estos derechos durante sindical. la la dificultad transición Posteriormente, arbitrario remuneración del dirigente democrática. se demostró la persistencia de fuerzas vinculadas al período militar durante la transición democrática en Brasil, resaltando la correlación de fuerzas a través de un análisis de la situación política de los partidos políticos en el Congreso 1. La Constitución Federal de 1988 y las normas de eficacia limitada En Brasil, el debate sobre la eficacia de la Constitución Federal suele adoptar una forma crítica, señalando el contraste entre la idea de justicia social expresada en el texto y las injusticias que se materializan en la Nacional. En aquel momento, se abordaron los derechos la con efectividad social práctica y cómo estos pueden impedir la realización de otros, resaltando la consagración discrecionalidad del principio legislativa de y el principio de reserva de lo posible en el ordenamiento jurídico brasileño. En la tercera sesión, el enfoque se centró en los derechos sociales y cómo estos se ven perjudicados por la falta de regulación, presentando cinco realidad social. Este contraste refleja el problema entre forma y eficacia presente en el Derecho Constitucional. Esto no podría ser de otra manera si consideramos que el constitucionalismo, en su dimensión histórica, tanto en Brasil como en el mundo, ha lidiado con el conflicto constante políticos entre y los aspectos jurídicos de la Constitución, así como entre su contenido formal y material. Por lo tanto, se han consolidado en 58 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 normas constitucionales que carecen DESAFIOS JURIDICOS 2026 derecho más allá de la norma �eficacia y aplicabilidad de las normas medida constitucionales, para conformidad con la ley", esta ley comprender las razones que dan debería —o al menos aparenta— lugar a la disonancia entre el crearse para instituir la medida programa la constitucionalmente prevista. Por lo Constitución Federal y el contexto tanto, si no existe una ley, y por ende social brasileño, ayudándonos a no hay garantía de que la medida entender algunas de las razones de constitucional la distancia entre la «letra de la ley» expresión de dicha norma en el texto y su práctica. constitucional resulta insuficiente y Específicamente entre las normas no vinculante, lo que puede generar constitucionales, una sensación de ineficiencia en esenciales propuesto por aquellas que debe se requieren la acción posterior del relación Poder Legislativo para la elaboración normativo brasileño. de En leyes que garanticen su este con adoptarse todo punto, "de adopte, el la la sistema aparente aplicación efectiva, cobran especial contradicción en la existencia de una relevancia en este debate, sobre norma que el Estado podría no todo cuando se prevén desde la cumplir plenamente merece especial promulgación de la Constitución, atención. Esto se debe a que el pero mandato ni siquiera se presentan insertado por el proyectos de ley en el Congreso constituyente original para activar el Nacional y poder legislativo puede entenderse práctica, como una obligación impuesta al evidenciando así la brecha entre la legislador, pero también como una teoría y la realidad. facultad. Por lo tanto, es necesario para consiguiente En estas su regulación efectividad situaciones, resulta diferenciar entre dos hipótesis: el imperativo cuestionar la legitimidad deber de del carácter programático de las plenamente la Constitución Federal, normas, a en contraposición a la facultad de primera vista, cuando la Constitución legislar en relación con hipótesis considerando que, legislar para integrar 59 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 establece expresamente que una DESAFIOS JURIDICOS 2026 el país estudios doctrinales sobre la �una obligación o deber al legislador segunda fase de las constituciones (Leite, 2020). liberales Asimismo, la construcción histórica carácter del constitucionalismo y el desarrollo naturaleza de transformando las constituciones nos han que estas jurídico y adquieren pierden meramente los su política, derechos conducido hasta aquí, con un vínculo enunciados en derechos positivos y íntimo entre el problema de la exigibles. Este proceso resulta del naturaleza y la eficacia de las hecho de que dichas constituciones normas la se centraron únicamente en regular contenido el poder estatal y los derechos doctrinal de las constituciones. Al individuales, sin regular la sociedad concebirlas misma en su ámbito material. constitucionales determinación del en su y dimensión histórica, es posible comprender sus Con la llegada de instintos y propósitos (Bonavides, desafiaban el credo político de la 2020). sociedad burguesa, ideas que que hasta entonces ostentaba el monopolio 1.1 la eficacia de las normas constitucionales constitucional, del derecho Bonavides (2020) observa que el surgimiento de las primeras declaraciones de derechos —que sentarían las bases para su posterior desarrollo en forma de constituciones— se produce con un carácter meramente político formal, constituyendo un y simple conjunto de principios generales y abstractos, de los principios consagrados en las constituciones, Tomando como objeto la evolución histórico-política ideológico desprovistos de la inestabilidad y el compromiso marcaron el surgimiento constitucionalismo del social, que buscaba formas de equilibrio y transacción en la ideología del Estado social. constitucionalismo Este introdujo por primera vez derechos relativos a las relaciones de producción, el trabajo, la educación, seguridad la social cultura y la —derechos sociales—, si bien insertados en naturaleza jurídica. Es solo durante 60 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 la consolidación de la denominada DESAFIOS JURIDICOS 2026 constitucionales que no imponen �declaraciones con obstáculos mucho primeras clasificaciones brasileñas mayores para su aplicación que los (Leite, 2020). antiguos individuales Sin embargo, en Brasil, la historia del liberales. De este modo, al intentar debate sobre la disparidad entre la abarcar toda la esfera material de la forma de la constitución y la realidad sociedad, las constituciones sociales social se remonta al siglo XIX, a la sufrieron un declive en su grado de Constitución Imperial de 1824. José jurídicalidad, que se reflejó en la Antonio programáticaidad, publicista de la época, escribe: derechos los postulados Pimenta Bueno (1857), abstractos y las tesis doctrinales. En efecto, la constitución en sí (Bonavides, 2020). misma no es más que un Así pues, cabe señalar que la símbolo controversia halagadoras. Es el grandioso en programáticaidad torno a de la las de frontispicio esperanzas del edificio constituciones es un tema recurrente representativo, que, para no a lo largo de su historia, con una gran ser influencia en la génesis de las aislada, exige sus pilares de constituciones y, posteriormente, en seguridad, el constitucionalismo social. interiores, que salvaguardan El problema de la naturaleza jurídica los de la norma frente a su naturaleza individuales, que sirven como programática ha sido objeto de talleres de prosperidad social. debate desde la primera fase del […] Por eso, la libertad y el constitucionalismo liberal, cuando bienestar los dependen esencialmente de estadounidenses constitucionalistas realizaron las leyes una mera decoración sus derechos de espacios públicos un pueblo reguladoras del e bien primeras clasificaciones de normas ejecutadas, desarrollo constitucionales, que posteriormente práctico de su constitución; de tuvieron importantes repercusiones lo contrario, solo tendrán el teóricas en Brasil, a través de Rui derecho a ser felices, pero no Barbosa, quien llevó a cabo las la felicidad, y el hecho es mejor 61 �¿De qué sirve o valor una primeros juristas promesa formular su amplia constitucional libertad de personal o industrial, de asociación o de prensa, si las leyes reguladoras correspondientes, o en su ausencia los actos de la administración frustran estas predicciones (Bueno, 1857, pp. 45-46, citado por Leite, 2020, pp. 42-43)? brasileños propia en clasificación autónoma de normas constitucionales fue el profesor José Afonso da Silva. Para Silva (2008), la Constitución de 1988 se ajusta al concepto de constitución orientadora, ya que está dirigida a fines y programas de acción futura en el sentido de una orientación democrática. Así, las conciliaciones entre los logros liberales y la Así, al percibir la incongruencia entre evolución política del contenido social el texto legal y la realidad material, hacen que la redacción de las normas en un país con contradicciones sea muy imprecisa, comprometiendo arraigadas su en sus documentos efectividad políticos desde el siglo XIX, la inmediata, sociedad medidas brasileña se ha y dado aplicabilidad que adicionales requiere para surtir preocupado durante mucho tiempo efecto. Sin embargo, considera que por la efectividad de las normas no existen normas constitucionales constitucionales, dado que un texto de mero valor moral; un principio constitucional insertado en una Constitución rígida desprovisto de efectividad normativa es inútil (Leite, adquiere una dimensión jurídica, 2020) incluso aquellos de carácter más ideológico-programático, y, por lo 1.1.1 Clasificación de José Afonso tanto, no existe ninguna norma da Silva constitucional En Brasil, varios autores en el campo efectividad. del derecho constitucional se han Sin embargo, el autor señala dos centrado en clasificar las normas significados constitucionales según criterios de efectividad: (a) efectividad social, que desprovista para la de palabra 62 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 efectividad y aplicabilidad. Uno de los DESAFIOS JURIDICOS 2026 que el mero derecho. �obedecida y aplicada, es decir, a la 2008). conducta humana efectiva; y (b) efectividad jurídica, que se expresa en la capacidad/potencial de producir, en mayor o menor grado, efectos legales. Así, incluso si toda norma constitucional posee un mínimo de efectividad jurídica, posibilidad de que existe la carezca de efectividad social, es decir, que no se manifieste en la práctica de la realidad social brasileña. Si bien toda norma posee efectividad, lo que las diferencia es el grado de sus efectos Es en este contexto que crea su propia clasificación de normas constitucionales en cuanto a su efectividad, considerándolas en función de una triple característica y distinguiéndolas en tres categorías: normas de plena efectividad; normas de efectividad contenida; y normas de efectividad limitada. Estas últimas disposiciones constituyen el objeto de la presente investigación, en la que se definen como: jurídicos (Silva, 2008). “todas Así, al analizar las primeras corrientes en vigor, no producen todos doctrinales en Estados Unidos y sus efectos esenciales, porque posteriormente en Silva el legislador constituyente, por concluye las constituciones la razón que sea, no estableció prevén un determinado tipo de norma la reglamentación suficiente al que respecto, dejando esta tarea al que debe desarrollada ser y Italia, debidamente aplicada por el aquellas que, al entrar legislador ordinario o a otro legislador ordinario; reglas que no órgano pueden ni deben entrar en los detalles 2004, págs. 82-83). del Estado” (Silva, de su aplicación, y que, por lo tanto, su efectividad no se manifiesta en la 1.1.2 Obligación de legislar: ¿deber plenitud de los efectos jurídicos o potestad? previstos por el constituyente hasta Silva (2004), además de clasificar las que se emite una norma jurídica normas ejecutiva ordinaria o complementaria, aborda el problema de la naturaleza constitucionales, también 63 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 según lo previsto o requerido (Silva, DESAFIOS JURIDICOS 2026 se refiere a la norma efectivamente �impuesta al legislador de emitir sanción específica en caso de tal normas integradoras, es decir, hasta omisión. qué punto un mandato constitucional Sin embargo, esto no impide que las puede o no limitar al legislador a sentencias emitidas por el poder legislar. De este modo, se señala que, judicial, que reconocen la omisión en virtud del párrafo 2 del artículo 103 constitucional, de la Constitución de 1988, la omisión inmediatamente legislativa constituye una conducta normativamente inconstitucional, sujeta a revisión y omitido, para que tengan validez con control judicial: efectos jurídicos hasta que se cumpla resuelvan la sobre cuestión el asunto «§2. Cuando se declare la la omisión legislativa. En palabras del inconstitucionalidad por profesor: «Con esto se reconciliarían omisión de una medida para el principio político de la autonomía hacer norma del legislador y la exigencia del constitucional, se notificará al cumplimiento efectivo de las normas Poder competente para que constitucionales» (Silva, 2013, p. 51). adopte las medidas necesarias Por lo tanto, el poder judicial, al tener [...]» (Silva, 2004, p. 129). la legitimidad para llenar el vacío efectiva una Por lo tanto, existe la obligación de dejado por el Congreso Nacional, legislar, pero dado que constituye una puede constituir una de las vías mera notificación dirigida al poder susceptibles legislativo, puede resultar ineficaz, normativa. considerando que establecidos en de integración los términos Las sentencias capaces de llenar el este artículo vacío legislativo son las que resultan consagran intacto el principio de de discrecionalidad legislativa, el cual, vigentes en la Constitución Federal: la expresado del acción directa de inconstitucionalidad órgano legislativo, le permite omitir un por omisión, materializada en el mandato artículo 103, caput y §2 citados en la autonomía constitucional, precisamente como consecuencia de dos instrumentos anteriormente; y el normativos auto de 64 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 que dicho mandato no prevé ninguna DESAFIOS JURIDICOS 2026 de la obligación constitucionalmente �incomparecencia, previsto el Sucede que la limitada eficacia de artículo 5, LXXI. Estas dos garantías estas normas sigue siendo limitada constitucionales se configuran como incluso cuando se adquieren efectos medios jurídico-institucionales para la prácticos mediante una sentencia supresión de la omisión legislativa judicial, frente a un mandato constitucional, jerárquica entre la normatividad de que, no obstante, resultan en la una decisión judicial y la de una ley, declaración del deber. Se demuestra así como a la falta de legitimidad que las facultades para legislar son social de una decisión del Tribunal insuficientes porque constituyen mero Supremo. conocimiento normativa, dado que la función, a para el en poder debido a la Federal disparidad con fuerza legislativo. (Leite, 2020). priori, del tribunal no sería «legislar» Así pues, se concluye que el mandato en lugar del Congreso Nacional, tema constitucional pretende obligar al que Leite (2020, p. 15) aborda, por legislador a actuar, a la vez que le ejemplo, permite «fenómenos de la judicialización de la abstenerse de intentando hacerlo, consagrar simultáneamente el principio de como política, parte la de los interpretación constitucional, el activismo judicial y autonomía legislativa y la separación sus límites». de poderes con la exigencia del En resumen, si bien debe respetarse cumplimiento efectivo y la integración la separación de poderes y la de las normas constitucionales. De autonomía legislativa, la Constitución este modo, el mandato constitucional Federal, al hacerlo, obstaculiza un se reviste de normatividad jurídica e objetivo intrínsecamente contenido en incluso sí misma: la caracterización de su puede generar efectos jurídicos prácticos —mediante una normatividad, sentencia con fuerza normativa—, efectividad y su materialización en la pero objetivo sociedad brasileña. De tal manera declarado: revestirse de normatividad que, al respetar ciertos principios jurídica contenidos no alcanza a legislativo. través su del proceso en coercitividad, su ordenamiento jurídico, no logra implementar los 65 �por el poder constituyente, un poder reguladas por ley, a pesar de su que, en palabras de Bulos (2021, p. importancia. 394), sería "[...]la máxima expresión encuentran 7 derechos y deberes del fenómeno político del poder. Su individuales y colectivos previstos en importancia es tal que, si no existiera, el Artículo 5 (ítems VI, XV, XVIII, no por XXXVIII, XLVI, LI y LXI) y otros 6 consiguiente, no habría ordenamiento derechos previstos en el capítulo jurídico. Por lo tanto, existe un sobre derechos sociales (Artículo 6, compromiso sustancial asumido por párrafo único; Artículo 7, ítems I, XXIII la Constitución, en relación con su y XXVII; y Artículo 8, ítems IV y VII). efectividad, pueda Además, el Título VIII – Orden Social, garantizar el orden constitucional y contiene un total de 22 disposiciones los principios ya consolidados. que aún no se han regulado. habría constitución para y, que Así 1.1 Treinta y cinco años de la Constitución Federal: ejemplos de inercia legislativa de Diputados (2024), existen 199 actualmente disposiciones constitucionales no reguladas en Brasil, de las cuales 94 cuentan con propuestas presentadas en la Cámara de Diputados y 105 no han sido objeto de propuestas en el órgano legislativo. considerando se que la Constitución buscó abordar tanto la cuestión de su implementación títulos que subdividen el cuerpo de la Constitución Federal, el Título II – Fundamentales garantizan la autonomía del legislador para guardar silencio, como se mencionó anteriormente, se concluye que un aspecto importante en el análisis de la efectividad de las normas constitucionales es la voluntad política del legislador, ya que si las garantías constitucionales para la integración normativa a través del La encuesta revela que, entre los Derechos estos práctica como los principios que Según una encuesta realizada por la Cámara pues, Entre y poder judicial son insuficientes, entonces, en última instancia, solo el poder legislativo podrá otorgar efectividad normativa legal y, por Garantías (Artículos 5-17) cuenta 66 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 actualmente con 15 disposiciones no DESAFIOS JURIDICOS 2026 mandatos construidos y promulgados �La ley complementaria a la que se derechos, sin descuidar la influencia refiere la norma aún no ha sido ejercida ejecutivo aprobada por el Congreso Nacional y, mediante la propuesta de proyectos por lo tanto, el derecho a una relación de ley y medidas provisionales. laboral protegida contra el despido De aspecto arbitrario o injustificado carece de una importante es el contenido político de regulación infraconstitucional sólida. las normas no reguladas, que resulta Es fundamental para comprender por frecuencia con que se producen qué estas, en concreto, no han sido casos de despido arbitrario y a las reguladas, a pesar de que han necesidades materiales de la clase transcurrido trabajadora, la norma se regula este el poder modo, 35 a otro años desde la evidente que, debido provisionalmente que muchas otras normas ya se han Disposiciones incorporado normativamente a la ley Transitorias (ADCT), en su artículo (281 10, encabezado y cláusulas: ya reguladas según datos de la Cámara). Como ejemplo, Ley de Constitucionales Artículo 10. Hasta que se promulgue la norma expresada en el apartado I del complementaria a artículo 7 de la Constitución Federal: refiere el artículo 7, inciso I, de Artículo la Constitución Federal: 7. Los consideremos la la promulgación de la Constitución y de disposiciones en a siguientes la son ley que se derechos de los trabajadores urbanos I - La protección a que se y rurales, además de otros destinados refiere se limita a mejorar su condición social: incremento, hasta I - Relación laboral protegida contra el veces, del porcentaje previsto despido arbitrario o injustificado, en en el artículo 6, encabezado y virtud de una ley complementaria que § 1, de la Ley N° 5.107, de 13 prevea, entre otros derechos, la de septiembre de 1966; indemnización compensatoria. II - Se prohíbe el despido la arbitrario o sin justa causa [...] (Constitución de República a un cuatro Federativa de Brasil, 1988). 67 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 ciertos por social DESAFIOS JURIDICOS 2026 consiguiente, �enumera los impuestos establecidos estrecha por voluntad la Unión, la Asamblea relación del con la legislador de Constituyente original se propuso actuar o no en favor de dicho crear un impuesto aplicable a las contenido, constituye causa de "grandes fortunas", reservando su omisión e inercia legislativa aplicación ante el mandato que exige la para una futura ley complementaria. Así, de los siete integración normativa impuestos que debería establecer la infraconstitucional. Unión, solo uno, el impuesto sobre las grandes fortunas, aún no se ha 2. El aspecto material del problema establecido y, por lo tanto, nunca se de la eficacia ha recaudado. Se trata también de un Se ha demostrado que, más allá de impuesto que, de instituirse, estaría una explicación basada en el análisis vinculado al Fondo para la Lucha y de la forma de la norma, existen otros Erradicación de la Pobreza, según el aspectos que influyen en el problema artículo 80 de la Ley de Disposiciones de Constitucionales constitucionales, como los aspectos (ADCT), Transitorias constituyendo así una la eficacia de las normas políticos mencionados anteriormente: redistribución directa de la renta: el contenido político de la norma y la Artículo 80. El Fondo para la Lucha y voluntad Erradicación estrechamente vinculados a aspectos de la Pobreza se del legislador, compone de: históricos. En otras palabras, para [...] encontrar las razones de la inercia III - los ingresos procedentes legislativa, es necesario ir más allá de de la recaudación del impuesto la mera discusión doctrinal sobre la a que se refiere el artículo 153, clasificación apartado constitucionales y profundizar en VII, de la de las normas Constitución; otros aspectos de lo que constituye el De este modo, se demuestra derecho. que el contenido político de las La idea de que el derecho no se limita 68 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 normas constitucionales, en su DESAFIOS JURIDICOS 2026 Con base en este artículo, que �jurídicas surge al el fenómeno jurídico se limita, positivismo jurídico presente en el por excelencia, únicamente a debate sobre la filosofía del derecho. la técnica jurídica. (Mascaro, En este sentido, Mascaro (2018) 2018, p. 327) de la crítica caracteriza la cosmovisión positivista Así, autores que se identifican con la jurídica como la más común en el cosmovisión pensamiento jurídico contemporáneo, comparten la idea de que el derecho resultado de la expresión inmediata se limita a la normatividad jurídica, del dominio burgués sobre el Estado, como Hans Kelsen: «el único objeto caracterizada por una visión que del convierte la acción jurídica en una norma» (Kelsen, 2011, p. 72); y acción Norberto técnica, desprovista de positivista conocimiento jurídica jurídico Bobbio: es la «[...]con la contenido más allá de la norma formación del Estado moderno, no misma. solo el derecho se convirtió en la [...] La filosofía burguesa del única fuente del derecho, sino que el derecho, el derecho legislativo estatal se convirtió positivismo en el único orden normativo, el único basada estatismo, el en jurídico y una cosmovisión sistema liberal, entiende el derecho comportamiento como una mera y continua sociedad;[...]» (Bobbio, 1995, p. 226). técnica Sin instrumentos para operar jurídicos. para regular humano embargo, las el en la perspectivas [...] positivistas no jurídicas dentro del Todo lo que sea mayor, más ámbito del derecho argumentan en amplio y abarcador que esta contra de la idea de que este se basa teoría general de las técnicas únicamente jurídicas es aborrecido como Estas no jurídico. Existe una aversión expresadas por autores como Carl al pensamiento jurídico que se Schmitt relaciona con la verdad social. explicaron la dinámica del derecho Para los pensadores de esta aportando concepciones que van más en normas jurídicas. perspectivas y Foucault, fueron quienes 69 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 gran corriente de pensamiento, DESAFIOS JURIDICOS 2026 a lo consagrado en las normas �Schmitt analiza que la ley emana del El pensamiento marxista, con Estado a través de su poder de respecto al derecho, no se decisión, y no solo a través del marco preocupa por comprender la legal estandarizado (Mascaro, 2018, estructura que lo legitima, sino p. la que busca comprenderlo en su materialización de la ley en la realidad manifestación concreta. Marx social, la decisión de quien está en el supera el dogmatismo jurídico poder importa más que el aparato normativo para adentrarse en legal en sí. Por otro lado, Foucault la analiza que existen poderes no materialismo histórico. Si bien atestiguados el 418), por por lo que, la en norma que historicidad, en positivismo jurídico influyen en el ámbito jurídico al fundamenta imponer relaciones de dominación y estudio en el derecho positivo, sujeción, y, por lo tanto, es necesario originado buscar el derecho analizando esta reducido a él, la lectura del dinámica de imposición, a la que derecho denomina la microfísica del poder perspectiva no positivista y (Mascaro, 2018, p. 436). marxista amplía su campo de Además, más allá de las perspectivas estudio y comprensión más puramente no positivistas, existen allá de esta frontera limitante, visiones críticas del derecho, basadas reduccionista y conservadora en el pensamiento marxista, que no (Sperandio, 2020, p. 60). se centran en comprender la Mascaro, en seguidor su el el campo Estado desde de de y una la teoría estructura que legitima el derecho, jurídica crítica, define la forma política sino su como «la reproducción de un conjunto concreta, de relaciones externas a la forma trascendiendo la norma positivizada y estatal misma que le confieren dicha enfocándose condición» (Mascaro, 2013, p. 26). Es en comprenderlo manifestación en en comprender la materialidad en la que se manifiesta. decir, entiende que, más allá de la institucionalidad, las normas y la 70 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Así pues: DESAFIOS JURIDICOS 2026 allá de la técnica legislativa. �emanan del tejido social, y estas son poderes establecidos y un orden las que, de hecho, definen la forma imperante política, incluido el derecho. mantener. Por lo tanto, resulta evidente que En este sentido, la Constitución existe un elemento de materialidad en Federal el derecho, un elemento que se considera explica a través de teorías no Estado Social (Bonavides, 2021, p. positivistas e incluso de la teoría 379), crítica. Deduciremos entonces que positivas del Estado para garantizar esta materialidad es lo que se sus derechos fundamentales, entre expresa en la realidad, lo que se los que se incluyen no solo la lista de materializa en la sociedad más allá de derechos la letra de la ley, resultado de (propiedad, libertad, igualdad formal, aspectos como la decisión de un líder, etc.), sino también los derechos las relaciones de poder invisibles o sociales (del trabajador, asistencia incluso la lucha de clases. social, salud, educación). Para analizar el problema de la Sin eficacia normas surgimiento de los derechos sociales constitucionales, es necesario mirar que ahora se incluyen en nuestro más allá… texto constitucional como derechos de las que se Brasileña es una decir, pretendía de Constitución prevé liberales embargo, 1988 la se del acciones clásicos historia del fundamentales es producto de la 2.1 El aspecto histórico de la consolidación de los derechos sociales Desde una perspectiva histórica, el problema de la efectividad de las normas constitucionales adquiere un carácter político, ya que los derechos sociales no se garantizaban de la misma manera que los derechos sociedad industrial y, por lo tanto, está marcada por conflictos, un contenido dinámico, pluralismo y la tensión entre igualdad y libertad. Esto dio lugar a cartas políticas repletas de contenido programático que, al prever la acción encontraron positiva del limitaciones Estado, en su ejecución. En este sentido, Bonavides liberales, dado que en la transición al 71 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 constitucionalismo social ya existían DESAFIOS JURIDICOS 2026 formalidad, existen relaciones que �derechos como 385) comenta: sociales bien «Los jurídica de su adversario e fundamentales, intentó utilizarla en contra de la señaló Leibholz, burguesía (Engels, Kautsky, pertenecían al ámbito de los derechos 2012, p. 19). que el Estado “concede” (gewährt) A medida que el constitucionalismo pero no “garantiza” (gewährleistet)». social Las limitaciones en la ejecución de consolidaba, el carácter programático ciertos derechos en relación con otros de las cartas constitucionales también caracterizan la se acentuaba. Los nuevos derechos un se imbuían de un aspecto positivista y problema político, dado que los formal. Se enunciaban, pero no se derechos sociales tenían limitaciones garantizaban en contenidos en la norma, pero no en la eficacia su porque el problema constitucional realización eran de como precisamente derechos que ganaba terreno realmente; y se estaban materialidad de la vida social. antagonizaban la posición ideológica La inclusión de los derechos sociales preestablecida, a saber, la posición en las normas programáticas se liberal, y que se intentaban alcanzar caracterizó como un compromiso mediante ya entre el orden existente y las nuevas establecidos por el constitucionalismo presiones sociales, buscando formas liberal. de equilibrio entre las ideologías que Engels y Kautsky (2012), destacados ahora convergían en un Estado de teóricos que influyeron en los logros derecho social: los instrumentos de los derechos sociales, ya lo “La inestabilidad y el atestiguaron en 1887: compromiso, por el contrario, Así como la burguesía, en su marcan el constitucionalismo lucha social contra la nobleza, desde sus inicios, arrastró durante un tiempo la fragilizando los fundamentos concepción de las Constituciones, que, tradicional teológica del el desde el primer periodo de proletariado también recibió posguerra del siglo XX, buscan inicialmente formas la mundo, concepción de equilibrio y 72 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 p. DESAFIOS JURIDICOS 2026 (2021, �Estado capitalista» (SPERANDIO, 2020). social. La tregua en este caso, el constitucional en medio del Así pues, resulta evidente que el uso conflicto ideológico se logró de una visión positivista puramente únicamente jurídica gracias fórmulas a las también sirvió como programáticas mecanismo para mantener el orden introducidas en los textos de existente, mediante un compromiso las con Constituciones [...]” (Bonavides, 2020, p. 236). las expresado demandas en la sociales, promesa de garantizar los derechos sociales en En otras palabras, la forma en que se codificaron los derechos sociales sirvió como una especie de «tregua» ideológica entre jurídicas dos ideologías antagónicas, una preestablecida y otra nueva, en la que la forma jurídica, expresada en sí misma, sin efectividad práctica, sirvió de máscara para los problemas que se pretendían resolver. declaraciones se precisamente con Estas encubrieron una noción positivista del derecho para que los sentimientos de clase antagónicos se sintieran igualados por la normatividad jurídica y, por lo tanto, igualados en la realidad: «Da la falsa impresión de igualdad. Falsa, porque no es más que una igualdad formal. En esencia, existe una sujeción del sujeto trabajador en relación con el algún momento futuro, pero no de inmediato. El caso de Brasil no fue diferente; en su camino hacia la consolidación del constitucionalismo mediante social, lo promesas hizo futuras expresadas en normas de eficacia limitada, en un contexto social en el que la sociedad brasileña clamaba por el progreso social, pero se encontraba históricamente situada en un período posdictatorial. En este nuevo camino, los poderes que guiaban el antiguo orden también disputaron el nuevo orden y, por lo tanto, influyeron directamente en el proceso constituyente para garantizar. En este sentido, según Codato (2005, p. 83): [...] es necesario destacar las sujeto propietario de los medios de 73 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 producción, DESAFIOS JURIDICOS 2026 transacción en la ideología del �e una ofensiva de la oposición. Así, el ideológicas que rigieron el periodo de transición a la democracia proceso de construcción de la (de 1974 a 1989) se prolongó más democracia política en Brasil que el propio régimen militar (1964- durante la última década. La 1974), historia reciente constituye el continuidad del autoritarismo en las telón de fondo del largo e instituciones irregular transitorias (Codato, 2005). proceso construcción de un de los restos de la dictadura Por lo importante tanto, señalar dimensión, tanto por es esta su ausencia en algunos análisis formalistas de la transición/consolidación, como por la presencia incidental de ciertos “hechos” determinadas una que excepcional debían ser orden liberal-democrático a partir de militar. con en narrativas, reducidos a meros ejemplos para ilustrar un postulado o confirmar una “teoría”. El inicio de lo que se considera la transición a un régimen democrático se produjo con el anuncio de la política de modificación del régimen, presentada por el presidente Geisel poco después de su investidura en 1974. Esta política fue resultado de reajustes entre políticos y militares y de la redefinición de las relaciones de poder entre las clases sociales y el estamento militar, evidenciada por la gran presencia de protestas de trabajadores de profesionales clase liberales media y (Codato, 2005). Brasil emergió de la dictadura militar Esta política surgió con el propósito no mediante el derrocamiento de un declarado de promover la distensión, gobierno ni el surgimiento de un es decir, la relajación de los controles movimiento popular, sino mediante el políticos, y fue mantenida por el compromiso transición siguiente presidente, Figueiredo, bajo democrática lenta y gradual, bajo la el nombre de «política de apertura». dirección del gobierno ya en el poder, Sin la cual se limitó para no dar cabida a principales con una embargo, dado cargos que ejecutivos los en 74 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 políticas DESAFIOS JURIDICOS 2026 condiciones �cuestionados, las crisis políticas no intocables: bastaron para revocar el monopolio Seguridad Institucional (antes político del gobierno por parte de las Casa Fuerzas Armadas, un hecho que Brasileña constituye el rasgo fundamental de la (ABIN, antes Servicio Nacional institucionalización de la dictadura de Información (SNI)) y el (Codato, 2005). sistema de Justicia Militar. La transición democrática concluyó Finalmente, durante la administración de Sarney, empresarial, [...] la norma era el primer presidente no militar — el aunque representantes influyentes del elegido indirectamente— «feudos burocráticos» la Oficina Militar), la de Agencia Inteligencia en contacto el ámbito directo mundo régimen en 1986, la promulgación de empresas y los responsables la de la toma de decisiones en 1988 y las elecciones presidenciales populares las entre mediante la política de oposición al Constitución de de grandes estratégicas [...]. en 1989. No obstante, persistía la existencia de centros de poder específicos en el Estado brasileño, dotados de gran independencia y sin control político. En este sentido, Codato (2005, p. 101) cita tres el ámbito económico, seguía vigente el esquema de "superministerios", como en la dictadura, ahora representado por la tríada Banco Central, Consejo de Política Monetaria y Ministerio de Hacienda. En el ámbito militar, se mantenían con respecto a la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución Federal de 1988, Bonavides señala la existencia de un poder constituyente de facto —sujeto a ejemplos: En Asimismo, regresión— y un poder constituyente formal, caracterizado por el progreso. Esta disparidad de poderes al momento de crear una norma constitucional es lo que Bonavides clasifica como una crisis constituyente, la cual, a diferencia de una crisis constitucional (la mera falta de aplicación de la constitución), es una crisis del poder constituyente 75 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 tres DESAFIOS JURIDICOS 2026 manos de los militares nunca fueron �mismo, «[...]un poder que, al reformar poniendo fin al multipartidismo en o redactar la constitución, se muestra Brasil. Finalmente, en marzo de 1966, en completamente se inició el período de bipartidismo impotente para erradicar la raíz de los político, en el que solo dos partidos males conformaban este acto políticos y sociales que el abanico de aquejan al Estado, al régimen, a las posibilidades dentro de la política instituciones y a la sociedad[...]» brasileña: la Alianza Renovadora (Bonavides, 2020, p. 392). Nacional A continuación, profundizaremos en gobernante, el segundo aspecto material del Democrático Brasileño (MDB), el derecho que se analizará: la voluntad partido de oposición autorizado por política establecida en el orden los militares (Napolitano, 2014). vigente. Así, es (ARENA), y el el posible, partido Movimiento a través del preámbulo del Acta Institucional N° 2, 2.2. La voluntad establecida en la política transición democrática histórico, durante el período militar la voluntad política establecida estuvo en manos de los militares. En la hacia un período democrático gradual e ininterrumpido como el brasileño, se espera que la voluntad política establecida en el Estado se mantenga, en cierta medida, inalterada. de 1965, el Acta Institucional n.º 2 la organización de los partidos políticos y extinguió los trece partidos políticos A LA NACIÓN La Revolución es un movimiento que surgió de la inspiración del pueblo brasileño para satisfacer sus aspiraciones más legítimas: erradicar una situación de desgobierno que sumía al país en la corrupción y la subversión. [...] Lo que sucedió Al inicio del período militar, en octubre dispuso de la época como herramienta útil para validar un sistema democrático: Como consecuencia del contexto transición verificar el uso del positivismo jurídico y seguirá sucediendo, no solo en el espíritu y la conducta de las fuerzas armadas, sino también en la opinión pública brasileños, 76 �revolución. Y se enfatizó que: contradictorio desde una perspectiva a) otros actual, esto ayuda a explicar cómo el movimientos armados por el gobierno militar adquirió legitimidad hecho de que traduce, no el ante interés y la voluntad de un declaración formal y legal de que sus grupo, sino el interés y la acciones no solo eran democráticas, voluntad de la Nación; sino también legítimas y acordes con b) la revolución, por lo tanto, se los intereses y la voluntad de la invierte en el ejercicio del nación y del pueblo. Poder Posteriormente, la Ley N° 6.767, del se distingue de Constituyente, la población: mediante la legitimándose por sí misma; 20 de diciembre de 1979, redujo los [...] La democracia presupone requisitos para la creación de partidos libertad, pero no excluye políticos en Brasil, permitiendo el responsabilidad ni implica resurgimiento del multipartidismo e licencia para contradecir la imponiendo a los grupos políticos la propia vocación política de la obligación Nación. "partido" en su nombre. El MDB pasó La revolución, llamarse de incluir palabra implementada para restaurar a la paz, promover el bienestar Movimiento Democrático Brasileño), y del pueblo y preservar el honor el nacional, es irreversible (Ley dando Institucional N° 02, del 27 de Socialdemócrata), octubre de 1965). posteriormente perdió relevancia en nombre PMDB la ARENA origen al (Partido del desapareció, PDS (Partido que la escena política brasileña ante el Al comparar este texto legal con las garantías constitucionales de las que gozamos en nuestra vida cotidiana, resulta evidente que, en la práctica, el país no atravesaba un período de dominio del PMDB. Además, el Partido Popular (PP) se organizó con miembros del antiguo ARENA y del MDB, y más tarde se fusionó con el PMDB (NETO, 1989). verdadera democracia, a pesar de que el texto legal lo declarara 77 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 expresamente. Así, aunque parezca DESAFIOS JURIDICOS 2026 nacional, es una auténtica �dominó la representación partidista (Cámara de Diputados, 2024). en el Congreso Nacional, alcanzando Con la llegada al poder de los el 53,4% de la Cámara de Diputados, presidentes Fernando Collor, Itamar con 260 escaños de un total de 487, y Franco el 77,6% del Senado Federal, con 38 Cardoso, destacaron las reformas escaños de un total de 49 durante orientadas 1986 (Schmitt, 2005). consonancia Un año antes, en 1985, el presidente tendencia del neoliberalismo a nivel José Sarney presentó un proyecto de mundial. Sin embargo, estas reformas enmienda constitucional al Congreso no se combinaron con las demandas Nacional una de mayor ciudadanía y control social que por parte del Estado, y tenían como otorgaría poderes constituyentes al condición previa el ordenamiento Congreso, en lugar de proponer una autoritario establecido por gobiernos Asamblea anteriores. (Codato, 2005). En este para Asamblea convocar Constituyente, unicameral y Fernando al Henrique mercado, con la creciente exclusivamente para este fin. En otras sentido, palabras, las elecciones de 1986 complementariedad entre el discurso definirían ideológico. a los constituyentes existía en una originales de la Constitución Federal de 1988, dado que la Asamblea 2.3 El derecho eficaz Nacional Constituyente funcionaba, Dada la historia de la dificultad para en la práctica, como un Congreso hacer valer los derechos sociales y la Constituyente (Brandão, 2011). influencia de la voluntad política Así, durante la creación la establecida por esta historia, resta Constitución Federal, de los 512 analizar otro aspecto material del diputados 279 derecho: el derecho hecho valer, es estaban afiliados al PMDB, lo que decir, el derecho que, además de representa el 54% del total, mientras estar expresamente garantizado en la que, letra de la Constitución, se expresa constituyentes, entre los de senadores constituyentes, 43 pertenecían al efectivamente en la realidad, 78 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 PMDB, lo que representa el 53% DESAFIOS JURIDICOS 2026 En los años siguientes, el PMDB �Sucede que, como resultado de los decisión de crear o no una ley. El dos ordenamiento jurídico resultante de aspectos (historia ya y mencionados voluntad política esta elección es el que proporcionará establecida), existen ciertos derechos o no una base sólida para el que se hacen valer y otros que no. En mantenimiento del antiguo orden y, a este su vez, garantizará la resistencia a los punto, la centrarse atención en las debe normas impulsos de un nuevo orden. constitucionales, las cuales expresan En este sentido, algunos principios positivamente de contenidos en nuestra legislación nuevos derechos sociales derivados ejemplifican esta situación, ya que del proceso constituyente, así como poseen una eficacia más marcada derechos ya garantizados y aplicados que ciertas normas constitucionales. en el antiguo orden preconstitucional. En En mencionó, la enunciación consecuencia, se expresan primer lugar, el como ya se principio de legislativa, que materialmente más a través de estos discrecionalidad últimos que de los primeros, es decir, garantiza al legislador autonomía más a través de los derechos para promulgar leyes, lo cual, a preestablecidos que de los nuevos, primera vista, parece evidente, pero, manteniendo así el orden social ya a la luz del problema de la eficacia de expresado por la voluntad política las derivada de la historia. vuelve controvertido. Este principio Cuando nos constitucionales, se con garantiza que la autonomía legislativa derechos que no se realizan, es sea tan amplia que el legislador no importante prestar atención a los pueda ser obligado a promulgar leyes derechos ya existentes, porque, como que regulen el texto constitucional vimos antes, la voluntad política (Leite, 2020); es decir, el legislador establecida tiene la libertad de guardar silencio se encontramos normas mantiene en un proceso de transición constitucional ante el mandato constitucional. mediante la realización o no de Como se mencionó anteriormente, el ciertos derechos, es decir, mediante mandato constitucional busca tanto 79 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 la discrecionalidad inherente a la DESAFIOS JURIDICOS 2026 poseyendo eficacia social. �permitirle no hacerlo. Por lo tanto, al entendiendo que un servicio exigido consagrar su al Estado por un particular solo puede totalidad, existe la posibilidad de que garantizarse mediante la reserva de ciertas lo posible, es decir, estableciendo lo este principio normas en constitucionales favoreció permanezcan sin implementarse. que El racionalmente principio de discrecionalidad un individuo a la restricción, puede la exigir comunidad legislativa, por consiguiente, es más (Falsarella, 2012). efectivo que, por ejemplo, el artículo Así, al difundirse en Brasil, la teoría se 153, VII, de la Constitución Federal, convirtió en una justificación de la analizado En existencia se realización de los derechos sociales, derecho adoptando frecuentemente una forma efectivamente garantizado que, al distinta a la original, y entendiendo la implementarse, asegura que otros no reserva lo sean. Por lo tanto, constituye un dependiente mecanismo la disponibilidad de recursos, y no en históricamente relación con la legitimidad de la previamente. consecuencia, convierte voluntad el en para política principio un mantener establecida. Asimismo, de de limitaciones lo posible únicamente a la como de la demanda de un servicio entre el un que individuo y la colectividad (Falsarella, obstaculiza la implementación de los 2012). En este sentido, Ana Paula de derechos garantizados Barcellos (2011, p. 276) afirma: «la constitucionalmente es el principio de expresión “reserva de lo posible” reserva de lo posible. Este principio busca se introdujo en Brasil siguiendo la económico de la limitación de los tradición alemana, mediante una recursos disponibles frente a las sentencia de la década de 1970 necesidades casi siempre infinitas relativa a la constitucionalidad de las que estos deben satisfacer». leyes que restringían el acceso a Además, la importación de una teoría estudios superiores de medicina por nacida en un país más desarrollado agotamiento de la capacidad. La que Brasil presenta serios problemas sociales principio identificar el fenómeno 80 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 decisión DESAFIOS JURIDICOS 2026 obligar al legislador a actuar como �jurídico, dado que la definición de lo menos que se puede o no se puede exigir a condiciones de vida más dignas y la sociedad solo puede sopesarse a la decentes, con la primacía de la luz igualdad de las condiciones favorecidos, real». brindándoles Funcionan como socioeconómicas de cada país y los obligaciones positivas legítimas de recursos presupuestarios existentes segunda generación [...]. El autor (Nunes Junior, 2009, citado por señala que son obligaciones positivas Falsarella, 2012). porque revelan una acción por parte Brasil tiene mayores limitaciones de los órganos del Estado, al ser presupuestarias que Alemania para la derechos de «crédito» que implican la implementación de facultad de exigir la acción estatal, necesarias garantizar para políticas los guiada por el objetivo de garantizar la derechos sociales, dado que, al no igualdad material, más allá de la haber atravesado un período de formal. Por ello, considera que estos desarrollo continuo, tiene menores derechos ingresos. restrictivo o incluso limitado (Bulos, tienen un carácter 2021). Como consecuencia lógica de 3. La inefectividad de los derechos sociales ante las omisiones los aspectos legislativas materiales, centrémonos en la cuestión de los derechos sociales y las consecuencias de que, entre los derechos fundamentales, sean aquellos que más requieren la acción del Estado para su implementación. En primer lugar, es imprescindible este derechos. requieren un carácter activo por parte del Considerando definir su naturaleza, los derechos sociales tipo Uadi específico Lammego de Bulos Estado, un carácter que necesariamente debe garantizar los cambios enumerados por la Asamblea Constituyente para el fin de las desigualdades sociales. Aquí radica el problema de su efectividad. A diferencia de una acción positiva que busca mantener el orden existente de una élite ya constituida —como en el caso de los esfuerzos por una transición democrática (2021, p. 832) los define como «las 81 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 libertades públicas que protegen a los DESAFIOS JURIDICOS 2026 al aplicarse a nuestro ordenamiento �requerida es antagónica al antiguo Sin orden; no busca garantizar un orden disposiciones o una democracia formalizada solo de pertenecen a estas secciones de la palabra, Constitución, como el Artículo 37, VII sino una democracia embargo, existen sociales verdaderamente material, es decir, la (derecho materialización empleados públicos). del principio de de huelga otras que para no los igualdad. Y esta materialización está Anteriormente, en este texto, se necesariamente una mencionaron que derechos agenda asociada a progresista dos sociales ejemplos de estrechamente históricamente ha... Se enfrentó a la vinculados al problema de la inercia resistencia de la élite brasileña, que, legislativa y a las demandas de los como hemos comentado, se mantuvo movimientos sociales que buscan su parcialmente incluso implementación: los artículos que después de la transición democrática. prevén la creación de una ley para Por lo tanto, para que los derechos regular el despido arbitrario en el sociales ámbito laboral (Artículo 7, I) y la establecida se hagan necesariamente acción de efectivos, dependen un Estado de la institución de un impuesto sobre que grandes fortunas vinculado al fondo históricamente los ha negado. para la erradicación de la pobreza (Artículo 153, VII). 3.1. Derechos sociales sin legalización Entre A continuación, nos centraremos en otras disposiciones donde la falta de las disposiciones constitucionales que aún no han sido reguladas, es decir, entre las normas de eficacia limitada que carecen de legislación, se actualmente 6 encuentran regulación también pone de manifiesto la dicotomía formalismomaterialismo del derecho constitucional en relación con los derechos sociales. disposiciones pertenecientes al Capítulo II (sobre 3.1.1 Huelgas en la Administración derechos sociales) y 22 disposiciones Pública pertenecientes al Título VIII (sobre el 82 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 orden social). DESAFIOS JURIDICOS 2026 gradual—, la acción positiva ahora �Artículo 37. La administración público pública, tanto directa como Según el Departamento Intersindical indirecta, de cualquiera de los de Poderes de la Unión, los Socioeconómicos (DIEESE), en los Estados, el Distrito Federal y años 2017, 2018, 2019, 2022 y 2023, los se registraron más huelgas en el Municipios, respetar los deberá bastante Estadística frecuentes. y Estudios de sector público que en el privado, tanto legalidad, impersonalidad, en porcentaje de horas perdidas moralidad, publicidad y como en promedio, representando las lo huelgas en el sector público el 69,6% eficiencia, principios son y, además, siguiente: de las horas perdidas durante esos VII - El derecho de huelga se años. ejercerá en los términos y Por lo tanto, la necesidad de regular dentro de los límites definidos esta norma es fundamental, dada la en la ley específica; frecuencia y la presencia de huelgas Esta disposición prevé la creación de en el sector público. Además, Sarlet una ley que regule las huelgas en el (2012) señala ámbito de la administración pública; constituyente sin embargo, esta ley nunca ha sido disposición en un capítulo aparte promulgada Congreso precisamente porque entendió que su Nacional, lo que, en la práctica, régimen era diferente y, por lo tanto, resulta en una aplicación análoga de tenía como objetivo crear una ley la Ley General de Huelga, según el específica para el sujeto. por el que la asamblea consagró esta Mandamus n.º 1. En el caso 670, dictado por la Corte Suprema Federal (2007), se estableció un plazo de 60 días para la promulgación de la ley a la que se refiere el artículo. Al término de dicho plazo, debido a la inercia legislativa, se consolidó la analogía. 3.1.2. Protecciones para los trabajadores urbanos y rurales En lo que respecta a los trabajadores, existe una falta de regulación en materia de trabajo extenuante y protección contra la automatización. 83 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 En Brasil, las huelgas en el sector DESAFIOS JURIDICOS 2026 El artículo 37, apartado VII, establece: �La ley establece: síntomas principales: Artículo 7. Los siguientes son insatisfacción y ansiedad”. derechos de los trabajadores (MARQUES, p. 64, 2007) urbanos y rurales, además de otros destinados a mejorar su automatización, un tema cada vez condición social: XXIII - Remuneración adicional por actividades extenuantes, insalubres o peligrosas, según lo dispuesto por la ley; automatización, según lo dispuesto por la ley; regulación, el concepto de trabajo su compensación adicional no existen en la legislación brasileña. Esta forma de actividad “Aquella que se realiza hasta el agotamiento, con incomodidad, dolor, desgaste, concentración excesiva y monotonía en las tareas, lo que aniquila el interés, llevando al trabajador al agotamiento de sus energías, extinguiendo el placer entre la vida laboral y las generando no está regulada en Brasil. trabajo esclavo encontrado El artículo 243 de la Constitución sobre expropiación de tierras en el texto constitucional brasileño, que establece: Artículo 243. Las propiedades rurales y urbanas en cualquier región del país donde se laboral sería: actividades Derecho Laboral (Correa, 2023), aún Federal contiene la única disposición Por lo tanto, debido a la falta de y más presente en los debates sobre 3.1.3 Expropiación de tierras con XXVII - Protección contra la extenuante Asimismo, la protección contra la a realizar, sufrimiento, que puede manifestarse con dos encuentren cultivos ilegales de plantas psicotrópicas o donde se explote trabajo esclavo, según lo define la ley, serán expropiadas y asignadas a programas de reforma agraria y vivienda popular, sin compensación alguna para el propietario y sin perjuicio de las demás sanciones previstas por la ley, observando, cuando corresponda, lo dispuesto en el 84 �único. Todos los esclava. bienes de valor económico Esto demuestra que el legislador incautados como resultado del abordó tráfico de disposición, pero, en virtud de su drogas facultad discrecional, omitió parte de de la misma. ilícito estupefacientes afines, así y como la la regulación de la explotación de mano de obra En Brasil, entre 1995 y 2023, 61.035 esclava, serán confiscados y personas reintegrados condiciones análogas a la esclavitud, especial con a un un fondo propósito con fueron un rescatadas promedio de de 2.104,7 específico, según lo dispuesto rescatadas por año y distribuidas por por la ley. todo el territorio nacional, según datos actualizados de SmartLab (2024). Esta disposición constitucional exige la creación de una ley que regule dos supuestos en los que la expropiación de propiedades urbanas o rurales en el país sería compensación: cultivos permisible la ilegales psicotrópicas y la ubicación de sin de plantas ubicación de explotaciones de mano de obra esclava. Esto demuestra la gran presencia de casos de esclavitud en el país que podrían haber expropiación derivado como en la castigo y, posteriormente, en la asignación de los bienes a un fondo especial, pero esto no ocurrió, precisamente debido a la falta de regulación — intencional— de ciertas partes del sistema. Sin embargo, la ley en cuestión fue promulgada: la Ley N° 8257 del 26 de noviembre de 1991. Esta ley solo regula el primer supuesto del artículo, es decir, el caso de la ubicación de cultivos de plantas psicotrópicas, y no contempla el supuesto de hacer lo 3.1.4. Destitución de dirigentes sindicales Según el artículo 8, inciso IV de la Constitución Federal: Artículo 8. La afiliación profesional o sindical es libre, mismo con terrenos donde se practica 85 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Párrafo la explotación de mano de obra DESAFIOS JURIDICOS 2026 artículo 5. �VIII - Se prohíbe la destitución la falta de garantía de seguridad de un empleado sindicalizado laboral si no se es elegido; la desde exclusión el momento de la de los fiscal y miembros inscripción de su candidatura consejo para un cargo de dirigente o sindicales; representante sindical y, si derecho en el caso de un contrato de resulta elegido, incluso como duración determinada; y la necesidad suplente, año de notificar previamente al empleador después de la finalización de para que se aplique la seguridad su mandato, salvo que cometa laboral (Correa, 2023). una falta grave tipificada en la Por lo tanto, la falta de una ley ley; específica que regule el derecho a hasta un la no los del delegados aplicación del prohibir el despido arbitrario de un Por lo tanto, de acuerdo con esta empleado que ocupe un cargo de disposición, debería existir una ley dirección o representación sindical que regule la destitución de un conlleva la limitación de este derecho. empleado se Así pues, se ha demostrado que los inscriba para un cargo de dirigente o derechos sociales se encuentran representante sindical. Sin embargo, entre los más perjudicados por la dado que nunca se ha promulgado, la omisión del legislador en lo que regulación de dicha disposición se respecta rige enteramente por las Directrices limitada, y se hace evidente cómo la Jurisprudenciales y los Precedentes voluntad del Tribunal Superior del Trabajo analizada en conjunto con la historia (TST), que imponen limitaciones al del derecho realización de los derechos sociales. sindicalizado garantizado que en la a normas política país, del tiende a de eficacia legislador, afectar la disposición, como el límite máximo de 7 dirigentes sindicales con seguridad Conclusión laboral (Correa, 2023). Este trabajo buscó investigar Además, otras limitaciones impuestas problema de la inercia legislativa 86 el JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 por las decisiones judiciales incluyen: DESAFIOS JURIDICOS 2026 con sujeción a lo siguiente: �normas constitucionales, un tema énfasis en el período de transición relevante para el debate social y democrática (1974-1989). En este jurídico en cuanto a la efectividad período, se evidenció una coyuntura práctica de dichas normas, dada la política establecida en las escañas del gran desigualdad social en el país y la Congreso Nacional que, si bien no se sensación de insuficiencia respecto al mantuvo sistema jurídico. Así, el objetivo fue reformuló por completo con la llegada analizar el contexto jurídico e histórico del del mandato constitucional para la coyuntura creación de leyes y la coyuntura composición de los partidos políticos política establecida en Brasil desde la en el Congreso en ese momento y en Dictadura Militar hasta el período de su influencia a través de la forma en redemocratización, que buscando intacta, período se tampoco democrático. se evidenció conformó la se Esta en la Asamblea comprender las razones que generan Nacional Constituyente, integrada por la inercia legislativa. los mismos diputados y senadores ya En cuanto al análisis del mandato electos. constitucional para la creación de Sin embargo, al analizar la legislación leyes contenido en las normas de vigente en Brasil, se demostró la efectividad limitada, se concluye que efectividad práctica de consagrar los dicho mandato no tiene carácter principios vinculante para el legislador, quien, legislativa y reserva de lo posible, lo mediante la consagración del principio cual obstaculiza la realización de los de discrecionalidad legislativa, tiene la derechos sociales constitucionales. posibilidad de omitir la creación de Esto permite al legislador omitir la leyes regulatorias. obligación de crear una ley y justificar Además, al analizar el problema de la la existencia de limitaciones a la efectividad mediante un análisis crítico realización de los derechos sociales, y no positivista, se concluye que al interpretar la reserva de lo posible históricamente ha existido una falta de como dependiente únicamente de la efectividad de los derechos sociales disponibilidad de los recursos, y no de de discrecionalidad 87 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 en el mundo y en Brasil, con especial DESAFIOS JURIDICOS 2026 frente a la implementación de las �desempeño entre el individuo y la que esta omisión legislativa impidió la colectividad. expropiación de tierras relacionada Posteriormente, se abordó la actual con el rescate de 61.035 personas falta de legislación regulatoria para los entre 1995 y 2023. Finalmente, se derechos sociales comprobó la existencia de limitaciones constitucionalmente garantizados que al derecho a prohibir el despido de un son relevantes para la vida de los dirigente brasileños. Se demostró que la falta (artículo 8, IV) mediante Directrices de normas regulatorias impone límites Jurisprudenciales y Precedentes del a la garantía del derecho a huelga de Tribunal de Sesiones, que mantienen los empleados públicos, tal como se su vigencia precisamente por la establece en el artículo 37, inciso VII, ausencia de una ley reguladora. Se al aplicar de forma análoga las reglas constató que la hipótesis de la de la Ley General de Huelga. Esto influencia de la voluntad política del contrasta con el objetivo del legislador legislador como explicación de la de crear una ley específica sobre el omisión es cierta, ya que el poder tema. Asimismo, se demostró que la legislativo frecuencia de las huelgas en el sector discrecional de omitirse en la creación público supera la del sector privado, lo de que subraya la importancia de este históricamente problema. de tendencias juspositivistas y a la época manifiesto la falta de ejercicio del de la dictadura militar, lo que implica derecho laboral a una remuneración una falta de voluntad política para adicional arduas garantizar derechos con tendencias (artículos 7, XXIII y XXVII, CF) y la sociales contrarias al antiguo orden. protección de los trabajadores contra Así mismo se demostró que el la automatización, donde la ausencia mandato constitucional contempla la de reguladora posibilidad de demora u omisión prácticamente anula estos derechos. legislativa como parte del «juego Asimismo, se demostró la falta de político brasileño», y que esta omisión Además, por se puso actividades legislación o representante tiene leyes, además la sindical facultad de vinculado estar a las 88 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 regulación del artículo 243, revelando DESAFIOS JURIDICOS 2026 la legitimidad de la exigencia de �la realización de los derechos sociales como cultivar posiciones ideológicas en Brasil. Así, el problema de la inercia contrarias a estos derechos, resultado legislativa frente a la efectividad de las del proceso histórico de composición normas constitucionales se explica por del Congreso. la de Para la recopilación de datos, se la utilizaron encuestas realizadas por la consagración discrecionalidad del principio legislativa y coyuntura política establecida en el Cámara de Diputados y el Congreso Nacional, que permite al Departamento Interuniversitario de Poder Legislativo omitir la regulación Estadística de los derechos sociales, al contar con Socioeconómicos (DIES). y Estudios 89 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 el respaldo legal para no actuar, así DESAFIOS JURIDICOS 2026 resulta materialmente perjudicial para �BONAVIDES, Paulo. (2020.). Curso de Direito Constitucional. 35. ed. 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Lei nº 6.767, de 20 de dezembro de 1979. Modifica dispositivos da Lei nº 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), nos termos do artigo 152 da Constituição, alterado pela Emenda Constitucional nº 11, de 1978; dispõe sobre preceitos do Decreto-lei nº 1.541, de 14 de abril de 1977, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19701979/l6767.htm#:~:text=L6767&text=Modifica%20dispositivos%20da%20Lei %20n%C2%BA,1977%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3% AAncias.> Acesso em: 20 mar. 2024 �CODATO, Adriano Nervo. (2005) Uma história política da transição brasileira: da ditadura militar à democracia. Revista de Sociologia e Política. n. 25. p.83-106 Curitiba. CORREA, Henrique. (2023) Curso de Direito do Trabalho. 7. ed. São Paulo. Juspodivm. DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. Balanço das greves. 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En las diferentes entidades federativas de nuestro país se han realizado modificaciones al marco jurídico interior, incidiendo en la evolución de las formas de proveer la comunicación parlamentaria. De ahí que resulte relevante el análisis del ejercicio de los derechos digitales en dicho modelo y visibilizar las actividades que actualmente realizan los Congresos en sus portales virtuales para la institucionalización del parlamento abierto. Para tal efecto se presenta la clasificación cronológica de los derechos digitales a fin de su consideración en los mecanismos de intercambio de información parlamentaria, de igual manera se ejemplifica lo expresado por Mercedes Sebastián y Sara Martínez acerca de la visualización de la información parlamentaria y se presenta un cuadro comparativo con enfoque cualitativo para analizar el contenido de los portales virtuales de los 32 congresos locales en México considerando criterios Como citar: 94 Ruiz Alfonso, Y. N. (2026) El ejercicio de los derechos digitales a través del parlamento abierto: un análisis de los portales virtuales de los congresos locales de México. Revista Desafíos Jurídicos, 6(11). https://doi.org/10.29105/dj6.11-215. 95-122 �la literatura, la observación y comparación empírica, permitiéndose concluir con algunas reflexiones. Palabras Clave: Derechos digitales, Parlamento abierto, Portales virtuales, Congresos locales. Abstract: Open parliament is emerging as a governance model within local legislatures in Mexico, driven by the international initiative to strengthen transparency and accountability in open government. Across the various states of our country, changes have been made to the internal legal framework, influencing the evolution of how parliamentary communication is provided. Hence, it is relevant to analyze the exercise of digital rights within this model and to highlight the activities currently carried out by state legislatures on their websites to institutionalize open parliament. To this end, we present a chronological classification of digital rights for consideration in mechanisms for the exchange of parliamentary information; likewise, the views expressed by Mercedes Sebastián and Sara Martínez regarding the visualization of parliamentary information are illustrated, and a comparative table with a qualitative approach is presented to analyze the content of the virtual portals of the 32 local congresses in Mexico, considering criteria of regulatory standards, parliamentary information, accessibility, and citizen interaction tools. This article is a descriptive, dogmatic study with a qualitative bias that draws on the literature, observation, and empirical comparison, allowing for some concluding reflections. Keywords: Digital rights, Open Parliament, Online portals, Local assemblies. I. INTRODUCCIÓN Debido al las acelerado desarrollo tecnológico y el uso cotidiano del internet en el transformado mundo, las se han formas de interacción social, la generación de conocimientos y la comunicación de estos, para el ejercicio de las libertades humanas; lo cual, incide en la participación ciudadana y política de personas que conforman la sociedad. Incluso las relaciones de instituciones hacían la ciudadanía han tenido que adaptarse a la era de los derechos digitales, llevando a una nueva dinámica de ejercicio de los derechos frente a la responsabilidad del poder del estado a garantizar su cumplimiento efectivo y atender los desafíos de implementar mecanismos 96 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 El presente artículo es una investigación descriptiva, dogmática de sesgo cualitativo que se nutre de DESAFIOS JURIDICOS 2026 de normatividad, información parlamentaria, accesibilidad y herramientas de interacción ciudadana. �la participación ciudadana efectiva. En México, se su consecuente aplicación.” (ParlAmericas, 2016). ha el Por ello, resulta adecuado analizar los compromiso de la implementación de avances del poder legislativo en el gobierno abierto, que consiste en el contexto de los derechos digitales y el establecimiento parlamento abierto, es decir, visualizar de asumido mecanismos institucionales donde las personas en participen en la toma de decisiones en digitales y la incorporación de estos en la las administración pública. El qué consisten dinámicas derechos de ciudadana 2014 con el propósito incorporar gobierno, particularmente en las 32 prácticas y estándares internacionales legislaturas locales del país. que fortalecieran el acceso a la Es así, para la realización de este información, la rendición de cuentas, estudio la participación ciudadana y; la ética y cualitativo basado en el análisis del probidad, contenido de los portales virtuales que cuales representan se las vinculación parlamento abierto fue asumido desde los en los decisiones utilizó un de enfoque pilares del parlamento abierto. de manera oficial despliegan los 32 El parlamento abierto, es un modelo congresos de gobernanza al interior del poder Considerando legislativo donde el ciudadano se normatividad, involucra en la toma de decisiones en parlamentaria, las tareas parlamentarias. Es una personas “nueva forma de interacción entre la herramientas ciudadanía y sus representantes; en ciudadana como redes sociales, chat donde la sociedad no solo se informa interactivo y buzón de quejas, a fin de sobre las decisiones que se toman en construir un tablero que exprese los el ámbito legislativo, sino también se avances y áreas de oportunidad en la involucra activamente a lo largo de implementación todo el proceso legislativo hasta abierto. locales con de México. criterios de información accesibilidad para discapacidad de del y interacción parlamento culminar con la emisión de las leyes y 97 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 permitan DESAFIOS JURIDICOS 2026 que �El surgimiento de nuevos conceptos y relacionados esquemas Universal de los Derechos Humanos legales, donde los con la Declaración derechos se adaptan a un contexto en un contexto digital. digital, representa un reto normativo e Siendo el origen el reconocimiento de interpretativo para las instituciones y los en se instrumentalización de los derechos encuentran los derechos digitales. Los digitales en el marco jurídico moderno cuales para autores como Bustamante ha tenido una evolución, desde 2003 (2010), Riofrío (2014), León (2020), con pueden Warkentin de denominarlos ciber- la discusión de estos, considerarse derechos derechos la fundamentales, propuesta Gabriela humanos de una nueva generación, derechos, mientras como encontrarlos en la Carta de Derechos Domingo (2009) o Barrio (2023) solo la Digitales de algunos países como expresión los España, que considera su carta como ya una herramienta para articular los reconocidos por la esfera jurídica derechos humanos establecidos en su internacional y nacional. Constitución, adaptados a la realidad que otros contemporánea derechos Entre para de fundamentales los principales derechos hasta de la nuestros días virtual. digitales se encuentran: el derecho a la privacidad universal protección en de línea, acceso de al datos derecho internet, personales, acceso a la información, libertad de expresión, derecho al olvido, Desprende de lo anterior la posibilidad de revisar diversos autores que han realizado la clasificación de los derechos digitales, en aras de hacer efectivas las garantías en el ecosistema digital: Cuadro 1. Clasificación de los derechos digitales Autor Warkentin Año Contenido Clasificació n 2003 Ciberderechos # Derecho 1 Derecho a la libre expresión 2 Derecho al acceso al ciberespacio 98 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 seguridad digital, etc. Todos ellos DESAFIOS JURIDICOS 2026 II. DERECHOS DIGITALES �Contenido Clasificació n # Derecho 3 Derecho a la privacidad en línea 4 Derecho a asociarse en comunidades en línea 1 Acceso a internet para todos y todas Asociación 2 Libertad de expresión y asociación para el 3 Acceso al conocimiento Progreso de las 2008 Derechos digitales 4 Intercambio de aprendizaje y creación de software libre y desarrollo tecnológico Comunicaci 5 Privacidad, vigilancia y encriptación ones 6 Gobernanza de internet 7 Conciencia, protección y realización de los derechos - Libre acceso y uso de la información y el Derechos de Bustamant e Donas 2010 1* digital 2* 3* Martínez- 2014 Villalba Derechos digitales 2014 digitales país en un mundo globalizado Derecho a la reputación digital 3 Estima digital 4 Libertad y responsabilidad digital Privacidad virtual, derecho al olvido, derecho al anonimato 6 Derecho al big-reply 7 Derecho al domicilio digital 8 Derecho a la técnica, al update, al parche 0 Europa Educación ciudadana en inserción autónoma a cada 2 1 Derechos - Inclusión digital en profesionalización y capacitación Derecho a existir digitalmente 9 Consejo de - Inclusión digital en inserción laboral 1 5 Riofrío - Interacción simple y completa con administraciones públicas a través de redes telemáticas la ciudadanía conocimiento Derecho a la paz cibernética y a la seguridad informática Derecho al testamento digital 1 Derecho al acceso y no discriminación 2 Derecho a la libertad de expresión e información 3 Derecho de reunión, asociación y participación 99 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Año DESAFIOS JURIDICOS 2026 Autor �Contenido Clasificació n # 4 Whatls.com 2017 digitales 6 Derecho a la protección y orientación a niños y jóvenes 2 Derecho al uso, creación y publicaciones 3 Derechos de autor Personales y Garantía de los 2018 Derechos digitales (España) privacidad, entre otros. Derecho a la neutralidad de internet 2 Derecho de acceso universal a internet 3 Derecho a la seguridad digital 4 Derecho a la educación digital 5 Protección de menores en internet 6 Derecho de rectificación en internet 9 1 0 Derechos Digitales Derechos humanos de libertad de expresión, de 1 8 de Datos restricción y violación de derechos fundamentales Derecho al acceso de Protección Derecho a disponer de recursos efectivos en caso de 1 7 Orgánica datos personales Derecho a la educación y conocimientos básicos 4 Ley Derecho a la protección de la vida privada y de los 5 7 Derechos Derecho 11 1 2 1 3 1 4 Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de video vigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral Derechos digitales en la negociación colectiva Protección de datos de los menores en internet Derecho al olvido en búsquedas de internet 100 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Año DESAFIOS JURIDICOS 2026 Autor �Contenido Clasificació n # Derecho 1 Derecho al olvido en servicios de redes sociales y 5 servicios equivalentes 1 Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales 6 y servicios equivalentes 1 7 1 Derecho de acceso universal a una internet neutral 2 Derecho a la seguridad digital 3 Rebollo y Zapatero 2019 Derecho al testamento digital Derecho de rectificación, actualización de informaciones Derechos 4 Derecho al olvido en internet digitales 5 Derecho a la protección de menores en internet 6 Derecho a la intimidad 7 Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral 8 Derecho a la portabilidad de los datos 9 Derecho al testamento digital Derechos de libertad: 1. Derechos y libertades en el entorno digital 2. Derecho a la identidad en el entorno digital 3. Derecho a la protección de datos 1** 4. Derecho al pseudoanonimato 5. Derecho de la persona a no ser localizada y perfilada 6. Derecho a la ciberseguridad Carta de Derechos Digitales de 2021 7. Derecho a la herencia digital Derechos Derechos de igualdad: digitales 1. Derechos a la igualdad y a la no discriminación en el España entorno digital 2** 2. Derechos de acceso a internet 3. Derecho a la protección de personas menores de edad en el entorno digital 4. Accesibilidad universal en el entorno digital 5. Brechas de acceso al entorno digital 3** Derechos de participación y de conformación del espacio público: 101 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Año DESAFIOS JURIDICOS 2026 Autor �Contenido Clasificació n # Derecho 1. Derechos a la neutralidad de internet 2. Libertad de expresión y libertad de información 3. Derecho a recibir libremente información veraz 4. Derechos a la participación ciudadana por medios digitales 5. Derecho a la educación digital 6. Derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones públicas Derechos del entorno laboral y empresarial: 4** 1. Derechos en el ámbito laboral 2. La empresa en el entorno digital Derechos digitales en entornos específicos: 1. Derechos de acceso a datos con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica, fines estadísticos y fines de innovación y desarrollo 2. Derecho a un desarrollo tecnológico y un entorno 5** digital sostenible 3. Derecho a la protección de la salud en el entorno digital 4. Libertad de creación y derecho de acceso a la cultura en el entorno digital 5. Derechos ante la inteligencia artificial 6. Derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías Garantías y eficacia: 6** 1. Garantía de los derechos en los entornos digitales 2. Eficacia 1 Barrio Andrés 2021 Derechos fundamentales y ordinarios en el mundo digital Derechos 2 Derecho al acceso universal a internet digitales 3 Derecho a la ciberseguridad 4 Derecho a la verdad 5 Derecho a la conciliación familiar y laboral 102 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Año DESAFIOS JURIDICOS 2026 Autor �Contenido Clasificació n # 6 Derecho Actualización de derechos tradicionales en el marco del ciberespacio Derecho al uso y al acceso universal a un internet 1 neutral y a ordenadores sin ningún tipo de discriminación 2 Derecho al uso de dispositivos y programas accesibles 3 Derecho a la ciberseguridad 4 Derechos a la privacidad 5 Derecho a la libertad de expresión 6 Derechos a la protección de datos personales Derecho a la educación y al 7 multilingüismo/plurilingüismo en los entornos digitales e internet 8 Derecho al olvido 9 Derecho a la verdad 1 0 CovaFernández 2022 Derechos digitales Derecho a la conciliación familiar y laboral Derecho a una continua actualización de derechos 11 fundamentales y legales en la sociedad de la información 1 Derecho a la formación y alfabetización en 2 competencias digitales, mediáticas e informacionales 1 3 1 4 1 5 Derecho de asociación Derecho a la neutralidad en internet Derecho ARCO 1 Derecho al acceso libre e igualitario a los servicios de 6 comunicación e información 1 7 1 8 Derecho a una interacción apropiada, simple y completa con las instituciones de la administración pública y privada Identidad digital 103 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Año DESAFIOS JURIDICOS 2026 Autor �Contenido Clasificació n # Derecho 1 Privacidad, protección de datos personales y 9 ciberseguridad 2 Derecho a la participación igualitaria en el mundo 0 digital 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 Garantizarse la neutralidad de la red Derechos a la protección especial para menores de edad, personas con diversidad funcional, personas mayores en el mundo digital Derecho a la inclusión digital Derecho a la igualdad de oportunidades en la economía digital, en la producción y difusión de información y en el mercado laboral Derechos al Habeas Data 2 Favorece el intercambio de aprendizajes y creación: 6 software libre y desarrollo tecnológico 2 7 2 8 Uso ético de la inteligencia artificial Legado digital 2 Reparación efectiva y acceso de la justicia en caso de 9 vulneración de los derechos digitales 3 0 Favorecer la pluralidad, la comunicación intercultural, la diversidad cultural y la libre competencia en el mundo digital Derecho a que las decisiones sobre vida o muerte, integridad física, privación de libertad y en general, de 3 violación de derechos fundamentales con el uso de 1 sistemas automatizados sea objeto de debate social y reguladas por legislación y debe responsabilizarse a una persona física o jurídica 3 Derecho a la transparencia y responsabilidad en el uso 2 de algoritmos 104 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Año DESAFIOS JURIDICOS 2026 Autor �Contenido Clasificació n # Derecho Derecho a recurrir y a solicitar revisión ante una 3 instancia humana las decisiones automatizadas 3 tomadas por sistemas expertos u otro tipo de tecnología 3 Derecho a la protección del patrimonio digital de la 4 cultura, lengua, historia humana * Dimensión ** Categoría de Derechos Fuente: Cova Fernández (2022) La mayoría de los derechos para garantizar el ejercicio de los contenidos en el cuadro anterior, son derechos relacionados con el acceso coincidentes en cuestiones de libertad al internet, la información virtual, la de expresión, privacidad, acceso a la ciberseguridad y que convergen en un información y protección de datos entorno digital. personales. De igual manera es posible observar un catálogo mínimamente 4 derechos digitales a uno extenso, como el propuesto por Cova Fernández de 34 derechos a En el caso, de nuestro país, tenemos la reforma constitucional para reconocer el derecho al acceso de internet. El artículo 6º constitucional señala que además del derecho a la proteger. información, “el Estado garantizará el En ámbito internacional, diversos países realizan intentos por regular el ejercicio de los derechos digitales, en el caso, de América Latina, un referente importante es Brasil que en 2014 impulsó el Marco Civil da Internet. Chile, Argentina, Colombia, Perú y Uruguay consideran modificaciones a sus marcos jurídicos derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet”. De ahí que México se adhiere a la tendencia de ir incorporando al sistema jurídico los derechos relacionados con el contexto digital, lo cual es tangible al revisar 105 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Año DESAFIOS JURIDICOS 2026 Autor �legal internet, 2022). De ahí que las libertades ciberdelitos, violencia digital, entre privadas tengan un límite frente a los otros. derechos fundamentales y los valores en acceso a democráticos. La regulación de la conducta humana en la era digital es complicada en su aspecto técnico y representa un serio desafío para el estado. El papel de las autoridades en diversos ámbitos de gobierno es fundamental para la protección de los derechos fundamentales de todas las personas en el espectro del internet. Además, influye el tema ético y la importancia de su consideración en la habilitación de plataformas donde los individuos interactúan y se exponen como sujetos vulnerables. De Gregorio plataformas libremente la línea relación que: “las gobiernan con sus comunidades. Aplican y equilibran los derechos fundamentales individuales aplicando procesos automatizados de toma de decisiones al margen de cualquier salvaguardia constitucional. Esta situación no podría considerarse problemática desde un punto de vista constitucional. con el argumento que: “el establecimiento, la aplicación y el equilibrio de los derechos y libertades fundamentales en la sociedad algorítmica están cada vez más privatizados y compiten con las normas constitucionales de protección a escala mundial.” (De Gregorio, 2022). Siendo evidente que la ausencia de una regulación clara del ejercicio de la libertad privada frente el respeto a los derechos humanos expresa en Lo anterior es importante y coincidente Más bien podría considerarse la expresión de las significa una amenaza a la seguridad jurídica de las personas y al estado de derecho. Ahora bien, esta dinámica acelerada de la interacción digital ha provocado nuevas formas de comunicación entre los ciudadanos y gobierno, permitiendo espacios digitales donde los derechos de las personas sigan siendo ejercitados y protegidos. En ese sentido, Rodríguez señala que “las normas jurídicas, como 106 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 libertades privadas.” (De Gregorio, DESAFIOS JURIDICOS 2026 recientes modificaciones al marco �sobreviven únicamente por sus objetivos y la adquiere de manera rápida, sencilla y en tiempo real. aceptación de los mismos por los actores, sino capacidad también para por estimular su un comportamiento cooperativo de los individuos en el intercambio. En la medida en que generen condiciones estables para cooperar y propicie la coordinación de decisiones colectivas, se podrá decir que una norma efectiva.” (Rodríguez, 2000). Es así, que el poder legislativo ha logrado construir puentes de información y comunicación mediante el uso de Ello tiene incidencia en el modelo de gobernanza que se efectúa al interior de los Congresos, Bárcena sostiene que “si contenidos bien la producción normativos de para el ordenamiento social, es la función con la que normalmente se asocia a los parlamentos, diversos autores han recalcado la gran variedad de tareas que estos órganos cumplen dentro de los sistemas políticos, las cuales van desde la representación de intereses y la capacitación de las élites políticas herramientas tecnológicas. hasta la vigilancia al gobierno” El poder legislativo ha propiciado (Bárcena, 2023), es decir, no solo se espacios digitales para la difusión de limita a la función legislativa, sino que la información y el ejercicio de los se introduce en todas las funciones y derechos de los ciudadanos, en los facultades parlamentarias, brindando últimos la veinte años, es posible identificar un aumento sostenido de posibilidad de modernizar las actividades de estas asambleas. acceso a la información parlamentaria mediante plataformas digitales; de igual manera, la información vertida por parte de los parlamento ya no solo se realiza de forma vertical, sino que gracias a páginas oficiales y redes sociales en el ecosistema digital, la información de los Congresos se En ese orden de ideas, es necesario identificar, además autodeterminación de del la poder legislativo como promotor de espacios digitales para el ejercicio de los derechos, lo expresado por Cova Fernández cuando se refiere a la responsabilidad del ser humano en el 107 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 no DESAFIOS JURIDICOS 2026 instituciones �oportuno, constituye en sí mismo “la sociedad de información y la información” (Cova Fernández, decisiones de 2022), por lo que cada individuo legisladoras es un derecho de la integra, reproduce y da tratamiento a ciudadanía datos que tienen impacto en las establecido en los artículos 19.2 y 25 relaciones sociales, económicas y a) culturales. Derechos Civiles y Políticos que del debido a difusión y las que Pacto se que de la las personas encuentra Internacional de indican el derecho de buscar, recibir y De ahí que la consolidación de los derechos digitales, además de las modificaciones legislativas, requiera de políticas públicas incluyentes, menos desiguales y de cooperación ciudadana activa y presente. difundir informaciones e ideas de toda índole, así como participar en la dirección de los asuntos públicos. En ese orden de ideas, el poder legislativo, ha de brindar espacios para el intercambio información con la III. DERECHO A LA INFORMACIÓN PARLAMENTARIA Y EL PRINCIPIO ciudadanía, de ahí que las plataformas digitales incidan en el principio de publicidad de las tareas realizadas al DE PUBLICIDAD interior de los Congresos y asambleas Una vez presentados los derechos legislativas. Tudela expresa que: digitales y la inmersión del poder legislativo en la era digital actual, así como los desafíos consolidación que representa. su Es necesario, exponer la importancia del derecho de acceso a la información pública al interior de los Congresos, así como el principio de publicidad que abona al derecho de transparencia en las actividades parlamentarias. Publicidad, acceso transparencia, a la información, comunicación. Un conjunto de voces que conforman y traducen una cultura. Y ello es lo primero que resulta preciso destacar en relación con el Parlamento. Más allá de las manifestaciones concretas, el Parlamento ha de entender que en la sociedad Lo anterior resulta contemporánea la relación con la 108 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 de DESAFIOS JURIDICOS 2026 entorno digital como un ente que �cambiado la que le den una legitimación relación con el poder y que le es superior; es por lo que se afirma imposible que sustraerse a ese cambio. Tudela (2020). el parlamento es una institución de mediación formal entre Así mismo, en referencia a la función las diversas fuerzas políticas. Cervantes (2020). legislativa de proveer datos para la toma de decisiones mayor De ahí que sea tan importante las calidad, Cervantes Gómez, indica que diversas maneras en que el poder la información política del poder legislativo promueva y difunda la legislativo información fortalece con el principio representativo del ente: parlamentaria; y la dinámica se realice conforme a los códigos de comunicación actuales, La publicidad posibilidad de asegura la conocer el contenido exacto de la actividad parlamentaria, la cual constituye un medio para acceder a la información de todos los órganos del Estado y a las valorizaciones que los parlamentos hacen de ella. Por otra la parte, debemos tener en parlamento cuenta es que el el foro representativo por antonomasia; en él se puede presentar la negociación entre las diversas “estas tendencias de comunicación masiva unidas al análisis de grandes cantidades de datos en tiempo real e información sientan la móvil, base por de la ejemplo, apertura parlamentaria y del tratamiento y la monitorización de la información por parte de la ciudadanía” (Sebastián y Martínez, 2016) brindando información de las actividades en las plataformas correspondan digitales al congreso que como institución e incluso las personales de las y los legisladores. fuerzas políticas y por tanto existe la posibilidad de que la Lo anterior permite que la ciudadanía decisión que se adopte sea pueda cuestionar y participar en las tomada no sólo por la mayoría, decisiones que se toman al interior del sino que concurran otros grupos, poder legislativo, por lo que los 109 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 ha DESAFIOS JURIDICOS 2026 información �máxima publicidad de sus actividades complementan. en herramientas permiten los diferentes medios de excluyentes y se Estas a comunicación, priorizando aquellas ciudadanos que puedan permear de manera cantidad de datos del gobierno, rápida y eficiente en la población que los representan. Es así que, el parlamento sencillas debe brindar espacios y herramientas monitorización no solo que divulguen la información, conversaciones directas con sus sino facilitar dicha información con representantes, fines de cambiar las expectativas de los monitoreo en favor de la ciudadanía y ciudadanos sobre la política y el ejercicio de su derecho humano de establecer acceso a la información en la era concepción digital. ciudadano- político. Sebastián y comparativos, críticos, analizar los presentan a gran través de herramientas y de establecen pudiendo una de nueva la relación Martínez (2016). El papel de la ciudadanía en la visualización de la información parlamentaria marca la tendencia de procesamiento de datos, Sebastián y Martínez aducen que: puede distinción encontradas, establecerse entre una aquellas orientadas a la monitorización y control de la información para su disposición al ciudadano y otras orientadas a la participación ciudadana en congresos o proporcionan a parlamentos, la ciudadanía la información parlamentaria mediante las tecnologías de la comunicación, A la hora de clasificar las herramientas Es decir, la manera en la que los el proceso legislativo. Ambos objetivos no incide en la manera en la que las personas serán receptoras y procesadoras de esa información para el involucramiento activo en las decisiones de gobierno, por lo que cada vez, más ciudadanos, monitorean, vigilan y cuestionan el actuar de sus representantes, lo que sin lugar a duda ayuda a mejorar los trabajos parlamentarios. 110 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 son DESAFIOS JURIDICOS 2026 congresos deben asumir la postura de �de la información según Sebastián y Martínez, además de las plataformas Tabla 2. Visualización de información parlamentaria País Reino Unido Herramienta digital Theyworkforyou.com portal de monitorización que permite filtrar y seleccionar información del parlamento británico, escoses e irlandés. Estados Unidos www.Govtrack.us es una de las plataformas más utilizadas, diseña widgets que se integran en páginas oficiales y permite la reutilización de datos para la construcción de apps. Colombia www.congresovisible.org monitoriza información de tránsito de proyectos de ley, mecanismos de control político del congreso y sistematización de votaciones. Brasil e-democracia busca la participación de la ciudadanía en el proceso legislativo. Chile Ciudadano plataforma Inteligente con es información una que fomenta la participación ciudadana; así como Vota Inteligente que reutiliza datos en bruto (raw data). 111 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 siguientes: DESAFIOS JURIDICOS 2026 oficiales del parlamento, son las Algunos ejemplos de la visualización �project, portal de monitorización de información. Sudáfrica Training Manual Monitoring del Group, Parliamentsry portal de monitorización de información. Túnez Marsad.tn recoge conversaciones y preguntas de la ciudadanía a los políticos. República Checa Kohovolit.eu mediante elementos gráficos da sentido a complejos datos de voto. Parlamento europeo www.fairpolitics.nl monitoriza la coherencia de las políticas públicas. Fuente: Sebastián y Martínez (2016) En la tabla 2 es posible ubicar diversas los espacios digitales por parte de los plataformas la congresos, la ciudadanía ejercita sus información parlamentaria, permiten el propios derechos fundamentales, por monitoreo y lo que no es ocioso realizar un estudio herramientas para la participación de para analizar los derechos digitales y la ciudadanía; recibiendo además de el derecho ciudadano a la información datos, la oportunidad de comparar y parlamentaria, y la relevancia de la cuestionar el desarrollo y toma de máxima publicidad de la misma, decisiones discutiendo el entramado tecnológico que y visibilizan brindan al espacios interior de los parlamentos. que hace falta para la consolidación de la participación ciudadana efectiva. Evidenciado la realidad actual, de la participación mediante información las de la ciudadanía, tecnologías en las de la actividades parlamentarias; es decir, con ayuda IV. PILARES DEL PARLAMENTO ABIERTO El parlamento abierto implica transparentar la información y la 112 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 The member of parliament website DESAFIOS JURIDICOS 2026 Canadá �cuentas; mecanismos para una participación ciudadana crear compromisos que requerirían ajustes efectiva al marco jurídico interno y la dinámica y usar de la administración pública. tecnologías que abonen el camino para la construcción de esta nueva relación social e institucional, que den como resultado parlamentos receptivos, innovadores y efectivos En ese sentido, los diferentes órganos de gobierno de los diversos niveles adoptarían en el competencia, ámbito de estrategias su que coadyuvaran a la implementación y que trabajen a favor de la gente. consolidación del gobierno abierto en En 2011, México signó como México. cofundador la iniciativa internacional Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto), teniendo como propósito la colaboración con la sociedad civil y con las personas para fortalecer la democracia y generar mayores beneficios para la sociedad. Para el caso del poder legislativo, en 2014 el Congreso conformó la Parlamento la Alianza Abierto incorporando Locales, de a Órganos para en los Unión el México, Congresos Garantes del Derecho de Acceso a la Información y Esta alianza fue adoptada por más de Protección de Datos Locales y a la 75 países (16 de ellos pertenecientes sociedad civil a asumir lineamientos, a América Latina principios buscando que y el y metodología para gobiernos implementar el parlamento abierto. transparencia, Dicho evento motivó a la definición de aumenten la participación ciudadana pilares y principios del parlamento en la discusión y decisión de asuntos abierto. públicos, combatir la corrupción y el Los cuatros los pilares del parlamento aprovechamiento de abierto y consisten en: tecnologías fortalecer promuevan la para los Caribe), nuevas la A) Transparencia y Acceso a la gobernanza democrática y la calidad Información. La información de de los servicios públicos. CEPAL interés público debe estar a (2024). Con ello nuestro país asumió disposición de la ciudadanía. 113 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 de DESAFIOS JURIDICOS 2026 rendición �y los legisladores justifiquen y fracción IV se estableció como uno de comuniquen las decisiones del los objetivos del cuerpo normativo: ejercicio del cargo. “Consolidar C) Participación Ciudadana. Que la ciudadanía se involucre la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante iniciativas de gobierno activamente en las decisiones abierto, que mejoren la gestión pública del Congreso en todas sus a etapas y procesos. información en formatos abiertos y través de la difusión de la D) Ética y probidad. Implica el accesibles, así como la participación establecimiento de código de efectiva de la sociedad en la atención integridad y conducta. de los mismos”. De igual manera, en el artículo 67 fracción I de esa misma Mientras que los principios de parlamento abierto incluidos en la Declaración para la Alianza para el Parlamento Abierto en México son los siguientes: 1) Derecho Información; 2) a Participación Información parlamentaria; 4) Información presupuestal y administrativa; 5) Información sobre legisladores y servidores públicos; 6) abiertos y histórica; no 7) Datos propietario; Cámaras que integran el Congreso de la Unión para la realización del parlamento abierto. la Ciudadana y Rendición de Cuentas; 3) Información ley, se determinaron atribuciones a las 8) Accesibilidad y difusión; 9) Conflictos de interés; y, 10) Legislan a favor del gobierno abierto. Por otro lado y con la aprobación en mayo de 2016 de la nueva Ley Federal De tal manera, que, en armonización a la dinámica adoptada por el Congreso de la Unión, los congresos locales, observaron y desarrollaron los principios de parlamento abierto, configurándose de manera paulatina al interior de sus actividades legislativas, la actualización de sus medios de comunicación y accesibilidad a los datos de interés ciudadano, así como la modificación de las tareas parlamentarias para adoptar su funcionamiento. de Transparencia y Acceso a la 114 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Información Pública, en su artículo 2 DESAFIOS JURIDICOS 2026 B) Rendición de Cuentas. Que las �locales contemplan en su página web transparencia. ejercicios de brindando parlamento accesibilidad a la información y abierto, a la información de las y los legisladores, documentos legislativos y de rendición de cuentas. De ahí que resulte oportuna la revisión y estudio del contenido de los portales virtuales de dichos congresos para conocer los avances y áreas de oportunidad que ellos registren; así como de manera comparativa identificar los congresos De ahí que se presente la siguiente tabla, para mayor explicación; en un primer momento se indica la adecuación al marco legal para el establecimiento gobernanza, del modelo de posteriormente el contenido de página web en relación con el modelo y en su caso, novedades o singularidades entre un congreso y otro: locales más abiertos y con mayor opacidad en información legislativa. V. PANORAMA DE PORTALES VIRTUALES DE LOS CONGRESOS LOCALES DE MÉXICO Con respecto a los ejercicios de parlamento abierto al interior de los congresos locales de nuestro país, se realizó una visita a cada una de las plataformas oficiales con el propósito de conocer los avances o áreas de oportunidad para la implementación del parlamento abierto en relación con la difusión de la información parlamentaria, la función legislativa y aquellos hallazgos que evidenciaran el ejercicio de los derechos digitales y de 115 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 acceso DESAFIOS JURIDICOS 2026 Actualmente en México, los congresos �Tabla 3. Parlamento abierto en congresos locales de México  Baja California  Redes sociales  Chat interactivo  Histórica Accesibilidad Micrositio Poder Legislativo        Sur Campeche    Chiapas     Chihuahua      Ciudad de              México Coahuila         Colima   Durango    Estado de     México Guanajuato      Guerrero  Hidalgo Jalisco  Michoacán  Morelos                              Nayarit Nuevo León  Oaxaca                         Puebla Querétaro   Quintana Roo   San Luis Potosí                116 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11   Novedades DESAFIOS JURIDICOS 2026 Baja California  Diputadas y Información Diputados presupuestaria Información  Información Aguascalientes Ley Orgánica del Federativa Constitución Local Entidad Apartado Contenido página web n Buzón de quejas Legislació �Sonora              Tabasco     Tamaulipas         Tlaxcala    Yucatán      Zacatecas      5 30 20 30 8  115  19    15   Veracruz TOTAL       17 14 2 31 Elaboración propia. Consulta realizada el 11 de julio de 2025. De la tabla 3 se desprende que, en una pestaña en su barra de menú, relación con la modificación al marco para tal efecto. normativo de las entidades federativas de México, 15 estados han realizado una reforma establecer constitucional el parlamento para abierto, mientras que 19 congresos locales han modificado la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Lo que indica que más de la mitad de las entidades federativas han legislado en materia para la realización del modelo de gobernanza al interior de sus congresos. Con respecto, al contenido de la página web de los 32 congresos locales del país, se identifica que 8 entidades federativas consideran un micrositio especial para el parlamento abierto, mientras que 5 han habilitado Por otro lado, 30 congresos locales proporcionan información de las personas legisladoras de manera rápida y sencilla; así como información histórica, es decir, de legislaturas anteriores. Y solo 20 congresos, publicitaron la información presupuestaria y administrativa de la institución y de las y los diputados. El tema de accesibilidad, es decir, que la información páginas web publicada oficiales en de las los congresos, sea de fácil acceso a las personas con discapacidad, es tomada en consideración por 17 congresos locales, lo que indica una tendencia de inclusión en los portales electrónicos. 117 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11  DESAFIOS JURIDICOS 2026 Sinaloa �como herramientas tecnológicas en fortalecimiento del parlamento abierto en los congresos locales, se identificaron los buzones de queja, chats interactivos y las redes sociales (Facebook, instagram, youtube, flickr, entre otros). Y se encontró que 14 entidades en su página web proveen de un buzón de queja para la ciudadanía; solo 2 un chat interactivo información para ofrecer parlamentaria; y, 31 congresos locales indican en sus páginas web las redes sociales como medios de difusión de la información parlamentaria. relacionado con el parlamento abierto de los portales virtuales de los locales, permite la exposición del nivel de avance, así como la aproximación implementación de a la diversas herramientas digitales para garantizar la consolidación de los pilares de parlamento abierto en el poder legislativo, específicamente a nivel estatal. apreciaciones del análisis realizado en los portales virtuales de los congresos locales, en el contexto de la nueva era de los derechos digitales y la responsabilidad del estado mexicano de incorporar el modelo de parlamento abierto en el poder legislativo, se presentan las siguientes reflexiones: PRIMERO. Resulta oportuno conocer la evolución histórica de los derechos digitales, abordar la actual discusión de si se tratan de la nueva generación de derechos fundamentales o no, porque El conocer el panorama del contenido congresos Con el propósito de delimitar algunas ello representa el reconocimiento de la transformación de las relaciones sociales en las que la esfera del derecho tiene competencia. De igual manera, sostiene la modificación de la manera de proveer dominios y herramientas innovadoras por parte de la administración pública y de las instituciones encargadas de garantizar el sano desarrollo de esos derechos frente a una realidad tecnológica que nos alcanza y será permanente en futuras generaciones. 118 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 relacionados VI. BREVES REFLEXIONES DESAFIOS JURIDICOS 2026 Y con respecto a los hallazgos �promotor de la transformación digital legisladores. en la producción y difusión de la información legislativa, sus trabajos deben orientarse a que el ecosistema virtual brinde espacios y herramientas necesarias para el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas, que los valores de colaboración institucional, inclusión y cultura parlamentaria desarrollados ampliamente sea en su manera de comunicar e implementar los pilares de parlamento abierto en coadyuvancia dinámica, aumente a que la mantener una progresivamente participación de la ciudadanía en la toma de decisiones al interior del congreso. del modelo de parlamento abierto se encuentra actualmente en ejecución en los congresos locales, aún y cuando en la entidad federativa no haya legislación en materia, las 32 legislaturas locales en sus portales virtuales contienen herramientas de abierto, las herramientas de parlamento abierto al interior de los congresos para garantizar los derechos de acceso a la información y participación ciudadana en el contexto democrático. TERCERO. El papel de la ciudadanía es determinante en los espacios y herramientas de parlamento abierto que brinden los congresos locales de México, debido a que además de la existencia de la voluntad política para el fortalecimiento del modelo, se requiere de la intervención directa de las personas con sus representantes o gobernantes. La implementación de los estándares parlamento No obstante, es necesario aumentar mínimamente aquellas referidas a la información El interés de la ciudadanía en las situaciones políticas del país puede ser motivado por las mejores prácticas internacionales, así como la configuración de escenarios por parte de las legislaturas locales, para el intercambio de ideas y propuestas, a fin de legitimar y complementar las agendas legislativas que las personas legisladoras elaboran. 119 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 parlamentaria y generales de las y los DESAFIOS JURIDICOS 2026 SEGUNDO. El poder legislativo es �de Diputados. Apertura parlamentaria en México. Análisis y retos para el congreso local de la Ciudad de México. Universidad Nacional Autónoma de México. Barrio, M. (2023) Los derechos digitales y su regulación en España, la Unión Europea e Iberoamérica. Editorial Colex S.L. Bustamante, J. (2010) La cuarta generación de derechos humanos en las redes digitales. Fundación Telefónica - Gran Vía. Cervantes, J. (2020) El papel de la función de información política del poder legislativo en el fortalecimiento de la representación. Anuario de derecho parlamentario, número 33. Cova-Fernández, E. (2022) Derechos humanos y derechos digitales en la sociedad de la información. Revista Derechos Humanos y Educación, número 6. De Gregorio, G. (2022). Digital Constitutionalism in Europe Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society. [Constitucionalismo digital en Europa: replanteamiento de los derechos y poderes en la sociedad algorítmica] University Printing House, p 83. https://doi.org/10.1017/9781009071215 Domingo, V. (2009) Los derechos humanos de cuarta generación. Crítica, número 959. 120 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Bárcena, S. (2023) Evolución y experiencias de parlamento abierto en la Cámara DESAFIOS JURIDICOS 2026 VII. REFERENCIAS: �Tecnologías. Ríofrío, J. (2012) La cuarta ola de derechos humanos: los derechos digitales. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, volumen 25. Rodríguez, R. (2000). El proceso de producción legislativa: Un procedimiento de diseño institucional. Isonomía - Revista de teoría y filosofía del Derecho, pp. 191–204. https://isonomia.itam.mx/index.php/revista- cientifica/article/view/545 Sebastián, C. y Martínez, S. (2016) Gobierno y parlamento abierto: la participación ciudadana en el tratamiento y visualización de la información pública. Revista Interamericana de Bibliotecología, 39, núm 1, pp. 47-56. Tudela, J. (2020) El parlamento en tiempos críticos. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Pons. 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Ley Federal de �APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL EN LA JUSTICIA INDÍGENA DE LAS COMUNIDADES DE OLMEDO, CANGAHUA Y PICALQUÍ APPLICATION OF CONSTITUTIONAL DUE PROCESS GUARANTEES IN THE INDIGENOUS JUSTICE SYSTEM OF THE COMMUNITIES OF OLMEDO, CANGAHUA AND PICALQUÍ Damaris Espinosa Iza Universidad Indoamérica: Ambato, Ecuador https://orcid.org/0009-0001-3898-1794 damajo0104@gmail.com Resumen: El artículo analiza la aplicación de las garantías del debido proceso constitucional en el sistema de justicia indígena del Ecuador, con un enfoque en las comunidades de Olmedo, Cangahua y Picalquí, desde una perspectiva intercultural, constitucional e interamericana. Con el afán de entender a la cosmovisión andina como fundamento base del derecho indígena, su relación y visión del mundo y el equilibrio de la comunidad como ejes estructurales de sus prácticas comunitarias. Examinando la evolución del derecho indígena y su reconocimiento en las constituciones ecuatorianas, hasta lo que establece la Constitución de 2008 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional. El artículo se centra en el análisis del contenido y alcance de las garantías del debido proceso conforme lo establece el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en concordancia con la Convención Americana de Derechos Humanos incorporando jurisprudencia relevante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Examina el procedimiento que se lleva Como citar: 121 123 Espinoza, D. (2026) Aplicación de las garantías del debido proceso constitucional en la justicia indígena de las comunidades de Olmedo, Cangahua y Picalquí Revista Desafíos Jurídicos, 6(11). https://doi.org/ 10.29105/dj6.11-214. 123-154 �derecho a la defensa, motivación y la proporcionalidad en las sanciones. Palabras Clave: Debido proceso, garantías, justicia, indígena, procedimiento Abstract: The article analyzes the application of constitutional due process guarantees in Ecuador's indigenous justice system, focusing on the communities of Olmedo, Cangahua, and Picalquí, from an intercultural, constitutional, and inter-American perspective. It does so by understanding the Andean worldview as the foundation of indigenous law, its relationship and vision of the world, and the balance of the community as structural pillars of its communal practices. It examines the evolution of indigenous law and its recognition in Ecuadorian constitutions, up to the provisions of the 2008 Constitution and the jurisprudential development of the Constitutional Court. Analyzing the content and scope of due process guarantees as established in Article 76 of the 2008 Constitution of the Republic of Ecuador, in accordance with the American Convention on Human Rights, incorporating relevant jurisprudence from the Inter-American Court of Human Rights. Examine the procedure followed when resolving conflicts in indigenous justice and how due process guarantees are applied in concrete terms and in relation to their worldview, focusing on the right to be heard, the right to defense, motivation, and proportionality in sanctions. Keywords: Due process, guarantees, justice, indigenous, procedure INTRODUCCIÓN demostrar su compatibilidad y respeto Con la adopción de la Constitución de de los derechos humanos en relación la República del Ecuador de 2008, el con los valores, principios y formas Estado ecuatoriano asume un modelo propias de administración de justicia. jurídico que reconoce, la coexistencia entre el sistema de justicia ordinaria y el sistema de justicia indígena. En este contexto, el objetivo del presente artículo es analizar en qué medida las comunidades indígenas del Ecuador aplican las garantías del debido proceso constitucional en el ejercicio de su sistema de justicia a fin de Los procesos conflictos de desde resolución una de perspectiva constitucional no podrán solamente analizarse desde una óptica formal sino desde las garantías que orienten a la tutela efectiva de los derechos. Como señala Agudelo (2005) “Al hablar procesos de constitucionalismo para la resolución y de 124 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 relación con su cosmovisión las garantías del debido proceso, enfocándose en el derecho a ser oído, DESAFIOS JURIDICOS 2026 al momento de resolver conflictos en la justicia indígena y como se aplica de forma concreta y en �protección y de efectividad que se encuentran presentes en las prácticas establecen para comunitarias, mediante mecanismos establecer un debido proceso” (p.90) y propios orientados al alcance del su relación frente a la administración equilibrio comunitario, escuchando a de justicia indígena que se rige de las partes, la defensa comunitaria, forma una motivación oral y proporcionalidad de su sanciones, lo que demuestra que el ejercicio se vincula a la cosmovisión y debido proceso, es compatible con la mecanismos propios de resolución de justicia indígena y constituye un conflictos elemento esencial para su legitimidad como garantías legítima con autodeterminación colectiva y sistema ordinario, estas se constitucional. La investigación se desarrolla mediante una metodología cualitativa, de carácter jurídico y dogmático, que combina el análisis jurisprudencial nacional interamericano empírica normativo con obtenida y e Marco Teórico DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL información través de En América Latina se reconoce, a semiestructuradas y través de diferentes instrumentos de internacionales, la obligación que país, poseen los Estados de respetar los seleccionadas por su trascendencia derechos de los pueblos indígenas, lo histórica y sociocultural en defensa y que engloba sus valores, practicas la práctica de los derechos colectivos sociales, de los pueblos indígenas estas son espirituales; es decir, todo lo que Olmedo, Cangahua y Picalquí. abarca su propia autoidentificación. El entrevistas abiertas a comunidades a integrantes indígenas del culturales, religiosas y Convenio de la OIT sobre pueblos Los principales hallazgos alcanzados evidencian que, si bien las garantías del debido proceso no son aplicadas con las formalidades establecidas en Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989, ratificado por Ecuador el 15 de mayo de 1998), es uno de los ejemplos más importantes 125 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 el DESAFIOS JURIDICOS 2026 conflictos, aparecen mecanismos de �obligación de integrar los estándares a convencional de esta garantía, no se su propio ordenamiento jurídico. agota con su formulación textual, sino que En la misma línea, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (establecida en Asamblea General de ha sido progresivamente desarrollada y precisada a través de la interpretación realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante Corte IDH. la ONU del 13 de septiembre de 2007) refuerza el reconocimiento de los Ejemplo fundamental de lo expuesto derechos de los pueblos indígenas es el caso Baena Ricardo y otros vs. como su libre determinación; su Panamá, en el que la Corte IDH derecho a mantener, desarrollar y sostuvo que el debido proceso es promocionar exigible sus procedimientos, prácticas, en cualquier tipo de costumbres, procedimiento, no se circunscribe espiritualidad, tradiciones, sistemas exclusivamente a procesos judiciales, sociales, culturales y económicos. sino aquellos en los cuales se determinen derechos y obligaciones DEBIDO PROCESO EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS las garantías fundamentales en el marco interamericano, consagrado en Convención Derechos para el análisis de la justicia indígena, el debido proceso y su aplicabilidad El debido proceso constituye una de la de las personas. Criterio relevante Americana Humanos en de adelante CADH (1969, instrumento ratificado por Ecuador el 28 de diciembre de 1977). El artículo 8 desarrolla las garantías judiciales para la protección de los derechos humanos, frente a un más allá del modelo judicial estatal clásico para la resolución de conflictos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2001). De manera adicional en el caso Yatama vs. Nicaragua, la Corte IDH incorporó de manera expresa el enfoque intercultural como un criterio indispensable al momento de interpretar las garantías procesales. A 126 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 proceso justo y equitativo. El texto DESAFIOS JURIDICOS 2026 con el cual el Estado establece la �a los pueblos indígenas sus formas de exclusión hacia una visión de propias de organización política, social reconocimiento y jurídica, así como la obligación normativo. estatal de adoptar un trato diferenciado orientado a alcanzar una igualdad real y material. Desde este enfoque, se afirmó la necesidad de establecer mecanismos que promuevan la participación efectiva de los pueblos indígenas a partir de sus propias instituciones, intercultural prácticas y costumbres, sin que se excluyan las garantías mínimas que integran el debido proceso. (Corte Interamericana Desde 1830 hasta constituciones respondían las ecuatorianas a monocultural una del concepción Estado y del derecho. De acuerdo con este modelo, los pueblos indígenas fueron concebidos como grupos sociales “en proceso”, lo que dio lugar a una exclusión estructural y persistente, materializada en la ausencia del reconocimiento de Derechos Humanos, 2005) 1978, formal ante el ordenamiento jurídico estatal (Ayala, MARCO CONSTITUCIONAL 2014). En este contexto, la validez ECUATORIANO DE LA JUSTICIA jurídica INDÍGENA excluyente a la normativa producida El reconocimiento constitucional del por el Estado, lo que implicó la derecho negación de toda forma de juridicidad propio y de la justicia se vinculó indígena en el Ecuador no es un no hecho consecuencia, aislado ni reciente del institucionalizada se de manera y, desconoce en las constitucionalismo moderno, sino el prácticas jurídicas ancestrales que se resultado ejercían en los territorios de las de luchas históricas marcadas por la resistencia de los comunidades indígenas. pueblos y nacionalidades indígenas Con la creación del Consejo de frente Nacionalidades Indígenas, se origina a modelos estatales que durante años negaron la diversidad en 1980, la Confederación de cultural y jurídica existente en el Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Esta evolución refleja una Ecuador CONAIE, como resultado de 127 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 transición progresiva desde el modelo DESAFIOS JURIDICOS 2026 través de esta sentencia, se reconoció �de federaciones y comunidades, confederaciones propias de organización social y jurídica. No obstante, dicho indígenas por defender sus derechos, identificación preservar su identidad y territorios, y evidentes, puesto que la jurisdicción promover indígena la autodeterminación” aún mantuvo no límites alcanzó una CONAIE (s.f). Este proceso alcanzó consagración plena en la normativa un punto decisorio en 1990 en ecuatoriana. En este sentido, como consonancia señala con el denominado Ocampo (2015) “la “Levantamiento de 1990” o también Constitución de 1998 representa un como Inti avance simbólico pero insuficiente al Raymi”, una de las movilizaciones romper con el paradigma monocultural sociales más significativas del país, del derecho” (p. 42). el impulsada visibilizó “Levantamiento por de la de CONAIE, manera histórica que el reconocimiento y garantía de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas (Simbaña, La Constitución de la República de Ecuador de 2008 marcó un cambio trascendental en la configuración del derecho indígena, al definir a Ecuador como un Estado constitucional de 2020). derechos y justicia, intercultural y Estas movilizaciones y procesos de plurinacional, resistencia décadas coexistencia de diversos sistemas previas facilitan que al entrar en vigor jurídicos dentro del mismo Estado (art. la Constitución de 1998, se establezca 1 de forma expresa por primera vez la constitucional se consolidó mediante existencia de derechos colectivos de el artículo 171 en el cual se consagra los pueblos indígenas, lo que permitió explícitamente la jurisdicción indígena sentar las bases iniciales para el al disponer a las autoridades de las reconocimiento del derecho indígena y comunidades, la diversidad cultural que se encuentra nacionalidades en el Estado ecuatoriano. Este marco funciones jurisdiccionales con base en incorporó el derecho a la identidad sus tradiciones ancestrales y su durante las CRE). Esta aceptando nueva la ideología pueblos indígenas y ejercer cultural, al territorio y a las formas 128 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 lucha DESAFIOS JURIDICOS 2026 “la �territorial. respeto a los sistemas jurídicos indígenas y la coexistencia de las La Corte Constitucional a través de su jurisprudencia, cumple un rol esencial en la delimitación del alcance de la justicia indígena y su relación con las garantías del debido proceso. Desde esta función la Corte Constitucional ratifica la existencia de una jurisdicción indígena amparada por la Constitución, al tiempo que plantea la necesidad de un control constitucional cuando se presenten afectaciones a fundamentales. interpretativa los desde un enfoque intercultural. Este marco constitucional interno, permite armonizar el pluralismo jurídico con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado ecuatoriano. A partir de esta relación entre sistemas, resulta necesario examinar como la Corte Constitucional ha aplicado estos criterios sobre el debido proceso en casos concretos de justicia indígena. derechos Esta permite posibles garantías mínimas del debido proceso el acción equilibrio Sentencia 004-14-SCN-CC (Caso La Cocha I) entre el respeto de las formas propias de administración de justicia con la tutela judicial efectiva de los derechos humanos. En esta línea, Ávila (2011) destaca la importancia del control constitucional garantista, orientada a la protección de los derechos frente a Marcó un comprensión punto del decisivo debido en la proceso dentro de la justicia indígena. La Corte Constitucional afirmó que el debido proceso en la justicia indígena posee un carácter autónomo, es decir, no se puede evaluarlo bajo los estándares eventuales excesos. occidentales de justicia. Desde una Este control Constitucional no se mirada intercultural, el Alto Tribunal construye de forma aislada, sino que reconoció la existencia de diferentes se relaciona de forma permanente con formas de concebir la justicia y los estándares emitidos por el Sistema sostuvo la necesidad de interpretar los Interamericano procedimientos indígenas a partir de Humanos, en de Derechos particular la sus propias lógicas comunitarias. En 129 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 jurisprudencia de la Corte IDH sobre el DESAFIOS JURIDICOS 2026 derecho propio, dentro de su ámbito �los principios de oralidad, derecho a alcance ser oído, adopción de resoluciones plurinacionalidad consagrada en la colectivas Constitución. y costumbres el cumplimiento de cada de material de la comunidad, siempre en el marco del respeto a los Sentencia 1-21-EI/24 derechos fundamentales que orientan Analiza las autoridades indígenas y la existencia resoluciones de pueblos y comunidades indígenas. de la competencia procedimientos preestablecidos Sentencia 113-14-SEP-CC, (Caso la Cocha II) comunidades. La las propios de sus Corte Constitucional, en su pronunciamiento Profundizó el análisis del debido proceso en la justicia indígena desde una perspectiva intercultural. La Corte Constitucional sostuvo que la valoración de las garantías procesales debe realizarse a partir de las normas y prácticas propias de los pueblos indígenas, siempre que no afecten derechos fundamentales. Así mismo, destacó la oralidad como base del procedimiento indígena y el derecho a ser oído en asamblea como máxima expresión del debido proceso en este sistema. No obstante, la sentencia generó dentro de críticas organizaciones por diversas indígenas, al considerar en su criterio que, el texto de la sentencia limita la competencia y destacó a la Asamblea General como máxima expresión de la voluntad comunitaria y como el espacio legitimo para la toma de decisiones que cumplen con el debido proceso y sus garantías; como el derecho a ser juzgado por una autoridad competente, la participación efectiva de las partes y la posibilidad de contradicción. Así mismo, precisó que cualquier revisión de decisiones adoptadas en el marco de la justicia indígena, debe limitarse a supuestos de vulneración clara y grave a la Constitución con el objeto de no involucrarse jurisdiccional en de los autonomía pueblos nacionalidades indígenas. reduce su autoridad a casos de menor 130 y JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 gravedad, con lo que se afecta el DESAFIOS JURIDICOS 2026 este sentido, se otorgó relevancia a �la comprensión contemporánea de esfuerzo por armonizar el pluralismo quienes conforman las comunidades en un contexto del respeto a la indígenas y por qué su identificación autodeterminación de los pueblos resulta determinante para el ejercicio indígenas sin renunciar a los principios de sus derechos colectivos. En este que sostienen el Estado constitucional contexto, Ayala (2005) menciona que de derechos y justicia. “los pueblos o comunidades indígenas son aquellos grupos sociales y culturales distintos que mantienen viva su historia frente a estados modernos y su vínculo ancestral colectivo con la naturaleza, su conocimientos territorio, sistemas propios”, características esenciales sobre su COSMOVISIÓN ANDINA FUNDAMENTOS DEL Y DERECHO INDÍGENA La cosmovisión andina constituye un eje estructural en el cual se desarrolla el derecho indígena y sus formas propias de administración de justicia. A diferencia del sistema jurídico autodeterminación. occidental, que concibe al derecho En conjunto, estas sentencias como un sistema evidencian una evolución progresiva autónomo, en la jurisprudencia constitucional dimensiones de la vida social, la visión ecuatoriana respecto a la justicia andina integra de manera inseparable indígena y su vínculo con el debido los ámbitos jurídico, espiritual, social y proceso. la natural. Desde esta perspectiva, el jurídico derecho no opera de forma aislada, perspectiva sino como una expresión viva de la Primero se del sistema autonomía indígena desde intercultural, afirma una introdujo criterios de delimitación de la naturaleza y el orden colectivo. En competencia que generaron tensiones consecuencia, comprender el derecho en indígena exige aproximarse a la forma alcance esto otras relación armónica entre la comunidad, al a de se torno posterior separado normativo de la plurinacionalidad. También se enfatizó en en entienden el mundo y todo lo que se los límites claros para la intervención del control constitucional. que los pueblos indígenas rodea (García, 2020). 131 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Este recorrido jurisprudencial refleja el DESAFIOS JURIDICOS 2026 Además, la sentencia reflexiona sobre �mundo como un ente vivo y relacional estrechamente vinculada a los ciclos en el cual el ser humano forma parte de la naturaleza y a los rituales de la inseparable. La Pachamama o Madre vida comunitaria y agrícola. En el Tierra, constituye el principio vital que ámbito jurídico, dicha comprensión sostiene la existencia de todos los influye de forma decisoria en la seres y orienta la manera en la que se manera de asumir la responsabilidad, organizan las relaciones comunitarias. determinar la sanción y orientar la Esta visión resulta indispensable para reparación, cuyo objetivo principal es entender al derecho indígena, puesto la renovación y la recomposición del que su finalidad no se limita a los equilibrio comunitario. intereses individuales, sino que se extiende al equilibrio entre comunidad mantenimiento y la la del persona, la naturaleza; en consecuencia, los procesos de justicia indígena buscan la restauración del orden comunitario afectado, priorizando la armonía colectiva como una expresión de una justicia que repara, reconcilia y devuelve el Bajo el mismo cosmovisión, conciben los como desequilibrio de la conflictos se expresiones de dentro de la vida comunitaria, cuya corrección resulta prioritaria para restablecer la armonía colectiva. Las sanciones establecidas poseen un carácter temporal y simbólico, orientado a que la persona responsable sentido a la convivencia. esquema reflexione sobre su conducta, repare el daño causado y se En este ámbito, uno de los elementos reincorpore a la comunidad. Desde principales de la cosmovisión andina una radica en su concepción cíclica del aplicación de las garantías del debido tiempo. A diferencia del entendimiento proceso busca atender una lógica occidental, que organiza el tiempo de restaurativa y de reinserción, lo que manera lineal a partir del pasado, implica respetar los tiempos propios presente para la resolución de los conflictos sin y futuro, los pueblos perspectiva indígenas conciben el tiempo como un imponer proceso prácticas de justicia. circular en constante criterios intercultural, ajenos a la sus 132 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 renovación. Esta visión se encuentra DESAFIOS JURIDICOS 2026 Desde esta concepción se entiende al �equilibrio, que constituye otro de los comunitarias. pilares importantes en el derecho representa el mundo físico terrenal, el indígena. El mismo no se entiende aquí (espacio) y el ahora (tiempo), como un estado fijo sino, como una donde se desarrollan las practicas condición comunitarias, dinámica restaurarse que requiere permanentemente a El se Kay Pacha gestionan los conflictos y se regulan las relaciones través de prácticas sociales, culturales comunitarias. y jurídicas. Frente a un conflicto, este corresponde al mundo interior, lo principio o la falta de equilibrio, afecta oculto o ancestral, vinculado a la la relación entre la persona, la memoria colectiva, a la presencia de comunidad, la los antepasados y por tanto lo dimensión espiritual. La falta de espiritual, importante para entender la equilibrio provoca una ruptura, ante historia esta ruptura, la justicia indígena comunidad. Finalmente, Hanan Pacha orienta la simboliza el mundo superior, los astros recomposición del orden alterado (guía para siembra, la producción mediante mecanismos de reparación agrícola y el riego) horizonte ético para enfocados en trabajos comunitarios o alcanzar el equilibrio y el orden entre rituales de lo material o lo inmaterial. Estos prácticas satisfacen su exigencias la naturaleza respuesta y a purificación. jurídicas tanto Estas a como y El Uku continuidad Pacha de la las principios guían la vida comunitaria y las las acciones para alcanzar la armonía espirituales al restituir el equilibrio (Cruz, 2018). colectivo como finalidad última del Esta concepción de la cosmovisión sistema de justicia indígena. andina no se limita a una visión De esta forma, se concibe al universo simbólica como mundos constituye el fundamento que legitima interrelacionados y complementarios, a la autoridad y sus decisiones. La conocidos como Pachakuna. Esta interacción armónica entre mundos se visión se organiza a partir de la refleja en la forma en que las estructura tripartita de tiempo espacio comunidades un conjunto de del mundo, organizan sino su que vida 133 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 que orienta la vida y las practicas DESAFIOS JURIDICOS 2026 La cosmovisión incluye además el �En jurisdicción comunitaria y el derecho indígena y indígena sostiene una relación propia, regulan el Alli Kawsay (Armonia) entre comunitaria y espiritual que conforman la una unidad indispensable. naturaleza y la espiritualidad. Llasag A partir de la base etimológica (2007). este contexto la que persona, orientan la la vida comunidad, la planteada, se proceden a analizar los Ilustración 1: Principios que guían el derecho indígena La relación entre mundos vida social, política y jurídica. Estos configura el derecho indígena, por lo principios no operan únicamente como que queda explicado que no solo deberes busca expresiones resolver el estos conflicto sino individuales, sino profundas como de la restablecer la armonía. En Ecuador, la responsabilidad colectiva. Su sentido Constitución de la Republica 2008, se alinea a la preservación del incorpora en su artículo 83 inciso dos, equilibrio comunitario y la armonía con los principios ancestrales “AMA KILLA, la naturaleza, entendidas como el eje AMA LLULLA, AMA SHWA” (no ser que sostiene el tejido social y el orden ocioso, no mentir y no robar) como de fundamentos éticos que orientan la perspectiva, la Constitución recoge la convivencia. Desde esta 134 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 principios DESAFIOS JURIDICOS 2026 colectiva y resuelven sus conflictos. �dignidad humana se construye en de relación con la comunidad y la tierra observancia que la sostiene (Yumbay, 2022). procedimiento destinado determinación de EL DEBIDO PROCESO 2008, el cual dispone obligatoria obligaciones, en su todo a la derechos y incluidos aquellos CONSTITUCIONAL EN LA JUSTICIA desarrollados en el ámbito de la INDÍGENA justicia indígena. El debido proceso constituye una de las garantías esenciales en un Estado En el ámbito jurídico una “garantía”, constitucional de derechos y justicia alude como el ecuatoriano. Se define como orientadas a la tutela efectiva de los el conjunto de garantías mínimas que derechos, deben todo derecho romano (Ferrajoli, 2007). Las se garantías operan como límites al determinen derechos y obligaciones, ejercicio del poder y aseguran las con el fin de asegurar decisiones decisiones justas, razonables y conforme al orden adopten en relación con los derechos jurídico. Esta garantía cumple una fundamentales doble constitucionales. observarse procedimiento en función: en el primero que establece límites al ejercicio del poder de las autoridades; y por otro lado, protege a las personas frente a actuaciones ilegales, ilegítimas o arbitrarias. Frente a esto, el debido proceso se rige como un pilar fundamental para la protección de los derechos fundamentales (Ferrajoli, 2001). a técnicas concepto de normativas derivado autoridades y del que principios Las garantías del debido proceso constituyen instrumentos fundamentales del derecho sustantivo orientados a la protección de la dignidad humana, materializados a través de normas que reconocen derechos, deberes y obligaciones fundamentales a todas las personas. jurídico La Corte Constitucional a través de su ecuatoriano, el debido proceso se jurisprudencia reiterada, ha sostenido encuentra consagrado en el artículo la En el ordenamiento importancia y necesidad del 135 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 76 de la Constitución de la República DESAFIOS JURIDICOS 2026 una visión del mundo en que la �debido el ejercicio jurisdiccional, incluyendo el para sistema de justicia indígena, se rija por salvaguardar los derechos frente a principios y derechos orientados a la decisiones protección de la dignidad humana. En garantía que esencial resulten ilegales, ilegítimas o arbitrarias. este marco, la Corte Constitucional en ejercicio de su función de control y La aplicación del debido proceso en el sistema de justicia indígena exige armonizar dos realidades jurídicas distintas, el apartado constitucional jurídico y el apartado jurídico indígena. En este contexto, el debido proceso no puede entenderse desde una lógica formal, rígida y monocultural, sino desde un punto de vista intercultural, como un conjunto de mínimas garantías que se materializarán en relación con sus formas propias de organización, deliberación y decisiones comunitarias, tal como lo menciona Llasag (2020) este enfoque permite reconocer autonomía y respetar jurisdiccional de la los pueblos indígenas sin aplazar la protección de los derechos fundamentales. garantía la supremacía constitucional, ha establecido como rol esencial la tutela de los derechos fundamentales frente a eventuales vulneraciones que puedan producirse en cualquier jurisdiccional, jurisdicción sin procedimiento distinguir ordinaria o entre indígena (Suplemento del R. O. No. 97, 2009) Desde esta perspectiva, el debido proceso se comprende como el conjunto de garantías constitucionales mínimas que orientan todo ejercicio jurisdiccional. En el ordenamiento ecuatoriano, estas garantías están desarrolladas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008. Dichas garantías constituyen un marco referencial para el análisis del debido proceso en la justicia GARANTÍAS de DEL DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONALES El debido proceso, como una garantía indígena, imposición lógica, no sino para una para la identificación de como estas garantías se materializan en este tipo de esencial en un Estado constitucional de derechos y justicia, exige que todo 136 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 proceso como del DESAFIOS JURIDICOS 2026 cumplimiento �una perspectiva intercultural. Tabla 1Grantías del Debido Proceso Constitucionales GARANTÍA LEGALIDAD PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMPETENCIA VALIDEZ PROBATORIA PRINCIPIO PRO HOMINE PROPORCIONALIDAD DERECHO A LA DEFENSA TIEMPO Y MEDIOS ADECUADOS DERECHO A SER OIDO PUBLICIDAD CONCEPTO Toda autoridad debe asegurar el cumplimiento de normas y derechos de las partes. Toda persona es inocente hasta resolución firme o sentencia ejecutoriada. Sanción se emita por autoridades legítimas y competentes. Las pruebas obtenidas con violación a la Constitución o la ley no tienen validez. Ante duda normativa o conflicto de sanciones, se aplica la más favorable. Las sanciones deben guardar relación con la gravedad de la infracción. Participación directa de los involucrados y de su entorno, en todas las etapas del procedimiento. Derecho a contar con condiciones suficientes para preparar la defensa. Ser escuchado oportunamente y en igualdad de condiciones. Procedimientos públicos, salvo excepciones legales. Presencia de un defensor que actúe de manera DEFENSA TÉCNICA diligente, efectiva y con conocimientos jurídicos para la protección de los intereses del defendido. INTÉRPRETE O TRADUCTOR CONTRADICCIÓN NON BIS IN IDEM JUZGADOR INDEPENDIENTE E IMPARCIAL Asistencia gratuita cuando no se comprende el idioma del proceso. Presentar argumentos, pruebas y controvertir las de la contraparte. Prohibición de doble juzgamiento, incluye decisiones indígenas. No tener conflictos de interés. 137 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 desde DESAFIOS JURIDICOS 2026 procedimientos �Posibilidad de impugnar decisiones que afecten DERECHO A RECURRIR derechos. Nota. Información tomada del artículo 76 la Constitución de la República del Ecuador (2008). PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN La selección de la Confederación del DE CONFLICTOS EN EL SISTEMA pueblo Kayambi no es fortuita, sino DE JUSTICIA INDIGENA que se fundamenta en su carácter de territorio El presente apartado tiene como finalidad analizar el procedimiento de resolución de conflictos en el sistema de justicia indígena, que integra el estudio normativo con el conocimiento práctico de las comunidades. Para el presente estudio, entrevistas se (abordaje incorporan de paradigmático para el pluralismo jurídico en el país, debido a su robusta estructura organizativa y a la consolidación de sus procesos de gobernanza que le han permitido un desarrollo de su derecho propio y con ello el desarrollo de sus procesos de justicia indígena. campo) realizadas durante el año 2025, a El pueblo Kayambi reside en la región representantes de tres comunidades Sierra Norte del Ecuador, y ocupa que son: las comunidades ancestrales territorios al norte de la provincia de de Cangahua, Pichincha, al sur de la provincia de descendientes del pueblo Kayambi y Imbabura y al oeste de la provincia del la comunidad Picalquí descendientes Napo. La población estimada de este del pueblo Cochasqui. Todas estas pueblo es de 147.000 habitantes, de comunidades la los cuales aproximadamente 120 000 Confederación del pueblo Kayambi y se encuentran en la provincia de mantienen vigente sus propias formas Pichincha, 27 000 en la provincia de de Imbabura y 350 en la provincia del Olmedo y pertenecen organización a comunitaria administración de justicia. y Napo. La población está organizada, aproximadamente en 131 comunas. 138 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 fácticos y jurídicos de sus decisiones. DESAFIOS JURIDICOS 2026 Los juzgadores deben explicar los fundamentos MOTIVACIÓN �segunda lengua. (CONAIE, s.f). políticamente el 26 de septiembre de Olmedo, Cangahua y Picalquí, poseen 1911. una relevancia histórica significativa, reconocimiento político, por cuanto al pues han sido escenarios de procesos ser un pueblo ancestral ya existía organizativos papel desde tiempos inmemoriales como histórico relevante en la lucha por la comunidad. Aun cuando no hay datos reivindicación de derechos indígenas. censales que establezcan la población Figuras como Dolores Cacuango y de forma actualizada, se puede indicar Tránsito Amaguaña, son protagonistas que su población supera los seis mil emblemáticas en la reivindicación de habitantes. Se caracteriza por la la tierra y la educación intercultural conservación bilingüe tradicionales (como el Diablo Huma), a y nivel tienen un nacional (GAD Pichincha, s.f.). Se resalta de fundamentalmente permite comprender el ejercicio actual de la justicia indígena como una práctica viva, estrechamente ligada a la naturaleza, a la memoria colectiva y las luchas sociales de estas comunidades; y conduce a analizar desde una perspectiva situada, tanto las etapas de la justicia indígena como su relación con las garantías del debido proceso hecho del vestimentas prácticas culturales ancestrales y Este contexto territorial e histórico a el previstas en la Constitución. Con relación al contexto socio gráfico de Olmedo, se puede indicar que está ubicado en el cantón Cayambe, cuenta con una extensión aproximada la celebración anual del Inti Raymi o fiesta del Sol (relacionado con el solsticio de Junio), rito fundamental que denota la ciclicidad de su cultura (año nuevo indígena desde la perspectiva de la renovación de los tiempos). En esta fiesta, esencialmente se agradecen las cosechas que vienen del Dios Sol, se renuevan la relación con la madre naturaleza, se renuevan los tiempos cíclicos y se renueva el equilibrio (dualidad). Éste último es fundamental en la cosmovisión indígena, pues la realización de estos rituales comunitarios refuerza una concepción de justicia orientada a la restauración 139 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 de 351,24 km² y fue reconocida DESAFIOS JURIDICOS 2026 Hablan kichwa y castellano como �de Olmedo, vale aclarar que la realiza el abordaje de campo reside en persona con la que se realiza el la comuna Pitana Bajo. abordaje de campo reside en la Finalmente, la comunidad de Picalquí comuna Kichwa El Chaupi. se localiza en el cantón Pedro Respecto del contexto socio gráfico de Moncayo, aproximadamente a 61 Cangahua, también perteneciente al kilómetros al noreste de la ciudad de cantón una Quito. Su territorio se extiende desde extensión aproximada de 440 km² y al las riberas del río Pisque hasta los igual que Olmedo, fue reconocida páramos andinos, y forma parte de la políticamente el 29 de octubre de parroquia rural Tupigachi, que cuenta 1790. Cuenta con una población con una población aproximada de superior a los dieciséis mil habitantes 5.210 habitantes. En esta comunidad y se Cayambe, distingue prácticas posee por sus sólidas se mantienen prácticas comunitarias comunitarias y vinculadas a la ciclicidad del tiempo, la manifestaciones culturales, entre las organización territorial, al trabajo que destaca la celebración del Pawkar colectivo y a mecanismos propios de Raymi (Fiesta cíclica del florecimiento resolución de conflictos, los cuales se y relacionado con el solsticio de expresan de manera cotidiana en la marzo), vinculada al inicio del ciclo vida comunitaria. agrícola y el renacimiento de la naturaleza. En este territorio persisten formas colectivas de organización y resolución de conflictos que reflejan la cosmovisión andina y evidencian que, aun sin codificación escrita, existen reglas claras procedimiento legitimidad que y de orientan aseguran las el la decisiones comunitarias (GAD Pichincha, s.f.). Dada la extensión de Cangahua, vale Para el abordaje de campo, se empleó un muestreo no probabilístico de tipo intencional o por criterio, técnica pertinente cuando el objeto de estudio es un sistema de conocimiento especializado y ancestral. En este tipo de investigaciones, la validez metodológica no se sustenta en la representatividad estadística poblacional, sino en la profundidad, 140 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 aclarar que la persona con la que se DESAFIOS JURIDICOS 2026 del equilibrio social. Dada la extensión �situado que poseen los informantes primera mano, la forma en que se clave, de aplican las garantías del debido saturación teórica (Glaser & Strauss, proceso a través de la materialización 2017) y los criterios de credibilidad de sus prácticas propias, en las que la propuestos palabra, la memoria colectiva y la siguiendo por el principio Lincoln y Guba (1985)." autoridad moral sustituyen a la escritura y a la rigidez procedimental. Tabla 2Entrevistas de miembros de comunidades indígenas COMUNIDAD INDÍGENA ENTREVISTADO ROL COMUNITARIO Miembro de la comunidad y ex dirigente de la Confederación del Pueblo Kayambi, con lo que ha participado de forma directa en asambleas comunitarias y OLMEDO K.F procesos de resolución de conflictos. Su trayectoria aporta una visión en la articulación constitucional de la justicia indígena y el debido proceso intercultural. Miembro activo de la comunidad. Él y su familia han participado de forma directa en asambleas comunitarias y CANGAHUA A.Q procesos de resolución de conflictos. Tiene amplio conocimiento sobre las etapas del proceso de justicia indígena. Presidente de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas Cochasquí Pedro Moncayo (UCCOPEM) con lo que ha participado de forma directa en asambleas PICALQUÍ J. C comunitarias y procesos de resolución de conflictos. Aporta un análisis práctico sobre autoridad, proporcionalidad y reparación en la justicia indígena desde su experiencia organizativa Nota. Información tomada de entrevistas y de las comunidades. 141 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Este abordaje permite constatar de DESAFIOS JURIDICOS 2026 pertinencia y calidad del conocimiento �proceso el procedimiento de justicia indígena constitucional en el sistema de justicia desde una perspectiva intercultural, no indígena, imprescindible se estructura por actos escritos ni observar las etapas que siguen ciertas rígidamente predeterminados. Por el comunidades contrario, se resolución de conflictos. Si bien no principalmente por todas las comunidades tienen un participación comunitaria y flexibilidad procedimiento uniforme, pues cada normativa basada en sus prácticas comunidad consuetudinarias. propias identificar el debido resulta indígenas actúa conforme costumbres, fases para es la sus posible su oralidad, Como señala Llasag, R. (2020) esta forma de Es administrar justicia precisamente en estas etapas donde únicamente la las garantías del debido proceso se recomposición del tejido comunitario materializan o eventualmente pueden afectado por el conflicto. El eje central verse vulneradas, lo que permite es el restablecimiento de la armonía y examinar el equilibrio en la comunidad. la comunes. caracteriza aplicación de los no persigue sanción, sino la estándares constitucionales mínimos en el sistema de justicia indígena. Es por ello que las etapas generales del procedimiento de justicia indígena A diferencia del proceso de justicia se dividen en: ordinario que posee una lógica formal, Ilustración 2Procedimiento de Justicia Indígena WILLACHINA TAPUYKUNA CHIMBAPURANA KILLPICHIRINA PAKTACHINA KUSHIYARINA Nota. La figura muestra cuales son las etapas que tiene un procedimiento de justicia indígena. Fuente: Tiban (2018). Willachina o Willana (aviso) El aviso inicial constituye el primer momento del procedimiento de justicia indígena, donde la persona afectada o la comunidad autoridades informa indígenas a las como el 142 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 analizar DESAFIOS JURIDICOS 2026 Al �dirigentes sobre el resolver el conflicto. En este espacio ocasionado un las autoridades no actúan de forma desequilibrio comunitario, un acto que aislada, sino que, su facultad de juzgar trasciende la queja individual para es legitimada por el consenso de los convertirlo la presentes, asegurando que cualquier armonía decisión sea tomada de forma válida. conflicto comunitarios que ha en restauración un de llamado la a comunitaria. De esta forma, el aviso inicial, se transforma En este sentido, las autoridades o dirigentes que se harán cargo de encaminar el caso reciben la palabra de los involucrados y asumen la responsabilidad de guiar el proceso. Hecho esto, realizan un llamado directo o convocatoria a la comunidad para trasladar el caso a un espacio en un proceso transparente que busca devolver el equilibrio mediante la participación de todos y se vincula de manera directa con el derecho a ser juzgado por un juzgador competente, imparcial e independiente, garantía reconocida en el artículo 76 de la Constitución de la Republica del Ecuador. público y participativo. Esta fase se vincula de manera directa con el Desde la experiencia comunitaria, las derecho a ser oído, reconocido tanto personas entrevistadas señalaron que en el artículo 76 de la Constitución de el derecho a ser oído (al ser un la Republica del Ecuador como en el proceso artículo 8.1 CADH, como garantía garantiza desde el primer momento en mínima de todo proceso. que la autoridad recibe el aviso, así absolutamente oral) se como se garantiza con la posibilidad Una vez que se instala la asamblea, las autoridades del cabildo, del consejo de ancianos o los dirigentes comunitarios presentan el caso a la comunidad, acto jurídico con el cual queda radicada la competencia y legitimada la capacidad de la de empezar un proceso para conocer la verdad del conflicto. A través de la misma línea, la legitimidad de las autoridades no se origina de un texto escrito, sino de la validación pública al momento de instalarse la asamblea, donde el llamado público a las partes 143 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Asamblea comunitaria para conocer y DESAFIOS JURIDICOS 2026 cabildo, el consejo de ancianos o los �ausencia ni en secreto. Así, el debido equilibrio. proceso una fundamental la relación con la noción responsabilidad compartida donde la de Uku Pacha para comprender el notificación oportuna y la participación alcance de la palabra, del conflicto y colectiva protegen la integridad de encontrar la forma de devolver el todos los involucrados. equilibrio. Tapuykuna o Tapuna (averiguar o Este proceso se vincula directamente se vive como En este hecho es con la garantía constitucional de investigar) valoración legítima de la prueba y con En esta etapa, se presentan los elementos necesarios para la investigación del conflicto dentro del sistema de justicia indígena. Las autoridades comunitarias recolectan los elementos necesarios para comprender lo sucedido, constatan el lugar de los hechos y receptan los testimonios de quienes conocen los hechos para la posible contradicción de la palabra recibida, con el objetivo de entender cuál es la magnitud del problema y de esta forma determinar a los responsables del daño. Vale aclarar que, en la cosmovisión indígena, comprender lo sucedido no se limita a la búsqueda de hechos materiales, sino que el derecho a presentar y controvertir elementos probatorios, así como el derecho a contradecir lo actuado. En el mismo sentido, se relaciona con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige una investigación imparcial y razonable. entrevistadas Las personas destacaron que escuchar a quienes conocen los hechos y analizar comunitario alcanzar resulta una el contexto esencial teoría del para caso estructurada, que permita alcanzar el equilibrio de la comunidad y la responsabilidad de quien haya causado el conflicto. incorpora elementos espirituales, relacionales y comunitarios, para evaluar desde la profundidad de la causa o el grado en 144 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 que se afectó a la comunidad y al DESAFIOS JURIDICOS 2026 asegura que nadie sea juzgado en �Wahichina o Ñawinchi (careo o confrontación entre defensa, consagrado en el artículo 76 CRE y artículo 8.1 CADH de forma efectiva y adecuada para el caso, las partes) Esta acorde también con lo señalado por la etapa hace al Corte IDH en el caso López Álvarez momento del careo comunitario, en el vs. Honduras, (2006), caso en el que que las partes exponen de forma oral el accionante no se le permitió su versión de los hechos ante las expresarse en su propio idioma, lo que autoridades indígenas y la asamblea le comunal. Para que sea efectivo, debe alegatos y exponer su demanda en los realizarse que términos de su identidad cultural respeten su identidad cultural. Este propia, con lo que a criterio de la Corte espacio IDH se vulneró su derecho a la en no referencia condiciones se limita a una confrontación individual, sino que impidió presentar pruebas y defensa. integra la participación de familiares y miembros cercanos de la comunidad, quienes aportan su mirada colectiva para comprender el conflicto en su totalidad. La persona involucrada enfrenta el proceso acompañado por su familia y por autoridades tradicionales que orientan y sostienen el diálogo, con lo cual el derecho a la defensa adquiere un sentido Al respecto, A. Q., integrante de la comunidad Pitana Bajo, Cangahua, señaló que “el derecho a la defensa no solo implica ser oído, sino el respeto a las tradiciones propias, el acceso a la información, la posibilidad de presentar pruebas y ser escuchado por autoridades legítimas, con el objetivo de alcanzar la reconciliación y restablecer la armonía comunitaria” profundamente comunitario. (Entrevista 2, 2025). La comunicación directa y participativa de las partes, la presentación de las Killpichirina (Resolución o Sanción) pruebas y de los alegatos respectivos Esta etapa constituye el momento en en la Asamblea comunitaria, bajo los el que la comunidad adopta la propios resolución final y define la sanción parámetros de identidad cultural, materializa el derecho a la correspondiente, a partir de un 145 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 o DESAFIOS JURIDICOS 2026 Chimbapurana �que participan las partes involucradas, por la propia comunidad” (Entrevista 3, sus 2025). Esta etapa reafirma que la familias y las autoridades comunitarias. justicia indígena se sostiene en la legitimidad colectiva y en la búsqueda Las decisiones se comunican de constante de armonía. forma pública ante la comunidad, acompañadas de explicaciones claras Con relación a la sanción, las medidas para y que se van a imponer no persiguen el restaurar a la persona a la comunidad. castigo en sí mismo, sino la reparación Esta fase se vincula directamente con del daño y la recomposición del tejido la garantía de la motivación, pues, comunitario, por medio de trabajos aunque la decisión no conste por colectivos, actos simbólicos o rituales escrito, de reconciliación. comprender debe la decisión ser proporcional y razonable, debidamente justificada, conforme a lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia 1158-17-EP/21, a fin de evitar arbitrariedades y asegurar la En este contexto, el uso de elementos u objetos simbólicos constituye una forma legítima de expresión jurídica, válida dentro de la cosmovisión propia. Al respecto, J. C., integrante de la comunidad Picalquí, manifestó que “las decisiones adoptadas desde las costumbres y la cosmovisión andina se rigen siempre por el respeto fundamentales, legitimidad a así las decisiones autoridades tomadas comunitarias, por las K. F miembro de la comunidad de Olmedo menciona “la proporcionalidad no es tutela judicial efectiva. rituales En relación con la proporcionalidad de los como democrática derechos por la de un cálculo sobre imputación de una pena, sino un acto de profunda espiritualidad que busca sanar la ruptura comunitaria, en mi comunidad para establecer la sanción se ha creado un comité que evalúa cada acción con sabiduría y empatía, velando porque la resolución no sea un peso que hunda al otro, sino una medicina que restaure el equilibrio comunitario” (Entrevista 1, 2025). las 146 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 autoridades comunitarias, elegidas DESAFIOS JURIDICOS 2026 proceso deliberativo colectivo en el �decisión adoptada por la Asamblea comunitaria, la cual se cumple de manera inmediata y bajo supervisión legítima, no se limita a un efecto coercitivo, sino a la reintegración a la vida comunitaria a través de la sanación de la persona y la restauración del equilibrio colectivo. En este marco, las decisiones se orientan por el proporcionalidad, principio de modo que de resulten razonables, necesarias y coherentes en relación con la gravedad del acto. Tal como lo establece Corte IDH en el caso Norín Catrimán y otros vs. Chile, 2014 incluso en contextos culturales diversos, el límite infranqueable es la dignidad humana, lo cual excluye cualquier forma de trato estado de salud de la persona y evaluar qué acciones resultan compatibles con sus derechos, como los baños con plantas medicinales destinados a liberar las cargas emocionales y espirituales que dieron origen al conflicto (Entrevista 3, 2025). De forma complementaria, K. F, integrante de la comunidad indígena kichwa El Chaupi, afirmó que, frente a eventuales inconformidades, únicamente la Corte Constitucional puede revisar si respetaron las decisiones los derechos fundamentales y el debido proceso, pues la justicia indígena no persigue castigar, sino reparar, sanar y propiciar el retorno al equilibrio colectivo (Entrevista 1, 2025). Kushiyarina (reconciliación, retorno a cruel, inhumano o degradante. la paz y armonía) Esta etapa simboliza el retorno a la Con el propósito de recuperar la armonía comunitaria y aliviar el estado de llaqui generado por el conflicto, en determinados casos se recurre a actos simbólicos de carácter restaurativo, como rituales de purificación. Al respecto, J. C. señaló que estas paz y a la armonía comunitaria, pues su finalidad propiciar la principal radica reconciliación en entre quienes intervinieron en el conflicto. En este personas momento honorables intervienen de ambas partes, así como autoridades y líderes 147 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Corresponde a la ejecución de la prácticas se realizan tras verificar el DESAFIOS JURIDICOS 2026 Paktachina (Ejecución de la decisión) �a través de la palabra, el consejo y la indígena ni su vocación restaurativa, experiencia, facilitan un reencuentro espiritual y comunitaria. sincero orientado a restablecer el equilibrio comunitario. En algunas RESULTADOS comunidades, este proceso culmina Los hallazgos con el acto de compartir alimentos y entrevistas realizadas evidencian que bebidas con quienes acompañaron la la resolución del conflicto, gesto que ajustarse expresa gratitud colectiva y reafirma procedimentales del modelo judicial los lazos comunitarios (Tiban, 2018). ordinario, justicia derivados de indígena, pese a formalidades las incorpora a las no garantías sustantivas del debido proceso desde Desde una mirada integral del procedimiento de justicia indígena, se advierte que las garantías del debido proceso no incompatibles resultan con ajenas sus ni prácticas propias. Por el contrario, dichas garantías adquieren una expresión diferenciada desde una perspectiva intercultural, operando como un marco constitucional que protege a dignidad y los derechos fundamentales, sin una racionalidad comunitaria propia. En las prácticas observadas se constata la existencia de espacios deliberativos colectivos, intervención de la autoridades tradicionales y la participación de las partes involucradas, lo que permite materializar escuchado el y derecho a ejercer a ser defensa conforme a los valores culturales de cada comunidad. Tabla 3 Comparación de las garantías del debido proceso constitucionales y su materialización en la Justicia Indígena GARANTÍA LEGALIDAD APLICACIÓN EN LA JUSTICIA INDÍGENA El proceso se basa en el derecho propio y en normas ancestrales que rigen a la comunidad. Se mantiene la presunción de inocencia de la persona en PRESUNCIÓN DE INOCENCIA todas las etapas, hasta que las autoridades en el Killpichirina determinen su responsabilidad. 148 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 desnaturalizar la esencia del derecho DESAFIOS JURIDICOS 2026 reconocidos por su sabiduría, quienes, �conflictos en base a sus tradiciones ancestrales, competencia que es legitimada al momento de instalarse cada Asamblea comunitaria. Las pruebas se presentan ante la comunidad en la etapa Tapuykuna. Se exponen ante las autoridades y ante las VALIDEZ PROBATORIA partes, y se discuten en frente de la comunidad que valora el nivel probatorio de las mismas, priorizando la verdad y la buena fe. Entender al principio con un alcance más allá del enfoque de la persona como individuo, si no, a través de la cosmovisión andina runa (ser) corresponde también a un PRINCIPIO PRO HOMINE sentido relacional y comunitario entre la naturaleza, el tiempo y espacio, asegurando que las decisiones fortalezcan el equilibrio comunitario (en favor de la comunidad). PROPORCIONALIDAD Busca evaluar el equilibrio entre la infracción y la sanación (Ayni) Permite a los involucrados a través de su palabra, la presentación de pruebas frente a la comunidad con el objeto DERECHO A LA DEFENSA de explicar su verdad y participar de forma activa en el proceso. Por lo tanto, es una defensa material, viva y comunitaria para alcanzar el equilibrio comunitario. En la Asamblea comunitaria se otorgan a las partes los TIEMPO Y MEDIOS ADECUADOS espacios y tiempos necesarios para exponer su palabra, para la valoración de la prueba, con el objeto de que las mismas sean de conocimiento colectivo de forma efectiva. Al ser un procedimiento oral, esta garantía es el eje central del procedimiento. Inicia desde el Willachina donde se DERECHO A SER OIDO recepta el aviso de conflicto y se activa con la participación de las partes. Se mantiene durante todas las etapas, garantizando que la palabra de las partes sea escuchada por la comunidad. Materializado en todos los conflictos, al tener estos procesos PUBLICIDAD un carácter comunitario y oral. Los alegatos de las partes, la exposición de las pruebas y demás actos procesales se 149 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 COMPETENCIA DESAFIOS JURIDICOS 2026 La comunidad tiene plena competencia para resolver estos �No siempre existe la presencia de un abogado. Hay comunidades que cuentan con profesionales y ellos asisten a las personas en el juicio. No obstante, esta garantía debe entenderse desde un sentido intercultural. Se materializa a DEFENSA TÉCNICA través del acompañamiento que tienen los involucrados de la comunidad, la familia y los sabios que orientan a la persona para su defensa. Así su defensa tiene un valor efectivo de cercanía a la comunidad y en búsqueda del equilibrio. Se garantiza al momento en que los involucrados puedan INTÉRPRETE O TRADUCTOR expresarse y comprender el proceso en su lengua originaria para tener una comunicación clara y asertiva sin barreras culturales. Diálogo circular donde las partes confrontan sus versiones, CONTRADICCIÓN pruebas ante la comunidad, etapa Chimbapurana (careo) para adoptar decisiones orientadas a encontrar la verdad y alcanzar la armonía comunitaria. Lo resuelto en justicia indígena es cosa juzgada, es decir, NON BIS IN IDEM las decisiones tomadas por la Asamblea comunal son definitivas y reconocidas como válidas. JUZGADOR La autoridad debe actuar con rectitud ética y sabiduría. Estas INDEPENDIENTE E actuaciones se aseguran mediante la decisión comunitaria y IMPARCIAL pública. La decisión se fundamenta en los hechos y las pruebas MOTIVACIÓN presentadas a la comunidad y estas son valoradas de formas oral y pública y aceptadas por la comunidad. Se garantiza a través de la revisión comunitaria de la decisión en caso de no encontrarse de acuerdo con esta, y DERECHO A RECURRIR frente a posibles violaciones de derechos constitucionales ante Corte Constitucional como único órgano que puede revisar decisiones emitidas en el sistema de justicia indígena. 150 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 comunidad. DESAFIOS JURIDICOS 2026 resuelven en asamblea general, a la vista de toda la �el presente artículo se concluye que el ejercicio de la justicia indígena en las comunidades de Olmedo, Cangahua y Picalquí, se aplican las garantías del debido proceso constitucionales de manera efectiva y son compatibles entre ambos sistemas, aunque estas no se manifiesten formalidades bajo positivas las del procedimiento propio del sistema de justicia ordinario. A través de la interculturalidad, las comunidades establecidas aseguran el respeto de los principios fundamentales como el ser oído, participación activa de las partes, intervención de autoridades competentes y legítimas, motivación de las decisiones, publicidad del procedimiento, lo que videncia la compatibilidad garantías del material de debido las proceso reconocidos en la constitución e instrumentos internacionales. evidencia información a través obtenida de la en las entrevistas de estas comunidades que las prácticas de resolución de conflictos se materializan de forma efectiva en alcanzar el equilibrio de la comunidad, la reparación del daño que se ha causado. Este enfoque refuerza la legitimidad que posee el procedimiento de justicia indígena para la resolución de conflictos, desde una cosmovisión distinta y coherente al principio de interculturalidad. En este sentido, compatibilidad justicia se establece existente indígena y los la entre la derechos fundamentales, en relación con el respeto eficaz de las garantías mínimas que aseguren un proceso justo y equitativo. En consecuencia, las comunidades estudiadas frente al procedimiento de justicia indígena constituyen de manera legítima y vigente el pluralismo jurídico vigente en el estado ecuatoriano. 151 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Se Del análisis que se ha desarrollado en DESAFIOS JURIDICOS 2026 CONCLUSIONES �Referencias: derecho en la Constitución de 2008. Editorial Abya-Yala. Ayala, E. (2014). Historia Constitucional Estudios corporativos. Biblioteca de Historia. Universidad Andina Simón Bolivar. Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2023, 10 de marzo). Ecuador: Derecho a la justicia indígena [Archivo de Vídeo]. 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VOL.6 NUM. 11 Pichincha. DESAFIOS JURIDICOS 2026 GAD �LA DIGNIDAD HUMANA DEL PACIENTE EN EL SISTEMA DE SALUD MEXICANO: DE LA AUTONOMÍA A LA DECISIÓN COMPARTIDA THE HUMAN DIGNITY OF THE PATIENT IN THE MEXICAN HEALTHCARE SYSTEM: FROM AUTONOMY TO SHARED DECISIONMAKING María Alejandra Villagómez Sánchez Universidad Autónoma de Nuevo León https://orcid.org/0000-0003-0859-8919 mvillagomezs@uanl.edu.mx Rafael Alfredo Sepúlveda López Universidad de Autónoma de Nuevo León https://orcid.org/0009-0004-2378-1855 rafael.sepulvedalpz@uanl.edu.mx Resumen: El presente artículo analiza la dignidad humana del paciente como principio rector del sistema de salud mexicano, desde una perspectiva jurídica basada en el constitucionalismo contemporáneo y el enfoque de derechos humanos. A partir de la reforma constitucional de 2011, se examina la consolidación del bloque de constitucionalidad y su impacto en la protección de la autonomía del paciente dentro de la relación médico-paciente. El estudio aborda la transición del modelo paternalista hacia un modelo basado en la autonomía y la decisión compartida, destacando el papel del consentimiento informado, la confidencialidad y la no discriminación como elementos Como citar: 155 Villagómez, M.A. & Sepúlveda, R.A. (2026) La dignidad humana del paciente en el sistema de 154 salud mexicano: de la autonomía a la decisión compartida Revista Desafíos Jurídicos, 6(11). https://doi.org/10.29105/dj6.11-208. 155-175 �evidenciando cómo estos instrumentos configuran obligaciones jurídicas concretas para el personal de salud. Finalmente, se identifican los principales riesgos que enfrenta la dignidad del paciente en la práctica sanitaria y se propone la incorporación de este principio como un criterio de calidad en los servicios de salud. Se concluye que la dignidad humana no solo constituye un fundamento ético, sino un mandato jurídico vinculante que debe guiar toda actuación dentro del sistema sanitario mexicano. Palabras Clave: Dignidad humana; derecho a la salud; autonomía del paciente; consentimiento informado; derechos humanos. Abstract: This article analyzes human dignity as the guiding principle of the Mexican healthcare system from a legal perspective grounded in contemporary constitutionalism and a human rights approach. In light of the 2011 constitutional reform, it examines the consolidation of the constitutional block and its impact on the protection of patient autonomy within the doctor–patient relationship. The study explores the transition from a paternalistic model to one based on autonomy and shared decision-making, highlighting informed consent, confidentiality, and non-discrimination as essential elements of dignity in clinical practice. It also examines the applicable legal framework, particularly the Mexican Constitution and the General Health Law, showing how these instruments establish concrete legal obligations for healthcare professionals. Finally, the article identifies common risks to patient dignity in healthcare practice and proposes its incorporation as a quality standard in health services. It concludes that human dignity is not only an ethical principle but also a binding legal mandate that must guide all actions within the Mexican healthcare system. Keywords: Human dignity; right to health; patient autonomy; informed consent; human rights. I. Introducción integral orientado a garantizar el El derecho a la protección de la salud no se limita únicamente a la prestación El derecho a la protección de la salud no se limita únicamente a la prestación de servicios médicos o a la ausencia de afecciones constituye un físicas, derecho sino que humano bienestar físico, mental y social de las personas. Este derecho, en concepción contemporánea, entenderse de manera su debe amplia, incorporando no solo el acceso a servicios sanitarios, sino también a las condiciones necesarias para el 156 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 particularmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud, DESAFIOS JURIDICOS 2026 esenciales de la dignidad en la práctica clínica. Asimismo, se analiza el marco normativo aplicable, �entorno de respeto a sus derechos por el personal del sector salud. fundamentales. Asimismo, esta transformación ha En este contexto, la dignidad humana traído consigo la consolidación de se erige como el eje y principio principios como la autonomía, el fundamental que debe orientar tanto al consentimiento sistema jurídico como al sanitario. La participación activa del paciente en las dignidad es el fundamento sobre el decisiones relacionadas con su salud, cual se construye la legitimidad de los toda intervención médica, así como la actualidad, elementos esenciales de validez de las normas que regulan la una práctica en el sector salud atención en salud. En consecuencia, respetuosa de los derechos humanos. cualquier actuación dentro del ámbito Dichos principios no solo poseen una sanitario debe tener como límite y dimensión ética, como finalidad el respeto irrestricto a adquirido un la persona, evitando su cosificación y vinculante garantizando su reconocimiento como constitucional mexicano. un fin en sí misma. En cuales este informado constituyen, sino se la que del contexto, la en carácter dentro y la jurídico sistema presente El constitucionalismo contemporáneo investigación y el desarrollo progresivo de los necesidad de analizar esta evolución derechos humanos han impulsado desde una perspectiva jurídica, a fin una transición hacia la humanización de comprender el alcance y las de los servicios de salud. Este proceso implicaciones de la dignidad humana ha implicado un cambio de paradigma en el ámbito sanitario. Así, el objetivo en la forma en que se concibe al de este artículo es examinar cómo paciente, quien deja de ser entendido dicho como un objeto de estudio o un autoridades y a los profesionales del receptor pasivo de servicios, para ser sector salud, tanto desde el marco reconocido como un verdadero sujeto constitucional mexicano como en sus de derechos, titular de facultades que implicaciones prácticas dentro de la principio justifica han vincula en a la las 157 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 deben ser respetadas por el Estado y DESAFIOS JURIDICOS 2026 desarrollo pleno de las personas en un �reconocimiento como un fin en sí evidenciando su papel como criterio misma y no como un medio para la rector en la protección de los derechos consecución de fines ajenos. En el fundamentales. orden jurídico mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] ha II. La dignidad fundamento de humana los sostenido que este principio como constituye una norma jurídica que derechos consagra un derecho fundamental y humanos un La dignidad humana constituye el interpretación constitucional (SCJN, principio rector y el fundamento del 2016). En este sentido, la dignidad sistema de derechos humanos. Estos opera pueden definirse como el conjunto de axiológico, sino también como un prerrogativas criterio inherentes a toda parámetro no esencial solo como normativo que de un valor orienta la persona por el solo hecho de serlo, actuación de todas las autoridades. orientadas a garantizar condiciones de No vida compatibles con la dignidad reconocimiento formal, la dignidad humana. Se caracterizan por su humana puede verse vulnerada en la universalidad, indivisibilidad, práctica, particularmente a través del interdependencia e inalienabilidad, y uso indebido de la fuerza pública, las abarcan los ámbitos civil, político, detenciones arbitrarias o la realización económico, social de procedimientos irregulares que y cultural. En obstante, a pesar de su consecuencia, el Estado tiene la afectan obligación respetar, derechos de las personas (Carbonell, proteger, promover y garantizar su 2016). Estas situaciones evidencian la ejercicio efectivo, en términos de lo brecha dispuesto por el artículo 1.º de la normativo y su aplicación efectiva, lo Constitución Política de los Estados que Unidos Mexicanos [CPEUM]. consolidar La dignidad humana es un valor garanticen su respeto en todos los intrínseco de la persona que exige su ámbitos, incluido el sanitario. jurídica de injustificadamente existente refuerza la entre el los marco necesidad mecanismos de que 158 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 médico-paciente, DESAFIOS JURIDICOS 2026 relación �constitucionalismo actual libertades de las personas. Asimismo, En el constitucionalismo contemporáneo, la dignidad humana se reconoce como el valor supremo del orden jurídico y el fundamento de los derechos fundamentales, al incorporó el principio pro persona como criterio interpretativo obligatorio, reforzando dignidad la en centralidad el sistema de la jurídico mexicano. concebir a la persona como un fin en Si bien, en una etapa inicial, la sí misma y no como un medio para la dignidad humana contaba con una consecución de fines estatales. Esta referencia expresa en el artículo 3.º concepción implica que toda actuación constitucional, relativo al derecho a la del poder público debe orientarse al educación, las reformas posteriores respeto y garantía de la persona, ampliaron su alcance y protección a colocándola en el centro del sistema diversos preceptos constitucionales. jurídico. Un ejemplo relevante lo constituye el En el caso mexicano, este principio adquirió una relevancia central a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011, mediante la cual se fortaleció el contenido del artículo 1.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma estableció la obligación de artículo 2.º, apartado A, fracción II, reformado el 14 de agosto de 2001, el cual reconoce de forma expresa la dignidad e integridad de las mujeres indígenas. Esta evolución normativa pone de manifiesto el carácter expansivo y progresivo del principio de dignidad humana dentro del orden constitucional mexicano. todas las autoridades de respetar, En este sentido, la dignidad humana proteger, promover y garantizar los opera como un principio transversal derechos humanos, así como la que informa, orienta e impregna todo prohibición el sistema constitucional mexicano, de toda forma de discriminación que atente contra la sirviendo como un parámetro dignidad humana y tenga por objeto interpretativo indispensable para la 159 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 anular o menoscabar los derechos y DESAFIOS JURIDICOS 2026 2.1. La dignidad humana en el �protección fundamentales de los (Fix- Zamudio & Valencia Carmona, 2018). Su reconocimiento no solo tiene implicaciones teóricas, sino también efectos prácticos en la actuación de las autoridades; al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino una norma jurídica vinculante que exige que toda ley y acto de autoridad se ajusten a estándares estrictos de respeto a la persona (SCJN, 2016). la mera ausencia de enfermedades o afecciones. En este sentido, el Estado mexicano se encuentra obligado a garantizar condiciones de equidad en la prestación de los servicios de salud, así como a implementar políticas públicas orientadas a la prevención de enfermedades, el acceso oportuno a tratamientos y el abasto suficiente de medicamentos, en cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos (CPEUM, art. 4.º; ONU, 1948). Asimismo, este derecho incorpora factores determinantes de la salud III. El paciente como sujeto de pública, tales como el acceso al agua derechos en el sistema de salud potable, el saneamiento básico y otras El acceso a la salud es un derecho fundamental que encuentra su base condiciones indispensables para una vida digna (UNESCO, 2005). jurídica en el artículo 25 de la Este enfoque integral da lugar a una Declaración Universal de Derechos transformación en la manera de Humanos y en el artículo 4.º de la comprender al paciente dentro del Constitución Política de los Estados sistema sanitario, quien deja de ser Unidos Mexicanos. Este derecho no concebido como un mero receptor de se agota en la prestación de servicios servicios para ser reconocido como un médicos, sino que implica que toda sujeto titular de derechos exigibles persona tiene derecho a disfrutar del frente al Estado. En consecuencia, la más alto nivel posible de bienestar atención médica debe estructurarse físico, mental y social, trascendiendo no solo en términos de eficacia 160 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 derechos y DESAFIOS JURIDICOS 2026 aplicación �respeto a la dignidad, la autonomía y predominaba como el único parámetro la integridad de la persona (Gracia, legítimo para la toma de decisiones 2001). clínicas. Bajo esta lógica, contemporánea ha la doctrina el tras la Segunda Guerra Mundial, a derecho a la salud con el denominado partir de los juicios de Núremberg, los derecho a la integridad personal en el cuales evidenciaron los graves abusos ámbito clínico, entendido como la derivados protección de la esfera física, psíquica médica sin consentimiento. Como y moral del paciente frente a cualquier respuesta, intervención que pueda afectarla de Núremberg (1947), que sentó las manera bases del consentimiento voluntario indebida vinculado El quiebre de este modelo se produjo (Beauchamp & Childress, 2019). como de la experimentación surgió requisito el Código esencial de en la investigación con seres humanos. Posteriormente, a partir de la década 3.1 Reconfiguración de la relación de 1970, con el desarrollo de la médico-paciente bioética moderna y la aparición de Desde la época hipocrática hasta instrumentos como el Informe Belmont mediados del siglo XX, prevaleció el (1979), se consolidó el principio de modelo de paternalismo médico. En autonomía como eje rector de la este esquema, el médico actuaba práctica como una figura de autoridad moral y Dicho principio reconoce el derecho técnica —asimilada simbólicamente a del paciente a ser informado de la figura de un “padre”— que decidía manera lo que consideraba mejor para el decisiones libres sobre su propio paciente, concebido como un sujeto cuerpo, salud y vida, incluso cuando pasivo o “hijo”, bajo el principio de dichas decisiones puedan contradecir beneficencia (Lázaro & Gracia, 2006). el criterio profesional del médico En este contexto, la voluntad del (Beauchamp & Childress, 2019). paciente carecía de médica suficiente contemporánea. y a tomar relevancia 161 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 jurídica, ya que el criterio facultativo DESAFIOS JURIDICOS 2026 técnica, sino también en función del �paciente un caso de encontrarse en una situación fundamental en la que no pueda manifestar su derecho se reconoce humano estrechamente libertad como vinculado personal y la con la voluntad, garantizando así el respeto dignidad a su autonomía incluso en escenarios humana. Este principio no solo tiene una dimensión ética, sino que también posee un carácter jurídico vinculante que obliga a las autoridades y al personal de salud a respetar la voluntad del paciente en el ámbito clínico. Su materialización se expresa principalmente a través de diversas herramientas legales, entre las que destacan el consentimiento informado y la voluntad anticipada. El consentimiento de incapacidad. En este contexto, la relación médicopaciente ha evolucionado hacia un modelo de decisión compartida, el cual busca superar tanto el paternalismo tradicional como una visión individualista extrema de la autonomía. Este fundamenta en modelo una se interacción colaborativa en la que el médico aporta su conocimiento técnico y se científico, mientras que el paciente proceso contribuye con sus valores, creencias comunicativo mediante el cual el y preferencias personales. De esta personal al manera, la toma de decisiones clínicas paciente información clara, suficiente se construye a partir de un diálogo y comprensible sobre su diagnóstico, informado, respetuoso y equilibrado los riesgos, beneficios y alternativas (Gracia, 2001). configura informado como médico un proporciona de tratamiento, permitiéndole tomar una decisión libre y voluntaria respecto de su atención médica (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2016). Por su parte, la voluntad anticipada constituye un instrumento jurídico a través del cual la persona puede expresar, de manera En consecuencia, la reconfiguración de la relación médico-paciente no solo implica un cambio en la forma de ejercer la medicina, sino también una transformación en la manera de concebir al sistema de paciente dentro del salud, consolidándolo 162 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 previa, cómo desea ser tratada en DESAFIOS JURIDICOS 2026 En la actualidad, la autonomía del �verdadero sujeto de integridad emocional. Asimismo, derechos cuya autonomía debe ser supone la obligación de brindar un respetada en todo momento. trato digno, empático y libre de cualquier forma de deshumanización dentro del proceso de atención médica 3.2 Contenido mínimo de la dignidad del paciente La dignidad del (Mainetti, 1989). • Información paciente puede Constituye adecuada: el presupuesto entenderse como un haz de derechos indispensable para el ejercicio de la operativos que el personal de salud se autonomía encuentra obligado a garantizar de información proporcionada debe ser manera efectiva en el ejercicio de su veraz, clara, comprensible, oportuna y función. No se trata de un concepto suficiente, permitiendo que la persona meramente abstracto, sino de un conozca su diagnóstico, pronóstico y conjunto de exigencias concretas que las distintas alternativas terapéuticas deben observarse en toda interacción disponibles. Este derecho no se agota clínica. De acuerdo con la doctrina en la mera transmisión de datos, sino contemporánea, este que implica un verdadero proceso mínimo puede desglosarse en diversos ejes fundamentales que contenido orientan la práctica médica y aseguran el respeto a la persona en el ámbito sanitario (Gracia, 2001): comunicativo del paciente. que La garantice la comprensión efectiva por parte del paciente (Lázaro & Gracia, 2006). • Consentimiento informado: Se define como la manifestación libre, • Trato respetuoso: Implica el expresa y consciente de la voluntad reconocimiento del paciente como un del paciente, emitida una vez que ha fin en sí mismo y no como un medio o recibido y comprendido la información un simple “caso clínico”. Este principio relevante sobre su estado de salud y exige que el personal de salud las posibles intervenciones médicas. reconozca la individualidad de cada Más persona, respetando su intimidad constituye un proceso que protege la que un requisito formal, corporal, sus creencias culturales y su 163 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 un DESAFIOS JURIDICOS 2026 como �frente intervenciones a arbitrarias, consolidándose como una garantía esencial de la dignidad humana en el ámbito clínico (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2016). • Confidencialidad: irrenunciable dentro del sistema de salud (UNESCO, 2005). En conjunto, estos elementos configuran un estándar mínimo de protección que permite materializar la dignidad humana en la práctica el médica, funcionando como criterios la orientadores tanto para la actuación información relativa al estado de salud del personal de salud como para la del paciente, considerada como dato evaluación de la calidad de los sensible. servicios sanitarios. respeto a La la Implica privacidad protección de de esta información garantiza que el paciente mantenga el control sobre su esfera íntima frente a terceros, evitando su IV. Marco jurídico de protección de divulgación indebida y fortaleciendo la la dignidad del paciente en México confianza en la relación médico- La protección de la dignidad del paciente (Beauchamp & Childress, paciente en el sistema de salud 2019). mexicano no puede comprenderse • No discriminación: Se traduce en el derecho del paciente a recibir una atención de salud equitativa y de calidad, sin distinciones basadas en factores como la raza, el género, la religión, la condición socioeconómica o cualquier otra categoría que pueda dar lugar a un trato diferenciado injustificado. Este principio reafirma el carácter universal de la dignidad humana y su condición de estándar únicamente desde una perspectiva teórica o ética, sino que requiere ser analizada a la luz del marco jurídico que la sustenta y la hace exigible. En este sentido, el ordenamiento jurídico mexicano ha desarrollado un conjunto de normas, principios e instituciones que permiten materializar el respeto a la dignidad humana en el ámbito sanitario, configurando un sistema de protección que vincula tanto a las autoridades como al personal de salud. 164 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 personal DESAFIOS JURIDICOS 2026 libertad �a paciente no se encuentra contenida en disposiciones aisladas, sino que se una disposición aislada, sino que integra por un entramado normativo emana que los constitucionalidad que integra tanto la tratados internacionales en materia de norma fundamental como los tratados derechos humanos y la legislación internacionales sanitaria aplicable. A partir de este derechos humanos. Este enfoque enfoque, es posible identificar los permite comprender que la dignidad principales fundamentos jurídicos que humana no solo constituye un valor garantizan la protección de la dignidad abstracto, sino un principio jurídico del paciente, tanto en el plano vinculante que orienta la actuación de constitucional como en el ámbito todas operativo de los servicios de salud. aquellas que intervienen en el sistema abarca no la se limita Constitución, Asimismo, este marco jurídico no solo de las un en bloque de materia autoridades, de incluidas de salud. establece obligaciones para el Estado, En sino que también delimita los alcances constitucional de la actuación médica, imponiendo una serie de pilares que, de manera límites articulada, claros frente a posibles este contexto, el mexicano permiten marco establece garantizar la vulneraciones a los derechos del protección de la dignidad del paciente paciente. De esta manera, la dignidad en humana se consolida como un eje elementos rector que orienta la interpretación y independiente, aplicación de las normas en el ámbito complementan entre sí, generando un sanitario, fortaleciendo la protección sistema de protección integral que integral de la persona dentro del incide directamente en la práctica sistema de salud. médica y en la relación médico- el ámbito no sanitario. operan sino de que Estos forma se paciente. 4.1 Protección constitucional • Derecho a la protección de la salud: Consagrado en el artículo 4.º En el ordenamiento jurídico mexicano, constitucional, este derecho impone al la protección de la dignidad del 165 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 marco DESAFIOS JURIDICOS 2026 Dicho �acceso efectivo a servicios de salud un fin en sí mismo, evitando cualquier de calidad. No se trata únicamente de forma asegurar la existencia de servicios despersonalizado médicos, sino de garantizar que estos Asimismo, implica el reconocimiento se presten bajo condiciones que de la autonomía de la persona y de su respeten la integridad física, psíquica derecho a decidir sobre su propio y moral del paciente. En este sentido, proyecto de vida, lo cual resulta la calidad de la atención médica no especialmente puede desvincularse del respeto a la decisiones relacionadas con la salud, dignidad humana, ya que cualquier el cuerpo y la integridad personal intervención sanitaria debe orientarse (SCJN, 2016). a proteger a la persona en su dimensión integral (CPEUM, 1917/2024). de trato degradante, o humillante. relevante • Interpretación en conforme y principio pro persona: De acuerdo con el artículo 1.º constitucional, todas las • Principio de dignidad humana: normas relativas a derechos humanos La Suprema Corte de Justicia de la deben interpretarse favoreciendo en Nación ha establecido que la dignidad todo humana constituye una norma jurídica protección más amplia. Este mandato que consagra un derecho fundamental refuerza la protección de la dignidad a favor de las personas, mediante la del cual las autoridades y al personal de salud a autoridades el mandato constitucional optar por aquellas decisiones que de respetar y proteger la dignidad de resulten todo individuo, entendida en su núcleo persona, particularmente en contextos esencial como el interés de toda de persona a no ser tratada como un clínica. En consecuencia, el principio objeto ni humillada, degradada o pro persona opera como un criterio cosificada. En el ámbito clínico, este decisivo en la resolución de conflictos principio dentro del ámbito sanitario (Carbonell, se particular, impone adquiere al a todas una traducirse relevancia en la tiempo paciente más a al las personas obligar a la las favorables para vulnerabilidad o la incertidumbre 2021). 166 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 obligación de tratar al paciente como DESAFIOS JURIDICOS 2026 Estado la obligación de garantizar el �un marco constitucional robusto que general no solo reconoce la dignidad humana desempeña un papel fundamental como un valor supremo, sino que la como eje rector de la actuación establece como un criterio jurídico institucional. Particularmente, la Ley operativo toda General de Salud [LGS] establece un actuación dentro del sistema de salud. conjunto de derechos y obligaciones De este modo, la práctica médica se que orientan la prestación de los encuentra sujeta no solo a parámetros servicios médicos bajo estándares de técnicos, sino también a exigencias calidad y respeto a la dignidad jurídicas orientadas a garantizar el humana. Entre sus disposiciones más respeto relevantes destacan: que pleno debe de guiar los derechos humanos del paciente. este contexto, en • Artículo la materia 51: legislación de salud Reconoce el derecho de los usuarios a recibir servicios de salud de calidad, así 4.2 Normativa sanitaria relevante como un trato digno y respetuoso por La protección de la dignidad del parte del personal sanitario. Este paciente precepto no se agota en su constituye una base reconocimiento constitucional, sino normativa esencial para exigir que la que se materializa a través de leyes, atención reglamentos técnicamente adecuada, sino también y administrativas disposiciones que establecen obligaciones concretas personal salud. de para Este el marco normativo operativo permite traducir los principios de dignidad, autonomía y respeto a la persona en prácticas específicas dentro del sistema sanitario, garantizando su aplicación efectiva en la atención médica. médica no solo sea humanizada. • Artículo 51 Bis 2: Refuerza el derecho de los pacientes a recibir información suficiente, clara y oportuna sobre su estado de salud, así como la libertad de otorgar o no su consentimiento para la realización de procedimientos médicos. Este artículo consolida la autonomía del paciente 167 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 En DESAFIOS JURIDICOS 2026 En conjunto, estos pilares configuran �relación minimicen riesgos y prevengan daños, médico-paciente (LGS, 1984/2023). asegurando condiciones adecuadas A partir de este marco normativo, se desprenden diversos principios de calidad y seguridad en la atención sanitaria (UNESCO, 2005). rectores de la atención médica que • Justicia distributiva: Se traduce orientan la práctica clínica y permiten en el acceso equitativo a los servicios garantizar el respeto a la dignidad del de paciente en situaciones concretas. garantizando que todas las personas Estos principios no solo tienen un puedan recibir atención médica en sustento ético, sino que encuentran condiciones de igualdad. respaldo jurídico en la legislación sanitaria vigente: • Respeto salud, un marco normativo que permite operacionalizar elección: Deriva del principio de la dignidad humana en el ámbito autodeterminación el sanitario, transformándola en una decidir exigencia concreta para la actuación libremente sobre su atención médica, del personal de salud y en un en función de sus valores, creencias y parámetro de evaluación de la calidad preferencias de los servicios médicos. del y libertad configuran de derecho la discriminación, En conjunto, estas disposiciones y principios a sin reconoce paciente a personales (Gracia, 2001). • Confidencialidad: Implica la obligación de proteger la información relativa al estado de salud V. La dignidad humana del paciente en la práctica sanitaria del dato La aplicación de la dignidad humana sensible, garantizando su privacidad y en el ámbito sanitario trasciende la evitando mera cortesía o el trato amable, para paciente, considerada su como divulgación indebida conforme a la normativa aplicable. • Seguridad constituirse como una verdadera obligación jurídica que debe guiar del paciente: cada acto médico. En este sentido, la Supone que toda intervención médica 168 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 debe realizarse bajo estándares que DESAFIOS JURIDICOS 2026 como un elemento central en la �paciente no puede sujeto de derechos y no como un entenderse como un ideal abstracto, objeto sino (Mainetti, 1989). como un criterio normativo operativo que orienta la toma de decisiones clínicas y la actuación del personal de salud en todos los niveles de atención (SCJN, 2016). de intervención médica En segundo término, la dignidad se proyecta en el respeto efectivo a la autonomía del paciente, particularmente en lo relativo a la toma En la práctica, el respeto a la dignidad de decisiones sobre su propio cuerpo humana se materializa a través de y tratamiento. Esto exige que el diversas dimensiones que inciden personal de salud garantice procesos directamente en la forma en que se adecuados brinda la atención médica. Estas consentimiento, dimensiones paternalistas que limiten la capacidad no solo estándares éticos, constituyen exigencias reflejan sino que jurídicas derivadas del marco constitucional y sanitario, cuya observancia resulta indispensable para garantizar una atención centrada en la persona (Carbonell, 2021). de de decisión información evitando de la y prácticas persona (Beauchamp & Childress, 2019). Asimismo, la dignidad humana se refleja en la protección privacidad y paciente, asegurando de confidencialidad la del que la información relativa a su estado de En primer lugar, la dignidad del salud sea resguardada conforme a los paciente se manifiesta en la calidad estándares legales aplicables. La del trato que recibe dentro de los confianza en la relación médico- servicios de salud. Esto implica no paciente depende, en gran medida, de solo conductas la garantía de que dicha información discriminatorias o degradantes, sino no será utilizada o divulgada de también la adopción de una actitud manera indebida (Lázaro & Gracia, empática, respetuosa y profesional 2006). la ausencia de por parte del personal sanitario, reconociendo al paciente como un De igual forma, el respeto a la dignidad implica reconocer las 169 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 del DESAFIOS JURIDICOS 2026 dignidad �de vulnerabilidad en las que pueden encontrarse ciertos pacientes, tales como menores de edad, personas adultas mayores, personas con discapacidad o en situaciones de enfermedad grave. En estos casos, el deber de protección se intensifica, exigiendo una actuación reforzada por parte del personal de salud y de las instituciones (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2016). 5.1 Situaciones comunes de riesgo a la dignidad A pesar de la existencia de un marco jurídico sólido en materia de derechos humanos, en la práctica sanitaria persisten diversos escenarios en los que la dignidad del paciente puede verse comprometida. Estas situaciones no siempre derivan de actos deliberados, sino que con frecuencia responden institucionales, a inercias deficiencias En consecuencia, la dignidad humana estructurales o prácticas arraigadas se dentro del sistema de salud. Su consolida como un criterio orientador de la práctica médica que identificación permite evaluar no solo la eficacia para visibilizar los desafíos existentes técnica y avanzar hacia una atención médica de las intervenciones resulta sanitarias, sino también su legitimidad verdaderamente desde una perspectiva de derechos persona. humanos. Así, la calidad de los servicios de salud no puede medirse exclusivamente en términos de resultados clínicos, sino también en función del grado en que se respetan la autonomía, la integridad y la fundamental centrada en la Entre las situaciones más comunes que representan un riesgo para la dignidad del paciente, pueden identificarse las siguientes: • Falta de cuando información: la Se dignidad de la persona (UNESCO, presenta explicación 2005). proporcionada al paciente resulta excesivamente técnica, incompleta o poco comprensible, lo que limita su capacidad real de tomar decisiones informadas. En estos casos, 170 el JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 particulares DESAFIOS JURIDICOS 2026 condiciones �genuino, afectando directamente el ver afectada su dignidad, ya sea por ejercicio de la autonomía (Gracia, limitaciones en su capacidad de 2001). decisión o por recibir una atención de • Trato despersonalizado: Consiste en la deshumanización del paciente, al ser tratado como un simple caso clínico o expediente, ignorando su dimensión emocional, menor calidad. En estos casos, el deber de protección por parte del Estado y del personal de salud se intensifica (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2016). social y personal. Esta práctica debilita En la relación médico-paciente y vulnera evidencian que la vulneración de la el reconocimiento de la persona como dignidad del paciente no siempre se un fin en sí misma (Lázaro & Gracia, manifiesta de forma evidente, sino que 2006). puede presentarse de manera sutil en • Decisiones sin participación del paciente: Ocurre cuando el personal de salud asume el control absoluto del proceso terapéutico, sin consultar ni considerar los valores, creencias o preferencias del paciente. Este tipo de prácticas reproduce esquemas que resultan paternalistas incompatibles con el enfoque actual de derechos humanos (Beauchamp & conjunto, estas situaciones la práctica cotidiana. Por ello, resulta indispensable adoptar un enfoque preventivo que permita identificar y corregir estas garantizando así conductas, una atención sanitaria respetuosa de los derechos humanos. 5.2 La dignidad como criterio orientador de la práctica médica Childress, 2019). La dignidad humana del paciente no • Condiciones de vulnerabilidad: solo constituye un principio normativo, Determinados grupos, como personas sino también un criterio orientador que adultas con debe guiar de manera transversal la discapacidad, pacientes en estado práctica médica. En este sentido, su crítico o en situación de marginación incorporación en la atención sanitaria mayores, personas 171 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 social, enfrentan un mayor riesgo de DESAFIOS JURIDICOS 2026 consentimiento pierde su carácter �en que se conciben, organizan y respeto a los derechos humanos se ha evalúan consolidado los servicios desplazando modelos de salud, como un indicador centrados esencial de calidad. No es posible eficiencia hablar de una atención médica de alta técnica hacia enfoques que colocan a calidad si se vulneran principios la persona en el centro de la atención. fundamentales como la autonomía, la exclusivamente en la Desde esta perspectiva, la dignidad humana se proyecta en diversos ámbitos de la práctica médica, entre los cuales destacan los siguientes: de salud: Implica el rediseño de los modelos de atención para orientarlos hacia una perspectiva centrada en la persona. Esto supone no solo la mejora en la calidad del trato, sino también la incorporación de prácticas que fomenten la empatía, la escucha activa y el reconocimiento de las necesidades emocionales, sociales y del paciente. La humanización de los servicios de salud representa necesaria frente despersonalización una a respuesta procesos que este sentido, la dignidad humana funciona como un parámetro que permite evaluar la legitimidad de las intervenciones sanitarias más allá de • Humanización de los servicios culturales confidencialidad o el trato digno. En su eficacia técnica (Beauchamp & Childress, 2019). En consecuencia, la incorporación de la dignidad humana como criterio rector de la práctica médica no solo mejora la experiencia del paciente, sino que fortalece la legitimidad del sistema de salud en su conjunto, al garantizar que toda intervención sanitaria se realice con pleno respeto a los derechos fundamentales de la persona. de han VI. Conclusiones caracterizado históricamente a los sistemas sanitarios (UNESCO, 2005). • La dignidad como estándar de calidad: En el contexto de la gestión La evolución de la relación médicopaciente, analizada desde la perspectiva de los derechos humanos, permite afirmar que la dignidad 172 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 moderna de los servicios de salud, el DESAFIOS JURIDICOS 2026 implica una transformación en la forma �del técnico del personal médico. La sistema sanitario mexicano contemporáneo. La transición del dignidad modelo paternalista hacia uno basado paciente sea tratado como un fin en sí en la autonomía personal representa mismo, uno de los avances más significativos intervención que desconozca sus en valores, creencias o voluntad, incluso la protección individual, al de la reconocer libertad que humana lo que exige impide que el cualquier el cuando el criterio médico sugiera lo paciente posee no solo la capacidad contrario (Beauchamp & Childress, ética, sino también el derecho jurídico 2019). de gobernar su propio proceso de salud. No obstante, a pesar de contar con un marco jurídico robusto, en la práctica En este contexto, la consolidación del sanitaria bloque importantes, de constitucionalidad en persisten desafíos particularmente México, particularmente a partir de la contextos reforma de 2011, ha fortalecido el dinámicas de despersonalización o marco de protección de los derechos condiciones de vulnerabilidad. En este humanos en el ámbito sanitario. El sentido, artículo 1.º constitucional obliga a servicios de salud se presenta como todas las autoridades del sector salud una estrategia necesaria para cerrar la a interpretar y aplicar las normas bajo brecha entre la norma y su aplicación el principio pro persona, lo que implica efectiva, privilegiar la humana como un estándar obligatorio protección más amplia de la dignidad de calidad en la atención médica del paciente, transformando figuras (UNESCO, 2005). en todo momento como el consentimiento informado en verdaderas garantías de carácter fundamental (Carbonell, 2021). donde en la prevalecen humanización integrando la de los dignidad Bajo esta lógica, el fortalecimiento de un modelo de decisión compartida se configura como una vía idónea para Asimismo, el reconocimiento de la armonizar el conocimiento técnico del autonomía personal se erige como un personal de salud con los valores, 173 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 límite indispensable frente al poder DESAFIOS JURIDICOS 2026 humana constituye el núcleo operativo �Este modelo no solo promueve una consecución de fines ajenos. atención más respetuosa de los derechos humanos, sino que también contribuye a consolidar una práctica médica más ética, participativa y centrada en la persona. De este modo, solo a través del respeto irrestricto a la autonomía y a la integridad personal, el derecho a la salud puede alcanzar su verdadera dimensión como un derecho humano En consecuencia, la dignidad humana pleno, efectivo y acorde con los del paciente no constituye únicamente principios un principio ético, sino un verdadero contemporáneo. mandato jurídico que debe guiar toda perspectiva, la dignidad humana del actuación dentro del sistema de salud paciente no solo orienta la práctica del Estado mexicano. Su respeto no médica, sino que se consolida como depende de la voluntad del personal un médico, sino que representa una medir la legitimidad del sistema de obligación de carácter constitucional salud en un Estado constitucional de que garantiza, en todo momento, que derecho. del parámetro constitucionalismo Bajo indispensable esta para la persona sea tratada como un fin en Referencias: Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). Principles of biomedical ethics (8th ed.). Oxford University Press. Carbonell, M. (2016). Los derechos fundamentales en México (6ª ed.). Editorial Porrúa / CNDH / UNAM. Carbonell, M. (2021). Los derechos fundamentales en México (13ª ed.). Editorial Porrúa / UNAM. Código de Núremberg. (1947). Tribunal Militar Internacional de Núremberg. 174 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 sí misma y no como un medio para la DESAFIOS JURIDICOS 2026 creencias y decisiones del paciente. �Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2016). Caso I.V. vs. Bolivia. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Fix-Zamudio, H., & Valencia Carmona, S. (2018). Derecho constitucional mexicano y comparado. Editorial Porrúa / UNAM. Gracia, D. (2001). La autonomía del paciente en la relación clínica. Editorial Triacastela. Informe Belmont: Principios y guías éticos para la protección de los sujetos humanos de investigación. (1979). Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y del Comportamiento. Lázaro, J., & Gracia, D. (2006). La relación médico-paciente a través de la historia. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 29(Supl. 3), 7–17. Ley General de Salud [LGS]. (1984). Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023. Mainetti, J. A. (1989). Ética médica: Introducción a la bioética. Editorial Quirón. Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. 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Última reforma �RELACIONES DE PODER INVISIBLES Y VIOLENCIA SIMBÓLICA CONTRA LAS MUJERES EN LA POLICÍA DE LA AMAZONÍA BRASILEÑA INVISIBLE POWER AND SYMBOLIC VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE POLICE OF THE BRAZILIAN AMAZON Maurides Macedo Universidade Federal de Goiás maurinha1312@hotmail.com Juliana Gomes Tuma Unitins - Universidade Estadual do Tocantins julianagomestuma@gmail.com Jéssica Painkow Rosa Cavalcante Unitins - Universidade Estadual do Tocantins jessica.pr@unitins.br Resumen: Este artículo examina críticamente las formas informales de poder que impregnan la estructura de la Policía Civil, tomando como eje analítico las experiencias de las mujeres policías delegadas en Brasil, con especial atención a la región amazónica. Mediante un enfoque autoetnográfico y narrativo, por una de las autoras quien actúa como delegada, el estudio problematiza episodios que evidencian la existencia de una jerarquía no formalizada, sustentada por vínculos personales, percepciones subjetivas y prácticas institucionales extraoficiales de influencia, Como citar: 175 176 Macedo, M., Gomes, J., & Rosa, J. (2026) Relaciones de poder invisibles y violencia simbólica contra las mujeres en la policía de la Amazonía brasileña Revista Desafíos Jurídicos, 6(11). https://doi.org/10.29105/dj6.11-214. 176-196. �mujeres que ocupan puestos de mando en la seguridad pública, generando procesos de silenciamiento, disputa simbólica del liderazgo femenino y exclusiones implícitas en la vida institucional cotidiana. Se argumenta que dichos mecanismos debilitan el reconocimiento de la autoridad ejercida por las mujeres y tienen repercusiones en la organización interna de la propia institución, especialmente en realidades marcadas por las particularidades territoriales, sociales y administrativas de la Amazonía brasileña. Sin adoptar una perspectiva que desacredite a la Policía Civil, este artículo busca contribuir a su mejora ética, democrática e institucional. Para ello, defiende la importancia de la escucha activa, la formación continua y la valoración de la diversidad como vías para construir entornos profesionales más transparentes, inclusivos y cooperativos. Identificar estas formas ocultas de poder es, por lo tanto, indispensable para mejorar la cultura organizacional policial. En este proceso, la autoetnografía permite articular dos dimensiones complementarias: por un lado, el relato contextualizado de la autora, quien forma parte de la institución estudiada; por otro, el análisis de tres narrativas de mujeres policías delegadas que trabajan en diferentes unidades de un estado de la Amazonía brasileña. Las participantes fueron seleccionadas con base en criterios de conveniencia y confianza, debido a su vínculo previo con la investigadora y su consentimiento para compartir sus experiencias de forma voluntaria, confidencial y sin identificación personal ni profesional. Palabras Clave: Policía Civil. Mujeres en la Seguridad Pública. Relaciones de Poder. Amazonía Brasileña. Cultura Organizacional. Abstract: in the Brazilian Amazon, taking as an analytical objective the experiences of female police officers delegated in Brazil, with special attention to the Amazon region. Through an autoethnographic and narrative approach, by one of the authors who act as delegates, the study problematizes episodes that demonstrate the existence of a non-formalized hierarchy, sustained by personal ties, subjective perceptions and unofficial institutional practices of influence, capable of straining or even limiting the exercise of the authority legally attributed to the position. The investigation demonstrates that these subtle dynamics interfere with the professional performance of women who occupy positions of command in public security, generating processes of silencing, symbolic dispute over female leadership and implicit exclusions in everyday institutional life. It is argued that these mechanisms weaken the recognition of the authority exercised by women and have repercussions on the internal organization of the institution itself, especially in realities marked by the territorial, social and administrative particularities of the Brazilian Amazon. Without adopting a perspective that discredits the Civil Police, this article seeks to contribute to greater ethical, democratic and institutional improvement. For him, it defines the importance of active listening, continued training and the value of diversity as paths to building more transparent, inclusive and cooperative professional 177 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 investigación demuestra que estas dinámicas sutiles interfieren con el desempeño profesional de las DESAFIOS JURIDICOS 2026 capaces de tensar o incluso limitar el ejercicio de la autoridad legalmente atribuida al cargo. La �complementary dimensions: on the one hand, the author's contextualized report, which forms part of the studied institution; on the other hand, the analysis of three narratives of women police officers who work in different units in a state of the Brazilian Amazon. The participants were selected based on criteria of convenience and trust, due to their previous bond with the researcher and their consent to share their experiences voluntarily, confidentially and without personal or professional identification. Keywords: Civil Police. Women in Public Security. Power Relationships. Brazilian Amazon. Organizational Culture. I. Introdução Las redes de influencia instituciones policiales desempeñan un papel esencial en la preservación del orden público, la realización de protección de los derechos fundamentales. En Brasil, la Policía Civil forma parte del sistema de seguridad pública como fuerza policial judicial estatal, responsable de investigar delitos, excepto aquellos bajo la jurisdicción de la Unión, según la organización constitucional brasileña de la seguridad pública. Sin embargo, más allá de las estructuras formales que regulan la acción institucional, como leyes, estatutos, reglamentos, interpersonales que configuran una dimensión informal del poder en la vida policial cotidiana. investigaciones criminales, la atención a las demandas sociales y la y relaciones organigramas y jerarquías oficiales, existen prácticas, códigos de conducta no escritos, Este artículo parte de la premisa de que la autoridad formal conferida por el cargo no agota las formas en que se ejerce el poder dentro de las instituciones. Por el contrario, en ciertas situaciones, las relaciones de confianza, antigüedad, alianzas internas, prestigio simbólico, vínculos personales y percepciones subjetivas pueden generar una jerarquía oculta, no prevista oficialmente, pero capaz de interferir en la dinámica institucional, el reconocimiento de la autoridad y las oportunidades de acción profesional. Estas estructuras paralelas, aunque documentadas, dan no forma estén a los 178 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 police organizational culture. In this process, autoethnography allows the articulation of DESAFIOS JURIDICOS 2026 environments. Identifying these hidden forms of power is, therefore, indispensable for improving �en las manifestaciones desde la experiencia decisiones y afectan la experiencia de situada de las mujeres delegadas de agentes, funcionarios, investigadores la policía que trabajan en Amazonas. y delegados en la rutina diaria de la seguridad pública (Brasil et al., 2008; Dentro de la Policía Civil brasileña, y Turner; Rowe, 2024). más específicamente en el contexto amazónico aquí analizado, las El ámbito empírico de este estudio se relaciones de poder informales se sitúa en Brasil, específicamente en el manifiestan de manera sutil pero estado de Amazonas, ubicado en la persistente. Estas región amazónica. Esta delimitación trascienden marcadores territorial es relevante porque la género, la antigüedad, las redes de Amazonía presenta confianza, las alianzas internas y las particularidades sociales, geográficas, formas simbólicas de reconocimiento. institucionales y administrativas que Las impregnan el funcionamiento de las ocupando cargos con autoridad legal, instituciones públicas. En el caso de la pueden experimentar situaciones en seguridad las que su legitimidad funcional se ve brasileña pública, particularidades dichas incluyen grandes mujeres comprometida distancias territoriales, desigualdades velada, regionales, interrogatorios infraestructura, sociocultural, desafíos de diversidad policías, por los de como la incluso resistencia silencios, indirectos exclusión el los y las simbólica. de Estas experiencias revelan que el servicios en ciertos centros urbanos y ejercicio de la autoridad femenina, en dificultades operativas inherentes a un ciertas circunstancias, depende no territorio marcado por complejidades solo de la disposición legal del cargo, logísticas y sociales. Por lo tanto, si sino bien el fenómeno de las relaciones de institucional y relacional de dicha poder informales puede observarse en autoridad en la vida cotidiana de la diferentes instituciones y contextos, institución (Cruz, 2023; Locatelli et al., este 2013). artículo concentración prácticas relaciones analiza sus también del reconocimiento 179 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 influyen DESAFIOS JURIDICOS 2026 comportamientos, �al debate internacional sobre género, artículo radica, por lo tanto, en la poder, distancia formal, instituciones policiales, demostrando legitimado por la ley, el cargo y la cómo estas dinámicas adquieren sus función, propios entre y el el sustentado poder poder por informal, los lazos cultura organizacional contornos en e realidades periféricas territorialmente complejas y interpersonales, las subjetividades, las marcadas tradiciones las estructurales. El objetivo general de La este artículo es reflexionar sobre las ausencia de una reflexión crítica sobre manifestaciones de jerarquía oculta en estos mecanismos contribuye a la la naturalización que Amazonas, a partir de experiencias pueden afectar el bienestar de las personales y compartidas por tres profesionales, debilitar mujeres reconocimiento del culturas institucionales y organizacionales. femenino de y prácticas liderazgo comprometer construcción más Civil desigualdades del policías Específicamente, estado de delegadas. busca identificar la situaciones en las que el poder entornos informal ejerce presión o prevalece democráticos, sobre el poder formal en el entorno de institucionales el Policía por transparentes y colaborativos. policial; analizar el impacto de estas dinámicas en el desempeño La justificación de este estudio reside profesional de las mujeres policías en visibilizar delegadas; y contribuir al debate sobre relaciones veladas que, si bien no prácticas institucionales más éticas, aparecen en documentos oficiales, equitativas, interfieren acogedoras en el ámbito de la la necesidad de concretamente en la experiencia profesional de las mujeres en puestos de liderazgo en transparentes y seguridad pública brasileña. la seguridad pública. Al situar el análisis Desde una perspectiva teórica, el en Brasil, en la región amazónica, y estudio adopta un enfoque crítico y específicamente en el estado de reflexivo, orientado a comprender las 180 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 El problema central que aborda este DESAFIOS JURIDICOS 2026 Amazonas, el artículo busca contribuir �poder género, autoridad simbólico, y cultura experiencia profesional de las mujeres dentro de la Policía Civil. La permite tomar la institucional. Se moviliza la categoría autoetnografía de jerarquía oculta para comprender experiencia de una de las autoras, las prácticas no formalizadas que también funcionaria de la institución producen efectos concretos en el investigada, como punto de partida reconocimiento, la legitimidad y la analítico, sin perder el diálogo con circulación del poder dentro de la otras narrativas y con el marco teórico institución. (Ellis et al., 2011; Chang, 2008). Para abordar esta categoría, el artículo se basa en Dias y Rosa (2014) y King (2005). Para En este contexto, la autoetnografía comprender de posibilita un doble movimiento: por un subordinación de las mujeres, se lado, la construcción de una narrativa utiliza la obra de Denich (1979). En situada basada en la experiencia de cuanto, la una de las autoras dentro de la Policía autoridad y la legitimidad, el análisis Civil; por otro lado, el estudio implicó se basa en Bourdieu (1998). escuchar y articular tres narrativas de las al formas poder simbólico, mujeres policías que trabajan en La metodología cualitativa, fundamentada autoetnografía modalidad adoptada en analítica, que articula es diferentes unidades del estado de la Amazonas. Las entrevistadas fueron una narrativas seleccionadas según conveniencia y criterios de confianza, personales y experiencia situada, considerando su relación previa con junto con la reflexión teórica crítica (en una este estudio, por parte de una de las disposición autoras, experiencias y su aceptación de quien delegada). trabaja Esta como elección de participar las investigadoras, su compartir sus a de forma metodológica se justifica porque el confidencial, artículo personal ni profesional. busca comprender las sin voluntaria y identificación dimensiones culturales, institucionales y subjetivas que impregnan la Se trata, por lo tanto, de un estudio autoetnográfico, descriptivo y reflexivo 181 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 entre DESAFIOS JURIDICOS 2026 relaciones �de las autoras con los testimonios de la autoestima institucional, el sentido otras de pertenencia y el ejercicio de la mujeres miembros de la institución. El objetivo no es generar autoridad femenina. generalizaciones estadísticas sobre la Policía Civil brasileña en su conjunto, La recopilación de datos se llevó a ni sobre todas las unidades de la cabo mediante entrevistas narrativas federación. El propósito es interpretar, no de persona forma experiencias contextualizada, profesionales en realizadas en horarios previamente el acordados con las participantes. Cada estado de Amazonas, valorando la entrevista duró un promedio de 40 a subjetividad, la 60 minutos y siguió un guion guía con reflexividad como vías legítimas para preguntas abiertas, diseñadas para la fomentar la producción en estructuradas, narrativa de y conocimiento científico (Chang, 2008). la libre expresión de experiencias, percepciones sobre las relaciones de poder, desafíos en el El estudio también presenta ejercicio de la autoridad y situaciones características de un informe de marcadas por tensiones simbólicas o experiencia colectiva, ya que las informales narrativas de las tres delegadas amplían, complementan y desafían la Las preguntas abordaron temas como: percepción de los investigadores. La percepción recopilación de estos relatos conforma jerarquías informales dentro de la un mosaico interpretativo sobre las Policía formas resistencia, invisibles subordinación, de autoridad, resistencia y de la Civil; existencia de situaciones de deslegitimación o cuestionamiento de la autoridad reconocimiento presentes en la vida femenina; estrategias utilizadas para institucional cotidiana. Esta estrategia confrontar o eludir formas veladas de nos permite comprender cómo ciertas poder; Reflexiones sobre género, prácticas informales, aunque no estén reconocimiento y pertenencia en la registradas cultura institucional; y expectativas de oficialmente, producen 182 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 efectos en el desempeño profesional, DESAFIOS JURIDICOS 2026 que combina el relato personal de una �se luz de la literatura sobre cultura realizaron preservar la grabaciones para confidencialidad, la organizacional, poder simbólico, espontaneidad de los discursos y la desigualdad de género e instituciones seguridad de los participantes. Los de seguridad pública. La interrelación relatos se registraron en un cuaderno entre la experiencia personal, las de campo inmediatamente después narrativas de cada conversación, conservando el fundamentos teóricos contenido narrativo y los fragmentos construir lectura más significativos, sin identificación fenómeno investigado, sin reducir el personal, análisis funcional o territorial compartidas una a una y los permitió crítica del denuncia específica que pudiera exponer a los individualizada o una descalificación interlocutores. institucional. estudio Por el busca contrario, el contribuir al El análisis de datos siguió la técnica fortalecimiento ético y democrático de de análisis de contenido temático, la Policía Civil, reconociendo su según Bardin (2016), en diálogo con el relevancia enfoque autoetnográfico propuesto protección de los derechos en Brasil. para la justicia y la por Ellis et al. (2011). A partir de los relatos, se identificaron categorías Las consideraciones éticas de este emergentes que revelaron patrones, estudio tienen en cuenta que la tensiones, investigación consiste en informes de contradicciones y elementos culturales recurrentes en experiencias las Las compartidas categorías se organizaron en tres ejes intervención principales: experiencias narradas. profesionales entre pares, experimental, sin sin poder simbólico y identificación de los participantes y sin informal; género e la recopilación de datos sensibles que invisibilidad institucional; resistencia, permitieran la individualización directa estrategias y redes de apoyo. o indirecta. Por este motivo, el trabajo jerarquía no se presentó al Comité de Ética en Investigación, de conformidad con la 183 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Estas categorías se interpretaron a la DESAFIOS JURIDICOS 2026 cambio en el entorno profesional. No �Nacional de Salud, que establece fuerzas policiales hipótesis de exención investigaciones riesgos que no adicionales participantes y para implican para que utilizan los la información de forma confidencial y no Comprender la jerarquía en las instituciones policiales requiere un análisis que trascienda los organigramas y reglamentos. Si bien la estructura formal de la Policía Civil identificable. se organiza por rangos, funciones y Las tres delegadas participantes fueron informadas sobre los objetivos del estudio, aceptaron participar voluntariamente, se les garantizó el anonimato y la confidencialidad, y autorizaron el uso de los informes con atribuciones legales, existen dinámicas de poder informales que operan de forma invisible, influyendo en la vida profesional cotidiana, la distribución del prestigio y las autoridad no relaciones interpersonales. fines académicos. Se omitieron las referencias a nombres, unidades, municipios, cargos de liderazgo específicos o cualquier elemento que pudiera permitir la identificación directa o indirecta. De esta manera, el artículo preserva el compromiso ético con las mujeres involucradas, al tiempo que reconoce la relevancia científica e institucional de analizar las relaciones de poder informales que impregnan el trabajo de las mujeres en la Policía especialmente Civil en brasileña, el contexto amazónico del estado de Amazonas. Estas formas de institucionalizadas constituyen lo que la literatura ha denominado jerarquía oculta: una lógica de mando e influencia construida a códigos culturales, subjetivos, prácticas disputas simbólicas partir de vínculos históricas (Dias; y Rosa, 2014; King, 2005). Dichas dinámicas no se registran oficialmente, pero configuran el comportamiento y las oportunidades dentro de la institución, revelando un campo de fuerzas donde se negocian la respetabilidad, la legitimidad y el acceso. 184 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 1. Jerarquía formal e implícita en las DESAFIOS JURIDICOS 2026 Resolución n.º 510/2016 del Consejo �La naturalización de la dominación masculina se produce a través no es un fenómeno universal, sino que tiene sus raíces en de contextos percepciones configuran las relaciones sociales. refuerzan Dentro de las instituciones públicas y de sociales y las desigualdades inherentes. (Heilborn, 1993, p. estas estructuras se reproducen a prácticas y como si fueran biológicamente burocráticas, como la Policía Civil, de sutiles cotidianos que dan forma a las históricos y estructuras de clase que través mecanismos 62). poder informales que escapan a las normas legales, pero que afectan profundamente el desempeño de las La aceptación o el rechazo simbólico del poder de mando de una figura, incluso si está investida legalmente de mujeres en el espacio institucional. autoridad, revela naturalización Según Pierre Bourdieu (1998), el poder simbólico es el que opera con mayor eficacia precisamente porque es invisible y naturalizado. En el policial, este poder se manifiesta en la valoración de ciertas trayectorias profesionales, en capas subterráneas de dominación social. La 1.1 Poder simbólico y legitimidad ámbito las el como de la sinónimo masculinidad de mando y racionalidad termina reforzando la lógica de que la autoridad legítima es, ante todo, masculina; un sesgo que debilita los ideales democráticos e igualitarios de la administración pública. prestigio otorgado a determinados estilos de liderazgo y en la exclusión 1.2 velada de aquellos sujetos que no se resistencia a la diversidad ajustan a los tradicionalmente organizacional y patrones legitimados, especialmente las mujeres y otros grupos históricamente marginados. Como enseña Heilborn: Cultura La cultura organizacional en las instituciones de seguridad pública es un elemento central para comprender la reproducción de estas estructuras 185 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 que la subordinación de las mujeres DESAFIOS JURIDICOS 2026 Denich (1979) parte de la premisa de �cultura se invisibles. La inclusión de las mujeres compone de tres niveles: artefactos en las carreras policiales en Brasil, (visibles), aunque de una organización valores declarados) y (explícitamente supuestos formalmente garantizada básicos desde la segunda mitad del siglo XX, (inconscientes). En la Policía Civil, los aún enfrenta importantes barreras artefactos incluyen uniformes, rituales simbólicas. Los estudios muestran y lenguaje técnico; los valores abarcan que las jefas de policía y otras disciplina, lealtad, fuerza y jerarquía; funcionarias de seguridad pública a mientras menudo que los supuestos necesitan reafirmar inconscientes suelen promover la continuamente su autoridad, además devaluación de la sensibilidad, la de escucha empática y el liderazgo cotidianas, como interrupciones en colaborativo. reuniones, escucha invisibilidad de lidiar con microagresiones selectiva, sugerencias y Estos elementos terminan reforzando exclusión de redes informales de toma los y de decisiones (Goulart; Farias, 2021). disidentes, Estas experiencias no solo revelan la incluso cuando estas voces ocupan persistencia de la lógica masculina en posiciones formales de poder, como la la ocupación del espacio público, sino de delegada. De manera velada, el que también ponen de relieve los liderazgo femenino se deslegitima límites de las políticas formales de mediante una cultura que asocia la igualdad de género cuando no van competencia acompañadas estereotipos silenciando las y de género voces el características mando con tradicionalmente masculinas (Pinto; Melo, 2017). de profundas transformaciones culturales. Como señalan Pinto y Melo (2017) y Brasil (2008), las mujeres que ocupan 1.3 El género como marcador de exclusión simbólica En este contexto, el género se convierte en un marcador crucial para puestos de poder en la seguridad pública enfrentan un doble desafío: demostrar su competencia técnica y romper con los imaginarios que 186 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 el análisis de las relaciones de poder DESAFIOS JURIDICOS 2026 de poder. Según Schein (2010), la �fuerza física. allí, pero era como si no lo estuviera. 2. Jerarquía oculta y poder simbólico A pesar de ocupar el mismo cargo y tener las mismas responsabilidades Los relatos de experiencias compartidas en este estudio exponen con contundencia la existencia de jerarquías no formalizadas que operan silenciosamente dentro de las instituciones policiales. Esta jerarquía oculta se manifiesta en forma de dinámicas de poder simbólicas que desacreditan, minimizan o ignoran el liderazgo femenino, incluso cuando está formalmente establecido. El concepto de "violencia simbólica" de Bourdieu (1998) es fundamental para comprender dichas manifestaciones: se refiere a mecanismos de dominación sutiles, naturalizados y a menudo imperceptibles que mantienen y reproducen estructuras que el delegado masculino, su autoridad se volvió invisible. Esta dinámica pone de relieve lo que Bourdieu y Wacquant denominan (1992) estructuras estructurantes, es decir, disposiciones internalizadas que organizan tanto la percepción como la acción de los individuos dentro del campo social: disposiciones sociales internalizadas que dan forma a los comportamientos y legitiman las desigualdades. El relato también revela una práctica de silenciamiento simbólico, que ignora el conocimiento técnico y la experiencia acumulada de la profesional, relegando su desempeño a un papel secundario. de poder excluyentes. En el segundo relato, una reunión de En el primer relato, durante una operación policial, a delegada relata: Simplemente empezó a delegar tareas, a organizar los coches, a decidir las entradas. En planificación coordinada delegada es simbólicamente por masculino por una apropiada un delegado presente. La delegada informa: ningún momento me miró ni me 187 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 preguntó mi opinión. Yo estaba DESAFIOS JURIDICOS 2026 asocian el liderazgo con la virilidad y la �él repitió lo que y limita la plena participación de las acababa de decir con otras mujeres en los espacios de poder y palabras, hubo asentimientos, toma de decisiones. Comprender esta halagos, incluso comentarios. dinámica es esencial para promover Era como si mis palabras solo cambios orientados a la igualdad de tuvieran sentido cuando salían género y la deconstrucción de los de su boca. patrones jerárquicos culturalmente establecidos. Esto ilustra el proceso de "interrupción de la autoridad", un fenómeno común Estos en el liderazgo femenino en espacios identificados en investigaciones sobre marcadamente masculinos género y liderazgo organizacional, que (Meyerson; Fletcher, 2000). También señalan la existencia de barreras se simbólicas observa una forma de relatos y reflejan patrones culturales que "reconocimiento mediado", en la que obstaculizan la plena legitimidad del la legitimidad de un liderazgo solo se liderazgo valida cuando cuenta con el respaldo 2007). de un hombre. invisibilidad son estrategias simbólicas femenino El (Eagly; silenciamiento Carli, y la que reproducen las desigualdades de Heilborn (1993) sostiene que la distinción entre masculino y femenino no es meramente una diferenciación, sino una organización simbólica que otorga mayor valor a lo masculino, estableciendo una relación de abarcador y abarcado. Esta jerarquía se construye culturalmente y se manifiesta en diversas esferas sociales, influyendo en la percepción y género en el entorno profesional, reforzando la dominación masculina incluso ante la formalización de la autoridad femenina (Acker, 2006). Como argumentan Dias et al. (2022), estas prácticas hegemonía sutiles mantienen masculina procesos de la mediante exclusión y deslegitimación, que se manifiestan a diario. el rol de los géneros en la sociedad. Heilborn destaca que esta estructura 188 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 cuando simbólica perpetúa las desigualdades DESAFIOS JURIDICOS 2026 Cuando hablé, nadie reaccionó. Pero �fenómeno del valentía, la autoridad y la asertividad tiene se asocian frecuentemente con lo la masculino, mientras que la empatía, el construcción de la autoridad femenina, diálogo y la escucha se devalúan, indicando que el pleno reconocimiento atribuyéndose del liderazgo femenino a menudo femenino como signos de fragilidad. reconocimiento implicaciones mediado directas para a menudo a lo depende de la validación masculina, lo que pone de manifiesto un sesgo estructural que privilegia las expresiones de poder masculinas (Miltersteiner et al., 2020). Este patrón también se refleja en estudios sobre las interacciones de género en entornos profesionales, que destacan el impacto de la cultura organizacional en el mantenimiento de la desigualdad y la resistencia al liderazgo femenino (Hryniewicz; Vianna, 2018). 2.1 Cultura organizacional, género y masculinidad hegemónica fuerzas policiales, incluso hoy en día, está marcada por normas, valores y que refuerzan la masculinidad hegemónica (Connell; Messerschmidt, 2005). Esta masculinidad se proyecta como el ideal de comportamiento y competencia en el ámbito de la seguridad pública. El naturaliza culturalmente mediante la repetición de patrones y normas que otorgan centralidad a lo masculino y complementariedad a lo femenino. Heilborn (1993) destaca que la desigualdad no es biológica, sino cultural, y se reproduce constantemente. En los relatos, se observa que la autoridad femenina mediada o interlocutor suele traducida masculino estar por un para ser aceptada. Este fenómeno es resultado La cultura organizacional de las prácticas La asimetría entre los sexos se mando, la directo de la cultura institucional que asocia la legitimidad de la autoridad con la figura masculina, incluso en espacios que buscan promover la equidad. La repetición comportamientos desigualdad, de estos naturaliza la compromete la autonomía de las mujeres en el ejercicio de su función y empobrece la capacidad institucional para la 189 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 el DESAFIOS JURIDICOS 2026 Además, �perspectivas. pone de manifiesto la persistencia de estereotipos de género que devalúan Autores como Acker (1990) y Britton (2000) destacan que las instituciones organizadas burocrática según una lógica aparentemente neutral la contribución de las mujeres en las fuerzas de seguridad. Asimismo, los estudios señalan que la tienden a reproducir las desigualdades presencia de instituciones género a través de rutinas, femenina en las si bien policiales, patrones de comunicación y criterios creciente, aún enfrenta resistencia de evaluación que favorecen a los estructural y simbólica que dificulta la hombres. En el caso de la policía, plena integración y el reconocimiento estas rutinas se expresan tanto en la de operación la liderazgo y en roles tradicionalmente organización simbólica de roles. Es masculinos. Mantener una cultura posible organizacional práctica identificar denomina como lo en que Acker "regímenes las mujeres en que puestos de privilegia la de masculinidad hegemónica no solo sistemas margina a las mujeres, sino que complejos que articulan clase, raza y también impide la construcción de un género sistema de seguridad pública más desigualdad", en es la decir, reproducción de jerarquías institucionales. inclusivo y eficaz (Souza et al., 2007). Además, diversos estudios indican 3. que construcción del mando la cultura policial brasileña Género, legitimidad y la refuerza la asociación entre atributos como la fuerza, el coraje y la virilidad con lo masculino, al tiempo que delega funciones administrativas o de cuidado a las mujeres, perpetuando así la división sexual del trabajo y limitando la participación femenina en actividades operativas (Grisoski, Otro aspecto importante se refiere a cómo se construye y percibe la legitimidad del liderazgo en el entorno policial. El liderazgo femenino se enfrenta a un doble desafío: demostrar su competencia técnica y, al mismo tiempo, romper con las expectativas 190 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 2022). Esta segregación ocupacional DESAFIOS JURIDICOS 2026 innovación, al marginar las diferentes �de legitimidad. Como señala Joan directas Acker (2006), la feminidad suele desempeño y la permanencia de las considerarse incompatible con los mujeres en la carrera policial, como puestos de autoridad en espacios señalan Goulart y Faria (2022). La tradicionalmente masculinos. sensación de vigilancia constante, en la autoestima, el juicio y exclusión genera un entorno En los testimonios, se observa que la autoridad de una delegada, aun cuando esté técnicamente preparada e institucionalmente prevista, se pone en entredicho o necesita ser corroborada por una figura masculina. Esta «validación masculina» funciona como un respaldo simbólico a la aceptación del liderazgo, mermando la autonomía de la mujer y reforzando hostil y desalentador que impacta directamente la salud mental y la motivación de estas profesionales. Esta dinámica también contribuye al fenómeno conocido como "techo de cristal", en el que las mujeres encuentran obstáculos invisibles para el ascenso jerárquico, incluso cuando poseen méritos y cualificaciones equivalentes. los roles de género, lo que influye negativamente en las expectativas de las futuras generaciones de policías, 3.1 Estrategias de resistencia y reconfiguración institucional quienes internalizan estas dinámicas como algo natural. La delegada se A pesar de los desafíos, las delegadas lamenta: entrevistadas señalan estrategias de adaptación y resistencia. Entre ellas Es como si siempre necesitara un traductor masculino para que me tomen en serio. Mi placa dice "jefe de comisaría", pero mi género tiene más peso que mi cargo. se encuentran la inversión continua en capacitación técnica, la creación de redes de apoyo entre las mujeres policías, el uso de instrumentos legales para garantizar sus derechos y la denuncia discriminatorias de como situaciones forma de 191 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Este fenómeno tiene consecuencias DESAFIOS JURIDICOS 2026 de género que configuran los criterios �de ellas comparte: Policía Civil. estructuras La de persistencia poder de invisibles, sumada a una cultura organizacional Hoy, cuando me ignoran en una reunión, interrumpo y digo: ‘Ya presenté esta idea’. He aprendido a no aceptar la invisibilización como norma. de la Policía Civil requiere más que garantizar el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo. Es necesario prácticas, marcada por masculinos, exige institucionales continuas. patrones acciones Futuros estudios pueden profundizar en las intersecciones entre género, raza y Transformar la cultura organizacional desnaturalizar aún revisar protocolos, incorporar capacitación en regionalidad en las carreras policiales, así como evaluar el impacto de las políticas de trayectorias equidad en las profesionales y personales de las mujeres policías. Conclusión género y, sobre todo, crear espacios Las reflexiones desarrolladas en este seguros y legítimos para el ejercicio de artículo, basadas en un enfoque la autoridad femenina. El cambio debe autoetnográfico, permitieron destacar ser estructural, simbólico y relacional. aspectos Además, considerar profundamente presentes en la vida políticas públicas orientadas a la cotidiana de la Policía Civil: las equidad de género en las fuerzas de dinámicas de poder informal que a seguridad, que incluyan indicadores menudo coexisten con las estructuras de de formales e influyen directamente en la rendición de cuentas y procesos experiencia de sus agentes. Lejos de continuos de escucha e participación ser una crítica deslegitimadora de la de las mujeres policías. institución, este estudio parte de un es urgente seguimiento, mecanismos Los testimonios analizados en este estudio revelan la complejidad de las barreras simbólicas que enfrentan las mujeres en puestos de mando en la poco discutidos, pero sentimiento de pertenencia y un compromiso ético con el fortalecimiento de la propia Policía Civil, reconociendo sus avances, su importancia histórica y su misión 192 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Una DESAFIOS JURIDICOS 2026 concienciación. �derechos y garantías constitucionales. fortalecer los lazos de confianza entre sus miembros. Escuchar activamente Las experiencias compartidas por tres mujeres delegadas revelan que el trabajo policial se ve atravesado no solo por desafíos operacionales, sino también por relaciones simbólicas y subjetivas que a veces dificultan la plena realización de la autoridad las experiencias de los profesionales —especialmente de las mujeres en puestos de liderazgo— debe entenderse como un instrumento de gestión cualificada, y no como una amenaza a la jerarquía o la disciplina institucional. conferida por el cargo. Las redes de poder informales, las alianzas tácitas, Finalmente, las las intención de este trabajo es contribuir — a una reflexión crítica y respetuosa especialmente aquellas influenciadas sobre las complejidades del trabajo por marcadores como el género y la policial, antigüedad— conforman un trasfondo construcción de entornos más justos, que influye en las decisiones, las saludables y colaborativos es un interacciones y el sentimiento de esfuerzo colectivo que beneficia a pertenencia. es todos los que conforman la institución. dichas Al visibilizar los aspectos invisibles de disputas silenciosas percepciones y culturales Sin embargo, importante enfatizar que dinámicas no niegan el poder la experiencia artículo comprometen su legitimidad. Por el tradición contrario, compromiso estas capas reafirma reconociendo transformador de la institución ni reconocer se y conectar la Policía con la la que la profesional, busca de que este con la Civil de la legalidad, la invisibles es un paso fundamental justicia dignidad humana, para mejorar las prácticas internas, contribuyendo a su mejora continua y promover una cultura organizacional fortalecimiento institucional. 193 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 más transparente y acogedora, y DESAFIOS JURIDICOS 2026 fundamental en la defensa de los �ACKER, J. (200). Class Questions: Feminist Answers. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. BOURDIEU, P. (1998). O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. BOURDIEU, P. (1998). A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. BOURDIEU, P.; WACQUANT, L. (1992). An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: University of Chicago Press. BRASIL, G. (2008). Face feminina da Polícia Civil: genêro, hierarquia. Fortaleza: EdUECE. 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Theoretical Criminology, p. 1–20. 196 �PROCEDIMIENTO PENAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO CRIMINAL PROCEEDINGS INVOLVING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND THE GENDER PERSPECTIVE Karen Abad Matute Universidad Católica de Cuenca https://orcid.org/0009-0003-0425-004X karen150895@gmail.com Mauro Fernando López Altamirano Universidad Católica de Cuenca https://orcid.org/0009-0009-4232-5392 Karina del Rocío Martínez Calderón Universidad Católica de Cuenca https://orcid.org/0009-0009-4571-6970 Amalia Guillén Gaytán Universidad Autónoma de Nuevo León https://orcid.org/0000-0001-8400-3003 Resumen: El presente trabajo aborda el procedimiento penal aplicado a los casos de violencia contra la mujer desde una perspectiva de género, con el fin de analizar cómo el sistema de justicia ecuatoriano responde a este fenómeno estructural. La violencia de género no es un acto aislado, sino una manifestación de relaciones de poder desiguales que históricamente han subordinado a las mujeres, y que se reproducen incluso dentro del sistema judicial. A pesar de avances normativos como la “Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” Como citar: 196 Abad Matute, K., López Altamirano, M. F., Martínez Calderón, K. D. R. & Guillén Gaytán, A., (2026) Procedimiento penal de la violencia contra la mujer y la perspectiva de género. Revista Desafíos Jurídicos, 6(11). http://doi.org/10.29105/dj6.11-191. 197-226 �burocráticas, desconfianza en las autoridades y una aplicación genérica de las medidas de protección, que no consideran su contexto real de riesgo. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica diversos delitos de violencia de género, como la violencia física, psicológica, sexual y patrimonial, y establece mecanismos de protección inmediata. Sin embargo, estudios recientes revelan que, aunque ha aumentado el número de denuncias, persiste un alto índice de impunidad debido a la lentitud procesal, la falta de capacitación en género de los operadores judiciales y la presión social que disuade a las mujeres de continuar con las acciones legales. Además, las unidades judiciales especializadas, aunque representan un avance, no siempre aplican criterios feministas que permitan comprender la gravedad del daño causado. Este trabajo busca reflexionar sobre la necesidad de transformar el sistema penal desde una lógica punitiva hacia una centrada en derechos humanos, donde la perspectiva de género no sea solo un requisito formal, sino una herramienta transformadora para garantizar justicia real a las mujeres víctimas de violencia. Palabras Clave: Violencia de género, procedimiento penal, perspectiva de género y medidas de protección. Abstract: This paper addresses the criminal procedure applied to cases of violence against women from a gender perspective, aiming to analyze how the Ecuadorian justice system responds to this structural phenomenon. Gender violence is not an isolated act, but rather a manifestation of unequal power relations that have historically subordinated women and are reproduced even within the judicial system. Despite regulatory advances such as the "Comprehensive Organic Law to Prevent and Eradicate Violence against Women" (LOIPEVIM), the effective implementation of a gender perspective in criminal proceedings continues to face serious limitations. Many victims continue to be revictimized by facing bureaucratic barriers, distrust of authorities, and a generic application of protection measures that fail to consider their actual risk context. The Comprehensive Organic Criminal Code (COIP) criminalizes various crimes of gender violence, such as physical, psychological, sexual, and property violence, and establishes immediate protection mechanisms. However, recent studies reveal that, although the number of complaints has increased, a high rate of impunity persists due to the slowness of the proceedings, the lack of gender training among judicial officials, and social pressure that discourages women from pursuing legal action. Furthermore, specialized judicial units, although a step forward, do not always apply feminist criteria that allow for an understanding of the severity of the harm caused. This paper seeks to reflect on the need to transform the criminal justice system from a punitive approach to one centered on human 198 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 enfrentando serias limitaciones. Muchas víctimas continúan revictimizándose al enfrentar barreras DESAFIOS JURIDICOS 2026 (LOIPEVIM), la implementación efectiva del enfoque de género en los procesos penales sigue �Keywords: Gender violence, criminal procedure, gender perspective, and protection measures. Introducción salas de audiencias, las fiscalías y las La violencia contra la mujer no es un simple desacuerdo doméstico ni un episodio aislado de agresión; es, en unidades de protección, existe un abismo que muchas mujeres no logran cruzar (Rico, 1996). realidad, una manifestación profunda y persistente de desigualdades Este artículo nace de una históricas que se reproducen en todos preocupación real: ¿por qué, a pesar los de tantas leyes, las mujeres siguen niveles de la sociedad. En Ecuador, este problema ha dejado de siendo ser un asunto privado para convertirse justicia? Para responderlo, se inicia en Estado, con un estudio profundo de las teorías respaldada por normas jurídicas que, y conceptos que explican la violencia en el papel, parecen avanzadas y de género, no como un acto de ira o sensibles al género. La Ley Orgánica pasión, sino como un mecanismo de Integral para Prevenir y Erradicar la control y dominación que se ejerce Violencia desde estructuras sociales, culturales una prioridad contra de las Mujeres revictimizadas buscar (LOIPEVIM) y el Código Orgánico e Integral (2014) feministas como Rita Segato y Alda reconocen no solo la violencia física, Facio han demostrado que esta sino psicológica, violencia no es un problema de simbólica, “maltrato”, sino de poder, y que el tipificando delitos como el femicidio y sistema penal debe entenderlo así la violencia vicaria. Sin embargo, entre para no reproducir la indiferencia que Penal también económica, (COIP) la sexual y institucionales. al Pensadores lo que dice la ley y lo que ocurre en las 199 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 guarantee real justice for women victims of violence. DESAFIOS JURIDICOS 2026 rights, where the gender perspective is not merely a formal requirement, but a transformative tool to �sus hogares (Justo Nieto, 2020). justicia más humanas. Se incorporan, además, experiencias de Perú y los España, países que han avanzado en desafíos concretos que enfrentan la judicialización de la violencia de jueces, fiscales y defensores al aplicar género, el formación obligatoria y sistemas de A continuación, enfoque de se exploran género. Muchos, con protocolos aunque bien intencionados, carecen monitoreo que podrían de formación especializada, lo que reformas en Ecuador. claros, inspirar lleva a interpretaciones erróneas de las pruebas, minimización del daño El desarrollo de la investigación, se lo emocional o exigencia de “pruebas hizo siguiendo el enfoque cualitativo, perfectas” que nadie puede cumplir en el cual se orienta a la comprensión e contextos de miedo y coerción. Pero interpretación del fenómeno de la también hay beneficios claros cuando violencia contra la mujer, pero desde este enfoque se aplica con seriedad: la perspectiva jurídica y social. Para sentencias más justas, medidas de ello protección efectivas y un sistema que, hermenéutica, a través del cual fue en lugar de castigar a la víctima por posible analizar el alcance de las denunciar, la acompaña con empatía normas, los criterios judiciales y y profesionalismo (Sornoza et al., conocer la posición de doctrinarios, 2025). expertos en el tema de la protección se aplicó la metodología de los derechos de las mujeres. El análisis de casos reales revela patrones preocupantes: denuncias Con la aplicación de la hermenéutica archivadas por falta de pruebas, jurídica, se quiere entender medidas de protección no cumplidas, configuración del enfoque de género y procesos que se alargan por años, que está en el marco normativo mientras la violencia continúa. Pero ecuatoriano, así como la forma en que también muestra ejemplos de buenas los operadores de justicia la aplican o prácticas, donde la perspectiva de restringen en los procesos judiciales. 200 la JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 género ha permitido construir rutas de DESAFIOS JURIDICOS 2026 muchas víctimas ya han enfrentado en �radica en que permitió estudiar las sino una manifestación de relaciones definiciones, comprender el alcance de poder históricamente desiguales de la violencia de género y conocer las entre disposiciones a nivel internacional. profundamente hombres estructuras y mujeres, arraigadas sociales, en culturales y Finalmente, este trabajo no busca solo jurídicas. Este tipo de violencia se diagnosticar, Las define como todo acto que se ejerce recomendaciones contra una persona debido a su transformar identidad sino conclusiones apuntan y a proponer. el de género, siendo las procedimiento penal desde una lógica mujeres y personas LGBTI+ las punitiva en principales víctimas, lo que evidencia derechos, donde la dignidad de la su carácter sistémico y estructural víctima sea el eje central. Porque (Jaramillo & Canabal, 2020). hacia una centrada justicia no es solo condenar, sino garantizar que nunca más una mujer tenga que elegir entre su seguridad y su libertad. Desde una perspectiva teórica, el enfoque de género se constituye como una estrategia que busca la equidad y la construcción de la igualdad, transformando las relaciones de poder 1. Estudio de teorías y conceptos que perpetúan la discriminación. Este relacionados con la violencia de enfoque género y enfoque de género. diferencias entre géneros, sino que no solo reconoce las analiza cómo estas diferencias se El estudio de las teorías y conceptos traducen en desventajas para las relacionados con la violencia de mujeres dentro del sistema legal. En género y el enfoque de género es Ecuador, el enfoque de género ha sido fundamental para comprender cómo incorporado se la transversal en las políticas públicas, desigualdad en el sistema de justicia con el fin de eliminar la discriminación penal, especialmente en contextos y garantizar una respuesta efectiva como el ecuatoriano. La violencia de ante la violencia contra las mujeres. estructura y perpetúa como un elemento 201 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 género no es un fenómeno aislado, DESAFIOS JURIDICOS 2026 La importancia del uso de este método �su implementación efectiva en el procedimiento penal sigue enfrentando significativas, como el trato que reciben las mujeres al buscar justicia. barreras la falta de formación especializada en jueces, Además, autores feministas como Rita Segato y Diana Maffía han aportado herramientas analíticas clave para la fiscales y policías (Vera, 2020). judicialización de la violencia de Una de las contribuciones teóricas género. Segato introduce el concepto más relevantes es el concepto de de “guerra de género”, entendida fenómeno legal, propuesto por la como jurista Alda Facio (1999), que permite simbólico que busca mantener el analizar la violencia contra las mujeres control desde dimensiones autonomía componente especialmente tres interconectadas: el una forma sobre los de en de terrorismo cuerpos las y la mujeres, contextos de político-cultural, el formal-normativo y impunidad y normalización de los el estructural. El primero se refiere a femicidios. los que enfatiza la necesidad de que los normalizan la violencia y reproducen jueces incorporen la perspectiva de el machismo; el segundo, al marco género en la argumentación legal, jurídico en utilizando las internacionales como la Convención y de Belém do Pará, que reconoce la ambigüedades; y el tercero, al sistema violencia contra las mujeres como una de justicia en su funcionamiento violación de derechos humanos. Estos concreto, donde las mujeres enfrentan aportes teóricos son esenciales para revictimización, desconfianza en las transformar el sistema penal de uno autoridades y obstáculos para acceder que sanciona conductas aisladas, a a servicios adecuados. Este modelo uno que entienda la violencia como un teórico permite comprender que la patrón estructural de opresión (Duque violencia no termina con el acto et al., 2024). patrones que, aunque reconocer mujeres, socioculturales los aún avanza derechos presenta de vacíos Maffía, por su parte, instrumentos violento, sino que puede continuar en 202 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 embargo, DESAFIOS JURIDICOS 2026 Sin �la perspectiva de género en el una justicia equitativa e inclusiva, de procedimiento penal exige más que la manera que tanto jueces, fiscales y mera aplicación de leyes. Requiere operadores de justicia, estén en una transformación profunda en la capacidad de poder analizar cada forma en que se interpretan las caso pruebas, se evalúa el riesgo, se perspectiva para detectar posibles emiten medidas de protección y se desigualdades, hacia las mujeres construye la responsabilidad penal. concretamente. Por ejemplo, la pauta unificada de implementación debe superar algunos evaluación de riesgo debe integrar no desafíos y obstáculos, tales como la solo la denuncia penal, sino también falta de capacitación en género que información de otros sistemas, como tienen los tribunales de familia, servicios de constante persistencia de mantener salud para patrones patriarcales o machistas en comprender la ruta completa de la el sistema judicial y la resistencia violencia. Solo así se puede avanzar institucional a cambiar los mismos. hacia un sistema judicial que respete y Cuando se logre remontar estos proteja los derechos de las mujeres, desafíos y obstáculos, se obtendrán evitando y beneficios que repercutirán en la garantizando una respuesta efectiva garantía de la igualdad ante la ley, una basada tutela judicial efectiva y un sistema de y redes la en de apoyo, revictimización derechos humanos (Zubijana, 2024). jurídico los con una Para actores nueva ello, esta judiciales, la justicia penal fortalecido en derechos humanos. 2. Desafíos, obstáculos y beneficios con la implementación del enfoque de género en el juzgamiento penal. Dentro del juzgamiento penal, es necesario que implementación se del haga la enfoque de Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es fundamental que se inicie este apartado, analizando tres conceptualizaciones, estrechamente relacionadas género, que con el deben enfoque de estar en conocimiento de los operadores de 203 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 género, con la finalidad de alcanzar DESAFIOS JURIDICOS 2026 En este sentido, la implementación de �la vida práctica: un fenómeno que continúa vigente y que, a pesar de los múltiples intentos a) Conciencia de género con reformas a leyes, emisión de Las mujeres y hombres viven de forma nuevas leyes y la puesta en marcha de diferente programas sus experiencias y sociales, sido posible afronten sus necesidades a través de profundizado las diferencias de sexo e la esas identidad de género en hombres y diferencias, que en algunas ocasiones mujeres. Estas diferencias, sobre pueden llegar a causar desigualdades todo, afectan a las mujeres, las que para acceder a oportunidades de históricamente mejora. Los proyectos sociales, en objeto no sólo de discriminación, sino muchas ocasiones, por no decir en también todos, cuando se encuentran en etapa desventajas, incluso de planificación, suele cometerse el sometidas a la subordinación frente a error de ignorar la perspectiva de los hombres. de todas sino ha expectativas, lo que lleva a que comprensión eliminarlo, no siempre de que han ha sido menosprecio, llegando ser género, lo que invariablemente los conduce a la inefectividad en la En este sentido, teniendo en cuenta a respuesta cuando se le cuestiona por la Comisión Económica para América qué no abordaron su proyecto con una Latina y el Caribe (CEPAL), las conciencia de género, e incluso al desigualdades son evidentes en los fracaso ya que no se ha considerado obstáculos que ponen límites a las realmente cuáles son las necesidades mujeres, impidiéndoles alcanzar el de ejercicio pleno de sus derechos y la las (Secretaría personas Técnica beneficiarias del Proyecto Equal "En clave de Culturas", 2007). igualdad de condiciones en una nueva sociedad, libre de machismo o patriarcado (Secretaría Técnica del b) Desigualdad género. basada en Proyecto Equal "En clave de Culturas", 2007). c) Enfoque de género 204 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 La desigualdad basada en género es DESAFIOS JURIDICOS 2026 justicia para ser tomados en cuenta en �mujeres pueden ser analizadas y materiales e inmateriales. Con ello se cuestionadas, se demostró que el 16% fue de medidas entienden los roles, significados y de rehabilitación e investigación y representaciones que a través de los sanción, 23.37% fueron medidas de años se han ido formando, las que a tipo de satisfacción y 30.43% de su vez han facilitado la creación de garantías de inequidades en la sociedad. Una vez Erráez, 2023). una vez que económica no por daños repetición (Ron que el enfoque de género permite relaciones justas y equitativas, los En el proceso de juzgamiento penal, patrones por cada caso debe analizarse de forma disminuyen, minuciosa y pormenorizada, de tal de cualquier discriminación causa manifestándose en la mejora de las forma interacciones entre los géneros y en el resolución, caso de las mujeres, que logren tratados internacionales, explicando y enfrentar sus realidades de la mejor adaptando forma comparado con los hombres aunque esto se encuentra reflejado (Secretaría desde la primera parte, cuando se Técnica del Proyecto Equal "En clave de Culturas", 2007). Para que se alcance la implementación de género en materia penal, lo sustancial es básicamente realizar un estudio de sentencias de la Corte Nacional, para enfocarnos que cuando en se ella normativa emita se la apliquen de género; interpone la denuncia en la fiscalía y se da el acercamiento entre la víctima y el sistema penal de justicia, para poder establecer los mecanismos y forma de reparación adecuada para la víctima. primeramente en la reparación en un caso determinado y con ello tener una Los expertos en el área analizaron las idea amplia sobre los funcionarios que sentencias estarán en los procesos, se detectaron criterios 184 medidas de reparación, que para emitidas establecer en los cuanto a reparación y, sobre todo, determinar el fueron dictadas de los 21 fallos, en los contexto de género que se aplicaron que la Corte ordenó medidas de en las sentencias. Se pudo apreciar 205 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 reparación DESAFIOS JURIDICOS 2026 Las desigualdades entre hombres y �públicos como investigadores, jueces, personal de salud y miembros del grupo de la fuerza pública, quienes se encuentran relacionados con temas de niños y mujeres, con la finalidad de eliminar los diferentes estereotipos que existen en el cumplimiento de sus funciones. Esto conlleva a tener una reparación totalmente desnaturalizada debido a que no es compatible con lo deseado y no existiría un proceso reparatorio para la víctima. Se debe tener en consideración que cada audiencia es distinta por sus hechos, pero esto no implica que cada una de ellas deba tener otra forma de juzgamiento y En las sentencias se pudo observar además que los distintos jueces no acogen situaciones de grupos feministas o aquellos que se dedican a ejercer la defensa de otras féminas, que les ayudarían a tener una mejor visión del caso por cuanto se demuestra la vulnerabilidad de la mujer con respecto algunos casos. Se hace alusión a que en las sentencias que son emitidas por los jueces. determinan las medidas de reparación, pero existen casos en que son impuestas para la víctima y el obligado, pero éstas no son valoradas ni tomadas en consideración que efectivamente va a ser lo mejor para la víctima, es así como el sistema de justicia queda con sus niveles de cumplimiento bajos e insuficientes. aplicación de la normativa puesto a ello para poder aplicar la condición de género se debe escuchar bien a la víctima para poder comprender la situación del delictual del hecho y aplicar una medida de reparación apta para ello con la finalidad que el juez tenga la información indispensable para dictar un fallo. En el momento de aplicar el enfoque de género se debe determinar cuáles son las vulneraciones a los derechos humanos en este caso de la víctima, ahora se debe tener en consideración un punto medular por lo que la persona afectada no es solo ella sino se encuentra la familia que le rodea que son parte de su entorno, es así que se analiza todas las afectaciones recibidas y el género se enfoca netamente a la víctima sobre 206 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 funcionarios DESAFIOS JURIDICOS 2026 que es necesario capacitar a los �féminas en donde se podrá analizar de género y su tratamiento en el las vulneraciones existidas y poder sistema judicial penal. comprobar la desigualdad de género. El Código Orgánico Integral Penal Los jueces deberán identificar las (COIP, 2014) desde su entrada en vulneraciones que tienen las mujeres vigencia, y aplicar el enfoque de género en normativo que precisa el tema de la cuanto a lo teórico – metodológico lo violencia de género, con la visión que integral le permite identificar las incorpora y un enfoque de marco género, relaciones de poder entre hombres y haciendo el reconocimiento que las mujeres. agresiones hacia las mujeres, no se limitan al ámbito físico, sino que Es así que una reparación con incluyen también los casos en los que enfoque de género debe colocarse se comete violencia psicológica y sobre la base de identificación en el sexual. caso concreto de la discriminación y conductas en el apartado de delitos de violencia que afectó a la víctima no por violencia contra la mujer o integrantes su condición personal sino por el del núcleo familiar, determinando las hecho sanciones de acuerdo con la gravedad de ser mujer, y El consecuentemente, su construcción y debe dirigirse a establecer medidas cometido. que busquen no solo compensar a la víctima y sus familiares sino, además, eliminar los patrones sistemática de violencia en contra de las mujeres enquistados en el Estado sociedad (Ron Erráez, 2023). y la factores código agrupa agravantes del estas delito En los casos en los que se cometen actos de violencia física y sexual, las penas son equitativas a las dispuestas para delitos de lesiones o contra la integridad sexual y reproductiva, mientras que la violencia psicológica contempla sanciones de seis meses a un año. El femicidio, dentro del COIP se entiendo como la muerte de una 207 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 3. Análisis de los casos de violencia DESAFIOS JURIDICOS 2026 escucharla, así como a las otras �o a causa de procedimiento unificado y expedito, mantener una relación, en la que su que también se aplica a los delitos de pareja fomentaba los niveles de poder violencia contra la mujer y miembros desiguales, estos delitos se sancionan del núcleo familiar, para garantizar la con penas que van de veintidós a respuesta rápida y restaurativa de la veintiséis años de prisión. autoridad. Sin embargo, en la práctica judicial existen limitaciones, como las A pesar de que el COIP establece sanciones, también introduce las medidas de reparación integral, entre las que están la rehabilitación física, psicológica y ocupacional de la víctima, al igual que las medidas de reparación transformadoras en los casos puntuales de femicidio. No obstante, hay autores que destacan la existencia de vacíos normativos en la ley, entre ellos se mencionan la falta condiciones socioeconómicas de las víctimas que no disponen de recursos suficientes como para mantener un proceso largo y dilatado, no contar con programas de reeducación efectivos para que el agresor se rehabilite y, sobre todo, la insistencia normativa para permitir alargamiento de procesos formales, que afectan la estabilidad de la víctima (Terrones et al., 2023; Carranco, 2020). de reconocimiento de formas de violencia patrimonial o económica, Ya en la práctica, cuando exista un que permiten la perpetuación de la caso sobre violencia de género, se subordinación femenina (Terrones et debe realizar el análisis de las prueba al., 2023; Vera, 2020). que se va a presentar en el proceso, de acuerdo a la vulneración realizada Dentro del ámbito procesal, el código promueve la justicia especializada, exigiendo que tanto fiscales como jueces, actúen capacitados en enfoque de género y comprendan las dinámicas de poder en los casos judiciales que se les haya sido asignados. Además, se incorpora el y teniendo en consideración que todo dependerá de la afectación a la víctima, como por ejemplo en un proceso de violencia psicológica, en donde el tratamiento probatorio es distinto, ya que las pruebas presentadas por la víctima, son la intervención de la psicóloga 208 y JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 producido DESAFIOS JURIDICOS 2026 mujer �hacer comprender cuál es el entorno materialización de conductas violentas de vulneración de la víctima, el nivel antes de daño sufrido, así como hacer configurando así un deber estatal de entender el término de género (Correa protección reforzada conforme a los & Gómez, 2025). estándares de que impidan su la consumación, internacionales de derechos humanos. Cabe resaltar que existen casos que no se concluyen debido a que la El ordenamiento jurídico ecuatoriano víctima puede dejar el proceso al ha incorporado progresivamente este sentirse ultrajada o vulnerada en sus paradigma preventivo mediante la Ley derechos. Si el proceso es sobre Orgánica Integral para Prevenir y violencia física, es fundamental contar Erradicar la Violencia contra las con el peritaje médico legal, por Mujeres, promulgada en febrero de cuanto se les da a conocer los días de 2018, la cual establece el Sistema incapacidad y el detalle en el informe Nacional Integral para Prevenir y sobre el daño físico que sufrió la Erradicar la Violencia, configurando víctima. una red interinstitucional coordinada 4. Prevención y protección integral que debe articular acciones entre el a las víctimas en violencia de sector justicia, salud, educación y género y su acceso a justicia. protección social. No obstante, podemos cuestionar críticamente si 4.1. Mecanismos de prevención estas disposiciones han logrado primaria y detección temprana de trascender el plano declarativo para violencia de género materializarse en políticas públicas efectivas, o si permanecen como La prevención primaria de la violencia mandatos programáticos carentes de de género trasciende el enfoque operatividad real en territorios donde punitivo tradicional del derecho penal, persisten pues, la magnitud estructural de este patriarcales. fenómeno exige arraigadas estructuras estrategias 209 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 anticipatorias DESAFIOS JURIDICOS 2026 trabajadora social, encargadas de �los niveles secundario y terciario de generan obligaciones específicas para intervención, mientras estos últimos el Estado en cuanto garante del operan sobre situaciones de violencia derecho a la vida digna y la integridad ya personal cuya realización se vincula iniciadas o consumadas, la prevención primaria busca modificar con otros derechos. los factores de riesgo estructurales que generan el fenómeno violento. Desde la perspectiva jurídica, implica reconocer que la violencia de género no constituye un conjunto de conductas individuales aisladas, sino una manifestación sistemática de relaciones asimétricas arraigadas de en poder patrones socioculturales patriarcales (González La implementación estandarizados de de protocolos tamizaje y detección en los servicios de atención primaria son una medida de debida diligencia estatal exigible conforme a la jurisprudencia de Interamericana Humanos, y establecido en la de en el el Corte Derechos precedente caso "Campo Algodonero vs. México" señala que los et al., 2024). Estados deben adoptar medidas Si bien la Constitución consagra el integrales para prevenir la violencia derecho de las personas a una vida contra libre de violencia, mujeres. También, el el Código enfoque participativo se convierte en Penal tipifica un principio rector que debe atravesar diversas manifestaciones de violencia todas las estrategias de prevención de género, persiste una diferencia primaria, implicando el reconocimiento entre marcos de las mujeres no como sujetos normativos y su aplicación efectiva, de pasivos de protección, sino como ahí que esto se vincule directamente agentes activos en la construcción de con recursos mecanismos de prevención y en la programas definición de las políticas que las Orgánico Integral la la y las existencia insuficiencia asignados a los de de preventivos, la débil coordinación afectan (González et al., 2024). interinstitucional y la persistencia de estereotipos discriminatorios en 210 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 operadores de justicia. Entonces, se DESAFIOS JURIDICOS 2026 La prevención primaria se distingue de �fenómeno demanda de género es multidimensional respuestas un 4.2. Debilitamiento en las rutas de que acceso a la justicia y asistencia coordinadas especializada. entre diversos sectores estatales; sin embargo, la realidad institucional ecuatoriana evidencia fragmentación operativa que intercambio obstaculiza informativo y el la construcción de estrategias integrales. Persisten barreras estructurales que merman la efectividad preventiva: la formación insuficiente del personal en identificación temprana contradice los estándares de debida diligencia reforzada exigidos por el derecho internacional; la desproporción en la asignación de recursos favorece enfoques reactivos sobre estrategias preventivas; y estereotipos constituye profundo, la pervivencia de discriminatorios el impedimento demostrando transformaciones que más sin culturales sustantivas que deconstruyan las asimetrías de poder, los instrumentos jurídicos operarán meramente como mecanismos paliativos incapaces de erradicar las causas generadoras de violencia (González et al., 2024). La violencia de género es una vulneración sistemática de derechos humanos que va más allá de fronteras geográficas, afectando de manera desproporcionada a mujeres en condiciones de vulnerabilidad y a pesar de los marcos normativos progresistas diversos implementados ordenamientos en jurídicos, existen limitaciones que impiden la materialización efectiva del derecho fundamental de acceso a la justicia. Entre estas barreras está la revictimización procesal, la carencia de formación especializada en perspectiva de género por parte de los operadores de justicia, las inequidades socioeconómicas y las lagunas normativas que favorecen la perpetuación de la impunidad, agravando la situación de desamparo de las afectadas. Las víctimas dimensiones convergen enfrentan de para múltiples exclusión obstaculizar que su búsqueda de reparación, primero las barreras culturales, manifestadas a 211 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 violencia DESAFIOS JURIDICOS 2026 La �conductas violentas y la dependencia disparidades emocional, se entrelazan con factores legislaciones institucionales como la insuficiente femicidio revelan la necesidad de respuesta estatal durante coyunturas armonizar los ordenamientos jurídicos críticas, Simultáneamente, en lugares para asegurar protección homogénea específicos como las comunidades a las víctimas, mientras que la indígenas, se presencian tensiones insuficiente identificación de factores adicionales de derivadas de la identificadas comparadas riesgo demanda sobre sistemas coexistencia conflictiva entre sistemas preventivos de justicia tradicional y estándares particularidades internacionales sector afectado (Chango et al., 2024). de humanos, mientras feminización de sectores la rurales derechos que legales pobreza en intensifica la y reconozcan propias de las cada la imposibilidad material de acceder a recursos que en económicos necesarios para escapar de ciclos de El proceso de denuncia para víctimas de violencia de género presenta barreras que trascienden sobrepasan lo jurídico, son limitaciones institucionales de naturaleza social, psicológica y jurídico-procesal. Entre violencia (Chango et al., 2024). estos están la normalización de las Se puede subrayar la urgencia de conductas violentas, los sentimientos implementar integrales de vergüenza y culpabilidad, el temor reformas fundado a represalias por parte del legislativas superficiales y aborden las agresor, la ausencia de autonomía causas estructurales del fenómeno. Y económica es desincentivadores que estrategias trasciendan importante las fortalecer los y los mensajes inherentes al mecanismos de reparación integral, propio marco jurídico. La mecánica desarrollar protocolos que garanticen institucional frecuentemente bloquea la no revictimización durante los las procesos capacitar incumplimiento deliberado de políticas personal y judiciales exhaustivamente y al jurisdiccional en el manejo sensible de denuncias procedimientos obligando a las mediante el establecidos, denunciantes 212 a JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 casos de violencia de género. Las DESAFIOS JURIDICOS 2026 través de la normalización social de �desproporcionados, mientras exclusión, lo que solo evidencia que el sistema judicial no soluciona el enfrentan advertencias institucionales problema sino que lo agrava mediante que prácticas operan como técnicas de institucionales reorientación destinadas a disuadir la revictimizadoras (Moreau continuidad 2024). del proceso (Moreau Louapre, Louapre, 2024). Ante el fatalismo procedimental que se La victimización secundaria durante el sostiene, proceso una mecanismos alternativos de acceso a violencia la justicia que no impliquen litigios materializa contra el Estado, como establecer mediante la reiteración innecesaria de rutas diferenciadas de presentación interrogatorios, la desatención a las de denuncias en niveles regional, necesidades específicas estatal afectadas, la penal constituye manifestación institucional de que sistemática y la se de las culpabilización y ideal es autonómico, mediante formatos desarrollar accesibles presenciales, de electrónicos y postales, que faciliten la estereotipos nocivos entre operadores visibilización de casos de violencia jurídicos. La ausencia de formación institucional. especializada complementarias en prevalencia lo perspectiva de Estas vías deberían género propicia la construcción de fundamentarse en el principio de categorías que paridad de participación, requiriendo clasifican a las denunciantes como tanto la distribución equitativa de "víctimas reales" versus "no-víctimas", recursos materiales que garanticen perpetuando mitos sobre denuncias independencia falsas y el ambiente formal de los participantes, como la transformación tribunales, de neutralidad discriminatorias caracterizada por interpretada su como y patrones voz a las culturales institucionalizados que aseguren igual hostilidad y la impaciencia judicial, respeto inhibe la narrativa testimonial de las aceptación social; así se construye mujeres, una estrategia transitoria mientras se creando espacios que reproducen dinámicas patriarcales de materializa y oportunidades la de transformación 213 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 esfuerzos DESAFIOS JURIDICOS 2026 sostener �judicial, procurando no abandonar a revictimización y genera respuestas las ni jurisdiccionales desarticuladas que acompañamiento en su búsqueda de incumplen el deber de diligencia reparación integral (Moreau Louapre, debida (Tierno Barrios, 2020). víctimas sin recursos perpetúa la 2024). 4.3. En España existe la especialización La reparación integral en víctimas de violencia de género. jurisdiccional mediante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que La violencia de género responde a una representa un modelo institucional estructura histórica de dominación que que, permite la desigualdad entre los pese a sus limitaciones operativas, ofrece lecciones valiosas para sistemas jurídicos latinoamericanos como el ecuatoriano. Ecuador requeriría adoptar una estrategia similar de especialización jurisdiccional que garantice que los operadores de justicia posean formación obligatoria y continua en perspectiva de género, superando la actual dispersión competencial que permite que jueces sin capacitación específica conozcan causas de violencia de género, es una propuesta estratégica que el sistema judicial ecuatoriano establezca unidades judiciales especializadas con jueces, fiscales y sexos, y según Carreras (2021): defensores públicos exclusivamente dedicados a estas causas, eliminando la práctica actual donde la falta de sensibilización La violencia contra la mujer constituye una manifestación de poder históricamente desigual entre el hombre y la mujer que ha conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer. La violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. (p. 11) 214 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 institucional DESAFIOS JURIDICOS 2026 estructural imprescindible del sistema �fundamental de las víctimas debe ser más que una compensación económica y para esto incorporar las incumplimiento del deber por organismos estatales responsables de implementar mecanismos preventivos efectivos (Luna & Vallejo, 2023). cinco dimensiones establecidas por estándares interamericanos de El sistema internacional de protección derechos humanos: restitución que de restablezca la situación previa a la experimentado un cambio notable, violación particularmente cuando se trata de cuando sea posible, derechos humanos indemnización que compense daños vulneraciones originadas materiales violencia género e inmateriales de ha en la contra las cuantificables, rehabilitación médica y mujeres. Pues, la responsabilidad psicosocial prolongada, satisfacción internacional mediante de debería ser únicamente ante acciones reconocimiento público y garantías de directas de sus agentes, también no repetición a través de reformas frente a omisiones y acciones que institucionales estructurales (Luna & permiten la perpetuación de patrones Vallejo, 2023). estructurales de discriminación. Y Los datos estadísticos a nivel nacional para ello, los órganos supranacionales arrojan que 65 de cada 100 mujeres competentes, ecuatorianas han experimentado al Interamericana menos Humanos han establecido que la actos un simbólicos episodio de violencia de los Estados como la de Corte Derechos durante sus vidas según el Instituto obligación Nacional de Estadísticas y Censos, investigar, juzgar y sancionar las posicionando al país entre los más violaciones violentos en adquiere dimensiones específicas en términos de violencia de género, de casos de violencia por razón de ahí que, la asignación presupuestaria género, donde la inacción del aparato para gubernamental constituye un permiso de América programas políticas públicas de de Latina capacitación, igualdad estatal no a de derechos prevenir, humanos y tácito que perpetúa la vulnerabilidad servicios especializados permanece histórica de las mujeres ante distintas 215 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 La reparación integral como derecho DESAFIOS JURIDICOS 2026 críticamente insuficiente, existiendo �sexual y psicológica (Fuentes, 2018). las denuncias presentadas La reparación integral demanda un ejercicio de honestidad institucional que frecuentemente es ausente en las respuestas estatales, pues no basta con transferir sumas monetarias o dictar disculpas públicas protocolarias que, paradójicamente, revictimizando a terminan quienes buscan justicia mediante actos ceremoniales vacíos de contenido transformador. Una reparación verdadera exige reconocer que la violencia sufrida por las mujeres no constituye un accidente aislado en la sociedad, sino el resultado predecible de estructuras normativas, culturales e institucionales que históricamente han naturalizado la subordinación femenina. acompañarse necesariamente de modificaciones legislativas que arraigados conceptos en contemplan degradantes, códigos figuras mientras arcaicos que aún jurídicas que las garantías de no repetición requieren desmantelar los burocráticos que violencia por mujeres, promoviendo así un círculo vicioso donde la impunidad persistencia del alimenta la fenómeno. La efectividad de cualquier esquema reparatorio depende de su capacidad para superar el ámbito individual y generar transformaciones colectivas que acaben con los cimientos patriarcales sobre los cuales se edifica la violencia de género. Y resulta tristemente irónico que muchos Estados proclamen su compromiso con la igualdad sustantiva mientras mantienen intactos los mecanismos institucionales que reproducen estereotipos discriminatorios en la administración de justicia, la educación y las políticas públicas. La rehabilitación psicosocial debe eliminen de engranajes sistemáticamente Una reparación integral debe incluir procesos educativos que deconstruyan los mandatos de género impuestos desde la infancia, reformas institucionales acceso real que de garanticen las mujeres el a mecanismos de protección efectivos, e implementar sistemas de rendición de cuentas que sancionen a funcionarios cómplices mediante su 216 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 desacreditan, minimizan o archivan DESAFIOS JURIDICOS 2026 manifestaciones de violencia física, �puede decir que, sin esta voluntad delitos. Este principio se refuerza transformadora, las reparaciones se mediante el Decreto Legislativo N.º convierten en disfraces que permiten a 1368, que crea el Sistema Nacional los Estados exhibir una apariencia de Especializado de Justicia para la cumplimiento alterar Protección y Sanción de la Violencia sustancialmente las condiciones que contra las Mujeres, con fiscalías y perpetúan la vulnerabilidad femenina juzgados especializados en todo el ante territorio nacional. Este modelo busca sin tantas manifestaciones de violencia estructural. oportuna del enfoque de género en Perú y España Experiencias de implementación del enfoque de género en Perú de género en el sistema de justicia penal ha sido impulsada por un marco normativo que reconoce explícitamente la violencia contra las como una violación de derechos humanos. La Ley N.º 30364, para prevenir, la violencia sancionar contra y las mujeres y los integrantes del grupo familiar, establece en su artículo 4 que todos los operadores del sistema de justicia deben aplicar el enfoque de género estos alineada y sensible con los al género, estándares internacionales, como la Convención en 2025). Uno de los avances más significativos ha sido la incorporación del enfoque En Perú, la incorporación del enfoque erradicar de de Belém do Pará (Gayona & Castillo, 5.1. Ley sanción garantizar una respuesta integral, 5. Experiencias de implementación mujeres y la investigación, de género en la interpretación del delito de feminicidio, tipificado en el artículo 108-B del Código Penal. La Corte Suprema de Justicia ha consolidado esta interpretación en fallos como la Casación 851-2018 (Puno), donde se reconoce que el móvil del crimen está ligado al control patriarcal sobre el cuerpo y la vida de las mujeres, especialmente cuando el asesinato ocurre tras el fin de una relación sentimental. Asimismo, en el Recurso de Nulidad 453-2019 (Lima Norte), el Tribunal Superior de Justicia 217 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 juzgamiento DESAFIOS JURIDICOS 2026 negligencia o indiferencia. Así se �feminicidio Naciones Unidas, 1979). no requiere violencia sexual previa, sino que basta con probar la intención de dominación y subordinación basada en el género. Estos precedentes jurisprudenciales permiten que el sistema judicial no solo sancione el acto violento, sino que comprenda su dimensión estructural y simbólica (Umbo, 2024). La Corte Suprema ha intentado corregir estas prácticas. En el Recurso de Nulidad 760-2020 (Lima), se estableció que la credibilidad de la víctima no puede evaluarse según estereotipos de recato sexual, y que el foco debe estar en la ausencia de consentimiento, no en el Sin embargo, persisten desafíos en la comportamiento de la mujer. Además, aplicación efectiva del enfoque de el enfoque de género también se ha género, delitos extendido a delitos como la trata con sexuales. A pesar de que el Acuerdo fines de explotación sexual, donde el Plenario N.º 1-2011/CJ-116 prohíbe Informe 001-2020-DP/ADHPD de la valorar la vida sexual de la víctima Defensoría del Pueblo denuncia que como indicador de consentimiento, muchos resoluciones judiciales como el “Caso prejuicios sobre la historia sexual de del calzón rojo” han absuelto a las víctimas, ignorando el abuso de agresores que poder que caracteriza este delito. reproducen estereotipos de género, Aunque el camino es largo, estos como el uso de ropa íntima de color avances jurisprudenciales muestran rojo o la supuesta “disposición sexual” que el enfoque de género no es solo de una la especialmente bajo víctima. en argumentos Estas decisiones casos obligación se archivan legal, sino una vulneran el derecho a la igualdad y herramienta contradicen los principios establecidos construir una justicia verdaderamente en el Pacto de San José de Costa Rica equitativa (Corte Suprema de Justicia y la Convención sobre la Eliminación de la República de Perú, 2020). de Todas Discriminación las Formas contra la indispensable por para de Mujer 218 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 (CEDAW) (Asamblea General de las DESAFIOS JURIDICOS 2026 de Lima Norte estableció que el �de de género (artículo 10), permitiendo implementación del enfoque de que un solo juzgado resuelva tanto el género en España. delito como separación, España ha sido un referente internacional en la incorporación del enfoque de género en su sistema de justicia penal, gracias a una combinación de reformas legislativas profundas, formación especializada y mecanismos de monitoreo institucional. El punto de inflexión fue la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que no solo tipifica la violencia como un fenómeno estructural, sino que crea un sistema judicial especializado para abordarlo. Esta ley establece en su artículo 2 que la violencia de género es una manifestación de relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, y que debe ser abordada desde una perspectiva integral que prevención, sanción y incluya protección (Verdiales, 2021). La Ley 1/2004 también introdujo reformas procesales clave, como la unificación de los procedimientos penales y civiles cuando hay violencia las medidas divorcio y de custodia, evitando así la fragmentación del proceso y la revictimización. Además, se crearon órdenes de protección inmediatas (artículo 44), que impiden al agresor acercarse a la víctima, comunicarse con ella o acceder al domicilio familiar, medidas que han salvado innumerables vidas (Verdiales, 2021). Estas innovaciones no han quedado aisladas: la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, extendió el principio de transversalidad de género a todas las políticas públicas, y la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, reforzó los derechos procesales y extraprocesales de las víctimas, incluyendo el acceso a información, asistencia psicológica y protección integral (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, 2007). Un pilar fundamental de este sistema es el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, creado mediante Acuerdo del Consejo 219 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Experiencias DESAFIOS JURIDICOS 2026 5.2. �diciembre de 2002. Este organismo no Women’s Link Worldwide como una solo recopila estadísticas y elabora de las mejores sentencias del año. Sin informes anuales sobre feminicidios, embargo, también existen retrocesos: sino que también diseña programas otro tribunal redujo la pena de un de formación obligatoria para jueces, asesino de su ex pareja de 25 a 17 fiscales años, y personal judicial, con argumentando que 30 componentes teóricos y prácticos puñaladas no buscaban aumentar el sobre género, estereotipos y trauma. sufrimiento. Además, ha conformado un grupo de muestran que, aunque el marco legal expertos guías es sólido, la sensibilidad de género metodológicas para aplicar el enfoque aún debe calar en cada rincón del de sistema judicial. que elaboran género promoviendo en la sentencias, creación Judicial de España, 2002). ejemplo emblemático es la Justicia de Canarias de 2017, que reconoció por primera vez en España el derecho a la pensión de viudedad a mujer divorciada denunciado aunque no violencia se Conclusión: Las leyes de Ecuador sobre el crimen sentencia del Tribunal Superior de una contrastes de precedentes transformadores (Poder Un Estos que había de género, hubiera probado penalmente. El tribunal argumentó que la violencia de género no es un asunto privado, que los estereotipos son base de la discriminación y que juzgar con perspectiva de género es una obligación de todos los poderes realmente se han intensificado cuando se trata de lidiar con la violencia basada en el género. Están reconociendo todo tipo de abuso, desde golpear hasta el daño emocional y han establecido formas para ayudar. aplicación Sin embargo, práctica disposiciones sigue de la estas teniendo deficiencias, lo que se refleja en la falta de capacitación de los operadores judiciales, los que no tienen en cuenta las cuestiones de género y sí en la persistencia de del Estado (Poder Judicial de España, 220 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 2017). Este fallo fue premiado por DESAFIOS JURIDICOS 2026 General del Poder Judicial de 20 de �de justicia. violencia todavía enfrentan un momento difícil para obtener justicia. Adoptar una perspectiva de género en los casos legales significa que tenemos que reformar las normas, para que no sólo se usen para castigar. reforzar Realmente la justicia necesitamos especializada, seguir capacitando a jueces y fiscales. En este sentido, las medidas de reparación que hacen algo más que proteger a las víctimas también deberían ayudar a acabar con la discriminación y la desigualdad que conducen a la violencia. No se trata sólo de cosas legales; también se trata de la forma en que la sociedad y la cultura las tratan, con el riesgo de ser lastimadas de nuevo, sin que exista suficiente ayuda para lidiar con el lado emocional y financiero que les permita superar barreras. Se requiere un sistema de justicia con un enfoque de derechos humanos, articulado interinstitucionalmente, que dé prioridad a la prevención, la atención integral y la reparación efectiva. Referencias: Asamblea General de las Naciones Unidas. (18 de diciembre de 1979). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Resolución 34/180. https://www.ohchr.org/es/instruments- mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discriminationagainst-women Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). 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Seguidamente revisamos la figura tipificada como delito denominado usurpación y simulación de funciones, así como se relacionan con otros delitos tales como peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito, para luego revisar algunos casos resueltos por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Palabras Clave: Administración pública, servidor público, usurpación y simulador de funciones Como citar: 227 Tapia, H. & Pinos, E. (2026) El usurpador de funciones y la responsabilidad penal en la administración pública. Revista Desafíos Jurídicos, 6(11). https://doi.org/10.29105/dj6.11-194. 227 - 247 �Abstract: This research seeks to analyze the relationship between public administration as a provider of public services and welfare through the realization of the common good. We also analyze those who represent public administration through the different legal mechanisms that can be used for the enrollment of public servants within the administration. Next, we analyze the figure of the usurper and the simulator of functions and the criminal conduct of typification, unlawfulness, and culpability. Subsequently, we review the crime of usurpation and simulation of functions, as well as its relationship to other crimes such as embezzlement, bribery, extortion, or illicit enrichment, and then review some cases resolved by the National Court of Justice of Ecuador. Keywords: Public administration, public servant, usurpation, and simulation of functions Introducción importancia La administración pública es el pilar especialmente ante el aumento de que sostiene el funcionamiento del casos en los que particulares -e Estado, ya que a través de ella se incluso funcionarios públicos que se ponen en práctica las políticas, en el ámbito penal, exceden en sus atribuciones-, asumen programas y decisiones que buscan responsabilidades mejorar la vida de la sociedad. En este corresponden. Este tipo de conductas proceso, públicos no solo interfiere en el correcto cumplen un papel esencial, pues son funcionamiento del Estado, sino que ellos quienes tienen la autoridad legal también puede facilitar la comisión de para ejercer funciones propias del otros delitos, al permitir el poder público. indebido de recursos públicos bajo los servidores que no les uso una apariencia de legalidad. Sin embargo, cuando esas funciones son realizadas por personas que no El problema principal radica en que, tienen legitimidad o carecen de la aunque la ley penal reconoce la autorización legal para hacerlo, se usurpación y simulación de funciones rompe el orden jurídico y se debilita la como delito, en la práctica existen confianza de la ciudadanía en las vacíos sobre cómo determinar la instituciones del Estado. responsabilidad de quienes participan en estos actos -ya sea como autores, En este sentido, el delito de coautores o cómplices-. Esta falta de usurpación de funciones ha cobrado claridad complica la labor de la justicia 228 �y, en muchos casos, termina favoreciendo la impunidad. y Secretaria) e institucional, los que mantengan autonomía administraba pero cuya cadena de mando este Otro punto crítico es la poca jurisprudencia y doctrina sobre la relación entre la usurpación de funciones y otros delitos relacionados, especialmente el peculado. En varios casos, se ha comprobado que el ejercicio ilegal de funciones públicas ha servido apropiarse Estado. como medio para o desviar fondos del Esto genera una doble afectación: por un lado, se vulnera la legalidad y la confianza en la función pública; y por otro, se produce un daño económico al patrimonio estatal. La administración pública: Para comprender mejor a la administración pública debemos necesariamente referirnos a la Constitución de la República quine instituciones nos indica pertenecen que sector público, (Nacional, 2008), mismo que en su artículo 225 esclarece el tema: 1.- Las funciones del Estado: a) Función Ejecutiva, administración es pública decir la central e institucional, en otras palabras los que dependan en línea jerárquica del presidente de la república (ministerios presidida por un representante del Presidente de la República. b) Función Legislativa, son La todos aquellos que laboran en la función, ya sea en calidad de Asambleístasdiputados en otros países-, asesores y personal administrativo. c) función de participación ciudadana y control social, entre los que tenemos a los consejeros, sus asesores y personal administrativo. d) Función judicial en donde se encuentran los jueces, fiscales, defensores delegados del públicos, Consejo Judicatura, personal de la administrativo entre otros. e) Función Electoral, en donde están los vocales del Consejo Nacional Electoral, jurisdicción personal jueces electoral, de la asesores y administrativo. Se debe anotar que en todas estas funciones también encontramos personal operativo ubicados en su calidad de obreros y por lo tanto bajo el régimen laboral. Ahora bien, la administración pública tiene dos momentos en su actuación, la primera cuando actúa o se relaciona 229 �con las personas, basados en los principios de interdicción de la arbitrariedad y que en palabras de Felipe Asanza Minada y otros (otros, Año 2018): “A venido operando como un poderoso correctivo frente a las actuaciones abusivas discriminatorias administraciones ejercen y de públicas potestad las cuando discrecional”. Además, se debe anotar el principio de Imparcialidad e independencia evitando resolver administrativos con los temas afectos o desafectos; así como basados en el principio de ética y probidad que no es más que actuar con rectitud, lealtad y honestidad. público es el representante de la administración pública ante los ciudadanos; en otras palabras, es toda persona natural legalmente nombrada para prestar servicios remunerados en instituciones de derecho público o instituciones de derecho privado con finalidad social o pública. Su papel principal es servir a la comunidad, velar por el bienestar colectivo y garantizar que las políticas y decisiones del Estado se apliquen correctamente, siempre con ética, responsabilidad y transparencia. De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador (Nacional, En un segundo momento cuando interactúa entre sí, es decir cuando se relaciona con otras administraciones publicas establecidas dentro de la clasificación del servicio público (Art. 225 constitucional). Dentro de este concepto se regirán por el principio de lealtad inconstitucional y que de acuerdo con Felipe Asanza Minada y otros (otros, Año 2018): “No es otra cosa que el respeto entre sí de las administraciones El servidor público: El servidor públicas y el ejercicio legítimo de las competencias. 2008): “Son servidores públicos todas las personas que ejercen un cargo, función o dignidad, dentro del sector públicos”. Dentro del concepto de cargo público están la mayoría de los servidores públicos que ocupan un puesto oficial dentro de la administración pública sean estos de forma permanente o temporal. La función pública hace referencia a todos los servidores públicos del nivel jerárquico superior es decir que son nombrados por la autoridad 230 �nominadora y que tienen poder de mando o cumplen funciones de asesoramiento. Por último, están los servidores públicos que desarrolla actividades dentro de la administración pública en calidad de dignatarios en donde se encuentran aquellos elegidos por voto popular o En los que respecta a los gobiernos autónomos descentralizados encontramos servidores tales como dignatarios de elección popular como prefectos, alcaldes, concejales y vocales de las juntas parroquiales rurales, administrativo por disposición de la ley. públicos, y su personal operativo, están regidos por la Ley del Servicio Público De acuerdo con Leonardo Rodríguez y por el Código del Trabajo, los Arango obreros. (Rodríguez Arango): “La noción de “servidor público” es un género que comprende diferentes especies, cuáles son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales; lo no obsta para que el legislador pueda establecer nuevas denominaciones, clases o grupos de servidores públicos diferentes de las mencionadas”. Para el caso ecuatoriano podemos decir que el género es la de servidor público, es decir la persona que labora dentro de una institución que pertenece a la administración pública bajo cualquier modalidad y la especie son los diferentes regímenes laborales que se aplican en la administración pública, tema que vamos a analizar en líneas Las instituciones creadas por la constitución o la ley en lo que respecta a los jueces de la Corte Constitucional, Los delegados al directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Procurador General del Estado, los Superintendentes, entre otros, su personal administrativo y obreros. Los gerentes de las empresas públicas que cumplen un mandato y los empleados y obreros de estas empresas que se rigen por el Código del Trabajo. También están en este sector los servidores públicos del sistema de protección de derechos, los que integran el sistema de seguridad ciudadana entre otros. posteriores de este trabajo. 231 �Entidad del Instituciones Sector Público Funciones Estado Régimen aplicable laboral Comprende las cinco funciones: Ejecutiva (ministerios, secretarías, entidades dependientes del Presidente), LOSEP para servidores del Legislativa (Asamblea Nacional), Judicial (jueces, fiscales, públicos y Código del Consejo de la Judicatura), Transparencia y Control Social Trabajo para obreros. (Consejo de Participación Ciudadana y organismos de control) y Electoral (CNE y Tribunal Contencioso Electoral). Gobiernos Prefecturas provinciales, municipios, concejos cantonales y LOSEP para servidores Autónomos juntas parroquiales rurales, junto con sus entidades y públicos y Código del Descentralizados dependencias. Trabajo para obreros. (GAD) Instituciones Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, LOSEP para servidores creadas por la Superintendencias, Defensoría del Pueblo, Instituto públicos y Código del Constitución o la Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y otras entidades Trabajo para obreros. ley autónomas creadas por ley. Instituciones Empresas públicas municipales o provinciales, Generalmente Código del creadas por los corporaciones, fundaciones y otros entes creados por los Trabajo para empleados y GAD gobiernos locales. obreros. Relación laboral de los servidores se produce esta relación en remplazo públicos: No existe un solo sistema de una mujer embarazada, así mismo de relación laboral dentro del sector mientras dure el concurso de mérito y público sino algunos entre los que se oposición; también se produce esta destacan: de acuerdo con la LOSEP: relación laboral para cubrir puestos de El régimen laboral del sector Publico, empleados que se encuentran en donde se encuentra la mayor parte de goce de licencia sin remuneración o los servidores públicos, en donde se comisión destacan los servidores públicos de remuneración, y por ultimo quienes nombramiento permanente quienes ocupen puesto de libre remoción en la han ganado un concurso de mérito y figura de encargos. Existen otros oposición y han pasado la etapa de servidores públicos dentro de la prueba. Los servidores públicos con LOSEP como son los de contratos nombramiento provisional, es decir ocasionales institucionales y los de están por un periodo determinado por contratos ocasionales por proyectos alguna causal tales como: reemplazo cuya característica es que no tiene por estar de por medio un juicio estabilidad laboral. Por último, están contencioso administrativo, también los servidores públicos bajo la figura de servicios sin 232 �de contratos civiles de servicios sean civiles profesionales o técnicos Para el sector Universitario -Docentes e investigadores-, la relación está en especializados. el régimen académico que regula todo También encontramos relaciones laborales en la función judicial cuya lo relacionado a los servidores públicos de la educación superior. clasificación es los que se encuentran la Corte Nacional de Justicia ya sea para los jueces o para el personal administrativo; a parte están los de la carrea de la Fiscalía y otro para los El sector de las empresas públicas está regulado por la figura del mandato para los gerentes y el Código del Trabajo para los empleados y obreros de estas empresas. defensores públicos. Por último, encontramos el régimen En un análisis sobre regímenes laboral que regula a las fuerzas laborales están los que corresponden armadas y tiene que ver con el a la seguridad ciudadana tanto de la procedimiento de los nombramientos y administración central como la Policía asensos y grados militares Nacional, Penitenciaría, Transito y Cabe anotar que todos los obreros - trasporte Terrestre (Agentes de la choferes, Comisión Nacional de Transito) y a jornaleros nivel local están los agentes de control instituciones públicas están bajo el municipal, agentes civiles de tránsito y régimen laboral del Código del trabajo. conserjes, etc.- que guardias, tenga las cuerpo de bomberos. Régimen o Sector Tipo de relación laboral / características principales Nombramiento permanente: otorgado tras ganar concurso de méritos y oposición, con estabilidad laboral. Nombramiento provisional: temporal, para reemplazos, licencias, juicios o Régimen general del encargos. sector público (LOSEP) Contratos ocasionales: institucionales o por proyectos, sin estabilidad. Contratos civiles de servicios: profesionales o técnicos, sin relación laboral directa (régimen civil). 233 �Régimen especial que regula a jueces, fiscales, defensores públicos y personal administrativo, con normas específicas de carrera judicial, fiscal y de la defensa pública. Función Judicial Régimen disciplinario y jerárquico propio; regula la relación laboral de policías, Seguridad ciudadana y agentes penitenciarios, de tránsito, municipales y bomberos, con normas de orden público ascensos y disciplina. Sector universitario y Régimen académico especial que regula la carrera, estabilidad y remuneración académico de docentes, investigadores y personal de educación superior pública. Gerentes: Empresas públicas del figura de mandato o designación temporal. Empleados y obreros: se rigen por el Código del Trabajo, con derechos laborales del régimen privado. Régimen militar especial con normas propias para nombramientos, ascensos, grados, disciplina y retiros. Fuerzas Armadas Obreros público bajo sector Se rigen por el Código del Trabajo, con derechos de estabilidad, jornada y beneficios laborales del régimen común. La competencia de funciones y la corresponden nulidad La instituciones y para hacerlos efectiva competencia de funciones nace de la puede realizarlos una institución o a ley: través de convenios de concurrencia En de competencia: primer lugar, está la a o pueden está permitida a la institución a la que instituciones cuya competencia les le servidor público representa, de ahí pertenece. el principio jurídico de que “en el adicionales tienen que ver con la derecho público se puede hacer todo dinámica de la administración pública lo que le está permitido, lo que no le y, está permitido se entiende prohibido”. actividades se encarga su ejecución a Por ello el servidor público debe una institución pública determinada observar los tipos de competencia por ello se lo denominan adicionales. institucional, siendo ellos competencia Por último, están las competencias exclusiva la residuales que no tiene destinado una únicamente a la institución pública de institución pública en especifica pero manera constitucional y legal-, es que a falta de ello con las debidas decir corresponde a cada nivel de justificaciones puede hacerse cargo gobierno. cualquiera institución pública. concurrentes destinados Las son a competencias aquella cuando Las se dos más competencia objetiva es decir lo que le – realizarlos dos o más competencias regula nuevas que 234 �Las competencias subjetivas tienen La nulidad de competencias que ver con las facultades que tiene el aquella que comete el servidor público servidor público para hacer posible las que no está facultado para realizar un competencias institucionales; es decir, acto administrativo especifico sin tener no todos los servidores públicos tienen competencia la facultad en su totalidad para realizar palabras, la competencia, sino una parte de ella, facultad sin utilizar la figura jurídica de la unión de las diversas facultades abrogación de funciones, misma que hace la competencia institucional. traduce en la que el superior coge Estas competencias subjetivas deben para si alguna facultad designada a un estar normadas y reguladas. inferior para cuando por ello, en es otras sobrepasa motivos su conveniencia institucional. Aspecto Origen Competencia de funciones Nulidad de competencia Nace de la violación o exceso de Nace de la ley, que determina qué puede hacer cada competencia por parte de un servidor institución y sus funcionarios. público. Exclusiva: Corresponde solo a una institución por mandato constitucional o legal. Concurrente: Pertenece a dos o más instituciones, que pueden ejercerla individualmente o mediante Tipos de convenios. No aplica; la nulidad se refiere a la competencia ausencia o exceso de cualquiera de institucional Adicional: Se asigna a una institución para nuevas los tipos de competencia anteriores. (objetiva) actividades o funciones emergentes. Residual: No está asignada expresamente a ninguna institución, pero puede ser asumida justificadamente por alguna. Competencia subjetiva Se produce cuando el servidor Es la facultad individual del servidor público que público actúa sin tener la facultad permite ejecutar parte de la competencia subjetiva que le corresponde dentro institucional. Está regulada y delimitada legalmente. de la institución. El acto administrativo es nulo, sin Consecuencia El acto administrativo es válido y produce efectos valor jurídico, y puede generar jurídica legales. responsabilidad administrativa o penal. El usurpador de funciones: El aquel que sin tener la calidad de usurpador y simulador de funciones es servidor público ejecuta actos 235 �administrativos, actos simple descrita en la ley”. Es decir, tiene que hechos la conducta estar descrita en la ley administrativos para que la institución como delito; por lo que la tipicidad publicase del sirve para la aplicación del principio de cumplimiento de la orden de los legalidad “No hay delito sin ley previa servidores públicos que si tienen o lo que es lo mismo “no hay delito sin competencia subjetiva para ello. tipo penal”. Por lo regular la usurpación de En lo que respecta a la usurpación de funciones se da en el nivel jerárquico funciones esta se encuentra tipificado superior cuando los empleados y en la Ley (Ecuador) cuando indica “La trabajadores de una institución pública persona que ejerza funciones públicas creen que están frente a una autoridad sin autorización o simule cargo o ya autoridad función pública”. Claramente se puede nominadora se los presentó como su observar que usurpador de funciones colaborador de confianza o cualquier es quien ejerza un cargo o función otra circunstancia que haga posible la pública confusión. (Nombramiento o designación) como administración o active sea de a porque través la sin tener autorización servidor público. El servidor público que ha sido destituido y que emite actos La usurpación de funciones es cuando fuera alguien se hace pasar por autoridad o de actúa como si tuviera un cargo público usurpador de funciones, puesto que sin estar legalmente habilitado para ya no tiene la competencia para ello. ello. Esto ocurre cuando no existe administrativos como también caes en si lo la figura nombramiento válido, cuando el título Conducta penal de la usurpación de funciones: Tipicidad: Para Ernesto Albán Gómez (Ernesto, 2018): “La tipicidad es la identificación plena de la conducta humana con la hipótesis prevista y está vencido o suspendido, o cuando la persona -incluso siendo funcionaria, se sale de las atribuciones que la ley le permite. El corazón del delito es ese quiebre de la legalidad: la ley protege que solo quien está legítimamente 236 �designado pueda ejercer público tomar decisiones y poder que afecten a las personas. Para que exista usurpación se requiere dolo (saber que no se está habilitado y, aun así, ejercer funciones); el hecho se consuma en el momento en que se realiza el acto propio del cargo, y puede haber tentativa si la ejecución se inicia, pero no llega a completarse. Es el delito que resguarda la legalidad del poder público y la confianza de la ciudadanía en que las decisiones del Estado provienen de autoridades Cuando una conducta no solo “calza” con la definición del delito, sino que realmente vulnera o pone en riesgo lo que la ley protege. En la usurpación de funciones, el choque con la ley existe porque alguien actúa como autoridad sin estar habilitado, y eso ya pone en peligro la regularidad y validez de los actos del Estado, aunque no haya pérdida dinero. antijuridicidad si habilitación legal No existe hay una vigente (nombramiento, delegación, suplencia o verdaderas y competentes. de comisión) o una causa de justificación reconocida (cumplir un Antijuridicidad: con deber u orden legítima, ejercicio de un Roberto Dueñas y otros (Dueñas, derecho, o un estado de necesidad 2024): muy excepcional). El consentimiento “La De acuerdo antijuridicidad es un concepto fundamental en el derecho del penal, esencial para determinar la usurpación. Además, como es un responsabilidad los delito de peligro o de “mera actividad”, individuos al identificar la ilicitud de en muchos sistemas la antijuridicidad conductas normas se presume con solo ejercer funciones jurídicas”. La antijuricidad debemos sin competencia, salvo que el autor comprenderlo desde un punto de vista demuestre una justificación válida. que penal infringen de particular no legitima la formal como cuando infringimos una norma jurídica y por vía material cuando hacemos una valoración de daño causado y el impacto social provocado por la ejecución de eses acto. Culpabilidad: Para José Cerezo Mir (Cerezo Mir, 2001): “La culpabilidad es la conducta antijurídica que se le reprocha cuando podía haberse abstenido de realizarla”. Entonces la 237 �culpabilidad consistiría en la atribución conocerla con una diligencia mínima, psicológica del acto antijurídico y y que le fuera exigible comportarse tipificado a una persona. conforme a derecho. No hay modalidad culposa (el simple descuido En la usurpación de funciones exige que sea un delito doloso: que la persona sepa (o acepte como muy probable) que no tiene nombramiento ni competencia y aun así actúe como autoridad; además debe ser imputable (capaz de entender y dirigir sus actos), tener conciencia de ilicitud o poder Elemento Tipicidad Descripción general no basta). La culpabilidad se excluye o atenúa si existe un error invencible sobre los hechos o la prohibición, o si concurren causas como inimputabilidad, miedo insuperable o coacción que hagan inexigible otra conducta; si el error era vencible, solo reduce el reproche. Aplicación en la usurpación de funciones Se da cuando alguien actúa como autoridad Es la adecuación entre la conducta del sin estar legalmente habilitado, ya sea por sujeto y la descripción legal del delito. falta de nombramiento, título vencido o por exceder sus atribuciones. Se configura porque la conducta atenta Es la contradicción entre la conducta típica contra la legalidad del poder público y pone Antijuridicidad y el orden jurídico; implica una vulneración en riesgo la confianza en las autoridades real del bien protegido. legítimas. Culpabilidad Requiere que el sujeto actúe con dolo, Es el reproche personal al autor por actuar sabiendo que no tiene competencia o con conocimiento y voluntad contrarios a aceptando esa posibilidad, y aun así la ley. ejerciendo funciones públicas. El usurpador de funciones y su estado para que lo conserve y lo relación con los delitos contra la mantenga bajo su cuidado”. administración pública: En palabras sencillas, peculado es El peculado: Para Giler Montecé y cuando alguien que maneja dinero o otros (Giler, 2020) el peculado es: “La bienes del Estado -por lo general un apropiación del dinero público, por servidor público-, se queda con esos medio de una persona que tiene la recursos, los desvía, los usa para investidura de funcionario público a asuntos personales o deja que otros quien se le ha entregado el bien del se los lleven. Suele presentarse como: 238 �por apropiación (quedarse con el no se justifica en comparación con los dinero/bienes), ingresos por uso (emplear legítimos. Cuando una vehículos, equipos o combustible del persona que trabaja para el Estado -o Estado para fines propios), culposo ejerce (por descuido que facilita la pérdida), muestra por desvío o aplicación diferente (dar patrimonio que no puede justificar con un destino no autorizado) y, en ingresos legales: no solo es dinero en algunos lugares, en favor de terceros. la cuenta, también bienes a su nombre alguna potestad un crecimiento pública-, de su o al de terceros (testaferros), gastos La usurpación de funciones es algo distinto: ocurre cuando alguien se hace pasar por autoridad o actúa como si tuviera nombramiento un cargo válido. sin Pueden cruzarse así: si una persona finge ser funcionario y, con esa apariencia, cobra viáticos, retira equipos o usa una camioneta oficial, hay usurpación y, según la ley local, podría de lujo, pagos de deudas hechos por otros, regalos costosos y cualquier mejora patrimonial sin respaldo; la idea clave es el desbalance entre lo que declara ganar y lo que realmente posee o gasta, algo que se detecta comparando ingresos, declaraciones patrimoniales y movimientos financieros para ver si las cuentas cierran. configurarse también peculado; si quien toma los es Usurpación de funciones es cuando funcionario, no hay usurpación, pero sí alguien se hace pasar por autoridad o puede haber peculado (e incluso actúa como si tuviera un cargo sin abuso de autoridad si actuó fuera de estar sus competencias). En resumen, el ilícito es cuando una persona que peculado trabaja (o aparenta trabajar) para el protege recursos el sí patrimonio nombrado; muestra enriquecimiento público; la usurpación, la legalidad del Estado un aumento de cargo. riqueza que no puede explicar con ingresos legales. Se relacionan así: la El enriquecimiento ilícito: De acuerdo con (Dornbierer,2022): “El disfrute de una cantidad de activos cuyo monto usurpación puede ser el medio (fingir el cargo) y el enriquecimiento ilícito el resultado (terminar con más bienes o 239 �dinero sin justificación). Pueden ir actuar como tal sin nombramiento juntas, pero no siempre. válido), mientras que la concusión es usar un cargo real para imponerte La concusión: De acuerdo con la Corte Nacional de Justicia de Ecuador (Justicia, 2013): “Cuando los empleados públicos o las personas encargadas de un servicio público que se hubieren hecho culpables de concusión, mandando a percibir, exigiendo o recibiendo lo que sabían que no era debido por derecho, cuotas, contribuciones, rentas o intereses, sueldos o gratificaciones”. En otras palabras, cuando un pagos indebidos (dinero, regalos o “aportes” que no corresponden) aprovechando la autoridad. Se cruzan así: si quien sí es funcionario te exige un pago para destrabar un trámite, hablamos de concusión (no hay usurpación); si alguien no tiene el cargo y aun así cobra “multas” o condiciona un usurpación, y permiso, ese cobro hay encaja normalmente en otro delito (como estafa), no en concusión. funcionario se aprovecha de su puesto para presionarte a dar dinero, regalos El cohecho: Conforme a Eber Omar o “aportes” que no corresponden, o Betanzos Torres (Omar, 2019): “el para cobrarte más de lo debido; esto cohecho es un delito cometido cuando abarca a servidoras y servidores una autoridad o servidor público públicos y también a quienes actúan acepta o solicita una remuneración o con o un beneficio (cohecho simple), ya sea dependientes) que, abusando de su político o social, a cambio de realizar cargo, por sí o mediante terceros, u omitir un acto propio de su encargo ordenan o exigen la entrega de o si recibe una remuneración para “derechos”, cuotas, contribuciones, obstaculizar el cumplimiento de un rentas, acto o no llevarlo a cabo (cohecho potestad estatal intereses, (agentes sueldos o gratificaciones que no son debidos. calificado); asimismo, lo comete un particular que participa ofreciendo La usurpación de funciones es “ponerse el uniforme sin tener el cargo” (hacerse pasar por autoridad o dichos beneficios o como intermediario”. Es sobornar o dejarse sobornar para influir en una decisión 240 �pública. Ocurre cuando un funcionario sobornar para mover una decisión acepta (directamente o por medio de pública), mientras que la usurpación otra persona) dinero, regalos o favores de funciones es hacerse pasar por indebidos para hacer, dejar de hacer, autoridad o actuar como tal sin acelerar, retrasar o poner condiciones nombramiento válido. Se relacionan a algo propio de su cargo; y también así: si un funcionario legítimo acepta u cuando alguien ofrece, da o promete ofrece recibir dinero, regalos o favores esa ventaja para obtener el trato. La para acelerar, frenar o condicionar un clave es el intercambio ligado al cargo: trámite, la al usurpación). Si alguien sin cargo funcionario o a un tercero, y puede cobra “multas”, pide “aportaciones” o gestionarse por interpuesta persona. promete “agilitar” trámites simulando No hace falta que se entregue el ser autoridad, hay usurpación; ese dinero ni que el trámite se concrete: cobro generalmente encaja en estafa con aceptar u ofrecer ya hay cohecho. u otro fraude, no en cohecho, porque ventaja puede beneficiar hay cohecho (no hay no es funcionario. El cohecho es el “trueque” indebido con un cargo real (sobornar o dejarse Delito Peculado Definición en palabras sencillas Ocurre cuando alguien que maneja dinero o bienes del Estado se queda con ellos, los usa indebidamente o los desvía para fines personales o de terceros. Es cuando un funcionario o persona con poder público tiene Enriquecimiento un aumento de ilícito patrimonio que no puede justificar con ingresos legales. Concusión Sujeto activo (quién puede cometerlo) Solo un funcionario o servidor público con manejo de fondos o bienes públicos. Bien jurídico protegido Relación con la usurpación de funciones Si alguien finge ser funcionario y usa recursos del Estado (vehículo, dinero, bienes), hay El patrimonio del usurpación; y, según la Estado. ley, también podría configurarse peculado. Si sí tiene el cargo, solo hay peculado. Servidores públicos o La transparencia personas que y probidad en la ejercen potestad función pública. estatal. La usurpación puede ser el medio (hacerse pasar por autoridad) y el enriquecimiento ilícito el resultado (aumento injustificado de riqueza). Pueden coexistir. Cuando un funcionario Solo quien tiene La rectitud y Si sí tiene el cargo, es usa su autoridad para un cargo o honestidad en el concusión; si no tiene el 241 �Delito Sujeto activo (quién puede cometerlo) Definición en palabras sencillas exigir, ordenar o recibir potestad dinero, regalos o real. “aportes” indebidos. Cohecho Es sobornar o dejarse sobornar: ofrecer, dar o recibir dinero o favores para influir en una decisión pública. Relación con la usurpación de funciones Bien jurídico protegido estatal ejercicio del cargo y cobra “multas” o cargo público. “aportes”, hay usurpación de funciones (y quizá estafa), pero no concusión. Funcionario público (en el caso de cohecho pasivo) o particular que ofrece el soborno (cohecho activo). Si el funcionario real acepta o pide soborno, hay cohecho. Si un falso La imparcialidad funcionario cobra o recibe y legalidad en “mordidas” fingiendo las decisiones autoridad, hay públicas. usurpación, y el cobro encaja en estafa, no cohecho. Casos emblemáticos del usurpador los procesados sí eran miembros de funciones en la administración activos del Ejército y que, el día de los pública. hechos, actuaban dentro de su rol Juicio No. 11282201500321. como personal de inteligencia, identificándose correctamente ante la El 30 de septiembre de 2019, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, con la jueza Daniella Camacho como ponente, resolvió revisar la condena de los exmilitares Diego Cruz Villamar y Jefferson Mocha Freire, quienes habían sido sentenciados en 2016 por el delito de usurpación y simulación de funciones públicas. Según la acusación, ambos se habrían hecho pasar por agentes de inteligencia del Ministerio del Interior para extorsionar a una pareja de adultos mayores en Vilcabamba, Loja. Sin embargo, al analizar nuevas pruebas y Policía. Los nuevos testigos confirmaron que ellos se encontraban en la zona por motivos legítimos y no con intención de engañar. La Corte concluyó que los testimonios de las supuestas víctimas no eran exactos y que la sentencia original se basó en una interpretación errónea de los hechos. Aunque Mocha no defendió su caso durante la audiencia, el tribunal aplicó el principio de que un fallo favorable a uno de los procesados beneficia al otro cuando las causas son comunes. En consecuencia, la Corte revocó la testimonios, la Corte determinó que 242 �condena, declaró inocentes a ambos y cambiar la calificación jurídica si los ordenó levantar todas las medidas en hechos son los mismos, se protege el su contra, señalando que se había mismo bien jurídico y no se empeora castigado dos la situación del acusado (aquí, la pena personas que, en realidad, cumplían por usurpación es menor que la de funciones públicas legítimas. concusión). Por eso, rechazó el recurso, condena y injustamente a Juicio No. 17283201900648 mantuvo la devolvió el expediente al tribunal de El 21 de marzo de 2024, la Corte origen. Una jueza que votó a favor Nacional dijo que no aceptaba el añadió que, antes de revisar “errores recurso de casación de Oswaldo de Efraín Villarreal Oña. Él había sido comprobar condenado en 2022 a 3 años de impugnada esté bien motivada y evitar prisión, multa y disculpas públicas por llenar hacerse pasar por un funcionario doctrinarias innecesarias. derecho”, las siempre que la decisiones hay que sentencia con citas (usurpación/simulación de funciones). En su recurso, Oswaldo sostuvo que Juicio No. 11804201900245 el caso empezó por concusión (pedir En este caso, dos exservidores de la dinero abusando del cargo) y que lo Universidad Nacional de Loja (Miguel terminaron por Marín y Tania Jaramillo) demandaron usurpación, con lo que —según él— al Estado para que se declare su se rompió la coherencia del proceso y responsabilidad y se les indemnice se afectó su defensa. La Corte explicó con USD 80.000 a cada uno, alegando que la casación es un recurso muy que fueron separados ilegalmente técnico que no sirve para volver a durante la intervención universitaria discutir los hechos, y que su pedido no (medida estaba bien fundamentado: no indicó funcionario sin competencia y que el con precisión dónde ni cómo se Consejo de Educación Superior (CES) violaron las normas, ni por qué eso omitió control. El Tribunal Distrital de lo cambiaba Además, Contencioso Administrativo de Loja pueden (28-09-2021) rechazó la demanda. recordó condenando el que resultado. los jueces urgente 142) por un 243 �Ellos presentaron casación diciendo a Gines Rivas y Gines Vera de que de haberse hecho pasar por trabajadores motivación. La Sala de lo Contencioso de la empresa eléctrica CNEL en Administrativo de la Corte Nacional Manabí, el 3 de octubre de 2018, para (29-08-2023) revisó y concluyó que sí exigir dinero o bienes a cambio de no hubo la cortar el servicio de luz. Tras el juicio, sentencia de Loja citó normas, expuso el Tribunal Penal de Manabí los hechos y explicó por qué no había declaró responsabilidad pruebas suficientes que demostraran la sentencia motivación carecía suficiente: estatal. Entre los inocentes, realmente al no puntos clave, la Corte resaltó que los que cargos de los actores eran de libre funciones públicas o que hubiesen nombramiento y remoción y que su causado un perjuicio. Esta decisión desvinculación se produjo por sus fue confirmada por la Corte Provincial, propias renuncias irrevocables (consta y posteriormente, CNEL presentó un en acciones de personal); que el daño recurso de casación pidiendo que se material alegado era hipotético (mera los condene. La Corte Nacional, sin expectativa de ingresos futuros) y no embargo, recordó que la casación no probado; y que el daño inmaterial no sirve para reexaminar hechos ni se acreditó con pericia válida ni se pruebas, sino solo para corregir demostró nexo causal (incluso hubo errores de derecho, y concluyó que el ruptura del nexo por actuaciones de recurso los propios actores). Por todo ello, la debidamente fundamentado. Además, Corte rechazó el recurso de casación, enfatizó que, en delitos de acción mantuvo la sentencia de primera pública, instancia y ordenó archivar el proceso simulación de funciones, solo la una vez ejecutoriado. Fiscalía puede sostener la acusación de fingieron existir CNEL como la no ejercer estaba usurpación y penal, y al no haber apelado ni Juicio No. 13283201801850 presentado casación, la empresa no El caso trató sobre el presunto delito podía de consecuencia, usurpación y simulación de buscar una la condena. Corte En Nacional funciones públicas, en el que se acusó 244 �rechazó el recurso y ratificó la inocencia de los procesados. se podía sostener una condena. En consecuencia, ratificó la inocencia de Cando y ordenó eliminar todas las Juicio No. 1772120161566 Este caso comenzó medidas en su contra, corrigiendo así como una denuncia por usurpación y simulación una condena que no se ajustaba a la realidad ni a la ley. de funciones públicas, pues se acusó a Iván Enrique Cando Cifuentes de Juicio No. 09359201503975 haberse hecho pasar por empleado de la empresa de agua potable en Amaguaña, junto con otra persona, para pedir dinero a una vecina y evitarle un supuesto corte del servicio. Sin embargo, el proceso tomó otro rumbo y fue condenado por estafa, pese a que las pruebas mostraban que Cando nunca ingresó al domicilio ni tuvo contacto directo con la víctima. Tras agotar las instancias, el caso llegó a la Corte Nacional de Justicia, que en diciembre de 2018 revisó los hechos y, aunque declaró improcedente el recurso por errores técnicos, decidió actuar de oficio al advertir un error de derecho: los hechos no cumplían con los elementos del delito de estafa. La Corte explicó que, si acaso, los hechos podrían relacionarse con la usurpación o simulación de funciones, pero no con una estafa, y por tanto no En esta sentencia de la Corte Nacional de Justicia (12 de septiembre de 2025), la jueza Katerine Muñoz Subía recordó, de forma clara y sencilla, qué es la usurpación o simulación de funciones públicas: ocurre cuando alguien se hace pasar por autoridad o servidor del Estado y actúa como tal sin tener el cargo ni la competencia, afectando la confianza en las instituciones. Puso ejemplos típicos — dar órdenes oficiales o uniformes/credenciales usar sin autorización— y precisó que eso no fue lo que pasó en este caso: las supuestas irregularidades del contrato aludían a falsificación documental, que pertenece a delitos contra la fe pública, no a invadir funciones estatales. Por eso, la Corte descartó aplicar el art. 422 del COIP y concluyó que estas figuras penales solo 245 �encajan cuando se suplanta realmente a la autoridad pública, no en conflictos privados o laborales. Juicio / Año Criterio sobre la Usurpación / Simulación de Funciones Hechos Relevantes Exmilitares Diego Cruz y Jefferson Mocha No. fueron acusados de fingir ser agentes del 11282201500321 Ministerio del Interior para extorsionar a una (CNJ, 30-sep-2019) pareja en Loja. No existió usurpación, pues los acusados tenían autoridad y actuaban dentro de sus funciones como personal de inteligencia. No. 17283201900648 (CNJ, 21-mar2024) Confirmó que la usurpación Oswaldo Villarreal fue condenado por hacerse implica simular un cargo o pasar por funcionario público. Alegó que el caso autoridad pública y que la comenzó como concusión y terminó en tipificación puede variar mientras usurpación. se respete el debido proceso. No. 11804201900245 (CNJ, 29-ago2023) Exfuncionarios de la Universidad Nacional de Loja alegaron que fueron separados por un funcionario sin competencia (intervención universitaria). No. 13283201801850 (CNJ, 2020) La Corte reiteró que la casación Gines Rivas y Gines Vera fueron acusados de no revalora hechos y que solo la fingir ser empleados de CNEL para cobrar Fiscalía puede acusar en delitos dinero a usuarios en Manabí. públicos. No se probó simulación de funciones. No se configuró usurpación de funciones, pues la desvinculación se dio por renuncias válidas y los cargos eran de libre remoción. Los hechos pudieron encajar en No. Iván Cando fue acusado de fingir ser trabajador usurpación de funciones, pero no 1772120161566 de una empresa de agua para cobrar dinero. hubo prueba suficiente. La Corte (CNJ, 10-dic-2018) Fue condenado por estafa. priorizó el principio de inocencia. La usurpación ocurre cuando alguien se hace pasar por No. Caso laboral entre Alex Bolaño y Barcelona autoridad estatal sin tener 09359201503975 S.C.; se analizó incidentalmente el art. 422 competencia; no aplica en (CNJ, 12-sep-2025) COIP (usurpación/simulación). conflictos privados ni falsificación de documentos Metodología En el presente trabajo, se utilizó la metodología de análisis documental, el mismo que se basó en autores claves; es decir, el análisis crítico a los documentos teóricos escogidos. Se examinaron las propuestas indicadas en la discusión, por tener una influencia en este campo de estudio y por ser representativas; el análisis se lo realizó a partir de las dimensiones de críticas recibidas, aplicación en la práctica y la conceptualización. 246 �Referencias: Cerezo Mir, J. (2001). Culpabilidad y Pena. Portal Dialnet : Difusión de la producción científica hispana, Pag. 347. Dornbierer, A. (Año 2022). Enriquecimiento ilícito. Basel Institute on Governance. Dueñas, R. (Año. 2024). La antijuridicidad en el derecho penal: Conceptos, tipos y relevancia en el sistema jurídico. Revista Lexenlace: Rervista Latinomericana de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho, Pag. 1. Ecuador, A. N. (Año 2021 (última modifiacción)). Codigo Orgánico Integral PenalCOIP. Quito: Registro Oficial. Ernesto, A. G. (Año 2018). Manual de Drecho Penal Ecuatoriano. Quito-Ecuador: Ediciones legales EDLE S.A. Giler, M. (Año 2020). El delito de peculado en el Ecuador. Uniandes EPISTEME: Revista digital de Ciencia, Tecnología e Innovación, Pag. 610. Justicia, C. N. (Año 2013). Sentencia No. 304-2013. Quito: Gaceta Judicial. Nacional, A. (2008). Constitucíon de la República. Quito: Registro Oficial. Omar, B. T. (Año 2019). La lucha contra el cohecho internacional. Revista Mexicana de Ciencias Penales, Pag. 91. otros, F. A. (Año 2018). Codigo Orgánico Administrativo Comentado. QuitoEcuador: Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones. Rodríguez Arango, L. (s.f.). El verdadero concepto del servidor público . Memorandum de Derecho, Pag. 175. 247 �LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS SERES SINTIENTES UNA RECONCEPTUALIZACIÓN DEL SUJETO DE DERECHO EN LOS SISTEMAS JURÍDICOS CONTEMPORÁNEOS THE LEGAL PROTECTION OF SENTIENT BEINGS: A RECONCEPTUALIZATION OF THE SUBJECT OF LAW IN CONTEMPORARY LEGAL SYSTEMS Miguel Ángel López Trejo Universidad INECUH https://orcid.org/0009-0005-8926-9165 dubres13@yahoo.com.mx Resumen: El reconocimiento jurídico de los seres sintientes representa uno de los debates más trascendentes en la evolución contemporánea del derecho ya que tradicionalmente, los sistemas jurídicos han considerado a los animales como bienes o cosas susceptibles de apropiación, subordinando su protección a intereses humanos más sin embargo, los avances en la ciencia, la ética animal y los criterios jurídicos han impulsado una transformación conceptual orientada a reconocer a los animales como seres capaces de experimentar dolor, placer y emociones, lo que exige reconsiderar su estatus jurídico. El presente articulo analiza los fundamentos filosóficos, constitucionales y jurídicos que sustentan la posibilidad de reconocer protección jurídica reforzada a los seres sintientes a través de un enfoque teórico y comparado, examinando las principales corrientes doctrinales sobre la sintiencia animal, la evolución normativa internacional y diversos precedentes judiciales que han cuestionado el estatus tradicional de los animales dentro del derecho, asimismo, se analizan casos judiciales emblemáticos Como citar: López Trejo, M.Á. (2026) La protección jurídica de los seres sintientes una reconceptualización247 del sujeto de derecho en los sistemas jurídicos contemporáneos. Revista Desafíos Jurídicos, 6(11). https://doi.org/10.29105/dj6.11-209. 248-273 �mexicano que reconozca expresamente a los animales como seres sintientes, estableciendo obligaciones estatales de protección y un marco jurídico coherente con los principios contemporáneos de justicia interespecie. Palabras Clave: Seres sintientes, derechos de los animales, constitucionalismo, sujeto de derecho, jurisprudencia internacional, derecho comparado. Abstract: The legal recognition of sentient beings represents one of the most significant debates in the contemporary evolution of law. Traditionally, legal systems have considered animals as property or things subject to appropriation, subordinating their protection to human interests. However, advances in science, animal ethics, and legal criteria have driven a conceptual transformation aimed at recognizing animals as beings capable of experiencing pain, pleasure, and emotions, which demands a reconsideration of their legal status. This article analyzes the philosophical, constitutional, and legal foundations that support the possibility of recognizing enhanced legal protection for sentient beings through a theoretical and comparative approach, examining the main doctrinal currents on animal sentience, the evolution of international regulations, and various judicial precedents that have challenged the traditional status of animals under the law. Furthermore, this study analyzes landmark legal cases in which attempts have been made to recognize certain animals as subjects of law or holders of legally protected interests. It proposes a constitutional reform for Mexico that expressly recognizes animals as sentient beings, establishing state obligations of protection and a legal framework consistent with contemporary principles of interspecies justice. Keywords: Sentient beings, animal rights, constitutionalism, subject of law, international jurisprudence, comparative law. Introducción concepción encuentra sus raíces en el Durante siglos, el derecho occidental ha operado bajo un paradigma profundamente antropocéntrico en el que los considerados objetos de animales han sido jurídicamente como propiedad, bajo esta derecho romano, el cual clasificó a los animales dentro de la categoría de res, es decir, bienes susceptibles de apropiación por parte de los seres humanos, no obstante, en el desarrollo de las ciencias biológicas y 249 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 intereses jurídicamente protegidos, este estudio propone una reforma constitucional para el caso DESAFIOS JURIDICOS 2026 en los que se ha intentado reconocer a ciertos animales como sujetos de derecho o titulares de �evidencia que numerosos animales El presente trabajo busca analizar los poseen y fundamentos teóricos y jurídicos que les sustentan la protección de los seres capacidades emocionales cognitivas complejas que del sistema jurídico? permiten experimentar sufrimiento y sintientes, examinando tanto bienestar, bajo este reconocimiento evolución del derecho comparado científico ha impulsado un cambio como las decisiones judiciales que significativo en la percepción social y han comenzado a reconocer intereses jurídica de los animales, generando jurídicamente una creciente demanda de protección animales. protegidos a la los jurídica. Abordaje teórico En las últimas décadas, diversos }“La sistemas jurídicos han comenzado a emergente” reconocer que los animales no pueden La sintiencia se refiere a la capacidad ser considerados meramente como de un organismo para experimentar cosas, sino que constituyen seres estados subjetivos como dolor, placer, sintientes con intereses propios que miedo o bienestar, desde el punto de merecen jurídica, este vista ético y jurídico, la sintiencia repercusiones constituye un criterio relevante para protección cambio ha importantes tenido tanto en el ámbito sintiencia como criterio jurídico determinar qué entidades merecen legislativo como en el judicial, dando consideración lugar a reformas constitucionales, jurídica, ya que estos parámetros leyes de bienestar animal y decisiones dimanan el nacimiento de un derecho, judiciales diversos innovadoras, en este moral estudios y protección científicos han contexto, surge un cuestionamiento demostrado que múltiples especies fundamental animales para la teoría poseen estructuras constitucional contemporánea: ¿Es neurológicas capaces de generar posible integrar a los seres sintientes experiencias dentro protección reconocimiento ha sido respaldado constitucional sin alterar la estructura por la Declaración de Cambridge del marco de conscientes, este 250 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 tradicional DESAFIOS JURIDICOS 2026 de la ética animal se ha puesto en �un grupo de neurocientíficos afirmó por Peter Singer, sostiene que la que muchos animales poseen los consideración moral debe basarse en sustratos la capacidad de sufrir. Desde esta para neurológicos la necesarios conciencia, este perspectiva, ignorar el sufrimiento reconocimiento científico ha generado animal un discriminación debate profundo sobre la legitimidad de mantener un sistema constituye una forma conocida de como especismo. jurídico que permita prácticas que generan sufrimiento animal sin considerar sus intereses ya que hay que realizar un juicio ético sobre la consciencia en los animales humanos y no humanos; concluye que los la Declaración animales no Teoría de los derechos animales: Tom Regan propone que ciertos animales deben ser considerados sujetos de vida, lo que implica que poseen valor inherente y que no deben ser tratados meramente como medios para fines humanos y además desarrolló una humanos tienen consciencia. teoría basada en el reconocimiento de “Teorías filosóficas sobre los derechos los animales como sujetos de vida, es de los animales” decir, seres que poseen experiencias, deseos y una existencia que les Para plantear una mejor comprensión sobre los seres sintientes diversos analistas han plantado criterios para buscar su marco de protección en el ámbito axiológico, ético y moral que nos lleva a valorar como poder llevar a proteger el derecho de todo aquello importa, desde esta perspectiva, los animales no sólo merecen consideración moral, sino que también deberían ser reconocidos como titulares de derechos básicos, tales como el derecho a no ser dañados o explotados. que sienta y tenga vida por lo que a continuación menciono breve dichas corrientes: de forma }Perspectiva de capacidades: Martha Nussbaum propone un enfoque basado en capacidades, según el cual los animales deben tener la 251 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Utilitarismo animal: es representado DESAFIOS JURIDICOS 2026 sobre la Conciencia (2012), en la cual �desarrollar capacidades naturales sus dentro de no subsiste de forma autónoma, este fenómeno refleja una ampliación condiciones que respeten su bienestar progresiva del ámbito de protección y viendo desde un punto de vista de constitucional enfoques biocéntricos y ecocéntricos intereses exclusivamente humanos se amplían el ámbito de protección pero aun sobre un marco que no es moral más allá de los seres humanos, cien por ciento autónomo. considerando que todas las formas de Uno de los argumentos vida intrínseco. constitucionales más relevantes en Estos enfoques proponen un cambio favor de la protección de los seres de paradigma jurídico que supere el sintientes se basa en el principio de antropocentrismo y dignidad de la vida, el cual implica reconozca la interdependencia entre reconocer el valor intrínseco de las los seres humanos, los animales y los formas ecosistemas. experimentar sufrimiento, por lo que la poseen valor tradicional de más vida allá de capaces los de protección de los animales puede “Argumentación constitucional sobre la protección de los seres sintientes” En el marco de nuestro derecho constitucional contemporáneo ha comenzado a incorporarse principios de protección ambiental y bienestar animal dentro normativos de sus marcos dando una mayor protección de esos derechos que si bien es ciertos no están 100% libres para la protección sino que requieren un marco de subordinación o coa ligación con un ejercicio del ser humano sin este ese derecho humano en nuestro derecho contemporáneo justificarse desde diversos principios constitucionales que derivan de un marco de protección hacia los mismos me permito mencionar entre ellos los siguientes: Principio de dignidad de la vida este principio constituye uno de los fundamentos éticos más relevantes del constitucionalismo contemporáneo ya que la dignidad se ha atribuido exclusivamente al ser humano; sin embargo, las corrientes filosóficas modernas han ampliado el debate hacia el reconocimiento del valor intrínseco de otras formas de vida 252 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 de DESAFIOS JURIDICOS 2026 oportunidad �desde esta perspectiva, la dignidad no contemporáneo, desde la protección debe interpretarse únicamente como de los animales y de los ecosistemas una forma parte de esta responsabilidad, cualidad exclusiva del ser humano, sino también como un criterio ya que exige respeto hacia los seres biodiversidad resulta esencial para sintientes, por lo que en un ejercicio de mantener el equilibrio ecológico del lógica y apreciación si un ser posee la planeta, la desaparición de especies capacidad de sentir dolor, placer o animales o la degradación de sus bienestar, hábitats resulta moral y que la conservación afecta de la directamente la jurídicamente justificable establecer estabilidad de los sistemas naturales límites a las acciones humanas que que sustentan la vida humana. puedan causarle sufrimiento Por ello, la protección de los seres innecesario. sintientes no sólo responde a una En consecuencia, el principio de preocupación ética inmediata, sino dignidad de la vida puede servir como también a una obligación jurídica de fundamento para preservar justificar la protección jurídica de los sistemas animales frente al maltrato, la crueldad generaciones futuras, en un punto de o la explotación desproporcionada. vista más armónico del desarrollo del constitucional la biodiversidad ecológicos para y los las ser humano en este principio de forja Principio de solidaridad intergeneracional desde este principio podemos apreciar como en las líneas de tiempo las generaciones presentes tienen la responsabilidad de preservar las condiciones ambientales y ecológicas necesarias para la vida de las generaciones principio ha sido futuras, este ampliamente desarrollado en el derecho ambiental en la conciencia de que los seres sintientes al ser una misma parte de nosotros puedan ser sujetos de la protección del derecho ya que las nuevas generaciones conciben mejor esos paradigmas que aquejan a generaciones pasadas. Derecho al medio ambiente sano ha sido reconocido en numerosas constituciones contemporáneas y en 253 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 y en el constitucionalismo ecológico DESAFIOS JURIDICOS 2026 capaces de experimentar sufrimiento, �de derechos humanos, este derecho una evolución natural del derecho implica que las personas tienen la hacia facultad de vivir en un entorno natural protección ética y jurídica, a lo largo de que garantice condiciones adecuadas la historia, el concepto de sujeto de para el desarrollo de la vida y la salud, derecho ha experimentado diversas por lo que la protección de los ampliaciones, animales constituye un componente gradualmente esencial de este derecho, ya que la previamente habían sido excluidos de biodiversidad y el bienestar de las la protección jurídica, la inclusión de especies animales forman parte del los animales dentro de esquemas de equilibrio ecológico necesario para la protección jurídica reforzada puede sostenibilidad el interpretarse como parte del proceso reconocimiento de los animales como evolutivo del derecho hacia modelos seres sintientes fortalece la protección más inclusivos y respetuosos de la del medio ambiente al establecer vida. ambiental, formas más amplias de incorporando a grupos que límites más estrictos frente a prácticas que puedan generar daño ecológico o }El principio de no crueldad establece la prohibición de infligir sufrimiento sufrimiento animal injustificado. innecesario o injustificado a los El principio de progresividad establece animales, desde el punto de vista que los derechos humanos deben factico este principio se encuentra evolucionar y ampliarse de manera presente en diversas legislaciones de gradual para ofrecer una protección bienestar animal y constituye uno de cada vez más amplia y efectiva a las los fundamentos más antiguos de la personas y a la sociedad, este protección jurídica de los animales, principio implica que los Estados desde una perspectiva constitucional, tienen la obligación de avanzar en el el principio de no crueldad implica que reconocimiento de el Estado debe establecer normas que nuevos derechos, evitando retrocesos prevengan y sancionen el maltrato injustificados, dentro de este marco, el animal, así como promover prácticas reconocimiento jurídico de los seres que reduzcan el sufrimiento de los y protección 254 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 sintientes puede entenderse como DESAFIOS JURIDICOS 2026 diversos instrumentos internacionales �crueldad no sólo responde a una seres sintientes. preocupación ética respecto del bienestar animal, sino que también refleja valores sociales relacionados con la compasión, la responsabilidad y El principio de justicia interespecie propone ampliar el concepto tradicional de justicia para incluir a los animales y otras formas de vida dentro el respeto por la vida. del ámbito de consideración moral y El principio de responsabilidad jurídica, este principio cuestiona la ecológica reconoce que los seres idea de que sólo los seres humanos humanos tienen el deber de actuar de pueden manera protección responsable frente a la ser destinatarios jurídica y de plantea la naturaleza y las demás formas de vida necesidad de reconocer que los que habitan el planeta como bien se animales poseen intereses propios sabe y en términos de un criterio de que deben ser respetados, desde esta Ius naturalista, por lo que este perspectiva, principio parte de la idea de que la limitarse a regular las relaciones entre actividad humana tiene un impacto seres humanos, sino también las directo sobre los ecosistemas y sobre relaciones entre los seres humanos y las especies que los integran, en el las demás especies, bajo la protección contexto de la protección de los seres de los seres sintientes se fundamenta, sintientes, este principio implica que por las establecer un marco jurídico que evite decisiones productivas y económicas, sociales deben considerar sus efectos sobre los la tanto, la en explotación justicia la no debe necesidad o el de sufrimiento injustificado de los animales. animales y los ecosistemas, de esta manera, el derecho puede establecer límites a actividades que generen daño ambiental o sufrimiento animal, promoviendo modelos de desarrollo más sostenibles y respetuosos de la El principio de tutela jurídica ampliada plantea que el derecho debe evolucionar para proteger nuevos intereses que jurídicamente anteriormente reconocidos, este relevantes no principio eran ha 255 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 vida para protección de todos los DESAFIOS JURIDICOS 2026 seres sintientes, la prohibición de la �ampliar el ámbito de protección del al marco de protección. derecho hacia grupos o intereses que habían sido excluidos del sistema jurídico, aplicado al caso de los animales, este principio sugiere que el derecho puede desarrollar mecanismos jurídicos que permitan proteger los intereses de los seres sintientes, incluso si estos no son reconocidos sujetos de formalmente derecho como en sentido tradicional. mencionados se desglosa una puerta que abre posibilidades jurídicas como representación legal de los animales, la creación de defensores públicos de los animales o el reconocimiento de acciones judiciales destinadas a proteger su bienestar construyendo una base constitucional sólida para justificar la adopción de normas que reconozcan la protección jurídica de los seres sintientes no de una forma subordinada a un derecho de un ser Humanos sino de forma independiente internacional relevante sobre la protección de los seres sintientes” La evolución del derecho animal en el ámbito internacional revela un proceso progresivo de transformación jurídica en el cual diversos sistemas constitucionales han comenzado a reconocer que los animales no pueden ser considerados meramente como Del análisis de los principios antes la “Derecho comparado y jurisprudencia sin necesidad que alguien plantee si tiene los derechos primigenios como lo es la vida, la libertad, la dignidad, el libre desarrollo objetos o bienes patrimoniales, este cambio responde tanto al desarrollo de la ética animal como al avance de la ciencia, que ha demostrado que numerosos animales poseen capacidades cognitivas y emocionales complejas que experimentar les dolor, permiten sufrimiento y bienestar, el análisis del derecho comparado permite observar cómo distintos países han incorporado gradualmente el concepto de seres sintientes dentro de sus sistemas jurídicos, mediante constitucionales, reformas modificaciones legislativas o decisiones judiciales innovadoras, estas experiencias resultan particularmente relevantes 256 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 de su especie entre otros que ayuden DESAFIOS JURIDICOS 2026 permitido, a lo largo de la historia, �ofrecen y de ser únicamente una cuestión jurisprudenciales que pueden orientar administrativa o penal para convertirse futuras a en un principio estructural del orden fortalecer la protección jurídica de los constitucional, desde el punto de vista animales. jurisprudencial, modelos reformas normativos orientadas los tribunales alemanes han utilizado este principio En Alemania: la constitucionalización de la protección animal, uno de los precedentes más relevantes en el derecho comparado se encuentra en Alemania, en parlamento el alemán año 2002, aprobó el una reforma constitucional mediante la cual se incorporó expresamente la protección de los animales dentro de la Ley Fundamental (Grundgesetz), en su artículo 20a de la Constitución alemana establece que el Estado tiene la obligación de proteger las bases naturales de la vida y a los animales, constitucional para interpretar la legislación sobre bienestar animal, equilibrando los intereses humanos con la obligación estatal de evitar el sufrimiento innecesario de los animales en cuanto el caso mexicano, la experiencia especialmente alemana relevante, resulta ya que demuestra que la protección animal puede integrarse dentro del sistema constitucional sin alterar la estructura básica del orden jurídico, sino más bien complementando los principios existentes de protección ambiental. reconociendo que estos forman parte de un sistema ecológico que debe ser Para el caso de Suiza el preservado para las generaciones reconocimiento constitucional de la futuras. dignidad animal es otro ejemplo destacado en el derecho comparado Esta reforma tuvo una importancia significativa porque elevó la protección animal al nivel constitucional, lo que implica que todas las políticas públicas, leyes y decisiones judiciales deben considerar este principio. De es el caso de Suiza, cuyo sistema jurídico ha desarrollado uno de los marcos normativos más avanzados en materia de protección animal, la Constitución suiza reconoce el principio de protección de los animales 257 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 esta manera, la protección animal dejó DESAFIOS JURIDICOS 2026 para el derecho mexicano, ya que �dignidad animal, el cual implica que en América Latina como uno de los los animales poseen un valor propio desarrollos que debe ser respetado por los seres importantes humanos, este reconocimiento ha Constitucional colombiana ha emitido tenido diversas consecuencias importantes. qué decisiones en la las Corte que reconoce que los animales son seres legislación suiza establece límites sintientes y que, por lo tanto, merecen estrictos a las prácticas científicas, protección jurídica frente al sufrimiento industriales injustificado, por lo que en varias y ejemplo, ya más la involucren Por jurídicas jurisprudenciales recreativas animales, que obligando a sentencias, la Corte ha sostenido que justificar cualquier intervención que la protección animal no se limita pueda causarles sufrimiento, este país únicamente ha crueldad, sino que también forma desarrollado instituciones innovadoras. a prevenir actos de parte de una concepción más amplia de respeto hacia la naturaleza y hacia Como se mencionaba antes se creó las demás formas de vida. como la figura del defensor de los animales, cuyo objetivo es representar Uno de los aspectos más relevantes los intereses de los animales dentro de la jurisprudencia colombiana es de los procedimientos judiciales, este que ha vinculado la protección de los modelo particularmente animales con el derecho al medio interesante para el contexto mexicano, ambiente sano, estableciendo que el ya el bienestar animal forma parte del reconocimiento de la dignidad animal equilibrio ecológico, en este enfoque puede resulta resulta que muestra coexistir con cómo actividades particularmente útil para económicas y científicas, siempre que México, ya que la Constitución en estas se encuentren reguladas bajo México también reconoce el derecho criterios de bienestar animal. al medio ambiente sano en su artículo 4°, a partir de esta base constitucional, En Colombia: desarrollo jurisprudencial sobre animales como sería posible desarrollar una interpretación judicial que fortalezca la 258 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 seres sintientes siendo un precedente DESAFIOS JURIDICOS 2026 y ha desarrollado el concepto de �del equilibrio ambiental. de animales como sujetos de derecho generado uno de los precedentes La India: da un reconocimiento judicial de la dignidad animal contribuyendo significativamente al desarrollo del derecho animal, en diversas decisiones, el tribunal ha afirmado que los animales poseen un valor inherente y que los seres humanos tienen obligaciones éticas y jurídicas hacia ellos, en algunos casos, los tribunales indios han sostenido que los animales tienen derecho a vivir con dignidad y a no ser sometidos a sufrimiento innecesario enfoque se particularmente dando ha en un aplicado decisiones relacionadas con prácticas culturales que implicaban maltrato animal. Los criterios de respeto y normatividad de la india destacan por su enfoque ético, ya que reconoce que el desarrollo moral de una sociedad también se refleja en la manera en que trata a los animales, este tipo de razonamiento podría ser incorporado en el contexto mexicano mediante interpretaciones judiciales que vinculen la protección animal con los valores constitucionales de dignidad, respeto y responsabilidad judiciales más América Latina, tribunales innovadores donde han en algunos comenzado a reconocer a ciertos animales como sujetos de derecho no humanos, estos casos más conocidos es el del orangután Sandra, resuelto por un tribunal de Buenos Aires en 2014, en este caso, el tribunal reconoció que el animal debía ser considerado un sujeto de derecho no humano y ordenó medidas destinadas a mejorar sus condiciones Posteriormente, chimpancé de en el Cecilia, vida. caso un del tribunal argentino concedió un recurso de habeas corpus presentado en favor del animal, ordenando su traslado desde un zoológico hacia un santuario especializado, implican estos casos no necesariamente el reconocimiento pleno de derechos equivalentes a los derechos humanos, pero sí representan un avance importante en la construcción de nuevas categorías jurídicas que permiten proteger los intereses de los animales, por lo que para México, social. 259 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 En Argentina: reconocimiento judicial DESAFIOS JURIDICOS 2026 protección de los animales como parte �especialmente resultan relevantes porque derecho al medio ambiente sano reconocido en el artículo 4° demuestran que los tribunales pueden constitucional, asimismo, la evolución desempeñar un papel fundamental en del derecho comparado demuestra la evolución del derecho animal, que el reconocimiento jurídico de los incluso antes de que existan reformas seres legislativas necesariamente o constitucionales explícitas. sintientes no implica equiparar a los animales con los seres humanos en términos de derechos, sino más bien Derivado de los anteriores supuestos podremos encontrar posibles implicaciones para el sistema jurídico mexicano para dar una mayor protección a los seres sintientes ya que del análisis del derecho comparado muestra que la protección jurídica de los seres sintientes puede desarrollarse a través de distintos reconocer que poseen intereses propios que deben ser protegidos frente al sufrimiento innecesario derivado de este enfoque permite avanzar hacia un modelo jurídico más equilibrado, en el cual las actividades humanas se desarrollen dentro de límites éticos y jurídicos que respeten la vida y el bienestar de los animales. mecanismos para plantear reformas constitucionales que reconozcan a los Metodología animales como seres sintientes, la legislación especializada en bienestar animal y la interpretación judicial progresiva que vincule la protección animal con derechos constitucionales existentes. El presente artículo se desarrolla en la investigación y desarrolló a partir de un enfoque cualitativo de carácter jurídico-dogmático orientado al y análisis comparado, de los fundamentos normativos, filosóficos y En el caso de México, existen bases jurisprudenciales que sustentan la constitucionales que podrían servir posibilidad como punto de partida para desarrollar protección jurídica reforzada a los una protección jurídica más robusta seres sintientes dentro del derecho para los animales, particularmente el contemporáneo ya que este enfoque de reconocer una 260 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 precedentes DESAFIOS JURIDICOS 2026 estos �fenómenos jurídicos complejos que comparado resultan particularmente implican de relevante para esta investigación, ya categorías tradicionales del derecho, que permite identificar tendencias como la noción de sujeto de derecho y internacionales y evaluar su posible el adaptación la reinterpretación alcance de la protección constitucional. dentro del constitucional sistema mexicano. Para el desarrollo del estudio se Ahora bien dogmático manera el método permitió sistemática principios y jurídico- examinar de las normas, conceptos jurídicos relacionados con la protección de los animales, así como su evolución dentro de los sistemas jurídicos contemporáneos, a través de este método se analizó la estructura normativa del derecho constitucional, del derecho ambiental y de la legislación de bienestar animal, con el propósito de identificar los fundamentos que pueden sustentar el reconocimiento jurídico de los seres utilizaron diversas técnicas de investigación jurídica, entre las cuales destacan el análisis doctrinal en el cual consistió en la revisión sistemática de literatura especializada en filosofía del derecho, ética animal, derecho constitucional y derecho ambiental. A partir de esta revisión se examinaron las principales corrientes teóricas que han abordado la relación entre los seres humanos y los animales, así como las propuestas que buscan ampliar el ámbito de protección jurídica hacia los seres sintientes. sintientes. Este análisis permitió identificar los De manera empleó el complementaria, método de se derecho comparado, el cual permitió examinar las experiencias normativas y jurisprudenciales de distintos países que han incorporado la protección de los animales dentro de sus marcos fundamentos filosóficos y jurídicos que respaldan la idea de que los animales poseen intereses relevantes considerados que por moralmente deben el ser derecho, asimismo, facilitó la construcción del marco teórico de la investigación, 261 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 jurídicos, dichos análisis en derecho DESAFIOS JURIDICOS 2026 resulta adecuado para el estudio de �corrientes han decisiones judiciales emitidas por contribuido al desarrollo del derecho tribunales constitucionales y cortes animal, análisis supremas de diversos países que han constitucional que se centró en el abordado la cuestión del estatus estudio jurídico doctrinales así como de disposiciones que el los principios constitucionales y animal, de se los analizaron animales. que Este análisis permitió identificar los pueden servir como fundamento para criterios interpretativos utilizados por la protección jurídica de los seres los sintientes por lo que en particular, se protección jurídica de los animales, así examinó el alcance de principios como como los argumentos constitucionales el derecho al medio ambiente sano, la que dignidad de la vida, la responsabilidad reconocer su condición de seres ecológica y la progresividad de los sintientes o titulares de intereses derechos. jurídicamente protegidos, así mismo, tribunales han para sido justificar empleados la para el estudio de jurisprudencia permitió Dentro del contexto del derecho Mexicano, se analizó el contenido del artículo 4° constitucional, así como su interpretación dentro del marco del constitucionalismo ambiental contemporáneo, por lo que este examinar casos paradigmáticos en los que se ha discutido la posibilidad de reconocer a ciertos animales como sujetos de destinatarios derecho de o como mecanismos de protección judicial. análisis permitió evaluar la posibilidad de integrar la protección de los seres El análisis comparado de legislación sintientes animal finalmente, se realizó un dentro constitucional del sea análisis comparado de la legislación mediante interpretación judicial o a en materia de protección animal en través distintos de mexicano, sistema una eventual constitucional, así investigación también ya reforma mismo incluyó la permitió sistemas jurídicos identificar que modelos un normativos que han incorporado el estudio detallado de jurisprudencia concepto de sintiencia animal dentro internacional relevante en materia de de sus marcos legales, así como los 262 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 protección DESAFIOS JURIDICOS 2026 integrando aportaciones de distintas �garantizar su protección y el estudio Los resultados obtenidos a partir del comparado incluyó la revisión de análisis doctrinal, constitucional y reformas constitucionales y leyes de comparado bienestar animal en diversos países, evolución del derecho en esta materia con identificar no se ha producido de manera tendencias normativas emergentes uniforme sin embargo, es posible que reflejan una evolución en la forma identificar en que el derecho regula la relación normativas y jurisprudenciales que entre marcan el objetivo de los seres humanos y los animales. derecho en todos los aspectos. evidencian diversas el la tendencias desarrollo animal que en actual el del ámbito internacional, entre las cuales destaca Resultados y discusión El análisis desarrollado el reconocimiento de los animales en esta investigación permite identificar una tendencia jurídica internacional clara hacia la ampliación del ámbito de protección del derecho en favor de los seres sintientes ahora bien si bien los sistemas jurídicos contemporáneos continúan estructurados principalmente bajo una concepción como seres sintientes, la transformación del constitucionalismo contemporáneo, el papel activo de los tribunales en la protección animal y la creciente consideración de los animales como parte del entorno familiar. “Reconocimiento progresivo de los animales como seres sintientes” antropocéntrica del derecho, cada vez resulta más evidente la aparición de Uno de los resultados más relevantes nuevas del categorías jurídicas que estudio es la creciente buscan reconocer el valor intrínseco incorporación del concepto de seres de los animales y limitar las prácticas sintientes dentro de diversos marcos humanas que generan sufrimiento jurídicos, este reconocimiento implica innecesario y una mayor protección un cambio significativo respecto de la del derecho y no solo considerándolos concepción tradicional del derecho como objeto, sino como algo más civil, en la cual los animales eran 263 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 cercano DESAFIOS JURIDICOS 2026 mecanismos jurídicos utilizados para �como han demostrado que numerosas animales poseen bienes muebles o cosas susceptibles especies de apropiación en diversos países, la capacidades cognitivas y emocionales legislación ha comenzado a modificar complejas, como consecuencia, el esta clasificación jurídica, algunos derecho se ha visto obligado a códigos reconsiderar los fundamentos éticos civiles han incorporado disposiciones en las que se establece que que los animales no pueden ser exclusivamente considerados meramente Ahora bien en la transformación del cosas, que sino como poseen una justificaban su tratamiento patrimonial. constitucionalismo contemporáneo naturaleza particular que exige un deriva otro resultado relevante de la tratamiento jurídico diferenciado, este investigación cambio incorporación de la protección animal normativo refleja una es la transformación en la comprensión dentro social y jurídica del estatus moral de constitucionalismo los animales. contemporáneo en distintos países se han El reconocimiento de la sintiencia animal no necesariamente implica que los animales deban ser considerados sujetos de derecho en el mismo sentido que los seres humanos, no obstante, sí supone el reconocimiento de que poseen intereses propios que deben ser tomados en cuenta por el derecho, particularmente en relación con su bienestar y la prevención del sufrimiento innecesario, este desarrollo normativo se encuentra estrechamente vinculado con los avances científicos en el campo de la del progresiva ámbito ecológico adoptado constitucionales del que reformas reconocen expresamente la obligación del Estado de proteger a los animales o de preservar las condiciones necesarias para su bienestar, este fenómeno refleja una ampliación del alcance del constitucionalismo moderno, el cual ha evolucionado desde una concepción centrada exclusivamente en los derechos humanos hacia una perspectiva más amplia que incorpora la protección del medio ambiente, la biodiversidad y las demás formas de vida. neurobiología y la etología, los cuales 264 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 simplemente DESAFIOS JURIDICOS 2026 considerados �seres sintientes puede entenderse sociales, diversas como una extensión natural de los judiciales han principios cuestionar la clasificación tradicional constitucionales comenzado de ambiente sano, la responsabilidad jurídicos, abriendo el debate sobre la ecológica sostenibilidad posibilidad de reconocerles algún tipo ambiental. Desde esta perspectiva, el de estatus jurídico diferenciado, en bienestar animal no sólo constituye algunos casos, los tribunales han una cuestión ética, sino también un aceptado argumentos basados en la componente del sintiencia animal para justificar la análisis adopción de medidas destinadas a equilibrio la fundamental ecológico, el comparado muestra que los sistemas animales como a relacionados con el derecho al medio y los decisiones objetos proteger su bienestar. constitucionales que han incorporado la protección animal dentro de su marco normativo fortalecer la han coherencia logrado de sus políticas ambientales y mejorar los mecanismos de regulación de actividades que involucran el uso de Estos precedentes necesariamente no implican un reconocimiento pleno de los animales como sujetos de derecho, sin embargo, sí representan un avance significativo en la construcción de nuevas animales. judiciales categorías jurídicas que permiten reconocer que los animales “Papel de los tribunales en la evolución del derecho animal” poseen intereses moralmente relevantes que deben ser protegidos, en este sentido, la jurisprudencia ha Los resultados de la investigación también muestran que los tribunales han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del derecho animal, especialmente en aquellos casos en los que la legislación no ha evolucionado con la contribuido a impulsar un proceso gradual derecho, de transformación demostrando del que las categorías jurídicas no son estáticas, sino que evolucionan conforme cambian las condiciones sociales, científicas y éticas de cada época. 265 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 misma rapidez que las demandas DESAFIOS JURIDICOS 2026 En este contexto, la protección de los �y su impacto jurídico” derecho civil, en el cual los animales eran tratados exclusivamente como Uno de los fenómenos sociales más relevantes identificados en desarrollo contemporáneo el del derecho animal es la reconfiguración del concepto de familia en relación con los animales de compañía, en numerosas sociedades modernas, los animales domésticos han dejado de ser percibidos únicamente como objetos de propiedad para convertirse en miembros afectivos del núcleo familiar, el cambio cultural ha comenzado a reflejarse también en el bienes sujetos a propiedad, la consideración de los animales como parte del entorno familiar tiene implicaciones importantes para la evolución del derecho, ya que abre la posibilidad de reconocer que los animales poseen una dimensión afectiva y social dentro de la vida humana, en esta realidad social exige que el derecho desarrolle mecanismos más adecuados para proteger su bienestar dentro de las relaciones familiares. ámbito jurídico. En diversos sistemas jurídicos se han presentado casos Por lo que en un contexto del derecho judiciales en los que los tribunales han en México, este fenómeno también considerado comienza a manifestarse en diversos animales familiares, el bienestar dentro de de los conflictos particularmente debates legislativos y judiciales en relacionados con la protección de los procesos de divorcio o disputas sobre animales de compañía, buscando custodia de mascotas. primordialmente proteger la vida, la libertad y la dignidad siendo estos En estos casos, los jueces han empezado a adoptar criterios que toman en cuenta el interés del animal y las condiciones de bienestar que puede ofrecer cada una de las partes involucradas, dando un enfoque que derechos fundamentales siendo una incorporación del concepto de seres sintientes dentro del marco jurídico podría fortalecer la protección de estos animales, reconociendo su importancia dentro de la vida familiar y representa un cambio significativo 266 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 respecto del modelo tradicional del DESAFIOS JURIDICOS 2026 “Los animales como parte de la familia �experimentar bienestar y sufrimiento. dado que los animales no pueden ejercer directamente acciones legales, “Desafíos para la consolidación de un marco jurídico de protección” derecho comparado, el reconocimiento jurídico de los seres sintientes aún desafíos, uno enfrenta diversos de los principales obstáculos radica en la persistencia de modelos económicos y productivos que dependen ampliamente de la explotación animal, como ocurre en la industria alimentaria, la investigación científica o ciertos espectáculos tradicionales la regulación de estas actividades tensiones plantea entre complejas los intereses económicos, las prácticas culturales y las demandas éticas relacionadas con la protección consecuencia, el necesario desarrollar instituciones jurídicas que permitan su A pesar de los avances observados en el resulta animal. En desarrollo del representación, ya sea a través de organizaciones especializadas, defensores públicos o figuras jurídicas equivalentes, asimismo, la evolución del derecho animal plantea interrogantes importantes respecto de la estructura tradicional del derecho, particularmente en relación con el concepto de sujeto de derecho el reconocimiento de intereses jurídicamente protegidos en favor de los animales algunas exige reconsiderar las categorías de fundamentales del derecho civil y constitucional. “Implicaciones para el sistema jurídico mexicano” derecho animal requiere encontrar En el caso de México, los resultados mecanismos jurídicos que permitan de la investigación sugieren que equilibrar estos intereses sin ignorar el existen bienestar favorables para avanzar hacia una de los animales. condiciones Otro desafío importante se relaciona mayor con la ausencia de mecanismos sintientes, la Constitución mexicana procesales adecuados reconoce representar los intereses para de los protección el de jurídicas derecho los al seres medio ambiente sano, lo cual proporciona 267 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 animales dentro del sistema judicial DESAFIOS JURIDICOS 2026 su condición de seres capaces de �desarrollar de interpretaciones que protección del derecho, vinculen la protección ambiental con el garantizando condiciones mínimas de bienestar animal, asimismo, diversas bienestar y evitando actos de maltrato entidades federativas han adoptado o crueldad. leyes de protección animal que reconocen la necesidad de prevenir el maltrato y la crueldad hacia los animales no obstante, disposiciones aún estas presentan limitaciones importantes en términos de aplicación, coordinación En definitiva, los resultados de esta investigación permiten afirmar que el reconocimiento jurídico de los seres sintientes constituye una de las transformaciones más significativas del derecho contemporáneo, si bien este proceso aún se encuentra en institucional y alcance jurídico. desarrollo, las tendencias observadas La experiencia comparado del muestra derecho que la en el derecho comparado sugieren que el futuro del derecho incorporación del concepto de seres probablemente sintientes modelos más amplios de protección dentro constitucional del puede marco contribuir avanzará hacia a que reconozcan la importancia ética y fortalecer la coherencia del sistema jurídica de las demás formas de vida jurídico en materia de protección que habitan el planeta. animal, una reforma constitucional en este sentido permitiría establecer principios claros que orienten la legislación, las políticas públicas y las decisiones judiciales relacionadas con el bienestar animal, además, el reconocimiento de los animales como seres sintientes y su creciente integración dentro del entorno familiar plantean la necesidad de desarrollar nuevas categorías jurídicas que Conclusiones El desarrollo de la presente investigación permite afirmar que el reconocimiento jurídico de los seres sintientes constituye procesos de significativos uno de transformación del los más derecho contemporáneo, tradicionalmente, los sistemas jurídicos han construido su 268 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 permitan reconocerlos como sujetos DESAFIOS JURIDICOS 2026 una base normativa importante para �concepción bajo una marcadamente antropocéntrica, animales en la eran cual Asimismo, el análisis constitucionalismo del contemporáneo los revela que la protección de los considerados animales se encuentra cada vez más meramente como bienes o cosas vinculada susceptibles sin protección ambiental, sostenibilidad y embargo, los avances científicos en el responsabilidad ecológica, diversos estudio del comportamiento animal, países han incorporado dentro de sus así como el desarrollo de nuevas constituciones corrientes filosóficas y jurídicas, han obligan al Estado a proteger a los generado condiciones que obligan a animales o a garantizar condiciones replantear que eviten su sufrimiento innecesario. de apropiación, esta concepción tradicional. Estas con del estudio es que el derecho comparado muestra una tendencia progresiva hacia el reconocimiento de los animales como seres sintientes, este reconocimiento necesariamente no equiparar implica a los principios disposiciones reformas ampliación Uno de los hallazgos más relevantes los del de que reflejan una alcance del constitucionalismo moderno, el cual ha comenzado a integrar dentro de su ámbito de protección no sólo los derechos humanos, sino también los intereses relacionados con la preservación de la vida y de la biodiversidad. animales con los seres humanos en términos de derechos, pero sí supone Otro aspecto relevante que surge de la aceptar que poseen intereses propios investigación es el papel que han que merecen protección jurídica frente desempeñado los tribunales en la al evolución del derecho animal, en sufrimiento incorporación del injustificado, la concepto de distintos países, las decisiones sintiencia en distintos ordenamientos judiciales han contribuido a cuestionar jurídicos evidencia una evolución en la la clasificación tradicional de los forma en que el derecho comprende la animales relación entre los seres humanos y las reconociendo que su capacidad de demás experimentar dolor y bienestar justifica formas de vida. como objetos jurídicos, 269 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 normativa DESAFIOS JURIDICOS 2026 estructura �protegerlos, aunque la jurisprudencia incorporación del concepto de seres aún se encuentra en un proceso de sintientes dentro del marco jurídico consolidación, estos precedentes han puede abierto un espacio importante para la mecanismos más adecuados para construcción de nuevas categorías proteger el bienestar de los animales jurídicas orientadas a la protección de que forman parte del entorno familiar, los sintientes. en el caso de México, los resultados De igual manera, el estudio pone de de la investigación sugieren que manifiesto un fenómeno social que ha existen comenzado a influir legales que podrían servir como punto significativa en la seres de manera familiar contribuir bases y social a la desarrollar constitucionales y del de partida para fortalecer la protección derecho: la creciente consideración de jurídica de los seres sintientes el los animales de compañía como parte reconocimiento del derecho al medio del ambiente entorno sociedades evolución ámbito familiar, en muchas contemporáneas, los sano dentro de la Constitución mexicana proporciona un animales domésticos han adquirido fundamento una dimensión afectiva y social que para vincular la protección ambiental trasciende patrimonial con el bienestar animal, no obstante, tradicional, esta realidad social ha aún persisten importantes retos en comenzado a reflejarse en algunos términos de armonización legislativa, ordenamientos jurídicos y decisiones desarrollo judiciales, particularmente en casos construcción de políticas públicas relacionados con disputas familiares o orientadas a la protección efectiva de con la protección del bienestar de los los animales. la lógica normativo importante jurisprudencial y animales de compañía. En este contexto, la posible Este cambio cultural plantea nuevos incorporación del reconocimiento de desafíos para el derecho, ya que los animales como seres sintientes obliga a reconsiderar la forma en que dentro se regulan las relaciones entre los mexicano podría seres humanos y los animales dentro avance significativo del marco constitucional representar un en la 270 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 del DESAFIOS JURIDICOS 2026 la adopción de medidas destinadas a �más coherente con los principios de los animales, sino como parte de contemporáneos justicia, un proceso más amplio de evolución responsabilidad ecológica y respeto del derecho hacia modelos más por la vida por lo que en este tipo de inclusivos y responsables frente a la reformas permitiría establecer bases vida en todas sus formas. En este normativas claras para orientar la sentido, el desarrollo del derecho legislación, las animal representa una oportunidad autoridades y la interpretación judicial para fortalecer los valores éticos y en materia de protección animal jurídicos que sustentan las sociedades dando derechos contemporáneas, promoviendo una primigenios a su naturaleza intrínseca relación más equilibrada y respetuosa de los mismos, entre los seres humanos, los animales una la de actuación amplitud a de y el entorno natural del cual todos Finalmente, el reconocimiento jurídico formamos parte. de los seres sintientes no debe entenderse únicamente como una Referencias: Bentham, J. (2007). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford University Press. Francione, G. (2010). Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal Exploitation. Columbia University Press. Nussbaum, M. (2006). Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership. Harvard University Press. Regan, T. (2004). The Case for Animal Rights. University of California Press. Singer, P. (2015). Animal Liberation (Updated edition). HarperCollins Publishers. Stone, C. (1972). Should trees have standing? Toward legal rights for natural objects. Southern California Law Review, 45(2), 450–501. 271 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 cuestión relacionada con la protección DESAFIOS JURIDICOS 2026 consolidación de un modelo jurídico �Sunstein, C. & Nussbaum, M. (2004). Animal Rights: Current Debates and New Directions. Oxford University Press. Garner, R. (2013). A Theory of Justice for Animals: Animal Rights in a Nonideal World. Oxford University Press. Tribunal de Buenos Aires. (2014). Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA) s/ habeas corpus en favor de la orangutana Sandra. Buenos Aires, Argentina. Juzgado de Garantías de Mendoza. (2016). Habeas Corpus presentado a favor del chimpancé Cecilia. Mendoza, Argentina. Corte Constitucional de Colombia. (2016). Sentencia C-041/17 sobre protección animal y bienestar animal. Bogotá, Colombia. Corte Constitucional de Colombia. (2010). Sentencia C-666/10 sobre espectáculos con animales y deber de protección estatal. Bogotá, Colombia. Supreme Court of India. (2014). Animal Welfare Board of India vs. A. Nagaraja. Nueva Delhi, India. Bundesverfassungsgericht. (2002). Reforma constitucional del artículo 20a de la Ley Fundamental sobre protección de animales. Alemania. Swiss Federal Constitution. (1999). Artículo sobre protección de animales y dignidad animal. Confederación Suiza. Nonhuman Rights Project. (2015). Nonhuman Rights Project vs. Lavery. Supreme Court of the State of New York, United States. Bekoff, M. & Pierce, J. (2009). The moral lives of animals. New Scientist, 201(2697), 30–33. DOI Donaldson, S., & Kymlicka, W. (2011). Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights. Oxford University Press. Rollin, B. (2006). Animal rights and human morality. 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Disponible en: https://aldf.org Fecha de consulta: 15 de marzo de 2026. 273 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Nussbaum, M. (2010). Capabilities, entitlements, rights: Supplementation and critique. En C. Sunstein & M. Nussbaum (Eds.), Animal Rights: Current Debates and New Directions (pp. 89–110). Oxford University Press. DESAFIOS JURIDICOS 2026 Garner, R., & O’Sullivan, S. (2016). The political turn in animal ethics. Ethics and Politics, 18(3), 51–68. DOI �¿ES JURÍDICAMENTE VIABLE RECONOCER DERECHOS DE CIUDADANÍA A LAS PERSONAS MORALES? ANÁLISIS CONSTITUCIONAL, DOCTRINAL Y DEMOCRÁTICO DESDE LAS FUENTES DEL DERECHO IS IT LEGALLY FEASIBLE TO GRANT CITIZENSHIP RIGHTS TO LEGAL ENTITIES? A CONSTITUTIONAL, DOCTRINAL, AND DEMOCRATIC ANALYSIS BASED ON THE SOURCES OF LAW Ronaldo Santos Cori Universidad Autónoma de Nuevo León https://orcid.org/0000-0002-9106-2906 ronald.santoscr@uanl.edu.mx Resumen: El presente artículo analiza la viabilidad jurídica y democrática de reconocer derechos de ciudadanía, incluido el derecho al voto, a las personas morales. A partir de un enfoque metodológico dogmático-analítico, se examinan las principales fuentes del Derecho —constitucionales, legislativas, doctrinales, jurisprudenciales e internacionales— con el objeto de contrastar los argumentos tradicionales que niegan dicha posibilidad frente a posturas contemporáneas que la defienden desde una concepción evolutiva de la democracia. El estudio concluye que, si bien el marco constitucional vigente excluye a las personas morales del ámbito de la ciudadanía política, existen fundamentos teóricos que permiten plantear el debate como una reforma constitucional posible, aunque altamente riesgosa para el principio de igualdad democrática. Como citar: Santos Cori, R. (2026) ¿Es jurídicamente viable reconocer derechos de ciudadanía a las personas 273 274 morales? Análisis constitucional, doctrinal y democrático desde las fuentes del derecho. Revista Desafíos Jurídicos, 6(11) https://doi.org/10.29105/dj6.11-201. 274 - 298 �Abstract: This article analyzes the legal and democratic feasibility of granting citizenship rights, including the right to vote, to legal entities. Using a dogmatic-analytical methodological approach, it examines the main sources of law—constitutional, legislative, doctrinal, jurisprudential, and international—in order to contrast traditional arguments against this possibility with contemporary positions that defend it from an evolutionary conception of democracy. The study concludes that, while the current constitutional framework excludes legal entities from the sphere of political citizenship, there are theoretical foundations that allow for framing the debate as a possible constitutional reform, albeit one that poses a significant risk to the principle of democratic equality. Keywords: citizenship, legal entities, political rights, suffrage, constitutional democracy. I. Introducción cuestiona los límites clásicos de la La ciudadanía representa una de las categorías centrales constitucional determina del Derecho moderno, en quiénes tanto participan directamente en la conformación de la voluntad política del Estado. Tradicionalmente, dicha condición ha sido atribuida de manera exclusiva a las personas físicas, bajo el entendido de que solo estas poseen dignidad humana, capacidad conciencia de moral y autodeterminación participación democrática. En este contexto, surge una pregunta jurídicamente posible, Derecho, provocadora: desde las reconocer ¿es fuentes del derechos de ciudadanía a las personas morales, incluido el derecho al voto? El debate no es meramente teórico, pues pone en tensión principios fundamentales como la soberanía popular, la igualdad del sufragio y la legitimidad democrática. política. Sin embargo, el desarrollo del Desde los orígenes del ser humano y Estado contemporáneo ha colocado a del derecho, el concepto de persona las personas morales —empresas, ha sindicatos, civiles, significativa. En las polis griegas, la universidades y corporaciones— en titularidad de la condición de persona una posición estructural de influencia con plenos derechos se encontraba social, económica y política que estrictamente asociaciones experimentado una vinculada evolución a la 275 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 constitucional. DESAFIOS JURIDICOS 2026 Palabras Clave: Ciudadanía, personas morales, derechos políticos, sufragio, democracia �únicamente a los hombres libres y jurídica para adquirir derechos y propietarios. En consecuencia, solo contraer obligaciones. Dentro de este este grupo tenía la posibilidad de conjunto de participar en las actividades políticas y especial relevancia democráticas, quedando excluidas de políticos, particularmente el derecho al dicha categoría tanto las mujeres sufragio activo y pasivo, es decir, el como los esclavos. derecho a votar y a ser votadas, como A lo largo de la historia, este modelo restrictivo fue cuestionado y progresivamente transformado. La derechos, manifestación los esencial adquieren derechos de su participación en la vida pública y democrática del Estado. abolición paulatina de la esclavitud El objetivo de este artículo es analizar permitió que un número cada vez de manera sistemática los argumentos mayor fuera a favor y en contra de dicha propuesta, como evaluando su compatibilidad con el personas, con capacidad para ser sistema constitucional mexicano y con titulares de derechos y obligaciones. los Esta situación contrasta de manera contemporáneos. de seres reconocido evidente con Antigüedad, humanos jurídicamente la en realidad la que de estándares democráticos la amplios Metodología sectores de la población carecían de La investigación adopta un enfoque reconocimiento jurídico pleno. cualitativo, basado en el método De manera paralela, la condición jurídica de la mujer también experimentó un proceso de evolución relevante. A través de diversas luchas sociales, políticas y jurídicas, las mujeres lograron el reconocimiento de derechos fundamentales propios de la persona, entre los que destacan la dogmático-jurídico, complementado con análisis doctrinal y comparado. Se examinan como unidades de análisis las principales fuentes del Derecho: a) Constitución y legislación electoral; b) Doctrina jurídica; c) Jurisprudencia constitucional; d) Derecho internacional y comparado; 276 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 igualdad ante la ley y la capacidad DESAFIOS JURIDICOS 2026 ciudadanía, la cual se reservaba �tales como que la ciudadanía se La ciudadanía desde Aristóteles, Marshall y Habermas la participación directa en la toma de El análisis de la posibilidad de reconocer derechos de ciudadanía a las personas morales exige una revisión profunda del concepto mismo de ciudadanía, atendiendo evolución histórica, jurídica. Para a su filosófica y ello, imprescindible resulta examinar las aportaciones de Aristóteles, T. H. Marshall y Jürgen Habermas, cuyas teorías constituyen centrales ciudadanía para referentes comprender en sus la dimensiones política, social y deliberativa. ciudadanía no como una condición jurídica abstracta, sino como una función activa dentro de las polis. Para el filósofo griego, ciudadano es aquel participa deliberativas en y las judiciales funciones de la comunidad política. La ciudadanía, en este sentido, se define por la capacidad de intervenir en el gobierno, más que por la mera pertenencia territorial o jurídica. decisiones colectivas. Segundo, dicha participación presupone virtud cívica, es decir, la capacidad racional y moral del individuo para deliberar sobre el bien común. Bajo esta concepción, la ciudadanía es inseparable de la condición humana y de la racionalidad práctica del individuo. Desde esta perspectiva clásica, la posibilidad de reconocer ciudadanía a personas morales resulta problemática, ya que estas carecen de virtud moral propia y no pueden deliberar en sentido aristotélico. Sin En la Política, Aristóteles concibe la que encuentra estrechamente vinculada a embargo, una lectura contemporánea permite rescatar un elemento relevante para el debate actual: la centralidad de la función política por encima de la naturaleza del sujeto. Si la ciudadanía participación se define efectiva en por la la vida pública, podría sostenerse —en una interpretación extensiva— que los sujetos colectivos que ya influyen estructuralmente en las polis moderna cumplen, de facto, una función política 277 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Este enfoque revela dos elementos DESAFIOS JURIDICOS 2026 e) Principios generales del Derecho. �formal. puerta a debates contemporáneos sobre nuevos sujetos de derechos. No El aporte de T. H. Marshall y Tom Bottomore (1992) representa un punto de inflexión en la teoría moderna de la ciudadanía. En su obra Citizenship and Social Class, Marshall define la ciudadanía como un estatus otorgado obstante, Marshall mantiene como presupuesto implícito que el titular de la ciudadanía es la persona física, ya que los derechos sociales y políticos se conciben como instrumentos para la igualdad material entre individuos. a los miembros plenos de una comunidad, compuesto dimensiones acumulativas: derechos por tres Aplicado al debate sobre personas históricamente morales, el enfoque de Marshall derechos políticos y civiles, ofrece un argumento ambivalente. Por derechos un lado, refuerza la idea de que los sociales. derechos políticos son parte esencial de la ciudadanía y que su extensión Los derechos civiles garantizan la libertad individual y la igualdad ante la ley; los derechos políticos aseguran la participación en el ejercicio del poder; y los derechos sociales permiten un nivel básico de bienestar y seguridad económica. Esta concepción transforma la ciudadanía en una categoría jurídico institucional, responde a procesos históricos de inclusión. Por otro, plantea el riesgo de que extender dichos derechos a sujetos colectivos con capacidades económicas desiguales genere una ruptura del principio de igualdad, al permitir que entidades con mayor poder estructural accedan a una influencia política desproporcionada. desvinculándola parcialmente de la virtud moral y acercándola a la idea de La teoría de la democracia deliberativa pertenencia y acceso a derechos. desarrollada por Jürgen Habermas introduce Desde la óptica de Marshall, la ciudadanía es expansiva y progresiva. Históricamente, ha incorporado a una concepción procedimental y comunicativa de la ciudadanía. Para Habermas, la legitimidad democrática no se agota 278 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 grupos antes excluidos, lo que abre la DESAFIOS JURIDICOS 2026 relevante, aunque sin reconocimiento �procesos de deliberación racional en debate contemporáneo el espacio público, donde los ciudadanos participan en condiciones una tensión constante entre dos de igualdad discursiva. Este enfoque resulta particularmente relevante para el debate sobre personas morales, ya que Habermas acepta que la democracia moderna opera en sociedades altamente organizadas, donde los individuos participan de manera mediada por estructuras colectivas. No obstante, el propio autor advierte que estas organizaciones deben funcionar como canales de comunicación, no como sustitutos del ciudadano individual en el ejercicio del poder soberano. Desde la teoría habermasiana, el reconocimiento de derechos políticos directos a personas morales solo sería legítimo si fortalece la deliberación pública y no distorsiona la igualdad comunicativa. En caso contrario, el voto corporativo podría convertirse en un mecanismo de colonización del espacio público por intereses estratégicos, afectando la racionalidad democrática. El recorrido teórico permite identificar modelos de ciudadanía: uno personalista, basado en la dignidad y la participación individual, y otro funcional o estructural, que reconoce el papel de los sujetos colectivos en la vida política. Aristóteles subraya la dimensión ética y personal de la ciudadanía; Marshall destaca su progresivo; deliberación carácter jurídico y Habermas enfatiza la y la mediación institucional. Ninguno de los tres justifica de manera directa el reconocimiento del voto a personas morales, pero todos aportan elementos que permiten problematizar los límites tradicionales de la ciudadanía en contextos democráticos complejos. En consecuencia, el debate sobre la ciudadanía de las personas morales no puede resolverse únicamente desde una lectura normativa estricta, sino que requiere una reflexión teórica profunda sobre la naturaleza de la 279 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Síntesis teórica y relevancia para el DESAFIOS JURIDICOS 2026 en el acto del voto, sino que surge de �la igualdad Reconocer derechos de ciudadanía a democrática y el papel de los actores personas morales colectivos en el Estado constitucional transformar esta noción en un estatus contemporáneo. organizacional o implicaría corporativo, desligado de la experiencia cívica La eventual incorporación de las personas morales como titulares de derechos de ciudadanía, incluido el derecho al voto, plantea riesgos constitucionales estructurales que deben ser analizados con especial cautela. Dichos riesgos no se limitan a problemas técnicos institucional, sino directamente a de afectan principios fundantes del Estado constitucional democrático, tal como se encuentra configurado en el orden jurídico mexicano. Uno de los principales riesgos concepto de ciudadanía previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La ciudadanía, conforme al texto constitucional, es categoría personalísima, vinculada a la condición humana, a la dignidad y a la responsabilidad política individual. moderno, que concibe al ciudadano como sujeto de derechos y deberes políticos en función de su autonomía moral, no de su capacidad económica, organizativa o institucional. Este desplazamiento conceptual podría vaciar de contenido el sentido normativo de la ciudadanía, convirtiéndola en una herramienta funcional más que en una expresión de pertenencia democrática. consiste en la desnaturalización del una conceptual con el constitucionalismo diseño que los individual. Ello supondría una ruptura El artículo 39 constitucional establece que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Tradicionalmente, este concepto ha sido interpretado como el conjunto de personas físicas que integran la comunidad política. La introducción del voto corporativo alteraría esta base al permitir que entes creados por el propio orden jurídico participen directamente en la formación de la voluntad soberana. 280 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 política, DESAFIOS JURIDICOS 2026 participación �lógica del sistema: sujetos derivados que la voluntad popular. del Derecho pasarían a influir en la creación del poder originario. Esta situación podría generar una tensión insalvable entre soberanía popular y soberanía funcional, debilitando el fundamento democrático del Estado y abriendo la puerta a modelos de representación corporativa incompatibles con el principio republicano. la afectación al principio de igualdad del voto, sintetizado en la máxima una un voto. Las personas morales no son homogéneas entre sí: varían enormemente en tamaño, recursos, impacto social y capacidad bajo formalmente esquemas igualitario, reconocimiento personas del morales de el voto simple sufragio permitiría a que intereses económicos o institucionales altamente concentrados obtuvieran una igualdad formal, sino también la igualdad sustantiva, indispensable para principio la legitimidad democrática. La extensión de derechos políticos a personas morales incrementa ventaja del proceso democrático por parte de intereses corporativos. Empresas, consorcios o asociaciones con fines predominantemente podrían orientar política a la económicos su participación maximización de beneficios particulares, desplazando el interés general. de influencia. Incluso esta distorsión vulneraría no solo la significativamente el riesgo de captura Otro riesgo constitucional relevante es persona, Desde una perspectiva constitucional, estructural ciudadano individual. traducirse en una frente Esto al podría democracia desequilibrada, donde el poder político Este fenómeno podría traducirse en: Legislación públicas sesgada, orientadas a Políticas intereses sectoriales, Reducción del pluralismo político efectivo. Desde la lógica constitucional, el riesgo no es meramente hipotético, sino estructural, pues el sistema democrático perdería su función de mediación entre intereses sociales 281 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 refleje más la capacidad organizativa DESAFIOS JURIDICOS 2026 El riesgo radica en una inversión �convertirse en un El riesgo más significativo es el espacio de negociación corporativa posible deterioro de la legitimidad directa. democrática. La aceptación social del sistema político descansa, en gran Tensión con la jurisprudencia constitucional vigente decisiones públicas emanan de la La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en su tesis 360/2013, que las personas morales pueden ser titulares de derechos fundamentales en la medida en que la naturaleza del derecho lo permita. Sin embargo, ha sido consistente en vincular los derechos políticos a la condición de ciudadano en sentido personal. Reconocer ciudadanía constitucional política a clara generaría interpretativo un profundo, debilitando la seguridad jurídica y la coherencia del sistema de derechos fundamentales. Incluso con reforma constitucional, subsistiría el desafío de armonizar corporativa la con nueva el ciudadanía bloque de constitucionalidad y los estándares internacionales humanos. voluntad ciudadana. La introducción del voto de personas morales podría generar desconfianza, percepción de privilegio institucional y debilitamiento del vínculo entre ciudadanía y Estado. Desde una perspectiva constitucional, cualquier reforma que afecte el núcleo del principio democrático debe superar un estándar especialmente elevado de justificación. En el caso del personas morales sin una redefinición conflicto medida, en la percepción de que las de derechos voto corporativo, los beneficios potenciales resultan, al menos en el contexto actual, insuficientes para neutralizar los riesgos estructurales que implica. En suma, derechos el de reconocimiento de ciudadanía las a personas morales conlleva riesgos constitucionales profundos que afectan la noción de ciudadanía, la soberanía popular, la igualdad del sufragio y la legitimidad democrática. Estos riesgos no hacen imposible el debate, pero sí exigen que cualquier 282 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 para DESAFIOS JURIDICOS 2026 diversos �abordada este como constitucional sentido una de sea particularmente a los artículos 34 y 39 reforma de la Constitución Política de los máxima Estados Unidos Mexicanos, que trascendencia, y no como una simple redefina de manera clara el alcance de ampliación de derechos. la ciudadanía política. Escenarios normativos y modelos Esta reforma no debería equiparar sin de contención para una eventual matices a las personas morales con reforma constitucional las personas físicas, sino introducir una La hipótesis de reconocer derechos de ciudadanía —incluido el derecho al voto— a las personas morales solo puede abordarse de manera responsable mediante el diseño de escenarios normativos cuidadosamente delimitados, acompañados de mecanismos de contención constitucional que reduzcan los riesgos de distorsión democrática previamente categoría participación diferenciada política de institucional, evitando una asimilación plena que desdibuje el concepto tradicional de ciudadanía. La contención normativa radicaría en establecer que el reconocimiento del voto corporativo: No sustituye ni equivale al voto ciudadano individual. Se ejerce bajo reglas especiales, excepcionales y taxativas. Está sujeto a control constitucional reforzado. identificados. En este sentido, el debate no términos debe binarios plantearse en De este modo, (reconocimiento mantendría pleno o negación absoluta), sino como ciudadanía una únicamente discusión sobre modelos la la Constitución primacía personal, de la incorporando una modalidad de participación graduales, funcionales y altamente complementaria regulados. política colectiva. Un segundo modelo de contención consistiría en diseñar el El primer indispensable constitucional escenario es una normativo reforma expresa, voto de personas morales bajo un criterio funcional restringiendo su o sectorial, ejercicio a 283 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 en DESAFIOS JURIDICOS 2026 propuesta �y no a los procesos electorales limitar abusos y, en su caso, revertir el generales. Este modelo permitiría modelo si se demuestra que afecta la reconocer la influencia estructural de legitimidad democrática. los actores colectivos popular ni la igualdad del sufragio ciudadano. Uno de los riesgos centrales del voto corporativo es la traslación del poder económico al ámbito político. Para riesgo, cualquier esquema de participación política de personas morales debería incorporar criterios estrictos de proporcionalidad y neutralización. diferenciada posibles se encuentra la asignación de un solo voto por persona moral, independientemente de su tamaño o capital. Dada la trascendencia de una reforma de esta naturaleza, resulta indispensable incorporar mecanismos de control constitucional reforzado. Ello incluye: Revisión judicial estricta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cláusulas constitucionales de revisión periódica. Evaluaciones de impacto democrático electoral. modelo de contención conceptualmente relevante es el de ciudadanía política diferenciada, en el cual se reconoce que no todos los sujetos participan del mismo modo en la vida política. En este esquema, las personas físicas conservan la ciudadanía plena, mientras que las personas morales Entre los mecanismos normativos y Escenario de ciudadanía política Un este desviaciones, sin comprometer el principio de soberanía contener corregir Estas herramientas acceden a una ciudadanía política limitada, funcional y condicionada. Se preserva la centralidad del individuo como titular originario de la soberanía. Este modelo evita una equiparación ontológica entre personas físicas y morales, manteniendo la coherencia del constitucionalismo democrático. Los escenarios normativos y modelos de contención muestran aquí que, reconocimiento de expuestos aunque el derechos de ciudadanía a las personas morales es jurídicamente concebible, solo resulta 284 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 permitirían DESAFIOS JURIDICOS 2026 determinados ámbitos institucionales �constitucionales restrictivos, esquemas expresamente a las personas morales altamente como sujetos de derechos políticos, lo diferenciados y que convierte cualquier intento de controlados. Cualquier reforma que reconocimiento del voto corporativo en ignore de una cuestión de reforma constitucional de y no de mera interpretación extensiva. estos contención mecanismos correría el riesgo debilitar los fundamentos mismos del Argumentos en contra: ciudadanía, Estado democrático. dignidad y voluntad política En consecuencia, el debate no debe centrarse únicamente en si las personas morales pueden votar, sino en cómo, para qué y bajo qué límites constitucionales podría eventualmente permitirse su participación política sin comprometer la igualdad, la soberanía popular y la La doctrina clásica sostiene que la ciudadanía es inseparable de la dignidad humana. La persona moral, como ficción jurídica, carece de conciencia moral y voluntad propia, actuando siempre representación. mediante Reconocerle derechos políticos implicaría trasladar legitimidad democrática. el poder de decisión a órganos Resultados directivos, generando un voto indirecto, corporativo y potencialmente La Constitución Política de los desproporcionado. Estados Unidos Mexicanos define la ciudadanía en términos estrictamente Desde esta óptica, permitir el voto a personales. la que se establece en el personas artículo 34 el que indica los requisitos principios esenciales como son la vinculados a la condición humana, igualdad del sufragio, el carácter mientras que el artículo 39 deposita la personal del voto, y la noción de soberanía en el pueblo, entendido representación democrática. históricamente como conjunto constitucional vulneraría de individuos. Desde esta perspectiva, el texto morales excluye Argumentos a favor: democracia funcional y evolución constitucional 285 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 bajo DESAFIOS JURIDICOS 2026 defendible �corriente contemporánea el debate, pero confirma que sin sostiene que la democracia no puede reforma constitucional expresa, el ignorar reconocimiento del voto a personas doctrinal la realidad social. Las personas morales no solo participan morales es jurídicamente inviable. de facto en la vida política, sino que estructuran intereses colectivos, generan empleo, influyen en políticas públicas y producen bienes sociales relevantes. constitucionalismo, el concepto de pueblo podría ampliarse para incluir a sujetos colectivos con función social siempre que participación política estrictamente regulada. su esté El reconocimiento del voto corporativo permitiría transparentar una influencia que actualmente se ejerce por vías informales Los tratados (Convención internacionales Americana sobre Derechos Humanos (Art. 23) y el Desde una interpretación evolutiva del relevante, Derecho internacional y comparado o económicamente asimétricas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que las personas morales pueden ser titulares de derechos fundamentales cuando la naturaleza del derecho lo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 25)) de derechos humanos sufragio como reconocen derecho el humano individual. En el derecho comparado no existen democracias constitucionales que otorguen voto directo a personas morales. Sin embargo, sí existen mecanismos de representación corporativa en órganos consultivos, lo que demuestra que la participación política colectiva no es ajena a los sistemas democráticos, aunque se mantiene separada del sufragio ciudadano. Discusión permita. No obstante, ha mantenido una línea restrictiva respecto de los El análisis revela que el debate no es derechos políticos, vinculándolos a la meramente normativo, sino filosófico y ciudadanía personal. político. Mientras la postura restrictiva 286 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Esta postura no cierra definitivamente DESAFIOS JURIDICOS 2026 Frente a la postura tradicional, una �postura expansiva busca adecuar el Estados sistema político a una realidad social ciudadanía, altamente organizada. El problema configuración normativa vigente, es central no radica en la posibilidad una jurídica abstracta, sino en los riesgos vinculada a la condición humana, a la estructurales que implica modificar el dignidad principio de ciudadanía. autodeterminación política individual. Reconocer voto a personas morales Reconocer supondría una redefinición profunda personas del transformar esta figura en un estatus Estado democrático, con Unidos Mexicanos. conforme categoría y a La a su personalísima, la capacidad ciudadanía política morales a implicaría consecuencias imprevisibles para la institucional representación política y el equilibrio desvinculado de la experiencia cívica de individual. poderes. La propuesta de o de Ello corporativo, supondría una reconocer derechos de ciudadanía — mutación constitucional profunda, en incluido el sufragio— a las personas la que la ciudadanía dejaría de ser una morales plantea una serie de riesgos expresión constitucionales estructurales que no personal para convertirse en un pueden ser instrumento funcional de participación simples problemas minimizados de como técnica de pertenencia política organizacional. legislativa. Se trata, en realidad, de tensiones que afectan el núcleo normativo del Estado constitucional democrático, particularmente en lo relativo a la soberanía popular, la igualdad política y la legitimidad del poder público. El primer riesgo fundamental consiste en la alteración del Este desplazamiento podría generar una conceptual pérdida de coherencia sistemática, al diluir la distinción entre sujetos de derechos políticos y sujetos de derechos instrumentales, afectando arquitectura misma la del constitucionalismo moderno. concepto constitucional de ciudadanía previsto 287 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 en la Constitución Política de los DESAFIOS JURIDICOS 2026 protege la igualdad democrática, la �morales formalmente igualitario, el estructural: entes creados por el reconocimiento del a propio introduce orden participar una jurídico tensión bajo pasaría a personas en la intereses directamente esquemas morales de voto sufragio permitiría altamente que organizados formación de la voluntad soberana. obtuvieran una Esto genera una inversión lógica del estructural, afectando sistema sustantiva entre los ciudadanos. democrático, en la que ventaja la política igualdad El sujetos derivados del Derecho influyen voto dejaría de reflejar la voluntad en la creación del poder originario. popular para convertirse en una proyección El riesgo constitucional radica en que la soberanía deje de tener de la capacidad económica o institucional. un fundamento popular para adquirir un Desde la perspectiva constitucional, carácter esta distorsión compromete uno de los funcional o corporativo, debilitando la legitimidad democrática pilares de la democracia del Estado y acercándolo a modelos representativa y pone en entredicho la de representación incompatibles con equidad del sistema electoral. el principio republicano. La extensión de derechos políticos a Uno de los riesgos más evidentes es personas la distorsión del principio de igualdad manera significativa el riesgo de del voto, sintetizado en la fórmula una captura del proceso democrático por persona, voto. Las personas intereses corporativos. Este fenómeno presentan podría un morales heterogeneidad significativa: enormes algunas recursos una morales traducirse estructural sesgada concentran específicos, económicos en favor incrementa en, de políticas de legislación sectores públicas y orientadas por intereses privados, o capacidad organizativa, mientras que una reducción del pluralismo político otras tienen un impacto social limitado. efectivo. 288 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Incluso DESAFIOS JURIDICOS 2026 El reconocimiento del voto a personas �este función coherencia del sistema de derechos. mediadora del sistema democrático y Incluso con reforma constitucional, debilita la capacidad del Estado para persistiría actuar como árbitro imparcial entre estándares intereses sociales contrapuestos. derechos humanos, que conciben el Los derechos políticos, a diferencia de sufragio como un derecho humano otros individual. riesgo afecta derechos poseen la fundamentales, una conciencia política, responsabilidad cívica y capacidad de deliberación moral, elementos que no pueden tensión con internacionales los de naturaleza intrínsecamente personal. Su ejercicio presupone la atribuirse de manera El riesgo más relevante es el posible deterioro de la legitimidad democrática. La confianza social en el sistema político se sustenta en la percepción de que las decisiones públicas emanan de la voluntad autónoma a las personas morales. ciudadana. La introducción del voto de El reconocimiento del voto corporativo personas morales podría generar implicaría que la voluntad política se desconfianza, exprese a través de órganos de representación interna, lo que transforma el sufragio en un acto percepción de privilegios institucionales y debilitamiento del vínculo entre ciudadanía y Estado. indirecto y mediado. Este fenómeno debilita el carácter intransferible del personal voto, e principio ampliamente reconocido en la teoría constitucional y en la práctica Desde una perspectiva constitucional, cualquier reforma que afecte el núcleo del democrático superar un umbral especialmente voto ciudadanía política a corporativo, potenciales los beneficios resultan discutibles constitucional estructurales que implica. clara generaría interpretativo un frente a altamente personas morales sin una redefinición conflicto debe elevado de justificación. En el caso del democrática. Reconocer principio los riesgos profundo, 289 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 afectando la seguridad jurídica y la DESAFIOS JURIDICOS 2026 Desde el punto de vista constitucional, �derechos el de reconocimiento de funcionales y mecanismos de control, ciudadanía las evitando a la captura del espacio personas morales comporta riesgos democrático por entes económicos o constitucionales corporativos. profundos y sistémicos que afectan la noción de 1. Antigüedad mínima de ciudadanía, la soberanía popular, la constitución de la persona moral igualdad del sufragio y la legitimidad democrática. Estos riesgos no hacen imposible el debate, pero sí obligan a tratarlo como una constitucional reforma de máxima trascendencia, que exige cautela, límites estrictos y una justificación Se propone que únicamente puedan acceder al reconocimiento de determinados derechos ciudadanos aquellas personas morales que acrediten una antigüedad mínima de constitución legal. Este criterio responde a la necesidad de evitar la democrática robusta. creación instrumental de entidades Propuesta de criterios normativos con fines exclusivamente políticos o para el reconocimiento y limitación electorales, práctica que vulneraría los del principios de autenticidad democrática ejercicio de derechos ciudadanos de la persona moral La eventual persona incorporación moral como de sujeto y buena fe institucional. la con Desde la teoría institucional, la antigüedad opera como un indicador capacidad de ejercicio limitado de de derechos vocación productiva, diferenciando a ciudadanos exige la estabilidad, arraigo y construcción de criterios normativos las estrictos, orientados a garantizar el integradas al tejido económico y social equilibrio de legalidad, entre participación, igualdad aquellas genuinamente creadas con fines y coyunturales (North, 1990). Asimismo, supremacía del interés público. En en el ámbito del derecho comparado, este sentido, parámetros política organizaciones social los siguientes diversos sistemas jurídicos utilizan la buscan establecer temporalidad como requisito para el condiciones de elegibilidad, límites 290 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 suma, DESAFIOS JURIDICOS 2026 En �beneficios públicos o participación institucional. Se propone la suspensión temporal del ejercicio de derechos ciudadanos de la persona moral cuando esta se 2. Cumplimiento fiscal continuo por un periodo mínimo de seis años El reconocimiento de judicial activo en contra del Estado, derechos ciudadanos a la persona moral debe condicionarse al encuentre involucrada en un litigio cumplimiento particularmente en materias fiscal, administrativa o de responsabilidad patrimonial. ininterrumpido de sus obligaciones fiscales durante al seis Esta limitación se justifica en la ejercicios fiscales consecutivos. Este necesidad de evitar conflictos de requisito la interés, así como el uso estratégico de participación cívica con la contribución mecanismos de participación política efectiva al sostenimiento del Estado, para en consonancia con el principio de procesos judiciales en curso. Desde la corresponsabilidad social. teoría del Estado de derecho, la vincula menos directamente influir indebidamente en neutralidad procesal y la igualdad de Desde una perspectiva constitucional, el pago regular de impuestos constituye una manifestación concreta del deber de solidaridad y del respeto al orden jurídico. Reconocer derechos políticos a entidades las partes requieren que ninguna de ellas ejerza una posición de ventaja institucional mientras se dirime una controversia jurídica (Habermas, 1998). incumplidas fiscalmente generaría una asimetría 4. Limitación o suspensión de normativa derechos ciudadanos como pena incompatible con los principios de igualdad ante la ley y accesoria justicia tributaria (Ferrajoli, 2011). En los casos en que exista sentencia 3. Limitación derechos del ejercicio ciudadanos litigios con el Estado de firme que así lo determine, se propone durante la limitación o suspensión de los derechos ciudadanos de la persona moral como sanción accesoria, 291 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 a DESAFIOS JURIDICOS 2026 acceso �supuestos de corrupción, delitos fiscales, lavado de dinero o violaciones graves al orden Desde una perspectiva socio jurídica, la generación de empleo constituye una de las principales funciones económico y social. sociales de la empresa, lo que justifica Esta medida encuentra sustento en el principio de responsabilidad jurídica de las personas ampliamente morales, reconocido en hoy los su eventual reconocimiento como actor cívico limitado (Marshall, 1950). 6. Principio de un voto por persona moral sistemas penales y administrativos contemporáneos. La sanción En caso de reconocerse mecanismos accesoria cumple una función no solo de participación política o consultiva, punitiva, sino también preventiva y debe establecerse de manera expresa simbólica, reafirmando que la el principio de un solo voto por ciudadana exige un persona moral, independientemente estándar reforzado de legalidad (Silva de su tamaño, capital o volumen de Sánchez, 2016). operaciones. 5. Número mínimo de trabajadores Este activos preservar el principio democrático de participación criterio es esencial para igualdad política, evitando que el El acceso a derechos ciudadanos debe condicionarse a que la persona moral acredite una plantilla mínima de trabajadores registrados activos, ante las debidamente autoridades laborales y de seguridad social. Este requisito busca entidad tenga asegurar una que la poder económico se traduzca en una influencia política desproporcionada. Permitir una ponderación basada en capacidad financiera implicaría una regresión hacia corporativismo formas de antidemocrático (Bobbio, 2000). existencia económica real y un impacto social 7. Mesas verificable, y no sea una figura participación meramente formal o instrumental. morales especiales para de personas 292 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 en DESAFIOS JURIDICOS 2026 especialmente �especiales de participación para personas morales, diferenciadas de las destinadas a personas físicas, ya sea en modalidad presencial o digital. Esta separación responde a la necesidad de reconocer la naturaleza jurídica diferenciada de financiamiento ilícito y corrupción política. La experiencia comparada demuestra que la influencia económica desmedida de actores corporativos erosiona la confianza pública y distorsiona la representación democrática (Transparency International, 2021). estos sujetos, así como sus intereses específicos. 9. Prohibición de pertenencia a partidos políticos La diferenciación institucional evita confusiones normativas y permite Se diseñar procedimientos acordes con la expresa la afiliación de personas lógica organizacional de la persona morales a partidos políticos, en tanto moral, reforzando la transparencia y estas trazabilidad conciencia política, voluntad ética y de su participación (OECD, 2015). propone prohibir entidades responsabilidad de manera carecen moral en de sentido estricto. 8. Limitaciones a los aportes económicos a partidos políticos y La militancia partidista presupone una organizaciones afines identidad ideológica y un compromiso personal, elementos que solo pueden Debe establecerse un régimen estricto de limitación a los aportes económicos que las personas morales puedan realizar a partidos políticos, campañas electorales u organizaciones vinculadas a la actividad política. predicarse plenamente de las personas físicas. Permitir la afiliación de personas morales implicaría una ficción jurídica incompatible con la teoría democrática contemporánea (Kelsen, 2009). Esta medida es consistente con los estándares internacionales en materia 293 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 electorales, Estado, DESAFIOS JURIDICOS 2026 de prevención de la captura del Se propone la creación de mesas �exclusiva democrático y los límites ontológicos mediante persona física legalmente de los sujetos titulares de derechos autorizada políticos. Finalmente, se establece que la El estudio confirma que, bajo el marco persona moral solo podrá ejercer sus constitucional mexicano vigente, la derechos ciudadanos a través de la ciudadanía política se configura como persona física legalmente autorizada, una conforme sus vinculada a la condición humana, a la actas dignidad y a la autodeterminación a estatutos lo previsto sociales en y constitutivas. categoría personalísima política individual. En consecuencia, la extensión de derechos políticos — Este principio garantiza la imputabilidad jurídica, la trazabilidad de decisiones y la rendición de cuentas, evitando la dilución de responsabilidades. La representación actúa como un puente normativo que permite compatibilizar la ficción jurídica de la persona moral con la exigencia democrática de responsabilidad individual. especialmente personas el sufragio— morales a resulta jurídicamente inviable sin una reforma constitucional estructural. Desde el plano doctrinal, el debate revela una tensión estructural entre dos paradigmas. Por una parte, un modelo personalista de ciudadanía, centrado en la dignidad humana y la participación individual; y por otra un modelo funcional o estructural, que Conclusiones reconoce el peso real de los actores El análisis realizado permite afirmar colectivos en la configuración de la que el reconocimiento de derechos de vida pública. ciudadanía a las personas morales constituye uno de los debates más complejos del constitucionalismo contemporáneo, en tanto cuestiona simultáneamente la teoría clásica de la ciudadanía, la estructura del Estado El primero protege la igualdad democrática tradicional; el segundo busca adaptar el constitucionalismo a sociedades altamente organizadas y mediadas institucionalmente. 294 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 Representación DESAFIOS JURIDICOS 2026 10. �morales como sujetos de derechos ciudadanos generaría estructurales entre ciudadanía individual y participación política corporativa. riesgos relevantes, A partir de este artículo se detectan particularmente en relación con la áreas de oportunidad para análisis de distorsión del principio de igualdad del investigaciones futuras con temas voto, posible captura corporativa del relacionados proceso democrático, la redefinición constitucional de la ciudadanía en del concepto de soberanía popular, así contextos post-estatales como la afectación a la legitimidad del corporativos, así sistema representativo. teóricos que analicen si la ciudadanía con la como teoría y modelos debe seguir siendo exclusivamente No obstante, el estudio también demuestra que el debate no puede cerrarse desde una lógica puramente negativa. La evolución histórica de la ciudadanía muestra que su contenido antropocéntrica o si puede evolucionar hacia esquemas reconozcan formas mixtos que limitadas de participación política colectiva sin erosionar la soberanía popular. ha sido dinámico y expansivo, lo que obliga a analizar el fenómeno desde Una línea empírica clave consiste en perspectivas y medir cómo la influencia económica prospectivas, especialmente frente al corporativa ya afecta los sistemas creciente poder estructural de actores democráticos aun sin voto formal, económicos y organizacionales en la considerando gobernanza pública. financiamiento político indirecto, el interdisciplinarias lobby Se concluye que, en caso de plantearse una reforma constitucional por regulatorio, ejemplo la el captura institucional, y la influencia en políticas públicas. futura, esta solo podría ser legítima bajo esquemas altamente Esto permitiría evaluar si la regulación diferenciados, restrictivos y sometidos del poder corporativo puede ser más 295 JUL. – DIC. VOL.6 NUM. 11 la eventual incorporación de personas evitando cualquier equiparación plena DESAFIOS JURIDICOS 2026 a control constitucional reforzado, El análisis democrático evidencia que �sistema de participación política. Más democracia que fundamentos determinar morales deben si ser ciudadanos, el consiste definir en las personas consideradas desafío cómo teórico sin erosionar normativos los de la igualdad política, la soberanía popular y la legitimidad del poder público. deben Referencias: Ackerman, B., & Ayres, I. (2002). Voting with dollars. Yale University Press. Alexy, R. (2017). Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales. Aporte: límites convencionales y constitucionales al reconocimiento de derechos políticos a entes colectivos. Bobbio, N. (2000). El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica. Carbonell, M. (2015). Los derechos fundamentales en México. UNAM. Carbonell, M. (2020). Constitución y democracia. Tirant lo Blanch. 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Trotta. 298 �CRITICA FOTOGRAFÍA: JORGE GUTIÉRREZ �ANÁLISIS ACADÉMICO SOBRE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DENTRO DEL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6213/2025 ACADEMIC ANALYSIS OF THE RULING ISSUED BY THE PLENARY SESSION OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE OF THE NATION IN THE DIRECT AMPARO CASE UNDER REVIEW 6213/2025 Xavier de Jesús Alcantar Bustamante Universidad Autónoma de Nuevo León https://orcid.org/0009-0004-9208-7488 Amalia Guillén Gaytán Universidad Autónoma de Nuevo León https://orcid.org/0000-0001-8400-3003 Resumen: Por medio de este análisis se abordan los temas centrales de la resolución del amparo directo en revisión 6213/2026, respecto del debate de la inconstitucionalidad del numeral 10 del Reglamento de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radioactivas, incorporado al contrato colectivo firmado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que establece el pago de una prestación extralegal para personas empleadas de esa institución que desarrollan sus funciones con un amplio riesgo de infectocontagiosidad y excluye a las que no desempeñan sus funciones en los mismos términos. En efecto de esa exclusión, se analiza si la distinción del personal es justificada y razonable, o discriminatoria y arbitraria y, a su vez, si esa normativa se encuentra reconocida como una medida positiva que el Estado o sus particulares deben adoptar para garantizar el derecho de salud de todas las personas. Cómo citar: Alcantar, X.; Guillén, A. (2026) Análisis académico sobre la resolución emitida por el pleno 300de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro del amparo directo en revisión 6213/2025, 6(11). https://doi.org/10.29105/dj6.11-227. 300 – 309. �positiva Abstract: This analysis addresses the central issues of the resolution of direct appeal for review 6213/2026, regarding the debate on the unconstitutionality of section 10 of the Regulations on Infectious Diseases and Radioactive Emissions, incorporated into the collective bargaining agreement signed between the Mexican Social Security Institute (IMSS) and the National Union of Social Security Workers (SNTS). This section establishes the payment of an extra-legal benefit to employees of the IMSS who perform their duties with a high risk of infectious diseases, excluding those who do not perform their duties under the same conditions. Given this exclusion, the analysis examines whether the distinction between personnel is justified and reasonable, or discriminatory and arbitrary, and, furthermore, whether this regulation is recognized as a positive measure that the State or its private entities must adopt to guarantee the right to health for all people. Keywords: Infectious disease, distinction, extra-legal benefit, risk, health, positive measure objeto primordial del establecimiento A modo de introducción de la constitucionalidad del texto La resolución emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del amparo directo en revisión 6213/2025, resuelta el diecinueve de febrero del año en curso, analizó la constitucionalidad de una disposición prevista por un ente normativo se encaminó a verificar si la distinción que realizaron tanto el instituto como su sindicato, en torno a las personas empleadas que percibirían una prestación extralegal, era justificada, proporcional y no discriminatoria. autónomo en materia de salud; en específico, del Los temas que más destacaron por su Reglamento de Infectocontagiosidad y presencia dentro de la ejecutoria son Emanaciones el alcance del principio de igualdad incorporado el artículo 10 Radioactivas, al contrato colectivo ante la ley que, a nivel constitucional, firmado entre el Instituto Mexicano del debe imperar en las normas generales Seguro Social y el Sindicato Nacional y ordinarias, así como la ponderación de Trabajadores del Seguro Social. El de la existencia de una prestación en 301 DESAFIOS JURIDICOS 2026 5JUL. – DIC. VOL. 6 NUM. 11 Palabras Clave: Infectocontagiosidad, distinción, prestación extralegal, riesgo, salud, medida �en el artículo y que eran susceptibles institución de gozar de la prestación en cuestión, médica cuando las funciones propias de su empleo cierto era que ella también se demanden una exposición y riesgo encontraba expuesta a factores de suficiente a tal grado de que pueda riesgo en su empleo. La solución mermarse la salud de ellas. propuesta por ella: inaplicar el artículo respecto a las categorías específicas Cabe puntualizar que la decisión adoptada por el máximo tribunal federal fue confirmar la sentencia emitida por el Primer Tribunal y decretar que todas las personas trabajadoras tuvieren acceso a parte o totalidad de los beneficios que el mismo numeral destinaba. Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, En tres puntos se hará una división de debido a que el artículo 10 del los elementos que se deben tocar para Reglamento de Infectocontagiosidad y entender que, a mi consideración, la Emanaciones Radioactivas, inserto en Suprema Corte de Justicia de la el Contrato Colectivo de Trabajo del Nación pronunció su decisión en bienio 2009 al 2011, no actualizó una apego a las directrices que emanan de vulneración al derecho de igualdad, no los derechos fundamentales de las discriminación y el derecho a la salud. personas. Ese artículo, en términos generales señalaba como emolumento a) Estudio de una normativa en (prestación adicional) un pago en cuya expedición no intervino un favor de las personas trabajadoras de órgano de gobierno la institución que pertenecieran a ciertas categorías y se encontraren expuestas de forma constante y permanente a un riesgo particular en el tema de infecciones y contagios. Así, la parte quejosa del amparo señaló que, si bien ella no pertenecía a ninguna de las categorías enlistadas De inicio, enfatizo la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que, previo a entrar al estudio del fondo, si bien la norma cuya inconstitucionalidad se reclamó derivó de una previsión de un contrato colectivo de trabajo celebrado 302 DESAFIOS JURIDICOS 2026 5JUL. – DIC. VOL. 6 NUM. 11 dinero a personas trabajadoras de una �Tal postura refleja una maximización Social y el Sindicato Nacional de del derecho de acceso a la justicia, de Trabajadores del Seguro Social y que, manera que las personas no se por ende, no tiene el carácter de encuentran limitadas a alegar que un norma general, esa situación no ente estatal, público, privado, o de constituye un impedimento para el cualquier pronunciamiento lineamientos dirigidos a regular las de su constitucionalidad. naturaleza emitan conductas de las personas a su criterio mismo con el peligro de caer Bien, el artículo que se combate en la revisión tiene propiamente conjunta una naturaleza normativa, reglas, estándares bajo personas porque principios los cuales trabajadoras y las y representantes de la institución deben actuar; dicho de otra forma, para regular las relaciones de trabajo. que, en virtud del reforzamiento de la posición jurídica de los derechos desde la perspectiva sustantiva y adjetiva, si dentro de un juicio de amparo se alega la inconstitucionalidad de una porción normativa general u ordinaria, esa situación por sí misma hace permisible su revisión federales. por los decisiones, aunque no se encuentren reconocidas como normas generales. De un análisis a fondo (pero no tan extenso para llegar a su conclusión) podría tornarse como una protección al principio de legalidad y seguridad jurídica de cada persona, al encontrarse protegidas de manera En ese sentido, la Corte convalidó humanos en la arbitrariedad con la toma de tribunales permanente para que, de considerar que una norma sea contraria a la doctrina constitucional o la prevista en los tratados internacionales, tengan acceso a las instancias judiciales que tengan la posibilidad de confirmar o desestimar la pretensión y emitir una decisión que reafirme la constitucionalidad de la norma o, en su caso, la contrariedad de ella con los principios supremos constitucionales. 303 DESAFIOS JURIDICOS 2026 5JUL. – DIC. VOL. 6 NUM. 11 entre el Instituto Mexicano del Seguro �cae en la arbitrariedad en perjuicio de distinción justificada? los derechos humanos. El primer punto del fondo del asunto La distinción de ambas figuras se basa que fue abordado por la Corte fue en directo al examen del derecho de conceptualidad. La objetividad funge igualdad ante la ley. Sin el ánimo de como un principio que exige que las ahondar en un tema que ha sido decisiones bastantemente por producto del análisis de los hechos tribunales federales y la doctrina en reales y basadas en lo que una general legislación por analizado ser la prerrogativa la naturaleza que o misma se de tomen normativa su sean aplicable determinada en el primer artículo de la señale para el caso; por su parte, la Constitución Política de los Estados arbitrariedad Unidos de principio racional y lógico para dar encontrarse armonizado en múltiples entrada a un tema más de voluntad y instrumentos internacionales como capricho de las personas para que inherencia emitan una determinación o adopten Mexicanos, de la además prohibición de discriminación a las personas, el deja de lado este una decisión sin justificación. tribunal señaló las diferencias entre A decir de la parte quejosa, la distinción y discriminación. exclusión de una percepción de Estos dos últimos conceptos pueden prestación parecer sinónimos; en su mayoría, contemplaba en el numeral debatido cuando aterrizamos el concepto de respecto de otras personas que no distinción en el ámbito real, creemos pertenecían a un área específica en la que se encuentra basada en una institución, era discriminatoria por discriminación. En definitiva, muy arbitraria. La opinión de la Corte, de alejado este una manera muy atinente, consistió en la que la distinción alegada no derivaba distinción constituye una diferencia en sí de la profesión de médico, sino razonable y objetiva, la discriminación que de planteamiento. la realidad Mientras que adicional el artículo que indicaba se que la prestación se otorgaría a personas 304 DESAFIOS JURIDICOS 2026 5JUL. – DIC. VOL. 6 NUM. 11 b) ¿Discriminación normativa o �con un mayor grado de peligrosidad con riesgo de infectocontagiosidad de de contagio o infección sanitaria manera constante y permanente. podrían considerarse de cierta forma como una categoría sospechosa, de De hecho, en concordancia con lo dicho en la resolución, es un hecho que todo el personal del área médica de entes públicos o particulares se encuentran expuestos a un riesgo de contagio o infección al tener contacto directo con presentan otras una personas que patogenia. Sin embargo, ello no supone que la ahí que surja la necesidad de que se otorgue un trato reforzado en torno al goce de sus derechos. Dicho de una forma más entendible: se otorga una prestación económica adicional a tu salario porque te encuentras en constante riesgo de ser infectado o contagiado dadas las condiciones del trabajo. exposición a cualquier riesgo de las personas que laboran en el área de Esta decisión que contempla la salud es equiparable con aquellas que posibilidad de que ciertas personas de desempeñan sus funciones en áreas adscripción al sistema de salud con de mayor riesgo o contagio. peligro de riesgo mayor y/o constante perciban una prestación en dinero o Por sí misma, creo esa última hipótesis desestabiliza y contrarresta la equivalencia entre las condiciones en que cada persona labora. Entonces, se da pauta a una distinción justificada, sin dar entrada a la discriminación, en virtud de que las personas no se encuentran en las mismas circunstancias. Inclusive, en especie por ese concepto, resulta ser una medida de protección reforzada que a mi parecer, si bien no reduce el riesgo modulado o mayor de contracción de infección o afección, sí se presenta como una retribución por el empleo que se brinda al servicio de la salud y los efectos negativos que de una u otra forma pudieren suscitarse. una interpretación muy amplia de la doctrina de la Suprema Corte de Si la situación se tornara en un ámbito Justicia de la Nación, las personas equitativo y no de igualdad para que que desarrollan sus empleos en áreas todas las personas empleadas de la 305 DESAFIOS JURIDICOS 2026 5JUL. – DIC. VOL. 6 NUM. 11 adscritas a aquellas áreas o servicios �psicológica de las personas. Para ello, la prestación que otorga el reglamento señaló que el Pacto Internacional de citado, se desnaturalizaría la figura Derechos Económicos, Sociales y misma del beneficio que tiene como Culturales único fin la protección de las personas humano al disfrute del más alto nivel que, razonable y perjudicialmente, posible de salud física y mental y que enfrentan situaciones y condiciones la consecuencia directa es adoptar laborales distintas a las comunes en la medidas positivas encaminadas a labor médica. reducir la mortalidad de las personas, consagra el derecho el tratamiento de enfermedades y la c) El derecho de salud como parámetro para la adopción de medidas reforzadas en el ámbito creación de condiciones que aseguren la asistencia y servicios médicos en casos de padecimientos. médico-laboral Por ese motivo, recalcó que el artículo Otro de los derechos fundamentales elevados a rango constitucional e internacional es el de la salud. En lo que hace a este derecho, a nivel de la carta magna, el Estado tiene la obligación de establecer mecanismos, programas y/o instituciones que hagan loable el acceso a los servicios de salud para el bienestar físico, mental, emocional y social de la colectividad. El Pleno de la Suprema Corte, en la 10 del reglamento que se impugnó no vulneraba el derecho a la salud de las personas trabajadoras que no se encontraban en los supuestos ahí establecidos, porque se contempla una prestación adicional para las personas que, de manera constante, quedan expuestas a riesgos de contagio e infección; esto, queda a interpretación que se consideró de una forma como una medida positiva. resolución que se analiza, destacó su obligación en materia de salud A este respecto, me parece que la basándose en la obligación del Estado decisión de la corte, aunque dejó no solo para garantizar el acceso a la abierto el tema de si una prestación salud de las personas, sino en adicional remuneratoria en el salario concreto, a efectivizar la integridad de personas trabajadoras expuestas a 306 DESAFIOS JURIDICOS 2026 5JUL. – DIC. VOL. 6 NUM. 11 institución médica se favorecieran con �una medida positiva en materia de salud (porque en realidad no se dijo textualmente), acertó en indicar que la norma buscaba salvaguardar la salud de los trabajadores expuestos a un Bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos impone a los parte una serie de obligaciones en materia de salud, en tres tipologías de obligaciones frente a los derechos económicos, sociales y culturales: a) obligaciones disponibilidad, aceptabilidad de accesibilidad, y calidad; b) obligaciones de respecto, protección y cumplimiento; y, c) obligaciones con efecto inmediato y de cumplimiento progresivo. A la par, el mismo artículo 2 del Pacto Internacional traído a cuenta con antelación, dispone que deben utilizarse hasta el máximo los recursos con que se cuente para lograr progresivamente y por los medios apropiados la efectividad de derechos. Un punto interesante que se destaca en esa norma es que incluye la adopción de medidas legislativas como una forma de maximización del derecho de salud. y comprender un amplio catálogo de factores para que se pueda garantizar una vida sana (sin confundir el derecho de salud como una obligación para que el Estado pueda evitar en su riesgo más amplio. Estados El derecho de salud, al ser muy amplio totalidad la insalubridad de las personas), comprende el aspecto fundamental que se enunció, consistente en la obligación de calidad que debe mantener el o los Estados. Calidad, en este sentido de la salud, es la característica que demanda que los establecimientos, bienes y servicios sanitarios en que se brinden atenciones instituciones médicas de por salud las sean apropiados desde el punto de vista científico y médico, y adicionalmente se encuentren en buenas condiciones. Para la especie, se puede comprender que el artículo 10 del Reglamento de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radioactivas es una de esas medidas legislativas (realizando una interpretación muy amplia del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque no es precisamente algo en lo que tuvo intervención un órgano de gobierno, pero a final de cuentas 307 DESAFIOS JURIDICOS 2026 5JUL. – DIC. VOL. 6 NUM. 11 mayor riesgo que otras se traduce en �de salud de parte de una institución de reconocer la labor que se desempeña carácter público) que se adoptaron en al servicio de la medicina, incluso atención al respeto del servicio de cuando ello deriva en un riesgo calidad que se debe brindar. mínimo o mayúsculo. Lo considero de tal manera, porque Se dice “pretende reconocer” porque (insisto) es un hecho que las personas creo el reconocimiento es un concepto empleadas al servicio de la salud se adecuado para una medida que si no encuentran inexorablemente cumple el fin en su totalidad garantizar expuestas a un riesgo –por más un ambiente de trabajo libre de riesgos mínimo contagio, sanitarios, admite la existencia de una accidente, ausencia de buena calidad en la dependiente de las condiciones en prestación de servicios y, por medio de que se desenvuelva y preste el esta acepción, busca equilibrar la empleo. Por lo tanto, si bien es balanza que desde un punto de vista imposible evitar la exhibición a esta formal está desproporcionada (en clase de riesgos, ya que ello implicaría cuanto a la totalidad del personal que aquellos servicios que prestan las médico que labora en diferentes áreas personas que se encuentran adscritas de trabajo y con funciones distintas a cierta clase de empleos que por la unas de las otras). infección, que e sea- de inclusive un incentivo que pretende propia naturaleza involucre el contacto con personas infectadas o con sustancias radioactivas o agentes bacteriológicos e infecciosos, quedaran obsoletos aun cuando es indispensable su ejercicio, la adopción de una medida normativa que se adopte como una prestación extralegal en dinero o especie, lejos de evitar per se el peligro de las personas trabajadoras, hace las veces Entonces, el criterio de la corte federal recogió los elementos mínimos que a nivel nacional comprende la constitución del país y los conjuntó al recoger providencias establecidas en el marco internacional, para dar una interpretación ad hoc con el tema de salud e interpretar de una forma muy favorable los derechos de las personas trabajadoras contempladas 308 DESAFIOS JURIDICOS 2026 5JUL. – DIC. VOL. 6 NUM. 11 encaminado a brindar un servicio de �entendible, si se logra ver desde un percibir la prestación multireferida; punto de vista general. El debate que esto, muy al amparo del principio pro- por completo cambia el panorama es persona. que esa distinción se justifica a través de las funciones propias que cada Todo lo anterior, sin perjuicio de que se dejare en estado de indefensión las demás personas que laboran en el ámbito médico con respecto a las que sí percibirían la prestación, en razón a que el riesgo a que se expone el demás personal es mínimo en comparación con otros puestos o categorías especializadas en materia de bacteriología o infectológica. persona empleada de la institución desempeña; y no solo por eso, sino también por las áreas en que se prestan los servicios. La razonabilidad del acogimiento de esa medida radica en la protección reforzada que se debe otorgar a las personas empleadas de las que, si no es el caso de evitar su exposición a riesgos de infección o enfermedad que mermen su Conclusión salud, hagan permisible el reconocimiento a su labor al servicio Tratar de empatizar con la postura de la salud, aunque no sea un sostenida por la parte quejosa del instrumento amparo, en el sentido de que a ella pueda contrarrestar los efectos del como parte del personal de salud del riesgo, pero sí como una retribución Instituto Mexicano del Seguro Social por el riesgo al que se exponen. se coartaba esta posibilidad o medicamento que de percibir un emolumento extra, no es tan complejo y, hasta cierto punto es Bibliografía Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2026). Amparo directo en revisión 6213/2025. https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2025/10/2_356300_7589_fir mado.pdf 309 DESAFIOS JURIDICOS 2026 5JUL. – DIC. VOL. 6 NUM. 11 en las categorías susceptibles de �RESEÑA FOTOGRAFÍA: JORGE GUTIÉRREZ �RESEÑA DEL LIBRO: El Pequeño Libro de la Justicia Restaurativa BOOK REVIEW: The Little Book of Restorative Justice Howard Zehr Editorial Good Books Rostam Badii Guillén Universidad Autónoma de Nuevo León https://orcid.org/0009-0009-2627-8979 rostam.badiig@gmail.com Resumen: La presente reseña ofrece un análisis de la obra El Pequeño Libro de la Justicia Restaurativa de Howard Zehr, considerado un pionero en la materia. El texto contrasta el paradigma del sistema penal retributivo contemporáneo, enfocado en el castigo y la culpa por infracciones contra el Estado, con la visión restaurativa que propone Zehr. Esta última concibe el crimen no como una abstracción legal, sino como una herida en el tejido social que desestabiliza las relaciones humanas, inspirándose en cosmovisiones ancestrales como el shalom hebreo, el whakapapa maorí y el ubuntu africano. A través de tres pilares fundamentales —centrarse en el daño y las necesidades, exigir obligaciones activas y fomentar la participación comunitaria— la justicia restaurativa busca devolver el conflicto a las víctimas y ofensores mediante modelos prácticos como las conferencias víctimaofensor y los círculos de paz. Aunque la reseña destaca la deconstrucción brillante del sistema occidental y la profunda humanización del proceso penal al enfocarse en la reparación y la "vergüenza reintegradora", también presenta una lectura crítica. Se señalan desafíos prácticos, tales como la aplicación del modelo en casos de violencia sistémica o asimetrías de poder, y el riesgo de idealizar el concepto de comunidad en sociedades fragmentadas. Se resalta la propuesta de Zehr como una brújula filosófica indispensable que invita a transformar la justicia punitiva en una Cómo citar: Badii Guillén, R. (2026) Reseña del libro: El pequeño libro de a justicia restaurativa,3116(11). https://doi.org/10.29105/dj6.11-224. 311 - 320 �Palabras Claves: Justicia restaurativa, conflicto, sistema penal, víctima, ofensor Abstract: This review offers an analysis of the book The Little Book of Restorative Justice by Howard Zehr, who is considered a pioneer in the field. The text contrasts the paradigm of the contemporary retributive criminal justice system—which focuses on punishment and guilt for offenses against the state—with the restorative vision proposed by Zehr. The latter conceives of crime not as a legal abstraction, but as a wound in the social fabric that destabilizes human relationships, drawing inspiration from ancestral worldviews such as the Hebrew concept of shalom, the Māori concept of whakapapa, and the African concept of ubuntu. Through three fundamental pillars—focusing on harm and needs, requiring active obligations, and fostering community participation—restorative justice seeks to return the conflict to victims and offenders through practical models such as victim-offender conferences and peace circles. Although the review highlights the brilliant deconstruction of the Western system and the profound humanization of the criminal justice process by focusing on reparation and “reintegrative shame,” it also offers a critical reading. It points out practical challenges, such as applying the model in cases of systemic violence or power asymmetries, and the risk of idealizing the concept of community in fragmented societies. Zehr’s proposal is highlighted as an indispensable philosophical compass that invites us to transform punitive justice into a human experience based on respect and interdependence, conceiving it as a continuum adaptable to each context. Keywords: Restorative justice, conflict, criminal justice system, victim, offender Una de las penas de nuestro mundo mucho más complejo de definir. Al es de introducir el término de la justicia, nuestros surgen preguntas básicas: ¿Qué es la alrededores. Análogo al mito de la justicia? ¿Qué fin tiene? ¿Cómo caverna de Platón, nuestro cerebro se llegamos encuentra que somos interpretación máquinas de en a ella? Basta con una jaula adentrarnos un poco para darnos de máxima cuenta de que la justicia es, en su seguridad llamada cráneo, con ciertos esencia, totalmente lógica. Es decir, apéndices que permiten captar la ¿en información externa. Así como todo quebrantar la armonía? El problema concepto es que vivimos dentro de ella. ultraespecializada tangible y es solo una qué distopía sería correcto percepción, un concepto abstracto es 312 ENE – JUN. VOL. 6 NUM. 11 adaptable a cada contexto. DESAFIOS JURIDICOS 2026 experiencia humana basada en el respeto y la interdependencia, concibiéndola como un continuo �donde judicial oscuridad de esa sombra y aplicar un contemporáneo ha mecanizado el dolor proporcional al ofensor. Sin dolor humano. En este contexto, El embargo, al salir de la caverna, la luz Pequeño natural revela una verdad mucho más el sistema Libro Restaurativa de presenta no de la Howard como Justicia Zehr un se manual compleja: el crimen no es una abstracción legal, sino una herida procedimental, sino como una brújula sangrante en el tejido social. filosófica. Zehr, considerado uno de Zehr ilustra esta salida a la luz los pioneros en este campo, propone mediante conceptos provenientes de un cambio de paradigma radical: cosmovisiones ancestrales. Menciona pasar de un sistema centrado en el el shalom de las escrituras hebreas castigo y la culpa a uno centrado en (vivir en total rectitud con el prójimo), las necesidades, los daños y la el whakapapa de sanación. Esta crítica analizará los el ubuntu de los pueblos bantúes. postulados Zehr, Todas estas filosofías convergen en su un axioma que la modernidad ha evaluando centrales la de viabilidad de la los maoríes y propuesta y cuestionando si la justicia olvidado: restaurativa es la respuesta definitiva Existimos dentro de una red de a nuestra distopía o una utopía relaciones, y cuando se comete un inalcanzable. crimen, la red entera se desestabiliza. Retomando la analogía del mito de la Este concepto de interconectividad no caverna, el sistema penal retributivo es exclusivo de la sociología, de nos ha encadenado a mirar hacia una hecho, pared donde solo se proyectan las entrelazamiento sombras de la realidad. En esta fenómeno físico en el que dos o más alegoría moderna, las sombras son los partículas quedan vinculadas al punto códigos penales y los expedientes donde el estado de una afecta judiciales; el fuego que las proyecta es instantáneamente a las demás, sin el poder coercitivo del Estado. El importar la distancia que las separe. sabemos interdependencia. que existe cuántico, el un sistema tradicional nos convence de 313 ENE – JUN. VOL. 6 NUM. 11 que la justicia consiste en medir la DESAFIOS JURIDICOS 2026 Es precisamente en esta "distopía" �a toda la red. castigo merece? Bajo la óptica retributiva, el objetivo es Por el contrario, Zehr propone una castigar al individuo aislado, creyendo cosmovisión arraigada en tradiciones que el sufrimiento purga la culpa. Por antiguas, el conceptos como el shalom hebreo, contrario, la perspectiva ilustrada del shalom o del ubuntu entiende que el whakapapa maorí infligir el ubuntu africano. más dolor a través del a través de o Bajo encarcelamiento punitivo solo rompe perspectiva, aún más la red. La justicia, por tanto, entrelazados no es el acto de equilibrar una balanza relaciones. El crimen no es una mera con sufrimiento, sino el arduo trabajo infracción a un código, sino una herida de la en la comunidad y una ruptura en esa comunidad, reparando las relaciones red relacional. Por ende, la justicia dañadas y abordando las condiciones restaurativa cambia las preguntas subyacentes que permitieron que la guía: red se rompiera en primer lugar. ¿Cuáles restaurar el equilibrio de ¿Quién son todos esta en ha sus estamos una sido red de dañado? necesidades? ¿Quién tiene la responsabilidad de El aporte más significativo de Zehr es atender estas necesidades? su aguda deconstrucción del sistema Este cambio de lente es brillante de justicia penal occidental. El autor porque devuelve el conflicto a sus expone cómo el sistema tradicional dueños legítimos. Al desmitificar el define el crimen como un perjuicio crimen, Zehr humaniza a todas las contra el Estado. En esta abstracción partes. La víctima recupera su voz y su legal, el Estado toma el lugar de la necesidad de reivindicación, narrativa víctima, dejando a las verdaderas e información. El ofensor, por su parte, personas y deja de ser un receptor pasivo de un despojadas del control sobre su propio castigo estatal para convertirse en un proceso. El sistema retributivo opera agente activo que debe asumir la bajo tres preguntas frías: ¿Qué leyes responsabilidad de enmendar el daño. afectadas ignoradas 314 ENE – JUN. VOL. 6 NUM. 11 se violaron? ¿Quién lo hizo? ¿Qué DESAFIOS JURIDICOS 2026 Es decir, lo que le suceda a una afecta �el pilares víctimas, ofensores y miembros fundamentales que estructuran la de la comunidad en un proceso justicia restaurativa: colaborativo para decidir cómo autor • establece tres necesidades: La justicia parte de una preocupación genuina por las víctimas, procurando reparar el daño de manera concreta y obstante, simbólica. Zehr suficientemente No es audaz lo para reconocer que los ofensores también tienen necesidades y que, en muchos casos, han sido victimizados o traumatizados previamente. • obligaciones. El castigo punitivo no requiere que el ofensor comprenda el impacto de sus acciones. La justicia restaurativa, en cambio, exige una "responsabilidad activa", donde el ofensor debe dar pasos concretos A través de modelos prácticos como las conferencias víctima-ofensor, las conferencias familiares (originadas en Nueva Zelanda) (provenientes y de los círculos comunidades aborígenes), Zehr demuestra que la teoría tiene aplicaciones tangibles. Estos encuentros directos o indirectos facilitan que se reconozca la injusticia, se restaure la equidad y se discuta el futuro. Uno de los postulados más valientes y Las obligaciones: Las ofensas conllevan para reparar los daños. • hacer justicia. Centrarse en el daño y las polémicos de Zehr es sobre la etiología del comportamiento criminal. El autor nos invita a mirar más allá del acto delictivo para llegar a las raíces del mismo, apoyándose la psiquiatría y la criminología. Cita al expsiquiatra penal James Gilligan, quien sostiene que toda violencia es, en el fondo, un esfuerzo trágico y desviado por La participación: Se rechaza el deshacer una injusticia. proceso crímenes son respuestas confrontacional en alcanzar justicia o Muchos a una Esto se mediado exclusivamente por victimización profesionales del derecho. Se complementa con la perspectiva de la previa. 315 ENE – JUN. VOL. 6 NUM. 11 fomenta la inclusión de las DESAFIOS JURIDICOS 2026 Para sostener este nuevo paradigma, �para transformar esa trauma: un trauma no resuelto tiende vergüenza en redención a través de la a reproducirse en la vida del individuo, reparación del daño. en su familia y en las generaciones futuras. El sistema judicial ordinario, A pesar de la innegable belleza moral ciego ante estas dinámicas, responde de la propuesta de Zehr, una lectura al trauma adicional: infligiendo la cárcel. un trauma crítica de El Pequeño Libro de la La prisión Justicia Restaurativa obliga a exacerba la alienación social del cuestionar ciertos aspectos de su ofensor aplicación en el "mundo real". Zehr es y perpetúa el ciclo de violencia. honesto al advertir que su modelo no Zehr aclara, con sumo cuidado, que es una panacea. Sin embargo, existen comprender este trauma no equivale a lagunas que merecen una disección justificar la ofensa ni a eximir al profunda. ofensor de su responsabilidad. Al En primer lugar, está el problema de la contrario, exige una rendición de asimetría de poder. Zehr menciona cuentas mucho más profunda. Aquí brevemente entra en juego la dinámica de la doméstica es un área de aplicación vergüenza. En las notas de su texto, extremadamente compleja donde los Zehr John encuentros conllevan riesgos altos. Braithwaite y su distinción entre la Esta es una limitación crítica. La "vergüenza la justicia restaurativa asume un nivel "vergüenza reintegradora". El sistema básico de empatía o capacidad de penal al raciocinio por parte del ofensor. ¿Qué individuo de por vida y empujándolo ocurre con la psicopatía, el crimen hacia subculturas criminales donde organizado o la violencia sistémica de esa marca es un rito de iniciación. La género, donde el daño no es un "error" justicia restaurativa, en cambio, utiliza en la red de relaciones, sino un acto la vergüenza reintegradora: denuncia de subyugación calculada? En estos categóricamente la ofensa, pero no casos, la exigencia de un encuentro desecha al ofensor, ofreciéndole vías puede resultar en una re-victimización. alude al criminólogo estigmatizante" estigmatiza, y marcando que la violencia 316 ENE – JUN. VOL. 6 NUM. 11 concretas DESAFIOS JURIDICOS 2026 psiquiatra Sandra Bloom sobre el �"comunidad" que maneja el autor terapéutico voluntario, más que un corre el riesgo de ser idealizado. Zehr sistema de justicia universal. advierte que en culturas como la estadounidense, las comunidades La crítica fundamental al sistema tradicionales se han debilitado. La judicial occidental es su secuestro del justicia restaurativa asume que existe conflicto. Jueces, fiscales y abogados una comunidad sana dispuesta a —profesionales ajenos al dolor de las acoger, apoyar y responsabilizar tanto partes— monopolizan el proceso y a la víctima como al ofensor. En confinan a las víctimas a un rol sociedades la secundario de meros testigos. Para desigualdad, el racismo o la pobreza contrarrestar esta expropiación, Zehr extrema, la "comunidad" puede ser tan detalla tres modelos participativos que opresiva, tóxica o apática como el devuelven el poder a la comunidad: fragmentadas por Estado mismo. Depositar la carga de la justicia Víctima- Ofensor: Este modelo, pionero ineficaz. en Norteamérica (conocido en Además, el autor traza una línea sus inicios como VORP), facilita continua entre la justicia retributiva y la un restaurativa, admitiendo que ambas facilitador preparado guía el buscan que, proceso para que la víctima ideal pueda narrar su historia, hacer necesite una combinación de ambas preguntas vitales (¿Por qué a (un sistema legal como respaldo). mí?) y expresar el impacto Esto debilita levemente la fuerza de la emocional. justicia restaurativa como un modelo confrontado completamente la una Conferencias comunidad fracturada en • puede ser reivindicación probablemente, el y mundo directo. El con ofensor el Un es rostro Si en humano de su acto, lo que requerimos la derriba los mecanismos de coerción del Estado para aquellos neutralización psicológica que ofensores que se niegan a cooperar, la suelen usar para justificar sus justicia restaurativa queda relegada, delitos. última autónomo. encuentro instancia 317 ENE – JUN. VOL. 6 NUM. 11 en cierta medida, a ser un programa DESAFIOS JURIDICOS 2026 En segundo lugar, el concepto de �en sino las condiciones sistémicas Nueva Zelanda en 1989 como dentro de la comunidad que respuesta a un sistema colonial propiciaron el crimen. Familiares: Originadas fallido frente a la población maorí, este modelo amplía el círculo. Incluye no solo a la víctima y al ofensor, sino a sus familias, redes de apoyo e incluso representantes policiales. Destaca el uso del A través de estos mecanismos, la justicia restaurativa logra tres objetivos que el sistema retributivo ignora: el reconocimiento explícito del daño, la restauración de la equidad (quedar a mano) y el establecimiento de pautas para convivencia futura. "consejo familiar", donde el ofensor y su familia se retiran en privado para elaborar una propuesta de reparación. Es revolucionario porque los acuerdos —que a menudo reemplazan la sentencia judicial— deben alcanzarse por consenso absoluto; cualquier parte insatisfecha puede vetar el plan. • Círculos de Paz: Provenientes de las naciones aborígenes de Canadá, los círculos maximizan la inclusión comunitaria. Todos los participantes se sientan en círculo y utilizan una "pieza para hablar", garantizando que cada voz sea escuchada sin jerarquías. Aquí no solo se Una lectura superficial de Zehr podría sugerir una dicotomía insalvable: o tenemos un sistema puramente retributivo (el mal) o uno puramente restaurativo (el bien). Sin embargo, hacia el final de su obra, Zehr madura su propia teoría y reconoce que la justicia en el mundo real debe entenderse como un continuo. Existen iniciativas plenamente restaurativas (como los círculos con todas las partes presentes), pero también existen acciones parcialmente restaurativas. Por ejemplo, ¿qué ocurre si el ofensor nunca es atrapado? En un marco restaurativo, la asistencia integral a la víctima sigue siendo una prioridad absoluta. Del mismo modo, los 318 ENE – JUN. VOL. 6 NUM. 11 aborda la ofensa específica, Conferencias DESAFIOS JURIDICOS 2026 • �donde grupos de víctimas hablan ante necesidades ofensores con los que no tienen resistiendo relación directa— son herramientas estandarizada sumamente desde las altas esferas del Estado. valiosas cuando el a la cultura y las hiperlocales, la tentación y de ser burocráticamente encuentro cara a cara no es posible o seguro. El servicio comunitario, que a Volviendo a nuestra analogía inicial, si menudo se usa como un simple nuestro cerebro interpreta la realidad castigo alternativo, puede desde una caverna, el sistema penal en una occidental nos ha convencido de que medida potencialmente restaurativa si la única luz posible es el castigo es acordado por todas las partes y proporcional. Howard Zehr nos ofrece tiene una conexión lógica con el daño un fuego distinto. El libro sintetiza de causado. manera magistral cómo la justicia Para cristalizar esta evolución, Zehr debe dejar de ser una maquinaria utiliza una metáfora poética: la justicia estatal restaurativa es un río. No brotó de la experiencia profundamente humana. nada en la década de 1970 con los A menonitas en Norteamérica, sino que implementación se nutre de múltiples afluentes. A este atroces o en comunidades alienadas, río tradiciones el núcleo del mensaje de Zehr es tradicional irreprochable: transformarse convergen indígenas, el las derecho para pesar volver de sus a una desafíos ante la ser de crímenes justicia debe africano (como la jirga afgana), los resumirse en la palabra "respeto". movimientos los Respeto por el dolor de la víctima, derechos de las víctimas y las respeto por la capacidad de redención iniciativas del de de defensa alternativas de a la ofensor y respeto por la encarcelación. Al ser un río compuesto responsabilidad de la sociedad. Zehr por tantas aguas, Zehr advierte sobre no nos entrega un mapa detallado el peligro de "copiar y pegar" modelos. para escapar de nuestra distopía, pero La sí justicia restaurativa debe construirse de abajo hacia arriba, nos dota indispensable. de Al una brújula centrarse en 319 ENE – JUN. VOL. 6 NUM. 11 adaptándose DESAFIOS JURIDICOS 2026 "paneles de impacto a las víctimas" — �enmendar el mal en lugar de de la caverna y enfrentar, con todas simplemente infligir más dolor, la sus complejidades, la luz de nuestra justicia restaurativa nos invita a salir interdependencia humana. Referencia: Zehr, H. (2010). El pequeño libro de la justicia restaurativa. Good Books; Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción. 320 �Howard Zehr Criminólogo americano, pionero de la justicia restaurativa “La justicia restaurativa requiere que cambiemos no sólo los lentes por los cuales miramos el delito, sino también nuestras preguntas. Sobre todo, la justicia restaurativa es una invitación a conversar con el fin de apoyarnos mutuamente y aprender los unos de los otros. Nos recuerda que, en efecto, somos todos independientes, partes de una gran red de relaciones humanas.” �CINE Y DERECHO FOTOGRAFÍA: JORGE GUTIÉRREZ �CINE Y DERECHO De naturaleza violenta (2024) Director: Chris Nash Escritor: Chris Nash Actores Principales: Paola Lara, Juan Ramón López, Hanssel Castillas y Rodrigo Cortes. Daniel Vázquez Azamar Universidad Autónoma de Nuevo León https://orcid.org/0000-0003-3102-7567 dano779@hotmail.com Nancy Selene Martínez Trejo Universidad Autónoma de Nuevo León generalmente por venganza, al sufrir A modo de introducción una humillación, injusticia o mal. El subgénero slasher en el cine de El villano emprende una cacería de terror y los audiovisuales tiene su base víctimas en el cine italiano denominado giallo y maneras rápidas a veces variadas, en especial en el clásico de los 60´s generalmente el mal está relacionado “Psycho” de Alfred Hitchcok, este con aspectos de leyendas y poderes estilo de terror tiene como premisa sobrenaturales que hacen que el principal asesino sea más fuerte y resistente a un asesino que actúa donde busca matar de Como citar: 322 Vázquez, A. D & Martínez, N. S. (2026) Reseña de la película “De naturaleza violenta” de Chris Nash. Revista Desafíos Jurídicos, Vol. 6. Núm. 11. Universidad Autónoma de Nuevo León, México. https://doi.org/10.29105/dj6.11-216. 322-325. �que comúnmente parece un género muy desgastado y matarían a cualquiera, esto hace que trivial cuando parece que el asesino está directores a través de la producción muerto vuelve a levantarse a continuar independiente siguen manteniendo la masacre. viva este tipo de narrativa. Con estas directrices se crearon Tal es el caso del festival de Sundance sagas clásicas entre finales de los 70s de la ciudad de Park City en el estado y los 80s como: The Texas Chain Saw de Utha en Estados Unidos que inicia Massacre (Hooper,1974) donde una en 1979 con el apoyo del actor Robert familia de caníbales ataca a los Redford viajeros de carretera, distribuidores Halloween en la actualidad, para atraer a nuevos estudios y producciones (Carpenter,1978) un asesino que mató independientes, el nombre del festival a su hermana escapa de un sanatorio se toma del personaje que interpretó para desatar la masacre quince años el actor en 1969 Sundance Kid, este después, 13 festival inicia prácticamente en el (Cunningham,1980) una saga muy surgimiento del subgénero slasher en longeva que inicia con una venganza el mundo del cine de terror. En el año de jóvenes 2024 en éste festival se estrena In a irresponsables de un campamento de Violent Nature (Nash, 2024) un filme verano y que continúa con su hijo canadiense inscrito en el slasher pero como el asesino en todas las entregas con producción independiente y el posteriores y finalmente A Nightmare mote de “slasher ambiental”, presenta on Elm Street (Craven,1984) un el asesino en serie de jóvenes regresa sobrenatural ligado a una leyenda, como un demonio de los sueños a pero con un lenguaje audiovisual que continuar con los asesinatos utilizando nos el mundo de los sueños como forma documental de Then Blair Witch de atormentar a sus víctimas hasta Project aniquilarlas. El género slasher ha donde unos jóvenes también se tenido durante décadas un lugar en el pierden en el bosque y son atacados público del cine de terror y aunque por un ser sobrenatural, cabe destacar una Friday madre hacia formato típico recuerda (Myrick, al del estilo Sánchez, asesino falso 1999) 323 JUL. – DIC. VOL. 6 NUM. 11 embates DESAFIOS JURIDICOS 2026 los �fue estrenada en el festival de narrativa como algunas tomas largas, Sundance pero en 1999. ángulos poco comunes y algo lentas, In a Violent Nature comienza la mantener en primer plano diálogos historia con cámara subjetiva donde que no concuerdan con la distancia en solo escuchamos a los personajes la que están los personajes, no ver el hablar del bosque y leyendas de rostro deforme del asesino hasta la asesinos, mientras ven restos de mitad del filme. Como parte del cabañas y un collar aparentemente de subgénero oro que está colgado de unos fierros y exagerados y sin ninguna lógica que imprudentemente deciden tomar, corporal, se puede atravesar una provocando la resurrección del ser coluna vertebral en el torso bajo y aun sobrenatural. así la victima puede mantenerse en El diseño del personaje recuerda pie y girar sobre su propio eje para ver mucho a Jason de Friday 13, sobre al agresor. todo en la ropa sucia y roída, la En conclusión, es importante que postura corporal y el cómo camina es festivales internacionales como el de demasiado parecido, el típico uso de Sundance mantengan espacios para una máscara, incluso mientras que los subgéneros no tan comerciales y personajes huyen despavoridos el narrativas diferentes que permitan asesino, este camina con calma y iniciar carreras a cineastas jóvenes, aunque corran las víctimas tarde o crear nuevos públicos los asesinatos son temprano los alcanza. El ambiente de campamento, lago y jóvenes recuerda demasiado a la saga de Jason, pero en el uso del lenguaje hay algunas Referencias: Bettelheim B. (1976) Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Ed. Thames and Hudson. Reino Unido. 324 JUL. – DIC. VOL. 6 NUM. 11 variantes que indican experimentación DESAFIOS JURIDICOS 2026 que The Blair Witch Project también �López I. (2017) Vuelven. Producción: Marco Polo Constandse, Tania Benítez, Carlos Taibo. México. Nakata H. (1998) Ringu. Producción: Ichise, Kawai, Sento, Takahashi. Japón. Tort G. (2001) De la calle. Producción Lillian Haugen, Héctor Ortega. México. REDLUPA (2025) Informe Nacional de personas desaparecidas 2025 Recuperado: https://imdhd.org/redlupa/informes-y-analisis/informes-nacionales/informenacional-de-personas-desaparecidas-2025/ 325 JUL. – DIC. VOL. 6 NUM. 11 Golding W. (1954) El señor de las moscas. Ed. Faber and Faber. Reino Unido. DESAFIOS JURIDICOS 2026 Del Toro G. (2006) El laberinto del Fauno. Producción Navarro, Cuarón, Torreblanco. Caballero. México, España. ��� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Desafíos Jurídicos Description An account of the resource Desafíos Jurídicos es resultado de un esfuerzo de los investigadores de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad de Autónoma de Nuevo León para generar un plataforma de difusión de ideas que contribuyan al debate en torno al Derecho y la interacción de temas jurídicos conjugados con otras disciplinas. Fomenta el diálogo, análisis y reflexión de los procesos sociales contemporáneos desde una perspectiva crítica en aras de aportar al conocimiento académico y científico. Se publica semestralmente de manera digital desde el 2021. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Desafíos Juridicos Año de publicación El año cuando se publico 2026 Volumen Volumen de la revista 6 Número Número de la revista 11 Mes de publicación Mes cuando se publicó Julio-Diciembre Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Semestral Relación OPAC https://desafiosjuridicos.uanl.mx/index.php/ds/issue/view/8/11 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Desafíos Juridicos, 2026, Vol 6, Núm 11, Julio-Diciembre Creator An entity primarily responsible for making the resource Guillén Gaytán, Amalia, Directora Subject The topic of the resource Ciencias Sociales Derecho Criminología Ciencias Juridicas Description An account of the resource Desafíos Jurídicos es resultado de un esfuerzo de los investigadores de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad de Autónoma de Nuevo León para generar un plataforma de difusión de ideas que contribuyan al debate en torno al Derecho y la interacción de temas jurídicos conjugados con otras disciplinas. Fomenta el diálogo, análisis y reflexión de los procesos sociales contemporáneos desde una perspectiva crítica en aras de aportar al conocimiento académico y científico. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derecho y Criminología, Coordinación de Publicaciones Científicas Contributor An entity responsible for making contributions to the resource García Martínez, Mario Alberto, Coordinador Tierrablanca Girón, Eduardo, Coordinador Editorial Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2026-08-01 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource txt/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2021624 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant San Nicolás de los Garza, Nuevo León Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. 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